ensayos sobre el status y la estadidad
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Ensayos sobre el status y la estadidad**
Hernan Padilla
1. La Colonia más antigua en la faz de la Tierra: Puerto RicoComentario (abril, 08)
La discusión y aprobación por el Comité de Recursos Naturales del informe al Congreso endosando el proyecto HR 900 es un evento histórico interesante y contradictorio en la “saga” política de millones de Ciudadanos Americanos de segunda clase de Puerto Rico en su aspiración interminable para poner fin al centenario status colonial de la Isla.
Felicito al Comisionado Residente Luís Fortuno y al Congresista Serrano por haber logrado que el Comité aprobara el informe. Personalmente, y como fiel creyente en la Estadidad Federada, me alegra que el Congreso discuta públicamente y acepte el hecho histórico que Puerto Rico es un Territorio colonial bajo el poder plenario, absoluto y exclusivo del Congreso.
El éxito principal del logro del Comisionado Residente es que el ELA ha quedado al desnudo, destrozado, desprestigiado y en vías de desaparición.
El informe y la discusión del Proyecto HR 900 hacen evidente que Puerto Rico es la colonia mas antigua sobre la faz del Planeta; que el concepto de Estado Libre Asociado, en ingles Commonwealth, ni es libre, ni es asociado; que el Congreso tiene poderes exclusivos y plenarios sobre el Territorio; y que el status Territorial y colonial del ELA nunca ha sido, ni será permanente. Los puertorriqueños son pupilos bajo la tutela jurídica del Congreso.
Respetuosamente difiero con algunos líderes defensores de la Estadidad Federada. Estimo que el “incrementalismo” como estrategia política no es la solución para conjurar cinco siglos de existencia colonial.
Resulta moralmente ofensivo a la sensibilidad de todos los puertorriqueños que el Congreso, que conoce muy bien la historia de la despótica y tirana colonia española y el fracasado experimento Congresional colonial americano desde el 1898, no tome la acción ahora para que los puertorriqueños finalmente escojan un status permanente.
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Aprobar un Plebiscito para consultar a los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico si desean continuar con el status de Territorio (colonia) bajo la supervisión del Congreso, es una contradicción. Concurro con el Congresista Serrano que resulta inmoral ofrecer la opción de continuar como colonia en una consulta plebiscitaria.
Están en juego los Derechos Civiles de los Ciudadanos Americanos en Puerto Rico. También esta en juego la defensa de una verdadera Democracia en los Estados Unidos. En consideración del bienestar de más de cuatro millones de puertorriqueños, y por el honor de los Estados Unidos, el Congreso tiene que actuar de una manera definitiva AHORA. No me sorprendería si la comunidad internacional acusa al Congreso de los Estados Unidos por aprobar un engaño más para extender el régimen colonial.
Uno mi voz a los millones que claman al Congreso para que libre a Puerto Rico de esta existencia colonial de más de cinco siglos. La libertad Jeffersoniana bajo la democracia tiene una connotación moral muy poderosa. La libertad es la posibilidad u opción que tiene el ser humano para actuar correctamente. Es hora que el Congreso haga lo correcto para Puerto Rico. Es hora de aprobar una ley simple que explícitamente y sin ambigüedades nos ofrezca a los puertorriqueños la oportunidad para resolver el status colonial y vergonzoso mediante una consulta digna y democrática. El Congreso tiene la obligación inexorable y única de viabilizar un Plebiscito final entre las dos alternativas soberanas y permanentes: la Estadidad Federada o la Independencia.
2. La Crisis de la Vergüenza (mayo, 08)
Inicio esta conversación política, enmarcada en un tono racional, respetuoso y constructivo. Me motiva la verdad, mi responsabilidad profesional, mi amor por Puerto Rico y mi compromiso con los valores sagrados en la Constitución de los Estados Unidos de América.
El tema será, el presente y futuro político de Puerto Rico.
El 28 de julio del 1898, el General Nelson Miles emitió la Proclama al pueblo de Puerto Rico:
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“No hemos venido a hacerle la guerra a un pueblo dominado desde hace siglos. Todo lo contrario, hemos venido para protegerlo, para garantizar sus propiedades, promover la prosperidad y para dotarlo de las inmunidades y bendiciones de las constituciones liberales de nuestro gobierno”.
Este es el compromiso legal y moral del Congreso de los Estados Unidos a par con el Pueblo de Puerto Rico.
Así inicio el experimento colonial.
Los puertorriqueños somos pupilos bajo la tutela jurídica del Congreso. El Congreso tiene total, pleno y exclusivo poder temporal y legal sobre los cuatro millones de puertorriqueños en la isla.
Resulta difícil explicar y comprender lo que Puerto Rico es dentro del esquema político-constitucional de la Nación Americana.
Con el fin laudable y compasivo de aliviar la crisis económica de la post-guerra en el 1920, el gobierno norteamericano envió alimentos para los más sufridos en la Isla. El pueblo llamo “El Mantengo” a estos donativos de los “americanos”. Los donativos se extendieron hasta el 1942, cuando el plan de asistencia federal ofrecía alimentos a más de 138,000 niños.
En el 1968 el Congreso asigno $25 millones para el PAN, programa de distribución de alimentos. Estos alimentos de primera necesidad se convirtieron en “moneda de cambio” en la economía informal-subterránea. Así comenzó del síndrome del “Mango Bajito” y consecuentemente un agente destructivo del tejido social.
Los programas federales alcanzaron cifras billonarias para salud, educación, seguridad y bienestar social, y fondos para transportación, infraestructura, economía, industria, agencias gubernamentales, y para los municipios.
Estadistas, como Don Luís Ferre, han visto estas ayudas como logros para mejorar la condición de vida y como pasos que nos acercan más a la Nación Americana.
Consistentemente, los líderes coloniales aun se contradicen. Predican “soberanía” bajo una Republica Asociada en Puerto Rico. Luego visitan al Congreso para mendigar tratamiento igual a los cincuenta Estados. Acusan a
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los Estados Unidos de intervención a la vez que piden y reparten mil doscientos millones de los contribuyentes americanos para estimular la economía. Mientras más huyen, mas lloran.
Más de un siglo de coloniaje, cinco décadas del ELA y políticas públicas equivocadas hicieron daño catastrófico a la fibra ética del tejido social.
Don Luís Muñoz Marín predicaba acertadamente “vergüenza contra dinero”. Ahora los lideres coloniales defienden “dinero contra vergüenza”, y practican la estrategia del “mango bajito” y el síndrome del “dame, dame” sin importarles las consecuencias.
Contrario a un espíritu de honestidad y dedicación al servicio Publico, notaras como unos pocos listos y perversos, dentro y fuera del gobierno, ahora son ricos, poderosos y arrogantes.
Olvidaron la procedencia de los billones de dólares que envían los contribuyentes y ciudadanos de los Estados Unidos. Olvidaron las disposiciones constitucionales y la existencia del poder judicial federal, que por ser independiente es la garantía máxima de la democracia constitucional Americana.
El sistema judicial Americano es lento. Oportunamente detecta, investiga y condena a los que mienten, roban y atentan contra la estabilidad y paz social. Persigue a los funcionarios gubernamentales corruptos en todos los estados y la colonia. La corrupción es un acido que corroe todo el andamiaje gubernamental, y constituye un peligro social.
Cierro refiriéndome a la colonia. Veo con asombro como Acevedo Vila reclama soberanía bajo una alegada Republica Asociada. Acevedo y los defensores de la colonia cayeron en su propia trampa.
El “embeleco” de Republica Asociada que ellos proponen no tiene cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. Fíjate lector, Puerto Rico tendría que rechazar la Unión Permanente, pedir la independencia y convertirse en una Republica Independiente antes que Estados Unidos considere un “pacto” con la nueva Republica.
La colonia no resiste más. Llego la hora cero. Adiós al ELA. El Affaire Acevedo Vila la mato.
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El Congreso tiene que resolver el status final de la colonia.
3. El ELA No Tiene Zapata Jurídica 05/19/08
Los amables lectores que respondieron a mi columna reflejan confusión cuando Acevedo habla de soberanía y un pacto bilateral.
El Informe aprobado por el Comité de Recursos Naturales del Congreso sobre el status de Puerto Rico llega a la conclusión inescapable, el ELA carece de zapata jurídica constitucional. Así lo entiende el Congresista Serrano, puertorriqueño serio y valiente.
Aquellos que creen en la mentira del “pacto bilateral”, entiendan que un plebiscito ordenado por el Congreso seria regido por las Leyes Federales. Los Tribunales Federales tendrán jurisdicción exclusiva para resolver controversias. ¿Cual “pacto bilateral”?
La Constitución de Los Estados Unidos define solo cuatro formas de status políticos: Estados, el Distrito Federal, las Tribus Indígenas, y los Territorios.
La Cláusula Territorial cede al Congreso el poder de gobernar los territorios, como Puerto Rico, en asuntos locales y Nacionales. El Tribunal Supremo decidió que los Estados Unidos pueden ejercer soberanía y gobernar los territorios no incorporados, como Puerto Rico. Los derechos Constitucionales no aplican automáticamente a los Territorios.
La Ciudadanía Americana, que apreciamos los puertorriqueños, la concedió el Congreso mediante una ley, no la Constitución. La Ciudadanía Americana la cobija la “soberanía” de la Nación Americana.
La Ley 600 autorizo a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La relación Territorial continua bajo el “Puerto Rican Federal Relations Act”. El alegado “pacto” nunca existió.
Muñoz Marín acepto públicamente que la Ley 600 no elimino el poder plenario y exclusivo del Congreso sobre Puerto Rico. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El Congreso administra la Cláusula Territorial y provee las
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condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado.
La Constitución de Puerto Rico no define un cambio político. Las Leyes del 1950 y 1952 no autorizaron “libre asociación” con los Estados Unidos. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral. El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico. Esta es la cruda realidad de la colonia.
El “Commonwealth” no es un “status político y no implica un status diferente. Puerto Rico es un Territorio; no es una Nación soberana en libre asociación con los Estados Unidos. Esta es la gran mentira. Su nombre es ELA, su apellido colonia.
El Tribunal Supremo Federal dictamino que la Cláusula Territorial opera en PR. El Congreso tiene el poder para aprobar todas las reglas y reglamentos sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en Puerto Rico (Rodríguez vs. PPD, 1982).
La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no aceptables para al Congreso.
La Administración del Presidente Clinton determino que la propuesta del PPD de un ELA culminado (Enhanced Commonwealth) viola la Constitución y no es aceptable. La propuesta de “consentimiento mutuo” (pacto bilateral) no es aceptable. El Congreso no puede obligar a futuros Congresos. La soberanía que ellos reclaman convertiría a Puerto Rico en una Nación Independiente. La Nación de Puerto Rico no puede ser parte de los Estados Unidos.
Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano.
Un futuro plebiscito o Convención Constituyente solo puede considerar y escoger entre Independencia, Estadidad, y una Nación Independiente asociada con los Estados Unidos. En otras palabras, Puerto Rico tiene que pedir la Independencia y luego solicitar un acuerdo con los Estados Unidos. Acuerdo que es revocable unilateralmente.
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Amigo lector, la Republica Asociada es una de las únicas tres alternativas aceptables bajo la Constitución Americana y el derecho Internacional. Puerto Rico solo puede considerar un status que sea compatible con la Constitución, las leyes básicas y la política publica de los Estados Unidos.El ELA Culminado (enhanced Commonwealth) no es un status viable y no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia.
Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres de la colonia, crearían una Nación Independiente sin votar por la independencia, y asociarla a Estados Unidos antes de ser una Republica, como en “Republica Asociada”. Las nuevas generaciones no serian Ciudadanos Americanos.
El ELA no tiene zapata. No existen cimientos para sostenerla. La solución final es inaplazable. El Congreso Americano tiene que actuar AHORA.
4. Novenario, (julio, 08)
Durante el acto de Luís Muñoz Rivera, los líderes de la colonia dijeron que “sin la ruta y la fuerza autonomista el ELA se muere”, y “si no evoluciona va a desaparecer”. ¡Palabras con luz!
El periodo de luto tiene varias fases: culpabilidad, negación y finalmente aceptación. Ya van en camino. La frustración popular dará paso a la aceptación, sin pena y dolor.
Acevedo Vilá compareció recientemente ante la ONU como parte del ritual político, hueco e inconsecuente, defendiendo el alegado pacto del 1952. Por noveno año consecutivo, ante el desacreditado Comité de Descolonización, el portavoz del Partido Popular fracasó en su intento de resucitar a un muerto político. Hay que darle sepultura.
Amigo lector, sin ánimo de llover sobre mojado, llamo la atención a las siguientes verdades incómodas.
En el 1897 España otorgó por Real Decreto la carta de Gobierno Autonómico para Puerto Rico. Luís M. Díaz Soler, historiador y profesor distinguido de la Universidad de Puerto Rico, indica que en ese documento se menciona a Puerto Rico 37 veces como “colonia”.
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En el 1898, El Tratado de París, en su artículo 9, señala claramente que el Congreso podrá decidir sobre la colonia de Puerto Rico y sus habitantes. Estados Unidos reclamó a Puerto Rico como compensación de guerra (botín de guerra).
La Carta Autonómica y su gobierno fueron derogados por el gobierno militar norteamericano. El Congreso legisló la Ley Orgánica, conocida por la ley Foraker, para establecer el gobierno civil de Puerto Rico. La ley definió a los habitantes de la isla como “ciudadanos de Puerto Rico”, careciendo de soberanía.
Hemos dicho, y se ha enfatizado muchas veces, que la soberanía de la colonia radica exclusivamente en el Congreso de los Estados Unidos. Esta es la verdad jurídica, amarga e incómoda. Muchos críticos señalan que Estados Unidos se convirtió en una potencia colonial con la Ley Foraker.
En 1917, el Congreso aprueba la Ley Jones, que otorga la ciudadanía estatutaria norteamericana a los habitantes de la Isla. En los pasaportes de Estados Unidos de América se hace referencia a esta realidad jurídica utilizando el término “national”. Otra vez y mas sencillo, lo que esto significa es que la ciudadanía americana fue concedida por el Acta Jones y no como un derecho Constitucional.
En el 1940, Puerto Rico se convirtió en un bastión militar importante para la marina de guerra de Estados Unidos. Se nombró al Almirante Lehy como gobernador de la colonia de Puerto Rico. El Congreso autorizó el nombramiento de Jesús T. Piñero, y la elección de Luís Muñoz Marín. La Constitución de Puerto Rico sigue el modelo americano de los Poderes de los Estados sobre asuntos insulares.
Desde entonces ha llovido mucho. Juan Manuel García Passalacqua escribió un resumen de las opiniones y conclusiones emitidas por el Congreso, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia de la Rama Ejecutiva, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo felicito por explicarles clara y sencillamente a los amigos del “velorio” que las tres ramas constitucionales de los Estados Unidos sostienen que “fuimos y somos un territorio, una colonia”.
Repito, Puerto Rico es una colonia sin soberanía alguna. El Congreso tiene poder exclusivo y plenario sobre Puerto Rico. Luego de 110 años del
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fracasado experimento colonial y el engaño sobre el ELA durante 56 años, llegó la hora de que el Congreso Americano descargue su responsabilidad legislando un plebiscito final y obligatorio para que los puertorriqueños escojan entre las únicas dos alternativas soberanas, Estadidad Federada o Nación Independiente. La única “unión permanente” es la Estadidad Federada.
El famoso “pacto” nunca existió. El ELA, como lo vendieron en las campañas, fue un engaño político y publicitario. La culminación de esa “mentira política” en una república asociada, reteniendo todos los beneficios de la Ciudadanía Americana, no tiene cabida bajo la Constitución Americana. Cualquier acuerdo entre naciones independientes es revocable unilateralmente y nunca puede ser permanente.
Cuando termine el novenario del ELA, que repiquen las campanas de la soberanía de Puerto Rico en el Siglo XXI. Nosotros queremos los poderes de un Estado Federado, como los define la Décima Enmienda de la Constitución, y disfrutar plenamente de la soberanía compartida dentro de la nación americana.
5. No va a caer nieve agosto, 08
Cuando Puerto Rico se integre como Estado Soberano a la Federación de Estados de los Estados Unidos, no seremos los únicos 4 millones de hispanos en la nación. Compartiremos nuestra cultura y nuestro idioma con 41 millones de hispanos que definen la característica multicultural de la nación americana, Los Hispanos son la minoría más grande de la Nación Americana con 45 millones de ciudadanos.
La estadidad, como consecuencia lógica del crecimiento hispano en los Estados Unidos no implica perder nuestra identidad puertorriqueña.
La población hispana en los Estados Unidos era 45.5 millones en julio del 2007. Datos de la Oficina del Censo revelan que los hispanos son el grupo étnico o “minoría” más grande de la nación, 15% de la población total, y el grupo minoritario más grande en veinte estados.
El Departamento de Comercio federal, con el objetivo de celebrar el mes de la hispanidad, apunta que de una de cada dos personas que se han sumado a la población entre julio del 2006 a julio del 2007, es de origen hispano. El
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crecimiento de 1.4 millones de hispanos en un año los sitúan como el grupo minoritario de mayor crecimiento en la nación.
Estados Unidos tiene más gente de origen hispano que cualquier nación en el mundo, menos Méjico; más que los 40 millones en España. Se proyecta que para el 2050 la población hispana será de 102.6 millones, más del 24% de la población total en los Estados Unidos.
Treinta y cuatro millones de residentes mayores de cinco años hablan español en sus hogares, pero han aprendido ingles y se desenvuelven normalmente en sus trabajos y la comunidad. Aunque no todos han logrado fluidez en el segundo idioma, reconocen que aprender inglés es necesario y natural para todos los ciudadanos americanos. Inglés es el idioma oficial en más de 50 países, las Olimpiadas y el comercio internacional.
La edad promedio de la población hispana es de 27.6 años, una mucho más joven que el promedio nacional de 36.6 años. Jóvenes que llegaron en busca de libertad y oportunidades económicas quieren ser americanos, juran defender la Constitución, pero mantienen sus raíces culturales.
La población hispana ha aprovechado las oportunidades económicas. Más de 1.6 millones de negocios pertenecen a dueños hispanos El número de negocios de dueños hispanos ha tenido un crecimiento de más de 31% entre el 1997 y 2002. Esos negocios generaban más de $222 billones de ingresos.
Entre miles de profesionales, 82,000 hispanos son ejecutivos, 46,200 médicos y cirujanos, 53,600 maestros de escuela secundaria, 43,000 abogados, y 5,700 analistas de noticias, periodistas y corresponsales.
En New Jersey, el programa de las 6 PM de la estación hispana, WXTV, tiene más popularidad entre la audiencia más joven de 49 años que ABC, CBS y NBC. En Los Angeles, KMEX tiene más televidentes en todas las categorías que las estaciones tradicionales en inglés.
4 millones de puertorriqueños que residen en los 50 estados de la unión constituyen el 9% de todos los hispanos, y 16% si se cuenta la población en la Isla. Hay más puertorriqueños en Orlando y en New York que en cualquier ciudad de Puerto Rico.
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Las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo son el sueño de millones de personas que quisieran ser americanos. La Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Americana, y el “Voting Rights Act” le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías lingüísticas en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.
Es un derecho aprender inglés y es una obligación ofrecer programas educativos para aprenderlo. Ser bilingüe es un rasgo positivo. Saber ingles en la isla es beneficioso para el turismo, negocios, comunicaciones internacionales, trabajos y publicaciones científicas, nueva tecnología y enriquecimiento cultural.
Los puertorriqueños que hablan inglés, no han dejado de ser puertorriqueños, como tampoco dejarán de serlo los cuatro millones que viven en la isla por ser bilingües. La nación a la cual queremos integrarnos con dignidad y soberanía plena como Estado Soberano Federado es multicultural y multi-étnica. Cuando Puerto Rico sea Estado Federado, no va a caer nieve. Seremos puertorriqueños y ciudadanos americanos.
6. Más claro no canta un gallo (octubre, 08)
Mañana se celebra el evento de mayor importancia en la vida democrática de los puertorriqueños: el proceso electoral. Me uno a la fiesta de pueblo que precede este importante encuentro con la conciencia colectiva de la mayoría de los ciudadanos.
Durante la campaña política, se presentaron y se debatieron programas de gobierno para el futuro. La discusión pública es la fuente que brinda información para tomar una decisión política racional, lógica.
Sabido es que las elecciones generales no son plebiscitarias. El 4 de noviembre se eligen los representantes de las aspiraciones mayoritarias de los electores. Aquí radica la importancia ideológica del 4 de noviembre. Los problemas que enfrentan los electores son avasallantes: descalabro económico, desempleo, pobreza, deuda pública sin control, extrema dependencia de fondos federales, corrupción gubernamental, agricultura abandonada, pésimos servicios de salud, inseguridad galopante, monopolio de la AEE y un Departamento de Justicia parcializado y politizado, entre otros.
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De no ser por las ayudas y transferencias federales multimillonarias de $23,324,000,000 de agencias como Educación, Salud, Vivienda, y programas como Medicare, Seguro Social, Sección 8 y Asistencia Nutricional, los puertorriqueños vivirían en una pobreza extrema. Resulta innegable la realidad que la relación permanente con los Estados Unidos está en juego en estas elecciones. Los partidos y los candidatos han comunicado claramente su objetivo ideológico de resultar electos.
Acevedo quiere perversamente transformar la elección general en un referéndum sobre el status. El objetivo es continuar el engaño y convocar una Constituyente separatista para convertir a Puerto Rico en una República. Luego tratarán de negociar con los Estados Unidos para que brinden ayuda económica a los ciudadanos americanos que residan en Puerto Rico. Ese es el engañoso “pacto” .El PIP está claro. Quieren la independencia a como de lugar. Su meta no es administrar la colonia, es promover la independencia.
La nueva propuesta del ELA culminado contiene principios que fueron “rechazados” y no son aceptables para al Congreso. Estados Unidos sostiene que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y tajantemente rechaza el ELA culminado. Esta patraña política no encaja dentro del marco constitucional Americano. Bajo la “soberanía” que reclaman los lideres coloniales, crearían una Nación Independiente sin un voto a favor de la independencia y más tarde tratar de asociarla a Estados Unidos, “República Asociada”. La nueva generación de puertorriqueños no serían Ciudadanos Americanos.
Luís Fortuño se compromete a defender vigorosamente la ciudadanía americana y luchar para retener las garantías constitucionales, los derechos individuales, las libertades civiles, el progreso, la prosperidad y las oportunidades de crecimiento personal y colectivo que brinda el modelo político-económico de Estadidad Federada.
La verdadera soberanía que aspira el pueblo de Puerto Rico es la soberanía del Estado Federado. La Estadidad garantiza autonomía local, los poderes de la soberanía estatal, igualdad en la Ciudadanía, prosperidad, la estabilidad de la unión permanente y brinda finalmente, tras 110 años de ignominiosa colonia, dignidad al pueblo de Puerto Rico.
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Mientras los puertorriqueños no resuelvan su problema del status de manera final, continuará la Gran Válvula de Escape, 4 millones de seres humanos con raíces puertorriqueñas residiendo en los Estados Unidos. Estudiantes, profesionales, jubilados y familias completas en todos los niveles económicos, se siguen sumando a la nueva generación de emigrantes viviendo en un Estado Federado. Todos en busca de seguridad y prosperidad.
Al final de la jornada eleccionaria, cada ciudadano tiene que asumir responsabilidad por las consecuencias que su decisión tenga sobre el futuro del país. El resultado final es un mandato legislativo, ejecutivo, gubernamental y administrativo. La ideología que obtenga el respaldo de una mayoría robusta, reclamará que obtuvo un mandato claro para implantarla. Los candidatos del PIP impulsarán la independencia. El PPD movería cielo y tierra a favor de una republica independiente, asociada y subsidiada. El PNP continuará en su trayectoria en defensa de la unión permanente, la ciudadanía americana y la Estadidad Federada.
Más claro no canta un gallo. El componente plebiscitario está presente en las elecciones. El país merece y reclama solución a los problemas, un buen gobierno y políticos honestos Queremos asegurar que el futuro estará ligado en unión permanente con los Estados Unidos. La decisión es tuya, amigo lector. Participa. Vota. Escribe tu historia.
7. Impacto electoral sobre los partidos y el status (nov, 08)
El resultado de las elecciones provoca un análisis serio de las implicaciones futuras sobre el status de Puerto Rico.
Por primera vez en la historia de Puerto Rico un candidato y un partido político que favorecen la estadidad obtienen una mayoría absoluta, casi 53%, y eso sin contar los estadistas que votaron por un candidato estadista “write-in”.
Es evidente el desplome del Partido Popular. Sus propios líderes y encuestadores aceptan que miles abandonaron las filas del PPD y se unieron al PNP, y que miles se abstuvieron de ir a votar.
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Las razones por el descalabro del PPD parecen obvias: el candidato, el mal gobierno, el desplome de la economía, y la trayectoria separatista y soberanista del Partido Popular. AAV ahora renuncia a la Presidencia del PPD. Deja libre el liderato a personas que no sean tan antiamericanas y separatistas.
La desaparición del PIP es muy significativa. Los “melones” eran vedes por fuera y rojos por dentro. Algunos independentistas le daban el voto al PPD para detener el avance de las fuerzas estadistas. Este año los líderes del PIP pidieron a los independistas que le dieran el voto al PIP. Las estadísticas de las elecciones no demuestran que muchos independentistas le dieran el voto al PPD. Líderes del PIP alegan que los independistas no afiliados le dieron la espalda. La realidad es que el PIP no tiene fuerza electoral, por que no tiene el respaldo del pueblo de Puerto Rico. Es una buena oportunidad para el PPD; puede convertirse en el PIP, pero se arriesga a desaparecer de igual manera.
EL candidato del cuarto partido recibió muy pocos s votos y apoyo electoral. La realidad es que la cultura y la fuerza de dos partidos principales en Puerto Rico no le da paso a los nuevos partidos.
La realidad es que las elecciones no eran plebiscitarias. Aún así, cada candidato y partido expresó y respaldó una trayectoria ideológica clara y definitiva. El PIP predicaba la independencia. El PPD quería la separación bajo el embeleco de la autoría y soberanía de la república asociada y subsidiada. El PNP ha sido fiel a su historia y trayectoria estadista y defensor de la unión permanente y la ciudadanía americana.
Ante la de-certificación del PIP y la presencia legislativa del PPD gracias a la Ley de Minorías son la evidencia más contundente que Puerto Rico abrió las puertas del camino a la estadidad. Si el PPD quiere tener un futuro tendrá que cambiar radicalmente su postura soberanista y pro república independiente y asociada. Más del 97% de los puertorriqueños atesora la unión permanente con los Estados Unidos y la ciudadanía americana. El PPD no puede poner en riesgo la estabilidad económica de Puerto Rico.
Naturalmente, la responsabilidad histórica de dar un paso adelante hacia la estadidad está sobre los hombros de Luís Fortuño y el PNP. La población que no es estadista estará atenta y vigilante. Un buen gobierno puede servir de puente para que los que desconfían del movimiento estadista cambien de
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opinión y le de den una oportunidad la los que predicamos igualdad, progreso, seguridad y soberanía dentro del Estado Federado.
No creo en la astrología, pero como dice el pueblo, parece que los planetas se han alineado. La elección de Obama rompe el mito de los prejuicios contra las minorías. Los dos partidos nacionales han expresado su compromiso de darle atención al problema del status de Puerto Rico en este cuatrienio. Hay que ponerle fin a la colonia. Cuando las Naciones Unidas traigan el caso otra vez en dos años, los representantes de la estadidad llevaran consigo el apoyo de más de un millón de votos. Los separatistas llevarán a Hugo Chávez, Fidel Castro, Daniel Ortega y Evo Morales.
La gente quiere que se resuelvan los problemas principales, pero el electorado ha enviado un mensaje claro y contundente: no quiere que pongan en riesgo la ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos.
8. Estado Federado y Soberano (agosto, 09)
Tomar prestado para pagar nomina y suplidores confirma el descalabro económico del ELA. Resulta oportuno examinar la futura Constitución del Estado Federado Soberano de Puerto Rico.
“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.
“Todos los funcionarios y empleados del Estado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas prestarán, antes de asumir las funciones de sus cargos, juramento de fidelidad a la Constitución de los Estados Unidos de América y a la Constitución y las leyes del Estado de Puerto Rico”.
Los líderes y defensores del “Commonwealth” no pueden oponerse a una expresión de lealtad a la Constitución y a la nación americana; ni pueden oponerse a la convivencia plena en Puerto Rico de la cultura americana y la cultura puertorriqueña.
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No pueden, porque esos pasajes son expresiones de la Constitución de Puerto Rico según la propuso la Convención Constituyente, y la aprobó el Congreso y el Presidente de los Estados Unidos en el 1952.
“La Constitución de Los Estados Unidos de América y de los otros 48 Estados fueron los modelos para la Constitución actual de Puerto Rico”. (Carmen Ramos Santiago)
La Constitución Americana, en su primer Artículo establece que “todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes. Puerto Rico tendrá derecho a elegir dos Senadores y seis Congresistas, más que 24 estados.
El Artículo II define el poder ejecutivo del Presidente de Los Estados Unidos que será elegido por el Colegio Electoral. Puerto Rico tendrá ocho Delegados. Solo 24 estados tendrían más votos que Puerto Rico.
La Primera Sección del Artículo III deposita el poder judicial de los Estados Unidos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales de primera instancia que el Congreso establezca. El Tribunal Supremo Federal es el protector de los ciudadanos puertorriqueños. El poder Judicial resolvió que Puerto Rico es un Territorio no incorporado y como tal los isleños son pupilos del Congreso de los Estados Unidos.
La Tercera Sección del Artículo IV establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión. Vamos a exigir al Congreso que ordene un plebiscito final, que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico, y acelere el proceso para que los puertorriqueños expresen su voluntad en contra de la colonia, en contra de la república, y a favor de la admisión como Estado Federado.
El Artículo VI expresa que esta Constitución y las leyes de los Estados serán la suprema ley del país. Cuando Puerto Rico sea admitido a la Federación se convocará una Convención Constituyente para proponer la Constitución del Estado de Puerto Rico en busca de la soberanía del Estado Federado.
La Décima Enmienda garantiza que “los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos, ni prohíbe a los estados, quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo”. Aquí surge la soberanía de cada
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estado. Este es el meollo jurídico constitucional de la formula federativa nacional.
El Estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes que hoy en día aparecen en la Constitución actual: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo, el sistema de justicia; derecho a organizaciones laborales, protección de todo trabajador; crear municipios; imponer y cobrar contribuciones, emitir bonos; y un sistema electoral.
Tendrá los poderes que tienen otros estados; crear departamentos, agencias y corporaciones públicas; gerencia pública, hacienda, desarrollo urbano, administrar el sistema educativo, salud, servicios sociales, protección al ambiente, agua, suelo, energía, acueductos y alcantarillados, carreteras, promoción y defensa de la cultura, y todas las actividades para el disfrute de la vida, como el deporte, la recreación y el arte; desarrollo económico, agricultura, industrias, comercio, turismo, transportación, banca y seguros, cooperativismo, pensiones, y relaciones federales entre otras.
La Estadidad garantiza autonomía local, los poderes de la soberanía estatal, igualdad en la Ciudadanía, progreso económico, la estabilidad de la unión permanente y devuelve la dignidad al pueblo de Puerto Rico poniéndole fin a la centenaria colonia.
9. La colonia suplicante (enero, 10)
La reforma de salud en el Senado Federal evidencia la necesidad contundente de Puerto Rico de una auténtica representación tanto en la Cámara de Representantes y como en el Senado Federal. Los 400,000 puertorriqueños que no tienen un seguro de salud, la clase media que vive agobiada por el costo de la vida, los más de 1,500,000 seres que dependen de los beneficios de Medicaid para el (PAM) Programa de Asistencia Medica y la Tarjeta de Salud, y todos los que reciben beneficios de Medicare en la Isla se hubieran beneficiado automáticamente y con mejores beneficios si Puerto Rico fuera un Estado de la Unión.
El resultado de las negociaciones entre legisladores y la fuerza electoral de distintos estados resulta de tanta importancia que si el status colonial del ELA se hubiera resuelto a favor de la estadidad, nuestros dos Senadores en el Senado Federal hubieran logrado extraordinarios beneficios en el proyecto que ahora va a Conferencia entre Cámara y Senado. La “colonia
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mendicante” es otra. El Comisionado Residente, sin voto en la Cámara, el Gobernador, exgobernadores y múltiples funcionarios públicos, médicos y administradores de la salud claman por “paridad en los fondos federales”. No podemos arrodillarnos a pedir paridad en todos los programas federales cuando el pueblo no se ha expresado para resolver finalmente el problema del status. Las colonias no tienen derecho a exigir paridad, suplican.
Consistente con su historia, los defensores de la colonia y el status quo sugieren que una delegación bipartita vaya a la Capital Federal a suplicar que el Congreso le conceda un mejor trato a Puerto Rico en la Reforma de Salud. Es el mismo síndrome del “mango bajito” y del “dame-dame” que caracteriza el modelo del ELA, la colonia más vetusta del planeta.
Es hora que el pueblo comprenda el valor de una delegación legislativa con el poder de un Estado que tenga más Congresistas y más votos electorales que 23 otros estados de la Unión. Concurro con Luís Dávila Colón: “con una delegación congresional completa y el poder del voto presidencial, Puerto Rico tendría un poderío inmenso en la toma de decisiones nacionales, en la repartición del presupuesto, en la asignación de fondos y programas, en políticas de defensa, y la designación y nominación de funcionarios, jueces, y fiscales, jefes de gabinete, y directores de agencias”.
Dávila Colon tiene razón: “Puerto Rico esta listo y pasado de que haga un reclamo contundente hacia su definición. Puerto Rico es un estado en su condición política, social y geográfica. Pero que “mientras vivamos en el Territorio del ELA, la ciudadanía americana no nos confiere todos los derechos, privilegios e inmunidades que nos corresponderían como ciudadanos americanos residentes de un estado de la Unión”.
La injuriosa condición de colonia nos confiere una ciudadanía hibrida y de segunda clase, una chatarra jurídica-constitucional. Buscar la solución del status no es incompatible con trabajar inteligentemente para sacar a Puerto Rico de la bancarrota moral, social, económica y fiscal en que nos ha sumido el status colonial del ELA desde el 1952. Mientras se prepara el camino a la estadidad, por el bien del ideal y de Puerto Rico, tenemos que administrar bien los pocos recursos de la colonia, defender a los pobres y la clase media, mejorar la educación, levantar la economía, generar empleos, derrotar el crimen, y educar a los puertorriqueños sobre la estadidad federada soberana.
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El Gobernador, los funcionarios públicos, los legisladores y líderes políticos estadistas tienen que cumplir con su promesa de hacer un “buen gobierno”. Urge garantizar la seguridad pública, mejorar la economía, y eliminar los gastos superficiales e innecesarios del gobierno. Comiencen prohibiendo los contratos de asesores-políticos y los viajes de funcionarios que no beneficianal país.
10. Celebración de la Ciudadanía Americana (marzo, 10)
El 2 de marzo del 1917, el Presidente Woodrow Wilson firmó el Acta del Congresista Walter Jones de Virginia otorgando la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Puso fin a la humillante ignominiosa condición política de la “ciudadanía en el limbo” de los puertorriqueños, “ciudadanos de Puerto Rico”. Este hecho histórico, poco examinado por los políticos insulares, merece ser celebrado y analizado.
Esta efeméride nacional marca el nacimiento sin precedentes en el caribe español de una nueva personalidad jurídico-política en el marco constitucional norteamericano, una colonia territorial americana, no incorporada, pero cuyos residentes son ciudadanos de los Estados Unidos de América.
En el 1917 se da el primer paso constitucional para que los residentes de Puerto Rico se integren legalmente a la nación a través de una común ciudadanía. El Acta Jones, la Carta Organiza de 1917 de Puerto Rico establece que los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un estado de la Unión y sujeto a las disposiciones del articulo IV de la Constitución de los Estados Unidos.
El Artículo 5, un acto de naturalización colectiva, define que todos los ciudadanos de Puerto Rico y todos los nativos de Puerto Rico que estaban temporalmente ausentes de la Isla el 11 de abril de 1899, y hayan regresado después y estén residiendo permanentemente en dicha isla, y no sean ciudadanos de ningún país extranjero, se declaran por la presente ciudadanos de los Estados Unidos, y serán considerados y tenidos como tales. Dispone además que todos los ciudadanos de los Estados Unidos que han residido o que en lo sucesivo residieren en la isla por un año sean legalmente ciudadanos de Puerto Rico.
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Somos y seremos ciudadanos de los Estados Unidos de América. El Acta de Naturalización del 1941 garantiza que todas las personas que nacen en los Estados Unidos, Puerto Rico inclusive, se declaran ciudadanos de los Estados Unidos.
Es necesario señalar que los 900,000 ciudadanos que quedaron bajo la tutela militar colonial en Puerto Rico hasta el 1 de marzo del 1917 eran producto de una sociedad europea española altamente jerarquizada, con diferentes capas sociales claramente definidas, pero no existía igualdad ante la ley. Era una sociedad de privilegio y privilegiados: realeza, nobleza, clero. Por otro lado estaban los trabajadores, labriegos o vulgo común y los pobres de la paupérrima colonia española de Puerto Rico. Ese es el cuadro sociopolítico histórico de valores morales a que llegan los “invasores Yankees.
En el 1916, el mismo Congresista Jones presentó y el Presidente firmó el Acta Jones otorgándole la independencia a Las Filipinas, que fueron cedidas por España en el Tratado de Paris, junto con Puerto Rico. No le otorgan la independencia a Puerto Rico. El Congreso, conciente y expresamente acordó incorporar a Puerto Rico jurídicamente al seno nacional otorgándole la ciudadanía americana a los puertorriqueños.
El análisis lógico histórico del Acta Jones nos obliga a concluir que la intención del Congreso y el Ejecutivo fue clara: establecer una relación permanente entre Estados Unidos y Puerto Rico. Rechazaron incorporar Las Filipinas y conceden la ciudadanía a los puertorriqueños como primer paso jurídico-constitucional para eventualmente admitirlo como estado federado.
El 2 de marzo nos corresponde peticionar al Congreso que finalice y haga válida aquella gestión histórica que tomó hace 93 años; y que le ponga fin a los 111 años de coloniaje que le ha negado la verdadera igualdad al pueblo puertorriqueño. El auténtico significado del Acta Jones nos da el derecho y la base jurídica, política y moral para peticionar al Congreso que admita a Puerto Rico como el Estado 51 de la gran Nación Americana.
11. ELA, modelo político vetusto y fracasado (julio, 10)
El 25 de julio se celebró el día de la Constitución de Puerto Rico. Equivocadamente, algunas personas que no conocen la historia de la Isla, creen que en esa fecha se creó un nuevo status político, a un Estado Libre Asociado.
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Nada más lejos de la verdad, Puerto Rico no es Estado como los otros 50 estados, no es libre como una república, y no está asociado como si hubiera existido un pacto entre “iguales”. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe. El ELA es una figura legal que crea un “estado de desigualdad” política.
Luego de crearse las Naciones Unidas, en el 1950 el Congreso de los Estados Unidos se vio obligado a autorizar a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para un gobierno puramente insular. La historia legislativa reitera que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. Administra la Cláusula Territorial y provee las condiciones para la eventual incorporación a la Nación como Estado Federado. El propio estatus colonial requiere la Constitución de Puerto Rico sea aprobada por el Congreso. El ELA siempre ha sido transitorio.
El estatus colonial “Territorio No Incorporado” fue aparentemente beneficioso para la Isla. Durante las pasadas seis décadas, bajo el estatus colonial, gracias a la capacidad productiva de nuestra gente y a su vínculo con Estados Unidos, Puerto Rico mostró grandes adelantos en la economía, ciencia, justicia, salud, infraestructura, servicios, protección del ambiente, recreación y deportes; pero las limitaciones coloniales del ELA impiden los mismos derechos, privilegios y progreso económico de los otros cincuenta Estados
Aunque al principio, la Isla atrajo industrias, el ELA ha sido un fracaso como dinamo para impulsar la economía. Es evidente el desgaste del modelo de crecimiento bajo el ELA y la incapacidad de sus pilares de exención contributiva local-federal y el libre acceso al mercado estadounidense para propiciar crecimiento en el nuevo contexto de la globalización
Sin la “válvula de escape” hacia los Estados Unidos la economía se hubiera colapsado hace tiempo. Hoy, cuatro millones de seres humanos con raíces puertorriqueñas residen en los Estados Unidos. Estudiantes, profesionales, retirados y familias completas en todos los niveles económicos se siguen sumando a la nueva generación de emigrantes para vivir en un Estado Federado. El drenaje cerebral es imparable.
Bajo el modelo vetusto y fracasado del ELA, las ayudas federales sostienen la economía de Puerto Rico. Las administraciones anteriores bajo gobiernos
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estado-libristas dejaron un déficit de más de $3,300 millones. La nómina del gobierno representa el 76% del total de gastos del Fondo general. La deuda pública de $55 billones es un reflejo del descalabro de la economía de la Isla durante los últimos ocho años.
Buscar la solución del status no es incompatible con trabajar inteligentemente para sacar a Puerto Rico de la bancarrota moral, económica y fiscal. La incertidumbre sobre nuestro futuro político contribuye al estancamiento económico. La Estadidad, no solo le pone fin al colonialismo, sino provee un mejor marco de seguridad jurídica a la inversión productiva local, nacional y trasnacional. Bajo la Estadidad se asegura y se refuerza la red de seguridad social federal para salud, alimentación, vivienda, educación y servicios a los más necesitados.
El modelo económico de la Estadidad federada es la solución. En la Isla, más de 3.9 millones puertorriqueños reclaman los beneficios de igualdad política, los mismos derechos civiles y el mismo bienestar económico del resto de la Nación.
Cuando el pueblo de Puerto Rico, mediante una consulta democrática, solicite ser el Estado 51 el Congreso y la Nación le darán la bienvenida. Lo contrario sería cometer el más grande descarrío político y de justicia en contra de los ciudadanos americanos de Puerto Rico.
12. A librarnos del yugo político. (abril, 11)
El “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico” brinda una gran oportunidad a la Administración del Gobernador Fortuño para tomar acciones enérgicas y coordinadas con el Gobierno Federal en la búsqueda de soluciones a varios de los problemas que aquejan a Puerto Rico.
Aunque el Informe es solo uno con recomendaciones al Presidente, su contenido merece análisis objetivo y discusión abierta, madura y ponderada de cada uno de los planteamientos. La debilidad de este Informe es que el Grupo de Trabajo no tiene función Ejecutiva y muchos menos un mandato Congresional.
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Me alegra que el Grupo de Trabajo interpretara que “el estatus sigue siendo de suma importancia para el pueblo de Puerto Rico” y se comprometiera con “el objetivo de resolverlo en un periodo corto”. Sentencian que “es hora que Puerto Rico de el próximo paso”.
El informe confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente y en cualquier momento. La ciudadanía americana no se garantiza permanentemente, y no se concede a las generaciones futuras.
Aunque las fuerzas colonialistas quieran ocultarlo queda claro que el Congreso puede alterar la relación con Puerto Rico unilateralmente, incluyendo declarar a Puerto Rico una república independiente. La autoridad constitucional exclusiva, jurídica, política y plenaria es el Congreso. Los territorios sin incorporar y las colonias como el ELA no son y nunca serán permanente. Punto.
Concurro con el Grupo de Trabajo cuando afirma que “la incertidumbre sobre el estatus está frenando a Puerto Rico en materia económica”. El modelo colonial del territorio no incorporado del ELA fracasó como experimento político, económico y social.
La realidad política es que a menos que Puerto Rico obligue al Congreso y al Presidente a ponerle fin a la colonia, no lo harán si no demostramos que la mayoría quiere un cambio político. Ante un Congreso que no puede aprobar un presupuesto, atender la deuda publica federal, manejar las guerras de Afganistán, Irak y Libia, reducir un desempleo de más de 9%, ni solucionar la crisis económica, dudo que se ocuparán del estatus de Puerto Rico si no lo exigimos convincentemente. Aunque los defensores del ELA prefieren que se consulte al electorado si desea continuar con el estatus territorial y colonial, el Gobernador Fortuño y el PNP proponen una consulta plebiscitaria entre Estadidad, Independencia y una República Asociada, efectivamente excluyendo al ELA en la primera consulta.
Para entender esta decisión es oportuno considerar la Resolución 1541 de las Naciones Unidas, los Principios de Descolonización y las formulas aceptables para resolver un estatus colonial.
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Las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: cuando pasa a ser una República o Estado Independiente y soberano; cuando establece una libre asociación con otra nación o Estado Independiente; y cuando se integra a otra nación independiente, como los cincuenta Estados de la Federación de Estados Unidos de America. Política e internacionalmente, el ELA es la última colonia del planeta.
Es de esperar que el tema del estatus predomine en la discusión pública. Pero el debate sobre el estatus no debe interrumpir el compromiso de un “buen gobierno”, mejorar la seguridad pública, luchar contra el narcotráfico y la corrupción, promover el crecimiento económico, creación de empleos, incentivar el turismo, reformar la educación y cumplir el compromiso de la Reforma Legislativa.
Llegó el momento de la decisión final en la lucha por la igualdad. Solo la Estadidad garantiza la protección Constitucional de la soberanía estatal y permanencia de la Ciudadanía Americana. Es hora de librarnos del yugo político colonial del ELA.
13. Constitución, territorio/colonia o estadidad (julio, 11)
Hoy, 25 de julio, día de la Constitución e Puerto Rico, celebramos 113 años del inicio de la ocupación militar de Puerto Rico como colonia antillana de los Estados Unidos de Norteamérica.
La Ley 600 autorizó a Puerto Rico a tener nuestra propia Constitución para administrar asuntos locales. La historia legislativa reitera y el propio Muñoz Marin aceptó públicamente que la autoridad del Congreso sobre Puerto Rico es absoluta y plenaria. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe.
Resulta oportuno señalar que la Constitución de Puerto Rico sostiene que:“Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.
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Como en otros capítulos en la historia de la humanidad, el contacto de la cultura anglosajona americana y la colonial española-puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña.
Procede reflexionar sobre el experimento político y traer un poco de historia a un pueblo que clama por que le pongan fin al estatus colonial y le abran las puertas a la igualdad dentro de la federación de estados de la nación americana o que le den la independencia para forjar su propio futuro.
Theodore Roosevelt, hijo del Presidente Teddy Roosevelt, luego de finalizar su termino como Gobernador de Puerto Rico en el 1932, publicó su libro “Colonial Policies of the United States” (Archivo Nacional de los Estados Unidos, 1937 #E-713-R-66). Roosevelt se interesó en el concepto de Puerto Rico como un “dominio” con gobierno propio en el futuro. Pronosticó que la Isla tendría su propia Constitución para administrar los asuntos locales en el futuro.
El ex Gobernador Roosevelt dijo que el sueño imperialista del 1898 había probado ser irrealizable y reconoce que una “democracia como la de Estados Unidos” no puede administrar un imperio-colonial. Sentenció que la administración colonial en Puerto Rico chocaba contra las tradiciones democráticas americanas y su pragmatismo gubernamental lo convenció que Puerto Rico era y siempre seria una carga económica para los Estados Unidos.
La Constitución para un gobierno propio colonial del 1952 es un instrumento político que en nada cambia el estatus territorial y cuyo nombre de Estado Libre Asociado solo tenía el propósito de engañar a la población insular y la opinión internacional. La intención era hacer creer que la Isla no era una colonia dentro del marco jurídico Constitucional y el Artículo 3, que reglamenta los Territorios y posesiones americanas en ultramar. Ese fue el gran mito político-jurídico producto de mentes brillantes como el Juez el Supremo Abe Fortas, el Gobernador Tugwell y José Trías Monje, defendido y difundido por Luis Muñoz Marin., el gran maestro político. Muñoz reconoció que Puerto Rico era una colonia americana bajo la tutela exclusiva del Congreso de los Estados Unidos de America.
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Los Populares inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral, un pacto que nunca existió. Ahora quieren presentar la colonia como un territorio autónomo y soberano, un concepto jurídico ajeno a la Constitución Americana. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico
Tampoco podemos ignorar que la Tercera Sección del Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión.
La Constitución nos garantiza el derecho a exigir al Congreso que tome en cuenta la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Cuando la mayoría de los puertorriqueños se exprese en contra de la colonia, en contra de una república independiente y a favor de la Estadidad convocaremos la Asamblea Constituyente para redactar la Constitución del Estado de Puerto Rico.
14. Consultas plebiscitarias: responsabilidad y derecho
Después de vivir 113 años bajo la bandera Americana, y a casi seis décadas de haber aprobado nuestra Constitución, el pueblo de Puerto Rico se acerca a la solución permanente del estatus político que define nuestra relación política con los Estados Unidos.
Celebro que el Gobernador Fortuño haya sometido a la Legislatura un proyecto de Ley que viabilice un Referéndum para consultar al electorado puertorriqueño sobre su preferencia ideológica.
En una democracia todos tenemos el derecho a opinar, pero discrepo respetuosamente de aquellos para quienes nunca es un buen momento para confrontar a Puerto Rico con su destino político y liberarnos el yugo político de la colonia.
El proceso es simple y claro. En la primera consulta, a celebrarse en agosto del 2012, se le preguntará al Pueblo si prefiere continuar con el estatus político actual (colonial) del ELA sujeto a la Cláusula Territorial de los Estados Unidos, o si prefiere un estatus político permanente no territorial ni colonial.
Si la mayoría escogiera un estatus político permanente y no colonial, se llevará a cabo una segunda consulta en el 2013 para que el pueblo escoja
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entre (1) un Estado Federado de los Estados Unidos, (2) una nación independiente de los Estado Unidos o (3) el Estado Libre Asociado Soberano (entiéndase republica asociada) .
Considero apropiado citar algunos pasajes de mi mensaje como Delegado Alterno de los Estados Unidos ante la 37ma Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de septiembre de 1982.
“En 1917 se extiende la Ciudadanía de los Estados Unidos a los puertorriqueños y desde entonces cualquier ciudadano que nace en Puerto Rico es ciudadano americano con el derecho a la protección de sus leyes y disfrute de sus derechos”.
Estoy convencido que “los Estados Unidos sostienen una clara política de autodeterminación, y que aceptará, defenderá e implantará la decisión puertorriqueña sobre el asunto del estatus”.
Contrario a unas expresiones muy equivocadas y contrarias a la tradición democrática del Presidente Obama, “el Presidente Reagan dijo que el respaldaba la estadidad para Puerto Rico si esa era la selección de los puertorriqueños, que su administración aceptará la decisión de la mayoría del pueblo de Puerto Rico”.
“Somos nosotros los puertorriqueños los que tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de decidir nuestro sistema de gobierno y nuestra relación política con los Estados Unidos.
La Resolución 748 de 1953 sostiene que cualquier cambio en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos tomará en cuenta la voluntad del pueblo puertorriqueño y de los Estados Unidos”.
“En ese mismo proceso, la Asamblea General aprobó la Resolución 1541 que establece las alternativas disponibles al pueblo puertorriqueño y define que un Territorio ha alcanzado la plenitud de gobierno propio cuando (1) pasa a ser estado independiente, (2) establece asociación o (3) se integra a otro estado independiente”.
Precisamente, esas son las tres alternativas de la segunda consulta: Independencia, Republica Asociada y Estadidad.
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“El pueblo puertorriqueño tiene el derecho Constitucional, dentro del marco de las relaciones políticas con los Estados Unidos, y sostenido en nuestra propia Constitución, de alterar y enmendar nuestra Constitución de acuerdo a nuestras necesidades y convicciones políticas e ideológicas. Las Naciones Unidas en su Resolución 1541, Principio VII defiende ese derecho”.
Nuestro status político continúa siendo un asunto de primordial importancia en nuestra propia agenda del presente y del futuro. Al imperio británico le tomó 100 años liberar su “crown jewel colony”, Hong Kong. Confiamos que pasados 115 años, el Congreso atienda el reclamo de la mayoría de los puertorriqueños en las dos consultas plebiscitarias. Estoy convencido que rechazaran el estatus territorial/colonial en el 2012 y apoyarán la Estadidad como única relación permanente con los Estados Unidos en la segunda consulta.
15. Decisión crucial: Ser o no ser. (dic. 12, 21011)
Periódicamente se presentan oportunidades históricas para que nuestro pueblo participe en decisiones cruciales sobre su futuro. Ese momento es el que nos presenta la consulta sobre nuestro status político. Para comenzar, podemos analizar, debatir y llegar a conclusiones si queremos “ser o no ser un Territorio No Incorporado de los Estados Unidos” o si por el contrario aspiramos a un status no colonial y permanente.
El tema del status se ha discutido por más de un siglo, pero la responsabilidad está ahora en las manos de los líderes políticos electos. El pueblo de Puerto Rico debe exigir a los representantes de todos los sectores que discutan abiertamente sus argumentos en favor o en contra del estatus colonial o “Territorio” bajo la tutela del Congreso, de manera que la decisión en las urnas sea una educada y bien informada.
Es necesario presentar un esquema de las áreas más importantes que merecen atención en el debate público. En ese esquema, no puede escaparse “la dependencia económica y el fracaso del modelo económico” del ELA.
Durante el cuatrienio pasado y contrario a una sana administración y los principios de un buen gobierno, por ventajería política o desconocimiento, los políticos comprometieron recursos que no existían, prometieron e hicieron obras y programas que no se podían sufragar y se tomó prestado mas allá de lo que pueden sostener las generaciones futuras. Algunos
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políticos ofrecen villas y castillas sin considerar el costo de la obra ni los gastos de operación, mantenimiento y reemplazo.
Hay que reconocer que la Administración del Gobernador Luis Fortuño rescató la economía de una clasificación crediticia a nivel “chatarra’; gestó Alianzas con el sector privado para la Escuelas del Siglo 21 y para operar autopistas a nivel mundial y promueve múltiples proyectos de energía renovable para romper la dependencia del petróleo y bajar los costos de la energía que estrangulan la economía de Puerto Rico.
Un estudio por publicarse del Lcdo. Frank Rullán, revela que Puerto Rico ha recibido $133.6 billones netos del gobierno de los Estados Unidos, después de deducir pagos al Servicio de Rentas Internas (IRS), incluyendo pagos de Seguro Social y Medicare durante los últimos 11 años. Según “The Economist”, el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de Puerto Rico durante veinte años (1990-2009). Es importante reconocer que Puerto Rico pagó al gobierno federal (IRS) $73.7 billones durante esas dos décadas.
Durante el 2009, los gastos federales en Puerto Rico ascendieron a $7.7 billones por Seguro Social, retiro e incapacidad, Medicare, vivienda y Sección 8 y Becas Pell; $4.4 billones por desempleo; $7.5 billones para ayudas federales; $600 millones para contratos y servicios; y $1.2 billones para empleados federales, la mayoría puertorriqueños.
Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico estaría sumido en la miseria. Durante el 2010, las transferencias federales ascendieron a $17.2 billones, de los cuales $16.3 billones fueron pagos directos a ciudadanos. El gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación; $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional y Mujeres, Infantes y Niños.
Bajo el ELA, Puerto Rico vive una ilusión óptica de la economía local. La población se ha acostumbrado a que los contribuyentes de Estados Unidos sostengan la economía insular. Las limitaciones coloniales del ELA impiden el progreso económico y un desarrollo igual al de de los otros Estados americanos.
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Llegó la hora de la decisión crucial: “ser o no ser”: colonia, territorio, Republica o Estado Federado. La aprobación de la consulta plebiscitaria sería la contribución mas importante que esta Legislatura puede hacer para el desarrollo político y bienestar económico de los puertorriqueños. Es un deber moral y político para con Puerto Rico.
16. Fundamentos y principios estadistas
La consulta plebiscitaria del 6 de noviembre marca un paso histórico para comenzar a resolver el status político. Es una obligación ciudadana promover una discusión racional sobre las alternativas aceptables al Congreso y la comunidad internacional: Estadidad, Republica Independiente y una republica asociada, llamada ELA soberano.
Es apropiado conversar públicamente sobre cada una de las alternativas ideológicas que definen la relación futura entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Haré un esfuerzo por explicar los criterios, fundamentos y principios que me motivan defender la Estadidad Federada y la igualdad ciudadana.
Cuando se funda el Partido Republicano en 1899, el prócer puertorriqueño, Dr. José Celso Barbosa, defendió la “Anexión definitiva y sincera de Puerto Rico a los Estados Unidos” y la “Declaración de territorio organizado para Puerto Rico, como medio de ser luego un Estado de la Unión Federal”.
El ideal estadista, como todo ideal y desde su comienzo, fue y sigue siendo de profunda naturaleza emocional. Sin embargo, existen fundamentos pragmáticos y razones objetivas que fortalecen la defensa del ideal de Estadidad. Nos corresponde discutir algunos argumentos a favor de la Estadidad.
Para comenzar, podemos examinar algunos de los fundamentos que fortalecen la convicción Estadista. Los Estados Unidos de America es nuestra Nación, somos Ciudadanos de Estados Unidos y aunque tengamos raíces y cultura diferente la Ciudadanía de los Estados Unidos somos ciudadanos y Nacionales de los Estados Unidos
Mucho se ha debatido el tema de la autonomía y la soberanía, como si fueran exclusivas de una republica independiente. La realidad es que la Estadidad
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garantiza autonomía local y los poderes soberanos de un Estado Federado, más amplios que los que posee un Territorio no incorporado
El Estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes que hoy día aparecen en la Constitución de Puerto Rico y todos los poderes de un Estado Federado garantizados por la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Disfrutaremos plenamente de la soberanía compartida dentro de la Nación Americana.
El tema de la cultura siempre ha generado argumentos que no pueden ignorarse. Por el contrario, es la responsabilidad de los que apoyamos la Estadidad presentar y explicar nuestros argumentos.
El contacto de la cultura americana, la colonial española y la puertorriqueña ha provocado cambios sociales, académicos, políticos, gubernamentales, jurídicos, económicos y culturales que se han convertido en la nueva realidad puertorriqueña. La estadidad no implica perder nuestra identidad puertorriqueña.
La realidad histórica, es que nos hemos desarrollado inmersos en dos culturas: la cultura puertorriqueña y la cultura americana. Además, el sistema americano, según plasmado en la “Carta de derechos” representa libertad, democracia y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos.
La Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Americana, y el “Voting Rights Act” le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías raciales, culturales, religiosas y lingüísticas en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico.
La importancia del idioma no puede relegarse a un segundo plano. Ser bilingüe es un atributo positivo. Saber inglés es beneficioso para el turismo, negocios, comunicaciones, empleos, nueva tecnología, investigación científica, desarrollo profesional y enriquecimiento cultural.
La economía debe ser parte del debate sobre el status. La Estadidad le pone fin al colonialismo y provee un mejor marco de seguridad jurídica a la inversión productiva local, nacional e internacional. El modelo político económico de un Estado Federado tiene otro tipo de ventajas socio-económicas que están ausentes en nuestro agotado modelo colonial.
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Don Luis Ferré predicaba que la Estadidad era para los pobres. Realmente, la estadidad garantiza la igualdad y será beneficiosa para todo el pueblo puertorriqueño. La Estadidad asegura y refuerza la red de seguridad social federal para salud, alimentación, vivienda, educación y servicios a los más necesitados
17. Status de Puerto Rico-101
La exposición de Motivos del Proyecto de la Cámara 3648 es un curso concentrado sobre la historia, aspectos jurídicos y decisiones de política pública sobre el status de Puerto Rico. En vista del plebiscito del 6 de noviembre, es lectura requerida para todos los que quieran entender de dónde venimos y cómo vamos a llegar a donde queremos ir políticamente como pueblo.
Comparto algunas de mis notas. Desde 1898 Estados Unidos ejerce su soberanía sobre Puerto Rico conforme al Tratado de Paris y ratificado por el Senado de Estados Unidos el 11 de abril de 1899. El articulo 9 dispone que “los derechos civiles y la condición política de los habitantes en Puerto Rico eran determinados por el Congreso”.
Al presente la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos establece que el Congreso podrá disponer o promulgar las reglas y los reglamentos necesarios en relación con el territorio”.
La Ley Jones del 2 de marzo del 1917 declaró que “los habitantes de Puerto Rico serán ciudadanos americanos con los derechos civiles y el estatus político determinado por el Congreso, consistente con un territorio no incorporado.”
La Ley Federal 81-600 del 3 de julio de 1950 concede a lo puertorriqueños el derecho a redactar su propia constitución para gobernar los asuntos internos del Gobierno de Puerto Rico. El 3 de julio de 1952, el Congreso ratificó, con enmiendas, la Constitución de Puerto Rico y la Convención Constituyente aceptó la enmienda congresional sin consultarle al pueblo.
La Constitución de Puerto Rico establece una estructura de gobierno propio en relación a asuntos internos y administración de gobierno local, sujeto a la Constitución de los Estados Unidos y Leyes federales aplicables. La Ley 600 no creó un nuevo status político para Puerto Rico.
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El Congreso no renunció de forma alguna a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico. Durante la aprobación de la Ley 600, el Comisionado residente Antonio Fernos Isern declaró que “ HR7674 would not change the status of the island of Puerto Rico relative to the United States… It would not alter the powers of sovereignty acquired by the US over Puerto Rico, under the terms of the Treaty of Paris”.
En diciembre del 2005, el Grupo de Trabajo de Casa Blanca expresó que bajo el ELA Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, al amparo de la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. De igual forma, expresó la inhabilidad constitucional del llamado “ELA Mejorado”.
El informe del Grupo de Trabajo reconoce que las únicas dos alternativas constitucionalmente viables son la estadidad y la independencia. Reconoció además que la independencia puede tener varias formas: independencia tradicional o independencia mediante un pacto de libre asociación y en el 2007 concluye que un “pacto de libre asociación puede ser variado unilateralmente” y que la libre asociación es una forma de independencia.
El Grupo de Trabajo nombrado por el Presidente Obama en el 2009 rindió un informe en marzo del 2011 en el que expresa que el Estado Libre Asociado seguirá regido por la Cláusula Territorial que ha sido reafirmada por el Tribunal Supremo Federal que resolvió que el Congreso de Estados Unidos tiene autoridad para ejercer sus poderes sobre Puerto Rico al amparo de la Cláusula Territorial y tratarlo diferente que a otros estados.
Felicito al Gobernador Luis Fortuño y a la Asamblea Legislativa por “viabilizar un proceso de autodeterminación que permita al Pueblo de Puerto Rico expresarse libremente sobre su futuro político y su relación con Estados Unidos de America, e iniciar el proceso de descolonización que permita conocer la voluntad de nuestro pueblo para exigirle al Presidente y al Congreso de Estados Unidos que respeten y viabilicen esa voluntad”.
18. Colonia/Territorio o Estadidad 01/23/12
Mientras no se resuelva el problema fundamental que divide al pueblo puertorriqueño y que penetra todos los niveles de la sociedad, el gobierno y
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el razonamiento de las políticas públicas, Puerto Rico continuará por el camino de los colores y las pasiones ideológicas.
La condición territorial y colonial actual nunca ha sido, ni será permanente porque carece de reconocimiento legal o garantías constitucionales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que Puerto Rico es un “Territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso bajo la “Cláusula Territorial” y como tal su soberanía reside en el Congreso. Esta subordinación colonial requirió que hasta la Constitución de Puerto Rico fuera aprobada y podría ser derogada unilateralmente por el Congreso.
Una verdad inescapable es que una libre asociación (Estado Libre Asociado Soberano) no tiene cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. La “libre asociación es un tipo de independencia”, o un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente en cualquier momento.
El pacto bilateral nunca existió. El Congreso nunca cedió su autoridad sobre Puerto Rico, como lo afirmó el propio Luis Muñoz Marín durante el proceso que culminó con la aprobación de la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico. El Congreso tiene pleno y exclusivo poder legal sobre 3.7 millones de puertorriqueños en la Isla. Contrario a lo que alegan los defensores del estatus territorial o colonial, el modelo político y económico actual es un fracaso absoluto. Urge adoptar otro modelo político-económico. Las limitaciones coloniales de nuestra condición subordinada impiden que se le apliquen a lo ciudadanos americanos de Puerto Rico los mismos derechos, privilegios y progreso económico de los otros cincuenta estados.
El Congreso legisló la Ley Orgánica, conocida por la ley Foraker, para establecer un gobierno civil en Puerto Rico. Posteriormente, la Ley 600 fue aprobada por el Congreso y autorizó a Puerto Rico a tener su propia Constitución para regir sobre cuestiones locales en semejanza a las otras constituciones estatales. La Constitución de Puerto Rico de 1952 que estableció un gobierno propio local y colonial es un instrumento político que no cambió ni alteró el estatus territorial y tuvo que ser sometida al Congreso para su aprobación final.
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Puerto Rico no es ni nunca ha sido una Nación independiente y soberana. Las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) no reconocen a Puerto Rico como una nación.
La Constitución Americana establece que la Unión está integrada por Estados que tienen sus propios poderes y áreas de jurisdicción. Aquellos poderes que no son ocupados por el gobierno federal les corresponden a los gobiernos estatales.
La Estadidad le daría a los puertorriqueños residentes en la Isla la garantía de estar representados en condición de igualdad y formar parte del poder político y decisional.
Esta representación se fundamenta con dos Senadores y cinco Congresistas puertorriqueños que tendrán voz, voto y antigüedad en las Comisiones donde se aprueban los presupuestos, programas y nuevas iniciativas gubernamentales. Puerto Rico tendrá puertorriqueños que presidan la Comisiones del Congreso, en las que se aprueban las políticas públicas.
El fracaso de la Embajadora nominada Mari Carmen Aponte representa la ausencia de poder político de la condición colonial actual. Aponte es victima de la contradicción de su propia ideología: aspirar a representar la nación que su propio partido rechaza.
La estadidad les otorgaría a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el voto Presidencial y cinco votos en El Colegio Electoral. Además, se reconoce que actualmente hay 4.6 millones de ciudadanos de raíces puertorriqueñas en los estados que tienen un alto potencial para decidir la elección presidencial. Esta realidad, nos daría mayor influencia y poder político dentro de la Nación Americana.
19. Plebiscito y la igualdad ciudadana 6 de febrero, 2012
Resulta moralmente ofensivo a la sensibilidad de todos los puertorriqueños que el Congreso incumpla su responsabilidad y que continúe posponiendo o evitando que los puertorriqueños finalmente escojan un status digno y permanente. El Congreso tiene la obligación inexorable y única de viabilizar un plebiscito final entre las dos alternativas soberanas y permanentes: la estadidad o la independencia (con o sin “libre asociación”).
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La nación americana y el electorado de Puerto Rico no pueden ignorar que las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: (1) cuando pasa a ser una Nación Independiente y soberana (independencia); (2) cuando como nación independiente y soberana establece una libre asociación con otra nación independiente y soberana (independencia con libre asociación); (3) o cuando se integra en igualdad plena a otra nación independiente y soberana (estadidad).
El día de las elecciones generales, el pueblo tendrá la oportunidad de expresar si respalda o rechaza la condición territorial (colonial) para luego escoger una de las alternativas reconocidas internacionalmente: (1) Estadidad, (2) Independencia y (3) el Estado Libre Asociado Soberano fuera de la cláusula territorial (otra forma de independencia con libre asociación).
La estadidad es el único status que nos preserva y garantiza la Ciudadanía de los Estados Unidos. La ciudadanía establece que somos nacionales americanos. Nuestra Nación jurídica, política y sentimental es Estados Unidos de América.
Un suceso extraordinario que cambió nuestro rumbo político e ideológico fue el Acta Jones, la Carta Orgánica de 1917 de Puerto Rico que estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un estado de la Unión y sujeto a las disposiciones del articulo IV de la Constitución de los Estados Unidos.
Con la misma fuerza histórica, el Acta de Naturalización del 1941 garantiza que todas las personas que nacen en los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, se declaran ciudadanos de los Estados Unidos.
Sin embargo, bajo los poderes unilaterales que la “Cláusula Territorial” le otorga al Congreso sobre Puerto Rico, éste cuenta con la potestad de revocar la ciudadanía estadounidense a los que nacieran en Puerto Rico a partir de una fecha futura. La Constitución y las leyes federales aplican a los Territorios solo cuando así lo determine el Congreso.
La Ciudadanía concedida mediante Ley a los puertorriqueños es parcial e incompleta ya que es de carácter estatutario y toda ley puede ser enmendada
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o derogada unilateralmente por el Congreso. En cambio, la ciudadanía adquirida por virtud de nacer en un Estado de la Unión es permanente e inalterable, ya que es de carácter constitucional.
Los ciudadanos de un territorio no tienen derecho a considerarse iguales en su condición o derecho a los mismos beneficios bajo las leyes federales, como por ejemplo: votar en las elecciones federales/nacionales y tener su ciudadanía americana garantizada para futuras generaciones nacidas en el territorio, o preservarla si el territorio asume una soberanía separada.
Somos ciudadanos de segunda categoría de un territorio colonial jurídica y constitucionalmente imperfecto y limitado en autoridad. Como consecuencia de esa condición política, no tenemos el derecho a votar por el presidente, no podemos elegir dos Senadores y cinco Representantes al Congreso que nos correspondería si fuéramos Estado y carecemos de paridad en la asignación de los fondos federales.
Queremos y aspiramos a una ciudadanía con todos los derechos y responsabilidades de los demás ciudadanos de la Nación, por lo que en el plebiscito rechazaremos que pongan en riesgo la ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos. Sólo la estadidad nos garantiza la igualdad ciudadana.
20. La razón de ser estadista 20 de febrero 2012
Cuando analizamos la “razón de ser” del sentimiento estadista del puertorriqueño que prefiere que Puerto Rico se convierta en un Estado de Estados Unidos, se descubre que cada ciudadano tiene múltiples razones para preferir el “ideal de la unión permanente con Estados Unidos”.
Resaltan la aspiración por la plena igualdad ciudadana y política; por los derechos y oportunidades que tienen los otros ciudadanos americanos y el convencimiento de que la estadidad es la única que garantiza constitucionalmente la ciudadanía americana; la participación democrática y plena en las tres ramas del gobierno federal; los derechos civiles de todos los ciudadanos en condición de igualdad; la estabilidad política y económica; el progreso y desarrollo socio-económico y la igualdad de beneficios y derechos como el resto de nuestra nación.
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Predomina nuestra convicción por mantener la ciudadanía americana y llevarla a su grado de absoluta igualdad sobre cualquier otra razón, porque sentimos que somos parte de la nación de mayor libertad y progreso en el mundo. No nos conformamos simplemente con una ciudadanía americana de segunda clase, aspiramos a un futuro mejor para Puerto Rico y exigimos lo mejor para nuestros hijos y las generaciones futuras.
La estadidad representa las aspiraciones de la mayoría del pueblo puertorriqueño que no quiere perder o poner en riesgo su ciudadanía americana. Los estadistas aspiramos a salir de la actual indefinición e incertidumbre política, acabar con cinco siglos de coloniaje y ponerle fin al coloniaje moderno del mal llamado Estado Libre Asociado.
La estadidad es la única herramienta para lograr la igualdad de todos los ciudadanos que residen en Puerto Rico con el resto de la nación. Dentro de la estadidad se aplican y se defienden todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos, se logra la aplicación uniforme de todas las leyes aprobadas por el Congreso, se elimina la desigualdad política y constitucional entre los ciudadanos de los 50 estados y los ciudadanos residentes de Puerto Rico y se garantizan los mismos derechos y oportunidades. La estadidad nos garantiza que Puerto Rico nunca se convertirá en otra república.
Consideramos que Puerto Rico podría convertirse en uno de los estados con mayor influencia en la nación. Tendremos el derecho a votar por el Presidente de Estados Unidos y elegir a dos Senadores y cinco Congresista a la Cámara de Representantes. Como estado con lenguaje y cultura hispana, Puerto Rico podría servir como puente e interlocutor entre America Latina, el Caribe y los Estados Unidos.
Sin lugar a dudas, la economía de Puerto Rico está estrechamente ligada y depende de la economía de Estados Unidos. Debido a las condiciones existentes en la economía global, una isla pequeña, sobre poblada, con limitados recursos naturales y económicos como la nuestra necesita formar parte integral de Estados Unidos para poder competir, progresar y asegurar las mejores condiciones para nuestro pueblo.
La estabilidad política que representa la estadidad permitirá realizar gestiones para solucionar los graves problemas que confronta Puerto Rico. Tendremos más oportunidades de inversión y garantías económicas que
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fomenten nuevos negocios, industrias, comercio, turismo y actividad socio-económica que a su vez generará más y mejores empleos, mayores beneficios sociales y una mejor calidad de vida.
Como consecuencia del crecimiento y desarrollo de la economía, se generarán más recursos para invertir en la educación, seguridad pública, protección ambiental, conservación de los recursos naturales, recreación pasiva y activa y servicios de bienestar y salud pública.
Estamos convencidos que la igualdad política nos brindaría la oportunidad de hacer alianzas con otros grupos hispanos para promover asuntos de interés común, como educación, salud y desarrollo de la infraestructura.
Merecemos ser parte integral y esencial de la nación mundialmente líder en la defensa de los valores democráticos y la libertad.
21. Vínculos inquebrantables con EEUU 5 de marzo, 2012
Los ciudadanos que estamos comprometidos con los valores de la estadidad, tenemos la responsabilidad de explicar públicamente las razones que mueven a la mayoría de nuestro pueblo a defender los verdaderos lazos de unión permanente con nuestra nación americana.
Nos identificamos con los Estados Unidos porque su Constitución y la “Carta de Derechos” son documentos fundamentales que se consideran como los más importantes de la humanidad y que sirvieron de modelo e inspiración para las Constituciones de los 50 estados, la Constitución de Puerto Rico y las de muchas naciones extranjeras.
Esos documentos históricos reconocen, protegen y promueven los derechos ciudadanos a la libre expresión, a protestar sin perjuicio, a practicar las creencias religiosas de preferencia, a ejercer el voto libre para seleccionar gobernantes, a tener libertad de movimiento dentro, entre los estados e internacionalmente y la libertad para tomar decisiones, discrepar y asumir responsabilidades. Estos documentos garantizan unas libertades democráticas en donde predomina el imperio de la ley y la justicia en todas las relaciones humanas individuales y comunitarias.
Estados Unidos es una democracia representativa, abierta y transparente que conduce a una transición democrática, pacífica y humanitaria evidenciada
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durante cambios de gobierno cada cuatro años. Es un sistema político de reconocida estabilidad gubernamental donde se fomentan y anticipan la participación democrática en todos los niveles de la sociedad.
Estados Unidos nos ha brindado la protección de la Constitución, la nacionalidad y ciudadanía americana. Esta es una sociedad predicada en la tolerancia y un sistema de justicia que garantiza el debido proceso de ley en todos los ámbitos del gobierno federal, estatal y local.
Aunque los puertorriqueños defendemos nuestra cultura con orgullo, al mismo tiempo valoramos, somos parte integral y aportamos a la cultura americana. Admiramos la estructura social representada por el respeto a las leyes, su disciplina, los servicios voluntarios y los beneficios que se reciben a cambio de las contribuciones que pagamos los ciudadanos.
Los cincuenta estados son la válvula de escape para miles de puertorriqueños que aspiran a una mejor calidad de vida. Es el hogar donde conviven 4.6 millones de conciudadanos de origen puertorriqueño. Por ser ciudadanos de los Estados Unidos, los puertorriqueños tenemos acceso libre para desplazarnos nacional e internacionalmente. Nuestro codiciado pasaporte es reconocido, aceptado y valorado mundialmente.
Nuestra nación Americana le brinda vastas oportunidades a los puertorriqueños para que demuestren sus talentos y sus dotes artísticas, científicas, deportivas y políticas entre otros. Nuestra representación valiosa en la defensa militar de los Estados Unidos está registrada en la historia de la nación. Los soldados boricuas, miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, han luchado con gallardía por esta gran democracia y los derechos humanos y nuestra nación americana reconoce su valentía y sacrificios.
Los puertorriqueños sentimos orgullo de la nación americana porque Estados Unidos es un líder democrático, tecnológico, comercial y cultural que es modelo de civilización mundialmente. Nuestra nación es altamente productiva, trabajadora, ingeniosa, científica y progresista en la cual predominan los adelantos y disponibilidad del nuevo desarrollo tecnológico, incluyendo el campo de la ingeniería, medicina, ciencias y las artes.
Los puertorriqueños celebramos y somos parte integral de las grandes proezas científicas y del progreso nacional, tales como el programa espacial
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de la NASA, las invenciones científicas, la protección ambiental, el manejo de las reservas forestales y Parques Nacionales, y las leyes para proteger y conservar nuestros recursos naturales. Nos satisface la importancia que el pueblo americano les brinda a las personas con necesidades especiales, a las mujeres, los niños, estudiantes y a los más necesitados de la población.
Todos esos valores viven y son parte fundamental de la cultura puertorriqueña y por ende inducen a atesorar los vínculos inquebrantables con nuestra nación americana.
22. US Commonwealth of Puerto Rico 19 de marzo, 2012
Aunque el nombre de “Estado Libre Asociado” es una contradicción política y jurídica, la Ley Publica 600, la Constitución de Puerto Rico y el “US Commonwealth of Puerto Rico” viabilizan la transición de Puerto Rico a la estadidad.
La Ley Publica 600, aprobada por el Congreso en 1950, autorizó a Puerto Rico a adoptar su propia Constitución para crear un gobierno que rigiera sobre cuestiones locales, al igual que las otras constituciones estatales.
El entonces gobernador Luis Muñoz Marín, la Asamblea Constituyente, y el pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso: (1) que incluyese una carta de Derecho; (2) que crease un gobierno de forma republicana; (3) que estuviese de acuerdo y sujeta a las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos; y (4) que estuviese de acuerdo con la Ley Publica 600.
La intención primordial de estos requisitos es la de asemejar y hacer viable que todo territorio pueda ser un estado de la Unión en un futuro. De tal forma, la constitución de un territorio puede permanecer vigente cuando sea admitido como un estado de la Unión, como sería en el caso de Puerto Rico.
Obviamente, la Constitución de Puerto Rico tenía que subordinarse a la Constitución nacional, ya que ésta prevalece y es de mayor rango que cualquier ley o constitución estatal o territorial. De la misma manera, la Constitución de Puerto Rico cumple con el requisito de ser un territorio organizado políticamente como un estado para poder ser admitido a la Unión.
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El Preámbulo de nuestra Constitución sostiene que: “Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute colectivo de sus derechos y prerrogativas”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”. Estos postulados son la base del camino hacia la estadidad.
No cabe duda, la Constitución que se aprobó en 1952 es la antesala a la estadidad. En esencia, la comunidad política creada por virtud de la Constitución de Puerto Rico es como un estado no admitido, pero en proceso de ser admitido.
En el 1901 la Corte Suprema de los Estados Unidos creó la diferencia entre un “Territorio Incorporado” en vías a convertirse en estado y otro “No Incorporado”, con otras opciones. En el 1922, en el histórico y famoso caso Balzac vs. Porto Rico, la Corte Suprema efectivamente “legisló” que Puerto Rico era un “Territorio No incorporado” aunque sus residentes fueran nacionales y ciudadanos americanos. Por suerte, parece que cuando el Congreso aprobó la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico, tuvo el efecto revocar el caso Balzac “en silencio”.
A pesar de ese desatino jurídico-constitucional, parece que el proceso de Puerto Rico como Territorio Incorporado comenzó en el 1917 a través de la concesión de la Ciudadanía Americana. Aunque no fue la intención del Congreso cambiar la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos, sino meramente disponer sobre su gobierno interno, la Ley 600 y la Constitución del 1952 se convierten en la antesala del “territorio colonial incorporado” en ruta a la estadidad.
De hecho, durante décadas nos han considerado como si fuéramos un estado llamado “the Commonwealth of Puerto Rico” y nos incluyen en muchos de los programas nacionales, como transportación, agricultura, justicia, ambiente, educación, vivienda, asistencia médica y asistencia nutricional entre otros.
Por tanto, no podemos negar que la federalización “de jure y de facto” del “US Commonwealth of Puerto Rico” tratando a Puerto Rico como si fuera
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territorio nacional incorporado, es otro paso irreversible y el preludio político-jurídico a la estadidad.
23. Riesgos vs. Reafirmación 04/02/2012
Se acerca la fecha en que los puertorriqueños se encontrarán ante la disyuntiva de escoger entre la verdadera unión permanente con los Estados Unidos y una república independiente o asociada; tendrán que determinar si quieren poner en riesgo la ciudadanía americana de las futuras generaciones.
Es innegable que toda la vida ciudadana, económica y jurídica de los puertorriqueños está asociada a funciones federales: recursos naturales, justicia, seguridad pública, educación, salud, servicios sociales, comunicaciones, bancos, correo, puertos, carga marítima y hasta el IRS.
Como Puerto Rico es un territorio cuasi-incorporado de Estados Unidos y nuestra base económica está fundamentada y forma parte integral de la economía americana, tenemos libre acceso al mercado más desarrollado y con mayores recursos del mundo.
Los cincuenta estados nos ofrecen un potencial incalculable para mercadear los productos y servicios producidos en la isla. Exportamos $30 billones hacia los cincuenta estados, mientras que anualmente compramos $23 billones a los EEUU; un “balance positivo de $7 billones a nuestro favor. Siendo el turismo una de las principales fuentes de empleo, nuestra fuente turística de donde proceden más del 90%% de nuestros visitantes es Estados Unidos.
Por otro lado, Estados Unidos provee ayuda técnica y económica y supervisa el uso de fondos federales para beneficio del pueblo. Nuestras agencias estatales, municipios, centros universitarios, ciudadanos y corporaciones sin fines de lucro, participan activamente y se benefician directamente de más de 141 programas federales que facilitan esa ayuda para beneficio del pueblo puertorriqueño.
Aunque el verdadero trato de paridad solo se logrará con la estadidad, los puertorriqueños nos beneficiamos por la participación de nuestros ciudadanos en el Seguro Social, Medicare; Programas de Asistencia Medica (PAM) y Nutricional (PAN) ; ayudas para niños y adultos con necesidades
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especiales; servicios médicos y rehabilitación para veteranos en Puerto Rico; préstamos y Becas Pell para estudiantes universitarios; subsidios de alquiler por la Sección 8 federal y seguros federales para vivienda, agricultura y desempleo, entre otros.
Igualmente, las Agencias federales como Drug Enforcement Administration (DEA), Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) y el FBI combaten el narcotráfico y las actividades criminales que amenazan la seguridad del pueblo. La Fiscalía Federal y el FBI también intervienen contra la corrupción gubernamental y el “crimen de cuello blanco”.
El Departamento de Justicia Federal monitorea a la Policía, supervisa los derechos de la población con retardación mental y el Tribunal Federal determina las condiciones y los servicios de salud y rehabilitación en las instituciones penitenciarias
“Homeland Security” ofrece a los pasajeros terrestres, marítimos y aéreos todas las garantías de seguridad, mientras la “Federal Aviation Administration” supervisa las operaciones de los controladores de vuelos y el transporte aéreo, tanto de carga como de pasajeros.
La Guardia Costera protege nuestras costas y lleva a cabo operaciones de rescate marítimo. Las leyes, reglamentos, Ordenes Ejecutivas y decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos forman parte del diario ordenamiento de nuestra sociedad. Las dependencias de defensa nacional protegen nuestra isla de intervenciones ilegales y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) contribuye en aquello que pueda afectar los recursos naturales.
El correo, la moneda y el sistema bancario son aspectos particulares que están muy institucionalizados en nuestra cultura, modo de vida y economía. Tan es así, que el Morro, la Flor de Maga, el Yunque, la cotorra y el coquí están forjados en monedas americanas.
Como ciudadanos americanos tenemos derecho a viajar libremente hacia y entre los cincuenta estados para pasear, residir, estudiar, trabajar, participar en reuniones científicas, políticas y de carácter intelectual y disfrutar actividades culturales a nuestra conveniencia.
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Ahora es el momento de reafirmar que queremos la verdadera unión permanente o pondremos en riesgo las garantías, seguridad y el progreso que representa nuestra ciudadanía americana.
24. Lucha por la igualdad 16 de abril, 2012 Una de las áreas que debe discutirse antes del plebiscito es el desarrollo económico de Puerto Rico durante las pasadas seis décadas bajo el estatus territorial colonial.
Las limitaciones de nuestra condición política actual impiden que Puerto Rico disfrute de los mismos derechos y privilegios de los cincuenta estados y un desarrollo económico sostenible. Esas debilidades y las malas administraciones de los defensores de la colonia destruyeron la clasificación crediticia y llevaron a Puerto Rico al borde del precipicio económico.
Estamos muy rezagados cuando comparamos el desarrollo económico local con los estados más pobres de la Nación. Cuando comparamos el Producto Bruto Interno (GDP) de Puerto Rico con cada uno de los 50 estados, Puerto Rico es el último con un GDP por persona de $23,380 cuando el promedio de Estados Unidos es $47,482.
Aunque importantes para nuestra economía, las transferencias federales no son el pilar principal que sostiene el ideal de la estadidad. Aún así, estamos obligados a luchar por un trato de igualdad ante el Congreso de los Estados Unidos para derrumbar las restricciones políticas que impiden un desarrollo apropiado.
Reconocemos que no podemos depender exclusivamente de la asistencia federal como una solución permanente o exclusiva a los problemas fundamentales de Puerto Rico. Sin embargo, es nuestra responsabilidad competir por los fondos federales para beneficio de toda la población, principalmente los desempleados, la gente de escasos recursos y la clase media, y por supuesto la infraestructura necesaria para nuestro desarrollo económico.
Es innegable que durante las últimas dos décadas (1990-2009), el gobierno federal aportó $256.1 billones a la economía de Puerto Rico, de los cuales Puerto Rico pago $73.7 billones al IRS, (incluyendo pagos de Seguro Social y Medicare) dejando un balance neto a favor de Puerto Rico de $182.4.
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Los beneficios del Seguro Social y Medicare tampoco pueden ignorarse. Por ser ciudadanos americanos, en el 2010 los pagos del Seguro Social fueron de $6,829 millones, mientras que Puerto Rico aportó $2,528.4 millones, una diferencia favorable de $4,300.6 millones. Medicare reembolsó $2,509.9 millones, y los puertorriqueños aportaron $449.1 millones, una diferencia favorable de $2,060.8 millones. Bajo la Estadidad, los beneficios para los ciudadanos americanos que cualifican para Seguro Social y Medicare y residen en Puerto Rico seria mucho mayor en ambos programas.
Sin las transferencias, pagos directos, ayudas y subsidios federales, Puerto Rico viviría en extrema pobreza. Basta señalar que el gobierno federal concedió ayudas por $1.4 billones para Educación, $1.4 billones para salud, $800 millones para vivienda, y $2.2 billones para Asistencia Nutricional, (PAN) y Mujeres, Infantes y Niños (WIC).
Bajo el territorio colonial y la república asociada no se garantizan esos beneficios. Sin embargo, como estado Puerto Rico recibiría fondos federales adicionales para beneficio de todo el pueblo. Reclamaremos fondos, como derecho no como dadivas, para educación, salud, seguridad pública y la lucha contra el crimen, servicios sociales, vivienda, transportación, infraestructura, desarrollo económico, protección del ambiente y todo aquello que mejore la calidad de vida a los puertorriqueños. Con la estadidad, ésta infusión de fondos federales adicionales tendría un efecto multiplicador sobre nuestro crecimiento económico y la creación de empleos. La estadidad contribuiría a reducir los niveles de pobreza prevalecientes bajo el status colonial actual, a combatir la desigual distribución de la riqueza y a reducir nuestra dependencia de fondos federales en el futuro.
Nuestra objetivo “no es ser dependiente de los fondos federales”, por el contrario, estamos convencidos de que con la estabilidad, permanencia y seguridad de ser un estado de la unión, se impulsará el desarrollo económico para beneficio de todos los puertorriqueños.
Nuestra meta es convertir a Puerto Rico en estado para reclamar la igualdad política y económica que nos pertenece como ciudadanos de los Estados Unidos.
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25. Estadidad, visión futura 4/30/12
A pesar de que la reforma contributiva del Gobernador Fortuño redujo las contribuciones sobre ingresos, residimos en la jurisdicción americana donde más impuestos individuales se pagan. Esto tiene que cambiar.
Los que se oponen a la estadidad utilizan el tema de las contribuciones federales como uno de sus argumentos para fomentar el miedo en contra de la lucha por la igualdad. Tenemos la obligación de señalar las mentiras de los colonialistas sobre las contribuciones federales y demostrarle al pueblo la verdad.
Se estima que más del 75% de los contribuyentes individuales no pagaría contribuciones federales cuando Puerto Rico se convierta en Estado. La realidad es que más del 60% de nuestra población es de ingresos bajos o medios por debajo de $30,000 al año y NO pagaría contribución sobre ingresos.
La mayoría recibiría un crédito o un reintegro en base a “Work For Pay Credit”, “Earn Income Credit” (EIC) o el “Child Credit” y debe quedar claro que nadie pagaría impuestos federales si su ingreso individual anual es menor de $10,700 y el de una familia de 4 personas menor de $21,400 anuales.
Los ciudadanos que cualifiquen pueden reclamar créditos por los costos para el cuido de niños y personas con limitaciones dependientes, crédito para personas de mayor edad o personas con limitaciones, créditos para educación y créditos por ahorros para retiro.
Del restante 40% de la población que genera ingresos, la mitad devenga ingresos entre $30,000 y $45,000 anuales. Ese grupo, probablemente reciba un reintegro por el crédito de los impuestos pagados o terminen tributando una tasa minima de su ingreso neto.
Solamente el 10% de la población de ingresos medios y altos tributaría a nivel federal. El impacto del pago de contribuciones federales sería de $1.5 billones por concepto de contribuciones federales por los individuos. Se puede proyectar que la Isla recibiría ingresos y pagos adicionales sustanciales; por ejemplo, por el concepto del Social Security Disability
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Insurance se recibirían entre $800-$1,000 millones para beneficio de los más necesitados en Puerto Rico.
Además de los beneficios económicos directos e indirectos de la estadidad, Puerto Rico puede ser un “enlace natural cultural, comercial, financiero, científico, diplomático, aéreo, deportivo y de servicios profesionales” entre Estados Unidos y América Latina. Ser Estado nos convertirá en un enlace comercial entre Latinoamérica y los Estados Unidos. Como Estado Puerto Rico tendría más ventajas en la industria del turismo.
Internacionalmente, por nuestra posición geográfica y conocimiento de la cultura y las idiosincrasias de América Latina, el Puerto Las Américas de Ponce puede desarrollarse como uno de los “Puertos de Transbordo” comercial más importantes de los Estados Unidos y el aeropuerto internacional LMM será un verdadero “centro” de vuelos hacia el Caribe y América Latina.
El Estado de Puerto Rico puede atraer la sede de las oficinas o divisiones corporativas de las corporaciones transnacionales estadounidenses especializadas en los mercados caribeños y latinoamericanos. Podemos convertir a Puerto Rico en un centro internacional de producción y distribución de productos farmacéuticos y de investigación y desarrollo biotecnológico con divisiones especializadas en el Caribe y América Latina.
Con la estadidad, el Recinto Universitario de Mayagüez puede convertirse en un centro de investigación y desarrollo de agricultura tropical y en un centro de investigación de Ciencias Marinas para los Estados Unidos.
Finalmente, con la estadidad podemos proyectar que los ingresos adicionales permitirían al gobierno de Puerto Rico reducir la carga contributiva considerablemente ya que el gobierno federal estaría proveyendo los fondos necesarios para servicios y programas que ahora tiene que sufragar el gobierno estatal. De hecho, a nivel estatal, no existen contribuciones sobre ingresos en estados como Florida, ya que esa es potestad individual de cada Estado y lo sería igualmente del Estado de Puerto Rico.
26. Admisión de un estado hispano 05/14//12
Aunque el inglés es el idioma publico-cotidiano en el cual se vive y desarrolla comercial y públicamente un estado federado, la cultura y nuestro
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vernáculo, de los cuales nos sentimos orgullosos, son rasgos positivos para nuestro ingreso a la Unión. Ya existen varios estados con origen y ancestro hispano (Colorado, Montana, Nuevo México, Arizona, Texas. Florida y California).
En su mensaje de Presupuesto, el Gobernador dijo: “nuestra visión para un futuro de oportunidades para nuestros niños está anclada en el convencimiento de que para poder alcanzar sus sueños es fundamental que dominen perfectamente no sólo las destrezas básicas de matemáticas y ciencias, sino también el español y el inglés. …es un asunto de igualdad de oportunidades para Todos nuestros niños”.
Se comprometió a implantar el abarcador programa “Generación Bilingüe para lograr que en un plazo de diez años todos y cada uno de los niños que se gradúan de escuela superior en Puerto Rico sean perfectamente bilingües, con pleno dominio de ambos, el español y el inglés”.
Cabe reafirmar que la falta de dominio del inglés perjudica a la juventud puertorriqueña, graduados de escuelas y/o universidades cuando solicitan empleos.
Por otro lado, la Constitución de los Estados Unidos de América provee los mecanismos para que Puerto Rico haga la transición y se convierta en un estado de la unión. La consecución de la estadidad está enmarcada en el proceso político, en el respaldo de los grupos y esferas de poder a nivel local y nacional, en la voluntad del Congreso y del Presidente y en una política pública presidencial respaldando la estadidad.
De estos emana la gran importancia del próximo plebiscito para iniciar finalmente el proceso de activismo político hacia una petición de admisión como estado de la Unión. Si la mayoría en Puerto Rico respalda la estadidad, nada ni nadie podrá impedirlo, aunque podrían intentar retrasarlo.
Una vez la mayoría de los puertorriqueños respalde la estadidad, Puerto Rico debe solicitar su admisión como Estado. Si fuera necesario, Puerto Rico, por su cuenta, elegiría dos Senadores y cinco Congresistas y los enviaría a reclamar sus posiciones como representantes electos por Puerto Rico, para que sean reconocidos oficialmente como miembros de igual rango en el Congreso, tal como lo hizo Tennessee cuando pidió admisión como Estado. Esa estrategia se conoce como el “Plan Tennessee”.
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Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico, pero el Congreso no puede rechazar la estadidad, porque nuestra aspiración constituye el reclamo y la lucha por lograr la igualdad de los derechos civiles de sus conciudadanos americanos en Puerto Rico.
De la misma manera que con otros estados que han ingresado a la unión, el Congreso dentro del marco constitucional podría imponer ciertas condiciones para ingresar, tales como un proceso de transición económica organizado y la enseñanza de inglés en las escuelas públicas (como fue la experiencia en Nuevo México, Arizona y Oklahoma).
Por nuestra parte, como estado, la Constitución le garantizaría a Puerto Rico el poder y la autonomía para el inglés y el español como idiomas oficiales, tal como dicta la Constitución de Puerto Rico. No podemos ignorar que la experiencia de más de un siglo durante el cual nos hemos integrado y somos parte de la cultura americana, nos demuestra que Puerto Rico ha podido mantener su cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana.
Puerto Rico ingresaría como estado caribeño-antillano bilingüe a los Estados Unidos para que continúe enriqueciéndose como nación y como pueblo. La Constitución, la bandera mono-estrellada sobre un fondo azul y el himno del Estado de Puerto Rico... “La Borinqueña” de don Manuel Fernández Juncos, continuarían distinguiéndonos como pueblo puertorriqueño.
27. Cultura e idioma 28 de mayo 2012 Los temas de la cultura y el idioma siempre han generado argumentos que no pueden ignorarse. Con convencimiento aseveramos que la estadidad fortalece y garantiza la cultura y la identidad puertorriqueña que nacen de habernos desarrollado inmersos en dos culturas: la puertorriqueña del siglo 19 la cultura americana durante el siglo 20.
No cabe duda de que somos parte integral de la cultura americana. La cultura puertorriqueña complementa la cultura americana a la cual nos hemos integrado. Puerto Rico sentará una pauta como un estado multicultural y latino de los Estados Unidos de America. Contribuiremos a que nuestra Nación se enriquezca culturalmente.
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La cultura americana, de la que formamos parte, se sostiene sobre los pilares de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos. La Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Americana le ofrecen protección igual de las leyes a las minorías culturales y lingüísticas en los Estados Unidos. La selección de idiomas oficiales es la potestad constitucional de cada Estado. De hecho, en Nuevo México el inglés y el español son los idiomas oficiales, como lo son actualmente en Puerto Rico.
Estados Unidos es una nación compuesta por grupos de personas con costumbres, valores, religiones y culturas totalmente diferentes. La nación reconoce estos derechos de los ciudadanos provenientes de todas partes del planeta. Mediante el proceso de naturalización, Estados Unidos ofrece y alienta a cualquier inmigrante que lo solicite de buena fe y cumpla los requisitos legales el privilegio de poder convertirse en ciudadano americano.
Una vez juramenta su alianza a su nueva patria, el ciudadano voluntariamente se integra político, cívico y socialmente a la nación americana, incluyendo como meta el aprendizaje del idioma inglés que une y sostiene la nación al proveer un denominador común.
Cabe destacar que muchos inmigrantes naturalizados han logrado ser electos al Congreso como Senadores y Representantes, condición que se les niega a los puertorriqueños y a todos los ciudadanos americanos que residen en la isla a pesar de que son ciudadanos americanos de nacimiento.
El uso del inglés es muy común en Puerto Rico, tanto en las agencias públicas como en la empresa privada. Por ejemplo, los planos y especificaciones de construcción para obras públicas y privadas se preparan en inglés. Las agencias estatales redactan muchos documentos en inglés para someterlos a las distintas agencias federales. Muchos de los textos usados en las universidades son en inglés, aun cuando los cursos se imparten en español.
Como recordarán, a principios de los 90 se celebró un referéndum y Puerto Rico favoreció mantener el inglés como uno de sus dos idiomas oficiales. Los estadistas apoyamos que se enseñe y se mejore la enseñanza de inglés y que ambos idiomas se impartan en las escuelas públicas. Los documentos
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oficiales deben redactarse en los dos idiomas oficiales y se debe atender a los ciudadanos en el idioma de la preferencia del ciudadano.
Es lógico que los proyectos de ley y las decisiones de los tribunales se publiquen en español e inglés y que estos idiomas oficiales sean los que imperen en cualquier procedimiento judicial. Después de todo, la Constitución protege el derecho de cada ciudadano a la libre expresión en el idioma de su preferencia.
Hasta ahora, el haberle limitado el beneficio de aprender y comunicarse en inglés a los puertorriqueños ha tenido el efecto negativo de que solo un pequeño grupo tenga el privilegio de ser bilingüe y como consecuencia logre mejores empleos y más oportunidades en el mundo moderno de la economía y los negocios.
Para defender ese derecho cultural puertorriqueño-americano, debemos rechazar el fracasado modelo colonial y el ELA Soberano (republica independiente asociada) y defender la verdadera unión permanente en el Referéndum.
28. No seremos una carga 6/10/12
Es nuestra obligación corregir la desinformación existente y orientar a los que piensan que el Congreso no admitirá a Puerto Rico como un Estado por nuestra dependencia económica
El estancamiento económico, desempleo y pobreza del fracasado modelo político-económico del ELA causado por una condición de indefinición política tiene un enorme costo social para Puerto Rico y un impacto al fisco federal $22 billones anualmente.
Puerto Rico NO sería una carga económica que impida la estadidad. Para los que equivocadamente creen que admitir a Puerto Rico como Estado tendría un costo muy alto para el tesoro federal, les señalo que un estudio preliminar sugiere que el impacto dependería si la admisión de Puerto Rico es inmediata o si es un proceso con un periodo de transición.
Si adoptamos un periodo de transición de diez años para incorporarnos como estado, el impacto al tesoro federal sería $295 millones durante el primer año
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y seriamos menos dependientes de los fondos federales a medida que creciera la economía.
No es cierto que no aportemos al fisco federal. Nuestra Isla paga contribuciones federales y contribuciones corporativas y los ciudadanos residentes en Puerto Rico aportan directamente al Seguro Social, Medicare y Seguro por Desempleo, entre otras.
Desde 1990 al 2009 Puerto Rico pagó $73.7 billones al Servicio de Rentas Internas federal. En el 2010, pagó $4,349 millones al Gobierno federal por servicios recibidos, como el pasaporte, aportaciones a Medicare, a los sistemas de seguridad social, primas al seguro de vida por servicio nacional, al sistema federal de retiro y al seguro Social. Las industrias pagaron $98 millones, incluyendo aportación al seguro por desempleo, aportación patronal a sistemas de seguridad social, sistema federal de retiro, Seguro Social y seguro de salud y vida.
Bajo las leyes actuales, Puerto Rico aporta $2,528.4 millones al Seguro Social y $449.1 millones a Medicare. Aunque estos seguros proveen beneficios por $6,829 millones y $2,509.9 millones respectivamente, no recibimos los mismos beneficios a que tienen derecho todos los ciudadanos americanos.
Estados Unidos es nuestro mejor socio comercial. Ciudadanos, empresas y negocios en Puerto Rico importan del resto de la Nación Americana $25,000 millones en productos y servicios anualmente, mientras que exportamos $30,000 millones hacia los cincuenta estados, principalmente productos químicos y farmacéuticos que son de gran importancia en toda la nación.
Nuestra relación comercial beneficia miles de negocios, empresas y corporaciones en Puerto Rico y en los cincuenta estados. Se estima que el comercio interestatal de productos, servicios y actividad económica genera más de un millón de empleos directos e indirectos en toda la nación, incluyendo a Puerto Rico.
Más allá de las consideraciones económicas, es importante resaltar la aportación de los puertorriqueños en todos los ámbitos. Desde el 1917, miles de soldados puertorriqueños han luchado por los mismos ideales de libertad y democracia como miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Aunque ya no existen grandes bases militares, Puerto Rico
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continúa brindando una importante plataforma para la defensa y la seguridad nacional.
Jueces boricuas han servido y sirven en los Tribunales Federales de los Estados Unidos representan al pueblo puertorriqueño. Un ejemplo es Sonia Sotomayor, la primera mujer hispana en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Con orgullo nuestra juventud aporta sus talentos a nivel nacional.La Universidad de Puerto Rico, en particular los recintos de Ciencias Medicas y Mayagüez (RUM), gradúa cientos de profesionales que se desplazan por la nación para brindar servicios necesarios y especializados en medicina, enfermería e ingeniería.
Ante la realidad de que el ELA y la propuesta republica asociada no son ni serán la mejor solución política y económica, admitir a Puerto Rico como Estado será beneficioso para el pueblo puertorriqueño y el pueblo americano en general.
29. Esencia de la Estadidad 25 de junio, 2012
Desde el 1898, el pueblo puertorriqueño no ha podido desprenderse del conflicto sobre su identidad socio-política y lograr una relación política permanente con los Estados Unidos como un estado de la unión.
Para comprender la esencia de la estadidad es necesario conocer el concepto del federalismo. James Madison defendió al pueblo sobre los líderes gubernamentales y enfatizaba que el poder no era del gobierno sobre el pueblo sino del pueblo sobre el gobierno.
El federalismo plasmado en la Constitución de los Estados Unidos le da vida, permanencia y estabilidad al derecho, la ley, el orden, el predominio poder del poder del pueblo sobre los gobiernos, la garantía de la libertad de expresión y prensa y la responsabilidad ciudadana que son la esencia del ideal de estadidad.
El prócer puertorriqueño José Celso Barbosa predicaba que la estadidad es un ideal y como tal vive en el corazón, la emoción, la fe, la esperanza y las aspiraciones de igualdad del pueblo puertorriqueño.
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Creemos que la “Carta de Derechos” de la Constitución Americana es el pilar fundamental que sostiene la aspiraciones del pueblo puertorriqueño: la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y ciudadanos y los derechos civiles privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, incluyendo el derecho a la libre expresión, a protestar sin perjuicio, a practicar las creencias y religión de preferencia, el voto libre para seleccionar gobernantes, la libertad de movimiento dentro y entre los estados e internacionalmente y la libertad de los ciudadanos para tomar decisiones y asumir sus propias responsabilidades.
El Estado de Puerto Rico tendrá todos los poderes incluidos en la Constitución de Puerto Rico y además todos los poderes de un estado de la unión, como los define y garantiza la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con los mismos derechos, privilegios, deberes y progreso económico que tienen los ciudadanos de los otros cincuenta estados.
Disfrutaremos plenamente de la soberanía compartida dentro de la nación americana sin que el Congreso, a su antojo y unilateralmente, pueda restringir los poderes autonómicos del estado. Nos convertiremos en socios, en igualdad de rango, de la federación de estados de una nación multi-étnica y multicultural, y del segundo país del mundo con más ciudadanos con raíces hispanas del mundo. Puerto Rico sería reconocido mundialmente como uno de los estados de los estados Unidos y será el estado hispano con más poder e influencia en el mundo.
La estadidad garantiza la igualdad ciudadana y será beneficiosa para todo el pueblo puertorriqueño. Es la mejor herramienta para poder lograr todas las garantías constitucionales como ciudadanos americanos y nacionales de los Estados Unidos. La estadidad es el único status que nos preserva y garantiza la Ciudadanía de los Estados Unidos.
La estadidad nos permite votar en las elecciones federales/nacionales; elegir cinco Representantes y dos Senadores al Congreso; el voto presidencial; representación en el Colegio Electoral y nos daría amplia influencia y poder político dentro de la Nación Americana.
El Estado de Puerto Rico hará realidad el compromiso del preámbulo de la Constitución de Puerto Rico: “la lealtad a los postulados de la Constitución
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Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.
La estadidad fortalece y garantiza la identidad puertorriqueña que nace de desarrollarnos en dos culturas, la puertorriqueña y la americana y sentará una pauta como un estado multicultural e hispano de los Estados Unidos de America.
Será la culminación de la lucha por la igualdad que representa la soberanía del pueblo: el derecho a votar y elegir los líderes políticos toman las decisiones que afectan al pueblo de Puerto Rico. Eso, en esencia, es el arreglo constitucional que conlleva la Estadidad.
30. Republica Asociada 9 de julio, 2012
Los soberanistas del PPD sostienen que “somos una NACION” y que apoyan los principios de soberanía, asociación y responsabilidades compartidas con Estados Unidos. Definen el ELA Soberano como una asociación política libre y voluntaria entre EEUU y PR como naciones independientes y soberanas.
Mienten cuando prometen “una asociación política, no colonial ni territorial entre Puerto Rico y los Estados Unidos” cuando obligan al PPD a votar “SI” por el status colonial/territorial actual. Su verdadero propósito es convertir a Puerto Rico en una republica independiente disfrazada detrás del mal llamado ELA Soberano.
El PPD abandonó los postulados de Munoz Marin de “unión permanente y el derecho a votar por el Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos”.
Quieren un pacto como el de las Republicas Asociadas del Pacifico, pero ignoran que sus ciudadanos son nacionales de cada republica independiente y no son ciudadanos americanos, con la excepción de las “Marianas del Norte” que prefieren continuar como territorio no incorporado.
A cambio de servir en las Fuerzas Armadas Americanas solo le conceden un permiso especial para viajar a Estados Unidos. El modelo político-económico del Pacto de la Republicas Asociadas de Micronesia, Marshal y Palau predicado en luna conveniencia geopolítica-militar NO es la alternativa que buscamos los puertorriqueños que defendemos la unión
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permanente, la ciudadanía americana, votar por el Presidente y tener dos Senadores y cinco Congresistas que nos representen en el Congreso.
El PPD promete convocar una Asamblea Constitucional de Status para que los representantes de Puerto Rico NEGOCIEN con el Congreso y la Rama Ejecutiva de los Estados Unidos, las definiciones y fórmulas aceptables para la solución del status. Ignoran que bajo el status territorial actual, el Congreso tiene poder absoluto sobre Puerto Rico.
Ante el fracaso económico del ELA que depende de ayudas y transferencias federales de más de $22,000 millones anualmente, el PPD propone transformar las relaciones económicas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Su propuesta de una republica asociada llamada el ELA Soberano, dependerá de pedirles a los contribuyentes de los cincuenta estados un fondo especial a manera de un “Block Grant”. Pretenden NEGOCIAR con el gobierno de Estados Unidos poder cancelar los programas federales que ayudan al pueblo puertorriqueño a cambio de un donativo en bloque que sostenga su visión de soberanía e independencia.
La republica asociada que pretende el PPD quiere Representación Internacional y tener Embajadas del ELA; control de asuntos laborales y de comunicaciones; control de inmigración; negociar y suscribir tratados comerciales; control de las aguas hasta 200 millas; redefinir uso de instalaciones militares americanas; control de los puertos marítimos y aéreos; controlar asuntos ambientales solo bajo las leyes de Puerto Rico, y hasta redefinir la ayuda que recibe Puerto Rico en casos de desastres naturales, entre otros
El PPD y su presente liderato pretenden eliminar el Tribunal Federal en Puerto Rico, la Agencia de Protección Ambiental, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Guardia Costanera, la presencia del TSA y Homeland Security y muchas otras agencias y programas que le sirven bien al Pueblo de Puerto Rico, incluyendo FEMA.
Juegan con las imprecisiones de lo que constituye soberanía y autonomía pero no quieren resolver el “déficit democrático” que representa no participar en la elección del Presidente ni tener representación con voto en el Congreso.
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En el derecho Internacional, específicamente en la Resolución 1541 de la Décima Quinta Asamblea General de la ONU se reconocen tres formulas descolonizadoras no coloniales y no territoriales: la estadidad, la independencia y la libre asociación (Republica Asociada). El único camino que tiene el PPD es pedir la independencia para tratar de convertirse en una republica asociada.
Nosotros, los orgullosos ciudadanos americanos, sabemos y apoyamos vigorosamente, la única solución jurídico-política autentica, validad, democrática y constitucional: la estadidad.
31. ¿Quo Vadis PPD? 23 de julio, 2012
Hernán Padilla
Para entender cómo piensan, cuales son sus compromisos ideológicos y hacia dónde nos quieren llevar los soberanistas, es conveniente examinar algunas de las expresiones de los líderes y figuras prominentes del PPD.
Es conocido que el status de Puerto Rico de un territorio no incorporado y sin representación Congresional sitúa a los puertorriqueños en una gran desventaja en comparación con los 50 estados de la unión. No solamente no tenemos la representación congresional que nos corresponde como Estado, tampoco tenemos derecho a votar por el Presidente de los Estados Unidos.
Precisamente, es en la Casa Blanca donde se fija la política pública que rige a los estados y los territorios incluyendo la defensa nacional. Los ciudadanos americanos en Puerto Rico respaldan la igualdad de todos los derechos políticos con los otros ciudadanos americanos de la nación, incluyendo el voto presidencial. El 86% de los puertorriqueños quieren votar por el Presidente... esa es la realidad.
La excepción son los soberanistas que claman por una república asociada, liderados por Alejandro García quien expresa: “yo no creo en votar por el Presidente de Estados Unidos” (Prensa Asociada, 2007) y su candidato a Comisionado Residente que dijo: “nunca he visualizado la evolución del ELA a través de la concesión del voto presidencial”.
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Ellos no se identifican y no consideran a Estados Unidos como nuestra nación. AGP dice que: “a pesar de que tenemos una relación, buena o mala, hay que entender que Estados Unidos es una nación que es distinta a la nuestra”. Esa misma posición ha sido expresada por miembros activos del PPD. Abiertamente sostienen que “Puerto Rico es una nación” y que “no somos americanos pero vamos a seguir utilizando el Pasaporte de los Estados Unidos”.
Alejandro García, la misma persona que en el 2008 votó a favor de la plataforma ideológica de su partido que sostiene que “el PPD cree en una asociación política, no colonial ni Territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos”, ahora ordena a los seguidores de su partido a votar a favor del status actual bajo la cláusula territorial del ELA colonial y le impone la mordaza a los que piensen diferente.
El extremo de la contradicción la representa el candidato popular a Comisionado Residente al sostener “el ELA tiene elementos coloniales que son deficientes para Puerto Rico y necesita una transformación”. Su posición es clara cuando afirma: “Me parece que la relación actual tal y como está configurada tiene modalidades coloniales con las cuales tenemos que acabar”. Y agrega: “el elemento colonial mas definitorio de la relación actual es que el Congreso legisla indiscriminadamente para Puerto Rico, sin que los puertorriqueños tengamos nada que decir”.
Para no quedarse atrás, su candidata a la Alcaldía capitalina sostiene: que “las Cortes Federales y el FBI tienen que desaparecer” (de Puerto Rico), que “otra gran muleta bajo este sistema político-económico es la ciudadanía americana” y que: “Puerto Rico es una colonia a merced de la cláusula territorial”.
No hay margen para dudas sobre cual es la posición de los líderes populares. Uno de sus candidatos al Senado insiste que “la unión permanente es un concepto inventado por los políticos de Puerto Rico”, sin excluir a Don Luis Muñoz Marin.
Para cerrar, pero sin excluir a otros que piensan igual, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago, afirmó que Puerto Rico debe renegociar con Estados Unidos los términos de la relación política entre ambos países y enfatizó: “Con el gobierno norteamericano de tú a tú, de nación a nación”. Cerró con broche de oro, cuando la periodista le cuestiona
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si Puerto Rico debe obtener la independencia previo a sentarse a negociar los nuevos términos de una asociación, Santiago dijo: "seguro la soberanía tiene que ser parte fundamental, esa es la pieza inicial en ese proceso".
Ante estas verdades, los populares que NO quieren poner en riesgo la verdadera unión permanente, la ciudadanía americana, el derecho a votar por el Presidente, la protección del FBI y las Cortes Federales deben rebelarse y enviarle un mensaje a los lideres de su partido votando que NO en la primera pregunta del plebiscito. A menos que deseen seguir la ruta política de los denominados soberanistas que conduce a su partido a la tumba política.
La soberanía que garantiza la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a los estados y la representación en el Congreso del estado federado son el destino final y honroso para el pueblo de Puerto Rico.
Referencia** Ensayos publicados como columnas en la página editorial de El Nuevo Dia, del 2008 al 2012.
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