boletín 0002

HERMES COMUNISTA BOLETIN QUNCENAL DEL ÁREA INTERNACIONAL DEL

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

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Boletín Hermes Comunista, es una publicación quincenal del Área de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Colombiano. Las opiniones expresadas en esta publicación corresponden exclusivamente a sus autores y no comprometen de ninguna manera a sus editores.

Director: Sergio De Zubiría Samper. Editor: Álvaro Botero Cadavid.

BOLETÍN 0002; MAYO 15 – 31 / 2014

EDITORIAL

Paralelamente a un ascenso importante de la lucha de clases en Colombia, especialmente la lucha

agraria, estudiantil y por el derecho fundamental a la salud, se realiza en el 2014 el proceso electoral

para la designación presidencial. La primera vuelta en el mes de marzo ha estado caracterizada por

síntomas de degradación de los partidos y grupos sociales dominantes, con una cadena de escándalos

de carácter ilegal y criminal. Manifestaciones de una crisis en maduración de legitimidad y

representatividad de los sectores de las clases dominantes.

Los sectores de izquierda y oposición han obtenido, en esta primera vuelta, en una alianza entre el Polo

Democrático Alternativo y la Unión Patriótica, un porcentaje del 15.23 %, equivalente a 2.012.797 votos

Una votación importante, pero que aún no ha permitido ingresar a la segunda vuelta presidencial. La

abstención y el voto en blanco, también ha registrado indicadores históricos al acercarse a un porcentaje

del 66 %. La segunda vuelta presidencial se desarrollará el 15 de junio, enfrenta a dos candidatos de

derecha, Oscar Iván Zuluaga/Juan Manuel Santos, y estará marcada por el debate sobre la solución

política del conflicto colombiano. Los comunistas colombianos han mantenido como parte de su legado

histórico la defensa de una solución a este conflicto que este 27 de marzo ha pasado de cinco décadas.







UNIDAD PARA CONSOLIDAR LA VÍA DE LA SOLUCIÓN POLÍTICA Partido Comunista Colombiano Jueves, 29 Mayo 2014 En la hora actual no solo la derecha puede decidir en la definición del futuro. La coalición de izquierda y la fórmula de Clara y Aida mostraron con dos millones de votos que las fuerzas democráticas no pueden seguir siendo subestimadas ni excluidas. Desde su compromiso unitario, la Unión Patriótica, la JUCO y el PCC han hecho un aporte sustantivo a la credibilidad de la unidad.

La paz estable y duradera no está desconectada de los anhelos de justicia social, de los reclamos de mayor igualdad, ni de los objetivos de la lucha agraria y popular. En ocho años de gobierno uribista, de satanización a los derechos humanos y a los opositores, de militarización intensa y fanatizada del país fracasó la llamada seguridad “democrática”, nombre con el que se bautizó la solución militar como vía para finalizar la guerra. La posibilidad de un retorno de las mafias narcoparamilitares al gobierno estremece a la sociedad. Santos asumió una vía para el diálogo en medio de la guerra pero su gobierno ha creado una idea de la paz desconectada de la solución a las justas reivindicaciones del paro agrario, de las movilizaciones de la salud, de la educación o de las garantías democráticas para la protesta social. Indigna la coincidencia y testarudez de las dos corrientes del régimen en defensa del modelo socioeconómico del Banco Mundial, de los TLC, del fuero militar, de la impunidad, de la precarización laboral y su tolerancia frente a la corrupción. La lucha por la paz es inseparable de la solución a las justas banderas del pueblo trabajador, de los movimientos etnosociales, de la mujer, de la juventud y de los centenares de miles de víctimas de la guerra. La lucha por la paz exige batallar por una real apertura democrática, por garantizar el ejercicio de nuevas libertades a millones de compatriotas marginados de su derecho como constituyentes primarios. La lucha por la paz es actuar por la amistad, el respeto a la autodeterminación de los países hermanos de Venezuela y Ecuador sin desestabilizaciones inducidas desde el imperio y las derechas, la búsqueda de un acuerdo amistoso y definitivo con Nicaragua y la renuncia a los despliegues bélicos, la carrera armamentista y al intervencionismo de Estados Unidos en Colombia y la región. Por ello la tarea del movimiento popular es reunir todas las energías, las corrientes organizadas, las organizaciones populares en un Frente amplio para apoyar la vía de la solución política, rodear el proceso de diálogo de La Habana, continuar trabajando para crear las condiciones de un proceso constituyente que refrende la paz y construya las reformas que requiere la nueva Colombia. El interés superior de la paz exige que el pueblo distinga y actúe en medio de las contradicciones de sus enemigos. Como opositores al gobierno actual y al régimen político que lo sustenta convocamos a la movilización popular, a la denuncia, a la resistencia y a la utilización del voto en la coyuntura electoral del 15 de junio como una forma de lucha de la izquierda en defensa de la paz, de la vida y en repudio al genocidio.

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO Bogotá, mayo 27 de 2014







Intervención de la delegación de la CUT sustentando la inclusión de Colombia en la lista

de casos de la Comisión de Aplicación de Normas de la 103 Conferencia Internacional del

Trabajo

“Colombia no es un país en progreso,

continúa el grave incumplimiento de las

Normas Internacionales del Trabajo de la

OIT”

Colombia, lejos de ser un caso en progreso, como el Gobierno ha hecho creer a la Oficina de la OIT, es un caso estancado, y en algunos temas deteriorado. La inspección laboral es en la práctica inexistente, se crean nuevas formas para impedir el ejercicio de la actividad sindical, persiste la violación a los derechos esperados para un trabajo decente y las cifras laborales aún son de las más precarias del mundo.

Colombia, desde el año 1985, ha comparecido en 29 ocasiones a la Comisión de Aplicación de Normas, 21 de ellas sobre el convenio 87 y 98. Desde el año 2010, no se ha vuelto a examinar el caso de Colombia debido a que en el año 2010, el gobierno de Colombia acepto la visita de una Misión de Alto Nivel, la cual se llevó a cabo en febrero de 2011 y tanto la Comisión de Expertos como la Comisión de Normas le han dado un compás de espera al gobierno colombiano para que implemente las conclusiones de esta Misión. Han transcurrido cuatro Conferencias sin que se examine la situación de Colombia, y son casi inexistentes los cambios en la realidad laboral y sindical de Colombia, por ello la CUT llega a esta Conferencia esperanzados en que la OIT seguirá

actuando en la situación de Colombia, y en particular esperamos: 1. Que la Comisión de Normas, examine la aplicación del Convenio 81 en Colombia 2. Que la oficina de la OIT evalué el cumplimiento de las conclusiones de la misión de Alto Nivel que visito Colombia en Febrero de 2011. 4. Que la Comisión de Expertos retome todas las cuestiones legislativas pendientes sobre la aplicación de los convenios 87 y 98 3. Que el Comité de Libertad Sindical fortalezca sus conclusiones y recomendaciones en los casos que son presentados por organizaciones sindicales colombianas.

Lo primero que debe conocer el mundo del trabajo, presente en la 103° Conferencia Internacional del Trabajo es que los indicadores del mercado laboral en Colombia continúan siendo muy precarios: Desempleo cercano al 10%, informalidad cercana al 68% siendo la cuarta más alta de toda la región, Desempleo juvenil del 19%, desempleo femenino del 13,7%, apenas 36 de cada 100 trabajadores cuentan con una relativa protección social: 46 en salud, 40 en riesgos profesionales, 36 en cesantías y 31 en pensiones; esto necesariamente incide en que Colombia siga siendo uno de los países más desiguales del mundo con un índice Gini de 0.539. 1. El Sistema de Inspección en el Trabajo es totalmente insuficiente para prevenir y







sancionar la violación de normas laborales y por el contrario garantiza la impunidad y con ello la continuidad del irrespeto a los derechos de los trabajadores. El Sistema de Inspección del Trabajo en Colombia cuenta con tantos inconvenientes que nuestro país está incluido por el Convenio 81 de la OIT, en la lista corta de países propuestos por la CSI para conformar la lista de 25 a ser llamados por la Comisión de Aplicación de Normas de la CIT este año. 2. Todo el sistema de inspección es una línea recta de falencias: i) El número de inspectores de trabajo en Colombia es muy bajo, de acuerdo al Ministerio, la planta de inspectores pasó de 424 en 2010 a 904 en 2013[1]. No obstante, existe mucha inconsistencia en diversos informes del despacho del Ministerio sobre el verdadero número de inspectores activos. En junio de 2013, el Ministerio de Trabajo estableció una meta para 2013 de tener 622 inspectores activos[2]; en otro informe de audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio, publicado en 2013, con datos hasta septiembre del mismo año, se habla de la creación de 171 nuevos puestos para inspectores, para un total de 624 cargos de inspectores activos[3]; finalmente, mediante respuesta a petición, hecha en nombre de la ENS (número 17001), el Ministerio establece que a febrero de 2014, habían 685 inspectores del trabajo; ii) De los 685 inspectores, 586 fueron nombrados en provisionalidad, es decir sin un sistema de carrera o méritos, ni estabilidad, independencia y sin cumplir lo establecido en los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los pocos inspectores laborales no tienen estabilidad laboral, en su mayoría están nombrados en provisionalidad lo que implica que no cuentan con estabilidad laboral alguna (De 100 inspectores vinculados en 2012, en seis meses

más de cincuenta habían renunciado al cargo) ni con independencia y objetividad en el desarrollo de sus funciones; sus salarios son muy bajos en relación con su responsabilidad, de forma tal que están expuestos al flagelo de la corrupción; iii) No se garantiza la formación profesional y experiencia de los inspectores del trabajo pues su ingreso no se está dando por concurso público; iv) Gran parte de la inspección en el trabajo está dedicada a la conciliación de conflictos lo que implica que no dedica todo el esfuerzo que amerita la verdadera inspección e investigación administrativa; v) Los mayores “logros” que menciona el gobierno frente a la inspección del trabajo es la capacitación de los funcionarios, pero la misma CEACR reconoce que aunque ésta se esté dando, la formación no ha mostrado ningún resultado en su aplicación. Además de ello, por qué celebra el gobierno colombiano capacitar a inspectores del trabajo cuyo número es absolutamente insuficiente en comparación con los trabajadores y con los conflictos laborales y que además no cuentan con estabilidad laboral lo que implica una inversión en personal que muchas veces termina trabajando para los mismos empleadores. vi) El Ministerio no cuenta con un sistema de información sobre los conflictos laborales en su conocimiento, no sabe cuántos procesos de investigación tiene en curso y en qué etapa se encuentran, ni siquiera conoce cuáles son los inspectores que están conociendo de los mismos; pese a que el Gobierno lleva años prometiendo implementar un sistema de información, la misma CEACR ha solicitado en los últimos informes al Gobierno colombiano: “el diseño y puesta en marcha de un sistema de







información sobre la inspección en el trabajo, y pese a que el Gobierno siempre ha informado estar diseñándolo, hasta el momento no se cuenta con tal sistema”[4]. vii) De los casos puestos en conocimiento del Ministerio del Trabajo, sólo una mínima parte llega a solución de fondo y de éstos, sólo un mínimo a sanción a los empleadores incumplidos. En los últimos tres años el Ministerio del Trabajo sólo ha impuesto 68 sanciones por actos atentatorios contra la libertad sindical, y las multas en ningún caso han sido pagadas

2. Continúan las limitaciones al ejercicio de la Libertad Sindical en Colombia: La sindicalización no supera el 4% de la clase trabajadora mientras que la negociación colectiva no beneficia a más del 3%.

Además de la política antisindical que persiste en Colombia, por parte de los empleadores deben mencionarse dos principales obstáculos para la asociación sindical: i) El ocultamiento de verdaderas relaciones laborales por medio de la tercerización laboral, ejercida por todo tipo de figuras jurídicas y uso indebido de Pactos Colectivos (contratos colectivos con trabajadores no sindicalizados) y planes de beneficios. iii) La inacción del Estado frente a las múltiples y graves actos de discriminación antisindical para la tercerización laboral las figuras utilizadas son entre otras, las Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades Comerciales de diferentes tipos y últimamente el uso de “falsos sindicatos” para firmar Contratos Sindicales.

Aunque se han tomado medidas para limitar la tercerización que ejercían las Cooperativas de Trabajo Asociado, éstas han mutado en otro tipo de figuras: muestra de ello es que de forma coincidente, mientras las CTA

que venían desarrollando intermediación laboral ilegal fueron prohibidas por el Decreto 2025 de junio de 2011 y son forzadas a su liquidación, los intermediadores optaron por reiniciarlas como Contratos Sindicales[5]; prueba de ello es que mientras en los años 2010 y 2011 apenas se celebraron 114 Contratos sindicales, luego de las supuestas liquidaciones de las CTA se “celebraron” para los años 2012 y 2013, 791 nuevos “sindicatos” y se celebraron 1582 contratos sindicales, esto es un aumento inexplicable de contratos sindicales de casi 1.400%. En 2012 en un solo departamento de Colombia, 24 sindicatos intermediaban laboralmente a más de 3000 trabajadores de la salud por medio de contrato sindical.

Otro tipo de contratación para flexibilizar la relación laboral es el Contrato de Prestación de Servicios, figura jurídica del Contrato Civil o Comercial mediante la cual se vincula trabajadores subordinados pero sin protección real de seguridad social, sin prestaciones sociales, sin garantías laborales y a partir del cual en la práctica impiden la afiliación sindical y negociación colectiva.

Sea cual sea el tipo de figura por la que opten los empleadores (privados y públicos) la realidad es que se trata de fachadas legales para ocultar verdaderas relaciones de trabajo, dando como resultados que en Colombia las relaciones laborales informales y/o ilegales constituyen el 68%, lo que se traduce en la práctica, en un gran obstáculo para la sindicalización y la negociación colectiva para más de la mitad de los trabajadores en Colombia, el 32% restante se enfrenta a los demás obstáculos para el ejercicio de la Libertad Sindical.

ii) El uso indebido de los Pactos Colectivos y planes de beneficios, en la gran mayoría de los casos los empleadores ocultan, en una supuesta negociación colectiva con los trabajadores no sindicalizados, el verdadero otorgamiento







unilateral de derechos extralegales para: a) evitar el surgimiento de sindicatos; b) contener el desarrollo de los sindicatos o perjudicar sus conquistas incitando su extinción y; c) debilitar sindicatos mayoritarios de forma tal que dejen de tener la capacidad de negociación y huelga con la que cuentan

En Colombia se permite la coexistencia en una misma empresa de pactos colectivos y convenciones colectivas de trabajo, lo que implica en la realidad el uso de los primero para evitar la sindicalización y para impedir la negociación colectiva sindical. En los últimos tres años se han celebrado 799 Pactos Colectivos, casi la misma cifra de convenciones colectivas de trabajo. iii) Son muchísimos los casos de violación a la libertad sindical, que no son prevenidos, ni sancionados por las instituciones del estado, ni la fiscalía General de la Nación, ni el Ministerio del trabajo actúan para prevenir y sancionar. El mejor ejemplo es la ausencia total de aplicación del artículo 200 del Código Penal, hasta el momento, a pesar de haberse presentado más de 300 denuncias, no hay ningún juicio y mucho menos sanciones.

3. El tripartismo en Colombia no funciona como el Gobierno afirma. El Gobierno colombiano ha tratado de convencer a la comunidad internacional de que los temas laborales están siendo concertados de forma tripartita en Colombia, lo cual es una mentira. Si bien se ha dinamizado la Comisión Nacional de Concertación, esta sólo está funcionando como un Foro de Discusión, es un Diálogo Social Inútil; de ésta no ha salido concertado ni un solo proyecto de ley laboral, no hemos logrado que el Gobierno desista de ninguna ley de su iniciativa que al unísono hemos considerado los sindicatos, son perjudiciales para la ciudadanía [6]; no se ha discutido ni mucho menos concertado ninguna política pública de empleo.

Lo que ocurre en la Comisión de Concertación es que el Gobierno informa sus decisiones ya tomadas.

El Gobierno menciona como logros la

expedición de leyes, cuando la realidad es que éstas no están siendo aplicadas o sus efectos no están incidiendo en las condiciones laborales en Colombia. Ejemplo de ello es la “Ley de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres” que no ha sido reglamentada por culpa del Ministerio del Trabajo y pese a haber sido expedida hace más de tres años, no ha sido aplicada, no se ha impuesto ni una sola sanción por su violación. Estas leyes que tanto celebra el Gobierno no van más allá del papel, mientras las carencias reales de los trabajadores en Colombia siguen siendo críticas.

4. La Violencia antisindical persiste y reina la impunidad. Desde 1977 han sido asesinados 3052 sindicalistas, durante el actual gobierno 115 sindicalistas han sido asesinados. La violencia contra sindicalistas continuó siendo una característica de la actividad sindical en Colombia, sin que existan avances significativos en las investigaciones, condenas y capturas de los responsables. Frente al delito de homicidio existe un porcentaje de impunidad del 86,8%; el delito de amenaza, que constituye la violación más sufrida por los sindicalistas [7], tiene a su vez el más alto índice de impunidad con el 99,9%. Los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado y secuestro, arrojan un porcentaje de impunidad del 99,6%, 99,5% y 90,6% respectivamente. En general, frente a delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos tenemos que la impunidad en casos de sindicalistas es altísima, promediando el 96,7%.[8]

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA BECERRA FABIO ARIAS GIRALDO Presidente CUT







Secretario General CUT ________________________________ [1] “‘Fue un gran acierto haber creado el ministerio del Trabajo’: Presidente Santos”. 3 de marzo de 2014. http://www.mintrabajo.gov.co/marzo-2014/3069-qfue-un-gran-acierto-haber-creado-el-ministerio-del-trabajoq-presidente-santos.html. [2] Ministerio de Trabajo. Informe de actividades 2012-2013, al Honorable Congreso de la República. 2013. [3] Informe de audiencia pública de rendición de cuentas del Ministerio del Trabajo publicado en 2013, cobertura e inspección. Página 10. [4] Informe CEACR 2014. [5] Nombrados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, “Sindicalismo Empresarial”. [6] Reforma Tributaria, Ley de Salud, Ley de Protección al Cesante, Reforma pensional, entre otras. [7] La ENS ha registrado, en los últimos 37 años, 13231 hechos de violencia en contra del sindicalismo, 6262 de estas son amenazas. De estas, sólo han sido sancionados cuatro casos. [8] Por no contar con información detallada sobre las víctimas y el tipo de sentencia a marzo de 2014, se calcularon porcentajes de impunidad con datos a octubre de 2013. Se realizó una comparación entre el número de sentencias para cada delito y el número de casos registrados en el Sistema de Información en Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, partiendo de la base de que en todos los casos en los que se emitieron sentencias hubo avances en materia de impunidad y sabiendo que muchos casos siguen abiertos en diferentes etapas procesales. Desde 1977, la ENS ha registrado 13.231 violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los sindicalistas, entre éstas 3.034 asesinatos.


http://www.mintrabajo.gov.co/marzo-2014/3069-qfue-un-gran-acierto-haber-creado-el-ministerio-del-trabajoq-presidente-santos.html

http://www.mintrabajo.gov.co/marzo-2014/3069-qfue-un-gran-acierto-haber-creado-el-ministerio-del-trabajoq-presidente-santos.html






Las Zonas de Reserva Campesina, una herramienta para la paz

Análisis de Alfredo Molano

Miércoles 14 de mayo de 2014

El sociólogo Alfredo Molano lleva toda su vida recorriendo el país rural. Conoce como nadie el mundo campesino y sus necesidades y posibilidades, pero también sus dificultades. Molano es uno de los conceptualizadores de la figura de las Zonas de Reserva Campesina y junto al antropólogo Darío Fajardo realizaron una propuesta a partir del análisis de las experiencias de comunidades de colonos campesinos cocaleros durante los paros de los años 90, que fue acogida por el ministro de Agricultura José Antonio Ocampo en el gobierno de César Gaviria e incorporada a la Ley 160. La Ley fue reglamentada en 1994 en el gobierno Samper con Cecilia López como ministra de Agricultura y busca garantizar la permanencia y la actividad económica de comunidades campesinas en tierras baldías donde han estado asentadas durante años. Se busca también evitar la acumulación de la propiedad en estas zonas de producción parcelaria.

LEER MÁS EN: OXFAM, Alfredo Molano


http://prensarural.org/spip/spip.php?auteur3013






Acuerdo sobre Cultivos Declarados Ilícitos,

Consumo de Drogas y Narcotráfico Agencia Prensa Rural / Viernes 16 de mayo de 2014

La Habana, Mayo 16 de 2014

Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que:

Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", tercero en discusión, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”

Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del punto 4 del Acuerdo General:

Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. Programas de prevención del consumo y salud pública. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.

Consideramos que:


http://prensarural.org/spip/spip.php?auteur1






El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio.

La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas.

La producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales ha tenido graves efectos sobre la población colombiana, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno.

El fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas.

Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencia de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico.

Esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia, que diferencie en su tratamiento el fenómeno del consumo y el problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico.

Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este problema de carácter transnacional.

Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros estados y deben asegurar la acción coordinada en el marco de la cooperación internacional, en la medida en que la solución al problema de las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los Estados.

Hemos acordado que para construir soluciones sostenibles, garantizar los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema, la política que se emprenda debe tener un enfoque territorial basado en la participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en términos de efectividad, eficiencia y transparencia, especialmente de las instituciones responsables de la atención social y de las







responsables de la seguridad y protección de las comunidades, ambas con un enfoque de derechos humanos.

Que esas políticas darán un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y los consumidores de drogas ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales.

Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan.

Frente al primer sub-punto Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito hemos acordado que el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, como parte de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral, y con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al de problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio.

Acordamos que la transformación de los territorios y las alternativas para las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, partirán de la construcción conjunta y participativa entre estas y las autoridades nacionales, departamentales y municipales, de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza.

El Programa requiere la más amplia participación de las comunidades, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, mediante un proceso de planeación participativa.

Se garantizará la participación de la mujer.







Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir.

Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias serán la base para la construcción de los planes municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales. En el marco del plan municipal y teniendo en cuenta las propuestas de las respectivas asambleas, se elaborarán los planes comunitarios, que serán parte integral del mismo. Tanto los planes municipales como los comunitarios se construyen entre las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y el Programa, como autoridad nacional competente.

El plan municipal que integra las propuestas de las comunidades y está constituido por los planes comunitarios será la base para la ejecución del Programa.

Para la ejecución de los planes de sustitución se privilegiará la contratación de las organizaciones comunitarias y se promoverá la generación de empleo en las áreas de aplicación del mismo.

Las medidas de apoyo por parte del Programa estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra. Lo anterior en el entendido de que el proceso de sustitución y su sostenibilidad requieren del apoyo del Gobierno en los términos acordados con las comunidades. En todo caso deberá existir un compromiso pleno de no cultivar ni de estar involucrado en labores asociadas al cultivo, ni de participar en las comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los cultivos de uso ilícito.

En los casos donde, en el marco de la suscripción de los acuerdos con las comunidades en el marco del Programa, haya algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos sin que medie caso fortuito o fuerza mayor a pesar de los esfuerzos del Programa y de las comunidades de persuadirlos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades.

En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las FARC-EP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación esta debe ser manual.

La protección de las comunidades, la garantía de derecho a la vida y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del Acuerdo Final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.

Este es un propósito mancomunado al que contribuirán Gobierno y FARC-EP por diferentes medios y en lo que le corresponda a cada cual, incluyendo el suministro de información en los términos que se







consignen en el Acuerdo Final y como parte del compromiso mutuo con el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En cuanto al segundo sub-punto de la Agenda Programas de prevención del consumo y salud pública acordamos que la solución requiere del compromiso y el trabajo conjunto entre las autoridades, la comunidad y la familia en torno a una política de promoción en salud, prevención, atención integral e inclusión social, con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes.

La política frente al consumo de drogas ilícitas debe ser una prioridad y una política de Estado que requiere, entre otros, el fortalecimiento de las capacidades, tanto nacionales como territoriales, en el marco del sistema de protección social, y la disposición correspondiente de recursos.

Acordamos que el Gobierno creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas como una instancia de alto nivel, para articular las instituciones con competencia en la materia y coordinar un proceso participativo de revisión, ajuste y puesta en marcha de la política frente al consumo.

La política nacional frente al consumo de drogas ilícitas tendrá un enfoque de derechos humanos y de salud pública, un enfoque diferencial y de género, se fundamentará en la evidencia y se construirá e implementará con participación de las comunidades.

Para garantizar la revisión y el ajuste participativo de la política frente al consumo con base en los principios antes descritos, el Gobierno creará una instancia nacional con representantes de las autoridades con competencia en el tema, instituciones científicas, centros especializados, instituciones educativas, asociaciones de padres de familia, comunidades religiosas y consumidores.

Acordamos también diseñar y poner en marcha un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.

Con base en la política y los análisis territoriales sobre el consumo de drogas ilícitas, el Programa promoverá el desarrollo de capacidades de las autoridades locales y las apoyará en la formulación y ejecución participativa de planes de acción departamentales y municipales frente al consumo, de acuerdo con las particularidades de los territorios y diferentes grupos poblacionales.

En cuanto al tercer sub-punto Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos acordamos que como parte del compromiso de intensificación de la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de proteger tanto a las comunidades y el buen desarrollo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como la implementación de los acuerdos en el territorio de la amenaza del crimen organizado, y en general de desarticular las redes de estas organizaciones, el Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia de política criminal, en forma paralela a la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción, que fortalezca y cualifique la presencia y efectividad institucional y concentre sus capacidades en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización o agrupación criminal relacionados con la producción y comercialización de drogas ilícitas, siempre considerando el tratamiento diferenciado que se debe dar a los campesinos y pobladores rurales vinculados a la explotación de los cultivos de uso ilícito.







Acordamos la puesta en marcha de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos que incluye la identificación de la cadena de valor del narcotráfico mediante un proceso de mapeo del delito por parte de un grupo de expertos, la formulación de un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas que permita, entre otros, adecuar donde sea necesario, o definir y articular la normatividad referida a esta materia, la cualificación y el fortalecimiento y donde sea necesario el rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero y de lavado de activos, la puesta en marcha de una nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio, y por último la implementación de una nueva campaña nacional que promueva valores, alerte sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en el espíritu del punto 2 del Acuerdo General.

Acordamos también que el Gobierno Nacional revisará y establecerá estrictos controles estatales sobre la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos.

Acordamos que en el marco de la estrategia integral de lucha contra la corrupción se desarrollará una estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, sobre la base de las recomendaciones de expertos que incluya el establecimiento de grupos interinstitucionales para atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional.

En el marco del fin del conflicto y con el propósito de contribuir a la superación definitiva del problema de las drogas ilícitas, acordamos que el Gobierno Nacional promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países consumidores y productores, en especial las experiencias y las lecciones aprendidas en Colombia e identificando buenas prácticas basadas en la evidencia.

Por último, acordamos que todo lo anterior solo es posible con el compromiso efectivo de todos:

El compromiso del Gobierno Nacional de poner en marcha las políticas y programas de este punto, de intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública.

El compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP manifiestan su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.

El compromiso de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política o social, de rechazar toda relación con el problema de las drogas ilícitas y los dineros provenientes del mismo.







La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, para que jamás el narcotráfico vuelva a amenazar el destino del país.

Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que esperamos lograr prontamente el cual contiene seis puntos.

Recordamos que uno de los principios que guían La Mesa de Conversaciones es que "Nada está acordado hasta que todo esté acordado". Esto significa que los acuerdos que se construyen, están condicionados a un pacto sobre la totalidad de la Agenda y que se pueden ajustar y complementar.

Resaltamos el aporte de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento Para la paz de la Universidad Nacional en la organización de los foros que se realizaron sobre este tema de cultivos ilícitos.

Agradecemos a los miles de colombianos y colombianas, y organizaciones sociales que nos han hecho llegar sus propuestas y opiniones sobre los puntos de la Agenda a través de los foros, la Página Web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Todas y cada una de estas propuestas han sido recibidas, leídas y tenidas en cuenta por las delegaciones en La Habana.

Queremos agradecer a Cuba y Noruega, países garantes de este proceso, por su apoyo y por el ambiente de confianza que propician. Igualmente agradecemos a Chile y Venezuela, países acompañantes, a quienes las delegaciones informan periódicamente sobre la marcha de los diálogos. Valoramos de manera especial, su gestión, al igual que agradecemos las expresiones de apoyo de otras naciones, organismos y líderes internacionales.

Estos acuerdos fundamentales son el resultado del intenso trabajo realizado a fondo por ambas Delegaciones, pensando siempre en el anhelo de paz de los colombianos.







Comunicado del Secretariado: Las FARC-EP

1964-2014

Manuel Marulanda se comunica con uno de los frentes de las FARC 1988.

FOTO: DICK EMANUELSSON

AL DECIR MEMORIA, MARQUETALIA O RESISTENCIA, nuestros primeros pensamientos en este 50 aniversario de las FARC se dirigen hacia nuestros fundadores, los comandantes Manuel y Jacobo, a nuestros compañeros caídos y lisiados, a nuestros prisioneros y desaparecidos, y a quienes lo han entregado todo por la Nueva Colombia.

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http://anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/farc-ep/comunicados-de-las-farc-ep/7007-comunicado-del-secretariado-las-farc-ep-1964-2014

boletín 0002

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