contexto ed.37

Distribución gratuitaNo.37

ISSN 1909-650XP E R I O D I S M O U N I V E R S I T A R I O

Medellín, mayo de 2013

Medellín oscura, oculta y orgullosa. En las calles, en los cerros y en los barrios estás prohibida. ¿Qué queda de la luz del medio día, cuando en las noches el fuego enciende las llamas de la violencia? ¿A dónde van tu color, tu vanidad de ciudad innovadora, tu eterna primavera, tu prestigio de emprendedora, cuando un niño deja la escuela y toma las armas, cuando desaparecen tus jóvenes, cuando hay pasos prohibidos, cuando eres tan desigual de sur a norte?

Indagación de las causas de la violencia en ColombiaTu historia se repite y con ella vuelven las mismas miserias: muertes, destierros, amenazas. ¿Por qué? En esta edición el periódico Contexto indaga sobre las razones de nuestras violencias. No es una mirada sin esperanza sino un intento por crear un ambiente propicio para la reflexión sobre una paz construida por todos y no firmada por algunos.

Departamento de Antioquia. Foto: Diego Andrés Sánchez Alzate

Cómo nos empezó la violencia

Opinión2

Desactivar los detonantes de la violencia3

La oscuridad de la “eterna primavera”16

EditorialReportaje gráfico

La violencia no es un fantasma. La violencia es producida por los seres humanos y los seres humanos la pueden detener.

Un Estado fuerte, consolidado, justo y equitativo es un asunto que depende de seres humanos, de nadie más.

Una ciudad negra, gris, triste y en algunos momentos desolada es la que oculta Medellín en su variedad de colores.

Págs. 5 - 15Violencia

El periódico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA CONTEXTO No. 37 Mayo 2013 2

Dice el profesor Marco Palacios que, por su larga duración, se tiene la tenta-ción de presentar el conflicto armado colombiano como un fenómeno “natu-ral” y “consustancial” a nuestra historia, geografía y psiquis nacional. Y en otros contextos se ha creído que la violencia es una característica propia del ser hu-mano que se arropa en el gentilicio de colombiano.

Pero realmente la violencia que nos envuelve tiene causas humanas que, si logramos intervenir y ojalá desactivar, se podría detener esa espiral que ha dejado una cifra de muertos y de víctimas imposible de establecer desde cuando comenzó la llamada Violencia en la década de los años 50 del siglo XX.

COmIEnza la VIOlEnCIa POlítICaUno de los factores que generó la vio-lencia durante los primeros 60 años del siglo XX fue la lucha encarnizada entre las ideologías políticas. Fue una violen-cia sectaria, fanática, ideológica que lle-vó a unos y a otros a matar por un color: rojo o azul.

La Guerra de los Mil Días, con la que se recibió ese siglo, fue una guerra entre conservadores y liberales, que después de casi tres años de desangrar al país, ganaron los conservadores. En los años 30 ganó las elecciones presi-denciales el liberal Enrique Olaya Herre-ra y entonces se “desató la persecución de los liberales triunfantes contra los conservadores vencidos, especialmente en los departamentos de Boyacá y San-tanderes”, como explicó el ex presiden-te interino de Colombia, Roberto Urda-neta Arbeláez, en el libro La violencia en Colombia de Germán Guzmán, Orlando Fals y Eduardo Umaña.

En 1946 el “turno” del poder fue nuevamente para los conservadores. En ese año asumió la presidencia Mariano Ospina Pérez y comenzó a cargarse el ambiente de odio contra los partida-rios del grupo del Presidente y contra el nuevo gobierno. Una ola de huelgas se agudizó hacia 1947 cuando, con el fin de derrocar al gobierno conservador, esta-lló un paro general de transportadores.

Hasta que reventó el “Bogota-zo” que partió en dos la historia de la Colombia moderna. Ese año 1948 llegó cargado con la tensión social suficiente para que las fuerzas en pugna demos-traran toda su furia y dejaran al país sumido en el caos durante los seis años posteriores, hasta la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla y el ulterior ini-cio del Frente Nacional.

Hay un elemento que causó la propagación de más violencia en aque-lla época: la participación de la policía

oficial del gobierno conservador para atacar a sus adversarios políticos. El argot popular llamó a esos policías los “chulavitas”.

Cuando el sujeto que representa el orden y la soberanía usa su investidu-ra para cometer atropellos e injusticias, la figura de autoridad pierde credibili-dad y hace que el grupo en desventaja invente mecanismos de defensa.

La participación de la policía en favor de los intereses de los conserva-dores y la reacción de los liberales, la creación de grupos armados para su de-fensa, fueron la gran chispa que incen-dió de sangre los campos colombianos y una inmensa ola migratoria de campe-sinos se desplazó a las ciudades colom-bianas.

laS nEFaStaS COnSECuEnCIaSLa consecuencia de ese primer período de violencia la describen sesudamente Guzmán, Fals y Umaña en el capítulo X de la obra ya mencionada: fue la quiebra de las instituciones fundamentales: las instituciones políticas (partidos tradi-cionales) y gubernamentales (Concejos, Asambleas, Senado y Cámara; Policía y Ejército; y el poder judicial); religiosas, económicas y familiares.

A esto agrega el profesor Mar-co Palacios que “en esa época, cuando fueron más delgadas y contingentes las líneas divisorias de lo legal y lo ilegal, de lo pacífico y lo violento, de la justicia del Estado o la de propia mano; cuando

campeó la incertidumbre de la represión oficial o de la respuesta armada indiscri-minada, se socializaron políticamente millones de niños colombianos…”.

La inferencia obligada es: millo-nes de niños colombianos, los adultos de hoy, se socializaron en un país sin líneas claras entre lo legal y lo ilegal; lo pacífico y lo violento; la justicia estatal o la propia; la represión oficial y la res-puesta civil armada.

Pero no fue solo el tiempo cuan-do quizá más se enquistó en la cultura nacional la violencia, pues el mensaje parecía ser que la “única solución” a los conflictos era la vía violenta; sino que fue, además, el tiempo en el que la Co-lombia ilegal empezó a aflorar con más fuerza, con un característica: era una ilegalidad promovida por aquellas ca-pas sociales que, supuestamente, por su misma posición, no tendrían por qué actuar de formas fraudulentas.

Estas élites sociales aprovecha-ron el ruido de la violencia para hacer que sus fechorías pasaran desapercibi-das. Así lo describe el profesor Palacios Rozo: “La Violencia fue una cortina que cubrió el desacato generalizado a la ley por parte de las élites empresariales y plutocráticas, esto es, sus prácticas de evasión fiscal, contrabando, tráfico de licencias de importación, sobrefactu-ración, operación en mercados negros y paralelos de moneda extranjera. La bonanza cafetera de esa época (1945-1954), que se caracterizó por fuertes fluctuaciones de precios de tipo especu-lativo, volvió rutinarias tales prácticas”.

La solución a la violencia par-tidista y sectaria, y después del golpe

CÓmO nOS EmPEzÓ la VIOlEnCIaAna Cristina Aristizábal Uribe / [email protected]

Opinión

militar de 1953 de Rojas Pinilla, fue el Frente Nacional. En su momento se lo-gró así acallar la violencia como se ve-nía ejerciendo; sin embargo, el profesor Palacios muestra las consecuencias del invento frentenacionalista y advierte sobre la discriminación política que li-mitó la participación a los grupos tradi-cionales y el modelo de economía que desatendió las verdaderas necesidades económicas que la violencia había de-jado en los sectores rurales y urbanos más pobres.

Así queda cultivado el ambien-te para que la violencia haga parte de la cotidianidad de los años siguientes. Después del Frente Nacional, Colombia lleva cuatro décadas experimentando con furor la violencia política, la violen-cia guerrillera y la violencia narcotrafi-cante que ha producido dos engendros perversos: el paramilitarismo y las lla-madas “bacrim”.

La presencia real y efectiva del Estado es completamente necesaria para evitar que se propaguen y repro-duzcan las características de abandono que generan violencia. Un Estado fuer-te, consolidado, justo y equitativo es un asunto que depende de seres humanos, de nadie más.

Ilustración: Mauro Zúñiga, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB

Se tiene la tentación de presentar el conflicto armado

colombiano como un fenómeno “natural” y “consustancial” a

nuestra historia

CONTEXTO No. 37 Mayo 2013 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 3

La violencia no es un fantasma. La violencia es produci-da por los seres humanos, y los seres humanos la pue-den detener. Los colombianos no son “violentos por naturaleza”. Hay unas causas sociales que, por lo largo de su persistencia en el tiempo, a algunos les parece que forman parte de la cultura nacional. En realidad los factores detonantes son sociales y se han de des-activar.

La ausencia de Estado, la inequidad y falta de oportunidades; la exclusión por motivos raciales, de clase, de género; la falta de educación, las injustas condiciones laborales, ¿no son acaso producidas por los seres humanos? Seres libres, con capacidad de de-cisión, que inciden en el cambio del rumbo de estos factores para evitar la ausencia de Estado cuando ocu-pan cargos públicos y, también, para mejorar la educa-ción; para evitar la inequidad y mejorar las condiciones laborales cuando tienen empresas; para actuar con el principio de inclusión sin distingos de ninguna natura-leza, en cualquier lugar y momento de su cotidianidad.

Sobre estos factores que producen violencia queremos llamar la atención en dos asuntos: uno, la subcultura de la ilegalidad; y dos, la permisividad social del que ni siquiera hace mala cara ante la procacidad de ciertos comportamientos de familiares o conocidos.

Dice el profesor Marco Palacios que en la pri-mera época de la llamada Violencia política en Colom-bia, en los años 50 y 60, fue cuando se presentaron “más delgadas y contingentes las líneas divisorias entre lo legal y lo ilegal”; fue una época aprovechada como “cortina de humo” detrás de la cual se escondie-ron “las élites empresariales y plutocráticas” para vivir en un “generalizado desacato a la ley”. De los que se esperaba mayor ejemplo, fueron los que más impulsa-ron la cultura de la ilegalidad.

Si a esto le sumamos el miedo a denunciar por el peligro a las represalias (la alerta es del arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo cuando pregun-ta: “¿Por qué si alguien denuncia personas vinculadas con la violencia, éstas lo saben inmediatamente, exi-gen razones y toman represalias?”), tenemos como resultado un ambiente de ilegalidad que corroe varias esferas de la vida cotidiana. Parece que, poco a poco, una Colombia se traga a la otra: la Colombia ilegal que todo lo consigue con sobornos (si es por “las buenas”) o con violencia y muertes (si “toca” por las malas), de-glute a la Colombia legal que se acoge a las normas y a las leyes.

Y no es solo el problema de que muchos ciuda-danos (inclusive los que se creen “de bien”) se mueven al mismo tiempo en las aguas de la legalidad y de la ilegalidad; es también, y más grave, que algunos fun-cionarios sean los primeros en promover esa cultura de la ilegalidad. La perversa actuación de ciertos em-pleados públicos es la primera pieza del dominó que se cae para derrumbar el edificio entero.

Por eso la vehemencia para insistir en que la violencia de carácter endémico que padecemos, solo tiene solución entre nosotros mismos. Es menester expresar que los colombianos que ejercen un cargo público, deben ser los primeros en dar buen ejemplo, pues uno de los factores generadores de violencia ini-cia con la cultura de la ilegalidad, promovida, en oca-siones, por servidores públicos que descaradamente “aprovechan” el momento para enriquecerse fraudu-lentamente.

la VIOlEnCIa SE PuEdE dESaCtIVaR Editorial

Rector: Pbro. Julio Jairo Ceballos Sepúlveda / Decana Escuela de Ciencias Sociales: Érika Jaillier Castrillón / Director Facultad de Comunicación Social-Periodismo: Juan Fernando Muñoz Uribe / Coordinador del Área de Periodismo: Juan José García Posada / Directora de Contexto: Ana Cristina Aristizábal / Jefes de Redacción: Laura Betancur A. / Editores Gráficos: Hebert Rodríguez G. • Catalina Rodas Q. • Pablo Monsalve M. / Redactores: Carolina Campuzano B. • Catalina Rodas Q. • Sarita Jaramillo R. • Mónica Jiménez R. • Jakeline Giraldo A. • Camila Reyes V. • Camilo Chamat C. • Juliana Gil G. • Laura Betancur A. • Sara Vásquez O. / Foto portada: Diego Sánchez A. / Ilustraciones: Mauro Zúñiga • Daniela Hoyos • Thomás Restrepo • Rudy Chavarría / Diseño: Estefanía Mesa B. • Carlos Mario Pareja P. / Diagramación: Ana Milena Gómez C. - Editorial UPB / Impresión: La Patria / Universidad Pontificia Bolivariana • Facultad de Comunicación Social-Periodismo / Dirección: Circular 1ª Nº 70 - 01 Bloque 7 / Teléfono: 354 4557 / Correo electrónico: [email protected] / ISSN 1909-650X.

/ [email protected]

Si además pensamos en la permisividad, ca-racterística de ciertas subculturas nacionales que no sancionan social ni familiarmente a quien se involucra en actividades ilegales o a quien combina lo legal con lo ilegal, tenemos como consecuencia una espiral cre-ciente de comportamientos al margen de la ley que muchas veces, para ser sostenidos, necesitan del uso de la fuerza y de la violencia.

Es el caso del narcotráfico, una actividad ilícita que, al menos en la región antioqueña y su zona de influencia, tuvo en sus inicios la implicación de familias enteras que conformaron redes y bandas delincuencia-les. Es lo que explica el profesor Gerard Martin sobre lo que pasó con el tristemente célebre narcotraficante Pablo Escobar, su familia y amigos más allegados.

Martin se basa en el testimonio de la hermana de Escobar, Alba Marina, quien aseguró en su momen-to que “mi mamá era muy permisiva en todo lo relacio-nado con Pablo”. Y también la misma hermana “cuenta con lujo de detalles cómo no solamente ella misma, sino también su mamá, otros hermanos, primos y tíos pronto apoyaron actividades ilegales y guardaron dó-lares, insumos, hicieron balances de los negocios y recibieron a título personal propiedades obtenidas de manera criminal” por Pablo Escobar.

Pero no solamente se necesita la sanción fami-liar. También el sistema educativo debe reencontrar el camino para impedir que pequeños delincuentes se gesten en las aulas de la primera y la segunda escuela. Las sanciones podrán impedir el nacimiento de delin-cuentes comunes y de cuello blanco.

Y esto lo valida Gerard Martin con el mismo ejemplo de Escobar: “La única sanción impuesta a Pablo en su adolescencia parece haber surgido en el colegio. Hay evidencia de que fue suspendido varias veces por un par de días y que posiblemente fue expul-sado. Sin embargo, nunca fue relegado por su colegio a algún servicio especial de reforma o resocialización, y tampoco es claro si tal servicio profesional existía en

la ciudad. Pablo, Gustavo y Mario eran jóvenes en alto riesgo de incurrir en carreras criminales, pero ni sus fa-milias, ni sus instituciones educativas, ni ninguna otra instancia, jamás adelantaron algún tipo de interven-ción preventiva o de rehabilitación institucional para estos adolescentes. Aquella omisión terminó costando caro a la ciudad y al país”.

Esa cultura de la ilegalidad y la falta de sanción social tienen un motor (no es el único) que afecta a la cultura antioqueña: el dinero es, generalmente, el parámetro de valoración de las personas. Y esa ambi-ción desmesurada por conseguirlo está sembrando la existencia de violencia y desolación.

Ya desde el siglo XIX era evidente hasta para los extranjeros esa manía antioqueña de valorar a la gente por la cantidad de dinero. El médico francés Charles Saffray pasó por Medellín en los inicios de la década de 1860, y así fue como describió el espíritu de las gentes de estas calendas: “El término único de comparación es el dinero: un hombre se enriquece por la usura, los fraudes comerciales, la fabricación de moneda falsa u otros medios por el estilo, y se dice de él: ¡es muy inge-nioso! Si debe su fortuna a las estafas o a las trampas en el juego, solo dicen: ¡sabe mucho! Pero si piden in-formes sobre una persona que nada tenga que echarse en cara sobre este punto, contéstase invariablemente: es buen sujeto, pero muy pobre.

Lo más importante es lograr entender qué pro-duce tanta violencia para intervenir esos factores y desactivar comportamientos que solo son circunstan-ciales, pero nunca connaturales al colombiano. Esta-mos ante la coyuntura más relevante del país. Quizá como nunca antes, hoy todos somos conscientes de que tenemos un gran problema llamado violencia, que nos impide avanzar. Por eso hoy es tan necesario que, cuando se detectan los factores que la generan, cada uno se comprometa en su propia forma de desactivar-la. Si entre todos no lo intentamos, nunca lo vamos a lograr.

El periódico de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social- Periodismo

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA CONTEXTO No. 37 Mayo 2013 4 Opinión

la magia de una biblioteca

la guerra es la guerra

Cuán pobre puede ser la pobredumbre

Pablo Andrés Monsalve Mesa / [email protected]

Amalia Uribe Jaramillo / [email protected]

La tarde está fría por la lluvia que ha caído, el lugar se encuentra solo y tranquilo, las ventanas por donde entra una excelente luz en los días de sol se hallan repletas de gotas que, al mirarlas con detenimiento, parecen competir entre ellas para llegar primero al pie del vidrio. Hay algo particu-lar en estas esferas que cuentan con libros en grandes estanterías, donde ellos aguar-dan ser sacados, tocados, leídos, rasgados, subrayados, prestados u observados.

Las bibliotecas conservan una ma-gia especial donde se encuentran olores, colores, texturas, letras, países, idiomas, culturas, formas y mucho silencio. Si mez-clamos todo esto crearemos un espacio lle-no de paz y conocimiento, donde se puede pensar y en muchos casos estar con uno mismo.

Al estar dentro de un lugar así todo lo que desees está al alcance de tu mente, lo único que necesitas es tomar un libro y darle vida a tu imaginación.

Medellín, cómo muchas otras ciu-dades del mundo, tiene grandes proble-mas de violencia, desigualdad, inequidad y muchas más dificultades, que la han hecho ver, en algunas épocas, como la ciudad más violenta del mundo, con índices de muertes que sorprenden a los ciudadanos de aquí y de otras regiones.

Al llegar a casa después de haber pasado gran parte del día en la biblioteca, pensé que un libro o un lugar así es una compañía para cualquiera, y traje a la men-te a los niños, jóvenes, adultos y personas mayores que pasan días enteros solos, sin descubrir nada nuevo, y que se encuentran sumergidos en grandes conflictos sin saber qué hacer.

La ciudad en estos momentos es estudiada por los porcentajes de violen-cia, inequidad, desigualdad, desnutrición y otros problemas generadores de conflictos. Cuando un joven no tiene nada qué hacer, qué decir o en qué pensar, la violencia lle-ga fácil a su mente, porque no hay ningún ideal que la detenga, además, el escenario donde habitan muchos de los jóvenes no es el mejor para tener la mente desocupada.

No solo las bibliotecas son espacios de recreo y convivencia, sino las canchas para el deporte, los parques, los cines, los colegios de música, los teatros y muchos otros escenarios que podrían crearle una barrera al conflicto. Lugares donde las per-sonas se liberen y aprendan a vivir con más igualdad y tranquilidad, en medio de las diferencias. Por ejemplo, no hay nada más agradable que una cancha de fútbol, donde todos se reúnen con la idea de patear una pelota y sudar al son de los goles.

Si cada persona pudiera encontrar un libro, una película, una cancha, un ins-trumento y unos colores afines, los días de cada uno de nosotros tendrían una energía mucho más tranquila.

La guerra es la guerra. Todo lo demás son sus conse-cuencias. Las bandas criminales en las ciudades, las fronteras invisibles en los barrios, la mentalidad que se ha construido sobre la consecución del dinero fácil, las narconovelas, la intolerancia y la exclusión social, la indiferencia, la angustia colectiva que sentimos por el conflicto armado que hoy está en una mesa de diá-logo y que, aun así, hay quienes no quieren diálogo, quieren más guerra, más violencia.

No es fácil re-construir una sociedad que está tan “acostumbrada” a un sentimiento de frustración causado por la injusticia y la impunidad, que parece cada vez más abismal. Y en cuanto a reconstruir socie-dad me refiero al hecho de que las personas fortalez-camos nuestros valores, desde la familia, la escuela, los espacios de entretenimiento y de cultura, el traba-jo y, por ende, la ciudad.

Pero la construcción de valores no se defiende por sí misma si no se crea un espacio para la reconci-liación y para la paz, que es lo que está pasando hoy en Cuba, aunque a simple vista parezca un circo. No podemos ser tan mal agradecidos. Algunos se escan-dalizan porque los desmovilizados llegarían a la políti-ca, o porque volverían a la sociedad civil con garantías como cualquier ciudadano común. Qué triste. Porque

Se ha dicho que en Suramérica y en Centroamérica se encuentran los índices más altos de violencia en el mundo; que, además, esto tiene que ver con los niveles de extrema pobreza y desigualdad que experimentan dichas regiones, y, como si fuera poco, otro factor que se le suma a esta lista interminable de razones es la fal-ta de oportunidades en educación para sus pobladores.

Entre los países que se destacan están México, El Salvador, Venezuela, Brasil, Honduras, Jamaica, en-tre otros. Y Colombia. Ellos representan las tasas de homicidio más elevadas, del mismo modo sobresalen por sus operaciones de crimen organizado, por el tráfi-co de drogas y, como si no nos resultara familiar, en el caso colombiano, por el abultado sumario de muertes por causa del conflicto armado interno.

Claro, ¿verdad? Pues yo no me como el cuento del todo. Ni México ni El Salvador ni Venezuela ni Bra-sil ni Honduras ni Jamaica ni mucho menos Colombia, son los países más pobres del mundo. En Mozambi-que, en Surinam y en Angola aproximadamente el 70% de la población es pobre; en Guatemala lo es el 75%; en Liberia, Haití, Moldavia, Zimbabue y Chad lo es el 80%, y en Zambia, por pertenecer al Cinturón de Co-bre, territorio riquísimo en minerales de África, el 86% de la población vive en condiciones paupérrimas.

Manuela Saldarriaga Hernández / [email protected]

Y aunque estas últimas naciones mencionadas son todas independientes, en el caso de las del África Subsaharia-na o África Negra, resulta tan sólo una cuestión de apariencia en cuanto a su li-bertad. Su pobreza es producto de la ex-plotación histórica de recursos que, en gran medida, ha sido violenta. Un ejem-plo concreto es el genocidio congoleño, aunque dirán historiadores que las razo-nes son más de carácter administrativo y de gestiones políticas intervencionistas.

No obstante el discurso plantea que la violencia tiene como génesis la pobreza, yo diría lo contrario: la violen-cia ha generado y generará pobreza. Sin embargo, considero necesario hacer una salvedad, encuentro sólo una ex-cepción en la que sustento cuándo la pobreza suscita violencia: la pobreza de espíritu, si es que éste existe y se puede valorar en abundancia o escasez.

Cuando se es pobre de espíritu aparece el egoísmo, la codicia y como síntoma de la enfermedad de poder, la corrupción, con ello el hurto y, como por efecto de boomerang, tal “ratería” trae de vuelta más podredumbre. Cuando se es pobre de espíritu existe también la egolatría, entonces hay exclusión y vie-ne un cierto desprecio que crea brechas sociales tan inmensas que polarizan las ideas. Cuando se es pobre de espí-ritu no hay interés en darle la razón al otro. Afortunadamente, para salirme de esto, Descartes dijo que “No hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón: todo el mundo está convencido de tener suficiente”.

mientras continúe ese señalamiento colectivo no avanzaremos hacia la paz, que no es únicamente responsabilidad del Gobierno y sus funcionarios. Es un compromiso de todos.

No defiendo los crímenes come-tidos por los grupos armados ilegales, tampoco digo que con el hecho de que un guerrillero se desmovilice, todo va a estar bien. El perdón es un concepto difícil de asimilar, más aún cuando debe ser colectivo. Pero sí creo que mientras haya un ambiente hostil cada vez más notorio para las personas que, a pesar de todo, hoy quieren tratar de llevar una vida normal, lejos de las armas, no habrá mucho qué hacer, aunque Santos y Márquez firmen un acta en la que se “negocie” la paz.

La guerra es la guerra. El Ejército existe para defender a los pueblos, para ejercer la soberanía del Estado en el te-rritorio y para hacer respetar los dere-chos humanos de los habitantes de un país. Por otro lado, los grupos subversi-vos no son gratuitos. Tienen una géne-sis que arrastra errores del pasado, pero con fuertes consecuencias que se han acumulado hoy. Sin embargo, nosotros, la sociedad civil, somos los mediadores y enjuiciar a los soldados o a los guerrille-ros no debe ser nuestra labor en un mo-mento como éste. Claro que nuestra voz debe ser escuchada y debemos reclamar por los daños, pero también tenemos la tarea de mejorar la forma en la que nos tratamos, convivimos y nos toleramos como ciudadanos para demostrar, final-mente, lo que se ha dicho tantas veces: que los buenos sí somos más.


Cuando se camina hacia el Museo Casa de la Memoria de Medellín, se observa, en un lateral, casi escondido, un conjun-to de placas que en medio del abrazo de un jardín sin cuidado, guardan el nom-bre de la persona, la fecha y el hecho violento que causó su muerte. Este es-pacio recibe el nombre de: “El talud del memorial”.

En total, son 1.200 plaquetas que no reconocen edad ni estrato ni raza. En medio de la maleza, se encuen-tran los nombres de mujeres, hombres, ancianos y niños que han sido víctimas de la intolerancia y la violencia de nues-tro país.

En este contexto y buscando una mirada para comprenderlo, el Área de Memoria Histórica de Medellín, en conjunto con la Alcaldía de Medellín y el Programa de Atención de Víctimas del Conflicto Armado, nació el proyec-to Casa de la Memoria con el fin de re-flexionar, informar y visibilizar las vícti-mas y eventos violentos que han tenido lugar en Medellín y en Colombia duran-te los últimos 65 años.

Por ello, el Museo más que un lugar de paso o de viaje en el tiempo, se convertirá en un lugar para la memo-ria, para las historias que no se quieren repetir pero que es urgente y necesario contar. Así, el tratamiento narrativo y es-tético que tendrán se hará desde la foto-grafía, la pintura, la literatura, la escultu-ra, la música y el lenguaje multimedial.

Su director, Carlos Uribe Uribe, expresa que a pesar de la temática que aborda el museo, éste será un lugar “atractivo”, no solo por la construcción de los relatos sino porque se apreciará

Camila Reyes Vanegas / [email protected]

lOS muSEOS dE la mEmORIa Cuando inicia y termina una guerra sólo quedan las sombras de los muertos, los olvidados y los desaparecidos. Todos duelen en la memoria y se despiertan en los recuerdos... recuerdos que no será fácil nombrar. Pero, como dice Borges, aunque la memoria sea un engaño, es lo único que queda para recordarnos y reconocernos.

¿Olvidar o recordar?

la historia de la ciudad. “Más que un museo del conflicto, es un museo de la ciudad, que va a contar los procesos his-tóricos y sociales que hemos vivido. Un museo para encontrar salidas posibles y construir un lazo como ciudadanos”.

Es el primer museo que se cons-truye en Colombia con un enfoque de memoria nacional-local, que comienza con el asesinato de Gaitán hasta ir ce-rrándola, poco a poco, hasta el conflicto armado y otras violencias de la ciudad.

De este modo, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, al lado de otros en países como Alemania, Espa-ña, Argentina, Israel o Ruanda, empieza a hacer parte de los procesos de recor-dación y reparación simbólica a las víc-timas del conflicto.

Mónica Pabón Carvajal, arqui-tecta de la Universidad Nacional y espe-cialista en Patrimonio, asegura que es-tos museos son para y por la comunidad y se convierten en espacios sacros y de introspección para producir reflexiones sobre la identidad, la cultura y la memo-ria. “Lo que cuenta de estos museos es su contenido. El edificio es el contene-dor. Lo que importa es lo que está den-tro; todo el trasfondo socio-cultural y que una comunidad pueda contar con un espacio para reconocerse”.

Así mismo, señala que el valor de los museos de la memoria es enor-me, pues se convierten en una especie de terapia para las comunidades, para entender sus procesos como sociedad y como cultura, dejar todo “el dolor” allí y encontrar por fin la tranquilidad.

En Colombia, tenemos algunos de estos museos en los que las comu-

nidades ya se sienten más tranquilas por tener estos teatros de la memoria y recordar a sus seres queridos. Son los casos de Cocorná, Frontino, San Carlos, Granada, entre otros.

En Granada (Antioquia), el Salón del Nunca Más se ha convertido en un recinto sagrado y, sin duda, en un buen ejemplo de apropiación de la memoria y la historia. “La comunidad se ha empo-derado del espacio. Lo visitan semanal-mente y lo han tomado como una forma de elaboración de duelo, de recuerdo y de amor por sus familiares. Es la mejor forma de tener a su familiar en su dia-rio vivir”, expresa su directora Gloria Elcy Ramírez y añade: “La memoria es muy importante, porque es resistencia, dignidad, paz y reconciliación. Es recor-dar para no olvidar, porque uno solo se muere cuando lo olvidan”.

un muSEO ItInERantETambién encontramos el ejemplo de las madres de la Candelaria, quienes en 1999 -en medio del conflicto- se consti-tuyeron como un museo vivo; un museo itinerante para resistir a la violencia y al olvido y conservar la memoria de sus familiares asesinados, secuestrados o desaparecidos por grupos al margen de la ley.

Su líder, Teresita Gaviria Urre-go, una dama dulce, pero de voz fuer-te y gran sabiduría, recuerda: “Nadie nos quería escuchar. Pero repetíamos nuestra consigna: ¡Los queremos vivos, libres y en paz! Un día, después de que nos cerraran tantas puertas, con la ayu-da de monseñor Armando Santamaría Ortiz, logramos concentrarnos en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y mostrar los rostros de nuestros seres queridos. No queríamos impunidad ni la queremos. Queremos la verdad”.

Hoy ya se cumplen 14 años del movimiento que, en medio de las cir-cunstancias adversas, la indiferencia y las amenazas de muchos, ha logrado un reconocimiento como elemento de me-moria en el país.

Foto: Pablo Monsalve M.

ESPECial ViolENCia

COlOmbIa y la mEmORIaEn palabras de Daniel Botero, profesor de Opinión pública de la UPB, la me-moria se ha convertido en el arma más poderosa de las víctimas para la exigen-cia de sus derechos, y ser reconocidas como actores sociales y políticos en un país que ha sido indiferente con su do-lor y lucha constante por lograr una vida digna.

Por su parte, el profesor Carlos Enrique Londoño, licenciado en Filoso-fía y Letras y Ciencias Sociales de la UPB, considera que los museos de la memo-ria son insuficientes para comprender y conocer las causas de la violencia, pues éstas son más conceptuales. “En mi opi-nión, es difícil encontrar en un museo de la memoria las causas de la violencia. No porque no estén, sino porque hacen parte de un campo más amplio y pro-fundo”, asegura Londoño.

Rastrear la historia de la violen-cia en Colombia y sus causas es una tarea intensa y compleja. Para el pro-fesor Londoño algunos aspectos como el esquema de poder piramidal donde en la cima está la élite (los que toman decisiones) y luego la población sumisa y sometida, como en un sistema feudal, genera la desigualdad.

También la falta de oportunida-des y acceso para la base de la pirámide hizo que Colombia entrara en un círculo de violencia e inequidad permanente, donde unos pocos tienen la concentra-ción de las riquezas y otros se esfuerzan por tenerla a la fuerza.

Como conclusión, con las apre-ciaciones de los académicos y las voces de estos Museos de la Memoria, baste decir que sin importar si “somos ese quimérico museo de formas inconstan-tes, ese montón de espejos rotos”, como dice Borges, lo único que nos queda es volver a la memoria, a ese retazo de re-cuerdos que a veces van a doler pero que es necesario traer al presente.

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”, Jorge Luis Borges.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA CONTEXTO No. 37 Mayo 2013 6 ESPECial ViolENCia

A finales de 2011 estudiantes de uni-versidades públicas y privadas del país, realizaron un paro y protestas en contra de la reforma a la Educación Superior. En febrero de 2012 unas 30 mil perso-nas marcharon en favor de la vida, la tierra y la paz en Necoclí, Urabá antio-queño. Este año el sector cafetero salió a paro para exigirle al Gobierno mayo-res garantías para la producción y co-mercialización del producto. El pasado 9 de abril miles de colombianos salieron a las calles para clamar por la paz y el fin del conflicto. ¿Qué tienen en común estos hechos? Todas son manifestacio-nes de la sociedad civil colombiana que, a partir de un interés puntual, se con-grega para exigir el cumplimiento de sus derechos.

Definir el concepto de sociedad civil es complejo; sin embargo, el italia-no Norberto Bobbio, en su diccionario político, la define como: “La esfera de las relaciones entre individuos, entre grupos y entre clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracterizan a las institucio-nes estatales”.

Jaime Jaramillo Panesso, abo-gado, investigador y analista de coyun-turas nacionales, explica que para que haya sociedad civil es necesario contar con ciudadanos activos y conscientes, que debatan y propongan soluciones ante un hecho común; a lo que el poli-tólogo Luis Guillermo Patiño Aristizábal agrega que “es una sociedad crítica, ac-tuante, participativa que tiene muy cla-ro cuáles son sus derechos, sus deberes y que está buscando siempre la cons-trucción de un país mejor para todos”.

SOCIEdad CIVIl COlOmbIana Jaramillo Panesso expresa que cada país tiene su nivel de sociedad civil, “no se puede aspirar a que sea la misma en Francia, Estados Unidos o Colombia ya que cada una es diferente en su accio-nar y en sus objetivos”.

La primera manifestación de so-ciedad civil en Colombia se dio en 1920 con la creación de sindicatos de diversa índole; sin embargo, Omar Alonso Urán Arenas, sociólogo de la Universidad de Antioquia, señala que fue entre 1940 y 1950 cuando la sociedad se empezó a organizar en gremios como la ANDI (Aso-ciación Nacional de Empresarios de Co-lombia), y Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), que surgieron para “ayudar a crear políticas de Estado que no dependieran de uno u otro partido”; son gremios que “impulsan sus intereses y tie-nen influencia en las políticas nacionales”.

En este punto, Urán Arenas, ad-vierte que se debe hacer una diferen-ciación entre dos tipos de sociedad civil, la de las élites (gremios) y la popular. Cuando habla de la popular, se refiere a las asociaciones y organizaciones que se han creado para defender y exigir el cumplimiento de los derechos de víc-timas de la violencia, reclamantes de tierras, organizaciones estudiantiles, defensoras de los derechos humanos y ambientalistas, entre otras.

El Instituto Popular de Capacita-ción, IPC, se caracteriza por su trabajo en la formación de líderes sociales, que se organizan de acuerdo con las necesi-dades que tienen. Intervienen en temas como “seguridad urbana, grupos arma-dos, diálogos de paz, para transformar la respuesta que el Estado les está brin-dando”, dice Yhoban Camilo Hernández Cifuentes, vocero de esta institución.

En el ámbito de la violencia, se-gún Gerardo Vega Medina, abogado y presidente de la Fundación Forjando Futuros, la sociedad se ha organizado de acuerdo con el tipo de victimización por-que “tiene un problema en común y tie-ne que presentar rutas de solución”. En este sentido, Forjando Futuros, Red de Paz, Arcoíris y el IPC, se han unido para trabajar por los derechos de las víctimas.

Uno de los mayores logros de estas organizaciones es la creación y consolidación de la asociación nacional Tierra y Vida, que nace para representar colectivamente a los reclamantes de tie-rra en el país. Es la primera organización consolidada que vela por la “transparen-cia y efectividad de las políticas públicas, dirigidas a la restitución y el acceso a las tierras”, explica Vega Medina.

EStadO y SOCIEdad CIVIlAlgunas de las características que tie-nen las sociedades civiles dentro de una

democracia es que son organizaciones desarmadas, pues su principal arma, según Carlos Enrique Londoño Rendón, filósofo y docente de Formación huma-nista en la UPB, es “el diálogo, la razón, el debate, la igualdad de condiciones y el derecho a ser escuchados para llegar a acuerdos comunes”.

En este sentido, Londoño Ren-dón considera que los partidos políti-cos no son como tal organizaciones de la sociedad civil, porque “tienen como finalidad llegar al poder”. Sin embargo, Jaramillo Panesso expresa que “la ma-nifestación más consolidada de la socie-dad civil se da a través de los partidos políticos”, aunque reconoce la fragilidad de éstos en Colombia por su corto tiem-po de actividad; es decir, para él, éstos sólo son activos en época pre electoral, después de las elecciones “son activos los parlamentarios, concejales o diputa-dos, o sea, las instituciones legislativas”.

Por otra parte, explica que el accionar de la sociedad civil está deter-minado por la coyuntura política pues ésta “es ante todo un actor político que se desenvuelve en diferentes espacios, como el territorial, laboral y administra-tivo”.

Es válido preguntarse si el Esta-do tiene algún interés en la creación y fortalecimiento de la sociedad civil en el país. Una de las organizaciones civi-les más consolidadas son las Juntas de Acción Comunal, creadas con la apli-cación de la Ley 19, promovida por el

manIFEStaCIÓn dE la SOCIEdad CIVIl, máS quE un SImPlE VOtO

Jakeline Giraldo Arellano / [email protected]ónica María Jiménez Ruiz / [email protected]

democracia colombiana

En Colombia la sociedad civil está organizada, ejemplo de ello son los sindicatos, las juntas de acción comunal y local, las ONG, entre otras. Cada uno se organiza de acuerdo con un interés común dentro de una sociedad democrática caracterizada por el pluralismo y la diversidad.

Foto: Pablo Monsalve M.

CONTEXTO No. 37 Mayo 2013 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 7ESPECial ViolENCia

Estado en 1958 que incentivó la orga-nización de las comunidades barriales para brindarles los recursos para cre-cer y mejorar sus condiciones de vida. Omar Urán Arenas indica que “el Estado tiene un papel enorme en la creación de sociedad”, a la vez que destaca los logros durante el gobierno del liberal Carlos Lleras Restrepo, quien impulsó la organización de “los pobladores urba-nos, los trabajadores y los estudiantes”, es decir, recibieron un apoyo directo del Estado para su manifestación y conso-lidación.

Del momento actual, Urán Are-nas opina que el gobierno del presi-dente Juan Manuel Santos, aunque no promueve la creación, sí reconoce y da autonomía a las organizaciones para que éstas “proliferen y recuperen su protagonismo”, ejemplo de ello es la Ley 1448 de 2011, la Ley de víctimas y restitución de tierras.

Gerardo Vega Medina reconoce el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Santos, pues con la creación de la ley muestra un interés en restituir las tierras; sin embargo, piensa que el Es-tado en general no está interesado en la organización de la sociedad y lo argu-menta desde la falta de recursos polí-ticos y económicos que apoyen signifi-cativamente estas iniciativas civiles. “El Estado debe tener una decisión política más fuerte, pues hasta el momento no se ha creado una política pública que dé un apoyo directo a la sociedad civil”, afirma.

En este aspecto, el abogado Vega Medina pregunta por qué en los esce-narios de decisión no se incluye a las víctimas y a representantes de la socie-dad civil, la cual tiene que ser más par-ticipativa y “con capacidad de influencia en los escenarios que los involucran di-

rectamente. Por ejemplo, ¿por qué no hay víctimas reclamantes de tierra en el Incoder (Instituto colombiano de desa-rrollo rural)?”. Se percibe una falencia, pues la sociedad civil no sólo debe es-tar a la defensiva solicitando al Estado el cumplimiento de derechos, sino que debe tener un papel protagónico para “convocar, proponer y construir una so-ciedad con mejores condiciones”, con-cluye Vega Medina.

Otro problema que debe en-frentar la sociedad civil es que repe-tidamente el Gobierno ha visto a las organizaciones campesinas, obreras, estudiantiles, de mujeres y de víctimas como representantes del comunis-mo, es decir, siempre contrarias a las políticas propuestas. En este sentido, Londoño Rendón argumenta que: “los movimientos sociales tienen un aplasta-miento muy duro, hay represión contra los líderes sociales, los problemas que exponen no suelen ser solucionados, los reprimen, los encarcelan e incluso los desaparecen. El Estado contribuye al debilitamiento de la sociedad civil”.

¿SOCIEdad ORganIzada?¿Qué tipo de sociedad civil tiene Co-lombia? Esta pregunta, al igual que el concepto, es compleja, pues desde la ciencia política se argumenta que toda sociedad, sin contar al Ejército, es civil.

Por eso, al referirse a la organi-zación de la sociedad frente al tema de la violencia y la resolución de conflictos, Miguel Silva Moyano, politólogo y do-cente en la UPB, opina que en Colombia no hay una fuerte organización porque no se dimensiona que “todos somos víctimas, pues el terrorismo y los actos

de violencia no sólo generan miedo en quienes sufren un ataque o pierden un familiar, sino que genera miedo en toda la sociedad”.

El también politólogo Luis Gui-llermo Patiño Aristizábal, añade que la sociedad civil colombiana es muy débil y aunque ha habido esfuerzos por for-talecerla, como las marchas por la paz, no se ha logrado porque “después de esto la sociedad se queda quieta, es un instinto de salir, una emoción de un día, un dolor”. A esto, el vocero del IPC, Yho-ban Camilo Hernández Cifuentes, añade que “no hay una unidad en torno a los diversos movimientos sociales, no están articulados y cada uno tiene sus propios intereses”. Para ambos, la sociedad civil colombiana está claramente fragmen-tada.

Jaime Jaramillo Panesso, quien fue representante de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Repara-ción y Reconciliación (CNRR), no ve esto como un problema, pues las sociedades fragmentadas son características de las democracias: “una sociedad civil única y homogénea sólo existe en las dicta-duras. En las democracias se fragmen-ta no por obligación sino por intereses, porque la gente se organiza para hacer pactos, cumplirlos y renovarlos según sus intereses y necesidades”.

Además piensa que sí hay puntos comunes y es lo que pasa cuando dife-rentes sectores de la sociedad se solida-rizan con las víctimas directas del con-flicto, pues “una sociedad mientras más solidaria es, más pesa en los objetivos que se propone”.

POSCOnFlICtOUno de los temas más controvertidos en la actualidad nacional son los diálo-gos de paz que se llevan a cabo entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba. Muchos se preguntan cuál es la participación que debe tener la sociedad civil en el desarrollo de los puntos de negociación.

Jaramillo Panesso afirma que ésta no tiene por qué estar allí pues “el único que tiene la legitimidad para re-presentarnos es el Gobierno, lo demás es oportunismo”. Añade que las muche-dumbres están para “movilizar, dar im-pactos y hacer manifestaciones de re-chazo o aceptación, pero la negociación se hace a través de los representantes”.

El politólogo Silva Moyano consi-dera que uno de los peligros de llegar a un acuerdo de paz, es implementarla mal, lo que generaría más violencia, pues “la gente la asume como una paz injusta y se cree con autorización para tomar las ar-mas por sus propias manos, porque no se satisface el derecho a la justicia”. Se alude a uno de los puntos de la negociación que busca impunidad para todos los crímenes y ofensas cometidos por las Farc.

Sobre los diálogos de paz y de un posible posconflicto, Jaramillo Panesso advierte que éste es “tan complejo y di-fícil como la guerra misma” y en su ar-tículo La paz: proceso confuso y difuso, opina que la solución no es sólo llegar a un acuerdo con las Farc, se deben incluir los demás actores armados, así en algún momento se proclamará “la paz para to-dos o la paz para ninguno y quizá así se logre una paz nacional… pero ese puente tendrá que construirse con buenos ma-teriales y mejores ingenieros, porque de lo contrario se caerá el puente y los que queden vivos continuarán en la guerra”.

Foto: Catalina Rodas Q.

la sociedad civil colombiana está claramente fragmentada.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA CONTEXTO No. 37 Mayo 2013 8 ESPECial ViolENCia

mItOS SObRE la CREaCIÓn dEl EStadO-naCIÓn COlOmbIanO

La tarde del 20 de julio de 1810, durante un congestionado día de mercado, Pan-taleón Santamaría, un notable criollo que vivía en el Virreinato del Nuevo Rei-no de Granada, se dirige afanadamente hacia el almacén de don José González Llorente, un español peninsular; estan-do allí se propone pedirle prestado un florero que hacía falta para el recibi-miento de don Antonio Villavicencio, otro notable criollo nacido en Quito. Llorente se niega a prestarle el florero, por lo cual Santamaría, junto con los hermanos Morales que casualmente pasaban por allí, comienza una serie de insultos hacia aquel español que apa-rentemente estaba despreciando a los americanos (criollos) y que no quería colaborar con la causa.

La trifulca trascendió rápida-mente el pequeño espacio y después de algunos minutos el señor Llorente tuvo que correr por su vida para no ser asesinado por los criollos, quienes para entonces ya habían puesto a gran parte del pueblo en su contra, argumentando que los españoles se consideraban su-periores a ellos…

Sara Melina Vásquez Ochoa / [email protected]

Este acontecimiento, que carece de fundamentales aclaraciones, hace parte de uno de los grandes hitos que tiene la historia de la independencia que se celebra cada año el día 20 de julio.

Después de más de 200 años, se entiende que el improvisado conflic-to por un florero, había sido planeado con el objetivo de embarcar al pueblo neogranadino en una lucha en la que se exigiera al gobierno de Fernando VII, en principio, la igualdad entre los españoles americanos y los españoles peninsulares.

Estos hechos terminaron en una serie de revueltas y condiciones que permitieron la independencia años des-pués. Para entonces, a pesar de lograr autonomía frente al Virreinato de Amar y Borbón, todavía se dependía de la mo-narquía católica.

Actualmente sobre la historia de nuestro país y en general de la indepen-dencia de los estados-nación latinoa-mericanos, en la sociedad colombiana todavía son significativos los casos de quienes creen en ciertos mitos histó-ricos y acontecimientos puntuales que son narrados en las aulas de clase sin algún trasfondo o contexto.

He aquí la ambiciosa intención de aclarar aquellos mitos que aún en pleno siglo XXI siguen haciendo parte de nuestra cultura y referencia para el pueblo colombiano.

PRImER mItO: En COlOmbIa PRImERO ExIStIÓ la naCIÓn quE El EStadOPara las Ciencias Políticas el Estado se fundamenta en un conjunto de institu-ciones coercitivas, mientras que la Na-ción es un discurso en el que la gente cree y que produce una especie de co-hesión social.

Respecto a la construcción del Estado-Nación colombiano existen dos teorías: una que señala que fue la so-ciedad misma la que empezó a reco-nocerse entre sí y comenzó a elaborar un mito alrededor de lo que era la Na-

ción. La otra teoría indica que fue el Estado el que creó ese discurso y se valió de múltiples mecanismos para hacerlo, dentro de los cuales la educación tuvo gran protagonismo.

Cuando se lee la historia tra-dicional que existe sobre Colombia, construida principalmente durante las últimas décadas del siglo XIX y todo el siglo XX, se advierte que quienes tuvieron el poder de elegir qué partes del pasado iban a utili-zar para construir la historia, deci-dieron que era necesario dejar un registro que evidenciara la existen-cia de una nación antes de la edi-ficación del Estado, la cual había luchado durante las guerras para lograr la independencia.

De acuerdo con lo dicho por Tomás Pérez Vejo, en su libro Elegía criolla: una reinterpre-tación de las guerras de independencia hispa-noamericanas, y ha-ciendo un análisis so-bre el caso colombiano, a pesar de que fue el Estado el que, a par-tir de diferentes na-rraciones, comenzó a crear la nación y la identidad de los pue-blos que convivían en el mismo territo-rio, durante más de un siglo se pensó que ha-bía sido el pueblo el que, identificado, se unió por voluntad propia y decidió conformar el Estado.

SEgundO mItO: ¿guERRaS CIVIlES O guERRaS dE IndEPEndEnCIa?Una guerra civil es considerada un conflicto bélico que se da en un país en el que se ve enfren-tado el pueblo, general-mente para definir la organización de un territorio; mientras que una guerra de independencia se caracteriza por re-

¿qué tipo de independencia fue la del 20 de julio de 1810?

Colombia no existió como Nación sino hasta finales del siglo XIX. Rafael Núñez fue quien, durante la Regeneración, oficializó los símbolos que ayudaron a consolidar la identidad del país desde ese momento y durante todo el siglo XX.

una guerra civil es considerada un conflicto bélico que se da en un

país en el que se ve enfrentado el pueblo,

generalmente para definir la organización de un

territorio; mientras que una guerra de independencia se caracteriza por representar la lucha de un país contra

otro del cual depende, con el objetivo de lograr

autonomía.Ilustración: Daniela Hoyos, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB

CONTEXTO No. 37 Mayo 2013 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 9ESPECial ViolENCia

presentar la lucha de un país contra otro del cual depende, con el objetivo de lograr autonomía.

Durante el siglo XX se describie-ron las luchas entre los pueblos como “guerras de independencia”, no como “guerras civiles”, tal como revelaron au-tores como David Brading, Jaime Rodrí-guez, François Xavier Guerra, José Carlos Chiaramonte y Tulio Halperín a través de la revisión historiográfica realizada antes de la celebración del Bicentenario de In-dependencias en América Latina.

Pero se sostiene que en realidad fueron guerras civiles porque las bata-llas no se libraron entre dos bandos cla-ramente enemigos: españoles y “crio-llos”, como dice la tradición.

En el territorio americano hasta principios del siglo XIX no existían dife-rencias trascendentales que llevaran a los pobladores a enfrentarse entre sí, por el contrario, tenían un vínculo muy fuerte que los unía: la fidelidad e iden-tificación con la monarquía española en cabeza del rey Fernando VII.

En otras palabras: sí existieron bandos que lucharon pero no estaban tan claramente definidos e identificados como se hace creer. Se unieron quienes querían una independencia absoluta de la monarquía católica; quienes pre-tendían seguir siendo fieles al Rey pero querían ciertas libertades; y finalmente quienes apoyaban completamente la monarquía y querían que todo conti-

nuara como antes, motivados por intereses particulares. Ade-

más, dentro de los bandos estaban mezclados tanto

españoles como crio-llos, mestizos, mulatos y zambos.

Las luchas fue-ron guerras civiles y no guerras de inde-pendencia porque fue un solo pueblo el que luchó, enfrentando hermanos contra her-manos sin tener una

identidad establecida para diferenciar las masas.

¿Por qué omitir este detalle?

Para las élites colombianas que ayu-daron a consolidar la

Nación, fue importante narrar que nuestros ante-

pasados habían luchado por la independencia del país y que habían asesinado brutal-

mente a múltiples com-patriotas con una justifica-ción válida que además

era motivo de orgullo: la independencia de los colombianos.

Respecto al tema, Miguel Silva

Moyano, politólogo y profesor de la Univer-

sidad Pontificia Boliva-riana explica que “el Estado crea una historia que tiene unos héroes y unos mitos, y

con base en ello se crea la Nación. Es el Estado

el que comienza a decir cuáles son esos elementos vá-lidos para la crea-ción de la misma”. Agrega que en el

caso de América Latina, uno de los

principales vacíos de la historia tiene que ver con el desconocimien-to de los peninsulares, pues “para quienes

se comenzaron a in-ventar las naciones era importante ne-gar al otro, negar al español peninsular

y decir que era sólo una cosa entre los ame-

ricanos”.

“Para el caso colombiano, algu-nos sostenemos que la Nación no em-pieza a construirse propiamente sino hasta el siglo XX, pues durante el siglo XIX no hubo un proceso de construcción de Nación, lo que hubo fue una especie de creación de un Estado profundamen-te débil sin Nación”, argumenta Silva.

De acuerdo con las versiones so-bre la historia, Simón Bolívar es el pri-mero en acuñar el asunto de Colombia y de lo que es ser colombiano; pero lo colombiano en Bolívar es muy distinto a lo que se entiende en la actualidad. Para Bolívar lo colombiano es lo latinoameri-cano y por eso él crea un Estado grande conformado por Venezuela, Colombia y Ecuador, teniendo en cuenta que no pretendía quedarse ahí, sino que quería unir a toda América Latina.

tERCER mItO: COnFIguRaCIÓn dE la naCIÓn COlOmbIanaColombia viene de Colón, es decir que ese nombre surge como tributo a quien descubrió los territorios americanos durante el siglo XV. Por tal razón, esta palabra tuvo una connotación amplia que abarcaba toda América Latina y era el nombre propuesto por Simón Bolívar para el gran reino que pretendía con-formar.

Por este significado y por la se-paración que se da entre los territorios que componían la Gran Colombia en 1821, la noción de lo colombiano que-da pospuesta hasta 1863, año en el que se crean los Estados Unidos de Colom-bia; aunque en este momento tampoco existe una idea clara de lo que era ser colombiano, lo que hay es una concien-cia vaga de un Estado pero no se crea una identidad.

Ese convencimiento de ser co-lombiano puede identificarse con pre-cisión cuando comienzan a crearse los símbolos que hacen parte de nuestra identidad: el himno nacional, la ban-dera, el escudo y otros elementos que fueron oficializados durante la Regene-ración de Rafael Núñez.

Por eso, “yo sostengo, y hay mu-chas personas que lo hacen, que quien se inventa la nación colombiana y la ‘colombianidad’, es Rafael Núñez a par-tir de la Regeneración. Él se encargó de transmitirlo a través de estos símbolos”, sostiene Miguel Silva.

Para finales del siglo XIX son identificados, por personajes como Núñez, ciertos elementos que estaban inmersos en la población y de los cua-les iban a valerse las élites que crearon la Nación: el colombiano es católico, el colombiano está dentro de tales fronte-ras, es diferente al venezolano, al ecua-toriano…etc.

En Venezuela sucede algo si-milar. Allí es José Antonio Páez quien comienza a crear la nación venezolana en contraposición a la nación neograna-dina: “todo lo que es venezolano, es lo que no es granadino”.

Estas narraciones se convirtieron en una herramienta de exclusión: el que no estaba dentro de esos cánones, no pertenecía a la Nación. Ejemplo de ello era lo que pasaba antes de la Constitu-

ción de 1991, donde no se incluía de forma directa a los negros y a los indí-genas, mientras que a partir de 1991 se dice que “la nación colombiana es plu-riétnica y multicultural”.

Teniendo claro este panorama, descrito en textos como “Ensayos de historia política de Colombia, siglos XIX y XX” de David Bushnell, resulta fácil es-tablecer que el mito es pensar que des-de el siglo XIX todos somos colombia-nos, que nos liberamos y somos iguales. En ese siglo no fue así, los panameños se creían una cosa diferente, los antio-queños otra y en general cada región se creía distinta.

Antes de Rafael Núñez había múltiples identidades regionales que, en la ausencia de un Estado, comienzan a tener vida propia y se manifiestan a través de constituciones regionales; es gracias a esto que las primeras constitu-ciones definían un carácter de ciudada-nía, no de nación.

Algunos autores sostienen que en el siglo XIX existía un Estado virtual que estaba en Bogotá. Los Estados que tenían poder realmente eran los Esta-dos regionales llamados en la década de los años 50 como “Estados sobera-nos”, que decidieron redactar su propia constitución. Algunos ejemplos fueron Antioquia, Panamá, Cauca y Cundina-marca.

Lo grave de este asunto, y que posteriormente pudo tener relación con la fuerte violencia que ha caracteri-zado a nuestro país durante los últimos 60 años, es que no existió desde el prin-cipio un gobierno que integrara todos esos territorios. De esta manera cada uno tenía su propia constitución y por voluntad se agregaban para algunas co-sas con el gobierno de Bogotá, que fun-cionaba en esencia como administrador de las relaciones diplomáticas.

Al parecer, como decía el reco-nocido y desaparecido Luis Carlos Galán Sarmiento “en Colombia hay más terri-torio que Estado”.

Se unieron quienes querían una independencia absoluta de la monarquía católica; quienes pretendían seguir siendo fieles al Rey pero

querían ciertas libertades; y finalmente quienes

apoyaban completamente la monarquía y querían que todo continuara como antes,

motivados por intereses particulares. además, dentro

de los bandos estaban mezclados tanto españoles

como criollos, mestizos, mulatos y zambos.

Ilustración: Daniela Hoyos, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB


lEVantaR la manO PaRa dECIR “yO ayudO”

“Si uno llega a un auditorio y pregunta quiénes quieren la paz en Colombia, todos le-vantan la mano. Pero si pregunta ¿quién está dispuesto a generar un empleo y trabajar con un desmovilizado en su empresa, en su negocio o en su casa? Nadie levanta la mano”, asegura Paulo Serna Gómez, Director del Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.

Sarita Jaramillo Ramírez / [email protected] Chamat Cujia /[email protected]

la voluntad de unos para cambiar y de otros para aceptar

Sus pies estuvieron descalzos hasta los 12 años. La comida era huevo con arroz y los regalos de Navidad eran juguetes usados. Para tener con qué ir a la es-cuela hacía mandados y vendía El Co-lombiano; pero para la universidad no había nada.

Roberto Hernández Ramírez* se pasó varios años de su vida comercian-do ropa por todas las veredas de Abejo-rral, Antioquia. El cliente podía ser cual-quiera, no importaba si era la guerrilla o las autodefensas, cliente es cliente y plata es plata. Él simplemente vendía ropa para vivir.

El 27 de mayo de 2001, el día de su cumpleaños, por el hecho de cuidar su vida, por miedo y porque cuando “ellos le piden a uno el favor eso ya es una orden y uno no se puede negar o lo matan”, Roberto terminó siendo patru-llero y guía del Bloque Metro de las AUC por las veredas del oriente antioqueño, en las que antes había vendido su mer-cancía.

Al ver que todos peleaban con todos, el trato de los compañeros, los enfrentamientos y la falta de comu-nicación con su familia, en el 2003, se escapó con dos compañeros. Llegaron a Medellín directo a la Fiscalía un sábado en la tarde. Fue antes de que se dieran las desmovilizaciones colectivas.

Juan Chávez Vargas había juga-do siempre bajo el sol. En Planeta Rica, Córdoba, hizo la primaria y el bachille-rato, pero él sabía que ahí morían sus sueños. No había dinero para pagar una carrera universitaria, ni menos cómo subsistir en una gran ciudad. Las manos de los campesinos se llenan de callos y de ampollas, por eso él buscaba otra oportunidad.

Tenía claro que no quería ser campesino y tomó la decisión de irse para Montería. Joven e ingenuo cono-ció a su reclutador. “¿Está buscando tra-bajo? Es muy difícil de encontrar, ¿cier-to? Venga le presento a alguien que está necesitando gente. Le dan todo, no lleve nada”. Llegó al grupo paramilitar Bloque Central Bolívar de las Autode-fensas Unidas de Colombia, no tenía idea de qué iba a hacer. Le pintaron la buena vida y ya no había paso atrás. Así duró ocho años en el monte con fusil y uniforme.

En el 2006 todo el grupo tenía la orden de desmovilizarse. Juan no quería, tenía miedo. Pertenecía a un grupo armado, pero “estaba limpio”. Entregando las armas lo iban a juzgar y le podían salir más cargos de los que realmente tenía.

Ahora, ellos son dos más de los 35 mil desmovilizados que, entre 2003 y 2007, dejaron las filas de las Autode-fensas y de la guerrilla, individualmente o de manera colectiva, para entregar las armas y reincorporarse a la sociedad.

Estas personas, rudas e intimi-dantes, llegan con miedo, con incerti-dumbre y con un estilo de vida ya for-mado en las armas y la ilegalidad. Pero buscan una oportunidad, que les sean abiertas puertas para volver a empezar. El problema es que si no hay voluntad de ellos para cambiar, y de la sociedad para aceptar, se produce más violencia de la que se pretendía sanar.

RE-IntEgRaCIÓn, ¿RE-ExCluSIÓn?

La reintegración es el proceso median-te el cual las personas que participaron del conflicto armado como combatien-tes buscan el camino para recuperar el estado civil y volver a formar parte de la sociedad.

Este proceso en Colombia, regla-mentado por la Ley 1.424 de 2010, bus-ca la paz a través de garantías de verdad y en un marco de justicia transicional que le permite a los desmovilizados de grupos armados participar de la desmo-vilización, el desarme y la reinserción en la sociedad. Al mismo tiempo, deben contribuir con acciones de reparación a las víctimas y con el centro de memoria histórica.

Cuando un desmovilizado es certificado como tal por la Alta Comi-sión para la Paz, y con la ayuda de la Asociación Colombiana para la Reinte-gración, llega a lugares como el Progra-ma Paz y Reconciliación del Municipio de Medellín, adscrito a la Secretaría de Gobierno. Este programa nació a principios del año 2004 a propósito de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas

ESPECial ViolENCia

De acuerdo con la Ley 1424 de 2010, para reintegrarse a la sociedad deben hacer trabajo social. Foto: Cortesía del Programa Paz y Reconciliación

Foto: Cortesía del Programa Paz y Reconciliación


de Colombia, pero también trabaja con desmovilizados de la guerrilla.

El Programa Paz y Reconciliación está encargado de ayudar a las perso-nas de los diferentes grupos armados en su reintegración. El participante re-cibe acompañamiento psicosocial de los profesionales del programa y acom-pañamiento educativo y en formación para el trabajo y el emprendimiento en la legalidad.

De acuerdo con su director, Pau-lo Andrés Serna Gómez, se busca que, una vez capacitados y reintegrados a la sociedad, los desmovilizados tengan oportunidades. “No es cuestión de que les den trabajo por la condición de des-movilizados, pero sí que les den las mis-mas oportunidades de todos para una entrevista”.

Uno de los principales proble-mas con los que se enfrenta un desmo-vilizado cuando busca reintegrarse a la sociedad es la falta de oportunidades. Una sociedad que estigmatiza, alimen-tada por unos medios de comunicación que refuerzan los prejuicios y reduce dichas oportunidades. A pesar de las le-yes y posibilidades que ofrece el Progra-ma, no solo son ellos los que tienen que poner de su parte, sino también toda la sociedad.

La cultura colombiana es here-dera de un contexto de conflicto y des-confianza. Las víctimas directas de la violencia lloran las heridas y las lápidas de sus hijos y sus hermanos, mientras que las víctimas indirectas desconfían del paso de cada día, de cada esquina oscura y de cada desconocido.

Los desmovilizados, según Pau-lo Serna Gómez, son rechazados por su condición y algunas empresas no los aceptan cuando se enteran de su pa-sado. Se escuchan historias de mujeres y hombres que entran a estudiar a la universidad y sus compañeros cancelan las materias para no estar en el mismo lugar que “un malo de estos”. Es por eso que, para no ser estigmatizados y vistos de mala manera, los desmovilizados es-conden su pasado.

Juan Chávez, el niño que antes jugaba bajo el sol, el que no quiso ser campesino y el mismo que estuvo ocho años con un fusil, dejó las Autodefensas con miedo, pero lo logró. Se acaba de graduar en el Programa Paz y Reconci-liación, estudió Derecho en la Universi-dad Santo Tomás y trabaja en la Secre-taría de Movilidad.

“Afortunadamente no es mi caso, yo tuve el privilegio de darme a conocer primero como persona y luego se dieron cuenta de que era desmovi-lizado, pero como ya me habían visto antes como bueno, no me juzgaron”. Pero Juan se atreve a decir que a un alto porcentaje lo rechazan, que casi al 80% de los desmovilizados lo estigmatizan por el simple hecho de serlo. “Es triste que si uno ha hecho un esfuerzo grande por reintegrarse a la sociedad para estar bien, que no lo vean. Es muy desmotiva-dor que no se mire a la persona sino al colectivo”.

¿Qué van a hacer estas personas si se les cierran las puertas en la sociedad? ¿Si los que consiguen opor-tunidad y aceptación son la excepción y no la regla? Muchos de ellos reinciden y la consecuencia es que se genera más violencia.

ES CuEStIÓn dE VOluntad“Hay unas personas que nunca se van a reintegrar. Hay unos que reinciden, cometen delitos y también hay los que tienen dificultades clínicas y psicológi-cas o consumen sustancias psicoactivas. Un 20% de los desmovilizados ha sido condenado por delitos cometidos des-pués de haber dejado las armas. No todo es color de rosa, pero tampoco se puede generalizar”, explica Paulo Serna Gómez.

Roberto Hernández es otra ex-cepción. Se escapó de las AUC, llegó al Programa Paz y Reconciliación y ahora estudia Derecho en la Universidad de Medellín con una beca otorgada por el periódico El Colombiano. Hoy trabaja en la Agencia Colombiana para la Rein-tegración.

“Es muy posible que, si a las per-sonas les cierran puertas y no les dan oportunidades, vuelvan a generar más violencia. Es que la sociedad todavía no está preparada para recibirnos, enton-ces muchos tenemos que bajar la ca-beza y no contar que somos participan-tes”, asegura Roberto Hernández.

Si hay voluntad de querer dejar el pasado atrás se logra. Pero si se bus-ca el facilismo, al primer obstáculo se da por vencido y busca volver a la vida que tenía, se reincide. “Es algo de todas las partes. De nosotros para mostrar que estamos haciendo cosas bien, del Pro-

grama para que nos ayude con el acom-pañamiento y nos busque oportunida-des de trabajo en las empresas y de la sociedad para que nos vean haciendo el bien y no nos juzguen”, agrega Roberto Hernández con humildad.

la VInCulaCIÓn dE la EmPRESa PRIVadaSodexo, empresa prestadora de servi-cios, trabaja desde hace siete años con población desmovilizada en un progra-ma llamado Programa Soluciones. Em-pezó por una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que invitaba a las empresas para que hicieran parte del proceso de adaptación de estas personas en la vida civil.

De la mano con Suramericana, Sodexo administra y coordina el proce-so que ya cuenta con 120 empleados entre desmovilizados de la guerrilla, las autodefensas y víctimas del conflicto.

“Lo que decidimos hacer des-de el principio fue confiar y tomar un riesgo, un riesgo que creemos, vale la pena. Esto no tiene que ver con que la sociedad se tiene que preparar para re-cibirlos. Nadie está preparado, es estar dispuestos. Es hacer algo diferente y dar un verdadero apoyo”, afirma Dálida Vi-lla Vanegas, jefe de Desarrollo Sosteni-ble de Sodexo.

A veces el proceso de adapta-ción es difícil por el cumplimiento de horarios, de reglas, el seguimiento a una autoridad y relacionarse con los compañeros. “Yo les digo que hay que jugársela por el presente y el futuro que pueden llegar a construir. La mayoría de los chicos que ingresaron hace siete años sigue trabajando con nosotros y es un programa que ha tenido muy buenos resultados”, afirma la funcionaria de So-dexo.

Ellos entran con la tranquilidad porque no tienen que esconder su si-tuación. Al entrar al Programa Solu-ciones, no les importa nada de lo que fueron sino lo que son. “Dar empleo a estas personas es el camino para que no generen por su parte más violencia en la sociedad”, asegura la señora Villa Vanegas.

Todos deben poner de su par-te. Finalmente es un proceso conjunto entre víctimas y victimarios. De acuer-do con el profesor Oscar Muñiz, coor-dinador de la línea de investigación del proyecto de Justicia restaurativa en el Sistema de responsabilidad penal para adolescentes, en el oriente antioqueño, realizado por la UPB en convenio con el ICBF y la Gobernación del departamen-to, el proceso de paz y reconciliación debe darse con la víctima y el victima-rio juntos. Sugiere que para un proceso de reintegración efectivo, el victimario debe responsabilizarse de sus actos ante la comunidad, las víctimas deben apoyar y promover la convivencia y el Gobierno debe garantizar la paz. Es así como se logra el perdón y la reconcilia-ción y se evitan las rencillas, los renco-res y los prejuicios.

“Nos tenemos que quitar ese estigma para por lo menos convivir. Re-conciliarnos es algo muy difícil de lograr de un día para otro, pero por lo menos sí debemos intentar no matarnos unos a otros y vivir bien”, concluye Paulo Ser-na Gómez, director del Programa Paz y Reconciliación.

No se dice que no hay oportu-nidades, es saber aprovecharlas y pro-porcionarlas. Es levantar la mano para decir “yo”, yo ayudo y sí quiero la paz.

* El nombre fue cambiado por seguri-dad y petición de la persona.

Los desmovilizados entran a un programa para recibir acompañamiento psicosocial, educativo y laboral. Foto: Cortesía del Programa Paz y Reconciliación

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los estigmas y prejuicios hacen que miremos al

colectivo y no a la persona


mambRú nO FuE a la guERRaCarolina Campuzano Baena / [email protected]

Catalina Rodas Quintero / [email protected]

Medio siglo de conflicto armado en Colombia no ha sido suficiente para que la educación suscite una reflexión al respecto, para que se piense según las características del contexto y para que se promueva una movilización social que permita desnaturalizarlo.

“Se están formando seres humanos para la competencia, para generar dine-ro, poder y fama; somos seres humanos capitalistas. Incluso se nos ha arrancado del alma ese amor por lo que hacemos”, expresa Hernán Rincón Atehortúa, di-rector del programa de Educación Inclu-siva de la ONG Cedecis, cuando habla sobre el objetivo de la educación. La formación en Medellín se ha centrado en cumplir con los estándares de cali-dad exigidos por el Ministerio de Edu-cación, representados en los resultados de las pruebas Saber, Icfes y Pisa (Pro-grama para la Evaluación Internacional de Alumnos) y en la infraestructura de las instituciones.

“La prueba Pisa sirve para Ugan-da, Suiza, Estados Unidos y Medellín, entonces si el estudiante de Uganda la puede contestar, ¿el de Medellín por qué no? Lo que se contextualizan son los resultados, para dar un panorama de país de acuerdo con el entorno”, afir-ma Luz Elena Gaviria López, Secretaria de Educación de Medellín; sin embargo, según los informes presentados por Pie-dad Patricia Restrepo Restrepo, coordi-nadora de Medellín Cómo Vamos, los estudiantes de la ciudad no han alcan-zado ni el nivel mínimo para pasar la prueba; además, se evidencia la bre-cha que hay entre la preparación de los colegios privados frente a los oficiales, pues estos últimos tienen más bajos re-sultados. Es una consecuencia de que el

Estado ha evadido su responsabilidad con la educación, y la han asumido los privados, como las comunidades reli-giosas.

Por otro lado, las escuelas tradi-cionales no han promovido la reflexión y el tratamiento de la temática del con-flicto ni han hecho un análisis al contex-to social que vive la ciudad, en el que se tengan en cuenta las problemáticas de cada territorio. “La educación se ha quedado corta en el sentido de abor-dar los fenómenos de conflicto como problemática central. Desde la tem-prana escolaridad se puede cambiar la concepción de las personas, pero en Colombia estamos llegando tarde a esa reflexión, porque ésta empieza en la Universidad, a la cual no toda la pobla-ción tiene acceso”, dice José Yesid Carri-llo, especialista en Derecho Internacio-nal Humanitario.

Este cumplimiento de compe-tencias no ha permitido que las escue-las propongan una manera innovadora para abordar las causas y efectos de

la violencia, de modo que se haga una construcción conjunta con estudiantes y maestros para transformar, comenta Beatriz Elena Betancur Gañán, profeso-ra de Ecología y Medio Ambiente e inte-grante del equipo de trabajo de la ONG Cedecis. Además, el diálogo sobre estos temas se ha visto obstaculizado por la dificultad que tienen los maestros para hablar de un conflicto que sigue en pie. El temor es otra de las razones, pues los actores involucrados en la violencia no están interesados en que la población comprenda las causas porque esto pro-vocaría rechazo y resistencia. Otro mo-tivo que ha estancado la reflexión es la censura que en la sociedad se hace a quienes hablan sobre derechos huma-nos, pues se cree que son sólo discur-sos de guerrilleros y subversivos, añade José Yesid Carrillo.

“Los profesores están en una do-ble desprotección: por un lado, no tie-nen respaldo de las autoridades educa-tivas al momento de hacer públicas sus denuncias, entonces silencio. Por otro,

la formación pedagógica desborda la gravedad del conflicto, porque además es un trabajo psicosocial y de seguri-dad”, asegura Jaime Alberto Saldarriaga Vélez, Ph.D. en Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad Na-cional e investigador de la Corporación Región.

Otro de los problemas que pre-senta la educación es la manera como se imparte, pues no hay tiempos ni es-pacios suficientes en las instituciones para dialogar acerca de los temas que no estén incluidos en el plan de estu-dios. Lo poco que se trata sobre esta historia de conflicto en Colombia se hace con la memorización de nombres y fechas, pero no se ha tenido en cuen-ta que en Medellín las escuelas no son ajenas al conflicto.

Los establecimientos educativos son focos de reclutamiento no sólo por-que los actores armados hacen allí el llamado, sino también porque los mo-delos educativos no propician que los niños sientan amor por el conocimien-to, sino que la homogeneización, los castigos, el no encontrar una fuente de realización personal y el autoritarismo, hacen que éstos no vean como primera opción estudiar sino tomar un arma.

Según la Secretaria de Educación de Medellín, “en las instituciones edu-cativas hay programas para trabajar el tema del conflicto como Escuelas para la Vida, que articula los liderazgos natu-

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Educación y conflicto



rales que hay en las instituciones edu-cativas como personeros, representan-tes de grupo, contralores, deportistas, artistas y niños necios. Es un programa de convivencia que se basa en temas ambientales, culturales, deportivos y de salud sexual y reproductiva”. Además, la Alcaldía de Medellín proyecta tener un psicólogo por colegio, para acompañar a los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia; programas que según Jaime Saldarriaga Vélez sólo mitigan lo inmediato, mas no se trabaja el impacto en aquellos que han vivido insertos en las problemáticas.

Sin embargo, sólo a la escuela no se le puede dejar la responsabilidad de la reflexión sobre el conflicto; la socie-dad, los medios de comunicación y la familia tienen un papel primordial en la educación y en la formación de ciuda-danos críticos.

máS PRESuPuEStO PaRa la guERRa quE PaRa la EduCaCIÓnPero la falta de educación no es la prin-cipal causante del conflicto porque hay otros trasfondos como la exclusión en la participación política de diversos secto-res, la desigualdad en la distribución de tierras, la corrupción, el interés particu-lar de los grupos económicos y políticos, la falta de reconocimiento de la diversi-dad, un sistema económico que no ha permitido el desarrollo social y solucio-nes superficiales por parte del Estado. Esto ha provocado que en Medellín la violencia sea cotidiana pues desde los años 80 las generaciones conviven con actores armados legales, ilegales y mo-delos de vida narco.

La aceptación de estas formas de vida se debe, en parte, a que las comu-nidades han visto a los actores ilegales como garantes de la seguridad, la justi-cia y la moral, en especial en aquellos lugares en los que el Estado se encuen-tra ausente como en los barrios popu-lares y periféricos de la ciudad y más aún en los temas educativos. El enfoque central de los gobiernos no ha sido la inversión social sino que el presupuesto

se destina a la defensa y el crecimiento económico. Sólo hasta el 20 de diciem-bre de 2011 con la expedición del de-creto 4807, en la presidencia de Juan Manuel Santos Calderón, se declaró que la educación oficial sería gratuita desde transición hasta undécimo.

A esto se suma el poco presu-puesto que se asigna en el PIB a la edu-cación (3.5%) y a la investigación en las áreas sociales y humanas, pues los principales proyectos a los que se les da validez, son aquellos que tienen que ver con ciencia y tecnología. Aunque en Medellín se ha demostrado que se cuenta con los recursos necesarios para tener una cobertura, una infraestructu-ra y maestros adecuados, el problema está en que, a pesar de esto, no se ha hecho una transformación estructural, pues la educación no se muestra cerca-na al sujeto, a su territorio, sino como un proceso poco personal que no llama la atención.

Sin embargo, la población ha creado propuestas para combatir las debilidades de la educación formal que se da en las instituciones tradicionales. Se han aplicado conceptos pensados para adecuarse al contexto latinoame-ricano como es el caso de la educación popular. En la ciudad, la Corporación Si-món Bolívar lleva 32 años considerando la educación como un ejercicio de pen-samiento y acción, en el cual se analizan los territorios y se idean apuestas para la transformación de los sujetos y las poblaciones. Para Diana Caro, comuni-cadora popular de dicha organización, la educación es fundamental como po-sibilidad de pensar la ciudad, el país y principalmente el barrio, considerados también como escenarios educativos más allá del aula. Se busca la concienti-zación de las personas, la formación en derechos y deberes. “Esto no es un dis-curso contra el Estado, sus propuestas también tienen validez, pero todavía se necesita más amor, más recursos y per-sonas críticas”, agrega.

Otros conceptos que se han im-plementado son educación inclusiva y metodologías flexibles. El primero se trata de que en las instituciones se re-conozca el libre desarrollo de la perso-nalidad de los estudiantes, donde las

diferencias en los niveles de aprendizaje no sean un impedimento para ingresar a la escuela, y que tanto hombres como mujeres tengan las mismas garantías. El segundo se refiere a que “el profesor ya no sea un juez castigador que ponga cero cuando un estudiante no hace la tarea, sino entrar en un proceso de diálogo, de preguntarle por qué no la hizo, para así encontrar las causas de sus problemáti-cas que pueden ser violencia intrafami-liar o hambre”, explica Hernán Rincón Atehortúa, quien desarrolla con Cedecis el proyecto Protegiendo el derecho de la educación de niños, niñas y adolescentes durante la agudización del conflicto en Colombia, en los colegios Gabriel Gar-cía Márquez, de la Comuna 8, y Marina Orth, del corregimiento de Altavista.

Lo que pasa con esta educación es que para obtener recursos le toca competir con otras instituciones, y la forma de evaluación para el acceso es a partir de los estándares de calidad que se han mencionado, como las pruebas Icfes y Saber, en las que no alcanzan buenos resultados por sus otras preo-cupaciones en la formación.

Otra de las dificultades que ha tenido la educación para incidir y sus-citar cambios en el conflicto, es que ella misma es víctima de la violencia, pues el acceso al conocimiento no será la prioridad de una población que primero tiene que resolver sus necesidades bási-cas y de seguridad. Esto se ve en las ci-fras de deserción escolar que aumentan cada año en Medellín. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo en el año 2010 ésta estaba en el 3.4%, en 2011 aumen-tó hasta el 4% y el año anterior las cifras alcanzaron el 4.4%.

Sin embargo, estos datos no son reconocidos por las instituciones oficia-les. Luz Elena Gaviria López, Secretaria de Educación municipal, asegura que la cifra correspondía en 2012 a un 3.8%. “En Medellín el tema no es de deserción escolar sino de movilización social. En la ciudad no pasa que los niños no vuelvan a la escuela sino que cambian de insti-tución educativa; hay movilidad por los temas de violencia, pero los niños don-de llegan siempre tienen un cupo para estudiar, en cualquier institución”, dice Gaviria.

EduCaR PaRa la tRanSFORmaCIÓnAhora bien, la educación no es la varita mágica que hará desaparecer el con-flicto, pero dentro de los procesos de conocimiento y reflexión que permite, tiene un papel determinante para la movilización social, la acción política, la resistencia y la emancipación.

“Mientras más educación uno tiene, existe la posibilidad de tramitar el conflicto de manera pacífica y no vio-lenta, esa es la relación entre conflicto y educación, pues con ésta siempre se agotará primero la vía de la negocia-ción, la dialéctica y la argumentación antes de pensar en la vía armada y la violencia”, afirma José Carrillo. A través de la educación se pueden abordar las realidades sociales con diversas pers-pectivas, de modo que las personas tengan herramientas para formar una opinión crítica e informada sobre la que el diálogo prime en la defensa del ser humano.

Desde las organizaciones so-ciales como Cedecis y Simón Bolívar, la educación no sólo es vista como la principal herramienta de movilización social, sino también como la columna vertebral que apoya a la sociedad para construir desarrollo y conocer propues-tas alternas a las vías armadas. Todo esto es posible si la formación se hace desde el reconocimiento de las subjeti-vidades, el replanteamiento de los pa-dres sobre lo que quieren que sus hijos sean; si se mejora la educación oficial para pensar la integralidad de cobertu-ra y calidad, para que la educación no sea un privilegio sino que retome la in-clusión, la participación, la deliberación pública que influya en la autocrítica y el reconocimiento de las diversas poten-cialidades de los grupos sociales.

Por esto, como afirma Francis-co Cajiao Restrepo, analista educativo y miembro de la Academia Colombia-na de Pedagogía y Educación “se debe mostrar a los niños que es más útil es-tudiar que ir a la guerra”, para que así sean más los que digan no al dolor ni a la pena, ni ir a la muerte como Mambrú sino a la escuela.


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nIñOS maltRatadOS, nIñOS COmbatIEntESLaura Betancur Alarcón / [email protected] Juliana Gil Gutiérrez / [email protected]

Víctimas y no victimarios

Nacen en familias que maltratan, crecen en barrios donde la delincuencia impera y allí mismo inician una carrera criminal para superar la pobreza. Los niños víctimas del reclutamiento forzado son vulnerados en sus derechos desde antes de hacer parte de grupos criminales.

“Escuché un escándalo y pensé: ¿ahora qué habrá pasado? Salí a la ventana y lo vi correr de una calle a otra. Era apenas un niño de 8 años y huía con un bolso en la espalda. Los policías iban detrás, pero no lo alcanzaron. Luego de un rato, lo vi pasar con unos billetes en la mano, los consiguió por llevar un arma a otro integrante del combo. Me dijo que era para comprar unos panes…”.

Esta historia, relatada por una líder comunitaria del noroccidente de Medellín, da cuenta de cómo niños y niñas empiezan a unirse indirectamente a los combos delincuenciales ilegales. El caso se repite de otras formas, pero es el mismo fenómeno: el inicio de un reclutamiento forzado que, de manera disimulada y silenciosa, se da en la coti-dianidad de los barrios.

Es un delito convertido en cos-tumbre, en rumor, en secreto. “No todo el mundo lo sabe, unos nos hacemos los bobos, a otros nos da miedo, otros nos quedamos mudos porque no tenemos para dónde irnos… Es mejor silenciar esa palabra reclutamiento, pero que lo hay, lo hay en la Comuna”, opina la líder comunitaria.

Según el ex personero de Me-dellín, el abogado Jairo Herrán Vargas, los combos delincuenciales urbanos utilizan a los niños en diferentes tareas desde los siete u ochos años, incluso en la primera infancia como denunció en abril de este año el director del ICBF, Diego Molano Aponte. Son utilizados para cargar armas y municiones, trans-portar estupefacientes, llevar mensajes o dinero entre los miembros del grupo, hacer seguimiento a personas, cobrar vacunas y extorsiones, entre otras ta-reas. Así empiezan su carrera en los combos y luego llegan a cometer delitos mayores como hurtos u homicidios.

Negarse a realizar estas acciones, según el Informe de Derechos Humanos de 2012 en Medellín, elaborado por la Personería, constituye una de las prin-cipales razones para que los niños sean amenazados en la ciudad. Este mismo documento advierte el riesgo de ingreso a las estructuras criminales, aun cuando no estima cuántos niños, niñas y adoles-centes hacen parte de estos grupos.

Sin embargo, en marzo de este año el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo calcu-

ló que alrededor de 18.500 niños, niñas y adolescentes de las Comunas 8, 13, 16 y los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, se encuentran en si-tuación de riesgo de ser cooptados por los grupos al margen de la ley. Incluso, según Carlos Durán Franco, personero delegado en lo penal de la Personería de Medellín, este fenómeno se da en un 70% de los barrios populares.

RIESgO En laS CallES y En lOS hOgaRESPara Durán Franco, en general las cau-sas del reclutamiento son la falta de oportunidades para superar la pobreza extrema. Al no encontrar maneras líci-tas para hacerlo, niños y jóvenes optan por buscar soluciones en las calles de sus barrios.

Pero en estas calles los recibe un contexto en el que existe un tránsito continuo de actores armados; donde se dan el microtráfico, el narcomenudeo y los cultivos de uso ilícito; donde hay persecución de la Policía o amenazas de un combo a otro; donde es evidente la precaria atención del Estado en servi-cios de salud, educación y recreación.

Son calles donde la violencia ha imperado desde que los niños y jóvenes

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tienen uso de razón. “Quien ahora está mandando en las calles es el niño que en tiempos de la Operación Orión veía disparar. Quien le tenía miedo a las ar-mas, ahora las tomó”, opina la líder co-munitaria del noroccidente.

No obstante, las razones del re-clutamiento se encuentran antes de que el niño salga de su hogar. De acuer-do con un informe de 2013 de la Funda-ción Agencia de Comunicaciones Perio-dismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social y la Investigación (Pandi), “el 83% de los niños y jóvenes que estuvieron en los grupos armados fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Esta cifra con-firma que el primer factor expulsor de

¿POR qué lOS REClutan? RazOnES dE lOS gRuPOS CRImInalES

Son diversos los beneficios que representa la vinculación de los niños para una banda criminal o un grupo armado ilegal. De acuerdo con Carlos Durán Fran-co, personero delegado en lo penal, los niños son importantes en la comisión del delito por su habilidad para ciertas operaciones y su inimputabilidad, es decir, que siendo menores de 14 años no puedan ser juzgados.

No obstante, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y las directrices que ha sentenciado la Corte Constitucional (por ejemplo la sentencia C-203 de 2005), la responsabilidad penal de las acciones violentas no puede re-caer en el individuo, sino en las organizaciones criminales que han establecido la práctica de reclutamiento. De esta manera, la justicia en Colombia debe recono-cer al menor de edad como una víctima y no un victimario, a pesar de los delitos cometidos.

Otras de las razones para los delincuentes, según la investigación de la pe-riodista Natalia Springer en su libro Como corderos entre lobos: del uso y recluta-miento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y la cri-minalidad en Colombia, publicado en 2012, es fácil extraer a los niños de hogares pobres y, a su vez, la falta de una formación emocional en los hogares hace más sencillo para los criminales desmontar el pudor, la vergüenza o el miedo que sien-te el niño frente a la víctima.

Esta investigación también revela que para los grupos armados es más eco-nómico tener entre sus filas a niños y jóvenes, quienes en la mayoría de los casos no reciben remuneración por sus tareas y se enferman menos que otros comba-tientes.

La periodista Springer encontró que quien ejerce la función de reclutador dentro del grupo recibe incentivos por el ingreso de cada nuevo niño y el mante-nimiento de las bases de apoyo en el territorio. Es así como el reclutamiento per-mite que la estructura criminal se fortalezca y expanda su dominio en el espacio donde opera.

Ilustración: Thomás Restrepo, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB

El reclutamiento de niños y adolescentes es distinto si sucede

en la ciudad o el campo. En las zonas rurales, la guerrilla es la

principal reclutadora y utiliza a los niños en actividades domésticas; en cambio, en las urbes los niños

son seducidos con beneficios o amenazados por los combos

delincuenciales.


La vida de Los niños antes deL recLutamiento

De acuerdo con una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en 2006 con niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, que hacían parte del programa de atención del Instituto Colombiano de Bienestar fa-miliar, las carencias económicas, sociales, familiares y afectivas eran factores que influían en su ingreso a los grupos armados ilegales.

Al comprar las estadísticas más relevantes del estudio, con los derechos fundamentales de los niños, se evidencia el grave contexto de vulneración de los menores, quienes huyeron de hogares violentos a otros contextos que lo eran más.

• Proteccióncontratodoabusosexual. Cerca del 70% de los niños, niñas y adolescentes que habían sido reclutados, afirmaron haber tenido relaciones sexuales entre los 5 y los 13 años, lo cual indica para los investigadores que fueron víctimas de delitos sexuales antes de ingresar al grupo armado.

• Derechoalaeducaciónylacultura.La cercanía con el conflicto armado y las precariedades económicas fueron las razones para que la mayoría de ni-ños abandonaran la escuela. Antes de ingresar al grupo armado (en promedio a los 12 años), en un 65,6% este grupo de niños y niñas habían cursado algún grado de primaria, un 10% no había estudiado ningún curso y solo un 24,9% llegó a estudiar en bachillerato.

• Proteccióncontraexplotaciónlaboral. Según el boletín de la Defensoría del Pueblo: “La explotación en trabajo infantil fue una constante en la vida de estos niños y niñas antes del reclutamiento, más del 90% afirmó haber reali-zado por lo menos un tipo de actividad productiva”.

• Protección contra violencia física ymaltrato. Del grupo estudiado el 66,8% manifestó haber sido golpeado al menos una vez en su vida y una cuar-ta parte expresó que la violencia fue una práctica frecuente en sus hogares.

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los niños y las niñas de sus hogares para que sean víctimas del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales es su propia familia”.

Estas familias son conocidas por la psicología como “familias expulsoras”. Según una psicóloga, que pidió reserva de su nombre, y que trabaja en pro-gramas estatales con niños víctimas del reclutamiento, en estos núcleos fami-liares se presenta maltrato físico, abuso sexual, explotación laboral y sexual (por-que en múltiples ocasiones los niños de-ben llevar un sustento a su hogar), au-sencia de los padres (en su mayoría son familias de madres solteras, que deben dejar solos a sus hijos por largos perio-dos de tiempo), dificultades económicas e incluso consumo de drogas y alcohol por parte de los cuidadores.

Sin embargo, también influye en este delito la percepción de los niños y los adolescentes. En el trabajo desarro-llado por la campaña “Soñar es un de-recho”, de la Fundación Mi Sangre, con asociaciones de víctimas, líderes y or-ganizaciones sociales, en 19 municipios del departamento, se ha encontrado que ellos se sienten motivados a perte-necer a estos grupos “por la sensación de sentido de pertenencia y reconoci-miento, el gusto por las armas y la idea-lización del armado, el enamoramiento, la búsqueda de seguridad, el huir de situaciones de maltrato y las promesas de dinero”, afirma Catalina Cock Duque, directora ejecutiva de esta fundación.

“SE REClutan SOlOS” “¿Qué hace el niño si en la escuela el mismo profesor le hace bullying, si en el colegio lo maltratan los compañeros, si no tiene comida en la casa...? No hay

necesidad de reclutarlo, el niño se reclu-ta solo…”. La líder comunitaria también afirma que ya no existe una persecución puerta a puerta como 10 años atrás en su barrio, pero que ahora es el hambre y la desprotección lo que incita al joven a entregarse a sí mismo.

Sin embargo, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, la voluntariedad no es aceptada en casos de reclutamiento forzado de niños. “En ningún caso es voluntario. En tal sentido los niños, niñas y adolescentes son siem-pre víctimas del delito de reclutamiento y utilización”, asegura Cock Duque.

En una investigación de la Defen-soría del Pueblo en 2006, que buscaba evidenciar las circunstancias en las que se encontraban niños y niñas antes de entrar a los grupos armados, se ase-gura que aun cuando “el 83,7% de la población estudiada mencionó haber ingresado al grupo armado de manera voluntaria, el análisis sobre las condicio-nes familiares, sociales y afectivas de la población permiten concluir que exis-ten contextos de vulnerabilidad social y cultural (…) que obligan a cuestionar y relativizar el carácter ‘voluntario’ del ingreso”.

En estos contextos de riesgo son pocas las acciones del Estado, conclu-ye el ex personero Jairo Herrán Vargas. “No hay mecanismos adecuados, no existen programas ni infraestructura ni recursos públicos que permitan garanti-zarles a estos niños la estadía por fuera del grupo”, denuncia.

Esto se muestra en la insuficien-cia de programas que atienden a esta población en la ciudad. En el último informe de Derechos humanos de la Personería en 2012, se denuncia que el proyecto “Crecer con dignidad”, de la

Ilustración: Rudy Chavarría, Módulo Imagen Ilustrativa, Diseño Gráfico - UPB

Alcaldía de Medellín, sólo tuvo capaci-dad de 406 cupos frente a una cifra de 6.907 casos que requirieron atención por vulneración de derechos en la ciu-dad durante el año pasado.

Sumada esta desatención del Es-tado al contexto de violencia intrafami-liar y de delincuencia en los barrios, ni-

ños, niñas y adolescentes son proclives de ser reclutados por la falta de garan-tías de todos sus derechos. En sus casas y en las calles de sus barrios son pocas las opciones para vivir una infancia dig-na, puesto que la pobreza, el hambre y la falta de cuidado hacen que ellos op-ten por “reclutarse”.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA CONTEXTO No. 37 Mayo 2013 16 RepORtaje gRáficO

Una ciudad negra, gris, triste y en algunos mo-mentos desolada es la que oculta Medellín en su variedad de colores. Al caminar por sus calles y mirar con calma sus edificios, sus mercados y sus miles de locales, se siente una energía des-alentadora. Su conflicto ha creado una oscuridad que a simple vista no se nota pero que está presente. Al observarla desde las alturas, en la noche o en el día, se ve armónica, aunque guar-da una profunda melan-colía por la sangre que ha sido derramada en sus ci-mientos, aceras, recodos y callejones…

la OSCuRIdad dE la “EtERna PRImaVERa”Pablo Andrés Monsalve Mesa / [email protected]

Desde el Parque Berrío mirando al norte.

Desde Biblioteca España mirando al sur.

Desde El Palo mirando al oriente.Desde La Playa mirando al occidente.

contexto ed.37

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