capitulo 3 la ola de la privatización...
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CAPITULO 3
La ola de la privatización penitenciaria
3.1 Una muestra de la intervención carcelaria privada
3.2 ¿Cuáles fueron las causas que hicieron reaparecer establecimientos penales privados
en la década de los años 80?
3.3 El uso de la participación privada en sistemas carcelarios
3.4 Los nuevos tipos carcelarios
La ola de la privatización penitenciaria
El histórico desarrollo de la privatización carcelaria en los Estados unidos equivocó en
algunos momentos sus procedimientos y en otros corrigió, siendo la constante su
permanencia. Hoy las llamadas prisiones privadas son operadas por firmas que ofertan
financiamiento para la construcción, mantenimiento, administración, seguros, empleados,
transporte de presos, alimentación, ropa, etc. Toda una gama de bienes, seguridad y
actividades a establecimientos penitenciarios existen mediante la celebración de contratos
con los gobiernos locales, estatales y federales.
Si bien, durante el siglo XIX la participación privada en éste rubro casi siempre se
centró en negociaciones locales como las llamadas Correccionales Community-based que
aparecieron como una alternativa de la cárcel. A partir de la década de los años noventa
las negociaciones de las corporaciones tocaron la esfera nacional e internacional.
El crecimiento de las prisiones privadas ha sido desbordante. Para entender el
fenómeno de la expansión carcelaria en la contemporánea sociedad estadounidense se
necesita sólo mirar las estadísticas.
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Los Estados Unidos es un país que tiene más prisioneros que ningún otro país en
el mundo. – Casi el 1% de su población total1- con más de dos millones de personas tras
las rejas - 2,100,146- que representa el 25% de los prisioneros en el mundo – 8.6 millones
de prisioneros en el mundo-2 De éstas cifras se ha estimado que de cada 100,000
ciudadanos estadounidense 680 están en prisión –sentenciados, libertad bajo palabra,
liberta condicional- en comparación con otras naciones, este número sin duda es muy
alto. Cabe mencionar que aún cuando Rusia tiene el más alto promedio en población
penitenciaria en el mundo con 730 internos por cada 100,000 de la población nacional
mucho tiene que ver que es mas fácil encerrarlos que en los Estados Unidos.
Fuente: U.S. Bureau of Justice Statistics. World Prison Population.
Investigación estadística año 2000. http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/r116.pdf
El aumento del crimen en los Estados Unidos de América rebasó todo ajuste en su
política para éste rubro. La década de los años setenta orientó dos vertientes: por un lado
representa el inicio de la construcción de más cárceles; y, por el otro como en casi todos
los casos, los estados contaban con menos recursos financieros. Adicionalmente las
limitaciones presupuestarias y la creciente tasa de criminalidad constituyeron algunas de
Gr‡fico 3.1 Promedio de encarcelaci—n por cada 100,000 residentes
730
680340
145
125
110
110
110110
95 90 90 40 RusiaE.U.SingapureM�xicoInglaterraCanad‡ChinaEspa–aAustraliaAlemaniaFranciaItaliaJap—n
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las muchas razones que harían resurgir la intervención privada en el diseño, construcción
y administración de cárceles y prisiones en la era de la economía moderna.
“El movimiento de privatizar prisiones en los Estados Unidos, fue una respuesta pragmática de
ciertos estados a la crisis en las prisiones. El atestamiento en las instalaciones penitenciarias
existentes, la inhabilidad de los gobiernos y la sustancial baja de financiamiento, responden al
porqué se privatizó”.3 David Sichor
La ola de la privatización de centros penitenciarios se ha convertido en una
boyante industria cobijado por el extenso número de prisioneros que tienen los Estados
Unidos. Más de la mitad de todas las prisiones privadas incluyen prisioneros de mínima,
mediana y hasta máxima seguridad. Además, ésta modalidad ha tocado todos niveles de
gobierno: municipal, estatal y federal, sirviendo de modelo y extendiendo su práctica a
otros países como Gran Bretaña, Australia y Chile entre otros.
3.1 Una muestra de la intervención carcelaria privada
A la esfera de aplicación del sistema penitenciario estadounidense corresponden los
niveles federal, de los estados y de los condados. La autoridad estatal en términos
generales ha dominado la ejecución y administración de la ley penal, en consecuencia el
ámbito público ha conducido el procedimiento penitenciario. Sin embargo, posterior a la
problemática del hacinamiento en las cárceles y/o prisiones, reducciones presupuestarias
y la falta de establecimientos penitenciarios es que se aprueba el impulso en favor de la
intervención carcelaria privada como alternativa de solución.
Es la década de los años sesenta cuando se comenzó a contratar con operadores
privados para la gestión de centros de tratamiento comunitario de presos federales. La
privatización de uno de los establecimientos correccionales fue el llamado Job Corps
Program, una institución con 650 camas para jóvenes entre 16 y 21 años. El objetivo era
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proporcionar a éstos jóvenes un lugar especial donde pudieran concurrir, vivir, recibir
educación, entrenamiento vocacional, asistencia y orientación; en general una
oportunidad para reformar sus vidas, poder reintegrarse a la comunidad y obtener un
buen trabajo. Éste programa permitió a la empresa privada ofrecer y atender todas las
necesidades médicas, alimenticias y recreativas.4
En la década de los años setenta la Oficina Federal de Prisiones se apoyaba en los
establecimientos privados. Minessota aprobó en 1973 una legislación que permitía a la
industria privada operar en recintos de instituciones correccionales; se autorizó a la
administración carcelaria para arrendar edificios a corporaciones privadas por un periodo
no superior a veinte años. Respecto a los bienes producidos para la industria privada en
esos recintos carcelarios podían venderse en el mercado libre sujetos a la normativa que
regula a cualquier otra empresa de Minessota.
En 1979 en Washington se aprobó una ley que facultaba a la administración
carcelaria para arrendar espacio en un recinto penitenciario con una compañía privada
para operar una empresa comercial. En este año, el senador Charles Percy de Illinois,
presentó un proyecto al Congreso que se aprobó como Ley de Fomento a las Cárceles-
Industrias. Permitiendo el desarrollo de siete proyectos que utilizarían trabajo de los
reclusos para la fabricación de productos y posteriormente pudieran ser vendidos entre
los estados y al gobierno federal. Percy planteó éste proyecto con la esperanza de que su
aprobación disminuiría el costo del sistema penitenciario para los contribuyentes, además
de proporcionar trabajo útil para los reclusos aumentando su capacitación laboral y
reduciendo el ocio y las tensiones dentro del recinto penal.5
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Paralelamente a ésta tendencia en materia carcelaria los centros propios de la
Oficina Federal de Prisiones fueron cerrados en 1981 y desde entonces la colaboración
público-privada funcionó en relación a los reclusos en tránsito para obtener su libertad,
enteramente en instalaciones de propiedad y bajo administración de contratistas privados.
En 1989 existían más de doscientos de estos centros privados que albergaban a casi
cuatro mil reclusos.
Otra de las formas de contratación de firmas privadas procedió de parte del
Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos - U.S. Immigration
Service- para la detención de inmigrantes ilegales en espera de juicio ó expulsión del
país. El Servicio de Inmigración carecía del espacio físico necesario para custodiar a
aquellos que se aprestaba a deportar.
En 1988 el estado de Texas resolvió privatizar cuatro establecimientos carcelarios
con capacidad de 500 camas cada uno, hasta entonces, la más grande de las
privatizaciones que se había registrado. Dieciocho empresas de todo el país se sumaron al
sistema; y, en 1989 el Servicio de Inmigración y Naturalización ya estaba contratando
con cinco centros de detención y operación privada. Tales centros incluían un
establecimiento de 300 camas abierto en 1984 en Houston, Texas, por la Corrections
Corporation of America –CCA-; uno más de 175 camas en Laredo, Texas, también por la
CCA en 1985; uno más de 150 camas en Denver, Colorado, por la Wackenhut
Corporation en 1987; otro de 30 camas para mujeres y menores en El Centro, California,
administrado por Eclectic Communications Inc. –ECI-; uno más de 100 plazas, en Los
Angeles. En 1989 y 1990, el Servicio de Inmigración y Naturalización contrató con
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firmas privadas otros dos centros, uno de 100 camas en New York City –WC- y otro de
68 plazas en Seattle.6
En los primeros años de la década de los años ochenta, las firmas privadas
comenzaron a abrir cárceles y penitenciarías de mayor seguridad para reclusos bajo
jurisdicción de gobiernos estatales y locales.7 Para 1986, se abrió el establecimiento
denominado -Centro 268- en la localidad de Cowansville, Pennsylvania. En este mismo
año la Corrections Corporation of América –compañía líder en la privatización
penitenciaria- abrió un establecimiento con capacidad para 300 camas para reclusos del
estado en Marion, Kentucky; del mismo modo CCA firmó un contrató para encargarse de
la operación de la cárcel del condado de Santa Fe, Nuevo México y ofreció encargarse
del sistema carcelario de todo el estado de Tennessee.
De 1985 a 1986 el "boom de contratos" de la administración privada en
establecimientos penales propiciaron la construcción y operación de más prisiones. En
1989, dos prisiones de mínima seguridad fueron construidas por el estado pero operadas
por la CCA con capacidad para 500 camas en Cleveland y Venus, Texas; otras dos
prisiones de seguridad mínima comenzaron a ser operadas por Wackenhunt en Kyle y
Bridgeport, Texas.8 También, en este mismo año la CCA abrió un establecimiento de
200 plazas para reclusas del estado de Nuevo México, en Grants, completamente
diseñado, construido y operado por esa compañía proporcionando niveles de seguridad,
desde mínima hasta máxima.
Para 1990 la CCA se hizo cargo de la operación del Centro Correccional Winn, en
Winnfield, una prisión nueva, propiedad el estado de Louisiana y construida por éste con
600 plazas. A partir de este año, la CCA expandió sus actividades al ámbito
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internacional, al asumir la administración de una prisión de mediana seguridad del estado
de Queensland, Australia, con 244 plazas.
Otra forma de participación privada que emergió en la década de los ochenta fue
representada por las instalaciones de propiedad del sector privado, entregadas bajo
contrato de arriendo a los gobiernos, para uso por entes correccionales públicos. El
primero fue la Cárcel del Condado de Jefferson, en Colorado. Con ayuda de
inversionistas bancarios se creó una entidad privada que vendió certificados de
participación a inversionistas privados. Con esos ingresos se construyó la cárcel que
entonces fue entregada en arriendo al condado. Los fondos generados por los pagos del
arriendo se emplearon para pagar dividendos a los tenedores de certificados que así
recuperaron su inversión con intereses.9
3.2 ¿Cuáles fueron las causas que hicieron reaparecer establecimientos penales
privados en la década de los años 80?
La conjugación de diversos factores dieron lugar a que resurgiera el interés por la
propiedad y la administración privada. La necesidad de celdas carcelarias y penitenciarías
estaba creciendo a una tasa muy elevada; las autoridades públicas no podían construir las
instalaciones necesarias con la rapidez que exigía la situación imperante.
A partir de 1973, la población penal federal y estatal comenzó a crecer. Para
acoger tan sólo el aumento de 58 700 reclusos entre 1989 y 1990 se necesitaban, cada
mes, once penales medianos de 500 plazas. En 1990, los sistemas penales estaban
operando con exceso de ocupación por sobre su capacidad en casi todos los estados; en
conjunto, el sistema penal nacional estaba operando con un 4% por sobre su capacidad en
promedio.
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Ésta acumulación de problemas provocó resultados en la administración y
condiciones del sistema penitenciario estadounidense del momento. A mediados de 1991
en 40 estados, en el Distrito de Columbia, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes estaban
funcionando recintos penales qué, según los tribunales federales, se encontraban por
debajo de los estándares constitucionales, sumado a las deficientes condiciones en las
cárceles locales.
Pocos años después de la aprobación de la XIII Proposición en California (1978),
se habían impuesto 51 nuevos controles de gastos o restricciones de ingresos a dichos
gobiernos. Los impuestos a los ingresos fueron reducidos en 35 estados y los puestos a
las ventas en 19. A partir de 1980, la ayuda federal a los gobiernos estatales y locales
también comenzó a reducirse; en 1986 se extinguió el programa del gobierno federal para
compartir las rentas públicas, dejando a muchos gobiernos estatales y locales sin apoyo
federal directo por primera vez desde comienzos de los años setenta. Lo que contribuyó
en la incapacidad de los gobiernos municipales para financiar la operación de cárceles y
para construir instalaciones renovadas, porque ambos rubros eran financiados en éste
nivel gubernamental por impuestos locales.
En otras palabras, las estrategias y planeación penal en los Estados Unidos se
vieron completamente rebasadas. El aparto público sea federal, estatal o local mostró las
carencias que más tarde, ante el embate de necesidad, tendría que retomar el aparato
privado en este ámbito. El crecimiento de la población carcelaria aparece como un
fenómeno descarrilado e imparable, que inclusive iría creciendo por encima de las
necesidades sociales y económicas a las que parecía imposible más aún, atender.
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Ante éstas complicaciones los empresarios privados ofrecieron a los gobiernos
diferentes clases de financiamiento y acuerdos de operación que resultaban atractivos por
múltiples razones. En el nivel federal la rapidez para adquirir nuevas instalaciones era un
incentivo importante para acudir al sector privado, en lugar de un complicado proceso
que iniciaba desde la construcción. Otro de los elementos que resultó atrayente para los
gobiernos estatales fue la posibilidad de eludir la aprobación ciudadana para la emisión
de los bonos necesarios para la construcción de recintos penales como había ocurrido en
la década de los años ochenta que enfrentó pérdidas de un gran número de proposiciones
para construcción.
Las constituciones estatales establecen límites de endeudamiento público y exigen la aprobación
ciudadana antes de emitir bonos e incurrir en deudas: Los gobiernos no sólo tienen que esperar
hasta la próxima elección antes de poder someter a referéndum la emisión de bonos para la
construcción de establecimientos penales, sino que, además, deben enfrentar la perspectiva de
perder tales referendas. Frente al rechazo a las proposiciones de construcción, se desbordó el
problema: la demanda de celdas, las cortes de justicia estaban exigiendo que las condiciones de
reclusión no cayeran por debajo de los mínimos constitucionales, y los fondos para construcción y
operación de los establecimientos penales estaban severamente restringidos.
Consecuentemente, las firmas privadas podían financiar la construcción de
instalaciones carcelarias y luego cobrar a los gobiernos un precio por arriendo – per
diem-, que incluyera no sólo los costos de operación y márgenes de utilidad, sino también
una porción de los desembolsos de capital. Debido a que los pagos por tales honorarios
por arriendo de espacio en celdas o incluso arriendo de instalaciones completas no eran,
ni son considerados legalmente desembolsos de capital, los gobiernos podían obtener los
servicios que necesitaban y cargar el monto completo a sus presupuestos de operación,
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aún cuando parte de dichos montos en realidad se destina a reembolsar a inversionistas
privados.
3.3. El uso de la participación privada en sistemas carcelarios
Cuando se habla de la participación privada en el ámbito penitenciario es importante
definir sus formas de actuación. De éste modo conviene clasificarlas:
Las formas más simples es donde el gobierno contrata una empresa privada para
que opere uno de sus centros carcelarios existentes procurando con ello mejorar la
administración del recinto y reducir los costos asociados. La compañía privada que
maneja una prisión federal, estatal, un establecimiento local nuevo ó ya existente, además
de manejar la seguridad puede responsabilizarse de los servicios del establecimiento
penitenciario como servicios de comida, médicos, ropa, etc. Éstos servicios se establecen
directamente en el clausulado del contrato ó hace un subcontrato con otra empresa
privada. Es conveniente mencionar que las grandes compañías en éste rubro
generalmente suministran la mayoría de los servicios en los establecimientos que ellos
manejan, mientras que las compañías más pequeñas pueden hacer subcontratos con
algunos proveedores.
Otra forma es recurrir al sector privado para que financie y construya una prisión,
bajo el acuerdo de que la jurisdicción anfitriona va a suministrar presos y pagar una cuota
diaria o un pago mensual. La prisión es generalmente propiedad de la firma ó de una
corporación de desarrollo que lanzó una emisión de bonos libre de impuestos para
financiar su construcción. Más tarde mediante un contrato de “leasing”, el gobierno
asume la administración del establecimiento una vez que haya vencido el plazo
establecido en el contrato.10
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Una opción más es aquella en la que el sector privado financia, construye y
administra el establecimiento mediante una concesión por un período de tiempo no menor
de 20 a 25 años. En éste caso el gobierno se libera de los gastos y permite al particular
diseñar la prisión de tal forma que pueda disminuir sus costos de operación. Ello
generalmente se logra con una reducción en el número de guardias que deben circular
permanentemente en el interior del establecimiento.
El ejercicio tanto en contrucción como en administración de establecimientos
penitenciarios a través de la intervención privada, inclusive ha considerado un elemento
más, el aumento especulativo de presos. Una compañía puede construir un
establecimiento para alojar el desborde anticipado de presos de una o más jurisdicciones.
A éste tipo se le llama prisión especulativa es decir, el establecimiento se planifica, se
financia y se construye sin un arreglo contractual con una agencia gubernamental para
alojar a presos. Si bien éste tipo de desarrollo puede ser el más arriesgado para todas las
partes involucradas ya que genera solamente contratos de emergencia de propuesta única
con altos viáticos, por otra parte tiende a ser la forma más lucrativa para las compañías.11
Además, en caso de fracasar el gobierno queda en franco estado de indefensión por que
en la mayoría de sus formas lo responsabiliza de la deuda contraída. En otras palabras, las
jurisdicciones tal vez tengan que pagar precios altos para compensar deficiencias de corto
plazo. Es importante mencionar que esta modalidad representa uno de los constantes
debates por el peligro económico que representa.
Otra modalidad es la compra de establecimientos penitenciarios públicos por una
empresa en una jurisdicción determinada. Cuando las compañías privadas son
propietarias de un establecimiento penitenciario los gobiernos tienen mayores
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dificultades para cancelar los contratos. Ésta forma de privatización penitenciaria se ha
hecho más frecuente con la utilización de Inversiones en fideicomiso de Propiedades
Inmobiliarias ó Cuentas de Inversión Real REITs – Real Investment Trust- que
representan una alternativas para realizar inversiones en bienes raíces en los Estados
Unidos.12 La principal estrategia empresarial de un REIT penitenciario es construir ó
adquirir establecimientos penitenciarios y arrendar el espacio de camas a su compañía
afiliada encargada de administración. Los REITs penitenciarios le permiten a una
compañía de administración liquidar establecimientos penitenciarios; y, también le
suministra una fuente de autofinanciamiento, estableciendo ventajas económicas de
distribución directa a los accionistas.
Para 1999 la firma Correction Corporation of America, siendo el dueño y
operador privado más grande de instalaciones correccionales de los Estados Unidos,
consideró abrir el valor de sus activos – establecimientos penitenciarios- a través de un
REIT. Los accionistas de CCA llevaron a cabo una fusión muy compleja de CCA y sus
REITs y la CCA Prison Realty Trust. La compañía que finalmente surgió fué Prison
Realty Trust, Inc., un REIT penitenciario y CCA se convirtió en su subsidiaria activa.
Ésta fusión iba en contra de los criterios convencionales de la industria, y la CCA/Prison
Realty sufrió dificultades financieras y organizacionales como resultado de dicha fusión;
en otras palabras, no pudo resolver sus condiciones debido a problemas de flujo de
liquidez teniendo para este año una pérdida de $62 millones de dólares. En un intento de
rectificar sus problemas la CCA/Prison Realty trató de reestructurarse un año más tarde.
El plan de reestructuración propuesta incluía la renuncia de dos altos ejecutivos como el
Dr. Crants Co-fundador de CCA y su hijo Robert Crants III, además de un regreso a la
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configuración previa a convertirse en REIT. Teniendo el propósito de ofrecerle a la
compañía una mejor posición y acceso más barato al mismo. 13
La privatización en las prisiones es diversificada con características propias de
contratación que notablemente se diferencian unas de otras. En éste sentido el apéndice
preparado por Dennis Cunningham muestra una actual clasificación de diez tipos de
privatización carcelaria aplicada en algunos estados de los Estados Unidos.
Tabla 3.2 Tipos de Privatización
Número de opciones
Lineamientos de contratación Ejemplo de Instalaciones Penitenciarias
Opción 1: En las prisiones propiedad de un
estado, se contrata a una firma privada para operar estas prisiones. – The public owned facility-
Es representativo de las Halfway houses y para el Distrito de Columbia.
Opción 2: En las prisiones propiedad de un estado, vende una instalación a una firma privada. Acto seguido, la firma contrata con el estado el alojamiento de los internos y la operación del mismo centro, dentro de la ahora –the public owned facility-
La Correction Corporation of America contrata con la Correctional Treatment Facility del Distrito de Columbia.
Opción 3: El estado construye una nueva prisión y contrata una compañía privada para operar.- the public owned facility-
Departamento de correcciones de Ohio y Michigan
Opción 4: El estado financia la construcción de una nueva prisión a través de una firma privada que se encarga de construír y operar la instalación penitenciaria.
Frecuentemente usado por el Texas Department of Criminal Justice State Prisons.
Opción 5: El estado financia la construcción de todas las instalaciones penitenciarias. El estado construye y opera un determinado número de las instalaciones construidas. A su vez, los gobiernos locales eligen a una firma para construir y operar otra cantidad de centros penitenciarios.
Las cárceles del estado de Texas
Opción 6: Un constructor privado construye una nueva prisión y contrata con el estado dentro del cual está localizada el establecimiento penitenciario, para operar y alojar a los internos de este estado – the privately owned.
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Opción 7: Un constructor privado construye una nueva prisión y contrata con otros estados ( con excepción del estado donde se construye) para operar y alojar a los internos.
Northeast Ohio Correctional Facility in Youngstown, Ohio. De la CCA
Opción 8: El gobierno local suministra fondos para la construcción de un establecimiento penitenciario con la consigna de no beneficiar a la corporación; la cual después recibe del estado la venta de bonos exentos de impuestos para financiar la construcción y equipar la instalación para el alojamiento de internos de otras jurisdicciones.
Texas
Opción 9: La existencia de un consorcio de condados que opera y tiene la propiedad de una instalación privada, para alojar internos de otros condados.
Tuscaloosa County, Alabama.
Opción 10: El estado contrata con una firma privada para construír y operar una prisión en otra jurisdicción.
Oregon
Traducción personal del apéndice elaborado por Dennis Cunningham, Administrador de Prisiones Privadas del Departamento de Correccionales en Oklahoma Con el presente apéndice se basó la presentación de James Austin, Profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad George Washington, presentado en la Conferencia Nacional de Privatización. Marzo, 1998.
Ahora bien, éstos proyectos privatizados diseñan, construyen, preparan los
arreglos financieros de los centros penitenciarios pero, ¿cómo lo hacen?.
El proceso de privatización de centros penitenciarios, las consideraciones de
política pública, la regulación de los contratos, la protección del estado y de los internos,
representan los elementos y las reglas del juego de la privatización.
Antes de celebrar la contratación de servicios, la jurisdicción se encarga de
realizar un análisis detallado y sistematizado que determinen las condiciones que deben
regular el acuerdo de voluntades de las partes. Además, deberá incluir una evaluación de
los costos actuales en la prisión estatal, expansión de la población carcelaria, estándares
de rendimiento, regulaciones legales, los tipos de servicios, monitoreo, opciones de
compra de instalaciones privadas y la posibilidad de incumplimiento por parte de la
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compañía ofertante. Estas medidas son controladas por organismos como la Asociación
Americana de Acreditación de Correccionales -American Correctional Asociation (ACA)-
y la Comisión Nacional de salud en las Correccionales -National Commission on
Correctional Health Care (NCCHC)-.14
El estado pone especial atención en su propia protección como en la de los
internos, la garantía juega un papel imprescindible en la negociación. Cada contrato debe
proveer una adecuada protección de los derechos de los internos y la esfera de
responsabilidad del estado. Las compañías privadas en el ramo de las prisiones no podrán
escapar de la responsabilidad dispuesta en la Sección 1983 de la Ley de los Derechos
Civiles. Lo trascendente es que el estado debe por sobre todas las cosas protegerse de
cualquier acto injusto o erróneo de la empresa contratante y que pueda convertirse en una
controversia jurídica en desventaja para la jurisdicción. En todo momento la protección
del estado y del interno es fundamental.15
Las evaluaciones a las que se someten los establecimientos penitenciarios privados,
forma parte de uno de los elementos del contrato. Mucho se discute sobre el real
beneficio en cuanto a costos y la calidad en el servicio de las prisiones privadas en
contraposición con las prisiones públicas; sin embargo, las investigaciones realizadas
sobre este punto han logrado considerar factores eje desarrollados en la operación de un
establecimiento privado. Una de las clasificaciones de importante dimensión fue
establecida por el Dr. Charles Logan en 1991, que planteó un estudio de diez categorías
presentes en la celebración de un contrato para la mayor observación del establecimento,
que en términos generales se concentran de la siguiente manera:16
Seguridad: Respecto de los internos, staff y la comunidad en general
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• Actividades: Buscando la rehabilitación
• Cuidados: Ambiente seguro, sin peligros.
• Justicia: Reglas y leyes imparciales
• Orden: Un funcionamiento ordenado de la institución
• Salud: En general asistencia médica, dental, psicológica…
• Condiciones: Debe vigilarse constantemente para evitar crecimientos desmedidos
de población carcelaria, riesgos de salud, entre otros.
• Manejo: Capacidad y eficiencia del staff.
El proceso de privatización carcelaria es altamente cuidadoso, en todo momento la
política pública vigila los planes, manejo, costos, estándares, monitoreos; es decir todo lo
que estipula un contrato de esta naturaleza.
3.4 Los nuevos tipos carcelarios
Mencionar la privatización posiblemente conduce a la relación innata de la cultura
política angloamericana. La privatización es comúnmente definida como la venta al
sector privado de la economía de las empresas públicas.17 Resumido éste concepto como
una acción de vender un activo, generalmente una empresa ó un servicio público que
cambia éstas funciones, responsabilidades y capital activo de forma completa ó en parte
al sector privado de la economía.
En el caso específico de la privatización en establecimientos penitenciarios se
manifiesta de diversos tipos: proyectos arquitectónicos, financiamiento para la
construcción, mantenimiento, administración, seguros, empleados, búsqueda, transporte
de presos, alimentos, ropa y todo un menú de bienes y actividades.
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La privatización de establecimientos penitenciarios en Estados Unidos ha tenido
que ajustarse a su marco constitucional particularmente en relación con la 8a. Enmienda,
bajo la consigna de que la intervención privada de prisiones no pueda ser motivo de
castigos crueles e inusuales como lo sucedido en el pasado. Al mismo tiempo se ha tenido
la suficiente flexibilidad en las legislaciones de los diversos niveles de gobierno federal,
estatal y local para acoger la participación privada en cualquiera de sus modalidades.
El desenfrenado crecimiento de la población carcelaria iniciada en la década de
los años setenta se puede ilustrar de la siguiente manera: particularmente, entre 1940 y
1970 la población carcelaria tanto estatal como federal se elevó de 173,706 a 196,429,
solamente un incremento del 13%.18 El periodo entre 1975 a 1985 el número de
prisioneros tanto estatal como federal creció de 240,593 a 480,568, es decir un
incremento de 99.74%; considerando que es un periodo muy corto.19 En consecuencia,
entre 1985 a 1995 la población carcelaria federal y estatal se elevó a 1,125,874.20 En
total entre 1975 y 1995 el incremento de la población carcelaria, tanto federal como
estatal, creció un 367.96%.
El resultado se ha dirigido a la demanda en el sistema correccional y la
disponibilidad de opciones ante los métodos tradicionales existentes. La década de los
años ochenta es caracterizada por el fuerte resurgimiento de la privatización carcelaria
que fueron vistas como una parte de la solución ante la creciente presión de espacio en las
prisiones, al mismo tiempo los contribuyentes se encontraban poco dispuestos en pagar
más por servicios correccionales, por lo que fueron tomados los recursos de otras áreas y
servicios del estado.21
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Tabla 3.3 Número de personas recluidas en Prisiones Estatales, Federales o Cárceles locales
Periodo 1985-2001*
Año Total Internos
Federal Estatal Cárcel Promedio de encarcelación
+ 1985 744,208 35,781 451,812 256,615 313 1990 1,148,702 58,838 684,544 405,320 458 1991 1,219,014 63,930 728,605 426,479 481 1992 1,295,150 72,071 778,495 444,584 505 1993 1,369,185 80,815 828,566 459,804 528 1994 1,476,621 85,500 904,647 486,474 564 1995 1,585,586 89,538 989,004 507,044 600 1996 1,646,020 95,088 1,032,440 518,492 618 1997 1,725,842 99,175 1,059,588 567,079 645 1998 1,816,931 110,793 1,113,676 592,462 669
1999 1,893,115 125,682 1,161,490 605,943 691 2000 2001
1,937,482 1,962,220
133,921 143,337
1,176,269 1,181,128
621,149 631,240
684 686
Porcentaje incrementado
2000-2001
1.3%
7.0%
0.4%
1.6%
Promedio anual
incrementado 1995-2001
3.6%
8.2%
3.0%
3.7%
Nota: Los Condados incluyen todos los prisioneros recluídos dentro de establecimientos públicos y privados. + Número estimado de personas bajo custodia, por cada 100,000 residentes hasta Julio de cada año.
* En 1999, 15 estados proporcionaron su reporte que incluía también a los prisioneros alojados en instalaciones penitenciarias privadas. Fuente: Bureau of Justice Statistics (2002).
En 1995 la Oficina de Estadística del Departamento de Justicia -The Bureau of
Justice Statistics (BJS)- contabilizó 1,196 instituciones de reclusión a nivel estatal y
federal y 304 establecimientos community-based.22 De éste total los estados operaban
1,375 instalaciones y el Departamento Federal de Prisiones operaba 125. Éstas prisiones
tenían una capacidad para 976,000 camas – arriba del 41% en un periodo de cinco años-.
El número de instalaciones correccionales estatal y federal en operación se incrementó un
17%, de 1,287 a mediados de 1990 a 1,500 a mediados de 1995.
69
Tabla 3.4 Establecimientos Penitenciarios Agregados:
168 Estatales y 45 Federales entre 1990-1995
Prisiones y Community-bassed Estatal Federal
Características del establecimiento penitenciario
1990 1995 1990 1995
Número 1,207 1,375 80 125 Prisiones 957 1,084 80 112 Community-based 250 291 0 13 Capacidad 650,600 909,908 42,183 65,811 Prisioneros en custodia 658,828 941,642 56,821 81,930 Porcentaje de ocupación 101% 103% 135% 124% Establecimientos Privados 67 98 0 12 Promedio de internos recluídos 7,771 15,408 0 1,018 Nivel de Seguridad Máximo/alto 223 289 11 9 Media 368 438 37 25 Mínima 616 648 32 91 Órdenes de la Corte / decreto consentido*
Por alguna razón 323 378 0 113 Limitar la población 264 228 0 1 Por condiciones específicas 242 321 0 112 Por la totalidad de condiciones 212 149 0 0
*Suma específica de razones más que “por alguna razón” ya que algunos establecimientos estuvieron bajo órdenes de la Corte o decreto consentido por más de una razón. Fuente: James J. Stephan. 1997. Census of State and Federal Correctional Facilities, 1995. Bureau of Justice Statistics. Washington, D.C.
A finales de 1998 los Estados Unidos de América contaban con un total de 158
establecimientos carcelarios privados los cuales eran operados en 30 estados, Puerto Rico
y el Distrito de Columbia. El estado de Texas el mayor número con 43 seguido por
California con 24, Florida con 10, y Colorado con 9. (ver tabla 3.5)
70
Tabla 3.5 Distribución Geográfica de Establecimientos Penitenciarios operados privadamente Diciembre 31, 1998
Jurisdicción Número de
establecimientos Porcentaje de
establecimientos* Texas 43 23.4% California 24 13.0 Florida 10 5.4 Colorado 9 4.9 Oklahoma 8 4.3 Nuevo México 7 3.8 Tennessee 6 3.3 Mississippi 6 3.3 Arizona 6 3.3 Georgia 5 2.7 Kentucky 4 2.2 Puerto Rico 4 2.2 Arkansas 2 1.1 Carolina del Norte 2 1.1 Lousiana 2 1.1 Missouri 2 1.1 Ohio 2 1.1 Kansas 2 1.1 Otros 13 estados y D.C 14 7.6 Total 158 85.9 Total de establecimientos fuera de E.U.
26
14.1
Total 184 100.0 *La discrepancia en el número total es por redondear cantidades. Fuente:Thomas, Charles W. (1998) ______________________________________________________________
El reporte titulado “Prisioneros en el 2000” publicado por la Oficina de
Estadística del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicó que a mediados del
año 2000 había 1,320 establecimientos penitenciarios estatales para adultos, 84
establecimientos federales y 264 establecimientos de operación privada. A finales del año
2000 el mismo departamento de estadística hizo del conocimiento que los
establecimientos correccionales privados contaban con 87,369 prisioneros que
representaban el 5.8% a nivel estatal y 10.7% a nivel federal; la capacidad de las cárceles
locales contaron con 63,140 prisioneros tanto estatales como federales representando el
4.6% de todos los prisioneros. Entonces, el número oficial de personas encarceladas en
los Estados Unidos al final del año 2000 fue de 2,071,686.
71
En Julio del año 2002 fue publicado por el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos el reporte titulado “Prisioneros en el 2001” del que se desprenden las
estadísticas hasta el año 2001. El reporte subraya que los establecimientos correccionales
privados contaron con 91, 828 prisioneros representando el 5.8% a nivel estatal y 12.3%
a nivel federal; la capacidad de las cárceles locales albergaron a 70,681 prisioneros tanto
estatales como federales que representaron el 5.1% del total de los prisioneros. Por
consiguiente, el número oficial de personas encarceladas en los Estados Unidos al final
del año 2001 fue de 2,100,146, distribuido de la siguiente manera :
Prisiones Estatales y Federales 1,324,465* Cárceles locales 631,240 Establecimientos penales para Jóvenes (Octubre 1999)
108,965
Prisiones Territoriales 15,852 Establecimientos del Servicio de Inmigración y Naturalización
8,761
Establecimienots Militares 2,436 Cárceles Indias del país 1,912
*Se excluye en número de prisioneros estatales y federales dentro de cárceles locales. Reporte disponible BJS website http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/p01.pdf
Al final del año 2001, 32 estados, el Distrito de Columbia, y el Sistema Federal
reportó un total de 91,828 prisioneros en establecimientos penitenciarios operados
privadamente que en comparación con el año 2000 hay un incremento de 4,459 internos –
representando el 5.1%-. Para los estados de Texas (con 16,331 internos) y Oklahoma
(con 6,658 internos) representaron el más alto número a nivel estatal en el año 2001.
Seguidos de cinco estados que tuvieron una distribución de la población carcelaria en
establecimientos privados: Nuevo México (44%), Alaska (32%), Montana (33%),
Oklahoma (29%), Hawaii (24%), y Wyoming (28%); excepto para Wisconsin (con
16%), Dakota del Norte, Ohio e Indiana (con 4%) y Nueva Jersey (con 9%). El uso de
72
instalaciones privadas se concentró entre el Sur con un 8.1% y el Oeste con un 6.2%.23
Ver tabla 3.6
Tabla 3.6 Número de Prisioneros en Establecimientos Penitenciarios Privados,
Cárceles locales y Establecimientos Penitenciarios de otros estados. Por jurisdicción hasta finales del año 2001
En otro establecimiento Establecimientos privados Cárceles locales estatal o federal PNTP a PNTP a PNTP a
Total E.U. 91,828 6.5% 70,681 5.0% 6,111 0.4% Federal b
19,251
12.3
2,921
1.9
1,194
0.8
Estatal 72,577 5.8 67,760 5.4 4,917 0.4 Nordeste
3,131
1.8%
2,593
1.5%
1,262
0.7%
Connecticut 0 0 -- -- 497 2.6 Maine 11 0.6 3 0.2 50 2.9 Massachusetts 0 0 420 4.0 91 0.9 Nueva Hampshire 0 0 12 0.5 71 3.0 Nueva Jersey c 2,620 9.3 2,019 7.2 71 0.3 Nueva York 0 0 139 0.2 0 0 Pennsylvania 500 1.3 0 0 45 0.1 Rhode Island c 0 0 -- -- 46 1.4 Vermont c 0 0 -- -- 391 22.5 Mediooeste
6,920
2.9%
2,192
0.9%
875
0.4%
Illinois 0 0 0 0 31 0.1 Indiana 915 4.4 1,320 6.3 0 0 Iowa 0 0 0 0 0 0 Kansas 98 1.1 0 0 89 1.0 Michigan 449 0.9 237 0.5 0 0 Minnesota 0 0 184 2.8 144 2.2 Missouri 0 0 0 0 247 0.9 Nebraska 0 0 0 0 26 0.7 Dakota del Norte 44 4 21 1.9 21 1.9 Ohio 1,924 4.2 0 0 35 0.1 Dakota del Sur 35 1.2 16 0.6 39 1.4 Wisconsin 3,455 16.0 414 1.9 243 1.1 Sur
45,690
8.1%
57,782
10.3%
1,143
0.2%
Alabama 0 0 601 2.2 491 1.8 Arkansas 0 0 951 7.8 38 0.3 Delaware 0 0 -- -- 28 0.4 Dist. de Columbia 986 35.9 -- -- 4 0.1 Florida 3,998 5.5 0 0 0 0 Georgia 4,561 9.9 4,682 10.2 0 0 Kentucky 1,028 6.7 4,706 30.5 18 0.1 Louisiana 2,928 8.2 16,050 44.9 0 0 Maryland 128 0.5 140 0.6 45 0.2 Mississippi 3,634 16.9 3,736 17.4 0 0 Carolina del Norte 191 0.6 0 0 0 0 Oklahoma 6,658 29.2 903 4.0 70 0.3 Carolina del Sur 6 0 446 2.0 290 1.3 Tennessee 3,678 15.5 6,230 26.3 0 0 Texas 16,331 10.1 15,158 9.4 0 0
73
Virginia 1,566 5.0 3,440 10.9 86 0.3 West Virginia 0 0 739 17.5 73 1.7 Oeste
16,836
6.2%
5,193
1.9%
1,637
0.6%
Alaska 1,441 31.7 -- -- 1 0 Arizona 1,429 5.2 349 1.3 101 0.4 California 4,452 2.8 2,727 1.7 628 0.4 Colorado 2,390 13.7 129 0.7 0 0 Hawaii 1,251 22.9 -- -- 29 0.5 Idaho 1,348 22.4 249 4.1 91 1.5 Montana 1,087 32.7 496 14.9 37 1.1 Nevada 478 4.7 188 1.8 205 2.0 Nuevo México 2,484 43.8 0 0 18 0.3 Oregon 0 0 8 0.1 209 1.8 Utah 0 0 1,020 19.1 146 2.7 Washington c 0 0 0 0 81 0.5 Wyoming 476 28.3 27 1.6 91 5.4
PNTP: Porcentaje del número total de prisioneros. --No aplicable. La prisión y las cárceles forman un sistema integrado a Basado en el número total de prisioneros bajo jurisdicción estatal y federal. b Incluye 6,515 prisioneros federales recluídos dentro del centro community correctional, operado por una firma privada c Los prisioneros recluídos en establecimientos de otros estados, incluye casos interestatales. Fuente: Bulletin Prisoners in 2001. Bureau of Justice Statistics. U.S. Department of Justice, July 2002 BJS http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/p01.pdf
La apertura del sistema penitenciario de los Estados Unidos a la participación
privada representó una respuesta al desequilibrado crecimiento de la población reclusa.
La puesta en práctica de contrataciones con empresas privadas despertó el interés de otros
gobiernos: Gran Bretaña, Australia, Francia, Brasil quienes exploraron la posibilidad de
participación del sector privado en algunas de sus cárceles y penitenciarías enviando
delegaciones a Estados Unidos para inspeccionar las instalaciones administradas
privadamente. Lo ocurrido en los Estados Unidos sobre la intervención privada dentro de
los establecimientos penitenciarios posteriormente se presentaría en Inglaterra, Australia
y Sudáfrica.24
Dos firmas fueron dominantes al inicio de la década de los años noventa
manejando 21 de las 43 instalaciones correccionales que operaban hasta el momento.
Corrections Corporations of America tenía el manejo de 13 instalaciones en 5 estados y
74
Wackenhut Corrections Corporation manejaba 8 instalaciones en 5 estados. Para 1991
existían 14 firmas que operaban como industrias correccionales.25
En 1983 se funda la primer empresa privada en el ramo de las correccionales, Corrections
Corporation of America –CCA-. Thomas Beasley es uno de los pioneros de esta empresa, a quien
sirve de inspiración The Hospital Corporation of America –empresa líder del sector hospitalario
privado-. Sin duda es la empresa más importante en el sector privado penitenciario en los Estados
Unidos, controla más de la mitad de los internos y su oficina matriz se encuentra en Nashville
Tennessee, lugar donde se fundó la compañía.
Wackenhut Corrections Corporation –WCC- fué fundada en 1984 como una subsidiaria de la
Wacknhut Corporation, siendo la segunda empresa que controla la privatización penitenciaria en
los Estados Unidos. Su oficina matriz se encuentra en Palm Beach Gardens, Florida.
Ambas compañías construyen, operan, ofrecen servicios a los establecimientos penitenciarios en
cualquier modalidad de contratación.
75
Tabla 3.7 Compañías privadas que manejaron establecimientos privados para adultos
Noviembre, 1991 Establecimientos Capacidad
Compañía Número Porcentaje total
Número prisioneros
Porcentaje total de
prisioneros
Estados con establecimientos privados
Corrections Corporation of America
13
30.2
4,554
29.9
Florida, Louisiana, New Mexico, Tennessee, Texas
Wackenhut
8
18.6
3,234
21.2
California,Colorado, Louisiana,New York,Texas
Eclectic Comunications,Inc
3
7.0
490
3.2
California
Pricor, Inc. 3 7.0 854 5.6 Alabama, Texas
U.S. Corrections Corporation
3
7.0
1,350
8.9
Kentucky
Concepts, Inc. 2 4.7 1,900 12.5 Texas Correctional Management Affiliates
2
4.7
589
3.9
Kansas, Oklahoma
Mid-Tex Corrections
2 4.7 736 4.8 Texas
Volunteers of America
2 4.7 117 0.8 Minnesota
Otros 5 11.6 1,408 9.2 California, Kentucky, Texas, Washington
Total
43
100.2
15,232
100.0
Fuente: Adaptado bajo permiso de Charles W. Thomas y Suzanna L. Foard. Censo de establecimientos correccionales privados. Gainesville: Centro para estudios en Criminología y Derecho, Universidad de Florida, Noviembre 1991. Citado por David N. Ammons, Richard W. Campbell y Sandra L. Somoza. 1992. The optiion of Prison Privatization. The University of Georgia. p. 27
A partir de 1987 el número total de prisiones y cárceles operadas por el sector
privado a nivel mundial fue aproximadamente de 3,100. Para finales de diciembre de
1998 la capacidad en las instalaciones privadas se incrementó en más de 132,000 (ver
tabla 3.8). Para esta época ya existía en el mercado 14 firmas y al mismo tiempo 2 de
estas firmas contaban con más de tres cuartas partes en el mercado mundial en este ramo,
Corrections Corporation of America y Wackenhut Corrections Corporation.26
76
Tabla 3.8 Compañías privadas a diciembre 31, 1998
Compañía
Capacidad
Exceso de Capacidad
Total Capacidad
Percentaje*
Alternative Programs, Inc. 340 0 340 0.3% Avalon Correctional Services, Inc.
350
0
350
0.3
Bobby Ross Group 464 0 464 0.4 CiviGenics Inc. 3,563 0 3,563 2.7 Cornell Corrections, Inc. 5,794 0 5,794 4.4 Correctional Services Corporation
6,727
0
6,727
5.1
Correctional Systems, Inc. 272 0 272 0.2 Corrections Corporation of America
65,748
2,244
67,992
51.4
Group 4 Prison Services Ltd.
0
4,510
4,510
3.4
GRW Corporation 362 0 362 0.3 Management and Training Corporation
7,465
0
7,465
5.6
Maranatha Production Company
500
0
500
0.4
Securicor 0 800 800 0.6 Wackenhut Corrections Corporation
25,041
8,166
33,207
25.1
Total
116,626
15,720
132,346
100.0
* La discrepancia en el total, es debido al redondeo. • Fuente: Thomas, Charles W. (1998)
Para el año 2000, 13 firmas controlaban el manejo de estos centros penales. Un
análisis del centro de estudios en Criminología y Derecho de la Universidad de Florida
resumió una serie de datos representativos de las firmas que tienen el manejo
correccional en los Estados Unidos a partir del 31 de diciembre de 1997 al año 2000,
mismo que contempla la capacidad de sus instalaciones existentes, servicios,
construcción y los planes de expansión. Tal y como se muestra en la tabla 3.9. De éste
mismo censo presentado por el profesor Charles W. Thomas se desprendió que el número
de establecimientos privados para adultos distribuidos geográficamente en todo el
territorio de los Estados Unidos hasta el año 2000 correspondió a 158.
Sin embargo, el número oficial de establecimientos penitenciarios privados de
acuerdo al censo de la American Correctional Asociation al mes de abril del año 2002
77
resume un total de 204 establecimientos penitenciarios privados para adultos –incluido
Puerto Rico con 8 establecimientos- y 146 instalaciones privadas para jóvenes. Los
estados de Texas y Oklahoma mantienen la tendencia mostrada hasta 1998, es decir tanto
el número de instalaciones como su capacidad los mantiene en primer lugar. Véase
registro de datos en la tabla 3.10
Tabla 3.9 Compañías que tienen el manejo penitenciario desde diciembre 31, 1997 al año 2000
Capacidad de todos los
establecimientos bajo contrato a
Compañía 1997 1998 1999 2000
Alternative Programs, Inc. 340 340 340 340 Avalon Correctional Services, Inc.
150
350
350
350
The Bobby Ross Group 2,850 464 464 464 CiviGenics, Inc. 3,563 3,563 2,791 2,791 Cornell Corrections, Inc. 3,882 5,916 7,138 8,464 Correctional Services Corporation
2,629
6,891
6,517
4,241
Corrections Corporation of America
52,095
69,530
71,250
62,431
Correctional Systems, Inc. 170 272 272 272 Dominion Correctional Services Inc.
NA
NA
NA
2,064
The GRW Corporation 362 362 362 614 Management & Training Corporation
4,259
6,447
9,177
10,214
Maranatha Production Company
500
500
500
500
U.S. Corrections Corporation
5,259
NA
NA
NA
Wackenhut Corrections Corporation c,d
27,696
32,627
39,565
26,704
Nota: Estos datos fueron obtenidos a través del proyecto de Correccionales Privadas del Centro de estudios en Criminología and Derecho, de la Universidad de Florida.
a Se Incluye operación, construcción, y expansión de establecimientos. Fuente: Charles W. Thomas. Private Adult Correctional Facility Census. Center for Studies in Criminology and Law. (Online). Available: http://www.crim.ufl.edu/pcp/census/1997/index.html (Apr. 6,2000);
http://www.crim.ufl.edu/pcp/census/1999/index.html (Apr. 6,2000); http://www.crim.ufl.edu/pcp/census/2000/index.html (Apr. 17,2000). Tabla adaptada por SOURCE-BOOK Staff of Criminal Justice Statistics 2000. Bureau of Justice Statistics.
78
Tabla 3.10 Número e índice de capacidad en establecimientos privados para adultos
Por jurisdicción, Dic 31, 1997-2000
Número de establecimientos Indice de capacidad
Jurisdicción 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
Arizona 5 6 6 6 4,748 6,860 6,860 6,860 Arkansas 2 2 2 2 1,200 1,200 1,885 1,885 California 19 24 24 22 10,292 11,294 11,462 10,470 Colorado 8 9 6 6 3,444 4,644 3,824 3,824 District Columbia 1 1 1 1 866 866 866 866 Florida 10 10 9 8 6,223 6,255 5,465 5,561 Georgia 3 5 7 4 1,566 6,409 9,457 6,197 Idaho 1 1 1 1 1,250 1,250 1,250 1,250 Illinois 1 1 NA 1 220 220 NA 200 Indiana 1 1 1 1 670 670 670 670 Kansas 2 2 2 2 529 529 685 687 Kentucky 4 4 4 3 1,973 2,631 2,631 2,268 Louisiana 2 2 2 2 2,948 2,948 3,012 3,012 Michigan 1 1 1 1 480 480 480 480 Minnesota 1 1 1 1 1,338 1,338 1,338 1,338 Mississippi 5 6 6 6 3,176 4,650 4,700 4,700 Missouri 2 2 1 1 660 660 60 60 Montana NA 1 1 1 NA 512 512 512 Nevada 1 1 1 1 500 500 500 500 Nueva Jersey 1 1 1 1 300 300 300 300 Nuevo Mexico 6 7 7 8 3,836 4,864 5,322 5,500 Nueva York 1 1 1 1 200 200 200 200 Carolina del Norte 2 2 3 1 2,000 2,112 2,256 1,200 Ohio 2 2 4 4 2,256 2,256 4,140 4,140 Oklahoma 6 8 8 8 7,068 9,716 10,436 10,436 Pennsylvania 1 1 1 2 1,200 1,200 1,562 2,762 Puerto Rico 4 4 4 4 3,000 3,000 3,000 3,000 Rhode Island 1 1 1 1 302 302 302 302 Tennessee 5 6 6 6 5,628 7,326 7,326 7,326 Texas 41 43 42 43 27,139 29,690 29,820 30,385 Utah 1 1 2 2 400 400 900 900 Virginia 1 1 1 1 1,500 1,500 1,500 1,500 Washington 1 1 1 1 150 150 150 150 Nota: La ubicación geográfica de los establecimientos penitenciarios, no necesariamente indican los únicos contratos de esas compañías dentro de tales jurisdicciones; algunos estados contratan con otras jurisdicciones para alojar a sus prisioneros y otros estados proveen sitios para establecimimientos federales.
Los datos incluyen establecimientos privados en operación y construcción. Fuente: Charles W. Thomas. Private Adult Correctional Facility Census. Center for Studies in Criminology and Law. (Online). Available: http://www.crim.ufl.edu/pcp/census/1997/index.html (Apr. 6,2000); http://www.crim.ufl.edu/pcp/census/1999/index.html (Apr. 6,2000); http://www.crim.ufl.edu/pcp/census/2000/index.html (Apr. 17,2001). Tabla adaptada por SOURCE-BOOK Staff of Criminal Justice Statistics 2000. Bureau of Justice Statistics.
El gráfico 3.11 muestra por jurisdicción el número de establecimientos
penitenciarios privados para adultos en los Estados Unidos hasta el mes de abril del año
2002. Cabe mencionar que el estado de California cuenta con 13 establecimientos
penitenciarios que han celebrado contrato de privatización en cualquier modalidad –12
79
para adultos, 1 para jóvenes- cifra que se contrapone a los valores proporcionados en el
censo del Dr. Charles W. Thomas revisados en la tabla 3.10
Al respecto, los datos proporcionados en esta clasificación también fueron
respaldados por la Oficina de Estadística del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, sin embargo los resultados arrojados corresponden al año 2000. Por lo tanto la
cifra contemplada en el presente estudio para el estado de California será de 12
establecimientos apoyado en el censo proporcionados por la ACA y mismo que se
sustenta con el anexo que se acompaña al final de la investigación.
80
Fuente: American Correctional Asociation. Abril, 2002.
Las cárceles privadas en Estados Unidos representa un exitoso negocio que se
extiende por 38 estados, con 350 establecimientos privados sean adultos/juveniles
(estatales y federales) que albergan más de 91,000 prisioneros. La privatización carcelaria
Gr‡fico 3.11: Establecimientos Penitenciarios Privados por Ubicaci—n Geogr‡fica .
72
128
1
125
16
12
42
53
14
1
1011
84
15
417
48
11
744
13
7
ArizonaArkansasCaliforniaColorado
Distrito de ColumbiaFlorida
GeorgiaIdaho
IllinoisIndianaKansas
KentuckyLouisianaMaryland
MassachussettsMinnesota
MississippiMissouriMontana
NevadaNueva JerseyNuevo M�xico
Nueva YorkCarolina del Norte
Dakota del NorteOhio
OklahomaPennsylvania
Puerto RicoRhode Island
Dakota del SurTennessee
TexasUtah
VirginiaWashington
81
experimentó un explosivo crecimiento de 650 millones de dólares en 1996 a 1 billón de
dólares en 1997.27 Tendencia financiera que se mantiene hasta hoy en día.
La participación de las firmas se enfrenta al fenómeno de la competencia en la
que cada una de éstas compañías intenta obtener mejores resultados que las demás.
Aunque es difícil como tal, ante el imponente número de contratos que tienen las dos
empresas líderes en el ramo. La Corrections Corporation of America – CCA – es la
primera empresa en el mundo en cárceles privadas, seguida por la Wackenhut
Corrections Corporations – WCC- segunda empresa de correccionales privados. Ambas
compañías han multiplicado la capacidad de celdas de manera geométrica28 cotizan en el
Wall Street y han convertido una industria carcelaria en todo un esplendor financiero.
Sin embargo, los diversos resultados de este explosivo crecimiento trae consigo la
postura opositora respecto del beneficio económico de la privatización carcelaria, su
costo social, el débil asunto de la seguridad, que entre muchos ha generado conflictos y
debates al tenor del actual sistema judicial estadounidense.
Notas 1 La población estimada en los Estados Unidos según el censo del año 2000 es de 281,421 906. http://www.census.gov/main/www/cen2000.html 2 Aunque la población total de los Estados Unidos sólo equivale al 5% del total de los habitantes del planeta. Población penitenciaria mundial. http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/r88.pdf 3 Sichor David. 1998. Private Prisons in Perspectiva: Some Conceptual Issues. The Howard Journal, Vol. 37. No. 1 February, 1998. p. 265 4 Wackenhut Corrections Corporations comenzó con este establecimiento para jóvenes de ambos sexos, con dificultades económicas y sociales. Es un programa que se inició en la década de los años 60, durante el gobierno del Presidente Lyndon B. Johnson. Este antecedente ha permitido a los establecimientos comunitarios de transición desarrollar otros programas, de entrenamiento de personal. 5 La llamada enmienda Percy, permitió a las compañías privadas emplear a reclusos directamente, subcontratar el empleo de los mismos, administrar industrias en cárceles y comerciar con productos fabricados por reos. Cada proyecto piloto debía cumplir con una serie de directrices orientadas a sentar mejores condiciones. 6 En 1985 28 estados contrataban recintos para delincuentes calificados de escasa peligrosidad. Los gobiernos estatales y locales comenzaron a contratar servicios carcelarios con firmas que operaban recintos
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de relativa baja seguridad, considerados establecimientos de transición, con instalaciones de trabajo, casas de egreso, programas de tratamiento residencial y granjas penales. 7 En 1985 la CCA celebró un contrato con el condado de Bay County, Florida, la administración de la cárcel de Panama City. En este mismo año esta firma también contrató con el condado de Hamilton Conty, Tennessee, para operar el penal de Chattanooga, con 412 plazas. 8 La prisión "New Vision Chemical Dependency", en Kyle, Texas, es una de las más grandes del mundo y una de las que fue concedida a Wackenhut durante el proceso de licitación en 1988. Los programas que ahí se desarrollan incluyen educación básica, entrenamiento vocacional, asesoría y entrenamiento especial. Sobre la base de estos programas, el gobernador y legisladores sintieron la necesidad de atender a aspectos como la drogadicción entre reclusos, que meses mas tarde se adoptó en Kyle. 9 Estas fórmulas se hicieron más atractivas para los inversionistas por el tratamiento liberalizado de la depreciación en la -Economic Recovey Tax Act- de 1981 y se vieron estimuladas por los crecientes impedimentos para los métodos de financiamiento público convencional que se apoyaban en la emisión de bonos de obligación general. 10 En muchos casos una prisión construida y operada por una compañia privada, la jurisdicción compra la prisión después de un determinado tiempo, a través de pagos por derechos de arriendo. Este mecanismo ha sido definido por por las propias compañías de este género, como fórmulas que evitan a los gobiernos grandes desembolsos iniciales y solventan los costos correspondientes con el correr del tiempo. 11 Macdonald Jim. Dynamics of Growth of the Privatization Industry. presented at 4th Annual Privatizing Correctional Facilities, sponsored by World Research Group, Las Vegas, Nevada, September 24, 1999, pg. 14. 12 Las empresas se ofertan en el mercado por medio de acciones, las cuales pueden ser adquiridas por los inversionistas. 13 Prison Realty Trust- Right Back Where They Started. This story is reprinted from the January 10, 2000 edition of SNL Real Estate Securities Weekly. http://www.snl.com/real_estate/archive/20000110.asp 14 La ACA es un organismo independiente compuesto por profesionales de distintas disciplinas que diseña pautas para el buen funcionamiento y la correcta operación de un establecimiento penitenciario – seguridad, calidad de los alimentos, salubridad, atención médica, programas de trabajo para los reclusos, programas educacionales, etc- además, administra un proceso de acreditación voluntaria que certifica si una cárcel opera con determinados niveles de calidad. La ACA disfruta de una alta credibilidad en los Estados Unidos y los resultados de sus evaluaciones son clave en los procesos judiciales que versan sobre las cárceles. http://www.aca.org/ 15 Deben evitarse errores de incapacidad del estado de protegerse de cualquier pleito legal por actos contrarios de la compañía contratante, como lo ocurrido con Richardson v. McKnight. Austin James and Coventry Garry. 2001. Emerging Issues on Privatized Prisons. Washington D.C. Bureau of Justice Assistance. p. 71 16 Logan Charles, H. 1991. Prison Privatization: Objetions and refutations. University of Connecticut http://www.ucc.uconn.edu/~wwwsoci/fraser.html 17 Diccionario de economía y negocios. 1999. Madrid, España. Ed. Espasa Calpe S.A. p. 522. 18 Kathleeen Maguire and Ann L. Pastore (eds.) 1995. Sourcebook on Criminal Justice Statics. Washington D.C.:( Bureau of Justice Statistics, 1996).p. 556 19 Ibid. 20 Allen J.Beck and Christopher J. Mumola. 1999. Prisoners in 1998 (Washington, D.C.: Bureau of Justice Statistics, August, 1999) p. 3. 21 Travis, Lawrence F., III, Edward J. Latessa, and Gennaro F. Vito. 1985. Private Enterprise and Institutional Corrections: A Call for Caution. Federal Probation 49(4): p.11-16 22 "community-based facilities", un ejemplo de ellos son los lugares denominados half-way houses o cárceles de mínima seguridad. Cuando un prisionero está próximo a ser puesto en libertad, es trasladado a una half-way house, el principal motivo es que pueda reintegrarse a la comunidad, encontrar un trabajo y empezar una nueva vida; siempre bajo el control del sistema de prisiones. Otro ejemplo común es por el abuso de sustancias tóxicas. Cuando algún prisionero bajo esta circunstancia, se le concede la "libertad condicional" o “libertad bajo palabra”; en este caso se requiere recibir el tratamiento, y/o para permanecer por un periodo de tiempo corto en un determinado lugar. En una "community-based" permite que siga encarcelado en una prisión, y pueda en determinado momento ser parte de su sentencia.
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23 Harrison Paige M. and Beck Allen J. 2002. Prisoners in 2001. U.S. Department of Justice. Washington D.C. p. 1-7 BJS website http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/pdf/p01.pdf 24 Austin, James and Coventry, Garry. 2001. Emerging Issues on Privatized Prisons. Bureau of Justice Assistance. Washington, D.C.: US Department of Justice, February, 1999) p. 3. 25 Ammons David N., Campbell Richard W., Somoza Sandra L. 1992. The option of prison privatization. Georgia. The University of Georgia. p. 27 26 Tomas, Charles W. 1998. Issues and Evidence From the U.S. Stephen T. Easton (ed.)Privatizing Correctional Services. Vancouver, BC: The Fraser Institute. 27 Data from Nzong Xiong. 1996. Private Prisons: A question of savings. The New York Times, July 13, 1997. Data from Alex M. Singal and Raymond F. Reed. An overview of the Private Corrections Industry: Industry Analysis (Baltimore, Md: Legg Mason Wood Walker, Inc. July 16, 1997) p. 12 28 Wall Street Journal. June 10, 1993. p. B2