La Colombia rural, cuya economía estaba basada exclusivamente en el sector agropecuario, se ha transformado gradualmente, pero no por ello ha dejado de ocupar un lugar importante en el desarrollo del país y de su economía; espacio rural que a su vez es el escenario de un agudo conflicto social y armado. A pesar de ello, para la economía colombiana la producción agrícola dedicada a las exportaciones y al mercado interno representa aún gran importancia, considerando los volúmenes totales de producción y exportación, la generación de divisas y sus efectos sobre el bienestar o malestar social y distribución del ingreso; así mismo, en su participación en términos del PIB.

Cuadro 1. Composición del PIB en Colombia

Sector económicoPIB %

Servicios 20,4

Financiero 17,2

Industria 14,1

Agricultura 14,O

Comercio 10,7

Construcción 5,2

Otros 5,2

Fuente: Portafolio, 2008.

La producción agropecuaria se hace sobre la base de recursos naturales: agua y suelo; recursos genéticos, recursos forestales e hidrobiológicos y recursos energéticos. El agua y el suelo son los recursos más valiosos y fundamentales en la producción agropecuaria-forestal y garantía de cualquier actividad humana. Pero, a pesar de la enorme oferta existente en el país, ellos han sido subvalorados, sobreexplotados, derrochados y desperdiciados.

Cuadro 2. Uso de los suelos en Colombia

Aprovechamiento%

Agricultura 3,6

Bosques 50,7

Pastos 26,0

Vegetación de sabana 10,0

Matorrales 1,1

Cuerpos de agua 2,7

Otras coberturas 3,6

Fuente: Portafolio, IGAC- Corpoica, 2008 Total de tierra: 114 millones de ha.

Cuadro3. Relación entre área predial rural nacional y propietarios (según tamaño de

predios).

Tamaño de predios (has.) %

Mayores de 500 61,2

Entre 100 - 500 14,6

Entre 3-100 22,5

Menores de 3 1,7

En el actual escenario global el paradigma de la productividad y la competitividad ha incentivado estos conflictos, ante la evidencia de que el crecimiento económico de un país no corre paralelo con la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. En resumen, este proceso no es equitativo, sustentado, ni sostenible. Un desarrollo sostenible deberá conciliar productividad, competitividad, rentabilidad con la equidad, es decir, un equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad en oportunidades y en el uso eficiente y amigable del medio ambiente.

Es entonces justo el reconocimiento de que la problemática de la producción ha evolucionado de una dimensión únicamente técnico-económica, a una dimensión social, cultural y ambiental, que infortunadamente a la formación universitaria le cuesta apropiar e integrar.

Para el credo globalizante el acceso a la tierra no es la determinante principal para generar riqueza y cambio social, invocando que "hoy la fertilidad de la mente de los agricultores tiene más importancia que la fertilidad natural de la tierra". Parecen olvidar que no sólo es necesario el capital, la ciencia y la mano de obra para la producción y dar oportunidades a las economías de pequeña escala, distribuidoras precarias de beneficios sociales y mitigadores de procesos migratorios, sino también acceso a la tierra.

En esas circunstancias no podemos seguir sacudiéndonos al vaivén de las coyunturas: La integración andina (CAN), Mercosur, preferencias arancelarias ante los Estados Unidos y la Comunidad Europea, el ALCA, TLC a y la crisis sanitaria como mecanismos y estrategias para salir de la encrucijada. Pero, esta dependencia de las angustias de otros y de la posibilidad que los países desarrollados se sensibilicen y entiendan que su suerte esta unida a la nuestra, es un camino nada autónomo para definir nuestro destino.

• La apertura económica, independientemente de su consolidación o moderación, señala el derrotero y la impronta del modelo económico. Ella ha redimensionado una concepción de la producción de bienes y servicios y la necesidad de incrementar la productividad, competitividad y eficiencia. En resumen, con la globalización de la economía, la productividad y competitividad se han convertido en la nueva riqueza de las naciones; paralelamente, una nueva división del trabajo irrumpe victoriosa, ya no son ricas aquellas naciones que poseen y explotan recursos naturales, son ricos los países donde predominan las actividades de generación de conocimientos e información.

Modelo aperturista que se caracteriza por tendencia continua o cíclica al descenso de los precios agrícolas en el mercado mundial. Lo cual trae como consecuencia la incapacidad de competir en los mercados internacionales y por ende alto riesgo y baja rentabilidad económica.

El mercado dejó de ser el encuentro o desencuentro entre la oferta y demanda. Se establecieron relaciones de dominación, con sus respectivos centros de poder: ALCA, TLC, G7, OMC. Sumadas al oligopolio y transnacionalidad de empresas y capitales.

Marco normativo: En Colombia existe un amplio marco normativo, institucional y planes responsables e interesados en el desarrollo rural y de las actividades económicas que allí tienen asiento. No se pretende, tampoco, profundizar sobre su origen, evolución, perspectiva y efectividad de las instituciones que influencian el sector, sino reseñar algunos elementos de su desempeño y sus principales programas.

En este sentido se pueden destacar: El Plan de Desarrollo Nacional; la Ley 41/93, sobre Adecuación de Tierras; la Ley 69/93, sobre Seguro Agropecuario- Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios; la Ley 70/93, sobre Comunidades Negras; la Ley 99/93, sobre el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el Ministerio del Medio Ambiente; la Ley 101/93, Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; la Ley 139/94, sobre el Certificado de Incentivo Forestal; la Ley 160/94, Ley de la Reforma Agraria en Colombia; la Ley 165/94, que Ratifica el Convenio sobre Diversidad Biológica; Ley 388/97 sobre Desarrollo Territorial y otras. Por último el INCODER.

Como resumen, de manera rápida se podría listar la agenda legislativa y regulatoria que durante décadas fijó políticas y directrices en materia fiscal, monetaria, comercial, financiera y de fomento: Precios mínimos de garantías, franjas de precios, crédito agrícola, seguros para los agricultores, comercio exterior; convenios de absorción de cosechas, precios y aranceles; transferencia de tecnología, certificado de reintegro tributario (CERT), IVA, cuotas de fomento, subsidios, adecuación de tierras, Bolsa Nacional Agropecuaria, competitividad, Sistema Nacional de tecnología Agropecuaria, privatizaciones, fusión y liquidación de instituciones, etc.

Estructura de tenencia de la tierra. Es innegable que este factor tiene gran responsabilidad en el conflicto que enfrenta Colombia. La dificultad en acceder a la propiedad de la tierra, entre otros factores, desestimula la inversión, impide que mejore la capacidad productiva y no permite incorporar al circuito de la economía miles de pequeños minifundistas y desempleados, lo cual alienta procesos de colonización espontánea que ponen en alto riesgo reservas de flora, fauna y de las comunidades indígenas y demás etnias.

Empujados y desplazados por esa violencia, miles de colombianos, que como Moisés sueñan todavía con la tierra prometida, indiscriminadamente fueron incorporando nuevas tierras (reservas de flora y fauna e indígenas) a la producción. Se amplió la frontera agrícola vía ganaderización y colonización espontánea, lo cual se tradujo en un catalizador de la degradación de suelos y cuencas, con su máxima expresión en los cultivos ilícitos. Por tanto, una política de clarificación de la propiedad de la tierra, que a su vez evite la pérdida de la misma por manejos ambientales degradantes, contribuirá al desarrollo de sistemas de producción sostenibles.

Nuevo proyecto de Ley General Rural. No han transcurrido cuatro años de la intencionalidad de hacer reforma agraria, y ya tenemos una nueva oferta de propuesta denominada: Ley General Rural, que si recrea mucha institucionalidad: fusión de instituciones Incora, INPA INAT y DRI en el reciente Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Conpes Rural, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria asociado al Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria; Sistema Nacional de Crédito Rural-Comisión de Crédito Rural, Centros de Servicios para el Desarrollo Empresarial de la Agricultura y la Agroindustria; Como gran novedad puede mencionarse el cambio de nombre del actual Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por el de Ministerio de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural.

Todas estos instrumentos forman un laberinto disperso, que compite con los ya existentes: Finagro, Proagro, FAG, etc., y se constituyen en el eje de la acción estatal, dejando de lado el conflicto por la tenencia de la tierra, donde evitar la contrarreforma agraria, la función social de la propiedad, la extinción de dominio y expropiación ni se mencionan; igualmente, figuras novedosas como las Zonas de Desarrollo Empresarial, Empresas Básicas Agropecuarias y cooperativas de beneficiarios son sustituidas por las Zonas de Reconversión Productiva, cuando el modelo de producción fundamentado sobre la base de los recursos naturales, los agoten.

La nueva Constitución Nacional, la cual consagra nuevos derechos y deberes, que modificó radicalmente las políticas y formas de desarrollo de los municipios y las regiones, al trasladarle la responsabilidad directa en los sectores: salud, educación y agropecuario. Haciendo, paralelamente, obligatoria la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), en los entornos rurales y urbanos. Que, igualmente incluye: nuevas políticas sociales y la participación ciudadana, que dan oportunidad y herramientas a las comunidades organizadas, para ser gestoras de su propio desarrollo y bienestar. También, están generando una modificación estructural en los sistemas de empleo, ocasionados primordialmente por la privatización de las empresas oficiales y la nueva legislación laboral.

Los procesos de urbanización en Colombia. Aunque no son nuevos, presentan cambios dramáticos en la distribución espacial de la población, en distribución del ingreso y en los niveles de pobreza. Y como consecuencia se incrementó la demanda por vivienda y servicios, producto del crecimiento de la población, y por demandas crecientes de los desplazados y emigrantes en los grandes núcleos poblados. A la par que se dan mayores demandas por vivienda y servicios se presenta un menor poder de compra de los pobres, generado por el desempleo y la inequitativa distribución de los recursos y los ingresos. Estas presiones sociales, demográficas, generaran nuevas modalidades de concentración y tenencia de la tierra rural-urbana y ofertas consumistas; todo de la mano de la invitación a "disfrutar de los logros del progreso: crecer más, acumular más, ir más rápido y lejos".

• Desarrollo sostenible, producción limpia, medio ambiente y ordenamiento territorial. El manejo del suelo, del agua y del bosque debe ser in situ y guardar armonía activa con los factores clima-planta-hombre, entorno socio-económico-productivo y cultural; sólo así es posible concertar soluciones que aseguren la sostenibilidad de la agricultura y de las actividades productivas que genera. En resumen, manejo adecuado de los recursos naturales (agua, suelo, bosques y recursos minero-energéticos).

En síntesis, para una agricultura segura, duradera y competitiva se requiere mejorar y adaptar técnicas, involucrar y generar sistemas, para reducir los impactos sobre los agro-ecosistemas, adoptar o crear nuevos sistemas de producción y realizar más investigación.

La diversidad natural, cultura, socioeconómica no permite que exista una forma única de hacer agricultura. Ello exige la generación de opciones productivas específicas para cada estrato de productores, para cada sistema de producción, para cada zona agro ecológica y agro económica.

• Cambios en el uso de los factores productivos. Otro hecho relevante que ha irrumpido de este mundo globalizado y merecedor de juiciosa atención, es que la riqueza ya no está medida por la posesión de recursos naturales, sino por la producción de conocimientos e información. En el escenario de una economía abierta, el conocimiento predomina sobre los otros factores de producción tradicional: tierra, capital y mano de obra. En consecuencia, en esta sociedad del conocimiento las actividades dedicadas a la producción agrícola e industrial pierden preeminencia frente a las actividades de los servicios.

En Colombia la participación del sector servicios sigue creciendo, con el predominio de los servicios tradicionales de baja productividad, sin mayor incorporación de nuevos conocimientos tecnológicos y de información. Paralelamente, también descienden los coeficientes de industrialización. En este sentido, son innegables los cambios en el uso de los factores productivos (tierra, capital, mano de obra y conocimiento) y, por tanto, de las ventajas absolutas; hay sustitución de la importancia de las ventajas comparativas frente a las competitivas. Donde la presencia de la capacidad de producir conocimiento nos pone en desventaja competitiva, a pesar de los abundantes recursos naturales disponibles.

• La innovación tecnológica continua y la revolución del conocimiento o sociedad del conocimiento. Donde la informática y telemática ocupan un espacio central. Análogamente, la automatización y robótica en la producción de bienes y servicios van ganando cada día más protagonismo, con el consecuente desplazamiento de la mano de obra no calificada. Ya la riqueza no está medida por la posesión de riquezas o recursos naturales, el nuevo rasero es la capacidad de generar conocimientos y tecnología. Esta innovación continua, acelera los tiempos de obsolescencia tecnológica, y con ello la dependencia tecnológica, ante nuestra incapacidad de generarla por la carencia de un sistema sólido de ciencia y tecnología.

• La seguridad alimentaria se impone como una política de Estado. Donde la disponibilidad de fuentes alimenticias en calidad, cantidad e inocuidad, basada en la producción nacional sea el norte de la reactivación, máxime cuando millones de colombianos se acuestan con hambre. No resulta alentador para las actividades agropecuarias, en un país biodiverso la inexistencia de una política de autosuficiencia y seguridad alimentaria.

• Plan Nacional de Desarrollo. Este referente constitucional y normativo, obligatoriamente debe ser considerado, a pesar de sus profundas implicaciones políticas. Este mandato constitucional pretende reordenar la gestión y la asignación de recursos para los diferentes sectores de la economía y la satisfacción de las demandas y servicios sociales. Este norte, en líneas generales, indica los niveles de participación y de orientación del sector agropecuario, que es el caso que nos ocupa.

• La negociación de la guerra para conseguir la paz, la cual involucra replantear el modelo económico, la concentración y distribución de la tierra como una nueva dimensión de la reforma agraria para el desarrollo rural. Al igual que la sustitución de cultivos alucinógenos.

Pero, independientemente de los avances del proceso de negociación con la insurgencia, es necesario discernir las aproximaciones y diferencias del modelo de desarrollo económico (estructura económico-social), el cual redimensionará lo rural en términos de política agraria y aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, entre otros; considerando, obviamente, la intervención estatal a través de políticas y planes de sustitución de importaciones y la continuidad del modelo vigente del libre mercado. La sustitución de cultivos ilícitos (coca, amapola, marihuana) demandará, reubicaciones de productores y desarrollo social, rural y tecnológico, para facilitar la incorporación de miles de colombianos a una producción sostenible.

Como puede verse, son muchos los factores que tienen injerencia en el proceso de desarrollo de la agricultura y del espacio rural, y diferentes condicionamientos del mundo externo que hasta el presente han frenado su desarrollo, por lo que se precisa identificar las causas y búsqueda de las posibles soluciones. Ante estas realidades, Colombia enfrenta tres grandes retos con el desarrollo rural: Aumentar la competitividad agropecuaria-agroindustrial, mejorar las condiciones de vida de la población rural y reducir las presiones migratorias y ambientales y, para ello necesita del concurso de un sistema de formación universitaria en ciencias agrarias sintonizado, comprometido y coordinando con toda la institucionalidad de ciencia y tecnología.

En esta perspectiva, igualmente, resulta importante definir el papel de la política de redistribución de la propiedad de la tierra -dentro del concepto de integralidad de la reforma agraria- como condición para el logro de la equidad y del desarrollo económico y social, sobre todo en el medio de rural. Esta visión de reforma agraria (reparto) es vista como un anacronismo, por muchos propietarios y algunos estudiosos, a pesar de que en la agenda de negociación con la insurgencia es uno de los referentes a concretar.

Es innegable, que la estructura actual de la tenencia de la tierra es un factor que tiene gran responsabilidad en el conflicto que enfrenta Colombia. La gran mayoría de los estudios realizados y el mismo enfoque del Plan Nacional de Desarrollo, sobre la estructura de la tenencia del recurso tierra, evidencian que no habrá mayores modificaciones de la propiedad rural a partir de las libres fuerzas del mercado.

Se precisa, igualmente de un cambio de enfoque sobre el desarrollo rural, el cual debe ser dimensionado de manera que desborde el tradicional enfoque productivista de lo agropecuario (agroalimentario) y forestal, y lo incluya como el espacio para recrear servicios ambientales, conservación y ordenamiento; y, lo más importante, para hacer posible la justicia, el bienestar y legitimar la institucionalidad y la autoridad. Ello implica redimensionar los aportes de una agricultura empresarial, la cual no sólo puede estar orientada a mejorar indicadores macroeconómicos, a exportar para generar de divisas, sino que debe contribuir a una mejor distribución del ingreso, empleo y a hacer cercana la equidad.

Hay, entonces, ausencia y carencia de políticas estatales que permitan nuevas alternativas para hacer viable el sector. Reducción de la problemática rural, exclusivamente en términos agrícolas-pecuarios y pobreza, lo que no permite aproximarse a una visión más integral desde la cual se pueda interpretar el conjunto de dimensiones, interdependencias y articulaciones que dan a lo rural alternativas y condiciones para reposicionarse como factor clave del desarrollo social y económico del país.

La nueva orientación de la política agropecuaria sólo quiere insertar más rápidamente a algunos sectores y productos, capaces de competir en el mercado internacional y de reducir costos del sector agroindustrial e industrial que demandan materias primas de origen agropecuario. A pesar de ésta política, algunos sectores organizados de la producción agropecuaria apelan por una política agraria que considere: Aplicación de aranceles que desestimulen las importaciones, precios internos de sustentación que garanticen rentabilidad a los productores, créditos suficientes, oportunos y baratos, solución efectiva a los problemas de las deudas, control a los precios de los insumos, mecanismos claros de comercialización y que el Estado responda por programas efectivos de adecuación de tierras, rehabilitación de los distritos existentes y por la investigación y el desarrollo científico para la producción nacional agropecuaria.

FINFIN