DERECHO A LA RECTIFICACIÓN

Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley.

COMPARACIÓN CON OTROS PAISES:

Derecho a la rectificación en Colombia

Derecho a la rectificación en Perú

Quienes son los beneficiarios

Personas afectadas por algún tipo información dada por un medio de comunicación que no tenga ninguna fuente verificable

Los medios de comunicación tienen un plazo de 72 horas a partir del reclamo de la persona afectada

Será de forma gratuita, con las mismas características dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario las rectificaciones a las que haya lugar

En caso de no cumplir

La superintendencia de la información y comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas:

Disculpa pública por parte de la directora del medio presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; la cual se publicará en la página web y en la primera interfaz de la página web del medio con un plazo menor a 7 días

Lectura de la rectificación y la disculpa pública en el mismo espacio en que se difundió la información no demostrada

En caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se pondrá una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos 3 meses

En caso de nuevas reincidencias la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior

CLAUSULA DE CONCIENCIA

LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA ES UN DERECHO DE LOS PERIODISTAS, QUE TIENE POR OBJETO GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA EN EL DESEMPLEO DE SU FUNCIÓN PROFESIONAL. LA CLÁUSULA PROTEGE LA INTEGRIDAD DEONTOLÓGICA DEL PERIODISTA FRENTE A HECHOS PRODUCIDOS EN EL SENO DE LA EMPRESA PERIODÍSTICA QUE LA CUESTIONEN.

La cláusula de conciencia para el periodista es un derecho específico que forma parte del derecho a comunicar información y que constituye un presupuesto básico para el ejercicio efectivo de este derecho fundamental en el Estado democrático.

De su pleno reconocimiento y eficaz ejercicio en el seno de toda empresa periodística depende que el derecho a la información se configure como auténtica garantía de una opinión pública libre.

En nuestro país, la cláusula de conciencia no ha sido incorporada a la legislación vigente, ni ha prosperado la voluntad sindical de obtener su sanción en los convenios colectivos. Consecuentemente, los periodistas argentinos resultan permeables a todo tipo de presiones y cambios de orientación y propiedad de medios, sin que quepan argumentos legales de defensa en ese sentido. De ahí su necesidad de que la misma sea reglamentada.

CLÁSULA DE CONCIENCIA vs. OBJECIÓN DE CONCIENCIA La cláusula de conciencia no debe confundirse

con la objeción de conciencia pues, aunque ambos conceptos se originan en el aspecto íntimo y subjetivo de las personas -la conciencia-, su expresión, sin embargo, produce efectos jurídicos que sobrepasan a la persona. En otras palabras, ambas refieren a dos derechos diferentes.

De acuerdo con Marina Gascón Abellán, la objeción de conciencia constituye “un derecho subjetivo que tiene por objeto lograr la dispensa de un deber jurídico o la exención de responsabilidad cuando el incumplimiento de ese deber se ha consumado”, alegando la existencia de una conciencia contraria a la conducta que constituye el contenido del deber y, todo ello, sin sufrir la reacción que el ordenamiento prevé para el incumplimiento de aquella obligación.

¿QUIÉN ES EL SUJETO DEL DERECHO?

La titularidad del ejercicio de este derecho corresponde a los periodistas, es decir, al profesional de la información. Consecuentemente, los sujetos activos que pueden ejercer este derecho son los periodistas de los medios de comunicación tanto públicos como privados.

Los medios de comunicación, con independencia de su naturaleza, siempre serán el sujeto pasivo del derecho a la cláusula de conciencia. En otras palabras, la cláusula no puede ser ejercida frente al periodista por las empresas, tanto públicas como privadas, que son propietarias del medio de comunicación.

En este sentido, la palabra “periodistas” designa a todas aquellas personas que, de una manera u otra, participan en el proceso de elaboración y/o de difusión de la información; pero no a la entidad propietaria o gestora del medio de comunicación, entendido como soporte material de aquella. En suma, el derecho a la cláusula de conciencia no está concebido para aplicarse en sentido inverso.

¿CUÁNDO PUEDE INVOCARSE?

Para quienes sostienen la primera postura, esta fórmula legal puede invocarse en el caso de un cambio notable en el carácter u orientación de la publicación o programa, si dicho cambio generara para el periodista una situación susceptible de afectar su honor, reputación o intereses morales.

Para otras posiciones más amplias, la cláusula también permite al periodista considerarse liberado de sus obligaciones para con la empresa, con derecho al pago de indemnización incluso en los cambios de titularidad del medio, en tanto le genere inconvenientes de naturaleza intelectual o moral.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE SU INVOCACIÓN?

Como mencionamos anteriormente, la cláusula consiste en la posibilidad que tiene el periodista de poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo liga a la empresa, percibiendo la indemnización que le correspondería por despido sin causa. En este sentido, el ejercicio del derecho a la cláusula de conciencia da lugar a una indemnización para el periodista, tal y como si éste hubiese sido despedido sin causal alguna: es el efecto derivado de la rescisión del contrato de trabajo a instancias del propio periodista. Se trata, entonces, de un “autodespido” fundamentado en razones de orden deontológico.

¿QUÉ SUCEDE EN LATINOAMÉRICA?

En Latinoamérica, los casos de mayor relevancia en materia de cláusula están dados por aquellos países que durante los años ‘90, siguiendo el modelo español, han incorporado el derecho a la cláusula de conciencia en sus respectivas constituciones nacionales: Paraguay, Ecuador y, más recientemente, República Dominicana.

Paraguay consagró la cláusula de conciencia a nivel constitucional en 1992, al incorporarla en el artículo 29º sobre la Libertad del Ejercicio del Periodismo.

En 1998, Ecuador incluyó este derecho en el artículo 81º -referido a la Comunicación- de su Constitución Política.

la Objeción de conciencia consiste en la posibilidad legal que se concede a determinados ciudadanos a evadirse del cumplimiento de un deber general establecido en una disposición legal o en una orden de una autoridad superior porque a su conciencia le repugna el acto o la serie de actos que constituyen la realización de tal deber. Es, como el privilegio, una facultad individual que se desenvuelve en el campo del deber que la fuerza de la conciencia le impide cumplir y le permite constituirse en excepción personal. La objeción está a disposición de todos aquellos que aleguen que su conciencia es un obstáculo para ese cumplimiento. La Cláusula de conciencia, en cambio, se ha presentado en la historia como una cláusula establecida legal o convencionalmente en un contrato de trabajo informativo según la cual si la empresa o el medio cambian su dirección ideológica y el periodista no está de acuerdo con ella puede pedir la disolución de la relación jurídica laboral y percibir una determinada indemnización. La Cláusula de conciencia se da así exclusivamente en la fenomenología informativa y no afecta a los deberes, sino a las obligaciones contractuales, bien que subsista en el fondo la idea del deber profesional de informar. Lo importante es que la fuerza de la conciencia es capaz de disolver una relación laboral informativa, lo que lleva como consecuencia secundaria una indemnización, dado que el informador no es el causante del cambio de orientación ideológica”.