¿cómo puede la sip ofrecer mejor protección a los periodistas de la región?

ANALISIS DEL REPORTERO

Knight FoundationJohn S. and James L.

os vehículos utilitarios interceptaron el automóvil de Valentín Valdés Espinosa en el centro de Saltillo, México. Unos matones armados obligaron al reportero

de asignaciones generales de 29 años de edad a entrar en uno de los autos. Sucedió poco antes de la medianoche del 7 de enero de 2010. En los días precedentes, Valdés Espinosa había informado agresivamente sobre el arresto de varios narcotraficantes en esa ciudad norteña de México para su periódico, El Zócalo de Saltillo, y había cometido el pecado cardinal de identificarlos por nombre. En otro artículo, Valdés Espinosa había identificado a un agente policial que fue arrestado por estar en la nómina de los narcotraficantes.

Los pistoleros o “gatilleros” ataron a Valdés Espinosa, lo golpearon y le dispararon cinco balazos. Dos horas después del rapto, dejaron su cadáver frente a un motel. En una nota manuscrita que apareció junto al cuerpo, decía: “Esto les va a pasar a los que no entiendan, el mensaje es para todos”. Parece ser que las autoridades locales entendieron el mensaje, pues apenas han investigado el caso y ni siquiera han revisado la computadora del periodista. Desde esa fecha, otros ocho periodistas mexicanos han sido asesinados y ocho más han sido secuestrados y aún están desaparecidos, lo que representa un total de 17 muertos y

LA MUERTE DE LA NOTICIA: Muchas crónicas quedan sin publicar debido a los asesinatos de periodistas latinoamericanos

Octubre 29, 2010

Gabriela Ramírez es consolada en durante el funeral de su marido, Francisco Ortiz Franco, director de Zeta, un semanario sensacionalista de Tijuana, México. Ortiz Franco, quien había escrito impactantes informes acerca de los narcotraficantes, fue abaleado en el 2004 mientras salía de un consultorio médico. Dos de sus hijos estaban con él en el auto. automóvil. Sus asesinos siguen sueltos, prófugos y su esposa se queja de que la policía nunca le pidió información con fines de investigación.

Análisis de Tyler Bridges

One in a series of independently reported articlesreviewing Knight Foundation’s own grant making.To seeprevious stories in the series, go to www.kflinks.com/ra

D

Valdés Espinosa

ACERCA DE ESTA SERIE

La John S. and James L. Knight Foundation les pide a periodistas independientes escribir artículos ocasionales en torno a sus estrategias de donaciones y programas comunitarios. Reporteros veteranos examinan la docu-mentación relacionada con las donaciones, llevan a cabo entrevistas y exponen sus puntos de vista en artículos de prensa e Internet sobre las lecciones aprendidas y el impacto de los proyectos respaldados por la Knight Foundation. Este informe fue escrito por Tyler Bridges, periodista independiente con sede en Lima, Perú, y antiguo cor-responsal extranjero del Miami Herald. Bridges es uno de los ganadores del Premio Maria Moors Cabot para el 2010, por su sobresaliente cobertura de América Latina y el Caribe. La serie es editada por Judy J. Miller, quien supervisó la cobertura ganadora del Premio Pulitzer mientras era directora editorial del Miami Herald. Ella fue presidenta de Investigative Reporters and Editors. Las fotos en Hermosillo son de Fausto Enrique Ibarra Moreno y El Imparcial; las de Tijuana son de Omar Mar-tínez y La Frontera; las fotos de Ciudad de México son de Keith Dannemiller; las de Miami son de Jeffrey Salter. Las fotos de Adela Navarro son de Zeta. La presentación fue diseñada por el ex director gráfico del Miami Herald, Hiram Henriquez, hoy presidente de H2H Graphics & Design. Para más información acerca de la serie, favor de visi-tar www.knightfoundation.org.


desaparecidos en lo que va del año. Ninguno de sus casos ha sido resuelto, en un país donde los narcotraficantes en guerra se han matado entre sí en batallas territoriales, han asesinado a policías y políticos y han participado en tiroteos sangrientos con soldados del Gobierno que han sido enviados a restaurar el orden. En los últimos cinco años, la violencia asociada al narcotráfico ha costado las vidas de decenas de miles de ciudadanos mexicanos y cerca de 61 periodistas.

Al sentirse intimidados, y no en balde, muchos periódicos de México han dejado de publicar reportajes sobre la violencia del narcotráfico y se han limitado a imprimir los comunicados de prensa oficiales sobre este particular. Los periódicos y estaciones de televisión en Ciudad Juárez y otras ciudades fronterizas con los Estados Unidos han renunciado por completo a tratar el tema. Simplemente, ya no dan información sobre los tiroteos relacionados con las drogas, que terminan con cadáveres de policías, narcotraficantes y ciudadanos comunes en las calles. Estos medios de comunicación incluso llegan a publicar algunos artículos que les exigen los narcos.

“Estamos en medio de una guerra no declarada”, dice Roberto Rock, que trabajaba como editor del diario El Universal, de Ciudad de México. Esta realidad se puso de relieve el 16 de septiembre, cuando un fotógrafo y un becario de El Diario de Juárez, que salían a almorzar, fueron víctimas de un tiroteo en el que el fotógrafo murió y el becario quedó herido de gravedad. Tres días después, El Diario, que es el periódico más importante de la ciudad más violenta de México, dio el insólito paso de publicar en primera plana un editorial en el que pedían a los cárteles del narcotráfico que explicaran los tipos de información que el periódico no debería publicar, a fin de evitar nuevos ataques. Frente a la peor oleada de violencia que jamás se haya registrado contra los periodistas en América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, con sede en Miami) ha redoblado sus esfuerzos en México mediante la realización de investigaciones sobre los hechos relacionados con los asesinatos, la organización de seminarios sobre cómo pueden protegerse mejor los reporteros y la aprobación de resoluciones respaldadas por sus 1,061 miembros, en las que se condenan los asesinatos y se exige justicia. En 2010, la SIP envió a México dos delegaciones de alto nivel. La segunda de ellas

sostuvo una larga reunión con el presidente Felipe Calderón el 22 de septiembre, en la cual él prometió federalizar los crímenes contra la libertad de expresión. No obstante, ante el empeoramiento de la situación en México y un preocupante aumento de los asesinatos en Honduras que ha contrapesado los logros obtenidos en Colombia, Brasil y otros países, y ante el hecho de que en otras partes de América Latina aún hay periodistas que resultan asesinados o reciben

LA MUERTE DE LA NOTICIA Crónicas quedan sin publicar debido a los asesinatos de periodistas2

VER

BAT

IM “La mejor forma de protegerse es no aceptar sobornos”.

– Ignacio Alvarado, quien reporta desde zonas en conflicto para el diario de Ciudad de

México, El Universal

“Cuando hay un asesinato, imagínense si usáramos a Facebook para convocar múltiples voces y lograr un impacto inmediato”.

– Gonzalo Marroquín, editor del diario guatemalteco Prensa Libre

ANALISIS DEL REPORTEROVE

RB

ATIM “El Proyecto Impunidad funciona bien

donde el sistema de justicia funciona bien”. – Danilo Arbilla, ex editor del semanario de

Montevideo, Búsqueda

“Creo que México ha empezado a reaccionar, aunque ya es tarde”.

– Enrique Santos, ex editor del diario El Tiempo de Bogotá

ACERCA DEL PROYECTO IMPUNIDAD

El Proyecto contra la Impunidad es uno de los programas más importantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (Inter American Press Association), grupo con sede en Miami de editores y directores de diarios de todas las Américas. Creado en 1995, el proyecto trabaja para asegurar que los asesinos de periodistas en América Latina sean castigados por sus crímenes, y trata de crear un clima de mayor seguridad para los periodistas que trabajan en zonas peligrosas de la región. Está financiado por la John S. and James L. Knight Foundation. Ricardo Trotti es su director. El proyecto: • Presiona a los gobiernos para que se haga justicia con relación a los asesinatos de periodistas, mediante resoluciones, comunicados, conferencias, informes publicados y reuniones con líderes políticos. • Publica anuncios que piden justicia para los periodistas asesinados, a fin de crear conciencia e incitar a la acción. • Investiga los crímenes contra periodistas por medio de sus Unidades de Respuesta Rápida en México, Colombia y Brasil, para darlos a conocer y presionar para que sean enjuiciados. Las unidades también estudian casos sin resolver en un intento por incitar a la acción a las autoridades. • Patrocina seminarios y conferencias para entrenar periodistas acerca de cómo operar en zonas peligrosas.

Ricardo Trotti, quien aparece aquí en su oficina de Miami, ha sido director del Proyecto contra Contra la Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa desde el inicio del programa, en 1995.

amenazas de muerte, se plantea esta acuciante interrogante: ¿cómo puede la SIP ofrecer mejor protección a los periodistas de la región?

No es una pregunta ociosa. Desde 1995, la Fundación John S. y James L. Knight ha financiado la campaña de la SIP con objeto de hacer justicia a los asesinados en el cumplimiento de sus funciones y de proteger a los reporteros asignados a casos peligrosos. Esta campaña, que recibe el nombre de Proyecto Impunidad, incluye a todos los países de América Latina, pero se concentra en los más afectados por la violencia contra los periodistas, es decir, México, Colombia y Brasil. El proyecto ha recibido donaciones por más de 7,6 millones de dólares en total, con inclusión de 2,5 millones de dólares recibidos en los últimos cuatro años.

Después de un viaje de reportaje durante dos semanas en el que se realizaron entrevistas a reporteros, editores y funcionarios de la SIP en Colombia, México y los Estados Unidos, así como entrevistas telefónicas a periodistas de otros países, se llegó a las conclusiones siguientes: • La organización ha logrado una clara mejoría en el parámetro que quizás sea el más importante: ya no todos los asesinos de periodistas quedan impunes. Gracias a las misiones y los


Asesinos convictos

Periodistas asesinados*

Investigaciones

Casos presentados ante la

CIDH**

Misiones

Conferencias

Seminarios

Resoluciones

126

258

84

26

73

17

54

183

350

FUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa

*Asesinados o desaparecidos y presumiblemente muertos

**Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Proyecto Impunidad en cifras, de 1995 a agosto de 2010

México*Colombia

BrasilGuatemalaHonduras

HaitíVenezuela

PerúEcuador

ParaguayEl Salvador

ArgentinaBolivia

Costa RicaNicaraguaRep. Dom.

GuyanaUruguay

Estados Unidos

89

*En México, 19 de los 89 están desaparecidos.

Asesinatos por paísde 1995 a agosto de 2010

7125

1713

97

44432222

1111

Aunque Colombia y México regis-traron casi el mismo número de asesinatos de periodistas entre 1995 y 2010, la mayoría de los casos de México ocurrieron en los últimos seis años (2005 a 2010), mientras que Colombia registró muchos menos casos durante el mismo período.


esfuerzos persistentes de la SIP, el problema de la impunidad ha quedado incluido en el orden del día de muchos líderes gubernamentales en la región y de grupos internacionales como la UNESCO. En varios países importantes se han hecho más estrictas las leyes en lo que respecta al asesinato de periodistas y se está trabajando activamente en investigaciones y casos judiciales, aunque rara vez hay constancia en estos esfuerzos. Asimismo, ya no se han registrado más asesinatos de periodistas en Colombia o en Brasil.

• Pese a las mejoras, la realidad esencial en América Latina sigue siendo preocupante: la mayoría de los asesinos de periodistas aún tienen muy pocas probabilidades de terminar en prisión. Las fiscalías han procesado con éxito solamente 59 de los 258 casos de asesinatos, confirmados o supuestos, de periodistas en América Latina desde 1995. No obstante, para poner la situación en su contexto, vale señalar que la impunidad es un mal generalizado en una región donde la justicia es más un ideal que una realidad. La SIP sólo puede contribuir a reducir la impunidad en los casos en que sus medios principales (la investigación de asesinatos, aprobación de resoluciones y encuentros cara a cara con líderes políticos) inspiran a los gobiernos a actuar. En los casos en que reina la ilegalidad, como sucedía en Colombia en

los años 80 y 90, y como ocurre en México en la actualidad, la SIP tropieza con obstáculos prácticamente insuperables en sus esfuerzos por que se haga justicia con los periodistas asesinados. • Las Unidades de Respuesta Rápida de la SIP en México, Colombia y Brasil, consistentes en un periodista por cada país, ha servido de base a la labor del grupo. Han investigado minuciosamente los hechos en un asesinato tras otro y luego han procedido a publicar de inmediato los crímenes, así como a procurar los documentos necesarios para exigir que se hagan investigaciones y arrestos en relación con casos antiguos que las autoridades parecían haber olvidado. Cuando las autoridades se rehúsan a seguir llevando adelante algún caso específico, la SIP lo remite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si es que se hace justicia, se hace lentamente y a veces los gobiernos no prestan atención a los fallos, aunque éstos contienen un firme imperativo moral. En dos de los casos, la Comisión, con sede en Washington, D.C., logró que se indemnizara a los familiares de dos víctimas, una en Brasil y otra en Guatemala. • La SIP se ha quedado corta en su objetivo declarado de hacer que la impunidad sea un “problema de todos”. Al parecer, el grupo ha conseguido crear conciencia sobre el tema al menos en algunos países — particularmente en Colombia y Brasil —

VER

BAT

IM “Me atemorizan más las autoridades locales del gobierno que los narcotraficantes. Muchos tienen un pie en cada lado de la línea”.

– Jorge Carrasco, quien reporta desde zonas en conflicto para el semanario mexicano Proceso

“Creo que el proyecto ha propiciado el desarrollo de una cultura contra la violencia y la impunidad que rodean a los crímenes contra los periodistas.’’

– Ricardo Trotti, director, Proyecto Impunidad de la SIP



RB

ATIM “¿Está la SIP haciendo algo para ayudar a los

periodistas en México? La respuesta es sí, aunque es intermitente y no muy efectivo”.

– Darío Dávila, quien ha trabajado en zonas en conflicto y ahora imparte clases en línea en la

Universidad de Guadalajara

“Los talleres de la SIP han sido útiles porque nos han dado la oportunidad de intercambiar ideas con otros y encontrar soluciones a nuestros problemas”.

– Luis Gerardo Andrade, reportero policial, La Frontera, diario de Tijuana

pero incluso quienes lo apoyan han reconocido que el público en general no equipara el asesinato de un periodista con un atentado contra la democracia y la sociedad civil.

• Al parecer, los editores y propietarios de periódicos de toda la región ven el Proyecto Impunidad como un medio necesario, aunque imperfecto. No obstante, los reporteros que se encuentran en la primera línea, dicen que el proyecto contribuye muy poco a hacerlos sentirse más seguros.

• La desaparición del proyecto de la SIP crearía un vacío que parece difícil de llenar. Actualmente hay otros grupos que están luchando contra la impunidad, pero ninguno de ellos cuenta con la presencia general ni la influencia de la SIP, que cuenta con miembros en 33 países de las Américas. Con todo, la SIP debería hacer un mayor hincapié en la prevención de los asesinatos, para lo cual podría aumentar los programas de capacitación de reporteros en zonas de riesgo de toda la región y tratar a México como un caso de emergencia que requiere más tiempo, atención y recursos monetarios, afirma Robert Rivard, editor del periódico San Antonio Express-News, quien ha viajado a México con la SIP en repetidas ocasiones.

15

1995 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 2010

6

2625

1414 141513

2021

1718 18

11 11

NOTA: Los datos representados son hasta agosto de 2010*Asesinados o desaparecidos y presumiblemente muertosFUENTE: Sociedad Interamericana de Prensa

0 0 01 1

4 4

13

10

18

27

22

108

53

Avances contra la impunidad

Sentenciados por asesinatoPeriodistas latinoamericanos asesinados*Desde 1995, cuando comenzó el Proyecto Impunidad, se ha sentenciado a 126

asesinos de periodistas (en los 10 años anteriores solamente hubo cinco sentencia-dos). Aun así, esos asesinos, muchos de los cuales eran cómplices en el mismo asesinato, fueron responsables de sólo 59 de los 258 asesinatos de periodistas que han tenido lugar en América Latina desde 1995. Además, en los años transcurridos desde 2008 se ha registrado un aumento alarmante de asesinatos. Dado que los encausamientos pueden tomar años, aún queda por ver si en estos casos también se emitirán sentencias.

“México es una emergencia del más alto nivel”, dice Rivard. “No estamos realizando un esfuerzo suficiente en ese país. Se trabaja incesantemente en la cobertura, la emisión de comunicados y la realización de misiones y reuniones pero, al final de la jornada, los casos siguen sin investigarse ni resolverse y los asesinos siguen actuando con impunidad”.

México constituye un desafío particularmente importante para la SIP, pues los narcotraficantes se han dedicado a sobornar a los reporteros en ese país y apenas ahora es que los periodistas locales se están organizando para protegerse. Lo más probable es que los peligros que enfrentan los reporteros de México empeoren más antes de que empiecen a mejorar. (Aunque la SIP lleva 15 años trabajando en toda América Latina, en este informe se presta atención especial a México porque la situación en deterioro en ese país ha hecho que tanto la SIP con otros grupos de vigilancia de la prensa le presten más atención).

Lo que está en juego en México va más allá de la vida de los periodistas. Los narcotraficantes han penetrado tan profundamente con sus tentáculos en todos los niveles de la sociedad mexicana, que lo que está pasando en ese país ha



trascendido el contexto de una guerra entre narcotraficantes y ha empezado a amenazar el funcionamiento del gobierno civil, en formas que lamentablemente hacen recordar la época terrible por la que pasó Colombia. Dado que la prensa ha sido silenciada en tantas ciudades de México, especialmente en el norte, los mexicanos no están recibiendo informaciones fundamentales sobre lo que representa una importante amenaza a su democracia: la forma en que los narcotraficantes han corrompido a alcaldes, gobernadores, jueces, fiscales y policías. A los mexicanos les será muy difícil recuperar su país si la prensa no puede verter luz sobre lo que ha salido mal y resaltar lo que se debe hacer al respecto. ‘¿Cómo podemos marcar la diferencia?’

En América Latina sucede muy a menudo que los periodistas

tienen que trabajar en zonas de combate. En 2009, los asesinatos de periodistas llegaron a una cifra récord de 25, según informa la SIP. El saldo de víctimas mortales llegó a 26 durante los primeros ocho meses de 2010, y en esa cifra se incluyen ocho periodistas secuestrados en México que se supone que estén muertos. En contraste, en los últimos 35 años un solo periodista ha sido muerto a balazos en los Estados Unidos y, en los últimos 15 años, ha sucedido lo mismo a solamente uno en Uruguay y uno en la República Dominicana. Sin embargo, en la mayor parte de América Latina los asesinos saben que, en general, puede matar sin temor a ser castigados. Ante este telón de fondo, el Proyecto Impunidad empezó con una sencilla pregunta: “¿Cómo podemos marcar la diferencia?” Era el año 1994, y David Lawrence, editor gerente del periódico

VER

BAT

IM “Nadie más está haciendo lo que hace la SIP en Colombia. No sé si alguien más podría asumir ese rol. No es fácil conseguir fondos para este tipo de problemas en Colombia”.

– Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios, Asociación de Diarios Colombianos

“Los que están en el frente de batalla no sienten la protección de la SIP, pero si tocas a su puerta, te ayudará”.

– Carlos Huertas, director de investigaciones, Semana, semanario de Bogotá

La policía investiga en la escena el lugar de un crimen en Hermosillo, México, en la que donde yace el cuerpo de Fernando de la Cruz. El alto oficial de la policía, cuyas piernas se ven en la puerta de la furgoneta de su familia, cayó baleado un domingo en la tarde, al salir con su familia, en agosto del 2010. De la Cruz dirigía las investigaciones de la policía estatal en Hermosillo.



En Bogotá, la ventana hecha añicos de la oficina de Diana Calderón, investigadora de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia, después de que un coche bomba explotó en la calle siete pisos más abajo.

VER

BAT

IM “Recibo constantemente amenazas de muerte. La SIP debe presionar más al gobierno, antes de que más periodistas sean asesinados”.

– Ignacio Gómez, subdirector de la estación bogotana de televisión Noticias Uno, quien viaja

con guardaespaldas provistos por el gobierno

“La estrategia de la SIP – campañas de anuncios y tratar de presionar al gobierno con notas de prensa - no parece tener mucho impacto”.

– Jorge Morales, ex director de El Imparcial, principal diario de Hermosillo, México

The Miami Herald, estaba empezando su período de un año como presidente de la SIP. El señor Lawrence hablaba del problema de la impunidad con Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP, y Ricardo Trotti, coordinador de libertad de prensa de la misma organización. Una cosa dio pie a otra y pronto se envió un equipo a que investigara seis asesinatos en América Latina e hiciera públicos los hechos para tratar de que las autoridades reaccionaran.

El proyecto se creó un año después con financiamiento de la Fundación Knight. Desde el inicio, Trotti, periodista argentino de 52 años, ha sido el principal promotor de la idea.

¿Actualmente los periodistas gozan de mayor seguridad que cuando Trotti dio inicio al proyecto hace 15 años? “Sí y no”, afirma el periodista argentino, mientras trata de atender distintas llamadas de América Latina en su oficina ubicada en las cercanías del distrito financiero de Miami. “En Colombia y Brasil, la violencia ha disminuido pero en muchos casos persiste la impunidad. En México, tanto la violencia como la impunidad han aumentado”.

Trotti añade: “Resulta difícil luchar contra sistemas políticos en los que la corrupción y la falta de independencia del poder judicial son la norma. La fuerza del Proyecto Impunidad radica en la regularidad de sus investigaciones y en su insistencia de que se haga justicia. Esto ha servido, hasta cierto punto, para empezar a cambiar el clima de impunidad total”.

El impacto del proyectoAl tratar de medir los esfuerzos de la SIP, la pregunta clave ha

sido: ¿Cómo se define el éxito? Joel Simon es un observador y contribuyente interesado como director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York. Simon hace la pregunta: “¿El éxito se define como la disminución de la impunidad? O, por el contrario, ¿la definición del éxito consiste en decir que si el grupo no hubiera planteado estas cuestiones, la situación sería aún peor?”

Simon se inclina por la segunda definición y expone al respecto un argumento válido. Las acciones de los gobiernos, la brutalidad de los cárteles del narcotráfico y la atención que presten los editores y propietarios de periódicos tienen una influencia mucho mayor que el Proyecto Impunidad en determinar si los periodistas viven o mueren.

En vista de la influencia limitada de la SIP, presentamos

una estadística clave para ayudar a determinar el impacto del proyecto: según el grupo, en los 10 años antes de que comenzara el proyecto en 1995, sólo cinco asesinos de periodistas fueron sentenciados por sus crímenes. Desde entonces, 126. Según este parámetro, el proyecto ha sido un éxito rotundo, pero es cierto que las cifras dan una idea un tanto exagerada. Los 126 asesinos convictos, algunos de los cuales eran cómplices en los mismos casos, fueron considerados responsables en sólo 59 de los 258 asesinatos comprobados o supuestos de periodistas latinoamericanos desde 1995. Por lo tanto, aún reina la impunidad en la mayoría de los casos. Y muchos de los asesinos solamente han cumplido breves condenas de prisión. Otra estadística clave es que, de los 258 asesinatos de periodistas desde 1995, sólo se ha sentenciado a seis autores intelectuales de los asesinatos, aunque los procesos judiciales han ido en aumento, pues durante el año pasado hubo 12, mientras que en 1995 no hubo ninguno. Otro parámetro que muestra el impacto de la SIP: tres países (Guatemala, México y Colombia) han aprobado leyes que estipulan la creación de oficinas especiales para procesar a los asesinos de periodistas o agravar los castigos por sus delitos. Sin embargo, este logro ha tenido un efecto menor de lo que esperaba la SIP.



RB

ATIM “Los periodistas ahora exigen justicia y las

autoridades ahora persiguen a los criminales”. – Clarinha Glock, investigadora de la SIP en Brasil, donde 15 periodistas fueron ultimados

durante la década de los noventa, aunque sólo tres desde el 2000

“No entiendo a los periodistas que se autocensuran. O usted es periodista o no lo es. Ejercemos el periodismo todas las semanas”.

– Adela Navarro, codirectora de Zeta, semanario de Tijuana. Dos de los directores de la publicación han sido asesinados,

y un tercero fue herido gravemente en un atentado

La SIP contribuyó a que el Gobierno de Colombia creara una fiscalía especial que está enviando a prisión a un mayor número de asesinos de periodistas. “La labor policial de investigación ha ido mejorando”, dice Fernando López, uno de los fiscales especiales. “Estamos recibiendo mayor ayuda de los testigos”. López observó que su oficina tendría un mayor éxito si contara con más recursos económicos y se preguntó si la Fundación Knight podría dar una mano en este sentido.

“Los periodistas se quejan de que no hay justicia”, añade López. “Los guerrilleros, narcotraficantes y grupos paramilitares a menudo impiden que los investigadores hagan su trabajo. Cuesta mucho dinero realizar investigaciones”.

En México, los líderes de la SIP ayudaron a presionar al Gobierno en 2006 para que creara una oficina dedicada al encausamiento de delitos contra periodistas. Pero la fiscalía tuvo muy pocos avances. La SIP volvió a presentar sus quejas y, en marzo, el Gobierno federal nombró a un nuevo fiscal. Pero éste no dispone de suficientes recursos monetarios ni humanos y está tan amedrentado que insistió en que una entrevista que concedió en agosto fuera completamente extraoficial. “Podemos tener las mejores leyes del mundo, pero eso no importa si no existen la voluntad política y el seguimiento necesarios”, dice el congresista mexicano Manuel Clouthier, quien ha procurado infructuosamente que se apruebe una

La policía baja de un helicóptero a un presunto traficante de drogas en Hermosillo, estado de Sonora. Los periodistas que publican los nombres o fotografías de miembros de carteles arriesgan sus vidas. Consiguientemente, Por eso, muchas publicaciones del Norte de México ya no reportan noticias relacionadas con la violencia resultante del narcotráfico.



RB

ATIM “Éramos una familia muy unida. Esto nos ha

marcado para toda la vida. Sólo recientemente volvimos a salir juntos, como una familia”. – Gabriela Ramírez, viuda del codirector de Zeta,

Francisco Ortiz Franco, asesinado en el 2004

“Uno tiene que tener cuidado con lo que escribe, para no poner en peligro su vida”.

— Nidia Serrano, directora de El Universal, publicación de Montería, Colombia

Un investigador de la policía busca evidencia luego de un ataque relacionado con las drogas, en Hermosillo, México.

medida según la cual los asesinatos de periodistas no se dejarían a los fiscales locales — quienes a menudo realizan investigaciones muy superficiales — sino que se pondrían en manos de las autoridades federales.

La campaña publicitaria pierde su efectoMás allá de exigir justicia, la SIP ha tratado de consolidar la

voluntad política de proteger a los reporteros en los países de la región. En 2003, el proyecto comenzó en forma de campaña publicitaria que divulgaba cada mes un caso no resuelto de asesinato de un periodista latinoamericano. En los anuncios, que debían publicarse en periódicos miembros de la SIP en toda

la región, se pedía a los lectores que firmaran las peticiones de justicia que la SIP enviaría a los gobiernos correspondientes. El propósito de la campaña ha sido atraer la participación de los lectores en la búsqueda de soluciones al problema y presionar a los gobiernos. El señor Trotti calcula que las contribuciones totales en especie realizadas por los miembros de la SIP desde 2003, consistentes en donar el espacio de publicidad, han superado los 28 millones de dólares. Pero es cada vez menor el número de diarios que imprimen estos anuncios repetidas veces. Al principio, “todas las personas relacionadas con la SIP hablaban de la campaña’’, dice Trotti. “Se podía palpar el entusiasmo. Ahora les tengo que recordar



que estamos realizando la campaña. (Se) ha perdido un poco el interés inicial”.

Unos 270 de los 1.030 periódicos que son miembros del grupo publican los anuncios cada mes, en comparación con 320 periódicos en 2007, según una encuesta informal de la SIP que se llevó a cabo para este informe. Y, según la SIP, la campaña ha recibido como promedio solamente 265 firmas al mes en lo que va de año.

“Los medios de comunicación no han logrado transmitir la idea del peligro que enfrentan los reporteros”, dice Roberto Rock. “La sociedad no reconoce a los reporteros como protectores de sus derechos y su libertad de expresión”.

Trotti considera que los anuncios siguen surtiendo efecto incluso si los miembros de la organización “no los han publicado tan regularmente” como antes. Los anuncios llaman la atención del público a los asesinatos olvidados, “ponen incómodos” a los gobiernos y generan publicidad, dice Trotti. Pero la campaña sería “mucho mejor” si también se usaran los medios digitales y sociales para incitar al público a actuar, añadió.

Trotti comprende además que la SIP necesita mejorar su sitio web, www.impunidad.com, que, debido a su diseño poco atractivo y falta de actualización, no está cumpliendo su cometido de dar una dimensión humana a los asesinatos de los periodistas en América Latina e incitar la indignación. Teniendo esto en cuenta, la SIP contrató a una firma de consultoría para que ayudara al grupo a mejorar su sitio web y orientarlo más a las actividades en línea. La SIP espera que la nueva estrategia ayude al grupo a alcanzar su meta proyectada de 50.000 visitantes únicos al mes, en comparación con los 20.000 que lo visitan actualmente.

Atentado con bomba contra una oficina en Bogotá Diana Calderón conversa por teléfono desde Bogotá con Trotti en Miami. Calderón, de 42 años, es la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia. Estos enlaces fueron creados en el año 2000 a raíz de una conversación entre Trotti y Alberto Ibargüen, el entonces editor gerente del periódico The Miami Herald y presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP. Actualmente preside la Fundación Knight y es su director ejecutivo. Durante la última década, Diana Calderón ha documentado

los hechos relacionados con veintenas de asesinatos no resueltos y ha alertado rápidamente a Trotti sobre cada nuevo ataque contra periodistas. En ese día de principios de agosto, Calderón está proporcionando los detalles sobre lo que parece ser el objetivo más reciente: las oficinas de Radio Caracol en Bogotá, donde ella trabaja. Un coche bomba que explotó a las 5:30 de esa mañana dejó un saldo de 13 heridos y dañó la fachada del edificio. Calderón está acampada en el despacho de un colega. Las ventanas de su propio despacho, en el séptimo piso, están rotas. Trotti anota la información que le facilita Calderón, para luego escribir un comunicado de prensa en el que exhortará al Gobierno de Colombia a realizar una investigación agresiva. Se lo enviará a los periódicos miembros del grupo y a los servicios de cables. Este tipo de trabajo es fundamental para la labor del Proyecto Impunidad en Colombia. El grupo también ha exhortado a los jueces colombianos a que concedan una mayor prioridad a los casos de periodistas asesinados, ha conseguido que la fiscalía vuelva a examinar 27 casos por resolver, ha emprendido una campaña publicitaria encaminada a concientizar más al público y ha producido un documental sobre el asesinato de un periodista,

En El Imparcial, en Hermosillo, como en muchos otros diarios de todo México, los periodistas ya no escriben acerca de la violencia relacionada con el narcotráfico. Para evitar represalias, los diarios publican sólo las versiones oficiales de la policía.

VER

BAT

IM “Los narcotraficantes dependen de los medios bajo su control para desacreditar a sus rivales, exponer a los funcionarios corruptos al servicio de carteles competidores, defenderse del gobierno e influir en la opinión pública. … A menos que el gobierno de México actúe con firmeza, los narcos seguirán definiendo lo que es noticia o no lo es. Ésa no es la forma de ganar la guerra contra el narcotráfico”.

– Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas.



que ha sido transmitido por un canal de televisión en su horario estelar.

El periodista era Orlando Sierra. Su asesino fue capturado y sentenciado, pero fue liberado después de apenas cinco años en prisión gracias a un programa de excarcelación anticipada. La SIP y Andiarios, organización que representa a los periódicos de Colombia, contrataron a dos abogados para que elaboraran un informe sobre el caso de Sierra y han utilizado la información para exhortar al Congreso a que imponga sentencias mínimas con períodos de prisión más largos. El Congreso no se ha dado por enterado.

La buena noticia es que la violencia contra los periodistas prácticamente ha desaparecido en Colombia. En promedio, entre 1998 y 2003, siete periodistas resultaban asesinados anualmente en el cumplimiento de sus funciones, según la SIP. Pero en 2009 sólo fue asesinado un periodista y, hasta agosto de 2010, sólo uno ha corrido esa misma suerte (Clodomiro Castilla Ospino, en la ciudad provincial de Montería). Evidentemente, los esfuerzos de la SIP han surtido efecto, como también ha sucedido con los esfuerzos de grupos locales que se han sumado a la SIP en su

labor contra la impunidad. “Hace 15 años, nadie hablaba del problema de la impunidad”, dice Nora Sanín, directora ejecutiva de Andiarios. “La sociedad colombiana entiende, aunque no sé exactamente hasta qué punto, que cuando alguien mata o secuestra a un periodista, no se trata simplemente de un delito contra esa persona, sino de un ataque contra la libertad de expresión”. Pero, cuando se le pregunta por qué han disminuido tanto los asesinatos de periodistas, Sanín responde: “La disminución se debe principalmente a las políticas del Gobierno”. Durante los ocho años en que Álvaro Uribe fue presidente y le hizo la guerra a la violencia, disminuyeron los asesinatos de todo tipo en Colombia. Si bien ha habido avances, el sistema judicial colombiano aún deja mucho que desear. El caso de Nelson Carvajal es un ejemplo de esto, pese a los mejores esfuerzos de la SIP. En 1998, Carvajal, periodista radial de 37 años de edad del pueblo provincial de Pitalito, murió tras recibir siete disparos por haber denunciado en las ondas radiales la corrupción local. Su familia exigió acción de las autoridades. En ese momento empezaron las llamadas telefónicas. Si la familia sabía lo que era bueno,

El cadáver de Francisco Ortiz Franco, director del semanario Zeta de Tijuana, yace tirado en el auto en el que fue abaleado en el 2004, aparentemente por asesinos contratados por narcotraficantes asesinos.



decían quienes llamaban, olvidarían el caso o, de lo contrario, terminarían como Nelson.

La familia no olvidó el caso. Las autoridades enviaron a prisión a cuatro hombres, incluido el presunto autor intelectual. Pero todos fueron exonerados y puestos en libertad.

Diana Calderón se ocupó del caso en 2002. Hizo tres viajes a Pitalito para entrevistar a testigos, acopiar datos y examinar las actas judiciales. Gracias a sus esfuerzos, las autoridades reabrieron el caso. Las amenazas de muerte contra la familia de Carvajal se reanudaron. Una de sus hermanas salió con vida de un atentado que se le hizo. Con ayuda de la SIP, ingresó en un programa gubernamental de protección de testigos. La viuda de Carvajal y otros miembros de la familia abandonaron el país, con ayuda del Gobierno de Colombia.

En 2006, le tocó el turno a la propia Calderón. “Siga investigando y usted también se ganará su último lugar de descanso”, decía una nota que se le envió a su oficina y que contenía cruces que evocaban sepulturas. El Gobierno le asignó guardaespaldas a Calderón el día entero.

La SIP tampoco olvidó el caso. A partir de diciembre de 2005, Ricardo Trotti sostuvo siete reuniones con el Gobierno

colombiano, acompañado por Enrique Santos, quien era entonces vicepresidente de la SIP y editor gerente del diario El Tiempo, de Bogotá. “Diana presionó constantemente a los fiscales”, dice Miriam

Carvajal, durante una conversación sobre el asesinato de su hermano en un café de Bogotá. “La fiscalía hizo avanzar el caso gracias a la SIP”. No obstante, esa investigación ha tenido escaso éxito. El Tribunal Supremo desestimó una solicitud de reexaminar el caso. La SIP presentó el caso de Carvajal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero esta vez

tampoco recibió un dictamen favorable. “Aún no hay justicia”, dice Miriam Carvajal. “Hay que ser realista. No culpo a la SIP por no lograr mayores resultados”. Trotti se enorgullece enormemente al enviar casos sin resolver a la Comisión Interamericana, que es parte de la Organización de Estados Americanos. Gonzalo Marroquín, propietario del periódico Prensa Libre, de Ciudad de Guatemala,

Más de 1,000 periodistas marcharon por el centro de Ciudad de México en agosto del 2010 para exigir una política más dura del gobierno contra los asesinatos de periodistas que denuncian al narcotráfico. Estos asesinatos están silenciando a la prensa.

Adela Navarro



Los periodistas arrojaron pintura roja sobre las fotos de colegas asesinados al terminar su marcha en Ciudad de México, para simbolizar cómo reina la impunidad.

Este periodista encadenado se cerró la boca para se amordazó con cadenas durante la marcha de Ciudad de México para simbolizar cómo los asesinatos están silenciando la prensa.

se hace eco de la perspectiva de otros dueños de medios de prensa al decir que los gobiernos recalcitrantes sí reaccionan ante los fallos de organismos internacionales. “Hemos obtenido algunos resultados satisfactorios”, dice Marroquín. Un ejemplo destacado: la Comisión consiguió que el Gobierno guatemalteco reconociera en 2001 que no había tomado las medidas necesarias para evitar el asesinato de la periodista Irma Flaquer en 1980 y que luego no procedió a realizar una investigación de homicidio adecuada. La familia fue indemnizada con una suma de 150.000 dólares. Trotti dice que el caso de Flaquer dio lugar a la creación de una fiscalía especial en Guatemala que se encargaría de los delitos contra periodistas. En Brasil, el año pasado se expidió un fallo favorable con respecto al asesinato en 1998 del editor periodístico Manoel Leal de Oliveira, lo que podría hacer que las autoridades reabran su caso, dice Clarinha Glock, investigadora de la SIP en Brasil. Pero la dificultad para lograr que se haga justicia en los casos sin resolver es harto conocida. La Comisión ha admitido 11 de los 27 casos presentados por la SIP desde 1997 y hasta el


PUNTOS CENTRALES DEL ANALISIS

momento sólo ha expedido fallos favorables en tres de ellos.Tal vez el procedimiento sea largo e imperfecto, pero “es

la mejor y única avenida de que disponemos para hacer que no se olviden los asesinatos de periodistas y para instigar a los gobiernos a actuar por medio de la presión internacional”, dice Trotti. “Con estas acciones, no devolvemos la vida a los periodistas, pero sí sentamos un precedente importante y obligamos a los gobiernos a encarar el problema de la impunidad”.

Los funcionarios mexicanos reaccionan con lentitudMaría Idalia Gómez, sentada en su sala en Ciudad de

México, habla sobre el creciente problema de la impunidad en México. Ella es la coordinadora de respuesta rápida de la SIP en México. Se detienen para leer un nuevo mensaje que le acaba de llegar por su Blackberry. “Han liberado a los dos últimos periodistas”, dice Gómez.

En un caso que mantuvo en vilo a la prensa de Ciudad de México, los narcotraficantes habían secuestrado a cuatro reporteros cerca de la ciudad norteña de Torreón, entre ellos

EL RETO En 1995, cuando el Proyecto Impunidad se inició, los asesinos de periodistas poco temían pagar por sus crímenes. ¿Podría un grupo de directores y editores con base en Miami trabajar juntos por todas las Américas para obligar a los gobiernos a acabar con la impunidad?

LA INICIATIVA Con $7.6 millones en donaciones de la James S. and John L. Knight Foundation, desde 1995, la SIP ha presionado a los gobiernos a hacer justicia frente a los crímenes contra los periodistas. Sus Unidades de Respuesta Rápida investigan casos sin resolver y asesinatos recientes, con la finalidad de dar a conocer los hechos y llevarlos ante las procuradurías. La SIP también ha empezado a organizar seminarios para enseñar a los reporteros a reducir sus riesgos en zonas peligrosas. Finalmente, el grupo ha llevado a cabo una campaña de anuncios acerca de crímenes sin resolver, para familiarizar al público acerca del problema de la impunidad.

EL IMPACTO Hace quince años, los asesinos de periodistas en América Latina sencillamente no eran enjuiciados. Desde los inicios del Proyecto Impunidad hasta agosto del 2010, los fiscales han ganado algunos casos, aunque no todos, contra

los responsables de 59 de 258 asesinatos o presuntos asesinatos de periodistas en América Latina. La mayoría de los convictos, sin embargo, son sicarios, no autores intelectuales. Los gobiernos enfrentan ahora una presión constante por parte de la SIP para que hagan justicia. Sin embargo, la campaña publicitaria, dirigida a agitar la opinión pública, ha perdido efectividad, con sólo unas 265 personas que escriben cartas de protesta mensualmente. Las matanzas de periodistas en América Latina se han elevado en años recientes, debido a que más periodistas están muriendo en México a manos de narcotraficantes. En Colombia, anteriormente el país más golpeado, las matanzas de periodistas han caído drásticamente, al igual que las matanzas de colombianos en general, gracias a la política de mano dura del Presidente Álvaro Uribe, quien acaba de finalizar su mandato. En Brasil, otro país violento, las matanzas de periodistas se han desplomado, y los sicarios casi siempre terminan en la cárcel. En México, la incapacidad del gobierno de arrestar y enjuiciar a los asesinos de periodistas – parte de un problema de impunidad general con relación a todo tipo de delitos – ha aplastado los esfuerzos de la SIP por hacer que se haga justicia en ese país.


camarógrafos de Televisa y Milenio, dos de las grandes cadenas televisivas de México. Este acto marcó la primera ocasión en que los reporteros objeto de secuestro trabajaron para esas redes televisivas, y la inmensa atención mediática que recibieron convirtió su situación en un caso sonado.

Para consternación de Trotti y todos los demás integrantes de la SIP que han tratado de abordar el tema de la impunidad en México, el Gobierno de Calderón no ha dado carácter prioritario a la protección de los periodistas, como lo han hecho los gobiernos de Brasil y Colombia. Tampoco lo han hecho los medios de prensa mexicanos, aquejados por la desunión y por la debilidad de su asociación de prensa.

Todos estos elementos conspiraron contra la SIP el año pasado, cuando la organización trató de hacer llegar las enseñanzas adquiridas en Colombia a los periodistas, ejecutivos mediáticos y funcionarios gubernamentales mexicanos. En muchos sentidos, México parece encontrarse en el punto en que estaba Colombia alrededor de 1985. La SIP llevó a México a tres prestigiosos colombianos para que relataran sus experiencias.


LECCIONES EMERGENTES

La mayoría de los periodistas asesinados en América Latina, hasta ahora, durante este año, trabajaban en México, lo cual da lugar a la pregunta: ¿Cómo podrían los reporteros seguir informando acerca de la violencia y la corrupción en sus comunidades, sin ser asesinados? Y ¿cómo podría ayudarles el Proyecto Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa? He aquí algunas sugerencias de periodistas familiarizados con la situación: • Organizar más talleres para enseñar a los reporteros a operar con seguridad en zonas peligrosas, que incluyan, cómo reconocer cuando los están siguiendo, cómo hablar con sus informantes, y cómo escribir acerca de los narcotraficantes sin provocarlos, sugiere Darío Dávila, periodista que ha trabajado por largo tiempo en zonas de conflicto y que ahora imparte clases para periodistas de alto riesgo, ofrecidas por el Centro de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara. • Más seminarios de ética para reporteros. Demasiados de ellos “han sido corrompidos en los últimos años”, comenta Dávila. “Al carecer de valores periodísticos, se están convirtiendo en mercenarios de los carteles. Amenazan a las fuentes con publicar información a menos que se les pague”. • Mayor dotación de personal en México. María Idalia

Gómez, coordinadora de la Unidad de Respuesta Rápida del grupo en Ciudad de México, necesita ayuda. Otra persona debería estar establecida en algún otro lugar fuera de Ciudad de México – tal vez en Monterrey, una ciudad con publicaciones sólidas, pero que está en estado de sitio. • Un nuevo sitio web donde los periodistas puedan publicar noticias sobre el narcotráfico demasiado peligrosas para ser publicadas en sus diarios. La idea surgió de un seminario que se llevó a cabo en marzo, para periodistas de la frontera, organizado por el Knight Center for Journalism en la Universidad de Texas, en Austin. • Una presión contínua sobre el gobierno, por parte de la SIP y organizaciones periodísticas. Pero es importante comprender que el factor primordial para crear condiciones de trabajo seguras para los periodistas en México es crear un país más seguro para todos los mexicanos. Ésta es la lección tomada de Colombia. Aunque los medios y el gobierno tomaron pasos esenciales para proteger a los periodistas, los asesinatos descendieron debido principalmente a un declive general en la violencia durante los ocho años de la presidencia de Álvaro Uribe que terminó en agosto del 2010. Cuando la lucha civil se reduce, los periodistas están a salvo y pueden nuevamente abocar las noticias difíciles.


Eran el ex presidente César Gaviria, Enrique Santos y Oscar Naranjo, actual jefe de la Policía Nacional.

“No asistió ni un solo miembro del Gobierno mexicano”, recuerda Santos. “La triste verdad es que ellos [los mexicanos] no han asimilado nuestra experiencia. No se ha traducido en acción por parte de los diarios”.

En últimos años, la SIP ha enviado más de una docena de misiones a México y ha auspiciado 13 seminarios con reporteros y editores. Aun así, dice Roberto Rock, “la violencia [contra periodistas] no está incluida entre las prioridades públicas, ni siquiera las del poder ejecutivo, el Congreso ni los medios de difusión”.

María Idalia Gómez es la persona de contacto de la SIP en México para hacer frente al intenso desafío que se presenta en ese país. Desde que fue contratada en 2003, Gómez, de 39 años, ha viajado por todo el país para documentar los hechos de casos por resolver y dar noticias sobre el asesinato más reciente. Este trabajo a menudo la hace ir a las zonas de conflicto.

“El trabajo es abrumador”, dice Gómez, que a menudo recibe la ayuda de su esposo, Darío Fritz, quien también es periodista y trabaja para la SIP a tiempo parcial.


La mayoría de los asesinatos que Gómez investiga tienen lugar fuera de Ciudad de México, en ciudades del norte, como Tijuana, donde los narcotraficantes han convertido lo que era un destino turístico en una zona de muerte. El cártel del narcotráfico Arellano Félix y otros se abrieron paso por la fuerza, dejando un saldo de cientos de muertos. Los asesinatos son cada vez más rápidos y brutales. Los cadáveres de los que son asesinados por haber hablado más de la cuenta aparecen con las lenguas cortadas. Los que se han acostado con la mujer de un narcotraficante aparecen muertos y castrados. Las víctimas decapitadas transmiten un claro mensaje: una advertencia a sangre fría de no buscarse problemas con los narcotraficantes.

Héctor Félix Miranda no hizo caso a estas advertencias. El señor Félix Miranda, de 28 años, era un fanático apasionado por el béisbol y era el popular editor gerente del semanario Zeta, una publicación muy crítica en Tijuana. Publicaba nombres cuando escribía columnas en las que denunciaba el narcotráfico, los asesinatos, la tortura y la corrupción oficial.

Félix Miranda conducía su auto al trabajo en una mañana de 1988 cuando un Pontiac Trans Am negro se interpuso en su



camino y de él salió un hombre armado con una escopeta calibre 12 y descargó dos andanadas contra Félix Miranda, con lo que lo mató al instante.

Los narcotraficantes volvieron a usar como blanco a la revista Zeta en 1997. Unos pistoleros dejaron gravemente herido al coeditor gerente Jesús Blancornelas en un ataque en el que su guardaespaldas resultó muerto. En 2004, Ricardo Trotti visitó Tijuana para ayudar al coeditor de Zeta, Francisco Ortiz Franco, a acopiar más datos en relación con el caso de Félix Miranda que se había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El propio Ortiz Franco era un hombre marcado debido a sus denuncias. Tres semanas más tarde, un asesino enmascarado arremetió contra Ortiz Franco cuando este se disponía a ir en su auto a una consulta médica. Dos de sus hijos estaban sentados en el carro con él y lo vieron morir. “Semana tras semana, escribía impactantes informes sobre los narcotraficantes”, recuerda la viuda de Ortiz Franco, Gabriela Ramírez. “Yo quería que dejara el periódico y se dedicara a la

abogacía. Él decía que le apasionaba el periodismo y que no pasaría nada”. Las autoridades nunca han pedido a Gabriela Ramírez que les dé información sobre el caso. Tampoco le han pedido tener acceso a las libretas de notas de Ortiz Franco ni a su computadora. “Nunca tomaron declaraciones de los sospechosos”, añade la viuda. “Las personas involucradas en su asesinato son poderosos hombres de negocio de Tijuana y las autoridades no quieren buscarse problemas con ellos”. Dos de los asesinos de Félix Miranda se encuentran en prisión, pero el autor intelectual nunca recibió su castigo. A su vez, ninguno de los asesinos de Ortiz Franco ha tenido que enfrentar la justicia. Adela Navarro, coeditora de Zeta, encomia a la SIP por tratar de mantener vivas las investigaciones. “Es la única organización que no ha abandonado la búsqueda de respuestas sobre los asesinatos. Es importante que los periodistas no se sientan solos”.

La violencia toca a las puertas El sol apenas empezaba a calentar en la mañana de aquel primer sábado de agosto, cuando cientos de periodistas se reunieron frente al Ángel de la Independencia, el monumento en honor a la independencia de México, en el centro del Distrito Federal. A las 12:45 p.m., comenzaron su marcha por la avenida principal, el Paseo de la Reforma. “Ni uno más”, coreaban los periodistas. “Ahora nosotros mismos somos la noticia”, explica Elia Baltazar, coeditora del diario Excélsior y una de las organizadoras de la marcha. La violencia, que ha dejado 61 periodistas muertos o presumiblemente muertos durante los últimos cinco años (casi todos en ciudades lejanas), finalmente ha afectado a Ciudad de México con el secuestro de los periodistas de televisión. “Lo más importante de la marcha es que se hizo”, dice Jorge Carrasco, quien hace crónicas sobre narcotráfico para la revista Proceso, una revista noticiosa muy crítica. Carrasco condena la falta de solidaridad que ha existido hasta el momento. Las primeras señales de cambio parecen representar una oportunidad para que la SIP trabaje con mayor ahínco a fin de marcar la diferencia en México. El grupo no ha tenido prácticamente ningún éxito en años recientes debido a la indiferencia oficial del Gobierno de México y al poder y el carácter despiadado de los cárteles del narcotráfico. “Son dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás”, manifiesta Ricardo Trotti. Una señal alentadora: en una reunión con líderes de la SIP y del Comité para la Protección de los Periodistas, celebrada el 22 de septiembre en Ciudad de México, el presidente Calderón prometió insistir ante el Congreso mexicano para hacer que los delitos contra la libertad de expresión se consideren delitos federales. Calderón dijo además que quería que México

Un manifestante durante la marcha de Ciudad de México sostiene una pancarta en demostración de su rabia — “Odio el silencio.”



estableciera un sistema para proteger a los periodistas en riesgo, como lo ha hecho Colombia.

“El presidente Calderón se mostró abierto y comprometido con los temas presentados”, dice el editor Robert Rivard, de San Antonio. “En ningún momento se mostró a la defensiva, lo que fue muy positivo desde nuestra perspectiva”.

Hasta la fecha, el Gobierno de Calderón ha mostrado poco apetito por federalizar los crímenes contra los periodistas, dice el congresista Clouthier, un ex editor de diario que ha estado promoviendo la medida en la Cámara de Representantes de México. Muchos funcionarios de los gobiernos locales han presionado a congresistas de su zona para que se opongan a la medida, dice Clouthier, porque “operan mano a mano con los elementos delictivos”. Dijo que los miembros de la SIP podrían hacer mucho más. Ellos “ven a la SIP como una forma de protegerse a sí mismos, no a sus periodistas”, dice. “Consideran que enfrentarse a los líderes políticos es poner en peligro los intereses de sus negocios”.

O, como expresara Marcela Turati, reportera independiente de Proceso desde las zonas de conflicto, poco antes de iniciarse la marcha: “No me siento protegida por la SIP. Es un club para propietarios”.

El grupo debe continuar su trabajo, pero debe reformar el Proyecto Impunidad para reaccionar con mayor rapidez y concentrarse más en proteger las vidas de los reporteros, especialmente en México. Podría realizar más seminarios sobre seguridad y ética, dice Darío Dávila, un periodista que ha trabajado desde hace mucho tiempo en las zonas de conflicto y que ahora dicta seminarios por Internet sobre entrenamiento de seguridad, a través de la Universidad de Guadalajara. “Necesitamos más acción”, manifestó.

Podría haber ya alguna ayuda en camino: a principios de este año, Trotti y otros miembros del Proyecto Impunidad se reunieron con el multimillonario mexicano Carlos Slim para recabar su apoyo. Slim, quien tiene acciones en el periódico The New York Times, pidió que se le presentara un conjunto e iniciativas que él pudiera financiar.

“Queda mucho más por hacer”Diana Calderón está sentada frente a su escritorio a finales de julio en Bogotá. Sus guardaespaldas esperan afuera para acompañarla cuando salga del edificio. Esto ocurre dos semanas antes de que el inmueble sea dañado por un coche bomba. “Siempre que pienso que estoy cansada y me siento mal al saber que tengo que andar todo el tiempo con guardaespaldas”, dice Calderón, “recuerdo a las familias que esperan resultados. Y los estamos obteniendo. Pero queda mucho más por hacer”.

VISTA DEL BECADO

Se invita a los becados de la Knight Foundation a responder a las conclusiones de la Serie de Análisis Reporteriles si de alguna manera no están de acuerdo. Abajo, una carta del director del Proyecto Impunidad, Ricardo Trotti.

Sin dudas este es un artículo muy bueno que retrata detalladamente el problema de la violencia contra periodistas, la impunidad de estos crímenes y el esfuerzo de la SIP para combatir estos flagelos.

Sin embargo, la historia hubiera estado más completa y balanceada si además de poner énfasis en la importante tarea de la Unidad de Respuesta Rápida, hubiera reflejado mejor las otras tareas de la SIP, especialmente su labor de advocacy, respecto a las leyes, la jurisprudencia y la cultura en contra de la impunidad que logró modificar, así como por el despliegue de 73 delegaciones internacionales, compuesta por autoridades y ejecutivos, a países de la región que entrevistaron a presidentes y otras altas autoridades; las 17 conferencias internacionales que convocaron a jueces, fiscales, ministros de Cortes Supremas y expertos en narcotráfico y crimen organizado o los 53 seminarios para entrenar a periodistas.

El artículo minimiza la labor internacional que el proyecto ha alcanzado, sobre todo en el involucramiento de organizaciones como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de las cuales, la SIP consiguió abrir un nuevo frente de batalla presionando a los gobiernos en su reputación por sus políticas de derechos humanos. Aunque no todos los casos presentados ante estas instancias tienen todavía resultados positivos, se resta importancia a que se trata de procesos que de por sí han ya cambiado la cultura indiferente y negligente que existía en materia de crímenes contra periodistas y su impunidad. Que el caso de Guillermo Cano haya sido declarado crimen de lesa humanidad para que no prescriba, es parte de esta nueva cultura jurídica.

Esta misma cultura proactiva en contra de la impunidad incentivada por la SIP es la que ha permeado en otras instituciones no gubernamentales que hoy luchan por los mismos objetivos. Gran parte del mérito ha sido que toda la tarea de advocacy, nutrida por las investigaciones de caso como materia prima y las labores expresadas en el primer párrafo, han servido no solo para que el procesamiento y condena de delincuentes deje ser de una quimera, sino para que el tema esté incluido en la agenda pública y periodística de cada país.


José Alfredo Jiménez y su esposa Esperanza Mota todavía esperan justicia cinco años después de la desaparición de su hijo Alfredo, un enérgico reportero policial de Hermosillo, México.

En el estacionamiento de Hermosillo, México, Alfredo Jiménez Mota fue secuestrado en el 2005 después de una reunión, tarde en la noche, con un informante.

Reportero Consagrado Vivió — y murió — Por sU gran HistoriaE MPALME, México – A un costado de un parque urbano,

inadvertida por los niños y jóvenes que juegan baloncesto y las niñas que saltan la cuerda, hay una placa gris sostenida

por un pedestal color de rosa. Sus palabras sencillas recuerdan la ausencia de un valeroso reportero que desapareció en el 2005 y exigen justicia. “A la ausencia de Alfredo Jiménez Mota. Exigimos Justicia”. Los padres de Jiménez Mota, quienes viven en esta pequeña ciudad costera del estado de Sonora, vienen al parque y se preguntan qué le pasó a su hijo. Un ex-boxeador en la secundaria que cantó en el coro de la iglesia del pueblo, Jiménez Mota vivió para la gran historia. En el 2004, dos años después de convertirse en reportero, fue contratado para cubrir las noticias del narcotráfico en El Imparcial, la mayor publicación de Hermosillo, capital de Sonora. “Para trabajar, no dormía, no comía y ni siquiera salía con su novia”, recuerda el ex director del periódico, Jorge Morales, quien contrató a Jiménez Mota. “Era muy activo y dinámico. Empezamos por no publicar los créditos de los artículos de mayor impacto. Él exigía la publicación de sus créditos”. El 2 de abril del 2005, Jiménez Mota notó que alguien le tomó una fotografía. Nervioso porque había empezado a recibir amenazas de muerte, se metió en un restaurante cercano antes de proceder a la sala de prensa de su publicación. Jiménez Mota, de 25 años de edad, no le contó a ninguno de sus colegas los eventos del día. Después de salir del trabajo esa noche, nadie lo volvió a ver. Cuatro meses más tarde, la SIP convocó a una reunión extraordinaria de directores. A insistencias de Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de esa entidad, los directores adoptaron una firme posición frente a la creciente violencia contra los periodistas en México y la impunidad para sus asesinos. El de Jiménez Mota parecía el caso ideal para inspirarlos a unirse. Sobre muchos reporteros asesinados en México había recaído la sospecha de haber cruzado la línea y recibir sobornos de los carteles de narcotraficantes. Sin embargo, nadie nunca dudó de la integridad de Jiménez Mota. Los directores decidieron crear un grupo de reporteros para investigar lo sucedido al joven reportero, publicar sus conclusiones y avergonzar a las autoridades para exigirles castigar a los culpables. “Todos estaban entusiasmados”, comenta Trotti. Llamaron Phoenix Project a su iniciativa, siguiendo el modelo de


Foto de la izquierda: Reporteros y ciudadanos comunes marchan solidariamente con la familia de Alfredo Jiménez Mota después del secuestro del reportero en el 2005, en Hermosillo, México. Foto de a la derecha: Jiménez Mota con sus padres, el día de su graduación.

un esfuerzo de varias docenas de periodistas investigativos que indagaron el mundo del crimen organizado después del asesinato, en 1976, del reportero Don Bolles, en Phoenix, Ariz.

Los refuerzos prometidos para el Proyecto Phoenix nunca llegaron. Un diario tras otro ofreció excusas acerca de por qué no podía contribuir con reporteros. María Idalia Gómez, coordinadora de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en México, vino a Hermosillo para colaborar con las labores de investigación. Un reportero de El Universal de Ciudad de México logró sacar alguna información en la capital. Pero al final, Omán Nevárez, colega de Jiménez Mota en El Imparcial, tuvo que hacer la mayor parte del trabajo de investigar y redactar.

Nevárez descubrió que Jiménez Mota se había encontrado en la noche del 2 de abril con un oficial de la policía, quien lo dejó en el estacionamiento de Soriana, una cadena local de supermercados, donde se reuniría con otro de sus informantes. El registro de llamadas del celular del reportero mostró que había recibido una llamada a las 11:04 p.m. del segundo informante, subdirector de la procuraduría general del estado. El funcionario inicialmente negó haberle visto. Confrontado con la evidencia de la llamada telefónica, negó haber tenido algo que ver con su desaparición.

El Proyecto Phoenix publicó un solo artículo. Gracias al trabajo de Trotti y El Universal, apareció simultáneamente en unos 40 diarios en todo México. Sin embargo, los planes para los artículos de seguimiento pronto se evaporaron. “Prevalecía la impresión de que era demasiado peligroso llevar a cabo este tipo de investigación”, dice Roberto Rock, director de El Universal en ese momento.

Nevárez y Morales recibieron amenazas de muerte por su

trabajo. Ambos llegaron a la conclusión de que el capo de un cartel de menor importancia ordenó el asesinato de su ex colega. Después de que las autoridades estatales fallaron en investigar seriamente el caso, los padres de Jiménez Mota apelaron al Presidente Vicente Fox, quien ordenó a los investigadores federales ocuparse del caso. Acosaron a los capos de la droga, confiscaron sus propiedades, capturaron embarques de drogas y les hicieron huir. Un día, el presunto cerebro y cabecilla, Raúl Enríquez Parra, fue lanzado desde un avión. Fue baleado y le habían cortado los testículos. Enríquez Parra tenía su tarjeta de identidad pegada a su pecho, aparentemente para no dejar dudas acerca de su identidad. Nevárez y Morales concluyeron que el cartel sacrificó a Enríquez Parra para apaciguar al gobierno. Las autoridades federales, en efecto, dieron marcha atrás poco después. El cuerpo de Jiménez Mota nunca ha sido encontrado, y nadie jamás ha sido encarcelado por el crimen. Nevárez y Morales siguen obsesionados por la desaparición de Jiménez Mota. Ambos abandonaron el diario para trabajar para el gobierno estatal de Sonora. “Como reportero, uno está expuesto, y la familia de uno, también”, comenta Nevárez. “Es mejor escribir acerca de deportes y entretenimiento”.Agrega, “Estoy decepcionado por no haber encontrado justicia para Alfredo y su familia”. Al igual que Morales, Nevárez elogia a Trotti y a Gómez por sus esfuerzos. Los padres de Jiménez Mota recientemente visitaron el parque en Empalme. “Es duro no saber lo que le pasó a nuestro hijo”, dice su padre, José Alfredo, mientras su esposa, Esperanza escuchaba cabizbaja. “Aquí, matan y matan, y nada sucede”.




IJUANA, México — Los periodistas de las ciudades provinciales de todo México operan bajo un nuevo código no escrito. “No me siento libre de reportar acerca

de todo, como me gustaría”, dice un periodista de Tijuana que se confiesa a condición de que no se revele su nombre, por el peligro que corre. “Tenemos que protegernos”. Agentes federales recientemente arrestaron a 62 policías de Tijuana, acusados de haber recibido sobornos de los narcotraficantes. Uno de ellos era bien conocido por la prensa local, debido a que organizaba fiestas navideñas infantiles en las que se repartían juguetes, por lo que recibía un tratamiento positivo de parte de la prensa. Otro policía de Tijuana fue

también arrestado esta vez en San Diego por la DEA, por proteger a narcotraficantes. Era el agregado de prensa de la procuraduría general del estado. “Uno ya no sabe quién es bueno o malo”, dice el periodista. “Uno no sabe en quién confiar”. La historia de un fotógrafo ilustra las condiciones extremas en las que se trabaja en ciudades como Tijuana, y las enormes dificultades que la SIP tiene que enfrentar para proteger a los periodistas y procurar que se haga justicia en México, hoy un país destrozado por las luchas intestinas. Para proteger la identidad del fotógrafo, le llamaremos Mario. La historia se inicia el día, hace ya varios años, en que

Dilema Mortal: Mantenerse a Salvo o Reportar

TUn hombre y una mujer lloran junto al cuerpo de un joven muerto a la entrada de su hogar en el barrio de Lomas Verdes de Tijuana.


recibió lo que parecía ser una llamada rutinaria para que tomara fotografías de un aparatoso accidente de tránsito. Sin embargo, ya nada es rutinario para los periodistas de Tijuana.

Mario encontró muchos policías y socorristas en la escena, e inmediatamente empezó a tomar fotos de los autos destrozados y los esfuerzos por atender a los heridos. Minutos después, el conductor del Mercedes que había causado el accidente notó a Mario.

“¡No tome fotografías!” le gritó, apuntándole en forma amenazadora. Mario no le hizo caso. En ese momento, Mario notó que el hombre llevó su mano al pecho, como si fuera a sacar un arma. “¡Tranquilícese!”, los policías le gritaron al hombre.

El hombre no llegó a sacar un arma, pero se acercó a Mario y empezó a golpearle. La policía separó al hombre y lo escoltó a una ambulancia. Entonces, los policías llegaron donde Mario y, ellos también, empezaron a golpearle.

Mario pidió ayuda, telefoneando por celular a su oficina y algunos transeúntes le gritaron a la policía para que lo dejaran tranquilo. Mario llevaba puesto su chaleco de fotógrafo, con el nombre de su publicación en la espalda. La policía retrocedió. “Si sabe lo que le conviene, amigo mío, lo mejor que podría hacer es irse”, le dijo apresuradamente a Mario un socorrista.

Enojado, Mario permaneció y observó cómo llegaba una caravana de vehículos de la policía. Un oficial desembarcó de un auto y abrazó al hombre que había amenazado a Mario. “Me alegro que esté bien”, Mario oyó decir al oficial. Los colegas de Mario llegaron en pocos minutos y se lo llevaron de nuevo a la sala de redacción. Un jefe de la policía llamó unos minutos después. Diciendo que su sobrino había resultado lesionado, dijo que quería comprar las fotos. El director del diario se negó. Otras llamadas telefónicas se recibieron de la policía: “¿Quién fue el fotógrafo?” preguntaron. Los directores se negaron a decírselo. En cambio, sacaron a Mario por la puerta trasera y lo enviaron fuera de la ciudad al día siguiente. Los directores decidieron que no podían arriesgarse a publicar las fotos. Las enviaron a la DEA y descubrieron que el hombre que había causado el accidente de tráfico y era protegido por la policía era un conocido narcotraficante quien, naturalmente, era buscado por la policía. Pasaron seis semanas y el asunto parecía haberse enfriado. Mario había regresado a Tijuana. Estaba en el centro de la ciudad cuando oyó una gran cantidad de tiros. Todos los presentes


Luces de la policía revelan un lúgubre panorama de muerte — un asesinato relacionado con las drogas en Tijuana, cerca de la frontera con los Estados Unidos.



Más víctimas como resultado de una balacera con narcotraficantes y sus matones en Tijuana, México. El policía herido, que se observa en la distancia, murió después.

La violencia relacionada con el narcotráfico en Tijuana se ha generalizado al punto que ni siquiera los pequeños escolares pueden escapar de ella.

huyeron de la escena. Mario corrió hacia ella. Primero encontró un jefe adjunto de la policía con la cara sangrienta, quien había sido el blanco de los narcotraficanes. Mario empezó a tomarle fotos y a cuatro policías que vio heridos en el suelo. Dos de ellos morirían durante los minutos inmediatamente después. Mario observó cuando los policías sacaron a toda prisa al jefe adjunto de la policía. El jefe adjunto de la policía fue encontrado al día siguiente. Su cadáver había sido descuartizado. “Sus propios hombres lo entregaron a los narcotraficantes”, Mario dice ahora. Mario nunca ha contado estas cosas a su familia, a sabiendas de que lo presionarán para que se busque un trabajo más seguro. Sigue consagrado a su oficio. “No soy bien pagado, pero esto es lo que me gusta hacer”, comenta. “Me cuido, pero tampoco me controlo. Cuando tengo mi cámara, pienso en las fotos que estoy tomando. No tengo miedo. Mi miedo es no tomar las fotos que debería tomar”.


u misión fue fortalecer las artes en el Silicon Valley, pero 1stACT tuvo primero que entender a su audiencia y a las fuentes potenciales de ayuda económica, dice su

Directora Ejecutiva Connie Martinez. Para ello, la organización no lucrativa financió un estudio que descubrió unas cuantas verdades acerca del informe de la Sociedad Interamericana de Prensa que dice que nueve periodistas han sido asesinados en México en el 2010, mientras otros ocho han sido secuestrados y se presumen muertos. Estos hechos suenan verídicos. Sin embargo, no lo son. “Es muy difícil conocer toda la verdad y ser exactos”, comenta Ricardo Trotti, director del Proyecto Impunidad de la SIP. La SIP incluye periodistas en su lista de muertos sólo si los investigadores creen que su muerte violenta fue en represalia por su trabajo como periodistas. Sin embargo, llegar a esa determinación puede ser difícil en un país brutalmente violento, donde la policía en raras ocasiones lleva a cabo buenas investigaciones y los fiscales con demasiada frecuencia prefieren hacer la vista gorda. ¿Fue el periodista silenciado para mantener escondida una verdad incómoda? ¿O fue sólo un robo fortuito? ¿Existe evidencia que demuestre que el periodista estaba recibiendo sobornos de un cartel y fue asesinado por otro? Además de estas preguntas, hasta la decisión de si una persona muerta califica como periodista puede ser debatida. Todo esto explica por qué el número de muertos de la SIP para México, en el 2010, es diferente al del Comité para Proteger Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que cuenta sólo un asesinato confirmado en México relacionado con el trabajo y otros siete asesinatos por motivos sin confirmar, en el 2010. María Idalia Gómez, investigadora de Respuesta Rápida de la SIP en México, juega el papel más importante para determinar en nombre de la organización por qué un reportero fue muerto. Gómez se ha pasado 17 años trabajando como periodista cubriendo casos de crímenes, derechos humanos y la seguridad nacional. “Estoy bien familiarizada con los fiscales, los jueces y la ley”, cuenta Gómez en un email. Gómez también ha creado una red de fuentes periodísticas en todo el país para que la ayude a investigar la muerte de un periodista. “Tomen, por ejemplo, el caso de María Esther Casimbe, quien desapareció en el 2009 en el estado de Michoacán”, escribe Gómez. “Si habla con sus colegas reporteros, le dirán que recibía dinero de los narcotraficantes. Sin embargo, he recibido información importante que indica que, si examinamos su


Contando Los Muertos: La Exactitud es EscurridizaS situación económica y la forma en que llevaba a cabo su trabajo,

esa información es falsa y que su muerte probablemente tuvo que ver más con el hecho de que ella no aceptaba sobornos”. ¿Por qué entonces en México para el 2010, la SIP tiene un recuento de muertos más alto que la CPJ? Tomen, por ejemplo, el caso de José Luis Romero. Reportero de 43 años de edad para Línea Directa, estación radial del estado de Sinaloa, Romero fue secuestrado por enmascarados al entrar a un restaurante el 30 de diciembre del 2009. Su cuerpo fue encontrado el 16 de enero del 2010, baleado y con las manos rotas. El detective asignado al caso fue también asesinado, seis horas después de la denuncia del secuestro. El fiscal general del estado dijo que los casos podrían estar relacionados.

Romero había cubierto las noticias policiales para Línea Directa durante 10 años. El Director de Noticias, Luís Alberto Díaz, expresó al CPJ su creencia de que Romero había sido víctima de la guerra entre dos carteles. Díaz dijo también que “el asesinato de un conocido periodista radial conviene a los carteles porque intimida al público”. En su conjunto, los hechos demuestran que a Romero lo asesinaron en represalia por su trabajo. Sin embargo, el caso no está resuelto del todo. La SIP incluyó a Romero en su lista de periodistas asesinatos. El CPJ lo puso en su lista

de “motivos sin confirmar”. Sin hablar específicamente sobre el caso de Romero, Trotti explica que la SIP normalmente prefiere errar explicando la muerte de un periodista como relacionada con su trabajo. En otras palabras, según comenta, “en caso de duda, preferimos incluir los casos” en la lista de asesinados de la SIP. Esta práctica sirve los intereses del grupo porque la usa para demandar justicia de los gobiernos. El CPJ, sin embargo, sigue un patrón más estricto al incluir a periodistas asesinados en su lista sólo después de asegurarse de que su muerte estuvo relacionada con su trabajo de periodistas. Esta práctica es similar a la del patrón de periodismo seguido en los Estados Unidos de publicar información delicada sólo después de haberla confirmado con por lo menos una fuente irrefutable. “Somos extraordinariamente rigurosos al decidir quién ha sido confirmado y quién no”, comenta Mike O’Connor, ex corresponsal extranjero para diarios y la televisión, quien ha sido representante del CPJ en México durante los últimos dos años. “Tenemos que estar verdaderamente seguros”. Examinando los enfoques de los dos grupos, es razonable asumir que la SIP podría sobreestimar el número de asesinados, mientras que el CPJ podría hacer lo contrario.

José Luis Romero


author of The Next American Metropolis and The Regional City. And getting the big things right: A city must have “a healthy balance of uses,” such as shops, housing, jobs and a diverse population. It needs “places that attend to pedestrians” and sidewalks big enough for cafes. Place making, he said, includes “catalytic institutions,” such as art museums and performing arts districts “sitting on top of a healthy framework. If you don’t get the framework right,” he said, “it doesn’t matter how much you put on top. It won’t work. “Much of San Jose’s downtown has the right stuff,” Calthorpe said. “It may be it just needs to get kicked to the next level.” It’s an audacious task, amounting to changing both appear-ance and perceptions. Leading the charge, beginning as early as 2003, has been Martinez, previously planning director for the community of Mountain View and executive director of the Children’s Discovery Museum of San Jose, where she took an organization run like a family and imbued it with structure, greater meaning and respect. For years, she has also been a member of the American Leadership Forum, a chummy brother-hood of Silicon Valley people in high places. Harnessing longtime friendships and alliances, Martinez has at her side the sovereigns of Silicon Valley: leaders of Adobe, Cisco Systems and Applied Materials, (although not the rock stars of Google or Apple), all of whom share her desire to add texture to the physical and cultural landscape. To push the agenda, in the summer of 2006, Martinez enlisted then Knight Ridder CEO Tony Ridder and Adobe’s Chizen to accompany her to what would be prescient meetings with San Jose’s mayoral candidates, seeking their support for a vibrant

Bruce Chizen, former CEO of Abobe Systems and 1stACT’s chairman emeritus, sees an economic upside to 1stACT’s agenda. Silicon Valley needs a vibrant urban core and lots of cultural stimuli to retain its world-class work force, he says.

new vision for downtown. It worked. In January, 2007, when San Jose Mayor Chuck Reed gave his inaugural address, he spoke these simple words: A great city has a great downtown that is economically strong and vibrant with arts, culture and entertainment. And he made Martinez the master of ceremonies. The city manager and the city council endorsed 1stACT’s concepts. The redevelopment agency earmarked $5 million for 1stACT’s strategies to improve downtown. Martinez was on a roll. But civic messages don’t always wash over every bureaucrat’s cubicle. Knowing that, Martinez & Company spent months going door to door to 87 organizations and 3,000 people, from neigh-borhood groups to the chamber of commerce, peddling their vision for downtown. Until 1stACT came along, “we were whirling around, bouncing from tactic to tactic,” said Scott Knies, executive director of the San Jose Downtown Association, one of 1stACT’s most vocal allies. 1stACT, he said, pulled them out of “the weeds” and made them look “at the 10,000-foot view.” That view: Silicon Valley needs a creative urban center, a physical manifestation of its innovation and creativity,” he said. In October 2007, Martinez and 1stACT received a three-year, $3.5 million matching grant from Knight Foundation to support their efforts. “Based on a 2009 national study we commissioned from Gallup, called Soul of the Community, we know that people feel more attached to a place that is physically beautiful, has opportunities for socializing and is open to a diverse range of people,” said Paula Ellis, Knight Foundation’s vice president for strategic initiatives. “We want to help make San Jose a destina-tion for people to live, work and play.” The grant spelled out Martinez’s plan to find another $3.5 million in cash, nurture emerging multicultural arts leaders, increase financial support for arts and culture and “transform San Jose’s cityscape to an active network of public spaces with a sense of arrival and destination.” 1stACT told Knight the initiatives would raise community self-esteem, foster cultural connections, enhance livability and help Silicon Valley lure and retain “the world’s most creative people.” 1stACT’s objectives, even in good times, sounded to some observers as more aspirational than doable. “1stACT was launching its canoe into an incoming tsunami, the worst recession in three-quarters of a century,” said city council member Liccardo. The anticipated millions did not flow. Local foundations were more inclined to keep alive current initiatives than to fund new ones, and “they wanted to see traction,” Chizen said. Although the Knight grant required 1stACT to find matching funds, Marti-nez took a longer view: “We were not ready until we created the ideas worth investing in.” 1stACT was able to raise $795,000 in cash from private

REPORTER ANALYSIS

SCENE CHANGER:The Story of 1stACT Silicon Valley

A pedestrian walks by a sign in the SoFA district, a once bleak stretch of downtown San Jose recently renovated with funding from 1stACT Silicon Valley and the San Jose Redevelopment Agency. It’s a brighter, livelier and more pedestrian-friendly place that draws café crowds and gallery hoppers. But it’s still emerging as a viable arts and entertainment district.

Analysis by Carol Pogash • Photographs by Kim Komenich

hey set out to create a sense of place in a major Ameri-can city that lacks a soul. Civic leaders in San Jose, Calif., observed the chasm between the geniuses of Silicon Valley and “the flatness of how we look and feel,”

as one described it, and were convinced they could change it. Their vehicle: 1stACT Silicon Valley, initially a network of volunteers directed by the charismatic Connie Martinez and later backed by funds from the John S. and James L. Knight Founda-tion. With support from several of the Valley’s high-tech leaders, 1stACT re-imagined San Jose as a vibrant urban center and cultural magnet. “The way things happen in this valley is through networks,” said Martinez, a longtime civic player, describing her approach. “We’re very Web-like.” That works to her advantage because Martinez is as connected as an adolescent on Facebook. Along with her supporters, 1stACT chiseled a bold vision into its strategic plan: make San Jose a destination with a cultural identity “equal to the richness of our diversity and global leader-ship in technology and innovation.”

Nearly three years later, true to its name, 1stACT is just mounting its production, nowhere near reaching its aspirational destination. Despite absorbing the wallop of the global economic crisis, Martinez and her staff of charming go-getters entered the trenches, renovating a bleak downtown neighbor-hood known as South of First Area in a pilot project for other districts to emulate. Or not. With twinkling lights and blooming geraniums, SoFA looks a lot better, and artsy crowds gather there for special events. But the rest of the time it’s mostly an empty place. During the day, “you could shoot a cannonball down the street and not hit anyone,” said one city councilman. Supporters say this will change with the economy, but critics say there was too much emphasis on making cosmetic improvements and not enough on luring anchor tenants. “Tarting up a place,” one civic leader

SEPTEMBER 13, 2010REPORTER ANALYSIS


One in a series of independently reported articles looking at Knight Foundation’s own grant making.To see previous stories in the series, go to www.kflinks.com/ra


"The John S. and James L. Knight Founda-tion advances journalism in the digital age and invests in the vitality of communities where the Knight brothers owned newspa-pers. Knight Foundation focuses on projects that promote informed and engaged commu-nities and lead to transformational change. For more, visit www.knightfoundation.org

Join the conversation and follow Knight on Twitter via @knightfdn

4

Workers install sidewalk extensions to create space for planters and outdoor cafés. Bringing people outside and creating places for them to connect are among the design principles 1stACT advocates for downtown San Jose.

Caffe Trieste, one of San Francisco’s most venerable restau-rants, added an outdoor café to its SoFA location after 1stACT spruced up the area.

sources and $1.2 million in cash from the redevelopment agency. It met the rest of its fund-raising obligation to Knight by substitut-ing in-kind services worth approximately $1.6 million.

SCENE TWO 1stACT’s signature project is South of First Area (SoFA) in downtown San Jose, a scruffy stretch of art galleries, restau-rants, nightclubs and vacant storefronts. It was designed to demonstrate 1stACT’s core principles: creating a destination, showcasing Silicon Valley innovation and diversity and making streets pedestrian friendly. It’s where, Martinez says, “we got our hands dirty.” And if it worked, she imagined, “it would spill over into new ways of looking at the rest of downtown.” It is 1stACT’s most ambitious project, with $1.7 million in private and public money spent so far. Initially, locals “were cynical,” said Ben Soriano, who owns South First Billiards in SoFA, which doubles as an art gallery. 1stACT’s “optimism and positive attitude,” he said, “was a huge change for us.” With $275,00 of its Knight money, 1stACT brought in Ken Kay, a San Francisco urban designer and landscape architect, who listened to people’s desires and developed plans to narrow streets, widen sidewalks for cafés and add planters, flowers, festoon lighting, bike racks, banners and a gateway to mark the entrance of SoFA. Kay called it a “paradigm shift” that took three years to negotiate “and three weeks to build.” Widening sidewalks required buy-in from the transportation, fire, planning and cultural affairs departments. Before wrapping tiny lights around palm trees, 1stACT staff needed to find a power source, resolve the payment structure for electricity and win approval from the department of transportation. When Erika Justis, 1stACT’s director of Creative Place, wanted to add plants, officials warned that homeless people would throw up on them.

“I don't think we quite knew what we were getting into,” Justis said. “I don't think we understood how many people had to be involved [and] how much time it would take to get all those people on board.” Along the way, 1stACT began chipping away at the city’s mind-set and changing its laws. 1stACT’s staff attacked obstructionist ordinances that made it illegal for coffee carts to be on the street before 10 a.m. or for street vendors to cluster. When they encountered a byzantine process for granting outdoor café permits, 1stACT set about untangling it. With city strategist Kim Walesh, who says she has the wounds to prove it, they cut the police department out of the mix and simplified procedures. The redevelopment agency assigned a staffer to hold the hand of merchants seeking outdoor café permits. “1stACT galvanized the politicians to say ‘clean up the rules so an average human being can expect to [acquire an outdoor café permit] in a lifetime,’” said Bill Ekern, the redevelopment agency’s director of project management.

SCENE THREE By June 2009, SoFA looked a lot better. On weekends, neigh-borhood restaurants Caffe Trieste and Original Joe’s now bustle with customers who sit al fresco on new sidewalk extensions. And The Agenda Restaurant (with an excellent but oxymoronic menu of healthy Southern cooking) is doing something innova-tive: it’s open for lunch. One night a month, on South First Friday, SoFA comes alive with gallery crawlers. A man wearing spats cycles around on an antique bike, a transvestite discos on a platform inside an art studio. Opera lovers attend Puccini’s La Rondine, while across the way a karaoke ice cream truck lures sweet-toothed singers. Gallery owner Brian Eder, who started South First Friday in 2000,

REPORTER ANALYSIS

SCENE CHANGER The Story of 1stACT Silicon Valley

5

Bicyclists dance to the tunes of a live band before their monthly Bicycle Party, recently held for the first time in SoFA.

said 1stACT helped the monthly event expand into the street. “I’ve been here since 1972,” he said, and until recently “no one was talking about the art scene here. In the last three to five years people sense something different is going on. I believe 1stACT is part of that.” With $100,000, 1stACT solicited bids and is funding 14 mini-projects in SoFA, such as a bike party-band meet-up held one night in May, four youth performances in a pocket park, and a DIY techno art festival held in June. Martinez and her staff point to new shops that have gone into SoFA, including studios for yoga, ceramics, art glass and the martial arts, along with offices for cultural institutions. But as Veronica Cruz, the owner of the new yoga studio explained, the street improve-ments didn’t lure her or her customers. However, the French laven-der in the oversize vases in front of her store “is very pleasant” and “makes it easy for people to come back,” she said. Echoing her view, Steve Borkenhagen, owner of Eulipia Restaurant and Bar in SoFA, says, “I’m not sure it brought us new customers, but it made the neighborhood better.” As manager of another up and coming area, San Pedro Square, he said that “at some point” he might want to replicate some of what 1stACT and the redevelopment agency have done. Martinez says SoFA demonstrates the difference that “small wonders” can make. Others suggest it demonstrates their limita-tions. Storefronts are still vacant, and while landlords have been persuaded to put paintings in them, they have failed to wash filthy windows. The anticipated crowds haven’t materialized except during special events, which are often funded by 1stACT. “I would have been happy to have something less attractive,” Liccardo said, if Martinez and 1stACT had focused on bringing in “creative businesses.” “You think you put the pieces in place and people will come,”

said the redevelopment agency's Ekern. “It’s a much longer slog for getting people there. It’s a larger task than 1stACT thought it would be.” “They discovered,” he said, “that some things are inert.” Critics argue that the redesign of SoFA is too suburban, failing to reflect the area’s uniquely techie and edgy culture. “They had a huge opportunity there to do something different, but settled for a generic streetscape,” said Joel Slayton, an artist, researcher and the brains behind San Jose’s international techno-art show known as Zer01. Still, he added: “Doing some-thing is better than nothing.” He wished 1stACT and the redevelopment agency had focused less on street decoration and more on providing incen-tives for new businesses to move in and provide an identity. SoFA, he said, would be enriched by shops that sell recycled products, a software company and, say, fashion designers. “Give it character,” he said. “Then let it grow.” What’s missing from SoFA is “an economic driver,” said Denny Abrams, a SoFA consultant who turned Fourth Street in Berkeley into a destination of unique boutiques and restaurants. He blames much of SoFA’s troubles on a recalcitrant landlord’s refusal to divide vacant buildings into retail-friendly spaces. Calthorpe, the nationally recognized urban planning expert, sees another problem: It might be difficult for San Jose to build traction around the idea that it’s the heart and soul of Silicon Valley. Stanford University, he said, was and is, though he said “the place-making idea is right on target.” Martinez says 1stACT isn't finished in SoFA, though there have been no new physical developments in a year. The economy, she says, hampered everything. For example, a new luxury apartment building in the shadows of SoFA, which would have brought hundreds of consumers into the area, remains vacant. Finishing planned improvements, such as a renovated park, and continuing the funding of arts events will at some point become a “tipping point” that turns the place into a destination, she says.

SCENE FOUR As SoFA evolves, Martinez is unbowed, convinced 1stACT can be the civic catalyst for urban and cultural improvements. Progress includes: • Graduating two dozen multicultural arts leaders from an annual training program that teaches grant-writing and community-building skills and introduces them to national arts and corporate leaders. The goal: change the complexion of Silicon Valley arts leadership. • Financing research showing Silicon Valley is a land of “wealthy geeks and immigrants” who value art that is “acces-sible, diverse, innovative and participatory.” Martinez explained, “We are a scrappy start-up culture. We might be a CEO by day and play in a band at night. You can’t rally around opera and

REPORTER ANALYSIS

SCENE CHANGER The Story of 1stACT Silicon Valley 8

Transforming Three Blocks ofTHE SoFA DISTRICT

• Number of sidewalk extensions: 3• Number in use by three restaurants: 1 (other restaurants have applied for permits)• Number of weeks for installation: 3• Cost: $300,000 (not including street realignment)

EXTENDED SIDEWALKS LIGHTED TREES AND STREETS

• Number of palm trees wrapped: 18• Number of strands of festoon lighting: 12• Cost : $7,000

SoFA has long had arowdy nightclub scene butcould use more grownupsvisiting shops andrestaurants. Lights strungacross the street andwrapped around palmtrees infused the streetwith an invitingatmosphere.

• Number of planters: 97• Number of plants: 330• Number of weeks for installation: 3• Cost: $159,000

Nothing tames concrete like blossoms. Until 1stACT pushed, San Jose never had flowers downtown. Now rosemary, lavender, geraniums, black bamboo, hebe and salvia pour from boxes and oversized vases.

With the local redevelopment agency, 1stACT chose a bleak stretch of three blocks in downtown San Jose to show how “small wonders” such as wider sidewalks, lights and flowers could create an urban gathering place. They added these amenities and events before the economy chilled progress. Only one block got everything, and plans for a renovated park are on hold. The

place looks a lot better, and lively crowds gather for gallery hops and special events, but not so much during the day.

SOURCES: 1stACT Silicon Valley, The San Jose Redevelopment Agency

Workers widenedsidewalks, whichencouraged restaura-teurs to serve customersoutdoors. That helps therest of the street,because a cappuccinocrowd creates bustle,excitement and a rich street life.

You want a sense of place? Give an artist some paint. There are two murals on building walls and a third to come. SoFA stakehold-ers made the selections.

• Number of weeks it took to install: 7-8• Cost: $50,000

Cars and pedestrians don’t mix. Switching from parallel to diagonal parking narrowed the roadway, and made drivers slow down. Now the street is more pedestrian friendly.

• Number of workers to move parking meters and paint roadway: 4• Cost: $3,000

With seed money, 1stACT lured events to SoFA including: • SubZERO, an annual DIY festival mixing art, tech and music• Left Coast Live, a downtown local band festival• A performance of the famed San Jose Jazz Festival• San Jose Bike Party , a monthly gathering before a bike ride, which

1 2

ADDED FLOWERS AND PLANTERS5

NARROWED STREETSPAINTED MURALS 43

ADDED EVENTS6

for the first time, was located in SoFA. Left Coast Live supplied the music.


The John S. and James L. Knight Foundation commissions independent journalists to write occasional articles reviewing its grant making and program strategies. Veteran reporters examine grant documents, conduct interviews and offer their perspective on the lessons learned and impact of Knight-supported projects in stories published online and in print. This initiative, known as the Reporter Analysis Series, began in 2006. This report was authored by Carol Pogash, a New York Times correspondent, book author and former reporter for the San Francisco Examiner. Pulitzer Prize winning photog-rapher Kim Komenich, who teaches multimedia at San Jose State University, produced the photography and video. The package was designed by Hiram Henriquez of H2H Graph-ics & Design and former Miami Herald graphics editor. The series is edited by Judy J. Miller, who oversaw Pulitzer Prize winning coverage while managing editor of The Miami Herald. She is former president of Investigative Reporters and Editors. For more information about the series, please visit www.knightfoundation.org

ABOUT THIS SERIESUnderstanding the Valley:Some Surprises AboutIts ‘Geeks and Immigrants’

I

7

By Carol Pogashts mission was to strengthen the arts in Silicon Valley, but 1stACT first needed to understand its audience and the poten-tial sources of financial support, says CEO Connie Martinez.

So the nonprofit funded research that found some obvious truths about Silicon Valley: it’s a region of “geeks and immigrants” unlike any other. And some not so obvious truths: its citizens are gener-ous, but they give their money globally, not locally. Martinez says she knew going in that raising money from wealthy Silicon Valley “was a chasm to cross. I don’t think we knew how huge or how strong the philanthropic force outside the region was,” she said. “So we did the research. We know who we are. We know what our economic system looks like. We know

what our strengths are. We have data so we can have a conversa-tion about this.” Findings include: • Silicon Valley is populated by educated, rich and diverse residents. Forty-three percent of its citizens hold college degrees or higher as compared to 27 percent nationwide. Silicon Valley’s median income is $82,481, nearly three

times that of Miami at $28,009. Silicon Valley has more than twice the number foreign-born residents, at 36 percent, than cities such as Minneapolis with 15.3 percent. • Not surprisingly, Silicon Valley has twice the number of high-tech workers than any other major metro community in United States. • Its population is not concentrated in the city of San Jose, but spread out in the suburbs. • Its ethnic population is prosperous and part of the civic leadership of the region. • Silicon Valley has approximately 650 nonprofit arts and culture organizations, most of which are small, younger and scraping by with volunteers. Some 70 percent have budgets under $50,000. Less than 10 percent have budgets above $500,000. There is only one big-budget nonprofit — San Jose Tech Museum of Innovation with $10 million — compared to other big cities such as New York, Los Angeles and San Francisco, which have opera, ballet and museums with big budgets.

• Despite the wealth and education in the region, residents do not consider arts and culture a basic need. Arts groups receive 14 percent of their revenue from individual donations, as compared to 31 percent nationwide. • Of the philanthropic funds that stay in Silicon Valley only 9 percent are invested in arts and culture, placing it below Minne-apolis, San Francisco, Pittsburgh and Portland. • The tech elite of the Valley give globally, not locally. Ninety percent of major Silicon Valley foundation money, 80 percent of corporate giving and 70 percent of community-foundation money leaves the region. There are exceptions such as the David and Lucille Packard Foundation which gives locally to the arts. Martinez knows “data is not enough. You have to have a compel-ling vision to invest in.” So 1stACT gathered civic and arts leaders to agree on several big projects they think will resonate with the Valley’s diverse, tech-oriented and family-focused residents — and attract philanthropy (see Creative Agenda graphic). If 1stACT can “move the philanthropic needle 10 points in Silicon Valley, we would be talking about anything between $125 million and $200 million a year,” she said. Much of the funds would go for education- and poverty-related causes, but a portion would be set aside for Silicon Valley arts and culture.

“There isn’t an industry leader or a foundation leader in this valley who will enter into a conver-sation without data.”

– Connie Martinez1stACT CEO

REPORTER ANALYSIS


THE CHALLENGE Silicon Valley’s tech economy has brought high-paying jobs and suburban growth, but its workers are connected by what they do, not by shared arts and culture or a sense of place. The region lacks an urban core, with a thriving arts and cultural scene, street life and public amenities. San Jose, though the nation’s 10th largest city, lacks a vibrant downtown.

• Short-term: 1stACT’s plans were grandiose and its projects, begun in 2007, were hurt by the economic meltdown and slow private fund raising. There are visible signs of change: “small wonders” like flower planters, festoon lighting and murals in SoFA, but some buildings remain vacant, and the crowds mostly show for special events.

• Intermediate: Promised marketing and fund-raising campaigns are yet to launch, though solid plans are in place. Most notably, 1stACT has successfully confronted and changed city ordinances that obstructed crowd-pleasing public gathering places. Its cultivation of young, ethnic arts leaders will very likely pay off in time.

• Long-term: 1stACT is a long way from creating a sense of place and cultural identify for Silicon Valley. The group has identified “big-ideas” projects it wants to develop with others such as downtown park improvements, iconic public art and a creative center for the arts, where cultural groups can share costs and concepts. Now donors need to get behind them.

1stACT’s impact on public officials and civic-minded organizations appears significant and long term. It’s changed the way San Jose officials speak about their city. Now they talk about creating a sense of place. In the past, they didn’t.

THE INNOVATION With a $3.5 million, three-year matching grant from Knight Foundation in October 2007, 1stACT Silicon Valley hired staff to improve the appeal of downtown San Jose, raise money to invigorate and promote the arts and train multicultural arts leaders. Strategically, 1stACT set out to pursue “big deals” and “small wonders”, and chose a bleak, three-square-block area of San Jose known as SoFA (South of First Area) to demonstrate how to turn a struggling neighborhood into a public gathering place.

THE IMPACT

ANALYSIS HIGHLIGHTSsymphony. That would be DOA.” • Providing seed funding, with guidance from the research, to “non-Eurocentric” arts and cultural programs such as an annual band festival and a biannual event mixing arts and technology. • Forging agreements with dozens of community leaders to seek philanthropic support for several civic and cultural projects, such as a creative center for the arts, public arts projects and a grand downtown park with sculpture gardens. (See “Creative Agenda” graphic.) Those agreements followed lots of groundwork. 1stACT spent its first two years doing what Martinez calls “sausage making”: researching the region, developing urban design concepts, engag-ing the community and coming up with an agenda that 1stACT and its supporters believe will inspire participation and philanthropy. Last October, Martinez invited 30 foundation, corporate and individual givers to a meeting at which they discussed those and other big ideas. Several of the organizations who attended the meeting, including the Packard Foundation, Deloitte, Bank of America and Target, are contributing to the early development of several projects. “They’re looking for the brass ring of corporate sponsors,” said the redevelopment agency’s Ekern. Though the Knight grant is for three years, Martinez says it will take five to 10 years for 1stACT to bring its projects along, then wrap them up and turn the work over to others. Martinez says she wants to raise $25 million. Whether she gets the money or not may depend on how donors view what 1stACT has done so far. There's no doubt 1stACT has raised ambition in San Jose. Though the groups most tangible project in SoFA was relatively modest, the big shift has been in the attitude at City Hall, where officials “have started to see their role differently, through the lens of what 1stACT made possible,” Knies said. The San Jose Downtown Association’s strategic plan now recog-nizes downtown as a creative urban center. The redevelopment agency also adopted 1stACT’s views of downtown. Officials now routinely review projects with aesthetics and destinations in mind, Liccardo said. “But I can’t say we dropped everything to do those things,” he added. On most big projects, “we’re stuck in the mud.” Liccardo credits 1stACT with removing bureaucratic hurdles for people who want to do something creative. “Internally there has been a raising of consciousness for the city to get out of the way,” he said. Has 1stACT been able to create a sense of place? “No, not in the way I define sense of place,” said former board chair Chizen. “Have there been major improvements? Absolutely,” he said, pointing to SoFA, the change in ordinances and in attitude. “Is [Martinez] able to get the ball rolling on things? Yes. Are there things that would have happened anyway? Possibly. But not at the speed it happened.”

REPORTER ANALYSIS


BIGGEST OBSTACLE“The global recession. It put a damper on things and people got scared. People turned to us and said, ‘Help, help, help.’ Expectations went up and capacity to deliver fast went down.”

BIGGEST SURPRISE“The politics on the street. In SoFA [where 1stACT with the redevelopment agency tried to transform three dreary blocks into a destination] people had strong personalities. There was infighting within SoFA and across sectors, and there were people who don’t get along with each other.”

LESSONS LEARNED“The more you control, the less control you have. Collaborative leadership is about inspiring people to act in concert with you. It has nothing to do with directing the outcome.”

said, isn’t the way to create a destination. Beyond SoFA, 1stACT trained multicultural arts leaders and provided seed funding for live music and digital arts projects, offerings Martinez says resonate in Silicon Valley. Martinez says 1stACT has also provided the impetus and garnered support from community leaders for several civic and cultural ideas, such as a creative center for the arts, iconic public art projects and a grand downtown park. Next, she plans to look for funding. While 1stACT’s changes may not yet be all the group had envisioned, Martinez and company have changed the city's conversation about itself. Leaders now talk about developing San Jose as the region’s urban hub. City plans emphasize the impor-tance of aesthetics and a sense of place. They didn't before. And in Martinez, the community has gained a leader who’s corralling disparate civic groups, public officials and the philan-thropic community to unite behind a common cause. “Connie is pushing people to think bigger or more creatively,” said Dan Fenton, CEO of the San Jose Visitors and Convention Bureau. “She’s saying, ‘Isn’t there a better way to differentiate us?’”

SCENE ONE Only a few decades ago, San Jose was embroidered with plum and apricot orchards. Today it’s the 10th largest city in the nation, home to the NHL’s Sharks and southern anchor of the Bay Area. But San Jose’s small and soulless downtown pales in contrast to San Francisco, and few think of it as Silicon Valley’s urban core. For goat cheese salad, Monet and Manet, world-class opera and ballet, even for street cart crème brûlée, locals drive north to San Francisco, the place they simply call “The City.” The region’s world-class workers report to insular campuses in suburbs like Sunnyvale and Cupertino, connected by tech work and families, but not so much by a sense of place. Instead of a cluster of high-rises developing in downtown San Jose, the Valley became home to a “bunch of buildings with logos,” said Bruce Chizen, former CEO of Adobe and 1stACT chairman emeritus. Slow to develop in San Jose are the classic attractants of a big city: a thriving street life, arts and culture, great public spaces. The gap between the talent pool and the city’s lackluster looks and offerings concerns local leaders. It’s enough to give a city an “inferiority complex,” said San Jose city councilman Sam Liccardo. Worse, some leaders believe the gap between the creativity of the work force and the blandness of the landscape could have an economic impact. “In order to be the best in the world, you have to have the best, brightest and most creative employees in the world,” Chizen said. “The only way that you are going to continue to attract and keep employees in the Valley is by having a great vibrant community with lots of [cultural] stimuli.” But creating a sense of place is a large and complex undertak-ing. “It’s about revitalizing neighborhoods,” said Peter Calthorpe,

2

Connie Martinez, CEO of 1stACT Silicon Valley, stands in front of one the murals her group commissioned. Next she wants to raise $25 million for projects that may include an urban park, public art, office-gallery space, children’s arts programs and a marketing campaign.

REPORTER ANALYSIS

CONNIE MARTINEZ: IN HER OWN WORDS


9

Buy and convert an abandoned packing plant into a home for theater and arts organizations to share space, business services and ideas.

Status: Encouraging. 1stACT has negotiated a hold on a proposed site. A dozen arts groups have expressed interest. Deloitte is conducting a pro bono business case analysis (valued at $180,000), figuring out what it would take to do the project and how much it could save. Its findings will determine how 1stACT moves forward.

CREATIVE CENTER FOR THE ARTS

Launch an annual campaign to bring opera, art, dance and theater to all Silicon Valley kids. Since some local cultural institutions have children’s programs, 1stACT CEO Connie Martinez says the plan is for “leveraging what we already have, but framing it in a way that will unleash investments.”

Status: First comes the bureaucracy. Four “leadership teams” are planning on “finishing their plans” and then fund raising.

CREATIVE TOTS, KIDS & TEENS

Place iconic public art downtown. Zer01, an organization 1stACT helped fund, produces a biannual digital arts show in downtown San Jose. Several iconic art works from each of the events would become permanent fixtures downtown.

Status: In gear. 1stACT staff and others are helping to select art for public display. They also want to change San Jose ordinances to make them more public-art friendly.

DESTINATION ART

In the category of the shoe repairman’s family has no shoes, the San Jose arts events website is unexciting and uninviting. 1stACT is merging local sites, improving the look and feel and starting an appealing campaign (Discover the Unexpected) for the region’s arts, culture and entertainment events.

Status: It’s a start. The region never had a unified message before. More than a dozen arts groups have signed on. More to come.

DISCOVER THE UNEXPECTED

Think Central Park and think long term. The 300-acre park in downtown San Jose would be re-envisioned as a grand urban park with sculpture gardens, bike trails and other amenities. 1stACT paid for designs.

Status: Future tense.1stACT is working on a study of best practices in “organizational support of parks.” It’s publicizing the issue and hoping foundations will see the value in a big, urban park. This is a 20-year project.

GUADALUPE RIVER PARK

A sense of place includes sounds. 1stACT continues to provide seed money and advice for Left Coast Live, an annual celebra-tion of local bands downtown which it hopes will foster year-round live music.

Status: 1stAct is leading the creation of a downtown music plan for San Jose, to be presented to the city council this fall.

LIVE MUSIC

First they brought “small wonders’’ to three blocks of downtown San Jose, improving aesthetics with festoon lighting, flowers, murals and space for sidewalk cafes. Now 1stACT is pushing “big ideas’’ — created with other civic and arts groups — to strengthen Silicon Valley arts and culture and create a sense of place. 1stACT would like to move forward with all six but that depends on the opening of wallets.

“All are in play now,’’ said former Adobe CEO Bruce Chizen, emeritus chair of 1stACT, “but what will be, is still not clear.’’

A Creative Agenda for Silicon Valley


SCENE CHANGER The Story of 1stACT Silicon Valley3

6

¿cómo puede la sip ofrecer mejor protección a los periodistas de la región?

News & Politics