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BOLETIN DE DESGRACIAS GENOVESAS
LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P
Del 02 al 08 de Abril de 2011 Nº 573
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INDICE
1) CASO GURTEL: LA AGENDA DEL ´DOS´ DE GÜRTEL PRUEBA QUE EL PSD FUE CREADO POR EL PPCV
2) CASO GÜRTEL. CAMPS MANTIENE EN LAS CANDIDATURAS A LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA
3) CASO GURTEL: CASCOS DICE QUE "NO SE REFERÍA A NADIE" AL DENIGRAR A LA POLICÍA
4) CASO GÜRTEL: EL JUEZ RECHAZA LAS ALEGACIONES DE CAMPS Y CONVOCA EL ACTO PREVIO A SENTARLO EN EL BANQUILLO
5) LUNA: "CONFÍO EN SER ABSUELTO, PERO A CAMPS LE QUEDA MUCHO BANQUILLO"
6) CASO GÜRTEL: EL FISCAL DICE EN EL JUICIO A LUNA: "NO SE PUEDE CONDENAR POR UNA HIPÓTESIS"
7) CASO GÜRTEL: LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN 2008
8) CASO GÜRTEL: ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR A CAMPS Y SU CÚPULA POR SEIS DELITOS DE CORRUPCIÓN
9) CASO GÜRTEL: EL CONSELL ADUCE QUE LA FISCALÍA SOLO INCLUYE A CAMPS POR RAZONES POLÍTICAS
10) LOS DETECTIVES TAMBIÉN QUIEREN LLEVAR A COSPEDAL A LOS TRIBUNALES 11) GONZALEZ PONS: "ESPAÑA VA A ESTAR PRESIDIDA EN UN AÑO DECISIVO POR UN PATO COJO" 12) DRAGÓ PONE A ZAPATERO AL NIVEL DE FRANCO, MUSSOLINI, HITLER O STALIN
13) 'EL MUNDO' RETIRA UN ARTÍCULO EN EL QUE SOSTRES DISCULPA UN CRIMEN MACHISTA
14) LOS TRABAJADORES DE TELEMADRID PIDEN QUE SOSTRES NO VUELVA
15) OREJA INSISTE EN QUE EL GOBIERNO "TRATA DE GARANTIZAR" LA PRESENCIA DE ETA EN LOS AYUNTAMIENTOS
16) RAJOY ELUDE CONFIRMAR LAS LISTAS VALENCIANAS Y PREGUNTA QUE "QUIÉN ES COSTA"
17) CONDENADA POR SECUESTRO LA BANDA DEL PRIMO DE RAJOY
18) LOS PAPELES DE ETA QUE RAJOY NO EXPLICA
19) RAJOY REPLICA A AZNAR: "HARÉ UN PROGRAMA PARA QUIEN VOTÓ AL PSOE"
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20) EL LÍDER DEL PP DEROGARÁ LA LEY DEL ABORTO PARA VOLVER A LA DEL 85
21) EL JUEZ GRANDE-MARLASKA REACTIVA LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO YAK-42'
22) EL TRIBUNAL DE CUENTAS FIJARÁ EN UNA VISTA EL DAÑO CAUSADO AL ESTADO POR LA MEDALLA DE AZNAR
23) MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, ANTE EL JUEZ POR LLAMAR "NAZI" AL DOCTOR MONTES
24) AZNAR EXIGE A RAJOY UN "PROGRAMA CLARO", RECUPERA LOS GAL Y DEFIENDE IRAK
25) C.A ANDALUCÍA: ESTEPONA ABRE UN EXPEDIENTE POR FALTA URBANÍSTICA AL PORTAVOZ DEL PP
26) C.A BALEARES: MATAS: "SI FUERA PACO CAMPS, MI SITUACIÓN SERÍA MUY DISTINTA"
27) C.A GALICIA: CONDE ROA ENCARGA SU CAMPAÑA AL EDIL DETENIDO POR CONDUCIR EBRIO
28) C.A GALICIA: BALTAR LLEVA AÑOS SIN PAGAR DERECHOS DE AUTOR A LOS ARTISTAS
29) C.A GALICIA: FEIJÓO OFRECE UN PACTO DE SILENCIO AL PSOE SOBRE EL ACOSO A UNIÓNS AGRARIAS
30) C.A GALICIA: EL PP PRETENDE INVESTIGAR A UU AA EN LA CÁMARA TRAS FRACASAR EN LA XUNTA
31) C.A GALICIA: TRABALLO DESMIENTE AL PP ANTE EL JUEZ Y NIEGA QUE UU AA DESVIASE FONDOS
32) C.A GALICIA: UN CARGO DE PRESIDENCIA ADMITE AL JUEZ QUE RUEDA ORDENÓ INVESTIGAR A UU AA
33) C.A GALICIA: LOS NUEVOS CENSADOS EN XINZO SE REPARTEN EN CASAS DE AFINES AL PP
34) C.A MADRID: AGUIRRE PREMIA CON UN PUESTO EN SU LISTA A UN ALCALDE QUE NO EMPADRONA INMIGRANTES
35) C.A MADRID: EL ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE AGUIRRE BUSCABA PRUEBAS DEL PAGO DE COMISIONES EN COLOMBIA
36) C.A MADRID: TELEMADRID SOSTIENE QUE USAR EL SELLO DE ETA SOBRE ZAPATERO FUE UN RECURSO
37) C.A DE MADRID: EL COMITÉ DE EMPRESA DE TELEMADRID EXIGE "EL CESE INMEDIATO" DEL DIRECTOR DE INFORMATIVOS
38) C.VALENCIANA: BARBERÁ ADVIERTE A RAJOY DE QUE NECESITA EL PP DE CAMPS
39) C.VALENCIANA: CALATRAVA Y EL CONSELL SE DEFIENDEN AL UNÍSONO DE EU
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40) C.VALENCIANA: LA JUNTA ELECTORAL SUSPENDE LAS VISITAS AL AEROPUERTO DE CASTELLÓN
41) C.VALENCIANA: EL ALCALDE DE LA VILA FICHA AL TRÁNSFUGA QUE LE AUPÓ AL GOBIERNO LOCAL
42) C.VALENCIANA: RIPOLL OBTUVO 1,3 MILLONES DE EUROS SIN JUSTIFICAR TRAS ADJUDICAR LAS BASURAS
43) C.VALENCIANA: EL LÍDER DEL PP ALICANTINO MANTIENE EL PULSO POR LA DIPUTACIÓN
44) C.VALENCIANA: EL ALCALDE DE BORRIOL ADMITE QUE PAGÓ CON DINERO PÚBLICO SU DEFENSA
45) LA PORTAVOZ DEL PP DE ALBORAIA ROMPE CON EL ALCALDE
46) C. VALENCIANA: UNA TERTULIANA DE CANAL 9 DEFIENDE QUE BERLUSCONI TENGA SEXO CON MENORES
47) C.VALENCIANA: EL ALCALDE DE PAIPORTA Y UN LETRADO AL QUE CONTRATA SON ABOGADOS DE BLASCO
48) C. VALENCIANA: EL CÓDIGO DEL PP AVALA LLEVAR UN IMPUTADO EN LA LISTA, SEGÚN BARBERÁ
49) C. VALENCIANA: MOLLÀ ECHA EN CARA A BLASCO QUE NO ACUDA AL ACTO DE CONCILIACIÓN
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1) CASO GURTEL: LA AGENDA DEL ´DOS´ DE GÜRTEL PRUEBA QUE EL PSD FUE CREADO POR EL PPCV
Álvaro Pérez "El Bigotes" había amortizado ya los 540 euros que le costó el cacharro de contar dinero que compró el 17 de octubre de 2005. El entramado que dirigía Correa tenía, desde abril de 2004, su capital financiera en Valencia. Orange Market se convirtió en la principal fuente de ingresos a las cajas A y B de Madrid, gracias a los contratos que le llovieron de la Generalitat y del PP valenciano. Corría el otoño de 2006 y el grupo Correa había echado ya tantas raíces en la cocina de la Generalitat que la cúpula Gürtel hasta participaba en reuniones de estrategia política.
Así se desprende de una anotación en la página 124 de la agenda de Pablo Crespo, el número dos de la trama: "Nuevo Partido Político con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda económica. Ricardo protesta". En el dietario de quien fue secretario de organización del PP gallego, se anotaron las palabras "Ricardo. Reunión" y los participantes: "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo, Presi". No consta ninguna fecha en esta hoja de la agenda, contenida en el sumario y de la que ayer informó el diario "Público". La página anterior marca 10 de octubre y la siguiente, 10 de noviembre. El 4 y 5 de noviembre, el Hotel las Arenas (un cinco estrellas) acogió la convención bautismal del Partido Social Demócrata (PSD), de la que dieron fe 355 delegados y 67 invitados.
La formación, que no escatimó en gastos -la sede se ubicó en la calle Colón de Valencia-, fue impulsada desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y la Fundación Central Ciudadana, una plataforma de entidades culturales, de mayores y consumidores que, con Francisco Camps en el Palau, ha recibido unos 12 millones de euros en subvenciones para cursos de formación e inserción laboral, entre otros. Central Ciudadana adeuda 217.000 euros al Consell por ayudas no justificadas, que ha de devolver. A menudo, certificaban gastos con facturas de empresas de dirigentes del entramado de forma irregular, según denunció el Servef. El PSD y esa trama asociativa compartían dirigentes. Como Ana Mª Rodríguez, candidata a alcaldesa de Alicante y presidenta de Favcova, o Fernando Piera, primer líder del partido y número dos de la entidad vecinal. El listado de ex del PSPV en el partido segunda marca del PP es amplio. Piera, Ernest Fenollosa (exalcalde de la Vall d'Uixó) o José Luis Morales (exalcalde de Mislata) son algunos. También había ocupado cargos en el PSPV Carlos Ruiz, alma mater de Favcova. El presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, lo colocó, en marzo de 2009, de asesor de Bomberos, meses después de que el PSD propició mociones de censura en Dénia y Calp, que destronaron a alcaldes socialistas.
El tinglado de cooperación
El germen del PSD es el PSI, creado en Alzira en 1993 por los blasquistas, cuando Rafael Blasco -quien, desde Bienestar Social subvencionó al entramado asociativo-fue expulsado del PSOE. Su sobrina, Gisela Blasco, ha liderado el PSD en la Ribera. Un ex compañero de Bernardo Blasco -hermano del conseller- en Unió Valenciana como Adolfo Soler también estuvo en el PSD. Y en la Fundación Entre Pueblos (ahora Hemisferio), el corazón del entramado de entidades y ONG que han recibido unos 4 millones de euros de Solidaridad y Ciudadanía y han dedicado una parte de ese dinero a pagar servicios a firmas de sus propios dirigentes. Como la consultora Dinamiz-e, de Soler. Su compañera en UV Amparo Picó sucedió a Piera al frente del PSD. Ayer, se presentó como candidata del Centro Democrático Liberal (CDL) a la Generalitat. En el CDL también han recalado algunos exsocialistas de renombre, como el exalcalde de Benetússer, José Enrique Aguar.
En la parte superior de la página de la agenda de Crespo aparece un número de cuenta. En principio es un asunto al margen de la citada reunión. Fue abierta en una sucursal de Caixa Nova en Pontevedra, ciudad en la que Crespo guardaba documentos sobre la financiación del PP gallego. El líder del PSPV, Jorge Alarte, expresó ayer su "perplejidad e indignación" ante el "sabotaje electoral que practica el PP con dinero público".
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www.levante-emv.com 08.04.11
2) CASO GÜRTEL. CAMPS MANTIENE EN LAS CANDIDATURAS A LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA
El imputado Fabra comunica que la lista de Castellón incluye a Costa y Rambla
A la vista del apoyo sin fisuras del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a Francisco Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana, aunque se siente en el banquillo acusado de cohecho impropio, el PP valenciano ha decidido que lo que es bueno para uno es bueno para todos.
La cúpula del PP está molesta por el anuncio del dirigente castellonense
Otros implicados en la trama corrupta pueden concurrir en la lista por Alicante
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el ex secretario general del PP regional y exportavoz parlamentario Ricardo Costa, ambos implicados en el caso Gürtel,
ocuparán puestos de elección segura en la candidatura por Castellón a las Cortes valencianas.
Rambla, a quien la Fiscalía Anticorrupción implica en dos supuestos delitos electorales por financiación ilegal del PP valenciano en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008, figurará en el puesto número cuatro de la candidatura por Castellón. Costa, que está imputado con Camps en la causa de los trajes y también está implicado en los mismos supuestos delitos que Rambla, ocupará el número siete. Ambos son puestos de elección segura.
La candidatura íntegra del PP a las Cortes valencianas por la circunscripción de Castellón la desveló ayer el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, antes de que fuese aprobada por el Comité Electoral Regional y ratificada por Génova.
El anuncio de Fabra, cuya maniobra causó malestar en el seno del PP, supuso una demostración de fuerza del presidente provincial de Castellón. Carlos Fabra, que está imputado por delito fiscal y contra la Administración pública, ha anunciado que no repetirá como presidente de la Diputación, pero que continuará al frente del partido en la provincia de Castellón.
La decisión de Fabra de marcar su territorio político y exhibir su autonomía frente a la dirección regional del PP fue interpretada como una respuesta a la decisión de Camps de anunciar, de improviso, el martes por la noche que el cabeza de lista por Castellón sería el alcalde de la capital, Alberto Fabra.
El presidente de la Diputación de Castellón ni siquiera quiso disimular ayer que el alcalde no era el candidato que él había propuesto. Preguntado por si Alberto Fabra era el cabeza de lista que tenía en mente, el presidente de la Diputación de Castellón respondió: "Es el cabeza de lista que hay". "No era la única opción", prosiguió Carlos Fabra, "aunque nos ha parecido conveniente mantener los criterios del presidente del partido".
El número uno de la lista por la circunscripción de Alicante será la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, mientras que la lista por Valencia la encabezará el propio Camps con la alcaldesa Rita Barberá de número dos. Fuentes del Partido Popular indicaron que el presidente valenciano pretende minimizar el deterioro de su imagen con el tirón de los alcaldes.
Las candidaturas autonómicas íntegras del PP para Alicante y Valencia se desvelarán, probablemente, antes del viernes. En el PP dan por seguro que en la lista de Alicante también figurarán en puestos de salida la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez; el vicesecretario de organización regional, David Serra, y la tesorera del PP, Yolanda García, implicados en el caso Gürtel.
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www.elpais.es 07.04.11
3) CASO GURTEL: CASCOS DICE QUE "NO SE REFERÍA A NADIE" AL DENIGRAR A LA POLICÍA
El exdirigente del PP va al juzgado tras el plantón de anteayer
A la segunda, se presentó ante el juez. El ex número dos del PP, Francisco Álvarez-Cascos, sí acudió ayer a los juzgados de Madrid para declarar como imputado por injurias por haber calificado de "camarilla dedicada a preconstituir pruebas" a los agentes de la policía que investigan el caso Gürtel. Álvarez-Cascos manifestó ante el magistrado Santiago Torres que "no se refería a nadie en concreto" con esas declaraciones y le aseguró que no pretendía "faltarle al respeto" cuando no acudió al juzgado el miércoles, cuando estaba citado.
El exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento, actualmente alejado del partido, declaró durante una hora ante Torres, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid. En ella, el exdirigente del PP, ahora candidato del Foro Asturias a la presidencia del Principado, aseguró que sus acusaciones se dirigían contra "un grupo de agentes que seguían dictados políticos", aunque no aportó ningún nombre porque, dijo, no se refería "a nadie en particular" y, además, no los conoce.
Cascos no acudió el pasado miércoles al juzgado, el día en que estaba citado. En su lugar, fue su abogado, que presentó un escrito reclamando a Torres que remitiera el caso al Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, donde se investiga una denuncia presentada por el exvicepresidente por determinadas informaciones que le implicaban en el caso Gürtel y que el exdirigente popular considera que lesionaron su derecho al honor. Pero el juez Torres lo citó para ayer advirtiéndole de que, si no se presentaba, podría ordenar su detención.
Ayer, Cascos aseguró, sin embargo, que en todo momento estuvo "a disposición del juzgado" y que su ausencia era parte de su estrategia de defensa. El candidato a la presidencia de Asturias aseguró que no quiso "faltar al respeto a la autoridad judicial". "Llevo 30 años en funciones públicas y siempre he manifestado un exquisito respeto por el Estado de derecho", añadió.
www.elpais.es 08.04.11
4) CASO GÜRTEL: EL JUEZ RECHAZA LAS ALEGACIONES DE CAMPS Y CONVOCA EL ACTO PREVIO A SENTARLO EN EL BANQUILLO
El magistrado admite la prueba sobre la supuesta destrucción de pruebas en Forever Young para encubrir al presidente valenciano después de que Trillo se reuniera con el dueño de la tienda
El juez ha dictado un duro auto para la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lo sitúa a las puertas del juicio por cohecho impropio, al haber recibido supuestamente trajes y regalos por valor de miles de euros de la trama Gürtel. Unos hechos que el presidente siempre ha negado y que el ministerio fiscal quiere juzgar conjuntamente con otros siete delitos de corrupción.
El magistrado José Flors desestima la mayor parte de las alegaciones de las defensas de Camps y los otros tres acusados contra la instrucción, y convoca la audiencia que precede inmediatamente (puede dictarla en el mismo acto) a la apertura o no de juicio oral.
El juez acepta, no obstante, que la fecha de la vista se señale una vez resueltas las apelaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata básicamente de recursos contra denegación de diligencias dilatorias, una táctica que el juez critica en el auto.
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Dado el número de pruebas que figuran en la causa y a la vista de los pasos dados por el instructor, fuentes jurídicas consideran que lo más probable es que Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por los trajes. A menos que su situación judicial empeore porque el tribunal atienda la petición de Anticorrupción, que quiere sentarlos en el banquillo por más delitos. Entre ellos: cohecho propio, prevaricación y financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.
El ministerio público ha pedido unir las causas para preservar la visión completa del caso y no seguir troceando el mayor caso de corrupción de la historia democrática, esparcido ya por cuatro comunidades autónomas. Anticorrupción considera que los supuestos delitos están íntimamente conectados porque los regalos, la adjudicación irregular de contratos en multitud de departamentos de la Administración valenciana, y la financiación ilegal del PP por parte de grandes constructoras son diferentes fragmentos de una misma e intensa relación.
El fiscal ha pedido imputar a otros siete miembros de las cúpulas del PP y la Administración autonómica, incluidos Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, a quienes los miembros de la red se referían como El cadete y La Perla en las grabaciones intervenidas por la policía.
El juez abre otra preocupación para Camps y el PP al avalar la prueba aportada por Anticorrupción, que apunta a que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los trajes de Camps. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.
Los peritos de Hacienda que examinaron la contabilidad del caso el año pasado ya indicaron que los registros parecían haber sido alterados.
La teoría, apoyada en correos electrónicos y extractos de ficheros informáticos, fue aportada por el abogado del sastre José Tomás. La fiscalía la hizo suya y el juez la admite ahora y convoca al sastre, al informático de la tienda y a la responsable que supuestamente le transmitió a este la orden a la vista preliminar.
El acto deberá celebrarse en un plazo corto (la ley dice que el más cercano posible) después de que la sala resuelva las apelaciones, referidas a cuestiones menores, según consideran fuentes jurídicas. El argumento de fondo con el que la sala archivó el caso hace dos años, en este preciso momento procesal, fue corregido con dureza por el Tribunal Supremo, de modo que no es probable que se repita.
Ahora, además, tampoco preside la sala, José Luis de la Rúa, de quien Camps decía que era más que un amigo, sino Pilar de la Oliva, más propensa a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.
www.elpais.es 05.04.11
5) LUNA: "CONFÍO EN SER ABSUELTO, PERO A CAMPS LE QUEDA MUCHO BANQUILLO"
El PSPV pide la suspensión de 'Bon Dia' en Canal 9 por ser "mítines del PP"
La situación judicial del portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, no es la misma que la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno se sentó ya en el banquillo, el otro está cerca. Ángel Luna declaró ayer en Alicante que su "horizonte es de una sentencia inmediata", que confía en que sea "absolutoria", pero que "el de Camps es de mucho banquillo por delante".
Una contertulia de RTVV llama "sinvergüenza" al portavoz socialista
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Martín: "Castedo sigue a Alperi, huye de Alicante y quiere estar aforada"
Los socialistas, una vez más, cerraron filas en torno a Luna. El secretario del PSPV, Jorge Alarte, y la candidata a la alcaldía de Alicante, Elena Martín coincidieron en que "todos los socialistas somos Ángel Luna". Alarte tildó de "duro varapalo" para Camps el auto del juez Flors que le acerca al banquillo y rechaza sus alegaciones ya que supone "el desmontaje de la tesis del líder regional del PP".
Por su lado, Elena Martín no alcanzó a entender cómo es posible que "una persona que defiende la democracia y pregunta en las Cortes por el dinero público sea el primero en sentarse en el banquillo y los presuntos delincuentes no lo hayan hecho". Luna aseguró haber "aguantado estoicamente y respetado la actuación de los jueces, y no como Camps, que despotrica de todos y piensa que hay una gran confabulación contra él".
Los socialistas se mostraron indignados con el nivel y el contenido de la tertulia del programa Bon Dia Comunitat Valenciana, de Canal 9. Los intervinientes, según el PSPV, se explayaron en críticas e insultos al portavoz socialista. Una de las contertulias, Rocío Casanova, dijo: "El tema de los trajes no sé si será verdad o no, pero mostrar un documento que está bajo secreto de sumario es saltarse el Estado de derecho". Luego llamó "sinvergüenza" a Luna porque "jactarse de machacar a Camps y luego cometer ese delito de sacar un documento, es una tomadura de pelo".
Horas más tarde la portavoz del comité electoral del PSPV, Carmen Ninet, exigió la suspensión "inmediata" del programa y la sección de debate que incluye por considerarlos "mítines del PP". Los socialistas presentaron una denuncia ante la Junta Electoral porque en el programa del martes "una vez más no se informó en las noticias de Canal 9 de que el juez Flors había rechazado las alegaciones del presidente de la Generalitat". La televisión valenciana dedicó más tiempo "a la comparecencia de Luna que a todo el caso Gürtel".
Los socialistas aprovecharon su comparencia ante la prensa en Alicante, en el paseo de la Explanada, para valorar la inclusión de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo como cabeza de lista del PP por Alicante a las Cortes Valencianas. "Sigue la estela de su mentor, Luis Díaz Alperi, abandonar Alicante y sobre todo estar aforada", dijo la candidata socialista Elena Martín, que auguró que las listas del PP estarán "llenas" de personas "envueltas en casos de corrupción". Martín tildó de "huida" la designación de Castedo que "le importa poco la ciudad y mucho estar aforada". El secretario de los socialistas, Jorge Alarte, mucho más parco en palabras, se limitó a comentar que "todo es lo mismo, son Camps, forman parte de un proyecto fracasado" y tildó a Castedo de "copia mala de Alperi".
Martín también criticó el rechazo de la alcaldesa a debatir con ella. La alcaldesa contestó el martes que no pensaba discutir con la candidata socialista: "Si quiere darse a conocer que ponga más vallas, pero no lo hará [discutir] conmigo". Ayer Martín insistió en debatir "donde quiera, como quiera y a la hora que quiera, Castedo no es la importante, ni yo tampoco, son los alicantinos los importantes", resumió la candidata socialista. Por otro lado, el PSPV ha propuesto a José Luis Chover como candidato a la alcaldía de Sagunto y ha abierto expediente disciplinario a Manuel Carbó por faltas muy graves que comportarán su suspensión de militancia.
www.elpais.es 07.04.11
6) CASO GÜRTEL: EL FISCAL DICE EN EL JUICIO A LUNA: "NO SE PUEDE CONDENAR POR UNA HIPÓTESIS"
El PP pide inhabilitar al portavoz socialista por no entregar un informe de Gürtel
El primer juicio relacionado con el caso Gürtel sentó ayer en el banquillo a Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, que se ha destacado por pedir explicaciones al presidente Francisco Camps por la aparente connivencia de su Gobierno con la red corrupta. El
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motivo: Luna enseñó, durante un debate parlamentario con Camps, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que detallaba cómo la trama sacó tajada (tres millones de euros en pocos días) de la visita de Benedicto XVI a Valencia a través de un contrato del canal autonómico, Canal 9. Uno de los episodios que Anticorrupción quiere unir a la causa de los trajes.
El documento estaba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos y el juez Juan Montero, del Tribunal Superior de Justicia valenciano, archivó la acusación pero decidió seguir la causa por encubrimiento. El magistrado consideró inverosímil la versión de Luna de cómo encontró el informe (en un sobre sin remitente en su despacho en las Cortes) y su declaración de que no sabía dónde estaba después de habérselo reclamado reiteradamente.
El abogado del PP -que pide dos años y nueve meses de inhabilitación y una multa de 26.250 euros- preguntó a quién le contó Luna que lo había encontrado; qué forma tenía; con qué frecuencia se trasladan documentos entre las sedes del PSPV-PSOE, qué hubiese pasado si el sobre hubiese contenido una bomba... El letrado no citó, en cambio, ninguna prueba que desvirtuara la versión de Luna. Tampoco fueron aportadas durante la instrucción.
El fiscal concluyó su intervención "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los diputados] antes de ocultarlo?"
La defensa apeló a la inviolabilidad parlamentaria sin la que los diputados no podrían ejercer su función de control al Gobierno. Luna declaró que el juicio es consecuencia del empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad". El caso quedó visto para sentencia.
www.elpais.es 06.04.11
7) CASO GÜRTEL: LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN 2008
La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de 350.000 euros
La Fundación V Encuentro Mundial de las Familia -la entidad constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba a principios de 2008 tres millones de euros por los gastos realizados en el evento.
El coste del evento superó los 25 millones, según los datos conocidos
Así consta en la última documentación depositada en el registro de fundaciones de la Generalitat valenciana, correspondiente al cierre del ejercicio de 2007. La documentación relativa a 2008 y las anualidades posteriores sigue sin estar accesible pese a tratarse de un registro público. El gasto realizado por las Administraciones valencianas en este evento de carácter confesional sigue sin estar claro cinco años después de la visita del Pontífice a Valencia en julio de 2006.
La última memoria accesible de la fundación indica que a primeros de 2008 se debían todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma cantidad con la que se había cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo lugar la visita de Benedicto XVI. La fundación que seguía operativa y con un trabajador empleado mantenía viva con Bancaja una póliza de crédito de medio millón de euros de la que había dispuesto un total de 396.255 euros.
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De acuerdo con la escasa documentación disponible en el registro, en 2007 la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia ingresó 345.655 de donaciones declaradas -sin especificar si estas procedieron de Administraciones públicas o personas privadas y otros 52.988 euros de donaciones anónimas de particulares. En total, casi 400.000 euros que permitieron afrontar los gastos de funcionamiento -fundamentalmente el pago de facturas pendientes- y presentar un balance positivo de algo más de 37.000 euros para reducir ligeramente por debajo de los tres millones la deuda arrastrada del ejercicio de 2006.
El registro de fundaciones de la Generalitat ya alertó en las cuentas de 2006 de la entidad que montó la visita del Papa que la falta de liquidez comprometía el pago de las deudas y la continuidad de la propia Fundación V Encuentro. De hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que inyectar dos millones de euros a la citada entidad.La memoria abreviada de 2007 de la Fundación de la visita del Papa advierte de que sus compromisos económicos cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el PP. "La fundación", relata la memoria, "goza del total apoyo económico y financiero de los componentes del patronato". "El fondo de maniobra negativo", prosigue el documento, "se califica como transitorio, como prueba que se ha atendido en tiempo y forma los pagos comprometidos por la fundación". "Esta situación no compromete los pagos futuros, ni la continuidad de la fundación", sentencia. La elevada deuda contraida es la razón de que la Generalitat no haya podido extinguir todavía una fundación que se creó para un evento puntual, la visita pastoral de Benedicto XVI a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.
A través de las modificaciones de crédito publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del año pasado que el Consell había destinado dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, con la intención de liquidar buena parte de las deudas.
El pasado mes de junio el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntó al Consell si había realizado algún donativo al Vaticano para que viniese el Papa a Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad y a través de que mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se limitó a señalar que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro no aparece ningún donativo público y remitió a la oposición a las cuentas depositadas en el registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps aseguró que ya estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas de 2006,2007 y 2008, así como que en breve estarían disponibles las correspondientes a 2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la última memoria disponible es la de 2007.
La documentación del registro permite comprobar que en 2006 la fundación incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin especificar. Una cantidad que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este concepto es distinto del utilizado para contabilizar las donaciones anónimas efectuadas por los fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.
Así, en el último ejercicio disponible en el registro, 2007, la fundación que organizó la visita del Papa recaudó donaciones por importe de 52.988,60 euros (33.817,60 de entidades y 19.171 de particulares). Nada que ver con la cifra obtenida el año de la visita del Pontífice, 2006, en el que la fundación obtuvo 436.381,57 euros de donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51 de particulares a los que se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de Valencia). En 2005, el año de constitución de la fundación los donativos solo fueron de 315 euros.
Casi un lustro después de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, el gasto público realizado por la Generalitat sigue siendo un secreto. Sin embargo, los datos conocidos a raíz de la investigación judicial del caso Gürtel que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como la escasa y dispersa información aportada por las propias Administraciones implicadas y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia permiten empezar a acotar el gasto realizado en el citado evento.
El coste conocido del evento superó los 25 millones de euros, procedentes en su gran mayoría de los presupuestos públicos de la Generalitat, que desembolsó el dinero de manera directa o
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a través de empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana. Las donaciones de los feligreses para sufragar este evento confesional apenas alcanzaron los 500.000 euros, según se desprende de las propias memorias de la fundación.
Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI a Valencia
- La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La entidad creada por la Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó más de 12 millones de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9 millones por distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas, presumiblemente de los miembros del patronato. Un total de 2,6 millones procedentes de convenios de colaboración, supuestamente grandes empresas que contribuyeron con bienes o servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas, presumiblemente por firmas que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros fueron donaciones anónimas de feligreses.
- El Consell: Aseguró en febrero de 2007, a través del vicepresidente Víctor Campos, que solo había gastado 1,9 millones de euros en el evento. Nunca se especificó el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero se destinó al evento a través de las empresas públicas de la Generalitat. En las respuestas parlamentarias remitidas con posterioridad a la oposición la Generalitat solo admitió haber gastado 214.000 euros en recursos sanitarios, 10.417 euros en carteles y trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso de formación turística para voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el Consell aprobó una modificación presupuestaria de dos millones de euros para pagar parte de las deudas pendientes de la fundación V Encuentro
- Ràdio Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron cerca de 11 millones de euros en la retransmisión íntegra de la visita del Papa a Valencia. De esta cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la sonorización, de los cuales 3,3 se los repartieron supuestamente la empresa Teconsa y la trama corrupta del caso Gürtel.
- La Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una donación específica de 19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en octubre de 2009 haber gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la confección de un DVD sobre la visita papal y un busto del Pontífice.
- El Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres instituciones gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto municipal del evento en 2,36 millones de euros.
- El arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000 euros para la constitución de la fundación. La misma cantidad que aportaron los otros tres patronos. A este dinero hay que añadir las donaciones de los feligreses.
www.elpais.es 04.04.11
8) CASO GÜRTEL: ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR A CAMPS Y SU CÚPULA POR SEIS DELITOS DE CORRUPCIÓN
El fiscal señala al vicepresidente Rambla y a la presidenta de las Cortes Valencianas
El caso Gürtel está a punto de estallar en la Comunidad Valenciana, y la onda expansiva amenaza a la plana mayor de la Generalitat y el PP valenciano. El anticipo se conoció ayer, con la presentación por la Fiscalía Anticorrupción de las alegaciones sobre una de las dos inhibiciones del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El ministerio público ha solicitado al tribunal la imputación de 11 cargos populares por delitos relacionados con la corrupción. Empezando por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el caso de los trajes, a quienes quiere sentar en el banquillo por un delito de cohecho propio (en vez de impropio), que se castiga con penas de prisión e inhabilitación.
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La fiscalía punta a 11 altos cargos e indica que hay más implicados
Anticorrupción ha solicitado igualmente la imputación del vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por dos supuestos de financiación ilegal (técnicamente delito electoral), en los comicios de 2007 y 2008. A la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, por delitos contra la Administración pública en las adjudicaciones a la trama. Al vicesecretario de Organización del PPCV y diputado, David Serra, por delitos electorales. A Yolanda García, tesorera del PPCV y diputada, por delitos electorales. A Ricardo Costa, ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de economía, por cohecho y delitos electorales. A Pedro García, ex director general de Canal 9, por delitos contra la Administración pública en la adjudicación del contrato de cobertura de la visita del Papa a Valencia, y por cohecho. Al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, por cohecho. A Rafael Betoret, jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, por delitos contra la Administración Pública y cohecho. Y a Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional, y Cristina Ibáñez, administradora general del PPCV, por financiación ilegal.
La fiscalía quiere acumular los supuestos delitos de las dos inhibiciones dictadas por Pedreira y el caso de los trajes para celebrar un único proceso que juzgue las actividades de la trama en Valencia y la aparente connivencia de la Generalitat. Y ello porque unos y otros delitos "se atribuyen, en parte, a unas mismas personas; guardan evidente analogía entre sí, y se enmarcan dentro de una misma estrategia empresarial", consistente en "la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato de favor tanto en la contratación pública como en el ámbito de las formaciones políticas, coincidiendo en algún caso responsabilidades en uno y otro ámbito en una misma persona".El ministerio público solicita imputar también a seis miembros de la trama: los cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como a Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. Y a los empresarios del sector de la construcción que supuestamente se dedicaron a financiar, utilizando como vehículo a la sociedad de la red Orange Market, los macroactos electorales del PP. En el año 2007, cuando Camps ganó las elecciones, y en 2008, cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, se presentó sin éxito a presidir el Gobierno.
A dos de los constructores los menciona por sus nombres. Se trata de Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos, imputado también el caso Brugal, la trama de basura de Alicante que también afecta al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Y de Enrique Gimeno, presidente de FACSA. Respecto a los demás, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada los menciona como los "gestores efectivos": Grupo Sedesa (que en aquel momento estaba dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat, consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y ex director general de la Policía); Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez, Piaf y Lubasa.
La mecánica de la supuesta financiación ilegal funcionaba, tal y como figura en la investigación del caso, a cuatro bandas. Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia El Bigotes, preparaba los actos electorales del PP. Las constructoras supuestamente abonaban su coste a la trama corrupta. Y el Consell premiaba a estas empresas colaboradoras con adjudicaciones millonarias de obras públicas.
Durante casi dos años, la vasta vertiente valenciana del caso Gürtel ha permanecido prácticamente dormida. En gran medida por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido entonces por Juan Luis de la Rúa, de archivar en 2009 la causa de los trajes con una interpretación del delito de cohecho pasivo impropio que incurría en error de ley, según estableció el Tribunal Supremo en la dura corrección con la que reabrió el caso en mayo pasado.
Aquella decisión del tribunal valenciano no solo ha demorado durante dos años la causa de los trajes (que vuelve a estar ahora prácticamente donde estaba entonces) sino que se adoptó cuando acababa de llegar a Valencia la primera inhibición de Pedreira, que abría la posibilidad de enjuiciar a Camps, Costa, Campos y Betoret por cohecho propio, dejándola en una especie de limbo.
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Una vez reabierto (e instruido) el caso de los trajes; superadas las cuestiones de competencia sobre las dos inhibiciones dictadas por Pedreira, y resueltos los recursos que presentaron en el Tribunal Superior de Madrid miembros de la trama y del PP (que en la causa principal de Gürtel está personado como acusación), el tribunal valenciano debe decidir ahora si, como solicita la fiscalía, une todos los delitos en un solo proceso, acumula solo algunos de ellos, o retoma las instrucciones de forma aislada.
Es probable, por tanto, que el tribunal ordene la suspensión del caso de los trajes para acumularlo con otros delitos. Esa decisión implicaría retrasar durante meses la apertura de juicio oral contra Camps. Pero supondría que el presidente y los otros tres imputados por cohecho pasivo impropio estarían imputados por un delito más grave, penado con cárcel de uno a seis años según su modalidad.
En las alegaciones conocidas ayer, la fiscalía recuerda que aparte de los 11 cargos a los que menciona explícitamente, existen indicios de que el número de miembros de la Generalitat implicados sería mayor. "En relación con la contratación con la Generalitat valenciana [con las empresas de la trama] y las personas que habrían podido participar en las mismas, conviene destacar que las irregularidades detectadas por la Intervención General del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías, así como que en alguno de los casos era preceptiva la autorización por el gabinete del presidente". "Habrían participado", prosigue, "los distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar".
Anticorrupción dedica un apartado especialmente amplio al exdirector de Canal 9, que era al mismo tiempo un estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de El Bigotes. Para celebrar el cumpleaños de Pedro García, Álvaro Pérez le preparó una fiesta sorpresa en Marraquech, a la que se trasladaron en el avión privado de Vicente Cotino, responsable del Grupo Sedesa, para quien la fiscalía parece solicitar la imputación, aunque sin referirse a él por su nombre.
El ministerio público se detiene en la adjudicación de la cobertura de Canal 9 durante la visita del Papa a Valencia en 2006, que atribuye directamente a Pedro García "como director general de ese ente con una empresa cercana a Francisco Correa". Se trata de Teconsa, la firma del sector de la construcción que obtuvo el contrato de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía de la cobertura, a pesar de no tener experiencia en el sector, por un importe de 7,4 millones de euros. La trama, según la investigación, logró embolsarse en pocos días tres millones de euros. Y Francisco Correa habría destinado parte de ese dinero a comprar su chalé de Ibiza.
"En toda la contratación llevada a cabo por la Televisión Valenciana con motivo de la citada visita [del Papa] se han detectado numerosas irregularidades, conforme expone la unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado en informe de 7 de octubre de 2010", señala la fiscalía.
Precisamente por esgrimir durante un debate parlamentario con Camps otro informe, en este caso de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que detallaba cómo la red Gürtel sacó tajada de la breve estancia de Benedicto XVI en Valencia, el portavoz parlamentario Ángel Luna se sentará el martes en el banquillo. Después de que Luna mostrara el documento en la Cámara, el PP le denunció por revelación de secretos, ya que el informe se hallaba bajo secreto de sumario. El juez Juan Montero sobreseyó esa acusación, pero decidió enviar a Luna a juicio por un supuesto encubrimiento: entorpecer la identificación de quien le hizo llegar el documento.
Después de la recepción de las dos inhibiciones de Madrid y de las alegaciones presentadas por el ministerio público, la situación judicial del presidente Camps y del resto de implicados, la mayoría de ellos confirmados como candidatos a las elecciones autonómicas del 22 de mayo, se complica sobremanera. Aunque a corto plazo puede suponer incluso un respiro (si los nuevos delitos se acumulan con el caso de los trajes, la instrucción judicial se demorará durante meses), a medio plazo el caso Gürtel está llamado a marcar la nueva legislatura como ya ha marcado la segunda parte de la actual. Si las encuestas aciertan y el Partido Popular
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gana las próximas elecciones, la sombra de la actividad judicial afectaría no solo al presidente sino a un buen número de diputados.
Y no se tratará de trajes. La financiación ilegal, por ejemplo, está castigada en la Ley Electoral con penas de uno a cuatro años de cárcel.
Cargos del PP implicados en la rama valenciana de Gürtel
- Francisco Camps. El presidente de la Generalitat está imputado por cohecho impropio en el caso de los trajes pero la fiscalía apunta que la "valoración conjunta" con los supuestos delitos electorales y de tráfico de influencias puede agravar el tipo de su imputación. La fiscalía recuerda que los regalos a Pedro García, relacionados con las comisiones ilegales en RTVV, se compraron en los mismos establecimientos que los de Camps y los otros tres imputados por los trajes. También señala que, en las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama Gürtel, "en algunos casos era preceptiva la autorización por el Gabinete del Presidente."
- Milagrosa Martínez. La actual presidenta de las Cortes Valencianas era consejera de Turismo cuando en 2005 le otorgó a Orange Market, terminal valenciana de la trama, el primer contrato para el pabellón valenciano en Fitur. La Fiscalía Anticorrupción considera que su participación "deberá ser investigada por el tribunal". Martínez recibió regalos de la red de corrupción, como un reloj de lujo.
- Vicente Rambla. El vicepresidente primero del Consell figura implicado en los supuestos delitos electorales por la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas municipal y autonómica de 2007 y de las elecciones generales de 2008.
- Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico está imputado con Camps en el caso de los trajes, que está a punto de ser enviado a juicio por el juez instructor, José Flors. Costa también sería responsable, según la Fiscalía Anticorrupción, de los supuestos delitos electorales cometidos por el PP valenciano en complicidad con la trama Gürtel y ocho empresarios, a quienes el ministerio público también pide imputar.
- David Serra. El diputado autonómico y vicesecretario de Organización del PP valenciano habría participado, según la Fiscalía Anticorrupción, en los delitos electorales cometidos en 2007 y 2008 por la financiación irregular de las campañas del partido a través de la red Gürtel.
- Yolanda García. La diputada autonómica es tesorera del PP valenciano y está implicada, según el escrito presentado por la fiscalía especial ante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los supuestos delitos electorales de los años 2007 y 2008.
- Pedro García. El ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que dimitió en agosto de 2010 tras hacerse públicas las irregularidades en el canal autonómico, habría cometido, según la Fiscalía Anticorrupción, un delito contra la Administración pública. El escrito se refiere al contrato que RTVV adjudicó a la empresa Teconsa para la instalación de pantallas de vídeo y sonorización en la visita del Papa a Valencia en 2006. La adjudicación fue por un importe de 7,5 millones de euros y la trama habría obtenido 3,3 millones en comisiones ilegales, de los que una parte habría ido a parar al propio García. Según el ministerio público, a Pedro García le fueron regaladas prendas de vestir por parte de la trama de la misma manera que a Francisco Camps. Entre la información recogida en el sumario, hay un informe policial sobre el regalo a Pedro García de un automóvil por parte de la trama Gürtel.
- Víctor Campos. El exvicepresidente del Consell está imputado formalmente por el juez Flors en el caso de los trajes junto al presidente Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret. A Campos le reclama la fiscalía la multa de menor cuantía, 34.250 euros, frente a 42.00 que pide para Camps, Costa y Betoret.
- Rafael Betoret. el ex jefe de gabinete de Milagrosa Martínez como consejera de Turismo, en la actualidad responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, habría intervenido en la
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contratación de Orange Market para los pabellones valencianos en los certámenes de Fitur. Es también uno de los cuatro imputados por el juez Flors por los regalos de prendas de vestir recibidos de la trama corrupta.
- Luis Bárcenas. El exsenador y extesorero nacional del PP, que dimitió a causa del escándalo generado por el caso Gürtel, está involucrado en los delitos electorales del PP valenciano de las campañas de 2007 y 2008, según la Fiscalía Anticorrupción. Bárcenas era el responsable legal de las campañas, debido a la estructura centralizada del PP.
- Cristina Ibáñez. Era la apoderada del PP en Valencia en la campañas electorales en las que la investigación ha aportado indicios de financiación ilegal.
- El "cantante" y el "príncipe". La investigación no ha podido aclarar hasta ahora la identidad de dos personas que figuran con esos apodos en los apuntes contables de la trama y que supuestamente habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
- Más imputados. Además de los cargos del PP, la fiscalía pide la imputación de seis miembros de la trama. Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. También implica a ocho empresarios valencianos.
www.elpais.es 02.04.11
9) CASO GÜRTEL: EL CONSELL ADUCE QUE LA FISCALÍA SOLO INCLUYE A CAMPS POR RAZONES POLÍTICAS
El PP reclama la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso
"Es evidente que Camps no tiene nada que ver, ni nunca ha tenido nada que ver en esto [el caso Gürtel]. Su inclusión [en el sumario judicial] ha obedecido única y exclusivamente a razones políticas, nunca jurídicas". La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, hizo ayer una cerrada defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras conocer que no aparece explícitamente mencionado en el último escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al TSJ de la Comunidad Valenciana. En este escrito, la fiscalía pide al tribunal que acepte instruir la parte relativa a la financiación irregular del PP valenciano del caso Gürtel, tal y como propone el instructor del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira.
La portavoz niega los indicios de financiación irregular en el PP
La alegría duró poco porque a través de la misma agencia de noticias que adelantó que la Fiscalía Anticorrupción excluía a Camps en su escrito, el ministerio público dejó claro que el presidente de la Generalitat no queda excluido de las posibles personas que podrían haber incurrido en supuestos delitos electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y la Administración pública relacionados con el caso Gürtel.
Pese a ello, el entorno del presidente de la Generalitat no cambió el argumentario inicial. A mediodía de ayer la explicación al escrito de la Fiscalía Anticorrupción era que no había tenido "más remedio que cambiar la postura por la propia inconsistencia, no solo de la inclusión de Camps, sino de la propia acusación que se hace". Tras la aclaración de la Fiscalía Anticorrupción, el argumento era que alguien en fiscalía había cometido el error de no mencionar a Camps y desde instancias gubernamentales se había dado orden de rectificar. En cualquier caso, el PP insistió durante todo el día de ayer en el argumento de la consejera portavoz: "No ha habido ningún tipo de financiación ilegal y la contabilidad está absolutamente contrastada y auditada".
El PP decidió acompañar sus argumentos con una petición en el Congreso de los Diputados para que comparezca el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique "detalladamente por qué está persiguiendo al PP utilizando las herramientas del Estado".
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"Exigimos que [Conde-Pumpido] no intente torcer la actuación de sus fiscales", indicaron en el PP.
Camps, que ayer no contaba con agenda oficial, remitió una nota y unas fotos de su visita a unas rehabilitaciones realizadas en el Centre del Carme de Valencia, pero evitó cualquier referencia relacionada con Gürtel.
En medio de la expectación generada por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, fuentes del PP reconocieron la existencia de un cierto malestar por la decisión de Camps de cerrar filas en torno a su figura mientras se ignoraba al resto de altos cargos del partido que sí son mencionados en el escrito del ministerio fiscal. Unos cargos entre los que figuran la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez; el vicepresidente primero, Vicente Rambla; o el vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra.
www.elpais.es 02.04.11
10) LOS DETECTIVES TAMBIÉN QUIEREN LLEVAR A COSPEDAL A LOS TRIBUNALES Es la política más solicitada por los tribunales a cusa de sus excesos verbales, como lo prueba que en solo 15 días haya sido nuevamente demandada a un acto de conciliación, en este caso por la empresa de detectives “Almirante”, a los que María de los Dolores de Cospedal acusó sin pruebas de haber sido contratados por el PSOE de Castilla-La Mancha, cuando en realidad realizaban trabajos de investigación a instancias de un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real que pretendía averiguar, según sus declaraciones, si la alcaldesa estaba cometiendo “irregularidades” y porque se sentía “acosado laboralmente” por el equipo de gobierno del PP. La secretaria general del Partido Popular y presidenta de la derecha en Castilla-La Mancha, comunidad a la que opta presidir el próximo 22 de mayo, María de los Dolores de Cospedal, no da abasto a contestar a las demandas de conciliación que últimamente le presentan desde los frentes políticos y empresariales. Si el pasado mes de marzo mandó a sus abogados al acto de conciliación con el PSOE, ayer fue nuevamente demandada por la empresa madrileña “Almirante”, cuyos detectives le piden explicaciones por relacionarlos sin pruebas con los socialistas. Todo empezó en Marbella… Tanto es así, que Cospedal es, tal vez, la político del PP que más demandas de conciliación aglutina sobre su mesa desde que decidió acusar sin pruebas al Gobierno de espiar a dirigentes del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y a la policía. “Me consta que desde las autoridades judiciales y policiales se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que no tienen nada que ver con los sumarios y a destacados dirigentes de mi partido”, declaraciones realizadas desde Marbella en agosto de 2009, y recogidas por Efe. …Continuó en los Juzgados de Plaza Castilla… Meses después, y tras las vanas exigencias del Gobierno para que rectificara, un colectivo de internautas presentaba una demanda de conciliación para que ratificara o se retractara de acusar al Gobierno de espiar ilegalmente a su partido. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid citaba a la secretaria general del PP, citación que, naturalmente, no secundó; mandó a sus abogados y sus seguidores ridiculizaron a los demandantes. …Prosiguió en Cuenca… No satisfecha con aquellas graves acusaciones, Cospedal volvía a la carga desde Cuenca asegurando sin pruebas, como es su costumbre, que el PSOE de Castilla-La Mancha había contratado detectives privados para seguir a miembros del Partido Popular. “Ya hay muchos de nosotros, con algunos ejemplos muy significativos, a los que el Partido Socialista les ha puesto detectives privados”, dijo el pasado 7 de enero. …Se trasladó a Toledo…
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Esta segunda acusación, ahora contra el PSOE castellano-manchego, le valió una nueva demanda de conciliación. El escenario, los juzgados de Toledo; los actores, el secretario de Organización de los socialistas regionales, José Manuel Caballero y María de los Dolores de Cospedal, que una vez más tampoco acudió a declarar ante la jueza toledana, acto celebrado el pasado 31 de marzo con la sola presencia de su abogado, el mismo que ha defendido en alguna ocasión a Jiménez Losantos. …Y vuelta a empezar… Ahora le toca el turno a la agencia madrileña “Almirante”, a quien el PP implicó en las acusaciones de Cospedal de espionaje a distintos dirigentes del partido y del Ayuntamiento de Ciudad. Los agentes han presentado sendas demandas de conciliación contra la “número dos” de Mariano Rajoy; el portavoz del Grupo Popular, Francisco Cañizares, y la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. A los tres les acusan de utilizar su nombre y causarles “daños y perjuicios de índole profesional y económica”, por lo que pretenden que los tres demandados reconozcan que no tienen pruebas de sus acusaciones de supuesto espionaje encargado por el PSOE. …El “espía” era un funcionario acosado Mientras tanto, Cospedal guarda silencio y no escucha al alto funcionario del Ayuntamiento de Ciudad real, Jesús Manuel Rubio, quien ha reconocido haber contratado los servicios de una agencia de detectives para espiar a miembros del equipo de gobierno del PP, admitiendo que lo hizo para averiguar si la alcaldesa estaba cometiendo “irregularidades” y porque se sentía “acosado laboralmente” por el equipo de gobierno. ¿A quién corresponde ahora presentar la cuarta demanda de conciliación? www.elplural.com 08.04.11 11) GONZALEZ PONS: "ESPAÑA VA A ESTAR PRESIDIDA EN UN AÑO DECISIVO POR UN PATO COJO" El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, entiende que José Luis Rodríguez Zapatero, "se marche" y no opte a la reelección como presidente del Gobierno, ya que, según ha dicho, "con 5 millones de parados y un poco de vergüenza, lo normal es irse". Por cierto, que la cifra que da el portavoz popular es falsa: hay en concreto 4.299.263, según el dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística correpondiente al mes de febrero. Tampoco coincide con la Encuesta de Población Activa, que en diciembre reflejó 4.696.600 parados. En el acto de presentación de la candidata popular a la Alcaldía de Alicante, Sonia Castedo, este domingo, González Pons ha criticado que el presidente del Gobierno se mantenga en su puesto hasta el final de la legislatura. Lo que les sobra a los socialistas "Si Zapatero no es bueno para los socialistas, por qué han de dejarles lo que les sobra a los españoles; si Zapatero ya no sirve para el futuro del PSOE, por qué ha de servir para el futuro de España", dijo Pons. "Pato cojo" Según González Pons, España va a "un año decisivo, complicado, en el que se lo juega todo y en este año estará presidido por un pato cojo”. Al respecto, ha explicado que “pato cojo” es como llaman en EE.UU. al presidente que queda gobernando de forma interina hasta que el nuevo toma posesión, durante un plazo de unos dos meses y medio. "Lo llaman pato cojo porque cuando hace 'cuá cuá' nadie le hace caso y porque va corriendo detrás de los
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importantes para que lo saluden. Los americanos tienen el pato cojo dos meses y medio, en España lo vamos a tener durante un año completo", ha dicho. Una transición larguísima Desde su punto de vista, la decisión de Rodríguez Zapatero ha metido a España en "una provisionalidad y en una transición larguísima que España no se merece" porque, ha argumentado, "si los socialistas tienen derecho a elegir su líder, por qué niegan ese mismo derecho al resto de los españoles". Chacón tiene "muchas guerras abiertas" En su discurso, Pons, que ha estado acompañado por el presidente valenciano, Francisco Camps, también se ha referido a la ministra de Defensa, Carme Chacón, que es considerada una posible sucesora de Zapatero y que participa este domingo en un acto de partido en Elche (Alicante). El vicesecretario de Comunicación del PP cree que la ministra de Defensa "tiene muchas guerras abiertas", como "la de Libia y la guerra de su partido". www.elplural.com 03.04.11 12) DRAGÓ PONE A ZAPATERO AL NIVEL DE FRANCO, MUSSOLINI, HITLER O STALIN El desbocado Fernando Sánchez Dragó publica este lunes en el diario El Mundo un artículo en el que compara al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con los grandes dictadores de la historia moderna: Franco, Mussolini, Hitler, Satlin, Mao, Pol Pot y Fidel Castro. “No descorché champán cuando murió el Caudillo. Alegrarme, sí. Aquella muerte me llenó de júbilo. El sábado sentí algo muy similar a lo que había sentido aquel 23 de noviembre”, afirma Dragó, en referencia al anuncio de Zapatero, este sábado, de que no se presentará a la reelección. Socialismo y fascismo, la misma cosa Para Sánchez Dragó, socialismo y fascismo son la misma cosa. “Mussolini fue socialista. Hitler se acogía a ese adjetivo, y Stalin, Mao y Pol Pot también lo hacían. Socialista es Fidel. Los discursos del Che eran transcripciones casi literales de los pronunciados por el Duce. Tengo dicho (y lo recalco en el libro de conversaciones con Boadella) que Franco –intervencionista, obrerista, sindicalista y, a su modo, socialdemócrata– era de izquierdas”, divaga el columnista. Zapatero "es un fugitivo" El articulista de El Mundo ve al Gobierno, al que califica de “reaccionario”, “herido de muerte” y a José Luis Rodríguez Zapatero como un “fugitivo”. "Cesó la pesadilla, bienvenido, Rajoy" “Le agradezco la decisión que ha tomado o que le han obligado a tomar. Cesó la pesadilla. Disfrute Zapatero de Sonsoles, de sus hijas, de los libros de Murakami (sé que le gustan) y del barrio húmedo de León. Pasemos página” y “¡Bienvenido, señor Rajoy!”, dice jubiloso Dragó.
www.elplural.com 04.04.11
13) 'EL MUNDO' RETIRA UN ARTÍCULO EN EL QUE SOSTRES DISCULPA UN CRIMEN MACHISTA
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Pedro J. Ramírez ha anunciado vía Twitter que han retirado de su web el artículo de Salvador Sostres que justificaba la actuación de un joven que asesinó a su pareja
El diario El Mundo ha retirado de su página web un artículo de opinión publicado en su versión impresa firmado por Salvador Sostres en el que el polémico periodista trata de disculpar la actitud del 'asesino de la webcam'.
En su texto, titulado Un chico normal, Sostres, plantea que nadie, incluso él, puede asegurar que no tendría una reacción como la del joven si su pareja dice que el hijo que espera es de otro. "Un chico normal de 21 años que está enamorado de su novia embarazada es normal que pierda el corazón y la cabeza", sostiene el periodista, quién meses atrás en un programa de Telemadrid ya utilizó un lenguaje vejatorio contra las mujeres.
La publicación del artículo, durante unas pocas horas en la edición digital y para siempre en la de papel de El Mundo, ha suscitado todo tipo de críticas, canalizadas fundamentalmente a través de la red social Twitter. En su gran mayoría, los mensajes expresaban su indignación al comprobar cómo alguien puede disculpar un delito en general y uno violencia de género en particular.
Pedro J. Ramírez pide disculpas a través de Twitter
Ante el alud de críticas al autor del texto y al diario que ha dado cobertura a la opinión, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, ha pedido disculpas y han anunciado desde su cuenta de Twitter que el artículo había sido retirado de elmundo.es.
Pedro J. ha escrito varios tweets sobre el tema, expresando en un primer momento su desconformidad con las palabras del periodista: "Lo inaceptable del texto de Sostres es que utiliza la misma expresión -"violencia"- para un asesino y el engaño y abandono de su pareja". Y ha añadido que se lamenta de que no pueda ser retirado de la edición impresa: "ayer fallaron nuestros controles".
Pese a entonar el mea culpa, el director de El Mundo ha justificado la actuación del periódico al recordar que un medio no es una máquina perfecta y menos "cuando se alienta el pluralismo y la disidencia. Otros son monolíticos, nosotros no". En cualquier caso, toda decisión editorial es "discutible" ha sentenciado el director y tuitero.
Reacciones en la redacción de El Mundo
Fuentes de la redacción de El Mundo que han hablado con Público.es, han mostrado su indignación por las palabras de Sostres. Un grupo de trabajadores han elaborado un escrito en el que se pide a Pedro J. Ramírez prescindir de la colaboración del polémico columnista en El Mundo y elmundo.es. Aseguran que esa es la voluntad general de la redacción y que el escrito, que se entregara mañana a la dirección, será firmado por practicamente la totalidad de los trabajadores.
Además, sostienen que están de acuerdo en que se deben tener columnistas de todas las ideologías, pero que este bochornoso artículo sobrepasa cualquier límite.
Según las mismas fuentes, Sostres escribió un artículo inicial, pero desde El Mundo se le llamo para decirle que si lo quería publicar tenía que modificarlo. El resultado es el artículo publicado hoy en el periódico.
Sostres en Telemadrid
No es la primera vez que Salvador Sostres genera polémica e indignación en torno a la dignidad de las mujeres.
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El pasado mes de noviembre, el periodista, durante una pausa de la grabación del programa Alto y Claro, de Telemadrid, dirigido por Isabel San Sebastián, manifestó una mentalidad machista y xenófoba con comentarios vejatorios hacía las mujeres diciendo que se sentía atraído por las jóvenes porque "no huelen ácido úrico y sus carnes no rebotan".
A raíz del comportamiento de Sostres en dicho programa, los trabajadores de El Mundo expresaron su repulso contra el periodista y escribieron un comunicado en el que mostraban su más absoluto rechazo y consternación por las palabras vertidas por el opinador de este diario.
Los comentarios machistas y xenófobos de Sostres en El Mundo
"Las mujeres llevan toda la historia lamentándose (...) las últimas décadas, colectivamente, a través de todos los tópicos tan tediosos y absurdos del feminismo. Y nada han conseguido". 29/03/2010
"Escandalizarse por los casos de pederastia y abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica es fácil y barato, pero estas anécdotas, (...), no pueden ser una enmienda a la totalidad a la mayor oenegé del mundo". 25/03/2010
"No es lo mismo que llegues a casa y te encuentres al niño cepillándose a una muchacha estupenda que encontrarte a tu hija en el sofá o en tu propia cama, a cuatro patas, por bueno que esté el chaval". 03/11/2010
"Llega el sol y las chicas muestran con total descaro cuáles son sus prioridades y su principal esplendor. La belleza es una característica femenina tal como el talento es una característica masculina". 20/08/2010
"Desaparecido Labordeta es hora que desaparezcan, también, todos aquellos productores de quesos que promocionaba en sus programas. Todo este gusto por lo rural no lleva a nada bueno".
www.publico.es 08.04.11
14) LOS TRABAJADORES DE TELEMADRID PIDEN QUE SOSTRES NO VUELVA
Las tres secciones sindicales de RTVM envían un escrito a la dirección criticando sus palabras.
El artículo de Salvador Sostres disculpando al 'asesino de la webcam' ha provocado la indignación de los profesionales de la información que comparten medio con él. Si ayer los periodistas de El Mundo, diario en el que publicó el polémico artículo, escribieron una carta al director pidiendo su despido hoy han hecho lo propio los trabajadores de Telemadrid.
En una carta rubricada hoy por las tres secciones sindicales de la cadena pública -CCOO, CGT y UGT- los trabajadores piden a la dirección que "tome la decisión de no volver a contratar a Salvador Sostres para realizar ningún tipo de colaboración periódica y ocasional".
La fiscal Soledad Cazorla ya ha anunciado que estudiará el artículo para ver si cómete un delito.
Sostres, tertuliano ocasional en la cadena dependiente del Gobierno de Aguirre se jacto anteriormente de sus gustos sexuales ante menores durante la grabación de un programa. En una de las pausas publicitarias habló de "sexo con jovencitas".
Desde la plataforma 'Salvemos Telemadrid', en cuya web cuelgan el escrito, detallan que Sostres ha cobrado 250 euros más los gatos de traslado en cada una de sus colaboraciones.
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www.publico.es 08.04.11
15) OREJA INSISTE EN QUE EL GOBIERNO "TRATA DE GARANTIZAR" LA PRESENCIA DE ETA EN LOS AYUNTAMIENTOS
En un tono apocalíptico y sin aportar pruebas, el conservador denuncia el "proceso" de negociación entre la banda y el Ejecutivo
El líder de los eurodiputados del PP y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, adoptó este viernes un tono apocalíptico para insistir en una de sus obsesiones: el "escándalo" que a su juicio constituye que el Gobierno esté tratando de "garantizar" la presencia de ETA en los ayuntamientos democráticos a través de coaliciones electorales como Bildu, formada por Eusko Alkartasuna y Alternativa.
Por supuesto, pruebas ninguna. Y tampoco mencionó que la decisión de permitir a un partido político presentarse a las elecciones depende más bien de los jueces y no del Gobierno.
Oreja obvió esos detalles para construir un discurso tremendista ante la posibilidad de que la izquierda abertzale logra presentarse a los próximos comicios del 22-M.
Así que Mayor Oreja exigió al Ejecutivo que ejerza "presión" sobre Bildu y utilice todos los medios de las Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir jurídicamente el "aterrizaje" del entorno político de ETA en los comicios del próximo 22 de mayo.
"Lo que no es creíble es que el Gobierno diga que no ha podido hacer más", advirtió Oreja, que está convencido de que el "proceso" de negociación con la banda continúa.
Preguntado por la previsible ausencia del presidente del PP, Mariano Rajoy, en la manifestación convocada este sábado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Foro de Ermua, Mayor Oreja aseguró que cada cual actúa de acuerdo a "sus convicciones y a sus obligaciones", aunque ha dejado claro que debe ser el propio Rajoy quien lo explique.
"Estaré muy feliz con los que vayan", subrayó el ex ministro del Interior, que calificó como un éxito el mero hecho de que las víctimas del terrorismo se manifiesten juntas, a pesar de los "intentos" del Gobierno de dividirlas.
"Herida de muerte"
En esta misma línea, la presidenta del Foro de Ermua, Inmaculada Castilla de Cortázar, lamentó la "falta de firmeza" de la clase política que, a su juicio, está mostrando actitudes "titubeantes" ante el nuevo reto planteado por el entorno político de ETA.
"Si ETA logra presentarse a las elecciones a través de cualquier subterfugio la democracia estará herida de muerte y habrá sido una tomadura de pelo al Estado de derecho", aseguró.
En un manifiesto suscrito por más de un centenar de escritores, universitarios e intelectuales, el Foro de Ermua considera que existen elementos suficientes para sospechar que el PSOE y el Gobierno mantienen abiertos los cauces de negociación con la banda terrorista y que el Ejecutivo "tratará de permitir" la concurrencia de su brazo político a las elecciones.
"Las actas de las negociaciones durante el último alto el fuego de la banda nos muestran un Gobierno sin límite moral alguno", señaló Castilla de Cortázar, que denunció que la "hoja de ruta" marcada por el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, se está cumpliendo "punto por punto".
www.publico.es 08.04.11
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16) RAJOY ELUDE CONFIRMAR LAS LISTAS VALENCIANAS Y PREGUNTA QUE "QUIÉN ES COSTA" El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha eludido hoy confirmar si la dirección nacional del partido confirmará la presencia de Ricardo Costa en la lista al Parlamento valenciano por Castellón y ha bromeado al ser preguntado por ello por los periodistas: "¿Costa? ¿Quién es Costa?", ha respondido. Rajoy se ha expresado así en una breve conversación con un grupo de periodistas durante su asistencia al foro organizado por el Partido Popular en Madrid sobre las próximas perspectivas financieras de la UE.
Costa y Rambla propuestos por Castellón
El Comité Electoral Nacional del PP deberá decidir mañana si avala las listas de las direcciones regionales del partido para las elecciones del 22 de mayo, entre ellas las remitidas por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana y en las que figura el exsecretario general regional Ricardo Costa pese a estar imputado por el "caso Gürtel", y Vicente Rambla, citado en el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre posibles contratos irregulares de la Generalitat. No se ocupa de esos menesteres
Al ser preguntado por la posibilidad de que se rechace la presencia de Costa, Rajoy se ha limitado a bromear preguntando a los periodistas "¿Costa? ¿Quién es Costa?" y señalando que él es el presidente del partido y no se ocupa de esos menesteres.
La agenda del ´dos´ de Gürtel prueba que el PSD fue creado por el PPCV
El dietario de Crespo recoge una reunión con "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo, presi" y la "ayuda económica" que necesitaba la formación El Consell regó con 12 millones al entramado asociativo que alumbró el partido
www.elplural.com 08.04.11
17) CONDENADA POR SECUESTRO LA BANDA DEL PRIMO DE RAJOY
La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 18 años y seis meses de prisión a Luis Miguel Rodríguez Pueyo, cabecilla de la banda que secuestró en junio de 2008 al empresario gaditano Rafael Ávila. La sentencia, hecha pública ayer, impone también fuertes penas a otros cuatro acusados. Así, Luis Miguel Rodríguez Souza, hijo de Rodríguez Pueyo, ha sido condenado a 16 años de prisión; Raúl Brey primo del líder del PP, Mariano Rajoy, a 15 años y seis meses; Manuel Ibáñez, a 13 años y medio; y José Antonio Giles, a 13 años y medio.
El empresario fue rescatado el 18 de junio de 2008 tras permanecer 16 días cautivo en la cuadra de una finca onubense propiedad de Brey, donde permaneció encadenado a la pared, drogado, amordazado y escuchando constantemente un CD de música árabe a todo volumen. El empresario hacía las necesidades en un cubo que a veces se volcaba.
Según el diagnóstico del psiquiatra forense, la víctima padecerá de por vida "estrés postraumático crónico, depresión, fatiga, pérdida de energía, enlentecimiento psicomotor, disminución del interés por actividades cotidianas, pesadillas, miedos, hipervigilancia, sensación de desolación e indefensión y alteración en lo social, laboral, biológico y psicológico". La sentencia establece, además, una indemnización para la víctima de 300.000 euros. El hermano y portavoz de la familia durante los días del secuestro, José Manuel Ávila, considera que la decisión judicial es "correcta". "Espero que cumplan la pena desde el primer día hasta el último", zanjó.
'El Pocero' como objetivo
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Un operativo policial permitió localizar y liberar al empresario secuestrado y detener a sus captores el mismo día en el que se había acordado el pago del rapto, que según confesó Rodríguez Pueyo, le iba a servir para pagar a una banda profesional con la que secuestrar al constructor conocido como el Pocero.
Por otro lado, el tribunal ha absuelto a otros tres acusados al no haberse podido demostrar que participaran en los hechos.
www.publico.es 08.04.11
18) LOS PAPELES DE ETA QUE RAJOY NO EXPLICA
El líder del PP insistió ayer en que el Gobierno de Aznar se reunió con los terroristas para decirles "que nada tenían que negociar con ellos". Una explicación que choca con la versión de la banda
"No se hizo ninguna concesión política, ninguna. Sólo hubo una reunión precisamente porque el Gobierno dijo que nada tenían que negociar con ellos". Esta es la versión que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ofreció ayer de la reunión que mantuvieron tres enviados de José María Aznar con la cúpula de ETA el 19 de mayo de 1999 en Zurich, cuando él era ministro de Educación. Una explicación que choca con las actas levantadas por la banda. Entonces, la oposición no aireó la versión etarra. Ahora, el PP pide explicaciones en el Congreso por los papeles de ETA sobre el último proceso de paz.
Las principales afirmaciones y ofrecimientos por parte de los enviados del Ejecutivo de Aznar, según las notas de ETA, fueron los siguientes:
"No venimos a la derrota de ETA"
Pese a la supuesta intención de no negociar nada con ETA, uno de los enviados del Gobierno, el secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, cuida bastante su lenguaje. Evita en todo momento la palabra "terrorismo" y dice a los jefes de la banda: "Hemos hecho un esfuerzo para asumir la lógica del otro y, dentro de esa lógica, no pensamos que ETA se va a rendir. Sabemos que ETA tiene todavía capacidad mortífera. No pensamos que lo que nosotros les podamos decir sobre la lucha armada, sobre la violencia, pueda modificar actuaciones de la organización. Esa es la lógica de esta interlocución. Hemos hecho un esfuerzo. No venimos a la derrota de ETA".
"Es ETA la que decide"
Ayer, Rajoy dijo no creer en las negociaciones con terroristas, alineándose a favor de la derrota policial de la banda. Sin embargo, Zarzalejos dice entonces a los representantes de ETA: "No venimos a convencerles de que dejen de ser una organización armada. Es una decisión suya en función de su análisis. Eso será un desarrollo unilateral de ETA, por razones estratégicas, de evolución, de eficacia... No venimos a ver si ustedes van a mantener la tregua. Es ETA la que decide".
"La existencia de un conflicto es evidente"
Frente a la tesis de que el único problema en Euskadi es la violencia que ejerce ETA, otro de los negociadores del Gobierno, el sociólogo de cabecera del PP, Pedro Arriola, afirma: "Si Aznar no admitiera la existencia de un conflicto que es evidente, no hay más que ver la Historia y las hemerotecas, si no existiera ese conflicto, no estaríamos aquí".
"Podemos controlar al Cesid"
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El PP cree que en el caso Faisán el Gobierno utilizó a la Policía para alertar a ETA de una operación en curso, con el objeto de no perjudicar el último proceso de paz. Respecto a la utilización de los Servicios de Información en la tregua de 1998 y 1999, un jefe de ETA pregunta a los emisarios del Gobierno: "Dicen que la prensa no la pueden controlar. ¿Y el Cesid?". A lo que, según las notas de ETA, Arriola y el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martín Fluxá, contestan: "Eso, más". "Pues eso", insisten los terroristas. "Tomamos nota. Recibido el mensaje", concluyen los enviados del Gobierno.
"Ninguna conversación será una trampa"
Los emisarios de Aznar consideran "una catástrofe total" los contactos sostenidos en Argel entre el Gobierno de Felipe González y ETA diez años antes. Y se conjuran para que no se repita el fracaso. "Nosotros somos representantes del Gobierno español que está hoy gobernando y que dentro de una fecha puede no estarlo. Mientras esté este presidente, sí sabemos que ninguna conversación será una trampa. Sería una barbaridad desde todo punto de vista", dice Arriola.
"Venimos a buscar un clima de encuentro"
Frente al nulo interés que había en alcanzar un acuerdo con ETA, según dijo Rajoy ayer, se sitúa la frase de Arriola en la reunión de Suiza: "Hemos venido a buscar un clima de encuentro. Hay que ver si nos ponemos unos objetivos inalcanzables o inabordables o decimos que podemos buscar fórmulas manteniendo el escenario, sin una expresión más fuerte de la violencia... a dónde nos lleva".
"Respeto a Lizarra"
Rajoy afirmó ayer que la tregua de 1998 se la concedió ETA al PNV por el Acuerdo de Lizarra, no al Gobierno. En el diálogo con la banda, Zarzalejos muestra en cambio su respeto a ese pacto: "El Gobierno respeta todos los procesos democráticos: ahí está el acuerdo recién firmado en Vitoria [entre PNV, EA y Euskal Herritarrok para investir a Ibarretxe lehendakari]. No veo cómo el Gobierno no podría respetarlo. Nosotros no planteamos este diálogo en términos de persuasión de una parte a la otra. Nosotros no queremos que dejen de ser independentistas, socialistas. Ustedes han puesto Lizarra".
"ETA no va a las elecciones... por ahora"
En un momento de la reunión, emisarios del Gobierno y de ETA discuten sobre el momento idóneo para dar publicidad al encuentro que mantienen. Zarzalejos teme "una posible utilización del tema electoralmente" y propone hacerlo después de las elecciones municipales de 1999. A continuación, un emisario de la banda terrorista plantea que ETA "no se presenta a las elecciones". Y Arriola contesta: "Por ahora".
"Es positivo que EH esté en las instituciones"
La presencia de la izquierda abertzale en las instituciones es objeto de otro momento de la charla. Aún está lejos la Ley de Partidos, aprobada en 2002, y la ilegalización de Batasuna, pero sus dirigentes ya habían sufrido varios procesos judiciales. Entonces, el Gobierno del PP ve las cosas de otra manera: "La participación de Euskal Herritarrok en las instituciones es valorada positivamente", comenta Zarzalejos.
La Constitución "no es inamovible"
Los emisarios del Gobierno conservador intentan, en un momento dado, explicar a los terroristas los problemas que acarrea estar sentados en esa mesa con ellos. "La posibilidad de negociar con una organización armada es ilegal. No tenemos posibilidad de negociar la salida de las Fuerzas Armadas, el derecho de autodeterminación...", empieza diciendo Arriola. Pero después añade: "Lo que aquí representamos no puede abordar ese tipo de cuestiones. La
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Constitución española no es inamovible, tampoco, creo, los estatutos, existen vías de cambio, que no conozco en detalle...".
La próxima reunión, "en el Caribe"
El actual líder de la oposición puso ayer el acento en que sólo hubo una reunión con los terroristas en 1999. Sin embargo, los emisarios de Aznar buscaban ampliar los contactos hasta llegar a un acuerdo. Y para ello no dudaron en buscar un clima de complicidad que llegó, incluso, a molestar a los terroristas. "Acerca del nuevo lugar, broma de mal gusto por parte de representante español III (Martín Fluxá), acerca de la posibilidad de realizar la reunión en el Caribe", se recoge en los papeles de ETA. A esa zona habían sido deportados tras el fracaso de Argel varios dirigentes de la organización terrorista.
www.publico.es 05.04.11
19) RAJOY REPLICA A AZNAR: "HARÉ UN PROGRAMA PARA QUIEN VOTÓ AL PSOE"
El jefe de la oposición desmiente las actas de ETA de 1998 pero avala las de 2006
A Mariano Rajoy no le da miedo mojarse. Ni es su estilo ni es casual. Es una decisión firme y muy meditada: ha optado por no mojarse. Es el eje de su estrategia, y tiene un motivo claro: ganar votos. El líder del PP lo explicó clarísimo ayer en la cadena SER. Le pidieron que contestara a José María Aznar, que el viernes dijo: "Espero y deseo que nuestro partido llegue al Gobierno con propuestas muy claras, marcadas a vivos colores, que sean inconfundibles del PP".
Rajoy pide votar ya, aunque descarta una moción de censura por "frívola"
- Programa de mayoría. Rajoy contestó a su mentor. "Mi relación con Aznar es estupenda, como todo el mundo sabe, pero como comprenderá a estas alturas de la vida yo haré el programa que quiera mi partido. Y haré un programa político para que lo puedan votar una mayoría de españoles, para que gente que votó al PSOE pueda votar al PP. Haré todo lo posible para que terminen las divisiones y los debates ridículos, para que miremos al futuro. Un programa que pueda votar una gran mayoría de españoles, que van a tener un candidato que no tiene otra aspiración que gobernar bien y generar tranquilidad, paz y terminar con las disputas". A Rajoy, que planteó una especie de fin de las ideologías, le preocupa mucho generar miedo en la izquierda. Cree que eso le hizo perder en 2008.
- No habrá censura. Rajoy descansó el fin de semana con su familia, así que no había hablado aún de la decisión de Zapatero de no presentarse. Dijo que no cree en que se limite por ley a un máximo de dos mandatos presidenciales. Lo ve como una decisión personal, y no se comprometió a estar solo ocho años si gana. Rajoy pidió elecciones anticipadas porque cree que Zapatero está en una situación de "interinidad que no genera confianza". ¿Estaba entonces Aznar en 2003 en interinidad cuando anunció que Rajoy le sustituiría?, le preguntaron. Dijo que no es lo mismo porque a Aznar "no lo echó su partido, como a Zapatero". También le preguntaron si quiere elecciones, por qué no presenta una moción de censura y así podría explicar su programa. Lo descartó por completo. Dijo que en este momento sería "una frivolidad" que "generaría confusión" y un "brindis a sol porque solo serviría para que el PP la pierda".
- Credibilidad de ETA. Rajoy criticó el caso Faisán y dio credibilidad a las actas de ETA en las que se habla de él. "Lo dijo el ministro del Interior, ETA mata pero no miente", aseguró. Entonces Gemma Nierga le preguntó si también era verdad que en 1998 Javier Zarzalejos había dicho en la reunión con ETA en Zurich: "No venimos a la derrota de ETA", según consta en el acta de los terroristas. "Zarzalejos no fue a decir nada de eso, que yo sepa no, lo que sé es lo que me han contado algunos de los que estuvieron". Rajoy desmintió así las actas de 1998 pero avaló las de 2006, que calificó de "terribles". Aún así, Rajoy se alejó de Jaime Mayor y de Aznar, que sostienen que hoy sigue habiendo negociación con ETA. "Si supiera que está
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negociando no apoyaría al Gobierno. Le apoyamos porque creemos que está haciendo las cosas mejor".
- Poca confianza en Rajoy. Al líder del PP no le preocupa que el 80% de los españoles muestren poca confianza en él. "No me preocupa porque el PP, según las encuestas, ganaría. Trabajo para que cuando llegue al Gobierno la gente empiece a valorarme mucho mejor".
www.elpais.es 05.04.11
20) EL LÍDER DEL PP DEROGARÁ LA LEY DEL ABORTO PARA VOLVER A LA DEL 85
Mariano Rajoy siempre intenta esquivar las preguntas que le pueden enfrentar a una parte de su electorado, en especial las referidas al aborto y al matrimonio homosexual. Con la primera ayer fue más claro, con la segunda lo dejó todo en el aire.
Rajoy se comprometió formalmente a derogar la actual ley del aborto. "Mi idea es cambiar la ley para volver a la que se hizo con Felipe González, la anterior", señaló. Esa norma, de 1985, ha sido criticada por muchos como coladero. Mientras Aznar estuvo en el Ejecutivo, con esta ley hubo 500.000 abortos. Era tan laxa que se llegó al récord de 100.000 al año en 2008. Ahora, con la nueva y el uso extendido de la píldora del día después, se están reduciendo por primera vez.
Rajoy provocó reacciones inmediatas. El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco (ex alto cargo de Aznar) dijo que "no es suficiente" restaurar la antigua legislación porque era "un coladero". La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, lamentó que Rajoy prefiera "apostar por la inseguridad jurídica".
Sobre el matrimonio homosexual, fue mucho menos claro. Dijo que el único problema fue que Zapatero quiso llamarlo matrimonio -aunque Rajoy siempre se ha opuesto a que los homosexuales puedan adoptar-. Dijo que está a la espera de que decida el Tribunal Constitucional sobre el recurso en contra que presentó el PP. Y si la avala, ¿derogará la ley?, le preguntaron. "No tengo cerrada la posición", contestó. Rajoy teme enfrentarse al voto homosexual y prefiere ser ambiguo.
www.elpais.es 05.04.11
21) EL JUEZ GRANDE-MARLASKA REACTIVA LA INVESTIGACIÓN DEL 'CASO YAK-42'
Cuando faltan menos de dos meses para que se cumplan ocho años del accidente del Yak-42 -la mayor catástrofe del Ejército español en tiempo de paz, en la que perdieron la vida 62 militares-, el juez Fernando Grande-Marlaska ha reactivado la investigación de las supuestas irregularidades que rodearon el flete del avión ucraniano.
El teniente coronel Ruiz descubrió que el 33% del dinero fue al pago de comisiones
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha citado para el próximo jueves, en calidad de imputado, al teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace del Estado Mayor Conjunto en la agencia NAMSA de la OTAN entre los años 2002 y 2003.
Se trata de la primera imputación dictada en este caso desde que en mayo de 2008 fueron imputados cinco altos cargos militares; entre ellos, el almirante Antonio Moreno Barberá, exjefe del Estado Mayor de la Defensa, y el teniente general Juan Luis Ibarreta, exjefe del Estado Mayor Conjunto.
La declaración de Abraham Ruiz López, reclamada por un grupo de familiares de los militares fallecidos, es clave para la resolución del caso. En su condición de enlace español ante la NAMSA debería poder explicar por qué no se contrató el seguro de vida para los pasajeros, porque se fletó un avión de fabricación rusa en vez de uno occidental, o por qué el Ministerio
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de Defensa no hizo uso de su derecho de inspección, extremos todos ellos previstos en el contrato. También podría aclarar qué pasó con las múltiples quejas contra este tipo de aviones formuladas por militares españoles y de otros países.
Pero el mayor interés de su declaración radica en que el entonces jefe de la cúpula militar y actual responsable del servicio secreto CNI, Félix Sanz, le encomendó en 2004 una investigación sobre el pago de comisiones a los intermediarios que intervinieron en el flete del avión. Tras realizar gestiones en Kiev (Ucrania), Moscú (Rusia) Ankara (Turquía) y Beirut (Líbano), el teniente coronel facilitó datos que permitieron al general Sanz asegurar, en un informe confidencial en poder del juez, que la operadora del avión, la empresa ucraniana UM Air, solo cobró 38.422 euros de los 149.000 que pagó el Ministerio de Defensa.
Incluso descontados gastos de combustible, tasas de aeropuerto y catering, "el dato es a todas luces escandaloso porque supondría unos beneficios de los intermediarios superiores al 33% del precio final y ello teniendo en cuenta que se contrataba con NAMSA para reducir costes", escribió Sanz en su informe.
La investigación reveló también la opacidad que rodeó la cadena de subcontrataciones en la que intervinieron hasta cinco compañías de países distintos. Ni la NAMSA ni los intermediarios quisieron informar del coste de sus servicios y, cuando lo reclamó Defensa, facilitaron copias mutiladas de los contratos.
Hay que tener en cuenta, además, que entre febrero de 2002 y mayo de 2003, el Estado Mayor Conjunto contrató a través de NAMSA un total de 42 vuelos por un importe global de 8,9 millones de euros, por lo que el coste de las comisiones, si se aplicó el mismo patrón que en el Yak-42, superó los tres millones. El pasado 10 agosto, el juez accedió a realizar una prueba documental sobre la financiación del vuelo siniestrado. Además, ha interrogado con una comisión rogatoria al director ejecutivo de Chapman Freeborn, el broker al que NAMSA adjudicó el traslado de las tropas.
El sumario que instruye el juez Grande-Marlaska es el único que sigue activo como consecuencia del accidente aéreo. El 17 de marzo del año pasado, el Tribunal Supremo ratificó la condenada impuesta por la Audiencia Nacional al equipo de médicos militares que identificó falsamente a 30 de los 62 fallecidos. Por su parte, la Audiencia Provincial de Zaragoza desestimó en noviembre los recursos de Chapman y UM Air contra la condena por el pleito civil.
www.elpais.es 04.04.11
22) EL TRIBUNAL DE CUENTAS FIJARÁ EN UNA VISTA EL DAÑO CAUSADO AL ESTADO POR LA MEDALLA DE AZNAR
Los denunciantes cifran en 2,3 millones el perjuicio que se produjo a las arcas públicas
El Tribunal de Cuentas sigue avanzando en la investigación que inició en marzo del año pasado por el pago de 2,3 millones de euros a la empresa norteamericana Piper Rud-Nick para mejorar las relaciones de España con Estados Unidos. Con ese dinero, el lobby también hizo gestiones para que se concediera al entonces presidente, José María Aznar, la medalla del Congreso estadounidense.
La próxima diligencia será celebrar una vista, a la que están citados los denunciantes la asociación Preeminencia del Derecho y los abogados que la dirigen, José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, el abogado del Estado y la Fiscalía, para fijar la liquidación provisional del posible perjuicio causado a las arcas del Estado. La fecha señalada es el 5 de mayo.
Pese a que el pago al lobby estadounidense se acordó en el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, la denuncia considera responsable contable del desembolso del Estado al
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entonces presidente Aznar, por su condición y porque fue el beneficiario del reconocimiento.
El artículo 47 de la ley reguladora del órgano fiscalizador establece que se procederá a la "liquidación provisional del alcance, previa citación de los presuntos responsables, Ministerio Fiscal, letrado del Estado o, en su caso, legal representación de la entidad perjudicada, con mención expresa de la clase de valores, efectos o caudales públicos que pudieran haber sufrido menoscabo".
Por eso, al no constarles que el presunto responsable haya sido citado, los denunciantes preparan ya un escrito en el que solicitarán su comparecencia. José Luis Mazón declaró a Público que, en caso contrario, entiende que la vista fijada para mayo carecería de validez.
Sin más acusaciones
La denuncia, tras cuyo estudio el Tribunal de Cuentas declaró que "se podrían desprender supuestos de responsabilidad contable derivados de la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público", no cuenta con el respaldo del fiscal ni del abogado del Estado.
Ninguno de los dos ve responsabilidad contable en las gestiones realizadas entonces. Sostienen que fueron "perfectamente encuadrables en la asistenciacontratada".
www.publico.es 08.04.11
23) MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, ANTE EL JUEZ POR LLAMAR "NAZI" AL DOCTOR MONTES
Pese a que se archivó el caso tras concluir que no hubo mala praxis en la sedación de enfermos terminales
Un Juzgado de lo Penal de Madrid juzga hoy al ex portavoz del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez, acusado de injurias y calumnias por haber llamado "nazi" en varios programas de televisión al doctor Luis Montes por las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de leganés (Madrid).
Los insultos se produjeron una vez que la justicia ya había archivado el caso tras concluir que no hubo mala praxis por parte de los médicos del hospital en la sedación de enfermos terminales.
El doctor Montes ha pedido una indemnización de 60.000 euros al ex portavoz del Gobierno de José María Aznar. Según el escrito de acusación, la abogada de Montes señala que Miguel Ángel Rodríguez "con conocimiento de su falsedad, con manifiesto desprecio a la verdad y sin otra intención que la de difamar" realizó los pasados 30 de enero y 9 de febrero de 2008 unas manifestaciones en los programas 59 segundos y La Noria que atentaban contra "el honor y el buen nombre" de su defendido.
En el programa 59 segundos de TVE-1, Rodríguez manifestó que "si alguna parte de la audiencia me ve, si alguna vez caigo en manos del doctor Montes o de sus secuaces, por favor, llamen a la policía".
A continuación añadió, al menos en tres ocasiones, la palabra "nazi": "el que decide matar a alguien es un nazi", ha explicado el texto de la abogada.
Respecto a las manifestaciones de Rodríguez en La Noria de Telecinco, el acusado aseguró: "porque aquél que mata a la gente sin permiso es un nazi, siempre es un nazi".
www.publico.es 05.04.11
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24) AZNAR EXIGE A RAJOY UN "PROGRAMA CLARO", RECUPERA LOS GAL Y DEFIENDE IRAK
El expresidente y Aguirre triunfan con el mensaje más duro contra el PSOE
José María Aznar tiene dos versiones de sí mismo. La dura, y la durísima. La primera sale cuando lleva su discurso escrito, que es casi siempre. Ayer en Torrejón de Ardoz (Madrid), ante 300 jóvenes de Nuevas Generaciones, y con Esperanza Aguirre como anfitriona, improvisó. Y no dejó títere con cabeza. Habló de todos los asuntos clave del ala dura del PP, que centraron la anterior legislatura porque así lo quiso Mariano Rajoy.
Aznar atacó sin freno a José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE, pero también lanzó un clarísimo mensaje interno, una exigencia a Rajoy: "Espero y deseo que nuestro partido llegue al Gobierno con propuestas muy claras a los españoles. Con una propuesta marcada a vivos colores, que sea inconfundible del PP, no como el PSOE, que hace un pastel de sombras. No queremos pasteles de oscuras sombras. Hace falta un programa muy claro".
La relación entre Aznar y Rajoy se ha reconducido ahora que el PP está muy fuerte en las encuestas, y en enero el expresidente ofreció en Sevilla apoyo a su sucesor, pero los aznaristas siempre han reclamado al líder del PP que se moje más, que sea más claro. Mientras, él mantiene su estrategia de bajo perfil para no movilizar a la izquierda que votó contra el PP en 2008 dando la victoria al PSOE, según un análisis muy extendido entre el marianismo. Ayer mismo Rajoy evitó en Mérida lanzar titulares estridentes, aunque él ha avalado la estrategia de que sus segundos espadas carguen muy duro contra Alfredo Pérez Rubalcaba por el caso Faisán.
Aznar fue especialmente duro con este último asunto y las actas de ETA. Y recuperó hasta los GAL. Primero dijo que Zapatero ha sido "desleal" con España, con los jueces, los policías y las víctimas al negociar con ETA y después remató: "Hay quien pudo considerar un acierto la guerra sucia, lo que se llamó el GAL. Y hay quien ahora considera un acierto engañar a los españoles, sentarse a negociar con terroristas y que el Estado pague un precio. Si eso lo consideran un acierto, miedo me da pensar qué considerará esta gente un error", clamó ante el entusiasmo de los jóvenes del PP de Madrid, dirigidos por Pablo Casado, asistente personal de Aznar y conocido por sus discursos incendiarios. Aznar animó a acudir a la manifestación de las víctimas el 9 de abril a la que Rajoy no tiene previsto ir.
Casado fue muy aplaudido por el propio Aznar, que le felicitó, cuando defendió la guerra de Irak "porque estaba avalada por 17 resoluciones de la ONU, en la de Libia sólo hay una". Aguirre sí pidió la dimisión en pleno del Gobierno por el caso Faisán.
El propio Aznar, sin citarla, defendió la intervención en Irak aprovechando la de Libia, porque ambas se hacen para que "no se permita seguir en el poder a quienes amenazan la libertad de los civiles". En el acto se habló de aborto, de ETA, los GAL, Cuba, el Estatut... Todos los asuntos que Rajoy suele evitar para concentrarse en la economía.
www.elpais.es 02.04.11
25) C.A ANDALUCÍA: ESTEPONA ABRE UN EXPEDIENTE POR FALTA URBANÍSTICA AL PORTAVOZ DEL PP
Ignacio Mena asegura que su casa es "100% legal" y anuncia acciones judiciales
Pidió licencia para construir un porche al aire libre y terminó cerrándolo y construyendo encima una habitación de 40 metros cuadrados. El Ayuntamiento de Estepona (Málaga), gobernado en minoría por el socialista David Valadez, ha abierto un expediente por infracción urbanística grave contra una vivienda propiedad del presidente del PP y portavoz del grupo municipal en el Consistorio, Ignacio Mena, que le podría costar desde una multa de 433.766 euros hasta la demolición de las obras supuestamente irregulares. Se trata de una ampliación de la casa que,
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según un informe de la delegación de Urbanismo, no se ajusta a la licencia de obras que se le había concedido.
La Policía detectó una ampliación en la vivienda de 203 metros cuadrados
Mena, número dos en la lista con la que el PP opta a la alcaldía del municipio, aseguró ayer que su vivienda es "100% legal" y anunció acciones judiciales contra el alcalde "por prevaricación". "Esto es una auténtica caza de brujas, una persecución", dijo. El concejal del PP explicó que "hace unos seis años" solicitó dos licencias para hacer una pérgola y la ampliación de su casa porque iba a tener mellizos y que cumplió con los permisos. Con todo, añadió que, de haber cualquier irregularidad "de inicio, habría prescrito".
Los agentes de disciplina urbanística visitaron la vivienda de Mena, situada en el núcleo de Cancelada, el pasado 18 de marzo. No encontraron a nadie -según Mena acudieron a las 11.00 de la mañana- pero apreciaron una zona con pérgola de unos 163 metros cuadrados "completamente cerrada y cubierta" y la construcción de una habitación de 40 metros cuadrados en la parte alta. 203 metros cuadrados en total.
La delegación de Urbanismo recoge en un informe, fechado el mismo día, que estas obras no se ajustan a una licencia del 6 de octubre de 2004 en la que se autorizó a Virginia Casaseca -esposa de Mena- la construcción de un porche "totalmente descubierto".
El expediente urbanístico podría costar a Mena desde una multa por el 100% del valor de las obras -tasadas por los técnicos en 433.766 euros- a la demolición. La Ley de Ordenación Urbanística Andaluza establece una horquilla para las multas por infracciones graves que va desde el 75% al 150% del valor de tasación. Según fuentes municipales, en Estepona siempre se impone una sanción del 100% del valor de la obra supuestamente ilegal.
La delegación de Urbanismo, competencia de David Valadez, ha dado a los propietarios dos meses para que legalicen las obras. En caso de no ser así, el informe prevé que se "restaure el orden urbanístico perturbado".
Fuentes municipales explicaron que ahora se abrirá un plazo en el que se podrán presentar alegaciones al expediente urbanístico o dar los pasos para legalizar la construcción. Las mismas fuentes añadieron que el expediente del portavoz del PP es uno de los 3.000 que tiene abiertos el municipio y que el alcalde reactivó cuando asumió la delegación de Urbanismo, en julio de 2008.
Ignacio Mena mantuvo ayer que todavía no le han notificado la infracción: "Sabía que habían mandado una inspección a mi casa, pero dije: '¡Que miren lo que quieran!".
El portavoz popular cree que el expediente es una venganza por haber denunciado la paralización de otro expediente abierto a la edil socialista Cristina Rodríguez. En este caso se estudia la ampliación, en 16 metros cuadrados, del casetón de la terraza de su vivienda.
El 15 de marzo, el PP exigió a Valadez que explicara en qué situación se encontraba el expediente de Cristina Rodríguez. El alcalde aseguró que "seguía su curso" y mantuvo que en el municipio "se trata de igual a los concejales del gobierno y a los de la oposición, incluido al portavoz del PP, Ignacio Mena" de cuyo caso, dijo "tendremos oportunidad de hablar largo y tendido".
www.elpais.es 06.04.11
26) C.A BALEARES: MATAS: "SI FUERA PACO CAMPS, MI SITUACIÓN SERÍA MUY DISTINTA"
"Si yo fuera Paco Camps es evidente que mi situación sería muy distinta". Jaume Matas, alejado ya de la política, se considera poco arropado por el Partido Popular. Y no se ve "en la
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estacada" porque tiene "muchos amigos", eso sí, "muchos menos que antes". El expresidente balear y exministro de José María Aznar está imputado por siete delitos en el caso Palma Arena. Se encuentra en libertad bajo una fianza carcelaria de tres millones de euros, y con otra caución de responsabilidad civil de 1,6 millones.
Tras las elecciones autonómicas de 2007, y al no lograr la mayoría absoluta, Matas renunció a liderar al PP en la oposición al Gobierno del socialista Francesc Antich. Ayer, en declaraciones a la cadena Cope, denunció que en Baleares "ha habido compra de votos". "Si no, yo estaría hablando como presidente", añadió.
Matas cree que perdió el poder por la corrupción de Unió Mallorquina. En pocos días ha ofrecido media docena de entrevistas a medios afines para defender su inocencia y cuestionar la labor de los fiscales anticorrupción. Comenzó su gira cuando el juez del caso Palma Arena, José Castro, archivó una de las 25 piezas abiertas, sobre un supuesto soborno en el que estaban imputados el productor José Luis Moreno, la ex directora de IB3 María Umbert y el propio Matas; los tres han quedado exonerados.
www.elpais.es 08.04.11
27) C.A GALICIA: CONDE ROA ENCARGA SU CAMPAÑA AL EDIL DETENIDO POR CONDUCIR EBRIO
Tres semanas después de haber sido detenido por la Policía Local de Santiago dormido y ebrio con el coche en marcha ante un semáforo, de que un juez lo condenase a diez meses sin carné de conducir y una multa de 1.200 euros y de haber dimitido a consecuencia de todo lo anterior como concejal y candidato del PP, Ángel Espadas regresa a la política como coordinador de campaña de su partido en Santiago.
La designación se produjo la noche del martes en la ejecutiva local del partido a propuesta del presidente y aspirante a alcalde, Gerardo Conde Roa. El líder del PP en Santiago defendió la trayectoria de Espadas y recordó que había sido su "mano derecha" al frente de la formación conservadora durante los últimos cuatro años.
El anuncio causó sorpresa entre varios de los asistentes a la ejecutiva, que recuerdan cómo el propio Conde Roa se comprometió a recuperar a Espadas dentro de 10 meses cuando hubiera cumplido su "deuda con la sociedad", en alusión al período de retirada del carné de conducir. La decisión de Conde Roa pone en cuestión además las órdenes dictadas desde la sede regional cuando estalló el caso. Dirigentes populares sostienen que fue el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien tras leer las noticias sobre el atestado de Espadas en la prensa, pidió al responsable provincial del partido que actuase para atajar el escándalo y se cobrase la cabeza de Espadas.
Precariedad de medios
Las mismas fuentes apuntan que la causa de este cambio de planes es la precariedad de medios con la que cuenta Conde Roa para intentar desbancar al bipartito que gobierna Santiago, pese a que el PP está muy cerca en las encuestas de llegar al décimotercer concejal que le otorgaría la mayoría absoluta.
En la ejecutiva se designó portavoz del grupo municipal a Paula Prado, diputada autonómica y peso pesado en la agrupación local. Conde Roa aprovechó la reunión para prevenir a los presentes contra el nombramiento de Miguel Cortizo como delegado del Gobierno, a quien tildó de "siniestro amigo de Rubalcaba". Asistentes a la reunión afirman que el líder del PP advirtió a sus compañeros para que cuidasen sus comunicaciones telefónicas y correos electrónicos, ante el peligro de que fueran interceptados por los cuerpos policiales dependientes de Rubalcaba.
www.elpais.es 07.04.11
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28) C.A GALICIA: BALTAR LLEVA AÑOS SIN PAGAR DERECHOS DE AUTOR A LOS ARTISTAS
La Diputación no ha pagado la deuda reconocida por una sentencia de 2010
Cada vez que la Diputación de Ourense ha editado uno de los numerosos libros sobre la provincia, o realizado una exposición, o difundido catálogos, ha sisado los derechos de autor a los artistas plásticos, fotógrafos, ilustradores, humoristas gráficos, diseñadores gráficos y videocreadores cuyas obras ilustran esas páginas. Lo mismo ha hecho, hasta ahora, en la web de la institución con los creadores audiovisuales. Y ha peleado judicialmente por no pagar. Lo considera "un abuso".
"Hacen un uso fraudulento de una propiedad artística", acusa Antón Patiño
La institución provincial lleva años incumpliendo la normativa que obliga a cotizar un porcentaje por la difusión de las obras, o copias, artísticas", sostiene el presidente de la Vegap, asociación que gestiona los derechos de estos artistas, el pintor Antón Patiño. La Diputación ourensana se ha servido de las obras de artistas como Chillida, Tàpies, Jorge Castillom, Menchu Lamas, Antón Lamazares, Francisco Leiro o el propio Patiño para reproducirlas "constantemente y sin autorización".
Los artistas a los que representa la Vegap están sorprendidos, no ya por el incumplimiento de la ley, sino por el hecho de que la institución decidiera recurrir una sentencia, dictada en 2008, de la Sala de lo Social número 4 de Ourense que la obligaba a pagar a los autores el porcentaje legislado. El 17 de febrero de 2010, la Audiencia Provincial falló contra el recurso de la Diputación e hizo firme la sentencia anterior. La Vegap denuncia que, un año después, los artistas siguen sin cobrar. Y la Diputación lo confirma.
El director del Centro Cultural, Simeón, de la Diputación, Francisco González, asegura que saldarán la deuda en cuanto el juez fije la cantidad que corresponde a cada uno de los artistas que han reclamado a través de la demanda de la asociación. La institución pagará, aunque lo considere abusivo, porque, dice, acatará la sentencia.
"Nosotros gestionamos y pagamos el 100% de las exposiciones. Desde el transporte hasta los catálogos", explica González el coste que tiene para la Diputación y responsabiliza a los propios artistas que colgaban su obra en el Simeón de "no haber incluido nunca en sus condiciones estos derechos". "No les interesaba, claro, porque les habríamos cobrado a cambio el transporte, por ejemplo", concluye el responsable del Centro Cultural. La institución considera que con el porcentaje de catálogos que entrega a los artistas por sus exposiciones, entre un 5 y un 10%, "además de la proyección que les damos", tiene saldada su deuda. "Algunas veces incluso les compramos obra", matiza González.
Los artistas entienden, sin embargo, que es la Diputación la que abusa. Patiño asegura que la asociación que preside suele llegar a acuerdos previos con todas las instituciones, la mayor parte de las cuales "firman un convenio con nosotros". "La Diputación de Ourense está haciendo un uso fraudulento de una propiedad artística porque está imprimiéndola en libros, catálogos, folletos o en su página web sin autorización de los autores", explica Patiño.
La Diputación nunca firmó el convenio. El director del Simeón lo justifica porque en esta provincia "apenas un par de artistas pertenecen a la asociación" y cita a Buciños, Acisclo y Xosé Cid entre los "que no están en ella". González apela al desconocimiento que tenía, en tanto que responsable de esta gestión, de hacer frente al pago de los derechos de autor. "Cada vez que hacíamos una exposición con alguien de la Vegap nos enterábamos seis meses después de que había que pagarles, cuando los artistas nos pasaban la factura" que la Diputación se negaba a saldar.
www.elpais.es 08.04.11
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29) C.A GALICIA: FEIJÓO OFRECE UN PACTO DE SILENCIO AL PSOE SOBRE EL ACOSO A UNIÓNS AGRARIAS
El presidente amenaza con otra investigación a UU AA si no cesan las críticas
La comisión de investigación parlamentaria que registró el PP en la Cámara el pasado martes era un órdago. Una amenaza para que el PSOE y Unións Agrarias dejen de criticar la actuación de la Xunta en la fiscalización de ayudas a 13 de las 800 entidades que reciben fondos del Plan de Cooperación y por la que ya han tenido que declarar en el juzgado como imputados dos altos cargos del Gobierno autónomo. Los populares amagaron el martes con impulsar una comisión parlamentaria para investigar lo que hace nueve meses que fiscalizan sin ningún resultado conocido tres consellerías de la Xunta y que motivaron otras dos denuncias del PP en los juzgados, una de ellas ya archivada.
Dos altos cargos admitieron al juez que no han hallado irregularidades
Feijóo: "Si el PSOE no pone en duda a la Xunta, puede que no haya comisión"
La comisión parlamentaria solo la pondrá en marcha el PP si no cesan las críticas y la ofensiva socialista que ha pedido la comparecencia de Feijóo y de los conselleiros de Traballo, Beatriz Mato, y de Presidencia, Alfonso Rueda, en el Parlamento para explicar el supuesto "abuso de poder del Gobierno" sobre el que también indaga un juzgado de Santiago. Ayer fue el presidente de la Xunta quien puso voz a la amenaza: "Si el PSOE reflexiona y no pone en duda la actuación del Gobierno, puede ser que no la haya. Si el PSOE tiene dudas, habrá comisión de investigación de forma inmediata".
Feijóo intentó hacer ver que la comisión de investigación que propone el PP es la misma que pretenden presentar los socialistas y destacó la supuesta contradicción del PSOE por no atender su oferta. Sucede que el grupo parlamentario socialista quiere poner la lupa sobre las prácticas de la Xunta que llevaron a técnicos de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa a inspeccionar por primera vez en la historia de la Autonomía 13 sedes de organizaciones agrarias. Se produjo una semana después de que su jefe, el conselleiro de Presidencia Alfonso Rueda, lanzase graves acusaciones e incluso imputase varios delitos a Unións Agrarias, esta vez como secretario general del PP.
La tesis de los socialistas es que Rueda primero acusa desde el partido y luego pone los medios de la Adminsitración para intentar probar sus denuncias. Y eso no es lo que pretende aclarar en el hemiciclo el PP, que amenaza con implicar al tercer poder, el legislativo, en su fiscalización de las subvenciones recibidas por el sindicato, después de que también por iniciativa suya haya abierto un expediente administrativo en la Xunta y una causa en el juzgado de Corcubión. Así que el mensaje del presidente de la Xunta fue muy claro: si prosiguen las denuncias del PSdeG, el grupo popular -que tiene mayoría y por tanto puede controlar las comparecencias y los mecanismos en el Parlamento- investigará al sindicato agrario y sus entidades afines también en la Cámara.
El contraataque del PP llega después de que este diario publicase las declaraciones de los directores generales de Promoción de Empreo, Andrés Hermida, y de Reforma e Avaliación Administraiva, Jaime Bouzada ante la juez. Y de que ambos altos cargos de la Xunta revelasen en el juzgado que las únicas irregularidades que encontraron en la investigación a estas entidades fueron carteles de cofinanciación de ayudas mal puestos o no colocados, trabajadores de baja o de vacaciones y otros que desempeñaban su labor en sedes distintas a las de las asociaciones que pidieron la subvención para contratarles (algo que no impedía la orden de ayudas de la Consellería de Traballo).
Inventario de bienes, 26 años después
Veintiseis años después, el Gobierno gallego reformará la ley que regula el patrimonio de la Administración para gesionar también los bienes de los entes paralelos, según anunció ayer el
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presidente, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal de Gobierno. La Xunta pondrá coto en el nuevo texto a los alquileres y compras de propiedades. Las adquisiciones de sedes que sumen más de 300.000 euros requeríran de la aprobación de la Consellería de Facenda igual que los arrendamientos que supongan más de 40.000 euros mensuales. La Administración paralela tampoco podrá vender su patrimonio sin ofrecérselo antes al Gobierno gallego "con el objetivo de poner al servicio de otras administraciones públicas el patrimonio sobrante.
De hecho implicará que Facenda tenga que emitir un informe favorable que ampare a los entes paralelos a enajenar o traspasar fincas y edicios. Feijóo explicó que el texto busca agilizar la gestión de los bienes de la Administración y faculta a la Consellería de Facenda para "desafectar, ceder y aceptar cesiones", sin necesidade de que tenga que aprobarlo en pleno el Consello da Xunta con el presidente a la cabeza. La norma implicará también que se inventarien todos los inmuebles de la Xunta que no han sido catalogados desde 1987 y también los entes paralelos.
El anuncio sirvió también a Feijóo para detallar el resultado de su enésimo plan de ahorro y que según el presidente permitió rebajar la factura de los alquileres un 20% desde que se ha encomendado su gestión conjunta a la Consellería de Facenda que preside Marta Fernández Currás.
www.elpais.es 08.04.11
30) C.A GALICIA: EL PP PRETENDE INVESTIGAR A UU AA EN LA CÁMARA TRAS FRACASAR EN LA XUNTA
Los populares piden que el Parlamento busque las pruebas que no halla el Gobierno
El PP pretende implicar al último poder que faltaba en la investigación a Unións Agrarias. Tras presentar denuncias en el juzgado de Corcubión y la fiscalía de Santiago por los mismos hechos, después de involucrar a tres Consellerías en una fiscalización inaudita de las ayudas percibidas por el sindicato -que fueron concedidas a otras 800 asociaciones-, ahora pretende que el Legislativo abra una comisión de investigación sobre las denuncias que lanzaron su secretario general, Alfonso Rueda y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, quienes llegaron a acusar al PSOE de financiarse ilegalmente a través de asociaciones agrarias.
El PSdeG insiste en que se trata de un caso de "persecución ideológica"
Los populares registraron ayer mismo la petición en la Cámara, si bien decidieron no incluirla en el orden del día del próximo pleno parlamentario que los tres partidos pactaron en la Junta de portavoces. Según defendió Pedro Puy, debutante al frente del PP en el hemiciclo, el registro urgente de la solicitud de comisión de investigación persigue pactar los términos de la misma con el PSOE, que hace dos meses también amenazó con recurrir a esta fórmula pero para denunciar el "abuso de poder" que atribuye a la Xunta en su fiscalización del sindicato. Los socialistas mantienen en el aire su iniciativa a la espera de que el Gobierno les envíe la documentación que le han reclamado.
A diferencia de lo que pretenden los socialistas -dirimir el presunto abuso de poder de la Xunta en las inspecciones a Unións Agrarias que sentaron como imputados ante el juez a dos directores generales de la Xunta- el PP trata de ampliar la causa general contra el sindicato, esta vez en el Parlamento, con el pretexto de fiscalizar el uso que hicieron de las subvenciones del plan de cooperación 13 entidades concretas de las 800 que percibieron fondos. Las mismas que denunciaron Rueda y Miranda.
La amenaza del PP llega después de que EL PAÍS publicase que el director general de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy, admitiese a la juez que no investigó el desvío de dinero denunciado por los populares en las ayudas al sindicato porque tal distracción de fondos resulta imposible al tratarse de subvenciones finalistas para emplear a parados, cuyos contratos se acreditaron ante la Consellería. El director general que coordinó la
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investigación ni siquiera supo aclarar a la juez qué irregularidades llevaron a su departamento a pedir ayuda a Presidencia y que por primera vez inspeccionase esas entidades.En el escrito enviado a la Mesa del Parlamento, el PP justifica la urgencia de la petición que hizo ayer por la mañana sobre la comisión de investigación con el siguiente argumento: "La urgencia viene motivada por la necesidad de un esclarecimiento total de la cuestión lo antes posible". Y llega nueve meses después de que tres consellerías del Gobierno gallego empezasen a investigar cada una de las 13 asociaciones para dar cobertura a la imputación de graves delitos que formuló la cúpula del PP contra Unións Agrarias (UU AA) y el PSOE. Delitos que, según se deduce de la declaración de los dos directores generales de la Xunta ante el juez, no se han logrado probar.
En la exposición de motivos de la solicitud de comisión de investigación, los populares aluden a "numerosas irregularidades" que, según expuso el director general de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy, en el juzgado, no lo son. Cita expresamente que "algunos trabajadores empleados por las asociaciones no desempeñaban el puesto de trabajo en la localidad recogida en la memoria, la carencia de sedes o locales de trabajo por parte de las asociaciones y la recontratación masiva de los mismos trabajadores".
La orden de Traballo que regulaba las ayudas del Plan de Cooperación al que se acogieron 800 entidades entre sindicatos, patronal, ONG, ayuntamientos y diputaciones, no exigía que las entidades subvencionadas tuviesen oficina propia, y permitía recontratar a trabajadores, siempre que entre uno y otro empleo hubiera seis meses de diferencia. En el escrito que remite al Parlamento, el PP olvida ya las graves acusaciones vertidas por su secretario general, Alfonso Rueda, y su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, quienes afirmaron tener "pruebas documentales" de que el PSOE había "sacado por la puerta de atrás de la Xunta 645.000 euros para campañas electorales".
Al igual que hace Rueda desde que UU AA denunció a la Xunta y tuvo que comparecer como imputado ante el juez su director general de Avaliación e Reforma Administrativa por coordinar las inspecciones, tampoco Pedro Puy, portavoz del grupo parlamentario que pidió la comisión de investigación, se atrevió ayer a respaldar las severas denuncias de Rueda y Miranda. Puy apeló a la separación de poderes y aludió para justificar la iniciativa al caso de una empleada por UU AA que el alcalde de Muxía, Félix Porto, envío presuntamente a hacer campaña electoral a Argentina en 2008 cuando el regidor era dirigente del sindicato. Ese episodio lo dirime el juzgado de Corcubión, que mantiene imputado a Porto por este caso y ya lo estudió una comisión de investigación parlamentaria en la legislatura pasada. Los socialistas anunciaron una batería de medidas parlamentarias para "denunciar el abuso de poder y la persecución ideológica de la Xunta".
Sin pruebas ante el juez
A continuación se extracta parte de la declaración ante el juez como imputado de Andrés Hermida, director general de Promoción de Emprego y coordinador de la investigación a Unións Agrarias.
- "En base a lo que existe en la prensa, que habla de irregularidades en ayudas, tomo la decisión de hacer visitas a las asociaciones. Fue una denuncia del PP sobre 26 asociaciones".
- "Nosotros no hablamos de desvío de fondos, no hablé de desvío de fondos para nada".
- "En los informes que se hicieron en seis casos no se corresponde el centro de trabajo del contratado con la sede de la entidad beneficiaria[algo que no impedía la orden que regulaba las ayudas], ocho trabajadores estaban realizando trabajo de campo en las explotaciones [la función para las que fueron empleados], uno de vacaciones, otro de día libre y uno se dio de baja voluntaria. En diez sedes no estaban los carteles de cofinanciación de las ayudas colocados. La decisión de abrir una segunda investigación la toma la conselleira [Beatriz Mato] en base a esos apartados. Puede que no sea mucho, eso es valorable".
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- "En la orden de ayudas no estaba taxativamente prohibido[que los contratados se empleasen en oficinas distintas a las de las entidades que pedían la ayuda]".
- "Entiendo que la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa tiene competencias para evaluar entes que no son propios de la Xunta. No lo sé, no estoy seguro..."
www.elpais.es 06.04.11
31) C.A GALICIA: TRABALLO DESMIENTE AL PP ANTE EL JUEZ Y NIEGA QUE UU AA DESVIASE FONDOS
Cargos de la Xunta que declararon como imputados admiten que no hubo desvío de fondos en UU AA como acusó el PP - Sí constataron fallos en la cartelería
Del testimonio que prestaron ante la juez de instrucción número 1 de Santiago, Ana López Suevos, el director general de Reforma e Calidade Administrativa, Jaime Bouzada y su homólogo al frente del departamento de Promoción de Emprego, Andrés Hermida Trastoy, se deduce que la Xunta decidió abrir una investigación general a Unións Agrarias tras leer en los periódicos las denuncias lanzadas por distintos dirigentes del Partido Popular, como su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda y el secretario general, Alfonso Rueda.
El Gobierno pasó de perseguir delitos del PSOE a medir anuncios de ayudas
Traballo apuntó como irregularidades aspectos que no regulaba la orden
Las declaraciones de dos altos cargos del Gobierno gallego en el juzgado el pasado 22 de febrero permiten concluir también que pese a no encontrar irregularidades relevantes en las primeras visitas que realizaron los funcionarios de Traballo a 13 asociaciones el 7 de junio de 2010, la Xunta decidió dar un paso más en la investigación e implicar a las consellerías de Presidencia y Facenda en la fiscalización de esos trece entes vinculados al sindicato agrario.
Así lo ha admitido en su paso por el juzgado, adonde acudió como imputado tras una denuncia de Unións Agrarias, el alto cargo de Traballo Andrés Hermida Trastoy, quien asumió como suya la idea de realizar visitas de comprobación a 13 entidades tras leer en la prensa las denuncias del PP. Hermida Trastoy reconoció que aunque son 800 las asociaciones que recibieron ayudas de su consellería para contratar desempleados, desde su llegada al cargo en 2009 solo investigó a estas 13 entidades puesto que "en ningún caso hubo una situación tan manifiesta de que pudiera haber ningún tipo de irregularidades". Aludió a titulares de El Correo Gallego, La Voz de Galicia y EL PAÍS que reproducían las acusaciones de Miranda y Rueda. Hermida Trastoy asumió como decisión propia esas primeras visitas, "no inspecciones", de comprobación, pero no la investigación posterior, que atribuye a su conselleira, Beatriz Mato.
Según su declaración, fue Mato la que firmó la orden de inspección el 14 de junio y reclamó para ello "por escrito" la colaboración de la Consellería de Presidencia de Alfonso Rueda, quien puso a su disposición a los inspectores de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa que debutaron así en el control de las subvenciones. Qué encontraron los funcionarios de Traballo en esas sedes durante el 7 de junio para que la conselleira tomase la determinación una semana después de profundizar en la investigación en Unións Agrarias es algo que no dejó claro en el juzgado Hermida Trastoy.
Pese a que las graves acusaciones del PP que originaron este caso aludían a delitos como la financiación ilegal que Rodríguez Miranda y Rueda atribuyeron al PSOE o el fraude de fondos públicos que habría cometido, según su versión, Unións Agrarias y sus "organizaciones satélite", el informe de la Consellería de Traballo constata como "supuestas irregularidades" los siguientes datos: ocho trabajadores empleados por las asociaciones con las ayudas de la Xunta estaban ese día realizando tareas de campo en las explotaciones ganaderas (el cometido para el que fueron empleados), uno tenía vacaciones, otro estaba de baja y el décimo
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había pedido la baja voluntaria sin comunicarlo a la consellería. Los otros tres permanecían en su lugar de trabajo.
Las actas de Traballo que resumen esas primeras "visitas de comprobación" también reflejaron que algunos empleados trabajaban en oficinas distintas a la sede de la entidad que reclamó la subvención. Eso lo apuntó la consellería para sumar un nuevo elemento de sospecha pese a que la orden de concesión de las ayudas de los años fiscalizados no obligaba a que los contratados trabajasen físicamente en las sedes de los entes que las solicitaban, ni siquiera requería que las entidades dispusiesen de una sede propia.
La última de las constataciones que, según el informe interno de la Consellería de Traballo, llevó a su máxima responsable, Beatriz Mato, a ordenar la inspección fue "el tamaño de los carteles que debían anunciar el sistema de cofinanciación de las ayudas". En 10 de las 13 asociaciones, la señalización de los fondos de donde partía la subvención era defectuosa o directamente no existía.
De las graves imputaciones de Rodríguez Miranda al PSOE sobre supuesta financiación ilegal y fraude en el uso de fondos públicos, la Xunta había pasado ya a medir el tamaño de carteles anunciadores de ayudas por parte de 13 entidades vinculadas a Unións Agrarias. Sentado ante la juez, Hermida Trastoy admitió que esos indicios "pueden no ser muchos porque eso es valorable", pero fueron los que motivaron el inicio de una segunda fiscalización conjunta con la Consellería de Presidencia.
El responsable de Promoción de Emprego, que coordinó junto al responsable de Avaliación Administrativa la inspección, reconoció a la juez que tiene sobre la mesa desde hace año y medio las pruebas de que tanto Unións Agrarias como el resto de entidades habían utilizado los fondos de la Xunta para contratar a trabajadores desempleados. Así consta en la documentación oficial que recibió Traballo de cada entidad como justificación inicial de las ayudas y que incluía copias compulsadas de los contratos de trabajo y de las altas en la Seguridad Social. Hermida Trastoy confesó por último que el objeto de la subvención debe considerarse cumplido tan pronto como la Xunta tiene constancia de que las contrataciones de desempleados para las que se solicitaron los fondos fueron efectuadas.
Cuando fue interrogado por si esas no eran pruebas evidentes de que el desvío de fondos que denunciaba el PP -y que estaban en el origen de la investigación abierta por el Gobierno gallego- era imposible, Hermida Trastoy subrayó en dos ocasiones que él nunca había aludido al desvío de fondos. A la pregunta de qué buscaban concretamente en las inspecciones a Unións Agrarias, el alto cargo de Traballo no supo responder.
Un único caso que llevó al PP a denunciar una red corrupta
La cúpula del PP creyó tener en sus manos una Gürtel del PSOE cuando, todavía desde la oposición, logró que María Isabel Blanco, una mujer empleada con cargo a las ayudas de la Xunta en 2007 por una entidad vinculada a Unións Agrarias, confesase que las últimas semanas de su contrato las pasó en Argentina haciendo propaganda para el PSOE de Muxía. Según el testimonio de esta mujer en distintos periódicos, que luego ratificó en una comisión de investigación parlamentaria, Félix Porto, quien entonces tenía cargo en el sindicato además de ser candidato socialista en Muxía, la envío a Buenos Aires a hacer campaña entre los emigrantes que votaban en su pueblo.
El caso todavía lo estudia un juez de Corcubión que mantiene imputado a Porto, alcalde de Muxía desde 2008. De vuelta en la Xunta, el PP hizo recuento del número de asociaciones vinculadas a Unións Agrarias que reciben ese tipo de ayudas y encontró entre más de 500 entidades a 26 organizaciones que el PP definió como "satélites" del sindicato. El hecho de que el PSOE fichase como secretario de organización a Pablo García, -que anteriormente ocupaba el mismo puesto en la central agraria- llevó a Rueda y a Miranda a concluir que García era el responsable de captación de agentes electorales para el PSOE. Y que era el conselleiro de Traballo del bipartito, Ricardo Varela, quien le proporcionaba los fondos con cargo a la Xunta.
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Pesquisas sin resultado
Los populares sumaron todos los fondos que esas entidades habían recibido para realizar contrataciones -al igual que hacen cada año el resto de sindicatos, la patronal, ONG e incluso ayuntamientos y diputaciones- y concluyeron, así lo manifestó Miranda, que "el PSOE sacó por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros para campañas electorales". Para imputar semejante delito, no aportó más prueba que el caso de María Isabel Blanco y unos cuantos datos inconexos. Es toda evidencia que los populares esgrimieron para abrir una causa general a Unións Agrarias.
Nueve meses después de que la Xunta abriera con gran aparato mediático una investigación -a raíz de leer las denuncias del PP en la prensa- y de que por primera vez desde que existe el Plan de Cooperación tres consellerías se implicasen en la fiscalización de las ayudas, el Gobierno gallego no ha hecho público el resultado de ninguna de las investigaciones, ni siquiera sobre el control financiero que la Intervención Xeral realizó solo sobre 13 de las 800 asociaciones que recibieron esta subvención.
Entidad jurídica propia
Pese a la debilidad de los indicios hallados en las primeras visitas de comprobación a las asociaciones subvencionadas, la Consellería de Traballo decidió abrir una inspección en toda regla, para lo que solicitó la colaboración de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia. Esta especie de departamento de asuntos internos de la Xunta a las órdenes de Alfonso Rueda cruzó por primera vez las puertas de la Administración para fiscalizar entes ajenos al Gobierno gallego.
Sus inspectores, junto a dos funcionarios de Traballo, interrogaron a ganaderos y presidentes de entidades (incluso de aquellas en las que no se había detectado ninguna incidencia), grabadora en mano, para elaborar un informe cuyos resultados todavía no ha facilitado el Gobierno gallego.
Según la declaración del director general de Promoción de Emprego y de su homólogo en Presidencia que coordinaron la investigación, las 13 asociaciones visitadas tienen personalidad jurídica propia, si bien una de ellas, Aselaga, está más relacionada con Unións Agrarias.
www.elpais.es 04.04.11
32) C.A GALICIA: UN CARGO DE PRESIDENCIA ADMITE AL JUEZ QUE RUEDA ORDENÓ INVESTIGAR A UU AA
El director general reconoce que nunca antes indagó sobre subvenciones
La Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, una especie de departamento de asuntos internos de la Xunta, investigó por primera vez en la historia de la Autonomía subvenciones recibidas por un ente externo a la Administración -Unións Agrarias- porque así se lo ordenó Alfonso Rueda, a la vez titular de Presidencia y secretario general del PP. El mismo Rueda, que una semana antes había denunciado desde la sede de su partido una trama corrupta que el PSOE habría utilizado para sacar 640.000 euros de las arcas de la Administración en tiempos del bipartito a través del sindicato agrario, ordenó a los funcionarios de su consellería inspeccionar 13 asociaciones vinculadas a Unións Agrarias.
La certificación de que fue Rueda quien mandó a la dirección general investigar por primera vez a una asociación ajena a la Xunta parte del responsable de Avaliación e Reforma Administrativa, Jaime Bouzada, que así se lo comunicó a la juez que instruye una denuncia de Unións Agrarias contra la Xunta por supuesto desvío de poder, un tipo de prevaricación administrativa. En el juzgado donde compareció en calidad de imputado Jaime Bouzada no solo desveló que fue Rueda el que le dio la orden a mediados de junio pasado sino que admitió que nunca antes en sus distintas etapas como alto cargo en los Gobiernos de Fraga ese
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departamento había salido de la Xunta para fiscalizar el uso de las ayudas que concede la Administración. Atribuyó dicha excepción al "estruendo mediático" que propiciaron las denuncias del PP con su jefe, Alfonso Rueda, a la cabeza y el portavoz popular Antonio Rodríguez Miranda como dedo acusador.
En su declaración ante el juez, Bouzada afirmó que fue la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, quien después de que funcionarios de este departamento realizaran unas visitas de comprobación a 13 entidades vinculadas a Unións Agrarias pidió ayuda por escrito a la Consellería de Presidencia para formar equipos conjuntos que profundizasen en la investigación. Según el relato de Bouzada, fue entonces cuando Rueda le trasladó la instrucción de participar en las pesquisas. Se designaron entonces cuatro funcionarios, dos de la Dirección Xeral de Promoción de Emprego y otros dos de la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, que llevaron a cabo una investigación conjunta.
En su testimonio ante la juez que instruye el caso, Bouzada afirmó: "Elaboramos el informe conjunto con la firma de los cuatro auditores con el visto bueno de los dos directores generales y lo remitimos al conselleiro de Presidencia [Alfonso Rueda, superior jerárquico de Bouzada], que es quien me había pedido a mí la colaboración. Y el conselleiro de Presidencia se la envía a la Consellería de Traballo". Esa investigación se realizó a mediados de junio de 2010. Semana y media después de que el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, defendiese ante los medios que había "pruebas documentales" para demostrar que los socialistas habrían sacado dinero de la Xunta en tiempos del bipartito a través del sindicato "para pagar nóminas del PSOE y ya veremos a quién más". Miranda porfiaba entonces en que el escándalo iba a "sacudir los cimientos del PSdeG". Y su jefe de filas, Rueda aseguró el 7 de junio de 2010: "Las pruebas están ahí y todo indica que la trama puede ir a más una vez que se conozcan todos los datos. Son hechos acreditados documentalmente".
Nueve meses después de que el PP atribuyese esos graves delitos al PSOE y al bipartito, no se conoce el resultado de las investigaciones abiertas por tres consellerías distintas (Presidencia, Traballo y Facenda). Como consecuencia de este caso, el director general de Avaliación e Reforma Administrativa ha comparecido como imputado ante el juez, igual que Andrés Hermida Trastoy, director general de Promoción do Emprego, los dos responsables de la investigación.
Y no hay más pista para avalar la supuesta trama agraria denunciada por el PP que la decisión del alcalde de Muxía, Félix Porto, de enviar presuntamente a hacer campaña para él en Argentina a una empleada de Unións Agrarias en 2007 cuando Porto tenía cargo en el sindicato.
El conselleiro negó siempre que encargase la inspección
Después del vuelco que dio al caso la decisión de la titular del juzgado número 1 de Santiago de citar como imputados a los dos directores generales de la Xunta que capitanearon la investigación, el PP ha dejado de atribuir esos graves delitos -de financiación ilegal al PSOE y de malversación de fondos públicos a Unións Agrarias- pero mantiene la acusación de que el sindicato cometió irregularidades en el uso de las ayudas. El conselleiro de Presidencia y secretario general del PP, Alfonso Rueda, quien estuvo en el origen de las denuncias e incluso llegó a decir que había pruebas documentales de los delitos que Miranda atribuía al PSOE, ha optado desde entonces por quitarse de en medio y negar que hubiera dado instrucciones para investigar a Unións Agrarias.
Rueda, que dio una rueda de prensa para refrendar la existencia de la trama agraria en la sede de su partido el 7 de junio pasado y ordenó una semana después -según admite su subordinado Jaime Bouzada al juez- que la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa se implicase en los interrogatorios a los presidentes de 13 asociaciones agrarias, aseguró el pasado 23 de febrero a distintos medios de comunicación que nunca dio la orden. Una versión que refrendó el pasado 14 de marzo durante una entrevista emitida por V Televisión. En este canal, negó que hubiera ordenado la investigación al sindicato y defendió que las pesquisas demostraron que "organizaciones fantasma vinculadas al PSOE no cumplen
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la función para la que pidieron la subvención". Evitó hablar ya de financiación ilegal del partido socialista.
"Ni un euro desviado"
Unións Agrarias siempre ha señalado a Rueda como el responsable de la persecución al sindicato y de haber ideado "interrogatorios parapoliciales" a ganaderos y presidentes de asociaciones agrarias. Al anunciar que presentarían una denuncia en los juzgados contra varios departamentos del Gobierno gallego, el secretario general del sindicato, Roberto García, acusó a la Xunta de denunciar en falso y aclaró que tanto el presidente Alberto Núñez Feijóo, como su mano derecha en el partido y el Gobierno, Alfonso Rueda, "saben desde hace dos años que no hay desvío de fondos en la ejecución de las ayudas".
García avala esa tesis con el argumento de que desde el momento en que la Xunta adjudica la subvención, Unións Agrarias ya presenta a la Xunta los contratos y altas en la Seguridad Social de los contratados. Como son fondos finalistas, asegura Unións Agrarias, no cabe el desvío de un euro hacia otra organización.
Las acusaciones del PP y la "trama agraria"
- "El PSOE sacó por la puerta de atrás de la Xunta 645.000 euros para pagar gastos de campaña y también presuntamente para ahorrar nóminas al PSOE y ya veremos a quien más", Antonio Rodríguez Miranda, portavoz del PP (2-6-2010).
- "Es un escándalo que removerá los cimientos del PSOE", Antonio Rodríguez Miranda (2-6-2010).
- "Los cerebros de la trama son Ricardo Varela y Pablo García, el señor Pachi Vázquez debería dar la cara y no escudarse en asociaciones", Antonio Rodríguez Miranda (2-6-2010).
- "Las pruebas están ahí y todo indica que la trama puede ir a más una vez que se conozcan todos los datos. Son hechos acreditados documentalmente", Alfonso Rueda, conselleiro de Presidencia y secretario general del PP (7-6-2010).
- "Es absolutamente falso que yo ordenara investigar a Unións Agrarias", Alfonso Rueda (23-02-2011). El conselleiro repitió esta misma declaración a V Televisión el 14 de marzo de 2011.
www.elpais.es 03.04.11
33) C.A GALICIA: LOS NUEVOS CENSADOS EN XINZO SE REPARTEN EN CASAS DE AFINES AL PP
El INE alega que son los alcaldes los responsables de depurar el registro de votantes
El centenar largo de personas que se empadronaron en Xinzo de Limia en los últimos meses de 2010 , lo hicieron, en su mayoría, en domicilios de personas vinculadas al PP. Los nuevos inquilinos se reparten en grupos de cinco o seis personas -en algún caso, siete-, en viviendas concretas de apenas un puñado de calles de la villa limiana, según consta en la documentación que los representantes del BNG entregaron ayer a la Fiscalía. En la calle Santa María, en el mismo edificio en el que vive una dirigente de la asociación vinculada al organizador de la Festa do Esquecemento, Carlos Gómez, que ocupará puesto en la lista del PP de Xinzo, hay un grupo de cinco repentinos inquilinos. La residente habitual de la vivienda ha rehusado hacer declaraciones a este periódico sobre su "vida privada" y "sobre la gente que vive" en su casa.
Los empadronados se reparten en grupos de hasta siete personas
Las viviendas afectadas se encuentran en unas pocas calles
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El BNG ya había avanzado que en la calle Romero Nieto se censó, en la vivienda de un vecino que asegura no conocerlo de nada, el ex delegado provincial de Medio Ambiente, con residencia habitual en Ourense, Agustín Prado Verdeal, y cuatro familiares suyos: Carmen López Fernández, Agustín Prado López, Carmen Prado López y Carlos Rodríguez Álvarez. El alcalde atribuyó esta anomalía a un "error del funcionario" al teclear el número del portal.
En otros casos, entre los nuevos empadronados en viviendas, "siempre de afines al PP" y siempre en grupos de tamaño similar, aparece incluso "alguna persona con residencia habitual en Pontevedra", sostiene el BNG. Los casos de los nuevos inquilinos se repiten en otras calles de la villa limiana, como la de Curros Enríquez o la plaza de San Roque.
Estas son algunas de las anomalías que figuran en el censo y que están desde ayer en poder de la fiscalía. El BNG registró en el Ministerio Fiscal las pruebas documentales que "acreditan la manipulación censal" en este municipio ourensano, con el "objetivo claro de cometer un fraude electoral en las próximas elecciones municipales en Xinzo".
Los grupos de recientes vecinos de Xinzo con derecho a voto -hasta 122 solo en el mes de diciembre- recalan en todos los casos, según la documentación censal, en viviendas de "familiares o personas estrechamente vinculadas a ex concejales o militantes destacados del PP", sostienen los portavoces de BNG, Amador Díaz Penín, y del PSOE, Elvira Lama. Son los casos que esperan que investigue la Fiscalía para que "se depure el censo y se evite esta trampa electoral".
La socialista Elvira Lama se dirigió al Instituto Nacional de Estadística (INE) en el mes de diciembre, cuando detectaron "que el censo se disparaba". La documentación que ambos grupos tienen pone de manifiesto que, mientras en el resto de los meses del año, Xinzo perdía población -pasó de 8.175 personas con derecho a voto en enero a 8.136 en noviembre-, el último mes se empadronaron 122 personas con derecho a votar en mayo. Pero, a requerimiento del INE, el alcalde acreditó ante este organismo los alquileres de los nuevos inquilinos de su municipio.
Más allá de la actuación administrativa del organismo estatal, que señaló a este periódico que la documentación que aportó el regidor se atiene a la norma, el INE remitió a la portavoz del PSOE al propio ayuntamiento, en calidad de responsable de investigar la posible manipulación del censo. "Pero en este caso, y posiblemente en muchos otros, los alcaldes son los menos interesados", sostiene Lama.
El éxodo de ourensanos y de vecinos de otros municipios a viviendas de personas vinculadas al PP de Xinzo supone para estos dos partidos la "evidencia" de la lucha fratricida en el seno del PP provincial, a raíz del congreso en el que se enfrentó la dirección regional del partido al hijo de Baltar. La fuga de electores de la capital ourensana duplica en estos comicios a la de los anteriores. Medio millar de residentes con derecho a voto en la ciudad de As Burgas pidieron en los últimos 14 meses el cambio de domicilio a otros municipios de la provincia.
Iniciativa nacionalista en el Senado
El BNG no solo acude a la Fiscalía. El senador nacionalista Xosé Manuel Pérez Bouza anunció ayer que reclamará el apoyo de los grupos de la Cámara Alta para instar al instituto estatal a que realice una investigación "y depure" las irregularidades detectadas en los empadronamientos de Xinzo de Limia. Los nacionalistas quieren una investigación administrativa. Bouza destacó que si no se abre un proceso de oficio, el Instituo Nacional de Estadística (INE) sería "cómplice del fraude electoral" que se pueda cometer en Xinzo.
El senador del BNG contestó, además, a las insinuaciones de José Luis Baltar -quien al conocer la denuncia de los nacionalistas, advirtió de que estas actuaciones no son exclusivas del PP- señalando que "desde luego, esto no ocurre en ninguno de los municipios nacionalistas". "Las seis alcaldías que tiene el BNG no alteraron en absoluto el censo", afirmó. Los nacionalistas no descartan emprender nuevas acciones en otros ayuntamientos de la
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provincia una vez que se hagan públicas las listas del censo y se detectan "nuevas irregularidades". "Ya veremos en qué porcentaje y en qué ayuntamientos se producen", destacó el senador.
El portavoz del BNG en Xinzo, Amador Díaz Penín, reclamó, tras entregar la documentación en la Fiscalía, que se aclare "quién firmó los documentos" que el alcalde remitió al INE cuando este organismo le solicitó los justificantes de las nuevas altas. Tanto el BNG como el PSOE sospechan que el alcalde, el baltarista Antonio Pérez, puede tener "relación directa" con la manipulación que detectan en el censo. Pérez accedió a la alcaldía hace unos meses impuesto por José Manuel Baltrar Blanco. Pese a ser el último de los concejales electos del PP en Xinzo, el presidente provincial lo rescató para sustituirlo por el veterano Isaac Vila La elección de Pérez propició la ruptura del grupo popular y los candidatos críticos con Baltar se presentan a las elecciones de mayo en una lista independiente. La fractura -con listas independientes escindidas del PP- se repite en otros municipios de la provincia. PSOE y BNG aseguran que mirarán con lupa todos los censos.
www.elpais.es 02.04.11
34) C.A MADRID: AGUIRRE PREMIA CON UN PUESTO EN SU LISTA A UN ALCALDE QUE NO EMPADRONA INMIGRANTES
El alcalde de Robledo de Chavela, Mario Anselmo de la Fuente, no solo repite como candidato del PP en la lista municipal, después de 16 años, sino que también acompañará a Esperanza Aguirre en su lista a la Asamblea de Madrid. Este regidor se niega a empadronar a los inmigrantes que residen en su municipio -donde el 14% de los 3.800 habitantes son extranjeros, la mayoría marroquíes- si no tienen un contrato de trabajo en vigor, pese a que lo prohíbe la ley.
La Ley de Bases del Régimen Local, de obligatorio cumplimiento en todo el país, no contempla exenciones a la obligación de empadronar a todos los residentes de un municipio. Además, ese mismo requisito no se exige en Robledo a los españoles que se empadronan allí.
El alcalde fue reprendido el pasado verano por el secretario general del PP, el también consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que solicitó reiteradamente al alcalde que cumpliera la ley. Lejos de hacerlo, el regidor se negó incluso a debatir en el pleno una moción del PSM que pretendía cuestionar la prohibición de empadronamiento a inmigrantes en paro. La asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España, ATIME, denunció la situación al Defensor del Pueblo, que hasta ahora no ha emitido una resolución, sino que ha solicitado información al Ayuntamiento de Robledo de Chavela. Ahora, el partido premia a De la Fuente con un puesto en la candidatura a la Asamblea.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, aseguró ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que desconocía el comportamiento del alcalde de Robledo de Chavela. "No tengo noticia de lo que me dice", respondió la presidenta al ser preguntada por esta cuestión. Y, tras una pausa, en la que parecía que daba por zanjada la contestación, agregó: "Es una persona de mi absoluta confianza. No sé a qué se refiere, pero seguro que tiene todo mi respaldo".
"Es una prueba más del plan oculto que está ensayando el PP en algunos municipios donde el que sea más racista, más premios tiene", aseguró el coordinador federal del grupo árabe del PSOE, Mohammed Azahf.
www.elpais.es 08.04.11
35) C.A MADRID: EL ESPIONAJE AL NÚMERO DOS DE AGUIRRE BUSCABA PRUEBAS DEL PAGO DE COMISIONES EN COLOMBIA Detrás del espionaje realizado al vicepresidente madrileño, Ignacio González, durante un viaje que realizó a Colombia en 2008, hubo un móvil empresarial y no político, según las declaraciones ante el juez del director de una agencia de detectives, imputado en el caso, que
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asegura que la orden le vino de un grupo de empresarios, cuyo objetivo era demostrar irregularidades en las obras adjudicadas por el Canal de Isabel II. Según el director de la agencia de detectives, los empresarios no recibían ninguna adjudicación porque se negaban a practicar el soborno que se exigía desde la dirección del Canal. “Querían pruebas del pago de comisiones en Colombia”, declaró el imputado, de acuerdo con el sumario, al que ha tenido acceso la SER. El patrimonio del gerente del Canal El detective reconoció que en julio de 2008 un despacho de abogados de Madrid se puso en contacto con él proponiéndole realizar algunas averiguaciones que se concretaron en dos trabajos. El primero consistió en investigar el patrimonio de Ildefonso de Miguel, entonces gerente y número dos de Ignacio González en el Canal de Isabel II, sobre quien existían sospechas "de que estaría lucrándose del cobro de comisiones por la realización de obras y servicios de la empresa pública de aguas". El segundo encargo, el viaje a Colombia El segundo encargo, realizado en agosto de 2008, le advertía del viaje que iba a realizar a Colombia una delegación del Canal compuesta por cinco miembros. "El objetivo del servicio, según afirmó el imputado, era obtener pruebas gráficas del pago de comisiones". Según le informaron los abogados - continúa en su declaración- sospechaban de reuniones comerciales donde hubiera pagos irregulares por obras a realizar en países de Sudamérica. Por este motivo, le proponen preparar un dispositivo de seguimiento y vigilancia a la cúpula directiva en Cartagena para verificar si se producían esas reuniones y esos pagos. 30.000 euros por el espionaje El imputado declaró que no se hizo cargo directamente de este espionaje, por el cual el bufete ofreció unos honorarios en torno a 30.000 euros. Asegura que lo derivó a otro compañero de profesión, quien ha reconocido en el mismo sumario ser el autor del espionaje. Otro espionaje anterior, en 2005 En el sumario aparecen también la declaraciones del director de la agencia de detectives Método 3, que reconoció la autoría de un dossier de investigación en 2005, cuando una agencia de detectives americana le encargó investigar una operación de compra-venta de la filial del Canal en Latinoamérica, la Triple A. En su relato ante el juez explica la secuencia de la investigación: primero investigan la Triple A, entran en la base registral del país donde está radicada, descubren su relación con el Canal de Isabel II y posteriormente identifican a las tres personas que estaban en la mesa de Negociaciones. Sobre ellos recabaron distintos datos como la fecha de nacimiento, el estado civil, el patrimonio, sus cargas o deudas, si trabajan en la administración y qué cargo tienen. ¿A quién pagar la comisión? La agencia investigó al ex gerente del Canal Ildefonso de Miguel; a Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente y Ordenación en el Gobierno de Esperanza Aguirre y a Ignacio González, según la declaración. El empresario imputado asegura que son informes básicos que pide el cliente para saber "a quién tienen que pagar esa comisión". www.elpluralcom.com 07.04.11
36) C.A MADRID: TELEMADRID SOSTIENE QUE USAR EL SELLO DE ETA SOBRE ZAPATERO FUE UN RECURSO
Rubalcaba: "Lo que han hecho es indecente y lo hacen con mis impuestos"
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Sendas imágenes del presidente Zapatero y del vicepresidente Rubalcaba con el sello de ETA estampado en su rostro han provocado una nueva protesta de los trabajadores de Telemadrid, que se declaran "indignados" por la "sistemática manipulación" de la cadena autonómica. El vídeo, difundido en los informativos de Telemadrid del pasado miércoles, ha sido denunciado por el comité de empresa, que reclama el cese inmediato del director de informativos, Agustín de Grado. Los partidos de la oposición, PSOE e IU, tiran por elevación y exigen también la destitución de la directora general del canal, Isabel Linares. El Gobierno regional (PP) declinó hacer comentarios.
Los sindicatos y la oposición lamentan la "manipulación" del canal público
Desde 2003, cuando el PP nombró a Manuel Soriano máximo directivo de Telemadrid, los trabajadores denuncian una "caza de brujas" entre los profesionales y una "manipulación" en los informativos. "Lo que más nos preocupa es el desprestigio y la falta de credibilidad. La veracidad y el pluralismo están totalmente ausentes", dice la presidenta del comité de empresa, Teresa García Cao.
El último caso sacado a la luz es la "burda y zafia maniobra" enfocada a identificar a Zapatero y a Rubalcaba con la organización terrorista. El informativo del mediodía del 30 de marzo sobreimpresionó el sello de ETA sobre sus caras. En el de la noche, ya solo aparecía el anagrama sobre la imagen del vicepresidente primero. Un montaje que, para los trabajadores, es "el mayor atentado cometido contra los principios de pluralidad, veracidad y objetividad".
Rubalcaba replicó en la SER: "Hay un sector social, en la comunicación sobre todo, sembrando el odio. Lo que ha hecho Telemadrid es indecente, y lo hacen con el dinero de mis impuestos".
Telemadrid ve el vídeo de una manera bien distinta. "Negamos rotundamente que exista tal manipulación para desacreditar al presidente y al vicepresidente", expresó la cadena a través de un comunicado. Argumenta que en la pieza informativa, de dos minutos y medio, utilizó el anagrama de ETA para distinguir lo que la banda terrorista decía en las últimas actas publicadas y lo que decía entonces el Gobierno. Para Telemadrid, se trata de "un recurso perfectamente legítimo que ayuda a diferenciar unas declaraciones de otras". El vídeo al que remitía ayer la cadena en su nota de prensa correspondía al Telenoticias de noche, del que había desaparecido la imagen de Zapatero con el sello de ETA en su rostro. En el enlace rebotado a los medios solo se mantenía el anagrama sobre el rostro de Rubalcaba.
Los trabajadores insisten en la "intencionalidad política" del vídeo. "Ha sido a propósito. No se puede calificar de un error porque no es una pieza que se emita en directo sino postproducida", asegura Maite Treviño, de UGT.
Esta no es la primera vez que Telemadrid asocia a Zapatero con ETA. En 2006, emitió un vídeo en el informativo Diario de la noche en el que sobre unas imágenes de archivo de tres encapuchados de ETA aparecía el rótulo "Palacio de La Moncloa, 10 de febrero 2006". El canal atribuyó entonces la coincidencia a un error de sincronización.
En 2007, los periodistas de Telemadrid trasladaron sus quejas al Parlamento Europeo. Entre las imágenes con las que ilustraron la "manipulación" figuraba un vídeo de la manifestación de marzo de 2005 por el primer aniversario del atentado del 11-M en Atocha donde, nuevamente, el anagrama de ETA se superponía a imágenes de la protesta. Algunas "tergiversaciones" han llegado a los tribunales y a foros profesionales. En 2008, la Comisión de Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España dictaminó que el reportaje emitido en Telemadrid sobre el supuesto coladero de inmigrantes en la T-4 de Barajas faltaba "repetidamente a la verdad".
www.elpais.es 06.04.11
37) C.A DE MADRID: EL COMITÉ DE EMPRESA DE TELEMADRID EXIGE "EL CESE INMEDIATO" DEL DIRECTOR DE INFORMATIVOS
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Los comités de empresa de la Radio Televisión Madrileña han exigido hoy "el cese inmediato" de Agustín de Grado, director de informativos de Telemadrid, por la "burda y zafia" manipulación del pasado miércoles, cuando se emitieron imágenes del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el sello de ETA impresionado sobre sus rostros. CGT, CCOO y UGT han emitido un comunicado donde denuncian que la cadena "ha vuelto a sobrepasar todos los límites conocidos de la manipulación informativa", después de que el pasado día 30, durante el informativo, se emitiesen imágenes de Zapatero y Rubalcaba "con el sello de ETA sobre sus rostros". "Burda y zafia" "Esta burda y zafia maniobra, dirigida a identificar a los dos principales dirigentes políticos del país con la organización terrorista ETA, es un desprecio a los valores del periodismo, la ética y la deontología profesional y el mayor atentado cometido contra los principios de pluralidad, veracidad y objetividad", critican los comités de empresa de Telemadrid. "Cese inmediato" Por todo esto, los tres sindicatos "exigen el cese inmediato del Director de Informativos de Telemadrid, Agustín de Grado". Tras los atentados del 11 de marzo, con las pruebas señalando al terrorismo islámico, pero con el Gobierno de Aznar empeñado en culpar a ETA, Telemadrid también usó este recurso, introduciendo el sello de la banda vasca en una información sobre las manifestaciones.
www.elplural.com 04.04.11
38) C.VALENCIANA: BARBERÁ ADVIERTE A RAJOY DE QUE NECESITA EL PP DE CAMPS
Las imputaciones del 'caso Gürtel' y el anuncio de Zapatero enturbian la proclamación de la alcaldesa como candidata
La proclamación de Rita Barberá como candidata del PP a la alcaldía de Valencia tenía que ser un acto austero, pero apoteósico. Y no lo fue. Demasiados elementos extraños acabaron por enrarecer un mitin diseñado para agasajar "a la mejor alcaldesa de España, de Europa y del mundo" según las hiperbólicas palabras del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Dolores de Cospedal escenificó el apoyo de Génova en un clima de frialdad
El primer síntoma lo ofreció el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, al que ayer no le salieron los chistes. Y que no consiguió caldear un auditorio donde las caras de preocupación se alternaban con las del desconcierto. Preocupación por el último escrito de la Fiscalía Anticorrupción que apunta de lleno a la cúpula del PP valenciano por delito electoral. Desconcierto por la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que anunció media hora antes del mitin del PP que no se presentará a la reelección.
En ese clima, la alcaldesa de Valencia se esforzó por no salirse del guión que se había preparado para su quinta proclamación. Barberá quiso dejar claro ante la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que Mariano Rajoy no logrará ganar las elecciones generales al PSOE si no cuenta con los populares valencianos. Con un partido que tiene como líder en la Comunidad Valenciana a Francisco Camps, por muy imputado que esté.
"Paco aquí nos tienes, este es el partido que has hecho. Nos has dado una lección de unidad ante la adversidad, con el partido que tu has hecho tan grande y tan fuerte", prosiguió Barberá, "que es imprescindible para llevar a Mariano Rajoy a La Moncloa".
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"Rajoy confió en Valencia y Valencia le hará presidente del Gobierno de España", sentenció la alcaldesa ante De Cospedal, que intentaba poner su mejor cara y pasar el trago pronto. La alcaldesa no cerró filas solo con Camps, también lo hizo con todo su equipo de concejales, a los que les garantizó la continuidad. Especialmente a Jorge Bellver que se enfrenta a un juicio por prevaricación en relación con las obras de un aparcamiento subterráneo.
"Jorge, todos estamos contigo ante tanta barbaridad", dijo Barberá en referencia al juicio que tendrá que afrontar su edil de Urbanismo.
En su alocución, Barberá quiso hacer un repaso somero de sus 20 años de gestión, pero sobre todo mandó un recado a la afición. No piensa ceder en ninguno de los asuntos que se le han atragantado, especialmente en la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez por encima de la trama urbana del barrio de El Cabanyal. La alcaldesa apuntó que, cuando revalide su cargo, quiere "consolidar Valencia como una ciudad de referencia en materia de innovación, turismo y sostenibilidad".
Tras la alcaldesa, llegó el turno de los elogios del presidente de la Generalitat a la alcaldesa. En el discurso de Camps no hubo ni una palabra en relación a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que el viernes le puso en el punto de mira del sumario del caso Gürtel. A él y a la cúpula del PP. Al vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; al ex secretario general del PP Ricardo Costa; al vicesecretario de Organización, David Serra; a la tesorera del PP, Yolanda García; a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret; al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana Pedro García y a la apoderada del partido Cristina Ibáñez.
Y como quien cerraba el mitin era la secretaria general del PP nacional y candidata popular a la presidencia de Castilla-La Mancha, Camps tampoco pronunció una sola palabra sobre agua.
Con estas limitaciones, el jefe del Consell se centró en elogiar a Barberá, defender la sostenibilidad de su proyecto político, alardear de españolidad y, sobre todo, darle estopa al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
"Hice todo lo que correspondía a un demócrata para que quien era presidente de España dejase de serlo, para hacer que la Comunidad Valenciana fuese un territorio de futuro pese a Zapatero", argumentó Camps, "denunciando las malas artes y las malas políticas de esa mala persona que se llama Zapatero".
"Zapatero no tiene altura para ser presidente del Gobierno de España. Es la única noticia positiva de los socialistas, que Zapatero se va", sentenció.
El acto lo cerró María Dolores de Cospedal, que llegó justo a la hora de inicio del mitin y se fue al acabar como si se le quemase el arroz.
La secretaria general del PP se esforzó por evitar pisar ningún callo. Tiró de topicazo sobre Valencia y se centró en lo suyo: criticar al Gobierno, la decisión de Zapatero y a su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a cuenta del caso faisán y de los GAL. Pero cuando lo hizo, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que acudió a dar su apoyo a Barberá ya se había vuelto a las fiestas de la Magdalena.
www.elpais.es 03.04.11
39) C.VALENCIANA: CALATRAVA Y EL CONSELL SE DEFIENDEN AL UNÍSONO DE EU
El Consell y el arquitecto Santiago Calatrava se defendieron ayer al unísono de las acusaciones de Esquerra Unida que la semana pasada reclamaron al Fiscal Anticorrupción que investigue los contratos del también ingeniero con la Generalitat al considerar que existen "serios indicios de posibles delitos".
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Los tres diputados de EU presentaron el pasado 25 de marzo una denuncia ante la fiscalía por el pago de, al menos, 5,8 millones por parte de la Generalitat a Calatrava por proyectos no ejecutados, como la dársena de Torrevieja, el Centro de Convenciones de Castellón y las torres de la Ciudad de las Ciencias de Valencia. Esquerra Unida considera que en los citados contratos hay "serios indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y fraude a la Hacienda pública".
El Consell, tras varios días de silencio, emitió ayer un largo comunicado en el que aseguró que todos los contratos adjudicados a Calatrava han respetado la normativa, que los proyectos "responden al trabajo encomendado" y que se reservan el derecho a emprender acciones legales por la denuncia de los diputados de Esquerra Unida.
En su comunicado, el Consell asegura que "no existe incumplimiento de la normativa fiscal" y admite que "las posibles discrepancias que puedan haber existido" con el despacho del arquitecto no pueden confundirse con el hecho de que se han entregado unos trabajos que hay obligación pagar.
Contacto frustrado
Por su parte, el arquitecto Santiago Calatrava emitió su propio comunicado en el que recalcó que los honorarios cobrados a la Generalitat están "dentro de la legalidad" y que su despacho profesional ha cumplido "en todas y cada una" de las cláusulas de los contratos.
El arquitecto afirma sentirse "lesionado en su derecho fundamental al honor" y considera que los diputados de Esquerra Unida, con un "temerario desprecio a la verdad", demuestran un "total desconocimiento de los hechos sobre los que se está opinando". Calatrava intentó ponerse en contacto con la diputada de EU Marina Albiol a través de su abogado Francisco Vega, pero esta delegó la interlocución en su letrado José Luis Romero por lo que ambos no se llegaron a reunir.
EU insistió ayer en que no se dejará coaccionar y seguirá denunciando la corrupción.
www.elpais.es 03.04.11
40) C.VALENCIANA: LA JUNTA ELECTORAL SUSPENDE LAS VISITAS AL AEROPUERTO DE CASTELLÓN
La iniciativa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de promover visitas el aeropuerto, inaugurado sin vuelos programados, no tuvo ayer gran éxito. En las dos primeras horas de apertura apenas una docena de personas se acercó a las instalaciones, que carecen de permisos para la navegación aérea.
En cualquier caso, la Junta electoral decidió, horas más tarde, suspender las visitas tras la denuncia del PSPV-PSOE. Aún así, Fabra trató de atribuir las visitas a la empresa concesionaria, "con lo que la Junta Electoral no va a poder meterse". Fabra acusó el viernes a los periodistas de decir "gilipolleces" por publicar que había inaugurado un aeropuerto sin aviones.
www.elpais.es 05.04.11
41) C.VALENCIANA: EL ALCALDE DE LA VILA FICHA AL TRÁNSFUGA QUE LE AUPÓ AL GOBIERNO LOCAL
Una vez más se ha cumplido el acuerdo no escrito que eleva al concejal tránsfuga que firma una moción de censura y le da el Gobierno municipal a otra formación a la que apoyó inicialmente a la categoría de "imprescindible" en la lista electoral del partido favorecido. El alcalde de La Vila Joiosa, Jaime Lloret, del PP, declarado tránsfuga por la comisión de expertos del Pacto Antitransfuguismo, intenta allanar el camino para incluir en su candidatura al edil que le aupó a la alcaldía, el independiente Francisco Pérez Melero.
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Lloret declaró ayer: "Pérez Melero es, a día de hoy, imprescindible en nuestro esquema de trabajo, y, si él está de acuerdo, mi pretensión es mantenerlo en nuestro equipo, por lo que para ello le he ofrecido un puesto de salida en nuestra lista electoral". Melero también fue declarado "tránsfuga objetivo" por la comisión. El regidor confirmó que Melero es militante del PP "desde hace meses" y que el ofrecimiento para que forme parte de su lista "responde exclusivamente a su gran labor al frente de la concejalía de Hacienda". Fuentes populares apuntaron a que el tránsfuga puede incluso ir de número dos.
"Insuperable"
Jaime Lloret definió el comportamiento de Melero como "ejemplar" y calificó la gestión de quien le dio la alcaldía como "insuperable" después de criticar que se encontró una situación "caótica tras el paso del cuatripartito por el Gobierno", del que el regidor ahora no adscrito formó parte como concejal de Cultura. Tras firmar la moción de censura, su esposa, Alicia Valero, y un amigo personal, Bartolomé León, pasaron a formar parte de la nómina de asesores del alcalde.
Sin embargo, los socialistas denunciaron tras la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2011 la semana pasada que La Vila no ha cumplido en 2010 el Plan de Saneamiento que aprobó en julio de 2009. El portavoz del PSPV, Gaspar Lloret, recalcó que el PP ha provocado en dos años "un ahorro negativo de 6,73 millones de euros" y que los gastos corrientes superan a los ingresos anuales. Y puso como ejemplo que se ha presupuestado como ingresada una sanción de 2,2 millones a una inmobiliaria que la empresa ha recurrido.
www.elpais.es 05.04.11
42) C.VALENCIANA: RIPOLL OBTUVO 1,3 MILLONES DE EUROS SIN JUSTIFICAR TRAS ADJUDICAR LAS BASURAS
La policía afirma que un millón corresponde al regalo de dos pisos
El líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y su familia -mujer y tres hijos- se embarcaron en un vértigo de consumo privado (viajes a lugares paradisíacos y compras compulsivas en tiendas de lujo) abonado a tocateja, apenas coronada la adjudicación de la multimillonaria contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja (sur de Alicante). Un informe policial, realizado a instancias del juez del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo) concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros.
Casi 300.000 euros fueron destinados a pagar a tocateja gastos privados
El documento, elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, revela que el grueso de esos ingresos sin justificar corresponde a dos pisos, situados en el ensanche de la ciudad de Alicante, o a su equivalente en metálico (un millón de euros), y el resto a consumo privado de la familia Ripoll, abonado en metálico. El rastreo de la policía (en las distintas cuentas bancarias y firmas comerciales de las que son clientes) ha aflorado una montaña de compras, muchas de lujo, y casi siempre ordenadas por la esposa de Ripoll, Margarita de la Vega.
José Joaquín Ripoll, también presidente de la Diputación de Alicante, cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó el promotor local Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa. Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en Alicante.
En el trámite de esta adjudicación, según el informe policial, Ripoll incurrió en 10 hechos delictivos. La policía judicial considera que el incremento patrimonial de "desconocida procedencia" de Ripoll en el período entre enero de 2008 y junio de 2010 "se corresponde con el tracto temporal en el que Ripoll realiza las actividades presuntamente delictivas que se le imputan", recoge el acta policial. "Por tal razón", añade, "podría considerarse que el origen de
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dicha cantidad, que constituye el incremento patrimonial no justificado, puede tener una relación directa con la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz y con la ubicación de la planta de gestión, que tienen como beneficiarios a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, respectivamente, a tenor, como se ha apuntado en informes anteriores, de una posible compensación de un millón de euros a través de Rafael Gregori, en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en relación al acuerdo de adjudicación".
El veterano dirigente conservador alicantino fue arrestado por su implicación en el caso Brugal el 6 de julio de 2010. El magistrado que dirige la investigación, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, lo interrogó dos días después y lo dejó en libertad con cargos por cinco supuestos delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Junto a Ripoll fueron detenidas otras 11 personas, entre ellas Ortiz y Fenoll. La policía y la Fiscalía Anticorrupción consideran a estos dos empresarios y al líder del PP como los muñidores de la esta mayúscula trama corrupta.
www.elpais.es 02.04.11
ENTRE LOEWE Y LA GRAN MANZANA
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía sobre ingresos en efectivo y pagos igualmente en metálico sin justificar se ha basado en el rastreo de las cuentas corrientes del matrimonio Ripoll-De la Vega y su cotejo con las facturas y pagarés intervenidos en el registro del domicilio de la pareja tras el arresto del líder del PP. En ese registro los agentes también se incautaron de 5.280 euros en efectivo (agrupados en fajos de 100, 50 y 20 euros).
En el apartado de las facturas, los pagos más llamativos son los relacionados con compras en la tienda Loewe. En este capítulo, el informe incluye un bolso Tote Patchwrk por 8.900 euros y una compra de carne selecta en el Mercado Central por 171 euros. Las reformas y decoración (cortinas y tapicería) del chalé habitual de la familia y un piso recién adquirido en el centro de la ciudad ocupan otro apartado de importancia, con presupuestos que oscilan entre 4.000 y 30.000 euros, siempre abonados a tocateja.
Y el tercer apartado destacado es el de los viajes de placer del matrimonio y su familia, la mayoría a Nueva York, otro a Creta y un sinfín más de vuelos personales de Margarita de la Vega entre Madrid y Alicante. Por uno de los vuelos a la Gran Manzana y a Creta, el matrimonio pagó en efectivo 37.047 euros.
En cuanto a las cuentas corrientes, el informe concluye que el saldo global asciende a 9.193 euros, y los ingresos sin justificación a 72.224 euros, o sea, hay un déficit de 62.929 euros. "Es decir, que sin estos ingresos en efectivo sin aparente justificación del origen de los mismos no podría sustentarse el nivel de vida que realiza tal núcleo familiar", asevera el informe.
www.elpais.es 02.04.11
43) C.VALENCIANA: EL LÍDER DEL PP ALICANTINO MANTIENE EL PULSO POR LA DIPUTACIÓN
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, encajó ayer el informe policial sobre su abultado incremento patrimonial no justificado con la misma actitud que encaró el día después de su arresto por su implicación en el escándalo de las contratas de basura en Alicante. Ripoll echó balones fuera, dudó de la rigurosidad del informe ("sólo recoge conjeturas y especulaciones sobre mi vida privada", puntualizó) y dijo que no tiene nada que ver con la contrata del Plan Zonal de La Vega Baja.
A renglón seguido, el líder de los antiguos zaplanistas en Alicante calló. Tácitamente, eso significa que se mantiene firme en su decisión de seguir en política y, sobre todo, de mantener vivo el pulso por repetir como presidente de la Diputación, cargo que ocupa desde 2003. Para materializar esta aspiración tendrá que doblegar la resistencia del bando opuesto, los afines al
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presidente de Generalitat Valenciana, Francisco Camps. La valedora de este sector en Alicante, la alcaldesa Sonia Castedo, insiste en que no lo quiere en su lista.
La regidora, ya proclamada candidata del PP a los comicios del 22 de mayo, también está implicada en el caso Brugal. Castedo esta acusada por el fiscal de supuesto cohecho vinculado a un trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del nuevo planeamiento urbano de la ciudad.
Para que Ripoll pueda revalidar el cargo tiene que obtener previamente el acta de concejal. De no hacerlo por la capital, tendría que buscar acomodo en la candidatura de otro municipio de la provincia.
Por otro lado, las revelaciones sobre el patrimonio de Ripoll, llevaron al Grupo Socialista en la Diputación a pedir su dimisión y a que explique el origen de esos ingresos.
www.elpais.es 02.04.11
44) C.VALENCIANA: EL ALCALDE DE BORRIOL ADMITE QUE PAGÓ CON DINERO PÚBLICO SU DEFENSA
El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), admitió ayer ante un jurado haber utilizado fondos de las arcas municipales para pagar su defensa jurídica en una demanda contra un medio de comunicación. Santamaría alegó que, aunque la demanda se presentó en su nombre, lo hizo en representación del Ayuntamiento al considerar que la información "dañaba" la imagen del Consistorio. Sin embargo, el alcalde no supo explicar por qué en la misma demanda figura él mismo y no el Ayuntamiento como destinatario de los 30.000 euros que reclamaba como indemnización en una causa que luego perdió. "Lo hubiera cobrado el alcalde [es decir él] para el Ayuntamiento", dijo ayer.
Adelino Santamaría se sentó en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de malversación de fondos públicos, del que le acusa la fiscalía y por el que pide una pena de prisión de tres años y medio e inhabilitación absoluta durante siete años. Según el escrito de acusación de la fiscal, los costes del juicio que perdió Santamaría y los honorarios del abogado que lo defendió, que ascienden a algo más de 10.000 euros, "se abonaron con cargo a las arcas municipales, siendo ello improcedente por cuanto el acusado actuó en el referido pleito en su nombre propio y no como alcalde".
Un tribunal popular dirimirá hoy la inocencia o culpabilidad del alcalde, que trató de retrasar el juicio alegando un ataque de gota, por lo que ayer apareció en el juzgado ayudado por una muleta. Le acompañaban otros alcaldes del PP, diputados provinciales, vicepresidentes de la Diputación de Castellón y la secretaria general del PP, Marisol Linares.
El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), se amparó ayer en que los pagos realizados, a través de dos decretos firmados por él mismo, por su defensa jurídica en una demanda contra un medio de comunicación no tuvieron reparos de los técnicos y funcionarios municipales.
Según Santamaría, antes de interponer la demanda les pidió a los técnicos que estudiaran la posibilidad de emprender acciones legales contra un medio de comunicación local porque "dicha información pretendía hacer daño al alcalde y al Ayuntamiento, es decir, a la Corporación política que gobernaba". Ayer, ante el jurado que ha de decidir si es culpable o no de un delito de malversación de caudales públicos, alegó que aunque pensó que actuaba en nombre del Ayuntamiento, no pidió autorización al pleno municipal "porque existía una partida presupuestaria" para hacer frente a este gasto, aunque no supo definir de qué partida se trata.
Además, Santamaría se defendió insistiendo en que la sentencia de aquella demanda, que perdió, sostiene que por su "posición de alcalde estaba sujeta a todas las críticas".
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Santamaría, que, de momento, está previsto que repita como candidato a la alcaldía de Borriol por el PP, justificó además no conocer los términos en los que se presentó la demanda: "Si me tengo que leer todo lo que firmo...", alegó. Un nutrido grupo de miembros de la Diputación de Castelló arropó ayer al alcalde en el primer día de juicio.
www.elpais.es 06.04.11
45) LA PORTAVOZ DEL PP DE ALBORAIA ROMPE CON EL ALCALDE
La número dos del PP de Alboraia, Carmen Peris, anunció ayer que rompe con el alcalde popular Manuel Álvaro y se da de baja en el partido.
Peris, que también ocupaba el puesto de primera teniente de alcalde y portavoz popular municipal, indicó ayer que deja el PP, donde ostentaba la secretaría local. La concejal justificó su decisión en un comunicado por desavenencias con el alcalde. Las discrepancias las justifica Peris en la incorporación del alcalde a la empresa privada, la presentación de un expediente de regulación de empleo que afecta a decenas de empleados del Ayuntamiento de Alboraia y la presentación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, decisión que conoció cuando se anunció su exposición pública.
Por otra parte, dirigentes de Nuevas Generaciones de la provincia de Valencia afines al vicepresidente Juan Cotino denunciaron ayer una falsificación de avales al congreso nacional por parte de la secretaria de Juventud, Belén Hoyos, afín al presidente provincial, Alfonso Rus.
www.elpais.es 06.04.11
46) C. VALENCIANA: UNA TERTULIANA DE CANAL 9 DEFIENDE QUE BERLUSCONI TENGA SEXO CON MENORES
La tertulia del programa Bon Dia Comunitat Valenciana, que dirige Xavier Carrau, se convirtió ayer en un gallinero cuando la periodista y asesora de comunicación Rocío Casanova quiso "romper una lanza a favor, no ya de Berlusconi [presidente italiano], sino por cualquier señor que tenga relaciones con una señorita de este tipo". El argumento de la tertuliana es que "a la menor de edad nadie le puso un puñal en el pecho para irse con Berlusconi y nunca dijo que era menor de edad, escondió información, y me da igual que sea Berlusconi o Pepito de los palotes". Un contertulio alcanzó a intervenir: "Me choca que esto lo diga una mujer", dijo. Y la periodista contestó: "Nadie le obliga [a la menor] a irse con él [Berlusconi]".
La secretaria de Igualdad de los Socialistas de la provincia de Valencia, Anaïs Menguzzato, calificó ayer de "absolutamente repugnante" la permisibilidad con la que la televisión pública valenciana y más concretamente este programa permitió a esta tertuliana de este programa "haga apología de la prostitución de menores y se queden tan tranquilos" y defender al primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, acusado del delito de prostitución con una menor.
Para la responsable socialista, estas afirmaciones deberían "ser castigadas y no deberían tolerarse en una televisión pública". Menguzzato lamentó estas opiniones, "permitidas y consentidas desde la dirección del ente por su director, José López Jaraba. Estas actitudes fomentan la comisión de delitos como es el abuso de poder y tener relaciones sexuales con menores a cambio de dinero". El PSPV considera que estos contenidos "en una la televisión pagada por todos la sitúa al límite de la ilegalidad".
www.elpais.es 07.04.11
47) C.VALENCIANA: EL ALCALDE DE PAIPORTA Y UN LETRADO AL QUE CONTRATA SON ABOGADOS DE BLASCO
Ibor y el nuevo abogado de Emarsa llevan querellas contra diputados de la oposición
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Vicente Ibor Asensi es alcalde de Paiporta por el PP. Desde la alcaldía ha contratado a dedo reiteradamente al abogado José Antonio Prieto Palazón, lo que ha sido denunciado a la fiscalía por la concejal de Compromís Isabel Martín, a la que el munícipe presentó una querella por haberle atribuido prevaricación y tráfico de influencias y haber declarado que "es notoria la amistad" que le une al letrado. Ibor y Prieto Palazón hacen pareja profesional en la representación del portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, en las querellas que promueve contra varios diputados de la oposición.
Así consta en un documento notarial del 8 de febrero en el que Blasco otorga poderes a Ibor y a Prieto Palazón "para interponer querella" contra el portavoz socialista Ángel Luna, la diputada del mismo grupo Clara Tirado, la diputada de Compromís Mireia Mollà, los también diputados de Compromís Mònica Oltra y Enric Morera "y cualquier otra persona que pudiera surgir a lo largo de la instrucción". Hasta ahora, Blasco solo ha iniciado, con los preceptivos actos de conciliación, la actuación contra Luna, Tirado y Mollà. El primero no acudió al acto de conciliación en Alicante, la segunda sí lo hará hoy en Elche y la tercera está citada para inicios del próximo mes de mayo en Castellón. Blasco pretende querellarse contra los diputados de la oposición por injurias y calumnias en respuesta a las denuncias sobre irregularidades en las subvenciones de su departamento en materia de cooperación al desarrollo, que han formulado ante la Fiscalía Anticorrupción (la cual ha abierto sendas investigaciones) y en intervenciones públicas,
Según la concejal de la Coalició Compromís en Paiporta Isabel Martín, solo en 2009, Prieto Palazón cobró 216.000 euros del Ayuntamiento de la localidad, que preside su colega Ibor. Los encargos de defensa jurídica de la institución municipal se hicieron por adjudicación directa mediante contratos menores, lo que la concejal considera una irregularidad. El alcalde alegó que la designación directa para cada caso concreto es la "única forma para garantizar la comparecencia en juicio dentro de los plazos establecidos por las leyes procesales".
Prieto Palazón, además, es el abogado al que Enrique Crespo, alcalde de Manises por el PP y presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), encargó que redactara la ampliación de la querella por el fraude millonario en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa) tras descartar el escrito preparado por el bufete contratado inicialmente porque pedía condenas de cárcel a los directivos. Crespo alegó que su decisión de resolver el contrato inicial y encargar a otro abogado la ampliación de la querella obedecía a la necesidad de contar "con un jurista de reconocido prestigio y especializado en la materia penal como es don José Antonio Prieto Palazón".
Tras ese cambio de abogados, la ampliación de la querella ha evitado solicitar penas de cárcel para el que fuera director gerente de la depuradora de Pinedo, Esteban Cuesta, miembro de la dirección del PP de la ciudad de Valencia, y el director financiero, Enrique Arnal, que fue concejal en Moncada.
Las querellas para las que Blasco ha otorgado poderes al alcalde de Paiporta y al abogado que contrata ese Ayuntamiento habitualmente tienen un carácter estrictamente particular. La minuta de ambos tendrá que pagarla el consejero de su propio bolsillo, dado que no puede cargar el coste de las acciones judiciales a la Generalitat.
Abogados de Blasco
- Querellas. Rafael Blasco emprende acciones por injurias y calumnias contra los socialistas Ángel Luna y Clara Tirado y la diputada de Compromís Mireia Mollà.
- Abogados. Los abogados de Blasco son Vicente Ibor y José Antonio Prieto Palazón.
- Paiporta. Ibor es alcalde de Paiporta por el PP y contrata de forma directa a Prieto Palazón. Según Compromís, el letrado cobró en 2009 más de 216.000 euros de Paiporta.
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- Emarsa. Prieto Palazón se encargó de la ampliación de querella que evitó pedir cárcel a cargos del PP en la depuradora de Pinedo.
www.elpais.es 07.04.11
48) C. VALENCIANA: EL CÓDIGO DEL PP AVALA LLEVAR UN IMPUTADO EN LA LISTA, SEGÚN BARBERÁ
"Jorge Bellver va de número tres. Y va de número tres porque con eso quiero expresar mi máximo apoyo de todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia. El máximo apoyo de todos sus compañeros de candidatura. Y el máximo apoyo de toda la estructura del partido en Valencia, en la Comunidad Valenciana y en España", declaró ayer la alcaldesa Rita Barberá.
Bellver, su concejal de Urbanismo, se sentará en unas semanas en el banquillo acusado de un supuesto delito de prevaricación: autorizar obras en un entorno protegido (los Jardines de Monforte) omitiendo el informe del servicio de Patrimonio de la Generalitat. El fiscal ha pedido ocho años y medio de inhabilitación para cargo público porque sospecha que la omisión fue consciente.
¿No contradice su candidatura el código ético del PP? "En absoluto contradice nada. Al revés", respondió Barberá. "No hay ninguna causa que no sea puramente un hecho administrativo, defendido por los técnicos municipales", dijo. Recordó, sin embargo, que los cuatro técnicos que participaron en el expediente también se sentarán en el banquillo.
[En Madrid, el líder del PP, Mariano Rajoy, respondió a los periodistas: "¿Costa? ¿Quién es Costa?" Se le preguntaba si confirmaría en la lista autonómica a Ricardo Costa, imputado por corrupción].
www.elpais.es 08.04.11
49) C. VALENCIANA: MOLLÀ ECHA EN CARA A BLASCO QUE NO ACUDA AL ACTO DE CONCILIACIÓN
La diputada de la Coalició Compromís Mireia Mollà echó ayer en cara al portavoz popular en las Cortes Valencianas y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, que "no haya tenido la valentía" de presentarse en el acto de conciliación previo a la querella por injurias y calumnias que promueve contra la parlamentaria por sus denuncias públicas de las irregularidades que investiga la fiscalía en las subvenciones a proyectos de cooperación. "No tiene ningún problema en emprender acciones legales con la finalidad de silenciar las voces críticas contra su gestión y después no es capaz de dar la cara ante la persona a la que trata de callar", dijo Mollà.
Objetivo de las querellas de Blasco junto al portavoz socialista, Ángel Luna, y la también diputada socialista Clara Tirado, Mollà dijo que "es una paradoja que el PP critique a la oposición por judicializar la vida política y después sea el primero en interponer querellas de este tipo. Una cosa es denunciar actividades irregulares como las que se han encontrado en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía y otra inventarse un complot, como ha hecho Blasco".
La diputada de Compromís no se avino ayer en un juzgado de Elche a conciliación alguna con Blasco, que estuvo representado por sus abogados, Vicente Ibor y José Antonio Prieto Palazón. Ibor es alcalde de Paiporta por el PP y contrata habitualmente a dedo a Prieto Palazón para representar los intereses del Ayuntamiento. La concejal de Compromís en Paiporta Isabel Martín lo denunció ante la fiscalía porque incumple la legislación en contrataciones públicas. Según la edil, el letrado cobró más de 216.000 euros del Ayuntamiento de Paiporta en 2009.
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Abogado de Emarsa
Prieto Palazón también ha sido contratado por el alcalde de Manises y presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Enrique Crespo, del PP, para redactar la ampliación de querella por el fraude en la empresa pública Emarsa. El encargo se hizo tras descartar el escrito preparado por el bufete contratado inicialmente, que pedía prisión provisional para dos directivos de la depuradora de Pinedo.
Mireia Mollà apuntó que ciertas estrategias "lo que hacen es evidenciar quién juega sucio" y aseguró que Compromís continuará fiscalizando la tarea del Consell "por encima de los obstáculos que quieran poner".
www.elpais.es 08.04.11