NOTAS Y DISCUSIONES

Contribuciones del utilitarismo contemporáneoa la ética de las decisiones públicas

JULIA BARRAGÁNUniversidad de Caracas

1. Introducción

En el riquísimo campo de la discusión éticael tratamiento de fa corriente de pensa­miento conocida en general como utilita­rismo se ha desarrollado frecuentementeen escenarios tormentosos, que muchasveces no son sino el resultado de prejuiciosalimentados tanto por quienes adversan alutilitarismo como por aquellos que asumensu defensa. Éste es un caso más en el quese evidencia la malévola influencia que losprejuicios son capaces de ejercer sobre unadiscusión, influencia especialmente nocivay difícil de evitar porque los tales prejuiciosno suelen presentarse a cara descubierta;la mayoría de las veces usan espesos velosque logran disimular su verdadero perfil,y en no pocas oportunidades su rostro sehace completamente irreconocible envuel­to en ricos y seductores ropajes argumen­tales. Hay que dejar en claro que por logeneral ni los espesos velos ni los vistososropajes son utilizados con el fin deliberadode ocultar o disimular el verdadero perfilde los prejuicios; sin embargo, más alláde la voluntad de quienes con ellos se rela­cionan, los mismos suelen ser portadoresde una fuerte capacidad para imponersesobre cualquier intención esclarecedora yde una singular fuerza que convierte enextremadamente difícil el avance por el

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siempre estrecho y sinuoso desfiladero dela elaboración de soluciones constructivas.Para el logro de una evaluación equilibradade las eventuales contribuciones del uti­litarismo contemporáneo al campo de lasdecisiones públicas, hay un prejuicio queproduce importantes interferencias; se tra­ta de la creencia, frecuentemente alimen­tada por muchos políticos y no pocos filó­sofos, de que cuando un decisor público«toma una decisión» lo hace sobre la basede un conocimiento claro que más allá detoda duda le señala sin ambigüedades nicondicionalídades cuál es el bien general;esto parece dotar al decísor de plena cer­tidumbre acerca de la corrección de sudecisión. Desde este prejuicio es difícilapreciar y menos aún atribuir importanciaa los siempre pequeños logros dirigidos adisminuir la incertidumbre o a corregirmínimos sesgos de decisión.

Inicialmente, y sin entrar aún a juzgarsu importancia, es un hecho cierto que elcamino recorrido por el pensamiento uti­litarista durante el siglo xx evidencia unabúsqueda sostenida de precisión en losconceptos. Esta búsqueda permitirá ir sus­tituyendo expresiones tan vagas como lasde placer, dolor o felicidad por definicio­nes con una mayor capacidad de delimi­tación, y que en consecuencia están en con­diciones de ofrecer un piso más sólido para

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la toma de decisiones públicas. Por otraparte, las formas incipientes de cálculo quese perfilaron en las obras de Bentham 1

cedieron el lugar a estructuras de mayorcomplejidad y con un fuerte poder paraefectuar derivaciones. Estas propiedadeshan hecho posible que la tarea de decidiren el ámbito público pueda ser practicadacon mayor sutileza y al mismo tiempo quelos decisores estén en condiciones de ofre­cer razones más transparentes para justi­ficar sus decisiones. Este hecho desde lue­go posee connotaciones instrumentalesbien evidentes; pero sus efectos se pro­yectan más allá del campo estrictamentepráctico, llegando a incidir notablementeen la capacidad normativa de las asigna­ciones deónticas y distributivas que sub­yacen a toda decisión pública.

Analizar desde esta óptica las contri­buciones del utilitarismo contemporáneoa la ética de las decisiones públicas puedeayudar notablemente al enriquecimiento ycomplejización de la discusión intelectualen la materia, y al mismo tiempo servira importantes aspectos prácticos de la vidasocial que se vinculan con la Ética.

2. Los componentes de las decisionespúblicas

En toda decisión pública es posible dife­renciar al menos dos componentes sustan-'tivos, los cuales, aunque se interrelacionande manera estrecha, poseen esquemas devalidación perfectamente diferenciables,responden a legalidades diversas y sonseparables analíticamente. Uno de losaspectos señalados es el relacionado conlos instrumentos que la decisión utilizapara asignar los beneficios y cargas socialesa los que se refiere; el segundo aspectose vincula a la eficacia normativa de la deci­sión, es decir, a su capacidad para convocarla adhesión de sus destinatarios.

El primero de los aspectos requiere con­tar con un sistema de axiomas que señale

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los puntos de partida aceptados y de uncuerpo de reglas de derivación que seránlas consideradas operacionalmente legíti­mas. Además de los obvios requerimientoslógicos que estos axiomas y reglas debensatisfacer, ellos deben ser evaluados en tér­minos de su plausibilidad y potencia expli­cativa en relación con el problema espe­cífico de decisión al cual serán aplicadas.Esto último se debe a que las decisionesson directamente alteradas por el instru­mental que se utiliza en su construcción;o lo que es lo mismo, las decisiones depen­den en buena medida del sistema formalcon el cual son elaboradas 2. De esto nacela necesidad de justificar Suficientementeel uso de un determinado sistema desupuestos metodológicos, lo cual implicala exclusión del uso de otro sistema alter­nativo.

Pero aun cuando se realice la más cui­dadosa selección de los componentes ins­trumentales de una decisión pública, éstossólo alcanzan para garantizar la construc­ción de una decisión técnicamente soste­nible y correcta dentro de los marcos pre­viamente establecidos, lo cual es una con­dición necesaria pero no suficiente parajustificar plenamente dicha decisión. Elsegundo componente de las decisionespúblicas al que hemos denominado «efi­cacia normativa» se refiere a la capacidadreal de tales decisiones para generar espa­cios de convivencia y para hacer menoscostosas las transacciones intersubjetívas.Aunque la eficacia normativa requiere deuna sólida construcción instrumental, éstaes incapaz por sí sola de generarla, porcuanto aquélla está íntimamente asociadacon factores de legitimidad que rebasanlos aspectos instrumentales. Tales factoresderivan de la transparencia con que lasdecisiones públicas son elaboradas, condi­ción ésta que se vincula a la eonfiabilidadde los esquemas argumentales usados ensu fundamentación y a la sustentabilídadde las asignaciones deónticas que la dcci­sión produzca.

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En este punto hay que considerar quelas decisiones públicas que establecen lasasignaciones deónticas son tomadas bajocondiciones de incertidumbre, la cual deri­va de diversas fuentes. Para mencionarsólo algunas se podrían señalar las deri­vadas de los fines, los cuales pueden pos­tular la deseabilidad de diferentes valores;por ejemplo, en algunos casos, fines alta­mente valiosos en el largo plazo no lo sonen el corto plazo; y es extremadamentedifícil para el decisor determinar cuál esel límite entre uno y otro plazo, y en con­secuencia cuán valioso es cada fin alter­nativo. Otro factor que también generaincertidumbre deriva del carácter autóno­mo de los sujetos morales, los cuales gozande plena libertad para moverse en unamplio abanico de comportamientos, ypueden plantearle al decisor verdaderosdilemas tanto materiales como morales. Eneste escenario de incertidumbre, la eficacianormativa no recibe del terreno de la lega­lidad jurídica un soporte inexpugnable,aunque su apoyo sea necesario. Esto sedebe a que en esta arena no se trata dediscutir acerca de si la decisión fue ela­borada consistentemente dentro de tal ocual marco legal, sino de juzgar cuál essu capacidad para resolver exitosamentelas profundas discrepancias entre las fun­ciones de utilidad individual y las de uti­lidad colectiva que se despliegan, a vecesdramáticamente, en el escenario de la deci­sión pública. Tampoco las asignacionesdeónticas incondicionales ofrecen garan­tías suficientes para sostener la eficacianormativa, ya que los marcos de las deci­siones bajo incertidumbre son condiciona­les por definición, y el nivel de realiza­bilidad de una solución depende básica­mente de las condiciones del entorno 3. Losmecanismos para potenciar la capacidadnormativa de una decisión pública sonmenos contundentes y monolíticos. Ellosse asocian a condiciones más vagas talescomo la transparencia con que el decisordespliega ante los usuarios de la institución

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sus propias estructuras decisionales, des­pliegue éste que permite a los últimos cap­tar la intencionalidad de la decisión y even­tualmente compartirla o no. Asimismo, loscitados mecanismos se vinculan a la con­sistencia, tanto lógica como valoratíva, dela base argumental de la decisión, la cualprovee a los usuarios de la oportunidadde evaluar las consecuencias del arreglonormativo propuesto, y de este modo acor­dar o discrepar racionalmente sobre el mis­mo. Finalmente, como en toda decisiónpública se produce una asignación de car­gas y de beneficios en relación con bienescomunes, la misma debe ser sustentablecomo solución, tanto en términos de la cali­dad de la asignación como de su potencialestabilidad.

En el marco específico de las decisionespúblicas, que como se ha visto es un marcoincierto y sembrado de dificultades, noparece haber reglas algorítmicas para ladecisión, sino estrechos cursos de accióna través de los cuales es posible llegar auna solución más defendible o más estableen un entorno determinado. Considerandoanalíticamente algunos de los principaleshallazgos del utilitarismo contemporáneose. puede observar que en este marco deincertidumbre ellos han logrado mejorarla calidad de los aspectos instrumentalesy han contribuido a reforzar de maneraconsiderable la eficacia normativa, al gene­rar un espacio más transparente para laconstrucción de las decisiones públicas.

3. Una contribución de importanciaal mejoramiento del componente

instrumental

La regla de decisión del utilitarismo gozade una gran popularidad (tal vez sólo comoparable con la de la regla de oro kantiana);aun quienes ignoran casi todo acerca delllamado utilitarismo, tanto en su vertienteclásica como contemporánea, al ser pre­guntados por la regla del utilitarismo no

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dudan en responder que ella indica «maxi­mizar.....», Aquí los puntos suspensivospueden ser sustituidos por diversos con­ceptos. Algunos hablarán de la felicidad,otros del placer, habrá quienes se indinenpor el bienestar y unos más por las ganan­cias, con lo que la regla de maximizaciónpasa a tener múltiples contenidos (es decir,se convierte en muchas reglas y en nin­guna), multiplicidad que alimenta un grannúmero de polémicas acerca de cuál es elcontenido correcto. Le corresponde al uti­litarismo contemporáneo el importantemérito de haber afinado la definición deuna única regla de decisión, la cual indicaque el agente optará por la «rnaximizaciónde las utilidades esperadas». La construc­ción de esta regla ha supuesto un arduotrabajo dirigido en primer lugar a la bús­queda de una definición de la estructuraprimitiva de la Teoría de la Utilidad, queincluye su tratamiento axiomático; dichotrabajo se ve satisfactoriamente coronadocuando se alcanza una regla única. A pesarde este carácter único, la polivalencia dela regla permite que la misma pueda seraplicada a diversos niveles de decisión,incluidos aquellos que versan sobre lasreglas morales.

En lo relativo a hallazgos que conducenal perfeccionamiento de los aspectos ins­trumentales, el utilitarismo contemporá­neo ha logrado un gran avance al precisarsu estructura primitiva 4 estableciendo poruna parte los llamados presupuestos y porla otra efectuando el tratamiento axiomá­tico del concepto de utilidad. Este logroha contribuido grandemente a dotar a laregla de decisión elaborada por el utili­tarismo contemporáneo de rasgos cierta­mente deseables. Desde un punto de vistateórico se ha logrado una regla intersub­jetivamente criticable y con mecanismosclaros de corrección, y desde un punto devista práctico tal regla ha demostrado sercapaz de orientar las decisiones con menorambigüedad y un más alto poder de dis­criminación entre los diferentes casos.

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Veamos en primer lugar cómo ha ope­rado este proceso. Desde el punto vistade la Filosofía de la Ciencia se dice queuna teoría está lógicamente reconstruidacuando ha logrado la formulación simbó­lica de sus axiomas y el pleno estableci­miento de sus supuestos y reglas. Es decir,cuando su estructura primitiva está plena­mente definida. Curiosamente, el méritode haber contribuido inicialmente y demanera decisiva a la definición de la estruc­tura primitiva del utilitarismo debe ser atri­buida a dos pensadores que hasta dondees conocido nunca mostraron especial inte­rés intelectual por el utilitarismo; ellos sonJohn van Neumann y Oskar Morgenstern,quienes en su obra Theory o/ Games amiEconomic Behavior, publicada en 1944 porPrinceton University Press S, emprenden yculminan exitosamente una tarea cuyo sin­gular valor lógico y matemático sólo puedeser comparado con el profundo significadoque más tarde adquiriría en el terrenofilosófico 6,

La firme convicción de Van Neumanny Morgenstern acerca de la plausibilidadde una medición cardinal de las preferen­cias les mantiene por encima de la polé­mica que desde los años treinta había divi­dido al mundo de los economistas en ordí­nalistas versus cardinalistas. En rigor,mientras tal polémica se escenificaba, ellosestablecían en su obra los requisitos for­males bajo los cuales la medición cardinalde las preferencias es posible. Nace así elconcepto de la utilidad como medida car­dinal de las preferencias.

El desarrollo del concepto de Van Neu­mann y Morgenstern por un camino aná­logo al seguido en las curvas de indife­rencia avanza en el sentido de establecerno sólo un ordenamiento de las preferen­cias, sino también los valores relativos delas mismas. Como es natural, el uso dela señalada herramienta hace que losrequisitos formales que demanda la medi­ción numérica de las preferencias estén

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asociados a los establecidos para el análisisde las curvas de indiferencia.

El primer requisito establecido por VanNeumann y Morgenstern es que el decisorposea un sistema de preferencias, o, lo quees lo mismo, que ante una situación deter­minada esté en capacidad de ordenar talespreferencias. Esto quedaría expresado enel hecho de que en una situación deter­minada y ante dos objetos o resultados (Ay B) él esté en condiciones de preferir unoal otro, O bien que pueda establecer quees indiferente entre ambos. Por otra parte,este requisito también involucra que si Aes preferido a B y B a C, entonces A espreferido a C.

El segundo requisito demanda que eldecisor esté en condiciones de escogercoherentemente entre loterías de objetoso resultados; por ejemplo, preferir A sobreuna lotería de B y C, o inversamente, obien ser indiferente entre A y la loteríaByC 7

•

Los requisitos establecidos por VonNeumann y Morgenstem, como toda esti­pulación, suponen definir restricciones quefijan los límites dentro de los cuales la teo­ría en cuestión puede ser interpretada;toda interpretación intentada fuera detales límites no sólo debe ser calificada deilegítima, lo cual a nuestro juicio constituyeun asunto de relevancia menor, sino que,y esto sí es crucial, tal interpretación care­cería de capacidad para formular una crí­tica consistente que pudiera contribuir afortalecer o a refutar el enfoque; es decir,habría perdido toda significación teórica.Esto significaque si nos encontramos fren­te a un actor que no satisfaga los requisitosseñalados, es decir, un actor que ante unasituación dada sea incapaz de ordenarcoherentemente sus preferencias, tendría­mos para tal caso específico que renunciara esta teoría de la utilidad.

Aun cuando éste no sea el momentoexacto para desplegar con amplitud argu­mentos sobre el punto, quisiera expresarun comentario acerca de la plausibilidad

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de estos requisitos; me gustaría llamar laatención sobre algunas críticas que a pro­pósito de este punto se suelen efectuar.Se habla con frecuencia de que estas res­tricciones de Von Ncumann y Morgens­tem son excesivas, y que prácticamenteningún humano está en condiciones desatisfacerlas, por lo que la teoría quedaríasin referentes de aplicación; quienes asíse expresan no parecen advertir el efectoque tal afirmación produce sobre el con­cepto de autonomía (tan importante parala Ética). En efecto, si un agente no escapaz de ordenar consístentemente suspreferencias, ya sea que ellas estén dic­tadas por la pasión o por la razón, pareceque estamos en presencia de un incom­petente básico cuya autonomía para deci­dir es francamente cuestionable; y si talesagentes son, como pretenden tales críticos,una gran mayoría, el conjunto de los suje­tos morales quedaría dramáticamente dis­minuido; este hecho tendría que generaruna profunda preocupación no sólo entrelos seguidores del utilitarismo, sino tam­bién entre sus críticos; y desde luego entretodos quienes se preocupan por los pro­blemas éticos, y hasta me atrevería a decirque en el seno de la humanidad toda.

El tratamiento axiomático de la utilidadse ha ido desarrollando paso a paso; eneste aspecto se ha utilizado el ya clásicométodo de establecer un sistema de axio­mas, y luego de evaluar su capacidad paragenerar consecuencias, enfrentarlo a unsistema rival (por lo general, sólo se tratade sustituir algún axioma específico) a finde establecer mediante comparación sunivel de fortaleza 8.

El sistema axiomático establecido porLuce y Raiffa en Carnes and Decisions espor una serie de razones el favorito de unbuen número de autores. Está constituidopor seis axiomas, que junto a los supuestosde Van Neumann y Morgenstern ya seña­lados logran definir la estructura primitivade la teoría de la utilidad. Sólo se haráuna breve enunciación no formalizada de

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su contenido, ya que el propósito de estetrabajo así lo aconseja:

Axioma 1. De ordenamiento de lasalternativas. Para todo resultado A y B eldecisor preferirá A sobre B; o bien Bsobre A; o bien será indiferente entreambos.

Axioma 2. De reducción de loteríascomplejas.Toda lotería compleja puede serreducida a una simple mediante el cálculode probabilidades.

Axioma 3. De continuidad. Sean losresultado A, B Y C. Si A es preferido aBy B a e, siempre existirá un valor p (en­tre Oy 1) tal que el decisor será indiferenteentre B y una lotería con probabilidad pde obtener el resultado A y la probabilidad(p - 1) de obtener C.

Axioma 4. De sustitución. Si dos lote­rías son indiferentes entre sí, entonces sonintercambiables.

Axioma S. De transitividad. La prefe­rencia y la indiferencia entre loterías sonrelaciones transitivas.

Axioma 6. De monotonía. Entre dosloterías que involucran sólo la alternativamás y menos preferida, el decisor escogeel resultado que le ofrezca la mayor pro­babilidad esperada.

En el Axioma 6 se reconoce ya clara­mente la regla de decisión empleada hoyuniversalmente asociada al utilitarismo.Sin embargo, es importante señalar queesta regla no puede ser interpretada sinoen el marco de los cinco axiomas prece­dentes. Así considerada resulta claro queel decisor, como un agente autónomo, pue­de reducir todos los componentes de unproblema de decisión a loterías entre resul­tados, y podrá así evaluar la convenienciade cada resultado mediante la probabili­dad; pudiendo asimismo establecer com­paraciones mediante un número realentre Oy 1. El decisor (y esto es consistentecon los supuestos iniciales) se inclinará porla alternativa que le ofrezca una mayor uti­lidad esperada.

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Como se puede observar, al asociarselas preferencias por determinados resul­tados con la probabilidad de que los mis­mos sucedan, ha nacido el finísimo con­cepto de «utilidad» como medida cardinalde las preferencias. Es evidente que losavances en el camino de alcanzar la defi­nición de la estructura primitiva de la teo­ría de la utilidad han sido graduales, acu­mulándose cada vez pequeños hallazgosque permiten hoy exhibir un panoramamás rico y complejo que en los inicios. Sinembargo, es legítimo preguntarse cuálesson, más allá de la elegancia formal, lasventajas de haber establecido tan cuida­dosamente los mencionados presupuestosy el sistema de axiomas.

En primer lugar como un punto pre­liminar para evaluar la importancia deestos logros habría que señalar que, con­traríamente a lo que muchos creen, lasestructuras primitivas no representan elpunto final y definitivo para el estableci­miento de una teoría; tales estructuras sonnecesariamente corregibles (ymejorables),por lo que en rigor sería más acertado pen­sarlas como sólidos puntos de partida. Elmalentendido de considerarlas como unestadio final se nutre por lo general enel hecho de que las estructuras formali­zadas, por su elegancia y su capacidad dederivación, tienden a mostrarse como cucr­pos inexpugnables al pensamiento crítico.Nada más alejado de la realidad que estacreencia; la historia es rica en ejemplosque muestran cómo monumentales apara­tos axiomatizados como la Geometría deEuclides o el sistema de Hilbert fueronpuestos en jaque por la labor de pensa­dores que consiguieron ampliar o diver­sificar las respuestas formales que aquéllosofrecían.

El hecho de definir la estructura pri­mitiva es en realidad una invitación al exa­men crítico riguroso, ya que de ese modolos supuestos y axiomas en lugar de encon­trarse ocultos o desdibujados son coloca­dos en una posición tal que quedan total-

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mente expuestos a cualquier forma de exa­men, tanto desde dentro como desde fueradel sistema. Adicionalmente, el tener unaestructura primitiva bien definida contri­buye a suministrar criterios estables dedemostración y evaluación del comporta­miento del sistema, lo cual permite contarcon parámetros de corrección del mismo.

En el caso de la teoría de la utilidades posible afirmar que desde el punto devista metodológico el hecho de contar conun buen sistema de definiciones ha per­mitido dibujar un escenario en el que losesfuerzos críticos han producido a 10 largodel tiempo resultados claramente cons­tructivos. En cuanto al contenido sustan­cial plasmado en la regla de decisión queestablece la rnaximización de la utilidadesperada, en primer lugar habría que seña­lar que la misma permite que la autonomíadel agente se exprese a través del orde­namiento y la comparación intrapersonalde las preferencias; y en segundo lugar talregla dota a ese agente autónomo de uncriterio consistente con los supuestos esta­blecidosacerca de su comportamiento. Porotra parte, el hecho de que las preferenciaspuedan ser medidas en «útiles» y no enunidades monetarias inflexibles o en con­ceptos vagos tales como los de felicidado dicha, hace que las mismas sean capacesde expresar una gama extremadamenterica de información, tanto de origen sub­jetivo como objetivo. Esto se debe a queaunque el decisor trabaje con un conjuntolimitado de alternativas en sus preferen­cias, al combinar tales alternativas con laprobabilidad de ocurrencia de las mismas,el conjunto se hace teóricamente infinito,con lo que es posible realizar asignacionese intercambios mucho más sutiles.

4. La estructura de las decisionesnormativas

Toda decisión pública tiene origen en unacto de voluntad que atribuye un deter-

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minado status deóntico a un cierto tipo deacciones u omisiones o que realiza asig­naciones distributivas de bienes comunes.Sobre la base del status establecido o dela asignación realizada, y con el fin de pro­mover ciertos comportamientos y deses­timular otros, las decisiones públicas defi­nen asimismo un sistema de incentivos quetienden a premiar a quienes acatan lasregulaciones establecidas y a castigar aaquellos que las transgreden; esto implicadecir que toda decisión pública es norma­tiva. Para cumplir eficazmente con sucometido, un arreglo normativo debe for­mular las asignaciones deónticas o distri­butivas de una manera clara, de modo quese disminuya la incertidumbre derivada dela formulación de la regla. Asimismo,mediante los mecanismos de incentivosdebe procurar hacer onerosas las transgre­siones de modo que la conducta de lossujetos sociales tienda a ser previsible, dis­minuyendo así la incertidumbre que sederivaría de una interacción no regulada.

Así considerada, en toda decisión públi­ca se encuentran presentes tres elementos:por una parte está el agente de voluntaddel cual emana la decisión al que llama­remos autoridad normativa (AN); ensegundo lugar se encuentra el arreglo nor­mativo (N), que expresa dicha voluntadbajo la forma de mandatos, prohibiciones,permisiones o asignaciones distributivasdotadas de sus respectivos mecanismos deincentivos; finalmente se halla el sujeto olos sujetos (S) hacia los cuales va dirigidala decisión normativa, y cuyos comporta­mientos se verán afectados por la misma.

Se puede aceptar de manera generalque uno de los objetivos más importantesde las decisiones públicas es el de hacerque las transacciones sociales sean lo másimproblemáticas que resulte posible, loque equivale a decir que en el sistema derelaciones interpersonales reguladas poruna determinado arreglo normativo se pro­duzca un bajo número de fricciones. Esteobjetivo ha sido denominado de disminu-

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ción de los costos de transacción; y en unmundo hipotético en el que todas las deci­siones públicas cumplan plenamente consu objetivo, el costo de las transaccionessería igual a cero 9.

Con el propósito de disminuir la incer­tidumbre y en consecuencia los costos detransacción, tanto los derivados de lasreglas como de las interacciones que bajotales reglas se produzcan, quienes tienena su cargo la elaboración de las decisionespúblicas cuentan con directrices acerca dealgunos puntos que resultan claves parael logro de la señalada disminución. Talesdirectrices señalan, en términos generales,los frentes sobre los que el diseño de deci­siones normativas trabaja a fin alcanzar elobjetivo de abaratar los costos de tran­sacción.

En primer lugar, se acepta que el pro­ceso de formación de la decisión normativadebe conducir a una clara fijación de loslímites deónticos de las acciones que cali­fica. Esto implica claridad en la formula­ción lingüística de la regla, y consistencialógica y semántica entre las diferentesreglas que definen el arreglo normativo.Es indiscutible que estos rasgos coadyuvande manera definitiva a mermar ulterioresfricciones entre los destinatarios de la deci­sión ya que disminuyen la incertidumbrederivada de los significados de la regla yde la asignación distributiva. Las contri­buciones en el campo instrumental quefueron señaladas en el apartado anteriorhan producido un efecto muy benéfico enmateria de mejoramiento de la calidad for­mal de las reglas y las asignaciones.

Sin embargo, a pesar de que un arreglonormativo cuente con reglas claramenteformuladas y consistentes, las friccionesderivadas de las relaciones ínterpersonalesno llegan a ser completamente erradica­das. Es inevitable que en el juego de inte­reses que se escenifica en el marco de unarreglo normativo surjan controversiasentre las partes, o bien que surjan con­tradicciones entre una parte y la decisión

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misma, bajo la forma de transgresiones.Más allá de toda duda, la disminución delos conflictos y de las transgresiones es unameta clara en el panorama de las deci­siones públicas; a pesar de la claridad dela meta, no hay acuerdo unánime acercade cuáles son los mecanismos más eficien­tes para lograrla.

En el punto específico de la disminuciónde los conflictos hay un punto de vista quesostiene que un arreglo normativo debeprever reglas específicas que desalientenlas controversias, y que funcionen demanera automática en caso de discrepan­cias inevitables; desde este punto de vistael arreglo normativo debe estar listo paraintervenir de manera directa cuando losintereses de los sujetos entren en disiden­cia. Ésta es una solución que aun cuandollegue a cumplir satisfactoriamente con sucometido tiene un alto costo, no sólo pre­sente, sino también futuro y potencial.Frente a esta solución, otra de menor costooperativo propugna que la decisión sólodiseñe escenarios y mecanismos de reso­lución de los conflictos, con lo cual la defl­nitíva solución de los mismos dependeráno sólo del propio arreglo normativo, sinotambién de la capacidad negociadora y delpoder que posean las partes en conflictode intereses.

En lo relativo a las transgresiones, elpunto es aún más complicado. Desde luegoque un arreglo normativo que sea víctimade permanentes transgresiones no resultaconcebible. Por ello, disminuir las trans­gresiones es un objetivo muy claro a serperseguido; pero de nuevo tal claridaddesaparece cuando se comienza a hablarde cuáles son los mecanismos más eficien­tes para alcanzarlo.

Una solución bastante directa al pro­blema de cómo lograr que disminuya elnúmero de transgresiones consiste enhacer que las conductas transgresoras

. sufran una sanción que las desestimule alpunto que no se reiteren en absoluto oqueden reducidas a su mínima expresión.

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Para alcanzar eficazmente tal objetivo lasanción debería cumplir con dos condicio­nes: en primer lugar, tendría quc ser losuficientemente fuerte como para consti­tuir una pérdida que supere en monto lasutilidades que eventualmente se logran através de las transgresiones; y en segundotérmino, tendría que existir una alta pro­babilidad de que dicha sanción sea efec­tivamente aplicada a los transgresores.

Es decir, que siendo:

e: Los casos en los que un individuocornete una transgresión

U (e): La utilidad que obtiene tal indi­viduo en los casos e.

S: La sanción que establecida para loscasos e.

D (S): La desutilidad que produce lasanción establecida para los casos e.

p (S): La probabilidad de que S sea efec­tivamente aplicada en los casos e,

la relación eficiente para desestimular lastransgresionessería la siguiente:

U Ce) <p (S)· D (S) (1).

Cuando un arreglo normativo establecesanciones en las que se prevé una fuertepunición para los que cometen transgre­siones, pero la probabilidad de que talessanciones sean efectivamente aplicadas esmuy baja, la relación señalada no podránunca ser satisfecha, lo cual pone en evi­dencia que la importancia de los aspectosprocedimentales y organizacionales ten­dentes a la eficiente aplicación de las nor­mas son tan importantes para la rela­ción (1) como el contenido punitivo de lasmismas.

A pesar de la aparente simplicidad dela relación señalada en (1), el llevarla ala práctica supone numerosas dificultadesno tan insignificantes. Las primeras difi­cultades surgen cuando hay que designara los encargados de administrar el control'y las sanciones; siempre hay actores quequedan disconformes con los árbitros pro-

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puestos, ya que, aun siendo muy buenos,su superioridad frente a otros eon dotessemejantes sólo puede apoyarse sobre cri­terios más o menos vagos. La propia tareade arbitrar es difícil de cumplir a pesarde su aparente sencillez; por otra parte,la condición de excelentes árbitros noimplica que los mismos carezcan de cri­terios preformados, o de rasgos de flexi­bilidad, tolerancia, nobles sentimientos yaun sentimientos de repugnancia moralhacia algún tipo especial de transgresiones.Los sesgos que estos factores incorporanhacen que sea conveniente y aun necesarioejercer un control sobre los árbitros, y tam­bién responsabilizarlos por sus decisiones.Hay entonces que diseñar nuevos arreglosnormativos y asimismo establecer nuevassanciones, esta vez para punir a los árbitrosque no cumplan eficientemente con su fun­ción. Todo esto contribuye, más allá decualquier duda, a disminuir el número detransgresiones, pero, en virtud de los cos­tos que el procedimento mismo genera,sería impropio afirmar que el mecanismoha disminuido efectivamente los costos detransacción.

Esta solución directa, y aparentementetan simple, ha probado ser también pro­ductora de altos costos de transacción. Lanecesidad de numerosos controles que seencadenan de manera sucesiva hacen notarque aumentar la probabilidad de aplica­ción de la sanción no es un hecho gratuito,ni siquiera barato, ya que demanda deestrategias que impidan la burla a tal apli­cación, haciendo necesario mantener uncomplejo sistema de incentivos que seinmunice constantemente contra eventua­les perversiones. Por otra parte el factor S(sanción) de la relación también ofreceproblemas, ya que la posibilídad de aumen­to de su intensidad no es ilimitada; es evi­dente que una sanción groseramente mag­nificada en relación con la magnitud dela falta cometida, aunque lograría mante­ner el sentido de la desigualdad (1), podríatraer consecuencias francamente indesea-

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bles, además de ser conceptualmenteinsostenible.

De todo lo dicho se puede inferir quepara que la relación (I) se mantenga comouna desigualdad efectiva en un sentidocolectivamente deseable, es fundamentallograr que la fuerza y la probabilidad deaplicación de la sanción sean suficiente­mente altas, lo cual supone una tarea arduay permanente de detección y fortaleci­miento de los múltiples aspectos que tien­den a ser vulnerables o a pervertirse. Estemétodo de control se fundamenta en lapremisa de que el acatamiento colectivose basa fundamentalmente en un punto devista externo, lo cual hace que sea alta­mente inestable.

A los señalados problemas de costos einestabilidad habría que agregar que auncuando se logre mantener una relación talque haga poco rentable intentar la trans­gresión contra la decisión pública, dicharelación sólo puede garantizar una mayorcantidad y calidad de los recursos públicos(lo cual no es poco), pero no está en con­diciones de garantizar, ni siquiera de pro­mover por sí sola una solución cooperativaentre los miembros del grupo. Esto se debea que el debilitamiento de la urdimbre nor­mativa del colectivo, al que puede consi­derarse como el costo social de las rei­teradas transgresiones y desilusiones, noconstituye sólo un problema de eficiencia,sino de valores.

El alto costo y la falta de equilibrio delas soluciones controladas por la autoridadproducen naturalmente desánimo; suelendar la impresión de que se aborda unatarea que no sólo es inagotable, sino quea cada momento pone en evidencia su ine­ficacia. Ante esta situación inocultable, noes demasiado sorprendente que las solu­ciones que buscan apoyarse en las posi­bilidades que el individuo posee pararevertir los señalados procesos perversossean capaces de convocar un alto nivel deesperanzas. Para los que colocan todo elpeso del control de las transgresiones sobre

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las capacidades individuales, el origen delas dificultades para mantener bajo controlel volumen de las transgresiones se ubicaen ciertos rasgos individuales de los miem­bros de cada colectivo. Quienes suscribenesta posición sostienen que el factor desen­cadenante de situaciones de descontrolnormativo con altos costos de transacciónse afinca en comportamientos personalesproclivesa ceder al vicio del egoísmo; estolleva a cada cual (sean agentes o árbitros)a pensar sólo en su propio sistema de uti­lidades, aun cuando su decisión afecte laconfianza general, e incluso cuando dehecho lesione a otros miembros del colec­tivo. Dichos comportamientos individualestienen desde luego la potencialidad de sereducables, y si se los estimula adecuada­mente, las modificaciones que se logrenen el nivel individual son por ellas mismassuficientes para producir cambiosen la tra­ma colectiva. El estímulo de las virtudesde honradez y altruismo no sólo lograríaun cambio positivo en las propias conduc­tas, sino que al mismo tiempo produciríauna transformación virtuosa del escenariode las decisiones públicas.

También localizando el origen de lastransgresiones en rasgos del comporta­miento individual,otras posiciones centranmás su atención en la segunda naturalezahumana llamada cultura, la cual de maneragradual va construyendo una tendenciahacia el ejercicio de las virtudes en unoscasos o hacia la práctica de los vicios enotros. En el primer supuesto se generanresultados de bajos costos de transacción,mientras que en el segundo tales costosson elevados. Aquí la dicotomíavicio-virtudpermanece, aunque se la localiza en elnivel cultural de los individuos;para corre­gir estos vicios culturales los procesosserían mucho más lentos que los de edu­cación, ya que implican la remoción decapas que se han ido sedimentando pacien-

, tcmente a lo largo del tiempo. Sin embar­go, desde este punto de vista las transfor­maciones que se logren en el terreno cul-

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tural serían también suficientes paragarantizar el fortalecimiento de los arre­glos normativos que ese grupo humanoproduzca.

En las concepciones que localizan el ori­gen de los problemas de fragilidad nor­mativa en las conductas de los individuos,el destino de las decisiones públicas estáasociado a esos comportamientos, porcuanto ellas no hacen sino reflejar el carác­ter virtuoso o vicioso de los miembros delgrupo. Desde este supuesto, ya sea queel mismo esté erigido sobre rasgos perso­nales o culturales, la raíz de la fortalezao debilidad de las tramas normativas seencuentra anclada siempre en el nivel delos individuos. Las eventuales modificacio­nes destinadas a producir efectos en el sis­tema de relaciones sociales deberían, des­de esta perspectiva, incidir bien sea sobrelos procesos de educación de los compor­tamientos o sobre la transformación de lospatrones culturales de esas individualidades.

Sintetizando, tendríamos un primermétodo para disminuir el número de trans­gresiones que debilitan la trama de losarreglos normativos que se afinca en elconcepto general de hacer que tales trans­gresiones resulten tan costosas como paradesalentar nuevos casos. Este método con­sidera que el sujeto acata las decisionespúblicas desde un punto de vista externo,en virtud de un cálculo de utilidades. Losmecanismos de implementación de estemétodo han puesto en evidencia su altocosto, y una clara ineficiencia. Ante estaineficiencia y alto costo de las solucionesque se apoyan en un punto de vista externo,surgen grandes esperanzas cada vez quese habla de soluciones que se basan enel poder del comportamiento individual,y apelan a su punto de vista interno. Sinembargo, a pesar de que sería muy tran­quilizador asignar a tales esperanzas unaalta probabilidad de ocurrencia, los análisismuestran que actualmente no parece razo-:nable suponer que desde el solo nivel indi­vidual sea posible resolver de una manera

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estable el profundo dilema que enfrentaa las funciones de utilidad individual entresí y a las funciones de utilidad individualcon las funciones de utilidad colectiva, dile­ma que se escenifica en el diseño de lasdecisiones públicas.

Hay que señalar, sin embargo, queambas posiciones han contribuido demanera sustancial a fortalecer el análisisde los costos de transacción asociados aldiseño de arreglos normativos. Los méto­dos que se inclinan por decisiones públicasque sean capaces de controlar las trans­gresiones aumentando el costo de las mis­mas han logrado poner en evidenciaimportantes aspectos del cálculo de utili­dades que realizan los transgresores, 10queha permitido drásticos avances en el terre­no de la psicología de la transgresión 10,

Asimismo, ha producido una herramientaeficaz para el análisis de los costos/bene­ficios derivados del acto de transgredir, yde los mecanismos para su control. Para­lelamente, los métodos que consideran quepara el eficaz desempeño de los arreglosnormativos hay que contar con un capitalindividual capaz de asumir un punto devista interno en relación con las institu­ciones, ha servido para poner en evidenciael importante papel que ese punto de vistainterno juega en la estabilidad de las solu­ciones normativas. Los métodos señaladoshan contribuido a la correcta formulaciónde un problema que pone en evidencia lanecesidad de intentar la convocatoria delpunto de vista interno en los usuarios delos arreglos normativos. También en estepunto el utilitarismo contemporáneo haproducido fructíferas consecuencias.

Tal como se señaló inicialmente, losarreglos normativos nacen de actos dedecisión normativa, que involucran trescomponentes: (AN), que es el agente queproduce la decisión; (N), que es la piezanormativa que consagra el arreglo, y (S),que es el sujeto hacia el cual se dirige elarreglo. También se señaló que los tresmás importantes problemas en el diseño

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de arreglos normativos son los de defini­ción de las reglas, de establecimiento delos mecanismos de resolución de contro­versias, y de control de las transgresiones.Por regla general, quienes se han dedicadoal estudio del tema han abordado los pro­blemas de costos/beneficios considerandoque este punto sólo involucra la relaciónentre (N) y (S), es decir, que el diseñode las decisiones públicas debe producirarreglos tales que incidan eficazmentesobre los comportamientos de los sujetos;con este fin se han ideado numerososrecursos instrumentales para perfeccionarel lenguaje, mejorar los sistemas de moni­toreo, y diseñar sistemas punitorios quehagan que las transgresiones sean un malnegocio. El presupuesto implícito de talenfoque es el siguiente: cuanto más se per­feccione técnicamente el diseño de losarreglos normativos, su incidencia sobrelos comportamientos será más eficaz 11.

Esto implica aceptar que las «reglas cla­ras", la «pronta acción de la justicia», laexistencia de «métodos alternativos deresolución de conflictos» son equivalentesa un bajo costo de transacción y en con­secuencia a una alta eficacia normativa.Sin embargo, cuando se incluyen en la con­sideración los costos derivados de lasrecursivas actividades de control y de san­ción, como así también los costos implícitosatribuibles a la inestabilidad de las solu­ciones, la relación costo/beneficio sufrecambios demasiado sustanciales como paraignorarlos. En este punto hay que tenerpresente que incrementar la probabilidadde que una transgresión sea efectivamentecastigada a fin de hacerla poco rentableimpone a su vez un alto costo a la autoridadque decide, y a la sociedad en su totali­dad 12. Y como los controles sobre con­troles se multiplican en forma exponencial,los costos que ellos producen pueden llegara superar los beneficios que generan, locual debilita la eficacia de la solución, ydesde luego atenta contra su estabilidad.Tal corno se ha señalado, en las soluciones

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que ven a los arreglos normativos comomeros mecanismos de corrección de con­ductas sólo se tienen en cuenta los com­ponentes (N) y (S) y, en consecuencia, cen­tran su actividad en producir una relacióneficiente entre ambos componentes. Esteenfoque conductual del punto es por supropia definición incapaz de funcionar sinun costo importante asignado a una largacadena de controles y sanciones.

A fin de superar este juego vicioso quelleva a pagar altos costos de represión paraasí aumentar el costo de las transgresiones,hay que pensar en el papel que debe jugarla autoridad normativa (AN) en lo relativoa la construcción de un punto de vistainterno en los usuarios de la decisión, pun­to de vista que los lleve no sólo a corregirsus comportamientos en virtud de uncálculo de utilidades, sino en base a la con­vicciónde la corrección normativa del arre­glo. El logro del punto de vista internoes la máxima prueba de eficacia de un arre­glo normativo. Esto es así porque por unaparte tal logro tiende a hacer mínimos loscostos de control y de sanción, y por laotra genera estabilidad en la solución nor­mativa al ampliar la base de sustentaciónde dicha solución.

Para llevar a buen puerto la construc­ción del punto de vista interno es necesarioconsiderar que la eficacia del arreglo nor­mativo no depende de un solo aspecto, sinode dos. En efecto, generalmente se con­sidera que la eficacia de los arreglos nor­mativos tiene sólo que ver con la elabo­ración de un cuerpo de incentivos que pro­voque en los destinatarios de las normasuna conducta de acatamiento basada estra­tégicamente en la relación (1); este errorderiva de que sólo se considera que la ins­titución descansa sobre el vínculo que seestablece entre (N) y (S). La propia índolede la relación (1) pone en evidencia queeste camino sólo apela al punto de vistaexterno, y que en consecuencía el arreglonormativo es acatado por (S) únicamentebuscando su propio beneficio, pero no por-

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que él mismo lo considere deseable ocorrecto. Al estar la conducta de acata­miento sólo basada en un cálculo estra­tégico, el mismo es necesariamente ines­table, ya que si (S) descubre mediante cual­quier recurso el modo de bajar el costoque le produce una sanción, dejará auto­máticamente de acatar la regla. Para logrartal estabilidad es necesario que los usuariosde los arreglos normativos asignen a losmismos un valor que no dependa exclu­sivamente del cuerpo de incentivos, aun­que sí los comprenda. Para ello es neceosario ampliar el concepto de eficacia; ade­más de la clásica visión que define la efi­cacia en términos de la capacidad de losarreglos normativos (N) para producirmodificaciones conductuales en los suje­tos (S) es necesario incluir la consideraciónde la relación entre la decisión de la auto­ridad de la cual emana la norma (AN)y (N). En estos términos la eficacia de (N)quedaría definida en base a dos compo­nentes, ambos necesarios pero ningunosuficiente:

1. El que concierne a la relación entrelos arreglos normativos (N) y los compor­tamientos de los sujetos a los que va díri­gido el arreglo (S). En este aspecto, el dise­ño de un apropiado cuerpo de incentivospuede llegar a producir importantes modi­ficaciones conductuales basadas en el aca­tamiento, las cuales abrirían el camino aldesarrollo del punto de vista interno, aun­que no serían suficientes para dotarlo deestabilidad.

2. El que concierne a la relación entrela autoridad normativa (AN) con (N). Estarelación se vincula al nivel de legitimidady sustentabílidad de la decisión de (AN),el cual se asocia no con el acatamiento,sino con la receptividad de (N) por (S).En este aspecto lo que requiere de jus­tificación es el valor normativo sobre elque se apoya la decisión de (AN), la cualreivindicará una vocación de corrección'razonablemente aceptable por los sujetos.Esta inclusión de la evaluación del valor

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normativo en la estructura de justificaciónde las decisiones normativas, a pesar derequerir de una importante inversión ini­cial, ha demostrado ampliamente unaenorme capacidad para abaratar los costosde transacción en la aplicación de dichasdecisiones y un gran poder de estabiliza­ción del punto de vista interno.

5. Contribuciones del utilitarismocontemporáneo que refuerzan la eficacia

normativa de lasdecisiones públicas

Según se señaló anteriormente, la eficacianormativa de una decisión está asociadacon su capacidad para convocar en losusuarios la aceptación interna de su con­tenido normativo; a su vez, la presenciade esta propiedad se vincula directamentea la transparencia con que la decisión eselaborada.

Las contribuciones del utilitarismo con­temporáneo en materia de favorecer la efí­cacia normativa a través del aumento dela transparencia de los procesos decisoriosse manifiestan en tres aspectos: en primerlugar, queda establecido un modo espe­cífico de plantear el problema de decisión;en segundo lugar, se definen los mecanis­mos válidos de construcción de la decisión;y por último, se delimita la estructura dejustificación de la decisión que puede serlegítimamente utilizada.

En relación con el modo de plantearun problema de decisión pública el utili­tarismo señala que el mismo no puede serconsiderado como un enfrentamientoentre posturas valorativas incondicionales,sino como un conflicto de vectores de uti­lidad en el cual el decisor va a necesitaruna regla de decisión, o un mecanismocapaz de orientar la construcción de ladecisión normativa. Desde este punto devista, por ejemplo, un grupo ecologista queaboga por preservar intacta la naturalezano será considerado incondicionalmentecomo el defensor por excelencia del equi-

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librio de la cadena biológica (aunque enefecto puedan serlo en una cierta medida),sino como unos actores sociales que tienenpreferencia por el vector U b mientras quelos agricultores que quieren talar bosquesy hacer desaparecer especies salvajes paraque nazcan praderas no serán descritosincondicionalmente como productores quebuscan dotar de alimentos a la sociedadpara disminuir el hambre (sin desconocerque en efecto cumplan esa función), sinocomo un grupo social que muestra pre­ferencia por el vector Uz, bajo el supuestode que ambos vectores son eficientes, esdecir, ninguno de ellos es dominante. Estosvectores representan las preferencias espe­cíficasde cada grupo individualmente con­siderado; y el decisor debe construir unvector B que busca integral' tales prefe­rencias. Este último vector difiere de losanteriores en que mientras los vectores U,representan siempre el punto de vista depreferencias particulares de individuos ogrupos, los vectores B, aspiran a expresaruna solución general y estable al problemade integración de los vectores antagónicosU I yU2•

El hecho de situar el problema en unescenario que hace énfasis en la integra­ción de los vectores antagónicos o en disi­dencia contribuye a evitar las dificultadesque se derivan de las calificaciones deón­ticas incondicionales; sin embargo, aundentro del marco favorable definido poresta nueva forma de plantear el problemade decisión, el decisor debe hacer frentea importantes escollos que emergen delpropio carácter de las funciones de bie­nestar colectivo.

En efecto, cuando el decisor público seenfrenta al problema de integrar en unaúnica función de bienestar colectivo losvectores de preferencia individual sin vio­lentar los principios de coherencia racio­nal, debe resolver las tensiones que siem­pre exhiben las relaciones entre la racio­nalidad individualy la social. En este puntohay que considerar que si bien cuando nos

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enfrentamos a un problema que sólo invo­lucra la racionalidad individual (teoría dela decisión individual o en situaciones dejuegos), la regla de maximización de lasexpectativas de utilidades representa en símisma un buen argumento para justificarla decisión; cuando tal decisión se planteaen el marco social, siempre surgen con­flictos entre la racionalidad individual y lasocial. Estos conflictos son muy naturales,ya que la decisión pública establece nece­sariamente algunas restricciones a los vec­tores individuales de preferencias 13.

En razón de estas inevitables tensionesentre el interés individual y el colectivo,es extremadamente importante dotar a lasdecisiones públicas de la mayor transpa­rencia posible, no sólo para que las mismasdesplieguen una sólida base justificatoria,sino para que los factores que fueron con­siderados en la decisión sean susceptiblesde un análisis crítico, y de esta maneraexista efectivamente la posibilidad de eva­luar la responsabilidad del decisor. Estepunto es particularmente importante, yaque en el marco de las decisiones públicases inevitable dilucidar la espinosa cuestiónde qué y cuánto de nuestro vector de uti­lidad estarnos dispuestos (o podemos) con­ceder en favor del logro de la solución,la cual suele no estar directamente aso­ciada a nuestros propios intereses. Sea cualfuere la regla utilizada, toda decisión sobrebienes comunes es necesariamente restric­tiva de los vectores de preferencia indi­vidual, y demanda de los actores algunalimitación a sus expectativas de utilidad.Si esto es así, y los individuos tienen querenunciar a porciones, a veces importantes,de su función individual de preferencia,no es extraño que tiendan a ser altamenteexigentes a la hora de evaluar las razonesque el decisor expone para justificar suselección. A causa de esta circunstancia,no es infrecuente,que el decisor se encuen­tre en medio de un fuego cruzado entreactores, cada uno de los cuales está con­vencido de que las restricciones sufridas

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en su vector de preferencias son excesivaso injustificadas.

Frente a tales situaciones de conflicto,que si no son bien resueltas pueden traercomo consecuencia el debilitamiento de lacapacidad normativa de la decisión con elconsiguiente perjuicio para la trama colec­tiva, el decisor debe procurar fortalecer subase argumental mediante el desplieguemetódico de las operaciones que lo guiaronen su decisión. Pero más allá de su funciónjustificatoria, este despliegue tiene tam­bién la virtud de permitir al propio decisorincorporar a su solución el mayor númerode elementos informacíonales, con el finde contribuir a la corrección de sus pro­babilidades subjetivas.

Desde este punto de vista, el problemamás importante que debe resolver el deci­sor en materia pública deriva de que estasdecisiones, además de integrar la existen­cia real de sistemas de preferencias en disi­dencia, tienen como finalidad intrínseca lade favorecer en los destinatarios de la solu­ción el desarrollo de un punto de vistainterno en relación con la decisión. Poresta razón, este tipo de decisiones concier­nen a la Ética y no a las Matemáticas, yaque la sola aplicación de una regla mecá­nica de maximización de las preferenciasindividuales no puede proveer de una jus­tificación suficiente. La integración de losvectores en disidencia requiere de unaperspectiva independiente 14, que permitaefectuar ponderaciones de los componen­tes vectoriales y al mismo tiempo contri­buya a hacer más transparentes y discu­tibles las bases de tal operación. De estemodo se perfecciona la estrategia de pre­sentación del problema, y en consecuenciatambién se incrementan las probabilidadesde lograr una solución más aceptable porlos individuos.

El segundo frente a través del cual elutilitarismo contemporáneo logra favore­cer la transparencia de las decisiones públi- .cas es el de la definición de los mecanismosválidos de construcción de la decisión. La

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propia manera de plantear los problemasde decisión pública, que es característicadel utilitarismo contemporáneo, tienecomo consecuencia la necesidad de aceptary realizar intercambios de utilidades en elescenario de la construcción de la decisiónpública. Como las funciones individualesde utilidad que están en disidencia debenser articuladas en una única pieza norma­tiva, resulta inevitable que se lleven a caboprocesos en los cuales cada individuo ogrupo concede parte de sus expectativasde utilidad a cambio de algo que consideraequivalente. En este tipo de proceso nohace falta medir las utilidades sobre unmismo continuo, tema que ha preocupadoa muchos pensadores 15, ya que las uni­dades de utilidad no son, tal como se havisto, unidades del tipo «peras» o «man­zanas», y resulta perfectamente aceptableque un vegetariano asigne a tres manojosde berros la misma utilidad que un car­nívoro le otorga a 200 gr. de lomito, y queen consecuencia ambos actores estén dis­puestos a intercambiar tales bienes porconsiderar que los mismos satisfacen susrespectivas preferencias. Esta satisfacciónde las preferencias, como puede verse, noestá necesariamente asociada al valormonetario de los bienes en cuestión.

El problema fundamental que surge enestos procesos de intercambio es que enprincipio, y con una utilidad medida car­dinalmente, las soluciones posibles soninfinitas, lo que golpea duramente la ope­ratividad del procedimiento. Para atacareste problema ha resultado fundamentalla contribución de John Nash, quien ensu artículo «The Bargaining Problcrn»,publicado en 1953, logra establecer quebajo un conjunto de restricciones es posi­ble encontrar una solución única a los pro­blemas de negociación (como intercambiode utilidades individuales). Apoyándose enla construcción conceptual denominada«frontera Pareto-óptimo- que permitióacotar el espacio de las soluciones posiblesen procesos de negociación, Nash logra

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establecer que en esa frontera se puedeobtener una única solución en un problemade intercambio de utilidades. Tal «solu­ción» consiste por una parte en un con­junto de restricciones que delimitan losprocedimientos algebraicos mediante loscuales se llega a la solución; por otra parte,la solución Nash señala también lo quepodría considerarse como la meta u hori­zonte de los procesos de negociación 16.

En este último sentido la solución marcala existencia de un punto hacia el cual losprocesos de intercambio deberían tender.

Aunque el citado esquema es válidopara los procesos típicos de intercambiode utilidades individuales, las cosas se com­plican drásticamente en el caso de la cons­trucción por parte de una autoridad nor­mativa de una función de utilidad colec­tiva, ya que aunque en efecto se trata bási­camente de intercambios de utilidades, lassoluciones aspiran a ser asimismo norma­tivamente correctas 17. Un decisor públicodebería, en consecuencia, preocuparse porlas posibles asimetrías iniciales en el esce­nario de negociación, las cuales podríandar lugar a formas de explotación de unactor por otro. Bajo estas circunstanciasel decisor público opera necesariamentecomo un árbitro, y en tal condición la apli­cación lisa y llana de la regla utilitaristade maximización de las utilidades espera­das no le permite discriminar entre la cali­dad de las pretensiones individuales en jue­go. Ésta, sin dudas, no es una cuestión éticade menor cuantía; si el arreglo aspira aser normativa mente eficaz, el decisor queefectúa el arreglo está en la obligación defundamentar la pretensión normativa dedicho arreglo, y de las reglas que del mismose derivan.

Antes de proceder a la rnaximizaciónde las utilidades quc expresan las prefe­rencias individuales, quien construye unadecisión pública tiene que ponderar talespreferencias sobre la base de un marco quenaturalmente constituye una forma deregla externa a tal sistema. Esta regla, que

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de algún modo impone limitaciones a lacompetencia del decisor, no puede ser debase exclusivamente empírica, aunque deningún modo puede ignorar la empiria;tampoco puede ser sólo de baselógico-deductiva, debiendo sin embargorespetar los principios de consistencia, ydebe ser susceptible de crítica racional yevaluación en ambos aspectos. Sobre estabase informacional no todos los intercam­bios son igualmente. deseables, aunque elintercambio de utilidades continuará sien­do la herramienta de instrumentalizaciónpor excelencia.

En el caso anteriormente mencionadode los ecologistas y los agricultores, auncuando sea perfectamente coherente inter­cambiar en una decisión pública una uni­dad de bosque por una unidad de pradera(cosa que se hace toda vez que se deter­mina la dosis óptima de un fármaco), ala hora de legitimar y Justificar ese inter­cambio el decisor no podrá ignorar quelos estudios científicos realizados en nues­tro siglo han demostrado la fragilidad delequilibrio ecológico, el cual define límitesa su competencia de decisión, más allá delproblema inmediato a resolver. Tampocopodrá ignorar que aunque las grandeshambrunas han sido y son el método decontrol ecológico del crecimiento pobla­cional para todas las especies, el hombreha establecido nuevas reglas, que por unaparte han alterado desde el comienzo elprimitivo equilibrio natural, pero graciasa las cuales hay en términos generales cadavez menos sufrimiento, mayor esperanzay mejor calidad de vida.

Este marco, en efecto, restringe la com­petencia del decisor, pero no de la maneraen que lo haría la prohibición incondicio­nal de un cierto tipo de acciones; se tratamás bien de una suerte de insumo infor­macional cuya consideración no podríaobviarse sin el riesgo de que la pretensiónnormativa de decisión se hiciera altamentevulnerable. En cuanto al contenido de estemarco, no habría posibilidad alguna de eli-

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minar del mismo elementos universaliza­bles de base deontológica, como tampocohabría modo de evitar la inclusión de infor­mación de base empírica o lógica.

Tal como se ha podido notar a lo largode la exposición, cuando se habla de deci­siones en el entorno colectivo aparecenconstantemente expresiones tales comoprobabilidad de ocurrencia, niveles proba­bles de degradación ambiental o expecta­tiva de vida. Esta recurrencia no debe pare­cer extraña, ya que si se elimina el enfoqueincondicional que define tipos de actosprohibidos o permitidos dibujados con ple­na certeza, entra inmediatamente en esce­na la incertidumbre, y su modelo axiomá­tico asociado: la probabilidad.

Sin embargo, si sólo se pudieran cons­truir las utilidades y tomar las decisionescuando se cuenta con probabilidades obje­tivas IR, las decisiones quedarían condena­das a la rigidez, e importantes esferas (co­mo la valorativa) excluidas del escenariodecisionaL Esto llevó a los utilitaristas con­temporáneos a retomar el uso de las lla­madas probabilidades subjetivas, las cualesse basan en la apreciación subjetiva queel decisor, sobre una base informacionalamplia y versátil, asigna a un determinadoresultado. Estas probabilidades subjetivas,aunque se basan inicialmente en el llamado«grado de creencia», son susceptibles detratamiento numérico, y satisfacen un sis­tema de axiomas muy próximo al de lasprobabilidades objetivas 19.

Desde el punto de vista de la plausi­bilidad de sus axiomas, habría que señalarque las probabilidades subjetivas reflejande manera acertada el comportamientomás habitual de los decísores públicos,quienes sobre la base de su experiencia,sistema de valores e información prelimi­nar, formulan una distribución probabilís­tica a priori, la cual representa su gradode creencia acerca del comportamiento delparámetro, antes de recabar datos adicio­nales 20. En lo que se ha definido comoexperiencia, sistema de valores, e informa-

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Clan previa, se articulan de una maneracompleja la información de base empíricao experimental, la de base conceptual oteórica, junto a calificaciones a priori debase deontológica incorporadas al sistemageneral de valores del que el decísorparticipa.

Especialmente debido a los lúcidos y sis­temáticos desarrollos matemáticos de Tho­mas Bayes 21, se cuenta hoy con métodosaxiomáticos para la actualización de unadistribución a priori, la cual gracias a talesmétodos puede ser convertida en una dis­tribución a postetiori a la luz de toda nuevainformación relevante al problema de deci­sión que se está considerando. En este con­texto, la corrección sucesiva de las distri­buciones probabilísticas se constituye enla herramienta clave para la elaboracióny justificación de las decisiones públicas.

El uso sistemático de esta herramientaimpone una mayor exigencia de transpa­rencia a las decisiones públicas, por cuantocada pieza de información consideradarelevante para el asunto bajo considera­ción tendrá que ser incorporada en la fun­ción de probabilidad, y en consecuenciaproducirá una modificación en la estima­ción del parámetro. Si, por el contrario,el dccisor no considera necesario incor­porar tal información, estará en la obli­gación de justificar dicha omisión con razo­nes suficientes. Como se puede apreciar,este enfoque de las probabilidades subje­tivas a priori y el método bayesiano decorrección de las mismas, despliegan demanera mucho más diáfana el proceso deconstrucción de las decisiones, y en con­secuencia permiten ejercer de una maneramás activa la función de control sobre lasmismas.

La transparencia que produce en laconstrucción de las decisiones la correc­ción bayesiana de las probabilidades sub­jetivas a priori, permite ver detalladamentela traza de todo el proceso; esto tiene unaconsecuencia de vital importancia almomento de evaluar la calidad de la jus-

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tificación con la que se pretenda sostenerdicha decisión. En efecto, bajo este pro­cedimiento no tiene cabida el estilo «pri­mero decido y luego busco la justificaciónmás adecuada a mi decisión», que sueleser de empleo frecuente en este terreno;aquí, tanto las piezas informativas que que­dan incorporadas como las que fueronexcluidas constituyen la base argumentalúnica sobre la cual puede fundarse unajustificación para ser aceptable 22.

El estilo bayesiano de construcción delas decisiones permite leer en las proba­bilidades subjetivasapriorilas bases deón­ticas, las intuiciones, los conocimientos ylos sentimientos morales en los que se ori­gina la decisión; mientras que el procesode recursiva conversión de tales probabi­lidades a priori en probabilidades a pos­teriori nos muestra las sucesivas correccio­nes que la decisión va sufriendo, y exhibelas razones que fundamentan cada pasodel proceso.

6. Conclusiones

El acucioso lector ya ha advertido en loscinco apartados que integran el artículoque, bajo una apariencia ordenadamentedescriptiva, he articulado un discurso enel que asigno a los hallazgos del utilita­rismo contemporáneo un valor positivopara la ética de las decisiones públicas.Para ser consistente con mi creencia deque las asignaciones de valor son sólointerpretables en un marco específico quecual sistema de coordenadas permita esta­blecer el espacio de validez de la asigna­ción, tengo que hacer explícitos los hastaahora implícitos supuestos desde los cualeshe elaborado mi juicio valoratívo.

1. Las decisiones públicas son técni­camente decisiones bajo condiciones deincertidumbre. La incertidumbre de estasdecisiones deriva tanto de la esfera valo­rativa como de la fáctica y la del compor­tamiento de los actores sociales. Esto

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implica que las probabilidades que puedenasignarse en el marco de estas decisionescorre entre Oy 1, excluyendo los extremos.

2. Las decisiones públicas afectan lasllamadas cosas comunes, ya se trate de bie­nes, espacios o sistemas de valores. En elámbito de estas cosas comunes, las deci­siones públicas atribuyen status deónticoa las acciones (prohibidas, obligadas o per­mitidas), o efectúan asignaciones distribu­tivas de cargas o beneficios. Para cumplirsu objetivo, las decisiones públicas esta­blecen arreglos normativos que imponenrestricciones al dominio privado.

3. La calidad de una decisión públicasejuzga por la consistencia de su estructuraformal, por la capacidad de su sistema deincentivos para lograr el control de los con­flictosentre funciones de utilidades en disi­dencia, y por su eficacia en la promocióndel llamado punto de vista interno entrelos destinatarios de la normatividad.

Analicemos entonces los hallazgos delutilitarismo en el marco de los supuestosseñalados. Si se aceptan las condicionesestablecidas en 3 como los criterios de eva­luación de una decisión pública, hay quereconocer que el utilitarismo contempo­ráneo ha contribuido a fortalecer todos losaspectos de las decisiones públicas demanera sustancial. En materia de consis­tencia formal, el contar con un cuerpo deaxiomas y la definición completa de laestructura primitiva ha permitido no sóloproducir decisiones evaluables al interiorde su propio sistema lógico, sino tambiéncon una mayor capacidad de ser compa­radas con soluciones alternativas; pudien­do asimismo ser internamente criticadasen base a un criterio sólido de corrección.En relación con el segundo criterio de eva­luación de las decisiones públicas, es decir,el relativo a su capacidad para construirun sistema de incentivos con eficiencia enel manejo de las disidencias, las posibili­dades que ofrece el utilitarismo contem­poráneo son francamente importantes;ellas se derivan de la potencialidad que

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brinda el concepto de utilidad de Von Neu­mann-Morgenstern para el manejo sutil delos sistemas de punición-recompensas, y lacapacidad que ese mismo concepto unidoal de probabilidad subjetiva posee para laestimación de escenarios que facilitan elcálculo de consecuencias. Finalmente, sise toma en consideración que las decisio­nes públicas, además de ser evaluadas ensu capacidad para controlar las disidenciasmediante 108 sistemas de incentivos, debenprobar también su eficacia normativa, elaporte del utilitarismo cobra una mayordimensión. En efecto, pareciera que noexiste un mejor recurso para convocar elpunto de vista interno en los destinatariosde los arreglos normativos que el que ofre­ce la transparencia y el uso sistemático delas probabilidades subjetivas como meca­nismos de elaboración de las decisiones.

Cuando los supuestos 1 y 2 se exhibenuno al lado del otro con toda su contun­dencia producen generalmente un efectode gran desasosiego entre quienes se dedi­can al estudio y a la construcción de deci­siones públicas. Aceptar como punto departida que las decisiones públicas setornan bajo incertidumbre, y que ellas sir­ven para imponer restricciones al dominioindividual, no resulta en verdad nada tran­quilizante. A pesar de que intuitivamentese percibe la plausibilidad de estos supues­tos, no deja de producirse la impresión ini­cial de que en relación con algo que puedeafectarnos profundamente no sólo ennuestro actual sistema de utilidades, sinoen lo que ello significapara nuestros planesde vida, somos colocados inexorablementeen manos de aprendices de brujos, cuyasinciertas metodologías no les impidentener un amplísimo poder sobre los aspec­tos más re1cvantes de la vida social. Estesentimiento, y la profunda inseguridad queel mismo conlleva, es uno de los factoresque más inciden en la aceptación de otrossupuestos, que, aunque menos plausibles,son capaces de transmitir un mayor nivelde confianza. Sin duda, es más alentador

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suponer que quienes construyen las deci­siones públicas poseen certeza acerca decuáles son los fines más valiosos, que estosfines son en efecto determinables, y quehay una abundante disponibilidad de pre­cisas herramientas para alcanzarlos. Sinembargo, cuando un decisor asume unsupuesto que es negado sistemáticamentepor los hechos, la calidad de sus decisionesse ve debilitada. Aunque suponer que unatorre de control de vuelos está dotada deun servicio de radar moderno y operativopuede resultar tranquilizante para la tri­pulación y el pasaje de una aeronave, sital supuesto está negado por la realidad,el asumirlo incrementa notablemente laprobabilidad de sufrir accidentes en elaterrizaje, ya que impide desarrollar méto­dos alternativos de orientación del des­censo.

Cuando se acepta el supuesto de incer­tidumbre (incertidumbre puede derivarsede la información imperfecta o incomple­ta), todo esfuerzo que permita mejorar lainformación incorporada a la decisiónincrementa simultáneamente la calidad dela decisión. En este punto el refinamientodel concepto de utilidad realizado por VonNeumann-Morgenstern dota a la informa­ción acerca de las preferencias de un altonivel de precisión, lo cual permite mejorarnotablemente las bases instrumentales delas decisiones. Adicionalmente, como lasdecisiones basan sus asignaciones deónti­cas y distributivas sobre el intercambio delas utilidades de los agentes afectados porla decisión, el contar con tales bases ins­trumentales permite una mayor versatili­dad y precisión en tales intercambios, loque contribuye a que los mismos puedanser mejor interpretados y aceptados poraquellos cuyas utilidades se ven restrin­gidas.

A pesar de la importancia de todas lascontribuciones señaladas y de su innegableincidencia sobre la calidad de las decisionespúblicas, su fuerte carácter instrumentalpuede alimentar dudas acerca de si las mis-

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NOTAS Y DISCUSIONES

mas conciernen efectivamente a la «ética»de las decisiones públicas. Para dilucidareste punto es conveniente recordar que ensus aspectos normativos las decisiones ela­borarlas bajo condiciones de incertidumbrecarecen del a la vez monolítico y frágilsoporte que puede ofrecerle el punto devista deontológico, el cual asume incon­dicionalmente un determinado valor (conprobabilidad 1 ó O); tampoco puedenbasarse completamente en las llamadassoluciones algebraicas; en consecuencia,tales decisiones tendrán que construir supropia estructura de legitimación median­te procedimientos que no «postulen»corrección normativa, sino que la «mues­tren». Esta «exhibición» hecha ante sujetosa los cuales se afecta en sus utilidadesentraña grandes dificultades. En primerlugar, para el utilitarismo tales sujetos sonplenamente autónomos, ya que los ha reco­nocido como capaces de ordenar coheren­temente sus preferencias, lo cual implicaque se hacen cargo de todas las consecuen­cias de sus ordenamientos; es decir, queson sujetos morales. Desde este punto departida, el utilitarismo no podría aceptarsin una sólida justificación que una deci­sión pública ignore ciertas preferencias olas perjudique en el intercambio de uti­lidades 23. Sin embargo, el decisor públicotampoco podría ignorar piezas de infor­mación relevantes a su decisión 24, ya queéste es precisamente el aspecto central delmétodo bayesiano de corrección de pro­babilidades. Desde un punto de vista lógi­co, estas dos condiciones están en conflic­to, ya que la primera indica asignar a todaslas funciones de utilidad individual el mis­mo peso en la función de utilidad colectiva,mientras que la segunda indica introducircorrecciones a las probabilidades en basea toda información relevante al problemade decisión. La existencia de esta contra­dicción impide producir las decisionespúblicas mediante algoritmos, por lo queel decisor público debe operar como unárbitro, lo cual supone privilegiar un curso

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de acción sobre otro; pero esto es bastantenatural, ya que el aplicar el arbitrio paraescoger entre una solución u otra cons­tituye el núcleo mismo de todo procesode decisión. Como puede verse, ningúnmecanismo algebraico ni asignación deón­tica incondicional puede modificar elhecho de que los procesos de decisionespúblicas sean procesos de arbitraje que pordefinición tienen un componente valora­tivo.

Éste es el complejo marco (despojadode la relativa tranquilidad que ofrecen losprejuicios incondicionales) en el que lasdecisiones públicas deben «mostrar» suvocación de corrección normativa; y es eneste punto en el que los avances rcalízadospor el utilitarismo, siendo fuertemente ins­trumentales, atañen sin embargo de mane­ra directa a la ética de las decisiones públi­cas. En el momento de llevar adelante laconstrucción de la decisión, la condiciónque impone la obligatoriedad de corregirlas probabilidades subjetivas a priori conlas piezas informacionales relevantes a ladecisión, siendo básicamente instrumental,permite incorporar al proceso decísíonaíelementos de base tanto fáctica como valo­rativa, que enriquecen el paisaje moral dela decisión. Por su parte, la condición queestablece el uso de métodos sistemáticosde corrección de las probabilidades obligaa «exhibir» el origen de las ponderacionesvalorativas que el decisor atribuye, atandola decisión a la responsabilidad, asuntoéste básicamente ético. Por último, la con­dición que impide que las piezas informa­cionales que no hayan sido efectivamenteutilizadas en la corrección de las proba­bilidades a priori puedan ser incorporadasen los argumentos de justificación de ladecisión incide directamente en la calidadética de esta justificación.

En síntesis, abandonada la nada plau­sible creencia de que el problema de cons­trucción de decisiones públicas es limpia­mente manejable desde un radar (deon­tológico o algorítmico), y aceptada la

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NOTAS Y DISCUSIONES

incertidumbre como el ambiente naturalen el que tales decisiones se construyen,tenemos también que aceptar que todomecanismo que contribuya a dotar a lanavegación de formas racionales de

corrección y control no sólo constituye unavance instrumental, sino que incide sus­tancialmente en las bases éticas de la deci­sión, Éste es el caso del utilitarismocontemporáneo.

NOTAS

I Puede verse J. Bentharn, OfficÚlI Aptitude maxi­mized, Expense minimized, Oxford University Press,1993, y A Protest agains: Law Taxes, P. Byme Ed., 1793.

~ Cuando John Nash determina la existencia de unasolución única al llamado bargaining problem pudo pen­sarse que de alguna manera se había encontrado unmétodo para resolver todos los problemas de inter­cambio de utilidades; sin embargo, esta solución eraválida sólo en el límite de las restricciones establecidaspor Nash, Kalal y Smorodinski, al modificar una delas restricciones por Nash, logran otra «solución úni­ca». Éste y numerosos ejemplos evidencian que elmodelo formal que se utiliza incide de manera directaen la solución que se atribuye a un problema dedecisión. .

.' Las decisiones públicas siempre implican la carac­terización de tres elementos: los cursos de acción alter­nativos que de algún modo definen el espacio de deci­siones posibles, las condiciones de los entornos pon­deradas por su probabilidad de ocurrencia, y las uti­lidades esperadas. Como puede verse, todos estos ele­mentos definen un escenario típicamente condicional.

• La estructura primitiva incorpora los presupuestoslógico-matemáticos de la teoría de probabilidades, lasdeflniciones primitivas específicas, y el sistema deaxiomas.

l La publicación de esta obra estuvo precedida pordos artículos seminales de Von Neumann: «Zur Theo­ríe der Gesellschaftsspielc», publicado en Mathema­tische Annalen, 100,1928, Y«Ubcr cin oekonomischesGlcichungsystem und eine Verallgemcinerung desBrouwerschcn Fixpunktsatzes», publicado en Ergebnis­secinesMathematlk Koiloquiums, 8, 1937.

6 Una de las primeras consecuencias en este ámbitose expresa en el influyente artículo de John Harsanyí,«Cardinal utílity in welfare economics and in the theoryof rísk raking», publicado en 1953.

, Van Neumann y Morgenstem al considerar estecaso establecen que las alternativas B y C sean mutua­mente excluyentes, es decir, que la probabilidad deocurrencia de una es complementaria de la probabi­lidad de ocurrencia de la otra.

R Dos diferentes tratamientos axiomáticos de la uti­lidad se encuentran en los trabajos de 1. N. Hersteiny J. W. Milnor, «An Axiomatic Aproach to mensurableutilíty», Econometrica, 21, 1953, YR. Luce y H. Raiffa,

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Garnes ami DedSWIlS, Wiley, NY, 1957. Analizandocomparativamente ambos sistemas se puede apreciarclaramente el método de trabajo señalado.

9 Acerca de este punto puede verse R. Coase, «Theproblem of social Cost»,Journal o[Law and Economics,3, 1960, Y E. Garzón Valdés, «Mercado y Justicia»,Isonomia, 2, 1995.

10 Sobre cómo opera el análisis de costo/beneficioen la propensión a la transgresión puede verse J. Barra­gán, "Políticas y violencia», en el volumen Las liber­tadesy sus enemigos, Ed. Cedice, Caracas, 1997.

IL Sobre algunos puntos de vista en relación conlos. métodos de control de las transgresiones resultanespecialmente ilustrativos E. Ostrom, Goveming theCommolls. Cambridge Univcrs ity Press, 1990;V. Ostrom, D. Feeny y H. Picht (eds.), Rethinking lns­tinuional Anaiysis ami Development, lCS Press, Ca., yR. Gooding (ed.), The Theory ojInstitutlonal Design,Cambridge University Press, 1996.

12 J. Barragán, «Decisiones normativas y costos detransacción», en Revista del Banco Central, vol. XI,núm. 1, Caracas, 1997.

1J Algunos autores como Harsanyi consideran ini­cialmente que la construcción de la función de bie­nestar colectivo es el resultado de una operación mate­mática como la suma o la multiplicación.Io cual tiendea dar la falsa impresión de que las preferencias delos distintos actores son homogéneas; sin embargo,ante la clara evidencia de que no todas las preferenciasson igualmente significativas para la construcción dela función de bienestar colectivo (B) se ven obligadosa ponderar tales preferencias (previo a sumarlas o mul­tiplicarlas), lo cual implica admitir la existencia de con­flíctos entre las mismas. Es obvio señalar que talesponderaciones inciden de manera directa en el con­tenido de B.

14 Sé muy bien que esto lucirá altamente heréticoa los ojos de cualquier utilitarista ortodoxo, ya queel mismo podría suponer que por aUf se están infil­trando quién sabe qué indeseables demonios kantianos.Sin embargo, como no es concebible en el utilitarismocontemporáneo la deliberada e incondicional renunciaa una fuente de información eventualmente relevantepara la decisión, dit1cilmente se podría justificar lanegativa a incorporar una perspectiva que permite eva-

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NOTAS Y DISCUStONES

luar y ponderar la calidad de los componentes vec­toriales.

" Pueden verse, entre otros, las interesantes obser­vaciones realizadas por J. Griffin en su obra On theWell Being; cuando se ocupa de las comparacionesintcrpersonales.

,. Los requisitos establecidos por Nash son: L Inva­riancia con respecto a la medida de utilidad; 2. Óptimode Farero: 3. Simetría, y 4. Independencia de las alter­nativas no relevantes. Acerca de las condiciones 1, 2Y3, existe un acuerdo de aceptación muy generalizado,pero en relación con el requisito 4 se han escuchadovoces disidentes. Sobre este punto puede verse en Sis­temí Esperti nel Diriuo mi artículo «Negoziazionc eIncertezza», donde se analiza el alcance del conceptode solución, sobre la base de considerar las objecionesquc Kalai-Smorodínski han realizado al requisito 4establecldo por Nash,

" Sobre las limitaciones del concepto «solución»desde el punto de vista ético-normativo puede verseel ya citado trabajo «Negoziazione e Incertezza».

" Se da el nombre de probabilidad objetiva a aque­lla en la que la estimación del comportamiento deun parámetro se efectúa sobre la base de un número Nde ensayos experimentales previos. Por su propia indo­le, la probabilidad objetiva se adecua muy especial­mente a las Ciencias Físicas, en las que los fenómenosobedecen a un comportamiento más o menos cons­tante, lo que permite predecir con buen nivel de aciertoel futuro a partir del pasado. En el caso del com­portamiento humano, entre otros, la imposibilidad detrabajar con métodos experimentales trae corno COn­secuencia la imposibilidad de utilizar exitosamentetales probabilidades.

lO Los axiomas de Kolmogorov introducidos en 1933fijan las condiciones que deben ser satisfechas por lasfunciones de probabilidad objetiva. Expresados bre­vementc, estos axiomas dicen así: l. O< P (A); 2. P(de todos los posibles eventos) = 1, Y 3. Aditividadcontable. De Finetti encuentra que sustituyendo elaxioma 3 por el axioma 3' de Aditividad finita, es posi­ble dar a las probabilidades subjetivas un tratamientoaxiomático semejante al de las probabilidades obje­tivas. Existen otros tratamientos axiomáticos que hanmerecido consideración muy especial como el deL. Savage, quien elabora un sistema apoyado en 7 axío­mas, y el de A Rényí, basado en 3 axiomas, el cualasume el carácter invariablemente condicional de laprobabilidad.

~ El pleno uso de las probabilidades subjetivas enla loma de decisiones se debe cn una gran medidaa los trabajos de J. Harsanyi. En especial pueden con-

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sulrarsc: «Games with íncomplete information playcdby "Bayesian" players» (1967/68), «Bayesian decisionthcory, rule utiíitarianism, and Arrow's impossibilitythcorcm.. (1979), y «Decisión and game theoreticmodels in utílitarian ethícs» (1988).

21 Mientras que las ideas básicas que nutren esteenfoque son desarrolladas por James Bemoulli, suestructura matemática, factor fundamental para la rea­lizabílidad de un sistema de calificaciones deónticas,se debe al Reverendo Thomas Bayes. El llamado Teo­rema de Bayes, como formulación matemática, nosdota del procedimiento formal necesario para modi­ficar, en base a toda nueva información obtenida, nues­tra creencia previa acerca del valor de un parámetro.Una información más extensa sobre este punto se puc­de obtener en la obra de E. Pearson, 172e History o{Statistics in tñe 17th and 18th Centuries.

¡, Con el fin de establecer un nexo firme entre elproceso de construcción de la decisión y la justificaciónde la misma, he considerado oportuno establecer unacondición (conocida como "Condición Barragán» ) queimpide incorporar en los argumentos de justificaciónde la decisión cualquier pieza informacional que nohaya sido oportunamente utilizada (por inclusión oexclusión) en la corrección de las probabilidades sub­jetivas a priori. De esta manera se busca garantizarque la justificación refleje fielmente el proceso de ela­boración de la decisión, facilitando asimismo la adju­dicación de responsabilidades.

2J Encuentro, por ejemplo, que la eliminación queHarsanyi hace de las preferencias heteroorientadas yde las desinformadas, entre otras, cuando construyela función de bienestar colectivo. no se hace cargode todo el impacto que tal hecho produce sobre laautonomía de los sujetos. Tampoco Binmore, quiencritica la posición de Harsanyi, logra resolver estacontradicción.

~, En relación con la incorporación de informaciónrelevante a la decisión, Barcón propone en su «Tcortade la Utilidad» un ejemplo muy ilustrativo. Es el casode un cliente que entra en un restaurante de regularaspecto y el camarero le informa que el menú con­templa parrilla de solomo y filete de pargo. El diente,aunque prefiere el pescado, selecciona la parrilla, basa­do en el a priori que le ha producido el aspecto delrestaurante. Minutos después el camarero regresa paradecirle que el chef le ha informado que también hayancas de rana. "Muy bien -<líee el clicnte-; sírvameel filete de pargo.» El cliente, con la nueva informacióncambió su a priori sobre la capacidad del restaurantepara preparar el pescado.

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