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Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia
Análisis Complementario de la
Situación del País
Octubre de 2011
2
Bolivia:
Datos Generales
Indicador Dato Fuente
Extensión territorial (Kms. cuadrados) 1.098.581 INE Población Total 10.426.154 INE (Proyección 2010) Población urbana 6.922.107 INE (Proyección 2010) Población rural 3.504.047 INE (Proyección 2010) Población urbana – Población Rural (%) 66 - 34 INE (Proyección 2010) Población femenina (%) 50 INE (Proyección 2010) Población de 0 a 19 años (%) 46 INE Población mayor de 65 años (%) 5 INE Población indígena ≥ 12 años –por autoidentificación–
Población Indígena ≥ 12 años –por lengua materna–
Numero de Etnias 36 CPE
Principales Idiomas Castellano, Quechua, Aymara, Guaraní
INE
Esperanza de vida al nacer -ambos sexos- (años) 66 INE Índice de Desarrollo Humano (Posición) 95 entre 169 PNUD Índice de Desarrollo de Infancia, Niñez y Adolesc. UNICEF Índice de desigualdad de género (valor) 0.672 PNUD, 2010 PIB (2009) (millones de dólares) 17.217 BCB PIB per cápita (2009) (dólares) 1.683 BCB
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Bolivia:
Indicadores Seleccionados de Avance en los Objetivos del Milenio
Base Actual Meta 2015
Dato Año Dato Año Dato Brecha
Población en pobreza extrema (%) 41 1996 26 2009p 24 -2 - Rural 68 ” 48 ” - Urbana 24 ” 15 ” - Hombre 41 ” 25 ” - Mujer 42 ” 27 ” - Indígena 58 ” 34 ” - No indígena 27 ” 16 ”
Población en pobreza moderada (%) 65 1996 51 2009p - Rural 84 ” 69 ” - Urbana 52 ” 41 ”
Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1,9 1990 0,8 2009p Relación empleo-población (%) 67 1996 63 2009p
- Rural 85 ” 75 ” - Urbana 56 ” 57 ” - Hombre 74 ” 71 ” - Mujer 59 ” 55 ” - Indígena 80 ” 70 ” - No indígena 56 ” 54 ”
Población ocupada que trabaja por cuenta propia (%) 66 1996 55 2009p - Rural 87 ” 80 ” - Urbana 47 ” 40 ” - Hombre 57 ” 48 ” - Mujer 77 ” 64 ” - Indígena 79 ” 66 ” - No indígena 49 ” 39 ”
Niños menores de 3 años con desnutrición crónica (%)1 38 1989 20 2008 19 -1,3 - Rural 44 ” 30 ” - Urbana 31 ” 12 ” - Hombre 39 ” 22 ” - Mujer 36 ” 19 ”
Niños menores de 5 años con desnutrición global (%) 13 1989 6 2008 6,6 - Rural 16 ” 9 ” - Urbana 11 ” 4 ” - Hombre 15 ” 7 ” - Mujer 11 ” 6 ”
Tasa de cobertura neta de educación primaria (%) 94 2001 90 2008 100 -10 - Hombre 95 ” 90 ” - Mujer 95 ” 90 ”
Tasa de término de 8º de primaria 74 2001 77 2000 100 -23
1 El tramo de edad recomendable para este indicador es de 0 a 5 años, pero el monitoreo está cubriendo sólo el
rango de 0 a 3 años. Segundo la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en 2008 la desnutrición crónica de menores de 5 años fue de 27%, con reducción de 5 puntos porcentuales frente a la observada en 2003 (Ministerio de Salud y Deportes - INE, 2008).
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Tasa de alfabetismo de población 15 a 24 años 97 2001 99 2009p 100 -1 - Rural 93 ” 99 ” - Urbana 99 ” 100 ” - Hombre 99 ” 100 ” - Mujer 97 ” 99 ” - Indígena 96 ” 99 ” - No indígena 99 ” 100 ”
Brecha de género al terminar 8º de primaria 2,8 2001 -1,8 2008p 0,0 +1,8 Mujeres en el Parlamento Nacional (%) - - 35 2009 Mujeres en Concejos Municipales (%) 19 2004 43 2010 Mortalidad de la niñez (x 1000 nacidos vivos) 129 1989 63 2008 43 -20
- Rural 153 ” 87 ” - Urbana 104 ” 43 ”
Mortalidad infantil (x 1000 nacidos vivos) 82 1989 50 2008 27 -23 - Rural 97 ” 67 ” - Urbana 65 ” 36 ”
Cobertura de vacunación (3ª dosis pentavalente) 68 1994 85 2009 95 -10 Razón de mortalidad materna (x 100 mil nacidos vivos) 416 1989 229 2003 104 -125 Cobertura de parto institucional (%) 33 1996 67 2009 70 -3 Tasa de uso de anticonceptivos 30 1989 89 2008
- Rural 19 ” 53 ” - Urbana 39 ” 66 ”
Tasa de natalidad en adolescentes (x mil habitantes) 94 1989 89 2008 - Rural 141 ” 135 ” - Urbana 68 ” 68 ”
Cobertura de atención prenatal -4 consultas o más- (%) 32 1994 72 2008 - Rural 14 ” 60 ” - Urbana 48 ” 82 ”
Prevalencia del VIH/sida (por millón de habitantes) 3 1996 83 2009 13 -70 Índice de parasitosis anual de malaria (x1000 habitantes) - - 599 2009 Municipios con infestación de Chagas (%) 56 1990 20 2009 0 -20 Pacientes de tuberculosis curados (%) 71 2000 82 2008 95 -13 Superficie nacional cubierta por bosques (%) 53 2008 Superficie nacional de áreas protegidas (millones de ha.) 16,8 2001 17,1 2008 17,2 -0,1 Consumo de clorofluorcarburos (toneladas de PAO) 80 2001 9 2008 0 -9 Población con acceso sostenible a agua potable (%) 58 1992 75 2008 79 -4
- Rural 24 ” 51 ” - Urbana 84 ” 87 ”
Población con acceso a servicios de saneamiento básico 28 1992 48 2008 64 -16 - Rural 18 ” 37 ” - Urbana 36 ” 54 ”
Asistencia Oficial para el Desarrollo como % de ingreso de los países donantes
- - 0,48 2009 0,70 -0,22
Servicio total de la deuda como % de los ingresos fiscales
- - 47,7 2009
Fuente: (UDAPE, 2011 a).
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Contenido
Contenido............................................................................................................................................5
Resumen Ejecutivo..............................................................................................................................6
1. Introducción ............................................................................................................................. 13
2. Marco del Análisis: el enfoque de Derechos Humanos y el Vivir Bien ..................................... 15
3. Análisis de situación ................................................................................................................. 18
3.1. La búsqueda de la igualdad de derechos y la Nueva Constitución Política...................... 18
3.2. Un modelo propio de profundización democrática ......................................................... 21
3.3. La cooperación Internacional en Bolivia........................................................................... 22
3.4. Derechos Civiles y Políticos............................................................................................... 23
3.5. Derechos Sociales y Culturales ......................................................................................... 26
3.6. Derechos Económicos....................................................................................................... 33
3.7. Derechos Ambientales y de la Madre Tierra .................................................................... 38
4. Desafíos prioritarios para el desarrollo y la garantía de los derechos ..................................... 41
4.1. Las ventajas comparativas de la cooperación de Naciones Unidas en Bolivia ................. 41
4.2. Los principales desafíos identificados por el país y la potencial cooperación de las
Naciones Unidas ............................................................................................................... 42
5. Anexo 2: Organismos, Acrónimos y Abreviaturas .................................................................... 47
5.1. Organismos gubernamentales.......................................................................................... 47
5.2. Organismos del Sistema de las Naciones Unidas.............................................................. 47
5.3. Otras abreviaturas utilizadas ............................................................................................ 48
6. Fuentes citadas......................................................................................................................... 49
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Resumen Ejecutivo
Introducción
a. Este documento contiene un análisis de la situación de Bolivia realizado por el Equipo de las
Naciones Unidas en el País, que complementa los estudios e investigaciones preparados
por el Gobierno Nacional y por agencias del Sistema de las Naciones Unidas y sirve como
referencia para formulación del Marco de Cooperación del Sistema de las Naciones Unidas en
Bolivia para el período 2013-2017
b. La preparación de este análisis complementario incluyó estudios realizados por las
agencias del Sistema de las Naciones Unidas, talleres temáticos con participación de
funcionarios de alto nivel de los organismos gubernamentales, encuestas para conocer las
percepciones y opiniones ciudadanas sobre la situación económica, social y política del país, y
sobre la garantía de sus derechos, y también diálogos de las diferentes agencias del Sistema
con sus aliados de organizaciones civiles y comunitarias y con las poblaciones a las cuales están
orientados las estrategias y proyectos de cooperación. Los resultados de este análisis fueron
validados y ajustados en una reunión de alto nivel realizada el 18 de agosto de 2011 con
participación activa de varios ministros, vice-ministros y altos funcionarios del Gobierno.
Marco del Análisis: el enfoque de Derechos Humanos y el Vivir Bien
c. Este análisis complementario de la situación del país se fundamenta en el enfoque de los
derechos humanos. En consecuencia, examina la situación de los derechos civiles y políticos, los
derechos sociales y culturales, los derechos económicos y los derechos ambientales. El Sistema
de las Naciones Unidas encuentra plena compatibilidad entre el enfoque de los derechos
humanos y el paradigma de Vivir Bien, plasmado en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia.
La Coyuntura Nacional
d. Bolivia ha vivido una larga historia de lucha por la igualdad, la justicia, y las libertades básicas,
protagonizada por las demandas de igualdad social, económica y política de distintos grupos
sociales y territoriales afectados por la discriminación y la inequidad. Las demandas por
igualdad tienen diferentes manifestaciones, acordes con la diversidad de Bolivia, que se
manifiestan en tensiones territoriales, étnico-culturales, sociales, políticas y ambientales, que
han evolucionado con el tiempo y están presentes en la realidad actual del país.
e. La confluencia de esas tensiones en un contexto de crisis económica dio lugar a la crisis de
Estado que se precipitó durante la primera mitad de la década del 2000. Surgió de allí la
necesidad de construir un nuevo modelo de Estado que se plasmó en la Nueva Constitución
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Política aprobada en 2008. La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
busca revertir las tendencias de desarrollo desigual, consolidar las conquistas sociales y
avanzar en la construcción de la justicia, la igualdad de derechos y la equidad social. Tiene un
amplio reconocimiento de los derechos humanos, crea las autonomías como mecanismo de
redistribución del poder en el territorio, reconoce la plurinacionalidad, propicia la
interculturalidad y amplía los espacios y modalidades de ejercicio de la democracia. La
aplicación de la nueva Constitución ha implicado grandes reformas en el aparato
administrativo del Estado, que comenzaron con la aprobación de las cinco Leyes
“estructurales” y está exigiendo un gran esfuerzo por el desarrollo de nuevas capacidades
institucionales en la gestión pública.
La cooperación internacional en Bolivia
f. Bolivia tiene una activa cooperación internacional. En consonancia con los cambios vividos por
el país, la cooperación está pasando de las estrategias de provisión de servicios a las de
creación de capacidades. El paso a país de ingresos medios ha transformado el
relacionamiento con la oferta de financiamiento externo en términos de origen, fuente,
condiciones y destinación. El Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia, conformado por los
principales cooperantes está comprometido activamente con el desarrollo nacional, se ocupa
de la implementación de los acuerdos de la Declaración de París y tiene estrecha coordinación
con el Gobierno. El Sistema de las Naciones Unidas participa activamente en el proceso de
cambio que vive Bolivia y promueve activamente los mandatos esenciales de la Organización:
los derechos humanos, la igualdad de género, la interculturalidad y la sostenibilidad ambiental,
a la vez que fomenta el desarrollo de capacidades en torno a estrategias de gestión que se
adapten a la heterogeneidad cultural y al esquema autonómico.
Los derechos civiles y políticos
g. La Nueva Constitución Política incluye una definición expresa y detallada de los derechos civiles
y los derechos políticos. Uno de sus avances es el énfasis en el derecho a la no discriminación,
cuya garantía implica medidas políticas, legislativas, educativas, sociales, culturales y en el
ámbito de la salud. Prevé también una reforma profunda del sistema judicial que exige
cambios profundos para garantizar condiciones de acceso, imparcialidad, celeridad, eficacia,
debido proceso y presunción de inocencia que han sido precarias en el pasado, y la puesta en
marcha de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina. Bolivia ha iniciado grandes reformas
en materia ambiental, orientadas a garantizar el acceso de las personas a los recursos
naturales básicos, poner en marcha el Tribunal Agro-ambiental y promover la creación de un
Tribunal Internacional de Justicia Climática. También comienzan a implementarse medidas
para el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión. La nueva estructura
de órgano Ejecutivo establecida en 2009 incluye el Ministerio de Transparencia Institucional y
Lucha contra la Corrupción, que se ha propuesto una ambiciosa agenda de cambios en la
cultura y las prácticas políticas tradicionales. Un reto relevante es la garantía del derecho a la
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seguridad ciudadana, que es una de las preocupaciones más sentidas de los habitantes. Las
percepciones muestran que la inseguridad está afectando especialmente a las mujeres.
h. Se están operando cambios sustanciales en las oportunidades de gestión, propuesta y
reivindicación de las organizaciones sociales, especialmente las estructuras participativas
indígenas-campesinas, sindicales, de mujeres y de las organizaciones que promueven el
respeto por la diversidad sexual. La participación de estos grupos ha aumentado
sustancialmente.
i. Los cambios en marcha no están ni estarán exentos de conflictos. Las posiciones políticas son
diversas y las aspiraciones populares cada vez más elevadas. Es por tanto de especial
relevancia la promoción de una cultura de diálogo y resolución pacífica y democrática de las
diferencias, con participación activa de las organizaciones políticas y sociales.
Los derechos sociales y culturales
j. Otro gran reto del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia es la garantía de los derechos sociales
y culturales, en el marco del Vivir Bien, entendido como fin último del desarrollo. En este
marco, Bolivia tiene condiciones para consolidar los sistemas públicos universales de
educación, salud y protección social, de modo tal que se complementen con los mecanismos de
protección social creados en los últimos años
k. Una revisión del ejercicio de los derechos sociales bajo la óptica de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio identifica avances significativos y también importantes desafíos para cumplir las
metas trazadas para 2015. La desnutrición crónica en menores de 3 años ha venido
disminuyendo desde 1989 y parece posible que en 2015 se logre el objetivo de reducirla a 19%;
es necesario concentrar esfuerzos en los municipios más vulnerables a la inseguridad
alimentaria, robustecer las políticas para evitar el alza de precios de los alimentos y avanzar
significativamente en la seguridad y soberanía alimentarias. La cobertura neta del nivel
primario ha disminuido, implicando un enorme reto de acceso y permanencia para lograr la
meta de 100% propuesta para 2015; a éste se suma la necesidad de elevar significativamente
la calidad de la educación, mejorar la educación intercultural y eliminar la discriminación en
contra de la participación de las mujeres en la educación secundaria y terciaria. El sistema de
salud ha hecho avances importantes en cuanto a expansión de algunos servicios, pero tiene
aún tiene grandes desafíos para lograr una garantía universal y efectiva del derecho a la salud,
porque los y las habitantes de Bolivia enferman y mueren predominantemente por causas que
podrían prevenirse o tratarse adecuadamente, junto con problemas de salud ligados a la
transición hacia un país de ingreso medio; dos retos de primer orden son poner en marcha la
decisión constitucional de crear un Sistema Único de Salud para superar la fragmentación
actual y lograr mayor equidad en la asignación territorial de los recursos humanos. Cumplir la
meta de reducción de la tasa de mortalidad infantil exige ingentes esfuerzos del Gobierno
Central, a nivel departamental y local, como de la cooperación del SNU , especialmente en
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áreas rurales y poblaciones indígenas. La tasa de mortalidad materna en Bolivia es una de las
más altas del mundo y duplica el promedio latinoamericano; reducirla a 104 por 100 mil en
2015 es uno de los más importantes desafíos del país e implica esfuerzos multisectoriales.
Bolivia muestra mejorías en promedio en los indicadores de malaria, tuberculosis, chagas y
otras enfermedades tropicales, pero varias regiones conservan niveles endémicos muy altos y
exigen concentración de esfuerzos en ellas. En 2009 los casos de VIH/SIDA llegaron a 12 mil; las
poblaciones de mayor vulnerabilidad son víctimas de estigmatización y discriminación que les
dificultan su acceso a los servicios que requieren; las acciones necesarias exigen el compromiso
de varios sectores que hasta el momento se han excluido e incrementar los recursos
presupuestales nacionales. Es necesario reforzar las actividades tendientes a la eliminación de
la sífilis durante el embarazo y en el recién nacido en el marco de la Estrategia de Reducción de
la Tasa de Mortalidad Infantil y la Sífilis Congénita. La tasa de embarazo de las adolescentes se
ha modificado apenas marginalmente y cambiar la tendencia implica emprender acciones en
diferentes ministerios, de modo que puedan lograrse respuestas nacionales debidamente
coordinadas y sustancialmente más efectivas. La tasa de cobertura de agua potable y de
saneamiento básico siguen siendo bajas, especialmente en zonas rurales; los municipios son
responsables por su mejoramiento pero tienen incentivos y recursos humanos y financieros
insuficientes para incrementar sus esfuerzos.
l. Diversas fuentes muestran violencia generalizada contra los niños y niñas, y muy elevadas
diversas manifestaciones de violencia sexual, donde las víctimas son predominantemente niños
y mujeres de todas las edades. También se han incrementado los femicidios. Bolivia es uno de
los países de América con más casos de trata y tráfico de personas, con fines de explotación
sexual, explotación laboral, servidumbre y mendicidad, siendo los indígenas y los niños y niñas
las principales víctimas.
m. El país avanza en el control del tráfico de drogas, pero es necesario un esfuerzo adicional con
apoyo internacional para controlar las actividades de los narcotraficantes y proveer a los
productores de hoja de coca de alternativas productivas sostenibles. También es urgente
abordar estrategias de prevención y protección de la población expuesta al uso de drogas
psicoactivas, entre las que se destacan los escolares.
n. El Estado boliviano está impulsando un ambicioso proceso de garantía de los derechos
culturales, acompañado específicamente del reconocimiento del derecho de los Pueblos
Indígena Originario Campesinos a una identidad cultural e idioma propios. Los cambios
previstos implicarán transformaciones en todos los sectores de la gestión pública y en varios
ámbitos de la cultura ciudadana.
Los derechos económicos
o. La realización de los derechos económicos está en el corazón de las demandas ciudadanas. El
equilibrio macroeconómico se ha preservado en los últimos 5 años y los principales indicadores
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son positivos, pero los efectos redistributivos son aún limitados. El manejo macroeconómico ha
incidido favorablemente en el financiamiento de los nuevos sistemas de protección social,
especialmente los Bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla y de la Renta Dignidad; no
obstante, Bolivia es uno de los países de América Latina con menor gasto social por habitante.
Esta situación sugiere la necesidad de fortalecer la progresividad fiscal, tanto en el recaudo
como en la asignación de gasto.
p. A pesar del desempeño macroeconómico, la tasa de desempleo no ha disminuido a los niveles
esperados y no hubo mejoras sustanciales en la calidad del trabajo. El 51% de los habitantes de
Bolivia vive en condiciones de pobreza y el 26% en condiciones de pobreza extrema. La pobreza
extrema se concentra, acumulativamente, en las mujeres y niños, en el área rural y en las
poblaciones originarias. 1 de cada cinco menores de 13 años está trabajando. Los niveles de
pobreza son el resultado de una gran desigualdad en la distribución del ingreso.
q. Entre 2000 y 2008 la pobreza extrema promedio se redujo de 45% a 26%. Esta reducción fue
proporcionalmente más acelerada en las zonas rurales que en las urbanas. En los últimos años
ha habido importantes avances en la distribución de tierras y el otorgamiento de títulos de
propiedad. Los otros dos factores de mayor impacto en la reducción de la pobreza extrema han
sido las transferencias monetarias gubernamentales y las remesas de los bolivianos residentes
en el exterior, pero la dinámica esperada de estos factores no es suficiente para sostener la
tasa de reducción. Por estas razones, el cumplimiento de la meta de reducir la pobreza extrema
a 22% en 2015 dependerá esencialmente de la intensidad de las acciones de política social y,
sobre todo, de política económica.
r. El Gobierno otorga prioridad al desarrollo productivo como instrumento idóneo para la lucha
contra la pobreza. El modelo se basa en la exportación y eventual industrialización de recursos
naturales con alto valor estratégico, como gas, petroquímica, hierro y litio, para obtener
ingresos que mejoren las condiciones de vida de la población por la vía del gasto social y las
transferencias monetarias. Este modelo no está exento de riegos que requieren acciones de
mitigación.
s. La pobreza ha incidido de manera determinante en las altas tasas de migración interna e
internacional. La migración internacional por causas económicas revela desequilibrios
estructurales que tienen graves consecuencias sociales Las remesas generadas por la
migración transfronteriza han incidido en la estabilidad macroeconómica, el desarrollo
económico de algunas regiones y el alivio de la pobreza pero tienen altos costos sociales.
Los derechos ambientales y de la Madre Tierra
t. Otro de los retos es conciliar las necesidades de crecimiento económico e industrialización con
las tradiciones ancestrales y el aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales, para
enfrentar los retos del cambio climático y la reducción de los riesgos de desastre. Los temas
11
ambientales tienen un posicionamiento creciente en la agenda política, pero la situación
ambiental se ha deteriorado en los últimos diez años y muestra tendencias de empeoramiento.
Existen efectos degradativos acumulados de épocas pasadas, y procesos de impacto ambiental
en fase de agudización, como la contaminación minera, urbana e industrial, la desertificación
en las tierras altas, la deforestación y la introducción de cultivos comerciales sin adecuadas y
suficientes medidas de mitigación. Los impactos afectan las aguas, el aire y los suelos. Los
bosques se encuentran en alto riesgo por el avance descontrolado de las fronteras
agropecuarias, las quemas extendidas como práctica de cultivo y los efectos de manejo
inadecuado. La mayor deforestación es causada por los complejos agroindustriales. Mientras
se incrementa la demanda por agua, debido al crecimiento de las ciudades y la expansión de la
actividad agropecuaria, la disponibilidad permanente de agua se reduce como consecuencia de
la pérdida de bofedales, la deforestación de las cabeceras y cuencas y la retracción de los
glaciares tropicales. Los proyectos mineros e hidrocarburíferos demandan una creciente
capacidad de regulación y control, asociada a las comunidades.
u. Bolivia es país líder en el mundo en la agricultura orgánica de algunos productos. El país tiene
una oportunidad única de impulsar actividades empresariales agropecuarias para el
abastecimiento nacional bajo un enfoque de soberanía alimentaria y a la vez aumentar las
exportaciones agrícolas, pero los avances son aún incipientes. El desarrollo de la economía
alternativa demanda un conjunto de políticas nuevas y sostenidas.
v. Entre 2006 y 2011 se registraron en territorio boliviano 5 grandes períodos de desastres de
grandes proporciones, con severos impactos sociales y económicos. Bolivia tiene múltiples
escenarios de riesgo extensivo e intensivo, asociados a factores de pobreza y marginalidad. El
El Centro de Operaciones de Emergencia –COE– mejoró su capacidad de respuesta pero existen
evaluaciones conducidas por ÚNETE que muestran importantes vacíos en la preparación y en la
capacidad de respuesta a las emergencias y desastres. Es indispensable concentrar esfuerzos
en el desarrollo de un modelo descentralizado de reducción de riesgos de desastre y una
cultura de prevención.
Desafíos prioritarios para el desarrollo y la garantía de los derechos
w. El análisis realizado permite identificar los principales desafíos que encara Bolivia para resolver
sus tensiones históricas, atender las demandas por igualdad. Equidad y garantía de los
derechos de todas y todos sus habitantes en un contexto de Vivir Bien. La Nueva Constitución
Política del Estado y las dinámicas de cambio que ella ha suscitado crean un nuevo escenario
de oportunidades para el país. El presente quinquenio es el momento decisivo de establecer, en
base a un proceso de construcción de consensos con todos los sectores de la sociedad, las
reglas del juego político, económico y social, las estructuras institucionales y los mecanismos
de garantía de derechos acordes con esa visión.
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x. Las ventajas comparativas de la cooperación de Naciones Unidas en Bolivia identificadas por
sus socios son: capacidad de alinearse con las prioridades nacionales, de acompañamiento y
mediación en situaciones conflictivas, de aporte técnico, de posiciones en enfoque de derechos
y las perspectivas de género, multiculturalidad y sostenibilidad ambiental, de promover
coordinación entre entidades públicas de todos los niveles, de acercarse a las organizaciones
sociales, de brindar apoyo financiero y movilizar recursos internacionales y de dar respuesta
rápida ante circunstancias de urgencia y emergencia.
y. Los principales desafíos identificados por el país y la potencial cooperación de las Naciones
Unidas se concentran en:
• Garantía de los derechos civiles y políticos, fortalecimiento de las estructuras políticas, de
la democracia y la gobernabilidad.
• Fortalecimiento del sistema de protección social, construcción del Vivir Bien, y garantía de
los derechos sociales y culturales.
• Redefinición del modelo de producción, distribución y generación de ingresos, y garantía de
los derechos económicos.
• Sostenibilidad ambiental, reducción de riesgos y gestión de desastres, y garantía de los
derechos de la madre tierra.
13
1. Introducción
1. Este documento contiene el Análisis Complementario de la Situación de Bolivia realizado
por el Equipo de las Naciones Unidas en el País.
2. Periódicamente el Sistema de las Naciones Unidas realiza un análisis de la situación de los
países con los cuales tiene vínculos de cooperación. Cuando los análisis existentes tienen
buena calidad, no prepara un análisis propio sino que se basa en los ya existentes,
complementándolos en los aspectos que lo ameriten.
3. Bolivia tiene análisis situacionales recientes y sólidos, preparados por el Gobierno
Nacional y por agencias del Sistema de las Naciones Unidas. Entre ellos se destacan:
• Los informes de progreso de los ODM en Bolivia, el 6º de los cuales fue publicado en enero
de 2011 ( (UDAPE, 2011 a).
• Los informes nacionales de Desarrollo Humano, el más reciente publicado en febrero de
2011 (PNUD, 2010).
• Los informes periódicos de las autoridades económicas, entre ellos, el informe de
diciembre de 2010 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2010 b) y las Memorias
Fiscales de 2009 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2010 a) y de 2010 (Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, 2011).
• El Examen Periódico Universal del Estado Plurinacional de Bolivia (OACNUDH, 2010 a).
• Las Recomendaciones y observaciones de los Mecanismos de Protección de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas dirigidas al Estado Plurinacional de Bolivia (OACNUDH,
2010 b).
• El Reporte Nacional de Pobreza y Disparidades de la Infancia en Bolivia (UDAPE-UNICEF,
sf).
• El Análisis de la Situación de la Infancia, Niñez y Adolescencia en Bolivia 2001-2010
(UNICEF, 2010 a)
• El Primer Reporte del Estado de los Derechos de la Infancia, Niñez y Adolescencia en
Bolivia (UNICEF, 2011)
• Los conversatorios de Gobernabilidad Democrática (PNUD, 2010-2011)
• El Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas (UDAPE, 2010 b).
• Los informes de situación social y económica publicados por UDAPE.
• Los Índices anuales de Salud Municipal, el último de los cuales fue publicado en 2010
(Ministerio de Salud y Deportes, OPS/OMS y FAM, 2010)
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• El reporte sobre cambio climático, adaptación en agua y seguridad alimentaria (PNUD,
2011 a).
• Diversos documentos con análisis específicos o sectoriales, identificados en las referencias
bibliográficas.
4. La complementación a los análisis contenidos en los documentos enumerados y varios más
incluidos en la bibliografía fue realizada mediante cuatro estrategias:
• Aportes formales entregados por cada una de las agencias del Sistema de las Naciones
Unidas que identifican los elementos de la situación del país más relevantes para la
cooperación de las Naciones Unidas en sus respectivas áreas de especialización. Estos
aportes fueron elaborados en mayo y junio de 2011 y se basan en los diagnósticos
elaborados por las agencias.
• Talleres temáticos con participación de funcionarios de alto nivel de los organismos
gubernamentales y las agencias de Naciones Unidas para la evaluación de cada una de las
áreas que conforman el Marco de Cooperación para el Desarrollo entre el Sistema de las
Naciones Unidas y el Gobierno de Bolivia 2008-2012. En estos talleres, realizados en la
última semana de junio de 2011, se examinó también el estado de situación nacional
como referente para la evaluación.
• Encuestas para conocer las percepciones y opiniones ciudadanas sobre la situación
económica, social y política del país, y sobre la garantía de sus derechos, que son
realizadas periódicamente por el PNUD.
• Diálogos de las diferentes agencias del Sistema con sus aliados de organizaciones civiles y
comunitarias y, en especial, con las poblaciones a las cuales están orientados las
estrategias y proyectos de cooperación.
5. Los resultados de este análisis fueron validados y ajustados en una reunión de alto nivel
realizada el 18 de agosto de 2011 con participación activa de varios ministros, vice-ministros y
altos funcionarios del Gobierno.
6. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el Sistema de las Naciones Unidas tienen
un diálogo permanente sobre la evolución de la situación social, económica y política del
país. Los aspectos destacados en este informe han sido parte de este proceso de diálogo,
de intercambio y trabajo conjunto entre el Sistema de Naciones Unidas y diversas
instancias del gobierno.
7. Este análisis sirve como referencia para la formulación del Marco de Cooperación del Sistema
de las Naciones Unidas en Bolivia para el período 2013-2017.
15
2. Marco del Análisis: el enfoque de Derechos Humanos y el Vivir
Bien
8. La misión que los países del mundo confirieron a la Organización de las Naciones Unidas
cuando la crearon fue afianzar la paz y el bienestar y preservar a las generaciones venideras de
la guerra mediante la preservación de las libertades ciudadanas y la promoción de condiciones
de desarrollo equitativo, en el contexto de un enfoque básico: los Derechos Humanos. Todos
los Estados firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la carta básica
del mandato de las Naciones Unidas.
9. Los derechos humanos son un conjunto de “mínimos no negociables”, es decir, de
condiciones básicas y esenciales que todos los seres humanos deben tener para lograr una
vida que no termine por voluntad de otros o por causas que pueden evitarse, y que sea
satisfactoria, sin privaciones esenciales y sin miedo. Su característica más exigente es que la
universalidad, es decir, su garantía a todas las personas, sin preferencias o exclusiones, de
manera automática y sin condicionalidades o prerrequisitos, de modo que nadie tenga la
potestad de concederlos o negarlos. La palabra clave es “todos” porque si los derechos no
llegan a todos se convierten en privilegio de algunos.
10. Los derechos humanos son el eje de la paz, convivencia y la cohesión social porque son la
garantía de una vida digna para todos y crean con ello condiciones básicas de igualdad. Este es
el fundamento de la convivencia, la solidaridad y la igualdad de oportunidades y de libertades.
La garantía de los derechos humanos es el fundamento ético de la creación de mecanismos de
equidad en la distribución de los recursos mediante políticas fiscales progresivas, la asignación
de los ingresos fiscales en inversiones igualmente progresivas y una mejor distribución de los
medios de producción, como instrumentos para lograr la respuesta a las demandas sociales y
para dinamizar modelos de crecimiento económico equitativos.
11. Este análisis complementario de la situación del país se fundamenta en el enfoque de los
derechos humanos. Por eso examina el estado de las garantías, a todos los habitantes de
Bolivia, de las condiciones básicas de las libertades individuales y de convivencia (los derechos
civiles y políticos) y las condiciones básicas de subsistencia y de dignidad (los derechos sociales
y culturales, y los derechos económicos), en un medio ambiente saludable que protege la vida
en todas sus formas para lograr la sostenibilidad del planeta (los derechos ambientales).
12. En cuanto a los derechos civiles y políticos, el análisis mira los avances que ha tenido el país
en la solución de las tensiones históricas que han marcado su historia y en la extensión de las
16
garantías de libertad y participación a todos los sectores de la sociedad. Observa también los
logros en cuanto a la participación de las personas y las comunidades en las decisiones que les
afectan y las condiciones para que haya legalidad y justicia. Y se ocupa además de los avances
logrados en el objetivo de que las reformas políticas y el desarrollo de las autonomías
contribuyan a garantizar todos los derechos de los habitantes de Bolivia.
13. Con referencia a los derechos sociales y culturales, examina el avance en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio adoptados en 2000 por el país, que contienen precisamente un
conjunto de metas mínimas irrenunciables, tales como lograr que todas y todos los habitantes
accedan a servicios que les permitan tener una vida saludable, que los niños y niñas puedan al
menos terminar su educación primaria en un buen sistema educativo, que ninguno padezca
hambre o desnutrición y que los hombres y mujeres gocen de igualdad de condiciones y
oportunidades. Paralelamente, examina también la cobertura y calidad de los servicios
sociales básicos, que son el mecanismo que tiene el Estado para garantizar los derechos
sociales. Asimismo, analiza el cumplimiento del derecho de todos y todas de expresarse en la
lengua que desee y en particular en su lengua materna; el derecho a una educación que
respete plenamente su identidad cultural; la posibilidad de participar en la vida cultural que
elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
14. La mirada sobre el avance de los derechos económicos pone en consideración de qué manera
el modelo económico que el país está estableciendo y el manejo de la política económica dan
soporte material a la garantía y al ejercicio universal de los derechos humanos y, en particular,
facilitan a todas las familias desarrollar los medios para generar recursos económicos
suficientes que les posibiliten tener una vida digna y permitan al país avanzar hacia la
soberanía alimentaria.
15. En el ámbito de los derechos ambientales, el análisis se concentra en examinar de qué manera
se garantiza el derecho de los seres humanos a un medio ambiente saludable y como la
sociedad logra que su desarrollo y la garantía de los derechos sean armónicos con la
naturaleza y contribuyan de ese modo a garantizar la continuidad de las distintas formas de
vida. Examina también la vulnerabilidad del país ante las amenazas naturales y el modo como
previene y atiende los desastres naturales.
16. El Sistema de las Naciones Unidas encuentra plena compatibilidad entre el enfoque de los
derechos humanos y el paradigma de Vivir Bien, plasmado en la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia. Vivir Bien prevé las garantías mínimas en 4 dimensiones: i)
acceso a los bienes materiales (Vivir Bien con lo necesario), ii) realización afectiva, intelectual y
espiritual (Vivir Bien la Dimensión Humana), iii) realización en comunidad (Vivir Bien entre
nosotros), y iv) armonía con el entorno (Vivir Bien con la naturaleza).
17
17. El sentido de este análisis no es emitir un juicio sobre Bolivia. Es parte del diálogo permanente
y fluido que existe entre las autoridades que representan al Estado Boliviano y la
representación en el país de las Naciones Unidas. Su sentido es identificar los desafíos que el
país tiene para avanzar en la garantía de los derechos de todas y todos sus habitantes, para
que tal reflexión sirva como base para ofrecer a Bolivia lo mejor de la cooperación de las
Naciones Unidas. Esta cooperación se orientará siempre a fortalecer la garantía de los
derechos humanos, promover la equidad entre hombres y mujeres y avanzar en la protección
de la naturaleza. Buscará además que todas las acciones sirvan para desarrollar las
capacidades nacionales para liderar su propio desarrollo y elevar la eficiencia y eficacia del
Estado como garante de los derechos.
18
3. Análisis de situación
3.1. La búsqueda de la igualdad de derechos y la Nueva Constitución Política
18. Una historia de lucha por la igualdad. Bolivia se ha caracterizado desde la colonización
española del siglo XVI por las demandas de igualdad social, económica y política de distintos
grupos sociales y territoriales afectados por la discriminación y la inequidad. Ha sido un largo
proceso de búsqueda y conquistas graduales de justicia, libertades básicas e igualdad de
derechos. La construcción de una sociedad incluyente, equitativa y justa es, por tanto, un
sueño histórico de los bolivianos y bolivianas.
19. Tensiones y demandas. Las demandas por igualdad tienen diferentes manifestaciones,
acordes con la diversidad de Bolivia, que se manifiestan en tensiones territoriales, étnico-
culturales, sociales, políticas y ambientales, que han evolucionado con el tiempo y están
presentes en la realidad actual del país. La coexistencia de estas tensiones y sus respectivas
demandas y puntos de contradicción ponen de presente la complejidad y
multidimensionalidad de las reivindicaciones por los derechos y libertades básicas en Bolivia,
así como la necesidad de diálogo para conciliar las diversas posiciones y aspiraciones.
20. Las tensiones territoriales surgen porque el país está conformado por territorios muy
diferenciados: el altiplano andino, las laderas y los valles interandinos, la región amazónica y
las planicies del sur, con culturas y economías diversas que ha tenido dificultades para
encontrar mecanismos de integración en la diferencia. Los conflictos territoriales vienen desde
el inicio de la vida republicana como reflejo de pugnas por el poder político y por el control de
la riqueza asociada a los recursos naturales.
21. Las tensiones sociales son producto de una sociedad con profundas desigualdades y
limitaciones para atender los derechos de gran parte de la población. Tuvieron su primera
gran expresión en el vigoroso movimiento sindical boliviano que marcó la historia del país
desde la segunda mitad del siglo XIX y gradualmente han llegado a todos los espacios de la
vida boliviana. Las exigencias sociales se concentran en la equidad de la distribución del
ingreso y de la tierra, el derecho al trabajo y a la protección social y la garantía de los derechos
civiles y políticos. Están marcadas por una creciente conciencia de que el Estado debe
garantizar los derechos para que éstos puedan ser ejercidos.
22. Las tensiones étnico-culturales reflejan las fracturas de una sociedad que hasta la primera
mitad del siglo XX desconoció los derechos de la mayoría indígena que la conforma y que ha
19
tardado en resolver la gestión de su diversidad y la adecuación a ella de sus estructuras
institucionales. Estas tensiones son tanto más intensas cuanto “lo indígena” en Bolivia no
expresa una realidad homogénea, ya que involucra al menos a 36 grupos étnicos que tienen
particularidades y diferencias en sus prácticas culturales, sociales y políticas.
23. Las tensiones políticas están marcadas por posiciones ideológicas marcadas, que tienen
propuestas diversas para atender las reivindicaciones territoriales, sociales y étnicas, y que
históricamente han tenido dificultades para tramitar sus diferencias y construir acuerdos de
beneficio colectivo.
24. Las reivindicaciones ambientales son más recientes y se relacionan con el acceso, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales en las regiones y con los derechos de las
comunidades sobre el manejo de estos recursos en sus territorios ancestrales o sus áreas de
asentamiento.
25. Crisis. La confluencia de esas tensiones en un contexto de crisis económica dio lugar a la crisis
de Estado que se precipitó durante la primera mitad de la década del 2000. La crisis puso en
evidencia el agotamiento de los impactos de las reformas sociales iniciadas en la década de los
90, pues la apertura política aún no satisfacía todas las aspiraciones de participación y de
profundización democrática, los importantes incrementos de cobertura en los servicios
sociales no habían logrado mejorías masivas de calidad para dar soporte al pleno ejercicio de
los derechos sociales y culturales y la economía no estaba garantizando ocupación e ingresos
satisfactorios a gran parte de la población, cada vez más consciente de sus derechos
económicos.
26. Diálogo y construcción de acuerdos. El período de definición básica del nuevo modelo de
Estado se vivió entre 2007 y 2009. Estuvo signado por un pulso creciente de fuerzas en torno
a la orientación de la reforma. Estas fuerzas llegaron a tener un alto grado de conflictividad
desde finales de 2007, que incluso llegaron a situaciones de violencia y de confrontación
social. No obstante, las tensiones que en muchos países llevaron a guerras civiles, en Bolivia
fueron resueltas por la vía política y electoral. Uno de los momentos culminantes de este
proceso se produjo en septiembre y octubre de 2008, con el diálogo entre el Gobierno
Nacional y los prefectos de oposición, seguido del diálogo entre los partidos con
representación parlamentaria en el Congreso. Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y
UNASUR, junto con las iglesias fueron invitados como observadores a estos diálogos y
pudieron cumplir un rol relevante de acompañamiento. Estas conversaciones permitieron que
en octubre de 2008 se lograse un Acuerdo sobre el texto de la Nueva Constitución y un
llamado a su aprobación mediante Referendo. Éste se realizó en enero de 2009 con un
resultado del 62% favorable a la nueva Carta Política.
27. La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada en octubre de
2008, busca revertir las tendencias de desarrollo desigual, consolidar las conquistas sociales y
20
avanzar en la construcción de la justicia, la igualdad de derechos y la equidad social. Se basa
en las propuestas de la mayoría política que gobierna actualmente el país pero incluye
también la atención a demandas sociales y regionales, y reivindicaciones de los sectores de
oposición. Las reformas previstas en ella y el proceso político y social que las soporta no han
sido fáciles y requirieron concesiones de todos los sectores.
28. Derechos. La Constitución dedica el Titulo II, artículos 13º a 106º, al reconocimiento explícito y
taxativos de los derechos “inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y
progresivos” (art. 13º) de todo ser humano en territorio boliviano y sin distinción alguna,
garantizados por el Estado, y a la vez que prohíbe y sanciona cualquier forma de
discriminación que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de
igualdad de los derechos de toda persona (art. 14). Bajo este mandato, el principal reto que
tiene el Estado Boliviano es lograr que la garantía de derechos pueda aplicarse con el alcance
previsto, para que la Constitución, además de ser expresión de las aspiraciones legítimas de la
sociedad, sea un mandato efectivo y exigible.
29. Autonomías. Las autonomías son un eje del modelo de Estado previsto por la Nueva
Constitución y normado por la Ley Marco de Autonomías. Éstas no definen solamente una
nueva estructura administrativa sino reconocen a distintas comunidades de gobierno y
establecen una redistribución del poder en el territorio, una fijación de las competencias de
cada nivel de gobierno y una definición de los modos de rendición de cuentas. Por tratarse de
acuerdos sobre distribución del poder, su conformación no ha estado exenta de pujas de
fuerza, en un proceso que es naturalmente lento y tortuoso. Aún no se concluye la
distribución detallada de competencias y de recursos, que son cruciales porque se refieren en
esencia a la administración de los sistemas que materializan los derechos de la población. En la
medida en que se vayan definiendo con precisión las responsabilidades que competen a cada
nivel autonómico, comienza el desafío de crear capacidades, garantizar niveles adecuados de
financiamiento y establecer mecanismos de vigilancia que logren realizar de manera efectiva
las aspiraciones colectivas en materia de acceso efectivo a los derechos y por esa vía atender
las demandas de desarrollo y bienestar.
30. Plurinacionalidad, Democracia Participativa y Comunitaria Intercultural. Otro eje del
desarrollo de la Nueva Constitución Política del Estado es la plurinacionalidad. La Constitución
asume “como fortaleza la existencia de culturas indígena-originario-campesinas, depositarias
de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones” (Art 98) y opta por el
reconocimiento de las diferentes naciones, de sus formas tradicionales de organización y de
sus mecanismos autónomos de participación y gobierno, a la vez que ordena la inclusión de
los pueblos ancestrales en las estructuras estatales y en las dinámicas económicas. Esta
definición de Estado implica un gran desafío para la puesta en funcionamiento de los
mecanismos interculturales de gobierno y justicia previstos en la Constitución, tales como las
autonomías indígenas, la justicia comunitaria y la consulta previa a las comunidades indígenas
21
en decisiones esenciales del Estado, para lograr que la interculturalidad sea “un instrumento
de cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre pueblos y naciones”2 .
31. Reforma gubernamental y gestión pública. La Constitución ordena reformas sustanciales en el
aparato administrativo del Estado para que pueda garantizar los derechos proclamados, y
adecuarse a la estructura de autonomías, a las nuevas modalidades de participación y a los
mandatos de incorporación de las poblaciones históricamente excluidas. La aprobación de las
cinco Leyes “fundamentales”: Tribunal Constitucional Plurinacional, Órgano Electoral, Régimen
Electoral, Órgano Judicial y Ley Marco de Autonomías y Descentralización define la estructura
básica de la nueva forma de gestionar el Estado, distribuir el poder y articular los distintos
proyectos autonómicos departamentales, regionales, municipales e indígenas. Un reto crítico
para que el mandato constitucional sea efectivo es el desarrollo de capacidades institucionales
de gestión pública, que puedan poner en práctica los principios de la Nueva Constitución
Política del Estado con máxima eficiencia y eficacia. De la capacidad de gestión pública
dependen por tanto la efectividad de la Constitución, la construcción de gobernabilidad y la
garantía efectiva de los derechos.
3.2. Un modelo propio de profundización democrática
32. Un modelo propio. Las reformas políticas bolivianas no se basan únicamente en una
profundización de los mecanismos liberales de participación y representación ciudadana
(partidos políticos, robustecimiento del Congreso, mandato basado en el voto, separación
entre la sociedad civil y los órganos del Estado), pues incluyen formas de gobierno
relacionadas con otras tradiciones. Por tanto, el modelo incorpora las tradiciones originarias,
indígenas y campesinas y acepta a la vez las instituciones formadas a partir de la conquista. No
desaparece la república liberal, pero otras tradiciones con sus respectivas instituciones la
matizan. Se definen tres niveles de gobierno y en paralelo se crean las autonomías indígenas
originarias campesinas. Se mantiene el sistema de justicia ordinaria y junto con él se crea
también la justicia indígena. Mientras se amplían los espacios de representación basada en
elecciones libres, hay también afirmación positiva de la representación indígena, campesina y
obrera, y escenarios de gobierno participativo.
33. Desafíos. La novedad del modelo implica grandes desafíos. Uno de ellos es lograr que las
nuevas instituciones tengan la solidez necesaria. Otro es dar solución gradual y sostenida a las
tensiones históricas para construir cohesión social. Y otro es construir confianza, porque como
no se trata de un modelo clásico de profundización democrática, existen frente a él
interpretaciones muy disímiles.
2 Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación: Principios Generales
22
3.3. La cooperación Internacional en Bolivia
34. Una cooperación internacional activa y en transformación. Bolivia ha contado desde
mediados del siglo XX con una activa cooperación internacional. En ella se destacaron por
mucho tiempo los organismos de las Naciones Unidas y un grupo de cooperantes bilaterales
muy relacionados con el país. Recientemente se han vinculado nuevos cooperantes, algunos
de ellos bilaterales y otros asociados a asociados organizaciones no gubernamentales de
asistencia técnica internacional. Las transformaciones vividas por el país en los últimos 15 años
han demandado cambios sustanciales en la cooperación internacional por dos razones
principales: en este período Bolivia acometió decididamente el fortalecimiento de sus
capacidades institucionales, a la vez que pasó a ser país de ingresos medios. El fortalecimiento
institucional ha exigido a la cooperación pasar de las estrategias de provisión de servicios a las
de creación de capacidades. El paso a país de ingresos medios ha transformado el
relacionamiento con la oferta de financiamiento externo en términos de origen, fuente,
condiciones y destinación. Un hecho relevante derivado de la actual coyuntura de crisis
financiera internacional es que el peso económico de la cooperación internacional ha venido
reduciéndose y se espera que esta tendencia continúe en los próximos años.
35. El Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia, creado en 2006, está conformado por 7
organizaciones multilaterales e intergubernamentales –entre ellas el Sistema de las Naciones
Unidas– y por 14 agencias bilaterales con presencia en Bolivia. Su objetivo de contribuir al
desarrollo del país tiene como referente la implementación de los acuerdos de la Declaración
de París y el Plan de Acción de Accra, destinados lograr un claro alineamiento de la
cooperación con las prioridades nacionales. Sus acciones nacen de una estrecha coordinación
con el Gobierno, bajo el liderazgo del Ministerio de Planificación para el Desarrollo, y se
orientan por el Plan Nacional de Desarrollo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. El Sistema de las Naciones Unidas participa activamente en el Grupo de Socios
para el Desarrollo de Bolivia, con un compromiso permanente en varias mesas temáticas; la
Coordinadora Residente ocupó la presidencia del Grupo durante el semestre pasado y
actualmente es parte de la troika de coordinación.
36. El Sistema de las Naciones Unidas no se ha sustraído de la coyuntura de cambio que vive
Bolivia, que en muchos sentidos coincide con la misión de Naciones Unidas de promover la paz
y la convivencia a través de procesos de desarrollo que garanticen los derechos de todos y
todas. Ha tenido una clara conciencia de que el país vive un momento de construcción de
acuerdos a los que la Organización puede contribuir con aportes de visión estratégica y de
modos de implementación. Por eso participa activamente en el proceso de transición,
reivindicando los mandatos esenciales de la Organización: los derechos humanos, la igualdad
de género, la interculturalidad y la sostenibilidad ambiental como ejes esenciales para la
construcción de acuerdos estratégicos entre los grupos sociales y sectores involucrados y
23
fomentando el desarrollo de capacidades en torno a estrategias de gestión que se adapten a la
heterogeneidad cultural y al esquema autonómico.
37. UNETE es el equipo de respuesta a emergencias y desastres creado por el Sistema de las
Naciones Unidas. Ante los desastres vividos por Bolivia a partir de 2007, ÚNETE ha servido
como instrumento eficaz para la coordinación de las acciones de respuesta de la cooperación
internacional y la canalización de la ayuda humanitaria internacional.
3.4. Derechos Civiles y Políticos
38. Reconocimiento de los derechos civiles y políticos. La carta de derechos de la Nueva
Constitución Política incluye una definición expresa y detallada de los derechos civiles y los
derechos políticos generales, definiendo una ampliación de la democracia que combina
distintas formas de participación política (directa, participativa, representativa y comunitaria),
y el respeto de la pluralidad política y social. Enfatiza además la inclusión de grupos
tradicionalmente marginados del ejercicio del poder político, como las naciones y pueblos
indígena originario campesinos, el pueblo afro-boliviano y las mujeres. Se crea así el escenario
para una creciente igualdad político-legal que amplía el espacio de los derechos efectivos. Las
transformaciones requeridas implican el desarrollo de las autonomías antes mencionado y
otros cambios profundos que se examinan enseguida.
39. Derecho a la no discriminación. Por muchos años el Estado Boliviano no reconoció la
existencia de discriminación en su territorio. Apenas en 2001 Bolivia adhirió a la Declaración
de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y la Formas
Conexas de Intolerancia y comenzó a implementar medidas para reducir la discriminación. Los
pasos normativos más sólidos en esta dirección son los artículos 9 y 14 de la Constitución
Política, la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada en de octubre
de 2010 y el diseño de una política pública integral contra el racismo y la discriminación
iniciado por el Viceministerio de Descolonización. Hay el desafío de aplicar la nueva Ley contra
el racismo y toda forma de discriminación generando el mayor grado de consenso y
compromiso de todos los sectores de la sociedad con esta tarea. A pesar de los avances
logrados, actualmente 3 de cada 10 bolivianos perciben discriminación por su condición
económica, color de piel, manera de hablar u origen étnico, siendo esta una de las tasas de
discriminación más altas de América Latina (PNUD, 2010). Los retos previstos para eliminar la
discriminación incluyen medidas políticas, legislativas, educativas, sociales, culturales y en el
ámbito de la salud.
40. Derecho a la justicia. La ruta de las acciones urgentes incluye la institucionalización del
sistema judicial. Uno de sus mayores cambios es la elección por sufragio universal de las altas
autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Si bien algunos
países contemplan la elección de jueces, la propuesta boliviana se destaca por adoptar la
24
elección nacional de las más altas autoridades judiciales, como ocurrirá con la elección de
magistrados por voto popular en octubre de 2011. La operación de la justicia exige cambios
profundos para proveer condiciones de acceso, imparcialidad, celeridad, eficacia, debido
proceso y presunción de inocencia que han sido precarias en el pasado. Otro cambio exigente
es la puesta en marcha de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina que ha sido
reconocida constitucionalmente con similar jerarquía que la Jurisdicción Ordinaria. Su reto es
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a la justicia en acuerdo con los valores
culturales de los diferentes pueblos, pero a la vez con respeto a los principios generales de los
derechos humanos y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres.
41. Derecho ambiental. Bolivia se ha propuesto promover mecanismos legales que garanticen el
acceso de las personas a ciertos recursos naturales básicos, como el derecho al agua, y a
fortalecer las tareas de entidades de justicia como el Tribunal Agro-ambiental que son
estratégicas para garantizar el acceso y el buen uso de recursos como la tierra. En ese marco,
Bolivia está también impulsando la creación de un Tribunal de Justicia Climática como un
mecanismo para hacer efectiva y responsabilizar a todos los países en la reducción de
emisiones en la atmosfera.
42. Nuevos derechos de participación. Un aspecto transversal a esta tarea de construcción
democrática y promoción pluralista de la participación social tiene que ver con el
fortalecimiento de las capacidades de gestión, propuesta y reivindicación de las
organizaciones sociales. Entre ellas se incluyen las estructuras participativas indígenas-
campesinas, sindicales, de mujeres y de organizaciones que promueven el respeto por la
diversidad sexual, que han mostrado especial capacidad de aportar constructivamente a esto
proceso de cambio. Hay por tanto una creciente participación de los movimientos sociales en
la arena pública y una creciente capacidad de incidencia política, que define un nuevo marco
de relacionamiento de las organizaciones sociales con el Estado, el resto de la sociedad civil y
la cooperación internacional.
43. Participación política de las mujeres. Cabe destacar que el país registra avances significativos
en la participación política de las mujeres. Entre ellos se destacan el nombramiento de un
gabinete paritario donde la mitad de los ministerios están encabezados por ministras, el
incremento de 1 mujer senadora en 2005 a 16 en 2009 y de 24 a 29 mujeres diputadas en el
mismo período, la presencia casi paritaria (43%) de mujeres en los concejos municipales
elegidos en 2010 y la participación activa de mujeres indígenas en posiciones de liderazgo
político e instancias de decisión administrativa y comunitaria. La participación política de las
mujeres no solo se manifiesta en los cargos de autoridades electas, sino también como
electoras y como participantes en diversos ámbitos democráticos. Una muestra de ello es que
la proporción de mujeres inscritas en el Padrón Electoral en 2009 es superior a la de los
hombres. Subsisten sin embargo diversas modalidades de violencia política contra las mujeres.
25
44. Derecho a la información y a la libertad de expresión. El acceso en Bolivia a las nuevas
tecnologías de información y comunicaciones ha crecido sustancialmente en los últimos años.
No obstante, se precisa desarrollar legislación y política públicas para facilitar el acceso
equitativo de los ciudadanos a la información en general y a estas tecnologías en particular,
preservando siempre los principios constitucionales de libertad de expresión y los derechos
básicos de las personas.
45. Derecho a la transparencia y lucha contra la corrupción. La nueva estructura de órgano
Ejecutivo establecida en 2009 incluye el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
contra la Corrupción. Tiene a su cargo la ejecución de la Política Nacional de Transparencia y
Lucha contra la Corrupción, que tiene como ejes el acceso libre a la información, la
participación ciudadana activa, la promoción del control social y la ética pública, el
fortalecimiento institucional y la penalización de los infractores. Le corresponde también
coordinar las acciones de lucha contra la corrupción, que prevén entre otros frentes el
seguimiento de los procesos judiciales y la recuperación de activos. Un reto importante para la
consolidación de la institucionalidad boliviana es la aplicación de la Ley de Lucha contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, que requiere importantes
esfuerzos de información y difusión social, de generación de instrumentos efectivos para su
aplicación y de fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas de su aplicación de
manera que se sancionen y prevengan este tipo de faltas, preservando al mismo tiempo los
derechos humanos de los ciudadanos.
46. Derecho a la seguridad ciudadana para la convivencia. Uno de las preocupaciones más
sentidas de los habitantes de Bolivia es la seguridad ciudadana, como manifiesta una encuesta
realizada en enero de 2001 con cobertura en áreas urbanas (PNUD, 2011 b). La inseguridad
ciudadana viola la libertad de vivir sin miedo y afecta tanto los derechos a la vida y la
integridad, así como los derechos económicos y sociales. Es además uno de los factores de
mayor impacto en la convivencia y la cohesión social. No se dispone de información integrada
oficial sobre la inseguridad; no obstante, los medios de comunicación identifican incrementos
en la inseguridad que se expresan principalmente en homicidios, lesiones personales,
accidentes de tránsito y delitos contra la propiedad. Las percepciones muestran que la
inseguridad está afectando especialmente a las mujeres. La preservación de la seguridad
ciudadana tiene como su primer soporte la equidad y la garantía de derechos a toda la
población y requiere además estrategias especializadas de prevención, de atención a las
víctimas, y de procesamiento y tratamiento sanción a los agresores.
47. Una coyuntura crítica. El momento político no está exento de conflictos. Las posiciones
políticas son diversas y las aspiraciones populares cada vez más elevadas. Es por tanto de
especial relevancia la promoción de una cultura de diálogo y resolución pacífica y democrática
de las diferencias, con participación activa de las organizaciones políticas y sociales. Por otra
parte, los mandatos constitucionales exigen grande transformaciones en las capacidades
administrativas del aparato gubernamental para estar en capacidad de atender las
26
responsabilidades que competen a los tres niveles del Gobierno. El Sistema de las Naciones
Unidas tiene el mandato de promover el diálogo y el pluralismo político, de manera que se
faciliten acuerdos para la puesta en práctica de la nueva Carta Política, en la perspectiva de
atender a las reivindicaciones históricas del pueblo boliviano y construir una sociedad
pluralista, incluyente y participativa que garantice los derechos de todas y todos los habitantes
del país. Paralelamente, tiene también el mandato de cooperar con el sector público y la
sociedad en el desarrollo de capacidades para la formulación y ejecución de las políticas
públicas.
3.5. Derechos Sociales y Culturales
48. Demanda por derechos sociales y culturales. Otro gran reto del nuevo Estado Plurinacional de
Bolivia es la garantía de los derechos sociales y culturales. El avance en la igualdad político-
legal plantea una creciente demanda por la consolidación de cambios profundos en los
esquemas de provisión de servicios sociales, el avance hacia sistemas públicos universales y de
calidad que materialicen la garantía de esos derechos y el desarrollo de una gestión pública
eficiente y eficaz.
49. Vivir Bien. Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado se establecieron los
fundamentos del Vivir Bien, entendido como fin último del desarrollo. Como se mencionó
antes, Vivir Bien implica proveer condiciones para el acceso a los bienes materiales, a la
realización afectiva, intelectual y espiritual, a la realización en comunidad y a la armonía con el
entorno. Esta propuesta podría llegar a ser en el país un nuevo paradigma para la conducción
del desarrollo y en particular de la lucha contra la pobreza, pues suma al bienestar individual el
impulso de las potencialidades personales y colectivas, la integración de la sociedad y la
armonía con todas las formas de vida. Vivir Bien integra los derechos humanos y pone de
relieve los derechos comunitarios y los derechos de la Madre Tierra, bajo una concepción de
respeto a la identidad y la diversidad cultural.
50. Derechos sociales y Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una revisión del ejercicio de los
derechos sociales bajo la óptica de los Objetivos de Desarrollo del Milenio identifica algunos
avances significativos y también importantes desafíos para cumplir las metas trazadas para
2015, como se examina enseguida.
51. Los derechos culturales. A partir de la promulgación de la Nueva Constitución Política, el
Estado boliviano está impulsando un ambicioso proceso de transformación que enfatiza el
reconocimiento de la multiplicidad de culturas y pueblos que componen el país. Este proceso
viene acompañado específicamente del reconocimiento del derecho de los Pueblos Indígena
Originario Campesinos a una identidad cultural e idioma propios, a vivir según sus usos y
costumbres, sus creencias espirituales y sus cosmovisiones, y a que sus instituciones formen
parte de la estructura general del Estado. El reto es plasmar estos avances en materia de
27
reconocimiento de los derechos culturales en normas, leyes y políticas públicas que permitan
su institucionalización, por ejemplo mediante el impulso de procesos educativos respetuosos
de la diversidad cultural o del funcionamiento eficaz de las autonomías indígenas, que puedan
ser apropiados por la sociedad, y que se reflejen en mejoras en el bienestar de los ciudadanos
y de las comunidades. Estos cambios deberían además estar asociados a esfuerzos para
fomentar el respeto mutuo, y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe en el país.
52. Consolidación de los servicios universales. Más allá de las metas previstas en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, Bolivia tiene condiciones para consolidar los sistemas públicos
universales de educación y salud, de modo que se complementen con los mecanismos de
protección social creados en los últimos años como los Bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy
de Padilla y la Renta Dignidad con una perspectiva integral. Todos estos procesos implican
retos relevantes: garantizar su sostenibilidad financiera en el mediano plazo, lograr su
adecuación al nuevo marco de gestión autonómica, proveer mejor calidad de servicios y
realizar un monitoreo permanente del avance en los derechos y la eficacia de los mecanismos
que los garantizan. Implican también el diseño de programas efectivos que resuelvan
rápidamente las desigualdades críticas en el acceso a servicios y trato en condiciones de
igualdad, como es el caso de las poblaciones campesinas y especialmente indígenas, de las
mujeres, de las personas que viven con VIH y de las poblaciones de la diversidad sexual.
53. Nutrición y seguridad alimentaria. La desnutrición crónica en menores de 3 años ha venido
disminuyendo desde 1989 y parece posible que en 2015 se logre el objetivo de reducirla a 19%
(UDAPE, 2011 a)3. Esta meta, equivalente a la mitad de la desnutrición observada en 2000,
será un gran logro, pero son necesarios esfuerzos aún mayores para sobrepasarla pues en el
momento de lograrla todavía 1 de cada 5 niños y niñas comenzará su vida sin una nutrición
adecuada. Se hace necesario avanzar en las políticas nacionales y, en especial, concentrar
esfuerzos en los municipios más vulnerables a la inseguridad alimentaria, en los cuales la
desnutrición crónica de menores de 5 años se ha mantenido sin cambios, en niveles cercanos
al 47%. También es indispensable actuar sobre la prevalencia de anemia en niños y mujeres en
edad fértil, que se ha aumentado en los últimos años. Las acciones para asegurar y superar la
meta a 2015 y garantizar sus sostenibilidad implican 4 frentes: salud materno-infantil, agua
potable y saneamiento, disponibilidad de alimentos (especialmente en zonas rurales que
tienen carencias permanentes o estacionales severas), mejoramiento de los ingresos de la
población más pobre y educación alimentaria. En el primer frente hay avances y propuestas
significativos, mientras que los otros tres requieren refuerzos sustanciales.
54. Precios de alimentos. El derecho a la nutrición está directamente relacionado con el acceso a
los alimentos y la capacidad adquisitiva de la población. En los últimos cuatro años el país ha
3 El tramo de edad recomendable para este indicador es de 0 a 5 años, pero el monitoreo está cubriendo
sólo el rango de 0 a 3 años. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en 2008 la desnutrición crónica de menores de 5 años fue 27%, con reducción de 5 puntos porcentuales frente a la observada en 2003 (Ministerio de Salud y Deportes - INE, 2008).
28
vivido incrementos sustanciales de los precios de los alimentos motivadas por shocks
internacionales. A partir de 2007, los precios de los alimentos indujeron, en un período de 15
meses, una escalada de 40% en el Índice de Precios al Consumidor. Entre el 2006 y el 2009, la
proporción del gasto en alimentos se incrementó de 56 a 65%, a la vez que el consumo
alimentario no mejoró y las familias se vieron obligadas a reducir sus gastos en educación,
salud y vestuario.
55. Seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se ha posicionado en la agenda política como
resultado de las crisis mencionadas y del interés manifiesto del Gobierno por lograr soberanía
alimentaria. Ha habido reacciones rápidas del Gobierno con medidas de emergencia para
mitigar la escasez y enfrentar las alzas. Existen ya algunas experiencias locales relevantes de
producción de alimentos, pero no dinámicas suficientemente poderosas para lograr su
masificación. Persisten, sin embargo, dificultades para avanzar sustancialmente en la garantía
del derecho a la alimentación y ejecutar la Ley de Revolución Productiva, requiriéndose afinar
los instrumentos y políticas públicas que incentiven y mejoren la productividad de la
producción nacional de alimentos. También afecta a la seguridad alimentaria el impacto del
cambio climático en la producción nacional, que es especialmente drástico con la producción
campesina poco tecnificada y más vulnerable a sus efectos. Y, finalmente, hay algunas
limitaciones de capacidad en las entidades responsables del desarrollo agrícola y del desarrollo
rural, que exigirán continuar los esfuerzos correctivos en marcha.
56. Situación educativa. La tasa de cobertura neta del nivel primario disminuyó de 94% en 2001 a
90% en 2008, mientras la tasa de término de 8º de primaria pasó de 74% a 77% en el mismo
período (UDAPE, 2011 a). Esta caída en el primer caso y la lenta tasa de crecimiento en el
segundo muestran un enorme reto para lograr las metas de 100% propuestas para 2015. Los
análisis parecen indicar que el Bono Juancito Pinto4 ha apoyado el objetivo de mejorar la
retención entre quienes ya están en la escuela (que se incrementó en 2,6 puntos entre 2006 y
2007) pero que hace falta profundizar las medidas tendientes a asegurar que todos los niños y
niñas ingresen a la escuela y lo hagan oportunamente. La información disponible muestra que
un desafío pendiente es la calidad de la educación. En 2008 el Ministerio de Educación realizó
un diagnóstico sobre logros educativos. Los resultados muestran que 9 de cada 10 estudiantes
(89%) de 8º de primaria tienen un grado medio o bajo en comprensión de lectura y que algo
similar (88%) pasa en 4º de secundaria. En el caso del razonamiento lógico y matemático, 85%
se encuentran en los niveles medio y bajo. Otro desafío es eliminar la discriminación en contra
4 El Bono Juancito Pinto se entrega sin discriminación a todos los niños y niñas que están el ciclo primario
y asisten a las escuelas públicas. Tiene por objetivos incentivar la permanencia escolar y apoyar a las familias a cubrir los costos en materiales educativos, transporte, alimentación y vestuario de sus hijos estudiantes. Es de 200 Bolivianos (US$29) al año. Su cobertura inicial se ha expandido gradualmente de los cinco primeros a los ocho grados de la primaria, pasando de un millón de niños y niñas en 2006 a más de 1,7 millones en 2009, con presencia en 14 mil colegios y un monto entregado de US$50 millones. Su impacto de llegada a las familias más pobres es claro: según la Encuesta de Hogares de 2005, el 77% de la población que asistía a los 5 primeros grados de primaria en las unidades educativas públicas estaba en situación de pobreza (70% en área urbana y 84% en área rural).
29
de la participación de las mujeres en la educación secundaria y especialmente en la educación
terciaria, donde sólo hay 8 mujeres por cada 10 varones.
57. Retos en educación. Los retos en materia educativa tienen que ver con el acceso, la
permanencia y la calidad. Las acciones requeridas para incrementar el acceso pertenecen
tanto al campo de la oferta de cupos escolares, pertinencia de la educación y facilidades de
transporte, como al campo de las decisiones y posibilidades familiares influidas por
condiciones económicas y socio-culturales. También es necesario aumentar la oferta de
servicios de cuidado durante la primera infancia y el preescolar, lograr la plena cobertura y la
calidad de la primaria (asegurando condiciones tan básicas como disponibilidad de textos y
materiales educativos), elevar sustancialmente el acceso, la permanencia y la calidad de la
educación secundaria y, en muchas áreas, sobre todo rurales, proveer facilidades para llegar a
la escuela. Otro desafío es fortalecer la educación intercultural y elevar la pertinencia de la
educación en áreas rurales (UDAPE, 2009 a). La Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo
Pérez, aprobada en diciembre de 2010, crea estrategias y mecanismos para elevar la calidad
de la educación, desarrollar la educación intercultural, elevar la formación del personal
docente, mejorar la calidad de la educación, lograr mayor eficiencia en la gestión sectorial y
establecer los sistemas de monitoreo y evaluación que implican los retos propuestos. De su
aplicación dependerá en gran medida el avance del derecho a la educación en Bolivia.
58. Situación de salud. El sistema de salud de Bolivia ha hecho avances importantes en cuanto a
expansión de algunos servicios, atención del embarazo, el parto y el recién nacido, provisión
de medicamentos, introducción de nuevas vacunas e incorporación de la medicina tradicional.
No obstante, el país aún tiene grandes desafíos para lograr una garantía universal y efectiva
del derecho a la salud. Los y las habitantes de Bolivia enferman y mueren predominantemente
por causas que podrían prevenirse o tratarse adecuadamente, algunas de las cuales tienen ya
muy poca prevalencia en el resto del continente, como rabia humana y enfermedades
parasitarias. Las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas
continúan siendo las principales caudas de enfermedad y muerte. La tuberculosis pulmonar ha
disminuido pero continúa siendo un problema severo de salud pública. Paralelamente se han
incrementado problemas de salud ligados a la transición hacia un país de ingreso medio, tales
como las enfermedades crónicas no trasmisibles, trastornos de salud mental, accidentes de
tránsito y diversas formas de violencia. Bolivia ha logrado importantes avances en cuanto a la
prevención de enfermedades mediante vacunas. También tiene logros relevantes en materia
de regulación farmacéutica.
59. Retos de los servicios de salud. Aunque han avanzado mecanismos de protección financiera
para grupos vulnerables de la población (como el Seguro Universal Materno Infantil y el
Seguro de Salud para el Adulto Mayor), 76% de los habitantes están por fuera de la cobertura
de los Seguros y las Cajas de Salud, y el financiamiento de la atención sanitaria continúa en
gran proporción a cargo de las familias (30%). Un reto de primer orden es poner en marcha la
decisión constitucional de crear un Sistema Único de Salud para superar la fragmentación
30
actual y la falta de coordinación en aspectos de prevención y atención entre el gobierno
central, las gobernaciones y los municipios, y coordinar acciones con los demás sectores que
inciden en los determinantes de la salud. Otro reto es lograr mayor equidad en la asignación
de los recursos humanos, que actualmente deja en condición de desventaja a las poblaciones
de los municipios más pobres y a los centros de atención de primer nivel, que representan el
92% del total de establecimientos de salud.
60. Mortalidad infantil. Bolivia tuvo una tasa de mortalidad infantil de 50 por mil en 2008 y su
reto es reducirla a 27 por mil en 2015, lo cual exigirá ingentes esfuerzos (UDAPE, 2011 a). El
mayor esfuerzo deberá hacerse en áreas rurales y poblaciones indígenas: en las zonas rurales
la mortalidad infantil duplica a la de las zonas urbanas (UNICEF, 2010 a); para las familias
indígenas, la tasa de mortalidad infantil es cuatro veces más alta que para las familias no
indígenas (UNICEF, 2011). Las intervenciones más efectivas para reducir la mortalidad infantil
han sido el mejoramiento de la atención a los recién nacidos, la rehidratación oral, el
mantenimiento de altas coberturas de vacunación y la introducción de nuevas vacunas (OPS,
2010). El Bono Juana Azurduy5 está concebido para cambiar las tendencias de la mortalidad
infantil y materna, y lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ésta exigirá,
sin embargo, múltiples refuerzos en materia de lucha contra la pobreza, prevención de la
enfermedad, continuación de las campañas de inmunización que se despliegan desde varios
años atrás con in importante impacto, acceso a servicios de salud, acceso a ingresos y
educación.
61. Mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna en Bolivia es una de las más altas del
mundo y duplica el promedio latinoamericano (UDAPE, 2011 a). Según la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud, la razón de mortalidad materna en 2003 fue de 229 defunciones maternas
por cada 100 mil nacimientos. La misma Encuesta encontró que el indicador era de 310
muertes maternas por cada 100 mil nacimientos en 2008, pero dado que la muestra cambió
entre encuestas el país oficialmente exhibe el dato de 2003. Aún sin disponer de un indicador
cierto, reducir la mortalidad materna a 104 por 100 mil en 2015 es uno de los más importantes
desafíos del país (UDAPE, 2011 a). Las principales causas de mortalidad materna son
hemorragias (33%), infecciones (17%) y aborto (9%). Para reducir la mortalidad materna es
necesario fortalecer el cuidado y control de la gestación, lograr acceso universal a la atención
institucional de las complicaciones durante el embarazo y continuar con la expansión del parto
institucional, que apenas llegaba a 67% en 2009, siendo apenas de 45% en áreas rurales
5 El bono Juana Azurduy de Padilla, creado en mayo de 2009, otorga 50 bolivianos (US$7) por cada control
prenatal hasta un máximo de 4, y 120 bolivianos (US$17) por los controles post-parto. Además otorga 125 bolivianos (US$18) por los controles médicos bimestrales de los niños y niñas durante sus dos primeros años de vida, para un máximo de 1820 bolivianos (US$260). Durante su primer año de operación benefició a 505 mil personas
5. En la fase inicial ha tenido dificultades en la administración del
registro, los reportes de atenciones realizadas y la gestión financiera. Se espera que tenga un impacto sustancial en la reducción de la mortalidad infantil y materna. Su financiamiento se basa en recursos ordinarios del Tesoro General de la Nación; durante la fase inicial incluye un crédito del Banco Mundial por US$25 millones.
31
(UDAPE, 2011 a). Son también urgentes dos conjuntos de acciones: por el lado de la oferta de
servicios, fortalecer acceso a métodos de anticoncepción y el cuidado y control de la
gestación, y reforzar la atención preventiva y curativa en salud. Por el lado de la familia y la
comunidad, mejorar sustancialmente el conocimiento de los riesgos inherentes a la gestación,
prevenir el embarazo en adolescentes y desarrollar acciones comunitarias protectoras de la
maternidad.
62. VIH/Sida, sífilis congénita, malaria y otras enfermedades tropicales. Bolivia muestra mejorías
en promedio en los indicadores de malaria y mal de Chagas, pero varias regiones, como los
departamentos de Beni y Pando y algunos bolsones en diversas partes del país, conservan
niveles endémicos muy altos. Se estima que en 2009 los casos de VIH/SIDA llegaron a 12 mil
(Ministerio de Salud y Deportes, 2010 a). La epidemia está especialmente concentrada en
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y, en menor medida, en trabajadoras
sexuales y clientes de trabajadoras sexuales. Las poblaciones de mayor vulnerabilidad sufren
violencia física, económica y psicológica; además son víctimas de estigmatización y
discriminación por razones culturales, que les dificultan su acceso a información adecuada y
servicios que viabilicen sus derechos y que controlen más efectivamente los focos de
irradiación (REDBOL, 2010). La mayor parte de los casos notificados (54%) se presenta en
Santa Cruz, seguido de Cochabamba y La Paz. Estos tres departamentos concentran el 89% de
casos notificados. La sífilis congénita es un importante problema de salud pública en Bolivia,
con una prevalencia de 11 por 1000 nacidos vivos. Es necesario reforzar las actividades
tendientes a la eliminación de la sífilis durante el embarazo y en el recién nacido en el marco
de la Estrategia de Reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil y la Sífilis Congénita, promovida
por OPS y UNICEF.
63. Lucha contra el SIDA. La decisión política de lucha contra el SIDA en Bolivia ha aumentado,
pues el indicador del nivel de compromiso gubernamental pasó de 40% en 2005 a 71% en
2009 (Ministerio de Salud y Deportes, 2010 b). Los análisis disponibles muestran que el
Ministerio de Salud y Deportes ha realizado importantes esfuerzos para prevenir y tratar la
epidemia. No obstante, la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros del
Programa Nacional de Sida es insuficiente. Se destaca el hecho de que según el informe oficial,
el 87% de los recursos aplicados vienen de fuentes de cooperación internacional. Desde el
punto de vista institucional, la mayor dificultad radica en la baja participación de otros
ministerios y las consiguientes debilidades en la integralidad e intersectorialidad de las
estrategias propuestas.
64. Salud sexual y reproductiva. El país ha logrado algunos avances significativos en la cobertura
de la educación y los servicios en salud sexual y reproductiva, especialmente en zonas
urbanas. La tasa de uso de anticonceptivos se duplicó en 20 años y llega a 61% pero la tasa de
natalidad entra las adolescentes se ha modificado apenas marginalmente (UDAPE, 2011 a). El
artículo 66 de la Constitución Política del Estado “garantiza a las mujeres y a los hombres el
ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”. El desafío para lograr esta
32
garantía es emprender acciones simultáneas por las áreas de competencia de los diferentes
ministerios, de tal modo que puedan lograrse respuestas nacionales debidamente coordinadas
y sustancialmente más efectivas.
65. Agua potable y saneamiento básico. La tasa de cobertura de agua potable proveniente de una
red sanitaria era en 2008 de 75%, con 95% en áreas urbanas y tan solo 39% en zonas rurales.
Las coberturas de saneamiento básico apenas llegas a 48% a nivel nacional (UDAPE, 2011 a).
Los avances logrados han estado generalmente a cargo de los municipios, que tienen
incentivos y recursos humanos y financieros insuficientes para incrementar sus esfuerzos,
especialmente en cuanto al saneamiento básico, y en general la promoción de prácticas de
higiene con enfoque intercultural. El ritmo de avance hacia la meta para el 2015 resulta
insuficiente, especialmente en zonas rurales. Hacen falta en especial facilidades para la
construcción y operación comunitaria de sistemas de agua potable y de disposición de
excretas, facilidades e incentivos para que la inversión privada pueda vincularse al sector y
mandatos e incentivos a los municipios. Es necesario tener en cuenta además que los avances
obtenidos en la provisión de agua y saneamiento se ven amenazados por el cambio climático
debido a los desastres naturales, las frecuentes bajas en la disponibilidad de agua, al deterioro
de su calidad, al incremento en los costos de operación y mantenimiento de sistemas de
purificación y distribución. Todos estos factores están incrementando las tasas de
enfermedades sensibles al clima, especialmente en poblaciones rurales y dispersas.
66. Violencias. Diversas fuentes muestran que hay violencia generalizada contra los niños y niñas.
Los datos son elocuentes: el 80% de las mujeres alguna vez casadas o unidas que tienen al
menos un hijo vivo, reportó violencia física o verbal contra sus hijos (INE, 2008); 40% de los
estudiantes son víctimas de golpes al menos dos veces a la semana y a 59% se les agrede
verbalmente entre 5 y 10 veces por mes (Asociación Voces Vitales, 2009). También son muy
elevadas las diversas manifestaciones de violencia sexual, donde las víctimas son
predominantemente niños y mujeres de todas las edades. Existe una marcada violencia
contra las mujeres: de los casos de demanda de atención por violencia doméstica registrados
en el primer semestre de 2009, el 94% corresponde a mujeres (INE, 2009) En el segundo
semestre de 2009, de los casos de denuncias de mujeres que tenían lesiones muy graves, 92%
identificó como agresor a su pareja, lo cual refleja condiciones de permisividad social frente a
la violencia intrafamiliar (INE, 2010). La información disponible muestra que en los primeros 5
meses de 2011 hubo en Bolivia 52 asesinatos de mujeres; 2 de cada 3 fueron femicidios, es
decir, el asesinato de mujeres asociado a su condición de género y el resto fueron por
inseguridad ciudadana o por causa sin determinar (CIDEM, 2009)
67. Tráfico y trata de personas. Un fenómeno violatorio de todos los derechos humanos es la
trata de personas. La Organización de los Estados Americanos y la Organización Internacional
para las Migraciones señalan que Bolivia es uno de los países de América con más casos de
trata y tráfico de personas. Su estudio identificó formas de trata en Bolivia con fines de
explotación sexual, explotación laboral, servidumbre y mendicidad. Los miembros de las
33
comunidades indígenas son particularmente vulnerables al trabajo forzoso en el país,
especialmente en las haciendas y en plantaciones de caña de azúcar y de castaña. Existe
también trata interna de niños para realizar trabajos forzados en la minería, la agricultura y el
servicio doméstico (OIM-OEA, 2004).
68. Derecho a una vida libre de drogas y lucha contra el narcotráfico. El uso de la coca en Bolivia
tiene justificación histórica y cultural. La coca es además fuente de ingreso de algunas
comunidades indígena campesinas. Su producción y uso ancestral son aprovechados por
narcotraficantes que adquieren la coca para producir cocaína y con sus actividades introducen
en las comunidades desequilibrios en las estructuras tradicionales de gobierno y solidaridad,
así como deterioros en las economías y los ecosistemas locales. El Gobierno de Bolivia ha
hecho expresa su voluntad de proteger a esas comunidades del narcotráfico y al país del
flagelo de la cocaína y participa activamente en los mecanismos de control del tráfico de
drogas implementados por UNASUR. Los esfuerzos del país para frenar el tráfico ilícito de
drogas se reflejan en la racionalización y erradicación de cultivos de coca, que en el 2010
alcanzó 8.200 hectáreas mientras que las incautaciones de cocaína llegaron a 29,1 toneladas.
Es necesario un esfuerzo adicional con apoyo internacional para controlar las actividades de
los narcotraficantes y proveer a los productores de hoja de coca de alternativas productivas
sostenibles. Paralelamente, es urgente abordar estrategias de prevención y protección de la
población expuesta al uso de drogas psicoactivas. Estudios recientes han encontrado un
consumo creciente de drogas ilícitas en la población escolar (UNODC - CICAD, 2010). También
han identificado una alta correlación entre consumo por adolescentes de drogas e infracciones
a la ley (UNODC, 2010 a).
3.6. Derechos Económicos
69. Demanda por derechos económicos. La realización de los derechos económicos está en el
corazón de las demandas ciudadanas y en corazón de la prioridades sentidas de la población
(PNUD, 2011 b). Otro desafío relevante del Estado Plurinacional de Bolivia es dar impulso al
modelo de economía plural diversificada ordenado por la Constitución Política del Estado con
el objeto de expandir la inversión social y productiva y la generación de empleo, y con ello
garantizar el acceso de toda la población a servicios sociales de calidad e ingresos suficientes,
lograr la soberanía alimentaria, crear dinámicas de industrialización y aprovechar
adecuadamente los recursos naturales, generando mayor capacidad de adaptación a los
efectos del cambio climático. No se puede dejar de mencionar la situación de “servidumbre” o
“trabajo cautivo” que aún persiste en regiones del Norte y del Chaco guaraní.
70. Gestión macroeconómica. La política económica de los últimos cinco años ha preservado el
equilibrio macroeconómico. Ha vivido además un contexto externo favorable, caracterizado
por altos precios de las materias primas. Como resultado, el crecimiento económico de los
últimos años es uno de los más altos de América Latina. El sector público no financiero ha
34
tenido superávit durante los últimos cinco años, alcanzando 1,7% del PIB en 2010, a pesar de
que la inversión pública y el gasto experimentaron una notable expansión. Las exportaciones
tuvieron en el mismo año un incremento récord de 17,4%. Luego de varios años de superávit
en la cuenta corriente de la balanza de pagos, las reservas internacionales han superado los
US$10 mil millones, que son suficientes para financiar 20 meses de exportaciones. La inflación
está bajo control, aunque ha experimentado incrementos temporales debidos a los
incrementos en los precios internacionales de los alimentos y a los desastres climáticos.
(Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2011). En este buen escenario macroeconómico
se observan avances limitados en la redistribución del ingreso mediante impuestos
progresivos a los ingresos y las utilidades privadas que contribuyan por esa vía a reducir las
diferencias sociales e incrementen la disponibilidad de recursos para el gasto social. La
economía boliviana tiene el reto de aumentar los niveles de inversión para seguir impulsando
el crecimiento, lo que implica generar condiciones para que la inversión privada se incremente
y que las entidades públicas ejecuten de manera más eficaz y oportuna sus inversiones.
71. Nivel de gasto social. El manejo macroeconómico ha incidido favorablemente en el
financiamiento de los nuevos sistemas de protección social, especialmente los Bonos Juancito
Pinto y Juana Azurduy de Padilla y de la Renta Dignidad. No obstante, Bolivia es uno de los
países de América Latina con menor gasto social por habitante (CEPAL, 2010). Los niveles de
financiamiento de los servicios sectoriales destinados a garantizar el acceso universal a los
derechos básicos son bajos. Esta situación sugiere la necesidad de fortalecer la progresividad
fiscal, tanto en el recaudo como en la asignación de gasto.
72. Expectativas crecientes. A pesar del robusto desempeño macroeconómico, la tasa de
desempleo no ha disminuido a los niveles esperados6 y no hubo mejoras sustanciales en la
calidad del trabajo. Las expectativas sociales por mejores condiciones económicas están en
aumento. Desde comienzos de 2010 se registra un incremento sostenido de la conflictividad
social (Fundación UNIR, 2011). Las encuestas muestran también crecientes demandas
ciudadanas por disponibilidad de alimentos baratos, acceso a empleos y mayores ingresos de
trabajo y más apoyo a los pequeños y medianos emprendimientos (PNUD - IPSOS Apoyo) .
73. Pobreza. La pobreza es una condición de violación simultánea de derechos. El 51% de los
habitantes de Bolivia vive en condiciones de pobreza y el 26% en condiciones de pobreza
extrema (UDAPE, 2011 a)7. Estas cifras son muy superiores a los promedios latinoamericanos,
6 Las dos mediciones principales de la tasa de desempleo no son coincidentes. Para UDAPE, la tasa de
desempleo se mantuvo estable entre 2008 y 2009, con 6,69 y 6,83% respectivamente. (UDAPE, 2010 b). Para CEDLA, el desempleo pasó de 10,2% a 11,0% en el mismo período (CEDLA, 2010).
7 Datos provisionales. En 2008 eran 59% y 33% respectivamente. Se define como población en extrema
pobreza a aquella cuyos ingresos no le permiten adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria mínima.
35
especialmente cuanto a la pobreza extrema, que para el conjunto regional fue de 12,5%
(CEPAL, 2009 a)8.
74. Caras de la pobreza. La pobreza extrema tiene más peso en el campo que en la
ciudad. De las 2,7 millones de personas en pobreza extrema, 1 millón reside en áreas urbanas
y 1,7 millones en el área rural (UDAPE, 2011 a). La pobreza extrema afecta más a las
poblaciones originarias, pues de cada 5 personas en pobreza extrema, al menos 3 son
indígenas. Las estadísticas muestran, además, que la pobreza afecta más a los niños y las niñas
que a cualquiera otro grupo poblacional (UNICEF, 2010 c).El análisis desde la perspectiva de
género muestra que la pobreza tiene rostro de mujer indígena. Según la última Encuesta de
Hogares realizada por el INE, el 63% de las mujeres del área rural estarían en condiciones de
pobreza extrema y en el área urbana el 23%. Si incluimos la variable de autoidentificación
étnica, vemos que el 74% de las mujeres que se identifican con la comunidad quechua y el
72% de las mujeres identificadas con la comunidad aymara viven en condiciones de pobreza
(INE, 2007) (Minjusticia-VIO, 2008). De acuerdo con los análisis de la CEPAL, el Índice de
feminización de la pobreza en 2007 fue de 106,9 (CEPAL, 2011).
75. Pobreza y desigualdad. Estos niveles de pobreza son el resultado de una gran desigualdad.
Con base en los promedios, Bolivia es un país de nivel medio de ingresos, pero comparado con
otros países tiene una distribución del ingreso notablemente desigual. El coeficiente de Gini en
2009 fue de 0,51, lo cual significa que la riqueza es apropiada por muy pocos en desmedro de
la mayoría; esta desigualdad es aún mayor en zonas rurales (UDAPE, 2011 a).
76. Dinámicas de reducción de la pobreza. Entre 2000 y 2008 la pobreza extrema promedio se
redujo de 45% a 26%. Esta reducción fue proporcionalmente más acelerada en las zonas
rurales (de 75% a 48%) que en las urbanas (de 28% a 15%). Los dos factores de mayor
incidencia en la reducción de la pobreza extrema han sido las transferencias monetarias
gubernamentales y las remesas de los bolivianos residentes en el exterior. Los bonos y
transferencias impactan positivamente la capacidad adquisitiva de las familias, facilitando su
acceso a bienes y servicios que dan soporte a sus derechos; también lo hacen las remesas, que
se incrementaron a partir de 2005-2006 como resultado de la fuerte oleada migratoria
suscitada por la crisis de 2003 a 2005. Ambos factores combinados redujeron la pobreza
extrema en cerca de 5 puntos porcentuales (UDAPE, 2010 c). El efecto de las remesas fue
puntual y no seguirán contribuyendo significativamente a la disminución de la pobreza, salvo
que sus montos se incrementaran de manera excepcional, lo cual no es previsible. De hecho,
la crisis financiera global redujo la recepción de remesas desde el segundo semestre de 2008.
Por estas razones, la disminución de la pobreza extrema y el cumplimiento de la meta de que
esté por debajo de 22% en 2015 dependerá esencialmente de la intensidad de las acciones de
8 La pobreza extrema en Latinoamérica se ha calculado como la proporción personas que tienen ingresos
inferiores a un dólar por día. La comparación con la medición Boliviana basada en la canasta alimentaria mínima es meramente indicativa.
36
política social y, sobre todo, de política económica con mecanismos de democratización de la
producción y distribución de los ingresos.
77. Trabajo infantil. La pobreza es determinante del trabajo infantil, que afecta negativamente el
desarrollo de los niños y niñas y la posibilidad de que puedan ejercer sus derechos. Los datos
del 2005 muestran que 22% de los niños y 19% de las niñas entre 6 y 13 años estaba
trabajando, así como 35% de los varones y 31% de las mujeres entre 14 y 17 años. La
incidencia del trabajo infantil es mayor en hogares indígenas que en no indígenas. Las
principales ocupaciones son como trabajadores familiares o agrícolas, con predominancia del
servicio doméstico para las niñas y de la categoría de “obrero” para los niños (UDAPE -
UNICEF, 2008).
78. El modelo de crecimiento y garantía de derechos económicos. La actual Administración
otorga prioridad al desarrollo productivo como instrumento idóneo para la lucha contra la
pobreza (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2006). El modelo aplicado se basa en la
exportación y eventual industrialización de recursos naturales con alto valor estratégico, como
gas, petroquímica, hierro y litio. Los ingresos generados por estas exportaciones se orientan a
mejorar las condiciones de vida de la población por la vía del gasto social y las transferencias
monetarias, y a impulsar el desarrollo de otros sectores mediante mayor inversión pública, con
énfasis en infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones, y también al apoyo directo
a pequeños, medianos y grandes productores comunitarios y privados.
79. Riesgos. El modelo propuesto no está exento de riegos. El desarrollo de los sectores
estratégicos que es la base del modelo planteado podría retrasarse si no se logra encontrar
socios con la capacidad financiera y técnica requeridas para realizar grandes inversiones con
largos períodos de montaje, y mejorar continuamente la capacidad de gestión de las empresas
públicas. Por otro lado, el desarrollo de sectores estratégicos basado en la explotación y
exportación de recursos naturales podría tener efectos no deseados que se debe mitigar sobre
otros sectores productivos, el medio ambiente y las relaciones sociales.
80. Importancia del apoyo independiente. En este contexto, el Gobierno de Bolivia requiere un
especial apoyo para fortalecer su desempeño en materia de promoción productiva y de
supervisión y control sobre el desempeño de la explotación de recursos estratégicos y sobre el
montaje de un sistema eficaz de mitigación y compensación por sus efectos adversos. El
acceso a las experiencias internacionales exitosas y a recursos independientes de soporte en
conocimientos y tecnología podrían tener impactos muy favorables en el desarrollo
económico y el bienestar social de Bolivia.
81. Distribución de tierras. En los últimos años ha habido importantes avances en la distribución
de tierras y el otorgamiento de títulos de propiedad. Estos han beneficiado a comunidades
(tierras comunitarias de origen) y a pequeños y en ciertos casos medianos productores. Sus
logros, junto con la eficiencia y la transparencia de los procesos, han tenido especial impacto
37
en la gobernabilidad general, la estabilidad de la población rural y la redinamización
productiva de algunas regiones. La eficacia del programa tiene dos soportes: por una parte,
una estrategia que combina la decisión de titular a quienes les había sido negado este
derecho, mediante una gestión prudente para evitar conflictos innecesarios con los grandes
intereses agrarios y los empresarios agroindustriales; por otra parte, una estructura operativa
que ha sido preservada de las presiones políticas y corporativas. Los desafíos, siempre vigentes
en los procesos de distribución de tierras, tienen que ver con la facilitación del desarrollo de
empresas rurales y la evaluación de logros e impactos.
82. Migración. Los problemas estructurales que determinan la debilidad de la economía para
generar empleo e ingresos en las actividades rurales impulsan la migración hacia las
concentraciones urbanas para engrosar los cinturones de miseria. A su vez, las restricciones de
la economía urbana en actividades manufactureras y servicios formales son determinantes de
la migración internacional. La migración interna tiene impacto en la garantía de los derechos
por la explosión de demandas por servicios estatales y la reconfiguración de los mercados de
trabajo, con profundas desigualdades en la inserción ocupacional. La migración internacional
es el mecanismo por el que opta una porción importante de la población para poder sobrevivir
y obtener ingresos que fortalezcan la capacidad de consumo de sus familiares que
permanecen en el país. Tanto la migración interna como la internacional tienen importantes
implicaciones en los índices de pobreza, dinámica demográfica, inequidad de género y
vulneración de derechos, tanto en las comunidades de origen como en las de destino. Afecta
también la composición familiar (cuando migra sólo algún integrante del hogar, en particular,
la tendencia de migración de madres que se emplean en labores de cuidado de otras personas
en los países de acogida) con los respectivos riesgos que puede presentar a los menores que
quedan en el país de origen al cuidado de familiares o tutores distintos a sus padres. En los
últimos 30 años, más de 2 millones de bolivianos y bolivianas abandonaron el país en busca de
mejores condiciones de vida en el extranjero (Gobierno de Bolivia, 2009). Los principales
destinos fueron Argentina, España, Estados Unidos y Brasil, con una migración transfronteriza
que responde a la demanda de mano de obra para los sectores manufacturero y textil (PNUD,
2010).
83. Remesas. Las remesas generadas por la migración han incidido en la estabilidad
macroeconómica, el desarrollo económico de algunas regiones y el alivio de la pobreza. El
valor de las remesas registradas por el Banco Central de Bolivia en 2008 alcanzo a US$1.000
millones, cantidad que triplica la Ayuda Oficial al Desarrollo y duplica la Inversión Extranjera
Directa registradas para el mismo año (PNUD, 2010). No obstante, la migración internacional
por causas económicas revela desequilibrios estructurales que tienen graves consecuencias
sociales. Falta una respuesta integral ante los impactos negativos de la diáspora exterior
boliviana. Entre ellos se destacan la ruptura de los vínculos familiares, con graves
consecuencias para el desarrollo de los niños y niñas y su capacidad de inserción social, la
reducción de la fuerza laboral más dinámica, el envejecimiento promedio de la población por
38
la emigración de jóvenes y la pérdida de profesionales en los cuales el país hizo grandes
inversiones.
3.7. Derechos Ambientales y de la Madre Tierra
84. Una nueva visión. Otro de los mayores retos del gobierno es consolidar una visión de la
relación con la tierra y los recursos naturales. Esta visión debe conciliar las necesidades de
crecimiento económico e industrialización con las tradiciones ancestrales que el país está
recuperando y con los conocimientos e instrumentos modernos diseñados para la gestión del
desarrollo con un enfoque de aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales. Sobre
esta base podrá también enfrentar los retos del cambio climático y la implementación de
estrategias de protección para mejorar sustancialmente reducción de los riesgos de desastre
asociados a la vulnerabilidad creciente ante las amenazas de orden socio-natural y antrópico.
85. Conciencia ambiental. En los últimos años se observa un posicionamiento creciente de los
temas ambientales en la agenda política, concebidos como la protección de los derechos de la
Madre Tierra. Este interés gubernamental propició la Cumbre de Cochabamba y una presencia
muy activa en los foros internacionales. El momento es propicio para plasmar esta conciencia
ambiental en normas y acciones efectivas, que permitan lograr crecimiento con sostenibilidad.
86. Contexto ambiental. El estado ambiental se ha deteriorado en los últimos diez años y muestra
tendencia a empeorar al corto y mediano plazo. Existen efectos degradativos acumulados de
épocas pasadas, como pasivos ambientales de colas mineras en Oruro y Potosí, al mismo
tiempo que existen procesos de impacto actuales, crónicos y en fase de agudización, como son
la contaminación minera, urbana e industrial, la desertificación en las tierras altas, la
deforestación y la introducción de cultivos comerciales sin adecuadas y suficientes medidas de
mitigación de daño ambiental. Las mayores formas de deterioro de la calidad ambiental se
centran en i) la afectación de la disponibilidad y calidad de los cuerpos de agua y los recursos
hídricos; ii) el deterioro de la calidad del aire en las grandes ciudades; iii) la fragmentación y
degradación de ecosistemas naturales por avance incontrolado de las fronteras agropecuarias;
y iv) los fenómenos de pérdida de suelos, erosión y desertificación.
87. Deforestación. Casi la mitad de la superficie de Bolivia está aún cubierta por diversos tipos de
bosques. Éstos, sin embargo, se encuentran en una situación de alto riesgo por el
descontrolado avance de las fronteras agropecuarias, las quemas extendidas como práctica de
cultivo y los efectos de manejo inadecuado. La velocidad de pérdida es notoria al tener en
cuenta que en la década de los 60 la superficie boscosa del país superaba los 60 mil millones
de hectáreas y actualmente se ha reducido a entre 45 y 50 mil millones de hectáreas. En el
período 1993-2000, la tasa de deforestación fue estimada en 270 mil hectáreas por año. Según
datos oficiales, deforestación de los últimos años se ha estimado en 300 mil ha por año
(UDAPE, 2009 b). La cifra podría ser mayor puesto que apenas recientemente se cuenta con
tecnologías capaces de discriminar desbosques menores a 5 hectáreas y aún no se conocen los
39
resultados de su monitoreo. La mayor deforestación es causada por los complejos
agroindustriales, que son responsables del 65 al 75% de la pérdida de bosques.
88. Recursos hídricos. Bolivia es un país de contrastes en la oferta hídrica, por su diversidad de
condiciones ecológicas y climáticas: mientras en el sur y el occidente hay una severa escasez
de agua, ésta abunda en las tierras bajas del norte y el oriente, que tienen alto riesgo de
inundaciones. Los impactos del cambio climático en los variados y complejos ecosistemas de
Bolivia han sido muy severos, con afectación de la vida, el bienestar y los sistemas productivos.
El agua es un recurso cada vez más escaso. Mientras se incrementa la demanda por agua,
debido al crecimiento de las ciudades y la expansión de la actividad agropecuaria, la
disponibilidad permanente de agua se reduce como consecuencia de la pérdida de bofedales,
la deforestación de las cabeceras y cuencas y, muy especialmente, por la retracción de los
glaciares tropicales como el Chacaltaya, el Tuni y el Condoriri, que son reservorios naturales de
agua dulce y que por efecto del aumento de la temperatura que genera la emisión de gases de
efecto invernadero están tendiendo a desaparecer, comprometiendo la provisión de agua
para consumo humano y uso energético, agrícola o industrial (UNICEF, 2010 b).
89. Producción amigable y servicios ambientales. Bolivia es país líder en el mundo en la
agricultura orgánica de algunos productos. Esa experiencia sumada a las potencialidades
naturales del país en un contexto mundial de crisis alimentaria, constituye una oportunidad
única de impulsar actividades empresariales agropecuarias para el abastecimiento nacional
bajo un enfoque de soberanía alimentaria y a la vez aumentar las exportaciones agrícolas. El
éxito de esta estrategia exige dirigir la mirada hacia una economía alternativa basada en la
gestión razonable de servicios ambientales, manejo forestal sostenible, aplicación de
tecnologías de desarrollo limpio, biocomercio, comercio orgánico y ecoturismo. Estas opciones
permiten generar empleos e ingresos, protegiendo el medio ambiente y la biodiversidad. Los
mercados verdes son actualmente los más dinámicos del mundo, con garantías de comercio
justo y precios estables (PNUD, 2009). Algunas políticas orientadas a este nuevo enfoque de la
producción agropecuaria comenzaron a mostrar resultados favorables en 2010, pero los
avances son aún incipientes. El desarrollo de esta economía alternativa se complementa con la
preservación de un sistema de áreas protegidas como los parques nacionales y las reservas
indígenas, que cuando logran sólido respaldo comunitario y alta capacidad técnica tienen un
rol decisivo, tanto en la conservación de la biodiversidad y la protección de sus recursos
genéticos, como en la prevención de los desastres y la mitigación de sus impactos.
90. Necesidades de regulación y control. Los proyectos mineros e hidrocarburíferos previstos y en
curso demandan del Estado Plurinacional de Bolivia una creciente capacidad de regulación y
control, asociada a las comunidades. La regulación implica definiciones sobre las zonas de
explotación y las de conservación, políticas sólidas de mitigación del impacto ambiental y
compensación por el uso de los recursos, capacidad de poner en funcionamiento esquemas de
participación y consulta comunitaria en todos los proyectos –especialmente en los que se
40
realizan en territorios indígenas– y eficaces sistemas de control sobre todos los aspectos
inherentes a la explotación.
91. Riesgos de desastre. Entre 2006 y 2011 se registraron en territorio boliviano 5 grandes
períodos de desastres de grandes proporciones. Sus efectos destructivos fueron enormes: tan
solo en 2007 y 2008 fueron afectadas 700 mil personas y las pérdidas materiales ascendieron a
US$1 billón (CEPAL, 2007 b) (CEPAL, 2008). Cerca de 200 mil personas perdieron su seguridad
alimentaria durante ese período (ESAE, 2009) (WFP -PMA-, 2009). Bolivia es un país que tiene
múltiples escenarios de riesgo extensivo, es decir, riesgo asociado a amenazas que ocurren
recurrentemente y no necesitan exceder de manera importante los promedios históricos para
generar pérdidas y daños. Este tipo de riesgo está muy asociado a factores de pobreza y
marginalidad, que implican alta vulnerabilidad. La prevalencia del riesgo extensivo no implica
que el país no deba considerar también el riesgo intensivo, relacionado con amenazas de gran
intensidad pero baja recurrencia, puesto que la acumulación de condiciones de riesgo
extensivo implica una creciente exposición de un número cada vez más grande de personas.
92. Capacidad de respuesta. Las emergencias vividas pusieron en evidencia el carácter solidario
del pueblo boliviano. El Centro de Operaciones de Emergencia –COE– y los sistemas atención a
las emergencias y desastres afinaron gradualmente su capacidad de respuesta, aunque se
observan aún debilidades de coordinación entre los niveles nacional, departamental y
municipal. Existen evaluaciones conducidas por el grupo de actores humanitarios y por el
Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y Evaluación de Desastres que muestran
importantes vacíos en la preparación y en la capacidad de respuesta a las emergencias y
desastres. Es indispensable concentrar esfuerzos en el desarrollo de un modelo
descentralizado de reducción de riesgos de desastre y una cultura de prevención basada en las
organizaciones comunitarias, combinando la sabiduría ancestral y la moderna. También es
urgente incorporar el análisis de riesgo en la planificación del desarrollo y en las inversiones
públicas. Será necesario avanzar sustancialmente en los planes de contingencia y el diseño de
mecanismos de protección diferenciados por grupos poblacionales y niveles de riesgo, según
escenarios previamente priorizados. También es urgente fortalecer la capacidad de monitoreo
nacional del cambio climático, pues actualmente el país sólo cuenta con observaciones
científicas puntuales, percepciones locales poco sistematizadas e información proveniente de
modelos climáticos que aún tienen altos niveles de incertidumbre.
41
4. Desafíos prioritarios para el desarrollo y la garantía de los
derechos
93. El análisis del capítulo 3 precedente permite identificar los principales desafíos que encara
Bolivia para resolver sus tensiones históricas, atender las demandas por igualdad. Equidad y
garantía de los derechos de todas y todos sus habitantes en un contexto de Vivir Bien.
94. La Nueva Constitución Política del Estado y las dinámicas de cambio que ella ha suscitado
crean un nuevo escenario de oportunidades para el país. El presente quinquenio es el
momento decisivo de establecer, en base a un proceso de construcción de consensos con
todos los sectores de la sociedad, las reglas del juego político, económico y social, las
estructuras institucionales y los mecanismos de garantía de derechos acordes con esa visión.
Los frentes de mayor prioridad y las posibilidades y ventajas del Sistema de las Naciones
Unidas para apoyar su avance se examinan enseguida.
4.1. Las ventajas comparativas de la cooperación de Naciones Unidas en Bolivia
95. Las evaluaciones del Marco de Cooperación entre Bolivia y las Naciones Unidas, realizadas con
voceros del gobierno, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias y la población,
muestran que las ventajas comparativas de mayor impacto y reconocimiento del Sistema de
las Naciones Unidas en Bolivia son las siguientes:
• Capacidad para alinearse con las prioridades, políticas y programas nacionales, sin perder
la coherencia de su mandato básico y de los mandatos de las agencias.
• Capacidad para realizar acompañamiento y mediación en situaciones conflictivas y
complejas, conservando el respeto por la soberanía nacional y la autodeterminación de los
interlocutores.
• Capacidad de aporte técnico al desarrollo legislativo, la formulación de políticas y el diseño
de programas, basado en la experticia mundial de la Organización. Capacidad de
movilización de apoyo técnico internacional especializado cuando es necesario.
• Capacidad de posicionar temas básicos de derechos humanos, perspectiva de género y
sostenibilidad ambiental, tanto en la agenda pública de todos los niveles como en la
conciencia ciudadana y el quehacer de las organizaciones sociales.
• Capacidad de promover y estructurar la coordinación entre entidades públicas, tanto en los
distintos sectores del nivel central como entre éste con los niveles territoriales. De este
42
modo promueve la multisectorialidad, integralidad e interterritorialidad de las acciones
emprendidas.
• Capacidad de llegar al nivel municipal y promover estrategias innovadoras para la gestión
local.
• Capacidad de promover y gestar consultas con las organizaciones sociales en torno a
temas de su incumbencia para incorporar sus recomendaciones en las propuestas de
desarrollo legislativo y acción institucional.
• Capacidad de apoyo financiero y de movilización de recursos de distintas fuentes
internacionales en torno a prioridades nacionales previamente concertadas con las
autoridades gubernamentales correspondientes.
• Capacidad de respuesta rápida y flexible ante circunstancias de urgencia y emergencias.
Capacidad de gerencia y gestión administrativa ágiles y eficaces en situaciones de
emergencia.
4.2. Los principales desafíos identificados por el país y la potencial cooperación
de las Naciones Unidas
96. Garantía de los derechos civiles y políticos, fortalecimiento de las estructuras políticas, de la
democracia y la gobernabilidad. Es el momento de diseño, concertación y aprobación de las
normas que desarrollan los mandatos constitucionales. También comienza el desarrollo
efectivo de las autonomías y de la estructura operativa de cada uno de los poderes públicos y
la formación de nuevas políticas públicas en cada uno de los sectores de la administración. Los
desafíos estarán asociados al montaje de las capacidades necesarias para la aplicación de la
Constitución y la ley en todo el territorio, y a la construcción de los soportes de política
pública, capacidad administrativa y gestión de recursos necesarios. Tanto en las decisiones
normativas como en los desarrollos operativos, es decisivo encarar los retos del pluralismo y la
interculturalidad, de la participación y la libertad de expresión, así como de la garantía de
justicia y equidad.
97. El Sistema de las Naciones Unidas tiene un rol relevante en acompañar los diálogos e
intercambios en torno a la construcción de acuerdos sobre las reformas institucionales y las
políticas públicas. La experiencia adquirida muestra que este acompañamiento implica, ante
todo, un gran respeto por todos los actores participantes en los diálogos y por sus diversas
propuestas: son ellos quienes definen qué y cómo dialogan. Implica también capacidades de
entender las percepciones, demandas y opiniones ciudadanas. Implica fortalecer las
capacidades de la sociedad para un diálogo equilibrado y pluralista, y colocar a disposición
opciones y experiencias disponibles en el contexto internacional. E implica un
acompañamiento transparente y ecuánime, basado en los principios éticos de la democracia y
la participación, y totalmente opuesto a cualquiera forma de violencia. El objetivo final
43
previsto por el Sistema de Naciones Unidas y las autoridades bolivianas es avanzar en una
cultura de paz y convivencia.
98. El Sistema de las Naciones Unidas está también en capacidad de continuar dando soporte al
desarrollo legislativo y de política pública, tanto en el ámbito nacional como en el autonómico,
para la reglamentación de las normas constitucionales, con expresa garantía de los derechos
individuales y colectivos, transparencia y rendición de cuentas. Puede continuar dando apoyo
al desarrollo de capacidades de gestión en las autonomías departamentales, municipales e
Indígeno Originario Campesinas. Tiene además capacidades demostradas para apoyar la
producción y la gestión de información útil para la planificación y toma de decisiones, la
gestión por resultados y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
99. Fortalecimiento del sistema de protección social, construcción del Vivir Bien, y garantía de
los derechos sociales y culturales. Al abrir espacios a los sectores tradicionalmente excluidos,
el Estado Boliviano tiene el reto de responder a sus crecientes demandas sociales. Los
procesos de protección social en curso conducen a la definición de unos “mínimos universales
e innegociables” que se constituyan en el piso inicial de las garantías del Estado a todos y
todas las habitantes del país (acceso a servicios básicos, ingreso mínimo, etc.). Estos mínimos
serían la meta a lograr en el corto plazo y punto de partida para comenzar a elevar
gradualmente su umbral, como mecanismo para lograr el progreso social en un marco de
universalidad de garantías. Lograr estos mínimos universales implica una ampliación sustancial
de la cobertura, la calidad y la pertinencia de los servicios sociales, un incremento de las
capacidades institucionales y un desarrollo de las responsabilidades de gestión transferidas a
las autonomías.
100. Paralelamente, y como se acaba de examinar, Bolivia tiene el reto de sostener los
importantes avances sociales ya alcanzados en el último decenio y encarar con mayor rapidez
algunos rezagos en el logro de los Objetivos del Milenio. Existen progresos importantes en el
mejoramiento nutricional, en la cobertura del parto institucional y en la equidad de
oportunidades educativas para los niños y las niñas. Se requieren mayores esfuerzos en la
cobertura y la calidad de la educación, y en la generación de condiciones de igualdad de
oportunidades económicas para las mujeres. Asimismo, hay logros significativos en los
indicadores de salud materno-infantil y en el control, vigilancia y tratamiento de
enfermedades transmisibles diferentes al VIH/sida pero aún hay muchos esfuerzos que
realizar en aspectos relacionados con la mortalidad materna e infantil.
101. Un aspecto crítico resultante de los balances sobre la garantía de derechos y el estado de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, es la persistencia de significativas desigualdades entre
zonas urbanas y rurales, entre ciudadanos indígenas y no indígenas, y entre hombres y
mujeres, cuya superación para lograr condiciones básicas de equidad implica especiales
esfuerzos.
44
102. El Sistema de las Naciones Unidas tiene reconocimiento en diferentes ámbitos de la
administración pública Boliviana por sus fortalezas para acompañar la formulación de
políticas y el desarrollo de mecanismos que permitan estructurar un sistema de garantías a
los derechos sociales en el país. Naciones Unidas ha sido un apoyo constante de los
ministerios nacionales y los gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo de
capacidades de los funcionarios públicos, la concientización de las comunidades en torno a
sus derechos, el diseño de estrategias públicas para garantizarlos y el monitoreo de los
avances logrados. Esta experiencia disponible deberá ponerse a disposición de los gobiernos
nacional y autonómicos para lograr una gestión por resultados que maximice el uso de los
recursos disponibles en el logro del sistema de protección social previsto para garantizar los
mínimos universales. Los mayores esfuerzos de cooperación podrían se orientados a las áreas
que presentan mayores retos para cumplir las metas de los Objetivos del Milenio:
universalización e incremento de la calidad de la educación primaria y secundaria, y reducción
significativa de la desnutrición crónica, la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la
incidencia de enfermedades trasmisibles.
103. Redefinición del modelo de producción, distribución y generación de ingresos, y garantía de
los derechos económicos. Los análisis y las políticas públicas en marcha muestran que el país
tiene importantes retos en este ámbito. Uno de ellos es profundizar las políticas y decisiones
económicas necesarias para reducir la pobreza y, en particular, avanzar hacia la eliminación
de la pobreza extrema. Esto supone además, eliminar las formas de “trabajo cautivo” o
“servidumbre” que aún persisten en el Chaco y ciertas regiones del Norte. Otro es mantener
la buena gestión macroeconómica que ha tenido el país en los últimos años, estar en
capacidad de encarar los impactos que previsiblemente tendrán las crisis económicas
internacionales en una economía boliviana que comienza a elevar sus vínculos con el exterior.
Otro, muy ligado al anterior, es avanzar en el desarrollo de una política económica
redistributiva, que tenga capacidad creciente para trasladar recursos a la garantía universal y
progresiva de los derechos humanos, incluyendo el avance de la protección social y al
fortalecimiento de la matriz productiva. Otro es establecer el modelo de economía plural
diversificada previsto por la Constitución y lograrlo aprovechando las ventajas de recursos del
país, pero enfrentando los riesgos identificados. Otro es desarrollar capacidades para
reestructurar la economía urbana de manera que sea ampliamente generadora de trabajo
decente y productivo, que contribuya a reducir la pobreza, la informalidad y las ocupaciones
precarias, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación en el mercado de trabajo y
las migraciones laborales, a la vez que incremente la presencia de la producción nacional en
los mercados nacional e internacional. Otro reto, es recuperar la producción rural de tal modo
que se creen condiciones de seguridad y soberanía alimentaria nacional y, a la vez, de
generación de reducción de pobreza y generación de mejores condiciones de vida en las
zonas campesinas e indígenas. Y, finalmente, otro reto no menor que los anteriores pero
dependiente de su éxito, es lograr que las garantías de acceso al trabajo e ingresos en el país
frenen la emigración internacional de nacionales y eliminen por tanto los efectos nefastos
45
que ésta tiene en las estructuras familiares y el desarrollo de la generación que comienza, así
como el aumento de riesgos frente al tráfico de personas.
104. El Sistema de las Naciones Unidas participa con énfasis en el diseño y el fortalecimiento de
capacidades para la definición y ejecución de políticas públicas integradas que contribuyan a
la reducción de la pobreza. Participa también con proyectos de desarrollo de la producción
agrícola e industrial orientados a generar empleos de calidad en actividades protectoras del
ambiente. La experiencia internacional le permite además brindar al Gobierno apoyo para
fortalecer su desempeño en el establecimiento del nuevo modelo de desarrollo y, en
particular, en brindarle acceso a opciones exitosas de negociación, incorporación de inversión
y tecnologías, mitigación de impactos ambientales y sociales, y fiscalización de grandes
proyectos mineros.
105. Sostenibilidad ambiental, reducción de riesgos y gestión de desastres, y garantía de los
derechos de la madre tierra. Tal como afirman reiteradamente las autoridades
gubernamentales, otro de los grandes desafíos de Bolivia es recuperar y reforzar la relación
de la sociedad con la tierra y el ambiente. Su objetivo es lograr simultáneamente
sostenibilidad cultural, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Los retos más
urgentes son cinco: El primero es incorporar la reducción de riesgos en todos los ámbitos de
la gestión del desarrollo. Otro es frenar la deforestación, iniciar acciones decididas de
reforestación y emprender estrategias de aprovechamiento racional y sostenible de los
recursos del bosque. Otro es recuperar con especial celeridad los recursos hídricos del país,
para prevenir de la mejor manera posible un futuro previsible de sequías en amplias zonas del
territorio y desabastecimiento de los sistemas de agua potable. Otro es crear dinámicas
masivas de producción ambientalmente favorable, desarrollo de servicios ambientales y
promoción de inversiones que sean a la vez positivas para el desarrollo ambiental y
económicamente rentables. Otro es fortalecer sustancialmente la capacidad de vigilancia
ambiental y definición de medidas de mitigación y compensación en los proyectos mineros e
hidrocarburíferos y en general de los sectores contaminantes de la industria y la generación
energética. Estos retos implican una definición de la legislación ambiental y una
transformación del sistema institucional relacionado con la promoción y la vigilancia
ambiental.
106. En el contexto de riesgos crecientes de desastre y riesgo asociado a los efectos del cambio
climático, es también un desafío de máxima fortalecer el Sistema Nacional de Reducción de
Riesgos y Atención de Emergencias y/o Desastres, con el propósito de potenciar los
mecanismos de ayuda humanitaria en casos de emergencia para atender y compensar las
pérdidas sufridas por desastres y construir capacidad de resiliencia autónoma en el país.
107. El Sistema de las Naciones Unidas es la organización mundial con mayor experiencia en
promoción de prácticas de sostenibilidad ambiental, mitigación del cambio climático y
reducción de riesgos de desastre, y en creación de instrumentos internacionales para apoyar
46
a los países en este propósito. Las capacidades del Sistema están disponibles para Bolivia, que
hasta el momento las ha aprovechado parcialmente. Adicionalmente, el Sistema de las
Naciones Unidas ha tenido un papel destacado en el establecimiento del sistema de ayuda
humanitaria en casos de desastre que opera en el país y tiene gran experiencia acumulada en
todo el mundo para el desarrollo de sistemas de prevención de desastres mediante una
combinación de capacidades comunitarias, inversiones reductoras del riego y uso de recursos
tecnológicos de alto impacto.
47
5. Anexo 2: Organismos, Acrónimos y Abreviaturas
5.1. Organismos gubernamentales
MINISTERIOS:
• Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura
• Ministerio de Autonomía
• Ministerio de Culturas
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Defensa Legal del Estado
• Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural
• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
• Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Gobierno
• Ministerio de Hidrocarburos y Energía
• Ministerio de Justicia
• Ministerio de Medio Ambiente y Agua
• Ministerio de Minería y Metalurgia
• Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
• Ministerio de Planificación del Desarrollo
• Ministerio de la Presidencia
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Salud y Deportes
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social
• Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción
BCB Banco Central de Bolivia
INE Instituto Nacional de Estadística
SAFCO Sistema Administrativo Financiero y de Control Gubernamental
UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
VIO Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
5.2. Organismos del Sistema de las Naciones Unidas
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
BM Banco Mundial
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CEPAL Comisión Económica para América Latina y El Caribe
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
ONUMUJERES Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres
ONUSIDA Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida
OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud
PMA (WFP) Programa Mundial de Alimentos
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia u la Cultura
UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
5.3. Otras abreviaturas utilizadas
CEDLA Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
CIDEM Centro de Información y Desarrollo de la Mujer
CPE Constitución Política del Estado
ENDSA Encuesta Nacional de Demografía y Salud
OEA Organización de Estados Americanos
PIB Producto Interno Bruto
VIH/SIDA Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida
49
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