dh colombia

Los derechos humanos en ColombiaExamen periódico universal

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

ministerio de relaciones exteriores de colombiavicepresidencia de la república pr o g r a m a pre s i d e n c ia l d e d e re c h o s h u m a n o s y d i h2008

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Contenido

9 Glosario de siglas

13 Introducción

17 Aspectos fundamentales del Estado colombiano 17 Territorio 17 Población 18 Cultura y religión 19 Contexto histórico 20 Institucionalidad en derechos humanos

23 Lineamientos generales de la política gubernamental en materia de derechos humanos

27 Lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público 27 Reducción de la violencia en el país 28 Acciones implementadas para la desmovilización de grupos armados ilegales 29 Lucha contra los nuevos grupos armados ilegales 30 Homicidios en personas protegidas 35 Desaparición forzada 39 Tortura 41 Detenciones arbitrarias 44 Minas antipersonal

49 Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad 49 Acceso a la justicia 52 Lucha contra la impunidad 54 Procesos en el marco de la ley de justicia y paz

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59 Derechos económicos, sociales y culturales 60 Pobreza 62 Educación 65 Salud 68 Alimentación 70 Trabajo 71 Vivienda adecuada

75 Poblaciones vulnerables 75 Niños y niñas 80 Mujeres 85 Población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas 86 Personas con discapacidad 88 Personas en situación de desplazamiento 94 Minorías étnicas: indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales y rom 99 Defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas 105 Personas privadas de la libertad 107 Migrantes

111 Medio ambiente y desarrollo sostenible

115 Gobierno en Línea

117 Compromisos voluntarios asumidos por el Estado con ocasión del Examen periódico universal

123 Conclusiones

125 Bibliografía

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Glosario de siglas

acnur Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiadosacción social Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional asfaddes Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidosaicma Acción integral contra Minas antipersonalcpem Consejería presidencial para la equidad de la mujercic Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la

Promoción y Protección de los Derechos Humanoscicr Comité Internacional de la Cruz Rojacut Central Unitaria de Trabajadoresctc Confederación de Trabajadores de Colombiacgt Confederación General del Trabajocti Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalíacbpd Comisión de búsqueda de personas desaparecidascnrr Comisión nacional de reparación y reconciliacióncibeles Sistema de vigilancia epidemiológica de lesiones de causa externacinamap Autoridad nacional de Minas antipersonalcidh Comisión Interamericana de Derechos Humanoscisa Central de Inversionesdnp Departamento Nacional de Planeacióndas Departamento Administrativo de Seguridaddane Departamento Administrativo Nacional de Estadísticades Derechos económicos, sociales y culturalesdih Derecho Internacional Humanitario epu Examen Periódico Universaleln Ejército de Liberación Nacionalfarc Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiaicbf Instituto Colombiano de Bienestar Familiarinci Instituto Nacional para ciegos insor Instituto Nacional para Sordosinpec Instituto Nacional PenitenciarioJpm Justicia Penal Militar

Los derechos humanos en Colombia

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lgbt Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristasmbu Mecanismo de búsqueda urgentemap Minas antipersonalmuse municiones sin explotarmerpd Misión para el diseño de una estrategia de reducción de la pobreza y la

desigualdad nbi necesidades básicas insatisfechasnna niños, niñas y adolescentesoacnudh Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanosonu Organización de las Naciones Unidasoea organización de Estados Americanosodm Objetivos de Desarrollo del Milenioong organización no gubernamentaloit organización Internacional del Trabajo oag Observatorio de Asuntos de Géneroproceder Programa de seguimiento y evaluación de políticas públicas en derechos humanosplanedh Plan nacional de educación para el ejercicio de los derechos humanospaipsd población en situación de desplazamiento pnad Plan nacional de atención a las personas con discapacidadpci Programa contra cultivos ilícitospnde Plan nacional decenal de educaciónpuc Portal Único de Contrataciónresa Programa red de seguridad alimentariasidh Sistema Interamericano de Derechos Humanossirdec Sistema de información red de desaparecidos y cadáveresspoa Sistema penal oral acusatorioSinab Sistemas de información nacional de educación básicasnies Sistema nacional de información de educación superiorsina Sistema Nacional Ambientalsena Servicio Nacional de Aprendizajesisben Sistema de identificación para potenciales beneficiarios de los programas socialesvis vivienda de interés socialuvr Unidad de valor real


Examen periódico universal

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Fotografías Acción Social Ministerio de Cohmunicaciones

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Introducción

colombia apoyó la creación del Examen Periódico Universal (Epu) convencida de su utilidad para evaluar con objetividad la práctica de los Es-tados, fomentar la cooperación y promover mejores prácticas para garan-tizar los derechos humanos. El país asumió voluntariamente este ejercicio para propiciar un análisis profundo de su situación, su mejor comprensión y una cooperación transparente de los demás Estados.

Colombia es un país abierto al escrutinio internacional y comprometido con los órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Dere-chos Humanos (Sidh). Cuenta con una Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) desde 1997, cuyo acuerdo ha sido prorrogado hasta octubre de 2010; hay 23 oficinas entre agen-cias, fondos y programas de Naciones Unidas y una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr). De igual forma, existe una invitación abierta a los órganos y procedimientos especiales de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sidh, y se conformó un grupo de 39 embajadas que revisa periódicamente la situación de derechos humanos de manera conjunta con el Gobierno y la sociedad civil. Desde el año 2002 han visitado al país 10 mecanismos de evaluación de la Organización de las Naciones Unidas (Onu), y 4 del Sidh.1

1. Por la Onu, han visitado al país en los últimos siete años, la relatora especial sobre el derecho a la educación; el relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; el relator


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Además, el Estado se encuentra al día en presentación de informes y sigue atento las recomendaciones de los distintos órganos. En relación con las formuladas por la Oacnudh, se ha implementado un espacio de diálogo abierto en el que participan representantes de la sociedad civil y de las 39 embajadas mencionadas.

Es evidente que persisten retos para lograr la plena garantía de los de-rechos humanos que exigen mayores esfuerzos y eficacia del Estado, pero también lo es que ha habido importantes avances en la materia, posibles por el trabajo decidido y coordinado de todas las instituciones que, en coopera-ción con la población civil, han aplicado una política de la cual cabe destacar los siguientes elementos:

Compromiso de las autoridades públicas con la garantía y el respeto a •

los derechos humanosPolítica de seguridad democrática aplicada con transparencia y •

para garantizar el ejercicio de derechos y libertades para todos los habitantes sin distinción, en todo el territorio nacionalFortalecimiento de la justicia y combate a la impunidad: cero •

tolerancia con las violaciones de los derechos humanosGarantías para el funcionamiento sin presiones de todas las •

institucionesEstrategias de prevención a las violaciones de los derechos humanos: •

especial sobre las situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias; el representante especial del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos; el relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la relatora especial para la niñez y el conflicto armado y, por último, visitó el país en el segundo semestre de 2008 el Grupo de trabajo para el tema de detenciones arbitrarias y el representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los desplazados internos. Por la Oea han visitado el país el relator especial sobre libertad de expresión, el relator especial sobre derechos de la mujer, el relator especial sobre derechos de las personas privadas de la libertad, y el relator especial para población afrodescendiente.


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sistema de alertas tempranas y programas de protección, entre otrosPolíticas de protección y garantía de los derechos a las poblaciones •

más vulnerablesImpulso a una cultura de derechos humanos•

Relaciones de cooperación con la comunidad internacional•

Combate por igual a todos los grupos armados ilegales•

Incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la •

elaboración de planes de desarrollo a todos los nivelesIncremento significativo de las partidas presupuestales para atención a •

víctimas, protección y acciones en derechos humanosProcesos de desmovilización con obligación de responder por los •

derechos de las víctimasInterlocución permanente con todos los sectores sociales.•

De conformidad con la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Huma-nos, el informe del Estado no podía exceder las veinte páginas, por lo que para Colombia solo fue posible consignar en él los temas que de acuerdo con el proceso de consulta presentaban las mayores dificultades. Estos son: lucha contra la violencia; lucha contra la impunidad y acceso a la justicia; discriminación y poblaciones vulnerables, y derechos económicos, sociales y culturales.

De manera que el propósito de este documento es ampliar la infor-mación con el registro de las gestiones y acciones más importantes que se considera ha llevado a cabo el Estado colombiano en los temas relacionados con los derechos humanos, y reproducir los compromisos voluntarios que asumió con ocasión del Epu.

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Aspectos fundamentales

del Estado colombiano

colombia, situada al noroeste de América del Sur, está bañada por dos océanos: el Atlántico por el norte y el Pacífico por el sur. Comparte fron-teras con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

TerritorioColombia es un país con distintas condiciones geográficas, étnicas y

culturales. Tiene una superficie de 1.141.748 km2 y está dividido en entidades territoriales: departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. El municipio es la entidad fundamental de la división política administrativa del Estado. En la actualidad existen 32 departamentos y 1.102 municipios.

PoblaciónLos resultados del más reciente censo general (Dane, 2005) muestran

que en el país viven de manera permanente cerca de 44,5 millones de per-sonas, lo cual significa que es el tercer país más poblado de Latinoamérica, después de Brasil y México, y el vigésimo octavo en el mundo. Del total de la población, 51,2% son mujeres y 48,8% hombres, y el 75% se ubica en las zonas urbanas, mientras el 25% habita en las rurales.


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Cultura y religiónEn Colombia predomina la población mestiza. Sin embargo, según el

más reciente censo, el 10,5% de la población residente se auto reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente; el 3,4% como indígena, y alrededor del 0,1% como población rom2 .

El español es reconocido como lengua nacional, si bien tiene marcadas características dialectales y regionales. Además, el país dispone de una gran riqueza lingüística en sus comunidades indígenas; se han identificado 64 len-guas pertenecientes a 22 familias indígenas, que constituyen idiomas oficiales dentro de los territorios en los cuales son practicados. Las comunidades rai-zales de San Andrés y Providencia pertenecen a la cultura afroangloantillana y utilizan el inglés como lengua estándar y el criollo sanandresano como lengua doméstica. En el Caribe continental colombiano, en la población de San Basilio de Palenque, se habla la otra lengua criolla afrocolombiana, el palenquero. Los grupos rom o gitanos hablan su propio idioma, el romaní. Las lenguas y dialectos son también oficiales en sus territorios.

En la Constitución política de 1991 está consagrada la libertad de cultos, de manera que toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. De acuerdo con el registro público de entidades religiosas, en la actualidad existen en Colombia cerca de mil organizaciones de esa naturaleza; no obstante, el culto predominante es el cristianismo y la confesión mayoritaria, el catolicismo.

2. Se estima que el número de gitanos con ciudadanía colombiana está entre 5.500 y 8.000.

tabla 1

Pertenencia étnica de los colombianos

Indígena 3,4

Rom 0

Raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente 10,5

Fuente: DaNE, Resultados del censo 2005.


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Contexto históricoColombia vivió varias confrontaciones armadas durante el siglo XIX en

su proceso de conformación como Estado. Desde poco antes de la segunda mitad del siglo XX se presentó una de amplias proporciones, conocida como La Violencia, que culminó con un pacto entre los dos partidos políticos que la protagonizaron.

Como consecuencia de las dificultades del Estado para controlar el territorio, los efectos de la Guerra Fría y las limitaciones de la democracia, surgió una nueva confrontación armada de grupos guerrilleros contra el Estado. La degradación por parte de estos grupos y la debilidad estatal propiciaron el surgimiento de grupos de justicia privada. El narcotráfico facilitó los recursos para que estos grupos se fortalecieran de manera significativa hasta contar con cerca de cincuenta mil miembros en el pasado reciente.

Desde 1984 se han intentado innumerables procesos de negociación y se han realizado importantes reformas para perfeccionar la democracia. Como consecuencia de ello, siete grupos guerrilleros, tres grupos de milicias urbanas y 36 bloques de paramilitares se han desmovilizado. A octubre de 2008 de manera individual lo han hecho 17.450 personas, entre ellas 3.700 menores de edad. En 1991 se desarrolló la Asamblea Nacional Constituyente con la participación de cuatro de esos grupos desmovilizados y diversos sectores antes excluidos de la vida política colombiana. La Constitución que de allí surgió renovó las instituciones, fortaleció la democracia participativa y consagró una amplia carta de derechos y mecanismos para su protección.

Algunos grupos han desechado las posibilidades de paz ofrecidas y han incrementado sus ataques contra la población y las instituciones democráticas colombianas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con las cuales el último intento de negociación se hizo en una zona despejada de 42.000 km2 durante tres años, y con el acompañamiento de diez países y de las Naciones Unidas.

En consecuencia, la situación de derechos humanos en el país debe abordarse desde la perspectiva de un prisma de amplio espectro, en el cual confluyen una Constitución de creación pluralista y espíritu garantista de los derechos humanos, y una política de fortalecimiento de la institucionalidad


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del Estado en el territorio abierta a salidas negociadas si hay voluntad de los grupos armados ilegales.

Institucionalidad en derechos humanosEl siguiente es el marco institucional encargado de la protección y

promoción de los derechos humanos:En la Rama Ejecutiva, el Programa Presidencial de Derechos Hu-

manos y Derecho Internacional Humanitario (DIh), y las direcciones de Derechos Humanos en los ministerios de Interior y Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores, y Protección Social. Además, existen entidades gu-bernamentales especializadas que promueven los derechos específicos de poblaciones en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los niños, los discapacitados, los adultos mayores, las minorías étnicas, los desplazados y los desmovilizados.3

En la Rama Legislativa, el Congreso bicameral, además de promulgar leyes, ejerce control político sobre las acciones del Gobierno y cuenta con Comisiones de Derechos Humanos. Existen además bancadas de grupos étnicos y de mujeres.

La Rama Judicial imparte justicia, controla la constitucionalidad de los actos de los demás poderes y protege los derechos de los ciudadanos.

Como órgano de control, al Ministerio Público le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la

3. Se trata de las siguientes entidades del orden nacional: la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Cpem), la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior, la Dirección para Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, la Agencia

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, a cargo, entre otros temas, de atender a la población en situación de desplazamiento, la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que vela por los derechos de los niños, las familias y los adultos mayores; el Instituto Nacional para ciegos (Inci) y el Instituto Nacional para Sordos (Insor). (Ver anexo 3 Listado de Instituciones nacionales de derechos humanos).


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vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Comprende la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo4

y, en el nivel territorial, al menos una personería en cada municipio.Debe mencionarse aquí la valiosa contribución de las organizaciones

de la sociedad civil al objetivo de la vigencia de los derechos humanos en Colombia, así como su participación en muchos espacios de trabajo con entidades del Estado que han enriquecido el contenido de las políticas públicas en la materia.

4. En diciembre de 2007, el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Cic) ratificó el reconocimiento de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en la categoría o estatus “A”. Este reconocimiento significa que la Defensoría cumple a cabalidad con los Principios de París.

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Lineamientos generales de la política

gubernamental en materia de derechos humanos

la política gubernamental en derechos humanos se enmarca principalmente en los planes de desarrollo, en la política de seguridad demo-crática, en la estrategia de descentralización en materia de política pública en derechos humanos, en el proceso de construcción del Plan nacional de acción en derechos humanos y, de manera más particular, en la política de derechos humanos y Dih del Ministerio de Defensa.

El Plan nacional de desarrollo Hacia un Estado comunitario 2002-2006 estableció como principal objetivo del Estado la recuperación de la seguri-dad, para que se posibilitara el afianzamiento de su legitimidad en el territo-rio y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

El Plan nacional de desarrollo Estado comunitario. Desarrollo para to-dos 2006-2010 tiene tres grandes objetivos: a) afianzar los logros de la política de defensa y seguridad democrática, b) consolidar la confianza inversionista y un crecimiento económico elevado y sostenido con equidad social, que genere competitividad y empleo, y distribuya sus beneficios a todos los co-lombianos y c) cumplir con un ambicioso programa de metas sociales que permitan reducir la pobreza, promover la equidad y ampliar los programas del Estado de modo que lleguen a la mayoría de colombianos, sobre todo a quienes más lo necesitan.

En desarrollo de ambos planes de desarrollo, desde el segundo semestre de 2003 la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa adoptaron


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la política de defensa y seguridad democrática. El objetivo general de esta po-lítica es el de reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común. Se cimienta en la protección de los derechos fundamentales, en la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas, y en la solidaridad y la coopera-ción de toda la ciudadanía en defensa de los valores democráticos.

Por su parte, la estrategia de descentralización en materia de política pública en derechos humanos se traduce en una acción regional para evitar las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Dih, mediante procesos de planeación en los que participan de forma activa las autoridades departamentales, municipales y nacionales; la Fuerza Pública, la sociedad civil y las comunidades. Tales procesos se adaptan a las diferentes regiones de acuerdo con su cotidianidad, particularidades humanitarias, recursos y las condiciones de violencia que comporten5.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la aprobación de la Declaración y el Plan de acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se inició en Colombia el proceso de elaboración de un Plan nacional de acción de derechos humanos y Dih, que tiene como propósito lograr la plena vigencia de los derechos humanos y de la normativa humanitaria.

El Estado como un todo ha estado comprometido con el proceso de

5. De acuerdo con el Documento Conpes 3172 del 15 de julio de 2002 “Líneas de acción para fortalecer la política del Estado en materia de derechos humanos y Dih”, la política del Estado colombiano en materia de derechos humanos y Dih centra la atención en las siguientes áreas prioritarias: prevención de violaciones de derechos humanos e infracciones al dih; seguridad de los defensores de derechos humanos; atención a la población desplazada por la violencia; medidas particulares de impulso al Dih; impulso a la administración de justicia; cumplimiento de compromisos del Gobierno nacional frente a organismos o agencias internacionales; lucha contra los grupos armados al margen de la ley; Plan nacional de acción en derechos humanos y Dih, y fortalecimiento institucional.


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construcción del plan, y desde hace dos años 27 instituciones gubernamenta-les, en conjunto con los organismos de control e investigación, trabajan en tal sentido. Ya se dispone de un documento propuesta que está concertándose con amplios sectores de la sociedad civil representativos en el campo de los derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el territorial, y con voceros de dieciséis sectores considerados vulnerables. Ello ha ocurrido en el seno de la denominada Instancia de coordinación, instalada para el efecto el 26 de septiembre de 2006. En ella se han logrado acuerdos en relación con los ejes temáticos básicos previstos para el contenido del plan, y los criterios, principios y ruta metodológica para la concertación. A pesar de que se han presentado obstáculos en el diálogo, el Gobierno mantiene abiertas las puer-tas y la disposición para trabajar de manera conjunta.

Como ha sido concebido, el plan tiene un carácter estatal, con un enfo-que de género y perspectiva étnica que parte de una noción de integralidad de los derechos humanos y de la dependencia recíproca entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, a la luz de las prio-ridades que el país considere necesario establecer en un contexto de concer-tación interinstitucional y con la sociedad civil6.

Es importante mencionar que a principios de 2008, el Ministerio de Defensa adoptó su política integral de derechos humanos y Dih, la cual

6. Los objetivos del Plan nacional de acción de derechos humanos son:Proveer una guía para la actuación coordinada del Estado y su articulación con las

organizaciones de la sociedad civil, en materia de derechos humanos y DihPromover la cooperación en el diseño y ejecución de programas y acciones entre

las entidades de gobierno y del Estado, organizaciones no gubernamentales y sociales, grupos profesionales, y otros sectores de la sociedad civil

Impulsar la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y dihHacer énfasis en el papel que deben desempeñar los derechos humanos en el

desarrollo nacional y en el rumbo de sus instituciones con miras a fortalecer el Estado Social de Derecho. La estructura temática del plan es la siguiente:

Primer eje temático: énfasis en la promoción de una cultura en derechos humanosSegundo eje temático: énfasis en la garantía de los derechos a la vida, la libertad y la

integridad personales


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define los objetivos y establece los programas que en materia de derechos humanos y Dih deben conocer y desarrollar las Fuerzas Militares y, en los casos pertinentes, la Policía Nacional. Se trata de la hoja de ruta que enmarca el comportamiento de la Fuerza Pública en el desarrollo de sus operaciones. Cumple con tres propósitos: articular el sistema de enseñanza de derechos humanos y Dih, adecuar los métodos de instrucción en derechos humanos y Dih a las necesidades de la Fuerza Pública en el contexto actual, e integrar todas las capacidades de que dispone la Fuerza Pública para asegurar el cum-plimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y Dih.

Para cumplir el compromiso de defensa y respeto de los derechos hu-manos y Dih, en el año 2008 se creó el cargo de asesor jurídico operacional,7 cuya función es propender porque el desarrollo de las operaciones respete el marco constitucional y legal vigente. De la misma manera, la Jefatura de Educación y Doctrina del Ejército Nacional incorporó de manera transversal en los manuales operacionales y listas de chequeo, las normas de derechos humanos y Dih. Además, a cada unidad militar (división, brigada, batallón), se le asignó el 6 de noviembre de 2008 un oficial para que reciba las quejas sobre violaciones de los derechos humanos en guarniciones militares o de efectivos de la Fuerza Pública. Se hará un control de gestión semanal por teleconferencia que será transmitida en directo por televisión, para que el oficial rinda cuentas sobre las quejas recibidas. Se solicitará acompañamien-to a la Onu para que supervise este procedimiento.8

Tercer eje temático: énfasis en la lucha contra la discriminación y la promoción del reconocimiento de la identidad

Cuarto eje temático: énfasis en la promoción del enfoque de derechos en las políticas públicas en materia de educación, salud, vivienda y trabajo

Quinto eje temático: énfasis en la administración de justicia y lucha contra la impunidad.

7. Primero en la Fuerza Aérea Colombiana y luego en todas las Fuerzas Militares.8. Esta directriz fue impartida por el Presidente de la República durante la ceremonia de

los 89 años de la Fuerza Aérea Colombiana el 6 de noviembre de 2008.

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Lucha contra la violencia y

mantenimiento del orden público

a partir de los lineamientos generales mencionados en los párrafos precedentes, el Estado colombiano ha desarrollado medidas específicas para los distintos temas de derechos humanos.

En el presente aparte se revisan las concernientes a la lucha contra la violencia y el mantenimiento del orden público. En particular, los índices de violencia, las acciones implementadas para la desmovilización de gru-pos armados ilegales, para contrarrestar las acciones de los nuevos grupos armados ilegales, para la prevención y sanción de los homicidios en perso-na protegida, de las desapariciones forzadas, de los actos de tortura, de las detenciones arbitrarias, y por último, para hacer frente al problema de las Minas antipersonal.

Reducción de la violencia en el paísEn el año 2002 se perpetraron 28.837 homicidios, a una tasa anual de

66 por cada 100.000 habitantes. En 2007 se presentaron 17.198 (45,2% me-nos) a una tasa de 36,2. Los homicidios colectivos disminuyeron de manera aún más pronunciada: de 115 casos con 680 víctimas en 2002, se pasó en 2007 a 26 casos (77,4% menos) con 128 víctimas (81,2% menos). Durante el primer semestre de 2008, el número de víctimas en homicidios colectivos


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disminuyó 9,8% respecto al mismo período del año pasado. Los atentados terroristas disminuyeron 76,5% al pasar de 1.645 a 387 entre 2002 y 2007. En el primer semestre de 2008 los atentados terroristas bajaron 6% en relación con igual lapso de 2007. El secuestro extorsivo, perpetrado esencialmente por las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), disminuyó 87% en-tre 2002 y 2007, de 1.708 secuestros a 226. En general, la reducción de estos indicadores ha sido progresiva y constante (Dnp 2007, 2008).

Acciones implementadas para la desmovilización de grupos armados ilegales

El Estado mantiene abiertas las puertas al diálogo y la negociación para lograr la definitiva desmovilización de los grupos armados ilegales. Así lo ha demostrado presentando propuestas que la faciliten y teniendo gestos uni-laterales, como la liberación de dirigentes y miembros de las organizaciones guerrilleras detenidos, o acudiendo a los buenos oficios de miembros de la sociedad, de actores internacionales y de la Iglesia católica. Así, se ha logrado la desmovilización colectiva de 31.671 personas.

Existe además una tendencia creciente de desmovilizaciones indivi-duales, que pasaron de 412 en 2002 a 3.192 en 2007, y en octubre de 2008 ya sumaban 17.450. De ellas, alrededor del 80% se produjeron en las Farc y el 13% en el Eln. Durante el primer semestre de 2008 se desmovilizaron 1.680 miembros de grupos armados ilegales, 8% menos que en igual período del año inmediatamente anterior. Se destaca que el 89% de ellos eran miembros de las Farc (Dnp, 2008).

Para la atención adecuada de los desmovilizados, el 7 de septiembre de 2006 el Gobierno nacional creó la Alta Consejería para la Reintegración So-cial y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, que tiene como objetivo participar en el desarrollo de la política de reintegración a la vida civil, de personas o grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen voluntariamente de manera individual o colectiva.

Entre las actividades desarrolladas por esa dependencia, se destacan: acompañamiento psicosocial, atención en salud, formación para el traba-jo, servicio social, empleabilidad y planes de negocios. Se trata de que los participantes en el proceso de reintegración puedan adquirir las habilidades


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necesarias para la generación de ingresos y competir como cualquier colombiano en el mercado laboral.

La estrategia en educación consiste en ofrecerles a las personas desmo-vilizadas y a sus familias programas y proyectos en alfabetización, educación básica y secundaria y superior.

El servicio social busca beneficiar a las comunidades realizando acti-vidades como reforestación, arreglo de zonas verdes, reparación de zonas comunes y atención a población vulnerable.

La Alta Consejería además gestiona empleos en el sector formal, to-mando en cuenta tanto el perfil del desmovilizado como los requerimientos y la demanda del sector productivo. Asimismo, hace seguimiento al desem-peño de los participantes en sus puestos de trabajo.

Otra de las alternativas para generar ingresos son los planes de nego-cios unipersonales y asociativos, cuya estructuración y desarrollo apoya la Alta Consejería una vez identificada su viabilidad económica.

Esta política de reinserción ha vinculado a más de 29.000 desmoviliza-dos en programas de reintegración social y económica. Ha capacitado para el trabajo a 9.202 y se encuentran 4.109 en formación, 2.277 han recibido des-embolsos para proyectos productivos y están en estudio planes de negocios que beneficiarán a 14.878. Además, las campañas en el sector privado han logrado 3.000 cupos de trabajo para la población desmovilizada.

La Procuraduría también ha ejercido un control preventivo y ha hecho seguimiento a las políticas públicas para otorgar beneficios administrativos a la población desmovilizada y reinsertada.

Lucha contra los nuevos grupos armados ilegalesEn los últimos tiempos ha habido intentos de formar nuevos grupos

armados, denominados “bandas criminales emergentes”, cuya pretensión es controlar el negocio del narcotráfico (alrededor de 500 toneladas métricas anuales), y llevar a cabo otras actividades criminales o extorsivas, aprove-chando las dificultades que impone la difícil topografía de Colombia, y la corrupción.

La decisión del Estado ha sido clara en combatir con toda su capacidad a estos grupos. Para el efecto, se han adoptado las siguientes acciones:


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Creación de un mecanismo de verificación conjunto contra las •

bandas criminales en los ámbitos regional y nacional, y un centro integrado de inteligencia contra las bandas criminales. Por medio de los informes periódicos se ha logrado establecer que el 13% de los capturados o abatidos eran desmovilizados9

Cada mes se publica un informe sobre los resultados de combate •

contra estas bandasLa Misión de la • Oea apoya el seguimiento de este fenómeno.

Homicidios en persona protegidaEl Gobierno y en particular el Ministerio de Defensa están haciendo

grandes esfuerzos para prevenir homicidios en persona protegida, así como para impulsar que la Rama Jurisdiccional investigue y sancione a quienes los cometan. Uno de ellos lo representa la puesta en marcha de diferentes estra-tegias de prevención y de judicialización, así:

Estrategias de prevención•

Estrategias normativasDirectiva 10 de 2007: Reitera las obligaciones de legalidad, necesidad

y proporcionalidad por parte de las Fuerzas Militares y de Policía como autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, y prevenir homicidios en persona protegida; crea el Comité de segui-miento a denuncias sobre casos de presuntos homicidios en persona prote-gida, el cual ha sesionado en once oportunidades con el fin de impulsar las investigaciones penales y disciplinarias, identificar los factores que inciden en la ocurrencia de este tipo de hechos, fortalecer los controles y hacer re-comendaciones de prevención. Las ha hecho en materia de incorporación y respeto de las normas del Dih en el marco de operaciones militares, así como sobre el establecimiento de reglas de enfrentamiento claras sobre el uso de la fuerza.

Directiva 19 de 2007: Busca garantizar la práctica por parte de la Policía

9. Cifra calculada a partir del Informe de octubre de 2008 de la Policía Nacional (Policía Nacional, 2008).


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Judicial de las primeras diligencias investigativas cuando hay muertes en combate, ordenando a los comandantes de las unidades militares agotar to-dos los recursos disponibles para que cuando se presenten hechos que re-vistan las características del homicidio en persona protegida, las diligencias sean realizadas por la Fiscalía.

Estrategias de fortalecimiento de incentivosEl comandante general de las Fuerzas Militares expidió la Directiva

300-28 que privilegia las desmovilizaciones y las capturas como resultados operacionales de mayor valor sobre las bajas en combate, y previene la ge-neración de incentivos que pudiesen incitar a la comisión de conductas vio-latorias de los derechos humanos. De igual forma, el Comando del Ejército expidió en mayo de 2008 la Directiva 142, que cambia en este mismo sentido los criterios para el otorgamiento de la medalla al valor y la medalla de orden público.

Estrategias de capacitaciónCon el fin de capacitar sobre los contenidos de estas directivas, el Co-

mando del Ejército ha emitido una serie de instrucciones sobre procedimien-tos por seguir en casos de muertes en combate, las cuales han sido difundidas a todos los niveles en cada una de las unidades del Ejército Nacional.

Asimismo, la Dirección de Derechos Humanos y Dih del Ministerio de Defensa, llevó a cabo diez talleres de capacitación durante 2007, con la parti-cipación aproximada de 640 miembros de la Fuerza Pública, entre soldados, suboficiales y oficiales, y en 2008 ha realizado doce talleres sobre política Integral de derechos humanos y derecho operacional, en distintas unidades militares y policiales.

Estrategias de judicialización•

Fortalecimiento de la cooperación con autoridades judicialesEn junio de 2006 el Ministerio de Defensa suscribió un documento de

apoyo de la Justicia Penal Militar (Jpm) con la Fiscalía General de la Nación, en el que se señala que son los funcionarios de la Fiscalía quienes deben


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llevar a cabo las inspecciones en los lugares en los que ocurran bajas en de-sarrollo de operaciones militares, con el fin de garantizar total transparencia y legitimidad.

La Fiscalía puso en funcionamiento una subunidad de apoyo a la Unidad de Derechos Humanos para investigar presuntos homicidios en persona protegida. Esta unidad fue creada el 19 de octubre de 2007 y está conformada por tres fiscales en Bogotá, trece en otras ocho ciudades y un grupo especial de apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (Cti) de la Fiscalía. La misma comenzó su trabajo en enero de 2008 dándoles un espe-cial impulso a los casos de Antioquia y Meta, lo que no limita su actuación en otros departamentos.

El Comité de seguimiento a denuncias sobre casos de presuntos homi-cidios en persona protegida ha venido trabajando en la implementación de un mecanismo de reacción inmediata ante denuncias. Se creará un “equipo móvil” disponible en Bogotá, que se trasladará a la unidad comprometida tan pronto como se reciba una denuncia10.

De otra parte, desde junio de 2007 y hasta agosto de 2008, por iniciativa del Comandante del Ejército, se realizaron 21 visitas a las 7 Divisiones del Ejército con la Oficina del Oacnudh, durante las cuales se revisaron uno a uno los casos denunciados por este organismo. La idea es seguir realizando este tipo de visitas.

Impulso de casos en la jurisdicción ordinariaPor mandato constitucional, todos los casos de presuntos homicidios en

persona protegida deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria.

10. Vale señalar que en la actualidad se proyecta el acto administrativo para la creación del Comité operativo de reacción inmediata a las quejas. Al parecer, estará integrado por un grupo interdisciplinario especialista en materia de operaciones e inteligencia, con el fin de que se revisen los procedimientos adoptados en la situación que se cuestiona. Además, se prevé la participación de funcionarios de entidades externas que quieran formar parte de él. El comité ejercerá unas funciones de evaluación de los procedimientos militares, sin perjuicio de las acciones que les corresponda llevar a cabo a las autoridades judiciales competentes.


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Para ello la Dirección de la Justicia Penal Militar (Jpm) ha transmitido a sus jueces la importancia de analizar los casos en cada unidad judicial, y evaluar su envío a la justicia ordinaria cuando estos puedan caracterizar graves vio-laciones a los derechos humanos. A agosto de 2008 se habían remitido 226 casos a la justicia ordinaria.

Destitución y retiro de miembros de la Fuerza PúblicaAlgunos miembros de las Fuerzas Militares, incluidos generales, han

sido suspendidos de su cargo o retirados de la institución durante investiga-ciones por homicidios en persona protegida.

Por ejemplo, recientemente y con motivo de las graves denuncias de desapariciones en la localidad de Soacha, y de presuntos homicidios en la jurisdicción de la II y la VII División del Ejército Nacional, el ministro de Defensa creó, mediante la Resolución 4342 del 3 de octubre de 2008, una comisión de carácter transitorio, que para el efecto designó el Comandante General de las Fuerzas Militares, para analizar las circunstancias operacio-nales y recomendar las medidas administrativas correspondientes.

La comisión encontró serios indicios de negligencia del mando en dife-rentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción.

Concluyó que esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de al-gunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos, que goza-ban de impunidad a cambio de contribuir al logro de resultados irregulares que van en total contravía de la política de seguridad democrática y de la doctrina y el honor militar.

Estos hechos están siendo investigados penal y disciplinariamente por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, que cuentan con el apoyo total del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Militares.

El Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, en vista de las graves fallas encontradas por la comisión, tomó una serie de medidas administra-tivas, entre las que se destaca el retiro del servicio activo de tres generales,


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cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, cuatro mayores, un capitán y un teniente.

Estrategias de capacitaciónCon el fin de impulsar y facilitar el desarrollo de las investigaciones, en-

tre octubre de 2007 y mayo de 2008 se dictaron cuatro seminarios dirigidos a los funcionarios de la Justicia Penal Militar y los operadores jurídicos dis-ciplinarios, sobre la caracterización de hechos como graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, para agilizar el estudio de la competencia que asume a prevención la Fiscalía, se realizó en noviembre de 2007 en la ciudad de Medellín un curso de derecho operacional dirigido a fiscales. De igual for-ma, para preservar la escena de los hechos el Centro de Estudios Militares ha diseñado cursos de capacitación de los miembros de las Fuerzas Militares.

Investigaciones penales•

Durante el año 2007, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Dih de la Fiscalía desarrolló dos grandes comisiones especiales de impulso, to-mando como punto de partida los departamentos de Antioquia y Meta, por ser los que reportan la gran mayoría de los casos.

Además, se incrementó la planta de esa unidad y hoy se cuenta con un grupo de veinte fiscales con dedicación exclusiva, distribuidos en el país, en procura de mayores resultados que a la postre signifiquen la disminución del nivel de impunidad. A 30 de septiembre de 2008 tenía 589 casos o investiga-ciones, sobre las que se han obtenido 15 sentencias condenatorias, 44 conde-nados, 225 órdenes de captura, 91 medidas de aseguramiento, 247 afectados con medida de aseguramiento, 34 resoluciones de acusación, 117 personas acusadas, 76 en juicio y 763 vinculadas de las distintas fuerzas.

Iniciativas•

Se publicará un manual de derecho operacional que brinda las herra-mientas para la caracterización de la amenaza, la identificación del marco jurídico aplicable, la definición del nivel de la fuerza que se ha de emplear, la elaboración de órdenes de operaciones, y el diseño de reglas de enfrenta-miento claras y sencillas para el uso de la fuerza.


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Se implantará el Sistema de información sobre homicidios en persona protegida que centralizará, depurará, actualizará y permitirá hacer segui-miento permanente al número y estado de los casos. Se nutrirá de informa-ción proveniente de la Vicepresidencia de la República, la Onu, el Cicr, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía, entre otros, y operará bajo estrictos protocolos de administración de la información.

Se fortalecerá la figura de los asesores jurídicos operacionales capaci-tándolos en derecho operacional, y la incorporación de más abogados para poder cubrir las unidades tácticas.

Se promoverá la remisión a la Procuraduría General de la Nación, de investigaciones disciplinarias por hechos que revistan características de gra-ves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Dih.

Con el fin de buscar estrategias de solución a factores estructurales que ocasionan la dilación de las investigaciones disciplinarias en las Fuerzas Militares, se implementará el “Proyecto generación de instrumentos para la planificación integrada de diligencias entre organizaciones del Sistema de Justicia Penal y el Sistema de Control Disciplinario para los casos de viola-ciones a los derechos humanos e infracciones al Dih”.

Por último, en la audiencia “Acciones para atender homicidios de per-sonas protegidas en Colombia” del 22 de octubre de este año ante la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno nacional propuso el desarrollo trimestral de reuniones con participación de la sociedad civil para la evaluación de la problemática.

Desaparición forzadaEn Colombia existe un amplio marco jurídico garantista del derecho a

la libertad personal, así como normas y mecanismos que buscan hacer frente a la desaparición forzada.

La Constitución política, en su artículo 12, dispone que nadie será so-metido a desaparición forzada, a torturas ni tratos o penas crueles, inhu-manas o degradantes. Con fundamento en esta disposición, se expidió la Ley 589 del 6 de julio de 2000, “Por la cual se tipifican como delitos las conductas de genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y la tortura”.


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Incluye valiosas medidas de política criminal para el tratamiento del delito de desaparición forzada, como: la creación de la Comisión de bús-queda de personas desaparecidas, la implementación del registro único de personas desaparecidas, la puesta en marcha del mecanismo de búsqueda urgente, la promulgación de medidas para la administración de los bienes de propiedad de las víctimas, la obligación para el Estado de realizar todas las acciones necesarias tendientes a establecer el paradero de la víctima, y la pro-hibición de indultar o amnistiar a las personas que incurran en estos delitos. La misma ley contempla como actores del delito de desaparición forzada a los servidores públicos, a quienes actúen bajo la determinación o aquiescen-cia de aquellos y a los particulares11.

Comisión de búsqueda de personas desaparecidas•

La Comisión de búsqueda de personas desaparecidas (Cbpd) es un or-ganismo interinstitucional, que cuenta con la participación de la sociedad ci-vil12, tiene carácter nacional y permanente, y su objetivo primordial es apoyar

11. Código Penal, art 268: el particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 25 a 40 años, multa de quinientos 500 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes, y en interdicción de derechos y funciones públicas de cinco a diez años. A la misma pena quedará sometido el servidor público o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, y realice la conducta descrita en el inciso anterior.

12. Compuesta por el Fiscal General de la Nación o su delegado permanente, el Procurador General de la Nación o su delegado permanente, el Defensor del Pueblo o su delegado permanente, el ministerio de Defensa Nacional o un delegado de la Oficina de Derechos Humanos del ministerio; el director del Programa presidencial de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario o su delegado permanente, el director del Programa presidencial para la defensa de la libertad o su delegado permanente; el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o su delegado permanente; un representante de la Asociación de Familiares de


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y promover la investigación del delito de desaparición forzada. Ha coordina-do el diseño y la puesta en marcha del registro nacional de desaparecidos y cadáveres sin identificar, el Plan nacional de búsqueda de personas desapare-cidas, y ha reglamentado e impulsado el Mecanismo de búsqueda urgente.

Desde su creación en el año 2000 ha sesionado unas 140 veces y acor-dado con la sociedad civil los diferentes desarrollos de la política pública en esta materia. Es un órgano que desde el momento de su creación ha funcio-nado de forma ininterrumpida y al cual el Gobierno nacional le reconoce su máximo nivel dentro del Estado colombiano.

Plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas•

La Cbpd ha desarrollado el Plan nacional de búsqueda de personas des-aparecidas, que se ha implementado de manera piloto en el departamento de Casanare, mediante la identificación del contexto sociopolítico de la región. Se han documentado casos no judicializados sobre desaparición forzada de personas y se han identificado fosas. Asimismo se ha hecho acercamiento a familiares de víctimas desde una perspectiva psicosocial, y se ha contactado a los medios de comunicación para analizar la temática de la desaparición.

Mecanismo de búsqueda urgente•

Se ha puesto en práctica el Mecanismo de búsqueda urgente (Mbu), que tiene por objeto que las autoridades judiciales realicen, de forma inmedia-ta, todas las diligencias necesarias tendientes a la localización de la persona como mecanismo efectivo para prevenir la comisión del delito de desapari-ción forzada. La Defensoría del Pueblo hace seguimiento constante de los Mbu y consolida reportes sobre su comportamiento.

Sistema de información de desaparecidos•

A partir del 1 de enero de 2007 se implementó el Sistema de informa-ción red de desaparecidos y cadáveres (Sirdec). Desde el segundo semestre

Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y un representante de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos escogido por las mismas organizaciones (Comisión Colombiana de Juristas).


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del mismo año tuvieron acceso a él las entidades que forman parte de la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, y a partir del 10 de marzo de 2008 se dio acceso a los organismos de Policía Judicial.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha adelan-tado sus labores en el marco del Sirdec, y ha obtenido los siguientes resulta-dos: el procesamiento de 35.500 necrodactilias represadas, identificación de 1.350 cadáveres no identificados desde 1992 a 2007, y verificación de identi-dad de 21.214 cadáveres ingresados al instituto desde el año 1992 a 2007.

Medidas de prevención•

En la Directiva permanente 06 de 2006 el Ministerio de Defensa Nacio-nal adoptó medidas para prevenir la desaparición forzada de personas, apoyar la investigación de este delito y la búsqueda de las personas desaparecidas en desarrollo del mecanismo de búsqueda urgente. Para obtener mejores resul-tados, ha robustecido la sensibilización, capacitación e interiorización de las normas que regulan la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas.

Situación jurídica de los familiares de personas •

víctimas de desaparición forzada

Con la expedición de la Ley 589 de 2000, los familiares de las víctimas de los delitos de desaparición forzada y secuestro obtienen ciertos benefi-cios, a saber:

Representación legal del ausente, con el nombramiento como curador de bienes (administrador), al familiar más cercano en el orden establecido por las normas civiles.

Continuidad en el pago de los salarios u honorarios y prestaciones so-ciales a que tenga derecho el desaparecido.

Entre las acciones judiciales establecidas para garantizar la plena repre-sentación del ausente, se encuentran la declaración de ausencia y la declara-ción judicial de muerte presunta, a selección de los familiares. Tales acciones civiles están encaminadas a normalizar las situaciones patrimoniales que se presentan después de un secuestro, una desaparición forzada o una toma de rehenes, y otorgan competencias definidas por la ley para la administración


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de bienes y representación judicial en todas las actuaciones que debieron realizar las víctimas.

De igual manera, la Ley 986 de 2005, “por medio de la cual se adop-tan medidas de protección a las víctimas del secuestro y a sus familias”, que incluye a las víctimas de tomas de rehenes y desaparecidos forzadamente y a sus familiares, establece a favor de estos beneficios en materia financiera, tributaria, procesal, laboral, salud y educación.

TorturaColombia cuenta con un marco normativo de protección al derecho a

la vida y prohibición de la tortura. El Código Penal configura la tortura como un delito de sujeto activo indeterminado.13

13. Código Penal, art. 178: “Tortura. El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de 800 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior. No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas”. Por su parte, la Corte Constitucional ha recogido los estándares internacionales y ha realizado grandes avances jurisprudenciales en la materia. La Sentencia C-148/05, declaró inexequible la expresión “graves” con que se calificaban en el Código Penal los dolores o sufrimientos infligidos, tanto en la regulación del delito de tortura en persona protegida (Art. 137 C. Penal) como en el de tortura (Art. 178), lo cual significa que para que se tipifique el delito de tortura no será necesario que los sufrimientos o dolores que se inflijan a la víctima deban ser calificados como graves. En la Sentencia C-102/05 la Corte Constitucional desarrolla el tema de la relación entre el concepto de privilegio de la no incriminación con la tortura. En este mismo fallo, la Corte establece la prohibición de la tortura como derecho de aplicación inmediata, es decir, no sujeto a interpretaciones por parte de la autoridad que puedan llegar a ser violatorias.


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Capacitación•

La prohibición de la tortura se incluye en el modelo único pedagógico para la enseñanza de los derechos humanos y Dih en las escuelas de forma-ción, capacitación, entrenamiento y centros de instrucción y entrenamien-to de las Fuerzas Militares. También se está desarrollando la capacitación a fiscales especializados e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de todo el país, en el carácter de lesa humanidad del delito, su imprescriptibilidad, la tipificación internacional y en el derecho interno, adecuación típica de las conductas, investigación y prueba.

Formación y aplicación del Protocolo de Estambul•

En cumplimiento de la Sentencia del 12 de septiembre de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Wilson Gutiérrez Soler vs. Colombia, el Estado, asumiendo el papel fundamental que tiene en la eliminación y prevención de la tortura, ha desarrollado una estrategia de difusión y capacitación en el Protocolo de Estambul, así como en su imple-mentación.

La capacitación sobre el Protocolo, con el apoyo de Oacnudh, se exten-dió a todas las entidades que tienen contacto con el delito de la tortura, para que se acojan las directrices internacionales para el efectivo acercamiento a las víctimas, la documentación y la investigación efectiva del delito.

En el ámbito forense, el Instituto Nacional de Medicina Legal, para el desarrollo de sus labores, aplica la definición de tortura adoptada por la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En ese marco, la entidad ha incorporado en sus actividades los protocolos de Minnesota y Estambul. En esta misma línea, en el año 2006 se desarrolló un curso para los funcionarios peritos, con la asistencia de 153 de ellos, en el que se desarrollaron temas relacionados con dichos protocolos, el abordaje forense en casos de sospecha de tortura y la fotografía digital, entre otros.

Investigación y documentación de casos•

En cuanto a la investigación de casos, la Fiscalía ha creado una base de datos única sobre casos de tortura para su control y seguimiento. Asimismo,


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el Instituto Nacional de Medicina Legal, por intermedio del Programa de monitoreo de calidad básica, la base de datos Sistema de vigilancia epide-miológica de lesiones de causa externa (Sivelce) y la base de datos Sistema de información red de desaparecidos y cadáveres (Sirdec), realiza la detección y registro de signos de tortura, lo que ha permitido documentar casos de tortura a partir de parámetros internacionales.

Detenciones arbitrariasLa Constitución política consagra en su artículo 28 el derecho a la liber-

tad personal.14 En Colombia, como regla general hay reserva judicial en mate-ria de privación de la libertad, con solo dos posibles excepciones: la detención preventiva administrativa y en casos de flagrancia. Además, en Colombia también existe la figura del habeas corpus, tendiente a proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad.15

La Corte Constitucional ha desarrollado el tema de la libertad personal y las detenciones, así como los límites de las dos figuras excepcionales ante-riormente señaladas. A continuación se hace referencia a algunas decisiones jurisprudenciales que le han dado contenido y alcance a este derecho.

En la Sentencia C 024 de 1994, la Corte definió la detención preven-tiva administrativa como una aprehensión material que tiene como único

14. Artículo 28 de la Constitución política: “Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”

15. Artículo 30 de la Constitución política:”Quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.”


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objeto verificar ciertos hechos que sean necesarios para que la policía pueda cumplir su función constitucional del mantenimiento del orden público y de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades. Asimismo, estableció en dicha providencia que para que opere la captura administrativa, deben existir razones objetivas y motivos fundados. Ade-más, la detención administrativa debe tener ciertas condiciones, a saber: ser necesaria, ser proporcional, no sobrepasar las 36 horas para que la persona sea liberada o puesta a disposición de la autoridad judicial, operar solo para hechos graves, mantener plena aplicación del habeas corpus y respetar los derechos humanos del aprehendido.

En la Sentencia T-851 de 2004, la Corte desarrolló el tema de los dere-chos de las personas privadas de la libertad. En lo fundamental, estableció los siguientes criterios, de acuerdo con las reglas internacionales, constitu-cionales y jurisprudenciales:

Las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación de •

especial vulnerabilidad que impone especiales deberes al Estado.El pilar central de la relación entre el Estado y la persona privada de la •

libertad es el respeto por la dignidad humana.Las personas privadas de la libertad son titulares de todos los derechos •

constitucionales, sujetos a las restricciones legítimas derivadas de la medida privativa de la libertad correspondiente. Debido a que la privación de la libertad implica la suspensión absoluta de algunos derechos, pero no implica la restricción de los demás.Existe un contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las •

personas privadas de la libertad que es de imperativo cumplimiento, independientemente de la gravedad de la conducta por la cual se ha privado a la persona de la libertad, y del nivel de desarrollo socioeconómico del Estado.Las autoridades no pueden perder de vista que el fin de la pena es la •

resocialización del infractor.La reclusión prolongada de personas en las salas de retención •

transitoria de las estaciones de policía y otras instituciones, por más del tiempo legalmente permitido, es contraria a los postulados más básicos del orden constitucional.


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En la Sentencia C-237 de 2005, la Corte trató el tema de la flagran-cia, estableció que la excepción al principio de reserva judicial basado en la flagrancia, para la privación de la libertad, implica que un delincuente sea aprehendido en el momento en el que está ejecutando una conducta punible o cuando es sorprendido y capturado con objetos, instrumentos o huellas, que permita inferir fundadamente que se cometió una conducta punible. En estos eventos no será indispensable un mandamiento escrito de autoridad judicial competente. Sin embargo, es necesario que la persona capturada en flagrancia sea conducida ante un juez.

De otra parte, el nuevo Sistema penal oral acusatorio (Spoa) que entró a regir en Colombia de forma progresiva a partir de 2005 y que hoy día tiene aplicación en todo el territorio nacional, es una garantía adicional para el pleno respeto del derecho a la libertad personal, y al principio de reserva judicial.

La Ley 906 de 2005 que regula este sistema establece que la privación o restricción de la libertad tienen carácter excepcional; solo podrán ser inter-pretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, pro-porcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. En ese mismo sentido dispone que la libertad personal solo pueda ser afectada cuando sea necesario para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la com-parecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena.

La captura bajo el nuevo proceso penal opera de la siguiente manera:A diferencia del sistema anterior, que le permitía al fiscal ordenar di-

rectamente la captura, ahora se requiere orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razona-blemente fundados, para inferir que la persona es autor o partícipe del delito que se investiga, según petición hecha por el respectivo fiscal.16

16. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando no se encuentre un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que la persona es autor o partícipe de la conducta investigada, y


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Capturada la persona se pone a disposición de un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas para que efectúe la audiencia de control de legalidad y disponga lo pertinente en relación con el aprehendido.

La orden de captura tendrá una vigencia máxima de seis meses. Los organismos con atribuciones de policía judicial llevarán un registro actuali-zado de las capturas de todo tipo que realicen.

Si de la información suministrada o recogida aparece que el supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado será liberado por la Fiscalía. De la misma forma se procederá si la captura fuere ilegal.

Minas antipersonalA partir de la entrada en vigor de la Convención de Ottawa en 2001,

Colombia ha desarrollado diferentes acciones para atender la preocupante situación de presencia de Minas antipersonal en el territorio nacional.

Destrucción del arsenal almacenado por las Fuerzas Militares•

Desde el 26 de junio de 2003 hasta el 24 de octubre de 2004 las Fuerzas Militares hicieron la destrucción total de todo el arsenal de Minas antiperso-nal (Map) almacenado, que era de 19.222.

Destrucción de campos minados •

de protección de bases militares

Las Fuerzas Militares han destruido 8 de 34 campos minados de pro-tección de bases militares desde la entrada en vigor de la Convención de

concurra cualquiera de las siguientes causales: riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación; probabilidad fundada de alterar los medios probatorios; peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las 36 horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión.


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Ottawa. Se tiene previsto destruir los 26 campos minados restantes antes del 1° de marzo de 2011.

Destrucción de instalaciones y equipos para la •

fabricación de Minas antipersonal

En 1999, la industria militar destruyó todos los equipos para la produc-ción y fabricación de Minas antipersonal, y destruyó 2.542 minas de este tipo almacenadas en la fábrica de explosivos.

Creación del Programa presidencial para la acción •

integral contra Minas antipersonal

En el año 2002 se creó el Observatorio de Minas antipersonal, que es el escenario gubernamental para la aplicación de la Convención de Ottawa con la atención a sobrevivientes, programas de prevención y concientiza-ción, desminado humanitario, gestión de información e institucionalización y sostenibilidad del Plan nacional de acción contra minas. Luego, en el año 2007 dicho observatorio se convirtió en el Programa presidencial para la acción integral contra Minas antipersonal, entidad pública responsable de la coordinación y regulación de la Acción integral contra Minas antipersonal (Aicma) en Colombia, y de servir como secretaria técnica de la Autoridad nacional de Minas antipersonal (Cinamap).

El programa cuenta con un presupuesto de 7.815 millones de pesos, algo más de tres millones de dólares,17 provenientes de aportes presupuestales del Gobierno, la cooperación de la Embajada de Suiza y un proyecto con la Unión Europea. Tiene tres componentes fundamentales:

Atención a víctimas. Este componente tiene como objetivo generar e impulsar alternativas para garantizar la atención integral de las víctimas de estos artefactos, el ejercicio efectivo de sus derechos y su inclusión socioeco-nómica. Para ello se han previsto cuatro líneas de acción: conocimiento de los problemas y necesidades de las víctimas, identificación de las dificultades en la respuesta de las instituciones involucradas en la asistencia a las víctimas,

17. Las cifras en pesos colombianos se convirtieron a dólares estadounidenses conforme a la tasa representativa del mercado (Trm) del 17 de noviembre de 2008.


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formulación de alternativas de mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios que constituyen esa asistencia, trabajo conjunto con las entida-des competentes y apoyo de iniciativas que respondan a la problemática.

Una efectiva asistencia a las víctimas debe incluir atención integral (física y psicológica), acceso a indemnizaciones y ayudas humanitarias, y apoyo en la inclusión socieconómica. Así, el Programa presidencial de acción integral contra Minas antipersonal ha venido coordinando las siguientes estrategias:

Promoción y divulgación de la ruta de atención.•

Apoyo en la activación de la respuesta institucional frente a las •

dificultades de las víctimas de Minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, de acuerdo con lo establecido en la ruta de atención.Información a las víctimas sobre sus derechos, deberes, oferta •

institucional y procedimientos de atención.Información a las entidades y organizaciones competentes sobre sus •

responsabilidades y obligaciones respecto a la atención de las víctimas de Minas antipersonal.Movilización de recursos nacionales e internacionales para la atención •

y la rehabilitación de las víctimas.Implementación de soluciones que contribuyan a la eliminación de •

barreras económicas en el acceso a los servicios de atención integral, para proyectos productivos orientados a la inclusión socieconómica y hacia la asistencia con base comunitaria.Promoción de la vinculación laboral de las víctimas de Minas •

antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, por parte de las empresas del sector privado y en el marco de la responsabilidad social empresarial.Acompañamiento en la gestión de proyectos orientados a mejorar •

la calidad y la cobertura de la atención prehospitalaria, urgencias, medicoquirúrgica y la rehabilitación.Actualización permanente de la información sobre la situación de las •

víctimas.Elaboración de una ruta de atención integral para víctimas que incluye •

atención médica, psicosocial, escolar y laboral.


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Desminado humanitario. Este componente se refiere a la coordinación de las actividades de desminado que realizan las Fuerzas Militares de Co-lombia, por intermedio del Departamento de Desminado Humanitario, con el fin de dirigir y asegurar la sostenibilidad de los cuatro pelotones que com-ponen la compañía de desminado humanitario. La coordinación se hace en conjunto con la Inspección General de las Fuerzas Militares, la Escuela de Ingenieros Militares, la Organización de Estados Americanos y la Junta In-teramericana de Defensa.

A su vez, el componente es responsable de la elaboración y actualiza-ción de los protocolos nacionales de desminado humanitario respetando los parámetros establecidos en los estándares internacionales para la acción in-tegral contra Minas antipersonal.

El componente de desminado humanitario mantiene una interlocución permanente con las autoridades civiles y militares de los municipios y depar-tamentos contaminados con Minas antipersonal, con el fin de coordinar con las Fuerzas Militares las acciones pertinentes para atender las necesidades de la comunidad relativas a la destrucción de esos artefactos y otros explosivos improvisados, que ponen en riesgo la seguridad, integridad y el desarrollo de la población.

Educación en el riesgo de minas. La educación en el riesgo de minas busca tres objetivos fundamentales: minimizar las muertes y lesiones ocasio-nadas por las Minas antipersonal y municiones sin explotar (Muse), reducir su impacto socioeconómico y apoyar el trabajo de asistencia y desarrollo. La educación se refiere a los procesos dirigidos a la población civil para reducir el riesgo de daños, mediante la sensibilización y el fomento de una cultura de comportamiento seguro. Incluye:

Difusión de información pública: consiste en actividades de •

información relevante y básica de protección frente a las Map y las Muse. Se trata básicamente de información unidireccional, transmitida por los medios de comunicación (radio, televisión, afiches, plegables, cartillas…).Educación y capacitación: actividades pedagógicas y de entrenamiento •

encaminadas a generar y promover la adopción de comportamientos seguros tendientes a reducir el riesgo de daños provocados por Map y


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Muse. El proceso incluye impartir y adquirir conocimiento, actitudes y prácticas mediante la enseñanza y el aprendizaje.Enlace comunitario: las comunidades son el eje principal de la •

educación en el riesgo de minas. El objetivo del enlace con la comunidad y de su empoderamiento es reducir sus niveles de vulnerabilidad utilizando mecanismos de fortalecimiento del tejido social afectado por el riesgo de minas. En el proceso se deben identificar las capacidades, saberes y conocimiento de autocuidado existentes en la comunidad para promover y desarrollar estrategias locales de reducción del riesgo.

Acceso a la justicia y lucha contra la impunidad

en este apartado del documento se revisan las principales medidas del Estado colombiano para combatir la impunidad de violaciones de dere-chos humanos e infracciones al Dih. Se hace especial énfasis en los procesos especiales derivados de la Ley 975, conocida como ley de justicia y paz.

Acceso a la justiciaEn Colombia el acceso a la justicia para hacer prevalecer los derechos

fundamentales se garantiza a partir de una diversidad de recursos internos, entre otros:

La acción de tutela (conocida en otros países como la acción de am-paro), que puede ser interpuesta por cualquier persona cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o particular.18 No requiere mayor for-malidad en su interposición, ni de un representante legal para interponerla; debe ser fallada en diez días, cuenta con segunda instancia e incluso con

18. “La acción de tutela contra particulares procede cuando: a. el particular contra el que se dirige tenga a su cargo la prestación de un servicio público o desempeñe funciones públicas; b. la conducta del particular contra el que se dirige la tutela afecte grave y directamente el interés colectivo; c. el solicitante se halle en estado de subordinación o de indefensión frente al particular contra el cual se interpone la tutela”. (Sentencia T-798/07).


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posibilidad de revisión por la Corte Constitucional, y no acatar los fallos de tutela tiene como consecuencias acciones de desacato y sanciones penales. La efectividad y eficacia de la acción de tutela ha sido reconocida por la Cidh en su Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia.19

El habeas corpus, tendiente a proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad.20

Las acciones populares y las acciones de grupo, que tienen por objeto evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.21

La acción de inconstitucionalidad22 y la acción de nulidad, que facultan a los ciudadanos para demandar cualquier norma o acto administrativo que consideren contrario a la Constitución.

La Corte Constitucional ha hecho grandes aportes jurisprudenciales para proteger los derechos fundamentales y fortalecer la lucha contra la im-punidad, tales como:

19. El Cidh, en su Tercer Informe sobre la situación sobre derechos humanos en Colombia indicó que “la acción de tutela se ha convertido en un importante instrumento para la prevención de las violaciones de los derechos humanos y la protección del ejercicio efectivo de los derechos estipulados en la Constitución y en los instrumentos internacionales referentes a los derechos humanos. En general este mecanismo correctivo ha sido aplicado en forma amplia y rápida.”

20. Artículo 30 de la Constitución política: “Quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.”

21. Artículo 88 de la Constitución Política. Ley 472 de 1998 tiene por objeto regular las acciones populares y las acciones de grupo de que trata el artículo 88 de la Constitución política.

22. El artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y manifiesta que, para hacer efectivo ese derecho, puede “interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”.


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Ampliación del concepto de derechos fundamentales, estableciendo •

su conexidad con los Desc, precisando su alcance, fortaleciendo el concepto de igualdad e impulsando la discriminación positiva a los sectores más vulnerables.Declaraciones del “estado de cosas inconstitucional”, en las cuales se •

dan órdenes a entidades estatales a fin de superar violaciones graves y repetidas de derechos fundamentales.23

Establecimiento de la posibilidad de revisar procesos en los que •

ha habido fallo absolutorio, cuando un tribunal internacional de derechos humanos establece el incumplimiento del Estado en materia de investigación.24

Además, la ley prevé varios mecanismos alternativos de solución de conflictos que son promovidos por el Programa nacional de conciliación del Ministerio del Interior y Justicia, el Programa nacional de casas de justicia y paz, y la jurisdicción de paz.25

23. El “estado de cosas inconstitucional” se da cuando “a. Se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas –que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales– y b. Cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales” (Sentencia SU-090/00). La Corte Constitucional ha declarado el “estado de cosas inconstitucional” en seis situaciones: para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, para advertir sobre la falta de protección a los defensores de derechos humanos, para examinar el tema de distribución de recursos en materia de educación y para proteger los derechos de las personas pensionadas, de los notarios removidos de su cargo sin acto administrativo motivado de autoridad competente, de quienes se encuentran en situación de desplazamiento.

24. Sentencia C-04 de 2003. Corte Constitucional de Colombia.25. Decreto 1818 de 1998, Ley 497 de 1999 y Ley 640 de 2001.


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Lucha contra la impunidadDe otra parte, Colombia ha desarrollado varias acciones de lucha contra

la impunidad, entre las cuales se pueden señalar:La adopción en el año 2006 de la política de lucha contra la impunidad

en casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Dih, que se desarrolla alrededor de cuatro temas estratégicos: fortalecimiento institu-cional y organizacional, manejo de recursos, atención a víctimas y testigos, y mejoramiento de las condiciones operacionales durante la investigación, juzgamiento y sanción.

Para darle eficaz cumplimiento, se han destinado desde su creación hasta hoy más de 26.000 millones de pesos (unos 11,5 millones de dólares). De estos, 60,7% corresponde a recursos del Presupuesto General de la Na-ción, 19,6% a cooperación del Reino de los Países Bajos y 19,7% a coopera-ción de la Unión Europea. Los avances de esta política se pueden resumir en:

Fortalecimiento institucional y presupuestal de la Rama Judicial y en •

particular de la Fiscalía. Incluyendo a esta última, a Medicina Legal y a la infraestructura carcelaria y penitenciaria, los recursos se han incrementado 86%, entre 2002 y 2007 (Dnp, 2008).Creación en la Fiscalía de 2.166 nuevos cargos desde enero de 2008.• 26

Mejoría de las condiciones de seguridad y protección de los •

funcionarios judiciales en las regiones.Consolidación de las atribuciones de la jurisdicción ordinaria sobre la •

jurisdicción penal militar.Coordinación del trabajo con las entidades involucradas en la •

investigación, juzgamiento y sanción de casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Dih.Elaboración y socialización de una guía de caracterización e •

identificación de casos de violaciones a derechos humanos e infracciones al Dih, que hizo posible la capacitación de 240 operadores jurídicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado para la

26. El Decreto 122 de 2008 creó 1.412 nuevos cargos de carácter permanente y 753 cargos transitorios.


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asistencia y orientación integral a víctimas, mediante el diseño de una propuesta de arquitectura institucional.Impulso y seguimiento a casos de violación a los derechos humanos. •

Ello constituye una estrategia vital de la política, por lo cual se ha hecho énfasis en aquellos cometidos en contra de grupos vulnerables, como las comunidades indígenas y los sindicalistas, así como casos de homicidio en persona protegida.Puesta en marcha del Grupo de trabajo ampliado (conformado por la •

Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Proyecto de lucha contra la impunidad, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) como instancia de articulación interinstitucional encargada del seguimiento y coordinación de esta política.Creación en la Fiscalía de los Comités técnico-jurídicos de evaluación •

e impulso de casos, en los que semanal o mensualmente, los directores seccionales de la Fiscalía, los directores seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación, los fiscales coordinadores de unidad y los propios fiscales de conocimiento con los grupos de policía judicial, se reúnen con el fin de evaluar los resultados de la investigación, y analizar los avances y debilidades con miras a subsanarlas y facilitar el avance de las investigaciones.

Debe resaltarse la implementación desde enero de 2005, del nuevo Sis-tema penal oral acusatorio (Spoa). Este cambio en el procedimiento penal busca una justicia más garantista, eficiente, protectora de los derechos de las víctimas y en capacidad de enfrentar la gran criminalidad. El Spoa trae va-rios avances conceptuales importantes. Uno de ellos es la estricta diferencia-ción de los responsables de la investigación (Fiscalía), el control de garantías (juez de garantías) y el juzgamiento (jueces).

De igual forma, se han adoptado varios programas de protección de la vida e integridad personal de víctimas, testigos y funcionarios judiciales. Estos son: el Programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía; el Programa de protección y seguridad individual para servidores judiciales de la Rama judicial; el Programa de protección de derechos humanos del


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Ministerio del Interior y de Justicia, y el Programa de protección para vícti-mas y testigos de la ley de justicia y paz.

Procesos en el marco de la ley de justicia y pazLa Ley 975 de 2005, conocida como ley justicia y paz, tiene como ob-

jeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. A quienes no hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad se les aplica la Ley 782 de 2002 y otras normas reglamentarias.

Entre los procesos de paz desarrollados en el mundo, esta es la ley más exigente, como que no permite amnistías o indultos a crímenes de guerra o de lesa humanidad. Por el contrario, otorga a los victimarios una reducción de la pena privativa de la libertad a cambio de verdad, justicia y reparación para las víctimas, y del cumplimiento de compromisos de desarme y de no reincidencia. Vale la pena precisar que todos aquellos hechos que no sean esclarecidos de manera voluntaria por el uso de los mecanismos de la ley de justicia y paz, el Estado estará obligado a conocerlos y proseguir su investi-gación mediante la justicia ordinaria.

La ley de justicia y paz ha sido aprobada en todas las instancias insti-tucionales incluyendo la Corte Constitucional, la cual ha ejercido en trece oportunidades control de constitucionalidad sobre ella, a la luz de la Consti-tución y de los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos.27

Tres años después de expedida la norma, el Estado ha ejecutado las siguientes acciones con el fin de garantizar los derechos de las víctimas:

El Gobierno nacional ha postulado a 3.541 personas para la aplicación •

de la Ley.A agosto de 2008, se habían concluido 1.155 versiones libres que •

tuvieron como resultado la confesión de un importantísimo número de hechos delictivos. En la actualidad, están en curso otras

27. Ver las siguientes sentencias del año 2006: C-319, C-575, C-719, C-370, C-650, C-127, C-455, C-531, C-670, C-400, C-476 y C-426. Del año 2007 ver Sentencia C-080.


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301 versiones libres.28 En este punto es importante resaltar que la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el sentido de permitir la realización de imputaciones parciales, es decir que no es necesario que los victimarios en sus versiones libres terminen de detallar sus delitos, para que se pueda realizar la respectiva imputación, sino que esta puede hacerse a medida que vayan aceptando la comisión de aquellos. Esto permitió agilizar los procesos.29

Se han dispuesto salas móviles de versión libre que transmiten para las •

víctimas los testimonios de los desmovilizados postulados a recibir los beneficios de la ley.Se creó un registro único de víctimas que tiene 161.737 registros (• Dnp, 2008).Se han dispuesto recursos adicionales para fortalecer la Unidad •

Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía de acuerdo con sus necesidades reales, aumentando el número inicial de fiscales de 20 a 59 con facultad de procesamiento, 125 de apoyo y 400 investigadores.A septiembre de 2008 en las diligencias de exhumación de las fosas •

comunes se han encontrado 1.698 cuerpos, de los cuales 538 tienen posible identificación y 223 ya fueron identificados y entregados (Dnp, 2008).Para garantizar los derechos a la verdad y a la reparación, la ley creó la •

Comisión nacional de reparación y reconciliación (Cnrr), compuesta en su mayoría por la sociedad civil.Para informar a las víctimas se ha acudido a medios masivos de •

comunicación. Además, la Defensoría ha realizado brigadas jurídicas y presta a las personas que se consideran víctimas, asesoría, asistencia, acompañamiento psicosocial, y representación judicial y extrajudicial.

28. Los procuradores judiciales penales II, como agentes del Ministerio Público, han intervenido en 1.216 versiones libres.

29. Sala penal. Corte Suprema de Justicia. Sentencia 23 de julio de 2008. Magistrado ponente: Alfredo Gómez Quintero.


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A la fecha ha proporcionado orientación jurídica y apoyo psicosocial a 38.279 víctimas.30

En cuanto a la reparación a las víctimas, hasta la fecha los •

desmovilizados han entregado 4.619 bienes al fondo de reparaciones. El Gobierno expidió el Decreto 1290 de 2008, por medio del cual creó el Programa de reparación individual por la vía administrativa (paralelo a la reparación por vía judicial), que para los próximos tres años tiene prevista una inversión de 11 billones de pesos (más de 4,7 millardos de dólares). (Dnp, 2008).Se creó el Programa de protección para víctimas y testigos de la ley •

de justicia y paz, al cual se han destinado 21 millones de dólares entre 2007 y 2008. En la actualidad, por instrucciones de la Corte Constitucional, el programa está siendo revisado, con el fin de incluir enfoque de género y dar mayor celeridad en su funcionamiento.Gracias al apoyo financiero y técnico de • Oim-Usaid, se ha implementado un proyecto de asesoría jurídica especializada para garantizar la participación efectiva de las víctimas y la plena realización de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La decisión de extraditar a 14 personas de las 3.541 postuladas por el Go-bierno nacional para acceder a los beneficios de la ley, se tomó en virtud de la facultad discrecional que tiene el Presidente de la República, al considerar, ante serios indicios, que quienes fueron extraditados no estaban cumplien-do con las condiciones que exige la ley para acceder a sus beneficios. Esta decisión debe llevar a los demás miembros de los grupos desmovilizados a cumplir sus compromisos con la verdad, la reparación y la no-repetición. De igual manera, toda la estructura de mandos medios y combatientes sigue a disposición de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.

Además, el Gobierno aseguró la más amplia cooperación judicial con el gobierno de Estados Unidos, el cual designó un agregado judicial en la

30. Estas iniciativas han sido apoyadas por el Proyecto de lucha contra la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Dih, del Programa presidencial de derechos humanos y Dih.


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embajada en Bogotá para canalizar de manera inmediata todas las solicitu-des ante las autoridades competentes. De otra parte, se acordó que todos los bienes que entreguen allá los extraditados, producto de acuerdos con jueces norteamericanos, se destinen a la reparación de las víctimas en Colombia. El Gobierno solicitó a Estados Unidos permitirle enviar representantes colom-bianos a los juicios que se lleven a cabo en ese país, con el fin de continuar en la búsqueda de la verdad.31

Varias de las personas extraditadas han manifestado su interés en seguir favoreciendo el proceso de esclarecimiento de la verdad con posterioridad a sus procesos de negociación con la justicia de Estados Unidos; en algunos casos se están preparando las condiciones para realizar las diligencias con plenas garantías a las víctimas. Muestra de la continuidad de los procesos iniciados es el hecho de que, después de extraditado, el sindicado Mancuso Gómez, considerado uno de los máximos jefes de las autodefensas, devolvió 1.400 hectáreas de tierras que arrebató a 95 familias de las sabanas cordo-besas hace más de una década. En el acto de devolución, llevado a cabo en el mes de julio de 2008, su abogado leyó una carta elaborada a mano por el extraditado, en la que pidió perdón a las víctimas por el daño causado. El mismo sindicado, mediante el mecanismo de audiencia virtual, rindió su testimonio los días 25 y 26 de septiembre del presente año, ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de los casos investigados por dicho tribunal, y del 18 al 20 de noviembre continuará con su versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz.

De otra parte, en las declaraciones obtenidas en virtud de la mencio-nada ley y otras acciones, la justicia colombiana ha iniciado investigaciones tendientes a esclarecer los nexos entre el paramilitarismo y las distintas esfe-ras de la comunidad política. En efecto, 68 congresistas y seis alcaldes están

31. Existe un alto nivel de interlocución entre las autoridades colombianas y las estadounidenses con el propósito común de optimizar la cooperación judicial entre las partes y brindar toda la colaboración para facilitar el desarrollo de los procesos de justicia y paz. (Canje de notas surtido los días 25 de junio y 9 de julio pasados, entre el embajador de Estados Unidos en Colombia y los ministros del Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia.)


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siendo investigados; cinco congresistas, dos ex congresistas y un gobernador han sido condenados; cinco procesos contra congresistas han sido cerrados por falta de pruebas; cerca de cien empresarios están vinculados a diferentes procesos y la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha compulsado copias respecto a 76 miembros de las Fuerzas Armadas. Tales cifras evidencian la independencia y el avance en la labor investigativa y el intenso y permanente trabajo de la Rama Judicial para alcanzar la plena verdad sobre el fenómeno del paramilitarismo.32

32. La Fiscalía cuenta con una lista de 12 personas que pueden tener presuntos nexos con las Farc y a los cuales se les podría iniciar una investigación penal.

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Derechos económicos, sociales y culturales

el gobierno ha realizado esfuerzos importantes durante los últimos años para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, median-te el diseño y la implementación de políticas integrales que permitan hacerlos efectivos para toda la población, especialmente para los sectores vulnerables que se ven más afectados por la pobreza, la violencia y la inequidad.

Como consecuencia de estas políticas, se han logrado avances signifi-cativos en los últimos años, a los cuales se unen los esfuerzos de los jueces constitucionales, quienes mediante la acción de tutela han garantizado el goce efectivo de los Desc en casos concretos.

Sin embargo, aún se requiere que el diseño de las políticas públicas na-cionales, territoriales, sectoriales o poblacionales se inscriba siempre dentro del marco de la integralidad y universalidad propio del ejercicio de tales derechos.

Para ello, Colombia ha avanzado en el reto de medir adecuadamente los Desc, con el fin de asegurar que las políticas públicas contribuyan efec-tivamente a su realización. Así, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado el Programa de seguimiento y evaluación de políticas públicas en derechos hu-manos (Prosedher), que cuenta con una metodología de seguimiento y eva-luación cuyo objetivo es el de verificar hasta qué punto las políticas sociales garantizan, sin discriminación alguna, el respeto, protección y realización de los Desc. En 2005 se creó un Grupo interinstitucional de construcción de


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indicadores Desc, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República, con el propósito de elaborar una propuesta técnica de aproximación a los mismos para medir el avance real en su cumplimiento.

Los planes, políticas y programas sociales del Estado colombiano in-cluyen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Odm), relacionando las ac-ciones encaminadas a alcanzar estas metas con la garantía de los Desc. El fuerte compromiso del Estado con los Odm se evidencia con su inclusión en el actual Plan nacional de desarrollo de Colombia 2006-2010: Estado Comu-nitario: desarrollo para todos.

A continuación se revisan con mayor detalle los temas de pobreza, edu-cación, salud, alimentación, trabajo y vivienda.

PobrezaEl Gobierno de Colombia, comprometido con la lucha contra la pobre-

za y la desigualdad, ha desarrollado una política integral mediante la cual se ha logrado reducir el índice de pobreza en casi 11 puntos (de 55,7 a 45,1% entre 2002 y 2006), y el de pobreza extrema en 10 puntos (de 21,6 a 12% en el mismo lapso), y aumentar 19% el ingreso promedio de los hogares, que pasó de 383.000 pesos en 2002 a 455.000 pesos en 2006.33 (Dnp, 2007)

Similares resultados se observa al medir la pobreza por necesidades bá-sicas insatisfechas (Nbi). El porcentaje de hogares con al menos una Nbi pasó de 22,3 en 2002 a 18,7 en 2006. Asimismo, el porcentaje de hogares con dos o más Nbi disminuyó en el mismo período, de 6,3 a 4,5. (Dnp, 2008) Durante este período también se redujo la desigualdad de acuerdo con el coeficiente de Gini, que pasó de 0,58 a 0,54. Con estos resultados, la participación en el ingreso del 50% más pobre aumentó 36%, mientras que la del 20% más rico disminuyó 8%. De igual manera, los hogares con ingresos medios incremen-taron su participación en 8% del ingreso total (Dnp, 2008)

Estos avances son significativos para el país y responden a factores

33. La medición de ingresos de los hogares se presenta en pesos constantes de 2006 y se realizó a partir de lo reportado en las Encuestas de hogares. Aquí se tienen en cuenta todos los ingresos reportados: monetarios por la actividad principal y la segunda actividad, en especie y otros, como subsidios, rentas y ayudas en dinero.


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positivos, como el crecimiento económico, la consolidación de la política de seguridad democrática y la implementación del Plan de reactivación social 2003-2006, mediante la aplicación de siete herramientas de equidad (revolu-ción educativa, protección y seguridad social, impulso a la economía solida-ria, manejo social del campo, manejo social de los servicios públicos, país de propietarios y calidad de vida urbana).

En efecto, los indicadores de pobreza y pobreza extrema cayeron entre 2002 y 2006 por tres razones fundamentales: el crecimiento económico en el período, que estuvo por encima del 5% anual en promedio (en 2006 alcanzó el 6,8%); la disminución ocurrida en la desigualdad del ingreso como resul-tado de una mejora en los ingresos de los hogares, en particular de los más pobres, lo que significa que hubo crecimiento con equidad, y los importantes avances introducidos en la política social, efectivamente orientada hacia la población pobre (Dnp, 2007).

No obstante, aún es necesario seguir implementando estrategias con el fin de alcanzar las metas planteadas en el marco de los Odm y disminuir el índice de pobreza al 28,5% y el de indigencia a 8,8% para el año 2015.

Asimismo, en un esfuerzo gubernamental por establecer una polí-tica integral de reducción de pobreza, en la que no se trabaja solamente en asistir a los pobres, sino que se buscan el empleo y la equidad para toda la población, en el Plan nacional de desarrollo 2006-2010 se estipu-lan los lineamientos para que la política social se enfoque en ello. Se trata de consolidar y articular el Sistema de protección social, el cual se enfoca en responder a las necesidades de aseguramiento y gestión de riesgos y vulnerabilidades de toda la población. Este esfuerzo se ve complementado por la consolidación del sistema de promoción social, que se enfoca en dirigir las políticas y acciones a las familias más pobres y vulnerables, para la superación de su condición y la expansión de sus posibilidades, con el fin de que alcancen logros en términos de inclusión social y generación de ingresos propios.

La principal estrategia actual del Gobierno nacional para la reducción de la pobreza extrema es la implementación de la Red de protección social para la superación de la pobreza extrema –Juntos. Además, desde hace varios años se llevan a cabo programas de apoyo a la población pobre y vulnerable,


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para la acumulación de capital humano, como Familias en Acción34, y para promover el acceso a activos, como la Banca de las Oportunidades.

La Red Juntos se propone mejorar las condiciones de vida de 1,5 mi-llones de familias en situación de pobreza extrema y desplazamiento, entre 2007 y 2010 (Dnp, 2007), mediante el fortalecimiento y la construcción de capacidades para que esas familias puedan promover su propio desarrollo. Para lograr este propósito, el Estado se compromete a otorgar a los beneficia-rios acceso preferente a un conjunto de programas y servicios sociales, para que alcancen mejores condiciones de vida definidas mediante 45 logros bási-cos en las siguientes 9 dimensiones: identificación, ingresos y trabajo (capa-citación para el trabajo y proyectos productivos), educación y capacitación, salud, nutrición, habitabilidad (vivienda y saneamiento), dinámica familiar, bancarización y ahorro, y apoyo para garantizar el acceso a la justicia.

El Programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo mone-tario directo a la madre beneficiaria, siempre y cuando ésta cumpla con una serie de requisitos, como garantizar la asistencia de sus hijos menores al co-legio y a las citas de control de crecimiento y desarrollo, programadas para garantizar su derecho a la salud.

La Banca de las Oportunidades está dirigida a lograr de la población en general, y particularmente de aquellos de menores ingresos, el acceso a servicios financieros. Esta política está constituida por un conjunto de ins-trumentos que buscan facilitar el acceso a crédito, ahorro, pagos, manejo de remesas, y seguros. Las metas para 2010 son tener cobertura financiera en todos los municipios colombianos, aumentar en tres millones los microcré-ditos otorgados y en tres millones las cuentas de ahorro, fomentar 850.000 nuevos asociados a las cooperativas, e incrementar en 5% la bancarización en los próximos cuatro años.

EducaciónLa política de revolución educativa implementada por el actual Gobier-

no, enfatiza en la educación como un vehículo para lograr una sociedad más equitativa, lo que se ha traducido en mejores resultados en ampliación de

34. Ver en el aparte de población en situación de desplazamiento.


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cobertura y mejoramiento de la calidad; aunque se requiere, además de más y mejor educación, que ésta sea más pertinente frente a las demandas de los sectores productivos en una economía globalizada.

La evolución de la cobertura educativa ha mostrado avances importan-tes en los últimos cuatro años: entre 2002 y 2006 el país pasó del 88 al 94% de cobertura bruta en educación básica y media, y del 24 al 31% de cober-tura bruta en educación superior en programas de pregrado.35 En materia de acceso, la matrícula total en educación preescolar, básica y media pasó de diez millones de personas en 2002 a once millones en 2006, esto es, se incrementó en 10%. Asimismo la matrícula en educación superior aumen-tó de 1 millón a 1.301.000 estudiantes entre los mismos años. La deserción intra-anual se redujo en 1,8 puntos entre 2002 y 2006, pasando de 7,2 a 5,4%; en el caso de la educación superior, la deserción anual cayó de 16,5 en 2003 a 12,9% en 2006.36 A pesar de estos avances, se evidencia la necesidad de fo-calizar acciones para incrementar la cobertura de básica secundaria, media y educación superior.

Para afrontar las dificultades encontradas tanto en cuanto a calidad, permanencia, disponibilidad y acceso, como en la ausencia de pruebas que evalúen la calidad de los docentes, el trabajo infantil y el embarazo adolescen-te, el Estado ha dispuesto varias iniciativas. Por ejemplo, las pruebas “Saber”,

35. Por niveles educativos también se registran adelantos significativos; para el año 2006 el país alcanzó coberturas del 94% en transición y 115% en básica primaria. En educación básica secundaria y media se llegó a coberturas del 84% y 59% respectivamente. Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Finanzas – Ministerio de Educación Nacional. (Ver: Ministerio de Educación Nacional. Revolución educativa: Plan sectorial 2006-2010).

36. Entre 2002 y 2006 se presentaron los siguientes incrementos de matrícula: 20% en transición; 3% en educación primaria; 21% en educación secundaria; 26% en educación media y 30% en educación superior. Fuente: Cálculos Ministerio de Educación Nacional con base en la matrícula certificada por las secretarías de Educación (2002), Sistemas de información nacional de educación básica (Sinab) (2006), Sistema nacional de información de educación superior (Snies) y Censo Dane 2005. (Ver: Ministerio de Educación Nacional. Revolución educativa: Plan Sectorial 2006-2010).


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a las cuales fueron sometidos los maestros colombianos, que buscan mejorar la calidad de la pedagogía; y el programa Familias en Acción, iniciado en el año 2000, que se ha convertido en una política pública importante, que ha arrojado buenos resultados en materia de permanencia escolar.

Gracias a este programa, la tasa de asistencia escolar se incrementó 7,2% en zonas rurales para los niños beneficiarios en secundaria con edades entre 12 y 17 años, con lo cual la asistencia pasó de 66,9 a 74,1%; de otra parte, en las zonas urbanas se registró un aumento de 1,9%, de manera que la asistencia pasó del 82,2 a 84,1%. Para los niños de primaria con edades entre 7 y 11 años aumentó 1,5% la tasa de asistencia en la zona rural, al pasar de 92 a 93,5%. En las áreas urbanas la tasa de asistencia alcanzó el 94,2%.

La política mediante la cual se han venido desarrollando otras políticas puntuales para garantizar el derecho a la educación es el Plan decenal de educación 2006-2016, el cual tiene como objetivo convertirse en un pacto social por el derecho a la educación que, con el concurso de la instituciona-lidad y la ciudadanía en general, permita identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las transformaciones que la educación necesita.

En la actualidad se desarrolla como política el Plan sectorial 2006-2010, que constituye un compromiso del Gobierno de cara a los desafíos plasma-dos en el Plan decenal y se desarrolla alrededor de cuatro políticas funda-mentales: cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia.

En cobertura el Gobierno está ampliando las oportunidades de acceso, •

llegando a más personas vulnerables y desarrollando condiciones para asegurar la permanencia de los estudiantes en todos los niveles del sistema, otorgando prioridad a primera infancia, niños y jóvenes afectados por la violencia, grupos étnicos minoritarios, analfabetas y población rural.En cuanto a calidad, el énfasis está en la articulación de todos los •

niveles de enseñanza, buscando que todas las instituciones educativas trabajen en planes de mejoramiento.La política de pertinencia se ha concebido para que el sistema •

educativo forme el recurso humano que pueda responder al reto de aumentar la productividad y competitividad del país. Para ello, en torno al desarrollo de las competencias laborales, se propone


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establecer respuestas flexibles que faciliten la movilidad de los estudiantes entre los diferentes niveles de formación, y entre el sistema educativo y el mercado laboral.En la política de eficiencia, la prioridad es afianzar y consolidar los •

procesos de modernización y de aseguramiento de la calidad en todo el sector.

Por último, el Ministerio de Educación se encuentra liderando el Plan nacional de educación para el ejercicio de los derechos humanos (Planedh), con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República, la Oacnudh y la Alianza de Educación para la Paz. Con este plan se inició la implementación de un proyecto piloto de educación para el ejercicio de los derechos humanos, a tres años, en cinco departamentos del país. Tiene el objetivo de construir de manera coordinada con los entes territoriales y las instituciones educativas, estrategias que permitan una educación para el ejercicio y la práctica de los derechos humanos.

El proyecto se propone la incorporación de la educación en derechos humanos de manera transversal en las instituciones, en una perspectiva de escuela abierta, donde se involucra la realidad del contexto de la comunidad educativa para ser transformado por ella y darle sentido a la educación.

SaludEn Colombia, 90,4% de la población se encuentra protegida por el Sis-

tema de seguridad social en salud. De los 44.450.260 de habitantes estimados a diciembre de 2007 hay 40.196.310 afiliados al Sistema general de seguridad social en salud (17.198.637 al régimen contributivo y 22.997.637 al régimen subsidiado) y 1.910.351 beneficiarios de los regímenes exceptuados. La cober-tura ha aumentado 100% en el régimen subsidiado, 37 gracias a los esfuerzos

37. Para la afiliación al régimen subsidiado de salud, y con el fin de focalizar la población vulnerable, Colombia prioriza a los niños menores de cinco años, mujeres en embarazo o en período de lactancia, población en situación de desplazamiento y población en situación de discapacidad. La población en situación de desplazamiento asegurada o no asegurada está exenta de pagos para la prestación de servicios de salud.


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del Gobierno, que en 2008 ha garantizado 500.000 millones de pesos para vincular a 2,5 millones de personas más a este régimen.38

Sin embargo, aún existen dificultades para garantizar el acceso a los ser-vicios de salud en condiciones de universalidad y equidad, particularmente porque el Plan obligatorio del régimen subsidiado es inferior al Plan obliga-torio del régimen contributivo, por lo que este Gobierno se ha comprome-tido a realizar los esfuerzos necesarios para unificar el Plan obligatorio de salud para los niños de todos los estratos sociales, como primer paso para cumplir con el reciente fallo de la Corte Constitucional39, que ordena unificar los beneficios de ambos regímenes.

La prestación del servicio de salud en Colombia es descentralizada. El Plan nacional de salud pública 2007-201040 define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las acciones y planes de salud territoriales, con el fin de atender y prevenir los principales factores de riesgo para la salud y la promoción de estilos de vida saludables entre los colombianos, haciendo énfasis en las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En este plan se definen como prioridades nacionales la salud infantil, la salud sexual y reproductiva, la salud oral, la salud mental, las lesiones violentas evitables, las enfermedades crónicas, la nutrición, la seguridad sanitaria y las enfermedades de origen laboral.

Para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, se han ejecutado acciones por parte del Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de Cancerología, y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarro-llo Territorial, con el objetivo de desarrollar e implantar el Plan estratégico de salud pública, fortalecer estratégicamente el programa ampliado de in-munizaciones, diseñar una política nacional sobre el control del cáncer, ac-tualizar el Plan intersectorial de prevención y control del Vih/Sida, mejorar

Colombia destina recursos adicionales del presupuesto nacional para la atención en salud a la población en situación de desplazamiento y discapacidad.

38. En el año 2002 el régimen subsidiado contaba con 10.744.289 afiliados. (Mps, 2008).39. Sentencia T-760 de 2008. Corte Constitucional. Magistrado ponente: Manuel José

Cepeda.40. Expedido mediante el Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 0425 de 2008.


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las condiciones de salud mental de la población y desarrollar una política nacional de salud ambiental 2006 -2010.

Frente a la vacunación y la mortalidad infantil, se ha fortalecido el Pro-grama ampliado de inmunizaciones en los ámbitos territorial y nacional, gracias a la gestión de un crédito con la banca multilateral,41 el cual ha facili-tado mejoras en las condiciones de equidad en la vacunación, y eficiencia en la utilización de los recursos. Para el año 2007, el Ministerio de la Protección Social reportó coberturas de vacunación del 94,6% con triple viral en niños de un año, y del 93% con polio y pentavalente en menores de un año.

En materia de salud sexual y reproductiva, el Gobierno diseñó una política pública para el período comprendido de 2002 a 2006, que logró el descenso en la tasa total de fecundidad de 2,6 a 2,4 hijos por mujer, un incre-mento en el uso actual de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad fértil de 76 a 78%, el aumento de 91 a 94% en la atención prenatal, y de 86,4 a 92% en el parto institucional. La cobertura de detección del cáncer de cuello uterino por citología alcanzó el 84%. Además se logró la inclusión de méto-dos anticonceptivos en el Plan obligatorio de salud.42

41. Por valor de 133,7 millones de dólares para el fortalecimiento del programa en todo el país.

42. En el orden territorial se incluyó la salud sexual y reproductiva en los lineamientos técnicos para la formulación y ejecución de los planes estratégicos y operativos del Plan de atención básica (Pab) 2004-2007, que definieron entre las acciones de estricto cumplimiento, la promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en adolescentes y el suministro de métodos de anticoncepción hormonal, de barrera y emergencia a adolescentes no asegurados, a poblaciones en condición de desplazamiento, zonas marginales y de riesgo. En general, la política nacional de salud sexual y reproductiva buscó ser diseñada de acuerdo con lo planteado en la Cuarta conferencia mundial sobre la mujer (1995) y la Conferencia internacional sobre población y desarrollo (1994) que, a su vez, incorporan la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Esta política retoma diversos antecedentes jurídicos y políticos, nacionales e internacionales, que respaldan la propuesta estratégica incluida, entre los que se destacan: las conferencias mundiales convocadas por la Organización de Naciones Unidas, particularmente la de Población y Desarrollo


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Para afrontar la difusión del Vih, se incluyeron nuevos procedimientos diagnósticos y medicamentos antirretrovirales en el Plan obligatorio de sa-lud, y se revisaron y ajustaron las normas técnicas y las guías de atención del mismo. Hoy día el acceso al tratamiento de pacientes infectados es del 70%, y además existe un programa especial para la reducción vertical de Vih de madre a hijo.

Cabe señalar que 1,1 millones del total de afiliados en el año 2007 en el régimen subsidiado son indígenas (Mps, 2008). Además, en Colombia se adoptan acciones afirmativas para la prestación del servicio de salud a los grupos étnicos, tal como se reseña en el aparte de poblaciones vulnerables.

AlimentaciónEn los últimos cinco años Colombia ha dado un gran salto en materia

de programas de alimentación para niñas y niños, financiados con recursos del Gobierno nacional. Se ha pasado de 3,9 millones de niños atendidos en 2002, a 9 millones en 2008. De estos niños, 6 millones son atendidos por los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y más de 3 millones por Familias en Acción, que asegura la educación y salud de los niños y niñas vinculados a este programa.43

Entre los programas de complementación alimentaria desarrollados por el Icbf, se destacan el Programa de desayunos infantiles, que brinda complementos nutritivos a los niños y niñas con el apoyo de las alcaldías municipales, y el Programa de restaurantes escolares creado con el propósito de contribuir al acceso de los niños al sistema educativo, evitar la deserción escolar y promover la asistencia regular, suministrando un complemento

(El Cairo, 1994) y la Cuarta conferencia mundial sobre la mujer (Beijing, 1995), y la Constitución Nacional y sus desarrollos, entre otros, y se precisan los principales problemas en los temas prioritarios en torno a los cuales gira la propuesta: maternidad segura, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de los adolescentes, cáncer de cuello uterino, infecciones de transmisión sexual incluyendo Vih/Sida y violencia doméstica y sexual.

43. Palabras del Presidente de la República en el encuentro “América Latina y el Caribe sin Hambre”. Septiembre 2007.


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alimenticio a niños y niñas matriculados en instituciones públicas ubica-das en los estratos 1 y 2, dándole prioridad a las escuelas ubicadas en zona rural, indígenas y con alta proporción de estudiantes en situación de despla-zamiento.

Para los adultos mayores, el complemento alimentario ha aumentado sustancialmente su cobertura. En 2002 se subsidiaba a 60.000 ancianos y en 2007 fueron más de 800.000 las personas mayores de 60 años atendi-das, ya sea con el subsidio monetario para su alimentación, del cual fueron beneficiarios 425.634 en 2007 y 459.606 en 2008, o con el Programa nacio-nal de alimentación para el adulto mayor “Juan Luis Londoño de la Cuesta”, que atiende a 381.233 usuarios, proveyéndoles directamente la alimentación mediante una ración preparada (almuerzo servido durante todos los días hábiles del año) o una ración por preparar (paquete de alimentos y un kilo de Bienestarina al mes).44

Además, teniendo en cuenta que en Colombia el 52% del total del gasto público está a cargo de las regiones, deben señalarse también los esfuerzos de las entidades territoriales en la lucha contra el hambre, donde se destacan el programa de Bogotá sin Hambre y el programa Maná en el departamento de Antioquia, que han combatido la pobreza extrema mediante complemen-tos alimentarios y subsidios económicos a niños y madres gestantes de los estratos más bajos.

La implantación del Programa red de seguridad alimentaria (Resa) ha contribuido a la seguridad alimentaria, generando un cambio de actitud en las familias campesinas vulnerables, o vulneradas por la violencia, mediante el impulso a proyectos de producción de alimentos para el autoconsumo, con el propósito de prevenir futuros desplazamientos, afianzar el arraigo y estimular el retorno. Hasta el año 2007 se han desarrollado 188 proyectos en 911 municipios, que han beneficiado a 540.739 familias.45

44. Informe de Colombia al Cescr, 2008.45. Informe final de gestión 2007. Acción social. Programa de Seguridad Alimentaria –

Resa.


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TrabajoEl dinamismo del mercado laboral durante el primer gobierno del

Presidente Uribe y lo que va del segundo, ha permitido una reducción drástica del desempleo, gracias a la creación de 1,9 millones de nuevos puestos de trabajo46 en sectores estratégicos, y mejores condiciones labo-rales debido a la reducción en el nivel de subempleo por insuficiencia de horas trabajadas.

La tasa de desempleo promedio anual a nivel nacional durante el año 2007 fue 11.1, cuatro puntos por debajo de la tasa más alta, presentada en el año 2002 (15,7). Respecto al desempleo femenino, 2007 es el año que pre-senta la tasa más baja (14,6) en los últimos seis años.47 En agosto de 2008 el número de personas sin trabajo descendió a 2´139.000, mientras que la cifra de empleados ascendió a 17´341.000. La tasa de desempleo en Colombia se redujo de 11,8% entre septiembre de 2006 y agosto de 2007, a 11,1% entre los mismos meses de 2007 y 2008 (Dane, 2008).

Frente a la seguridad social de los trabajadores en Colombia, debe re-saltarse que la afiliación ha crecido entre 2002 y 2007 así: 28% en régimen contributivo de salud, 88% en riesgos profesionales y 48% en pensiones. El aumento ha continuado en 2008, hasta cubrir a 14´240.682 de personas afi-liadas en el Sistema general de pensiones para mayo de este año, y 6.111.187 de afiliados al Sistema de riesgos profesionales, en abril (Mps, 2008).

Asimismo se ha avanzado en el desarrollo de acciones para la pro-moción de la salud ocupacional y la prevención de riesgos en la población laboral vulnerable de jóvenes trabajadores en el sector informal de la eco-nomía. Estas actividades contemplan la caracterización de condiciones de salud y trabajo de esta población, reuniones de sensibilización social, talle-res de capacitación sobre riesgos ocupacionales específicos de la labor que desempeñan, e implantación de medidas sencillas de intervención para el mejoramiento de condiciones de trabajo.

46. Información preparada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para la audiencia temática ante la Cidh, en octubre de 2008.

47. Información preparada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para la audiencia temática ante la Cidh en octubre de 2008.


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Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), ofreció más de 5.150.000 de cupos de formación profesional integral en 2007, superando la meta inicial de 4.500.000 cupos, lo que equivale a un cumplimiento del 115% respecto a la meta 2007, y del 93% frente a la meta establecida para el cuatrienio (Mps, 2008). Se ha promovido el desarrollo de estrategias para la vinculación laboral preferencial de grupos de población vulnerable, como desplazados, reinsertados y personas con algún grado de incapacidad, lo-grando la participación y el compromiso activo del sector empresarial.

Como avances legislativos pueden contarse tres nuevas leyes: la Ley 1210 de 2008, que supera una de las divergencias legislativas que Colombia tenía con la Oit en cuanto a las facultades para la declaratoria de legalidad o ilegalidad de huelgas y paros; la ley de Cooperativas de trabajo asociado, Ley 1233 de 2008, que ayudará a controlar y regular la labor de dichas cooperati-vas, y el proyecto de ley que disminuye los aportes de salud de los pensiona-dos, de 12,5 a 12%, que será sancionada por el Presidente en tanto sea avalada por la Corte Constitucional.

Vivienda adecuadaEn Colombia, el 54% de los colombianos tiene vivienda propia, mien-

tras que el 31% pagan arriendo o subarriendo por la vivienda en la que ha-bitan. En las zonas rurales el 62% de los habitantes son propietarios, 12% arrendatarios y 17% habitan sin pagar, pero con permiso del propietario. En las zonas urbanas el 37% son arrendatarios y el 52% propietarios.

En el plan de desarrollo 2002-2006 se constituyó “Colombia un país de propietarios” como una de las siete herramientas de equidad, con el propósito de incentivar el acceso a la propiedad privada, el desarrollo de las micro, pe-queñas y medianas empresas, y el acceso a la vivienda de interés social (Vis). Esta política en materia de vivienda tuvo como objetivo impulsar la construc-ción de vivienda bajo criterios empresariales con responsabilidad social, para afrontar con eficiencia el déficit habitacional. Para ello se trabajó en tres áreas estratégicas: Sistema nacional de subsidio y crédito familiar de vivienda de interés social, urbana y rural, instrumentos financieros, y desarrollo técnico.

En la primera área estratégica se desarrollaron acciones para la optimi-zación del modelo de subsidios, como la implantación del Programa nacional


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de subsidio familiar de vivienda, el Programa nacional de subsidio familiar para la vivienda rural, en dinero, o el Programa de subsidios en especie, que permite entregar terrenos con vocación de vivienda de interés social.

El Gobierno avanzó en la optimización y ampliación de oferta de sub-sidios y créditos para Vis, incrementando, entre 2002 y 2005, en 76% la asignación anual de subsidios y en 74% la de los créditos. A partir de 2007, se cuadruplicó la asignación presupuestal al sector de la vivienda social en Colombia, gracias a una ley que permitió aumentar de 150.000 millones de pesos al año (casi 65 millones de dólares) a 410.000 millones de pesos (más de 177 millones de dólares) que incluyen 60.000 millones de pesos (unos 26 millones de dólares) para vivienda rural. A esto se ha sumado una asigna-ción especial de recursos para desplazados por 250.000 millones de pesos (cerca de 110 millones de dólares). A la fecha se han asignado 443.590 subsi-dios desde agosto de 2002 (Mavdt, 2008).

En 2008, con el propósito de aumentar la producción de vivienda de inte-rés social, se han implementado ocho grandes estrategias a nivel nacional, en-tre las que se contempla la construcción de doce macroproyectos de vivienda,48

la creación de una bolsa temprana de esfuerzo territorial, la asignación de un billón de pesos para 2008 (alrededor de 433,2 millones de dólares), un conve-nio con el sector financiero por 2,2 billones de pesos (más de 950 millones de dólares),49 la agilización de trámites para planes parciales, la compra de proyec-tos de vivienda de interés social por parte de la Central de Inversiones (Cisa), un aporte obligatorio de suelos para vivienda y la consolidación del Fondo Nacional del Ahorro como líder de colocación de cartera popular.

48. Esta estrategia implementada para superar el déficit habitacional en Colombia, consiste en aumentar el tamaño de los proyectos de vivienda de interés social en las grandes ciudades. Es por esto que la Ley 1151 de 2007 aprobó el esquema para construir macroproyectos de hasta 20.000 viviendas dignas, facilitando el sistema financiero, el acceso a los subsidios y reduciendo la tramitología legal para las personas que quieran adquirir su vivienda propia.

49. Este es un acuerdo de colocación de cartera hipotecaria popular por 2.2 billones de pesos para el 2008, después de haber ejecutado un convenio anterior por valor de 1.8 billones de pesos en el 2007.


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En cuanto a los instrumentos financieros, entre otras acciones se crea-ron nuevos esquemas para impulsar la oferta de crédito, con el propósito de promover el acceso a vivienda de valores inferiores a 70 salarios mínimos, se promovió el microcrédito para vivienda, y se promovió la cobertura del se-guro contra la variación de la unidad de valor real Uvr, para que los usuarios del crédito conozcan de antemano el valor de todas su cuotas. Vale resaltar que el Fondo Nacional del Ahorro ha sido fortalecido para convertirse en la entidad nacional de crédito hipotecario más importante, registrando la aprobación de 33.132 créditos en el año 2007, los cuales han beneficiado a trabajadores independientes y madres comunitarias, entre otros.

De otra parte, si bien es cierto que en Colombia el 10,4% de la población vive en una vivienda inadecuada para el alojamiento humano (Dane, 2005), desde el área estratégica de desarrollo técnico se realizó un seguimiento efec-tivo a la correcta aplicación de los subsidios familiares de vivienda, con el ob-jeto de que los colombianos accedan a una vivienda en condiciones dignas, ejecutando programas que propenden por una mejor calidad de vida y que atienden al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, y al correcto uso de materiales con técnicas y adecuados estándares de calidad.

Para mencionar un ejemplo, el Programa de vivienda de interés social rural coordinado por el Ministerio de Agricultura tiene como objeto mejo-rar las condiciones de vida de los habitantes rurales de escasos recursos eco-nómicos; en esa dirección pretende la provisión de una solución de vivienda o el mejoramiento de la misma, de manera que cumpla con condiciones sa-tisfactorias de espacio, salubridad, saneamiento básico y calidad estructural. Este programa tuvo, para el año 2008, un presupuesto asignado de 59.350 millones de pesos (cerca de 26 millones de dólares), de los cuales para la con-vocatoria de personas en situación de desplazamiento se destinaron 11.870 millones (un poco más de 5 millones de dólares) y para la convocatoria ordi-naria 47.480 millones (algo más de 20 millones de dólares).

Entre los logros de 2008 se pueden resaltar los 12.399 hogares asenta-dos en áreas rurales de bajos recursos, ya sea población indígena, desplaza-dos o damnificados por desastres naturales, que han sido beneficiados por el Programa.

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Poblaciones vulnerables

colombia mantiene un firme compromiso de eliminar y sancionar toda forma de discriminación por motivos raciales, de sexo, religión, nacio-nalidad, género, idioma, orientación sexual, condición económica o social, y en general por otras causas y condiciones. Además, la Constitución obliga a tener especial cuidado en la garantía de los derechos humanos de la pobla-ción que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, y de adoptar medidas de discriminación positiva.

A continuación se presentan las acciones realizadas por el Estado para mejorar la garantía y protección de los derechos humanos de los niños y niñas, mujeres, población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (Lgbt), personas con discapacidad, personas en situación de desplazamien-to, minorías étnicas, defensoras y defensores de derechos humanos, sindica-listas, periodistas y personas privadas de la libertad.

Niños y niñasLos niños y niñas,50 como personas de especial protección constitucio-

nal, han sido prioridad en las acciones y programas estatales para la preven-ción y protección de sus derechos humanos.

En el año 2006, en cumplimiento de recomendaciones nacionales e

50. En Colombia, se emplea un lenguaje diferenciado entre niños, niñas y adolescentes (Nna)


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internacionales,51 se promulgó el nuevo Código de la Infancia y Adolescen-cia52, adecuando el marco normativo colombiano a los principios de la Con-vención sobre los Derechos del Niño. Esta ley reconoce a los niños como plenos sujetos de derechos, establece los principios rectores de prevalencia, interés superior, enfoque diferencial, y corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado para la prevención y garantía integral de ellos; organiza la oferta institucional en la materia y prevé un sistema de responsabilidad especial para adolescentes infractores de la ley penal.

El Estado se encuentra consolidando un sistema de protección social con coberturas universales para garantizar los derechos humanos de los ni-ños y niñas. Con este propósito, ha desarrollado políticas transversales de infancia y adolescencia con enfoque de derechos, entre las que encuentran:

Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional y Plan •

nacional de alimentación y nutrición.Política nacional de construcción de paz y convivencia familiar (Haz •

Paz).Política pública de discapacidad.•

Política nacional de salud sexual y reproductiva.•

Política pública de prevención y atención al desplazamiento forzado.•

Estrategia de la superación de la pobreza extrema Red Juntos.•

El Estado ha emprendido audaces estrategias para atender situaciones de especial preocupación, como son la explotación sexual y comercial, el trabajo infantil y el reclutamiento de niños por grupos armados ilegales, tal como se señala a continuación.

Violencia sexual y maltrato infantil•

En Colombia se brinda atención integral a niños y niñas abusados y

51. Ver: Crc/C/15/Add.137, 16 de octubre de 2000. Observaciones finales del Comité de los derechos del niño al segundo informe periódico de Colombia, párr. 15. Crc/C/Col/CO/3, 8 de junio de 2006. Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño al tercer informe periódico de Colombia, párr. 9.

52. Ley 1098 de 2006.


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explotados sexualmente, en el marco de políticas y programas coordinados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hasta el momento se han adecuado 14 de 33 unidades especializadas para la atención de niños y niñas víctimas de delitos sexuales,53 y se puso en marcha el Plan de acción nacional para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes Nna, 2006-2011, el cual, mediante los tres componentes de prevención, detección y denuncia, busca desarrollar acciones coordina-das entre actores públicos y privados en los ámbitos nacional y local, para la identificación, prevención y erradicación de la explotación sexual.

En materia de prevención y eliminación del maltrato infantil, se adelan-ta la estrategia “Municipios y departamentos por la infancia, la adolescencia y la juventud hechos y derechos”, y se ejecuta el “Proyecto prevención de la violencia y promoción de la convivencia familiar”. El país espera capacitar en prevención de la explotación sexual infantil y la trata de personas menores de edad, a agentes educativos institucionales y comunitarios, niños, niñas, adolescentes y padres de familia.

Niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos •

armados organizados al margen de la ley

En el marco de la Ley 418 de 1997, se implementó en el año 1999 el “Programa Nna desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley”, el cual ha atendido a 3.712 niños y niñas.54 Esta iniciativa provee capacidad técnica y operativa para brindar atención y garantizar la restitución de derechos vulnerados a todos los niños y niñas en esta condición, mediante tres líneas de acción: prevención, atención y seguimiento.55

53. Ver: Informes de Dirección Técnica, Subdirección de Intervenciones Directas, Icbf.54. Informe Icbf para Onu, 24 de abril de 2007.55. Estas línea de acción se desarrollan de la siguiente forma:Prevención. Tiene como objetivo prevenir la vinculación y uso de la niñez en los

grupos armados organizados al margen de la ley, a través de la implementación de los siguientes ejes: Apoyo a la formulación de políticas públicas de infancia a nivel departamental y municipal y fortalecimiento de respuestas institucionales; Información, sensibilización y movilización institucional y comunitaria; Focalización


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De igual forma, se creó la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley,56 con el fin de articular y orientar la ejecución de las acciones para prevenir el reclutamiento infantil. Por ello promueve la garan-tía y el cumplimiento de los derechos de los niños, y el diseño y ejecución de políticas públicas de protección integral y fortalecimiento institucional, social y familiar, para lograr reducir los factores de riesgo que dan lugar al reclutamiento y utilización de esta población.

Trabajo infantil•

Colombia se destaca en América Latina por sus logros en erradicación del trabajo infantil, gracias a la conformación del Comité intersectorial para su prevención, la cooperación permanente de la Oit, la inclusión del tema en el nuevo Código de Infancia, la ejecución de tres planes nacionales57, y la

de la inversión social en municipios con alto porcentaje de reclutamiento; Fomento de Iniciativas de participación juvenil para el desarrollo de proyectos preventivos como garantía de derechos.

Atención. El objetivo es el de contribuir y apoyar en el proceso de consolidación de la ruta de vida, de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados organizados al margen de la ley, en el marco de la garantía y restitución de los derechos del niño, la construcción de ciudadanía, democracia, con una perspectiva de género y un enfoque de inserción social y corresponsabilidad con énfasis en preparación para la vida social y productiva. Para ello Se dispone de un modelo de atención en medio institucional y medio sociofamiliar.

Seguimiento y acompañamiento. Una vez egresan los adolescentes del servicio de atención, se implementan en cada región una de las siguientes estrategias para el seguimiento: Centros de Referencia y Oportunidades Juveniles y Unidades de Apoyo. con el objetivo de atender de manera integral y especializada a niños, niñas y adolescentes con medida definitiva de ubicación familiar y a sus familias, para acompañar los procesos de retorno a sus núcleos familiares; posibilitando la restauración y reparación de vínculos afectivos.

56. Decreto 4690 de 2007.57. En el país se han formulado tres planes nacionales de acción para la erradicación del


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creación de la Estrategia nacional de prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil y protección del joven trabajador 2008-2015. En conjunto, estas iniciativas han contribuido a la disminución en cuatro puntos observada en la tasa de trabajo infantil, de 12,9% en 2001 a 8,9% en 2005.58

La Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil 2008-2015 tiene como objetivo focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales y privadas que previenen y atienden este problema, en función del ingreso de niños, niñas y adolescentes o en riesgo a la escolari-zación y a la oferta de servicios, al acceso de sus familias a programas sociales que impidan que ingresen o logren que se retiren de estas formas de trabajo y puedan acceder a los beneficios que les otorga la política social en general.

Es pertinente resaltar que el Icbf se ha fortalecido técnica y presupues-talmente en los últimos años (ha triplicado su presupuesto de inversión des-de el año 2002, al pasar de 311 a 1.092 millones de dólares en 2008), y se ha convertido en un modelo latinoamericano en la materia.

Entre otras políticas públicas intersectoriales a favor de los niños y ni-ñas, debe destacarse la política de primera infancia, que busca garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas menores de 6 años, como un asunto que no le atañe solo al Estado, sino también a la familia y a la sociedad. Aunque es el Estado el directamente responsable de garantizar las condicio-nes materiales, jurídicas e institucionales para respetar, promover, cumplir y proteger los derechos de los niños y niñas en su conjunto. El reto fundamental de esta política es constituirse no solo en uno de los ejes centrales de las polí-ticas sociales, sino también de las políticas de desarrollo del país.

trabajo infantil con el fin de prevenir la vinculación laboral precoz y garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes trabajadores. El primer plan de erradicación hizo énfasis en acciones dirigidas a sensibilizar a la población frente al trabajo infantil; el segundo, fue dirigido a la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, entre éstas el comercio callejero, plazas de mercado, trabajo doméstico; y el tercero, contempla un ejercicio de descentralización en la tarea de erradicación del trabajo infantil en sus peores formas. La estrategia continúa con los avances promovidos por estos planes.

58. Ver: Informes Dirección Técnica, Subdirección de Intervenciones Directas, Icbf.


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MujeresEl Estado colombiano ha emprendido diversas acciones para promover

y transversalizar el enfoque de género en el país. Por ejemplo, con el fin de ga-rantizar la equidad de género, en octubre de 2003 se suscribió el Acuerdo na-cional por la equidad entre mujeres y hombres, que constituye el compromiso político del Gobierno nacional y las ramas legislativa y judicial, de realizar y concretar el objetivo de potenciar el papel de las mujeres mediante su partici-pación, en condiciones de igualdad con los hombres, en todas las esferas de la sociedad, y la eliminación de todas las formas de discriminación en su contra, con el fin de alcanzar un desarrollo humano con calidad y equidad.

Asimismo, en el Plan nacional de desarrollo 2006-2010: Estado comu-nitario: desarrollo para todos, se consagró especialmente la política “Mujeres constructoras de paz y desarrollo”, la cual introduce de manera transversal el enfoque de género en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas para lograr la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en cinco áreas de intervención: empleo y desarrollo empre-sarial, educación y cultura, prevención de las violencias contra las mujeres, participación política y fortalecimiento institucional.

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Cpem)59 ade-lanta un conjunto de acciones afirmativas en pro de las mujeres, implementa la estrategia de transversalidad de género, y realiza el seguimiento a las polí-ticas social y de defensa y seguridad democrática, desde la perspectiva de gé-nero por medio del Observatorio de Asuntos de Género (Oag), cuyo trabajo ha sido reconocido por la Cepal como una buena práctica.60

59. La información estadística y cualitativa relativa al seguimiento de los avances y resultados de gestión de la Cpem, es recopilada, procesada y analizada periódicamente, por el Observatorio de Asuntos de Género, creado de forma permanente, mediante Ley 1009 de 2006.

60. En la Cuadragésima primera reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe de la Cepal, celebrada en Bogotá el pasado 24 y 25 de abril de 2008, se lanzó el Observatorio de Paridad de Género de las Américas de esta organización, para el cual uno de los modelos de referencia fue el trabajo y los resultados de este observatorio.


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Las acciones afirmativas implementadas se focalizan en las mujeres de más bajos recursos, especialmente mujeres cabeza de familia, propiciando la participación ampliada, directa y autónoma de las organizaciones de mu-jeres en diferentes espacios de consulta y de concertación, y enmarcan todo su accionar en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, desde el área de participación política y ciudadana se ha implementado el Programa consejos comunitarios de mujeres, con el fin de promover la participación política de las mujeres en municipios y depar-tamentos, así como la construcción de ciudadanía. De manera simultánea se han consolidado redes de mujeres contra la violencia. A 2008 se han cons-tituido 327 consejos y se ha diseñado una estrategia para su fortalecimiento, mediante más de 380 eventos, entre jornadas pedagógicas y talleres realiza-dos en las diferentes regiones.

Frente a la participación política de las mujeres, vale la pena resaltar que si bien aún no se han alcanzado los niveles de participación deseados, se han logrado algunos avances con la implementación y seguimiento de la Ley 581 de 2000, conocida como ley de cuotas. Tal norma fue creada para garan-tizar la efectiva participación a la que tienen derecho las mujeres en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, y hoy la mujer tiene amplia participación en las altas instancias del Gobierno nacional, pero en los cargos de elección popular su participación todavía es muy limitada.61

A pesar de la escasa representación femenina, en el Congreso de la Re-pública se ha conformado una bancada de mujeres congresistas de diferentes

61. En la actualidad hay tres ministras, una ministra consejera, dos consejeras presidenciales, ocho viceministras y porcentajes de participación en cargos directivos hasta del 91% y 78% en los ministerios de Cultura y Educación Nacional y sólo hay dos de los treces ministerios, con resultados inferiores al 30% (Defensa Nacional con 29% y Comercio, Industria y Turismo con 23%). Sin embargo, en el Congreso de la República la representación es de 12% mujeres en el Senado y 10,3% en la Cámara de Representantes. En el nivel local, las asambleas departamentales apenas alcanzan al 15% la participación de las mujeres y en las gobernaciones como en alcaldías, los hombres ocupan cerca del 90% de los cargos.


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movimientos y partidos políticos, con el objeto de impulsar proyectos de ley relativos a la garantía y protección de los derechos de la mujer.

De otra parte, la estrategia de transversalidad de género ha permitido garantizar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, pla-nes, programas, proyectos, estrategias y presupuestos que adelanta el Go-bierno nacional, dando prioridad a la gestión en políticas como la Banca de las Oportunidades, la Red de protección social para la erradicación de la ex-trema pobreza-Juntos, la estrategia nacional de lucha contra la trata de per-sonas, la política de atención a la población en situación de desplazamiento y la política de reinserción y reintegración económica.

Como uno de los logros más destacados para garantizar los derechos de las mujeres en Colombia, puede señalarse el Programa mujer cabeza de familia microempresaria, integrado a la política de Banca de las Oportuni-dades, dirigido a mujeres cabeza de familia microempresarias de los estratos más pobres de los sectores urbano y rural. Se desarrolla bajo la coordinación de la Cpem, en 24 departamentos, y las ciudades de Bogotá y Barranquilla, en alianza con el Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura, el Fondo Na-cional de Garantías y el Fondo Agropecuario de Garantías. Entre los años 2002 y septiembre de 2008 se ha entregado un total de 13.581 microcréditos (10.338 no agropecuarios y 3.243 agropecuarios), por un monto aproximado de 21.500 millones de pesos (algo más de 9 millones de dólares) (tabla 2).

Este programa se encuentra articulado con otras estrategias que impul-sa la Cpem para fomentar el empleo y el desarrollo de empresas de titularidad femenina, como la Feria nacional de la mujer empresaria, que se ha realizado de manera consecutiva por cinco años, con el fin de consolidar una vitrina comercial de carácter social para impulsar las actividades empresariales de las mujeres. Las cinco versiones de Expoempresaria contaron con la pre-sencia de 56.492 visitantes, y ventas al público por 2.600 millones de pesos (más de 1 millón de dólares) sin incluir los negocios que con posterioridad lograron cerrar las expositoras gracias a los contactos comerciales y visitas guiadas que se programaron en el marco de cada una.62

62. Como actividades previas a las 5 ferias, se realizaron 85 jornadas de impulso al espíritu empresarial en las diferentes ciudades capitales, con la participación de 8.831

N° de créditos desembolsados

Valor (en pesos)


Valor (en pesos)

Tótal de créditos desembolsados

por fase

Total valor de créditos

desembolsados por fase

(en pesos)

Fase i 1.533 2.027.234.989 1.123 2.591.869.971 2.656 4.619.104.960

Fase ii 1.560 2.000.799.000 1.320 4.163.601.000 2.880 6.164.400.000

Fase iii 7.245 7.812.075.500 800 2.883.636.975 8.045 10.695.712.475

Total 10.338 11.840.109.489 3.243 9.639.107.946 13.581 21.479.217.435


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Valor (en pesos)


Valor (en pesos)

Tótal de créditos desembolsados

por fase

Total valor de créditos

desembolsados por fase

(en pesos)

Fase i 1.533 2.027.234.989 1.123 2.591.869.971 2.656 4.619.104.960

Fase ii 1.560 2.000.799.000 1.320 4.163.601.000 2.880 6.164.400.000

Fase iii 7.245 7.812.075.500 800 2.883.636.975 8.045 10.695.712.475

Total 10.338 11.840.109.489 3.243 9.639.107.946 13.581 21.479.217.435

tabla 2

Créditos entregados a mujeres cabeza de familia

A pesar de los esfuerzos por los derechos de las mujeres en otras áreas sociales, la violencia sigue siendo la situación más preocupante para garanti-zarlos. Es por eso por lo que los esfuerzos se han enfocado especialmente en prevenir y sancionar la violencia basada en género.

Por ejemplo, recientemente han sido promulgadas las leyes 1142 de 2007 y 1236 de 2008. La primera aumentó la pena del delito de violencia in-trafamiliar, eliminó los beneficios para los victimarios (detención domicilia-ría, excarcelación) y le quitó la calidad de querellable, de manera que ahora la investigación debe ser iniciada y continuada de oficio y no únicamente con la aquiescencia de la víctima. La segunda modificó algunos artículos del Código Penal relativos a delitos de abuso sexual.63 Asimismo se encuentra

mujeres y 84 jornadas de selección, con la participación de 6.280. Para la quinta versión de Expoempresaria, realizada del 27 al 31 de agosto de 2008, se realizó un salón de proveedores como un escenario propicio para que las empresarias realizaran contactos comerciales con importante empresas del país. Contó con la participación de 29 empresas y 352 microempresarias. Fuente: Observatorio de Asuntos de Género, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

63. Esta ley contempla como circunstancia de agravación punitiva si la conducta se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un hijo.

Fuente: banco agrario. Procesado por el Observatorio de asuntos de Género.Fecha de corte: septiembre 30 de 2008.


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a la espera de sanción presidencial el Proyecto de Ley 171 de 2006 Senado, por medio del cual se incorpora el concepto de violencia sobre la mujer de acuerdo con lo estipulado en la Convención Belem do Para y en los planes de acción de las conferencias de Viena, Cairo y Beijing.

La Cpem participa del programa conjunto entre las agencias de Nacio-nes Unidas y el Gobierno, financiado por el Fondo de la Aecid para el pe-ríodo 2008-2011, que busca contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia de género en Colombia, con especial énfasis en la violencia de pareja, violencia sexual, trata de personas, violencia producida por actores armados ilegales y prácticas tradicionales que atentan contra los derechos de las mujeres, sean indígenas, en situación de desplazamiento o afrocolom-bianas.

El programa reconoce el carácter multidimensional de las violencias de género, por lo cual plantea una estrategia de intervención multisectorial e interinstitucional desde los enfoque de derechos y de sensibilidad cultural, basada en el modelo de la ruta crítica de la Organización Panamericana de la Salud. Se centra en el desarrollo de tres ejes: prevención, detección, registro y monitoreo de la violencia de género; atención a las víctimas sobrevivientes; y desarrollo de un marco jurídico y de políticas públicas sobre violencia de género, acorde con los instrumentos internacionales.

Por último, teniendo en cuenta el Protocolo de la Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Estado colombiano ha adoptado diversas acciones, mediante la Ley 985 de 2005 contra la trata de personas, y la estrategia nacional integral de lucha contra la trata de personas 2007-2012.

A partir de ellas, en marzo de 2007 se conformó el Comité interinstitu-cional de lucha contra la trata de personas, con catorce entidades del Estado que trabajan en conjunto en contra de la trata de personas y a favor de las víctimas de este delito, como lo ordenan la normatividad colombiana y el de-recho internacional, como la Decisión 116 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, que fue adoptada como norma interna por el Decreto 309 de 1978.


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Población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristasEn Colombia, el tema de la especial protección para parejas del mismo

sexo ha entrado en la agenda pública y ha promovido importantes avances jurisprudenciales.

La Corte Constitucional ha garantizado el derecho a la igualdad de las parejas homosexuales, reconociéndoles en los mismos términos, derechos que estaban previstos en la ley para las parejas heterosexuales. Hasta el mo-mento se encuentran reconocidos los derechos patrimoniales derivados de la unión marital de hecho, el acceso al sistema de salud como beneficiario de su pareja, los derechos pensionales y la obligación alimentaria entre compa-ñeros permanentes.64

Se han dado iniciativas locales en ciudades como Bogotá y Mede-llín para adoptar políticas institucionales que protejan los derechos de las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transgeneristas (conocidos como Lgbt). En Bogotá se desarrolla desde 2007 el proyecto Por una Bogotá sin discriminación, que busca “cero exclusión, 100% de derechos y el respeto a cada una de las diferencias de los habitantes de Bogotá”. Su objetivo prin-cipal es promover entre los ciudadanos la reflexión sobre la importancia de participar en una transformación cultural de las personas y de la co-munidad, para lograr el respeto a las diferencias y el libre desarrollo de la personalidad, factores que ayudarán a disminuir los niveles de desigualdad y discriminación.

En Medellín se conformó por decreto una mesa de trabajo para la po-blación Lgbt, con el fin de abrir un espacio de diálogo y coordinación de acciones entre la administración municipal y los representantes de estas po-blaciones.65 La misión de esta mesa es discutir las políticas y las acciones de la administración municipal dirigidas a la población Lgbt de la ciudad, en un

64. Ver. Corte Constitucional. Sentencias: C-075 de 2007, C-811 de 2007, C-366 de 2008.65. En el Decreto 1272 de 2007, se establece que en la mesa de Trabajo participan el alcalde

y los secretarios de Gobierno, Cultura Ciudadana y Salud o sus delegados, el oficial de la Policía que haga las veces de enlace con esta población y tres representantes elegidos y avalados por las organizaciones sociales y activistas de los derechos de estas poblaciones.


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marco de corresponsabilidad y de cumplimiento de los deberes ciudadanos de los miembros de esta población. Entre otras acciones, se organizan talleres y seminarios dirigidos a esta población, eventos culturales como el “Ciclo de cine rosa” o encuentros académicos. En la actualidad se discute una política especial para esta población que se pondría en marcha el próximo año.

No obstante estos progresos, Colombia afronta el desafío de continuar avanzando en la reivindicación de los derechos de la población Lgbt.

Personas con discapacidadEn Colombia hay 2.624.898 personas con alguna discapacidad, lo que

equivale a una tasa de prevalencia de la discapacidad de 6,4%. Sin embargo, las mismas fuentes estadísticas reflejan que los índices de atención de esta población están por debajo de los índices de la población en general.66

Colombia suscribió la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas de 2006, y en este momento adelanta su proceso de ratificación en el Congreso de la República. Además, en el país se ha desarrollado un marco normativo para garantizar los derechos de las personas con discapacidad de tal forma que puedan acceder a los diferentes servicios de acuerdo con sus intereses y necesidades. En lo fundamental, se han previsto disposiciones especiales en salud, materia educativa, laboral, cultural y otros servicios como seguridad, deporte, recreación y participa-ción democrática y comunitaria.67

De hecho, en los últimos años se ha fortalecido la participación de la comunidad con discapacidad en diversos escenarios, mediante la

66. Ver: Caracterización de las personas con discapacidad registradas a julio de 2008 (Dane, 2008).

67. Ver: Leyes 115 y 119 de 1994, Ley 10 de 1990, Ley 1122 de 2007, Ley 361 de 1997, leyes 181 de 1995 y 582 de 2000, Ley 163 de 1994, Ley 762 de 2002, Ley 982 de 2005, Documento Conpes 080 de 2004. Por ejemplo, en la última ley se le garantiza el derecho a la información a las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas mediante la implementación de intérpretes de lengua de señas, closed caption y subtítulos, en los programas informativos, documentales, culturales, educacionales y en los mensajes de las autoridades, en los canales nacionales de televisión abierta.


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conformación del Comité consultivo nacional de discapacidad y los comités de discapacidad locales, los cuales fueron creados como órganos consultores del Gobierno para que la comunidad con discapacidad participe en la toma de decisiones y en la definición de políticas y estrategias en su beneficio.

Para consolidar el proceso de construcción de una política pública de discapacidad, el Gobierno nacional viene coordinando por intermedio del Ministerio de la Protección Social, el Plan nacional de atención a las perso-nas con discapacidad (Pnad), el cual se ha propuesto transformar los imagi-narios en torno a la discapacidad, armonizar las acciones, institucionalizar el plan en las entidades nacionales y territoriales, y lograr que las personas con discapacidad ejerzan plenamente su derecho a la educación y al desarrollo de competencias con énfasis en niños y niñas, durante el período 2006-2010.

En el período 2003-2006, el Ministerio de la Protección Social transfi-rió 10.900 millones de pesos (cerca de cinco millones de dólares) a las en-tidades territoriales responsables para la atención de las necesidades de las personas con discapacidad en sus respectivas comunidades (Gobierno Na-cional, 2006).

En la atención de niños y niñas con discapacidad o enfermedad grave en riesgo de vulneración de derechos, el Icbf ha adoptado y desarrollado una política pública y un plan nacional de discapacidad mediante una serie de programas y proyectos entre los que se destacan: hogares gestores (otorga un subsidio condicionado), hogares sustitutos (atención en medio sociofa-miliar), inclusión educativa de niñas y niños sordos menores de 6 años a hogares infantiles, fortalecimiento de redes comunitarias para la prevención e integración de personas con discapacidad, servicio de interpretación de lengua de señas a personas sordas y sordociegas, y finalmente, el programa de formación integral para la productividad y el trabajo para adolescentes y jóvenes con discapacidad bajo medida de restablecimiento de derechos.

En el marco de implantación de esta política se ha logrado alcanzar la protección integral y restablecimiento de derechos de niños y niñas con dis-capacidad con derechos vulnerados o en inminente peligro de vulneración, la formación para la vida laboral y productiva de cien adolescentes y jóvenes con discapacidad, y la inclusión educativa de niñas y niños sordos menores de seis años.


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En materia de educación, hasta el año 2006 se destinaron 5.505 millo-nes de pesos (aproximadamente 2,4 millones de dólares) para la ampliación de la cobertura educativa para 7.702 nuevos estudiantes con discapacidad. Asimismo, el Ministerio de Educación amplió su cobertura con una inver-sión de 7.000 millones de pesos (un poco más de 3 millones de dólares), logrando de esta forma que 6.139 establecimientos educativos (que corres-ponden al 20%), reporten matrícula de “necesidades educativas especiales”. Allí se encuentran matriculados 131.000 estudiantes con discapacidad. Ade-más, se han otorgado subsidios a 980 personas con discapacidad por valor de 468,4 millones de pesos (algo más de 200.000 dólares), desde el Fondo Men-Icetex (Gobierno Nacional, 2006).

Así las cosas, hoy en Colombia la situación de discapacidad es enten-dida no solo desde una perspectiva médica en la que se tiene en cuenta la funcionalidad del individuo, sino también desde un modelo social que hace referencia a la integración y la participación de las personas con discapaci-dad en la sociedad.

Personas en situación de desplazamientoEl desplazamiento forzado es la violación a los derechos humanos de

mayor magnitud en Colombia. El Sistema único de registro de desplazados (Rupd) reporta 2.577.402 personas desplazadas, aunque se estima que en la actualidad hay más de tres millones.68

No obstante, el número de nuevas personas desplazadas por año ha decrecido de forma sustancial en comparación con 2002, cuando se reporta-ron 392.928. En 2003 la cifra disminuyó a 220.823 y en 2007, a 265.570, esto

68. El Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional estima que hay alrededor de tres millones de Psd. Algunas Ong advierten un número incluso mayor 4.361.355 (Codhes 2008). Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que, si bien el sistema oficial de registro ha avanzado considerablemente desde el año 2004, aun no refleja cabalmente la realidad (Corte Constitucional, Auto 218 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda. P.2.1). Acnur ha tomado esta providencia como fuente para sus informes, en particular, la cifra de “unos tres millones de personas desplazadas”.


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tabla 3

Número de desplazados por año en Colombia 2002-2008 2002 392.928 2003 220.823 2004 200.405 2005 238.231 2006 246.855 2007 265.570 2008 /septiembre 154.734

es, una reducción de 32% con respecto al año 2002 (tabla 3). Asimismo, las personas y hogares expulsados masivamente han comenzado a disminuir a partir de 2005, cuando se reportaron 6.915 hogares, mientras que en 2007 fueron 4.245 y 2.936 a septiembre de 2008.69

Para hacer frente a tal situación, el Estado ha tomado varias medidas. Primero, en 1997 se profirió la Ley 387 que definió la política pública en ma-teria de desplazamiento y, desde entonces, el Estado se ha comprometido a garantizar el goce efectivo de los derechos de esta población. Luego la Corte Constitucional, mediante sentencia de tutela T-025, declaró el “estado de co-sas inconstitucional” en este tema, y ordenó ajustar y cumplir la política de atención integral a la población en situación de desplazamiento (Paipsd).

En la actualidad, la Paipsd se enmarca en los principios rectores de los desplazamientos internos70 y los parámetros de la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, que ha hecho permanente seguimiento a las órdenes proferidas en la sentencia T-025,71 por medio de autos y sesiones públicas

69. Hechos y avances en la atención a la población desplazada. Acción Social. Septiembre de 2008.

70. Principios recortes del desplazamiento forzado. e/Cn.4/1998/53/Add.2, de febrero 11 de 1998.

71. En este seguimiento, colaboran la Defensoría de Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, quienes permanentemente realizan informes sobre el cumplimiento de las órdenes impartidas. Ver. http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0203&_secc=02&ts=1

Fuente: Hechos y avances en la atención a la población desplazada. acción Social. Septiembre de 2008.


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de información técnica72. En estas reuniones se escucha directamente a las personas desplazadas, a los representantes del Gobierno y a algunas Ong, con el fin de conocer la situación real del respeto a los derechos fundamentales, bien sea sobre poblaciones vulnerables determinadas o en regiones afectadas por el desplazamiento, y así poder tomar medidas de carácter general y concreto, que permitan superar las deficiencias encontradas.

En consecuencia, el Estado ha intensificado sus esfuerzos por desa-rrollar tanto el marco normativo73, como la producción de indicadores, la atención diferencial a la población y los recursos presupuestales para su im-plementación efectiva, los cuales han aumentado considerablemente en los últimos años: de 150.700 millones de pesos (65,3 millones de dólares) en 2002 a 1 billón de pesos (442,6 millones de dólares) en 2008 (Hechos y avances en la atención a la población desplazada. Acción Social. Septiembre, 2008). Se-gún Acnur, el Gobierno colombiano es el que hace el mayor esfuerzo en todo el mundo por sus propios desplazados.

La Paipsd ha alcanzado logros importantes como el mejoramiento en la oportunidad, calidad y particularidad de la atención. La asistencia

72. La Corte ha celebrado cinco sesiones técnicas sobre poblaciones específicas en desplazamiento: niños y niñas, mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas discapacitadas en abril 1 de 2008. El pasado 14 de marzo, se realizó la primera sesión técnica regional sobre la situación de desplazados en el Magdalena.

73. Entre las normas más importantes, podemos resaltar el Decreto Nº 250 de 2005 por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia; la Directiva Presidencial Nº 06 de 2005 emitida para dar cumplimiento a la sentencia T-025/04, el Documento Conpes 3400 el cual define metas y compromete recursos para atender a desplazados por la violencia; y los Acuerdos aprobados en el marco del Consejo Nacional de Atención Integral a la PSD, entre los que se destacan: el No 3 sobre la protección contra prácticas discriminatorias, el nº 5 mediante el cual se adopta el Plan de Atención para la comunidad Nukak Maku y demás comunidades indígenas en riesgo (actualmente se han formulado once planes para comunidades indígenas en riesgo); y el número 8 referido a la implementación del enfoque diferencial teniendo en cuenta las perspectivas de género, etnia, edad y discapacidad.


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humanitaria de emergencia ha sido garantizada al 80% de los hogares in-cluidos en el Rupd. En 2002 fueron atendidos 155.805 hogares, mientras que en 2007 se prestó ayuda humanitaria a 408.781; y a junio de 2008 recibieron asistencia 431.056 hogares de los 536.080 registrados. (Hechos y avances en la atención a la población desplazada. Acción Social. Septiembre, 2008).

Otro avance significativo se encuentra en el campo de los Desc, parti-cularmente en el aumento en los índices de cobertura frente a los derechos a la salud y la educación. Alrededor de 918.000 afiliados al régimen de salud se encuentran incluidos en el Rupd, mientras que en 2004 solo había 116.541. Asimismo, el número de servicios de salud a la población desplazada se mul-tiplicó 440 veces entre 2002 y 2006, al pasar de 507 a 209.307 (Hechos y avances en la atención a la población desplazada.Acción Social. Septiembre, 2008). En 2002 el 30% de los desplazados tenían aseguramiento en salud, en 2.008 se ha llegado al 81% en cobertura.

En materia de educación, también ha aumentado la cobertura de ni-ños y niñas desplazados que están matriculados en el sistema educativo con el fin de mejorar sus competencias para la inserción al mercado laboral o desarrollar alguna actividad económica productiva que les permita gene-rar ingresos. En efecto, en 2007 había 213.726 beneficiarios, mientras que en el 2003 solo eran 29.707. En educación básica específicamente, la cober-tura ha subido del 60 al 85% entre 2002 y 2008. Los recursos en educación también han aumentado significativamente, pues de 118.300 millones de pesos (51,3 millones de dólares) en 2004, se ha pasado a contar con 203.200 millones de pesos (cerca de 88 millones de dólares) en 2006 (Hechos y avances en la atención a la población desplazada.Acción Social. Septiem-bre, 2008).

En el mismo sentido, vale la pena destacar el programa de Familias en Acción, que ha procurado mejorar los niveles de nutrición, educación y salud en las familias indígenas y las familias desplazadas pertenecientes a los estratos más bajos. Esta iniciativa del Gobierno nacional, tal como se men-cionó, consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficia-ria, siempre y cuando ella se comprometa a que sus hijos menores asistan al colegio y a que cumplan las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas para garantizar su derecho a la salud. A septiembre de 2008,


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gozan de estos beneficios 294.386 familias que equivalen a más de un millón de desplazados.74

En materia de vivienda, también debe destacarse el aumento en el nú-mero de subsidios de vivienda otorgados a la población desplazada. En 2002 apenas se entregaron 801 subsidios, mientras que en 2007 se entregaron 82.655, y a junio de 2008, 84.315 (Hechos y avances en la atención a la pobla-ción desplazada.Acción Social. Septiembre, 2008). El reto es entregar 30.000 nuevos subsidios cada año a partir de 2009, gracias al decreto de reparación administrativa. Los subsidios con carácter reparativo para las familias que sufrieron el desplazamiento se entregan en condiciones especiales: bolsa pre-ferencial, mayor monto que los ordinarios, mayor flexibilidad y plazo para hacerlos efectivos, montos crecientes de recursos y posibilidad de adquirir vivienda nueva o usada en cualquier sitio del país.

Este Gobierno ha reconstruido 196 municipios y más de 8.000 vivien-das que sufrieron destrucción por asaltos guerrilleros y atentados terroristas durante una década, eventos que habían generado centenares de miles de des-plazamientos. Los costos de la reconstrucción fueron asumidos por el pre-supuesto nacional, la reconstrucción se realizó en cuatro años y, gracias a la política de seguridad democrática, ningún otro municipio ha sido destruido.

Respecto a estabilización social y económica de las Psd, también se han desarrollado diferentes programas de generación de ingresos, enfocando su intervención en la atención individual o asociativa para retorno o la reubi-cación en zonas urbanas y rurales, según la demanda de la población. Ello se hace utilizando una metodología de trabajo integral que incluye componen-tes técnicos, administrativos, financieros, así como componentes transversa-les de atención psicosocial al beneficiario y a su núcleo familiar.

Por ejemplo, a partir del año 2005 se puso en marcha una estrategia con el objetivo de brindar atención integral a las familias participantes, de ma-nera oportuna, con calidad y calidez, dándoles apoyo para la generación de ingresos, y contribuir así con su proceso a la estabilización socioeconómica

74. El programa de Familias en Acción tiene más de 1´750.000 familias beneficiarias de los niveles 1y 2 del Sisben (Hechos y avances en la atención a la población desplazada, 2008).


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y la resignificación de su plan de vida. Desde entonces han sido beneficiados 106.151 hogares y 1.388 participantes han recibido capacitación laboral, de los cuales se han vinculado a empresas por lo menos 1.100 (Hechos y avances en la atención a la población desplazada. Acción Social. Septiembre, 2008).

Además, se desarrolla una estrategia de tres modalidades (fortaleci-miento de negocio, emprendimiento y vinculación laboral) que ha benefi-ciado a 84.790 hogares entre 2007 y lo corrido de 2008. Para los años 2009 y 2010 se espera incluir otros 70.000 hogares en este programa cada año. Además, a partir de este año se está realizando seguimiento y acompaña-miento a los planes de negocio de los proyectos de 1.404 familias, iniciados con predios y capital semilla aportados por el Incoder y créditos por parte del Banco Agrario.

Todos estos avances han permitido mayor visibilidad de la situación y mejor interlocución con las víctimas en el diseño e implementación de pro-gramas idóneos para su atención. En la actualidad, las personas en situación de desplazamiento gozan de espacios de participación en los niveles terri-torial y nacional, tanto en formulación como en seguimiento de la política pública de atención. Así, intervienen en las mesas temáticas municipales, departamentales y nacionales y en los comités de los mismos niveles; par-ticipan en el Consejo nacional de atención integral a la población despla-zada, órgano que determina la Paipsd, y reciben apoyo técnico y financiero del Gobierno en las mesas departamentales de organizaciones de población desplazada y en la Mesa nacional de fortalecimiento a organizaciones de po-blación desplazada.

La evolución favorable que ha tenido la Paipsd ha sido reconocida por el representante especial del Secretario General de la Onu para los desplaza-dos y desplazadas, y por el representante de Acnur en Colombia, quien se ha referido al marco normativo del país como uno de los más avanzados en el mundo.75

75. Informes E/CN.4/2000/83/Add. 1, 11 de enero de 2000, Visita de Francis Deng en mayo de 1999; y A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007, visita de Walter Kälin en junio de 2006.


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Minorías étnicas: indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, raizales y rom

En Colombia habitan diferentes grupos poblacionales que se auto reco-nocen como minorías étnicas. Entre ellos se encuentran 1’378.884 indígenas, que representan el 3,4% de la población, 4’261.996 afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales, que equivalen a 10,3% de la población, y entre 4.000 y 8.000 rom (Dane, 2005). Las 84 comunidades indígenas habitan en 710 res-guardos que ocupan una extensión aproximada de 32 millones de hectáreas (27,34% del territorio nacional), con la característica de ser inembargables, imprescriptibles e intransferibles. Por su parte, las comunidades afrocolom-bianas habitan en 159 territorios colectivos, que también son inembargables, imprescriptibles e intransferibles.76

Desde la Constitución de 1991 se ha fortalecido un proceso de recono-cimiento, promoción y visibilización de los derechos y cultura de las mino-rías étnicas, gracias a una rica legislación y jurisprudencia diferenciada,77 así como a los esfuerzos gubernamentales para lograr la efectividad prácti-ca de sus derechos. Las minorías étnicas cuentan con curules especiales de

76. Entre enero de 2002 y abril de 2007 se han titulado 1´311.090 hectáreas a comunidades indígenas para la constitución y ampliación de resguardos en 19 departamentos y 144 reservas indígenas; y 1.218.714 hectáreas a comunidades negras. Con estos procesos de titulación se han beneficiado 21.962 y 22.185 familias, respectivamente.

77. La Corte Constitucional ha garantizado de forma especial los derechos de las minorías étnicas. Entre otras sentencias, se destacan: T-778 de 2005 (define el alcance del derecho fundamental reconocido a la diversidad étnica y cultural, y su dimensión colectiva e individual), SU-039 de 1997 (reconoce a la consulta previa el carácter de derecho fundamental en sí mismo), T -349 de 2006 (determina el grado de autonomía de la jurisdicción especial indígena), T-375 de 2006 (reconoce la obligación de promoción de la educación de los miembros de las comunidades negras), T-131 de 2006 (reitera la prohibición de la discriminación racial al impedir el ingreso de una mujer afrocolombiana a un sitio público), C-058 de 1994 (establece la excepción del servicio militar para los jóvenes indígenas) y T-384 de 1994 (protege el uso de la lengua materna en las comunidades afrocolombianas).


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representación política en el Congreso de la República,78 sus autoridades son reconocidas como tales, poseen títulos de propiedad colectiva de la tierra que utilizan según sus costumbres ancestrales,79 y cuentan con espacios de interlocución con el Estado, como por ejemplo, la Mesa nacional de con-certación, la Mesa nacional de derechos humanos, la Mesa amazónica y la Comisión consultiva de alto nivel afrocolombiana.

Las minorías étnicas también cuentan con acciones afirmativas a su favor, que buscan garantizar el efectivo goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, en el régimen general de seguridad social se beneficia con apoyos o subsidios parciales a las minorías étnicas para ga-rantizar su derecho a la salud. Con la misma intención, a los miembros de las comunidades indígenas no se les exige ningún pago por la prestación del servicio de salud y pueden conformar sus propias entidades promotoras de salud e instituciones prestadoras de servicios de acuerdo con sus usos y costumbres.80 La población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal debe

78. El reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación es un principio fundamental del Estado, de acuerdo con el artículo 7 de la Constitución política. La Constitución nacional consagra la circunscripción especial indígena para el Senado de la República y la circunscripción especial étnica para la Cámara de Representantes. Asimismo, consagra una circunscripción especial para las comunidades afrocolombianas, que les permite alcanzar dos curules obligatorias en la Cámara de Representantes.

79. Ley 60 de 1993 establece las competencias y la asignación de recursos para los resguardos indígenas y la Ley 70 de 1993, los mecanismos de adjudicación de tierras baldías a las comunidades afrocolombianas, además de proteger la identidad cultural y el desarrollo económico y social de las comunidades afrocolombianas. La Ley 1152 de 2007 (Estatuto de Desarrollo Rural), entre otras cosas, define el esquema organizativo de los resguardos indígenas y de la institucionalidad rural para comunidades indígenas y afrocolombianas en Colombia. El Decreto 2164 de 1995 reglamenta la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas.

80. A diciembre de 2007, 1.082.657 indígenas se encuentran afiliadas al régimen subsidiado de salud.


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recibir atención priorizada en los municipios donde se encuentran en espe-cial situación de vulnerabilidad.

En materia de educación, el Ministerio de Educación Nacional ha implementado y promovido la política etnoeducativa, para mejorar y complementar el sistema educativo en las comunidades indígenas y afro-colombianas. Estos modelos son construidos a partir de la formulación que cada comunidad étnica establece en su proyecto educativo. Para cualificar la oferta educativa para poblaciones indígenas, afrocolombianas y raizales se promueve la adaptación participativa y cultural de los modelos pedagógicos flexibles, y se suministra asistencia técnica a las entidades territoriales en la implementación de procesos de calificación de etnoeducadores. También se han consolidado el Programa nacional de bilingüismo para comunidades étnicas y raizales, y el Programa nacional de alfabetización y educación bá-sica de jóvenes y adultos Iletrados que prioriza la intervención en indígenas y afrocolombianos. De la misma forma, se garantizan cupos universitarios especiales para las minorías étnicas.

Entre las acciones afirmativas para la promoción y protección de las expresiones culturales minoritarias, el Ministerio de Cultura ha implemen-tado estrategias como la instalación y consolidación de emisoras radiales indígenas,81 contenidos culturales del canal público de TV Señal Colombia, proyectos encaminados a realizar un inventario que permita identificar las expresiones constitutivas de patrimonio inmaterial, y planes de salvaguardia de patrimonio inmaterial (por ejemplo, el de San Basilio de Palenque Patri-monio Oral e Intangible de la Humanidad de la Unesco).

Uno de los logros más recientes es el lanzamiento este año del canal TV Kankuamo, que se emite desde la Sierra Nevada de Santa Marta, con el fin de conservar las costumbres ancestrales de uno de los pueblos indígenas

81. A favor de las comunidades indígenas se diseñó el Programa comunidad para pueblos indígenas, que cuenta con una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos. Se ha desarrollado tres fases, con las cuales se ha hecho entrega de 26 emisoras en 12 departamentos de la geografía nacional, beneficiando a más de 504.000 indígenas colombianos, ubicados en cerca de 391 resguardos, lo que representa el 81,6% de la población indígena nacional.


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más golpeados por la violencia. Este proyecto, a cargo de 34 jóvenes de la co-munidad capacitados profesionalmente en gestión de la televisión étnica, ha sido apoyado por la Comisión Nacional de Televisión que ha destinado más de 300 millones de pesos (130.000 dólares) para su diseño.

Además, el Estado colombiano, siguiendo los lineamientos de la más reciente jurisprudencia constitucional, debe llevar a cabo procesos de con-sulta previa como requisito indispensable para la realización de proyectos, actos administrativos e incluso iniciativas legislativas que se desarrollen en sus territorios legalmente constituidos o tengan impacto en las minorías ét-nicas.82

Este año se crearon en el Ministerio del Interior dos oficinas para aten-der de manera específica la promoción de políticas hacia las minorías étni-cas: la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenque-ras. En el caso de las poblaciones afro colombianas, tres importantes inicia-tivas deben ser mencionadas: la Comisión intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, palenquera y raizal, las estrategias especiales para el Pacífico colombiano83 y el Plan integral de largo plazo de la población afrocolombiana y raizal 2007-2019.84

82. Por ejemplo, la Corte Constitucional declaró inexequible recientemente la ley forestal, puesto que no había sido consultada con las minorías étnicas afectadas. Sentencia C-030 de 2008.

83. Estas estrategias están consignadas especialmente en los documentos Conpes de política social, números 3310 de 2004 y 3491 de 2007.

84. La Comisión intersectorial para el avance de la población afrocolombiana, palenquera y raizal fue creada el 29 de octubre de 2007, bajo el exitoso modelo de la Comisión Truman en Estados Unidos. Está integrada por altos funcionarios del Gobierno nacional, del sector académico, de los grupos económicos, y por líderes internacionales, que entregarán una serie de recomendaciones al Gobierno nacional tendientes a la superación sostenible de las manifestaciones discriminatorias de las que son víctimas algunas de las comunidades afrocolombianas en el país. El Gobierno nacional ha promovido estrategias especiales y afirmativas para promover el desarrollo de la población afrocolombiana de la cuenca del Pacífico, así como los instrumentos


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De otra parte, para la prevención de violaciones de sus derechos huma-nos causadas por la violencia, el Ministerio de Defensa ha impartido direc-tivas para que la Fuerza Pública atienda particularmente la protección de las minorías étnicas en todo el territorio nacional.85 El Programa de protección a víctimas del Ministerio del Interior atiende a esta población con enfoque diferencial. La Fiscalía ha realizado grandes esfuerzos para darle impulso a investigaciones cuyas víctimas sean miembros de estas poblaciones y se han organizado comisiones especiales para avanzar en las investigaciones.86 La Defensoría del Pueblo ha realizado estudios en comunidades étnicas afecta-das por situaciones de alta vulnerabilidad, y hecho un seguimiento especial a los acuerdos entre entidades del Estado y autoridades indígenas, entre los que se destacan los acuerdos con el Pueblo Emberá Katio del Alto Sinú y con las comunidades indígenas y campesinas de Teteyé y Puerto Vega, en Putumayo.

reglamentarios en las que las mismas se plasman. La más actual y concreta es la del Conpes 3491 de 2007 “Política de Estado para el Pacífico colombiano”. Este es un documento ambicioso, que pretende renovar el impulso de la población afro en Colombia mediante la búsqueda de la inserción de la región pacífica en el desarrollo nacional e internacional, en el marco de un programa estratégico para la reactivación social y económica, que propenda por el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores y considerando las condiciones ecosistémicas naturales y étnicas de la región. También está el Plan integral de largo plazo de la población afrocolombiana y raizal 2007-2019, diseñado por el Dnp con el objetivo de aportar los insumos para la formulación e implementación de una política de Estado de diferenciación positiva conducente a la superación de las condiciones de inequidad y discriminación.

85. Ministerio de Defensa. Directivas nº 16/06, nº 07/2007, nº 300-19/07 y Orden nº 30313 /07.86. Durante el año 2007 se llevó a cabo una comisión en Buenaventura, cuya población

afrodescendiente fue víctima de varias violaciones de derechos humanos. Allí fueron asumidas 68 investigaciones que resultaron en 11 instrucciones, 16 órdenes de captura, 10 indagatorias y medidas de aseguramiento contra 5 personas. Además, se tiene previsto establecer comisiones especiales de impulso a investigaciones en las cuales han sido víctimas los indígenas Wiwa y Embera Chamí.


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Defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistasLos defensores de derechos humanos han desempeñado un importante

papel en el fomento de la cultura de los derechos humanos, la reivindicación de las víctimas, el impulso a normas internas, la exigencia al Estado para el cumplimiento de su papel de respeto y garante, y la denuncia de violaciones y la vinculación de la comunidad internacional a su solución.

El Estado, con el apoyo constante de Oacnudh, ha procurado varios espacios de interlocución y concertación con estos grupos,87 con el propósito de construir políticas a partir del esfuerzo conjunto.

Desde 1997, el Estado creó el Programa de protección del Ministerio del Interior, como resultado de un esfuerzo conjunto con la sociedad civil. En sus inicios, este programa buscaba proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales de dirigentes sindicales y de líderes de Ong defensoras de derechos humanos en riesgo. Luego amplió su cobertura hacia otros grupos, como los periodistas y los líderes de comunidades étnicas.

Cuenta con un órgano asesor integrado por representantes estatales y de los grupos de la población objeto, quienes analizan los casos en conjunto y recomiendan la adopción de las medidas más convenientes para proteger a una persona. El Estado se ha esforzado de manera importante por fortalecer progresivamente el presupuesto asignado a este programa, que durante la presente Administración se ha incrementado 187%.88

87. Se destacan espacios como la Comisión consultiva de alto nivel (para comunidades afrocolombianas), la Mesa nacional de derechos humanos de los pueblos indígenas, mesas de diálogo social (derechos humanos de los trabajadores), Consejo nacional de atención integral a la Psd, Mesa nacional de fortaleciendo a las organizaciones de la Psd, el Comité de reglamentación y evaluación de riesgos (personas del Programa de protección del Ministerio del Interior) y la Mesa de seguimiento a la implementación de las recomendaciones anuales de Oacnudh (participan organizaciones sociales, entidades del Estado concernidas y comunidad internacional).

88. El presupuesto del programa ha pasado de 26.064 millones de pesos (más o menos 13, 6 millones de dólares) en el año 2002, a 74.717 millones (alrededor de 39 millones de dólares) en 2007. De ellos se han invertido 279.725 millones de pesos (unos 146 millones de dólares) en los últimos cinco años.


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Defensores de derechos humanos•

Durante años se ha trabajado en la elaboración de normas y en una cultura para los funcionarios públicos y la sociedad, que garantice una actuación en correspondencia con el papel que cumplen los defensores y las defensoras de derechos humanos en una democracia. El Gobierno ha tenido como política garantizar el ejercicio de todas las libertades y mantener interlocución con todos los sectores de la sociedad.

Sin embargo, el tema de las garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos ha sido uno de los temas más polémicos que ha enfrentado el Gobierno. Estos alegan que subsisten vulneraciones a sus derechos, como homicidios, amenazas y hurtos de información en las sedes de sus organizaciones. Señalan, además, que son sujetos de detenciones, allanamientos irregulares y afirmaciones de algunos funcionarios del Estado que los ponen en situación de riesgo.

Funcionarios del Estado han rechazado en público las amenazas y los hurtos de información sufridos por los defensores de derechos humanos89

89. El 11 de julio de 2007 el Director del Das denunció públicamente el robo continuado de computadores en las sedes de varias Ong en Bogotá, y manifestó toda su colaboración para que éstas puedan ejercer su labor. El Vicepresidente de la República, el 9 de septiembre de 2007, en su intervención en la ceremonia de firma de la prórroga del acuerdo entre Colombia y Oanudh manifestó que agradecía la participación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en este acto y su valiosa contribución al objeto de la vigencia de los derechos humanos en Colombia. Reiteró la decisión del Gobierno nacional de brindar todas las garantías para el ejercicio de su labor en nuestro país. Condenó las acciones hostiles contra estas organizaciones representadas en amenazas y robos a sus sedes. “Quienes realizan estos actos enlodan nuestra política de disentir con la opinión ajena respetando sus derechos” y ordenó “a las autoridades judiciales poner todo el empeño en esclarecer estos hechos y castigar a los responsables.” Respecto de las amenazas recibidas el 11 de marzo de 2008 mediante correos electrónicos, el ministro del Interior rechazó enfática y públicamente estas comunicaciones de amenazas y manifestó que rechazaba categóricamente “las amenazas que por medios electrónicos, las personas que se identifican como la organización criminal ‘Águilas Negras’, han hecho llegar a organizaciones o personas que organizaron la marcha del pasado 6 de marzo”.


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y han realizado reuniones para revisar esta situación, adoptar medidas para garantizar su seguridad y solicitar que se agilicen las investigaciones.90 El Gobierno considera que hay motivos de preocupación pero que la situación es mejor que en el pasado.

El 10 de noviembre de 2008 el Gobierno nacional y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, con acompañamiento de la comunidad internacional, se reunieron para revisar su situación. El Go-bierno nacional reiteró su voluntad de proteger a todos los ciudadanos, espe-cialmente a las poblaciones vulnerables, como principio universal de respeto y garantías de los derechos humanos. Además, manifestó que mantendrá y fortalecerá todas las garantías que sean necesarias para que los defensores de derechos humanos y líderes sociales hagan sus denuncias por presuntas violaciones de los derechos humanos.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, para reforzar sus acciones, anunció que creará en las próximas semanas unidades seccionales de dere-chos humanos dedicadas a investigar amenazas y a capturar a responsables de ataques contra los miembros de esas organizaciones legales.

90. Sobre los robos de información a las sedes de Ong se llevaron a cabo varias reuniones entre las cuales se pueden mencionar las realizadas el 10 de julio y el 25 de septiembre de 2007. En ellas participaron representantes de Ong nacionales e internacionales, el Director del Das, funcionarios de la Policía Nacional, de la Fiscalía y el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Dih. Las acciones adoptadas fueron: la designación de agentes especiales en las investigaciones por parte de la Procuraduría, la asignación de varias de estas investigaciones a al fiscal delegada ante los jueces del Circuito de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, y el refuerzo de las medidas de seguridad que fueran necesarias por parte de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Respecto de las amenazas recibidas el 11 de marzo de 2008, se realizó una reunión el 13 de marzo con la Fiscalía, la Policía Nacional, el Das, el Ministerio del Interior y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Dih, en la que se adoptaron las siguientes acciones: expedición de la Resolución 1532 por parte de la Fiscalía, asignando la investigación a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, e instrucciones a la Policía y al Ministerio del Interior para reforzar las medidas de seguridad que fueran necesarias.


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En el mismo sentido, la Procuraduría General de Nación informó que continuará acompañando al Ministerio de Defensa Nacional en la labor de depuración de los informes de inteligencia que tienen organismos de segu-ridad del Estado, en los que son mencionados defensores de los derechos humanos.

El Gobierno y las organizaciones de defensores de derechos humanos acordaron crear una comisión bipartita para estudiar una política encamina-da a otorgar mayores garantías. Además, extenderán a las regiones del país, con énfasis en las de mayor vulnerabilidad, este mismo esquema de diálogo y concertación de las autoridades estatales y gubernamentales con los defen-sores de los derechos humanos.

Por último, el Gobierno y las organizaciones de defensores de derechos humanos reconocieron que tienen diferencias sobre aspectos importantes de la vida nacional, las que deben tramitar por la vía de los canales legales y constitucionales, con buen trato y objetividad.

El Gobierno entiende estas discusiones dentro de una sociedad con diferencias de criterios, reclama objetividad en los informes de derechos humanos y mantiene su compromiso de brindar todas las garantías para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, considera inadecuada la estrategia de eludir el debate en los escenarios na-cionales argumentando la falta de garantías y pretender presionar al Gobier-no desde la comunidad internacional.

Periodistas•

En Colombia la libertad de opinión y expresión es un derecho cons-titucionalmente reconocido.91 La Corte Constitucional92 ha desarrollado el

91. La Constitución política, que en su artículo 20 establece que: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

92. Corte Constitucional, sentencias: T-460 de 2006, T-1191 de 2004, C-650 de 2003 entre otras.


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alcance de la libertad de expresión, señalando que esta comprende una face-ta individual y una social. Y ha expresado que:

la primera se refiere al derecho que tiene cualquier persona a expresar sus pensamientos y a utilizar cualquier medio para dar a conocerlo a otra. En este sentido, comprende la libertad de manifestarse, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de informar, la libertad de prensa y la libertad de fundar medios masivos de comunicación. La segunda... comprende el derecho a recibir informaciones y a conocer el pensamiento ajeno –derecho a ser informado.

Igualmente, ha hecho énfasis en la importancia de este derecho para el fortalecimiento de la democracia.93

Hay una gran cantidad de medios que representan el pluralismo de la sociedad y que están protegidos por el ordenamiento constitucional, sin perjuicio de que expresen opiniones divergentes a las acciones o políticas oficiales. Ello se evidencia en la existencia de 17 periódicos de circulación nacional y 27 regionales; televisión con un cubrimiento cercano al 100% del territorio nacional y un sistema de operación estatal, comercial y comunita-rio; 1.371 emisoras en las modalidades comercial, interés público y comuni-tario, y cientos de revistas y boletines con temáticas informativas, políticas, deportivas, especializadas y de entretenimiento a cargo de asociaciones de profesionales, gremios, Ong y universidades, comunidades organizadas y medios independientes.

Como conclusión, puede decirse que en Colombia ningún funcionario o sector de la sociedad escapa al control y crítica de la prensa.

El Ministerio de Comunicaciones lleva a cabo estrategias de formación que contribuyan a fortalecer la responsabilidad social de los medios de co-municación.

No obstante, subsisten problemas en algunas regiones donde los periodistas alegan ser sometidos a presiones, reacciones violentas ante las denuncias de corrupción y falta de celeridad en las acciones para protegerlos.

Ante ello, el Gobierno ha implementado una serie de medidas

93. Corte Constitucional, Sentencia C-650 de 2003.


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encaminadas a superar esas situaciones, y a su vez, a procurar el libre y pleno ejercicio del derecho a la libertad de prensa. Como se mencionó, los periodistas son objeto del Programa de protección de defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Del total de personas protegidas por el programa en los primeros ocho meses de 2008, las medidas adoptadas a favor de los periodistas representan el 1,36%. A nivel presupuestal representa el 3,40%, equivalente a 1.763 millones de pesos (unos 764.000 dólares) del total del presupuesto general del programa.

Sindicalistas•

Los homicidios a sindicalistas se redujeron 87% entre 2002 y 2007. Ante el incremento que se ha presentado en 2008, el Gobierno suscribió en julio una declaración conjunta con las centrales de trabajadores94, la Fiscalía, el Das y la Policía Nacional, con el propósito de rechazar los ataques de los que han sido víctimas los sindicalistas y asumir compromisos de prevención, protección y sanción de los responsables.95

Se destaca la creación de una unidad especial de la Fiscalía para la

94. Central Unitaria de Trabajadores (Cut), Confederación de Trabajadores de Colombia (Ctc), y Confederación General del Trabajo (Cgt).

95. Entre otros, la declaración comprende los siguientes compromisos: reforzar el grupo de fiscales especializados que investigan crímenes contra sindicalistas; adelantar una campaña en los medios de comunicación defendiendo los derechos de los sindicalistas; convocar a una reunión de empresarios, dirigentes sindicales y Gobierno para establecer un mecanismo conjunto que evite el constreñimiento a la libertad sindical y tomar medidas para castigar a los infractores de este derecho; optimizar el mecanismo de alerta temprana y reforzar el protocolo de prevención para identificar los casos críticos; crear una red virtual para atender alertas de amenazas en tiempo real; informar por parte de los comandantes de Policía departamentales la situación de riesgo y protección de los sindicalistas en sus jurisdicciones; ofrecer recompensas por informaciones que conduzcan a la captura de los condenados por crímenes contra sindicalistas.


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investigación de atentados y asesinatos contra sindicalistas, que a la fecha ha permitido la emisión de 46 sentencias con 75 personas condenadas, y tener en curso 27 juicios y 39 procesos de investigación.96 Es importante anotar que esta labor ha permitido concluir que muchos homicidios de sindicalistas no están motivados por su actividad sindical.

En junio de 2006 se suscribió el Acuerdo tripartito por el derecho de asociación y la democracia, dirigido a promover los derechos fundamentales de los trabajadores, a fortalecer el diálogo social y a implementar programas para combatir tanto la violencia contra trabajadores como la impunidad. En consecuencia se han tomado, entre otras, las siguientes medidas:

Establecimiento de una representación permanente de la • Oit en Colombia.Nombramiento de tres jueces de descongestión por parte del Consejo •

Superior de la Judicatura.Mejoramiento del diálogo social por medio de la reactivación de •

la Comisión de concertación de políticas salariales y laborales, la creación de la Comisión de tratamiento de conflictos, la Comisión interinstitucional de derechos humanos y la Comisión intersectorial para promover la formalización del trabajo decente en el sector público.Implementación de la oralidad para la justicia laboral.•

Regulación de las cooperativas de trabajo asociado.•

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional, mediante el cual •

se busca que la competencia para declarar la ilegalidad de las huelgas, quede en manos de los jueces laborales.

Personas privadas de la libertad

El Estado colombiano viene realizando esfuerzos importantes para ga-rantizar el ejercicio real de los derechos humanos de las personas privadas de

96. En estos procesos hay 26 personas detenidas y 53 con medida de aseguramiento vigente.


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libertad, y superar así problemas de hacinamiento, tratamiento penitenciario y atención integral. Entre ellos se destacan:

La transversalización de la temática de derechos humanos con el •

apoyo de la Oacnudh mediante la formación de 18 miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, que a su vez capacitaron a 250 funcionarios penitenciarios y carcelarios.El posicionamiento del lema: “Su dignidad humana y la mía son •

inviolables”, como parte de la plataforma estratégica de la actual Administración que se sostiene en cinco pilares fundamentales: salud, habitabilidad, alimentación, recreación y brigadas jurídicas, con lo cual se ha buscado encaminar los esfuerzos institucionales al mejoramiento de las condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad.El fortalecimiento del Comité de derechos humanos como órgano •

legítimo de participación de los internos, por conducto del cual se deben identificar las falencias del sistema penitenciario y carcelario. En él participan los órganos de control.La implementación de brigadas jurídicas cada ocho días en los •

establecimientos de reclusión nacionales, en el marco del Convenio de cooperación armónica, firmado entre los órganos de control, el Inpec y el Ministerio del Interior y de Justicia.El proceso de implementación de la Ley 1122 de 2007 que busca •

garantizar el acceso a los servicios de salud para la población reclusa.La identificación de la población en condiciones excepcionales con •

censos aplicados para los años 2006 y 2007.A agosto de 2009 se finalizarán obras en ocho cárceles, de las cuales •

tres estarán en funcionamiento con capacidad para 4.000 internos (Mij, 2008).Se implementará el brazalete electrónico para condenados por delitos •

menores o quienes estén en detención domiciliaria, lo que beneficiará a 4.112 personas a finales de 2009 (Mij, 2008).Se pondrá en marcha un nuevo modelo educativo en 24 •

establecimientos de reclusión, centrado en la autoformación y la implementación de programas de prevención y promoción. Frente


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al año 2006 en 2007 se registró un incremento de 28,6% de internos participantes en el Programa educación superior.Igualmente, el Inpec firmó un convenio de cooperación con el •

Ministerio de Cultura que apoyará la ejecución de un proyecto de creación y puesta en marcha de servicios bibliotecarios, promoción de lectura y escritura y desarrollos culturales en seis establecimientos de reclusión del Inpec, uno por regional.Se están desarrollando las acciones para la conformación de la Red •

latinoamericana de educación en prisiones, liderado por el programa Eurosocia-Educación en prisiones, en el ámbito de la cooperación internacional entre Unión Europea y América Latina.En 2007 el Inpec llevó a cabo los juegos penitenciarios y carcelarios •

en 73 establecimientos de reclusión, con la participación de un alto número de internos. Este evento presentó un incremento de 32,7% frente al año inmediatamente anterior, en el que participaron solo 55 establecimientos.Además, en el Programa deporte, recreación y cultura los internos •

participantes se incrementaron en 3,7% si se compraran el tercer trimestre de 2006 (cuando hubo 60.696) con el mismo período de 2007 (62.264).

Migrantes

De conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano, toda perso-na que por cualquier circunstancia haya inmigrado a territorio colombiano adquiere la condición jurídica de extranjero.

Según el último censo poblacional, realizado en 2005, el número de extranjeros de nacionalidades diferentes a la colombiana que residen en Co-lombia es de 90.469, de los cuales 46.833 son hombres y 43.479, mujeres. De otra parte, de acuerdo con el Dane, el número de colombianos y colombia-nas que viven en el exterior (a mayo de 2006) es de 3’337.107.

Vale señalar que los extranjeros en territorio colombiano gozan de los mismos derechos que se conceden a los nacionales, con determinadas


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excepciones, aplicables de forma razonable y proporcionada de conformidad con la ley. La limitación sobresaliente es sobre derechos políticos, específica-mente en materia de derecho al voto, consagrado en la Ley 1070 de 3 de julio de 2006. Según la normativa, los extranjeros residentes en Colombia solo pueden votar en las elecciones y consultas populares de carácter municipal y distrital, del último lugar donde hayan fijado su domicilio.

Frente a los derechos civiles, la libertad de circulación se encuentra condicionada a exigencias de legalidad de la estancia de la persona en el te-rritorio colombiano. Además, la Ley 141 de 1961, orientada a proteger el tra-bajo nacional de acuerdo con la política de empleo, el desarrollo económico y social y la transferencia de tecnología, establece límites a la vinculación laboral de extranjeros con la finalidad de que los trabajadores nacionales no sean desplazados por mano de obra foránea.

En el año 2004 se expidió el Decreto 4000, identificado como el actual Estatuto Migratorio de Colombia, que junto con las resoluciones ministeria-les nos 0255 del 26 de enero de 2005 y la 0273 del 27 de enero de 2005, regu-lan el ingreso y permanencia de los extranjeros en el territorio colombiano. Asimismo, Colombia ha suscrito varios acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales con países de todo el mundo en el ámbito de la migración, y unilateralmente decidió facilitar el ingreso sin visa de nacionales de países que se relacionan en la Resolución 273 de 2005, cuando vienen al país como turistas o visitantes.

Dichas normas, encaminadas a garantizar los derechos de nacionales y extranjeros en igualdad de condiciones, salvo las limitaciones señaladas, desarrollan los compromisos adquiridos en el ámbito internacional, en particular con la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la cual fue ratificada y entró en vigor para Colombia el 24 de mayo de 2005.

Con el propósito de hacer estricto seguimiento a las condiciones equitativas, dignas y lícitas de las que deben gozar los migrantes, se creó en el año 2003 la Comisión intersectorial de migraciones.97 Está encargada de supervisar la atención de la migración internacional de los trabajadores

97. Creada mediante el Decreto Ley 1239 del 19 de mayo de 2003.


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y sus familiares, las operaciones autorizadas y órganos responsables de la contratación de trabajadores inmigrantes, las medidas relativas al regreso ordenado de los migrantes, su reasentamiento y su integración cultural, así como los derechos que garanticen sus condiciones de vida, de acuerdo con los principios de la dignidad humana.

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Medio ambiente y desarrollo sostenible

en la revista Newsweek del 14 de julio de 2008 se señala a Colombia como líder mundial en materia ambiental entre el grupo de países con el mismo nivel de ingresos, y como el país que ha logrado posicionar la agenda ambiental como prioridad nacional.

Colombia ha definido reglas claras frente a los sectores mineros, de hi-drocarburos, agrícolas, ganaderos, portuarios e industriales. Desde la pers-pectiva del desarrollo sostenible se han suscrito agendas interministeriales con todos los ministerios del Gobierno. De igual forma se ha consolidado el trabajo conjunto con el sector privado y las comunidades con expresiones concretas de la responsabilidad ambiental empresarial.

No obstante lo anterior, se hace indispensable enfrentar problemas me-dio ambientales como la reducción de la extensión de los bosques naturales, la pérdida de cobertura vegetal, la desregulación de la recarga de acuíferos, calidad y acceso a los recursos hídricos, y la pérdida de biodiversidad.

Para enfrentar estas problemáticas, el Ministerio de Ambiente, Vi-vienda y Desarrollo Territorial, tal como se señala en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 216 de 2003, cumple un importante papel en la salvaguarda del ecosistema nacional, al diseñar y ejecutar una serie de políticas públicas encaminadas a conservar, proteger y restaurar el medio ambiente mediante la promoción del desarrollo sostenible y sustentable. Una de las principales estrategias de gestión ambiental liderada por este ministerio es el Sistema Nacional Ambiental (Sina).


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El Sina, en conformidad con el Plan nacional de desarrollo 2006-2010 abarca seis líneas estratégicas de gestión ambiental: planificación ambien-tal en la gestión territorial; gestión integrada del recurso hídrico; conoci-miento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad; promoción de procesos productivos competitivos y sostenibles; prevención y control de la degradación ambiental, y fortalecimiento del Sina para la gobernabilidad ambiental.

El Estado cuenta con políticas encaminadas a garantizar la conserva-ción in situ en variadas áreas protegidas: 51 del Sistema de parques naturales; 52 reservas protectoras; 217 reservas naturales de la sociedad civil; 50 distritos de manejo integral; 3 corredores biológicos; 91 parques naturales regionales; 2 distritos de conservación de suelos; 443 reservas forestales municipales, y 60 reservas forestales regionales.

Este año el Sistema de parques nacionales ejecuta la mayor asignación presupuestal de su historia, y ha triplicado sus recursos frente al año inme-diatamente anterior. Se han incorporado más de 170.000 nuevas hectáreas en tres nuevos parques.

Con el fin de construir una cultura de respeto por lo ambiental, en el último año el Ministerio de Ambiente ha diseñado e implementado cam-pañas en medios masivos complementadas por estrategias de educación y participación.

Colombia ratificó la Convención marco de cambio climático mediante la ley 164 de 1995 y el Protocolo de Kyoto mediante la Ley 629 del 27 de diciembre de 2000. A la luz de este protocolo, la oficina de Cambio Climático del Minis-terio de Medio Ambiente ha identificado 95 proyectos registrados en Colom-bia en el campo forestal, transporte, industrial, manejo de basuras y energía.

En materia del derecho al agua se ha liderado una reforma constitucio-nal, dos leyes y dos decretos que han revolucionado el sector y definieron una institucionalidad moderna, eficiente y transparente para ejecutar parti-das por más de 8 billones de pesos (casi 3.500 millones de dólares) en cuatro años, para brindar agua potable y saneamiento básico a todos los colombia-nos, trabajar armónicamente con departamentos y municipios, y garantizar el manejo integral del recurso hídrico.

Cabe resaltar que uno de los problemas que más afecta al ecosistema


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colombiano es la producción de cultivos ilícitos destinados al tráfico de dro-gas. Por ello, el Gobierno, en su doble compromiso de luchar contra el nar-cotráfico y al mismo tiempo salvaguardar el medio ambiente nacional, ha diseñado una serie de programas cuyo objetivo es la erradicación de cultivos ilícitos con el menor impacto ambiental.

En este sentido, el Programa contra cultivos ilícitos (Pci) que lidera la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (acción social), tiene por objeto la prevención y erradicación de cultivos ilícitos y, de forma paralela, la promoción de cultivos legales y sostenibles.

Uno de los mecanismos más efectivos para proteger la biodiversidad de los bosques colombianos que están amenazados por los cultivos ilícitos es el Programa de Familias Guardabosques, el cual incluye comunidades indíge-nas, afrodescendientes y campesinas, que voluntariamente han reemplazado la siembra de cultivos ilegales por proyectos productivos ambientales que favorecen la preservación de los bosques colombianos. A diciembre de 2007 se reportaban 94.536 familias de 2.104 veredas de diferentes lugares del país como beneficiarias de dicho programa.98

De manera complementaria, se presenta el Grupo móvil de erradica-ción conformado por personas que con la protección de las Fuerzas Milita-res, se trasladan a las zonas adonde se detecten cultivos ilícitos y realizan la erradicación manual y mecánica, evitando su propagación, en especial, hacia zonas de economía campesina o a zonas de parque o reservas naturales.

98. Información institucional de la Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional, www.accionsocial.gov.co

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Gobierno en Línea

con el fin de contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, transparente, participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos, se creó el Proyecto Gobierno en Línea que busca el aprovechamiento de las tecnologías de información, bajo el imperativo de trabajar de forma integra-da entre las instituciones del Estado. El 100% de las instituciones públicas del orden nacional cuentan con un sitio en internet (fase de información) y avanzan en todas las fases, en lo cual se destaca para la libertad de opinión y expresión la oferta de mecanismos que acercan al ciudadano con la admi-nistración y le posibilitan contactarla (fase de interacción), y el incentivo a la ciudadanía a contribuir en la construcción y seguimiento de políticas, planes, programas y temas legislativos, así como a participar activa y colecti-vamente en la toma de decisiones (fase de democracia).

Un ejemplo claro es la plataforma electrónica para la construcción co-lectiva del Plan nacional decenal de educación (Pnde) 2006-2015, reconoci-da por la Organización de los Estados Americanos como la mejor solución de Gobierno electrónico en América Latina y el Caribe para la participación ciudadana. El principal desafío en desarrollo de esta estrategia es promover el conocimiento, uso y aprovechamiento de la información y servicios que el Estado colombiano provee por medios electrónicos.

Con el mismo fin de promover la transparencia y eficiencia se estableció


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el Portal único de contratación (Puc),99 que es el punto integrado de consul-ta de información sobre los procesos contractuales que gestionan las entida-des públicas. Con su implantación se busca mejorar las formas de acceso a la información respecto de lo que compra y contrata el Estado. Su uso facilita el control social a los procesos de contratación que inician las entidades, por parte de la ciudadanía en general y de las veedurías ciudadanas.

99. www.contratos.gov.co

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Compromisos voluntarios asumidos por el Estado

con ocasión del Examen periódico universal

En este acápite se hace mención a los compromisos voluntarios que Colombia asumió en su informe para el Epu del 1° de septiembre de 2008.

En el marco de la lucha contra la violencia y mantenimiento del orden público el Estado de Colombia seguirá desarrollando esfuerzos para:

Proteger a la población de la acción de los grupos armados.•

Convocar la solidaridad internacional para combatir al narcotráfico •

que alimenta su existencia y para negar todo espacio al movimiento de logística, dinero y personas comprometidos en estas violaciones.Particular atención se pondrá en el desarrollo de estrategias para •

prevenir el reclutamiento y los efectos de este accionar en mujeres, niños y niñas.

Para la prevención y sanción de los delitos de tortura, desaparición for-zada y homicidio en persona protegida el Estado se compromete a:

Fortalecer los sistemas de información y bases de datos consolidadas •

e interconectadas sobre estos delitos, para lo cual Colombia considera importante contar con asistencia técnica internacional.Propender por la judicialización efectiva de todos los victimarios.•

Consolidar una política de atención integral a las víctimas y sus •

familiares.


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Fortalecer el papel de la Procuraduría en las investigaciones •

disciplinarias a miembros de la Fuerza Pública.Consolidar la • Cbpd y fortalecer su capacidad para el seguimiento del delito de desaparición forzada y para elaborar propuestas de política.Iniciar en el Congreso el proceso de ratificación de la Convención •

para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas.

Respeto de la problemática de las Minas antipersonal, Colombia asume como compromisos:

Mejorar la atención a víctimas.•

Capacitar y graduar cada año a mil agentes educativos comunitarios •

en la acción contra minas.Formar diez nuevos equipos de desminado humanitario de cuarenta •

integrantes cada uno.Conformar un equipo de atención de emergencias.•

Adecuar la política a los nuevos desafíos.•

Destruir los 26 campos minados restantes antes del 1 de marzo de 2011.•

Para superar las dificultades que se presentan en materia de lucha con-tra la impunidad y acceso a la justicia el Estado se compromete a:

Mejorar la cobertura en las zonas rurales y lejanas.•

Fortalecer los programas de protección a terceros intervinientes en los •

procesos penales.Implementar el sistema de información y el diseño de una solución de •

interoperabilidad entre sistemas de información estatales asociados a casos de violación de derechos humanos.Fortalecer la capacidad técnica de investigación.•

Fortalecer la confianza en el poder judicial.•

Ante los desafíos que se encuentran en el marco de implementación de la ley de justicia y paz, se asumen como compromisos:

Acelerar el proceso de esclarecimiento de la verdad.•

Acelerar el proceso de identificación de los restos encontrados para su •

entrega a los familiares.


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Cuestionar e investigar los delitos cometidos por los desmovilizados •

contra las mujeres y los niños (especialmente los de violencia sexual y reclutamiento de niños).Adelantar el Programa nacional de reparaciones.•

Fortalecer el Programa de protección para víctimas y testigos de la ley.•

Fortalecer la difusión de los derechos de las víctimas y adoptar •

medidas que impulsen las actividades que viene realizando la Cnrr.Poner en marcha las comisiones regionales de restitución de bienes.•

Terminar el documento de memoria histórica encomendado por la ley •

a la Cnrr.

Respecto de las dificultades que se presentan en materia derechos eco-nómicos sociales y culturales, el Estado se compromete a:

Disminuir el índice de pobreza al 28% y el de indigencia a 8,8% en •

el año 2015, tal como establece el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.Lograr la universalización de• educación básica.Bajar la tasa de analfabetismo a 1% para personas entre 15 y 24 años.•

Alcanzar una tasa de cobertura bruta del 100% para educación •

básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria) y del 93% para educación media.Conseguir en promedio 10,6 años de educación para la población •

entre 15 y 24 años.Disminuir la repetición a 2,3% en educación básica y media.•

Alcanzar la cobertura universal en salud en el año 2010.•

Llegar a 90 puntos de telemedicina para los sitios remotos.•

Unificar el Plan obligatorio de salud para los niños de todos los •

estratos sociales como primer paso para cumplir con la sentencia T-760 del 2008 de la Corte Constitucional, que ordena unificar los beneficios para niños, niñas adultos mayores y ciudadanos en general.Reducir la mortalidad materna e infantil de acuerdo con los • Odm.Aplicar el Plan nacional de salud pública y el programa de salud sexual •

y reproductiva.


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Mejorar el estado nutricional de los niños y niñas.•

Combatir el • Vih/Sida, el paludismo y otras enfermedades graves.

Las poblaciones vulnerables requieren de especial atención, atendiendo a esta realidad y a las particulares dificultades que dichos grupos enfrentan, el Estado se compromete a:

Fortalecer las autoridades indígenas y afrocolombianas.•

Terminar el proceso de construcción de la política pública de manera •

conjunta con las autoridades indígenas.Reforzar los procesos de consulta previa, de acuerdo con la más •

reciente jurisprudencia constitucional.Fortalecer los espacios de interlocución creados entre el Gobierno •

y las autoridades étnicas, así como mejorar la relación a todos los niveles.Garantizar efectivamente el derecho al territorio de las poblaciones •

indígenas y afrocolombianas.Combatir la pobreza que afecta a las poblaciones indígenas y •

afrocolombianas.Definir los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción •

ordinaria y la jurisdicción indígena.Concertar los indicadores de goce efectivo de derechos para la •

población en situación de desplazamiento.Consolidar los programas de generación de ingresos, restablecimiento, •

retorno y el tiempo en que la Psd (Población en condición de desplazamiento) tiene acceso a ellos.Reforzar el enfoque diferencial para la • Psd.Aplicar la política de reparaciones a la población desplazada.•

Garantizar el pleno acceso a la justicia a las mujeres víctimas de estas •

violencias.Fortalecer la investigación oficiosa en delitos de violencia sexual e •

intrafamiliar.Garantizar un entorno seguro para la mujer, con el fin de crear un •

ambiente propicio para el disfrute de sus derechos.


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Garantizar los derechos de las mujeres afectadas por la violencia de los •

grupos armados al margen de la ley.Aplicar la perspectiva de género en las políticas de atención a víctimas •

y sensibilizar funcionarios al respecto.Afianzar el Sistema de protección social para garantizar los derechos •

humanos de los niños y las niñas.Implementar cabalmente las disposiciones del nuevo Código de •

infancia y adolescencia en todos sus ámbitos.Reforzar las políticas públicas de protección integral, social y familiar •

para prevenir el reclutamiento infantil.Lograr la reducción de los índices de trabajo infantil a 5,1% para el año •

2015.Seguir avanzando en materia de derechos y garantías para la población •

Lgtb.Perfeccionar las garantías para el ejercicio de libertades por parte •

de los defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y periodistas.Mantener la interlocución con defensores y defensoras de derechos •

humanos, sindicalistas y periodistas.Desarrollar los compromisos en el caso del acuerdo tripartito con la •

Oit.Impulsar las investigaciones de crímenes contra estos sectores.•

Fomentar una cultura que facilite el trabajo de defensores y defensoras •

de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.Expandir la oferta nacional de cupos carcelarios a 24.331 mediante la •

construcción de diez complejos penitenciarios.Diseñar e implantar nuevos mecanismos de restricción de la libertad, •

como la seguridad electrónica como alternatividad de la pena, y el programa de agricultura urbana, con el cual se busca capacitar a los internos para garantizar su seguridad alimentaria cuando se encuentren en libertad.

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Conclusiones

colombia ha hecho grandes esfuerzos por cumplir con sus obligacio-nes en materia de derechos humanos, y por elevar la responsabilidad sobre ellos de las instituciones y funcionarios, que deben garantizarlos y proteger-los. Hay avances importantes en muchos campos.

El tema de los derechos humanos forma parte fundamental de la agen-da pública (del Estado, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de la academia), y la experiencia reciente ha demostrado que la seguridad es una condición necesaria para su plena vigencia.

Persisten sin embargo problemas para garantizarlos plenamente, los cuales se agudizan por la complejidad del territorio, la acción violenta de algunos grupos y las falencias de las instituciones. El negocio del narcotrá-fico ha permitido recursos incalculables que permiten la supervivencia de grupos armados ilegales.

En el marco del Epu, el Estado se compromete con una lista de acciones voluntarias, en las cuales espera el apoyo de los demás Estados.

El Gobierno desea una relación constructiva con ellas. Por eso pide a los representantes de la sociedad civil que participen activa y positivamente, dado que se aceptan sus críticas y se reconoce su valioso trabajo. Asimismo, insta a la comunidad internacional a que haga un gran aporte para desblo-quear los intentos de diálogo con las Ong enfrentadas.

Por último, el Estado colombiano espera que el Epu contribuya a promover una visión más profunda, clara y completa sobre la situación de


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derechos humanos en Colombia, en la que también se reconozcan los esfuer-zos y avances realizados por el Estado en aras de la protección y garantía de los derechos humanos.

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