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APUNTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ENFOQUE ANTROPOLÓGICO
SOBRE LA PROTESTA Y LOS PROCESOS DE RESISTENCIA SOCIAL EN
ARGENTINA
Virginia ManzanoI, Maria Inés Fernández AlvarezII, Matias TriguboffIII, Juan J.
GregoricIV
Publicado en: Grimberg,M. Fernandez, M.J. y Fernandez Alvarez, MI (compiladoras) Investigaciones en Antropología Social, coedición FFyL-
Antropofagia, Buenos Aires, 2008. ISBN 978-987-1238-51-4
INTRODUCCIÓN
En Argentina los procesos de desigualdad social han constituido un dato
constante durante el siglo XX. Sin embargo, los cambios en el modelo de
acumulación de capital y regulación social a partir de los años ochenta, y sobre
todo de los noventa, profundizaron a escala inédita la desigualdad social y el
deterioro de las condiciones de vida de vastos conjuntos sociales. La aplicación
de políticas neoliberales de apertura comercial, privatizaciones (con la
consecuente apropiación de los recursos como el petróleo) y desregulación
financiera produjo un incremento notable de la concentración de la riqueza y un
aumento sin precedentes de la desocupación y la precarización del empleo así
como de los niveles de pobreza.1
En este contexto, se expresaron una variada gama de formas de demanda y
prácticas de movilización social. Entre ellas, se destacaron las “ocupaciones” de
espacios públicos (rutas, calles, edificios gubernamentales, puentes, etc.)
protagonizadas por organizaciones de desocupados. Según datos disponibles, en
I Doctora en Antropologia - Instituto de Cs. Antropoógicas. Fac. de Filosofía y Letras –UBA. Becaria
posdoctoral de CONICET. [email protected] IIDoctora en Antropologia - Instituto de Cs. Antropoógicas. Fac. de Filosofía y Letras –UBA. Investigadora asistente CONICET. [email protected] IIIDoctor en Antropologia - Instituto de Cs. Antropoógicas. Fac. de Filosofía y Letras –UBA. Becario
posdoctoral de CONICET. [email protected] IV Licenciado en Antropología Social- Instituto de Cs. Antropoógicas. Fac. de Filosofía y Letras –UBA. Becario doctoral de CONICET. [email protected]
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el año 1997 se produjeron 140 “cortes de ruta” en todo el país, mientras que en el
año 2002 la cifra aumentó a 2336. A lo largo del período 1997-2005,
correspondiente al de mayor incidencia de esta modalidad de protesta, el 30% de
los “cortes” se concentró en la provincia de Buenos Aires (Fuente: Nueva
Mayoría). Otra práctica destacada han sido las “recuperaciones” de fábricas y
empresas. Aunque estos procesos se iniciaron a mediados de la década del
noventa, en el período comprendido por los años 2000 y 2003 se dinamizan y
multiplican considerablemente A modo de ejemplo, en la Provincia de Buenos
Aires, región donde las “recuperaciones” alcanzaron el porcentaje más elevado,
entre el año 2001 y el 2003 se desarrollaron 73 procesos. En el caso de la Ciudad
de Buenos Aires, la mayor concentración se produjo en el año 2002, alcanzando
12 casos sobre un total de 27 (Fuente: Ceil-Piette, 2005). Una tercera práctica
ampliamente difundida fueron las asambleas conformadas hacia fines de 2001 en
el marco de los cacerolazos. En agosto de 2002, el momento de mayor auge,
existían 122 asambleas en la ciudad de Buenos Aires y 329 en todo el país. Entre
marzo y agosto de 2002 las asambleas aumentaron en un 21%, pasando de 272 a
329 en todo el país (Fuente: Nueva Mayoría). En este mismo escenario, en el año
2000 se creó la Red Bonaerense de personas que viven con el VIH-SIDA (en
adelante pvvs), nucleando a grupos de pacientes y ‘activistas’ de distintas áreas
del Conurbano Bonaerense y la provincia de Buenos Aires.
La preocupación por comprender estos procesos renovó el estudio sobre la
movilización social en Argentina. Desde el campo de la ciencia política y la
sociología, las investigaciones aportaron un valioso conocimiento sobre los
mecanismos del sistema político para procesar demandas (Schuster y Pereyra,
2001), así como sobre los cambios en los sentidos y repertorios de acción
colectiva (Auyero, 2002; 2004; Svampa y Pereyra, 2003).
Dentro de estos trabajos, es posible distinguir diferentes líneas de análisis. Por un
lado, algunos enfoques (Schuster y Pereyra, 2001; Schuster 2005 trabajaron desde
la categoría de protesta social, definida como una forma de acción colectiva de
carácter contencioso e intencional que adquiere visibilidad pública y se orienta al
sostenimiento de demandas, centralmente, frente al Estado. Para estos autores,
este concepto permite interpretar el carácter segmentario de la acción colectiva
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contemporánea en dimensiones como la identidad, la diversidad de temas y
formatos, y el sentido político particular de cada protesta o ciclos de protesta. De
esta manera, este concepto funciona como una alternativa al de movimiento
social, el cual daba cuenta de la consolidación de actores que mantenían una
matriz identitaria constante en el tiempo y expandida en el espacio2. Una
hipótesis fuerte de esta línea de trabajo es que la protesta social en la Argentina
se transformó durante la década del noventa, expresando la mutación de
identidades: desde las clásicas, asociadas centralmente al sindicalismo, a la
aparición de nuevas formas de lucha, nuevos actores y temas involucrados. Si
bien este enfoque permite captar especificidades en las formas que adopta la
movilización social, resulta sin embargo insuficiente a la hora de mostrar la
incidencia de procesos organizativos más amplios así como los modos cotidianos
e históricos de organización sobre la forma de la protesta.
Otras líneas de investigación (Auyero, 2002; Farineti, 2005), retomaron el
concepto de “repertorio” desarrollado por el historiador estadounidense Charles
Tilly para centrarse en los cambios de la acción colectiva durante las últimas
décadas en Argentina. Desde este enfoque se cuestionaron las explicaciones
mecanicistas de la protesta social, centralmente las interpretaciones que la
conciben como reacción espontánea frente a la pobreza y el desempleo. A
diferencia, se planteó el estudio de la protesta tomando en cuenta la articulación
de niveles estructurales con los procesos políticos y con la “cultura” de la acción
colectiva beligerante. Para estos investigadores, los cambios en la acción colectiva
estarían atravesados por procesos estructurales (desproletarización; retirada y
desmantelamiento del Estado de bienestar-populista; y descentralización de los
servicios educativos y de salud) que impactan en la forma y el sentido de la
“beligerancia popular” a través de los intereses, las oportunidades y la
organización colectiva3. Sostienen que durante la década del noventa emergió
una forma de protestar en la Argentina vinculada a dos actores sociales: los
desocupados y los empleados públicos, que se expresa en medidas de protesta
como el corte de ruta y las puebladas. Esta línea de investigación presenta
ventajas interpretativas al cuestionar las explicaciones mecanicistas de la protesta
social. Sin embargo, la centralidad otorgada a la interpretación de la incidencia
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de procesos estructurales sobre la protesta (como la “retirada” del Estado de
bienestar) cosifica un momento histórico en las modalidades de intervención del
Estado que soslaya el análisis sobre los “efectos de Estado” (Trouillot, 2001) o las
formas de penetración del Estado moderno en la vida cotidiana a partir de
tecnologías de control social. De esta manera, la idea de emergencia de nueva
formas de protesta y sujetos, inhibe el análisis de la operatoria de las políticas
sociales y más ampliamente de las agencias estatales sobre las poblaciones y sus
efectos en la conformación de escenarios de disputa social.
Ambas variantes interpretativas se inscriben en una serie de replanteos en la
teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales, orientados por
establecer las motivaciones para la acción. Hasta la década del 80, se habían
formulado dos paradigmas para comprender el surgimiento movimiento social o
la acción colectiva: la teoría de la “movilización de recursos” en los circuitos
académicos de Estados Unidos y el enfoque pos-estructuralista de “orientación
hacia la identidad” en Europa Occidental4. Algunas formulaciones más recientes,
inspiradas en el trabajo de Charles Tilly (2000) buscaron reconstruir campos de
protesta social para definir “identidades beligerantes”. Para este marco, las
motivaciones para la acción colectiva no se encuentran centradas exclusivamente
en la maximización de beneficios, sino que se construyen sentidos en la propia
acción que incitan a los individuos a la obtención de “reconocimiento”. De
acuerdo con esto, en Argentina se llevaron adelante estudios que reconstruyeron
historias de vida y biografías para captar las motivaciones en la acción colectiva
(Auyero, 2004).
A nuestro criterio, estos enfoques procuraron iluminar las características de la
acción colectiva dejando un vacío explicativo sobre los sujetos sociales y sus
tramas históricas y cotidianas de interacción. En este sentido, la vida de los
sujetos queda recortada al campo de la protesta, con el objetivo de destacar
aquellos elementos estratégicos, culturales y/o emocionales que expliquen las
motivaciones para la acción colectiva.
Atendiendo al énfasis que el conjunto de las teorías otorgaron a la acción
colectiva y los movimientos sociales, consideramos que uno de los aportes
centrales a realizar desde un enfoque antropológico-político es situar las formas
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de protesta en los procesos más amplios de politización de la vida cotidiana como
así también reconstruir visiones diferenciales según género, edad y trayectorias
de vida. Recuperamos para ellos los interrogantes que se formuló E. P. Thompson
(1984; 1995) en su estudio sobre los motines de subsistencia en Inglaterra durante
el siglo XVIII: en lugar de preguntarnos por qué la gente “protesta” nos interesa
conocer “qué hace la gente cuando tiene hambre”. Esta inversión del interrogante
de investigación implica desplazar la mirada de la acción colectiva para dar
cuenta de las tramas de relaciones históricas y cotidianas en las que tienen lugar
las prácticas de los grupos subalternos. Desde esta óptica, la protesta es una entre
las variadas prácticas que desarrollan los sectores subalternos frente a situaciones
similares de vida en un campo de fuerzas específico.
El enfoque propuesto se enmarca en una tradición de estudios antropológicos de
la política. En la década del 40, en un contexto de colonización liderado por
países europeos, las etnografías de corte estructural-funcionalista contribuyeron
a fundar el subcampo de la “antropología política”. Esos primeros trabajos,
inspirados en los aportes de Durkheim sobre el orden social y de Weber sobre la
política, delimitaron como temas de investigación los sistemas políticos, las
instituciones, los cargos de autoridad con capacidad de coerción, las normas, las
reglas y los valores consensuados; cuyas funciones sociales eran contribuir al
mantenimiento de la cohesión y el orden. Ese recorte dejaba fuera de estudio los
procesos históricos -incluida la situación colonial-, las estrategias de los actores,
las luchas por el poder y el cambio político (Vincent, 1998). En discusión con
estos enfoques, a partir de la década del setenta se desarrollaron líneas de
investigación que redefinieron el estudio de las interacciones recíprocas y
diádicas en marcos más amplios de indagación sobre la configuración de
procesos de dominación y resistencia. Estas líneas de investigación recuperaron
las elaboraciones de Antonio Gramsci, Michel Foucault y de historiadores
sociales británicos como E. P. Thompson.
Siguiendo esta tradición, en este artículo proponemos un enfoque antropológico
político centrado en la categoría de hegemonía, para captar las articulaciones
entre procesos de dominación y resistencia. Nos detenemos en las principales
definiciones y usos de la categoría de hegemonía en antropología social,
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procurando señalar las potencialidades de ese enfoque en estudios empíricos
sobre movilización social y procesos organizativos. Desde ese punto de partida,
reconstruimos situaciones etnográficas que ponen de relieve la trama de
relaciones cotidianas e históricas en las que se inscriben las prácticas de
conjuntos sociales subalternos, procurando mostrar las potencialidades del
abordaje y los límites que presentan los estudios centrados en la acción colectiva
o la protesta. Estas situaciones forman parte de las distintas investigaciones que
llevamos adelante sobre las organizaciones de desocupados del Gran Buenos
Aires, el proceso de recuperación de fábricas y las asambleas populares en la
Ciudad de Buenos Aires, y una red de organizaciones de personas de sectores
populares que viven con VIH-SIDA.
EL PROBLEMA DE LA HEGEMONÍA
El uso de la categoría de hegemonía no es unívoco en los estudios de la
antropología social. Esto se debe a los contextos y marcos de investigación en los
que se incorpora y a las variadas interpretaciones sobre la obra de Antonio
Gramsci (Kutz, 1996).
El politólogo James Scott (2000), cuya obra ha tenido gran incidencia en los
estudios antropológicos sobre resistencia, se preguntó por qué los dominados
aceptan e incluso legitiman mecanismos que justifican su dominación. A partir
de este interrogante, cuestionó los estudios que se basan en las categorías de
“falsa conciencia” y “hegemonía” argumentando las dificultades para establecer
una hegemonía ideológica que garantice la dominación. Según este autor, la
dominación produce un “discurso público”5 entre quienes la padecen que expresa
cierta aceptación de las condiciones de subordinación, ya que en circunstancias
normales los dominados buscan evitar cualquier manifestación explícita de
insubordinación. Estos últimos, tienen un interés práctico en la resistencia
ideológica y material, minimizando las exacciones, el trabajo y las humillaciones
que reciben, y al mismo tiempo, evitando ser descubiertos. Por ello, desde el
punto de vista de Scott las teorías de la hegemonía y falsa conciencia presentan
dificultades en la investigación histórica y contemporánea de los grupos
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subordinados porque trabajan sobre las apariencias, sobre los actos basados en el
discurso público.
El nivel de la resistencia se ubica en el plano del “discurso oculto”, en las
prácticas desarrolladas “fuera de escena”, en el momento en que el dominador no
se encuentra presente. Este discurso está compuesto por manifestaciones
lingüísticas, gestuales y prácticas que confirman, contradicen y transgiversan
aquello que aparece en el discurso público de la dominación. Esto permite a los
dominados simular su resistencia en el plano de lo público.
Desde nuestra perspectiva, el problema central de esta propuesta radica en la
conceptualización de la hegemonía en su dimensión meramente ideológica. Para
Gramsci, la hegemonía no sólo es pensamiento y acción. Es una visión del mundo
compartida, una filosofía, una moral, una serie de costumbres, un “sentido
común” que en forma articulada favorecen la dominación (Thwaites Rey, 1994).
Expresa determinadas modalidades de práctica social y cristaliza en una serie de
instituciones.
Analizando la complejidad que supone pensar en términos de hegemonía, en su
trabajo sobre Americanismo y Fordismo, A. Gramsci intenta responder a la
pregunta ¿cómo se puede enfrentar la resistencia de los sectores subalternos a los
cambios necesarios para lograr una economía planificada? Sostiene el autor: “La
adaptación a los nuevos métodos de producción y de trabajo no puede ocurrir sólo
a través de la coacción social (…) La coerción debe por ello ser sabiamente
combinada con la persuasión y el consenso, el cual puede ser obtenido, en las
formas propias de una sociedad dada, por una mayor retribución que permita un
determinado nivel de vida, capaz de mantener y reintegrar las fuerzas consumidas
por este nuevo tipo de fatiga.” (Gramsci, 2003:314).
A diferencia de la propuesta de Scott, sostenemos la necesidad de desarrollar un
enfoque que aborde los procesos de resistencia, considerando el modo que
adquieren históricamente expresiones particulares en el marco de relaciones de
hegemonía (Grimberg, 1997; 2005). Desde este enfoque relacional, reconstruimos
“campo de fuerzas societales” (Thompson, 1984) para captar la manera en que se
expresan y articulan formas de dominación y resistencia.
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Incorporamos en consecuencia una mirada centrada en los procesos y las
relaciones de poder. En este sentido, en lugar de focalizar en la protesta social
como una forma de procesamiento de demandas frente al Estado, o bien en el
análisis de la “beligerancia popular” como la expresión de la emergencia de una
(nueva) forma de protesta que responde a determinados procesos estructurales,
buscamos analizar las expresiones que adoptan los procesos de resistencia en un
particular momento histórico. Es decir, nos proponemos focalizar más que en las
formas de la acción, en las relaciones que en cada caso se ponen en juego y en el
campo de disputa que éstas definen. Esto supone analizar en la cotidianeidad, las
expresiones que adoptan los procesos de resistencia de los sectores subalternos a
partir de las interacciones (posibles) que se establecen con el Estado, o más
precisamente con determinadas agencias y agentes estatales, dando cuenta del
modo que inciden en ellas tradiciones de lucha y procesos organizativos.
Como lo hemos observado a partir de nuestro trabajo de campo, lejos de mostrar
“polos antagónicos” lo que se pone en evidencia es una compleja serie de
interacciones que incluyen no solo relaciones de confrontación sino también
relaciones de reciprocidad (Thompson, 1984) desde las que se generan
obligaciones reciprocas (Siguad, 2004). Es a partir de estas relaciones que es
posible establecer determinadas “concesiones”, que si bien no ponen en
cuestionamiento las relaciones de poder/dominación, expresan desde los sectores
subalternos “actos de lograr” y definen “conquistas” desde las que se disputan
recursos, derechos, etc.
Desde estas consideraciones generales, nos interesa remarcar el carácter
procesual de la hegemonía. En este sentido, recuperamos los aportes de R.
Williams (1980) quien sugiere pensar en lo “hegemónico” y lo “dominante” como
momentos contradictorios del proceso histórico. De este modo enfatizamos que
la hegemonía no es una “cosa”, un “sistema” o una “estructura” sino un proceso
histórico de configuración de relaciones de poder que genera marcos cambiantes
para el ejercicio de la dominación y la resistencia, la aceptación, el
consentimiento y la negociación.
Aún cuando se hace complejo operar con la categoría de hegemonía en niveles
empíricos de investigación, resulta posible avanzar en la interpretación de
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prácticas y sentidos construidos desde relaciones de hegemonía. Varios estudios
han abordado, desde diferente óptica, el problema de la naturalización y la
internalización, destacando las iniciativas estatales y privadas. En este sentido E.
P. Thompson efectúa una admirable síntesis: “(...) La gente nace en una sociedad
cuyas formas y relaciones parecen fijas e inmutables como la bóveda celeste. El
sentido común de una época esta saturado de ensordecedora propaganda del statu
quo; pero el elemento más poderoso de esta propaganda es simplemente el hecho de
que lo existe, existe” (Thompson, 1992: 70). Como señala Gledhill (1996), la idea
de internalización de valores constituye una exploración típica de A. Gramsci
sobre la dinámica de la hegemonía. Aquí lo interesante es analizar cómo los
grupos subalternos internalizan valores y los sienten como propios, es decir como
no impuestos. Más aún, tal como lo pone en evidencia nuestras investigaciones,
estos resultan ejes a partir de los que resulta posible definir y sostener
determinadas demandas.
ELEMENTOS PARA PENSAR LAS (COMPLEJAS) ARTICULACIONES ENTRE “RESISTENCIA” Y
“DOMINACIÓN”.
Nuestras investigaciones parten de las construcciones teórico-conceptuales
puestas de relieve en el apartado previo para construir un enfoque etnográfico
que recupera los saberes y prácticas, las demandas y las estrategias desarrolladas
por los actores. Desde nuestro punto de vista, no es posible pensar una
metodología de investigación independientemente de la perspectiva teórica
asumida. Es decir, desde nuestra perspectiva la etnografía no constituye una
técnica sino un enfoque que nos permite estudiar las narrativas y las prácticas de
los sujetos, la reconstrucción de sus trayectorias de vida y la construcción de los
datos desde el contexto global de las relaciones y prácticas sociales en la vida
cotidiana y en los procesos de movilización colectiva.
En función de este enfoque de investigación, hemos venido trabajando sobre la
reconstrucción etnográfica de diferentes procesos de movilización social,
mencionados en la introducción de este artículo. Este trabajo de reconstrucción
etnográfica nos permitió señalar límites interpretativos de las teorías centradas
en los movimientos sociales y la acción colectiva dando cuenta de tramas
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relacionales complejas en las que se desarrolla la vida de los sujetos y el marco de
sus opciones.
La incidencia de políticas estatales y de iniciativas de organismos internacionales
de crédito en la configuración de escenarios de disputa ha sido un dato constante
que pusieron de relieve las diversas investigaciones que venimos llevando a cabo.
En este sentido, constituye un buen ejemplo la reconstrucción etnográfica de las
acciones de los grupos que integran “La Red Bonaerense de pvvs”.
La gestión de políticas sociales es un proceso que modela en parte las acciones de
las personas de sectores populares que viven con VIH-SIDA. Durante los años ’90
agencias internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la
Salud y la Organización de las Naciones Unidas, adquirieron una posición
relevante en el diseño de políticas de salud en el escenario internacional, a partir
de la creación y financiación de programas y proyectos (Araújo de Mattos, 2002).
La Red se creó en al año 2000 a raíz de un encuentro nacional que reunió a
grupos de personas afectadas directamente por este padecimiento. Algunos de los
miembros de esos primeros grupos de apoyo, surgidos en distintos hospitales del
conurbano bonaerense durante la década anterior, habían tenido participación en
agrupaciones como Narcóticos Anónimos y también experiencias de militancia en
organizaciones partidarias de izquierda o afines al Justicialismo en la provincia de
Buenos Aires. Desde 1997, pero sobre todo a partir de 2003, el Proyecto LUSIDA
(con financiamiento del Banco Mundial), el ‘Plan Estratégico en VIH-SIDA y
Enfermedades de Transmisión Sexual’ (con apoyo del Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre VIH-SIDA y ejecutado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo) y el Fondo Global de Lucha contra el Sida la
Tuberculosis y la Malaria, en articulación con el Programa Nacional de Lucha
contra los Retrovirus del Humano, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual,
tendieron a descentralizar las actividades de prevención y asistencia a niveles
locales y a estimular la participación activa de ONG’s, fundaciones y redes de
pvvs en proyectos, por medio de talleres de capacitación para formar promotores
y facilitadores. Hasta 2003 -en algunos casos- las activisades (prevención,
reducción de daños, consejerías y asesoramiento legal), se financiaron con
programas de ocupación transitoria, denominados por muchas personas como
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“planes”.6 Posteriormente, con desembolsos directos otorgados por organismos
responsables de gestionar los fondos de agencias externas. Entre 2003 y 2007 los
montos recibidos por mes, por cada “promotor”, oscilaron entre los 60 y 100
dólares. Las actividades desarrolladas en el plano municipal en el marco de estos
proyectos, permitieron también incrementar el número de miembros en los
grupos de la Red y fortalecer su estructura, además de difundir información y
sensibilizar a la población general contra los actos de discriinación, ofrecer
“refrigerios” a pacientes de hospitales y a los asistentes a reuniones grupales,
crear roperos y guarderías para los hijos de pvvs, estrechar vínculos con
profesionales de la salud en los hospitales, identificar obstáculos en el acceso a los
servicios de atención, y generar un ingreso- aunque mínimo y en condiciones
precarias- para los “promotores”. Para algunos, generalmente los líderes de estos
grupos, este proceso implicó la posibilidad de acceder a espacios oficiales de
representación de las pvvs, viajar al exterior para asistir a “cursos de liderazgo”
para “referentes” de redes de distintos países y regiones y así consolidar sus
propia posición al interior de su organización. Pero a la vez, la generación de
respuetas a partir de la identificación de problemas comunes a las pvvs de
sectores más pobres, fue permitiendo tejer vínculos políticos en distintos niveles,
tanto a partir de la negociación y de “gestionar” recursos, como de la movilización
y la confrontación con representantes estatales.
Durante varios años –y en algunas áreas aún hoy- grupos de pvvs se ocuparon de
la gestión y distribución de distintos recursos provenientes de políticas estatales
como cajas y “bolsones” de alimentos, “pases” para transporte público, subsidios y
pensiones por enfermedad crónica o por discapacidad, prótesis, medicamentos, e
incluso tramitaciones de vacantes para el otorgamiento de terrenos y viviendas.
Todo esto implica moverse cotidianamente y “meterse” en los centros de salud o
delegaciones municipales, por medio de las “articulaciones” que se establecen
con las autoridades locales, el personal médico, del servicio social y
administrativo. Esta trama de relaciones – a veces de reciprocidad u obligación
mutua, de colaboración o bien de poder y conflicto- tejida a nivel municipal
como así también con otros niveles gubernamentales, se expresa en procesos
contradictorios. Por un lado, se generan una serie de compromisos que implican,
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por ejemplo, afiliar a personas vinculadas con la Red al partido político local; o
concurrir a actos políticos a pedido de funcionarios del gobierno municipal o
provincial. Estos procesos se perciben de diverso modo de acuerdo con las
trayectorias de las personas, este fenómeno puede aparecer más o menos
naturalizado como parte del funcionamiento de “la política”, o bien generar
cuestionamientos –que no se hacen públicos- expresados como “nos dan una caja
(de alimentos) y quieren que los votemos”. Pero simultáneamente, las múltiples
relaciones con dependencias gubernamentales son interpretadas por activistas
como uno de los objetivos de la organización en pos de hacer “incidencia
política”. Las posibles formas de hacerlo son insertar activistas en espacios
estratégicos de representación y toma de decisiones, enviar cartas y notas de
denuncia a diferentes organismos oficiales, efectuando demandas específicas o
usar el espacio público para expresarse individualmente, sobre todo cuando es
posible acceder a medios de comunicación.
Por último, en esta trama relacional también se redefinieron demandas de La
Red. En términos generales, las demandas de La Red anclan en un campo
reivindicativo estructurado en torno a la idea de derechos humanos,
específicamente derecho a la salud, la “calidad de vida” y al trabajo; en síntesis
derecho a una “vida digna”, y suelen apelar al estado como responsable de
garantizar esos derechos. Sin embargo, a partir de los procesos de vinculación
conjunta con organismos externos, del estado nacional e instituciones locales (es
decir los “proyectos”), se formularon demandas dirigidas a lograr el
“reconocimiento” del trabajo de las pvvs en prevención, promoción y asistencia
que apuntan básicamente a un nuevo encuadre de las condiciones de trabajo para
limitar la precarización. En esta reivindicación juega un papel clave la
reapropiación que hacen los sujetos de la categoría de “promotores”, en tanto que
la demanda impugna las condiciones laborales concretas que esta supone.
Por último, el seguimiento etnográfico de esta organización, muestra que los
diversos compromisos asumidos con autoridades gubernamentales en el plano
local, no anulan procesos de movilización centrados en la denuncia y
acompañados en ocasiones por la acción directa. En 2005 una manifestación ante
la gobernación de la provinicia de buenos Aires, derivó en un encuentro entre los
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representantes de La Red y otras organizaciones, el gobernador y funcionarios
ministeriales. Allí se denunció la falta de presupuesto e infraestructura en el
Programa Provincial de Sida y algunos hospitales de la provincia. Luego de una
serie de negociaciones se elaboró un proyecto conjunto, en base a una propuesta
de las organizaciones, a partir del cual el gobernador decretó la creación de una
Comisión Provincial de Coordinación y Control de Políticas asociadas a la
problemática del Vih-Sida, (Decreto Provincial Nº 2887/05), que se encargaría del
seguimiento de las acciones estatales en materia de VIH-SIDA, con participación
directa de funcionarios y miembros de redes de pvvs y otras organizaciones
sociales. El conjunto de las variadas iniciativas de esta organización de pvvs,
muestra que su papel no puede reducirse a la prestación de servicios y al
reemplazo de instituciones oficiales en contextos de “retirada del estado”, como
suele ser afirmado. Asimismo, las tensiones emergentes de los diferentes modos
de generar vínculos con dependencias estatales y la dinámica de acción conjunta
(entre organismos estatales y los conjntos sociales), negociación y demanda,
deben interpretarse como rasgos de toda disputa política en un marco de
relaciones de poder asimétricas y no como producto de estrategias de
“cooptación” o de la “desmovilización” de las organizaciones sociales.
Otro aspecto que pusieron en evidencia las investigaciones que venimos
desarrollando es el peso de las trayectorias de vida de los sujetos implicados en
procesos de movilización social tanto en la construcción de sentidos como de
modalidades organizativas. Resulta significativo mostrar esta dimensión para el
caso de las asambleas, ya que las mismas tendieron a ser vistas como una
respuesta espontánea. Como se mencionó en la introducción, la noche del 19 de
diciembre de 2001, en la ciudad de Buenos Aires y los principales centros urbanos
del país, cientos de personas salieron a la calle a manifestarse en contra de la
política gubernamental y del estado de sitio recién anunciado por el Presidente
De la Rúa. Miles de vecinos marchaban por las principales avenidas golpeando
incesantemente sus cacerolas y cantando una consigna que luego pasaría a ser
famosa: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Este fenómeno, más
conocido como “cacerolazo”, fue la expresión de la fuerte crisis política y
económica que estaba atravesando la Argentina en ese momento.
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Los sucesos del 19 y 20 de diciembre fueron intensas experiencias de
movilización social, destacándose la conformación de asambleas en las esquinas
de los barrios. Esta práctica que surgió como expresión de protesta en el marco
de la coyuntura que el país estaba viviendo en ese momento, se transformó en
una forma cotidiana de participación, discusión y ejecución de propuestas de los
vecinos.
Durante 2002 y 2003, vecinos de diferentes barrios constituyeron numerosas
asambleas en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras
ciudades más pequeñas. Con el correr del tiempo los cacerolazos fueron
disminuyendo y los asambleístas pasaron a participar de las movilizaciones de
protesta multisectoriales7. Paralelamente, comenzaron a realizar otro tipo de
iniciativas desde el barrio, en articulación con movimientos de desocupados y de
empresas recuperadas, así como organizaciones locales, entre otros. Se
propusieron intensificar su relación con otros agrupamientos sociales y políticos,
a la vez que responder a “necesidades” de los vecinos, tales como alimentación,
salud, educación etc. Crearon comisiones de trabajo y pusieron en marcha
numerosas iniciativas de tipo cultural, festivales, talleres artísticos y literarios,
revistas y boletines, jornadas abiertas de debate, y se propusieron avanzar sobre
emprendimientos productivos colectivos (empresas sociales), privilegiando
desarrollar instancias de coordinación como la Interbarrial.8
Retomando el debate presentado en la introducción, respecto al estudio de las
asambleas populares, algunas investigaciones hacen foco en intentar analizar las
características organizativas de las mismas. Por ejemplo, Perez, Armelino y Rossi
(2003) analizan las asambleas a partir de dos dimensiones: primero, las formas de
integración colectiva de los actores compuestas por la relación con el territorio, la
definición del adversario y los modos de autodesignación, y segundo, el modelo
organizativo definido por el proceso de toma de decisiones, tipo de demandas y
criterios de autorización de la toma de la palabra.
De esta manera, presentan dos modelos de asambleas. Por un lado, la “Asamblea
Popular del Cid campeador” que se caracterizaba por un grupo de coordinación e
integración multiclasista integrado por “compañeros”. Esta asamblea ocupó en
forma “ilegal” un espacio del ex Banco Mayo, identificando su ámbito de
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pertenencia como no territorial, asumiendo el nombre de “popular”. En sus
deliberaciones siempre predominó la búsqueda del consenso, valorando la
decisión colectiva frente a la elección individual. Por otro lado, la “Asamblea
Vecinal de Palermo Viejo” obtuvo en comodato un predio en el Mercado Alvear
del Gobierno de la Ciudad, a partir de una gestión formal con el Gobierno de la
Ciudad. Se definió como un grupo de solidaridad con base territorial, integrado
por “vecinos”. En la deliberación asamblearia, a diferencia de la asamblea del Cid,
no sólo no se buscaba evitar la votación individual, sino que se aceptaba la regla
de la mayoría para aprobar las decisiones.
Desde nuestro punto de vista, el mencionado trabajo nos permite apreciar
características significativas de la experiencia asamblearia en la Ciudad de Buenos
Aires como la heterogeneidad en el funcionamiento de las distintas asambleas y
los puntos en común. Sin embargo, opaca la posibilidad de profundizar sobre
cuáles fueron las relaciones, las tramas y los sujetos que participaron de las
mismas, teniendo en cuenta que en esta experiencia se pusieron en juego
relaciones previas y trayectorias de vida.
En este sentido, a la hora de estudiar las asambleas, creemos importante hacer
foco también en características tales como la existencia o no de militancia
política y social previa. Así como la experiencia de estos ex militantes a lo largo
del proceso asambleario y como ésta modificó sus vínculos, sus ideas y su vida
cotidiana. Desde este punto de vista, algunos integrantes de las asambleas
pudieron plasmar en esta práctica saberes, y al mismo tiempo lograron
resignificar formas y relaciones de sus prácticas políticas y sociales. Por ejemplo,
un grupo importante de asambleístas habían sido militantes políticos en los 70 y
80 y durante los noventa no habían tenido prácticamente participación política.
Estos relatos permiten reflexionar sobre cómo se pusieron en juego su historia
política y personal en esta experiencia. En palabras de uno de los asambleístas:
“… yo he sido una militante de los ´70, y la concepción del militante de los ´70 era
siempre caer como paracaidista en una realidad que te necesitaba ¿no?, que no
era la tuya sino que vos ibas a dar tu vida por una causa, para defender los
intereses fundamentalmente de los desposeídos. Y a uno le quedó eso como
marca. Pero en la Asamblea una cosa que hablamos mucho, es que nosotros
16
también somos personas con faltas y en realidad, en primer lugar, ponernos a
laburar en lo que necesitamos nosotros. Y el tema de los cartoneros planteo ese
conflicto, porque había quienes planteaban que era muy importante el trabajo de
la Asamblea con los cartoneros para convencerlos de tal cosa, yo de eso ya no
quiero, no quiero convencer a nadie de nada; y estaban los otros...por ejemplo, a
mí me interesaba porque ellos se relacionan conmigo todo el día, porque salgo a
la puerta... entender qué están haciendo, por qué trabajan de eso, y en todo caso,
vincularme como un igual desde el punto de vista humano y entender el valor
que tiene ese trabajo en cuanto a...bueno, después ahí me metí a profundizar el
tema de los depósitos de basura, de todo lo que se puede reciclar, de los temas de
la ecología(…) en la Asamblea se me planteo la historia de encontrarme con tanta
diversidad de pensamientos y de tomar resoluciones personales, me encontré
conmigo misma más resolviendo, no preguntando cuál es la línea que baja el
partido al respecto.”
Ahora bien, el estudio de trayectorias también implica profundizar sobre
experiencias y modos sociales de vida que definen a los sujetos más allá de los
episodios de protesta o los procesos organizativos, incluso considerar
dimensiones más amplias que la militancia política y social. Para ahondar sobre
este aspecto del problema resulta relevante la experiencia de aquellas personas
que se integraron al denominado “movimiento piquetero”.
Entre los años 1996 y 1997, Los bloqueos de ruta (piquetes) de Cutral-Có y Plaza
Huincul (provincia de Neuquén), y posteriormente los que sucedieron en las
localidades de Mosconi y Tartagal (provincia de Salta), se convirtieron en
modelos que fueron retomados en otras regiones del país para demandar la
intervención del Estado sobre los problemas de “trabajo” o, más específicamente,
sobre el problema de la “desocupación”. A lo largo de la ruta se formaban
puestos-barricadas denominados piquetes custodiados por grupos de personas a
quienes la prensa gráfica se refirió con el término “piqueteros”.
“Los piqueteros” se transformaron en objeto de estudio para las ciencias sociales,
en particular las investigaciones procuraron desentrañar las causas de la
emergencia de actores colectivos o sujetos colectivos. Algunos trabajos explicaron
la emergencia de los desocupados como actores colectivos atendiendo a ciertas
17
características “singulares” de la estructura social argentina, en contraste con las
de Europa y el resto de los países de América Latina (Svampa y Pereyra, 2003 y
2005; Svampa, 2005). Otros suponen la ausencia de sujetos predefinidos por su
posición estructural; por ello procuran analizar cómo se configuran sujetos e
identidades colectivas en el espacio social de la protesta (Schuster, 2005). Para
éstos, el “movimiento piquetero” se tornó un caso probatorio en el cual la acción
otorgaba la denominación al sujeto antes que la condición preexistente de
desocupación. Más allá de las diferencias, ambos proyectos comparten el interés
por establecer las condiciones que posibilitan la emergencia de actores colectivos
o sujetos colectivos. A nuestro criterio, en las dos vertientes se estrecha el
objetivo del análisis a la explicación de identidades colectivas (temporarias o
permanentes) dejando fuera de consideración múltiples trayectorias sociales,
históricas y cotidianas.
En nuestra investigación con organizaciones de desocupados (piqueteras) del
distrito de La Matanza-Gran Buenos Aires-, hemos descentrado la preocupación
por el sujeto de la protesta o el actor colectivo para indagar sobre las tramas
relacionales que configuraron un espacio social de disputa en torno a la
desocupación. A través de un rastreo histórico sobre dos procesos de
movilización que ocurrieron en ese distrito entre los años 1995 y 1996,
reconstruimos la configuración de un escenario de disputa en torno al problema
de la desocupación en el que convergieron experiencias y organizaciones
(mutuales, juntas vecinales, sociedades de fomento) consolidadas en el proceso
de ocupación de tierras que tuvo lugar durante la década del 80, iniciativas de
grupos de base de la Iglesia Católica (CEBs) y tradiciones político-gremiales
representadas en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente
Clasista y Combativa, cuyas propuestas se orientaron a impulsar acciones
sindicales tanto en el espacio laboral como en el barrial/territorial. Las demandas
iniciales contemplaban la reivindicación de alimentos para la población
desocupada apelando a normas incorporadas en una tradición estatal consolidada
durante los años ochenta que se expresaba en la entrega de mercaderías a
“familias pobres”.
18
El escenario de disputa inicial fue remodelado y redefinido por propuestas
estatales expresadas en diversos programas de ocupación transitoria, que
comenzaron a implementarse en 1993, pero alcanzaron una mayor extensión a
partir de 1995. Estas acciones contaban con el apoyo financiero y técnico de
organismo internacionales de crédito, BID y BM, y requerían la contraprestación
de los beneficiarios, en forma de capacitación laboral o de trabajo, durante cuatro
horas diarias en proyectos de utilidad social o comunitaria, a cambió de una suma
pecuniaria mensual de 50 dólares. Estos programas, conocidos popularmente
como planes, se convirtieron en objeto de demanda: dirigentes barriales
incorporados a las que más tarde se denominarían organizaciones piqueteras,
recorrieron viviendas ofreciendo a los vecinos inscribirse en listados de aspirantes
y demandaron al Estado la incorporación de beneficiarios combinando
tramitaciones cotidianas en dependencias gubernamentales y acciones directas
como el bloqueo de la ruta nacional 3, que se sostuvo durante seis días en
noviembre de 2000 y dieciocho en mayo de 2001.
La preocupación relativa a la manera en que la participación en piquetes y
organizaciones de desocupados se inscribía en trayectorias de vida orientó gran
parte de nuestras investigaciones. Los datos obtenidos pusieron en evidencia que
esa participación representaba una experiencia más entre otras que conformaban
la totalidad de la vida. Para quienes tenían una trayectoria de militancia social y
política, esa participación se transformó en una dimensión fundamental; para
otros, en cambio, recibir un plan y participar en cortes de ruta formaba parte de
compromisos pautados en relaciones de intercambio. El conjunto de los datos de
campo permite sostener que las aspiraciones, expectativas y sentidos se
modelaban en diversas experiencias: la asistencia a iglesias evangélicas, la
participación en CEBs, la imputación de delitos y las energías cotidianas
dispensadas en el seguimiento de causas judiciales, el ingreso y egreso periódico
de prisiones, los tratamientos médicos, las situaciones de “violencia doméstica”,
la crianza de los niños y, sobre todo, los conflictos con hijos adolescentes
referidos al uso de drogas, alcohol o robos. Se debe destacar que parte de esas
experiencias se incorporaron como problemas a ser procesados por las
organizaciones de desocupados. En este punto sobresalían actividades tales como
19
la implementación de talleres sobre “violencia doméstica”, la construcción de
refugios para mujeres golpeadas, la formación de grupos de autoayuda para
jóvenes con problemas de “adicciones”, y la puesta en marcha de un proyecto de
entrenamiento de “letrados populares” para que asesorasen sobre causas
judiciales.
La variedad de trayectorias reconstruidas permite relativizar la imputación
sociológica de un ser piquetero homogéneo para avanzar en el análisis de la
complejidad de los procesos sociales y de las prácticas que se ponen en juego
para articular en determinados escenarios sociales y políticos experiencias de
vida fragmentarias.
Desde un enfoque antropológico y político, otro tópico de nuestras
investigaciones ha sido reconstruir procesos y tradiciones históricas dentro de las
cuales se inscriben y cobran sentido acciones específicas. En este sentido, se
torna relevante el análisis de las prácticas de ocupación de espacios de trabajo.
La ocupación de espacios de trabajo ha constituido una práctica recurrente desde
mediados de los noventa, a partir de la que se desarrollaron una serie de procesos
que fueron conocidos como “recuperaciones”. Estos procesos se aceleraron y
multiplicaron en la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 2002, adquiriendo
amplia visibilidad pública. Las recuperaciones habían alcanzado mayor desarrollo
en otras áreas geográficas un año antes. Sin embargo, los acontecimientos de 2001
y la movilización social de los meses siguientes, dieron particular énfasis a las
recuperaciones en la capital del país. Así, entre el año 2002 y el 2003, se
sucedieron en este ámbito una serie de acciones, que fueron adquiriendo formas
semejantes, tendientes a “salvar la fuente de trabajo” en empresas o fábricas en
situación de crisis. En su conjunto definieron una modalidad para demandar la
intervención del estado frente a la crisis o el cierre de una empresa que combinó
la “ocupación” o “permanencia” de trabajadoras/es en el lugar de trabajo y el
mantenimiento de la producción de manera “autogestiva”.
Las recuperaciones de fábricas y empresas constituyeron un foco privilegiado de
análisis en los años posteriores a la crisis del 2001. Inscriptas en ese momento
histórico particular, fueron consideradas como expresiones la crisis económico-
política y como producto de un “ciclo de protesta” (Fajn, 2003; Favaro y Aizicson,
20
2003) en la que “emergían” nuevas formas de acción y se constituían nuevos
actores colectivos (Magnani, 2003; Palomino, 2004). En consecuencia, fueron
extraídas del proceso más amplio en el que se inscribían. Desde nuestras
investigaciones, hemos podido observar la incidencia de procesos organizativos
previos en el modo en que se desarrollaron las recuperaciones. Estas pueden
pensarse como un proceso de articulación en el que confluyeron distintas
tradiciones de militancia sindical, social y política (Fernández Alvarez, 2007)
En efecto, las ocupaciones de espacios productivos, han venido formando parte
del repertorio de acción de los trabajadores en Argentina, al menos desde finales
de los años 50. Sin embargo, a partir de mediados de los años ochenta y con más
intensidad hacia fines de los noventa, estas acciones adquirieron características
específicas, definiendo una modalidad particular de demandar por la “fuente de
trabajo”. En 1985 se produjeron una serie de ocupaciones de unidades
productivas en la zona de Quilmes y Berazategui. Estas ocupaciones se
plantearon como una herramienta puesta en marcha por la seccional de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) correspondiente a esta región. En este marco, la
seccional impulsó una modalidad de acción frente a procesos de cierre o quiebra,
que consistió en la ocupación de la planta y la conformación de cooperativas de
trabajo con el objetivo dar continuidad a la producción. Hacia finales de la
década del noventa comenzaron a desarrollarse ocupaciones de fábrica con el
inicio de la autogestión de la producción en la Provincia de Buenos Aires y en la
Ciudad de Buenos Aires, vinculados con agrupaciones gremiales dentro de la
UOM opositoras a la dirección del sindicato. Bajo modalidades semejantes se
desarrollaron también algunos procesos en la provincia de Santa Fe, apoyados
por militantes sindicales y políticos que habían participado previamente en la
conformación de cooperativas de desocupados constituidas a partir de
privatizaciones. De la misma manera, se conformaron cooperativas de trabajo
autogestionadas en la Provincia de Buenos Aires vinculadas a la Federación de
Cooperativas de Trabajo (FECOOTRA), una organización constituida hacia
finales de la década de los ochenta, que recupera una tradición ligada al
cooperativismo y al mutualismo. A partir de estas experiencias se desarrollaron
entre finales de los noventa y comienzos del 2000 una serie de procesos de
21
articulación, con mayor o menor “formalidad”, en el que confluyen cooperativas
de trabajo -algunas de ellas resultado de empresas en quiebra que más tarde se
denominarán recuperadas-, cooperativas de vivienda, mutuales y otras
organizaciones sociales. En los primeros tiempos, esta confluencia dio lugar a
acciones conjuntas frente a casos particulares, como apoyos durante el inicio y los
primeros tiempos de las acciones, asesoramiento legal, etc.
Como resultado de este proceso de articulación se conformaron una serie de
organizaciones, con posicionamientos político-ideológicos y tradiciones
organizativas diferentes, que fueron adquiriendo un papel cada vez más
importante en el desarrollo de las recuperaciones, ya sea en las negociaciones con
funcionarios de organismos estatales como juzgados o legisladores, o bien en el
asesoramiento de los “pasos a seguir”. En estas interacciones se trasmitieron
saberes y experiencias, en base a las que se fue conformando un proceso de
aprendizaje, que incluyeron principalmente el modo de llevar adelante las
relaciones con los organismos públicos, que fue impregnando la modalidad en
que estos procesos se desarrollaron.
Entre estas organizaciones se conformó en el año 2001 el Movimiento Nacional
de Empresas Recuperadas. En él confluyen una serie de cooperativas y mutuales,
así como militantes con trayectorias diversas, destacándose aquellos que
provienen de la miltancia sindical de la UOM, así como referentes de las
cooperativas constiuidas en Santa Fe -vinculadas con la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA)- y militantes de asambleas barriales que se suman durante el
2002. Participó también un abogado que venia asesorando a la FECOOTRA a raíz
de su participación en una de las primeras recuperaciones de la provincia de
Buenos Aires, quien se convertirá a comienzos del 2003 en presidente del
Movimiento Nacional de Fabricas Recuperadas. En este caso, la vinculación se
estableció a partir de su militancia social y política en las ocupaciones de tierra
en Avellaneda (Provincia de Buenos Aires):
En este sentido, los movimientos pueden pensarse como un espacio de
articulación en el que convergieron historias de militancia y experiencias de
organización, personales y asociativas, que confluyeron entre los años 2001 y 2002
en torno a las recuperaciones. Estas organizaciones no sólo dinamizaron y
22
aceleraron los procesos -a través del apoyo en momentos como desalojos o
movilizaciones, asesoramientos legales o relativos a la producción-, sino también
impulsaron las recuperaciones, iniciando medidas como la ocupación o el acampe
en casos de empresas en crisis.
En este proceso, aunque mediado por una serie de tensiones y disputas -
expresadas en cuestiones como las estrategias que debían llevar adelante- la
recuperación fue instalándose como una forma privilegiada de demandar al
estado la intervención frente a la crisis de una empresa, a través de lograr la
continuidad de la unidad productiva, demanda que en caso de la Ciudad de
Buenos Aires se expresó principalmente bajo la forma de una ley de expropiación.
A través de esa ley se lograba “legalizar” la ocupación, frenando el remate de los
bienes en el caso de las empresas en quiebra y evitando el desalojo de los
trabajadores de las plantas.
Conseguir la expropiación resultó, en términos de sus protagonistas una
“conquista” que exigió una “vinculación con el estado de pelea constante”, un
logro conseguido a través del “convencimiento de los funcionarios”. Este proceso
exigió dar muestras de una serie de condiciones que quedaron plasmadas en las
argumentaciones a partir de las que se sostuvieron las demandas. Estas “pruebas
de verdad” (Fassin, 2001) que hicieron eje en la “dignidad del trabajo genuino”, el
trabajo “verdadero” en oposición a expresiones “falsas” como los “planes”9.
Dignidad que sólo era posible garantizar recuperando la “fuente de trabajo”, es
decir, impidiendo el cierre de las fábricas. Este “lenguaje de la protesta” (W.
Roseberry, 1994), requirió adoptar formas y lenguajes compartidos con aquellos a
quienes estuvo orientada la demanda, como la idea de dignidad, a partir de lo que
fue posible movilizar su intervención, estableciendo de esta manera una
obligación a actuar.
A MODO DE CIERRE
Como hemos señalado en la introducción, los estudios sobre movilización social
en Argentina han cobrado renovado interés en los últimos años, incorporando
aportes de las teorías de la acción colectiva y los movimientos sociales. Desde
esas investigaciones, los principales ejes de análisis se orientaron al estudio de los
23
formatos de la acción, la conformación de actores o identidades colectivas y el
involucramiento de los sujetos en la movilización.
Desde nuestras investigaciones sobre diferentes expresiones de movilización y
organización social en la Argentina contemporánea, hemos reconstruido
etnográficamente la trama de relaciones que en cada caso particular se ponen en
juego y el campo de disputa que estas definen. A partir de esta reconstrucción,
hemos buscado avanzar en la interpretación de prácticas y sentidos construidos
desde relaciones de hegemonía.
Este descentramiento de la acción o el sujeto de la acción hacia las interacciones,
permite iluminar el modo en que las políticas estatales y las iniciativas de
organismos internacionales de crédito configuran escenarios de disputa,
delimitando modalidades y lenguajes dentro de los cuales se hacen posibles
prácticas de movilización específica. Modalidades y lenguajes que adquieren
sentido a partir de la consideración de las trayectorias de vida de los sujetos
implicados; de las experiencias y modos sociales de vida; y de los procesos y
tradiciones históricas dentro de las cuales se inscriben. Este desplazamiento
permite, a nuestro entender, restituir el sentido que las diversas modalidades de
acción colectiva, cobran para los sujetos en el marco más amplio de sus
condiciones de vida.
NOTAS 1 En Argentina entre 1974 y 2001 el 10% de la población más rica acrecentó su
porción en un 35%, en tanto el sector más pobre resignó el 37%”. En marzo del
2004 la Argentina presentaba “la peor distribución de la riqueza de su historia” -el
10% más rico acaparaba el 38% de la riqueza producida y ganaba 31 veces más que
el 10% más pobre (Derechos Humanos en la Argentina, 2004). Según datos del
INDEC-correspondientes al primer semestre de 2004- sobre el total de la
población de los 28 conglomerados urbanos, el 60% de los menores de 13 años y
el 54,3% de aquellos entre 14 y 22 años se encuentra bajo el nivel de pobreza.
Según la Encuesta Permanente de Hogares, onda mayo, el mayor nivel de pobreza
en el Gran Buenos Aires fue en 2003 alcanzando el 51, 7%, mientras que la tasa de
desocupación alcanzó el 22 % en 2002. Los datos más actualizados indican que el
24
10 por ciento más rico de la población de las áreas urbanas recibió el 42.9% de los
ingresos, mientras que el 10 por ciento más pobre solamente el 1.2% (CEPAL,
2007). En este sentido, la permanencia de situaciones agudas de desigualdad se
expresan en cifras que indican que 12 millones de personas son pobres, de los
cuales 4,5 millones son indigentes y más de 4 millones se encuentran en situación
de desempleo o subempleo (CELS, 2007). 2 La categoría de movimiento social tuvo particular desarrollo en América Latina
durante la década del 80 para el estudio de formas como el movimiento vecinal,
de derechos humanos o feministas. En este caso se retomaron los aportes de la
denominada Teoría de los “Nuevos Movimientos Sociales”. Para el caso de
Argentina, se destacan los trabajos de E. Jelin (1987); A. Fernández, (1991); I.
Gónzalez Bombal y V. Palermo (1987). 3 La articulación entre los niveles es aprehendida desde el concepto de repertorio
que alude a las regularidades en las maneras de actuar colectivamente, en función
de intereses comunes y mediante “rutinas aprendidas” (creaciones culturales que
emergen en la lucha y en las interacciones entre ciudadanos y el Estado). 4 Gledhill (2000) analiza una serie de núcleos problemáticos de las
interpretaciones sobre los movimientos sociales en ambos paradigmas: la
autonomía de los movimientos frente al Estado y los partidos políticos; el sesgo
eurocéntrico en la comparación de los movimientos sociales latinoamericanos y
europeos sobre la base de premisas como la identidad y los objetivos; la
articulación compleja entre dominación y resistencia; y las desigualdades de
género en la formulación de estrategias, de objetivos y en la propia identidad de
los movimientos. 5 El término en inglés utilizado por Scott es transcript. En la traducción al
castellano se utiliza la palabra discurso. Sin embargo el traductor introduce una
nota para aclarar que este término hace referencia a la transcripción completa de
lo que se dijo en un juicio, en la que se incluyen gestos, expresiones faciales, etc.
En este sentido la idea refiere a una actuación que incluye no solamente las
expresiones de lenguaje sino también las prácticas que en este marco se
desarrollan.
25
6 Estos fueron entregados en el marco de los Programas de Emergencia Laboral
(PEL), otorgados por acuerdo entre la Secretaría de Empleo y Trabajo del
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud de la Nación, con la finalidad de
contratar y capacitar promotores/agentes de salud. Alcanzaban en ese momento,
un valor aproximado de 150 pesos por persona por mes. 7 En las movilizaciones generales como la del 24 de marzo, 1 de mayo, 26 de junio
y 20 de diciembre del 2002 las columnas de las asambleas barriales ocupaba un
sector considerable de la marcha. 8 La Interbarrial se formó con el objetivo de articular al conjunto de las asambleas
de la Ciudad, generando un espacio de debate y de decisión conjunta. Esta se
reunía todos los domingos durante gran parte del año 2002 en el Parque
Centenario. Este espacio buscaba convertirse en un centro de coordinación,
durante el mayor momento de visibilidad mediática de las asambleas. Sin
embargo, el propio objetivo de coordinación hizo que algunas asambleas dejaran
de participar debido al rechazo a la exposición a ese centro de control y a la
presión de algunos partidos políticos por intentar dominar el espacio. 9 Como hemos mencionado previamente, esta fue la expresión que adoptaron
popularmente los programas de ocupación transitoria implementados por el
estado durante la década del 90.
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