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EdunotasBoletín Informativo de la Facultad de Educación

Una Escuela de Excelencia en Pedagogía

Reflexiones sobre la Reforma de la Ley 30

No. 29Agosto de 2011

Por: Mauricio Galindo SantofimioCoordinador de comunicaciones

La comunidad académica se ha visto agitada en los últimos meses por el futuro de la Educa-ción Superior en nuestro país. Y todo debido a la propuesta de Reforma de la Ley 30 que el Go-bierno aspira haga curso y sea aprobada en el Congreso de la República durante la presente legislatura.

Edunotas ha querido, en esta edición especial, reflexio-nar sobre este tema de gran importancia e interés para to-dos los que hacemos parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en particular, y en general, para los académi-cos colombianos y para los es-tudiantes, actores fundamen-tales de la educación del país.

En términos generales y se-gún el Gobierno Nacional, “el proyecto de Reforma a la Ley 30 es una propuesta que surge de la necesidad de reestructurar el Sistema de Educación Supe-rior en Colombia, para respon-der a las urgentes necesidades de brindar una formación con calidad y equidad como lo de-manda la sociedad, en la bús-queda de un mejor bienestar y desarrollo”. (www.fodesep.gov.co).

Son igualmente, objetivos de la propuesta de Reforma “gene-rar condiciones para que haya una mejor oferta de Educación Superior, generar condiciones para que más colombianos se gradúen en la Educación Su-perior, adecuar el Sistema de Educación Superior a la reali-dad nacional y armonizarlo con

las tendencias regionales e in-ternacionales: UNESCO, Espa-cios Regionales, OCDE”. (www.fodesep.gov.co).

Frente a estas perspectivas que se vislumbran en la Edu-cación Superior de Colombia y ante la magnitud y el alcance de la propuesta, se han escu-chado amplios debates en tor-no a la misma y voces de aca-démicos que desde distintas universidades la han defendido o controvertido.

El debate y las reflexio-nes siguen estando abiertos y por supuesto, lo estarán en el Congreso donde se espera se tomen las mejores decisiones para bien de la educación. En tal sentido, es nuestro interés que los docentes de la Facultad de Educación de Uniminuto

también se pronuncien frente al tema desde el disenso y el consenso, para generar, con las diferentes opiniones, ele-mentos que produzcan, como debe ser, una educación con más calidad, con más equidad y como lo dice nuestro lema, al alcance de todos.

Esperamos que las opinio-nes aquí presentadas, contri-buyan de alguna forma para lograr esos propósitos, para ampliar el debate y, para de-finitivamente, consolidar una propuesta de Reforma que nos beneficie a todos como comu-nidad académica (profesores, directivos, estudiantes), como miembros de Uniminuto, como Facultad de Educación y como país.

ACLARACIÓNNos permitimos aclarar e informar que mientras se realizaba el cierre de esta edición, el Gobierno Nacional decidió retirar del proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, el componente que permitía la creación de universidades con ánimo de lucro.

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La reforma a la Ley 30

Una propuesta desconocida por estudiantes de instituciones oficiales

Por: Bladimir A. Gutiérrez C.Director (e) Esp. en Diseño de Ambientes de Aprendizaje

Este texto tiene como motiva-ción principal, mostrar a la comu-nidad educativa y la población en general, la carencia de informa-ción, falta de importancia y la des-articulación veraz, que presenta la educación colombiana en todos sus niveles.

Se encuentran en diferentes contextos, proyectos sobre arti-culación integral de procesos que tienen las instituciones de edu-cación básica y media con las de educación superior. Varias de es-tas propuestas solo demuestran fines financistas, en los cuales la institución de educación su-perior invade la escuela con sus procesos académicos, sin to-mar en cuenta los antecedentes, caracterización y el PEI de las mismas. Otras, aunque con los mejores intereses y objetivos, son frustradas por la misma escuela y las últimas que no se llegan a debatir, se imponen porque son po-líticas educativas nacio-nales.

Tomando en cuenta esto y para dar un ejemplo tangible, me di a la tarea de preguntar a estudiantes de los últimos grados de una institución distrital de educación media, sobre el conocimiento que ellos tienen sobre el proyecto de reforma a la Ley 30. El resultado me es preocupante porque es grande el descono-cimiento y la ignoran-cia de nuestros posi-

bles bachilleres, sobre las leyes que rigen la educación superior en Colombia y sobre cómo éstas pue-den influir y definir su futuro pro-fesional. Entonces, comencé por entregarles la visión que tengo so-bre las mismas, enfatizando en la reforma antes mencionada, para animar el debate. La respuesta fue nula, solo me escucharon.

Debido a lo anterior pude con-cluir que aunque estoy haciendo esto fuera de tiempo, también doy fe que no se divulgaron por parte del Magisterio Nacional (implica-do a futuro, por sus estudiantes, en la reforma) medios y modos de par t i c ipa -

ción a la población de educación básica y media, que para mí, por el tiempo que va llevar la imple-mentación de esta reforma, va a ser la futura actriz y protagonista de estos procesos. Conozco que se pidió participación y se le otorgó mayor importancia a los designios y aportes de los órganos directivos y administrativos de las institu-ciones de educación superior de Colombia más que a sus futuros estudiantes. También conozco al-gunos propósitos de la reforma que no se presentan como deba-tibles, como lo son los fines de lu-cro, la cobertura, la globalización y

la internacionalización, que a mi modesto modo de ver, discrepan en grandes argu-mentos con la tan mencio-nada calidad educativa.

Al finalizar este ejerci-cio, no me queda más que invitar a la comunidad educativa en general, a leer y estar pendientes de los debates en torno a la propuesta, pues nos compete a todos y decirles como algún día me lo afirmaron: “en nuestro Derecho, rige el principio “igno-rantia vel error iuris non excusat” (o sea: la ignorancia o el error de derecho, no excusan). O de una

forma más coloquial, el desconocimiento de la ley no nos exime de

su cumplimiento, lo cual posterior-mente, puede ir en contra de nuestros intereses.

del futuro

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Por: Mario Rafael Vergara AcostaCoordinador de investigación.

Mucho se ha hablado so-bre la reforma a la Ley 30 de 1992 desde que el Ministerio de Educación puso en discu-sión el tema en los diferentes escenarios de orden local, re-gional y local. Sin duda, la co-munidad académica se ha ma-nifestado ampliamente a favor y en contra de los postulados más sensibles contenidos en dicha reforma. Las distintas opiniones radicalmente críti-cas, moderadas y adeptas a la propuesta gubernamental han contribuido significativamente

al documento que ha sido ra-dicado por parte del MEN en el Congreso, y así convertirlo en Ley de la República.

Leyendo dicho proyecto, se evidencia a todas luces, que no es una reforma a la Ley 30 de 1992. Es, fundamentalmente, una nueva Ley de Educación Superior que intenta reflejar en alto grado los grandes intereses que ocupan al sector educativo universitario. Los problemas de la cobertura así como el de ca-lidad educativa pretenden ser superados mediante un articu-lado de Ley que reordena algu-nas disposiciones señaladas en la normatividad vigente sobre educación superior y orienta

acciones hacia un sistema que responda efectivamente a las necesidades actuales.

Los grandes apartados abor-dados en la propuesta como el sistema, la prestación del ser-vicio público de la educación superior, los nuevos alcances de las instituciones superiores privadas y mixtas, los intereses estratégicos desde la investiga-ción y la innovación, la perti-nencia del sistema de calidad, las necesarias relaciones y ar-ticulaciones del sistema con el entorno, las maneras de finan-ciación para la sostenibilidad del mismo y algunas disposi-ciones transitorias, sintetizan el camino recorrido de una

un desafíop a r a l a e d u c a c i ó n

del futuro

La reforma

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iniciativa que, a lo largo de su proceso de socialización y dis-cusiones, ha tenido muy pocos aplausos. Pero independiente-mente de la postura de algu-nos sectores de académicos resistentes y escépticos a la iniciativa, se ha de reconocer que la propuesta es necesaria y oportuna. Con ella se avizora un mejor panorama para un contingente de jóvenes de la sociedad colombiana, al que el actual sistema de la educación superior les niega la oportuni-dad para ingresar a él.

A todos interesa un sistema de educación superior que ga-rantice una amplia cobertura con alta calidad. Pero cuando al respecto el país trae un re-zago profundo en virtud de la ausencia de políticas y de pre-supuestos adecuados, como también por la indiferencia de los sectores productivos de la sociedad, ha de acogerse , aun-que no sea con la mayor ilu-sión, una propuesta que abre

puertas a posibilidades priva-das que contribuirán de mane-ra efectiva a la ampliación de la cobertura en el sistema, aun cuando no necesariamente ga-rantice en principio un mejora-miento de la calidad.

El acceso y permanencia en el sistema de la educación su-perior de los estudiantes que egresan de la educación media, es el primer reto del Estado y de la sociedad como estrategia de bienestar y desarrollo indivi-dual y colectivo. En tal sentido la Ley, de ser aprobada, faculta y estimula a las instituciones privadas a establecer alianzas (una práctica que no es nueva en el país y mucho menos nue-va en el ámbito universitario internacional, solo que ahora la ley, además de estimular-la, la regularía) que permitan cumplir con el propósito seña-lado. El segundo gran reto de la norma es que tal acceso y permanencia se den con cali-dad; asunto éste un poco más

complejo y difícil de alcanzar, pero ha de ser la misma sociedad quien, con sus univer-sidades y el acompa-ñamiento del Estado a través del asegura-miento de la calidad, la Acreditación de Alta Calidad, la evalua-ción, el fomento, y la inspección y vigilan-cia, previstos en el tí-tulo V del Proyecto de Ley, posibiliten este otro fin. De todas for-mas, será la calidad el aspecto de mayor sensibilidad, riesgo y atención por parte de todos en el proceso de implementación de la posible nueva ley.

En una lectura jui-ciosa del proyecto, par-ticulares asuntos que han sido del resorte de

la discusión en las previas so-cializaciones de la propuesta, como la autonomía universi-taria, la sostenibilidad finan-ciera de las universidades, la universidad pública y las políticas de bienestar, entre otros, no son objeto de me-noscabo en la iniciativa.

Finalmente, si bien la pro-puesta radicada en el Congre-so, no satisface todas las ex-pectativas, en tanto garantice del todo aquello de que “La Educación Superior es un de-recho, un bien público basado en el mérito y la vocación, y un servicio público inherente a la finalidad social del Estado”, ex-presado en su artículo prime-ro, sí es un interesante desafío para la universidad venidera. Quedan algunos interrogantes y posibilidades de mejora que, seguramente el escenario na-tural de las leyes tendrá que discutir, aprobar y desaprobar, por el bien del pueblo a quien representa.

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EDITORIAL

José Orlando Ugarte L.Decano

Facultad de Educación

Hoy las páginas de esta edi-ción de Edunotas están dedi-cadas a las diversas opiniones que se han generado frente a la propuesta de Reforma de la Ley 30 de 1992 y por supues-to, cabe preguntarse por la responsabilidad asumida en torno a sus debates. Conviene entonces, como académicos, cuestionarse cuál fue el aporte individual y de grupo, en este proceso de reforma sobre Edu-cación Superior.

El Ministerio de Educación Nacional presentó un proyec-to que según manifiesta, for-talece el acceso, la calidad y la pertinencia de acuerdo con la situación de la nación colom-biana, al igual que fomenta la transparencia, la eficacia, las alianzas, la seguridad jurídica, el Fondo de Seguridad Privada, la participación de las regiones, la formación docente, la inter-nacionalización y la movilidad.

El mismo Presidente de la República cuestionó el alcance de la propuesta al manifestar que el proyecto presentado “no se ajusta al contexto actual” y además invitó a naciona-les y extranjeros a participar, con miras a conseguir una ley

construida con el concurso y la intervención de todos.

Es discutible la propuesta de inspección y vigilancia, que se presenta más bien, para muchos, como un mecanismo de intervención que puede ge-nerar pérdida de la autonomía universitaria. La cobertura, en contravía de la calidad, resulta ser el aumento en número de estudiantes, incluidos los que sumaría la articulación de la educación media y la de forma-ción técnica y tecnológica con un norte, por demás, no discu-tido ni definido con claridad.

Un amplio sector de las uni-versidades estatales y privadas se siente escuchado pero no te-nido en cuenta. El sector pro-ductivo y los industriales mani-fiestan que la universidad de los colombianos y la propuesta de ley pretenden educar para otro país, pues parecieran no tener en cuenta que actualmente los programas académicos y las competencias que se desarro-llan, producen egresados para el desempleo y la dependencia. Así mismo, se mantienen pla-nes de estudio y metodologías de siglos pasados.

En busca de un debate responsable

Vale la pena se-ñalar que la cobertu-ra no se puede aumentar con los mismos profesores y con la misma infraestructura física y tecnológica de la universidad de hoy. Por otro lado, en la re-forma, la propuesta de un Sis-tema de Educación Superior como tal, no es lo suficiente-mente claro ni adecuado.

Por último, una universidad a la altura de los desafíos ac-tuales y de los problemas es-tructurales de Colombia, sólo se podrá implementar con un equipo profesoral desarrolla-do integral, científica, ética y pedagógicamente, con meto-dologías activas basadas en el aprendizaje e integradas a las tecnologías de la información y la comunicación. De estos elementos carece la reforma propuesta y no basta el segui-miento y acompañamiento de organismos como el Consejo Nacional de Acreditación -CNA- y la Comisión Nacional para la Calidad de la Educación Supe-rior -Conaces - para asegurar la calidad pretendida.

Participantes en panel sobre la Reforma a la Ley 30 de 1992, realizado en el auditorio principal de Uniminuto el pasado 10 de junio.

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Por: Luis Eduardo Motta RDocente LBEA

La educación es un derecho fundamental y de servicio público con una función social y como tal, todo ciudadano colombiano tie-ne derecho a ser educado con las mismas oportunidades, indepen-dientemente de su raza, religión, creencias o condición social y económica, para ser un ciudadano libre y autónomo.

El Estado debe garantizar a sus ciudadanos una educación de alta calidad, elemental, básica y superior, en las condiciones ne-cesarias que demanda una edu-cación en centros universitarios autónomos, con participación de-mocrática de sus estudiantes en las políticas institucionales y la financiación de las universidades del Estado.

¿Hacia dónde va la universidad con la reforma?

Frente a la educación superior la propuesta de reforma de la Ley 30 de Educación Superior, que el gobierno presentó, contiene cuatro elementos centrales: promoción de la calidad educativa y la inves-tigación, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo in-ternacional, aumento de recursos, y una gestión educativa con base en el buen gobierno.

No sabemos a dónde llegaremos con la propuesta de reforma de la Ley 30 y todas sus falencias fren-te a la necesidad de que se creen más centros de educación supe-rior oficiales. El gobierno busca consolidar una universidad exclu-yente, de élite y no una universi-dad oficial de amplia cobertura, que garantice buena calidad, des-conociendo las propuestas de la comunidad educativa. Tiene como eje principal, ampliar la participa-ción del mercado como estrategia fundamental para aumentar su

cobertura en detrimento de la ca-lidad de la educación, obligando a las universidades oficiales a com-portarse como agentes del mer-cado, igualándolas con las insti-tuciones privadas e ignorando el derecho humano a la educación tomándolo como una mercancía.

A cambio de cobertura y cali-

dad, propone la prestación del ser-vicio de Educación Superior a car-go de instituciones privadas con ánimo de lucro, como mecanismo para solucionar las enormes fa-lencias del sistema en cobertura y calidad. Lesiona la autonomía universitaria, va en contravía del bloque constitucional que la desa-rrolla en los aspectos académicos, administrativos y financieros y pretende poner a las Universida-des Estatales bajo la tutela de la rama ejecutiva del poder público. Limita la participación democráti-ca efectiva de la comunidad uni-versitaria, tal como lo han deman-

(Pasa a la Pág. 8)

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Por: Rafael E. Parada M. Coordinador de acreditación y calidad

No pretendo en estas bre-ves líneas ahondar en los ar-gumentos epistemológicos y/o teórico-conceptuales que han de fundamentar la nueva ley para la educación superior en Colombia; ni siquiera brin-dar propuestas concretas en cuanto a los componen-tes regulatorios de la mis-ma. Se trata simplemente de recordar, a manera de máxima, el principio “fun-damentador” que debe orientar la constitu-ción de una nueva ley que rija los des-tinos de la educa-ción superior en Colombia.

Porque lo impor-tante en la reforma no es: mantener o bus-car la autonomía de la institución de educa-ción superior, asegurar el financiamiento para las instituciones públi-cas o privadas, definir si se trata de un bien público o de un dere-cho fundamental, res-tringirles o no el áni-mo de lucro a las ins-tituciones de educación superior, preguntarse si la reforma corresponde a una ley ordinaria o a

una ley es-tatutaria, ni

mucho menos aumen-tar la cobertura a como de lugar, permitiendo

la llegada de IES con ánimo de lucro y

cediendo des-medidamente en beneficios para éstas.

E n t o n -ces, ¿cuál es la máxima que debe ins-pirar el fun-damento de la nueva ley de la educa-ción superior en Colombia?

Aquella que considera la

educación su-perior ante todo como un servicio social y que res-pete la dignidad del pensamiento de la universi-dad, entre tanto,

Ley 30 y calidad de la Educación Superior en Colombia

gozaremos de instituciones de educación terciaria libres para optar por lo único que les debe preocupar, que es prestar el ser-vicio de la educación con con-diciones de calidad, eficiencia y equidad. A partir de lo anterior, se deben precisar los sistemas de evaluación y autoevaluación con fines de acreditación o de renovación de la acreditación que permitan fortalecer, mejo-rar y consolidar una cultura de la calidad.

Porque la calidad no se pue-de pervertir, la calidad es inco-rruptible, no se puede ligar a intereses particulares ni mu-chos menos a instrumentos de medición cuantitativa e indica-dores de cumplimiento. La cali-dad es la clave del proceso edu-cativo. Actualmente la preocu-pación por la acreditación hace que las instituciones de Edu-cación Superior se concentren en la parte “procedimental” y dejen a un lado la oportunidad de “re-crear” sus programas y en general sus procesos aca-démicos. No se trata entonces simplemente de certificarse, de alcanzar la acreditación o la renovación de la acreditación sino de optimizar la calidad de las condiciones académicas y administrativas de las institu-ciones de educación superior en pro de la formación personal y profesional de los estudiantes que acceden a la universidad.

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Facultad de EducaciónUna Escuela de Excelencia en Pedagogía

DecanoJosé Orlando Ugarte L.Secretaria Académica

Yolanda Villarroel.Asesor de Comunicaciones

Mauricio Galindo S.Diseño y Diagramación

Arturo Rojas M.Colaboraron en este número

Bladimir Gutiérrez, Mario Vergara, Luis Eduardo Motta, Rafael Parada, Yolanda Villa-

rroel, Mauricio [email protected]

Webhttp://educacion.uniminuto.edu

Por: Yolanda VillarroelSecretaria académica

Imposible en cortas líneas hacer referencia a la totalidad del contenido del Proyecto de Reforma a la Ley 30, además, dicho contenido ha sido sufi-cientemente analizado en los diferentes medios y ha sido tema de foros a nivel regional y nacional como también ha dado lugar a manifestaciones públicas con matices políticos de distintas tendencias. Por consiguiente, me permito invi-tar, a través de estas reflexio-nes, a considerar la importan-cia del artículo 126 propuesto y la incidencia que éste tendría en el sistema educativo.

“ARTÍCULO 126. La articu-lación entre los niveles de for-mación que conforman el siste-ma educativo tiene por objeto mejorar la calificación del capi-tal humano y brindarle al indi-viduo opciones de movilidad y proveerle de las competencias necesarias para insertarse com-petitivamente en ámbitos socio-ocupacionales”.

En primer lugar se resalta que pese a tratarse de un pro-yecto centrado en la educación superior, el proyecto mira la in-tegridad del sistema educativo y de ahí la propuesta de arti-cular todos los niveles. En se-gundo lugar es una propuesta flexible por cuanto considera la necesidad de presentar op-ciones de formación y de movi-lidad a los individuos y se pien-sa en los ámbitos sociales y la-borales que requieren ciudada-nos formados en competencias para su inserción positiva en la sociedad actual.

La articulación es una rea-lidad en muchos de los ámbi-tos educativos de la educación media pero debe ser objeto de estudio por parte de las insti-tuciones de educación supe-rior para que sus propuestas de formación, se estructuren, no de espaldas a la educación que le antecede, sino de cara al futuro para cumplir con su función.

dado estas comunidades y lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En materia financiera, no cons-tituye la respuesta necesaria para superar el actual déficit en las uni-versidades estatales u oficiales. No atiende los elementos académicos, de investigación y del acervo cien-tífico y cultural acumulado por la comunidad académica universal y local, más si se tiene en cuenta que el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, modifica y lesiona la asignación presupues-tal a las universidades estatales.

La reforma avanza a la privati-zación total de la investigación de la universidad pública. Mantiene y agrava la precarización laboral de la mayoría de los profesores universitarios del país. Conduce a una involución en la reglamen-tación de la Educación Superior como Derecho.

Los miles de jóvenes que hoy y en el futuro se encuentran por fuera del sistema no podrán ac-ceder a las universidades priva-das con ánimo de lucro, las que impondrían matriculas signifi-cativamente más altas a las que hoy existen. De ser aprobada esta propuesta, se agravaría aún más la situación universitaria del país con la apertura absoluta al mer-cado de la universidad pública, restando oportunidades de forma-ción superior a nuestra juventud y aumentando con ello la inequidad social.

(Viene de la Pág. 6)

La incidencia del artículo 126 en la Ley

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