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8 de mayo 17.30 h. Conferencia de apertura: La transparencia y el acceso a la información en el ejercicio de la profesión periodística

Bernardo Díaz Nosty. Catedrático y Director del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga

Licenciado en CC. de la Información y Ciencias Políticas. Doctor en CC. Políticas (premio extraordinario) por la Universidad Complutense de Madrid, España. Inició su actividad docente en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid (1975). Catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga (1995), de la que fue decano fundador de la Facultad de Comunicación (1992) y actual director del Departamento de Periodismo (2002-). Ha sido fundador y primer presidente de la Asociación para la Investigación en Comunicación, AIC (1982) y de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de la Comunicación, I+D.COM (1999). Miembro del Grupo de Comunicación UNESCO-España. Miembro del Consejo Asesor para la Segunda Modernización de Andalucía (Junta de Andalucía). Es director de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga. Pertenece a diversos comités científicos, editoriales o de redacción de publicaciones académicas y de interés académico. Ha impartido cursos de doctorado en universidades europeas y americanas. Director del Informe Anual de la Comunicación (1989-2002) y del Informe Anual de la Profesión Periodística (2004). Director del Proyecto Infoeuropa (Fundesco/APE), investigación sobre los medios en la construcción de la identidad europea (cinco informes anuales). Creador y editor de Infoamérica. Director de los informes de Fundación Telefónica Medios de Comunicación/Tendencias (2006-2007). Ha sido miembro del Consejo de Administración de la RTVA (1995-2000), miembro del Consejo Asesor del diario Málaga Hoy y presidente del Consejo de Administración del Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias. Autor, entre otros, de los libros: La comuna asturiana (1974) [A comuna das Asturias, 1975]; Historia del franquismo (con Daniel Sueiro), 4 vols. (1977); La batalla de la información. Posibilismo y probabilismo de las nuevas tecnologías (1985); La nueva identidad de la prensa (1987); Los medios y la hipótesis de la democracia degradada (1995); La mejora de la práctica docente en comunicación periodística (1996); La comunicación en Andalucía. Estado y tendencias (1999); Los medios y la modernización de Andalucía (2002); La prensa diaria en la UE (2003), El déficit mediático. Donde España no converge con Europa (Barcelona, Bosch, 2005); Medios de Comunicación: el escenariuo iberoamericano (Barcelona, Ariel, 2007); con El Houssine Majdoubi, El ancho estrecho: las dos orillas de los medios (Barcelona, Icaria, 2008); con J. Fernández Beaumont, Comunicación, convergencia e integración en América Latina (Valencia, Pre-textos 2010); El libro negro del periodismo en España (Madrid, APM, 2011). Durante los últimos años ha centrado su actividad investigadora en el análisis interdisciplinar del cambio climatico, aspecto sobre el que ha publicado diversos artículos y dirige un proyecto del Plan Nacional de Investigación de I+D CS02010-19725: "Comunicación y Cambio Climático: estrategias de traslación mediática del consenso científico a la opinión pública’. ABSTRACT El objetivo de transparencia y el derecho de acceso a la información constituyen dos de los objetivos que definen el contrato social de un nuevo paradigma. Más allá de la actual crisis sistémica, la dialéctica opacidad vs transparencia se apoya en la habilitación y experimentación social en usos tecnológicos que atribuyen a la ciudadanía un papel más activo en la participación, acceso a los medios y construcción coral de la realidad. Los medios de comunicación, sujetos a valores de preagenda que erosionan su papel de contrapoder en la cultura democrática, sufren la crisis no solo por los efectos de la crisis sistémica, sino por las consecuencias de la pérdida de credibilidad derivada del abandono de su función social y de los objetivos adscritos a los mitos fundacionales del periodismo. Se trazan distintos horizontes tendenciales donde se proyectar los rasgos prospectivos que definen en torno a la transparencia, la participación social y el derecho de acceso a los medios las vías de rescate del periodismo. La intervención se atiene a las líneas maestras del libro (en imprenta): Díaz Nosty, B. (2013), “La prensa en el nuevo ecosistema informativo”. Barcelona: Ariel.

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19.30 h. Conferencia. Gobierno abierto: una nueva forma de relación entre los poderes públicos y los ciudadanos María Bella Palomo Torres. Profesora titular de Periodismo de la Universidad de Málaga

Formación académica:

• Licenciada en Periodismo (Universidad de Málaga, 1996) • Posgrado en “Periodismo Digital: Diseño y Gestión de Proyectos en Internet” (Universidad Oberta de Catalunya y

Grupo Zeta, 2001) • Doctora en Periodismo (Universidad de Málaga, 2002). Título: “El uso redaccional de internet en la prensa

diaria española” Docencia:

• Profesora titular (1 sexenio) en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga (1998-). Materias que imparte: Periodismo Ciudadano y Redes Sociales, Periodismo Interactivo y Creación de Medios Digitales.

• Consultora de Comunicación y Multimedia en la Universidad Oberta de Catalunya (2001/2003). • Profesora visitante en: la Escuela de Comunicación de la Universidad de Washington-Estados Unidos

(2003/2004), Rutgers–SCILS, Universidad Estatal de Nueva Jersey-Estados Unidos (2004/2005) y en la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía (2009).

Activ idad vinculada con las Jornadas “Transparencia, acceso a la información pública y gobierno abierto:

• Ha impartido una docena de conferencias y talleres prácticos sobre administración 2.0 y open government, la mayoría de ellas destinadas a funcionarios de los ayuntamientos de las ocho capitales de provincia andaluzas, y a personal de la Junta de Andalucía, como actividad de concienciación ante este nuevo entorno.

• Ha coordinado la publicación Mentalidad 2.0: Experiencias públicas y privadas en torno a la web social (2012), editado por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. En este libro se recogen estudios que giran en torno a la importancia de las redes sociales en el milenio que nos encontramos y su impacto en el ámbito político-administrativo. Hay análisis sobre la redes sociales en la administración local, modelos de gobierno electrónico, las webs institucionales, ciberperiodismo, movimientos sociales y participación ciudadana.

Investigación:

• Investigadora principal del proyecto “Audiencias activas y periodismo: Estrategias de innovación en la empresa informativa y nuevas figuras profesionales”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2016). Ref. CSO2012-39518-C04-04.

Otros

• Secretaria académica del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga (2008-) • Coordinadora del título de Graduado en Periodismo (2012-) • Miembro de la Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía (2003-) • Colaboradora de Diario Sur (1995-2005) • Premio de la Society of Newspaper Design 2003 • Autora de medio centenar de artículos y capítulos de libro, ha presentado una treintena de comunicaciones en

congresos nacionales (Sociedad Española de Periodística, Congreso Internacional de Periodismo en la Red, Congreso Nacional de Periodismo Digital, Congreso Internacional Comunicación y Realidad…) e internacionales (Estados Unidos, Portugal, Brasil).

ABSTRACT España es el quinto país del mundo en penetración de redes sociales. Su consumo supera ya a la consulta de medios de comunicación en internet. En este contexto, una ciudadanía 2.0 reclama la existencia de una administración 2.0 que enriquezca el sistema democrático basándose en formas de comunicación más directas y transparentes. Del análisis de las prácticas españolas a nivel local, regional y nacional se extraen dos principales conclusiones: las instituciones públicas siguen tratando al ciudadano prioritariamente como un simple receptor, y se ha detectado la existencia de una amplia brecha digital entre las vías de interacción promovidas desde sus espacios web.

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10 de mayo 16.00 h. Conferencia. Transparencia y partidos polít icos

Ángel Sánchez Navarro. Subdirector de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario (Junio 1993); y Máster en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales (Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, 1989). Desde 1996, es Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (acreditado por la ANECA para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad en 2009); y, desde febrero de 2012, Subdirector General de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde también desempeñó, entre 2002 y 2004, la Subdirección de Estudios e Investigación. Fue asimismo Vocal asesor en el Departamento de Parlamento e Instituciones del Gabinete del Presidente del Gobierno (2000 a 2002). Ha publicado unos cuarenta artículos, y seis monografías: Consejo de Estado, función consultiva y reforma constitucional (Editorial Reus, 2007); La actividad de las Cortes Generales en defensa de la constitucionalidad de las leyes (Universitat de València, 2004); La transición española en sus documentos (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998); Constitución, igualdad y proporcionalidad electoral (CEPC, 1998); La oposición parlamentaria (Madrid, Congreso de los Diputados, 1997); y Las minorías en la estructura parlamentaria (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1995). Además, ha participado en numerosas jornadas y seminarios científicos. Es miembro del Comité Científico de la Fondation Robert Schuman (París) y, desde junio de 2002, ha participado asiduamente, como miembro suplente y como experto, en los trabajos de la Comisión para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), del Consejo de Europa.

ABSTRACT Como es sabido, y a diferencia de lo que en otros muchos casos es habitual, la aprobación y envío a las Cortes Generales del “proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno” no ha acabado con el debate planteado en esta materia en España. Por el contrario, tras un proceso de elaboración en el que la participación pública ha sido particularmente relevante, desde que se inició su tramitación parlamentaria, en septiembre de 2012, son bastantes las innovaciones que se ha decidido incorporar al texto inicialmente adoptado por el Gobierno. Una de esas innovaciones es la relativa a la aplicación de la ley a los partidos políticos. Una aplicación que, de una parte, se justifica por la financiación esencialmente pública de los mismos, pero que no cabe ignorar que plantea diversas dificultades teóricas, esencialmente derivadas de la naturaleza jurídica de los partidos políticos como asociaciones privadas que ejercen, eso sí, funciones públicas. En cualquier caso, el protagonismo de los partidos políticos en el funcionamiento de los sistemas democráticos contemporáneos –que son, y no podrían dejar de ser, sistemas representativos- justifica la especial atención que ha de prestarse a los mismos a la hora de analizar el funcionamiento del principio de transparencia, como principio estructural del funcionamiento de todo el sistema político. 17.30 h. Conferencia. Transparencia y protección de datos José Luis Rodríguez Álvarez. Director de la Agencia de Protección de Datos

Es Licenciado en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado estudios de postgrado en la Universidad de Heidelberg (Alemania) y ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck durante tres años. Ha sido coordinador del área de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, y director gerente de la Fundación Democracia y Derecho Local. En abril de 2004 fue nombrado director del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y, posteriormente, director general de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Desde febrero de 2009 hasta junio de 2011 fue director del Gabinete del Ministro de Justicia. Desde junio de 2011 es director de la Agencia Española de Protección de Datos

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19.30 h. Taller 1: Estudio del caso Access info Europe vs. Ministerio de Justicia español Ana Ruiz Legazpi. Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, ex asesora del Ministerio de Justicia

Doctora en Derecho. Profesora de Derecho de la Unión Europea y Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Responsable de Derecho Público de Ovoli Studio Legale- Ovoli abogados en España. Ex asesora del Ministro de Justicia. Especialista en derechos fundamentales, con numerosas publicaciones especializadas, así como habituales participaciones en foros, congresos, másters y doctorados, tanto nacionales como internacionales. ABSTRACT El interesante caso Access Info Europe contra Ministerio de Justicia español nos permitirá analizar el régimen actual de acceso a la información pública y profundizar en algunas de sus deficiencias. Con una eminente perspectiva práctica, ilustraremos el debate sobre la transparencia y reflexionaremos sobre aquellos aspectos que, a la luz de la experiencia, deberían ser contemplados en la Ley en ciernes. Sin olvidar los aspectos teóricos del derecho, sobre el que esperamos impacientes la opinión del Tribunal Constitucional cuando resuelva el recurso de amparo a que el asunto dio lugar.

15 de mayo

16.00 h. Conferencia. El marco jurídico de la transparencia y el acceso a la información pública en España

María de los Ángeles Ahumada. Letrada del Tribunal Constitucional

Letrada del Tribunal Constitucional. Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid; Diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales (Premio del Diploma); Doctora en Derecho, doctor europaeus, con Premio Extraordinario por la Universidad Autónoma de Madrid. Su tesis doctoral “Las transformaciones del control de constitucionalidad en Europa a la luz de la experiencia de la judicial review norteamericana” obtuvo el Premio «Nicolás Pérez Serrano» del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 2005. Ha sido investigadora visitante en el Max-Planck-Institut de Heidelberg, en la Harvard Law School y en la School of Law de la New York University, en la que fue Global Research Fellow en los cursos 2005/06 y 2006/07. Profesora visitante de la Universidad de Essex y de la Universidade Nova de Lisboa, profesora honoraria de la Universidad Externado de Colombia y, desde 2004, profesora del Summer Law Program de The College of William and Mary School of Law (Williamsburg, Va., EEUU). Autora del libro La jurisdicción constitucional en Europa. Bases teóricas y políticas (Thomson-Civitas, 2005) y de otros ensayos y artículos sobre jurisdicción constitucional, constitucionalismo comparado y derechos fundamentales, ha impartido clases, cursos y conferencias en diversas universidades europeas y americanas y en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Entre 2000 y 2004 fue directora en España del programa de la Comisión Europea de cooperación China-Europa para la formación de jueces, fiscales y abogados chinos. En 2009 y hasta junio de 2010 ha sido la representante del Estado Español en la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Subdirectora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales desde junio de 2008 hasta marzo de 2009. Directora General de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia (Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios), desde marzo 2009 hasta diciembre de 2011. http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658739609/1242658765585/persona/detallePDI/Ahumada_Ruiz,_Maria_Angeles.htm

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17.30 h. Taller 2. Comparativa de Leyes de transparencia en Europa

Lydia Medland. Research and Campaigns Coordinator, Access Info Europe

Lydia Medland lleva viviendo en Madrid y trabajando para Access Info Europe desde septiembre de 2008. Trabaja como investigadora y coordinadora de la Red de Defensores de la Libertad de Información (Freedom of Information Advocates Network). En representación de Access Info Europe, Lydia es coordinadora de la sección europea de la Coalición de la Sociedad Civil de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, (UNCAC). Lydia representa a Access Info en los foros de la UNCAC a nivel internacional y trabaja en pro de un mayor reconocimiento e implementación del derecho de acceso a la información, como herramienta para luchar contra la corrupción.

Con Access Info ha investigado y publicado cuatro informes sobre la transparencia de la ayuda, sobre las libertades civiles y sobre anticorrupción: Not Available! Not Accesible!, The Right to Know: Europe and the Police, The Anti Corruption Transparency Monitoring Methodology y Rendition on Record. Lydia ha estado involucrada en el trabajo de Access Info con la Coalición Pro Acceso, la campaña por una ley de acceso a la información en España. También ha desarrollado campañas y estrategias de difusión para varios proyectos de Access Info, como el proyecto de Access Info para periodistas y el proyecto “Access for Rights”, que trata de usar el acceso a la información como derecho fundamental para garantizar otros derechos humanos.

Lydia es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex (Reino Unido) y tiene un Máster de la Universidad de Córdoba. También estudió en la Universidad de ICU (Japón) durante 3 meses, como parte de sus estudios de Relaciones Internacionales, y en la Universidad Complutense de Madrid, donde estuvo durante sus tres primeros meses en Madrid. Trabaja en español y en inglés.

19.00 h. Pausa

19.30 h. Conferencia. Lo que no aparece en la Ley de Transparencia

Óscar Sánchez Muñoz. Profesor contratado doctor de Derecho constitucional de la Universidad de Valladolid

- Profesor contratado doctor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid

- Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid

- Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas

- Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Público Comparado de los Estados Europeos por la Universidad París I Panthéon-Sorbonne

- Estancias de investigación en las Universidades de Trier (Alemania) y Toronto (Canadá)

- Autor de diversas publicaciones centradas en los campos del Derecho electoral y de la organización territorial del Estado. Destacan los libros “La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales”, editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2007) y “El Estatuto hoy: desarrollo del autogobierno en Castilla y León” (como director), editado por la Fundación Perspectivas (2010), además de numerosos capítulos de libros y artículos en publicaciones científicas

- Autor de informes técnicos para las Cortes de Castilla y León (sobre la reforma del Estatuto de Autonomía), para el Consejo de Estado (sobre la reforma de la LOREG) y para la Comisión de Venecia (sobre legislación electoral comparada)

- Parlamentario en las Cortes de Castilla y León entre 2003 y 2011. Miembro de la ponencia redactora del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado en 2007

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ABSTRACT

La transparencia no es un capricho de los periodistas, ni tiene como finalidad satisfacer la curiosidad malsana de los ciudadanos. Es una garantía de la democracia. También es una garantía contra la corrupción, porque la opacidad es el principal caldo de cultivo de la corrupción.

Sólo cinco de los 27 países de la UE no han regulado aún de forma satisfactoria el acceso de la ciudadanía a la información de las administraciones. España es uno de esos cinco países, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo. Después del intento infructuoso de sacar adelante un Proyecto de Ley durante la legislatura 2008-2011, el Gobierno actual presentó otro Proyecto que es el que actualmente se está tramitando en las Cortes. Sin embargo, el Proyecto actual adolece de numerosas carencias. De aprobarse tal y como se ha presentado, nuestra legislación estaría claramente por debajo de los estándares internacionales marcados por el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos. Las carencias afectan a los aspectos principales de la regulación: su ámbito subjetivo y objetivo, los límites del derecho de acceso y las garantías del mismo. La principal cuestión tiene que ver con la propia consideración del derecho de acceso. El Proyecto lo considera un desarrollo del artículo 105.b de la Constitución, sobre acceso a archivos y registros. La eficacia del mismo sería muy superior si se considerase un desarrollo de la libertad de información, reconocida en el artículo 20.1.d de la Constitución. La jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalaría esta tesis. Evidentemente, el derecho a acceder a la información de los poderes públicos no es un derecho absoluto y puede tener límites derivados de la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos. Pero la protección de esos derechos o bienes no puede convertirse en una excusa para vaciar completamente de contenido la transparencia. Es necesaria una ponderación equilibrada entre ambos polos.

16 de mayo

16.00 h. Conferencia. El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno: su elaboración y tramitación parlamentaria

Isabel Giménez Sánchez. Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

• Vicedecana de Investigación y Transferencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

• Licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma en junio de 1996. • Doctora en Derecho, con la mención de Doctorado Europeo, por la Universidad Autónoma de Madrid en

septiembre de 2004. • Su tesis doctoral, con el título “Las competencias presupuestarias de los parlamentos nacionales” dirigida

por el Prof. Dr. D. Juan José Solozábal Echavarría, obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. • Ha realizado estancias de investigación en el Centro di Ricerca e Formazione sul Diritto Costituzionale

Comparato de la Facultad de Economía de la Universidad de Siena (Italia); en el Groupe d'Études et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle, de la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Políticas de Aix-Marsella (Francia); en el Departamento de Derecho del Instituto Universitario Europeo de Fiesole (Italia); y en las Facultades de Derecho de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), la Universidad de Berkeley (California- EE.UU), la Universidad Libre de Berlín (Alemania) y la Universidad de Florencia (Italia).

• Es miembro de varios proyectos de investigación y fue Investigadora principal del proyecto «Las reformas de los sistemas descentralizados» (DER2009-14235), desde enero de 2009 hasta diciembre de 2012.

• LIBROS: “Las competencias presupuestarias del Parlamento”, Premio Manuel Giménez Abad, para trabajos de investigación sobre el Parlamento, en su IVª edición (mayo 2007) y publicado en la editorial del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

• Ha publicado numerosos artículos doctrinales en varias revistas científicas, como la Revista Española de Derecho Constitucional Teoría y Realidad Constitucional, así como en diversos libros colectivos.

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• Primer premio (ex aequo) en el II certamen para jóvenes constitucionalistas de la Revista Teoría y Realidad Constitucional, por el artículo “Las leyes de acompañamiento y el problema de las leyes ómnibus” (mayo 2008)

• Mención especial del jurado del Premio La Ley en su XIV edición, correspondiente al año 1999, por el artículo: "Articulación jurídica del método de financiación previsto para el quinquenio 1997-2001", escrito en colaboración con Alicia González Alonso.

ABSTRACT España es el único país de la UE con más de un millón de habitantes que carece de una ley de transparencia y de acceso a la información pública (en otras palabras, excepto Luxemburgo, Chipre y Malta). Pese a la existencia de un anteproyecto de ley elaborado en la pasada legislatura (que no llegó a presentarse ante las Cortes), y de varias proposiciones de ley presentadas por el PSOE, el PP Y UPyD la situación se ha prolongado en el tiempo. Hasta ahora la regulación venía establecida por una norma constitucional, el art. 105.b) CE [que en puridad establece una reserva de ley para la regulación de “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”] y un parquísimo desarrollo legal en el art. 37 de la LRJPAC. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha generado una auténtica demanda de regulación de esta cuestión fruto fundamentalmente de una doble exigencia (internacional y ciudadana). El Consejo de Ministros de 18 de mayo de 2012 aprobó inicialmente el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, texto que, tras sufrir importantes modificaciones, recogiendo aportaciones fundamentalmente del Comité de Expertos del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y del informe del Consejo de Estado de 19 de julio se envió definitivamente al Congreso de los Diputados para su tramitación y aprobación como Ley el 28 de julio de 2012. El texto del proyecto incluye tres cuestiones cuyo ligamen entre sí es en algún caso más que discutible: a) la publicidad activa (que se vincula directamente con la idea de Transparencia); b) el derecho de acceso a la documentación; y c) unos principios y reglas sobre lo que se denomina como “Buen Gobierno”. El proyecto de Ley se estructura en dos Títulos, el primero dedicado a “La Transparencia de la Actividad Pública” y el segundo enunciado crípticamente como “Buen Gobierno”. En efecto, bajo el aparentemente inocuo enunciado de “Buen Gobierno” se esconden una serie de medidas que cuestionan los principios de autonomía local y, más aún, la autonomía política, en su dimensión organizativa, de las CCAA), especialmente al incorporar un régimen de infracciones y sanciones entre las que se incluye un amplio elenco de infracciones en materia de gestión económico-financiera que, en gran medida, se conectan directamente con las obligaciones recogidas en la reciente Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria. Si bien en el momento de la presentación del texto era evidente que desde el Gobierno se primaba claramente el aspecto de la Ley dedicado al Buen Gobierno, en un intento de dotar al Ministerio de Hacienda de instrumentos sancionadores (incluso claramente inconstitucionales desde múltiples puntos de vista) ante eventuales incumplimientos presupuestarios de los entes territoriales, a lo largo de la tramitación parlamentaria este aspecto ha ido perdiendo relevancia y son las cuestiones referentes a la Transparencia las que han pasado a ocupar un lugar central en el debate.

18.00 h. Pausa

18.30 h. Mesa redonda sobre el Proyecto de Ley de Transparencia

Moderadora: Marta Redondo García. Profesora asociada de Periodismo de la Universidad de Valladolid

Victoria Anderica Caffarena. Access Info Europe

Trabaja en Access Info Europe desde enero de 2010. Su trabajo en AIE consiste por un lado en el análisis de las leyes de acceso a la información para dos proyectos, el Right to Inforation Rating Methodology y el Ratification Readiness. Victoria ha estado al cargo de dos monitoreos internacional es de transparencia “La Campaña de las 6 Preguntas”, un monitoreo sobre transparencia presupuestaria y “Cuenten lo que han hecho”, un monitoreo sobre implementación de medidas anticorrupción. Victoria también trabaja en la línea de trabajo dedicada al “Open Data” a través del cual Access Info está investigando las dimensiones legales y prácticas de las nuevas iniciativas que van surgiendo sobre publicación y reutilización de la información pública. También participa en el trabajo de activismo de AIE coordinando las campañas por una ley de acceso a la información en España y recientemente ha comenzado a coordinar el trabajo de Access Info sobre Gobierno Abierto con el proyecto Open Government Standards.

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Manuel Vi l lor ia. Comité de Dirección de Transparencia Internacional España

Ocupa una cátedra de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, Doctor en Ciencia Política y Sociología, Licenciado en Derecho y en Filología. Estudió con una beca Fulbright en la Universidad de Indiana el master in Public Affairs, Es Director del Departamento de Gobierno y administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Autor de más de 100 libros y artículos sobre temas de Gobierno, corrupción, ética pública y Administración, de ellos unos 20 indexados en JCR. Profesor visitante de diversas universidades españolas y extranjeras.  ABSTRACT De la transparencia al gobierno abierto. Las cuatro almas del gobierno abierto y su posible reflejo en el proyecto de ley de transparencia.

José María Crespo Lorenzo. Director General de Publico.es

Político español, secretario general1 de Juventudes Socialistas de España desde 1990 a 1993 y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE durante las mismas fechas, siendo Secretario General Felipe González. Funcionario del Cuerpo Nacional de Secretarios de la Administración Local, contribuyó a la creación de las Juventudes Socialistas de Palencia y de Castilla y León, de las que fue Secretario General entre 1984 y 1989. Fue concejal del Ayuntamiento de Palencia de 1983 a 1991 y Procurador en las Cortes de Castilla y León desde 1991 hasta 2007 por la provincia de Palencia. Secretario 2º de la Mesa de las Cortes de 1999 a 2003, y Secretario General del Grupo Socialista durante dos legislaturas, durante sus mandatos en Cortes participó, entre otras, en las 2 Comisiones de Reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y del Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Fue Ponente de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, y de la Ley del Juego y Apuestas de la comunidad. También ha sido Secretario de Organización del Partido Socialista de Palencia, miembro del Comité Federal del PSOE y de la Comisión Ejecutiva Regional del PSCL-PSOE, además de Diputado Provincial en Palencia entre 1983 y 1997.

En 2007 3 recibe el premio "Tomás Meabe" por su labor en favor de la juventud y la participación de los jóvenes, que otorga la fundación del histórico dirigente socialista. José María Crespo abandonó todos sus cargos políticos en Septiembre del año 2007 para incorporarse al diario de tirada nacional Público, como Director de Relaciones Institucionales y miembro del Consejo Editorial. En la actualidad es 4 Director General del diario, y colabora en otros medios de comunicación como analista político.

ABSTRACT

Gobierno abierto y Gobierno electrónico. Conviene no confundir ambos conceptos. 1.- Gobierno Abierto Es aquel Gobierno que utiliza el potencial tecnológico actual para ser transparente, rinde cuentas de forma habitual, facilita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, comparte sus herramientas y practica la escucha activa. 2.- Gobierno electrónico Es aquel que utiliza las herramientas tecnológicas para agilizar la gestión y los trámites administrativos. Por tanto, sólo con transparencia o sólo con gestión electrónica no estaremos dando respuesta a las demandas de profundización democrática que demanda la ciudadanía y que permiten las nuevas tecnologías. No deja de sorprender que 35 años después de aprobada la Constitución estemos iniciando el debate de una Ley de Transparencia que regule el más elemental de los derechos de los ciudadanos que no es otro que el de CONOCER y PARTICIPAR. Y no sólo eso sino que estemos asistiendo a serias resistencias para que estos principios sean los inspiradores básicos de la legislación que se encuentra en tramitación parlamentaria. DEMOCRACIA DIRECTA vs DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Falso dilema que se utiliza como pretexto tanto para no avanzar en transparencia como para no avanzar en posibilidades de participación. El conocimiento por parte de los ciudadanos del qué, quién y por qué se toman decisiones no es incompatible en absoluto con la confianza depositada en los representantes democráticos. Al igual que la escucha activa por parte de estos representantes debiera ser un elemento imprescindible previo a su toma de decisiones.

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REACTIVACION DE LA DEMOCRACIA Hay quien dice que detrás de esta crisis económica se abrirán grandes oportunidades. Ojalá. Lo que sí parece claro es que la crisis institucional que vivimos así como el descrédito y el desapego hacia la actividad política que se constata a diario sí pueden servir como una oportunidad para reforzar nuestra democracia. Si el Parlamento se resiste porque los partidos se resisten o porque la mayoría absoluta lo dificulta, si el debate se hace interminable, si se frustran las expectativas generadas, si se excluyen instancias o instituciones o si las excepciones son más que la regla general, la brecha creada entre los representantes institucionales y la ciudadanía puede hacerse insalvable. Nunca es tarde pero la democracia española se ha descuidado demasiado y estamos ante una oportunidad única de recuperar una parte de la credibilidad perdida. Se debiera tratar el Proyecto de Ley como Ley Orgánica entendiendo que estamos regulando derechos fundamentales y obligando así a la mayoría a consensuar la norma. Debe impulsarse y agilizarse la tramitación parlamentaria. O lo que es lo mismo y suena a redundancia “tramitación transparente de la Ley de Transparencia”. Debe incorporarse a la regulación a toda entidad, pública o privada, que gestione o reciba fondos públicos. Las excepciones a la norma general deben ser mínimas y muy razonadas y acordadas. No debe olvidarse que el Proyecto de Ley se denomina “Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Decíamos al principio que la Transparencia es un requisito, importante pero sólo uno, de los que deben marcar la impronta de todo buen gobierno o Gobierno Abierto. No será suficiente una mayor transparencia sino se propicia la participación real de la toma de decisiones a los ciudadanos más allá de las citas electorales. Esperanza Zambrano Gómez. Subdirectora General de Propuestas Normativas y Documentación Parlamentaria del Ministerio de la Presidencia

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Pertenece a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico. Ha trabajado como asesora en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos, así como en el Área Internacional de la Agencia Española de Protección de Datos. Dentro de la Dirección General de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia ha ocupado los puestos de Consejera Técnica en la Subdirección General de Estudios y Propuestas Normativas y de Subdirectora General de Régimen Constitucional. Desde enero de 2012 es Subdirectora General de Propuestas Normativas y Documentación Parlamentaria, dentro de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia. Ha participado activamente en la elaboración del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno así como en el Plan de Acción que, en el marco de la iniciativa internacional de Gobierno Abierto, fue presentado en Brasil el pasado mes de abril. Asimismo, ha participado en el Grupo de Trabajo Información del Consejo de la Unión Europea en el marco de la reforma de la normativa europea en materia de acceso a los documentos.

ABSTRACT

La transparencia de la actividad de los sujetos públicos y el acceso a la información que obra en poder de éstos se ha convertido hoy día en una de las principales exigencias de una sociedad democrática. Sabiendo cómo están organizadas nuestras instituciones, cómo se gestionan los recursos públicos o cómo se gestan y ejecutan las políticas públicas, los ciudadanos podrán participar con un mayor conocimiento en todos los asuntos que les atañen y, en consecuencia, podrán ejercer un mayor control sobre los mismos. España se encuentra entre los pocos países que no cuenta con una ley específica en materia de transparencia y acceso a la información pública. Una carencia que, además de haber sido puesta de manifiesto de forma reiterada por la doctrina y organizaciones pro acceso, se ha convertido en uno de los ejes de los recientes movimientos sociales que reclaman una regeneración democrática basada en una mayor participación de la ciudadanía en la acción pública. Con vistas a superar esta situación, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado 27 de julio de 2012 el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, comenzando así su tramitación parlamentaria, última fase que culminará con la aprobación de una Ley largamente esperada en nuestro país. Una vez finalice el proceso legislativo, esta Ley vendrá a completar y reforzar el proceso de apertura de la Administración Pública española y a superar y corregir las deficiencias y dificultades de aplicación práctica de un derecho, el de acceso a los archivos y registros administrativos, reconocido en el artículo 105 b) de nuestra Constitución. Asimismo, esta Ley supondrá un paso más en una tendencia cada vez más definida a nivel internacional e incluso nacional- como así lo demuestra la proliferación de diversas iniciativas autonómicas y locales- en pro de un Gobierno más participativo y más colaborativo con los ciudadanos; en definitiva, de un Gobierno más abierto.

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17 de mayo

16.00 h. Conferencia. Los secretos oficiales

Mª Arántzazu Moretón Toquero. Profesora ayudante doctora de Derecho constitucional de la Universidad de Valladolid

- Doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid (2011) con Premio Extraordinario de Doctorado. - Máster “El Derecho y las Transmisiones Electrónicas” (Universidad de Valencia) - Profesora Ayudante Doctor del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. - Imparte docencia, entre otras, en las asignaturas Derecho Constitucional y Derecho de la Información en los Grados en Derecho, Periodismo y Publicidad. - Miembro del equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre “El control de la actividad de los medios de comunicación: autorregulación, administración independiente y control judicial”. - Ha impartido varias conferencias y participado en seminarios sobre libertad de información y transparencia, en España y recientemente en México - Autora de varios artículos y monografías en materia de libertades informativas como El secreto profesional de los periodistas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2012 (distinguido con mención especial del Premio Nicolás Pérez-Serrano que otorga el CEPC), Delitos contra el honor: La calumnia, Editorial Bosch, Barcelona, 2001. Delitos contra el honor: La injuria, Editorial Bosch, Barcelona 2001. ABSTRACT

Frente a la transparencia y la publicidad, el reconocimiento de la posibilidad de guardar secreto u ocultar información no deja de resultar llamativa en el marco de un Estado democrático, que se asienta en el mantenimiento y garantía del flujo informativo en una doble dirección. En una primera trayectoria (vertical), la publicidad como garantía del sistema democrático requiere de un constante flujo informativo del poder público hacia sus ciudadanos, reforzando con ello su legitimidad democrática de origen a través de la motivación de sus actos, respondiendo a las eventuales quejas y reclamaciones, y demostrando que sus actos son objetivos, ajustados al marco legal y constitucional y no arbitrarios o quizá, corrompidos. Sin embargo, junto al reconocimiento y garantía de la plena vigencia del principio de transparencia (concretado, entre otros en los arts. 80, 120 CE) y el derecho de acceso a la información pública (art.105 CE), en los Estados democráticos también convive la posibilidad de utilizar la técnica del secreto, cuya invocación se revela no solo útil sino también necesaria para la protección de bienes e intereses singularmente valiosos. Una de estas manifestaciones que, como excepción, limita el principio de transparencia, es el “secreto oficial” o “secreto de Estado”, que encuentra su apoyo constitucional directo en el apartado b) del art. 105 CE, que permite excluir del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, los documentos cuyo conocimiento afecte a la seguridad y defensa del Estado; e indirecto, en el art. 97 CE, que atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior del Estado. Pero si es necesario que la comunicación fluya en sentido vertical (transparencia y derecho de acceso), también el carácter democrático de la sociedad requiere de manera esencial que el flujo informativo sea permanente en sentido horizontal, garantizando la efectividad de las libertades de expresión e información, base sobre la que se conforma la opinión pública libre, piedra angular del sistema democrático. La excepción de este flujo informativo mediante el secreto o reserva, en cualquiera de estas dos direcciones, puede ocasionar puntos de fricción. La realidad española e internacional (con el paradigmático Wikileaks) es testigo de la ocasional confrontación entre el poder gubernativo que apela al secreto de cierta información, y el interés ciudadano (o periodístico) por la divulgación de esos mismos hechos. Los criterios que han de arbitrar la solución a este conflicto son oscuros y difíciles de precisar, máxime cuando, en un lado (el de los informadores) aún no contamos con texto normativo que regule parte de sus facultades y, por el otro (el gubernativo) la norma cuenta con importantes vacíos y el sistema de control se revela insuficiente.

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17.30 h. Conferencia. Transparencia y derechos fundamentales

Fernando Rey Martínez. Catedrático de Derecho constitucional. Universidad de Valladolid

a) Trayectoria académica. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid (junio de 1.986) Premio Extraordinario de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la UVA (1.986). Premio de la Caja de Ahorros de Salamanca al mejor expediente de los premios extraordinarios de cada Facultad, 30 de octubre de 1.988. Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, con una tesis sobre “El derecho de propiedad privada en la Constitución española” (junio de 1.993). Premio Extraordinario de Doctorado (1.995) Título de Especialista en Bioética por la Universidad de Valladolid (2.003) b) Trayectoria investigadora. Autor de varios libros, entre otros, “El derecho de propiedad privada en la Constitución española” (Centro de Estudios Constitucionales y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1.994), “El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo” (MacGraw-Hill, Madrid, 1.995), “La ética protestante y el espíritu del constitucionalismo” (publicada por la Universidad Externado de Bogotá, 2.003), “Prostitución y Derecho” (Aranzadi/Thomson, 2.004), “Eutanasia y Derechos Fundamentales”, Tribunal Constitucional y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2.008; Co-Director de los Comentarios al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Aranzadi, 2011. Y también de varias decenas de capítulos de libros y artículos en revistas de la especialidad, con temática variada: derechos fundamentales, instituciones públicas, autonomías territoriales, interpretación constitucional, etc. Premio de la Revista Jurídica La Ley de estudios doctrinales del año 1999. Premio “Tomás y Valiente” del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, año 2.007. Coordinador del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Ampliación de estudios y/o conferencias en las Universidades de Lisboa, Florencia, Roma Tre, Siena, Pisa, Milán, Kansas, Buenos Aires, Rosario, Pontificia de Lima, Catania, Oriente de Santiago de Cuba, Benjamín Cardozo y Fordham de Nueva York, Nova de Lisboa, Externado y Medellín de Colombia, Unisinos y Católica de Portoalegre, Iberoamericana de Asunción, Arequipa, Católica de Lima, San Martín de Porres de Perú, Querétaro, Oaxaca, Guadalajara y, UNAM, Tuxtla Gutiérrez, Anáhuac del Sur de México, Andrés Bello y Nacional de Maracaibo de Venezuela, etc. c) Trayectoria profesional. Docente en la Facultad de Derecho de la UVA desde 1.986 hasta la actualidad. Redactor de varios proyectos de investigación y contratos y convenios financiados. Ex Columnista y editorialista del periódico El Norte de Castilla. Redactor del proyecto técnico de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (2.006). Asesor técnico de redacción de diversas leyes estatales y autonómicas. ExAsesor del Gobierno español en materia de cooperación política con Latinoamérica: ExDirector del Programa Foro xx1 de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de administración y políticas públicas (Fiiapp). ExDirector de Comunicación de la Universidad de Valladolid Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Constitucionalistas de España Consejero del Consejo Consultivo de Castilla y León. Presidente del Comité Técnico de elaboración del II Plan nacional de derechos humanos (resolución del Director del CEPC de 14 de enero de 2013)

19.00 h. Pausa

19.30 h. Conferencia. Los indicadores de transparencia: reflexión crít ica sobre los instrumentos de medición en España

Ruth A. de Frutos García. Investigadora FPU Departamento de Periodismo. Universidad de Málaga

Investigadora FPU del Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga desde mayo de 2011, donde trabaja en su tesis doctoral sobre indicadores mediático-culturales y es miembro del proyecto del Plan Nacional I+D+i “Comunicación y cambio climático: estrategias de traslación mediática del consenso científico a la opinión pública” (CSO2010-19725).

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Durante estos años, ha participado en congresos exponiendo sus aportaciones en la investigación de los indicadores mediático-culturales en general y de género para medios de comunicación, alfabetización mediática, libertad de expresión, observatorios de comunicación en América Latina e indicadores de transparencia, en particular. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Valladolid, donde simultaneó dichos estudios con los de Derecho, ha trabajado en la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Málaga (2009-2010) y en el Centro UNESCO de Turín (2010-2011). Anteriormente había colaborado a través de contratos y becas con diversas empresas de comunicación o medios, como El Norte de Castilla, Nuevo Cuño o la Agencia EFE. Su interés por los derechos humanos la llevaron a colaborar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Buenos Aires (Argentina) dentro del programa Prácticas Académicas en Proyectos de Cooperación, de la Universidad de Valladolid (PACID) y a desempeñar distintos cargos como activista de Amnistía Internacional en Valladolid, Granada y Málaga. Actualmente compagina sus funciones como investigadora en la Universidad de Málaga con las de miembro del Observatorio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid y las de responsable del grupo de Comunicación, redes sociales y libertad de expresión de Amnistía Internacional en Málaga. ABSTRACT La transparencia es un valor estratégico para las organizaciones públicas puesto que tiene una relación directa con la confianza ciudadana y promueve su credibilidad y legitimidad. En el caso español, existen numerosos indicadores que estudian la transparencia y el acceso a la información pero su análisis crítico refleja la falta de estudios respecto a la eficacia de estos instrumentos de medición. El Índice de percepción de la corrupción realizado por Transparencia Internacional o los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial, por citar algunos ejemplos, muestran límites intrínsecos. Dichos índices son útiles para la realización de estudios comparados pero no ofrecen información detallada sobre diversos aspectos, como las acciones contra los fenómenos de corrupción o las prácticas gubernamentales observadas desde el punto de vista de la ciudadanía. Este trabajo contribuye a un mejor conocimiento de las características de los principales corpus de indicadores sobre transparencia y corrupción en España, apoyándose en datos actuales, lo que crea una oportunidad para la realización de futuros estudios detallados sobre las causas y consecuencias de estos fenómenos en el contexto nacional.