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8/16/2019 Desarollo_Plusvalía

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Patricia Arenas LlorenteConcejal No Adscrita

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El llamado Impuesto sobre el Incremento del Valor

de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IMVTNU), más

conocido como plusvalía municipal, se basa en la

premisa de que la transmisión de un inmueble

produce, en todo caso, el incremento de su valor a lo

largo del tiempo y, en consecuencia, la

correspondiente ganancia en el momento de la venta

del inmueble con respecto al precio que se pagó en sudía.

A pesar de la caída en el valor de los inmuebles

que fue originada por el crash inmobiliario que ha

sufrido este país en los últimos años, y de

encontrarnos con que son muchos los inmuebles que

se venden con pérdidas, ello no exime al vendedor de

pagar la plusvalía municipal, dada la mala praxis de

los Ayuntamientos a la hora de gestionar el cobro del

impuesto.; todo ello se debe a que esta deshonestaforma de aplicación que se lleva a cabo en este

Ayuntamiento provoca una subida encubierta de

impuestos tan sólo percibida por el contribuyente

cuando tiene lugar una transmisión y que, por tanto,


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aparentemente, no desgasta políticamente a los

responsables municipales.

Es de tan incongruente aplicación por parte de los

Ayuntamientos que podemos encontrarnos con que un

ciudadano que vende su vivienda perdiendo dinero en

la transacción, por no poder hacer frente al pago de lahipoteca, tiene que hacer frente a la plusvalía

municipal, calculando una revalorización automática

(que desde hace muchos años es ficticia) sobre la

valoración catastral del inmueble y aplicando un tipo

impositivo desmesurado.

Y de ahí la raíz del problema, pues la fórmula

utilizada por los ayuntamientos para calcular la cuota

del impuesto, toma únicamente en consideración el

valor catastral del inmueble y lo multiplica por unnúmero de años (en los que el bien ha permanecido

siendo propiedad del sujeto pasivo del impuesto) y un

coeficiente (tipo de gravamen). Es evidente que,

aplicando esta fórmula, (precio * nº años *

coeficiente) el resultado siempre será positivo. Este


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Ayuntamiento no se plantea la posibilidad de calcular

la plusvalía (incremento de valor) considerando la

diferencia entre el valor inicial (valor de adquisición)

y el valor final (valor de transmisión) del inmueble

objeto de transmisión. Y por supuesto, tampoco se ha

considerado la posibilidad de establecer una exención

para aquellos supuestos en los que la diferencia entre

el valor inicial y el valor final del inmueble resultasenegativa.

El Ayuntamiento de Las Rozas, aplica la más

tradicional interpretación de la norma regulada por el

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, y que tan solo

establece la estructura tributaria básica del devengo y

deja en manos de los Ayuntamientos la concreción en

los parámetros para calcular la base imponible, el tipode gravamen y algunas reglas de menor rango.

Es obvio que existe una contradicción entre los

arts. 104 (Naturaleza y hecho imponible) y 107 (Base


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imponible) de la Ley de Haciendas Locales, pero a la

hora de exaccionar el tributo, debería primar el

primer precepto, al ser el que define el hecho

imponible y su naturaleza, es decir, que en caso de

venta de un inmueble en el municipio y su falta de

incremento de valor mientras el titular era

propietario del mismo, no tenga lugar el hecho

imponible, puesto que, como se ha comentado, nograva un incremento real sino presunto y en la

mayoría de los casos injusto para los ciudadanos.

Ésta contradicción existente entre hecho y base

imponible de la plusvalía municipal, ha de resolverse

a favor de la realidad económica que grava el

impuesto, tal y como establece el Tribunal Superior de

Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sentencia de 21 de marzo de 2012

(EDJ 2012/129104), cuando establece; “parece

evidente que la ausencia objetiva de incremento del

valor dará lugar a la no sujeción al impuesto,

simplemente como consecuencia de la no realización

del hecho imponible, pues la contradicción legal no

puede ni debe resolverse a favor del «método de


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cálculo» y en detrimento de la realidad económica,

pues ello supondría desconocer los principios de

equidad, justicia y capacidad económica ” .

En los mismos términos se ha pronunciado el

propio Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, cuando en su Sentencia de 29 de abrilde 1996 (EDJ 1996/5327) establece; “resulta evidente

que si dicha "plusvalía" no se produce de manera

efectiva y acreditada, ni puede razonablemente

presumirse, atendidas las circunstancias objetivas

concurrentes en el periodo de la imposición, no puede

hablarse de sujeción al impuesto, que no es una mera

formula de aplicación automática, tendente a la

recaudación de un porcentaje sobre las diferencias que

arrojen las cifras de valor formal separadas por un

periodo de tiempo entre dos enajenaciones”

Por todo ello, se solicita al pleno la adopción de

los siguientes,

ACUERDOS


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1) Que el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las

Rozas de Madrid acuerde en relación a la exigencia del

pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana:

a) Revisar de oficio las transmisiones y cobros

recibidos que ha recibido este Ayuntamiento por

dicho concepto realizados dentro de los últimos cinco(5) años, identificando los exaccionados de forma

incorrecta donde se presuma se ha producido

minusvalía en el precio de venta, e informando de esta

revisión y sus posibles consecuencias a los

interesados a los que se les imputó incorrectamente elpago del impuesto.

b) Que se fije como valor inicial : el

correspondiente al año en que fue adquirido el

inmueble por el transmitente y como valor final : el

del año en que dicho inmueble sea enajenado.

c) Que se establezca el procedimiento

administrativo correspondiente que permita a los

ciudadanos acreditar el VALOR REAL de sus

inmuebles tanto en el momento de adquisición como

en el de enajenación, concretando los medios de

prueba suficientes para llevarlo a cabo.


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d) Que el tipo impositivo se aplique sobre la

diferencia entre el valor real inicial (Fecha de

adquisición) y valor real final (fecha de enajenación)

e) Que en el caso de que se produzca una

minusvalía en el precio se decrete la exención de su

pago.


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Con respecto a los comentarios del PSOE, UPyD y

Contigo: Este Pleno tiene la potestad Y LEGITIMIDAD

de cambiar un hecho absolutamente injusto para los

vecinos, lo que no parece que tenga es la voluntad,

cosa que lamento, y lamento igualmente que

desaprovechen esta oportunidad de hacer de estemunicipio un modelo de equidad, honradez y justicia.

Aclarar que cuando los vecinos acuden a los

Tribunales, en la mayoría de los casos el resultado es

positivo pero el problema está en que en el ámbito

administrativo una resolución no tiene la mismatranscendencia que en el civil de un reclamante a otro,

pero espero tengan en cuenta la ingente cantidad de

resoluciones dictadas en los últimos tiempos.

Con respecto a Ciudadanos: Si tienen tan claro que la

Moción no está bien fundamentada por qué no la han

enmendado? Porque no saben de lo que hablan.

Los vecinos que no tengan la posibilidad económica

para recurrir pueden solicitar ayuda a las muchas

Asociaciones organizadas en nuestro país.

Tengo la impresión de que han venido aquí a hacer la

ola al Partido Popular, careciendo de criterio propio


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para luchar por nuestros intereses como vecinos del

municipio. Dónde está el cambio del que tanto hablan?

En la creación de la Radio de Las Rozas? En la

liquidación de la EMGV? Ah no, eso no, aunque eso sí

sería de verdad un cambio y no una promesa electoral

incumplida como lo es ahora.

Poco a poco se vislumbra el fin de este abuso, por

imperativo legal, es sí, no por propia iniciativa de esteAyuntamiento.

Aconsejo, primero a los vecinos para que se animen a

reclamar judicalmente y segundo, al Ayuntamiento

para que tome muy en cuenta esta nueva tendencia,

pues pudiera darse el caso de que incluso se ordenasesu devolución, lo que sí produciría un verdadero

descalabro económico de consecuencias

inimaginables, y de hecho, incluso elJuzgado de lo

Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia

ha planteado la cuestión de la inconstitucionalidad

Parece que seguiremos pagando justos por pecadores,

donde los justos, sin ningún género de dudas, somos

los vecinos de Las Rozas de Madrid.

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