boletin de desgracias genovesas semanal/2011...ajuste para salvar servicios sociales" 28. c. a...

BOLETIN DE DESGRACIAS GENOVESAS

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 01 al 07 de octubre 2011 Nº 595

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INDICE

01. RAJOY QUIERE "HABLAR" DE LIMITAR MANDATOS Y REDUCIR DIPUTADOS

02. RAJOY PROMETE 3.000 EUROS A QUIEN CONTRATE A SU PRIMER TRABAJADOR 03. RAJOY: "PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEBE HABER MÁS COTIZANTES"

04. LA GENERALITAT SOLO CREA 291 EMPLEOS CON EL PLAN QUE PROPONE RAJOY PARA LOS AUTÓNOMOS

05. COSPEDAL PIDE REPLANTEAR LA ACTUAL COBERTURA A LOS PARADOS

06. PONS ACUSA SIN PRUEBAS AL GOBIERNO DE "FALSEAR" LAS PREVISIONES PARA 2012

07. AZNAR: EL PSOE "MENDIGA" A ETA POR UN GESTO

08. EL PP LANZA UNA DURA OFENSIVA CONTRA EL PSOE: "DAN ALAS AL ENTORNO DE ETA"

09. EL SENADO PAGA A LUCAS UN TERCER ASISTENTE ADEMÁS DE LOS DOS PREVISTOS

10. CASO GÜRTEL: LA RED FINANCIÓ AL PARTIDO POPULAR DE MAJADAHONDA

11. CASO GÜRTEL: EL FISCO VE INCONGRUENTE LA VERSIÓN DE LA ESPOSA DE BÁRCENAS SOBRE UNOS CUADROS

12. CASO GÜRTEL: CAMPS INSISTE EN TRASLADAR SU CASO AL SUPREMO PARA EVITAR AL JURADO

13. CASO GÜRTEL: LA OPOSICIÓN YA TIENE LOS CONTRATOS DEL TRATO DE FAVOR DE CAMPS A LA RED GÜRTEL

14. CASO GÜRTEL: INCULPADO EL EXPRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

15. CASO GÜRTEL: CAMPS OCULTÓ UNA LICITACIÓN DE 500.000 EUROS EN BENEFICIO DE LA 'GÜRTEL'

16. CASO GÜRTEL: CORREA INVERTÍA EN MIAMI PARA EVADIR IMPUESTOS, RECONOCE SU CORREDOR SEGUROS

17. CASO GÜRTEL: CORREA APELA A LA LIBERTAD DE LOS ETARRAS PARA EXIGIR LA SUYA

18. CASO GÜRTEL: DEL 'CASO GÜRTEL' A LA OPERACIÓN CAMPEÓN

19. CASO GÜRTEL: JUSTICIA PIDE QUE EL EXTESORERO DEL PP SEA IMPUTADO DE NUEVO

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20. C. A. ANDALUCÍA: FERNÁNDEZ DE MOYA IRÁ AL SENADO, AUNQUE DIJO QUE SOLO SERÍA ALCALDE

21. C. A GALICIA: MANUEL BALTAR: "LOS GOBIERNOS DEBEN MEDIRSE POR EL AHORRO"

22. C. A GALICIA: DIMITE UN DIPUTADO GALLEGO DEL PP ACUSADO DE COBRAR COMISIONES ILEGALES

23. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL CUMPLE SUS CIEN DÍAS DE GOBIERNO CON UNA HUELGA DE DOCENTES

24. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL UTILIZA LA WEB DE LA JUNTA PARA ARREMETER CONTRA EL PSOE

25. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL FICHA COMO ALTO CARGO A UN EXFALANGISTA

26. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL DEJA ABIERTA LA VÍA AL COPAGO SANITARIO EN CASTILLA-LA MANCHA

27. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL CONTESTA: "NO HAY RECORTE, ES AJUSTE PARA SALVAR SERVICIOS SOCIALES"

28. C. A MADRID: LOS SUELDOS DE TELEMADRID SALEN A LA LUZ

29. C. A MADRID: RTVM CIERRA SEPTIEMBRE CON UNA DEUDA DE 240 MILLONES

30. C. A MADRID: EL CONFLICTO DE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN INFLAMA LA ASAMBLEA

31. C. A MADRID: EL GOBIERNO ASIGNA UN SUELDO MÁS ALTO A SU VICEPRESIDENTE QUE A LA PROPIA AGUIRRE

32. C. A MADRID: EL SUELDO DE LOS DIPUTADOS SERÁ PÚBLICO EN LA WEB DE LA ASAMBLEA

33. C. A MADRID: LOS DOCENTES MANTIENEN EL PULSO CONTRA EL GOBIERNO MADRILEÑO

34. C. A MADRID: GRANADOS BUSCA SU SITIO

35. C. VALENCIANA: ALBERTO FABRA RECORTARÁ 400 MILLONES EN EL SECTOR PÚBLICO

36. C. VALENCIANA: CAMPS SE ALOJA EN EL HOTEL DE CINCO ESTRELLAS DEL CIRCUITO DE MOTOS DE JAPÓN 37. C. VALENCIANA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LAS AYUDAS DE BLASCO A UNA FUNDACIÓN

38. C. VALENCIANA: EL PP SE NIEGA A INVESTIGAR EN LAS CORTES EL ESCÁNDALO DE BRUGAL

39. C. VALENCIANA: CASTEDO SE DESMARCA DEL AMAÑO DEL PLAN GENERAL DE ALICANTE

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40. C. VALENCIANA: EL BUFETE DEL HERMANO DE CASTEDO RECHAZA EL PELOTAZO DEL PGOU

41. C. VALENCIANA: CÓMO 'COLOCAR' A UN LÍDER CORRUPTO

42. C. VALENCIANA: CASO BRUGAL: DICCIONARIO DE LA CORRUPCIÓN

43. C. VALENCIANA: UN PELOTAZO VERDE DE 120 MILLONES 44. C. VALENCIANA: LA FISCALÍA INVESTIGARÁ SI LA TRAMA BRUGAL ESPIÓ A BRIONES 45. C. VALENCIANA: HACIENDA EJECUTÓ A DÍAZ ALPERI UN AVAL DE 886.032 EUROS POR MOROSO

46. C. VALENCIANA: UNA REFORMA EN SU CASA Y EL CATASTRO DISPARAN EL PATRIMONIO DE FABRA

47. C. VALENCIANA: LA HIJA DE CARLOS FABRA SE PERFILA COMO CABEZA DE LISTA DEL PP POR CASTELLÓN

48. C. VALENCIANA: CARGOS DE LA GENERALITAT PAGARON COMPRAS DE SUPERMERCADO CON FONDOS PÚBLICOS

49. C. VALENCIANA: SÁNCHEZ DE LEÓN ADVIERTE A BLASCO QUE DEJE DE IR POR LIBRE

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01. RAJOY QUIERE "HABLAR" DE LIMITAR MANDATOS Y REDUCIR DIPUTADOS

Los populares proponen que los salarios se pacten según las necesidades de cada empresa y una reforma profunda en la negociación colectiva

"Estos días vamos a trabajar para ir concretando el programa", dijo Mariano Rajoy al llegar a la convención nacional del PP. Pero ayer hubo de todo menos concreción. De las comisiones de trabajo no salieron propuestas nuevas, no se detallaron las ya conocidas ni se votaron documentos. Solo el presidente del PP mencionó de pasada algo que sonó nuevo: se comprometió a "hablar" de la limitación de mandatos y de una reducción en el número de diputados y senadores porque es una de las cosas que le han pedido, dijo, los internautas. El resto de la jornada fue una autocelebración de las expectativas electorales del PP, cuyos dirigentes no dejaron de felicitarse a sí mismos en cada intervención.

Montoro: "No hay que subir impuestos, hay que bajarlos selectivamente"

Villalobos: "Algunos privilegiados tienen contratos fijos, y el resto, temporales"

"Hemos recibido, solo en estos días, más de 24.000 propuestas de ciudadanos a través de la página web. He pedido que esas ideas se toquen aquí para ver si es necesario tomar decisiones", señaló Rajoy a su llegada al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga para inaugurar el cónclave. Enumeró algunas de esas propuestas ciudadanas: "Me hablan de voluntariado, de educación, de universidad, de los abusos que están cometiendo contra personas mayores algunas entidades financieras, de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, de la limitación de mandatos para los dirigentes políticos en el poder ejecutivo, de la reducción de diputados, senadores y miembros de Parlamentos autónomos y corporaciones municipales". Y añadió: "De todo esto y de muchísimas cosas más, sobre todo de empleo, vamos a hablar".

Después vinieron los discursos de bienvenida, sobre todo el del expresidente José María Aznar, con el auditorio lleno. Y, cuando los discursos terminaron, el auditorio casi se vació y empezaron las comisiones de trabajo. Ayer había dos: la de economía y empleo, central para los populares, y la de exteriores. Ana Mato, jefa de campaña de Rajoy, había comenzado su intervención diciendo que en la convención se hablaría "muy poco" del Gobierno, pero nadie dejó pasar la oportunidad -empezando por Aznar- y la comisión económica se convirtió en un ataque sin cuartel a las políticas del Ejecutivo.

La presidía Cristóbal Montoro, responsable de economía del PP, que recordó algunas de las reformas que el partido se propone acometer si gana las elecciones: por ejemplo, "la del sector bancario". "Hay que hacer un saneamiento de los activos bancarios. Sanear los balances, sacar activos que no tienen el valor de mercado que hoy tienen en sus libros. Y para eso hace falta recapitalización europea", dijo. Otra reforma "fundamental": la del sector público. Montoro aplaudió el pacto alcanzado con el Gobierno para introducir el principio de estabilidad presupuestaria en la Constitución, y aseguró que la Ley de Estabilidad que debe poner cifras a ese pacto recogerá la "supresión" del déficit público. En teoría, lo que va a recoger no es exactamente la supresión sino una limitación del déficit al 0,4% a partir de 2020.

Montoro siguió enumerando reformas que el PP considera imprescindibles: la de las Administraciones públicas, para "evitar superposiciones" de competencias (no se dijo cómo); y la tributaria: "No hay que subir impuestos. Hay que bajar selectivamente impuestos. ¿A quiénes? A quienes nos tienen que sacar de la crisis: las pymes, los autónomos", explicó. El PP plantea bajar la presión fiscal sobre las empresas y modificar la forma de pago de algunos gravámenes, como el IVA, para que no tengan que pagarlo antes de haber cobrado la factura. Rajoy ha adelantado también la posibilidad de que las empresas compensen las deudas que tengan con la Administración con las que la Administración tiene con ellas.

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Y llegó a la reforma laboral, que hay que acometer "sin miedo", según Montoro. "La prioridad está en la negociación colectiva. Es muy importante que los salarios se conformen de acuerdo con la realidad de las empresas", subrayó. Un argumento sobre el que después volvió la diputada Celia Villalobos: "Es necesaria", dijo, "una reforma profunda de la negociación colectiva", un "descuelgue del convenio sectorial". "Flexibilidad no quiere decir despido. Nosotros decimos: contratos estables con formación adecuada, y una negociación colectiva que se adecue a las necesidades de la empresa. No se puede aplicar el mismo convenio en Segovia y en Madrid, o en una empresa que tenga beneficios y otra que no. Que el salario esté ligado a ese convenio no puede ser, porque hay empresas que no pueden pagar ni eso", afirmó.

Villalobos denunció también la "dualidad en la contratación" que se produce en España -"Hay un grupo de privilegiados con contrato fijo y el resto, los más, temporales"-, y cargó contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero por "multiplicar" el recurso a la temporalidad hasta llegar a crear, dijo, "el contrato temporal indefinido". Aseguró que ese no será el camino del PP, aunque no detalló sus propuestas para emprender el camino contrario.

José Manuel Soria, presidente del PP canario, anunció tiempos de "austeridad", después del "gastar, gastar y gastar" de los últimos años. Y la portavoz popular de hacienda en el Congreso, Fátima Báñez, prometió que uno de los tres ejes de la política fiscal de Rajoy si gana el 20-N (junto a la promesa de no subir impuestos y las bajadas selectivas y facilidades de todo tipo para los emprendedores) será la "lucha contra el fraude fiscal". De nuevo, quedó por explicar cómo se haría.

www.elpais.es 07.10.11

02. RAJOY PROMETE 3.000 EUROS A QUIEN CONTRATE A SU PRIMER TRABAJADOR Valencia es casi siempre un lugar difícil para Mariano Rajoy, lleno de contradicciones políticas. No está ya Francisco Camps, pero su gestión sigue ahí. 2.400 millones de euros pendientes de pago a proveedores, demoras de hasta 600 días... Así que cuando Rajoy desarrolló ayer en la Ciudad de las Artes su discurso sobre pymes y lanzó un duro alegato contra las Administraciones que no pagan y despilfarran, era realmente extraño ver a todo el Gobierno valenciano y a los exconsejeros de Camps aplaudiendo a rabiar. Los discursos económicos del líder popular son cada vez más concretos "Empresas viables han tenido que cerrar porque no les pagaban. Que las Administraciones no paguen es lamentable, la primera obligación de una Administración es pagar. Si no tienes dinero en los Presupuestos no asumas gastos", decía Rajoy mientras Vicente Rambla, exvicepresidente; Gerardo Camps, exconsejero de Economía; José Manuel Vela, actual responsable de Hacienda, o el presidente, Alberto Fabra, el único que no fue elegido por Camps, sino por Rajoy, aplaudían. Por un momento recordaba a una de las escenas más conocidas de Casablanca: el capitán Renault cierra el Rick's café al grito de "¡Qué escándalo! ¡He descubierto que aquí se juega!". Unos segundos después, mientras Humphrey Bogart observa la escena con cara de resignación, un colaborador entrega al policía francés sus ganancias en la ruleta. "Ah, gracias", contesta el agente. Rajoy no tenía previsto hacer este foro en Valencia. Estaba convocado en Madrid, una comunidad que como todas es morosa pero no tanto. Pero la presión de Rita Barberá, que se quejó en público de un supuesto maltrato de Rajoy al partido en esta comunidad después de la dimisión de Camps, le forzó a moverlo. Y eso complicaba su discurso. Además de la morosidad de las Administraciones, el otro gran problema de las pymes, explicó Rajoy, es el del crédito. Ahí anunció que cuando llegue al Gobierno hará una "verdadera reestructuración de bancos y cajas que empiece por el saneamiento de los mismos". Ni una

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mención al hecho de que precisamente en esta comunidad está la CAM, controlada por el PP. El equipo de Rajoy culpa al Banco de España y evita criticar a los responsables de la Generalitat por la CAM o de la Xunta de Galicia, por Novacaixagalicia, también nacionalizada. En cualquier caso, Rajoy plantea que los emprendedores, uno de los ejes de su propuesta electoral, busquen también otro tipo de financiación. Habló de los business angels, personas que se dedican a unir a inversores con emprendedores con ideas nuevas. Así nació Tuenti, explicó. También está la fórmula, habitual en EE UU, de fondos mixtos público-privados. Así nació Google, detalló el líder de la oposición. Los discursos de Rajoy son cada vez más concretos -aunque casi siempre sin medidas impopulares- y centrados solo en la economía y el empleo. De hecho, ayer renunció a hablar de ETA, pese a la novedad de Ekin, y esquivó a la entrada un intento de los informadores de preguntarle sobre el asunto. Rajoy detalló hasta 14 propuestas para ayudar a las pymes y la creación de empleo. Se concentran en importantes bajadas de impuestos -sobre todo el de sociedades, cinco puntos menos para pymes-, facilidades para crear una empresa, una reforma laboral para que los convenios se negocien en cada empresa sin un mínimo de convenios sectoriales, e incentivos al empleo. Rajoy prometió que dará 3.000 euros -aunque no está claro si como desgravación o como ayuda y en qué impuesto- "por la contratación del primer trabajador que no tenga la condición de socio de una empresa de nueva creación". Una medida pensada para que los autónomos se animen a contratar. "Si cada pyme o cada autónomo contratara a una sola persona, habría un salto de incalculables dimensiones en España", sentenció. Camps se aparta, Carlos Fabra y Ripoll aún no Mariano Rajoy no se destaca por resolver rápido los problemas. Sus defensores señalan que al final sí logra que desaparezcan, con el tiempo. Ayer era el primer día para comprobar los efectos de esa estrategia lenta. Francisco Camps ha desaparecido, no estaba ni siquiera en Valencia, y parecía como si nunca hubiera existido. Nadie le citó. El alivio que ha supuesto para el partido era muy evidente, aunque hace solo cuatro meses todos los presentes, incluido Rajoy, aplaudían a rabiar a Camps en una abarrotada plaza de toros. Rajoy ha logrado que en las entrevistas ya apenas le pregunten por corrupción. Pero los problemas no han desaparecido del todo. Carlos Fabra ya no es presidente de la Diputación, pero sigue siendo líder del PP en Castellón, tanto que está presionando para que su hija, Andrea, sea cabeza de lista en las generales. Y ayer se dejó ver mostrando su poder en el acto de Rajoy. También estaba Joaquín Ripoll, que tampoco es ya presidente de la Diputación de Alicante pero sí jefe del partido allí. Además, se le ha buscado acomodo como director del puerto. La que no estaba es Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, inmersa como los otros dos en escándalos de posible corrupción. www.elpais.es 02.10.11

03. RAJOY: "PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEBE HABER MÁS COTIZANTES"

El líder popular cierra otro acuerdo para el 20-N con el Partido Aragonesista

El PP planea una gestión de la crisis con menos interinos, para ahorrar gastos de personal en las administraciones donde gobiernan, y menos impuestos a los empresarios para activar la economía, como piezas importantes de su estrategia de Gobierno. Mariano Rajoy defendió ayer en su visita a Zaragoza "más cotizantes" como la receta para garantizar la financiación de los servicios públicos. "Para que mejoren los servicios públicos fundamentales lo que tiene que haber son más cotizantes", aseguró Rajoy. Es decir, que haya más asalariados que aporten a la Seguridad Social. La clave vuelve a estar en la creación de empleo cuando se le pregunta al

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PP por el mantenimiento de los servicios sociales. Ahora bien, mientras llega la recuperación del empleo, la calidad de los servicios públicos puede deteriorarse, a causa de los recortes.

El PP llama a la unidad de los españoles para luchar por el crecimiento

Pero sin entrar en detalles, el líder popular tuvo ayer una jornada de satisfacciones en Zaragoza, donde coincidió, que no se encontraron, con su principal adversario, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si la semana pasada firmó un acuerdo en Navarra con Unión del Pueblo Navarro, ayer rubricó un pacto electoral con el Partido Aragonesista, con quien ya gobierna el PP en Aragón, para ir juntos a las elecciones del próximo 20 de noviembre.

La firma del pacto la protagonizaron junto a Rajoy, la presidenta del PP en Aragón y jefa del Ejecutivo de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, y el presidente del PAR y de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel.

El presidente de la formación PAR, José Ángel Biel, se mostró ayer "optimista" por las condiciones que nacen de la unión de los partidos. Para empezar, se incluye un aragonesista en las listas al Congreso en cada circunscripción electoral. El acuerdo incluye además que el PAR tendrá tres senadores y que en la candidatura para la Cámara Alta figurarán las siglas de ambos partidos. Tanto por UPN como por el PAR en un hipotético gobierno del PP en España sin mayoría absoluta, Rajoy siempre tendrá sus apoyos.

Después del acto protocolario vino el discurso del máximo dirigente del PP siempre centrado en la economía. Una llamada a la unidad de todos los españoles para recuperar el crecimiento "por encima de ideologías" ocupó buena parte del discurso del candidato de los populares.

Y con un clima de optimismo que se respira dentro del PP no escaparon de las preguntas sobre cuáles serán los candidatos de Rajoy para formar un posible Gobierno.

Rudi, que concluyó el acto afirmando que este pacto "aseguraba la estabilidad de Aragón", y quiso dejarlo claro: "No voy a figurar en las listas del Senado ni del Congreso. Mi compromiso en el Gobierno de Aragón es para cuatro años".


04. LA GENERALITAT SOLO CREA 291 EMPLEOS CON EL PLAN QUE PROPONE RAJOY PARA LOS AUTÓNOMOS

El Ayuntamiento de Valencia, con un planteamiento similar, ha conseguido encontrar trabajo a 184 parados en dos años

El plan propuesto este pasado fin de semana en Valencia por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, para incentivar que los autónomos contraten a su primer trabajador, tiene desde hace años su traslación en la Comunitat Valenciana aunque con efectos pocos satisfactorios en el mercado laboral a la vista de los resultados, ya que sólo benefició a 291 personas. La Generalitat también viene aumentando incentivos y ayudas económicas para favorecer la generación de ocupación en la autonomía a través de la promoción del empleo por cuenta propia, que en el ejercicio de 2010 sirvieron para convertir 3.629 parados en autónomos. Los dos tipos de ayudas, canalizadas en la misma orden, sumaron un total de 23 millones de euros.

El líder del PP, al clausurar el Foro de pymes y emprendedores, anunciaba como programa estrella para reducir la elevada tasa de paro que ayudará con 3.000 euros a los autónomos por el primer contrato de trabajo. Con todo, Rajoy no especificó cómo serán estas ayudas (si llega a presidente del Gobierno), y si serán directas o bien de tipo fiscal o mediante rebajas de cotizaciones a la Seguridad Social

Mínimo de 5.000 euros

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Las dos últimas órdenes de la Conselleria de Economía para incentivar la ocupación entre emprendedores, es decir entre autónomos, garantizan hasta un mínimo de 5.000 euros para los desempleados inscritos en el Servef que se constituyan como personal autónomo o profesional durante el año 2011. Esas subvenciones se sitúan en 6.000 euros para jóvenes desempleados de hasta 30 años, a 7.000 euros para mujeres desempleados, a 8. 000 para desempleados con discapacidad y 10.000 en el supuesto de mujeres desempleados con discapacidad. También existen partidas económicas para asistir a cursos de formación. Por otro lado, las previstas para la contratación del primer trabajador fijo se elevan a 3.000 euros si es varón y 4.000 euros, si es mujer.

Ocupación local

Mientras tanto, en dos años, el Ayuntamiento de Valencia ha empleado a 184 personas con una ayuda similar a la anunciada por Mariano Rajoy. Ahora bien, con una inversión de 1,2 millones al año (y un total de 2,4 millones), la corporación local ha conseguido la contratación indefinida de 184 personas, es decir, menos de un centenar al año. En 2011, además, ha recibido 106 solicitudes de autónomos para el plan de ayudas a la contratación. A través de Valencia Emprende el cap i casal lleva dos años convocando tanto un plan de ayuda a la contratación, como otro para iniciativas empresariales. Respecto al fomento de contratos directos a desempleados, la ayuda municipal concede 5.000 euros por cada contrato indefinido a tiempo completo. En el caso de que la persona desempleada sea menor de 30 años o mayor de 45, la cuantía aumenta hasta los 6.000 euros. Ahora bien, si el contrato es indefinido pero a tiempo parcial -con una duración mínima de 20 horas semanales-, la subvención por cada formalización se reduce a 3.000 euros por cada persona. Al igual que en la ayuda anterior, si el contratado es menor de 30 euros o mayor de 45, la cuantía es de 4.000 euros. Estas ayudas quedan limitadas a un máximo de 5 contrataciones por beneficiario, sea cual sea su tiempo de dedicación. La única obligación del autónomo será mantener el empleo creado un año, como mínimo. Respecto al plan municipal para ayudar a los autónomos a crear nuevas empresas, el ayuntamiento puso en marcha hace dos años un plan para las iniciativas empresariales.

El resultado ha sido la creación de 510 negocios en dos años. Con este plan se fomenta la puesta en marcha de nuevas firmas con subvenciones que pueden ascender a un máximo de 6.400 euros. Para este año, el ayuntamiento ha recibido 230 solicitudes al respecto. Por último, el consistorio impulsa otra serie de subvenciones para consolidar las empresas. Para este último plan solo existen 36 solicitudes en la actualidad.

"Subvención que llega dos años tarde"

"Las ayudas están bien, el problema es que llegan hasta dos años tarde", lamenta el delegado de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Rafael Pardo. Así, la mayor parte de los nuevos autónomos deben comenzar su aventura empresarial sin contar con ese dinero. En opinión del responsable de ATA, el balance del programa para emprendedores consigue pocos trabajadores porque existe escasa información y a veces cuando los solicitan ya ha concluido el plazo. Las subvenciones del Consell debían pedirse antes del 30 de junio.

www.levante-emv.com 04.10.11

05. COSPEDAL PIDE REPLANTEAR LA ACTUAL COBERTURA A LOS PARADOS

El PP matiza a su secretaria general: "El subsidio ni está en cuestión ni se va a discutir nunca"

• Pons acusa sin pruebas al Gobierno de "falsear" las previsiones para 2012

• El peor septiembre en 15 años registra 95.817 parados más

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• Bono sugiere revisar la prestación por desempleo

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, planteó este martes la necesidad de llevar a cabo una reforma laboral que permita que el mercado laboral no siga siendo "el más rígido" de su ámbito económico y en la que se negocie la actual "cobertura" de los trabajadores: es decir, al igual que hiciera Bono el otro día, Cospedal cuestionó el actual subsidio de desempleo.

"Habrá que negociar hasta qué punto tienen que tener cobertura todos los trabajadores en la extensión de ahora o solo una parte, o todos, pero en cualquier caso hay que hacer una reforma laboral", aseguró la conservadora en el programa Espejo Público de Antena 3.

Tras la entrevista, el PP asegura que su secretaria general se estaba refiriendo a la contratación indefinida, no al subsidio de paro. En el contexto de la conversación, Cospedal hablaba de que en España existe un sistema dual. Lo conservadores explican que "el subsidio ni está en cuestión ni se va a discutir nunca", han precisado fuentes del partido.

El PP matiza que "el subsidio ni está en cuestión ni se va a discutir nunca"

Según la dirigente conservadora, hace falta una reforma laboral que evite que "una serie de trabajadores tengan una cobertura absoluta", mientras que "otros no tienen absolutamente ninguna". "Hay que ir a un sistema que potencie más la contratación indefinida y que no haga de la contratación temporal la panacea", añadió.

La prioridad, sin embargo, es hacer ajustes. Cospedal afirmó que en España es "absolutamente imprescindible" un plan de austeridad y ajuste del déficit porque existe un "problema gravísimo" de deuda, pública y privada.

Respecto al riesgo de que el ajuste paralice la actividad económica, apuntado por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Cospedal aseguró que "habrá voces" en ese sentido en aquellos países que hayan hecho ya "los ajustes necesarios", pero que ella, al igual que la vicepresidenta primera del Gobierno, Elena Salgado, insiste en que "España necesita un plan de ahorro importante".

"Hay que ir a un sistema que potencie más la contratación indefinida y que no haga de la contratación temporal la panacea"

De Cospedal se refirió además a la "mala cifra" del paro conocida este martes e insistió en que es necesario "un programa completo" y no medidas aisladas para afrontar la situación económica. Esa "programación conjunta", según la secretaria general del PP, incluye el ajuste de las cuentas públicas y eliminar "todas" las duplicidades existente en las distintas administraciones, además de una reforma laboral y fiscal.

De Cospedal subrayó que el PP tiene "una línea roja" en el ajuste, que es la "garantía" de que los servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación, seguirán siendo "públicas, universales y gratuitas".

Preguntada por qué hará el PP con el impuesto de patrimonio, ha respondido que volverá "a la situación que hay hoy, es decir que no hay impuesto de patrimonio".

www.publico.es 04.10.11

06. PONS ACUSA SIN PRUEBAS AL GOBIERNO DE "FALSEAR" LAS PREVISIONES PARA 2012

El PP abona el terreno y busca coartadas por si llega a La Moncloa: "No sabemos si nos vamos a encontrar un agujero"

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El PP ya está preparando el terreno para cuando llegue a La Moncloa —si gana las elecciones— y busca coartadas para gobernar. Aprovechando los malos datos del paro de septiembre, su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, denunció este martes que "todas las previsiones" presentadas por el Gobierno para el año que viene son cifras "hinchadas y falsas" y criticó que "el Ejecutivo lo sabe" y no lo ha subsanado.

No aportó ninguna prueba el dirigente conservador. En Radio Nacional, Pons optó por ponerse la venda antes de la herida y sembrar la duda: "No sabemos si nos vamos a encontrar un agujero. Si nos lo hemos encontrado en todas las Comunidades Autónomas, no sabemos qué nos podemos encontrar ahora", afirmó sin concretar más.

Pons negó sin embargo que estas afirmaciones sean una excusas para dejar de realizar medidas cuando lleguen a La Moncloa. "No será un argumento. Las cosas están muy mal. Quién llegue al Gobierno tendrá que sacarnos adelante y no hay excusas que valgan".

"Empleo en caída libre"

Al ser preguntado por la cifra de paro que subió en 95.817 desempleados en septiembre y registró su mayor repunte en este mes desde 1996, Pons indicó que el empleo en España se encuentra "en caída libre". "Necesitamos un cambio, a este ritmo todos en España nos vamos a quedar en el paro, hasta el piloto automático".

Sobre las cifras del paro también opinó María Dolores de Cospedal en Antena 3. La secretaria general del PP, afirmó que contra el paro hace falta "más ahorro".

El dirigente conservador evitó hablar de recortes y sí de "reformas": propuso, para recuperar la confianza, una reforma laboral "distinta a la que se ha hecho", una reforma del sistema financiero y apoyar una "bajada de impuestos". Cospedal también negó la palabra tabú —"recorte"— y afirmó que, en el caso de ganar la próximas elecciones generales, el PP "no va a tocar ni la sanidad ni la educación", ya que tiene "una línea roja que garantiza una sanidad pública, universal y gratuita".

"No hay que hacer recortes, pero sí reformar", dice Pons

Pons ahondó un poco más en el asunto: "Con recortes no, no sirven para nada, con reformas sí. No hay que hacer recortes, pero sí reformar, lo hicimos en el 96 y lo podemos volver a repetir". El conservador recordó que cuando llegaron al Gobierno tuvieron que "pedir un crédito" porque "no tenía dinero para pagar las pensiones".

Al hilo de esto, Pons insistió en que las CCAA en las que gobierna su formación se están haciendo los mismos ajustes que en las que comunidades de los socialistas. "No hay un empeoramiento en el servicio, mientras los ciudadanos noten los mismos servicios los ajustes están bien hechos", defendió.

Al ser preguntado por los altos sueldos de los banqueros en su jubilación, Pons pidió que este tipo de suelos "se cuenten muchas veces" para que "les de vergüenza". "El Banco de España debería haber supervisado más", ha añadido.

"Cumplir lo prometido"

Por último, Pons reclamó "humildad" a su partido ya que "no se gana en las quinielas, se gana en el terreno de juego". "El PP tiene que representar el cambio, todo lo que el partido promete en campaña tiene que mantenerlo después", señaló."Les recomiendo a todos mis compañeros de partido que piensen como yo, las elecciones hay que ganarlas y luego Rajoy decidirá a los mejores. España los necesita para sacarla de los peor", proclamó.


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07. AZNAR: EL PSOE "MENDIGA" A ETA POR UN GESTO

Nada es lo que era en el PP. Si hace no mucho tiempo José María Aznar ni siquiera acudía a las convenciones, ayer se convirtió en el gran protagonista. El poder está ya tan cerca que las discrepancias con Mariano Rajoy han quedado atrás. Aznar hizo un discurso muy entregado al líder del PP -"Es tiempo de Mariano Rajoy, que recibe una herencia peor que la que tuve en 1996", llegó a decir el expresidente- y medido para no provocar problemas internos, aunque durísimo contra el PSOE. Aznar se lanzó precisamente en el tema que Rajoy evita: el de la lucha antiterrorista. Si el líder del PP mantiene su apoyo al Gobierno en este asunto, Aznar llegó a decir que el PSOE "suplica y mendiga" a ETA. Y sin embargo, Rajoy tiene ya tanto poder interno que las palabras de Aznar, que antes socavaban su liderazgo, son vistas ya casi como un complemento: cada uno se dirige a un tipo de electorado.

El expresidente popular se lanzó a degüello contra el PSOE sin citarlo. "Algunos piensan que para conseguir el fin de ETA lo mejor es darles la razón. He dicho en muchas ocasiones que ETA no debe lograr jamás ningún precio ni por matar ni por dejar de matar. ETA solo acabará si la derrotamos. Sin condiciones. Y haciendo efectiva esa derrota. Si paga por sus responsabilidades. La única posibilidad que tiene ETA es que abandonemos, y parece que es en lo que están algunos".

"Derrotar a ETA significa que esta banda no pueda desplegar su proyecto totalitario en las instituciones vascas y navarras con una coalición que no condena el terrorismo. Derrotar a ETA significa que no se suplique, se mendigue cada día a la banda terrorista que por favor haga algún gesto, alguna declaración, algún documento, algo que se pueda llevar al próximo mitin y que justifique la colección de cesiones que se le están regalando. Derrotar a ETA significa que el perdón es un derecho que solo corresponde a las víctimas", insistía Aznar con una mención a José María Martín Carpena, concejal malagueño asesinado por ETA en 2000, que enardeció al público. "Derrotar a ETA significa no convertir a Bildu en los hombres de paz del momento porque no lo son", remató. Aznar también aprovechó para hacer un homenaje al fundador, Manuel Fraga, retirado ya de la política, y para atacar al PSOE con una referencia indirecta al matrimonio homosexual: "Los socialistas nos salen siempre muy caros: nos arruinan el presente y nos hipotecan el futuro. Nos ha salido muy cara su invención de derechos que no son tales".


08. EL PP LANZA UNA DURA OFENSIVA CONTRA EL PSOE: "DAN ALAS AL ENTORNO DE ETA"

Cospedal acusa a los Gobiernos central y vasco de hacer la campaña a Bildu - Blanco: "A ellos les preocupan las elecciones; a nosotros, el fin del terrorismo"

El fin de ETA, muy próximo según vaticinan todos los expertos en función de los éxitos policiales contra la banda y de la vía política por la que parece haber optado la izquierda abertzale, ha abierto una fractura entre los dos socios del Pacto Antiterrorista. Desde que Mariano Rajoy acusó el 12 de mayo de 2005 al presidente José Luis Rodríguez Zapatero de "traicionar a los muertos", en referencia a las víctimas de ETA, no se había producido un ataque tan duro del primer partido de la oposición en relación a la política antiterrorista como el que lanzaron ayer la número dos del PP, Dolores de Cospedal, secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha, y el portavoz del partido, Esteban González Pons.

Ambos acusaron al Gobierno y al PSOE de "dar alas" a ETA y hacer la campaña a lo que consideran "el entorno de la banda terrorista". "No resulta conveniente empezar a comentar si es mejor, si es peor, si deben estar, si no deben estar, como está haciendo el PSOE, que les está dando alas", señaló Cospedal. La secretaria general del PP dio por hecho que la propuesta del líder socialista vasco de acercar los presos de ETA a Euskadi, siempre después del fin de la banda terrorista, no la ha hecho sin haber hablado antes con José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. "Esto supone hacerle la campaña a Bildu", a la que el PP

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equipara con ETA, ante las elecciones generales convocadas para el 20 de noviembre, según Cospedal y Pons.

El plan del presidente vasco tan criticado por el PP era conocido y apoyado tanto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como por el candidato del PSOE a la presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba y el ministro portavoz y vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Ahora bien, en público y en privado la cúpula socialista sostiene que no es un tema electoral e incluso tiene serias dudas respecto a que le pueda beneficiar electoralmente. "Nosotros no redactamos lo comunicados de ETA, ni de la izquierda abertzale", dijo José Blanco a este periódico.

En el PSOE se vivieron ayer con consternación las acusaciones de los máximos dirigentes populares. "Al PP le preocupan las elecciones y a nosotros, el fin del terrorismo; al PP le preocupa nuestro candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha dejado a ETA con la extremaunción dada, y a nosotros nos interesa la debilidad de ETA", remachó el portavoz del Gobierno. Ahora bien, aunque ETA no ha dado "los pasos definitivos", sería absurdo negar que hay "un movimiento de fondo relevante".


09. EL SENADO PAGA A LUCAS UN TERCER ASISTENTE ADEMÁS DE LOS DOS PREVISTOS

La condición de expresidente de la Cámara Alta da al dirigente del PP ventaja sobre sus compañeros de Mesa

• El Congreso facilita a hurtadillas un asistente a Trillo como expresidente

"No teníamos ni idea". El comentario encabezaba la reflexión vertida por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso. A ellos se dirigió Público ayer para preguntarles si conocían que las Mesas de las Cámaras habían concedido desde 2004 un asistente a los expresidentes de ambas instituciones que siguieran con escaño. La respuesta fue la misma en todos los casos: desconocimiento general. Según la versión relatada por varios diputados y senadores, en ningún momento los órganos de gobierno de las Cámaras comunicaron tal decisión de forma oficial.

Este diario informó en su edición de ayer que el acuerdo de dotar de un secretario personal a los expresidentes nació en la última legislatura de José María Aznar, cuando la Cámara Baja estaba presidida por Luisa Fernanda Rudi y la Alta, por Esperanza Aguirre primero (2000-2003) y por Juan José Lucas después (2003-2004). El primer beneficiario fue Federico Trillo, el primer presidente del Congreso del PP. El 6 de mayo de 2004, el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), en el arranque del primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, daba cuenta de que la Mesa daba había adjudicado una asistente a Trillo. Un mes más tarde, el 2 de junio, el BOGC publicaba que el Senado autorizaba el nombramiento de una secretaria para Lucas. Rudi también mantuvo de abril a julio de 2004, hasta que pasó a ocupar su escaño al Parlamento Europeo, a una persona de confianza a su lado. El socialista Manuel Marín, elegido por Zapatero para dirigir el Congreso en su primera legislatura, abandonó la política activa nada más dejar su acta.

Los grupos desconocían la existencia de ese derecho

En la pasada primavera, la Mesa del Congreso volvió a abordar este asunto. Y fue, según las fuentes parlamentarias que han tenido acceso al acta de la sesión consultadas por este periódico, el 12 de abril de 2011. Entonces, se aprobó asignar otro asistente, por cuatro años y con carácter eventual, a los futuros expresidentes que dejen de ser diputados. José Bono, que ya ha anunciado que saldrá de la primera línea de la política y que no revalidará escaño tras el 20-N, sería así el primer beneficiario, aunque sus portavoces no han confirmado si hará uso de esa prerrogativa.

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El 12 de abril, Bono estaba ausente cuando el vicepresidente cuarto de la Mesa, Jordi Jané (CiU), planteó modificar el acuerdo al alza, para que tuvieran derecho a secretario los expresidentes sin escaño. Fuentes parlamentarias aseguran que la propuesta se validó por unanimidad, según consta en el acta. Los acuerdos de la Mesa no se divulgan ni se publican en el BOCG salvo en lo que a su ejecución respecta. Y no tienen que pasar por el pleno. Desde el Senado, un portavoz aseveró que la Mesa "no había aprobado" un cambio como el del Congreso.

Un caso especial

La izquierda minoritaria muestra su indignación con la "prerrogativa"

Lucas dispone desde 2004 de un asistente en calidad de expresidente de la Cámara alta. Así lo confirmaron ayer fuentes oficiales de la institución. Pero el caso de Lucas es especialmente llamativo: desde 2004 es vicepresidente segundo del Senado, y como tal tiene derecho a dos ayudantes. De forma que ahora trabajan con él tres personas de confianza, y no dos, como tienen el vicepresidente primero y los cuatro secretarios el Gabinete del presidente, Javier Rojo, lo integran ocho asistentes.

Estos ayudantes de expresidentes tienen categoría de administrativo y cobran unos "1.800 euros netos al mes".

Las direcciones del PSOE en el Congreso y el Senado afirmaron ayer desconocer estas decisiones. "Los acuerdos de las Mesas no conciernen a los grupos y no tenemos conocimiento de ellos salvo que nos afecten de forma directa", explicaba Mamen Sánchez, portavoz adjunta en la Cámara Baja. José Miguel Camacho, número dos del partido en el Senado, no escondía tampoco la sorpresa. Ignoraba asimismo la especial circunstancia que rodea a Lucas.

El PSOE alega que el grupo no tiene por qué saber lo que decide la Mesa

Público no logró recabar la versión del PP. CiU y PNV, los dos únicos partidos que junto a socialistas y conservadores se sentaron en la Mesa del Congreso esta legislatura (2008-2011) rehusaron entrar a valorar las decisiones del órgano o adelantar si ese derecho conferido a los expresidentes de las Cámaras debería retocarse. "Son cosas de PSOE y PP y nosotros estuvimos al margen. Y como grupo, la Mesa jamás nos comunicó nada", justificaban los nacionalistas vascos.

La izquierda minoritaria expresó su indignación con la medida. "Yo no formo parte de la Mesa, y no sabía nada decía Gaspar Llamazares, de IU. Pero no veo la necesidad de que un expresidente de una Cámara disponga de un ayudante. No tiene sentido. Los expresidentes no tienen una labor institucional que lo justifique. Me parece algo extraño, opaco. No debe existir ese privilegio".

Misma censura por parte de ERC, dura sobre todo con el "oscurantismo" con el que el Parlamento aprobó y revalidó la iniciativa: "La Mesa es un búnker cuando le interesa. Y este es uno de esos casos. Esto es un ataque a la transparencia. Y avisamos: esto crea abstencionistas. Además, es incongruente esta opacidad cuando este año se han publicado las declaraciones de bienes y rentas de todos los parlamentarios. Lucharemos por la transparencia total y por que se elimine este derecho", prometían fuentes del partido.

Incompatibilidad "estricta"

Núria Buenaventura, portavoz de ICV, no ponía paños calientes: "Es escandaloso. No sabíamos nada. Se nos llena la boca de transparencia y se habla de recortes en sanidad o educación y luego se aprueba un apaño como este, bastante indecente, por mucho que sea el chocolate del loro". Para la dirigente ecosocialista, "se debe quitar ya esta prerrogativa o al

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menos hacerlo con transparencia. "No tiene sentido tener un asistente. ¿Por qué los expresidentes de las Cámaras sí y no un expresidente de comisión, por ejemplo?"

Francisco Jorquera, cabeza del BNG en la Cámara Baja, también condena el "sorprendente oscurantismo" de las Mesas, máxime cuando diputados y senadores han puesto luz a su patrimonio. No obstante, el nacionalista gallego impone una "cautela": no reprueba que los expresidentes del Parlamento "gocen de ciertas prerrogativas por la dignidad de su cargo", pero siempre que estén vinculadas a un "estricto régimen de incompatibilidades", de forma que si pasan a la empresa privada una vez fuera del escaño, debería cancelarse ese derecho.

Para CC y UPN es un tema "menor" y no "descabellado"

Otros pequeños partidos alegaron igual desconocimiento de la decisión de las Masas, pero la juzgaron menos grave que ERC, IU, ICV y BNG. "Creo que es un tema menor, al que no doy importancia, aunque no veo necesidad alguna de que un expresidente del Parlamento tenga un asistente", manifestó Ana Oramas, de Coalición Canaria. Carlos Salvador, portavoz de UPN, entiende "deseable" que se conozca "sin complejos" una medida así. Cree que es lógica y "nada descabellada" pues facilita que los expresidentes de las Cámaras tengan una "actividad semipública" tras haber dejado su cargo y puede ser "útil". Para Utxue Barkos, de Nafarroa Bai, el acuerdo de las Mesas, que debería ser "transparente", causa "sorpresa" y es de "difícil digestión", aunque, como no conoce los argumentos que llevaron a tomarlo, prefiere no valorarlo. Rosa Díez (UPyD) no se pronunció.


10. CASO GÜRTEL: LA RED FINANCIÓ AL PARTIDO POPULAR DE MAJADAHONDA

Un informe policial dice que Correa facturó a contratistas las campañas del PP.- Correa pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la policía.- El Ayuntamiento lo confirma, pero les defiende "porque eran jóvenes y no eran cargos públicos"

El presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, llegó a tener un control casi absoluto del Ayuntamiento de Majadahonda durante el periodo en el que el exalcalde del municipio Guillermo Ortega, imputado en el caso, estuvo al frente del Consistorio. Esta es la principal conclusión de un reciente informe elaborado por la Policía Judicial y que consta en el sumario del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en el periodo democrático ligada a un partido político: el PP.

El modo de actuar de Correa en el Consistorio majariego, gracias al que recibió pingües beneficios al menos entre 2001 y 2005, consistía en asignar dentro de su contabilidad una cuenta denominada "gabinete Majadahonda". Esta partida se nutría del dinero que recibía de las empresas concesionarias del Ayuntamiento. En ella se reflejaban todos los ingresos presuntamente ilegales procedentes de las empresas, alguna de las cuales resultó adjudicataria de servicios y obras municipales por un valor superior a los 20 millones de euros. Francisco Correa también se hizo cargo, con este dinero obtenido de una forma presuntamente ilegal de los contratistas de Majadahonda, de los gastos personales del exalcalde majariego Guillermo Ortega; así como de campañas publicitarias del Consistorio y del PP local.

"Los fondos que entran en la cuenta proceden del cobro de facturas emitidas por las sociedades de servicios de Francisco Correa", explica el documento policial, que especifica el nombre de estas empresas: Special Events, Down Town Consulting, TCM o Pasadena. Estas firmas facturaban a terceros: "En unos casos adjudicatarios de contratos públicos por el Ayuntamiento, como por ejemplo la unión temporal de empresas (UTE) de la recogida de las basuras Sufi-FCC, a Equipamientos Ambientales, a Osepsa, la UTE Saglas-Panasfalto, Licuas o Tecmed". También cobraron, según la policía "a sociedades como Serprinsa, al Patronato Monte del Pilar, al Ayuntamiento y a la firma Creative Team, de la red de Francisco Correa".El informe de la policía, que tiene como fecha de realización el 1 de junio de 2011, indica que los fondos de la cuenta que Correa destina a Majadahonda se aplican al pago de facturas relativas

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a publicidad institucional del Ayuntamiento o del PP de Majadahonda. Todas ellas realizadas en diferentes medios de comunicación. El dinero de la cuenta de Correa también se asignó al pago de servicios profesionales, como por ejemplo los trabajos gráficos realizados para el Ayuntamiento o el PP de Majadahonda en los años 2003 y 2004. Para ello la sociedad Boomerangdrive emitió una factura de servicios profesionales de asesoramiento.

También utilizaban el dinero de la caja b de Correa para entregárselo a José Luis Peñas, el denunciante del caso Gürtel; al exedil Juan José Moreno Alonso; a la entonces mujer de Correa María del Carmen Rodríguez Quijano, que era jefa de gabinete del Consistorio; y a Francisco Javier Agulló Sagastizábal, que en la actualidad es miembro de la junta directiva del PP de Majadahonda, según consta en la página web del partido. Las empresas de Correa también destinaban el dinero que recibían de las firmas concesionarias del Ayuntamiento de Majadahonda para realizar pagos a la empresa Citytime, así como para sufragar los gastos particulares de Guillermo Ortega y de su mujer, como la adquisición de turismos de lujo (ha tenido a su nombre, junto con su esposa, hasta 39 vehículos).

Llama la atención que en uno de los que la policía denomina "servicios turísticos", consta el nombre de dos miembros del PP de Majadahonda que en la actualidad son concejales del grupo municipal: el primer teniente de alcalde, José Antonio Carnevali y el edil de Medio Ambiente y Jardines, Pablo García. También está el exconcejal de Deportes Ricardo Riquelme. Según el albarán que consta en la documentación, Correa pagó a estos tres miembros del PP de Majadahonda y al exalcalde Guillermo Ortega una noche de hotel en el NH Villa de Bilbao el 31 de marzo de 2001. El importe de este "servicio turístico" que aparece en las cuentas de la sociedad de Correa Pasadena Viajes fue de 388,42 euros.

Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda con las que se ha puesto en contacto este periódico confirman que los dos ediles disfrutaron de los servicios de Pasadena, aunque en su defensa aseguran que entonces "eran muy jóvenes, pues estaban en un viaje de Nuevas Generaciones, y que entonces no desempeñaban ningún cargo público, por lo que no se trata de ninguna ilegalidad". Estas mismas fuentes indican que entonces los ediles Carnevali y García tenían entre 25 y 30 años, por lo que le pidieron al presidente del partido en Majadahonda, el propio alcalde Guillermo Ortega, viajar y por eso se fueron al acto del partido en Bilbao. "Se fueron cinco en una furgoneta y se alojaron en dos habitaciones dobles. Es perfectamente legal, tan legal es que te lo pague el partido como que alguien te ayude", expresa esta fuente municipal que prefiere no citar su nombre.

El informe policial hace especial hincapié en la figura del popular Agulló Sagastizábal, quien recibió rentas de forma periódica procedentes de las cuentas de Correa: "Seguramente por la realización de un servicio profesional", indica el documento, que resalta que según la página web del PP de este municipio Agulló es miembro del partido a nivel local.

El trabajo policial destaca, por otra parte, que las facturas emitidas por las empresas de Correa emplean conceptos genéricos, "como campaña publicitaria, creatividad, artes finales, reparto e instalación de elementos de la campaña", "diseño y creatividad para distintas promociones en Madrid", "diversos trabajos de creatividad". Pero todas estas facturas no tienen nada que ver con el trabajo desempeñado en realidad.

En conclusión, según el informe, se crean facturas específicas para justificar los movimientos de fondos y con ellos "alimentar" la cuenta por parte de las sociedades de Correa. Las sociedades pagadoras son en su mayoría entidades adjudicatarias de contratos públicos en Majadahonda. El dinero de dicha cuenta se dedica al pago de servicios de carácter publicitario del propio Ayuntamiento y del PP.


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11. CASO GÜRTEL: EL FISCO VE INCONGRUENTE LA VERSIÓN DE LA ESPOSA DE BÁRCENAS SOBRE UNOS CUADROS

La Agencia Tributaria ha enviado al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un nuevo informe sobre el supuesto delito fiscal que se atribuye a Rosalía Iglesias Villar, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, en relación con la compraventa de cuadros. En su escrito, el fisco advierte lagunas e "incongruencias" en el contenido de los documentos que Iglesias ha aportado para justificar un ingreso de 500.000 euros en billetes de 500 que realizó en una entidad bancaria madrileña en enero de 2006.

La mujer del extesorero del PP -a la que el juez Pedreira exculpó del caso Gürtel en mayo de 2010 tras entender que ella "carecía de conocimientos para liquidar los tributos y realizar las inversiones" del matrimonio- explicó a Hacienda que los 500.000 euros descubiertos en esa cuenta procedían de una venta de cuatro cuadros que realizó el 19 de enero de 2006. Desglosó al fisco que dos de esos cuatro cuadros (La Circuncisión del Niño Jesús y La Presentación del Niño Jesús) los había adquirido el 15 de mayo de 1987 a M. Teresa Novis González. Y que en 2006 vendió cuatro cuadros (incluidos esos dos) a través de una comisionista llamada Isabel Ardanaz. Hacienda entiende que los justificantes de ambas operaciones contienen lagunas.

La acreditación de la compra de las dos obras citadas, por importe de 1.800 euros, es un papel "manuscrito" y, además, Hacienda dispone de muy pocos datos de la vendedora, Teresa Novis. Primero, no hay datos fiscales de Novis relativos a 1987. De ella consta un domicilio de Madrid y que figura dada de alta en el censo de la Agencia Tributaria, pero no consta su fallecimiento, señala Hacienda. Y añade: "En la información de los años 2002 y hasta la fecha, [Novis] aparece como pensionista, dejando de tener imputaciones de pensión desde 2006, por lo que podría estar fallecida actualmente". Según Iglesias Villar, los 500.000 euros salen de la venta de un total de cuatro cuadros, incluidos los dos citados, que los entregó en 2004 a la comisionista Ardanaz y que posteriormente fueron vendidos por 500.000 euros. De Ardanaz, Hacienda dice que solo dispone de su pasaporte. Y ha cotejado estos datos con sus archivos fiscales y comprobado que Iglesias Villar declaró en 2006 unos ingresos de 560.000 euros (60.000 más de los que recibió por los cuadros), al margen de que no sabe de dónde salen los otros dos cuadros. En definitiva, no hay datos concretos en los justificantes de Iglesias Villar de las personas a las que compra ni a las que vende.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a Pedreira que vuelva a imputar a la esposa de Bárcenas, no solo por estos 500.000 euros, sino por el millón que se le descubrió en otra cuenta.


12. CASO GÜRTEL: CAMPS INSISTE EN TRASLADAR SU CASO AL SUPREMO PARA EVITAR AL JURADO

El magistrado resolverá esta semana las últimas alegaciones sobre los trajes

La defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, imputado por un delito de cohecho por haber aceptado supuestamente 14.000 euros en regalos de la trama Gürtel, utilizó ayer sus últimos cartuchos para intentar, si no evitar el juicio, lo que ya es imposible, retrasarlo forzando que el órgano de enjuiciamiento sea el Tribunal Supremo en vez de un tribunal del jurado integrado por nueve ciudadanos. El magistrado Juan Climent presidió ayer la vista sobre las cuestiones previas al juicio. Una portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano informó de que el juez resolverá las peticiones esta semana en un auto, pero que en el mismo no se señalará la fecha del juicio. Esta figurará en la siguiente resolución, llamada auto de hechos justiciables, que según la portavoz podría conocerse a finales de esta semana o principios de la siguiente.

El letrado de Camps argumentó en la vista, como ya había hecho por escrito, que en caso de que su cliente hubiese cometido el delito este habría tenido lugar en Madrid, por lo que en

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aplicación del Estatuto de Autonomía valenciano el órgano competente para conocer el caso sería la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El abogado de Ricardo Costa, ex secretario general del PP regional y diputado autonómico, imputado junto a Camps por cohecho pasivo impropio, alegó que al no haber formado nunca parte del Gobierno valenciano no debería ser considerado "funcionario", sino "autoridad", y que por lo tanto no debería ser juzgado por un jurado sino por magistrados de la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano.

El ministerio público y la acusación socialista se opusieron a las pretensiones de los acusados. Camps debe ser juzgado en Valencia, mantuvieron, porque fue aquí donde recibió las prendas de vestir remitidas por las tiendas Milano y Forever Young y abonadas por la trama mafiosa. Así consta en las sucesivas declaraciones del sastre José Tomás y así lo admitió el propio Camps ante el juez en relación con los únicos cuatro trajes que ha aceptado que llegaron a sus manos, aunque según su versión los devolvió porque no le sentaban bien. Tampoco Costa debería escapar del jurado, señalaron las acusaciones, porque el término "funcionario público en el ejercicio de su cargo" que emplea la ley engloba también la figura de "autoridad".

Los otros dos imputados en el llamado caso de los trajes, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, ya fueron condenados en septiembre tras aceptar los hechos de los que se les acusaba. Camps dimitió en julio después de que el juez José Flors dictase la apertura de juicio oral. Costa, que fue defenestrado como secretario general del PP valenciano por orden de la dirección nacional del partido en 2009, está también imputado por financiación ilegal (técnicamente, delito electoral) y falsificación mercantil, con motivo igualmente de sus estrechas relaciones con la trama.

Blasco defiende al expresidente

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps no parece, a pocas semanas de las elecciones generales, muy popular en su propio partido, como quedó demostrado en el acto del PP nacional celebrado este fin de semana en Valencia, donde ni siquiera sus más afines lo mencionaron.

Esa prudencia contrastó con las declaraciones efectuadas ayer por el portavoz del Partido Popular en las Cortes, Rafael Blasco. Un alegato en favor de la inocencia del expresidente y contra el maltrato que, desde su punto de vista, ha padecido. Blasco calificó las acusaciones de cohecho que pesan contra Camps de "injustas y desproporcionadas"; tildó el procedimiento de "agresión", y reivindicó la "completa inocencia" del dimitido. Blasco también avaló el último intento del exjefe del Consell para eludir ser juzgado por nueve vecinos de Valencia trasladando la causa al Tribunal Supremo: "Estará utilizando cualquier medio en su defensa, como es lógico y respetable, donde él crea que mejor pueden verse defendidos sus argumentos que compartimos todos los miembros del grupo parlamentario popular y del PP", afirmó.

El portavoz popular consideró un error y una falta de respeto que la oposición reclamase, como ayer volvió a hacer EU, que Camps y Costa entreguen las actas de diputado antes de que empiece el juicio.


13. CASO GÜRTEL: LA OPOSICIÓN YA TIENE LOS CONTRATOS DEL TRATO DE FAVOR DE CAMPS A LA RED GÜRTEL

Los encargos a la empresa que dirigía El Bigotes suman siete millones de euros

Los documentos a los que ayer tuvieron acceso los diputados de Esquerra Unida del País Valencià, tras haberlo solicitado en las Cortes Valencianas, ratifican que la Administración que presidía Francisco Camps otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete millones de euros entre 2004 y 2009. En total fueron una veintena de adjudicaciones (algunas troceadas en varios contratos para no superar el límite y evitar el concurso público) a

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la sociedad que hacía de cabeza visible de la red Gürtel en Valencia. Al margen de estos, la Administración autonómica adjudicó a la misma empresa los concursos para la creación de los expositores de la Feria de Turismo, Fitur, durante cinco años. La empresa cobró de la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps más de siete millones de euros.

Los parlamentarios constatan que hubo fraccionamientos de contratos

Los papeles revelan la "connivencia con una empresa corrupta", dice EUPV

El Consell facilitó copia de la documentación a los diputados

Presidencia acusa a la oposición de falta de seriedad porque los datos se conocían

La mayoría de los contratos son menores, es decir, se realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento negociado, como destacaron ayer en sus primeras declaraciones los parlamentarios que los consultaron. El informe de la Unidad de Auxilio Judicial realizado en 2010 ya expuso que en varias ocasiones hubo un fraccionamiento en el pago "con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia". Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de Software libre celebrado en Castellón en 2005 y adjudicado por la Consejería de Educación. Orange Market presentó hasta cuatro facturas que, en total, ascienden a un total de más de 48.000 euros. Por separado, ninguna suma más de 12.000 euros. Aún así, la sociedad no tuvo reparos en utilizar el mismo concepto en, al menos, dos de las facturas por el "alquiler, transporte y montaje moqueta en 22 stands".

También se fragmentaron los pagos por el servicio que prestó Orange Market a la vicepresidencia del Gobierno valenciano y a la consejería de Justicia en un acto celebrado en 2007. Por una parte facturó 11.000 euros por el "montaje y desmontaje del acto" y, por otra, otros 8.000 por el "material audiovisual y personal técnico" del mismo.

Entre los "encargos" hechos por la Generalitat Valenciana a Orange Market aparecen cosas tan diversas como un millar de carteras porta documentos y serigrafiadas con motivo del Congreso Familia y Escuela, celebrado en noviembre de 2006, que costaron a las arcas públicas 9.860 euros. Para ese mismo evento la sociedad que encabezaba Álvaro Pérez, El Bigotes, presentó otra factura por 1.972 euros por otro millar de "receptores de radio y sus pilas".

Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron tras un procedimiento negociado, que se realiza tras la solicitud de tres presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir el mejor. Es el caso de un contrato de Vaersa, por un valor de 120.000 euros. Pero también en este, el informe pericial sostiene que hubo irregularidades, ya que las otras dos empresas a las que se pidieron ofertas formaban parte de la trama. "Dadas las relaciones que existen entre ellas y la falta de independencia real, se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", recoge el informe. Los documentos, dijo el diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, revelan la "connivencia de la Generalitat con una empresa que solo se puede calificar de corrupta". Blanco, junto a la coordinadora de la formación, Marga Sanz, y al también diputado Lluís Torró, pudieron consultar y después llevarse fotocopiados 134 folios de documentación sobre las relaciones de la Administración valenciana con la empresa Orange Market entre 2005 y 2009. La documentación, que había sido reiteradamente solicitada sin éxito, como reconoció el diputado tras dedicar unas horas a su estudio, está toda contenida en el sumario del caso Gürtel, pero viene a confirmar por primera vez de manera oficial, desde la propia Generalitat, la extensa relación contractual con la terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Álvaro Pérez por cuenta del cabecilla de la red, Francisco Correa.

Hasta ahora, los contratos con la trama solo habían salido de los archivos de la Generalitat por orden judicial y el expresidente valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, había impedido facilitar cualquier información a la oposición. Ayer, en las oficinas de la Consejería de Presidencia, los diputados de Esquerra Unida no tuvieron acceso a las actas de las mesas de

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contratación, como destacó el propio Blanco. Pese a ello, "los documentos confirman lo que ya sospechábamos de las estrechas relaciones de Orange Market con el PP y de cómo se utilizó la Administración para contratar a 'amiguitos del alma", comentó el diputado.

Desde la Consejería de Presidencia, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, se acusó a Esquerra Unida de hacer "demagogia" y de "falta de seriedad" porque toda la documentación entregada a los diputados "en su momento fue facilitada a los tribunales y forma parte de un sumario judicial que es público". El Gobierno de Fabra ha empezado también a responder por escrito a peticiones de información formuladas por la oposición, aunque las respuestas todavía no han llegado a los solicitantes en su tramitación en las Cortes.


14. CASO GÜRTEL: INCULPADO EL EXPRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha asumido la competencia para juzgar a José Manuel Fernández Santiago, conocido como Toti, del PP, actual procurador en las Cortes de Castilla y León y expresidente del Parlamento autonómico, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.

La causa, derivada del caso Gürtel, se centra en la adjudicación a la empresa Teconsa de las obras de la variante de Olleros de Alba (León) por 2,8 millones de euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta obra, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, cobró, supuestamente, una cuantiosa comisión. Entonces, en 2002, Fernández Santiago ocupaba el puesto de Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, y los indicios le atribuyen el cobro de 18.000 euros "por motivos que se desconocen", tal como indica el Tribunal castellanoleonés en el auto en el que asume la competencia. Toti aparece además en la contabilidad de la caja B incautada a la trama corrupta.


15. CASO GÜRTEL: CAMPS OCULTÓ UNA LICITACIÓN DE 500.000 EUROS EN BENEFICIO DE LA 'GÜRTEL'

Orange Market no tuvo competidores para organizar la Volvo Ocean Race

El Govern del expresident valenciano Francisco Camps ocultó la existencia de un contrato público de medio millón de euros para conseguir así que sólo la trama Gürtel optara al mismo. Se trata de la organización de la ceremonia de inauguración de la Volvo Ocean Race o Vuelta al Mundo a Vela, que en octubre de 2008 salió desde Alicante. Orange Market, la filial de la trama en Valencia, consiguió el contrato después de que la empresa pública encargada de otorgarlo redujera la exigencia que marca la ley de publicidad y libre concurrencia a sólo tres días de exposición en una web que no es la habitual para este tipo de anuncios.

Así lo muestra la documentación que, tras dos años y medio de espera y continuas peticiones, fue proporcionada el pasado lunes a EUPV, la marca autonómica de IU. Hasta ahora, se conocía que la Generalitat había privilegiado presuntamente a la trama a través del trasvase de información, el amaño de procesos de selección o el troceamiento de grandes contratos en pequeñas facturas. El contrato exhibido por EUPV muestra que la ocultación de licitaciones fue otra de las técnicas supuestamente utilizadas.

EUPV recibe facturas de la trama tras dos años de peticiones y esperas

Orange Market recibió el encargo de organizar la ceremonia de inauguración por 445.000 euros. Lo llamativo es que, pese a que el Govern valenciano anunció la celebración de este evento en esta ciudad ya en junio de 2006, los trámites para la adjudicación del contrato no se

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iniciaron hasta el 20 de agosto del año 2008, un mes y dos días antes de la fecha señalada para el inicio de los fastos.

La tardanza sirvió de excusa para las prisas en la contratación que, a su vez, beneficiaron a Orange Market. La empresa pública que otorgó el contrato, la desaparecida Societat de Promoció Estratègica de la Comunitat Valenciana, redujo a su mínima expresión los requisitos de publicidad, transparencia, libre concurrencia y no discriminación que la ley exige para la contratación pública. Así, la manera elegida para encontrar a la empresa adecuada fue seleccionar a tres posibles candidatos y pedirles directamente una oferta. De los tres elegidos, sólo Orange Market accedió a participar en el concurso. A falta de otras opciones, la filial de la trama Gürtel se hizo con el contrato.

Este procedimiento podía resultar ilegal, ya que la ley obliga a garantizar la libre concurrencia. Tal vez por ello la Societat de Promoció Estratègica añadió al proceso una nueva fase. Decidió publicitar el anuncio de la adjudicación, pero sólo lo hizo durante tres días laborables. Además, el lugar elegido para exponer la oferta no fue el que las empresas interesadas habrían esperado, esto es, el perfil del contratante. En la documentación a la que EUPV ha tenido acceso, la Societat de Promoció Estratègica argumenta que su web "no se encontraba operativa". Se opta entonces por exhibir el anuncio en la web del evento, "Alicante 2008, Vuelta al Mundo a Vela". El resultado es que ninguna empresa presentó oferta alguna.

Hay contratos menores troceados para evitar el concurso público

Libre de competidores, Orange Market se hizo con el contrato. La firma se produjo el 12 de septiembre, sólo diez días antes de la celebración de la ceremonia de inauguración, que tuvo lugar el 22 de septiembre en el puerto de Alicante. La rapidez con la que la empresa adjudicataria organizó un evento de tales dimensiones, uno de los proyectos estrella de la Generalitat, sorprendió el lunes a EUPV: "¿Puede una empresa montar en diez días (desde la adjudicación del contrato) un "sarao" de 445.000 euros? Orange Market sí", comentó en su cuenta de Twitter el diputado Ignacio Blanco.

El sumario del caso Gürtel muestra que el presunto trato de favor a Orange Market fue habitual. En 2005, la empresa consiguió el contrato de montaje del stand del País Valencià en la feria de turismo Fitur gracias a la información privilegiada que le llegó desde correos electrónicos de la Conselleria de Turisme, según un informe policial. Tres altos cargos de los gobiernos de Camps entre ellos, su último vicepresidente Vicente Rambla están siendo investigados por presunta prevaricación y cohecho en relación a este asunto. El Tribunal Superior de Justicia valenciano investiga, además, la posible financiación ilegal del PP gracias a la intermediación de Orange Market.

La trama recibió el encargo de un gran evento diez días antes de la cita

La documentación recibida por EUPV muestra que Orange Market también se benefició de una larga lista de pequeños contratos que, al ser de cuantía inferior a 12.000 euros, no precisan de concurso ni publicidad previa. En cinco ocasiones, la empresa organizó eventos en los que el importe de sus servicios superó esa cantidad, pero la Generalitat troceó el gasto total en varios contratos. De esta forma se eludió la libre concurrencia.

En la documentación también abundan las facturas incompletas, en las que se cobran elevadas cantidades por conceptos que no están suficientemente precisados. Una de ellas recoge el cobro de 5.452 euros a la Conselleria de Educació por el "diseño de la página web", sin detallar cuál. En otra ocasión se cita la "creatividad" como uno de los conceptos de un contrato de 163.181 euros


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16. CASO GÜRTEL: CORREA INVERTÍA EN MIAMI PARA EVADIR IMPUESTOS, RECONOCE SU CORREDOR SEGUROS

El corredor de seguros que trabajó desde 2001 a 2004 para el principal imputado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, ha afirmado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que su cliente le dio varias cantidades de dinero en efectivo para invertirlas en Miami y evadir así impuestos.

El corredor de seguros que trabajó desde 2001 a 2004 para el principal imputado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, ha afirmado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que su cliente le dio varias cantidades de dinero en efectivo para invertirlas en Miami y evadir así impuestos.

Así lo ha manifestado a la salida del TSJM uno de los abogados de la acusación popular en el "caso Gürtel", Miguel Ángel Garrido, después de que durante cerca de una hora haya declarado como imputado el corredor de seguros de Correa Antonio Villaverde.

Tras su declaración, el juez ha mantenido su imputación por un delito contra la Hacienda Pública, han informado fuentes del TSJM.

El letrado ha asegurado que Villaverde ha reconocido ante el instructor en el TSJM, Antonio Pedreira, que movió fondos de Correa, aunque no ha especificado en qué cantidad.

Además, el corredor de seguros ha explicado que intercambiaba el dinero que le daba Correa, siempre en efectivo, con otros clientes que él tenía en Miami y Florida, cuyos nombres ha aportado al juez.

Por ello, la acusación popular ha anunciado que pedirán la investigación de dichas personas por si tienen vinculación con la trama de corrupción, aunque Villaverde lo ha negado esta mañana.

Garrido ha comentado que le ha preguntado al imputado por qué dejó en 2004 de tener como cliente a Correa, a lo que Villaverde ha respondido que fue porque ese año se dio cuenta de que el dinero en efectivo que recibía para invertir en Miami debía de proceder de "ingresos ilícitos".

Esta mañana también estaban citados como imputados para declarar Rafael Martínez Molinero y José Luis Martínez Parra, principales directivos de la constructora Teconsa, pero ambos se han acogido a su derecho a no declarar, según informa el TSJM.

Al término de la comparecencia, el magistrado les ha imputado un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales en relación con hechos referentes al desempeño de sus cargos en la empresa mercantil Teconsa, ha añadido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Teconsa, además de ser una de las empresas implicadas en la adjudicación de las obras de variante de Olleros de Alba (León) a cambio supuestamente de dar una comisión a Correa -hechos que debe investigar el TSJ de Castilla y León- también obtuvo otros contratos supuestamente relacionados con la trama como la sonorización y el montaje de pantallas de vídeos durante la visita del Papa a Valencia en 2006 y con la adjudicación de obras en Arganda del Rey (Madrid).


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17. CASO GÜRTEL: CORREA APELA A LA LIBERTAD DE LOS ETARRAS PARA EXIGIR LA SUYA

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, está dispuesto a obtener su libertad aunque para ello haya de compararse con los presos de ETA. Así lo ha hecho en el último escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que hace referencia al tercer grado al que han pasado varios reclusos condenados por pertenencia a banda armada. Estos pueden abandonar la prisión, sometidos a controles telemáticos, los mismos que ha sugerido la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior madrileño para la puesta en libertad de Correa.

El instructor del caso, Antonio Pedreira, ya ha pedido a las fuerzas de seguridad un informe que determine si realmente existe algún control que permita, con toda seguridad, evitar la fuga. Pero Correa tiene prisa y afirma que ya está garantizado porque es utilizado. Por ello tilda de "urgente que el instructor no demore por más tiempo la privación de libertad", y aunque considera que la pulsera telemática "sigue siendo una medida desproporcionada", dice que es "menos gravosa que la prisión".


18. CASO GÜRTEL: DEL 'CASO GÜRTEL' A LA OPERACIÓN CAMPEÓN

El abogado de dos implicados en la red de Correa defiende al denunciante de Blanco

El exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado de la trama Gürtel Ignacio Peláez es el jurista que ahora asesora y defiende al empresario farmacéutico que acusa al ministro de Fomento, José Blanco, de haber recibido una comisión de 400.000 euros a cambio de supuestos favores ante el Ministerio de Sanidad que nunca se materializaron.

Peláez presentó una de las querellas por las que está imputado Garzón

La actividad jurídica de este exfiscal en el caso Gürtel ha sido intensa. Y no se ha ceñido solo a la defensa del empresario leonés José Luis Ulibarri, uno de los principales implicados en la trama corrupta por supuestos pagos de comisiones ilegales. El afán de Peláez ha sido segar la carrera del juez Baltasar Garzón. Peláez es el autor de la querella contra Garzón ante el Tribunal Supremo por las escuchas en la cárcel que decretó el magistrado entre los jefes de la red y sus letrados.

Garzón y la policía tenían la certeza de que los cabecillas de Gürtel, en connivencia con algunos de sus letrados, estaban ayudando a la red a ocultar dinero en el extranjero. Por eso ordenó pinchar los teléfonos, para frenar la huida de capitales. Una de las grabaciones afectó a Peláez, que se querelló contra Garzón y logró abrirle una de las tres causas que hay en el Supremo contra el exjuez de la Audiencia Nacional, por la que está imputado.

Peláez disparó contra todo y todos. En su diana también puso, aunque sin éxito, a las fiscales Anticorrupción que investigaban Gürtel, Myriam Segura y Concepción Sabadell, por avalar la intervención de esas comunicaciones. Y, según él, por ocultar una prueba para la defensa del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps en el asunto de los trajes. La prueba era un pasaje de la conversación que mantuvo en la cárcel Peláez con el número dos de Gürtel, el exsecretario del PP de Galicia Pablo Crespo. Aquel 6 de marzo de 2009 la policía tenía la convicción de que tanto los internos como sus letrados sabían que sus conversaciones estaban siendo grabadas. Peláez ni siquiera era el abogado de Crespo cuando éste dejó caer que el presidente valenciano se pagó sus trajes. "Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto", comentó Crespo ante Peláez en defensa de Camps. Por entonces, El PAÍS había avanzado que entre los implicados en Gürtel estaba el entonces presidente valenciano. Peláez también se entrevistó en la cárcel con Correa, aunque la defensa de este último la asumió finalmente el también abogado y exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, adscrito al círculo de amistades del exfiscal que ahora asesora

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al empresario Jorge Dorribo en su acusación contra José Blanco de recibir dinero, a través de un primo, a cambio de hacerle supuestas gestiones ante el Ministerio de Sanidad.

En Gürtel, Peláez no se ha limitado a defender a Ulibarri, imputado en delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Da la impresión de ser abogado general de la causa. Su empeño en desacreditar a los investigadores le ha llevado incluso a defender públicamente, pese a no ser su abogado, a Camps: "Yo creo que si se hizo los trajes, los habrá pagado", declaró en la cadena Cope en octubre de 2009. Camps está pendiente de un juicio en Valencia por cohecho pasivo al haber aceptado trajes de la red Gürtel valorados en unos 14.000 euros. Camps siempre señaló, aunque al final con matices, que él se pagaba sus trajes. La misma versión que también desde el principio reiteró otro de los beneficiarios de los trajes de la red Gürtel, el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo del Gobierno valenciano Rafael Betoret. El pasado verano, Betoret cambio de táctica y acabó reconociendo ante los jueces de Valencia que los trajes se los había regalado la red Gürtel. Con su confesión ha eludido compartir banquillo con Camps, si bien ya ha recaído sobre él una sentencia condenatoria firme por cohecho impropio. El abogado de Betoret también es Ignacio Peláez. Este exfiscal estuvo envuelto en 2006 en un turbio asunto (llegó a estar imputado) en relación con la elaboración de una falsa carta que sirvió a Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos, para querellarse contra exsocios suyos en los solares de las Torres KIO. Finalmente fue absuelto. Su abogado en aquella causa fue Choclán, el actual abogado del jefe de la red Gürtel.

Ayer, tras ser contactado por EL PAÍS, se limitó a subrayar que el caso estaba bajo secreto de sumario y que él y su cliente son muy respetuosos con esas cosas.


19. CASO GÜRTEL: JUSTICIA PIDE QUE EL EXTESORERO DEL PP SEA IMPUTADO DE NUEVO

Bárcenas está exonerado del 'caso Gürtel' provisionalmente

El Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, ha solicitado al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que impute de nuevo al extesorero del PP Luis Bárcenas. La Abogacía, que defiende los intereses de la Hacienda pública, considera que el fraude fiscal del que se le acusaba, y que el magistrado consideró prescrito, aún sigue vigente porque el plazo fue interrumpido por el proceso judicial.

A esta consideración une el argumento de que siguen existiendo "indicios racionales de criminalidad" por un posible cohecho y que aún no se han practicado diligencias importantes para la investigación.

En su recurso contra el archivo provisional decretado por Pedreira, replica que no se ha dado explicación a la aparición del nombre de Bárcenas en documentos de la contabilidad incautada a las empresas de la trama corrupta, y ante la decisión del juez de descartar como indicio la relación entre las iniciales LB con el nombre de Luis Bárcenas, mantiene que "sorprende esta conclusión, cuando a lo largo de la instrucción el instructor ha admitido que las citadas siglas sí correspondían al imputado".

El archivo provisional de la causa contra el extesorero del PP ya fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción en un duro alegato. El ministerio público también recurrió el sobreseimiento de la causa contra el exdiputado popular Jesús Merino, tal como ha hecho también ahora la Abogacía del Estado.

Por otra parte, Antonio Pedreira ha negado de nuevo la libertad para el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, de quien ha dicho que "no está en prisión por meras conjeturas o hipótesis, sino por la imputación de graves indicios, así como por supuestos comportamientos tipificados legalmente".

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20. C. A. ANDALUCÍA: FERNÁNDEZ DE MOYA IRÁ AL SENADO, AUNQUE DIJO QUE SOLO SERÍA ALCALDE

El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, llevaba varias semanas preparando el terreno para anunciar que sería cabeza de lista al Senado. "El PSOE nos expulsa del Parlamento", decía una y otra vez en todos sus actos públicos, en alusión a la incompatibilidad de los regidores con la Cámara autónoma que regirá en las próximas elecciones.

Claro que hasta ser alcalde, Fernández de Moya tenía una visión muy diferente sobre la acumulación de cargos: "Estaré los cuatro años donde me coloquen los jiennenses", dijo en una entrevista a este periódico antes del 22-M. Pero es que, el 23 de mayo de 2010, en una entrevista en un diario provincial, fue mucho más contundente: "Si consigo ser alcalde de esta ciudad me dedicaré a ella en exclusiva, por lo que, qué duda cabe, tendré que dejar mi acta de parlamentario". No solo no ha dejado su escaño, sino que ahora aspira al Senado.

Se da la circunstancia de que el anterior alcalde popular de Jaén, Miguel Sánchez de Alcázar, tuvo que dimitir como concejal en enero de 2009, y mantenerse únicamente en el Senado, acosado por la dirección provincial, liderada por Fernández de Moya, que quiso así dar un golpe de timón en el grupo del PP en el Ayuntamiento.

Ayer, Fernández de Moya se apresuró a declarar que su presencia en el Senado "no va a restar" en su trabajo al frente de la ciudad, garantizando "dedicación plena" a la alcaldía. El secretario provincial del PSOE, Francisco Reyes, aprovechó la ocasión y exigió que "se aplique su propia medicina y dimita", por ser "una auténtica estafa a los vecinos de Jaén".


21. C. A GALICIA: MANUEL BALTAR: "LOS GOBIERNOS DEBEN MEDIRSE POR EL AHORRO"

El presidente del Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar, proclamó ayer que la "calidad" de una administración no se mide "por lo que gasta, sino por lo que ahorra" y acusó a los socialistas de incurrir en "un gasto excesivo e innecesario", que obliga a "una gran reforma" para "cambiar el círculo vicioso por un círculo virtuoso" en la economía, informa Europa Press.

En un comunicado, Baltar Blanco argumentó que dicha reforma es necesaria para crear empleo, el "principal objetivo nacional" de su partido. La Diputación que preside su padre, José Luis Baltar, está al borde del colapso con una deuda de 80 millones, el 110% de su presupuesto, y es la segunda empresa en personal de la provincia.


22. C. A GALICIA: DIMITE UN DIPUTADO GALLEGO DEL PP ACUSADO DE COBRAR COMISIONES ILEGALES

El supuesto jefe de la trama de corrupción intenta implicar al ministro Blanco

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia lleva varios meses investigando al dirigente del PP de A Coruña Pablo Cobián, acusado por el empresario lucense Jorge Dorribo (imputado por corrupción) de cobrar sobornos en metálico a cambio de ayudarle a conseguir subvenciones públicas de la Xunta de Galicia.

El Ministerio de Sanidad denegó las peticiones del empresario corrupto

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Fue antes del verano cuando, bajo secreto de sumario y a instancias de la juez de Lugo que instruye la Operación Campeón sobre una trama de fraudes de subvenciones, el alto tribunal gallego abrió diligencias por delitos de cohecho y tráfico de influencias, dado que el acusado Pablo Cobián es aforado. Pero Cobián perdió ayer esa condición al presentar su dimisión como diputado autonómico, además de dejar la portavocía del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña).

De momento aún no se ha abierto investigación judicial contra los otros dos políticos, el ministro de Fomento, el socialista José Blanco, y el diputado nacionalista (BNG) y exconsejero de Industria Fernando Blanco, a los que también intentó involucrar Dorribo en el cobro de comisiones mediante una declaración ante la juez de Lugo. Dorribo les acusa de cobrar dinero a cambio de conseguirle ayudas públicas para su empresa, Laboratorios Nupel, según publicó ayer el diario El Mundo. En concreto y siempre según una declaración del empresario posterior a la que implicó a Cobián, el ministro se habría beneficiado de 400.000 euros, recibidos a través de un primo político, Manuel de Bran. Supuestamente, ese dinero pagaría las gestiones de Blanco a favor del empresario lucense ante el Ministerio de Sanidad para agilizar los trámites para comercializar productos conocidos como unidosis, extremo que el departamento que dirige Leire Pajín negó ayer. "No solamente es falso que mediara el ministro José Blanco, sino que las peticiones que hizo ese empresario le fueron denegadas", señaló un portavoz ministerial.

Además de la denuncia contra Blanco, el empresario gallego señaló a Fernando Blanco, extitular de Industria durante el Gobierno de BNG y PSdG entre 2005 y 2009, quien habría recibido 350.000 euros en metálico, además de participar en sus negocios a través de un supuesto testaferro, Xoán Manuel Bazarra, exjefe de gabinete de la consejería.

Al Tribunal Superior de Galicia aún no le ha dado tiempo a decidir sobre "la exposición razonada de la juez instructora de Lugo" que el lunes pidió formalmente que se abriesen diligencias para investigar al diputado del BNG Fernando Blanco.

Tanto José Blanco como el parlamentario nacionalista negaron ayer las acusaciones, de las que aseguran no saber nada, ni tener citación judicial para aclararlas. Fernando Blanco lo hizo en Lugo, capital de la provincia por la que es diputado y en la que ejerció de teniente de alcalde: "Con absoluta rotundidad, todas las ayudas que dio la Consellería de Industria en su momento se atienen a la más escrupulosa legalidad. No he recibido ninguna cantidad de este señor y por lo tanto esta es una calumnia y una absoluta infamia". El parlamentario anunció, además, que emprenderá "las acciones judiciales pertinentes en defensa" de su "honorabilidad".

La actitud del hasta ahora diputado del PP por A Coruña Pablo Cobián ha sido diferente. En el comunicado en el que ayer hizo pública su dimisión de todos sus cargos públicos que ocupaba, reconoce que tuvo relación con el empresario lucense que ahora le acusa. Jorge Dorribo es uno de los principales implicados en la trama de fraude de subvenciones públicas que llevó en la primavera a la detención e imputación de dos altos cargos del instituto de crédito de la Xunta. Y acusó ante la juez de la Operación Campeón a Cobián de haber cobrado 200.000 euros de soborno a cambio de facilitarle la obtención de ayudas del Gobierno gallego. "La única relación que mantuve con este señor", afirma Cobián, "es a través de una empresa de patrocinio deportivo de mi hijo para pruebas de alta competición automovilística". Otras empresas gallegas también patrocinaron las carreras de su hijo, añadió el hasta ayer diputado del PP.

Eso sí, Pablo Cobián, al igual que José Blanco y que Fernando Blanco, avisó de que emprenderá acciones judiciales tras la publicación de un caso que está bajo secreto sumarial. "Emprenderé todas las acciones para depurar responsabilidades por las filtraciones y una vez conocidas las actuaciones también emprenderé acciones penales contra el señor Dorribo". Cobián asegura que decidió dimitir "a pesar de ser inocente" por respeto a los ciudadanos que le votaron y para no perjudicar a su partido. Su dimisión y pérdida de la condición de aforado obligará al Tribunal Superior a devolver la investigación abierta por cohecho y tráfico de influencias a la juez de Lugo que instruye la Operación Campeón.

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23. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL CUMPLE SUS CIEN DÍAS DE GOBIERNO CON UNA HUELGA DE DOCENTES

La Junta cifra el seguimiento del paro en el 30,4%; los sindicatos, en el 66%

María Dolores de Cospedal hizo ayer balance de sus cien primeros días como presidenta de Castilla-La Mancha -su Gobierno "ha cumplido" y seguirá trabajando para "reconstruir" la comunidad, dijo-, mientras sufría la primera huelga contra su política, protagonizada por los profesores de los institutos públicos debido a los recortes en las aulas.

Las centrales dicen que fue un éxito y que la movilización continuará

El Ejecutivo niega que haya menos profesores interinos que el curso pasado

Los sindicatos dijeron que secundaron el paro dos tercios de los 14.000 profesores de ESO, bachillerato y Formación Profesional de la región, y la Junta, un 30,4%. El apoyo fue mayor en las provincias de Toledo y Guadalajara. La Junta habló de seguimiento "mínimo", y las centrales de un "éxito" que les da fuerzas para seguir con las movilizaciones, a pesar de que los dos sindicatos mayoritarios de la región (ANPE y CSIF) se han desmarcado de la convocatoria hecha por CC OO, UGT y STE.

El hecho es que la jornada de paro se podía percibir nítidamente ayer en la ciudad de Toledo, incluso en los centros en los que el seguimiento no había sido alto. Por ejemplo, en el instituto El Greco, donde apoyó el paro el 25% de los docentes, una alumna pedía sobre las 10.30 de la mañana al director que le abrieran las puertas para irse a casa. "Si no hemos tenido las dos primeras clases...", decía ante la negativa del director. Muy cerca, en el instituto Azarquiel, el seguimiento fue del 33%. Allí, un grupo de alumnos de 2º de bachillerato explicaba que solo iban a tener la mitad de las clases. Uno de ellos aseguró que haría huelga hoy -el Sindicato de Estudiantes ha convocado un paro en toda España-, porque los recortes, al final, a quienes les perjudican es a ellos. Su instituto tendrá este curso 11 profesores menos. El Greco, ocho menos.

Sin embargo, la presidenta Cospedal aseguró que no hay menos, sino 271 docentes interinos más, por lo que "algunos tendrán que dar muchas explicaciones a los alumnos que hoy [por ayer] no están recibiendo clase". Los sindicatos niegan esa cifra, e insisten en la bajada de, al menos, 800 docentes.

Uno de ellos es Manuel Jiménez, de 35 años, que ayer se desplazó a Toledo. Varios miles de personas se manifestaron por la tarde en todas las capitales de provincia contra los recortes. Por la mañana, también hubo concentraciones de profesores. Allí estuvo Jiménez, que ha sido profesor de Tecnología los dos últimos cursos y este iba a continuar; en agosto le habían dado plaza en un instituto de Yepes. Sin embargo, con el recorte se ha quedado en el paro.

A primeros de septiembre, el Gobierno decidió incrementar de 23 a 25 las horas lectivas de los profesores en infantil y primaria, y en secundaria de 18 a 20 horas. Eso ha provocado la disminución de interinos en secundaria; no la ha habido todavía en primaria porque las plazas ya estaban adjudicadas cuando se anunciaron los recortes.

El discurso del Ejecutivo castellano manchego es muy parecido al que está manteniendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ayer vivió el quinto día de huelga docente en dos semanas contra unos recortes muy parecidos a los de Castilla-La Mancha. Esto es, se trata de una huelga política contra el PP y no de una reivindicación educativa. Además, critican que los profesores se quejen por dar dos horas más de clase, cuando el país sufre una enorme tasa de paro.

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Pero el descontento de los profesores, incluso de los que ayer no hicieron huelga, asegura el director de un instituto de Toledo, no es por el aumento de horas. Y va más allá incluso del descenso de profesorado, la merma de calidad de la escuela pública (por tener menos clases refuerzo o apoyos o menos atención a alumnos y padres) y del temor de que los recorten continúen, ya que el objetivo de la Junta es ahorrar 137 millones de euros en educación entre este y el próximo año. Están muy dolidos por los ataques recibidos. "Vayas donde vayas, te encuentres con quien te encuentres, lo que ha calado es que no queremos trabajar más y que solo trabajamos 20 horas", se queja el director. En realidad, las horas lectivas son las de clase directa, ya que los docentes de la pública completan su jornada semanal hasta un mínimo de 37,5 horas.


24. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL UTILIZA LA WEB DE LA JUNTA PARA ARREMETER CONTRA EL PSOE El comunicado de prensa, que se puede consultar en la dirección www.jccm.es, hace referencia a una entrevista realizada por De Cospedal esta mañana en la televisión pública de Castilla-La Mancha. En el mismo, y bajo el título “La escenografía del PSOE durante el fin de semana olía a naftalina”, se leen apreciaciones del tipo “el 20-N tiene que haber un cambio político en España”, o que Patxi López le hace la campaña electoral a Bildu. Ninguna de las frases, ni una sola de las palabras hace referencia a ninguna cuestión que esté relacionada o con la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha o con ningún asunto de actualidad regional El PSOE de Castilla-La Mancha ha querido denunciar “el uso partidista y absolutamente sectario que de los medios y las instituciones públicas de Castilla-La Mancha están haciendo el Gobierno de María Dolores De Cospedal y el PP regional”. Así lo ha afirmado la portavoz regional, Esther Padilla, tras constatar cómo esta mañana, casi al mismo tiempo, la página web institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha publicaba un comunicado en el que De Cospedal arremete contra Rubalcaba, Patxi López y el PSOE, y cómo la Mesa de las Cortes, con los votos de los tres representantes del PP, impedía la convocatoria de la Comisión del Estatuto del Diputado, en la que el PSOE pedía a la vicepresidenta primera de la Cámara y diputada popular, Carmen Casero, que retirara los graves insultos contra el Presidente Barreda, al que llamó “pajarraco del Faisán Rubalcaba”. El comunicado de prensa que se puede consultar en la dirección www.jccm.es hace referencia a una entrevista realizada por De Cospedal esta mañana en la televisión pública de Castilla-La Mancha. En el mismo, y bajo el título “La escenografía del PSOE durante el fin de semana olía a naftalina”, se leen apreciaciones del tipo “el 20-N tiene que haber un cambio político en España”, o que Patxi López le hace la campaña electoral a Bildu. Ninguna de las frases, ni una sola de las palabras hace referencia a ninguna cuestión que esté relacionada o con la acción del Gobierno de Castilla-La Mancha o con ningún asunto de actualidad regional. "De Cospedal hace uso de medios públicos e institucionales a favor de los intereses partidistas del PP nacional cuando ya están convocadas las elecciones generales, algo terminante y expresamente prohibido por la Ley Electoral", sostenía Padilla. Al mismo tiempo, la Mesa de las Cortes se reunía para analizar, entre otras cuestiones, la petición del grupo parlamentario socialista de convocatoria urgente de la Comisión del Estatuto del Diputado. En ella, los socialistas pretendían que la vicepresidenta primera de la Cámara regional y diputada del PP, Carmen Casero, pidiera disculpas y retirara unas declaraciones en las que insultó al Presidente Barreda y a Alfredo Pérez Rubalcaba llamándolos “pajarracos del Faisán de Rubalcaba”. Los miembros del PP en la Mesa han señalando que “no se ha producido insulto en reunión transcurrida en el ámbito parlamentario”, según el Presidente de las Cortes, Vicente Tirado. Pero es que, además, la secretaria primera de la Mesa, la también diputada del PP, Cesárea Arnedo, ha querido justificar que “pajarraco” no es insulto, sino “una acepción lingüística aumentada”. "Roza lo cómico que se justifique así un insulto tan grave. Cabe preguntarse si, tras fijar este

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criterio, los 3 miembros del PP en la Mesa aceptará que los diputados socialistas se refieran a De Cospedal con acepciones linguïsticas aumentadas como la de pajarraca". El Grupo Parlamentario Socialista presentará un recurso de reconsideración contra esta decisión de la Mesa de la Cámara. http://www.dclm.es/noticia.php?noticia=103149 DCLM.ES - 03-10-2011

25. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL FICHA COMO ALTO CARGO A UN EXFALANGISTA

Francisco Ferrero, nuevo director general de Función Pública y Justicia de Castilla-La Mancha, ocupó candidaturas de Falange en 1986 y 1995

La secretaria general de los conservadores y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha fichado a un exfalangista para ocupar la dirección general de la Función Pública, calidad de los Servicios y Justicia de la Junta. Francisco Ferrero Casillas, que asumió el cargo de director el pasado 18 de julio, concurrió en las listas de Falange Española (FE) de las JONS en los años 1986 y 1995.

En el Boletín Oficial del Estado del 15 de mayo de 1986 -que publicó las candidaturas electorales que concurrieron a las generales que se celebraron un mes más tarde- consta que Francisco Ferrero fue el cabeza de lista de la formación fascista por la provincia de Toledo ese año. La formación fracasó en las urnas y sólo obtuvo 1.228 votos en la citada circunscripción.

Nueve años más tarde, el actual director general de Justicia del Gobierno de Cospedal volvía a figurar en las listas de FE. Ferrero concurrió de número dos de la ciudad de Toledo en las elecciones municipales que se celebraron en la primavera de 1995. Así figura en el Boletín Oficial Provincial de Toledo del 2 de mayo de ese año. Su candidatura tan sólo recibió el apoyo de 68 ciudadanos.

Al conocer la intención de este diario de publicar esta información, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha remitió a Público un comunicado admitiendo la "inclusión del nombre de don Francisco Ferrero en las listas de Falange Española". En el texto, el Gobierno que preside la número dos del PP, se recuerda, además, que el exfalangista "es empleado público desde el año 1998".

"Desde esa fecha hasta hoy -añade la nota-, ha desempeñado, entre otras, las funciones de director de la Residencia Universitaria Tomás y Valiente de Toledo desde 1998 hasta 2001, durante el mandato de José Bono como presidente de Castilla-La Mancha; las funciones de jefe de servicio de Relaciones Laborales en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (puesto de libre designación) desde noviembre de 2002 hasta 2009 bajo el mandato primero de Bono y después de José María Barreda; y las funciones de jefe de personal del Ayuntamiento de Toledo desde 2009 y hasta la actualidad, durante el mandato de Emiliano García Page como alcalde de la ciudad".

Fuentes del PSOE castellano-manchego explicaron que esos cargos "no son estrictamente políticos", ya que "sólo pueden acceder a los mismos funcionarios de carrera del grupo A". Según insistieron, "en muchos servicios no se puede elegir más que a una persona". Además, apuntaron que en ninguno de esos puestos anteriores Ferrero Casillas tuvo el rango de alto cargo.

En su nota la Junta afirma que ,"en aras del rigor, la seriedad y la transparencia informativa, sería deseable que la proximidad de las elecciones generales no provoque que las adscripciones políticas pasadas de los miembros de la Junta adquieran ahora la relevancia que no han tenido durante tantos años de gobiernos socialistas".

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"Ámbito personal"

Asimismo, "recuerda que no está entre sus competencias, por tratarse del ámbito estrictamente personal, cuestionar las adscripciones políticas que en el pasado tuvieran las personas elegidas para formar parte de esta Administración". E insiste en que el Ejecutivo regional ha escogido a "las personas que considera mejor cualificadas". El Gobierno de Cospedal lamenta, por último, las que juzga "maniobras de distracción de carácter electoralista".


26. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL DEJA ABIERTA LA VÍA AL COPAGO SANITARIO EN CASTILLA-LA MANCHA La presidenta regional se ha negado a hablar de copago hasta que las administraciones hagan una gestión eficiente y austera de la Sanidad... Si las cosas están tan mal como las pinta el PP, habrá que ver si en unos meses los castellano-manchegos no tendrán que pagar por ‘partida doble’ los servicios sanitarios. De momento, la jefa del Ejecutivo autonómico dice que Castilla-La Mancha saldrá de la crisis "antes que otros" porque está haciendo los deberes La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que no se puede hablar de copago en sanidad hasta que las administraciones hagan una buena gestión de la sanidad, servicio --ha indicado-- que ya pagan los ciudadanos a través de los impuestos. En una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión, recogida por Europa Press, la presidenta regional ha señalado que "antes de pedir a los ciudadanos que paguen más dinero por los servicios sociales, que ya los pagan en los impuestos", las administraciones deben demostrarles que hacen un esfuerzo en la gestión y ejercicio de austeridad y eficiencia con el dinero que usan. Así, ha dicho que como ciudadana no entendería que le impusieran el copago en sanidad si antes los gestores de este servicio no hacen un "ejercicio de austeridad". "Después, ya se podrá hablar de otras cosas", ha señalado. FARMACÉUTICOS Sobre el pago de la deuda a los farmacéuticos ha señalado que habrá un calendario de pagos para ellos y para todos los proveedores de la Junta antes de que termine el año, por lo que ha garantizado que cobrarán lo que se les debe. Además, la jefa del Ejecutivo ha explicado que su Gobierno mantiene conversaciones y negociaciones con autonomías limítrofes, como la de la Comunidad de Madrid, para que los ciudadanos puedan usar sus servicios sanitarios. Con respecto al Hospital de Toledo, cuya gestión ha sido "catastrófica", ha señalado que se empezó a construir un año antes de las elecciones y ha señalado que "todo el mundo" coincide, incluso los constructores, en que "es una infraestructura con un mantenimiento carísimo y no se corresponde a nuestras necesidades". Cospedal ha señalado que la Junta va a mantener esta infraestructura aunque va a "reestructurar todo el servicio que tiene que dar" y va a "planificar la inversión". HUELGA DE PROFESORES Con respecto a la huelga de profesores por el aumento de dos horas lectivas, ha admitido que se les ha pedido a los maestros ese "sacrificio", aunque ha precisado que a la huelga no van todos los sindicatos y que los que acudirán "no son los mayoritarios en enseñanza". Cospedal ha recalcado que para su Gobierno los profesores "son absolutamente imprescindibles" y los va a defender "al 100 por cien", por eso está tramitando es la Ley de

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Autoridad del Profesor. Así ha dicho que es una profesión muy gratificante pero también "muy dura y sacrificada". En cualquier caso, ha subrayado que la Junta no ha eliminado con esta medida profesores interinos y ha recordado que el Gobierno de José María Barreda eliminó el curso pasado 2.015 interinos, por lo que ha pedido que "no se haga demagogia diciendo que se van a reducir" profesores con "esa falta de pudor". Cospedal también ha negado que la Junta haya eliminado el bilingüismo de los siete centros en los que se impartía el programa British Council porque el programa continua pero con profesores propios de la Junta. Sobre la promesa de libre elección de centro educativo, ha indicado que es un objetivo del gobierno que no podrán cumplir al principio de la legislatura porque hay "una crisis económica importantísima y con un déficit que hace que tengamos que hacer ajustes por todas partes", pero sí que se cumplirá al final de esta legislatura y en la siguiente. DOS AÑOS MUY DUROS De este modo, Cospedal ha avisado que vienen "dos años muy duros" y ha añadido que decir otra cosa sería "engañar" a la ciudadanía. "Vamos a salir y vamos a salir antes que otros porque estamos haciendo lo que tenemos que hacer", ha enfatizado. La presidenta ha recalcado que su prioridad es la creación de empleo y por ello está poniendo en marcha la Ley de Emprendedores y el Plan de Empleo Joven. Además, ha defendido la necesidad de poner en marcha el Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos para cumplir con el objetivo del déficit impuesto por el Gobierno de España y para mantener la calidad de los servicios públicos. La jefa del Ejecutivo ha destacado que su Gobierno ha cumplido con la austeridad dando ejemplo, reduciendo a la mitad los altos cargos y los puestos de libre designación, entre otras medidas. La Junta igualmente está trabajando en eliminar "la administración paralela" y está vendiendo sus participaciones en empresas http://www.dclm.es/noticia.php?noticia=103148 03-10-2011

27. C. A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL CONTESTA: "NO HAY RECORTE, ES AJUSTE PARA SALVAR SERVICIOS SOCIALES"

La 'número dos' del PP promete: "El 20-N será el primer día del final de la crisis"

El PP está cada vez más confiado en su éxito electoral, pero no quiere dejar ningún cabo suelto. Por eso los populares han decidido responder con dureza a la campaña de los socialistas contra los recortes sociales de las comunidades gobernadas por el PP, 11 de las 17. Dolores de Cospedal, número dos del PP y una de las protagonistas de esos recortes -la situación de Castilla-La Mancha es de las peores de España- salió ayer en tromba al contraataque en la apertura en Valencia de un foro sobre pymes que hoy clausura Mariano Rajoy. Cospedal incluso rechaza la palabra recortes. "Pido a los españoles que no se dejen engañar. Recortes es congelar pensiones, bajar sueldos a los funcionarios y subir impuestos a clases medas. Lo que hace el PP donde gobierna no son recortes. Es ajustar los presupuestos, hacer un esfuerzo de austeridad y salvar de la bancarrota los servicios sociales que ha puesto en peligro el PSOE". Cospedal ha presentado un plan de ahorro que supone 1.800 millones de euros menos, 400 en Sanidad y 500 en gastos de personal. Y además ha planteado una reforma similar a la de Madrid en educación para pasar de 18 a 20 las horas lectivas, lo que dejará sin trabajo a muchos interinos. Por este motivo, la próxima semana su Gobierno se enfrentará a una huelga en la educación que su entorno espera que no sea tan masiva como en Madrid.

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Cospedal, raro en ella, no hizo ni una mención a la polémica por el discurso del lehendakari, Patxi López. El PP ha decidido concentrarse todo lo posible en la economía, donde cree que la victoria dialéctica con el PSOE es mucho más sencilla, y dejar de lado asuntos como este que distraigan de lo que realmente ha hundido a los socialistas en las encuestas: la gestión de la crisis económica. Cospedal mantiene su empeño en vender la imagen del PP como el verdadero partido social, el partido de los trabajadores del que ha hablado alguna vez. "El PP es a la protección social lo que el PSOE es los recortes sociales y al despilfarro. Han sido Zapatero y Rubalcaba quienes han hecho recortes sociales, y los españoles lo saben", remató para concluir con una promesa muy optimista, dadas las previsiones económicas: el 20 de noviembre no se va a acabar la crisis, pero sí podemos comprometernos a que, si gana el PP, "el 20-N será el primer día del final de la crisis".


28. C. A MADRID: LOS SUELDOS DE TELEMADRID SALEN A LA LUZ

La cadena de televisión denuncia la "filtración delictiva de datos personales"

Pese a acumular una deuda de 245 millones de euros, Telemadrid es una de las empresas públicas de la comunidad de Madrid que mejor paga a sus directivos, muchos de los cuales han percibido remuneraciones muy superiores a las de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Una página web ha hecho públicas las retribuciones de directivos y colaboradores de la cadena durante el año 2009. Así, por ejemplo, la exdirectora general de RTV-Madrid, Isabel Linares, percibió 170.000 euros; el subdirector, Ángel Martín Vizcaíno, 136.000, y el jefe de los informativos, Agustín de Grado, 128.000.

Entre los periodistas mejor retribuidos del ente se encuentran Víctor Arribas, responsable del telenoticias del mediodía; Manuel Antonio Rico, vinculado a Onda Madrid, y Encarnación Valenzuela, responsable por aquel entonces de la tertulia Alto y claro, que rondan los 95.000 euros cada uno, mientras que Manuel Soriano, presidente del Consejo de Administración y exdirector general del ente público, ha percibido 111.000 euros. Aguirre tiene actualmente un salario bruto de 108.000 euros al año.

El hecho de que los salarios de los altos cargos hayan salido a luz no ha gustado a Telemadrid. "Es una filtración delictiva de datos personales", asegura un portavoz. El director general, José Antonio Sánchez, anunció ayer, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, que la cadena ya ha presentado una denuncia por entender que la publicación, con nombre y apellidos, de las nóminas escaneadas de sus directivos supone un delito.

La portavoz en la Comisión de Control de RTV-Madrid, Rosa Alcalá, consideró "escandalosas" las retribuciones, pidió una relación de los contratos de Telemadrid con las productoras privadas y preguntó a Sánchez cuánto les cuesta a los madrileños su cargo. El director general ha desvelado que su salario es de 5.940 euros líquidos al mes, prácticamente lo mismo que cobraba hace ocho años, cuando desempeñó el mismo cargo en RTVE.

Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea, abogó por la transparencia no solo en el sector público sino también en el privado: "Estamos de acuerdo con la publicación de los sueldos de diputados, consejeros, ministros e incluso de presidentes y consejeros de los grandes bancos y sociedades". La portavoz del PP, Belén Bajo, acusó a la oposición de hacer "demagogia" con Telemadrid.

Sin entrar a valorar este tipo de filtraciones, el portavoz de los socialistas en el Consejo de Administración, Eduardo Sotillos, considera necesario saber lo que representan las retribuciones de los directivos sobre el presupuesto global del ente y reclama que se conozca el número de cargos directivos y de libre designación en Telemadrid. Más crítico es el consejero de IU Luis María González, quien califica de "escandaloso" el salario de la exdirectora general, máxime al tratarse de "una empresa técnicamente casi en estado de quiebra y con una caída de ingresos publicitarios sin parangón". Los consejeros eluden toda

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responsabilidad sobre los sueldos de los directivos. "Los negocia la Comunidad", dicen. Los representantes del PP han declinado hacer comentarios.

Fuentes de Telemadrid recuerdan que los datos desvelados corresponden a 2009, antes de que se aplicara la instrucción de la Comunidad para recortar los salarios, que en algunos casos han mermado hasta un 15%.


29. C. A MADRID: RTVM CIERRA SEPTIEMBRE CON UNA DEUDA DE 240 MILLONES

El director de Radio Televisión de Madrid defiende "la libertad, pluralidad y neutralidad" del ente público

Radio Televisión de Madrid (RTVM) tenía una deuda de 245 millones de euros al cierre del pasado mes de septiembre, según ha informado su director general, José Antonio Sánchez, durante la comisión de control del ente público en la Asamblea de Madrid. El director ha dicho que el ente recibe de la Comunidad de Madrid "78,9 millones de euros". "Es un 60% inferior a lo que recibe la catalana y un 50% inferior a lo que recibe la andaluza", ha explicado.

Preguntado por su nómina, el director ha asegurado que cobra menos ahora que cuando era director general de Radio Televisión Española (RTVE). Este mes de septiembre, en líquido, ha cobrado 5.940 euros, cuando en su etapa al frente de RTVE su líquido a percibir era de 5.962 euros.

Durante la comisión, Sánchez ha afirmado además que no le corresponde a él decidir cuál debe ser el modelo de gestión de RTVM, sino que a él le corresponde la gestión del ente que debe mostrar la realidad de Madrid, España y el mundo de una "forma plural", desde un contexto de "libertad, con calidad y sin ser gravosa para el ciudadano". "Son los diputados de la Asamblea y el Gobierno de la Comunidad de Madrid quienes tienen que decidir el futuro de Telemadrid", ha dicho.

Sánchez ha señalado que lo que quiere para Madrid es una "televisión para todos donde quepan todos y con libertad". "Desde la pluralidad ideológica y social y con vocación de servicio al ciudadano", ha matizado el director, que ha destacado que quieren prestar un "servicio público, con libertad y pluralidad" sin renunciar a la "neutralidad", pero no frente a todo, en "contexto de libertad, con calidad y sin ser gravoso para el bolsillo del contribuyente".

Ante la inminente campaña electoral, Sánchez ha asegurado que actuarán "como siempre, ofreciendo una información objetiva y plural". "Nuestros informativos son un referente en la parrilla y gozan de una profesionalidad y prestigio. No vamos a permitir influencias externas y exigiré a los profesionales independencia, rigor, y responsabilidad en su trabajo", ha destacado el director.

Con la vista en las audiencias, Sánchez ha explicado que año y medio después del apagón analógico, Telemadrid tiene una audiencia muy mermada, lo mismo que todas las televisiones generalistas como consecuencia de una enorme fragmentación en la oferta. Además, ha indicado que la cadena "padece las consecuencias de unos ingresos publicitarios escasos".

No obstante, el portavoz de UPyD en la comisión, Luis de Velasco, no ha estado de acuerdo con este razonamiento, y ha considerado que esta baja de audiencia puede deberse a que, a su juicio, no se cumplen las características de "objetividad, pluralismo y servicio público".

La portavoz del PSOE en la comisión, Rosa Alcalá, ha destacado que en los últimos meses las cifras de audiencia no paran de bajar y ha cifrado en un 5,3 la del mes de septiembre, frente al 10 de Canal Sur o el 11,3 de la televisión gallega. La diputada ha señalado que defienden que RTVM sea un ente público en el que haya pluralidad de opiniones y ha echado en cara al director que en la cadena "se dedican a hacer oposición al Gobierno de la Nación y persiguen a

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los ayuntamientos de signo contrario al PP", cosa que Sánchez ha negado en su turno de réplica.

La réplica la ha dado la portavoz del PP en el órgano, Belén Bajo, que ha acusado a los diputados de la oposición de venir al Parlamento a "hacer demagogia" y ha destacado que la bajada de audiencia no atiende a que no haya pluralidad. Bajo ha añadido que RTVM es una televisión "regional que forma parte de España", y un "servicio público, que respeta la libertad y la pluralidad" que "no se pondrá de perfil ante el terrorismo, la injusticia y la desigualdad".


30. C. A MADRID: EL CONFLICTO DE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN INFLAMA LA ASAMBLEA

Los portavoces parlamentarios se insultan en un pleno casi monográfico

Una marea verde salpicó ayer el hemiciclo de Vallecas, donde está situada la Asamblea de Madrid. El pleno, el primero ordinario de la legislatura, se convirtió en un debate casi monográfico sobre el conflicto por los recortes en Educación que está aplicando el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La sesión fue bronca y estuvo salpicada de insultos y agravios. Los portavoces de todos los grupos recurrieron a los argumentos manidos y apenas hubo sorpresa dialéctica en un debate excesivamente áspero.

Según Tomás Gómez "El método Aguirre es desprestigiar aquello que quiere desmantelar". La Presidenta madrileña se ha defendido acusando a Gómez de haber dejado un reguero de despidos en Parla -

"Hay un método en su locura", dijo Gómez. "Miente", insistió Aguirre

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, sacó la artillería pesada para responder a los ataques de la oposición por la instrucción de la Consejería de Educación de aumentar las horas lectivas de los profesores de 18 a 20 horas semanales, lo que ha provocado que se haya dejado de contratar a unos 1.000 docentes interinos. "Muchos podrían pensar que su agresión a la enseñanza pública es una locura. Pero hay un método en su locura", espetó Gómez a Aguirre. Y continuó: "Utiliza con los profesores el mismo método que utilizó en el Severo Ochoa para atacar a la sanidad pública". Aguirre, casi sin esforzarse, recurrió a la estrategia que usa cuando se enfrenta a Gómez: desde la campaña electoral le acusa de mentir. Y la presidenta abusó de esa táctica. Repitió la palabra "mentira" más de una decena de veces. "Gómez miente como ya mintió en la campaña electoral de manera flagrante. No tiene ningún aprecio por la verdad. No mira a la cara, no mira porque miente", manifestó la presidenta con un tono algo chusco.

Antes de eso, la presidenta dejó desencajados a los 13 diputados de IU que se presentaron en la Asamblea de Vallecas ataviados con las camisetas verdes para protestar contra los recortes. "Me he enterado de que ustedes (IU) hacen un gran negocio con esas camisetas que venden a cinco euros y producen a tres y que fabrican 1.700 camisetas a la semana. Menudo negociazo hacen en tiempos de crisis", señaló Aguirre. El portavoz de IU, Gregorio Gordo, desmintió enseguida la denuncia de la presidenta: "Aguirre vive instalada en un disparate continuo y sencillamente intenta desviar la atención con cosas que nadie se puede creer".

Gordo le había recordado a la jefa del Ejecutivo madrileño el supuesto desliz que ella tuvo hace unos días al comentar que "no todas las etapas educativas tienen que ser gratuitas". Por eso, el líder de IU en Madrid le achacó en el hemiciclo: "Usted quiere implantar el cheque escolar en las etapas no obligatorias de la educación". La dirigente popular admitió que subiría el precio de los cursos de posgrado. "Los másters están fortísimamente subvencionados. El Gobierno de la nación nos ha puesto un máximo de subida de las tasas del 3%. Están subvencionados, porque a las comunidades autónomas no se nos deja que aumenten las tasas en las universidades", manifestó.

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La otra gran protagonista del debate fue la consejera de Educación, Lucía Figar, que tuvo que responder a seis preguntas parlamentarias y comparecer para hablar sobre el conflicto educativo y la supresión del Servicio Regional de Empleo. Figar, que casi se quedó sin voz, negó que la Comunidad de Madrid recorte en Educación. Y concluyó: "Si a los socialistas les preocupa la educación, ¿Qué hace Tomás Gómez dando clases de Economía en la Universidad Carlos III?".

Figar negó una a una todas las acusaciones que le hizo la oposición y repitió media docena de veces que cree que la huelga de profesores tiene un trasfondo político. "No hemos variado ni la jornada laboral, ni las condiciones de trabajo, ni los periodos de vacaciones ni el salario de ningún profesor. Aquí no debería de haber ningún conflicto. Si hay conflicto se debe a la irresponsabilidad y al cinismo de los sindicatos que callan y consienten los recortes socialistas y protestan al PP. Además, aquí hay unas elecciones convocadas para dentro de mes y medio", zanjó.


31. C. A MADRID: EL GOBIERNO ASIGNA UN SUELDO MÁS ALTO A SU VICEPRESIDENTE QUE A LA PROPIA AGUIRRE

Ignacio González llega a 108.720 euros sumando sueldo institucional y trienios y su jefa, a 108.511

La nómina de Esperanza Aguirre y sus ocho consejeros costará este año al erario público 926.242 euros, según la información divulgada ayer por el Ejecutivo madrileño a través de la web de la Consejería de Economía y Hacienda. Las nóminas de septiembre de cada miembro del Ejecutivo regional indican que el número dos de Esperanza Aguirre, el vicepresidente Ignacio González, tiene asignado un sueldo institucional superior al de su jefa: 104.928 euros anuales brutos en el caso de González frente a los 103.090 en el de Aguirre. En resumen, 25.000 euros más que lo que gana Zapatero como presidente del Gobierno (78.185 euros). A esas cifras se añaden tanto en lo que respecta a Aguirre como a González los trienios acumulados como funcionarios. La presidenta llega así a 108.511 euros al año y su vicepresidente, a 108.720.

A diferencia del Congreso y el Senado y de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Andalucía, Madrid es hoy el único gran territorio cuyo Gobierno, junto con el de Catalunya, se niega a difundir la declaración de rentas y bienes de sus altos cargos.

Pero conocer el sueldo público no equivale necesariamente a tener información sobre el conjunto de ingresos de cada miembro del Ejecutivo. Por ejemplo, en la nómina no queda constancia de las posibles retribuciones procedentes del PP. Tampoco es factible con ella en mano conocer el patrimonio de los máximos dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid. Ni su evolución interanual.

Un 13%, camuflado

Las nóminas difundidas demuestran que un 13,04% del monto destinado a pagar los salarios del Ejecutivo de Aguirre corresponde al polémico complemento de homologación con los altos cargos de la Administración Central. En total, ese plus supone para el erario madrileño 118.945 euros al año. La partida aparece camuflada en los presupuestos: es decir, no figura en el apartado de retribuciones para altos cargos sino bajo el epígrafe "homologación otro personal", dotada este ejercicio con 557.840 euros, sólo un 5% menos que en 2010. Los únicos beneficiarios de esa homologación son los miembros del Ejecutivo regional y sus cargos de segundo nivel.

En cifras netas, es decir, lo que cobra al mes cada integrante del Gobierno madrileño tras las deducciones por Seguridad Social e IRPF, Ignacio González vuelve a ocupar el primer puesto:

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5.903 euros al mes previa retención de un 33% por IRPF. Su jefa recibe 5.826 euros tras una retención del 34%.

De González abajo, cada consejero recibe al mes 8.379,71 euros brutos en calidad de salario institucional. La cifra final varía de uno a otro dependiendo de las retenciones por IRPF y de que haya o no derechos por antigüedad funcionarial.


32. C. A MADRID: EL SUELDO DE LOS DIPUTADOS SERÁ PÚBLICO EN LA WEB DE LA ASAMBLEA

Los parlamentarios harán una declaración de bienes al acabar la legislatura para ver si hay enriquecimiento ilícito

"No tengo nada que ocultar. Es todo transparente", lanzó Esperanza Aguirre hace una semana cuando hizo pública su nómina ante los medios. Este diario había publicado que la presidenta y sus diputados tenían un complemento opaco desde 2008 que homologaba su salario con el de los secretarios de Estado. Lo habían mantenido en secreto, a pesar de que dicho complemento asciende a 13.000 euros al año. Entonces la presidenta regional evitó responder si haría público el sueldo de los parlamentarios madrileños.

Los bienes y segundas actividades seguirán siendo ocultos

La oposición llevaba meses, desde comienzo de la legislatura, reclamando que el sueldo de los diputados y de los miembros del Gobierno regional fuera público y accesible. Pero hasta ayer todo eran oídos sordos. La mayoría del Grupo Popular había echado para atrás una iniciativa del PSM en este sentido alegando un defecto formal. UPyD llevaba desde junio reclamando algo similar.

Pero ayer, el portavoz del PP en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, anunció que el sueldo de los diputados será público en la web de la Asamblea. Para ello, el Grupo Popular, mayoritario, presentará una proposición para reformar el reglamento de la cámara legislativa y, en el plazo aproximado de un mes, el sueldo de los diputados se podrá consultar en el portal digital de la web de la Asamblea (www.asambleamadrid.es). "Todo lo que sale del presupuesto público tiene que ser público", lanzó Henríquez de Luna, quien facilitó su nómina a los medios emulando a Aguirre. El portavoz del PP cobra 5.329,29 euros brutos al mes (63.948 euros brutos al año).

Los populares reformarán el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea para comprobar si se han producido "enriquecimientos ilícitos" entre los diputados. Hasta ahora los parlamentarios están obligados a hacer una declaración de bienes al inicio de la legislatura. Con dicha reforma tendrán que hacer otra declaración cuando concluya el mandato. "De esta forma, en el caso de que se detecte un incremento en el patrimonio, los diputados deberán justificarlo ante notario", apuntó Henríquez de Luna.

El portavoz popular rechazó que estas declaraciones de bienes sean públicas. "No aporta absolutamente nada. Es cotilleo morboso", añade. Los populares consideran que conocer el patrimonio de los políticos es de dudosa utilidad.

Numerosos diputados, al menos cinco del PP, tres del PSM y uno de IU, son miembros de la asamblea general de Caja Madrid y cobran cerca de 1.400 euros cada vez que acuden a una reunión del consejo. Otros también reciben otras remuneraciones por ser consejeros de empresas o entes públicos, pero está información sigue siendo inaccesible.

La iniciativa del PP coincide con dos proposiciones del PSM y de UPyD sobre transparencia. La propuesta de UPyD pretende también que los diputados solo pudieran cobrar un sueldo. "Los ciudadanos tienen el derecho de controlar y evitar que los cargos públicos reciban varios

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sueldos a la vez", explicó el lunes Ramón Marcos, portavoz adjunto de la formación magenta en la cámara legislativa. El PSM también hizo una propuesta similar. "Queremos que las rentas de los diputados y sus correspondientes declaraciones de bienes aparezcan publicadas en el Boletín oficial de la Asamblea de Madrid y en la página web, como ocurre en otras comunidades autónomas", decían la semana pasada los socialistas.


33. C. A MADRID: LOS DOCENTES MANTIENEN EL PULSO CONTRA EL GOBIERNO MADRILEÑO

La cuarta jornada de huelga vuelve a ser mayoritaria en los institutos

En la guerra de desgaste desatada entre los profesores madrileños y el Gobierno regional por los recortes en las aulas, los docentes mantuvieron ayer el pulso firme. La cuarta jornada de huelga que vivían los institutos públicos en apenas dos semanas tuvo un seguimiento muy alto, en torno a un 60%, según los cálculos de EL PAÍS tras recabar la información de 36 centros (los sindicatos dijeron el 71%, la Consejería de Educación, el 32%). Sin embargo, fue menor que en las primeras jornadas de paro (más del 66%) y hubo muchas diferencias entre unos institutos y otros.

El 60% de los profesores secundó este paro, algo menos que los dos primeros

68.000 personas recorrieron el centro de la capital contra los recortes

"Pensábamos que iba a haber menos seguimiento, porque ya ha llegado la nómina y se han aplicado los descuentos de los paros anteriores, pero la gente está muy concienciada", comentaba un docente en el instituto Ignacio Ellacuría de Alcorcón, al sur de Madrid, donde ayer solo fueron a trabajar ocho de sus 27 profesores. Un día de paro les supone entre 100 y 120 euros menos. Hoy también están llamados a la huelga los 21.000 docentes de ESO, bachillerato y FP de la región (volverán a estarlo el próximo día 20) y se les unen las escuelas oficiales de idiomas.

Mientras las protestas siguen extendiéndose -ha habido paros en Madrid y Galicia, y hoy habrá en Castilla-La Mancha-, los sindicatos advierten que no descartan convocar una huelga en toda España si la política de recortes se contagia a más comunidades. De momento, varios miles de profesores interinos han perdido su trabajo este curso en Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, Navarra y Cataluña por el aumento del horario lectivo de los docentes funcionarios (la parte de su jornada dedicada directamente a dar clases). La queja no es por tener que dar más clases, aseguran los maestros rebelados, sino porque la calidad la escuela pública se verá afectada al perder actividades extraescolares, clases de refuerzo o desdobles. "Se trata de un conflicto social, no laboral; si no fuera así, no habría tanta gente en esta manifestación", dijo Francisco García, de CC OO, en referencia a las más de 68.000 personas que, según cálculos de El PAÍS, marcharon ayer por el centro de Madrid contra los recortes educativos. Los Gobiernos autónomos en cuestión, por su parte, se niegan a hablar de recortes, insisten en llamarlos ajustes a los que obliga la crisis y aseguran que no afectarán a la calidad.

La Comunidad de Madrid es sin duda el centro de la batalla, con decenas de encierros en los centros y una base de profesores y padres muy movilizados en torno a asambleas. El discurso del Ejecutivo regional es que las motivaciones sindicales son políticas y no educativas. El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, aconsejó a los sindicatos que "no se cansen", porque el recorte sigue adelante, y la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo que la huelga es "un ataque enorme a la escuela pública". "El ataque son las instrucciones de inicio de curso, cuyo daño es irreversible y permanente", contestó Francisco García.

En Madrid hay más de 230.000 alumnos de secundaria. De momento, a los centros no han llegado quejas de padres por la huelga, sino más bien apoyo, aseguran tanto en el instituto Jaime Vera, en el barrio de Tetuán de la capital, como en el Beatriz Galindo, en el barrio de

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Salamanca, y en el Rosa Chacel, de Colmenar Viejo, en el noroeste de la región. Dos alumnas de 2º de bachillerato reflexionaban ayer sobre la huelga en la puerta del instituto Juan de la Cierva, también de la capital. "Bien por un lado, mal por otro, porque los profesores tiene derecho a reivindicar, pero también estamos perdiendo clases", decía una de ellas.

Los recortes

- Menos presupuesto. En los últimos dos años ha descendido el gasto público total en educación (la suma de todas las Administraciones) un 1,5%, según las previsiones del Ministerio de Educación. Es la primera vez que esto ocurre en, al menos, los últimos 30 años.

- Menos profesores. También por primera vez, empieza el curso con menos profesores (15.000, tanto en la pública como en la privada) que el año anterior.

- Madrid. El aumento de la jornada lectiva de los profesores de secundaria de 18 a 20 horas supondrá un recorte de unos 3.000 interinos en los institutos públicos, según los sindicatos. La consejera de Educación, Lucía Figar, admitió en una entrevista que pueden estar en torno a 1.000. Las horas lectivas son las de clase directa, ya que los profesores de la pública completan su jornada semanal hasta un mínimo de 37,5 horas. Los profesores ya han protagonizado cuatro jornadas de huelga y están convocadas otras dos.

- Castilla-La Mancha. El incremento de 23 a 25 horas lectivas en infantil y primaria, y en secundaria de 18 a 20 horas, provocará una disminución, al menos, de 800 profesores, admitió la Consejería de Educación. Los sindicatos creen que pueden llegar a 1.000. Los profesores de la región están llamados hoy a la huelga.

- Galicia. La ampliación de horas lectivas de 21 a 24 horas en infantil y primaria dejará fuera a 500 interinos, según estimaciones sindicales. El Gobierno no da cifras. Los docentes han tenido dos jornadas de huelga y los sindicatos no descartan convocar más.

- Navarra. La ampliación de horas lectivas de 17 a 18 horas en secundaria supondrá 230 contrataciones menos. Los sindicatos aún no han decidido si convocarán huelga.

- Cataluña. Aumentan las horas lectivas de 23 a 24 en primaria y de 18 a 19 en secundaria. Habrá 2.500 docentes menos, calculan los sindicatos. Hubo movilizaciones el curso pasado.


34. C. A MADRID: GRANADOS BUSCA SU SITIO

El 'ex número tres' de Aguirre, descolocado tras salir del Gobierno, diseña su estrategia para regresar al poder

Cuentan diputados del PP que la caída en desgracia de Francisco Granados se veía venir. No supo verlos, pero los indicios estaban ahí. Poco antes de las pasadas elecciones, Esperanza Aguirre emprendió una frenética gira por los pueblos. En uno de esos pequeños municipios, los afiliados del PP organizaron una verbena. Sonaba un pasodoble: Paquito el chocolatero. La presidenta, con su desparpajo habitual, ordenó a su consejero de Presidencia, Justicia e Interior: "Paco, anda, sal a bailar tu canción". Granados acató la orden y se lanzó bailar algo abochornado. La escena, cuenta un dirigente del PP, revela la especial relación que la lideresa mantiene con el secretario general de su partido.

Francisco Granados Lerena (Valdemoro, 1964) ha sido hasta hace cuatro meses el número tres del Gobierno regional. Listo, ambicioso y con olfato político emprendió un pulso con el vicepresidente Ignacio González. Lo ha perdido. "Llegó un momento en que Aguirre tuvo que decantarse entre González y Granados. Y nunca tuvo dudas", apunta un parlamentario del PP. El pasado mayo, la dirigente popular excluyó a Granados de su Gobierno tras ocho años en los

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que había medrado: de consejero de Transportes (entre 2003 y 2005) a superconsejero de Presidencia, Justicia e Interior (entre 2008 y 2011).

Durante semanas pareció a punto de abandonar, pero resucitó. Se ha volcado en el partido. Defiende su parcela como secretario general del PP de Madrid. "Está buscando su sitio, pero no lo ha encontrado", afirma un veterano cargo del PP. Se reúne con alcaldes, ofrece ruedas de prensa para opinar sobre cualquier asunto. Tiene más actividad que cualquier consejero de relumbrón. Pero el lustre de estas convocatorias dista mucho de las que organizaba como miembro del Gobierno. "Trata de aprovechar el hueco. Aguirre ha reducido su agenda y en el Gobierno no hay tanta gente con perfil político", reflexiona un diputado que conoce los entresijos del partido. Fuentes de Sol liman asperezas: "Es el secretario general y hace bien llenando su agenda. Está asumiendo su papel, quizá no es el que quiere, pero lo hace bien".

También hay quien considera que se ha quedado fuera porque estaba señalado: era el responsable de Interior cuando estalló el caso del espionaje en Madrid. Él contrató a los tres ex guardias civiles que han sido imputados por seguir a destacados dirigentes del PP en la región. La cuestión está en los tribunales. En esa época, también, comenzaron a circular varios dosieres sobre su patrimonio y supuestos negocios turbios. Granados denunció la filtración de estos informes. No se demostró su participación en nada irregular. "Fue el peor momento de mi vida política", reconoce Granados, que tuvo que recurrir a los tribunales para frenar las acusaciones del directivo de una empresa que al final se retractó.

La carrera de Granados ha sido fulgurante. En 1999, con 35 años, alcanza la alcaldía de su pueblo, hasta entonces uno de los bastiones del PSM. Cuatro años más tarde, Aguirre lo llama para formar parte de su Gobierno. Tras presidir la comisión del tamayazo, se convirtió en consejero de Transportes. Su paso por ese departamento le granjearía enemigos, como la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que le sucedió en el cargo.

Hace cuatro meses, cuando el PP regional aún estaba embriagado por su incontestable victoria electoral, Aguirre citó a Granados en su despacho. Le propuso ser el portavoz popular en el Parlamento autonómico. "La discusión fue acalorada. Él creía que se merecía más. Pensaba que no era justo", revela un alto dirigente popular. Rechazó la oferta tras una agria discusión. "Se equivocó". El mismo día, Aguirre convocó a todos los diputados del PP para nombrar a la dirección del grupo. Granados, con gesto sombrío, se sentó en la última fila. Estaba herido. "Pensé en volver al banco", reconoce. "Es un superviviente. Buscará su sitio hasta que llegue su momento", desliza un parlamentario madrileño.

Durante semanas estuvo solo. Pero se esforzó por recuperar terreno. "Busca mantener su influencia. Tener apoyos para defenderse cuando le toque". Su entorno cree que mantendrá el cargo de secretario general hasta el próximo congreso. Entonces, creen, González maniobrará para colocar a su protegido: Borja Sarasola, responsable territorial del PP. "Los problemas de Paco no son con la presidenta. Son de convivencia con González", cuenta un miembro de la ejecutiva del PP. "Durante las elecciones quiso colocar a personas de su confianza en las listas. No pudo pese a ser el secretario general, fue un pulso desigual", añade este cargo popular. Granados sigue moviendo los hilos. Habla todos los días con la presidenta. "Pasa mucho tiempo en Génova y sube con frecuencia a las plantas nobles. Busca aliados en la dirección nacional", cuenta el mismo dirigente. Algo se mueve en el PP de Madrid y "Paco" estará preparado para cuando ocurra.


35. C. VALENCIANA: ALBERTO FABRA RECORTARÁ 400 MILLONES EN EL SECTOR PÚBLICO

El Gobierno valenciano, que preside el popular Alberto Fabra, pretende recortar en 2012 más de 400 millones de euros en empresas públicas y fundaciones. El decreto de medidas urgentes, con el que Fabra pretende reestructurar a fondo las 75 entidades públicas que tiene

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la Generalitat valenciana al margen de la Administración general, entró ayer en vigor, tras ser aprobado en el pleno del Gobierno valenciano el pasado viernes.

El consejero de Economía, Enrique Verdeguer, anunció también la creación de una Corporación Pública Empresarial Valenciana, que agrupará a todas las empresas y fundaciones, con excepción de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y la Agència Valenciana de Turisme, que tendrán un tratamiento específico. El sector público de la Generalitat emplea a cerca de 11.000 personas y arrastra una deuda que supera de largo los 5.000 millones de euros. De los 400 millones que se prevé ahorrar, un total de 150 procederán de un recorte del 40% en los gastos de funcionamiento de las empresas del sector público. El ahorro restante vendrá del resto de capítulos, incluido el de personal, aunque Verdeguer no quiso especificar los recortes de cada una de las partidas.

Con este decreto, la consejería de Economía vigilará muy de cerca que no haya ningún tipo de desviación presupuestaria y podrá intervenir en cualquier momento.


36. C. VALENCIANA: CAMPS SE ALOJA EN EL HOTEL DE CINCO ESTRELLAS DEL CIRCUITO DE MOTOS DE JAPÓN El Twin Ring Motegi, un lujoso hotel de cinco estrellas donde duermen los pilotos de las escuderías, fue el establecimiento escogido por el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps para pasar su estancia en Japón durante las pruebas del campeonato mundial de motociclismo, donde vio ganar ayer a Dani Pedrosa en la categoría de Moto GP. Camps viajó a Japón para evitar coincidir con la convención nacional sobre pequeñas y medianas empresas organizada por el PP nacional en Valencia. Un acto en el que ya se le advirtió de que no tendría protagonismo. Durante su estancia en Motegui (Japón), Camps estuvo siempre acompañado por Jorge Martínez Aspar. Hoy está previsto que se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la vista de cuestiones previas de la causa contra Camps y el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa por recibir regalos de la trama Gürtel. En esta vista, que tendrá lugar a las diez de la mañana y es un trámite previo al juicio oral exigido por la Ley del Jurado, los abogados de la acusación y de las defensas podrán formular todas sus alegaciones sobre el procedimiento que estimen oportunas. Camps, que mantiene su acta de diputado pero cobra como miembro del Consell Jurídic Consultiu (unos 60.000 euros anuales) en su condición de ex presidente, se enfrentará al juicio con jurado probablemente en el mes de febrero. Una cita que se ha dilatado tras los recursos presentados una y otra vez por la defensa. www.elpais.es 03.09.11

37. C. VALENCIANA: EL TRIBUNAL DE CUENTAS INVESTIGA LAS AYUDAS DE BLASCO A UNA FUNDACIÓN

La entidad compró dos pisos tras recibir 1,6 millones para cooperación

El Tribunal de Cuentas investiga dos subvenciones de 833.000 euros cada una otorgadas por la antigua Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirigía Rafael Blasco, a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) en 2008. Al disponer de ese dinero la entidad compró dos entresuelos con garaje en Valencia, que actualmente son su sede social, aunque la Generalitat reclamó, a la hora de aprobar los pagos, que justificara los gastos con otro tipo de facturas relativas al motivo de las ayudas, centrado en la cooperación al desarrollo en el

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municipio nicaragüense de Totogalpa. La vía de la responsabilidad contable queda, así, abierta.

La diputada socialista Clara Tirado ejerce la acción pública

El caso, que levantó una fuerte polémica, fue denunciado por la diputada socialista en las Cortes Valencianas Clara Tirado, que se ha personado como acusación en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de las cuentas de los organismos públicos, ante el cual la Generalitat está en la fase de presentar alegaciones. El departamento tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tramita las diligencias preliminares desde que recibió traslado por parte del presidente del organismo del informe de la Sindicatura de Comptes sobre los expedientes. Un informe en el que se contrastaba que en el proyecto aprobado se incluía la compra de dos pisos y su reforma, que la consejería no pidió la devolución del dinero aunque rechazó finalmente los justificantes, pero no acreditó debidamente las facturas con las que se acabó justificando el cobro de las ayudas. El informe incluía un voto particular de uno de los tres miembros de la Sindicatura que apreciaba responsabilidades contables.

Blasco, que mantuvo desde el principio que no se habían producido irregularidades y llegó a anunciar que dimitiría si se demostraba que habían existido, fue quien propició que se solicitara a la Sindicatura el informe que ha dado pie a la apertura de diligencias por parte del Tribunal de Cuentas. Las diligencias se abrieron en mayo y el pasado 22 de junio el tribunal notificó a Clara Tirado la concesión de "un plazo de diez días para que manifieste si se constituye en parte, en las presentes diligencias, en cuyo caso deberá ejercitar la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable, debiendo concretar las personas contra las que dirige la acción, así como los perjuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunidad Valenciana". Al mismo tiempo, se ordenaba trasladar la documentación al ministerio fiscal, al abogado del Estado y a la representación legal de los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana.

La diputada socialista se personó como acusación pública el 22 de junio para "exigir responsabilidad contable contra la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, su consejero Rafael Blasco Castany, Josep Maria Felip i Sardà, director general de Inmigración, y cuantos cargos directivos de la citada consejería hayan intervenido en los expedientes objeto de investigación contable". Y también contra "el administrador o administradores de la Fundación Cyes por los perjuicios sufridos en los fondos públicos de la Comunidad Valenciana", que evaluaba en 1,6 millones de euros, correspondientes a la suma de las dos subvenciones "cuya justificación no cumple la legislación vigente".

Además de la investigación abierta por supuesto delito económico, las subvenciones a la Fundación Cyes, -cuyo presidente, Marcial López, fue condenado por apropiación indebida de 244.000 euros cuando era presidente del Colegio de Enfermería de Castellón, a finales de los años noventa-, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. En su día, la diputada Clara Tirado puso la documentación de la que disponía sobre irregularidades en las subvenciones de cooperación en conocimiento del fiscal especial. Lo mismo hizo la diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà con información sobre una supuesta trama de captación de fondos de cooperación organizada alrededor de la Fundación Hemisferio (llamada entonces Fundación Entrepueblos). El plazo del que dispone el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco, para decidir si promueve la apertura de una investigación judicial por la vía penal se cumple este mes.


38. C. VALENCIANA: EL PP SE NIEGA A INVESTIGAR EN LAS CORTES EL ESCÁNDALO DE BRUGAL

La oposición dice que los populares "tienen mucho que esconder"

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"Uno de los casos más graves de corrupción", como lo calificó el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró, que defendió la propuesta, no será investigado por las Cortes Valencianas ya que el grupo del PP en la Cámara rechazó ayer la creación de una comisión de investigación del caso Brugal. La petición impulsada por Esquerra Unida contó con los únicos votos en contra de los diputados del PP, que dispone de mayoría absoluta. Torró dijo que hay "indicios de corrupción más que evidentes" que afectan a varias instituciones de Alicante y a cargos del PP que en algunos casos son aforados, en alusión al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y a la actual alcaldesa, Sonia Castedo, presentes en el hemiciclo en su condición de diputados autonómicos en el momento en que se debatió el tema y se votó la propuesta. Es una buena oportunidad, indicó el diputado, de que el PP "limpie su casa".

Mònica Oltra llama a los funcionarios "honrados" a revelar datos de Gürtel

La voluntad de transparencia del PP, bajo el liderazgo de Alberto Fabra, sin embargo, no llega tan lejos. El parlamentario popular Antonio Peral acusó a la oposición de hacer "carroñerismo político" y de promover un "juicio paralelo" de un caso que se está dirimiendo en los tribunales. También negó que el caso Brugal tenga nada que ver con la Generalitat, por lo que no está justificada una comisión de investigación, cuya creación endosó, en todo caso, a los Ayuntamientos implicados.

Torró argumentó la necesidad de poner en marcha esta comisión ya que es la Administración autonómica la competente en materia urbanística, uno de los principales pilares del caso destapado en Alicante. Torró señaló que, además de que la Generalitat ostenta la competencia en urbanismo, el caso implica a varias Administraciones, por lo que debería ser en el máximo órgano de representación, las Cortes, donde se investigara el asunto. En el mismo sentido se expresó el socialista Javier Macho, quien además hizo hincapié en todos los indicios que contiene el sumario sobre un supuesto trato de favor a un "conocido constructor alicantino". Macho recordó que meses y semanas antes de la exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, las grabaciones policiales revelan que había implicados en la trama que presumían: "Yo tengo copia". "El interés general era lo último en lo que pensaban", señaló Macho.

Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà apeló al "quien nada teme, nada esconde" para acusar al PP de tratar de tapar el escándalo porque "tiene mucho que esconder y que temer". Mollà se felicitó con ironía de que por lo menos esta vez, a diferencia de lo que ocurría, la propuesta de crear la comisión de investigación ha llegado a poder discutirse en las Cortes. Antes, esas iniciativas ni siquiera llegaban al plenario.

Los populares también rechazaron una proposición no de ley de la diputada Mònica Oltra, de Compromís, en la que se planteaban medidas en materia urbanística y la dinamización de un parque público de viviendas y se incluía la suspensión de planes urbanísticos sometidos a investigación judicial, como es el caso del PGOU de Alicante. La socialista María José Salvador y Marina Albiol, de Esquerra Unida, apoyaron la proposición no de ley, que fue rechazada por el PP.

Poco antes, en los pasillos de las Cortes, Oltra arremetió contra la Generalitat por haber respondido a más de un millar de solicitudes de información sobre contratos con la trama Gürtel (el Consell puntualizó después que fueron "solo" 708) con una hoja que refleja 15 contratos menores sin especificar la fecha ni más información. La diputada calificó de "exigua y mentirosa" una respuesta que, a pesar de ello, permite comprobar que hubo fraccionamientos de contratos en trabajos para la feria Fitur. Mònica Oltra hizo un llamamiento a que los funcionarios "honrados" y "no enchufados por el PP", hagan públicos datos de cuánto dinero público fue a parar a la trama de corrupción.


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39. C. VALENCIANA: CASTEDO SE DESMARCA DEL AMAÑO DEL PLAN GENERAL DE ALICANTE

La regidora presentará en cuatro entregas los argumentos en su defensa

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, comenzó ayer la entrega por capítulos a los medios de comunicación de lo que considera las pruebas definitivas de su inocencia frente a las acusaciones de los informes policiales y las formuladas por la Fiscalía Anticorrupción que la relacionan con el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor del promotor Enrique Ortiz.

Castedo: "Seguiré defendiendo mi inocencia ante las acusaciones"

Castedo considera que los medios de comunicación han publicado noticias "plagadas de interpretaciones, suposiciones y juicios de valor" y apeló a la "profesionalidad de los informadores" para que se explique "la realidad de la situación".

El arranque de su defensa se basó en un comunicado, firmado manuscritamente por ella misma, con documentación oficial del sector APA9 Vistahermosa del PGOU, aprobado definitivamente el 8 de noviembre de 1993, hace casi 18 años. La regidora recuerda, para destacar la escasa credibilidad de la acusación policial, que en uno de los informes de la fiscalía se destaca que "el día 27 de mayo de 2008 se produce una llamada entre Sonia Castedo y Enrique Ortiz para confirmar que en la reunión que se produjo el 15 de mayo se habló de cambiar la ordenación y dar más edificabilidad al sector APA9". Con la documentación aportada, Castedo considera que queda en evidencia la imposibilidad de modificar la ficha de planeamiento de un sector en vigor 15 años antes de grabarse esa conversación a través de la intervención del teléfono de Ortiz.

Tras la distribución de la nota de ayer, Castedo pretende hoy hacer lo mismo con el sector Lomas del Garbinet, el lunes con el PAU 3 del Plan General y el martes con la modificación de la manzana del estadio Rico Pérez. Según el comunicado difundido ayer por Castedo, el plan parcial APA 9 sufrió modificaciones puntuales en los años 2003, 2004 y 2008, "sin que en ningún caso experimentara aumento de edificabilidad".

"Seguiré defendiendo también mi inocencia ante las acusaciones vertidas por la fiscalía hace 12 meses, acentuadas en las últimas semanas por partidos políticos de la oposición y algunos medios de comunicación (no todos), pese a que no existe hasta la fecha resolución alguna de la autoridad judicial, que es la instancia competente". La alcaldesa alicantina se encargó de recordar que el informe acusatorio del fiscal lo dio a conocer ella misma "en aquella comparecencia del 25 de octubre de 2010".

El sector APA9 fue adjudicado a la mercantil Actura, propiedad de Bancaja, y se divide en 17 unidades de actuación. Actura presentó en 2007 un informe en el que descubría errores de 1993 en las mediciones del suelo, que debería pasar de 727.435 a 710.617 metros cuadrados, con un 63,52% de superficie lucrativa y manteniendo una edificabilidad de 285.051 metros de techo, que nunca ha variado.

La empresa Actura es socia de Enrique Ortiz en Armanello Millenium, que en 2004 subrogó la condición de agente urbanizador otorgada en 2001 a Ortiz en el PAI Armanello en Benidorm, donde está previsto construir 23 torres de hasta 29 alturas, un desarrollo urbanístico de 667.600 metros cuadrados para levantar 3.970 viviendas.


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40. C. VALENCIANA: EL BUFETE DEL HERMANO DE CASTEDO RECHAZA EL PELOTAZO DEL PGOU

Asegura que las plusvalías de los parques no están asignada a zonas concretas

El despacho Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del exedil socialista Javier Gutiérrez, rechaza el informe policial del caso Brugal que atribuye a Enrique Ortiz un pelotazo de 120 millones en virtud del supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Aducen que el informe policial omite la legislación urbanística vigente

Mantienen que Ortiz no tiene suelo protegido en la sierra de Fontcalent

Los abogados Castedo y Gutiérrez están imputados por el juez

La tesis de la policía es que Ortiz, valiéndose de información privilegiada, acaparó suelo en zonas declaradas parques naturales, especialmente Fontcalent y Agua Amarga, para luego trasvasar la edificabilidad, como contempla la ley, a áreas urbanizables, en concreto al sector Torres de la Huerta. En esa zona el promotor es el dueño hegemónico del suelo y el PGOU prevé 16.000 nuevas casas. Castedo y Gutiérrez consideran "erróneo" el informe policial primero porque la declaración de parques naturales viene determinada por ley y, segundo, porque el PGOU no asigna de antemano los aprovechamientos urbanísticos de suelo protegido a un sector urbanizable concreto.

Los argumentos con los que Castedo y Gutiérrez intentan rebatir la acusación policial están incluidos en un recurso presentado al instructor, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, el pasado 4 de julio. Antes de esa fecha, el 14 abril, la policía había registrado el bufete. El informe policial, tras el escrutado del disco duro de los ordenadores, abundó en la tesis inicial del pelotazo a costa de los parques. Los agentes califican este despacho con el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño del planeamiento, cuyo cabecilla sería Luis Díaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado autonómico. Este segundo informe policial, hecho público el pasado 19 de septiembre, destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un rédito de un millón de euros a base de tramitar con éxito decenas de alegaciones.

El mencionado recurso de Castedo y Gutiérrez comienza con un rechazo frontal a las imputaciones que la policía y el fiscal les atribuye en el trámite del PGOU de Alicante para favorecer a Ortiz. "Las referidas imputaciones, atendiendo a su contenido material, se fundamentan en interpretaciones subjetivas, que se realizan omitiendo la legislación vigente y el contenido real del Plan General tramitado y aprobado", dicen.

Los abogados resaltan que desde la primera exposición pública del PGOU (17 de octubre de 2008) hasta la segunda aprobación provisional del mismo (31 de mayo de 2010) el documento de planeamiento fue público y estaba colgado en la web del Consistorio, "y por ello todos los ciudadanos pueden conocer su contenido y opinar sobre el mismo".

El escrito de los abogados urbanistas hace hincapié en las cuatro supuestas actuaciones irregulares de la trama corrupta durante el trámite del PGOU: proyecto Ciudad de la Economía, Fontcalent, Saladar de Agua Amarga y Pla de Xirau.

Sobre el proyecto de la Ciudad de la Economía (en el perímetro de protección del humedal del Saladar de Agua Amarga), la policía sostiene que la reclasificación final de ese suelo como no urbanizable protegido se hizo a instancias de los intereses de Ortiz y, que, además, los aprovechamientos urbanísticos de ese parque se habían adscrito al sector de Torres de la Huerta.

El escrito de Salvetti Abogados considera que el suelo sobre el que se asentaba la propuesta de la Ciudad de la Economía "es, por imperativo legal, suelo no urbanizable protegido". Según

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los abogados, El Saladar de Agua Amarga y su perímetro de afección (500 metros) está considerado suelo no urbanizable desde el 10 de septiembre de 2002, según recoge el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.

Los urbanistas esgrimen este extremo legislativo para concluir que "es rotundamente incierto" que la declaración de esa zona como parque natural en el documento de planeamiento aprobado provisionalmente "sea como consecuencia de beneficiar a Enrique Ortiz o alguna de sus empresas, sino que obedece pura y simplemente al cumplimiento de las exigencias de la legislación vigente".

Los abogados consideran "errónea" la conclusión de la policían de adscribir el parque natural de Agua Amarga al sector de Torres de la Huerta. "No existe una adscripción concreta de un parque natural a un sector, sino que los parques se integran en áreas de reparto que, a su vez, contienen diversos sectores, por lo que la adscripción concreta a uno dependerá de la evolución de los mismos", argumentan los abogados.

En cuanto a la sierra de Fontcalent, los abogados niegan primero la mayor, es decir, que Ortiz tenga terrenos en la zona declarada parque natural. La policía sostiene que el promotor compró en esa zona 1,7 millones de metros cuadrados. El escrito de Castedo y Gutiérrez rechaza que el Ayuntamiento declarara esa zona como parque natural por indicación de Ortiz. "El motivo de su incorporación radica en la ingente cantidad de alegaciones que solicitaron su protección", señalan. Al igual que en el caso de la Ciudad de la Economía, los abogados consideran que la policía se equivoca al adscribir este parque al sector Torres de las Huerta, "ya que en el planeamiento aprobado provisionalmente en 2010 la sierra de Fontcalent sigue manteniéndose como parque natural, estableciéndose su no adscripción a ninguna de las áreas de reparto previstas en el Plan General".

Sobre El Saladar de Agua Amarga, el informe policial recoge que la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja, puso en marcha una operación para intentar adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido a Torres de la Huerta. La policía concluye que el empresario trató de cambiar los parámetros relacionados con los porcentajes adscritos al suelo urbanizable. "Y todo ello para poder pasar de un beneficio estimado de 11 o 12 millones de euros" a 120 millones de euros, dice el informe policial.

Los abogados mantienen que el suelo de Agua Amarga "ostenta por disposición legal la condición de parque natural dentro del Plan General", y que tampoco sus aprovechamientos urbanísticos están adscritos directamente a ningún sector concreto.

Castedo y Gutiérrez señalan que el coeficiente de ponderación fijado para este parque y el resto "responde a criterios de naturaleza técnica y legislativa y no se compadece con los intereses de Enrique Ortiz". Al Saladar, el PGOU otorga un coeficiente de 0,4%, según los abogados "contrario a los intereses de Ortiz, que pretendió eliminarlos o su reducción al 0,1%". El empresario presentó alegaciones en ese sentido que fueron rechazadas por el Ayuntamiento. "Si el eje de la actuación de Ortiz era el de influir en el PGOU para adquirir suelo de parques y se llega a afirmar que lo ha conseguido, ¿qué sentido tiene que a posteriori su objetivo sea eliminar los coeficientes que le dan valor a dichos suelos?", aducen los abogados, que esgrimen los mismos argumentos en el caso del sector del Pla de Xirau.

José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados y el juez los interrogará el próximo día 26. La alcaldesa Sonia Castedo sigue en la misma situación judicial en este sumario: acusada por el fiscal.


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41. C. VALENCIANA: CÓMO 'COLOCAR' A UN LÍDER CORRUPTO

El imputado Ripoll preside el Puerto de Alicante y el PP provincial

Puertos del Estado reconoce que la mayoría de los presidentes de las 28 autoridades portuarias españolas son de filiación política conocida, incluso con carné del partido que gobierna la comunidad autónoma que los nombra. En lugares como Canarias hasta se reparten los puertos personas afines a Coalición Canaria y el PSOE como una porción más del pacto entre ambos. De hecho, desde que en 1996 Aznar y Pujol firmaran el llamado pacto del Majestic por el que, entre otras muchas cosas, las comunidades autónomas consiguieron la gestión de los puertos, ningún ministro ha puesto objeciones a la propuesta de nombramiento portuario. Pero no hay precedente alguno de que el presidente de un puerto lo sea también del partido político que lo propone, y mucho menos de que un imputado por el juez por la supuesta comisión de cinco delitos haya accedido a un cargo de tal rango.

El Puerto de Alicante lleva varios años perdiendo dinero

Todo el mundo acudió a jalearlo en su toma de posesión

No hay precedente alguno de un presidente portuario y de partido a la vez

Ripoll esgrimió méritos y experiencia para ocupar el cargo

Es así como la semana pasada el recientemente nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, que también lo es del PP alicantino, pudo recibir a las puertas de la sede provincial a Alberto Fabra, presidente de la Generalitat y a la sazón del PP regional. Fabra inició la mañana del jueves pasado como jefe del Consell en La Vega Baja y la concluyó presidiendo una reunión del comité electoral de su partido en Alicante. Sin embargo, el viernes no acudió a la toma de posesión de Ripoll en la estación marítima de cruceros del puerto.

El presidente concedió más importancia a la normalización de las relaciones con el PP alicantino que a su presencia en un acto al que acudió la práctica totalidad de la sociedad civil alicantina, incluyendo al presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, reelegido para el cargo 48 horas antes, que se las tendrá que ver tarde o temprano con el caso Brugal, en el que está imputado Ripoll por su actuación durante su etapa de presidente de la Diputación.

En su discurso ante más de 200 personas, recordó sus dos periodos de ocho años en el Gobierno valenciano y la Diputación de Alicante para dejar claro al auditorio que impulsó la primera dirección general de Puertos de la Generalitat, la fundación Feports. También recordó su presencia durante siete años en el consejo de administración del Puerto de Alicante. Es decir, sus méritos para el cargo. "Un reto en el que voy a volcar todos los conocimientos y capacidad de gestión que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida política", dijo para intentar justificar que la Ley de Puertos del Estado, en vigor desde agosto de 2010, exige que el presidente sea designado "entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad". Contrariamente, la misma ley demanda que el consejo de administración nombre al director de cada puerto "entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria".

Ahora Ripoll se enfrenta a un desafío más propio de la empresa privada que de la gestión de organismos o instituciones públicas. Los puertos españoles no dependen de los presupuestos del Estado, que únicamente reflejan sus inversiones anuales. Tienen total autonomía de gestión en el día a día y se financian mediante las tasas que recaudan y los ingresos por las concesiones de su suelo, con lo que pagan a los empleados, mantienen las instalaciones y ejecutan las inversiones. De hecho, hasta que se modificó la Ley de Puertos el año pasado, el peso de la gestión recaía en el director del puerto. El cargo de presidente era casi testimonial,

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eso sí, bien retribuido. "Si el puerto funciona bien, da igual quién sea el presidente", aseguran en Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Fomento. Pero no es el caso de Alicante, cuyo puerto lleva varios años perdiendo dinero porque ha pasado de manejar 3,7 millones de toneladas en 2007 a 2,2 el año pasado, de 370.000 a 308.000 pasajeros y de 179.000 a 148.000 contenedores TEU en el mismo periodo.

La relación de cada Autoridad Portuaria con Fomento se limita a presentar en el segundo semestre de cada año en Madrid un plan de empresa para ese ejercicio y los tres siguientes, que deberán autofinanciarse. La propuesta se consensúa desde la lógica y entre ambos se decide su viabilidad. Lo cierto es que las inversiones en infraestructuras han caído en picado. Por la crisis, pero no solo. Puertos del Estado confirma que las grandes obras ya están finalizadas, excepto las de los puertos de La Coruña y La Granadilla, en Tenerife, aunque admite que "todos quieren tener muelles para todo y hacer de todo en su puerto".

Está por ver qué se deriva de la inédita doble condición de Ripoll los mismos días y a las mismas horas de presidente del PP y del puerto de Alicante. De momento, lo que sí ha conseguido Ripoll es que aparentemente nadie se acuerde en Alicante de las conversaciones telefónicas y los informes policiales que lo delataron como un supuesto corrupto y acuda todo el mundo a jalearlo el día de su toma de posesión. Ya ha colocado una primera hornada de gente de su confianza. Por supuesto, del PP.


42. C. VALENCIANA: CASO BRUGAL: DICCIONARIO DE LA CORRUPCIÓN

Los principales protagonistas y términos de las tramas del 'caso Brugal'

Alicante. La sociedad alicantina ha pasado en un año del ficticio glamur dimanante de la burbuja inmobiliaria a ver como los tres pilares básicos del sistema (político, empresarial y financiero) resultaban salpicados por supuestos casos de corrupción, en su mayoría por tramas vinculadas al urbanismo.

Una decena de policías se turnaron durante la investigación

Pagos, regalos y viajes a cuerpo de rey fueron las contraprestaciones

La investigación apunta a la comisión de siete tipos de delitos

Ángel Fenoll está imputado en una decena de casos de corrupción

Brugal. Nombre con el la Policía comenzó en marzo de 2007 a investigar en La Vega Baja una supuesta trama vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Las iniciales pesquisas policiales desembocaron en una mayúscula confabulación, con una veintena de ramificaciones y más de un centenar de implicados, entre imputados y acusados. El sumario ocupa más de 40.000 folios.

Contratas. Las contratas de la basura protagonizan la mayor parte de las tramas destapadas por la investigación del caso Brugal. Las dos más relevantes son un supuesto cohecho por la planta de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja, adjudicada por la Diputación, y el amaño de la contrata del municipio de Orihuela.

Delitos. La investigación inicial apuntó a los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión. A medida que avanzó, el fiscal incorporó otros tipos penales como prevaricación, uso privilegiado de información, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude.

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Escuchas. El grueso del proceso se deriva de la incautación de grabaciones que el empresario Ángel Fenoll realizaba en la sede de su empresa y de los pinchazos telefónicos posteriores a los investigados entre mayo de 2007 y junio de 2010.

Fenoll. Ángel Fenoll es el empresario hegemónico del negocio de la basura en La Vega Baja y está imputado en al menos diez de la veintena de causas en las que se desgajó el sumario principal. Su principal imputación se deriva del supuesto regalo de dos pisos o su equivalente en un millón de euros al expresidente de la Diputación, Joaquín Ripoll.

Gregori. Rafael Gregori es el intermediario clave, según la investigación. Estuvo en contacto con Fenoll, Ortiz y Ripoll para conseguir el cambio de ubicación del vertedero del plan zonal y entregar la contraprestación al político. También es empresario de la automoción y está imputado en otra causa por una supuesta estafa de 12 millones de euros.

Hermanos. La trama del caso Brugal incluye la participación de familiares directos de los implicados, entre los que destaca el abogado hermano de la alcaldesa de Alicante, José Luis Castedo. En esta línea se encuentran las esposas de Ripoll y Ortiz y Jorge Lorente, hermano de la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, así como casi todo el clan familiar de Fenoll.

Instituciones. Las dos principales instituciones salpicadas por el caso son el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, además de otra docena de Consistorios de la provincia, entre los que destacan Orihuela, Benidorm y Calp.

Gutiérrez. Exedil socialista de Alicante que se asoció con el hermano de la alcaldesa de la ciudad para convertir Salvetti Abogados en el puente entre Alperi y Ortiz y el Ayuntamiento y, supuestamente, obtener información privilegiada del Plan General.

Díaz Alperi. El exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP es considerado por la Policía y el fiscal como uno de los instigadores de la trama para amañar el PGOU. Alperi todavía no está imputado por el juez dada su condición de aforado. La investigación sostiene que se valió del despacho Salvetti para consumar sus propósitos a cambio de jugosas dádivas de Ortiz. Entre los regalos sobresale un viaje a Creta en avión privado.

Ministerio público. La acusación del caso Brugal la inició y la ejerce en las causas más relevante el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. El registro del despacho de Castedo y Gutiérrez descubrió la existencia de un archivo con datos sobre la vivienda particular del acusador público.

Ortiz. El empresario Enrique Ortiz es uno de los cabecillas de las dos principales tramas del caso, la de la basura y la del PGOU de Alicante. Está imputado en ambos, en el primero por un supuesto cohecho de un millón de euros a Ripoll y en el segundo por un amplio abanico de cohechos a diferentes cargos del PP, entre ellos Alperi, Castedo o el exconsejero de Infraestructuras, Mario Flores.

PGOU. El Gobierno del PP alicantino comenzó a revisar el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante hace una década. Sin embargo, tras despedir al primer redactor, Lluís Cantallops, en 2008 comenzó la recta final de su elaboración hasta que fue aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento en mayo de 2010. En este periodo de tiempo, la Policía y el fiscal destaparon el intento de amañarlo para favorecer intereses particulares de Ortiz.

Quesada. Jesús Quesada fue el arquitecto a quien se le adjudicó en febrero de 2007 la finalización del Plan General a través de la empresa Laboratorio de Proyectos. Este profesional esta imputado en la causa y reconoció haberse reunido con Ortiz atendiendo los requerimientos de la alcaldesa, Sonia Castedo.

Ripoll. El juez que instruye la causa de la adjudicación de la contrata del plan zonal de basura de La Vega Baja imputa al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, cinco delitos derivados

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de la concesión de la planta de basura comarcal. Los delitos son cohecho, tráfico de influencias, uso privilegiado de información, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios. Fue arrestado por la Policía y registrado su domicilio en julio de 2010.

Castedo. La alcaldesa de Alicante está acusada por el fiscal por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada tanto en su condición de edil de Urbanismo como de regidora desde septiembre de 2008. Su imputación, al igual que la de Alperi, depende del TSJ porque su condición de diputado autonómica desde mayo de este año la mantiene aforada.

UDEF. Esta unidad policial, especializada en delitos fiscales y económicos, asumió la carga de la investigación. Una decena de agentes llegados de Madrid se repartieron los horarios para realizar un minucioso seguimiento de los pasos de los principales investigados.

Viajes. El modus operandi más común de los dos principales empresarios implicados en la trama, Ortiz y Fenoll, era agasajar a los políticos con una aluvión de regalos. Fenoll optó preferentemente por la entrega de dinero en efectivo y Ortiz, en cambio, prefirió colmarlos con regalos de lujo coincidiendo con las fiestas de Navidad o viajes, en el caso de Sonia Castedo. La regidora mostró la factura de uno de ellos a Andorra, pero lo hizo un día después de que trascendiera la acusación del fiscal.

Yates. En el yate de Enrique Ortiz, llamado Elena, viajaron a cuerpo de rey Alperi, Castedo y Ripoll por las Islas Baleares. El empresario colmó de detalles las travesías en su lujoso barco, que incluso sirvió como base de peraciones estando atracado.

www.elpais.es 02.10.11 43. C. VALENCIANA: UN PELOTAZO VERDE DE 120 MILLONES Trasvasar edificabilidad de suelo protegido, plan de la trama del PGOU de Alicante El supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tenía un precio: 120 millones de euros. Esta cifra sería el beneficio de transferir la edificabilidad asignada a las zonas catalogadas en el planeamiento como parques naturales a otras áreas de la ciudad calificadas como urbanizables. Ortiz pretendía conseguir más edificabilidad en Torres de la Huerta Según los informes policiales recogidos en el sumario del caso Brugal que investiga las irregularidades en la tramitación del Plan General, Enrique Ortiz aspiraba a obtener más edificabilidad en el sector de Torres de la Huerta, donde era el propietario hegemónico de suelo a través de la empresa Deproinmed. Para ello diseñó un plan destinado a acaparar terreno no urbanizable en las partidas de Fontcalent y El Saladar de Aguamarga que luego debería ser incluido en el PGOU bajo la figura de parque natural. El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene [Ortiz] en el Plan General". "Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 millones en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]", comentó Ortiz en una de las escuchas telefónicas recogidas en el sumario. La operación de compra de suelo en Aguamarga también se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Y todo ello con la intención de adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados de suelo protegido de este humedal del sur de Alicante al plan parcial de Torres de la Huerta o La Condomina, donde el nuevo PGOU contempla la construcción de 16.000 viviendas. La segunda zona donde Ortiz puso su punto de mira fue la sierra de Fontcalent. Allí, según la Policía, compró un total de 1,7 millones de metros cuadrados. Antes, intentó concretar sin éxito

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la misma operación en el polígono Las Atalayas. El promotor tanteó a través de intermediarios a algunos propietarios para comprarles suelo no urbanizable, como ya publicó este periódico el pasado mes de enero. Ante la negativa de los dueños, esta zona inicialmente catalogada como parque natural fue finalmente excluída en favor de Fontcalent. La investigación policial concluye que Ortiz obtuvo información privilegiada del proceso de elaboración del PGOU, que supuestamente le habrían ido facilitando el exalcalde, Luis Díaz Alperi, y su sucesora, Sonia Castedo. La UDEF también cree probado que la supuesta trama corrupta utilizó al despacho Salvetti Abogados como puente entre el promotor y el Consistorio alicantino. Este bufete, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la regidora, y del exconcejal socialista Javier Gutiérrez comenzó a operar en diciembre de 2008, antes de la exposición pública del PGOU. Desde allí, Ortiz, por indicación de Alperi, habría gestionado el grueso de las operaciones para acaparar suelo en los parques naturales. www.elpais.es 02.10.11 44. C. VALENCIANA: LA FISCALÍA INVESTIGARÁ SI LA TRAMA BRUGAL ESPIÓ A BRIONES La junta de fiscales de Alicante analizará en su reunión del próximo día 4 el supuesto espionaje de la trama corrupta vinculada al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad al fiscal anticorrupción, Felipe Briones. El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, anunció ayer que, a su juicio, los hechos no son inicialmente constitutivos de delito. Las últimas diligencias policiales de la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del PGOU apuntan a José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, como el muñidor de ese trabajo de espionaje. La policía halló sendos informes sobre supuestas actividades irregulares del fiscal Briones y del dirigente socialista Luna en los ordenadores intervenidos en el despacho de Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El primero incluye referencias a las actividades privadas del exregidor alicantino y el segundo, sobre la casa de Briones. El juez que instruye esta causa desestimó incluir los informes en el sumario, por ser ajenos a la investigación. www.elpais.es 02.10.11 45. C. VALENCIANA: HACIENDA EJECUTÓ A DÍAZ ALPERI UN AVAL DE 886.032 EUROS POR MOROSO La Agencia Tributaria ha ejecutado un aval bancario por 886.032, 07 euros que Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, consignó para hacer frente a deudas pendientes con el erario público derivadas de su actividad privada. El exregidor ha declinado comentar cómo gestionó la garantía, si con sus bienes o través de terceros, y, caso de haber optado por esta segunda vía, si ha devuelto las cantidades a los supuestos avalistas. Consignó la garantía bancaria en 2004 y el fisco la ejecutó en 2007 Alperi presentó el aval el 17 e mayo de 2005 para hacer frente a las deudas de la inmobiliaria Champka de Promociones SL., firma constituida en 1990 de la que llegó a ser vicepresidente antes de llegar a la alcaldía en 1995. Hacienda reclamó al exalcalde un total de de 592.303,70 euros por impagos del IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA. El exalcalde inició el litigio para eludir los pagos en mayo de 2001 ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia. La batalla judicial de Alperi para evitar pagar concluyó el 26 de abril de 2007, cuando la sección 1ª de la sala tercera del Tribunal Supremo condenó finalmente al exalcalde a ingresar el dinero a Hacienda. El alto tribunal declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto por los abogados del entonces alcalde contra la sentencia de 23 de junio de 2005 de la sección 7ª de la Audiencia Nacional, que ya falló en contra de

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Alperi. El Supremo declaró firme la resolución de la Audiencia y le condenó a pagar las costas. La Agencia Tributaria ejecutó finalmente el aval el 11 de septiembre de 2007 por un importe total de 886.032,07 euros, esto es, la deuda inicial más 293.307,70 en concepto de intereses de demora. La comunicación oficial de la ejecución del aval iba notificada a nombre de Luis Díaz Alperi y dirigida a su domicilio particular. El exalcalde ha eludido hacer comentarios a este periódico sobre el aval y la decisión final de Hacienda de ejecutarlo. "No tengo ninguna declaración que hacer", dijo secamente. Su última declaración de bienes, en junio de 2011, declaró bienes no inmobiliarios por 510.000 euros y un pasivo de 210.000 euros. No declaró bienes inmuebles. Y en cuanto a su actividad privada, la declaración recoge que es consejero de Aguas de Alicante, de Emarsa, consejero general de la CAM y administrador de Andarx Bussiness SL. La investigación del caso Brugal recoge que Alperi compró en abril de 2008 el 50% de la mercantil Andarx Bussines al promotor Antonio Solona. Al mes esta sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. Esta embarcación y un segundo yate que tambien tiene la empresa pasaron a manos de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% de las acciones restantes por 1.502 euros. Esta firma está embargada, según el Registro Mercantil. Luis Díaz Alperi es, según el fiscal anticorrupción, uno de los ejes de la rama del caso Brugal que indaga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor del promotor Enrique Ortiz. El exregidor está acusado en el sumario por el fiscal, pero todavía no ha sido imputado, dada su condición de aforado. www.elpais.es 02.10.11

46. C. VALENCIANA: UNA REFORMA EN SU CASA Y EL CATASTRO DISPARAN EL PATRIMONIO DE FABRA

La vivienda del presidente ha multiplicado su valor por más de seis

El patrimonio del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha registrado, entre enero y octubre, un incremento espectacular. Según los datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, en enero, cuando aún ocupaba el puesto de alcalde de la capital de La Plana, Fabra poseía bienes inmuebles por un valor de 130.241 euros, mientras en que la realizada tras su cese en julio, publicada a finales de septiembre, estos sumaban más de 717.000, tal como publicó el mismo boletín el pasado sábado.

La última declaración refleja bienes por más de 717.000 euros

La explicación, según indicaron ayer fuentes de Presidencia de la Generalitat, está en que, por una parte, la primera declaración hacía referencia a sus bienes de forma individual, mientras que la segunda ha publicado el total de los gananciales, de los que a Fabra le corresponde el 50%, con lo que su patrimonio quedaría en algo más de 350.000 euros. Aún así, las cifras reflejarían un patrimonio triplicado. Sin embargo, las mismas fuentes dieron otra explicación a este aumento e indicaron que la vivienda a la que hace referencia ha sido objeto de una importante reforma que ha revalorizado el inmueble sobre el que, además, se ha producido una revisión catastral, al igual que ha ocurrido con todos los edificios de Castellón. Así, la casa, que tenía un valor catastral de 80.000 euros, ha pasado a tenerlo de 524.000, es decir, ha multiplicado su valor por 6,5.

El valor de esta vivienda está recogido en otra declaración de bienes presentada por Alberto Fabra, la que el ahora presidente de la Generalitat presentó en junio en las Cortes Valencianas, tras ser elegido diputado autonómico. En este documento especifica que, además de esta casa, posee el 50% de un apartamento en Benicàssim y otro en Puertomingalvo (Teruel), lo que completaría los poco más de 130.000 euros en patrimonio declarados en enero.

Sin embargo, a la hora de presentar la declaración en el momento del cese como alcalde, hace unos días, la revisión catastral se había efectuado ya, de ahí que Alberto Fabra aportara la

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cantidad revisada y en global, los más de 717.000 euros, sin precisar que se trataba del 50% de la cantidad que recoge el boletín.

En el caso del pasivo, las explicaciones otorgadas por las mismas fuentes son similares. En enero, declaró un pasivo de 157.500 euros, el mismo que en septiembre, mientras que en la declaración presentada en junio ante las Cortes dijo tener un crédito hipotecario de 309.000 euros, del que le es atribuible un 50%, es decir, 154.500 euros, poco menos de lo que ahora ha aparecido publicado. La justificación de la revalorización de la vivienda sin aumentar sus deudas es que el crédito que ya figuraba en enero es el que se solicitó para la reforma, una obra que ahora ha supuesto que la vivienda aumente, considerablemente, de valor.

Los inmuebles de Castellón no habían sido sometidos a una revisión catastral desde 1995. En los casos consultados, el nuevo valor ha supuesto triplicar el valor de las propiedades respecto al de hace 15 años.


47. C. VALENCIANA: LA HIJA DE CARLOS FABRA SE PERFILA COMO CABEZA DE LISTA DEL PP POR CASTELLÓN

Andrea Fabra, la hija del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, se perfila como cabeza de lista de los populares en la circunscripción de Castellón en las próximas elecciones generales.

Trillo por Alicante y González Pons por Valencia repetirán como carteles

El PP prevé ratificar a los candidatos el miércoles o el jueves próximos

Fuentes del PP indicaron que, si no hay sorpresas de última hora, el presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, hará valer su peso orgánico en el partido en detrimento del ex consejero de Sanidad Manuel Cervera, a quien el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps le prometió que encabezaría la lista de las próximas elecciones generales.

En cualquier caso, fuentes del partido dan por hecho que si Andrea Fabra encabeza la lista al Congreso por Castellón Manuel Cervera irá de número dos. La terna la cerraría el diputado autonómico José Marí, que no oculta su interés por regresar a la política estatal. En la última convocatoria de elecciones generales el cabeza de cartel del PP fue Juan Costa, que dimitió de su escaño en noviembre de 2010 para incorporarse a una consultora del sector privado.

Los cabezas de lista del PP por cada una de las circunscripciones se desvelarán a finales de esta semana, previsiblemente el miércoles o jueves próximos.

En Alicante parece estar claro que el responsable del área de Justicia del PP nacional, Federico Trillo, volverá a ocupar el primer puesto de la candidatura al Congreso, tal y como sucedió hace cuatro años. De ratificarse el puesto número uno de Trillo por Alicante, el número dos será para el exconsejero de Economía y diputado autonómico Gerardo Camps.

Tras la reconciliación de campistas y zaplanistas en la provincia de Alicante, en el PP se da por descontado que repetirá un buen número de los diputados de la lista anterior, como Macarena Montesinos.

En la candidatura por la circunscripción de Valencia, después de la renuncia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a convertirse en cabeza de cartel, el puesto está garantizado para el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ya asumió esta responsabilidad hace cuatro años. También en la candidatura por Valencia de los populares se apuesta por la estabilidad, aunque nadie descarta que se puedan mover uno o dos nombres.

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En cualquier caso, la responsabilidad de proponer los cabeza de cartel y los componentes de las candidaturas corresponde a los comités electorales provinciales. Decisiones que, en esta ocasión, no se adoptarán sin consultar con el presidente regional del PP, Alberto Fabra, y con la dirección nacional.

En la última convocatoria electoral, las listas fueron confeccionadas por el entonces presidente regional Francisco Camps. En esta ocasión, cada uno de los tres presidentes provinciales aspira a dejar entrever que ha tenido un papel destacado en la confección de la candidatura, aunque será Alberto Fabra con el apoyo de Génova quien tenga la última palabra al respecto.


48. C. VALENCIANA: CARGOS DE LA GENERALITAT PAGARON COMPRAS DE SUPERMERCADO CON FONDOS PÚBLICOS

Dos altas responsables de la antigua Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda cargaron gastos de compras efectuadas en supermercados a la caja fija del departamento. Algunos apenas superaban los dos euros. Los tiquets, con las confirmaciones en muchos casos de las propias personas que los pasaban al cobro, a los que ha tenido acceso este diario, revelan la variedad de motivos considerados válidos para echar mano de los fondos públicos con la justificación de gastos de locomoción, dietas o material.

Así, por ejemplo, la entonces secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, cargó un recibo de 2,52 euros el 4 de septiembre de 2010 por la compra de leche semidesnatada a los gastos de la consejería, dirigida por Juan Cotino. A lo largo de una semana, entre el 17 y el 25 de noviembre, Ureña pasó al cobro tiquets de compra por 5,28; 10 y 9,27 euros por raciones de "pechuga Villarroy" y de paella adquiridas en unos grandes almacenes; de 11,15 euros por golosinas de fresa, picotas de cereza, un rollo de hogar, unas servilletas, dos paquetes de galletas de mantequilla y unos huevos kinder; y de 5,97 euros por dos productos de Activia y unos tomates Raff.

Por su parte, la entonces directora general de Paisaje, Arancha Muñoz, hoy secretaria autonómica de la consejería de dirige Isabel Bonig, también cobró de la caja gastos de desayunos o tiquets de 7 euros por la compra de frutas y rosquilletas, como refleja un tiquet del 20 de octubre de 2009. Sin embargo, las conformidades de gasto, que en ocasiones otorgaban las mismas Ureña o Muñoz y en otros casos iban firmadas por el jefe de gabinete de Cotino, Ignacio Calabuig, un cargo de confianza, incluyen gastos más cuantiosos.La Consejería de Medio Ambiente pagó 300 euros por la asistencia de tres técnicos de urbanismo y 100 euros por la de la secretaria autonómica María Ángeles Ureña a una conferencia, el 20 de mayo de 2010, del entonces consejero Juan Cotino en el Foro Económico Financiero de la Fundación Vives, una entidad muy vinculada a Cotino. Se trataba de un "almuerzo-conferencia" y la propia Ureña lo certificó como "gastos de restauración".

Su compañera de departamento, la actual secretaria autonómica, Arancha Muñoz, podía justificar el 7 de julio de 2009 una comida de tres menús en un restaurante por 256,80 euros y, un mes antes, otra, también de tres menús, por 89,88 euros en otro establecimiento sensiblemente más barato.

Muñoz, que promovió el Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia, echó mano de la caja fija del departamento de Medio Ambiente en diversas ocasiones para sufragar gastos de traducción del inglés al español y del español al inglés de diversos documentos. Entre ellos, el libro Estudio del paisaje visual de la Comunidad Valenciana. que ella misma había redactado. Así, en agosto de 2009 pagó 1.276 euros por la "traducción, escrita del inglés al español, del documento Green Infraestructure"; en septiembre, 1.859,51 euros por la traducción al inglés del Estudio del paisaje visual de la Comunidad Valenciana y 293,47 por la traducción de portada y desplegables del documento The new landscape policy of the Region of Valencia; en octubre pagó 327,12 euros por el "apoyo lingüístico in situ, español-inglés" en una actividad relacionada con el libro sobre la Huerta y 3.207 euros por la "adaptación al inglés", esta vez del Plan visual de la Comunidad Valenciana.

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La versatilidad en la utilización de la caja fija para hacer frente a gastos de todo tipo queda certificada porque también se cargó directamente a los fondos de la consejería una degustación de horchata en diciembre de 2009 que costó 1.180 euros.

El contexto de crisis económica y la grave situación de las cuentas de la Generalitat han llevado, precisamente, al actual consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, a implantar un plan de ajuste y una racionalización de las compras de material y los gastos corrientes en toda la Administración de la Generalitat. Algo que parece incompatible con el uso discrecional de la caja fija que se ha venido haciendo en bastantes departamentos de la Generalitat.

Otro aspecto, relacionado con el anterior pero con repercusiones incluso más importantes, es el uso de la caja para pagar servicios que, debido a su cuantía, tenían que haber sido otorgados por concurso, una fórmula que debe aplicarse cuando el coste supera los 12.000 euros.

En la documentación a la que ha tenido acceso este periódico sobre los pagos realizados desde la caja de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, que dirigía Juan Cotino, figuran dos pagos aprobados por el gabinete técnico del entonces consejero, de 11.334,59 euros, el 11 de junio de 2010, y de 10.918,70 euros, el 25 de ese mismo mes, al bufete Uría Menéndez por la elaboración y revisión del "Decreto de información y participación pública en medio ambiente". Ninguno de los dos pagos supera el límite que obligaría a una adjudicación por concurso, pero los dos están muy cerca y se refieren al mismo encargo.

www.elpais.es 02.10.11 49. C. VALENCIANA: SÁNCHEZ DE LEÓN ADVIERTE A BLASCO QUE DEJE DE IR POR LIBRE El Grupo Parlamentario Popular ha de estar supeditado al Consell y no puede ir por libre. Esta fue la advertencia que ayer le transmitió la vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, al portavoz parlamentario, Rafael Blasco, según admitieron ayer fuentes del PP. La admonición se produjo después de una semana en la que Blasco ha distorsionado la actividad del Consell, en busca de un protagonismo que ha levantado ampollas en el Palau de la Generalitat. La semana la inició el portavoz parlamentario del PP reclamando el protagonismo de las Cortes en el decálogo de posibles pactos ofrecidos por el Consell a la oposición. Una misión encomendada por Fabra a Sánchez de León. En días sucesivos, Blasco ha buscado ganar protagonismo anunciando que ofrecería a la oposición "toda la información previa" de cara al debate de presupuestos; ha impulsado la participación en redes sociales (Twitter y Facebook) de los diputados populares en una iniciativa que se superpone a la del PP regional y se ha reunido, entre otros, con la Acadèmia Valenciana de la Llengua y el responsable de la federación de servicios públicos (FSP) de UGT. Iniciativas, según fuentes populares, que han terminado por hartar en el seno del Consell. Las mismas fuentes indicaron que ayer Paula Sánchez de León amonestó a Blasco al final de la reunión del Consell ante el resto de miembros de Ejecutivo -a excepción del presidente Alberto Fabra que ya había abandonado el Palau-. Madrid como opción La dirección regional del PP ofreció esta misma semana a Rafael Blasco la posibilidad de formar parte de la candidatura al Congreso por Valencia, lo que permitiría al jefe del Consell nombrar un portavoz parlamentario más afín. Según las mismas fuentes, Blasco rechazó la oferta y optó por mantenerse como portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, con la expectativa de poder retornar como consejero al Ejecutivo de Alberto Fabra en un futuro. Sin embargo, las discrepancias que mantiene con la

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vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, y con el secretario regional del PP, Antonio Clemente, hacen muy complicada su vuelta al Consell y la obtención de un mayor protagonismo en el partido, en el que todavía figura como coordinador del programa electoral para las elecciones del 20-N. www.elpais.es 01.10.11

boletin de desgracias genovesas semanal/2011...ajuste para salvar servicios sociales" 28. c. a...

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