NICOLÁS FERNÁNDEZ GUISADO, presidente Nacional de ANPE

El acuerdo sobre la reforma de las pensiones alcanzado re-cientemente, a falta del trámite parlamentario final, prolonga la edad reglamentaria de jubi-lación de los trabajadores has-ta los 67 años, si bien quienes acrediten 38 años y medio de cotización podrán jubilarse a los 65 años. No es un buen acuerdo, sobre todo para los más jóvenes que a las dificultades para en-contrar un empleo van a sumar una prolongación de su vida la-boral y el cumplimiento de unos requisitos para tener derecho a la pensión máxima que no sa-ben si podrán acreditar. Por eso

no entendemos que los firman-tes hayan pretendido venderlo como una buena medida, justi-ficándolo en que a largo plazo no se sostiene el actual sistema de pensiones, por los cambios demográficos que se están pro-duciendo: aumento del índice de vida y baja natalidad lo que conlleva al progresivo envejeci-miento de la población.

A estos argumentos -sin duda objetivos por el conside-rable aumento del gasto público que esto conlleva- tenemos que añadir otros, no menos ciertos también. La crisis económica y su mala gestión van a llevarse por delante los derechos adqui-ridos y consolidados de muchos trabajadores, los funcionarios docentes entre ellos, y van a lastrar las expectativas de futu-ro de las nuevas generaciones. Porque, no nos engañemos, las pensiones no las pagan ni los gobiernos ni los sindicatos; las pagan los trabajadores en activo que, a través de sus cotizaciones, permiten recaudar los fondos necesarios para pagar a los ju-bilados. En España no tenemos un sistema de capitalización de la pensiones, es decir, un traba-jador no paga para generar su propia pensión sino que aporta y cotiza para un sistema de re-parto común.

Por eso, con las altísimas tasas de desempleo que padece-mos en la actualidad, ni siquiera esta reforma asegurará el futuro de las pensiones si no cambia de raíz nuestro modelo productivo y logramos disminuir drástica-mente las cifras de paro. Pero para lograr mejores tasas de empleo habrá que apostar por reformas profundas y de calado. Necesitamos cambios estructu-rales y no coyunturales, y de es-tos cambios no escapa la refor-ma del sistema educativo que, como hemos sostenido desde

ANPE, es vital para conseguir la mejor cualificación y formación de nuestros jóvenes y aumentar sus posibilidades de acceso a un mercado laboral cada vez más globalizado y exigente. Es inau-dito que las tasas de desempleo juvenil en España doblen la me-dia europea. En estas reformas está el verdadero futuro de las pensiones, en la mejora de la formación, en los cambios en el mercado laboral y en el mode-lo productivo que posibiliten el crecimiento del empleo durante las próximas décadas.

Pero, volviendo a la refor-ma actual y a su repercusión en el sector docente, hasta ahora hemos conocido los nuevos re-quisitos de jubilación referidos

siempre al régimen general. Estamos expectantes por conocer la adapta-ción y aplicación de estos cambios al régimen de cla-ses pasivas de los

docentes; remisión para la que se emplaza a una nueva nego-ciación en la Mesa General de empleados públicos. Confiamos en que se realice teniendo en cuenta las particularidades de esta profesión, que no pueden diluirse en el marco general de “los funcionarios” o “los tra-bajadores del régimen general”. Desde ANPE, así lo exigiremos. Además, el actual sistema de clases pasivas vincula ya la pen-sión final a toda la vida laboral, a diferencia de lo que sucede en el régimen general, que calcula la pensión con los últimos 15 años de cotización aunque la reforma propone su aumento para la base de cálculo a los úl-timos 25 años.

Si se hiciera una traslación pura y dura de las propuestas de la reforma para el régimen general al de clases pasivas, el hecho incuestionable es que disminuiría la cuantía de las pensiones que se generen en el futuro, se prolongaría la vida laboral de los maestros y profe-sores españoles y se recortarían las ofertas de empleo público.

Hay tiempo para hacer la adaptación porque la implanta-ción gradual de la reforma apro-bada se realizará del año 2013 al 2027 y afectará plenamente y sobre todo a los profesores más jóvenes, a quienes pone por de-lante una vida profesional que en determinados niveles educa-tivos puede ser demasiado lar-ga. Quien ingrese en la docencia tendrá que permanecer durante más de 38 años desempeñando una tarea que requiere caracte-rísticas determinadas de pleni-tud física y psíquica. Los profe-sores de nuevo ingreso de hoy permanecerán obligatoriamente en el sistema hasta cerca de los 70 años para alcanzar la pen-sión máxima. Por eso, creemos que en la función docente -por

las peculiaridades específicas que conlleva el desempeño de esta profesión- es fundamental seguir vinculando la cuantía de la pensión al número de años de servicios y flexibilizar la edad de jubilación. La sociedad debe sa-ber que el trabajo que realizan los profesores tiene particulari-dades muy concretas que lo sin-

gularizan y lo convierten en una de las profesiones más afectadas por el desgaste psicológico. Hay determinados puestos de traba-jo en el sistema educativo que difícilmente podrá desempe-ñar en plenitud un profesor de más de 65 años de edad. Por eso consideramos justo que se man-tenga para la función docente la edad reglamentaria de jubila-ción a los 65 años, en línea con lo que la reforma prevé para al-gunas profesiones, teniendo en cuenta que el colectivo docente, en su mayoría, al llegar a esta edad de jubilación ha cotiza-do ya durante más de 30 años. Además, deben mantenerse las dos modalidades de jubilación que existen en la actualidad: la prórroga voluntaria de la vida laboral hasta los 70 años, en aquellos casos que permitan las circunstancias personales y aca-démicas; y la jubilación antici-pada voluntaria a los 60, adap-tando los requisitos a las nuevas

disposiciones, pero permitida para los docentes que lleguen a esa edad con muchos años de servicios a sus espaldas y, por consiguiente, con un mayor desgaste físico y psicológico.

La posibilidad de jubilación anticipada en la enseñanza cons-tituye una garantía de renova-ción y de rejuvenecimiento de

las plantillas de profesores, y esta renovación -ahora en peligro por la prolongación de la vida laboral y la es-casa oferta de nuevo empleo- es impres-

cindible también para garantizar la calidad de la enseñanza.

El sistema de pensiones debe ser lo suficientemente so-lidario como para permitir que

los profesores cuenten con unas condiciones de jubilación ade-cuadas a las particularidades de su trabajo.

Por ello, ANPE seguirá de-mandando en el desarrollo y en aplicación de estas reformas y su adaptación al régimen de clases pasivas, un sistema de pensiones lo suficientemente solidario como para permitir que los profesores cuenten con unas condiciones de jubilación adecuadas a las particularida-des de su trabajo.

No se trata de la defensa de ningún privilegio sino de una exigencia necesaria para permi-tir y asegurar que la prestación de un servicio tan importan-te, como el de la educación, se ejerza en las mejores condicio-nes físicas y psíquicas.

España10 de marzo de 2011 Núm. 3.897 (391) ESCUELA 7

La reforma de las pensiones en los funcionarios docentes

“La crisis y su mala gestión van a llevarse por delante los derechos

adquiridos”

Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE

“La jubilación anticipada (...) es imprescindible para garantiza la

calidad de la enseñanza”FO

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