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El Sistema JurídicoMexicano

Primera edición: septiembre de 2002Segunda edición: septiembre de 2003Tercera edición: noviembre de 2004Cuarta edición: mayo de 2006Quinta edición: septiembre de 2008

D. R. © Suprema Corte de Justicia de la NaciónAv. José María Pino Suárez Núm. 2C.P. 06065, México, D.F.

Impreso en MéxicoPrinted in Mexico

La compilación, edición y diseño de esta obra estuvieron al cuidado de la Dirección General de laCoordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la NaciónCatalogación

POC010.113P623s2008

Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

El sistema jurídico mexicano / Poder Judicial de la Federación,Suprema Corte de Justicia de la Nación. – – 5ª ed. – – México :Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de laCoordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2008.

32 p.

ISBN 978-970-712-894-1

1. Administración de justicia – División de poderes – Fuentes delDerecho 2. Poder Judicial de la Federación. México – Estructura 3.Medios de control constitucional – Modalidades 4. Abogacía –Ejercicio I.t.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Guillermo I. Ortiz MayagoitiaPresidente

Primera Sala

Ministro Sergio A. Valls HernándezPresidente

Ministro José Ramón Cossío DíazMinistro José de Jesús Gudiño Pelayo

Ministra Olga Sánchez Cordero de García VillegasMinistro Juan N. Silva Meza

Segunda Sala

Ministro José Fernando Franco González SalasPresidente

Ministro Sergio Salvador Aguirre AnguianoMinistro Mariano Azuela Güitrón

Ministro Genaro David Góngora PimentelMinistra Margarita Beatriz Luna Ramos

Comité de Publicaciones y Promoción EducativaMinistro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

Ministro Mariano Azuela GüitrónMinistra Margarita Beatriz Luna Ramos

Comité EditorialMtro. Alfonso Oñate Laborde

Secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo

Mtra. Cielito Bolívar GalindoDirectora General de la Coordinación deCompilación y Sistematización de Tesis

Lic. Gustavo Addad SantiagoDirector General de Difusión

Mtro. César de Jesús Molina SuárezDirector General de Casas de la Cultura Jurídica

y Estudios Históricos

Dr. Salvador Cárdenas GutiérrezDirector de Análisis e Investigación Histórico Documental

PRESENTACIÓN

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Desde el año 2002, y en cumplimiento al compromiso asumido por la Suprema Corte de difun-dir la cultura de la legalidad, se ha editado el folleto intitulado El sistema jurídico mexicano, desti-nado a informar los aspectos que rigen la forma de Estado y de gobierno de México.

Esta quinta edición responde a la necesidad de adecuar diferentes temas a las reformas quese hicieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2007, entrelos que cabe citar la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y laderogación de la facultad investigadora de la Corte en materia de violación del voto público.El texto se mejoró en cuanto al estilo y la bibliografía se actualizó, para permitir al lectorahondar en los temas que sean de su interés.

En sus páginas se estudian las partes dogmática y orgánica de la Constitución, previo elrepaso de las circunstancias históricas que precedieron a la actual organización del país. Breve-mente se explica qué son y cómo funcionan los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sedescribe la impartición de justicia en los ámbitos federal y local; ello supone la indicación de lanaturaleza jurídica y las atribuciones de los órganos jurisdiccionales de que dispone el pueblomexicano. La obra cierra con la definición de los medios de control constitucional y lasvertientes de la profesión legal.

Esta nueva edición, revisada y actualizada, seguramente satisfará la curiosidad intelectualde litigantes, investigadores, estudiantes y público en general.

Comité de Publicaciones y Promoción Educativade la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ministro Mariano Azuela GüitrónMinistra Margarita Beatriz Luna RamosMinistro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia


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A. Antecedenteshistóricos

En 1810 inició la lucha por la independen-cia de México. Sin embargo, el primer regis-tro legal donde se establecieron los idealesdel naciente Estado se remonta a octubre de1814, al publicarse el Decreto Constitu-cional para la Libertad de la AméricaMexicana, elaborado, entre otros, por JoséMaría Morelos. A través de esta disposiciónse pretendió dar sustento constitucional almovimiento independentista; no obstante,nunca tuvo vigencia.

El 4 de octubre de 1824 se promulgó laConstitución Federal de los Estados Uni-dos Mexicanos , mediante la cual seestableció una República representativa,popular y federal –dividida en Estados libresy soberanos–, además de que se instauró ladivisión de poderes y el Congreso con dosCámaras: la de Diputados y la de Senadores.

En sus inicios, la nación mexicana se regíapor leyes creadas en la época colonial, quefueron gradualmente sustituidas por leyesnacionales.

Durante las dos décadas siguientes, losconstantes desórdenes, el lento desarrolloeconómico y los intentos de reforma liberal,motivaron que el Congreso expidiera lasSiete Leyes Constitucionales de 1835 y1836 que pusieron fin al sistema federaly establecieron el centralismo, donde losEstados se transformaron en Departamen-tos subordinados al gobierno central. Cabeseñalar que en esta Constitución se men-cionan los derechos “de los mexicanos y

habitantes de la República”, precedentes denuestras actuales garantías individuales.

En junio de 1843 se publicaron las Basesde Organización Política de la RepúblicaMexicana, en las que se ratificó el centra-lismo; sin embargo, cuatro años más tarde, en1847, se regresó al sistema federal mediantela restitución de la vigencia de la Constituciónde 1824, aunque con una serie de reformas.

En 1856 fue promulgado el EstatutoOrgánico Provisional de la RepúblicaMexicana, que sirvió de base para que unnuevo Constituyente expidiera la Constitu-ción Política de la República Mexicanaen 1857.

De esta forma se estableció un gobiernoliberal; sin embargo, a raíz de la publicaciónde las Leyes de Reforma –donde se dispuso,entre otras cosas, la separación entre la Iglesiay el Estado, la expropiación y secularizaciónde los bienes de la Iglesia y la creación delRegistro Civil–, los conservadores apoya-ron la Intervención francesa y la implan-tación de la monarquía. El presidente BenitoJuárez García se vio obligado a trasladar elgobierno al norte del país hasta 1867, añoen que se restableció la República.

Posteriormente, durante el gobierno dePorfirio Díaz se incrementaron la pobreza yla explotación de muchos nacionales. Éstosy otros factores provocaron que el 20 denoviembre de 1910 Francisco I. Maderoproclamara el Plan de San Luis, bajo el prin-cipio de “sufragio efectivo, no reelección”y, con el llamado al pueblo de México aalzarse en armas, comenzara la RevoluciónMexicana.

Aún sin concluir la lucha armada, el 5 defebrero de 1917 fue promulgada la actualConstitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos por el Congreso Constitu-yente convocado por Venustiano Carranza.Dicho ordenamiento constituye nuestra LeySuprema y da fundamento a las leyes vigentesen nuestro país.

Los hechos narrados forjaron los cimien-tos del actual sistema jurídico mexicano.

EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

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B. Fuentes formales del derecho

Son el origen del derecho, es decir, de dondenace. Tradicionalmente, las fuentes delderecho se clasifican en reales, históricas yformales. Dentro de las fuentes formales, queson “los procesos de creación de normas jurí-dicas”,1 el derecho mexicano contempla a lalegislación, la jurisprudencia y la costumbre.También encontramos como fuentes a lasnormas individualizadas y a los principiosgenerales del derecho.

I. Legislación

La ley constituye en México la más impor-tante fuente formal del derecho. En el ámbitofederal, el proceso legislativo está previsto enlos artículos 71 y 72 constitucionales y constade seis etapas, que son: iniciativa, discusión,aprobación, sanción, publicación e iniciode vigencia. Es importante señalar que exis-ten procesos similares en cada una de las enti-dades federativas.

II. Jurisprudencia

Es un conjunto de principios establecidos enlas resoluciones de determinados tribunales,al interpretar las leyes o al definir los casosno previstos en ellas.2 Los Jueces y los tri-bunales están obligados a resolver, de una uotra forma, los asuntos sometidos a su cono-cimiento, pero a veces es preciso averiguar elsentido que el legislador quiso dar a las leyes.

1 Vid. TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, voz “fuentes delderecho”, en Diccionario jurídico mexicano, t. II, Instituto de Inves-tigaciones Jurídicas, México, Editorial Porrúa/UNAM, 1995,pp. 1478-1480.

2 Vid. GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio delderecho, México, Editorial Porrúa, 1996, p. 68.


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De esta manera, en el ámbito federal, elPoder Judicial de la Federación crea juris-prudencia a través del Pleno de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, de sus Salas,de los Tribunales Colegiados de Circuito, dela Sala Superior del Tribunal Electoral y de lasSalas Regionales de éste.

Existen otros tribunales que tambiénpueden emitir jurisprudencia en sus respecti-vos ámbitos de competencia; por ejemplo, elTribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-nistrativa, el Tribunal Superior Agrario, laJunta Federal de Conciliación y Arbitraje ylos Tribunales Superiores de Justicia de algu-nas entidades federativas.

III. La costumbre

Es el procedimiento consuetudinario de crea-ción del Derecho. Se trata de normas jurídi-cas no escritas, impuestas por el uso, es decir,a través de la reiteración constante de unaconducta de los hombres. La legislaciónmexicana, en algunos casos, admite la cos-tumbre a falta de ley u otra disposiciónexpresa, ya que contra la observancia de laley no puede alegarse desuso, costumbre opráctica en contrario.

La costumbre está prevista en algunosordenamientos, tales como: el Código deComercio, diversos Códigos Civiles, la LeyGeneral de Títulos y Operaciones de Créditoy la Ley Federal del Trabajo.

IV. Normas individualizadas

Se crean para aplicarse en forma individual auna persona o grupo de personas claramentedefinido. Entre ellas podemos mencionarlas sentencias judiciales, los contratos, lasresoluciones administrativas y los testamen-tos. Pueden ser creadas inclusive por particu-lares, como, por ejemplo, los contratos; sinembargo, en este caso sólo obligan a quienesexpresamente los aceptan.

V. Los principios generales delderecho

Son verdades jurídicas notorias, indiscutibles,de carácter general, creadas mediante proce-dimientos jurídico-filosóficos de generaliza-ción.3 Constituyen una fuente supletoria de laley, que permite a los juzgadores resolverlas controversias frente a las lagunas u omi-siones de ésta. Algunas veces es obligatoriorecurrir a ellos, según se advierte del conte-nido del último párrafo del artículo 14 consti-tucional, que dice: “En los juicios del ordencivil, la sentencia definitiva deberá ser con-forme a la letra, o a la interpretación jurídicade la ley, y a falta de ésta se fundará en losprincipios generales del derecho”.

En México no existe un listado expresode principios generales del derecho, porquesu número varía constantemente debido alperfeccionamiento de que son objeto.

3 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, TerceraSala, t. LV, p. 2642; CD-ROM IUS: 357113.


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C. Clasificación del sistemanormativo

Cada una de las normas jurídicas, cimientosde todo orden legal, tiene características quela hacen ser diferente. Con la finalidad de sis-tematizarlas y hacer más evidentes sus alcan-ces, se clasifican, entre otras formas, en aten-ción a su jerarquía y a sus ámbitos material yespacial de validez.

I. Jerarquía

Las normas jurídicas no tienen forzosamenteel mismo rango ni categoría; algunas son

superiores y otras inferiores, es decir, existeentre ellas un orden jerárquico. Esto per-mite determinar cuál es la norma que resultaaplicable en caso de contradicción. Además,existe la necesidad de que unas se apoyen enotras; toda norma jurídica se considera váliday obligatoria porque se encuentra apoyada enotra superior, y esta otra, a su vez, porquese encuentra sustentada en otra norma de máselevada categoría, hasta llegar a la Constitu-ción Federal.

Así, en México, el nivel máximo superiores ocupado por la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos; los tratadosinternacionales se encuentran jerárquica-mente debajo de ella y por encima de las leyesgenerales, federales y locales.4

II. Ámbito material de validez

El ámbito material de validez de las normasjurídicas –o ramas del derecho– identifica lamateria que pretenden regular, es decir, lasnormas jurídicas no se aplican indistinta-

4 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,Pleno, t. XXV, abril de 2007, tesis P. IX/2007, p. 6; CD-ROM IUS:172,650.


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mente; cada una rige en determinada área delderecho y tiene características particulares.

Tradicionalmente se conocen como ramasdel derecho público las materias constitucio-nal, internacional pública, administrativa,procesal, electoral y penal. En el derecho pri-vado tenemos a las materias civil, mercantil einternacional privada, las que a su vez puedenadmitir múltiples divisiones.

Existen otras ramas del derecho, como laagraria, la económica, de seguridad social, deltrabajo y de asistencia social que, por susfines proteccionistas, aspiran a la supremacíadel interés común sobre los individuales yconforman el derecho social. Además, debidoa las transformaciones sociales y culturaleshan surgido nuevas disciplinas, tales como elderecho informático.

III. Ámbito espacial de validez

El ámbito espacial de validez de las normasse determina por el territorio donde éstas sonaplicables. La República Mexicana está com-puesta de Estados libres y soberanos en

cuanto a su régimen interior, pero unidosen una Federación. Además, forma parte deella el Distrito Federal, que es la sede de losPoderes de la Unión y capital de los Esta-dos Unidos Mexicanos. Por su parte, losEstados tienen como base de su divisiónterritorial, organización política y administra-tiva, al Municipio libre.

De esta manera, el orden federal com-prende las leyes que son obligatorias en todala República. El orden local abarca las leyesque sólo obligan dentro de la entidad federa-tiva –Estados o Distrito Federal– en que seexpidieron. Finalmente, las disposicionesde carácter municipal sólo son aplicables enel Municipio donde fueron creadas.


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D. Las garantíasindividuales

Son los derechos públicos subjetivos queotorga la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos a los individuos y queel Estado debe reconocer y respetar.

Las garantías otorgadas por la CartaMagna suelen clasificarse, desde el punto devista doctrinal, en individuales y sociales.A su vez, las garantías individuales puedendividirse en garantías de igualdad, de libertady de seguridad jurídica. Así, tenemos:

(1) Garantías de igualdad. Tienen porobjeto evitar privilegios y otorgan a todos losindividuos los mismos derechos. Están conte-nidas fundamentalmente en los artículos 1o.,2o., apartado B, 4o., 5o., primer párrafo, 12,13 y 31, fracción IV; en los que se señalanel alcance de la protección de las garantías,los derechos indígenas, la igualdad del varóny la mujer ante la ley, el libre ejercicio de cual-quier profesión, comercio e industria a todaslas personas, siempre que no sean contrariosa la ley, la omisión de títulos de nobleza, laprohibición de leyes o tribunales especiales yla equidad en el pago de los impuestos.

(2) Garantías de libertad. Permiten laautodeterminación de las personas, situaciónque el Estado debe respetar. Las encontramosprincipalmente en los artículos 1o., segundopárrafo; 2o., apartado A, 3o., 4o., segun-do párrafo, 5o., 6o., 7o., 9o., 10, 11, 15, 24 y 28,que individualmente aluden, en lo fundamen-tal, a la prohibición de la esclavitud, a lalibertad de procreación, a la libertad de edu-cación, a la libertad de trabajo, a la libertad deexpresión y el derecho a la información, a la

libertad de imprenta, a la libertad de asocia-ción, a la posesión y portación de armas enel domicilio, a la libertad de tránsito, a laprohibición de extraditar reos políticos, ala libertad de culto y a la libertad de con-currencia en el mercado, respectivamente.

(3)Garantías de seguridad jurídica. Se re-fieren a determinados procedimientos alos que debe apegarse el poder público,cuando con sus actos pretenda afectar a losgobernados. Están consagradas en los artícu-los 8o., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22* y 23que, respectivamente, se refieren al derechode petición, a la irretroactividad de la ley, laprivación de derechos sólo mediante juicio yla prohibición de aplicar la analogía en juiciospenales; el principio de legalidad y la invio-labilidad del domicilio; la expedita y eficazadministración de justicia; los requisitos parala prisión preventiva y el sistema de procu-ración y administración de justicia para ado-lescentes y menores; los requisitos para ladetención ante autoridad judicial; las garan-tías del inculpado, la víctima o el ofendidoen un proceso penal; la imposición de penassólo por vía del Poder Judicial y la persecu-ción de los delitos por el Ministerio Público;la prohibición de tratamientos inhumanosy la de que alguien sea juzgado dos veces porel mismo delito.

(4)Garantías sociales. Establecen dere-chos y prerrogativas de los grupos humanoso de la nación en su conjunto, conforme acriterios de justicia y bienestar colectivos.5Las encontramos fundamentalmente en losartículos 3o., 4o., párrafos tercero y quinto,21, párrafos quinto y sexto, 27 y 123 que, demanera particular, tratan, respectivamente,sobre el derecho a la educación, a la salud ya la vivienda; el disfrute de la seguridadpública; el régimen de propiedad de tierras yaguas, derechos agrarios, ejidales y comu-nales; y los principios del régimen laboral.

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* Véanse las reformas a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y22 constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federaciónel 18 de junio de 2008.

5 VALADÉS, Diego, voz “garantías sociales”, Diccionario jurídico…,op. cit., t. II, en Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 1523-1525.


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(5) Garantías en materia económica.También son de contenido social porqueimponen al Estado deberes en beneficio detoda la población. Están reunidas en losartículos 25, 26 y 28, los cuales mencionan,cada uno por su parte, que corresponde alEstado la rectoría económica; que es obliga-ción también del Estado la creación de unsistema de planeación del desarrollo nacional;la prohibición de monopolios –explotaciónprivilegiada de un artículo o servicio–, el esta-blecimiento de facultades económicas exclu-sivas del Estado, la prohibición de liberar delpago de impuestos y del acaparamiento deproductos.

Es importante señalar que, según el artícu-lo 29 de la Constitución Federal, con la par-ticipación de los Poderes Ejecutivo y Legis-lativo, en casos de invasión, perturbacióngrave de la paz pública o cualquier otro factorque ponga a la sociedad en grave peligro, esposible suspender temporalmente las garan-tías en todo el país o en lugar determinado,para hacer frente a la situación.

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E. Estructura delgobierno

I. La división de poderes

La Constitución Federal establece, en suartículo 49, que el Supremo Poder de la Fede-ración se divide para su ejercicio en los PoderesLegislativo, Ejecutivo y Judicial. Existen dis-posiciones equivalentes para los Estados.

En el caso del Distrito Federal, su gobier-no es ejercido en forma conjunta, tanto porlos Poderes Federales, como por los denomi-

nados Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judi-cial de carácter local, de conformidad con ladistribución de competencias que la Consti-tución establece.

II. Poder Legislativo

En el ámbito federal se ejerce por el Con-greso de la Unión, el cual se encuentracompuesto por las Cámaras de Diputados ySenadores. Su función principal es legis-lar sobre las materias exclusivas que la CartaSuprema señala en el artículo 73, cuandofunciona integrado por ambas Cámaras; enel 74, cuando sólo actúa la Cámara de Dipu-tados; o en el 76, cuando se trata de la deSenadores.

La Cámara de Diputados se integra por500 diputados, de los cuales 300 son elegidospor el principio de votación mayoritaria rela-tiva –es decir, los que obtengan mayor númerode votos en las elecciones– y 200 medianteel principio de representación proporcio-nal –asignados según el número de votos queobtenga cada partido–. Duran en su encargotres años. Por su parte, la Cámara de Senado-res se integra por 128 senadores, de los cuales64 son elegidos por el principio de votaciónmayoritaria y 32 son asignados a la primeraminoría, en cada entidad federativa. Losrestantes 32 son elegidos por el principiode representación proporcional. Duran en suencargo seis años.

Las Cámaras funcionan durante dos perio-dos de sesiones al año. En los periodos inter-medios, denominados de receso, funcionaun órgano que se denomina Comisión Per-manente, integrado por 19 diputados y 18senadores.

En el ámbito Estatal, el Poder Legislativose ejerce por las Cámaras de Diputados loca-les, las que pueden expedir todo tipo de leyes,excepto en los casos que la ConstituciónFederal lo prohíbe expresamente. En el casodel Distrito Federal, la facultad legislativa escompartida entre el Congreso de la Unióny la Asamblea Legislativa del propio Dis-trito Federal, de conformidad con la distri-bución de competencias establecida en laConstitución.


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de la Federación se deposita en una SupremaCorte de Justicia de la Nación, un TribunalElectoral, Tribunales Colegiados y Unitariosde Circuito y Juzgados de Distrito. La admi-nistración, vigilancia, disciplina y carrerajudicial de este poder, con excepción de laSuprema Corte y del Tribunal Electoral,corresponden al Consejo de la JudicaturaFederal.

Existen otros órganos encargados de laadministración de justicia que no formanparte del Poder Judicial, tales como el Tribu-nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativay el Tribunal Superior Agrario.

En los Estados de la República, el PoderJudicial se encuentra organizado según lo queestablecen sus respectivas Constituciones.Generalmente se integra por un TribunalSuperior de Justicia –o Supremo Tribunal deJusticia–, Juzgados de Primera Instancia yJuzgados de Paz, llamados también menores,municipales o de cuantía menor y, en algu-nos casos, por un Consejo de la Judicatura.En algunos Estados los tribunales en materiaelectoral, administrativa, laboral –de lostrabajadores del Estado y Municipios–, o demenores, forman parte del Poder Judicial,mientras que, en otros, funcionan de maneraindependiente.

En el Distrito Federal el sistema judicialestá organizado de conformidad con el artículo122, apartado C, base cuarta de la Consti-tución Federal. Se integra por un TribunalSuperior de Justicia, Juzgados de Primera Ins-tancia, Juzgados de Paz y un Consejo de laJudicatura.

III. Poder Ejecutivo

Según el artículo 80 de la Constitución, en elterreno federal, este poder se deposita en unsolo individuo denominado Presidente de losEstados Unidos Mexicanos, quien es elegidopor votación popular, libre, directa y secreta,para un encargo de seis años, sin posibilidadde reelección. De acuerdo con el artículo89 de la Constitución Federal, algunas de susatribuciones son:

(1) promulgar y ejecutar las leyes que expidael Congreso de la Unión, así como proveeren la esfera administrativa a su exacta obser-vancia –facultad reglamentaria–;

(2) nombrar a diversos funcionarios de laadministración pública federal;

(3) dirigir la política exterior y celebrartratados internacionales, sometiéndolos a laaprobación del Senado;

(4) conducir la administración públicafederal, y

(5) promover ante el Congreso iniciativasde leyes o decretos.

En el ámbito local, según el artículo 116constitucional, este poder lo ejercen losgobernadores de los Estados, mientras queen el caso del Distrito Federal, de acuerdo alartículo 122 del mismo ordenamiento, algunasfacultades corresponden al Presidente de losEstados Unidos Mexicanos y otras al Jefede Gobierno del Distrito Federal. Tanto losgobernadores como el Jefe de Gobierno duranen sus encargos seis años.

IV. Poder Judicial

De acuerdo con el artículo 94 de la Consti-tución Federal, el ejercicio del Poder Judicial


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F. Sistema deimpartición dejusticia

I. Justicia Federal

1. Poder Judicial de la Federación

a) Juzgados de DistritoSon los órganos jurisdiccionales de primerainstancia del Poder Judicial de la Federación.Están a cargo de un Juez de Distrito. Lescorresponde resolver:

(1) juicios relacionados con la aplicaciónde leyes federales en las materias civil, penaly administrativa, o de tratados internacio-nales, y

(2) juicios de amparo indirecto en lasmaterias civil, penal, administrativa y laboral.Algunos de estos órganos están especializadossólo en una materia –penal, administrativa,civil o laboral–, mientras que otros conocende dos o más materias.

b) Tribunales Unitarios de CircuitoEstán a cargo de un solo Magistrado. Cono-cen de las materias civil, penal o adminis-trativa y tienen encomendado resolver,fundamentalmente:

(1) los juicios de amparo promovidoscontra actos de otros Tribunales Unitarios deCircuito, que no sean sentencias definitivas;

(2) apelaciones de juicios –excepto el deamparo, en el que debe promoverse la revi-

sión ante Tribunales Colegiados– que sehayan tramitado en primera instancia antelos Juzgados de Distrito;

(3) el recurso de denegada apelación–cuando un Juez de Distrito niega el trámitede una apelación–, y

(4) los conflictos de competencias entreJueces de Distrito y la calificación de impe-dimentos y excusas, excepto en lo relativo alos juicios de amparo.

c) Tribunales Colegiados de CircuitoSe integran por tres Magistrados y, entre otrosasuntos, resuelven:

(1) los juicios de amparo directo contrasentencias definitivas, laudos o resolucionesque pongan fin al juicio, en las materias civil,penal, laboral o administrativa, ya sea quela violación se cometa en ellas o durante elprocedimiento;

(2) los recursos que procedan contra autoso resoluciones que pronuncien los Jueces deDistrito, los Tribunales Unitarios o el superiordel tribunal responsable, cuando, entreotros casos, desechen una demanda deamparo o concedan o nieguen la suspensióndefinitiva;

(3) los recursos de revisión contra senten-cias pronunciadas en la audiencia cons-titucional por los Jueces de Distrito, Tri-bunales Unitarios o el superior del tribunalresponsable;

(4) los recursos de revisión contra resolu-ciones definitivas de los tribunales de locontencioso administrativo federales y delDistrito Federal;

(5) los conflictos de competencia entreJueces de Distrito o Tribunales Unitarios deCircuito en materia de juicios de amparo, y

(6) los asuntos delegados por el Pleno y lasSalas de la Suprema Corte.

d) Tribunal Electoral del Poder Judi-cial de la FederaciónEs un órgano especializado que se encargade resolver en forma definitiva e inatacablecualquier impugnación o controversia que se


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presente contra los actos o las resolucionesde las autoridades electorales, así como enlos procesos electorales federales o locales,en última instancia, excepto las que se pro-muevan como acciones de inconstitucio-nalidad, por ser éstas competencia exclusivade la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Se integra por siete Magistrados de la SalaSuperior y por tres Magistrados en cada unade las cinco Salas Regionales con que cuenta.Las Salas del Tribunal Electoral puedenresolver la no aplicación de leyes en materiaelectoral contrarias a la Constitución Federal.Las resoluciones dictadas en el ejercicio de

esta facultad se limitarán al caso concretosobre el que verse el juicio. En tales casos, laSala Superior informará a la Suprema Cortede Justicia de la Nación.

e) Suprema Corte de Justicia de laNaciónEs el Máximo Tribunal del país. Se integrapor once Ministros, de los cuales uno es supresidente. La Suprema Corte puede funcio-nar en Pleno, es decir, cuando se reúnen todoslos Ministros (once) o al menos siete deellos; o dividida en dos Salas, que se compo-nen de cinco Ministros, aunque se requierede un mínimo de cuatro de ellos para sesio-


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nar. El Presidente de la Suprema Corte deJusticia no forma parte de las Salas.

El Pleno puede conocer, entre otros, delos siguientes asuntos:

(1) controversias constitucionales y accio-nes de inconstitucionalidad;

(2) recursos de revisión contra sentenciaspronunciadas en la audiencia constitucionalpor los Jueces de Distrito o los TribunalesUnitarios de Circuito, entre otros casos,cuando subsista en el recurso el problema deconstitucionalidad de normas generales;

(3) casos en que las autoridades responsa-bles traten de eludir el cumplimiento de unasentencia de autoridad federal, y

(4) denuncias de contradicción de tesissustentadas por las Salas de la Suprema Corte,por los Tribunales Colegiados de Circuitoo por el Tribunal Electoral.

El Pleno puede resolver directamentelos asuntos o expedir acuerdos para remitirlosa las Salas y a los Tribunales Colegiados deCircuito, para lograr mayor prontitud en sudespacho.

En cuanto a las Salas, la Primera conocede las materias civil y penal, mientras quela Segunda se encarga de la administrativay la laboral. Los asuntos que resuelven lasSalas son, entre otros:

(1) recursos de apelación contra sentenciasdictadas en asuntos ordinarios en que la Fede-ración sea parte;

(2) en algunos casos, recursos de revisiónen amparo contra sentencias pronunciadas enla audiencia constitucional por los Juecesde Distrito o Tribunales Unitarios;

(3) en algunos supuestos, recursos de revi-sión contra sentencias que en amparo directopronuncien los Tribunales Colegiados;

(4) denuncias de contradicción de tesis quesustenten dos o más Tribunales Colegiadosde Circuito, y

(5) asuntos delegados por el Pleno de laSuprema Corte para una mejor imparticiónde justicia o por existir ya jurisprudencia alrespecto, o porque no entrañan la fijación deun criterio importante y trascendente.

(6) el Pleno conserva para su resoluciónlas controversias constitucionales, salvo en lasque deba sobreseerse y aquellas en las queno se impugnen normas de carácter general,así como los recursos interpuestos en éstosen los que sea necesaria su intervención; ylas acciones de inconstitucionalidad, salvoen las que deba sobreseerse, así como losrecursos interpuestos en éstas en los que seanecesaria su intervención.

f) Consejo de la Judicatura FederalEs el órgano con independencia técnica, degestión y para emitir sus resoluciones, encar-gado de la administración, vigilancia, disci-plina y carrera judicial del Poder Judicialde la Federación, excepto en lo relativo a laSuprema Corte de Justicia de la Nación yal Tribunal Electoral. Se integra por sieteConsejeros; uno de ellos es el Presidente de laSuprema Corte de Justicia, quien tambiénlo es del Consejo. Funciona en Pleno, en comi-siones y a través de los siguientes órganosauxiliares: el Instituto de la Judicatura Federal,la Visitaduría Judicial, la Contraloría del Po-der Judicial de la Federación, el InstitutoFederal de Defensoría Pública y el Insti-tuto Federal de Especialistas de ConcursosMercantiles.

i) Instituto de la Judicatura Federal-Es-cuela JudicialEs el encargado de la formación, capacitacióny actualización de los miembros del PoderJudicial de la Federación y de quienes aspirena pertenecer a éste. Además, tiene la enco-mienda de realizar los trabajos de investiga-ción necesarios para el desarrollo y mejo-ramiento de la justicia federal.

ii) Visitaduría JudicialEs el órgano auxiliar del Consejo competentepara inspeccionar el funcionamiento de losórganos jurisdiccionales; supervisar la con-ducta de los servidores públicos de los propiostribunales y juzgados; y auxiliar al Pleno, alas Comisiones o al Presidente del Consejoen las tareas que le encomienden, inherentesa su función.


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iii) Contraloría del Poder Judicial de laFederaciónTiene a su cargo las facultades de control yla inspección del cumplimiento de las normasde funcionamiento administrativo que rijana los órganos, servidores públicos y empleadosdel Poder Judicial de la Federación, exceptoaquellas que correspondan a la Suprema Cortede Justicia de la Nación.

iv) Instituto Federal de Especialistas deConcursos MercantilesEl concurso mercantil es un procedimientojurisdiccional al que se somete un comer-ciante cuando incumple generalizadamenteen el pago de sus obligaciones.

Durante el procedimiento intervienen losdenominados especialistas de concursos mer-cantiles, quienes se clasifican en visitadores,conciliadores y síndicos, los que auxilian a losJueces en las materias administrativa, finan-ciera, jurídica o contable.

Para asegurar que dichos especialistascumplan con los requisitos necesarios parallevar a cabo su tarea con competencia yhonestidad, así como la transparencia ensu designación, se creó el Instituto Federalde Especialistas de Concursos Mercantiles–IFECOM–, que es un órgano auxiliar delConsejo de la Judicatura Federal, quecuenta con autonomía técnica y operativa, yentre cuyas funciones principales se encuen-tran las de administrar el registro de espe-cialistas de concursos mercantiles, así comodifundir la cultura concursal.

v) Instituto Federal de Defensoría PúblicaEs un órgano auxiliar del Consejo de la Judi-catura Federal que está encargado de la pres-tación de los servicios de defensa penal yasesoría jurídica administrativa, fiscal y civilen forma gratuita, bajo los principios de pro-bidad, honradez y profesionalismo, a lapoblación que carece de medios para pagarun abogado. De esta forma, su objetivo esgarantizar el acceso a la justicia federal a losmás necesitados.

2. Otros órganos federales deadministración de justicia

a) Tribunal Federal de Justicia Fiscaly AdministrativaEl Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-nistrativa es un tribunal de lo contencioso-administrativo, dotado de plena autonomíapara dictar sus fallos, con la organización yatribuciones que establece su ley orgánica.Fundamentalmente conoce de los juicios quese promuevan contra las resoluciones defini-tivas, actos administrativos y procedimientosque se indican a continuación:

I. Las dictadas por autoridades fiscalesfederales y organismos fiscales autónomos,en que se determine la existencia de unaobligación fiscal, se fije en cantidad líquidao se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de uningreso de los regulados por el Código Fiscalde la Federación, indebidamente percibidopor el Estado o cuya devolución proceda deconformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por in-fracción a las normas administrativas fe-derales;

IV. Las que causen un agravio en materiafiscal distinto al que se refieren las fraccionesanteriores; y

V. Las que nieguen o reduzcan las pen-siones y demás prestaciones sociales queconcedan las leyes en favor de los miembrosdel Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Ar-mada Nacional o de sus familiares o derecho-habientes con cargo a la Dirección de Pen-siones Militares o al erario federal, así comolas que establezcan obligaciones a cargo de lasmismas personas, de acuerdo con las leyesque otorgan dichas prestaciones.

b) Junta Federal de Conciliación yArbitrajeEs un tribunal con plena jurisdicción, decomposición tripartita, integrado por igualnúmero de representantes de trabajadores y


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patrones y uno del gobierno, que tiene a sucargo resolver los conflictos laborales quese susciten entre trabajadores y patrones, sóloentre trabajadores o únicamente entre patro-nes, derivados de relaciones de trabajo o dehechos íntimamente relacionados con ellas.Su competencia está determinada por el ar-tículo 123 constitucional y por el artículo 604y demás relativos de la Ley Federal delTrabajo.

c) Tribunal Federal de Conciliación yArbitrajeEs un Tribunal con plena jurisdicción en-cargado de resolver conflictos laborales entrelos Poderes de la Federación o el gobiernodel Distrito Federal y sus respectivos tra-bajadores, con algunas excepciones, de lasque sobresalen los conflictos entre:

(1) la Suprema Corte y sus empleados, queresuelve esta última; y,

(2) los Tribunales de Circuito y Juzgadosde Distrito y sus servidores, que dirime elConsejo de la Judicatura Federal.

Además, otorga registro a sindicatos einscribe condiciones generales de trabajo,reglamentos de escalafón, estatutos de sindi-catos y reglamentos de las comisiones mixtasde seguridad e higiene.

Se integra por representantes de los traba-jadores y del Gobierno Federal.

d) Tribunal Superior Agrario y Tribu-nales Unitarios AgrariosSon órganos federales dotados de plena juris-dicción y autonomía para dictar sus fallos, alos que corresponde la administración de jus-ticia agraria en todo el territorio nacional.El Tribunal Superior Agrario se integra porcinco Magistrados numerarios y un super-numerario. Es competente para conocer, entreotros asuntos, de:

(1) recursos de revisión contra senten-cias dictadas por los Tribunales UnitariosAgrarios, en juicios referidos a conflictos delímites de tierras,

(2) recursos de revisión de sentenciasdictadas en juicios de nulidad contra re-

soluciones emitidas por autoridades agra-rias, y

(3) conflictos de competencia entre Tribu-nales Unitarios Agrarios.

Además, establece jurisprudencia obligato-ria para los Tribunales Unitarios Agrarios.

Por su parte, los Tribunales Unitarios Agra-rios están a cargo de un Magistrado nume-rario; se encuentran distribuidos en elterritorio nacional y resuelven, entre otrosasuntos:

(1) conflictos sobre límites, tenencia, suce-sión, restitución y explotación de tierras,bosques y aguas;

(2) juicios de nulidad contra resolucionesdictadas por las autoridades agrarias;

(3) conflictos por omisiones de la Procura-duría Agraria que ocasionen perjuicio a posee-dores de tierras, con el fin de subsanarlas, y

(4) de negocios de jurisdicción voluntariaen materia agraria.

e) Supremo Tribunal Militar, Consejosde Guerra y Jueces MilitaresSon órganos que tienen a su cargo sancionarlos delitos y faltas contra la disciplina mili-tar que contempla el Código de JusticiaMilitar. El Supremo Tribunal Militar se com-pone de cinco Magistrados y resuelve, entreotros asuntos, de:

(1) los recursos de su competencia;(2) las excusas y competencias de jurisdic-

ción de Jueces Militares;(3) la retención y libertad preparatoria de

reos, solicitudes de indulto y del trámite de soli-citudes de reducción de penas; y,

(4) reclamaciones contra correccionesimpuestas por Jueces y Consejos de Guerra.

Los Consejos de Guerra pueden ser ordi-narios o extraordinarios. Tienen a su cargoel conocimiento de todos los delitos contra ladisciplina militar, cuya atención no corres-ponda a los Jueces Militares.

Por su parte, los Jueces Militares estánfacultados para:

(1) instruir juicios de competencia de Con-sejos de Guerra, así como los de su propiacompetencia;


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(2) juzgar delitos cuya pena sea de suspen-sión o multa o no exceda de un año de prisióncomo término medio;

(3) solicitar remociones, y(4) avisar al Supremo Tribunal Militar sobre

irregularidades que adviertan en los procesos.

f) Consejo de MenoresEs un órgano desconcentrado de la Secreta-ría de Seguridad Pública que cuenta con auto-nomía técnica y tiene a su cargo la aplicaciónde las disposiciones de la Ley para el Tra-tamiento de Menores Infractores para el Dis-trito Federal en Materia Común y para toda laRepública en Materia Federal. Es competentepara conocer de la conducta de las personasmayores de 11 y menores de 18 años de edad.Los menores de 11 años serán sujetos de asis-tencia social por parte de las institucionesde los sectores público, social y privado que seocupen de esta materia, las cuales se cons-tituirán como auxiliares del Consejo.

II. Justicia local

1. Poderes Judiciales locales

a) Juzgados de Paz, menores, munici-pales o de cuantía menorSon órganos jurisdiccionales que formanparte de los Poderes Judiciales locales. Sustitulares reciben el nombre de Jueces. Su com-petencia y denominación varían de unaentidad federativa a otra. En general resuel-ven asuntos en materia civil y mercantil cuyomonto no sea superior a determinada canti-dad, y en materia penal sancionan delitos queno se castiguen con prisión, o donde ésta noexceda de cierto límite.

b) Juzgados de Primera InstanciaSon órganos locales que también formanparte de los Poderes Judiciales de las enti-dades federativas; se encuentran a cargo deun Juez y resuelven en primera instancia asun-tos que por su materia o cuantía están fuerade la competencia de los Juzgados de Paz o

sus equivalentes. Pueden conocer de asuntosen materia civil, mercantil, penal, de arren-damiento inmobiliario, familiar, etcétera.

c) Tribunales Superiores de JusticiaTambién conocidos como Supremos Tribu-nales de Justicia, son el máximo órgano dejusticia con que cuentan los Estados y elDistrito Federal. Se integran por Magistrados;funcionan en Pleno o en Salas que a veces seespecializan por materias. Se acude a ellos,entre otras cosas, para impugnar decisio-nes de los juzgados inferiores, mediante eltrámite de algún recurso, como por ejemploel de apelación.

d) Consejos de la Judicatura localesAlgunas entidades federativas, entre ellasAguascalientes, Baja California, Coahuila,Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloay el Distrito Federal, crearon Consejos dela Judicatura, como órganos encargados de laadministración, vigilancia, disciplina y carrerajudicial, de sus respectivos Poderes Judiciales.En los Estados donde no existen, la funciónla ejerce el Tribunal Superior de Justicia.

2. Otros órganos locales deadministración de justicia

a) Tribunales electoralesSon los órganos encargados de resolver con-flictos que se susciten en materia electoralen las entidades federativas. Sus integrantes,generalmente, reciben el nombre de Magis-trados. Cabe señalar que en algunas entidadesfederativas el tribunal electoral forma partedel Poder Judicial local, mientras que en otrases autónomo.

b) Tribunales de lo Contencioso Admi-nistrativoSon órganos autónomos para emitir sus fallos,que resuelven controversias entre la adminis-tración pública de las entidades federativas ylos particulares. Su denominación y facul-tades pueden variar de una entidad federativaotra.


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c) Juntas Locales de Conciliación yArbitrajeFuncionan en las entidades federativas yresuelven los conflictos laborales origina-dos dentro de su territorio, en aquellos asun-tos que no sean competencia exclusiva de laJunta Federal de Conciliación y Arbitraje.

d) Tribunales Locales de conciliacióny arbitrajeResuelven conflictos entre los GobiernosEstatales o Municipales y sus respectivos tra-bajadores. Su organización y denominaciónvarían de un Estado a otro.

III. El arbitraje

El arbitraje es una forma de solución deconflictos en la que las partes, de comúnacuerdo, designan a un tercero para resolversu controversia. Tiene la ventaja de que esun procedimiento mucho menos rígido y másexpedito que los procesos jurisdiccionales.6

El arbitraje se lleva a cabo mediante elcumplimiento de ciertas formalidades quepueden encontrarse establecidas en una ley,o bien, ser acordadas por las partes de maneraconvencional. Los arbitrajes pueden ser deestricto derecho o de amigable composición;en el primero se dicta el laudo con base en lanorma jurídica aplicable al caso controver-tido, mientras que, en el segundo, el laudo sedicta con base en la conciencia y en reglasde equidad.

En el ámbito internacional, en los acuer-dos comerciales firmados por México condiversos países, se dispuso, como un medio desolución de controversias entre las partes, elestablecimiento de páneles arbitrales, inte-grados por una cantidad variable de árbitros.

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G. Los procesosconstitucionalesfederales

I. El juicio de amparo

Es el medio protector por excelencia de lasgarantías individuales establecidas en la Cons-titución Federal. Tiene por objeto resolverconflictos que se susciten por leyes o actosde la autoridad que violen garantías indivi-duales; por leyes o actos de la autoridad fede-ral que dañen la soberanía de los Estados odel Distrito Federal; o por leyes o actos deestos últimos que invadan la esfera de compe-tencia federal.

1. Partes en el juicio de amparo

a) El quejoso o agraviadoEs aquella persona que inicia el juicio parareclamar un acto o ley de una autoridad, porpresunta violación de garantías individualeso de distribución de competencias entre laFederación y los Estados de la República.

b) La autoridad responsableEs todo aquel órgano o funcionario al que laley otorga facultades de naturaleza pública,

6 Cfr. FLORES GARCÍA, Fernando, voz “arbitraje”, en Diccio-nario jurídico…, op. cit., t. I, Instituto de Investigaciones Jurídicas,pp. 198-203.

Los tipos de arbitraje más comunes enMéxico son: comercial, internacional, civil,financiero, médico, del consumidor y enmateria de derechos de autor.


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y que realiza actos que afectan las garantíasindividuales. Es importante destacar que, paraemitir esos actos, la autoridad actúa unilate-ralmente porque no necesita recurrir a lostribunales ni obtener el consentimiento delafectado.

c) El tercero perjudicadoEs la persona que tiene interés en que subsistael acto que se reclama. Pueden serlo, por ejem-plo, la contraparte del quejoso cuando el actomotivo del amparo provenga de un juicio delorden civil, o la persona que tenga derecho ala reparación del daño sufrido por la comisiónde un delito. Cabe señalar que no en todoslos casos existe tercero perjudicado, por ejem-plo, cuando se promueve un amparo en contrade una multa en materia fiscal.

d) El Ministerio PúblicoEs el representante social que vigila el correctodesarrollo del juicio, y que puede intervenirsi estima que el asunto reviste interés público.

2. Tipos de juicios de amparo

Existen dos tipos: el indirecto y el directo.El amparo indirecto lo resuelven los Juz-

gados de Distrito y, en ciertos casos, los Tri-bunales Unitarios de Circuito.

Procede, entre otros casos, contra:(1) leyes, tratados internacionales o regla-

mentos que, por su sola entrada en vigor ocon motivo del primer acto de aplicación,causen perjuicios al quejoso;

(2) actos de tribunales, ejecutados fuerade juicio o después de concluido;

(3) actos emitidos en un juicio que, deejecutarse, no puedan ser reparados;

(4) leyes o actos de la autoridad federalque vulneren o restrinjan la soberanía de losEstados o de éstos, cuando invadan la esferade competencia de la autoridad federal, y

(5) resoluciones del Ministerio Público queconfirmen el no ejercicio o el desistimientode la acción penal.

Por su parte, el amparo directo lo resuel-ven los Tribunales Colegiados de Circuito


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y, en ciertos casos por la relevancia delasunto, la Suprema Corte de Justicia de laNación, a través del ejercicio de la facultadde atracción.

Procede contra sentencias definitivas, laudos–decisiones de litigios en materia laboral– yresoluciones que pongan fin al juicio, dic-tados por tribunales judiciales, administrati-vos o del trabajo, respecto de los cuales noproceda recurso ordinario alguno por el quepuedan ser modificados o revocados, ya seaque la violación se cometa en ellos o duranteel procedimiento y afecte la defensa del que-joso en forma trascendente para el sentidode la resolución definitiva.

3. Principios que rigen el juiciode amparo

Existen, entre otros:

a) Principio de instancia de parteEl juicio sólo puede iniciarse una vez que laparte agraviada lo solicite, es decir, no pro-cede de oficio.

b) Principio de existencia de un agra-vio personal y directoDebe existir necesariamente un menoscabou ofensa que afecte específicamente al agra-viado. Esa afectación debe haberse ya produ-cido, o estar en ejecución, o bien, debe serde realización inminente.

c) Principio de definitividadAntes de acudir al amparo es necesario agotartodos los medios de defensa que para el casoconcreto prevean las leyes, tales como la ape-lación –en materia civil o penal–, el juicio denulidad –en materia fiscal–, etcétera. Sinembargo, hay algunas excepciones a este princi-pio, entre las cuales sobresalen cuando el actoreclamado restrinja la libertad del quejoso.

d) Principio de prosecución judicialdel amparoSignifica que es necesario sujetarse a los pro-cedimientos y formas establecidos por la Leyde Amparo.

e) Principio de relatividad de lassentencias de amparoSe refiere a que la sentencia que concede elamparo sólo beneficia a la persona que lo pro-movió, pero no a la generalidad de lapoblación.

f) Principio de estricto derecho El juzgador debe limitarse a resolver sobre laconstitucionalidad de los actos reclamados,hechos valer en la demanda. Existen algu-nas excepciones a este principio, entre ellas,cuando se trate de las materias penal, laboralo agraria, casos en los que puede operarla suplencia de algunas deficiencias de lademanda.

II. Las controversiasconstitucionales

Son juicios que se promueven ante la SupremaCorte de Justicia de la Nación cuando sesuscitan conflictos entre poderes –Ejecu-tivo, Legislativo o Judicial– o niveles degobierno –Federal, Estatal, Municipal o delDistrito Federal–, por una invasión de esferasde competencia que contravenga la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexica-nos. Es decir, para que proceda la controver-sia es necesario que el ámbito de competenciade quien promueva el juicio se vea afectadopor un acto concreto o una disposición decarácter general –por ejemplo una ley, un regla-mento o un decreto, excepto los de materiaelectoral–, que sea contrario a lo que disponela Constitución Federal.

Es posible que mediante una controversiaconstitucional se declare la invalidez absolutade una norma general, es decir, que la leyimpugnada no vuelva a tener efecto algunopara nadie. Para ello es necesario que, en pri-mer término, la controversia se haya promo-vido en alguno de los siguientes supuestos:

(1) contra disposiciones generales de losEstados o de los Municipios impugnadas porla Federación;

(2) contra disposiciones generales de losMunicipios impugnadas por los Estados;


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(3) conflictos entre el Poder Ejecutivo yel Congreso de la Unión, cualquiera de susCámaras o la Comisión Permanente, y

(4) conflictos entre dos Poderes de unmismo Estado o entre dos órganos de gobier-no del Distrito Federal, sobre la consti-tucionalidad de sus actos o disposicionesgenerales.

Además, es indispensable que la resolu-ción que emita la Corte sea aprobada por elvoto de, cuando menos, ocho Ministros.

Solamente en los casos aludidos la senten-cia podrá tener efectos generales; en todos losdemás, producirá únicamente efectos paralas partes.

III. Las acciones deinconstitucionalidad

Son procedimientos tramitados ante laSuprema Corte de Justicia, en los que sedenuncia la posible contradicción entrenormas de carácter general –ley, decreto,reglamento o tratados internacionales–, poruna parte, y la Constitución Federal, por laotra, con el objeto de invalidar la normageneral o el tratado internacional impugnadospara que prevalezcan los mandatos consti-tucionales.

Pueden promoverlas minorías parlamen-tarias, conformadas por lo menos por el treintay tres por ciento del total de los integrantesdel órgano legislativo que haya expedido lanorma que se impugna, el Procurador Gene-ral de la República, y los partidos políticoscon registro –estos últimos sólo en el caso deleyes electorales– y la Comisión Nacionalde los Derechos Humanos.

Si la Suprema Corte de Justicia declara lainvalidez de la norma, ésta no puede volvera tener vigencia ni aplicársele a nadie, lo quesignifica que las sentencias dictadas en accio-nes de inconstitucionalidad tienen efectosgenerales, siempre que la resolución se adoptemediante el voto de ocho o más Ministros.

IV. Procesos jurisdiccionalesen materia electoral

Son juicios a través de los cuales se busca larevocación o modificación de actos concretos

de aplicación de las leyes electorales. Se pro-mueven ante el Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación. Su objeto es quetodos los actos de las autoridades electorales–federales o locales– se sujeten invariable-mente a los principios de constitucionalidady legalidad, mediante la anulación o correc-ción de cualquier eventual irregularidad quese produzca durante el desarrollo de las elec-ciones, así como mediante la protección delos derechos político-electorales de los ciuda-danos para votar, ser votados o asociarse parafines políticos.7

V. El juicio político

Es una facultad del Congreso de la Uniónpara resolver los casos en que ciertos funcio-narios públicos de alto nivel son acusados dehaber incurrido, durante el ejercicio de susfunciones, en conductas que redunden en per-juicio de los intereses públicos o de su buendespacho.

El funcionario responsable puede ser san-cionado con la destitución o inhabilitaciónpara volver a ocupar cargos públicos. Además,las resoluciones de las Cámaras de Diputadosy de Senadores, en esta materia, no puedenimpugnarse.

VI. La facultad de investigaciónde la Suprema Corte de Justicia

de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Naciónestá facultada para averiguar algún hecho ohechos que constituyan una grave violaciónde alguna garantía individual.

Para llevar a cabo dicha averiguaciónpuede nombrar alguno o algunos de susmiembros o algún Juez de Distrito o Magis-trado de Circuito, o designar uno o varioscomisionados especiales.

La Corte puede efectuar estas investiga-ciones cuando así lo juzgue conveniente o,

7 Cfr. OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús, “Los procesos elec-torales y el Tribunal Electoral”, en Derecho procesal constitucional, México,Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,A.C./Editorial Porrúa, 2001, pp. 436 y 448.


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H. La protección de losderechos humanos

El apartado B del artículo 102 constitucionaldispone que el Congreso de la Unión y lasLegislaturas de las entidades federativas debenestablecer organismos de protección de losderechos humanos.

Actualmente existe una Comisión Nacio-nal de los Derechos Humanos y 32 organis-mos locales, de los cuales 30 son comisionesy 2 son procuradurías. Éstos conocen dequejas en contra de conductas de índole admi-nistrativa de cualquier autoridad o servidorpúblico, excepto del Poder Judicial de laFederación, que violen derechos humanos.No obstante, carecen de facultades paraconocer de asuntos electorales, resolucio-nes judiciales, consultas sobre la interpreta-ción de leyes y conflictos laborales o entreparticulares.

No llevan a cabo juicios, sino que formu-lan recomendaciones públicas no vinculato-rias –es decir, que no obligan a actuar endeterminado sentido– y denuncias ante lasautoridades responsables. Sin embargo, estono impide al afectado el ejercicio de otrosmedios de defensa que prevén las leyes.

bien, cuando lo pidiere el Ejecutivo Federalo alguna de las Cámaras del Congreso dela Unión, el gobernador de algún Estado o elJefe de Gobierno del Distrito Federal.

El informe preliminar rendido por laComisión Investigadora será presentado anteel presidente de la Suprema Corte, quien loremitirá al Ministro que por turno corres-ponda, atendiendo al orden establecido pre-viamente por el Pleno a fin de que presenteante éste el dictamen respectivo. El Ministroo Ministros encargados de elaborar el dic-tamen, remitirán copia del informe prelimi-nar al órgano que solicitó el ejercicio de lafacultad de investigación, en su caso, y a lasautoridades directamente vinculadas con loshechos investigados, para que en un plazode quince días naturales, realicen las mani-festaciones pertinentes y presenten la do-cumentación o los elementos que les sirvande sustento.

Durante ese plazo el solicitante de lainvestigación y las autoridades indicadaspodrán consultar el expediente, sujetándosea los principios de confidencialidad y dereserva que establece la Ley Federal de Trans-parencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental.

El dictamen será sometido a la consi-deración del Pleno y, una vez aprobado, elpresidente lo remitirá a las autoridades quesolicitaron la investigación y, en su caso, alas autoridades competentes.

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I. La profesión legal

I. La abogacía

Los abogados son profesionales que brindanasesoría y representación a sus defendidos encuestiones jurídicas. Entre sus principalesfunciones están asistirlos para emprenderacciones legales y defenderlos ante los tribu-nales, así como asesorarlos en todo tipo denegociaciones.

Para ejercer la abogacía es preciso realizarestudios durante un número variable de años,en una universidad o escuela de derecho autó-noma o legalmente reconocida y obtener eltítulo correspondiente. El título que general-mente expiden las universidades es el de Licen-ciado en Derecho, con el cual se puede ejercerla abogacía, previo registro ante la Secretaríade Educación Pública, que otorga autoriza-ción para el libre ejercicio en todo el país.

La colegiación de abogados no es obliga-toria, ya que de lo contrario se violarían lasgarantías de libre asociación y de trabajo esta-blecidas en la Constitución Federal. Sinembargo, en el Libro Blanco de la Reforma Judicial(2006) se reconoció que el ejercicio de laprofesión jurídica ante los órganos de impar-tición de justicia debe asegurar estándares decalidad ética, técnica y responsabilidadprofesional. Se ha debatido al respecto, conclu-yéndose que convendría la colegiación obli-gatoria, o bien, el registro de abogados ypostulantes ante los tribunales, para de ahí pasara mecanismos de certificación, que podríacorresponder a las instituciones académicas, losPoderes Judiciales o las agrupaciones deprofesionales.

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Cabe señalar que un elemento muy impor-tante en la función profesional del abogado loconstituye la especialización. El abogadopuede especializarse con miras a conocerparticularmente una o varias ramas del dere-cho. Para ello, debe realizar una serie de estu-dios de posgrado cuyas características sonvariables.

II. Los juzgadores

Los Jueces son personas autorizadas y nom-bradas por el Estado para administrar justicia,es decir, para dirimir los conflictos que se lespresentan a través de la aplicación del dere-cho a casos concretos. Los juzgadores sonabsolutamente indispensables en todo sis-tema jurídico, puesto que atentaría contra elEstado de derecho el que las personas hicie-ran justicia por su propia mano.

En el ámbito federal, la legislación esta-blece las bases para formar y actualizar a losfuncionarios judiciales, así como para desa-rrollar la carrera judicial, que se rige por losprincipios de excelencia, objetividad, impar-cialidad, profesionalismo e independencia.

En el nombramiento de los Ministros dela Suprema Corte de Justicia intervienen elPoder Ejecutivo y el Senado. En el caso delos Magistrados del Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación intervienenla Suprema Corte de Justicia y el Senado.En cuanto a los Jueces y Magistrados fede-rales, son nombrados por el Consejo de laJudicatura Federal.

El ingreso y la promoción de los servi-dores públicos de carácter jurisdiccional delPoder Judicial de la Federación se hacemediante el sistema de carrera judicial, queestá integrada por diez categorías: Magistradode Circuito, Juez de Distrito, secretario gene-ral de Acuerdos de la Suprema Corte de Jus-ticia, subsecretario general de Acuerdosde la Suprema Corte de Justicia, secretario deEstudio y Cuenta de Ministro, secretariode Acuerdos de Sala, subsecretario de Acuer-dos de Sala, secretario de Tribunal de Circuito,secretario de Juzgado de Distrito y actuario.


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Para ser Magistrado o Juez se deben cubrirrequisitos específicos, entre ellos, contarcon título de Licenciado en Derecho, untiempo mínimo de ejercicio profesional, unaedad mínima, así como participar en con-cursos de oposición.

Un punto a destacar respecto de los juzga-dores federales mexicanos es que se man-tienen constantemente actualizados, sobretodo gracias a la labor del Instituto de la Judica-tura Federal-Escuela Judicial, que forma,capacita y actualiza a los miembros del PoderJudicial de la Federación y a quienes aspirena pertenecer a éste. Dicha institución realiza,además, trabajos de investigación para el desa-rrollo y mejoramiento de la justicia federal.

En el ámbito local, cada una de las entida-des federativas cuenta con leyes que regulanla actividad de los juzgadores. Además, enmuchos de los casos también han establecidoinstitutos de estudios judiciales, sistemas decarrera judicial y escuelas judiciales, a finde incrementar la profesionalización de susadministradores de justicia.

III. Los fedatarios públicos

La fe pública consiste en una afirmaciónque la sociedad debe aceptar como válidaobjetivamente,8 conforme al ordenamientojurídico que la sustenta. Es decir, cuando unapersona debidamente autorizada da fe pública,invita a los demás a creer objetivamente enel hecho del que ha dado fe. Esto propor-ciona seguridad en las relaciones jurídicas.

En México existen diversos tipos de feda-tarios públicos, pero los más conocidos sonlos notarios y los corredores públicos. El nota-rio es un profesional del derecho investidode fe pública por el Estado, que se encarga,entre otras actividades, de:

8 PÉREZ DUARTE Y NOROÑA, Alicia Elena, voz “fe pública”,en Diccionario jurídico…, op. cit., t. II, Instituto de InvestigacionesJurídicas, pp. 1430-1431.

(1) dar formalidad a los actos jurídicos quela requieran o que le soliciten los interesados,tales como contratos o testamentos;

(2) dar fe de los hechos que le consten, asolicitud del interesado, y

(3) tramitar los procedimientos no conten-ciosos que los interesados le soliciten, porejemplo, los relativos a sucesiones.

La función del notariado está regulada enel ámbito local, ya que cada una de las enti-dades federativas tiene su propia Ley delNotariado, expedida por su Legislatura.

En cuanto a los corredores públicos, suactividad se encuentra regulada en la LeyFederal de Correduría Pública. En dichoordenamiento se establece que a los corre-dores públicos les corresponde, entre otrasactividades:

(1) actuar como fedatario público parahacer constar los contratos, convenios, actosy hechos de naturaleza mercantil, exceptocuando se trate de inmuebles; así como en laemisión de obligaciones y otros títulos valor;en hipotecas sobre buques, navíos y aeronavesque se celebren ante él, y en el otorgamientode créditos refaccionarios o de habilitacióno avío, de acuerdo con la ley de la materia, y

(2) actuar como fedatario en la constitu-ción, modificación, fusión, escisión, diso-lución, liquidación y extinción de sociedadesmercantiles y en los demás actos previstos enla Ley General de Sociedades Mercantiles.

IV. Otras actividades

El Licenciado en Derecho puede ejercer ade-más múltiples actividades, entre otras, ladocencia, la investigación, la diplomacia,la procuración de justicia –como investi-gador, fiscal o representante social–, laadministración pública, la política, la defen-soría de oficio, la asesoría, la representaciónde personas o empresas, etcétera.


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J. Para saber más…

El lector interesado en profundizar sus conocimientos acerca del sistema jurídico mexicano,puede consultar, entre otras, las siguientes obras y disposiciones legales:

ARELLANO GARCÍA, Carlos, El juicio de amparo, México, Editorial Porrúa, 2006., Manual del abogado, México, Editorial Porrúa, 2003.

ARRIOLA CANTERO, Juan Federico y Eduardo Ferrer Mac-Gregor, El Derecho desde sus disciplinas,México, Editorial Porrúa, 2007.

AZÚA REYES, Sergio T., Los principios generales del derecho, México, Editorial Porrúa, 2007.BADILLO, Elisa y coautores, Los derechos humanos en México (Breve Introducción), México, Editorial Porrúa/

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2005.BURGOA, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, México, Editorial Porrúa, 2006.

, El juicio de amparo, México, Editorial Porrúa, 2008.CARPIZO, Jorge, Estudios constitucionales, México, Editorial Porrúa, 2003.

, La Constitución mexicana de 1917, México, Editorial Porrúa, 2004.COSSÍO DÍAZ, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, México, Fontamara, 1998.

, y Luis M. Pérez de Acha (comps), La defensa de la Constitución, México,Fontamara, 1997.

CASTRO, Juventino V., Garantías y amparo, México, Editorial Porrúa, 2006.COLEGIO DE SECRETARIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A.C.,

Derecho procesal constitucional, México, Editorial Porrúa, 2006.CRUZ BARNEY, Óscar, Historia del derecho en México, México, Oxford University Press, 2004.FIX ZAMUDIO, Héctor y Héctor Fix-Fierro, “El Consejo de la Judicatura”, en Cuadernos para la reforma de

la Justicia, No. 3, México, UNAM, 1996.FLORESGÓMEZ GONZÁLEZ, Fernando, Nociones de derecho positivo mexicano, México, Editorial

Porrúa, 2007.GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, México, Editorial Porrúa, 2008.GONZÁLEZ, María del Refugio, Historia del derecho mexicano, México, McGraw-Hill, 1997.LARA PONTE, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, México, Editorial Porrúa, 2007.MARGADANT S., Guillermo Floris, Introducción a la historia del derecho mexicano, México, Editorial

Esfinge, 2008.MÉJAN, Luis Manuel C., Competencia federal en materia de concurso mercantil, México, Poder Judicial de la

Federación, 2004.REBOLLO FERNÁNDEZ, José Luis, “La jurisdicción electoral”, en Apuntes de derecho electoral, Libro 2,

México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2000.SIRVENT GUTIÉRREZ, Consuelo, Sistemas jurídicos contemporáneos, México, Editorial Porrúa, 2007.SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, Los principios generales del derecho en México. Un ensayo histórico,

México, Miguel Ángel Porrúa, 2003.SOTO PÉREZ, Ricardo, Nociones de derecho positivo mexicano, México, Editorial Esfinge, 2007.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad?, México,

SCJN, 2004.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ¿Qué son las controversias constitucionales?, México,

SCJN, 2004.TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Editorial Porrúa, 2007.VALLS HERNÁNDEZ, Sergio, Consejo de la Judicatura Federal y modernidad en la impartición de justicia, México,

Consejo de la Judicatura Federal, 2001.URIBARRI CARPINTERO, Gonzalo, Derecho arbitral mexicano, México, Editorial Porrúa, 2006.VILLORO TORANZO, Miguel, Introducción al estudio del derecho, México, Editorial Porrúa, 2005.ZÁRATE, José Humberto, Sistemas jurídicos contemporáneos, México, McGraw-Hill, 1997.


29

3. Viñeta de época sobre la Real Audiencia, carátuladel libro “Los Tribunales de la Nueva España”.Tomado de: SCHROEDER CORDERO, FranciscoArturo, Op. Cit., p. 78.

4. Águila Republicana, emblema de la SupremaCorte de Justicia de la Nación.Tomado de: Archivo de imágenes de la SCJN

5. Vista parcial del Palacio Nacional y zócalo enla Ciudad de México, a mediados del siglo XIX.Tomado de: Muestra Histórica 1825-1985 CLX-Ani-versario, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LANACIÓN.- SCJN, México, p. 20.

6. Themis. Jurisprudentia.Tomado de: SCHROEDER CORDERO, FranciscoArturo.- Op. cit., p. 55.

7. Portada original de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos de 1917.Tomado de: Suprema Corte de Justicia de la Nación, suintegración y funcionamiento, p. 60.

8. Códice Florentino, volumen II, folio 287, anverso.Tomado de: SCHROEDER CORDERO, FranciscoArturo.- Op. cit., p. 60.

9. Ignacio Luis Vallarta.Tomado de: Suprema Corte de Justicia de la Nación, suintegración y funcionamiento, p. 40.

Imágenes en la portada

Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, México, D.F.

Palacio de Justicia Federal, sede de Tribunales deCircuito y Juzgados de Distrito, México, D.F.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación, México D.F.

Tomadas de: Archivo de imágenes de la SupremaCorte de Justicia de la Nación.

Relación de imágenespor capítulos

1. José María Morelos y Pavón.Tomado de: Suprema Corte de Justicia de la Nación, suintegración y funcionamiento, SUPREMA CORTE DEJUSTICIA DE LA NACIÓN.- SCJN, México, 1999,p. 12.

2. Códice Florentino (detalle), volumen III, folio 392reverso. Libro Undécimo -de las diferencias de edifi-cios-, folio 391 reverso, que dice: “Casas reales dondehabitaban los señores, eran casas del pueblo donde sehacía audiencia y concurrían los señores y Jueces adeterminar causas públicas”.Tomado de: SCHROEDER CORDERO, FranciscoArturo.- La Suprema Corte de Justicia, su tránsito y sudestino, SCJN, México, 1985, p. 59.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.Ley de Concursos Mercantiles.Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.Ley Federal de Correduría Pública.Ley Federal de Defensoría Pública.Ley Federal del Trabajo.Ley Federal de Procedimiento Administrativo.Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la

República en Materia Federal.Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.Leyes de los Organismos de Derechos Humanos de los Estados y del Distrito Federal.Leyes del notariado de cada uno de los Estados y del Distrito Federal.Leyes orgánicas de los Poderes Judiciales de los Estados y del Distrito Federal.

Acuerdo General Número 16/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecenlas reglas a que deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de lafacultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, p. 1905.

Código de Comercio.Código de Justicia Militar.Código Federal de Procedimientos Civiles.


30

ÍNDICE

Presentación 5

A. Antecedentes históricos 7

B. Fuentes formales del derecho 8

I. Legislación 8

II. Jurisprudencia 8

III. La costumbre 9

IV. Normas individualizadas 9

V. Los principios generales del derecho 9

C. Clasificación del sistema normativo 10

I. Jerarquía 10

II. Ámbito material de validez 10

III. Ámbito espacial de validez 11

D. Las garantías individuales 12

E. Estructura del gobierno 13

I. La división de poderes 13

II. Poder Legislativo 13

III. Poder Ejecutivo 14

IV. Poder Judicial 14

F. Sistema de impartición de justicia 15

I. Justicia Federal 15

1. Poder Judicial de la Federación 15

a) Juzgados de Distrito 15

b) Tribunales Unitarios de Circuito 15

c) Tribunales Colegiados de Circuito 15

d) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 15

e) Suprema Corte de Justicia de la Nación 16


31

f) Consejo de la Judicatura Federal 17

i) Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial 17

ii) Visitaduría Judicial 17

iii) Contraloría del Poder Judicial de la Federación 18

iv) Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 18

v) Instituto Federal de Defensoría Pública 18

2. Otros órganos federales de administración de justicia 18

a) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 18

b) Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 18

c) Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 19

d) Tribunal Superior Agrario y Tribunales Unitarios Agrarios 19

e) Supremo Tribunal Militar, Consejos de Guerra y Jueces Militares 19

f) Consejo de Menores 20

II. Justicia local 20

1. Poderes Judiciales locales 20

a) Juzgados de Paz, menores, municipales o de cuantía menor 20

b) Juzgados de Primera Instancia 20

c) Tribunales Superiores de Justicia 20

d) Consejos de la Judicatura locales 20

2. Otros órganos locales de administración de justicia 20

a) Tribunales electorales 20

b) Tribunales de lo contencioso administrativo 20

c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 21

d) Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje 21

III. El arbitraje 21

G. Los procesos constitucionales federales 21

I. El juicio de amparo 21

1. Partes en el juicio de amparo 21

a) El quejoso o agraviado 21

b) La autoridad responsable 21

c) El tercero perjudicado 22

d) El Ministerio Público 22


32

2. Tipos de juicios de amparo 22

3. Principios que rigen el juicio de amparo 23

a) Principio de instancia de parte 23

b) Principio de existencia de un agravio personal y directo 23

c) Principio de definitividad 23

d) Principio de prosecución judicial del amparo 23

e) Principio de relatividad de las sentencias de amparo 23

f) Principio de estricto derecho 23

II. Las controversias constitucionales 23

III. Las acciones de inconstitucionalidad 24

IV. Procesos jurisdiccionales en materia electoral 24

V. El juicio político 24

VI. La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 24

H. La protección de los derechos humanos 25

I. La profesión legal 26

I. La abogacía 26

II. Los juzgadores 26

III. Los fedatarios públicos 27

IV. Otras actividades 27

J. Para saber más ... 28

Imágenes en la portada 29

Relación de imágenes por capítulos 29

Esta obra se terminó de imprimir y encua-dernar en septiembre de 2008 en los talleresde GVG Grupo Gráfico, S.A. de C.V. calleLeandro Valle núm. 14-C, Col. Centro, Delega-ción Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.Se utilizaron tipos Garamond de 8, 10, 12, 14y 16 puntos. La impresión consta de 6,000ejemplares impresos en papel bond de 75 grs.

el sistema jurídico mexicanosistemabibliotecario.scjn.gob.mx/sisbib/cst_2012/73337/73337.pdf · b....

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