DESARROLLO SOCIAL Y DESIGUALDAD EN MÉXICO, 1990-2004: UN ENFOQUE TERRITORIAL Y SECTORIAL

Francisco Pamplona El enfoque predominante cuando se aborda el tema de la desigualdad es el económico; de este enfoque se desprende que la desigualdad es importante en tanto influye sobre las variables del desarrollo y el crecimiento económico. En un estudio reciente, firmado bajo el sello del Banco Mundial en el que se trata la desigualdad en América Latina y el Caribe, los autores afirman que esta región tiene altos índices de inequidad de ingresos y este hecho repercute en las condiciones de vida de la población; escriben:

El alto nivel de desigualdad tiene costos considerables: aumenta los niveles de pobreza y disminuye el impacto del desarrollo económico destinado a reducirla. Es probable que tam-bién perjudique el crecimiento económico agregado, en especial cuando se asocia a la falta de equidad en el acceso al crédito y a la educación, y a las tensiones sociales. (Ferranti, et. al., 2003: 1).

Los autores advierten e insisten a lo largo del texto en que la desigualdad (económica) es un fe-nómeno que tiene antecedentes históricos que se remontan hasta la época colonial; el ser un fe-nómeno persistente tiene su base en la existencia histórica de “instituciones excluyentes” que sobreviven bajo distintos ropajes a lo largo del tiempo. Esta visión del desarrollo latinoamericano y en particular sobre la desigualdad, resiente los efec-tos de una interpretación distorsionada de los hechos históricos, por no decir ingenua. Confundir las instituciones de caridad cristiana heredadas del medioevo europeo (y habría que decir, fusio-nadas con las tradiciones indígenas), con la beneficencia pública instituida en la época de la pri-mera revolución industrial o con el despliegue del Estado Benefactor a partir de las reformas so-ciales de Beveridge en Inglaterra desde los años cuarentas, o la particular visión (por poner sólo un ejemplo) del Constituyente mexicano de 1917, es encontrar identidades en donde solo se sos-tienen débilmente algunas analogías. El sentido histórico de las instituciones es diferente en su encuadre epocal y sistémico. En realidad, los autores han tomado un atajo retórico para plantearse una “ruptura con la historia”, que se lograría instrumentando una serie de programas y medidas de política pública sobre todo en los tres aspectos señalados al final de la cita: acceso al crédito, educación y la atemperación del conflicto social. Este ejemplo del enfoque predominante cuando se trata el tema de la desigualdad elude frecuen-temente el diálogo con otras disciplinas sociales (no por cierto en las versiones más adelantadas de los economistas); pero incluso allí donde se desarrolla, es fundamentalmente con la filosofía política.

2

I. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y ENFOQUE METODOLÓGICO1

Las relaciones teóricas entre equidad y justicia son ampliamente conocidas; no obstante, prevale-cen algunas confusiones que se necesitan aclarar para tener una mayor comprensión sobre la complejidad de dichas relaciones. Antes que nada conviene delimitar los conceptos que están vinculados con el de justicia: libertad e igualdad. Los dos aspectos del concepto libertad según varios autores (I. Berlin, G. Sartori, N. Bobbio y J. Rawls, entre otros) son: interior, que se refiere en esencia a la capacidad individual de autodeter-minación ética y psicológica, y exterior referida a la capacidad individual (y de grupo) de actuar y convivir socialmente, por lo que esta libertad puede ser negativa o positiva (lo que se permite y lo que se puede). En cuanto a la igualdad, es un concepto vacío al cual es necesario llenar: se es igual frente a otros y con respecto de algo (de una situación, de un bien). Ambos conceptos se relacionan con el de justicia, pues como se enuncia en una definición básica de sus principios:

1. Toda persona tiene igual derecho a un régimen plenamente suficiente de liber-tades básicas iguales, que sea compatible con un régimen similar de libertades para todos.

2. Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos condiciones.

Primero, deben estar asociadas a cargos y posiciones abiertos a todos en las condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades, y segundo, deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la socie-dad (J. Rawls, 1993).

Las libertades básicas según este principio, tienen un orden de importancia insoslayable pues están referidas a la conciencia y la integridad de las personas. Como dice Rawls, estas libertades tienen un "peso absoluto", incluso frente al bien público o a las razones que en su demérito pue-dan aducirse para perfeccionar el orden social. Ahora bien, ¿cuáles son los significados de "justicia"?2 El primero es el que se refiere a ésta co-mo legalidad y el segundo al que lo identifica con la igualdad. Como escribe Bobbio "la libertad es el bien individual por excelencia y la justicia es el bien social por excelencia" (N. Bobbio, 1993). En cuanto que son bienes, la libertad y la justicia tienen un origen moral y están sustenta-dos en la convivencia humana, de allí que su entendimiento supere las definiciones estrictamente técnicas o instrumentalistas. En general, se pueden identificar dos situaciones en que la aplicación de la justicia es imperativa: una se refiere a la correspondencia tener-dar-recibir-tener y se caracteriza por ser una relación bilateral recíproca (quid pro quo); la otra trata de asignar "bienes" o "condiciones" (oportunida-des) contrapuestos (como ventajas o desventajas) a grupos de individuos, se sostiene en una rela-

1 Este apartado se basa en algunas consideraciones planteadas en el texto “Inequidades y rezagos en salud”, (Pam-plona, 1994). 2. Como se sabe la teoría de la Justicia de Rawls ha tratado de fundamentarse en criterios pragmáticos, específica-mente en la imparcialidad. Rawls (1984).

3

ción multilateral y en un sólo sentido. Mientras que en la primera situación se trata de resolver un problema de equivalencia, en la segunda se trata de "equiparar" a los individuos en condiciones y bienes. Queda por definir bajo qué criterio de justicia se debe establecer la asignación de ciertos bienes y de asegurar ciertas condiciones que sean justas, es decir, equitativas. En los "principios" de justi-cia de Rawls citados arriba, se puede observar que el tema de la igualdad es abordado "negativa-mente", como las razones por las cuales se puede "admitir" la desigualdad; el punto más destaca-ble es el que se refiere a las oportunidades (se entiende que sociales) que deben ser equitativas, los individuos deben partir de posiciones sociales equiparables (cosa por lo demás difícil de ob-servar empíricamente). Sin embargo, las oportunidades están: 1) definidas socialmente, son relativas por las costumbres, por el tipo de poder público existente y por los valores que se promueven desde la esfera de los poderes privados en una sociedad dada; 2) las oportunidades pueden ser y de hecho son, distintas según el periodo histórico por el que se atraviese y 3) sólo bajo definiciones normativas (¿en qué deben ser iguales las personas?) (¿Qué necesidades se deben satisfacer antes que otras?) se puede universalizar una noción de "oportunidad" justa. Se colige que, por otra parte, la desigualdad es admisible si se "procura el máximo beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad". El "máximo beneficio" como es interpretado desde cierta óptica (no necesariamente la que sostiene Rawls) se refiere a una distribución óptima de bienes y oportunidades ─el así llamado "criterio de equidad"─, que impide una mejora en la situación de unos (desaventajados) si ésta no empeora la situación de otros (aventajados)3; Como señala Sen: "Un estado puede ser un óptimo de Pareto con algunas personas en la más grande de las miserias y con otras en el mayor de los lujos, en tanto que no se pueda mejorar la situación de los pobres sin reducir el lujo de los ricos" (A. Sen, 1991). La equidad puede ser, entonces, justa o injusta, según el criterio de justicia que se aplique. O si se aplica a pie juntillas la "regla de la justicia", "según la cual se deben tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales de modo desigual" (N. Bobbio, 1993). Como se aprecia, las definiciones dicen poco sobre cómo se identifica la condición de los indivi-duos (son iguales o desiguales, ¿en qué?). En la definición existe al menos un vacío para la iden-tificación de su cualidad como iguales o desiguales, es decir, aplicada en este tenor la "regla de la justicia" antecede al modo en que se encuentran, empíricamente, los sujetos. (Sen, 1995). La instrumentación de cierto enfoque, ─por ejemplo el de la equidad vertical o específica─, pue-de tener en los hechos un impacto en la progresiva equidad horizontal y eso se debería procurar. En cuanto a la equidad por méritos cabe la pregunta por el contenido de éstos: ¿se refieren a la posición alcanzada por un individuo, al cargo que ocupa? ¿Es un mérito pagar una cuota en dine-ro cada mes con la finalidad de obtener un servicio en salud, así sea como eventualidad? ¿Debe un sistema público de salud o de educación satisfacer este criterio de equidad?

3. La exposición de la "optimalidad" de Pareto se encuentra ampliamente desarrollada en el libro de Winch (1975).

4

Sin duda, estas preguntas pueden ser respondidas de una manera afirmativa, siempre y cuando se subraye el carácter conmutativo de tal equidad. En su peor concepción, la justicia conmutativa es "una visión de la sociedad ordenada que emerge de una transacción de individuos egoístas, donde aquellos que no tienen nada que aportar, y por ende no tienen poder de negociación, no pueden esperar recibir nada, excepto por caridad" (J. Elster, 1991). Los sistemas de seguridad social han funcionado bajo los principios de la ventaja mutua y este sería quizás el mejor ejemplo de la equidad meritoria, aunque como se ha señalado, en las formas "compulsivas" de su desarrollo (hacer las deducciones obligatorias) condujeron a ciertas medidas redistributivas (el estado de bienestar), pero a un alejamiento de los principios actuariales que deben regir el seguro para su autofinanciamiento (Ibíd). El criterio de justicia (como igualdad) es relativo según sea una definición dada por un pensador, un grupo social o una institución. Según las deliberaciones filosóficas (en el sentido pleno de esta palabra) el imperativo por conseguir la igualdad deviene de las cualidades esenciales del hombre ─así, la libertad, la dignidad y otras─. Si el ideal de justicia es una virtud pública, cabe el señalamiento de que ésta debe "satisfacer" algo: una necesidad, un grupo de necesidades que son, siguiendo el argumento, sociales. La satis-facción de necesidades plantea varios interrogantes (soslayando la discusión en torno a qué es una necesidad): ¿cuáles necesidades sociales se deben satisfacer? ¿Son necesidades absolutas o relativas? ¿Cómo deben integrarse los principios de libertad y justicia en la satisfacción de nece-sidades sociales? ¿Tener salud, educación o empleo (un bien, en principio, individual) satisface alguna necesidad social no utilitaria?4 Si como se expresó líneas arriba para tener equidad en los hechos se debe partir de una distribu-ción equiparable de oportunidades, es preciso delimitar qué tipo de necesidades se deben satisfa-cer para hacer equiparables a las personas. En la literatura de economía de la salud es frecuente encontrar definiciones de ésta como un "bien meritorio" al igual que la educación. Desde cierta perspectiva, estos son bienes meritorios porque son estratégicos para el desarrollo económico y social; cabe la aclaración sin embargo, de que en principio son meritorios porque permiten ampliar el marco de oportunidades de los individuos y porque tener salud o haber estu-diado son hechos cruciales para que los sujetos mejoren o puedan mejorar su situación en el sis-tema social. En el discurso económico las desigualdades se entienden en un sentido restringido, como las dife-rencias entre los individuos, ya sea si se consideran como consumidores o productores; en el dis-curso sobre la desigualdad económica se trata de mostrar el modo en que las personas concurren al mercado, las oportunidades reales que se les ofrecen. Pedro Vuscovic, en un libro póstumo (1993) distingue tres fuentes de desigualdad económica: la sostenida concentración del ingreso y su mala distribución, el desempleo abierto creciente y el incremento de los activos humanos en el

4. La discusión en torno a las necesidades humanas es extensa, véanse: Len Doyal, 1991; Julio Boltvinik, 1990 y Agnes Heller, 1984.

5

así llamado "sector informal", finalmente, la derivada de la decreciente participación de los sala-rios reales en el producto. En cambio, en este trabajo, lo que interesa es mostrar las desigualdades como situaciones condi-cionadas territorialmente, trata de encontrar diferencias sustantivas entre las entidades federati-vas (territorios erigidos históricamente cuyas fronteras se ajustan a una lógica administrativa o a una voluntad política), por medio del análisis de diversos indicadores. Se resumen con estas me-didas las situaciones que particularizan a las regiones y las hacen comparables a otras; esta mane-ra de abordar el problema de la desigualdad puede entenderse también como un esfuerzo por identificar la situación probable de carencia o satisfacción de necesidades de los pobladores de esas regiones; aunque no se comparan individuos (A está en peor -o en mejor- situación que B), se habla legítimamente del contexto (en la región X existe mayor probabilidad de que A esté en peor -o mejor- situación que B en la región Z). El enfoque regional tiene la ventaja de permitir diseñar propuestas que sean más fáciles de ins-trumentar por medio de una planeación sensata5 . Los mecanismos redistributivos del ingreso pasan, por ejemplo, por enormes dificultades si se sigue una política de subsidios o transferen-cias, pues el riesgo de no ir en la dirección correcta (no beneficiar a quien se propone) es alto. En cambio dotar de infraestructura o de algún servicio (drenaje, agua potable o una clínica comunita-ria) a una región particularmente carente requiere -al menos en el papel- de una adecuada obser-vación de la economía de escala para darle viabilidad al proyecto; sobra decir que puede haber externalidades positivas con obras de este carácter. 2. UNA DÉCADA DE DESIGUALDAD SOCIAL EN MÉXICO, 1990-2000 La década de los años noventa estuvo precedida por uno de los acontecimientos político- sociales más importantes del siglo XX: La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Europa del este y la Unión Soviética comenzaron el rápido camino de la integración al estilo de vida oc-cidental; integración cuyas consecuencias negativas son vividas aún ahora. Dos años antes, en septiembre de 1987, el entonces presidente de los Estados Unidos de Nortea-mérica, Ronald Reagan, pronunció un famoso discurso ante la puerta de Brandemburgo desde Berlín Occidental. En su oración, Reagan arengó a los asistentes e hizo dos llamados a Gorba-chov, entonces Secretario General del Partido Comunista de la URSS, a que fuera allí, a derribar el muro; dijo con tono profético: “El muro no se sostiene ante la libertad”. Las transformaciones fueron entonces veloces: cayó el muro y un año después, sin consulta pública, las élites políticas de Alemania Occidental, de Europa (incluida la Unión Soviética) y de Norteamérica, dieron el paso definitivo de la unificación alemana. Uno a uno los países del bloque soviético entraron a la década de los noventa con más expectativas que certidumbre. Luego vino el Tratado de la Unión Europea (el tratado de “Maastricht”, por la localidad holandesa en donde se firmó), en febrero de 1992, que selló el fin de la guerra fría y el ingreso a un mundo con nuevos desequilibrios, descon-tentos, guerras y un escepticismo creciente en torno a los beneficios de la “nueva economía”; la palabra globalización habría de adquirir un prestigio en ascenso.

5. Existen varios trabajos que se proponen mostrar las ventajas de contar con regionalizaciones de la situación y las condiciones sociales. Véase Cortina, M. et al, 1986; Durán Morales, 1989 y Rodríguez Domínguez, 1992.

6

Haciendo un balance de lo acontecido, Eric Hobsbawm en su Historia del Siglo XX, escribe:

La reacción inmediata de los comentaristas occidentales ante el hundimiento del sistema so-viético fue que ratificaba el triunfo permanente del capitalismo y de la democracia liberal, dos conceptos que los observadores estadounidenses menos refinados acostumbran a con-fundir. Aunque a fines del siglo XX corto no podía decirse que el capitalismo estuviera en su mejor momento, el comunismo al estilo soviético estaba definitivamente muerto y con muy pocas probabilidades de revivir. Por otra parte, a principios de los noventa ningún ob-servador serio podía sentirse tan optimista respecto de la democracia liberal como del capi-talismo. Lo máximo que podía predecirse con alguna confianza (exceptuando tal vez los re-gímenes fundamentalistas más inspirados por la divinidad) era que prácticamente todos los estados continuarían declarando su profundo compromiso con la democracia, organizando algún tipo de elecciones, manifestando cierta tolerancia hacia la oposición nacional y dando un matiz de significado propio a este término. (Hobsbawm, 2003:567)

Ante la globalización, surgieron nuevos “nacionalismos”, inspirados en diversos entendidos ante la nueva situación; se apeló a la tradición, a la lengua y la proximidad geográfica. Lo cierto es que se produjo una ola de cambios en la geopolítica europea, mientras en otras regiones del mun-do, se ostentaba un optimismo político basado en el equilibrio sin balanza. Se habló hasta el can-sancio, del “fin de la historia”. Por esos motivos, algunos comentaristas del este y del oeste no fueron tan simplistas. Karel Ko-sik, el filósofo checo, respondió claramente sobre fin de la historia a uno de los representantes del nuevo escepticismo, Alain Finklielkraut, “Para el vencedor de hoy, el sistema de «economía de mercado» es no solo la última palabra de la historia sino el orden natural, largamente buscado y al fin felizmente encontrado, que corresponde a la esencia del hombre e instaura la normalidad sobre la Tierra” (Kosik, 1994:9). Normalidad y optimismo campearon en los discursos de inicios de la década. En México, después de haber ocurrido la peor crisis económica del siglo XX (hasta ese momen-to), se instauró en definitiva el régimen económico que prevalece hasta hoy. Sin duda, para nues-tro país, las transformaciones políticas internacionales ocurridas desde inicios de los ochenta y los consecuentes cambios en las esferas económica y social, fueron decisivas. El modelo económico seguido desde entonces, afectó los parámetros con que se evalúan las polí-ticas públicas. Uno de los cambios más importantes se dio en la política social, desde la que se instrumentaron nuevas formas de legitimación y de intervención, aunque esta palabra haya sido expulsada de la jerga gubernamental, lo mismo que planeación y otras. El combate a la pobreza se erigió como la política sine qua non del sexenio, al tiempo que se comenzaron a desmantelar los programas de gobierno destinados al bienestar. De 1988 a 2000, la política social se olvidó del tema de la igualdad que, según diversos autores e instituciones, caracterizará al siglo XXI.

2.1. La evolución del gasto social Al comenzar la década de los noventa, las principales variables socioeconómicas habían sufrido una serie de reveses debido a la crisis de 1982-1987. En primer lugar, la evolución del Producto Interno Bruto sufrió, de 1983 a 1989, una severa caída con una tasa anual de crecimiento de

7

0.18% y a partir de ese piso, de 1988 a 2000, tuvo un crecimiento anual de alrededor de 3.6% anual (Calva, 2004). El PIB per cápita, no obstante mantuvo un leve crecimiento real entre 1990 y 1994, para luego caer en 1995 y recuperarse hacia el 2000 (gráfica 1). El Gasto Público Social, como proporción del PIB, partió de un nivel sumamente bajo en 1990, apenas de 6.06% y un leve crecimiento en el siguiente año a 6.95%. De 1990 a 1993 los incre-mentos fueron sostenidos, hasta la caída de los años 1994 y 1995 (cuadro 1). La estructura del gasto público social demuestra por otra parte el redireccionamiento de la acción pública. Por un lado, la evidente disminución del gasto en salud como proporción del producto y un incremento sostenido de los gastos en seguridad social a partir de 1994. En un trabajo exce-lente Rimez y Bendesky (2000), sostienen que “La evolución del gasto público en el periodo comprendido entre 1982 y 1995 muestra los efectos de las fases de recesión y recuperación del ciclo económico de ese periodo de transición alargado.” El decrecimiento económico habido en los años de la primera crisis pospuso y redefinió el destino del gasto público en su totalidad. Gráfica 1. Producto Interno Bruto per cápita, 1990-2002

1 3 , 3 5 6 . 8

1 4 , 2 4 9 . 3

1 3 , 1 4 7 . 4

1 3 , 6 0 7 . 4

1 4 , 3 1 3 . 5

1 4 , 8 2 1 . 7

1 5 , 1 5 0 . 6

1 5 , 9 3 5 . 7

1 5 , 6 5 6 . 11 5 , 7 3 9 . 7

1 3 , 8 9 0 . 51 3 , 8 7 8 . 1

1 3 , 6 5 0 . 2

12 , 5 0 0

13 , 0 0 0

13 , 5 0 0

14 , 0 0 0

14 , 5 0 0

15 , 0 0 0

15 , 5 0 0

16 , 0 0 0

16 , 5 0 0

19 9 0 19 9 1 19 9 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

Fuente: Elaborado con base en datos del Cuarto Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 2004. Cuadro 1. Gasto Público Social como porcentaje del PIB, 1990-2002.

Año Educación Salud Seguridad social Laboral

Abasto y asistencia social

Desarrollo regional y urbano

TOTAL

1990 2.47 2.76 0.10 0.03 0.12 0.59 6.06 1991 2.72 3.12 0.09 0.03 0.22 0.77 6.95 1992 3.19 3.23 0.12 0.03 0.30 0.87 7.75 1993 3.76 3.48 0.03 0.03 0.27 0.93 8.49 1994 4.09 2.43 1.19 0.05 0.31 1.19 9.27 1995 3.79 2.21 1.23 0.06 0.35 0.82 8.45 1996 3.74 2.08 1.29 0.03 0.41 0.86 8.40 1997 3.59 2.24 1.66 0.05 0.28 0.83 8.66 1998 3.86 2.29 1.65 0.05 0.25 0.94 9.03

8

1999 3.82 2.40 2.07 0.05 0.22 0.88 9.43 2000 3.77 2.22 2.25 0.05 0.20 0.97 9.46 2001 4.03 2.32 2.21 0.05 0.22 1.12 9.96 2002 4.22 2.16 2.60 0.04 0.24 1.19 10.44

Fuente: Elaborado con base en datos del Cuarto Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 2004. Los mismos autores señalan:

En términos cuantitativos, el gasto social se elevó en general en valores reales y ocupó una porción mayor del gasto publico. Este fenómeno refleja en parte, la redefinición de las fun-ciones del Estado y la reducción del ámbito de su intervención en el proceso de desarrollo económico, en particular, la reducción drástica de la inversión pública. (Rimez y Bendesky, 2000:446).

Habría que agregar que esa falta de inversión productiva repercutió sobre todo en el desarrollo agropecuario, que pasó de una participación de 1.77% del PIB en 1990 a 0.55% en 2000. Otro sector afectado fue el de energía, que pasó de una participación de 5.33% a 3.16%. En general, el gasto en funciones productivas se redujo a poco más de la mitad en este periodo, de 8.30% de participación en el PIB a 4.23%. La estructura del gasto social sectorial (o por función guberna-mental según la nueva terminología) muestra también los signos de ese redimensonamiento y redireccionamiento de las prioridades de los gobiernos de Salinas y Zedillo (gráfica 2 y cuadro2). Las nuevas prioridades se centraron, desde 1988 en el llamado combate a la pobreza; de las ac-ciones universales de inversión pública productiva y en infraestructura se viró hacia la atención de un numeroso grupo de excluidos. Como dice Simmel, la beneficencia pública atiende a la po-breza, mientras que la beneficencia privada atiende a los pobres. Las políticas contra la pobreza giraron en su concepción y hasta la fecha, en el sentido de focalizar las acciones del gobierno para nivelar las condiciones de un grupo concreto, heterogéneo en proceso de homogenización y abstracción, por medio de medidas variadas pero incompletas, en un abanico que va desde accio-nes asistenciales hasta participación social y desarrollo regional. En un sentido muy general la política social de ese momento (Solidaridad y Progresa):

Tiene el objetivo primordial de entorpecer lo menos posible las señales del mercado para la asig-nación de los recursos entre los distintos usos económicos y, también, pretende eliminar las pre-siones que el déficit del sector público impone en la inflación y los desequilibrios externos. (Ibid, p. 452).

Habría que añadir que la política social seguida desde aquél momento se propuso sentar nuevas bases para la legitimación política.

9

Gráfica 2. Gasto Público Social per cápita, según función gubernamental, 1990-2002

0

100

200

300

400

500

600

700

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Peso

s de

199

3

Educación Salud Seguridad Social Abasto y Asistencia Desarrollo regional y urbano

Fuente: Elaborado con base en datos del Cuarto Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 2004. Cuadro 2. Gasto público sectorial en porcentaje del gasto público social total, 1990-2000.

AÑO Educación Salud Seguridad social Laboral

Abasto y asistencia social

Desarrollo regional y urbano

TOTAL

1990 40.72 45.51 1.59 0.47 2.06 9.66 100.00 1991 39.13 44.82 1.33 0.43 3.21 11.08 100.00 1992 41.18 41.69 1.58 0.37 3.89 11.30 100.00 1993 44.26 40.96 0.36 0.35 3.15 10.92 100.00 1994 44.16 26.21 12.88 0.57 3.33 12.84 100.00 1995 44.80 26.12 14.53 0.74 4.14 9.66 100.00 1996 44.50 24.77 15.33 0.34 4.84 10.21 100.00 1997 41.52 25.84 19.17 0.63 3.24 9.59 100.00 1998 42.73 25.33 18.23 0.55 2.73 10.44 100.00 1999 40.54 25.41 21.92 0.53 2.33 9.28 100.00 2000 39.87 23.50 23.77 0.52 2.08 10.26 100.00 2001 40.50 23.34 22.21 0.46 2.20 11.29 100.00 2002 40.39 20.68 24.89 0.39 2.27 11.38 100.00

Fuente: Elaborado con base en datos del Cuarto Informe de Gobierno. Presidencia de la República. México, 2004.

2.2. Las desigualdades territoriales La imagen del país basada en cifras agregadas, puede llevar a distorsiones en cuanto a la interpre-tación de la situación objetiva por la que atraviesa. Tratándose de una nación que integra diversas

10

circunstancias, observables empíricamente como territorios, es posible considerar esa diversidad geográfica y social como un modo de comprender con mayor exactitud su evolución. Si bien la división territorial en entidades de una federación es un hecho que deriva de antecedentes históri-cos concretos, también es verdad que es la realización de ciertas voluntades humanas en ese de-venir: las entidades federativas son en su expresión moderna, delimitaciones geográficas a partir de criterios político-administrativos; la observación de esa geografía particular permite dividir al país en circunscripciones observables empíricamente y por tanto, hacerlas comparables.6 El con-tenido heurístico de este proceder es indudable, pero es importante subrayar que las diferencias o similitudes encontradas en las variables seleccionadas reflejan situaciones objetivas. En este apartado se exponen diversas comparaciones entre entidades federativas sobre algunas variables clave en la comprensión del desarrollo social, particularmente en el tema de la desigualdad. Se refiere entonces a la diversidad territorial y no a la diferenciación de clases sociales, grupos u otras clasificaciones. No obstante, al señalar las diferencias o similitudes entre dos estados, por ejemplo entre Oaxaca y Nuevo León, usando la variable “mortalidad por diarreas en menores de cinco años”, no se alude a una peculiaridad intrínseca de cómo se dan las diarreas (a quienes en particular han afectado) en uno y otro lado; simplemente se pretende decir que la variable mues-tra una diferencia o una similitud al comparar los casos, y que estos a su vez son comparables con las cifras agregadas de las variables. También es importante señalar que el concepto “territo-rio” implica personas, conglomerados humanos y que al señalar una diferencia o una similitud entre territorios, se alude también a los grupos humanos que los habitan.

2.2.1. Marginación Después de un periodo en el que la preocupación por la pobreza produjo una enorme cantidad de investigaciones, discusiones, análisis y diseño políticas, el énfasis ha disminuido y, producto de las mismas discusiones y aportaciones, se reconoce con total claridad que la medición del bienes-tar, su conceptualización, requieren de la introducción de variables distintas al ingreso de las per-sonas. Así, en un trabajo reciente, Araceli Damián llama la atención de que si es verdad que el fenómeno de la pobreza es “multidimensional”, el Comité Técnico para la Medición de la Pobre-za debió de ser coherente y debió de adoptar “un método multidimensional que identificara todas las fuentes de bienestar y todas las carencias básicas, respetando así los derechos económicos básicos” (Damián, 1995:154). La preocupación de que en los estudios de la pobreza se excluyen variables fundamentales del bienestar de las personas, no es reciente; de hecho, autores reconocidos e imprescindibles como Amartya Sen, plantearon desde hace más de 25 años sus objeciones a tesis utilitaristas en torno a que se debe entender como nivel de vida (una de las dimensiones del bienestar); la crítica de Sen en particular. antepuso las capacidades y funcionamientos de las personas contra el ingreso. No obstante, en aquél entonces como ahora, la discusión giró en torno a los fundamentos del cálculo del nivel de vida y del bienestar. Esa discusión sobre la medición de la pobreza, por cierto, lleva ya algo más de cuatro siglos. 6 La sociología clásica desde Durkheim, había enfatizado en la comparabilidad como base de la comprensión y ex-plicación de los fenómenos sociales; en su situación actual, las ciencias sociales han hecho imprescindible esa nece-sidad, incluyendo los métodos comparativos como parte de la estrategia de investigación. De hecho las comparacio-nes se efectúan en el espacio, en el tiempo y se toma la decisión de las variables que servirán como base de las mis-mas. Para una exposición sistemática véase Sartori y Morlino, eds. (1994). Dentro de ese volumen, véase en particu-lar el artículo de Mauricio Ferrera sobre la comparación y el Estado de Bienestar.

11

Evidentemente los puntos a destacar han sido diversos, pues mientras por un lado la preocupa-ción se ha centrado en la identificación y descripción de la pobreza y de los pobres, por otro se ha insistido en la necesidad de conocer el nivel real de la pobreza, su magnitud. Ambas posturas coinciden en un punto: se trata de hacer cálculos precisos. Surge aquí, nuevamente, que la pre-ocupación secundaria (calcular) sustituye a la primaria (intervenir), presentándose como paso previo la medición para la identificación y descripción. Esta inversión fenoménica, fue señalada entre otros por Simmel, como ya se citó en la página 3 de este artículo. La precisión, por otro lado se ha convertido de un ideal científico en un mero prejuicio de especialistas. La vieja adver-tencia de Gaston Bachelard “Hay que reflexionar para medir y no medir para reflexionar”, no tiene eco bajo la actual circunstancia en que la disposición de medios para calcular, desvían la atención de los investigadores y el cálculo se convierte prácticamente en el fin mismo de la in-vestigación.7

Lamentablemente el cálculo de la pobreza en México (y en general en los países) interfiere de dos modos para que las intervenciones públicas sean más eficaces: primero, proporcionando una gama de mediciones discrepantes (a veces enormemente distintas) que oscurecen la “visibilidad” del problema y de esa forma lo matizan a tal punto que es prácticamente imposible adquirir con-sensos entre los grupos interesados, ya sean de la elite gobernante o de la “opinión pública” sobre el valor y utilidad de las cifras; segundo, la diferencia entre las cifras (y las técnicas matemáticas empleadas para el cálculo) convierte al problema en una disputa entre especialistas y no en un asunto dirigido a posicionarse con toda su riqueza en la agenda pública de los actores políticos. Es evidente que los participantes en el debate especializado dan sus razones, atendibles todas, para decir que su aproximación contiene un mayor grado de “objetividad”. Razonablemente también, se podría simplemente presentar las diversas cifras y dejar que quienes toman las decisiones opten por las más convenientes. Sería aun mejor tomar acciones de consen-so para convencer a quienes deciden a que lo hagan por las opciones no más baratas o más fáciles de llevar al cabo, sino por aquellas que presionan más a los presupuestos casi siempre tacaños cuando se trata de beneficios directos para la gente. Hay más. Las objeciones a instrumentar acciones derivadas de una percepción debatida y debati-ble sobre la magnitud de la pobreza son conocidas; la más inquisitiva la ha formulado el investi-gador británico John Toye, a quien cito aquí en extenso:

7 De hecho la invectiva de Bachelard, emprendida contra el objetivismo en la ciencia, contra la matematización irre-flexiva de ésta, planteó con contundencia el problema general de la medida en la ciencia: “El exceso de precisión, en el reino de la cantidad, corresponde muy exactamente al exceso de lo pintoresco, en el reino de la cualidad. La preci-sión numérica es frecuentemente un motín de cifras, como lo pintoresco es, para hablar con Baudelaire, ‘un motín de detalles’. Puede verse en ella uno de los signos más claros de un espíritu no científico en el instante mismo en que ese espíritu pretende la objetividad científica”. (Bachelard, 2003: 250). Actualmente, el problema no es sólo que las mediciones sean groseras para objetos complejos; el problema ahora es que las medidas sofisticadas se emplean de manera indiscriminada a toda una gama de objetos (la mayor parte de las veces mal comprendidos), por más que sea innecesario y de hecho se obscurescan las explicaciones. Desde otros campos, particularmente el del conocimiento de lo social, las objeciones a la primacía de lo cuantitativo como “dato natural” se han hecho desde hace tiempo. Una exposición rica al respecto se encuentra en Aaron Cicourel, El método y la medida en sociología. (Cicourel, 1982). Desde otro ángulo, véase “La sociología y el método matemático”. (Thomas P. Wilson, 1991).

12

…el concepto predominante de pobreza sigue siendo el limitado y economicista de consumo privado (o pobreza de ingreso), sólo que ahora las incidencias con la líneas de pobreza supe-rior e inferior se complementan con el cálculo de la brecha de pobreza y el índice de severidad de la pobreza siguiendo a Foster-Greer-Thorebecke. La objetividad de estas cifras depende entonces de estándares predefinidos de nutrición, la identificación de unidades familiares dis-cretas, la confiabilidad de la memoria en las encuestas, el conocimiento de los precios locales, etcétera. Las mediciones son limitadamente economicistas porque suelen excluir incluso va-riables económicas como el valor de los activos privados, el uso de recursos de propiedad común y el dividendo social (beneficios del gasto público menos impuestos). Son economicis-tas porque excluyen aspectos sociales y políticos del bienestar como el tiempo libre, la seguri-dad personal, los bienes culturales, el reconocimiento social y los derechos políticos. No obs-tante, todas esas variables excluidas constituyen en sí mismas partes del bienestar, al tiempo que son recursos que los hogares y las comunidades vulnerables pueden utilizar en épocas de penurias. (Toye, 2005: 78).

¿Cómo abordar entonces el problema de la pobreza en su multidimensionalidad? La tentación que surge de inmediato es la construcción de una medida única que fusione una buena parte de la posesión y uso de los bienes sociales que enumera Toye y muchos otros y que han sido descritos en diversos trabajos, como los determinados en el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, por poner un ejemplo. Otra manera sería calcular una medida sintética, que reúna en sí lo esencial y proponga un índice comparable para distintas unidades geográficas o grupales, tal como lo hace el Índice de Desarrollo Humano de PNUD que se publica desde 1990. Las opciones son todas válidas. Una de ellas, que el gobierno de México ha seguido es la integración de una medida sintética de la precariedad en el logro de satisfactores normados por su ley fundamental. Esa medida fue rea-lizada por primera vez para el COPLAMAR (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados) y se le denominó “índice de marginación”. A principios de los años ochenta, el interés del gobierno se centró, tanto en la identificación de carencias esencia-les, como de su ubicación geográfica. El índice de marginación de COPLAMAR es característico de un plan dirigido a ampliar la cobertura de bienes y servicios para el conjunto de la población, comenzando en aquéllas áreas con mayores carencias. En esa línea, el Consejo Nacional de Po-blación ha realizado tres investigaciones8 que actualizaban la propuesta original del COPLAMAR: la primera investigación fue realizada en 1987 con los datos del censo de población de 1980 y no fue publicada aunque circuló una versión mecanografiada entre los interesados. En 1993, el CO-NAPO publicó “Indicadores Socioeconómicos e Índice de Marginación Municipal 1990”, con da-tos del censo de 1990. Esta aportación se hizo cuando los estudios sobre la pobreza irrumpieron en el escenario del debate público. El concepto de marginación fue cambiado en esta contribu-ción y se desplazó hacia un espacio más normativo, quitando el fuerte acento “desarrollista” dado por la definición de COPLAMAR. Simple y llanamente, la marginación fue expresada como la ca-rencia de los satisfactores esenciales que están garantizados en la Constitución. La siguiente aportación se hizo con los resultados del censo del año 2000 y siguió con el tenor planteado en el anterior estudio.

8 En rigor, el Conapo, participó en una cuarta investigación, junto con el –en esos momentos- recién creado “Progre-sa”, a partir de los datos que proporcionó el conteo de población del año 1995. Los resultados fueron la base para la focalización de las acciones del nuevo programa de combate a la pobreza.

13

Las ventajas de usar los índices de marginación por sobre los de pobreza saltan a la vista: prime-ro, su desagregación en unidades geográficas menores a las entidades federativas (los estudios son por municipios o localidades); segundo, los indicadores con los que se integra la medida re-sumen son expresados en porcentajes (medida fácilmente comprensible) de carencias en la uni-dad geográfica; y tercero, se puede efectuar una disposición de la medida resumen de tal forma que se separan las unidades en un orden de mayor a menor carencia; la priorización para las in-tervenciones es, de ese modo, transparente. También hay un buen número de objeciones a esta medición de la precariedad socioeconómica, casi todas referidas a lo “abstracto” del índice y a su origen, derivado de un método de cálculo (análisis factorial en su versión de componentes principales) bastante oscuro para los propios especialistas.9 Otra objeción común es que los indicadores y por tanto el índice son marcadamen-te urbanos, lo cual, se dice, deja implícito que se medirá la marginación rural (aunque quede cla-ro, tanto en los estudios de marginación como en los de pobreza, que los bienes y servicios con-tabilizados son ¿urbanos? Simplemente habría que decir que son aquellos bienes concebidos co-mo estándares en una sociedad con un fuerte componente urbano). No obstante lo anterior, es preciso insistir en que los índices de marginación abrieron la posibilidad de que los criterios para la asignación de los recursos públicos ampliara su criterio y no se hiciera sólo por el volumen de población de las entidades federativas. Por otra parte, las dimensiones de la marginación han sido exhaustivamente estudiadas en relación directa con el propio problema delimitado (salud, educa-ción, vivienda, ubicación territorial, ingreso), en cambio, al menos en México, los estudios de pobreza aún no la “tematizan” en virtud de la propia medición realizada o por mor de los asuntos que la han convertido en un “problema social” (pobreza y salud, pobreza y criminalidad, etcéte-ra). Las opciones para medir la precariedad social son variadas; dado que los estudios de marginación permiten hacer comparaciones entre unidades territoriales, en esta sección se profundiza en el análisis espacio-temporal. En el cuadro 3 se presentan las cifras nacionales de los indicadores de déficit con los cuales se integró el índice de marginación para los años 1990 y 2000. Su lectura cuidadosa no deja lugar a dudas: en la década, la población afectada por el rezago y expresado en los indicadores, disminu-yó, excepto en tres de ellos: “Población que vive en localidades menores a 5000 habitantes”, que aumentó en 2,248,405 personas, “Viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento”, que se incrementó en 725,823 viviendas y “Población ocupada con ingresos hasta de 2 salario míni-mos”, con un aumento neto de 2,403,666 personas. Hubo, no obstante, una disminución de la proporción de la población afectada en todos los indicadores.

9 Fernando Cortés (2001) publicó un artículo en el que presenta las “virtudes” de las medidas de pobreza y de margi-nación, al tiempo que aclaraba las diferencias conceptuales de “marginación”, “pobreza” y “marginalidad”; sin dis-crepar del autor, subrayo aquí un aspecto poco debatido: si es verdad que la pobreza es un fenómeno multidimensio-nal y si también es cierto que la marginación se expresa como carencia de satisfactores esenciales, entonces no es sólo que la marginación y la pobreza se relacionen, sino que aluden al mismo fenómeno. En esta discusión, como en otras al respecto, es necesario insistir que los “modos” de calcular la pobreza no la sustancializan, es decir, no por el modo de medirla se expresa su “objetividad”, sino que es objetiva en tanto construimos diversas maneras de medirla. De allí que el debate sobre las diferencias entre pobreza, marginación, desarrollo humano, progreso social, etcétera, sea un tanto artificioso.

14

Cuadro 3. Población en rezago, según indicadores de déficit 1990-2000.

Población en rezago Porcentaje de la población en rezago Indicador

1990 2000 Diferencia 1990 2000 Diferencia

Población total 81,249,645 97,483,412 16,233,767 1. Población de 15 años o más analfabeta 6,174,943 5,947,618 -227,325 7.60 6.10 -1.50 2. Población de 15 años o más sin primaria completa 18,374,099 17,882,064 -492,035 22.61 18.34 -4.27 3. Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 17,271,153 9,444,759 -7,826,395 21.26 9.69 -11.57 4. Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctrica 10,448,846 4,571,198 -5,877,648 12.86 4.69 -8.17 5. Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada 16,893,778 10,721,546 -6,172,233 20.79 11.00 -9.79 6. Viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento 9,158,020 9,883,843 725,823 11.27 10.14 -1.13 7. Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra 16,825,958 14,101,304 -2,724,654 20.71 14.47 -6.24 8. Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 27,937,490 30,185,895 2,248,405 34.38 30.97 -3.42 9. Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos 14,796,795 17,200,461 2,403,666 18.21 17.64 -0.57

Cálculos propios a partir de: CONAPO/CNA. Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal, 1990. México 1993. CONAPO. Índices de marginación, 2000. México, 2001. La más importante de las disminuciones fue en el indicador “Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo”, en 11.57 por ciento, si bien se había partido de un nivel relativa-mente alto (tomando en consideración el elevado índice de urbanización del país como ya se di-jo). En orden decreciente las disminuciones porcentuales fueron de 9.79 para el indicador cinco, 8.17 por ciento para el cuatro, 6.24 por ciento para el siete, 4.27 por ciento para el dos y 3.42 por ciento para el ocho; los tres indicadores restantes disminuyeron en sus guarismos entre 2 puntos porcentuales y 0. Nótese que los indicadores de rezago con menores reducciones tienen la carac-terística de que su eliminación depende de acciones públicas hiperfocalizadas, como en el caso del déficit educativo entre los adultos, o bien de fenómenos dependientes de la dinámica macro económica o macrosocial, así, el incremento neto en personas con un ingreso precario, o bien en una dispersión mayor de personas en el territorio, o de personas que viven hacinadas en su espa-cio vital, ya sea por las propias características del tamaño de las viviendas de interés social, o bien porque esas personas al formar un hogar nuevo no pueden adquirir una vivienda aparte. Cuadro 4. Análisis de cambio de los indicadores de déficit social, 1990-200010

Indicador Porcentaje de

cambio Índice de Cambio (T) Rotación (R) Cambio

Neto (Cn) 1. Población de 15 años o más analfabeta -3.68 1.2360 42.08 0.79 2. Población de 15 años o más sin primaria completa -2.68 1.4967 67.80 0.92

10 El índice de cambio T expresa la probabilidad de un cambio positivo a uno negativo o viceversa; el valor de T va de 0 a 2; entre más se acerque a 2, es mayor la probabilidad de un cambio en sentido positivo. Por otro lado el índice de rotación R expresa la proporción de personas que cambiaron de posición en el periodo. El cambio neto Cn expresa la proporción de personas que efectivamente cambiaron en cualquier sentido.

15

3. Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo -45.31 0.9647 45.59 13.36 4. Ocupantes en viviendas particulares sin energía eléctri-ca -56.25 0.7584 34.92 13.67 5. Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada -36.54 1.0645 49.14 10.98 6. Viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento 7.93 1.3029 53.98 -2.06 7. Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra -16.19 1.3083 58.79 5.18 8. Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 8.05 1.5971 78.17 -3.02 9. Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos 16.24 1.3943 66.34 -4.98

Cálculos propios a partir de: CONAPO/CNA. Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal, 1990. México 1993. CONAPO. Índices de marginación, 2000. México, 2001. La base de cálculo son las cifras del cuadro 1. En los indicadores de déficit cuyo decremento depende de la acción pública o de su propia acción (como los servicios en la vivienda) la mejoría es indiscutible. Lo que ya no es tan nítido, es su magnitud. Es decir, debemos explorar tanto el sentido del cambio como su cantidad. Con tal fin y con las limitaciones que serán evidentes, en el cuadro 4 se presentan los resultados de un análisis que trata de definir ese cambio y su importancia. En principio, destaca el cambio mismo, medido en porcentaje de la columna uno; con respecto de las cifras del cuadro 3, destaca que el impacto del cambio de los indicadores de una fecha a otra, comparando el propio indicador, tiene otro orden de importancia. El indicador 4 es el que presen-ta una modificación positiva mayor, seguido del 3 y del 5. El empeoramiento de los indicadores 9, 8 y 7 se presenta más nítido. Mientras que en el cuadro 3 se observa el impacto poblacional del déficit o la precariedad, en el 4 se infiere el impacto de la coyuntura (particularmente de la crisis de 1994-1995) en las características de esa población. El que haya habido un incremento en el número de personas que viven en localidades pequeñas, significa -como mera posibilidad- un mayor riesgo a no conseguir los satisfactores (bienes y servicios) que están con mayor probabili-dad en localidades con más personas. El índice de la columna 2 trata de explicar (en el sentido que lo explica una razón de momios) la probabilidad de que la situación mejore con relación al momento inicial de la comparación. La visión se modifica a la luz de esta medida; en primer lugar, los indicadores que sufrieron una modificación positiva más intensa como el 3 y el 4 probablemente sigan con esa tendencia con menor intensidad. Los indicadores 8, 2, 9, 7, 6 y 1 cuyo cambio fue menor, tendrán una mayor probabilidad de ir en sentido positivo; este índice de cambio, debe ser interpretado como oportu-nidades de intervención. Seguirá siendo valioso la posesión del alfabeto, aún en la edad adulta mayor, en la medida que significa un logro para quien lo obtenga, así como también la adquisición de un título cuyo res-paldo social es innegable, como lo es el certificado de estudios primarios. Además, la constata-ción de que las personas tienen mayores oportunidades de obtener servicios y bienes en localida-des bien comunicadas aunque sean pequeñas, debía de ser un incentivo para el gobierno para invertir en infraestructura pública ya que esas posesiones de todos (clínicas, escuelas, carreteras, caminos), esos bienes públicos, favorecen la integración social y el bienestar. Por otra parte el movimiento probabilístico hacia la mejora en el salario o el hacinamiento, evi-dencia que hay acciones con un alto nivel de complicación: cambiar la política de construcción

16

de viviendas en el sentido de incrementar los estándares de construcción y espacio y junto con ello (en el sentido de paliar lo existente, pero también como acción positiva) la creación de espa-cios públicos para la convivencia, la recreación y el estudio; es decir, si la vivienda no ha de ser el lugar espacioso para lo anterior, es urgente que se creen esos espacios públicos. Dejar a la ini-ciativa particular la instalación de nuevos centros de consumo masivo que sustituyen la oportuni-dad de compartir y conversar, de leer y divertirse sin tener que comprar, es mutilar al cuerpo social por la cabeza. En cuanto a los índices de rotación y cambio neto, se impone un señala-miento, es insignificante la cantidad de personas que concretamente cambiaron de una posición desfavorable a una favorable y por el contrario, pasaron de una situación “mejor” a otra “peor” (Índice de rotación); en el caso de las personas que simplemente cambiaron (cambio neto), el índice muestra que fue mayor el impacto en los indicadores con un cambio T mayor. Una de las críticas que se han hecho al índice de marginación tal como ha sido construido, es que no es comparable en el tiempo, una vez superado el obstáculo de hacer comparables los indicado-res con los que se calcula.11 Al respecto, no se debe perder de vista el hecho de que los indicado-res de déficit con los que se obtiene el índice de marginación han sido “estandarizados” previa-mente, es decir se expresan en porcentajes de población que tiene alguna característica particular. Legítimamente se debe buscar, bien una manera de hacer comparables los índices, bien utilizar otra técnica matemática que permita comparar. En el cuadro 5 se presentan los resultados de un procedimiento que hace comparables (en porcentaje) los índices de marginación de 1990 y 2000 siguiendo la primera alternativa. La explicación de cómo se obtuvieron dichos índices “pondera-dos” se da en la nota a pie de página del propio cuadro. Más interesante es su análisis. En principio, destaca la consistencia de los índices con la lectura detallada de los indicadores para cada entidad federativa. Aún cuando las mejorías son mayores en casi todas las entidades peor situadas (con la excepción marcada de Querétaro), de una fecha a otra, estás siguieron en su condición de mayor precariedad. Hubo, no obstante, movimientos en las posiciones ocupadas en 1990.

11 En efecto, el índice de marginación es un vector con cantidades abstractas, que refleja la manipulación de los datos originales por medio de una estandarización de los mismos (como puntuaciones z, de varianza 1 y media 0), y de los cuales se extrae una matriz de correlaciones de cuya traza se extrae una estructura “latente” de las relaciones entre los indicadores (comunalidades); en breve, el método obtiene un vector (o varios vectores según el número de com-ponentes obtenidos) de puntajes (factor score) que ponderan la matriz estandarizada y para cada unidad de observa-ción se obtiene el guarismo abstracto del que se habló. El vector tiene, al igual que cada indicador estandarizado, varianza 1 y media 0. Para una exposición del análisis factorial y en particular del método de componentes principales se pueden consultar: Dallas E. Johnson. Métodos multivariados aplicados al análisis de datos. ITP, México 2000. Joseph F. Hair, Jr., et al. Análisis Multivariante. Prentince Hall, Madrid 1999. Keith Hope. Methods of multivariate analysis. University of London Press Ltd. London, 1968. La explicación matemática de los valores comunes, establece una analogía con los valores de la correlación múltiple del método de regresión. Véanse, además de los textos citados, el artículo de R.J. Rummel “Para comprender el análisis factorial”, en: Técnicas avanzadas en ciencias sociales. Simon Schwartzman (comp.) Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1977, pp. 37-91. En el ensayo de Stephen Jay Gould “El verdadero error de Cyril Burt. El análisis factorial y la cosificación de la inteligencia”, se hace una larga y divertida exposición del origen del análisis factorial y sus usos actuales, en: La falsa medida del hombre. Editorial Crítica. Barcelona, 1997. Pp. 238-315. Cualquier texto de estadística multivariada incluye un capítulo o varios sobre el tema.

17

Cuadro 5. Índice de Marginación 1990 y 200012

1990 2000 1990-2000

Clave Entidad IM Orden IM Orden Mejoría

del IM Orden

01 Aguascalientes 22.65 6 15.84 5 6.81 1.00 02 Baja California 18.37 3 12.14 3 6.22 0.00 03 Baja California Sur 22.11 5 16.70 7 5.41 -2.00 04 Campeche 35.39 23 28.47 24 6.92 -1.00 05 Coahuila de Zaragoza 20.92 4 13.32 4 7.61 0.00 06 Colima 23.66 9 17.92 11 5.73 -2.00 07 Chiapas 53.34 32 41.53 32 11.81 0.00 08 Chihuahua 23.06 8 16.25 6 6.81 2.00 09 Distrito Federal 14.29 1 10.62 1 3.66 0.00 10 Durango 32.59 18 23.02 16 9.57 2.00 11 Guanajuato 33.24 19 24.08 19 9.17 0.00 12 Guerrero 48.37 30 39.77 30 8.60 0.00 13 Hidalgo 43.06 29 31.29 28 11.77 1.00 14 Jalisco 23.88 10 17.05 8 6.83 2.00 15 México 25.00 12 18.49 12 6.51 0.00 16 Michoacán de Ocampo 35.02 22 27.57 23 7.45 -1.00 17 Morelos 26.82 13 20.93 14 5.89 -1.00 18 Nayarit 30.73 16 24.71 20 6.02 -4.00 19 Nuevo León 17.58 2 11.41 2 6.17 0.00 20 Oaxaca 51.50 31 40.30 31 11.20 0.00 21 Puebla 39.26 27 29.72 26 9.55 1.00 22 Querétaro de Arteaga 33.32 20 22.41 15 10.91 5.00 23 Quintana Roo 28.96 14 19.68 13 9.28 1.00 24 San Luis Potosí 38.68 26 28.96 25 9.72 1.00 25 Sinaloa 30.52 15 23.23 18 7.29 -3.00 26 Sonora 23.01 7 17.25 9 5.76 -2.00 27 Tabasco 36.77 24 29.93 27 6.84 -3.00 28 Tamaulipas 24.86 11 17.34 10 7.52 1.00 29 Tlaxcala 30.78 17 23.05 17 7.73 0.00 30 Veracruz - Llave 42.03 28 33.73 29 8.30 -1.00 31 Yucatán 34.78 21 26.28 21 8.50 0.00 32 Zacatecas 38.36 25 27.29 22 11.07 3.00

Cálculos propios a partir de: CONAPO/CNA. Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal, 1990. México 1993. CONAPO. Índices de marginación, 2000. México, 2001.

12 Con la finalidad de comparar los índices de marginación de 1990 y 2000, se procedió a ponderar los indicadores de déficit con la proporción que resulta de dividir los valores del vector de puntajes factoriales (factor scores). La pondera-ción se hizo multiplicando los valores mencionados a las proporciones de cada uno de los indicadores de déficit y obte-niendo su sumatoria. IMpj= ∑ Indij*fŝi; en donde IMpj=Índice de Marginación ponderado del estado j; Indij= Indicador i del estado j y fŝi=proporción del puntaje factorial del Indicador i. Quizá no sea necesario recordar que el IM es el vector que se obtiene de multiplicar los puntajes factoriales (factor scores) a los valores estandarizados de los indicadores. El CONAPO, en la última publicación citada, extrae las distancias de cada índice con el valor del D.F. y después resta los valores encontrados para obtener un porcentaje de cambio. Otro procedimiento sería extraer el promedio simple de la sumatoria de los indicadores de déficit. Los coeficientes de correlación entre las diversas medidas empleadas para comparar son mayores al 98%.

18

Chiapas siguió siendo la entidad con mayor marginación, seguida por Oaxaca y Guerrero; estas tres entidades no modificaron su lugar en el mapa nacional con todo y que la primera mejoró 11.81%, la segunda 11.20% y la tercera 8.6%. Entidades como Zacatecas o Querétaro mejoraron su posición: tres lugares la primera y 5 la segunda. Tres entidades mejoraron en 2 lugares la posi-ción que tenían en 1990, mientras que otras tres empeoraban en igual número de posiciones; Si-naloa y Tabasco empeoraron tres lugares y Nayarit cuatro. El resto de las entidades (once) per-manecieron en el mismo puesto. Ahora bien, ¿es posible que una mejora, por más leve que sea se vea acompañada de una mejora en su distribución relativa? Es decir, ¿podemos esperar una dis-minución de la desigualdad en los índices de marginación y en los indicadores de déficit? A pesar de que las mejoras en las proporciones de carencia o precariedad son mayores en las entidades peor situadas, las mejoras menos cuantiosas en las entidades mejor situadas, desplazan los valo-res a una expresión más desigual. En el cuadro 6 se presentan los resultados del análisis de la desigualdad del índice de marginación ponderado y de los indicadores de déficit con los que fue construido. Se agrega el PIB per cápita como referente. Cualquier medida de desigualdad que se empleé arroja el mismo resultado: todos los indicadores sin excepción muestran un incremento en sus valores.13 Como era de esperarse, el coeficiente de variación y el índice de Gini presentan más diferencia que el índice de Theil, en cuanto a la mag-nitud de la variación. Éste, sin embargo, y como es previsto por la teoría, se muestra mucho más sensible a los cambios desfavorables, de tal forma que el porcentaje de cambio de sus valores es, sistemáticamente, significativamente mayor al Gini y al CV. De cualquier forma, la lectura de los índices de desigualdad reafirma el hecho de que las mejorías observadas en los indicadores no expresan por sí, un decremento en la desigualdad (lo cual es consistente con el incremento o es-tancamiento en la desigualdad en la distribución del ingreso); el reparto de los beneficios es más desigual ahora que antes y esto debe servir para el entendimiento que los esfuerzos para mejorar la condición de los peor situados, debe ser aún mayor de lo que es. Cuadro 6. Medidas de desigualdad de los indicadores socioeconómicos, 1990-2000

Coeficiente de variación Índice de Gini Índice de Theil Indicador

1990 2000 % cambio 1990 2000 %

cambio 1990 2000 % cambio

Índice de marginación ponderado 0.3117 0.3520 12.95 0.1782 0.2009 12.70 0.0134 0.0171 27.03 PIB per cápita (años de referencia: 1993 y 1999) 0.4714 0.4725 0.2 0.2515 0.2535 0.8 0.0277 0.0281 1.4 1. Población de 15 años o más analfa-beta 0.5526 0.5735 3.8 0.3072 0.3161 2.9 0.0213 0.0235 10.4 2. Población de 15 años o más sin primaria completa 0.2609 0.2994 14.8 0.1497 0.1720 14.9 0.0098 0.0126 28.6 3. Ocupantes en viviendas particulares sin drenaje ni servicio sanitario exclu-sivo 0.6117 0.7294 19.2 0.3543 0.4006 13.1 0.0554 0.0724 30.8 4. Ocupantes en viviendas particulares 0.6029 0.6958 15.4 0.3340 0.3866 15.7 0.0500 0.0661 32.3

13 Las ventajas, virtudes y supuestos teóricos de distintas medidas de desigualdad son expuestas en el libro de Amartya Sen de 1973, La desigualdad económica, cuya edición ampliada es de 1997. (Sen, 2001). En el libro de Cortés y Rubalcava, Técnicas estadísticas para el estudio de la desigualdad social, se hace una exposición más deta-llada (y técnica) de las medidas aquí empleadas. (Cortés y Rubalcava, 1982).

19

sin energía eléctrica 5. Ocupantes en viviendas particulares sin agua entubada 0.6191 0.8271 33.6 0.3508 0.4389 25.1 0.0530 0.0864 63.0 6. Viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento 0.1304 0.1711 31.2 0.0757 0.0983 29.8 0.0024 0.0040 68.9 7. Ocupantes en viviendas particulares con piso de tierra 0.5940 0.7382 24.3 0.3213 0.3867 20.4 0.0463 0.0675 45.9 8. Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 0.4719 0.5033 6.6 0.2735 0.2921 6.8 0.0357 0.0400 12.0 9. Población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos 0.1485 0.2573 73.3 0.0851 0.1490 75.1 0.0031 0.0096 207.4

Cálculos propios a partir de: CONAPO/CNA. Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal, 1990. México 1993. CONAPO. Índices de marginación, 2000. México, 2001. Los cálculos para el PIB per cápita fueron hechos a partir del cuadro anexo. El cálculo para las medidas de desigualdad del IMp fueron hechas a partir de las cifras del cuadro 3.

2.2.2. Desigualdades sectoriales Es común dividir la acción del Estado en diversas partes temático-administrativas que lo inte-gran. La administración de los temas sociales está claramente definida en la organización del gobierno por medio de sectores, o ramos administrativos. La acción pública busca de esta manera ser más eficiente y eficaz. Así, los temas, convertidos en los programas públicos como áreas de atención institucional, se expresan por medio de objetivos claramente estipulados; en el caso de las áreas sociales, los objetivos se remiten finalmente al cuerpo Constitucional y a los derechos sociales en él contenidos: derecho a la salud, Secretaría de Salud; derecho a la educación, Secre-taría de Educación Pública, etc. Salud pública. La salud de la población es un derecho y su provisión pública es un deber del Es-tado. Los diversos asuntos que se atienden desde el gobierno para el logro del objetivo de garan-tizar el derecho a la salud son numerosos y de atención especializada. El sector salud expresa en sus programas esa gama de acciones que tiene que emprender. La observación de las desigualda-des territoriales en salud debe permitir el conocimiento de aquellas acciones en las que el gobier-no influye claramente en el logro de sus objetivos. De tal modo que las variables que se han se-leccionado en este apartado expresan la intervención de las instituciones del sector salud en la remediación y prevención de riesgos y acontecimientos que van en demérito de la salud de la población. La provisión de la infraestructura suficiente, así como los activos humanos para atender la de-manda de salud, constituye quizás el rasgo principal de la intervención pública de este sector.14 El cuadro 1a y 1b anexo, muestra las diferencias encontradas entre las variables de recursos para la salud, físicos, materiales y humanos para dos años, 1990 y 2000, y entre entidades federativas. Las cifras agregadas nacionales se presentan en el cuadro 7. Las diferencias positivas en todos los indicadores muestran una relativa mejoría en la provisión de los recursos; sin embargo en las cifras estatales se observa un relativo deterioro en algunos de los indicadores y en algunas enti-dades: fundamentalmente en unidades de primero y segundo niveles y en camas censables; las

14 No se realiza aquí un ejercicio exhaustivo de comparación de todos los asuntos de salud; se centra la atención en dos grupos de variables asociadas a la provisión de servicios de salud básicos

20

entidades con estas disminuciones se ubican en los estratos medios y bajos de marginación; en cambio, entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, obtuvieron crecimientos importantes en la década. Los bajos índices en todas los indicadores, reflejan no obstante una situación de cierta precariedad, demostrable si se compara con los estándares internacionales. Además, el cuadro 7 muestra como se ha modificado la desigualdad para cada indicador entre 1990 y 2000; las diferencias entre estados se incrementaron en los indicadores “unidades de aten-ción de primer nivel” y “otros médicos” y “otras enfermeras”. Las desigualdades se patentizan al examinar los datos con los que se construyó esta reflexión; en 1990, las diferencias entre el esta-do mejor y el peor posicionado son: unidades de segundo nivel, 12.2 veces más entre Baja Cali-fornia Sur y el Estado de México; 26 veces más entre el Distrito Federal y Chiapas en enfermeras especialistas y 10.3 veces más para el total de enfermeras entre las mismas entidades. En cuanto a las camas censables esa relación fue de 7 veces más entre el Distrito Federal y Zacatecas y de 9.3 entre el Distrito y Chiapas para médicos especialistas. Los datos en el año 2000 son (en el orden en que fueron enumeradas para 1990): 9.1 veces entre los mismos estados (unidades de segundo nivel), 14.4 veces entre las mismas entidades (enfermeras especializadas), 4.2 veces más entre las mismas entidades (camas censables) y 5.8 veces más entre el Distrito Federal y Oaxaca para mé-dicos especialistas (la relación con Chiapas fue de 4.9 veces más). Cuadro 7. Recursos para la salud y coeficientes de variación entre entidades federativas, 1990 y 2000.

1990-2000 Coeficiente de variación Recursos para la salud 1990 2000 Diferencia 1990 2000 Unidades de atención (por 100 mil habitantes)

Primer nivel 14.6 18.0 3.44 36.9 40.3 Segundo nivel 0.7 0.8 0.12 66.7 61.4 Tercer nivel 0.2 0.2 0.02 136.0 102.0 Camas (por mil habitantes) Censables 0.7 0.8 0.03 45.9 40.0 No censables 0.5 0.6 0.10 30.0 26.7 Consultorios (por mil habitantes) 0.4 0.5 0.10 28.3 26.8 Médicos (por mil habitantes) Total 1.0 1.4 0.35 39.5 34.2 Generales 0.3 0.6 0.27 34.0 24.4 Especialistas 0.3 0.5 0.20 57.1 48.9 Otros 0.2 0.3 0.17 49.1 54.9 Enfermeras (por mil habitantes) Total 1.5 1.9 0.36 43.1 37.1 Generales 0.5 0.7 0.17 57.2 36.9 Especializadas 0.1 0.3 0.12 75.3 57.4 Otras 0.1 1.0 0.81 36.5 39.9

Fuente: elaborado con base en datos de la Secretaría de Salud y las proyecciones de población del Conapo Se imponen dos consideraciones para evitar una falacia argumentativa: 1). Los indicadores son tasas (indicador/población por un factor poblacional) y por lo tanto son comparables; sin embar-go, los datos pueden ser llamativos y reflejar un situación diferente, así por ejemplo, la cantidad de unidades médicas de primer nivel en el D.F. es baja en comparación con otras entidades, pero el número de camas censables es considerablemente mayor; lo mismo ocurre con los consultorios

21

por cada mil habitantes, etc. 2). El otro cuidado que se debe de tener es que en un balance provi-sional, es notoria una mejora en todos los indicadores pues la provisión de recursos se incrementó en la década, pero se está lejos de alcanzar una mayor equidad al comparar las entidades federa-tivas; así lo muestra el coeficiente de variación o cualquier otra medida de desigualdad suscepti-ble de aplicarse. En cuanto a los servicios que otorgan las instituciones públicas de salud, los datos se presentan en el cuadro 8 y en el cuadro 2a y 2b anexo. El razonamiento sobre los recursos para la salud, es aplicable en cuanto a los servicios otorgados: se observa una disminución en los coeficientes de desigualdad y un incremento en los valores de los indicadores. La brecha entre los estados peor situados y los mejor situados también disminuyó en la década. Siguen, por otra parte, mostrándo-se diferencias sustantivas. Así, los servicios de consulta de urgencias mantuvieron una brecha considerable: en 1990 el Distrito Federal otorgaba 9.2 veces más consultas de urgencias por cada mil habitantes que Oaxaca; en el año 2000 la brecha fue de 5.2 veces más entre Coahuila y Oaxa-ca. En cuanto a la consulta especializada, la brecha entre el D.F. y Chiapas fue de 12.8 veces más en 1990 y en 2000 fue de 7.2 veces más entre las mismas entidades, dato por otra parte congruen-te con lo encontrado en recursos, pues ahí se vio el déficit mayor de médicos para Chiapas. Una consideración de la mayor importancia para evitar interpretaciones falaces es la siguiente: ¿es positivo que se atiendan un mayor número de urgencias o que se tengan más consultas espe-cializadas o que los egresos hospitalarios se incrementen lo mismo que las cirugías? ¿No habla esto más bien del cambio en el patrón epidemiológico y evidencia una mayor proclividad de la población a hacer uso innecesario de los servicios? ¿O simplemente los riesgos se han incremen-tado y provocan un uso más intensivo de los servicios? Las respuestas a estas preguntas debe darse en el marco de la comprensión plena de que existían en nuestro país (y siguen existiendo) marcadas diferencias en los servicios de salud que se ofrecen y se utilizan en las entidades federa-tivas; diferencias por otra parte derivadas del rezago y la marginación de poblaciones enteras, aisladas de las oportunidades y los servicios. Cuadro 8. Servicios de salud otorgados y coeficientes de variación entre entidades federativas, 1990-2000

1990-2000 Coeficiente de variación Servicios para la salud 1990 2000 Diferencia 1990 2000 Consulta (por habitantes) Total 1.7 2.4 0.68 31.8 20.6 General 1.2 1.6 0.47 28.2 17.9 Especializada 0.2 0.4 0.13 53.2 49.8 Urgencias 0.2 0.2 0.05 54.7 39.8 Odontológicas 0.1 0.1 0.03 38.6 27.1 Egresos hospitalarios (por mil habi-tantes)

38.5 43.8 5.30 36.8 28.1

Intervenciones quirúrgicas (por mil habitantes)

20.6 27.9 7.33 43.1 30.0

Partos (por mil mujeres en edad fértil)

51.9 54.8 2.88 27.3 27.

Usuarias activas de planificación familiar (por mil mujeres en edad fértil)

234.5 364.0 129.46 28.4 20.0

Fuente: elaborado con base en datos de la Secretaría de Salud y las proyecciones de población del CONAPO.

22

Lograr la salud de la población más vulnerable es un objetivo particular dentro del propósito más general de lograr la salud para todos. Una de las poblaciones vulnerables a quienes se atiende de manera específica, con programas y acciones probados a lo largo de los años, son los niños pe-queños y en edad preescolar. Durante décadas, los niños menores de cinco años fueron víctimas de enfermedades fácilmente prevenibles y de éxito en su atención con un tratamiento oportuno, tales como las infecciones intestinales y las infecciones respiratorias agudas. Los logros de Méxi-co en la atención de este problema son indiscutibles. Con todo y que esta afirmación es válida en lo general, lo cierto también es que las desigualdades entre las diversas regiones del país continua y es observable incluso en unidades geográficas ma-yores como son las entidades federativas. La comparación entre los años 1990 y 2000 para estas enfermedades que aún causan un considerable número de muertes entre los niños pequeños, evi-dencia una drástica disminución en sus índices. Los cuadros anexos muestran con claridad este decremento. Las desigualdades continúan, con todo y el logro mencionado. El cuadro 9 resume la situación nacional. Se observa en él, el fenómeno que se ha comentado ya: la disminución de los índices y por tanto una mejora absoluta de las condiciones de salud de los menores. Cuadro 9. Mortalidad infantil y preescolar, general y según causas, 1990-2000

1990-2000 Coeficiente de variación Mortalidad infantil y preescolar 1990 2000 Diferencia 1990 2000 Tasa de mortalidad infantil (defun-ciones por cada mil nacidos vivos) 36 23 -13 18.1 15.4

Tasa de mortalidad preescolar (defunciones por cada mil niños me-nores de cinco años)

44 29 -16 20.8 17.1

Enfermedades infecciosas intestina-les

Defunciones 14,006 2,501 -11,505 Tasa (por 100 mil niños menores

de 5 años) 121 23 -98.1 58.1 55.6

Infecciones respiratorias agudas Defunciones 12,907 4,248 -8,659 Tasa (por 100 mil niños menores

de 5 años) 111 39 -72.6 70.6 76.9

Fuente: elaborado con base en datos de la Secretaría de Salud y las proyecciones de población del Conapo La variación en la distribución de los índices, sin embargo, no ha sio significativa en la década y además se observa un incremento sustantivo en la variable de defunciones por infecciones respi-ratorias agudas. Las tasas de mortalidad general para los niños pequeños refleja variaciones me-nores y con ello se expresa una mejora general; la brecha es todavía notoria entre las entidades rezagadas y las adelantadas; esa brecha muestra una relativa invariabilidad se observan las enti-dades con los valores máximos y mínimos (cuadro 3a y 3b anexo): para los dos años y para las dos tasas (la infantil y la preescolar), la brecha es dos veces más entre el D.F. y Chiapas. ¿Quiere decir esto que se ha llegado a un estancamiento en la mejoría relativa de las entidades más atrasa-das?

23

Al observar las defunciones de muerte infantil y preescolar por causas prevenibles y de atención exitosa si es oportuna, las cifras son relevantes: en 1990, entre Chiapas y Sinaloa había una bre-cha de 11 veces más defunciones por infecciones intestinales en la primera entidad y de 15 veces para infecciones respiratorias entre Tlaxcala y Sinaloa. En el año 2000, los guarismos fueron los siguientes: para infecciones intestinales, 9.6 veces más defunciones en Chiapas que en Nuevo León y para respiratorias, 25.1 veces más entre el Estado de México y Colima. En este último caso podría argumentarse que el clima es un factor relevante; sin duda, pero también se demues-tra que los sitios públicos y las viviendas en México no están preparados para las contingencias climáticas. Las observaciones sobre este apartado son bien conocidas: la asociación que se ha encontrado entre disponibilidad de agua potable, drenaje y disminución de enfermedades diarreicas; o bien entre hábitos de higiene, condiciones de la vivienda y la morbilidad infecciosa en general. La notoria e importante disminución registrada de los índices de mortalidad infantil y preescolar en nuestro país reflejan un logro importante y muestran que los programas que tienen continuidad y las acciones persistentes de no “bajar la guardia”, tales como las campañas de vacunación o de hidratación oral, programas de carácter universal (con énfasis focalizado allí donde se observa falta de atención) e indiscriminados, contribuyen a la mejora del bienestar general. Educación y trabajo. El tema de la educación ocupa un lugar destacado en las discusiones actua-les sobre el bienestar, el desarrollo o la pobreza. Casi ningún estudioso elude la responsabilidad de poner a la educación como el pivote necesario para que las sociedades puedan desplegar sus opciones de desarrollo. Este énfasis en la educación está referido a considerarla el factor principal del llamado “capital humano”:

La educación es el activo productivo más importante que puede obtener la mayoría de la gen-te. Además de sus efectos económicos, la educación también está íntimamente ligada a las desigualdades socioculturales y políticas. (…) Adicionalmente, tiene dos importantes ventajas como estrategia: se puede mejorar su distribución sin la necesidad de redistribuir y privar a otra persona, y las mejoras en la distribución (ligadas estrechamente a los aumentos en los ni-veles medios de educación general) son positivas para la eficiencia y el crecimiento. (Ferranti, et. al. 2002: 10)

La educación no es simplemente “buena” para las personas, en el sentido de que, educadas, se inscriben de mejor manera en el mundo y porque les permite acercarse activos de conocimiento, recreación, información. Estudiar vale la pena porque de ese modo la economía funciona mejor. Al respecto, ya Edgar Morin (y con él muchos otros) había señalado el valor de estar educado y cómo, la educación, remite al individuo a vivir el mundo por medio de conocimientos ordenados, tanto de la condición humana, como de aquéllos que permiten la comprensión del mundo natural y social.15 Como argumenta el propio Morin, cualquier propósito de reforma educativa, o si se

15 Véase, Edgar Morin (2002). “La educación debe contribuir a la autoformación de la persona (aprender y asumir la condición humana, aprender a vivir) y aprender a convertirse en un ciudadano”, p.83. En otra parte, Morin cita a Durheim: “el objeto de la educación no es dar al alumno unos conocimientos cada vez más numerosos, sino «crear en él un estado interior y profundo, una especie de polaridad del alma que le oriente en un sentido definido no sólo durante la infancia, sino para la vida entera»”. P. 59. Enseñar a vivir y no enseñar a vivir para el mercado.

24

quiere de cambio de paradigma educativo, tendría que volcarse a reestructurar el conjunto de las instituciones, de los contenidos de la enseñanza y de la visión parcializante del mundo que intro-dujo el positivismo y otras corrientes racionalistas; la reforma debe comenzar por la primaria y extenderse hasta los estudios superiores. ¿Filosofía en la primaria? Por supuesto, en la medida en que las preguntas básicas sobre la vida se formulan en los años de la niñez. La viabilidad de una reforma tal, requiere de un debate ciudadano y democrático, y de una educa-ción para la ciudadanía que no puede esperar la transformación con esa profundidad de la que habla Morin. De hecho, el debate actual en torno a la educación ha dejado de ser cosa de especia-listas, en la medida en que los jóvenes (y otros ya no tanto) que han tenido la oportunidad de es-tudiar una carrera se preguntan si eso es importante para sus vidas, en la medida en que no en-cuentran ocupación para sus conocimientos y habilidades adquiridas; la educación superior y media superior ya no es, para quienes nacieron a principio de los setentas (que ahora tienen 25 años) la respuesta a su necesidad de movilización en la escala social. Una gran cantidad de jóve-nes son arrojados, literalmente, a un mundo del trabajo que no tiene un puesto para ellos; como mucho, los estudios les servirán para desplazar a quienes tengan menos y ocuparse en actividades de baja remuneración y ningún futuro. Las recurrentes reformas educativas en México y los magros resultados en cuanto al aprendizaje han llevado a los reformadores a desplegar una visión pragmática del futuro educativo. De hecho, se ha argumentado que ha habido una especie de “traslapamiento” de los retos que cada segmento del sistema educativo enfrenta; así, la expansión del segmento superior comienza cuando están inconclusas las tareas exigentes del nivel inferior:

…el crecimiento del nivel superior se produjo cuando aún no habían culminado las tareas de la educación básica. Así, se confirmo la tendencia del sistema educativo mexicano a acometer tareas superiores sin haber resuelto necesidades básicas del sistema educativo, prolongando la reproducción de pautas de desigualdad social. (Kent y Ramírez, 2004:307).

Esta tesis de la reproducción de la desigualdad puede verse en el indicador “duro” del analfabe-tismo (cuadro anexo 5): aunque disminuyó el promedio de analfabetismo, la desigualdad creció (Gini de 1990, 30.8; en 2003, 32.1). Las reformas inconclusas o ralentizadas del sector educativo en México impactan o han impactado marginalmente las estructuras profundas del sistema de educación. Diversos autores (que parecen ser mayoría) coinciden en señalar diversos signos y síntomas de ese malestar en la educación:

La cobertura universal en la educación básica ha dejado de ser un reto, el problema ac-tualmente reside en evitar la deserción y la reprobación, y atender a grupos específicos, tales como pobres o indígenas.

El rezago educativo básico se refiere a una cohorte de población que se quedará en esa circunstancia; sólo limitadamente (por no decir ínfimamente) habrá adultos que concluyan la primaria o dejen de ser analfabetos.

En la educación media y media superior aún no se completa el ciclo de incorporar a todos los activos de los grupo de edad correspondiente y persiste el reto de evitar la deserción, la reprobación y aumentar (si es posible esta expresión) la calidad de la enseñanza.

La educación superior, después de una expansión enorme ha llegado a un límite de incor-poración, aún cuando se sabe que, en términos de tamaño de población por atender, falta

25

todavía. Los retos en este segmento son importantes todos. Uno destaca entre los demás: el de la calidad, es decir “¿Cómo mejorar la formación que se ofrece a los estudiantes?, ¿cómo hacer que sea útil a la sociedad mexicana?” (Kent y Ramírez, 2004:318).

Cuadro 10. Cobertura de los servicios educativos según nivel, 1990 y 2003.

Cobertura de los servicios educativos

Población Matrícula total Porcentaje de cobertura TCa pobla-ción

TCa matrí-cula

Nivel de educa-ción

1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-2003 90-91/02-03

Básica (3 a 15 años de edad) 28,481,844 29,092,412 21,325,832 24,153,164 74.9 83.0 0.15 0.89 Preescolar (3 a 5 años de edad) 6,831,735 6,520,478 2,734,054 3,635,903 40.0 55.8 -0.33 2.06 Primaria (6 a 12 años de edad) 15,405,049 15,959,971 14,401,588 14,857,191 93.5 93.1 0.25 0.22 Secundaria (13 a 15 años de edad) 6,245,060 6,611,963 4,190,190 5,660,070 67.1 85.6 0.41 2.17 Media Superior (16 a 18 años de edad) 5,866,083 6,404,581 2,100,520 3,295,272 35.8 51.5 0.63 3.27 Profesional Medio (16 a 18 años de edad) 5,866,083 6,404,581 378,894 359,171 6.5 5.6 0.63 -0.38 Bachillerato (16 a 18 años de edad) 5,866,083 6,404,581 1,721,626 2,936,101 29.3 45.8 0.63 3.89 Superior (In-cluye Posgrado) (19 a 24 años de edad) 10,291,881 12,061,937 1,252,027 2,236,791 12.2 18.5 1.14 4.23 Superior (No Incluye Posgra-do) (19 a 23 años de edad) 8,704,933 10,128,737 1,206,128 2,098,504 13.9 20.7 1.09 4.04 Normal (19 a 23 años de edad) 8,704,933 10,128,737 108,987 166,873 1.3 1.6 1.09 3.09 Licenciatura (19 a 23 años de edad) 8,704,933 10,128,737 1,097,141 1,931,631 12.6 19.1 1.09 4.12 Posgrado (24 años de edad) 1,586,948 1,933,200 45,899 138,287 2.9 7.2 1.42 8.20

Elaborado con base en: Secretaría de Educación Pública. Sistemas para el análisis de la estadística educativa. Software libre, Versión 4.1., 2004 Cobertura Indica el porcentaje de alumnos atendidos en un nivel educativo, con respecto a la población que representa la edad para cursar dicho nivel.

Sobre el último segmento trata esta sección; interesa en particular la educación superior en su relación con el mundo del trabajo. Un somero repaso a la magnitud del sistema educativo mexi-cano nos provee del contexto sobre la situación de la educación superior. En el cuadro 10 se re-sumen las variables de cobertura. En él se aprecia que la expansión siguió siendo un hecho en la década de los noventa y que continua.

26

Cuadro 11. Indicadores educativos según nivel, 1990-2003.

Indicador de educación

Absorción Deserción Reprobación Eficiencia Terminal Nivel de educa-ción

1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003 1990-1991 2002-2003

Primaria --- --- 4.6 1.7 10.1 5.4 70.1 88.2 Secundaria 82.3 94.1 8.8 7.4 26.5 19.1 73.9 78.4 Media Superior 75.4 95.4 18.8 17.4 44.2 36.7 55.2 59.3 Profesional Medio 14.4 11.5 25.1 25.3 28.3 26.9 37.8 47.0 Bachillerato 61.0 84.0 17.4 16.4 47.6 37.8 60.1 61.1 Superior (No Incluye Posgra-do) 69.7 86.1 10.0 8.7 --- --- --- --- Normal 5.3 6.2 4.2 8.6 --- --- --- --- Licenciatura 64.4 80.0 10.5 8.8 --- --- --- ---

Elaborado con base en: Secretaría de Educación Pública. Sistemas para el análisis de la estadística educativa. Software libre, Versión 4.1., 2004 Absorción. Muestra el índice de transición de los alumnos de un nivel educativo a otro. Es decir indica el porcentaje de alumnos que se inscriben en un nivel educativo, con respecto al número de alumnos que egresaron del nivel educativo inmediato anterior, cuyo ciclo recién terminó. Deserción. Es el total de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir algún grado o nivel educativo, expresado como porcen-taje del total de alumnos inscritos en el ciclo escolar. Reprobación. Es la proporción de alumnos que finalizaron el ciclo escolar pero que no cumplieron con los requisitos para ser promovidos del grado o nivel educativo que finaliza. Eficiencia terminal. Es el porcentaje de alumnos que concluyen un nivel educativo, respecto al número de alumnos que ingresaron a este nivel en la cohorte correspondiente. En todos los segmentos (a excepción del profesional medio) se observa un incremento en las ta-sas de crecimiento con valores importantes; en el caso de la licenciatura, habría crecido la cober-tura para más de 834 mil alumnos. El crecimiento mayor ha sido en el posgrado: de 45,899 alum-nos en el ciclo escolar 1990-1991, se pasó a 138,287, un crecimiento anual de 8.2 por ciento. En cambio, los grupos de edad de la población que correspondería a los segmentos señalados habría crecido en 1.1 y 1.4 por ciento respectivamente. El cuadro 11 completa la información del sistema en su conjunto. El marcado incremento en la absorción en la licenciatura habla de un mayor control en el conjunto del sistema para seguir in-corporando a los que ya cursaron un grado y pasan al siguiente; no obstante, la pequeña disminu-ción en los índices de deserción (1.7 por ciento en la licenciatura y un incremento de 4.4 por cien-to en la normal), expresa que siguen los problemas de retención. A excepción de la primaria en comunidades seleccionadas, no existe en el sistema formas efectivas de evitar la deserción, que en el caso de la educación media superior y superior está más fuertemente asociada a factores externos, tales como la necesidad de trabajar de tiempo completo. Cuadro 12. Tasa de crecimiento anual promedio de la población escolar de lcenciatura y posgrado, 1990-2003

Nivel / Sistema Alumnos Docentes Instituciones Licenciatura 5.82 5.74 7.45 Federal 5.88 2.59 3.81 Estatal 0.41 -0.80 4.71

27

Particular 12.10 12.00 11.68 Autónoma 3.89 4.12 3.74 Posgrado 11.66 6.09 11.71 Federal 14.57 4.56 9.33 Estatal -2.19 -0.48 0.40 Particular 20.06 17.14 19.28 Autónoma 8.56 2.80 9.65

Elaborado con base en datos de: ANUIES. Anuario Estadístico 2003. Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos. México, 2003. El cuadro 12 presenta los datos de la licenciatura y posgrado según subsistema e indicador; Des-taca, en primer lugar, el alto índice de crecimiento en los tres indicadores del subsitema de edu-cación superior privado. Aunque menor, el crecimiento en los subsistemas federal y autónomo, no es posible decir que se ha detenido; con mucho, el sistema de universidades públicas (federa-les, estatales y autónomas) provee la mayor oferta educativa absoluta y aquí las cifras relativas podrían inducir al engaño. Sin embargo, es preciso subrayar el alto crecimiento de la población escolar en las licenciaturas particulares; las cifras son las siguientes: Mientras que en el ciclo 1990-1991 el subsistema particular en licenciatura tenía una población de 198,200 alumnos (18.1 por ciento del total), en el ciclo 2004-2005 ese porcentaje se elevó a 32 (un total de 682,000 alumnos), o sea 484,000 alumnos más; por su parte el subsistema autónomo, incrementó su po-blación escolar en 330,000 alumnos y el federal en 167,400; sumados sólo son 13,400 alumnos más que el particular. En conjunto, el subsistema público atiende en el presente ciclo escolar a 1,448,100 alumnos, 68 por ciento del total; en el ciclo 90-91 atendía al 81.9 por ciento. Los datos nacionales sobre el crecimiento (o decrecimiento) de la población escolar en licenciatura según entidad federativa, se encuentran en el cuadro anexo 6. Un tema de gran relevancia es el de la equidad de género en la educación. Al respecto, los datos sobre la educación básica no dejan duda pues ha habido un crecimiento sostenido de las mujeres en el acceso a la escuela primaria y secundaria. Esta universalización de la educación tiene rasgos de gran inequidad cuando se trata de grupos específicos, tales como indígenas y mujeres. Por ejemplo, si se toman los datos del censo de 2000, y se obtienen las cifras de analfabetismo por grupo de edad y sexo, el resultado es el siguiente: Cuadro 13. Porcentaje de analfabetas según grupo de edad, sexo y condición étnica, 2000

Hombres Mujeres Grupo de edad Nacional Indígena Nacional Indígena 15 a 29 3.3 11.8 3.9 21.8 30 a 59 7.4 24.3 12.4 49.7 60 y más 23.9 47.4 35.5 76.4

Elaborado con base en datos de: ANUIES. Anuario Estadístico 2003. Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos. México, 2003.

Lamentablemente, los datos sobre los aspectos más comprensivos de la población escolar en li-cenciatura son precarios. A grandes rasgos, sin embargo, la tendencia a una mayor equidad de género en la educación superior, es palmaria. La gráfica 3 muestra la incorporación de mujeres a la licenciatura; es notorio cómo la brecha entre 1980 y 2003 ha venido disminuyendo de tal forma que los porcentajes son, actualmente, prácticamente paritarios. La brecha que era de más de 40 puntos en 1980, fue, en 2003 de apenas 2.6. Otro tanto ocurre con las profesiones elegidas por hombres y mujeres; esta variable ha tenido un marcado sesgo de género que hasta hace poco pe-

28

saba en la estructura de la población por carreras. Las áreas de estudio en las cuales se insertan de manera preferente las mujeres ha sido y son las educativas, las sociales, las de la salud y las ad-ministrativas. De hecho el peso de las mujeres en las mencionadas áreas es palmario; la gráfica 4 muestra que la participación femenina en todas las áreas se ha incrementado, incluso en las tradi-cionales, pero es de destacar que en las áreas consideradas masculinas ha habido un incremento notorio de las mujeres: en las ciencias agropecuarias un aumento de 14.6 por ciento; en las inge-nierías y tecnológicas 8 por ciento y en las naturales y exactas 8.1 por ciento. Se ha pasado de una estructura disciplinaria marcadamente “sexista” a una más equilibrada, tendencia esta que no se detendrá. Gráfica 3. Porcentaje de población escolar en licenciatura según sexo, 1980-2002

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Porc

enta

je

Hombres Mujeres

Gráfica 4. Porcentaje de población escolar en licenciatura según área de estudio y sexo, 1990 y 2003

29.1

61.7

47.9

58.0

66.7

30.8

14.5

55.5

39.8

50.3

60.6

22.8

70.9

38.3

52.1

42.0

33.3

69.2

85.5

44.5

60.2

49.7

39.4

77.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Ciencias agropecuarias

Ciencias de la salud

Ciencias naturales y exactas

Ciencias sociales y administrativas

Educación y humanidades

Ingeniería y tecnología

Ciencias agropecuarias

Ciencias de la salud

Ciencias naturales y exactas

Ciencias sociales y administrativas

Educación y humanidades

Ingeniería y tecnología

Mujeres Hombres

2003

1990

29

Según el balance que hacen Kent y Ramírez sobre la educación superior a mediados de los años 90, el énfasis se habría desplazado hacia el tema de la “calidad” y por ende a la necesidad de con-tar con sistemas de evaluación tanto para alumnos, egresados y docentes. Dentro del discurso sobre la calidad en la educación superior esta el problema de qué tipo de carreras es el apropiado según las nuevas necesidades sociales:

…hoy se plantea la necesidad de volver a las carreras genéricas o polivalentes y vincular a las instituciones de manera efectiva con su entorno económico y social. Sin duda se trata de un concepto difícil de asimilar para el modelo tradicional de la licenciatura, y la reforma de los modelos de enseñanza se abre como tema importante y polémico para la educación superior. (Kent y Ramírez, 2004:320).

El tema de la puesta en marcha de nuevos modelos educativos e incluso el de los métodos de en-señanza, ha estado presente a lo largo de la historia de la educación en todos sus niveles. Es pro-bable que, a pesar de los resultados, la revisión se haga a manera de círculo vicioso, examinando los anteriores modelos de enseñanza y efectuando una critica “presentista” a un documento que finalmente también lo fue así. De allí las revisiones a la estructura de materias en la primaria, que pasaron de ser estrictamente disciplinarias (historia, geografía, civismo, biología…) a agrupadas por “área” de conocimiento (ciencias naturales, sociales, exactas…), para regresar otra vez a la versión unitaria. Una verdadera reforma comenzaría por revisar el papel de la enseñanza y el aprendizaje; de lo que entra en juego al enseñar y al aprender. Es decir tendrían que revisarse los métodos de ense-ñanza a la luz de su valor para la persona y no sólo como técnica utilitaria. En un libro apasionan-te “Lecciones de los maestros”, George Steiner abunda en el misterio de enseñar y el de aprender; dice: “No puede haber sistema familiar ni social, por aislado que esté y por rudimentario que sea, sin enseñanza y discipulazgo, sin magisterio y aprendizaje consumados”. (Steiner, 2004:17). Di-ce, sobre un aspecto debatido actualmente, el del papel de la memoria en el aprendizaje, y des-pués de una rica reflexión: “Por todas estas razones, la eliminación de la memoria en la escolari-zación actual es una desastrosa estupidez. La conciencia está tirando por la borda su lastre vital.” (Ibid, p. 38). Las utopías sobre el mundo del trabajo han ocupado la imaginación de los hombres desde tiem-pos inmemoriales. En occidente, desde Hesiodo, el linaje es remoto. En la actualidad, el trabajo es motivo de preocupaciones, análisis y políticas. Se discute ampliamente sobre su futuro a la vez que se muestran indicios de profesión de fe de que el progreso técnico acabará por dar la solución a los problemas que son omnipresentes; o todo lo contrario, se ve el progreso técnico como el principal factor de la mediata desaparición del trabajo, tal como lo conocemos en la modernidad. En un libro por lo demás polémico por contradictorio y apresurado en sus consideraciones, Da-niel Cohen se propone demostrar a unos fantasmales autores de la teoría del fin del trabajo, que sus conclusiones son erróneas como falso es el punto de partida con el que inician. Según Cohen las falsas interpretaciones se deben a prejuicios ideológicos y no a la observación de cómo ocu-rren las cosas en el mundo real de la economía. Así, el desempleo prevaleciente en prácticamente todos los países, o cuando menos en una buena cantidad de ellos, debe ser observado como una manifestación de los movimientos cíclicos de la economía:

30

Con una regularidad que nunca sabremos explicar del todo, el capitalismo alterna «cada cin-cuenta años» épocas de crisis y de prosperidad. Podemos decir que el error de los teóricos del fin del trabajo consiste en considerar cada uno de estos periodos de crisis como el anuncio de una fase terminal. (Cohen, 2001:111).

Para este autor, existen tesis simplistas que consideran, según él un “número fijo de empleos”, cuando en realidad el paro no se puede establecer en “términos «absolutos» por la simple resta matemática entre las necesidades de mano de obra de las empresas y la población que busca tra-bajo”, y continua:

Es el resultado de la relación entre los que quieren trabajar, la población activa, y el porcenta-je de la misma que el sistema podrá absorber [sic]. Dicho de otro modo, el paro es ante todo una relación social entre los que tienen un trabajo y los que no lo tienen. No es una diferencia numérica determinada por la técnica. (Ibid, pp. 112-113).

Pero incluso el propio Cohen encontraría extraño el razonamiento de que si no se abren nuevos puestos de trabajo, en la medida que la oferta de trabajo crece, el paro aumenta, así sea de manera temporal (no obstante incluso que el sistema pudiera absorber a contingentes más numerosos y así evitar la acumulación de parados). Pero más allá de lo obvio, en la posición de este autor se resumen diversas preocupaciones del pensamiento conservador que pone todo el esfuerzo analíti-co en demostrar que quienes juegan un papel difícil en el mundo del trabajo son las empresas y por su insensatez, el Estado. Ni una palabra en torno a las dificultades que en la vida real se le presentan a quienes buscan un trabajo, alejados como están de los debates entre economistas y otros interesados. Ni duda cabe que el desempleo está sujeto a las fluctuaciones económicas, pero tampoco cabe duda de que es el propio capital el que induce, desde fuera del mundo del trabajo o de la política, cambios en los mercados que son muchas veces desastrosos para las personas, como trasladar su empresa a otro país para disminuir costos; el “espíritu del capitalismo” sigue siendo la competen-cia para la ganancia y de eso Cohen como otros, no mencionan una palabra. Es mucho mejor imaginar un mundo en cuya construcción se determinó una desiderata en la que el mercado arre-gla los problemas regularmente, aunque “nunca sabremos explicar del todo” cómo. El problema, sin embargo, reside en confundir una “actividad” cualquier actividad, con aquella dirigida a proporcionar el sustento diario. La desocupados activos revelan cifras innegables de un monto indeterminado (sujeto a discusión) de paro estructural, es decir, una proporción importante de personas no trabajan porque existe un tope (así sea dinámico) que impide su incorporación plena a la actividad laboral . En México, existe una ya importante contribución intelectual a la compresión del mundo del trabajo y particularmente del fenómeno de mayor preocupación: el desempleo y sus formas. Los rasgos más generales de la situación se presentan aquí. En 1990 la Población económicamente activa (PEA) era de más de 24 millones de personas; una década después había crecido en 10 millones de efectivos. En el cuadro anexo 7a se proporcionan las cifras de la estructura de la población ocupada por sector de actividad según entidad federati-va. Las diferencias en los sectores de ocupación son marcadas, aunque el sector terciario continua su crecimiento. Las actividades primarias muestran un cuadro más desigual; las cifras se mueven de 47.9 por ciento de población que está ocupada en el sector primario en Chiapas hasta 0.6 por

31

ciento en el D.F. Todavía en 2000, había 13 entidades en las que la ocupación en ese sector era mayor al 20 por ciento. En la década, los cambios en el sector primario y terciario fueron radica-les en muchas de las entidades federativas; en 9 de ellas hubo una disminución de más del 10 por ciento en el primero, mientras que 10 incrementaron en más del 10 por ciento el terciario (véase el cuadro anexo 7b). El marcado desplazamiento hacia actividades productivas terciarias, mani-fiestan el carácter predominante de la economía y de la sociedad mexicana y por tanto, de los cúmulos de dificultades para atender a la población que sigue vinculada al campo en su actividad. Ahora bien, la estructura ocupacional también indica los rasgos producto de la propia actividad productiva; así, la ocupación en México acusa rasgos de mixtura: por una parte, es notorio que se ha transitado a una estructura de ocupaciones mejor remuneradas (como promedio, rasgo que se vio en la sección de marginación), datos que se puede ver en los cuadros anexos 8a, 8b y 8c. Sin embargo, esos mismos datos indican una precarización apenas perceptible de las condiciones de trabajo; la proporción de ocupados que trabajaban entre 33 y 40 horas semanales (lo que podría denominarse como segmento “legal” o “asegurado”), disminuyó de una década a otra, mostrando así, de manera probable un doble efecto que sería necesario explorar con más detalle: esa propor-ción se “trasladó” hacia el segmento de los que trabajaron menos horas, o hacia los que trabajaron más horas; en el primer caso es probable que se hayan improvisado ocupaciones “a tiempo par-cial” o “medio tiempo” como opción ante el desempleo y para impedir quedarse sin ingreso fijo, o bien que se hayan incrementado las horas trabajadas para “completar ingresos” como diversas investigaciones han mostrado.16

Cuadro 14. Tasa de desocupación en áreas urbanas, 1996-2004 Promedio y coeficiente de variación anual

Promedio anual Coeficiente de V Año Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 1996 5.53 5.32 5.94 11.63 12.55 11.67 1997 3.73 3.47 4.17 14.28 13.72 17.01 1998 3.17 2.88 3.63 10.02 11.72 12.89 1999 2.51 2.38 2.72 13.65 14.71 15.60 2000 2.22 2.12 2.40 10.68 9.19 14.43 2001 2.46 2.41 2.55 8.22 10.84 13.64 2002 2.70 2.68 2.78 10.36 10.83 13.23 2003 3.25 3.13 3.46 15.27 15.17 15.81 2004 3.76 3.48 4.21 8.82 9.90 11.35

Elaborado con base en información del Banco de México. Los datos corresponden a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano. INEGI, varios años. http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html Las encuestas nacionales sobre el empleo (la ENE y la ENEU) han proporcionado datos valiosos para profundizar en el conocimiento de los mercados de trabajo en el país, la estructura del des- 16 En una investigación para la época de la crisis de los ochenta, Fernando Cortés y Rosa María Rubalcava (Cortés y Rubalcava, 1991: 111 passim) insistieron en la tesis de que hubo, en aquellos momentos una relativa equiparación en los ingresos, debida ante todo por una baja general en los ingresos es decir, hubo una “equidad por empobrecimien-to”, pero al mismo tiempo hubo una “autoexploración forzada”: trabajo de la esposa fuera del hogar, diversificación de actividades hacia las informales y producción de bienes para el consumo familiar, entre otras medidas de supervi-vencia. (García y Oliveira, 2000); (García y Pacheco, 2001).

32

empleo y las alternativas por las que optan las personas para sobrevivir. Como todas las encues-tas, la mencionadas se han criticado por diversas razones (carencias en contenido, en cobertura y otras que no es necesario abordar aquí); no obstante, permiten una aproximación como la que se busca en este trabajo. La encuesta nacional de empleo urbano (ENEU) proporciona información mes con mes sobre la ocupación y diversas características de los entrevistados; su cobertura son 33 ciudades medias y grandes. La encuesta proporciona sobre todo, el nivel de la desocupación abierta. El cuadro 14 muestra las cifras promedio de desocupación abierta de 1996 al año 2004. El nivel de desocupación mantiene una variabilidad que aparentemente no escaparía a los efectos de las coyunturas, de tal forma que 1996, año de recuperación después de la caída de 1995, tiene la cantidad mayor, después las cifras son decrecientes para después subir de 2001 a 2004, mos-trando una tendencia otra vez aparentemente coyuntural, en este caso debido al estancamiento por el que atravesó el país. Los guarismos de desigualdad genérica son claros: durante el periodo, las mujeres tuvieron mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Por otra parte, la variabilidad de la ocupación a lo largo del año se presenta en las tres columnas finales. El año con mayores variaciones fue 1997, seguido por 2003 y 1999. En todos los años las mujeres estuvieron sujetas a una mayo incertidumbre. Gráfica 5a. Tasa de desocupación abierta en áreas urbanas según sexo, 1996-2004 (porcentaje mensual)

0 . 0

1 . 0

2 . 0

3 . 0

4 . 0

5 . 0

6 . 0

7 . 0

8 . 0

E n e -9 6

J u l -9 6

E n e -9 7

J u l -9 7

E n e -9 8

J u l -9 8

E n e -9 9

J u l -9 9

E n e -0 0

J u l -0 0

E n e -0 1

J u l -0 1

E n e -0 2

J u l -0 2

E n e -0 3

J u l -0 3

E n e -0 4

J u l -0 4

Porc

enta

je

H o m b r e s M u je r e s

Gráfica 5b. Tasa de desocupación abierta en áreas urbanas. Variaciones estacionales

33

108.7

104.4

99.2

93.8

97.5

101.9

83.2

101.5

106.5

102.3 104.0

97.2

80

85

90

95

100

105

110

115

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Porc

enta

je

Gráfica 5c. Tasa de desocupación abierta en áreas urbanas. Variaciones cíclicas e irregulares

-100

0

100

200

300

400

Ene-96

Ene-97

Ene-98

Ene-99

Ene-00

Ene-01

Ene-02

Ene-03

Ene-04

Des

viac

ión

%

La gráfica 5 (a, b y c) exhibe las variaciones ocurridas a lo largo del año en el periodo. En primer lugar se constata con mayor claridad cuáles son los meses en los que las mujeres tuvieron una mayor dificultad para incorporarse en el mercado de trabajo y cómo esas variaciones tienen una apariencia cíclica. Las partes b y c del cuadro 5 muestran esa estacionalidad del empleo urbano en México. Las tasas de desocupación son mayores los meses de enero-febrero y de agosto sep-tiembre. El ejercicio no deja duda: los mercados de ocupación en las 33 ciudades de la ENEU son estacionales; he aquí una probabilidad de intervención en la medida en que la ciclicidad se impo-ne. Lo anterior puede explicarse por una parte en relación a las fiestas de fin año, de las cuales se desprende una baja en la búsqueda de empleo los primeros meses del año (de hecho en la conver-

34

sación común así se distingue como una “mala época” buscar empleo a principios de año), en el caso de los meses de agosto y septiembre la explicación puede estar en la baja desocupación du-rante los meses previos; indicaría una “saturación” del mercado temporal y por tanto con malas noticias para quien quiera encontrar trabajo en esos meses. La idea sería no reforzar la tendencia, sino contraponerla por medio de incrementar las acciones de apoyo a quienes buscan trabajo en los meses recesivos. Gráfica 6. Salario mínimo, 1990-2004.

60

70

80

90

100

110

120

130

Ene /1990

Ene /1991

Ene /1992

Ene /1993

Ene /1994

Ene /1995

Ene /1996

Ene /1997

Ene /1998

Ene /1999

Ene /2000

Ene /2001

Ene /2002

Ene /2003

Ene /2004

Índi

ce, 1

994=

100

60

70

80

90

100

110

120

1301990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mensual Promedio anual

Es bien conocida la tendencia de los salarios reales en el país: una fase expansiva de los años 60 hasta la primera mitad de la década de los 70; de allí, se observa una tendencia que prevalece hasta nuestros días de disminución paulatina y sostenida del valor de los salarios así como de su participación en el producto interno. En el cuadro 15 se presenta un resumen del análisis efectua-do. Resalta en primer lugar que la tendencia es de una sensible disminución de los salarios míni-mos reales en los primeros 6 años: de 1990 a 1995 cayeron más de 31 puntos porcentuales. La tendencia posterior presenta una situación de claro estancamiento, perceptible incluso en los co-eficientes de variación en los últimos cuatro años de la serie; este aplanamiento se notorio en las variaciones mensuales que se presentan en la gráfica 6. Como se sabe, los salarios mínimos son establecidos por medio de acuerdos corporativos o ma-cropolíticos entre las empresas y el gobierno, de allí su valor referencial de la situación general. Los límites a la ocupación y el tope a los salarios de negociación es síntoma de que el proceso iniciado hacia 1982 de una salida social a las situaciones de desempleo y bajos salarios ha sido atemperado por las búsquedas de remuneración en la informalidad y en las redes de apoyo fami-liar y social.

35

Cuadro 16. Salario mínimo por áreas geográficas, 1990-2004 Promedios anuales, (1994=100)

Índices reales 1994=100 Coeficientes de variación

Año Total

Area Geográfica A 1/

Area Geográfica B 2/

Area Geográfica C 3/

Total Area Geográfica A 1/

Area Geográfica B 2/

Area Geográfica C 3/

1990 112.19 113.21 112.69 111.82 5.20 5.20 5.19 5.20 1991 106.81 107.80 107.23 106.46 3.16 3.16 3.16 3.16 1992 101.59 102.52 101.97 101.27 2.85 2.85 2.85 2.85 1993 100.00 99.97 99.96 100.00 2.04 2.04 2.04 2.04 1994 100.00 100.00 100.00 100.00 1.91 1.91 1.91 1.91 1995 87.75 87.75 87.72 87.72 7.28 7.27 7.28 7.28 1996 80.49 80.50 80.32 80.47 3.92 3.83 3.81 4.00 1997 79.56 79.23 78.97 79.84 3.71 3.71 3.71 3.71 1998 79.95 78.92 78.73 80.64 3.86 3.87 3.86 3.86 1999 77.26 76.31 76.04 77.93 2.78 2.78 2.78 2.78 2000 77.64 76.65 76.39 78.35 2.19 2.19 2.19 2.19 2001 78.06 76.70 77.63 80.73 1.33 1.33 1.33 1.33 2002 78.62 76.29 78.10 82.12 1.57 1.57 1.57 1.57 2003 78.58 75.56 77.96 82.64 1.07 1.07 1.07 1.07 2004 78.26 74.81 77.82 82.49 1.47 1.47 1.47 1.47

Elaborado con base en información del Banco de México, http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html 1/ Área geográfica A integrada por: todos los municipios de los estados de Baja California y Baja California Sur; los municipios de Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero del estado de Chihuahua; el Distrito Federal; el municipio de Acapulco de Juárez del estado de Guerrero; los muni-cipios de Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán del estado de México; los municipios de Agua Prieta,Cananea, Naco, Nogales, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Santa Cruz del estado de Sonora; los municipios de Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso del estado de Tamaulipas, y los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río del estado de Veracruz. 2/ Área Geográfica B integrada por: los municipios de Guadalajara,el Salto, Tlajomulco de Zúñiga,Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan del estado de Jalisco; los municipios de Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catari-na del estado de Nuevo León; los municipios de Altar, Atil, Bacum, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Carbo, la Colorada, Cucurpe, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Imuris, Magdalena, Navojoa, Opodepe, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Saric, Suaqui Grande, Trincheras y Tubutama del estado de Sonora; los municipios de Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Ciudad Madero, Gómez Farias, González, el Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicotencatl del estado de Tamauli-pas, y los municipios de Coatzintla, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpam, del estado de Veracruz. 3/ Área Geográfica C integrada por: todos los municipios de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; todos los municipios del estado de Chihuahua excepto Guadalupe, Juárez y Praxedis G. Guerrero; todos los municipios del estado de Guerrero excepto Acapulco de Juárez; todos los municipios del estado de Jalisco excepto Guadalajara, el Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepa que, Tonalá y Zapopan; todos los municipios del estado de México excepto Atizapán de Zaragoza,Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán; todos los municipios del estado de Nuevo León excepto Apo-daca, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina;los municipios de Aconchi, Álamos, Arivechi, Arizpe, Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banamichi, Baviacora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Grana-dos, Huachinera, Huasabas, Huepac, Mazatán, Moctezuma, Nacori Chico, Nacozari de García, Onavas, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yecora del estado de Sonora; los municipios de Abasolo, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güemez, Hidalgo, Jaumave, Jimenez, Llera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán del estado de Tamaulipas, y todos los municipios del estado de Veracruz excepto Agua Dulce, Coatzacoalcos,Coatzintla, Cosoleacaque, las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica de Hidalgo y Tuxpam.

36

3. Conclusiones El panorama presentado por medio de una serie de temas elegidos muestra palmariamente que la inequidad en las diversas esferas del desarrollo social es una realidad que escapa a las fases co-yunturales de la economía. Es verdad sin embargo, que la tendencia hacia mejores condiciones ha sido constante. Las brechas de desigualdad persisten en gran parte, porque las condiciones de partida de las diversas variables que han sido examinadas en este trabajo, eran sumamente defici-tarias; remontar situaciones sociales y económicas precarias en donde el nivel está por debajo del piso es una tarea que lleva largo tiempo en cumplirse y que por momentos es desalentadora, tanto para quien es un beneficiario potencial de una acción positiva, como para quienes llevan al cabo los distintos programas sociales. Por otra parte esa brecha permanece porque permanecen viejos prejuicios sobre valores sociales que de otro modo sería indiscutibles, tales como la responsabili-dad de las instituciones estatales y la ciudadanía y la democracia como las bases de los acuerdos sociales. Quien sostenga en la actualidad que el Estado debe quedarse en su mínima expresión de policía y salvaguarda de la propiedad, hace pura ideología. La realidad de numerosos países en los que su población vive en buenas condiciones, contradice la máxima del estado mínimo. Es siquiera ne-cesario remontarse a las discusiones de abolengo contra Hayek y los seguidores de sus doctrinas. Las frases utilizadas por dichos ideólogos evidencian por sí solas el menosprecio (o la incomodi-dad) hacia las personas que, siendo ciudadanos, se encontraron sin desearlo en una situación de desventaja frente a los otros. Un ejemplo de lo anterior, lo expresa con toda claridad un pensador que generalmente no es tan claro al exponer sus teorías, Niklas Luhman escribe:

Derecho y dinero ofrecen motivos externos para ajustar el propio comportamiento a determi-nadas condiciones. Lo que no es posible alcanzar mediante el derecho y el dinero es la trans-formación de la persona misma. Todo el ámbito sociopolítico que se discute hoy bajo el punto de vista de la transformación de personas (people processing) no se puede controlar causal y técnicamente por medio del derecho y el dinero. Esto vale tanto para la educación como para todos los esfuerzos de terapia social, para las medidas de rehabilitación o de ayuda a las per-sonas que no pueden resolver sus problemas psíquicos y sociales por sí mismos. (…) Los lí-mites inmanentes a la expansión del Estado de Bienestar se expresan de modo particularmente claro en este ejemplo. El principio de la inclusión parece encontrar sus propios límites allí donde las personas deben ser transformadas para que puedan ser capaces de aprovechar las oportunidades que les ofrece la sociedad. (Luhman, 1997: 107-108).

Sin embargo, la exclusión es efecto y no causa social; los que están fuera no se preguntan si de-ben ser incluidos, sencillamente exigen su pase. Es decir, efectivamente el dinero y el derecho no hacen a las personas más hábiles, más inteligentes o más autosuficientes; pero la carencia de le-yes que favorezcan a todos y la carencia de medios con los cuales vivir, son los principales obstá-culos a la realización, a la autonomía personal. No se puede comparar la altura de una persona con otra si una está de rodillas y la otra de pie. El desarrollo social implica no solo voluntades para impulsarlo, pero sin ellas se queda congela-do. La acción estatal es imprescindible como lo muestran los numerosos ejemplos de países des-arrollados: allí la acción estatal es cualitativa y cuantitativamente definitoria para mejorar las condiciones de vida de las personas. Las políticas públicas son el medio por el cual la acción se

37

conduce. Las modalidades de las políticas están por otra parte condicionadas a la propia evolu-ción de las instituciones que permitieron el desarrollo. Claus Offe escribe al respecto:

… la seguridad social y el bienestar sólo pueden salvaguardarse mediante la acción estatal. El cambio es desde la acción estatal prohibida hacia la acción estatal exigida. Esta última acción toma la forma de institucionalización de acciones legales positivas y títulos de derecho (enti-tlements) otorgados a categorías de personas que pertenecen a ciertas condiciones, riesgos y contingencias, las cuales se reconocen como necesitadas de regulación pública, transferencias y servicios. (Offe, 2004:81).

En México las mejoras sociales de gran alcance han sido instrumentadas por las instituciones surgidas en el constituyente del 17. Ese invaluable legado institucional ha sido actualizado y re-formado varias veces, pero la preocupación original, incluir a todos en el bienestar no se ha deja-do totalmente de lado, pese al desmantelamiento de algunas de ellas. La observación pertinente de las categorías de personas que están en desventaja y de las condiciones generales que les ro-dean, debe permitir su inclusión progresiva y positiva. Este trabajo ha dejado de lado diversos temas que son relevantes por sí solos para comprender mejor el llamado “desarrollo social”; tales temas son la diversidad racial, la seguridad pública, los derechos humanos, la inserción de las personas en la sociedad red y muchos otros que faltaría incluir. Aquí se trató de expresar un cuadro de preocupaciones en cuanto a diversas tendencias del desarrollo social de México en relación con su diversidad territorial. Las grandes variables macroeconómicas como el consumo, la inversión, la estructura del mercado externo y otras, sir-ven para hacer demostrables las preocupaciones que vienen de la esfera política y social, de allí que el conjunto de perspectivas analíticas sean de complementariedad. Los datos aquí presenta-dos reafirman lo que desde otros análisis se ha confirmado.

38

BIBLIOGRAFÍA Arnsperger, Christian Philippe Van Parijs (2000). Ética económica y social. Teorías de la sociedad justa.

Paidós. Barcelona. Arredondo, Víctor Martiniano (2004). “XXIV. La educación superior: el posgrado”, en: Un siglo de edu-

cación en México, II. Pablo Latapí Sarre (coord.) FCE, México. Pp. 298-324. Atkinson, A.B. (1981). La economía de la desigualdad. Editorial Crítica. Barcelona. Bachelard, Gaston (2003). La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del cono-

cimiento objetivo. Siglo XXI. México. Barian, Josexto comp. (1996). Las consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y

riesgo. Anthropos. Barcelona. Bauman, Zygmunt (2003). Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Siglo XXI. Madrid. Bauman,. Zygmunt (2004). Modernidad líquida. FCE. Buenos Aires. Beck, Ulrich (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Paidós. Barcelona. Beck, Ulrich (2000). Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización.

Paidos. Barcelona. Beck, Ulrich (2002). La sociedad del riesgo global. Siglo XXI. Madrid. Bobbio, Norberto. (1993). Igualdad y libertad. Paidós, Barcelona. Boisier, Sergio (1980). Técnicas de análisis regional con información limitada. Cuadernos del ILPES No.

27. CEPAL, Santiago de Chile. Boltvinik, Julio (1990). Pobreza y necesidades básicas, conceptos y métodos de medición. PNUD, Cara-

cas. Boltvinik, Julio (2004). La pobreza en México y el Mundo. Realidades y desafíos. Julio Boltvinik y Arace-

li Damian (Coord.). Siglo XXI, México. Boltvinik, Julio (2004). “13. Políticas focalizadas de combate a la pobreza en México. El Progresa / Opor-

tunidades”, en: La pobreza en México y el Mundo. Realidades y desafíos. Julio Boltvinik y Araceli Damian (Coord.). Siglo XXI, México. Pp. 315-347.

Bowles, Samuel y Herbert Giritis. -2001 “¿Ha pasado de moda la igualdad? El homo reciprocans y el futu-ro de las políticas igualitarias” en: Razones para el socialismo. Paidós. Barcelona. Pp.171-194.

Callinicos, Alex (2003). Igualdad. Siglo XXI. Madrid. Calva, José Luis (2004). “5. La economía mexicana en perspectiva”, en: La pobreza en México y el Mun-

do. Realidades y desafíos. Julio Boltvinik y Araceli Damian (Coord.). Siglo XXI, México. Pp. 100-132.

Castel, Robert et.al. (2003). Desigualdad y globalización. Cinco conferencias. Manantial. Buenos Aires. Castel, Robert La inseguridad social (2004). ¿Qué es estar protegido? Manantial, Buenos Aires. Cicourel, Aaron (1982). El método y la medida en sociología. Editora Nacional. Madrid. Cohen, Daniel (2001). Nuestros tiempos modernos. Tusquets Editores. Barcelona. Cohen, G.A. (2001). “Vuelta a los principios socialistas”, en: Razones para el socialismo. Paidós. Barce-

lona,. pp. 153-170. Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad (1990). El combate a la pobreza. El Nacional,

México. Consejo Nacional de Población y Comisión Nacional del Agua (1993). Indicadores socioeconómicos e

índice de marginación municipal 1990. México. Consejo Nacional de Población (1990). Comportamiento reproductivo y marginación en áreas rurales y

urbanas de México. 2 Vols. México (Mimeo). Consejo Nacional de Población (2001). Índices de Marginación 2000. México. Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR

(1983). Macroeconomía de las Necesidades Esenciales en México: Situación actual y perspectivas al año 2000. Siglo XXI. México.

39

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR (1985). Macroeconomía de las Necesidades Esenciales en México: Situación actual y perspectivas al año 2000. Vol. V. Geografía de la marginación. Siglo XXI. México.

Cortés, Fernando y Rubalcava, Rosa María (1982). Técnicas estadísticas para el estudio de la desigualdad social. El Colegio de México. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. México.

Cortés, Fernando y Rubalcava, Rosa María (1991). Autoexploración forzada y equidad por empobreci-miento. El Colegio de México. México.

Cortés, Fernando y Rubalcava, Rosa María (1992). "El ingreso familiar. Su distribución y desigualdad 1984-1989", en Demos. Carta demográfica sobre México, 1992. No.5 pp. 28-29.

Cortés, Fernando (2002). “Consideraciones sobre marginalidad, marginación, pobreza y desigualdad en la distribución del ingreso”, en: Papeles de población. Año 8, No. 31. Enero-Marzo de 2002. Pp. 9-24.

Cortina, Mario; Kunz, Ignacio; González Block, Miguel Angel (1986). Regionalización socioeconómico-demográfica y de salud de la República Mexicana: Un instrumento para la planeación e investigación en atención primaria a la salud. Perspectivas en Salud Pública 2. SSA/UNAM.

Cullis, John G. y West, Peter A. (1984). Introducción a la economía de la salud. Desclèe de Brower. Es-paña.

Damian, Araceli (2004). “6. Panorama de la pobreza en América Latina y México”, en: La pobreza en México y el Mundo. Realidades y desafíos. Julio Boltvinik y Araceli Damian (Coord.). Siglo XXI, México. Pp. 133-163.

Desai, Meghnad. (1992). "Bienestar y privación vitales: propuesta para un índice de progreso social". en, Comercio exterior. Vol.42, No.4 abril, pp. 327-339. México.

Doyal, Len y Gough, Jan. (1991). A theory of human need. The Guilford Press, New York. Elster, Jon (1991). Juicios Salomónicos. Las limitaciones de la racionalidad como principio de decisión.

Gedisa editorial. España. Elster, Jon (1991). Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales.

Gedisa editorial. España. Esposito, Roberto (2003). Comunitas. Origen y destino de la comunidad. Amorrortu. Buenos Aires. García y Oliveira (2000), “El mercado de trabajo, 1930-1998”, (en) Gustavo garza (Coordinador), La Ciu-

dad de México en el fin del segundo milenio, Departamento del Distrito Federal y El Colegio de México.

García, Brigida y Edith Pacheco (2000), “Esposas, hijos e hijas en el mercado de trabajo de la Ciudad de México en 1995”, Estudios Demográficos y Urbanos, No. 43, enero-abril, El Colegio de México.

García, Brigida y Edith Pacheco (2001), “Participación económica familiar en la Ciudad de México hacia fines del siglo XX”, Gómez de León y Rabell (coords.) La población de México. Tendencias y pers-pectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI, Consejo Nacional de Población y Fondo de Cultura Económica.

García Rocha, Adalberto (1986). La desigualdad económica. El Colegio de México. México. Gargarella Roberto y Félix Ovejero, comps. (2001). Razones para el socialismo. Paidós. Barcelona. Giddens, Anthony (1994). Consecuencias de la modernidad. Alianza editorial. Madrid. Habermas, Jürgen (1991). Escritos sobre moralidad y eticidad. Paidós. Barcelona. Heller, Agnes (1989). Teoría de las necesidades en Marx. Península, Barcelona. Hernández Laos, Enrique (1990). "Medición de la intensidad de la pobreza y de la pobreza extrema en

México (1963-1988)", en Investigación económica, No.191. UNAM, México. pp.265-297. Hernández Laos, Enrique (1992). "Distribución, crecimiento y pobreza en México". México (mimeo). Hernández Laos, Enrique (1992). Crecimiento económico y pobreza en México. Una agenda para la in-

vestigación. Colección alternativas. Universidad Nacional Autónoma de México. México. Hernández Laos, Enrique y Parás Fernández, Margarita (1988). "México en la primera década del siglo

XXI. Las necesidades sociales futuras", en Comercio Exterior, Vol. 38, No.11 noviembre, México. pp.963-978.

Hernández Laos, Enrique (2004). “Panorama del mercado laboral de profesionistas en México”, en: Eco-nomía UNAM, 2 mayo-agosto 2004. UNAM. México. Pp. 98-109.

40

Hobsbawm, Eric (2003). Historia del siglo XX. Crítica. Barcelona. INEGI. X Censo General de Población y Vivienda, 1980. INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Infante, Ricardo (1993). Deuda social desafío de la equidad. OIT. PREALC. Chile. Kent, Rollin y Rosalía Ramírez, (2004). “XXII. La educación superior en el umbral del siglo XXI”, en:

Un siglo de educación en México, II. Pablo Latapí Sarre (coord.) FCE, México. Pp. 298-324. Kilksberg, Bernardo; compilador (1993). Pobreza un tema impostergable. Nuevas respuestas a nivel mun-

dial. CLAD, FCE y PNUD, Caracas. Laguna García, José y col. (1992). "Equidad y salud" en, Salud Pública de México, suplemento 1992, Vol.

34, pp.9-15. México. Levy, Santiago (1992). La pobreza en México. México (mimeo). Lindbeck, Assar. (1984). Desigualdad y política redistributiva. Comportamiento político y política eco-

nómica. Ediciones Orbis. Barcelona. Lovink, Geert. (2003). Fibra oscura. Rastreando la cultura crítica de Internet. Tecnos / Alianza. Madrid. Luhman, Niklas (1981). Teoría política del Estado de Bienestar. Alianza Universidad. Madrid. Lustig, Nora (1991). "Indices y ordenamientos de pobreza: una aplicación para México", en Estudios eco-

nómicos, Vol. 6, No. 2. COLMEX, México. pp.271-285. Maddison, Angus y Asociados (1993). La economía política de la pobreza, la equidad y el crecimiento:

Brasil y México. FCE, México. Mendoza, Javier (2004). “XXIII. La educación superior privada”, en: Un siglo de educación en México, II.

Pablo Latapí Sarre (coord.) FCE, México. Pp. 298-324. Miller, Jean-Claude (2003). El salario del ideal. La teoría de las clases y de la cultura en el siglo XX.

Gedisa. Barcelona. Morin, Edgar (2002). La mente bien ordenada. Seix Barral. Barcelona. Musgrove, Philip (1983). "La equidad del sistema de servicios de salud. Conceptos, indicadores e interpre-

tación", en Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 95, (6). Washington D.C. United States of America.

Musgrove, Philip (1986). "Measurement of equity in health" en, Rapp. trimest. statist. sanit. mond., 39,pp. 325-335. Washington D.C. United States of America.

O.M.S./Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1989). Urbanización y sus repercu-siones en la salud infantil. Posibilidades de acción. Ginebra.

Offe, Claus “Un diseño no productivista para las políticas sociales”, en: Contra la exclusión. Las propues-tas del ingreso ciudadano. Rubén Lo Vuolo, et.al. Ciepp/Miño y Dávila. Buenos Aires, pp.81-105.

Oliveira, Orlandina de (1989), “Empleo femenino en México en tiempos de expansión y recesión económica: tendencias recientes”, (en) Jennifer Cooper et. al., Fuerza de trabajo femenina ur-bana en México, Vol. 2, Participación económica y política, Coordinación de Humanidades, UNAM y Porrúa, México.

Preston, Samuel H. (1989). "Health indices as a guide to health sector planning: A demographic critique" en, The epidemiological transition, pp.126-144.

Puig Escudero, Antonio y Hernández Rivas, Jesús A. (1989). Un modelo de desagregación geográfica: Estimación del PIB por entidad federativa, 1970-1988. INEGI. Serie de documentos de investigación. No. 1, México.

Rawls, John (1984). Teoría de la justicia. FCE, México. Rawls, John (1990). Sobre las libertades. Pensamiento Contemporáneo 9. Paidós/ I.C.E.-Universidad

Autónoma de Barcelona. Rimez, Marc y León Bendesky. “Dos decenios de política social. Del universalismo segmentado a la foca-

lización”, en: Fernando Clavijo, comp. (2000). Reformas económicas en México 1982-1999. FCE. México, pp. 434-489.

41

Rodríguez-Domínguez J, Yañez-Velasco Lucía B. (1992). "Regionalización", en Salud Pública de Méxi-co, suplemento 1992, vol.34. pp. 134-144. México.

Roemer, John (2001). “Estrategias igualitarias”, en: Razones para el socialismo. Paidós. Barcelona, pp.87-107.

Sarasa, Sebastiá (1993). "La asignación territorial del gasto en servicios sociales definición y medida de criterios: El caso de Cataluña", en Intercambio social y desarrollo del bienestar. Colección Politeya. Estudios de Economía y Sociedad. pp. 215-247

Sartori, Giovanni y Leonardo Morlino, eds. (1994). La comparación en las ciencias sociales. Alianza Universidad. Madrid.

Schutz. Alfred Estudios sobre teoría social (1974). “11. La igualdad y la estructura de sentido del mundo social” -1955 y “13. Tiresias o nuestro conocimiento de sucesos futuros” (1958), en: Amorrortu

Sen, Amartya (1990). "Progreso y déficit social: Algunas cuestiones metodológicas", en Indice de progre-so social. Una propuesta. Meghnad Desai, Amartya Sen y Julio Boltvinik. PNUD, Bogotá. pp. 2-14.

Sen, Amartya (1991). Sobre ética y economía. Colección Los Noventa. Alianza editorial. México. Sen, Amartya (1992). "Sobre conceptos y medidas de pobreza". en, Comercio exterior. Vol. 42, No.4

abril, pp. 310-322. México. Sen, Amartya (2001). Sobre la desigualdad económica. FCE. México. (Edición ampliada). Simmel, George (1986). Sociología 2 Estudios sobre las formas de socialización. Alianza Universidad.

Madrid. Cap. 7 El pobre, pp. 479-520. Steiner, George (2004). Lecciones de los maestros. FCE. México. Stern, Claudio comp. (1974). La desigualdad social (2 vol.). SepSetentas. Secretaría de Educación Públi-

ca. México. Tortosa, José M. (1993). La pobreza capitalista. Sociedad, empobrecimiento e intervención. Tecnos. Ma-

drid. Toye, John (2004). “3. Nacionalizar la agenda contra la pobreza”, en: La pobreza en México y el Mundo.

Realidades y desafíos. Julio Boltvinik y Araceli Damian (Coord.). Siglo XXI, México. Pp. 76-87. Van Parijs, Philippe (1996). Libertad real para todos. Qué puede justificar al capitalismo (si hay algo que

pueda hacerlo). Paidós. Barcelona. Van Parijs, Philippe (2004) “Más allá de la solidaridad. Los fundamentos éticos del Estado de Bienestar y

de su superación” (1995), en: Contra la exclusión. Las propuestas del ingreso ciudadano. Rubén Lo Vuolo, et.al. Ciepp/Miño y Dávila. Buenos Aires, pp.56-79.

Villoro, Luis (2001). De la libertad a la comunidad. Ariel, Tecnológico de Monterrey. México Vuskovic, Pedro (1993). Pobreza y desigualdad en América Latina. Colección Alternativas. Universidad

Nacional Autónoma de México. Wacquant, Loïc (2001). Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. Manantial.

Buenos Aires. Wilson, Thomas P. (1991). “La sociología y el método matemático”, en: La teoría social hoy. Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes / Alianza editorial. México. Winch, D.M. (1975). Economía analítica del bienestar. Alianza editorial. España.