EN DEBATE /12 / PORTAFOLIOEL COMERCIO / DOMINGO 14 de abril del 2013

E l Art. 60 de la Constitución establece que solo auto-rizado por ley expresa el Estado puede realizar sub-sidiariamente actividad empresarial. La Constitución anterior autorizaba al Estado a ejercer actividad em-presarial con el fin de “promover la economía del país

y alcanzar los objetivos de desarrollo”. La autorización terminó en 1993 con la nueva Constitución.

A pesar de lo claro del mandato constitucional, no faltan quienes afirman que la autorización a Petro-Perú está dada por el Decreto Ley 17753 del año 1979, sin señalar que es anterior a la nueva Constitución. Para otros, la Ley 28840 del año 2006, llamada de fortalecimiento y modernización de Petro-Perú, es el sustento para que siga ejerciendo actividad empresarial no subsi-diaria. Pero ninguno de sus artículos, como no podría serlo, exo-nera a Petro-Perú para que abandone su rol subsidiario y entre a competir con los privados; lo único que hace es ampliar su objeto social para incluir actividades de petroquímica básica pero siem-pre manteniendo inalterable su rol subsidiario. La legalidad de la participación de Petro-Perú permanece circunscrita a cumplir un rol subsidiario, cosa que por lo demás descuida con flagrancia.

Siendo así de claro, no hay autorización a Petro-Perú para que su propuesta pueda ser tomada legalmente en serio pues no le da seguridad jurídica al vendedor, así se expida una ley autoritativa pues esta figura es válida solo para cumplir un rol subsidia-rio. Nadie garantiza que con posterioridad a la venta se cuestione una compra a todas luces ilegal.

Para Repsol la oferta de Petro-Perú podría ser evaluada solo ante un desinterés de los postulantes privados convocados que le hagan revisar estratégi-camente si es más conveniente que sea el Estado el que “cargue con el muerto” de una operación de refinación que opera a 2/3 de su capacidad de carga y con compromisos de inversión estima-dos en US$800 millones para desulfurización que se transferirán al comprador. Peor aún, ad-quirir estaciones de servicio sin la marca Rep-sol ni sus estándares de servicio, sería un mal negocio. No es serio que se argumente a favor de un monopolio estatal de refinación, que tendríamos asegurado el suministro y que los precios serían más bajos o que se insista en el carácter estratégico de la industria.

La vigencia durante 14 años de la Constitución de 1979 y su modelo de participación empresarial del Estado nos trajo como consecuencia que las empresas estatales no financieras produjeran una pérdida de S/.39.286 millones y que el PBI del sector hidrocar-buros disminuyera 4,8% anual promedio. A partir de la Constitución de 1993, la inversión privada bruta fija en el Perú ha crecido en 8,8% promedio anual en términos rea-les, mientras que con la Constitución anterior, apenas si se incrementó en 0,6% promedio anual.

Entre las refinerías de Talara, con una producción de 65 mil barriles diarios, y de La Pampilla, con 105 mil barriles, existía una complementariedad y segmen-tación en el mercado de combustibles antes de la pri-vatización de esta última. Ello se daba sobre todo en

provincias, donde no siempre es atractiva la inversión privada.El mejor balance técnico refinero de Talara sumado a la calidad

del crudo del noroeste le permite obtener una mayor proporción de diesel 2, GLP y una menor producción de residuales con rela-ción a su competencia. En cambio la disminución dramática de la producción de crudo en la selva nororiental determinó que más del 95% del crudo que procesa Repsol sea importado con la salida de divisas que ello representa.

Solamente las inversiones ambientales obligatorias en cada una de las dos refinerías tendrían un valor aproximado de US$800 millones a US$1.000 millones. Esta es una de las razones por las que Repsol ofrece el 51% de las acciones de La Pampilla más la

cadena de grifos y la planta de envasado y distribución de Solgás, que controla un 40% de la distribución del GLP.

Las inversiones ambientales para retirar el azufre de los combustibles, en especial del diesel 2, es de lenta

recuperación para la inversión privada, pues no se puede trasladar fácilmente al consumidor final. Por ello, se reconoce que tales inversiones son “costos hundidos” que disminuyen el margen refinero. Por el contrario, es responsabilidad del Estado en su rol

subsidiario hacer esas inversiones por la salud de los millones de peruanos, por una producción eficiente y el consumo de combustibles limpios.

En esa lógica, es recomendable que el Estado compre las acciones de Repsol en la refinería La Pampilla, teniendo

como operador a Petro-Perú, en especial por la cadena de dis-tribución minorista y la planta de envasado y distribución del

gas licuado de petróleo.Los US$400 millones o US$500 millones que pudiera valer el

51% de esas acciones, más los US$1.000 millones del costo de inversión ambiental y los pasivos corrientes de Repsol al 2012 por un valor de US$407 millones y pasivos a largo plazo de US$409 millones, constituyen montos manejables para una gestión eficiente y transparente de Petro-Perú en el mercado de combustibles, en el que tendría una participación cerca-na al 90% en representación del Estado, dejando abierta la posibilidad de las importaciones para cualquier operador

privado.Si se tiene en cuenta que las importaciones hechas por Petro-

Perú y en menor cuantía por Repsol de diesel 2 con 50 partes por millón de azufre para cubrir el mercado de Lima, Callao y parte de la macrorregión sur superaron desde el 2005 los US$7.061 millones –y solo en el 2012 representaron la salida de US$1.280 millones–, creemos que la modernización de ambas refinerías y la participación del Estado en La Pampilla está más que justificada en el momento actual.

¿DEBE PETRO-PERÚ COMPRAR LA PAMPILLA?

FRENTEA FRENTE

JORGE MANCO ZACONETTI Investigador

UNMSM

No hay autorización para

que su propuesta pueda

ser tomada legalmente

en serio pues no le da

seguridad jurídica al

vendedor.

La modernización de

ambas refinerías y la

participación del Estado en

La Pampilla está más que

justificada.

CÉSAR BEDÓN ROCHA

ECONOMISTA CONSULTOR EN

HIDROCARBUROS

“SERÍA UNA COMPRA, A TODAS LUCES, ILEGAL”

De suceder, Petro-Perú se convertiría en un monopolio de la refinación.

PETRO-PERÚ PUEDE COMPRAR LA PAMPILLA

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