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Seguridad Pública y PrivadaGuatemala

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Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición oficial de la OEA o de sus países miembros.

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Seguridad pública y privada en Guatemala

Armando Carballido Gómez

I. Institucionalidad de la Seguridad Pública

1. Revisión de antecedentes

Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, la violencia, la delincuencia y la inseguridad se han colocado como primer tema de la agenda política en Guatemala, invisibilizando otros como la pobreza o el empleo. La seguridad interior en Guatemala ha pasado de una concepción autoritaria propia de los regímenes militares a una concepción de seguridad pública en la cual, no obstante, el ejército sigue teniendo, directa o indirectamente, bastante relevancia. Se pueden señalar dos etapas. Una primera de transición entre 1987 y 1996, y una segunda a partir de la firma de los Acuerdos de Paz y en concreto del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC). La primera etapa estuvo caracterizada por tímidos intentos de traspaso del control de la seguridad a instancias civiles y la institucionalización de la misma. La segunda, viene marcada por los compromisos en seguridad pública adquiridos a través del AFPC. El compromiso más relevante fue la creación de una nueva institución policial civil bajo la dirección del Ministerio de Gobernación, jerárquicamente estructurada, dotada de recursos suficientes, con departamentos especializados, apolítica y de carácter multiétnico y pluricultural1. Es de destacar que la Policía Nacional Civil nace de la fusión de los dos antiguos cuerpos policiales. Asimismo, el AFPC también establece las bases para la creación de la Academia de la Policía Nacional Civil (APNC) y de la carrera policial. En la Administración de Alvaro Arzú (1996-2000) se produjo el despliegue de la policía nacional en todo el territorio y su gobierno estuvo marcado en materia de políticas de seguridad por una cierta estabilidad, un intento de institucionalizar el tema y la reducción de la presencia de militares en los cuerpos de seguridad. Por su parte, durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), y coincidiendo con un crecimiento sostenido de los índices delincuenciales y de inseguridad, se produce un retroceso marcado por la inestabilidad al frente del Ministerio de Gobernación (se nombraron cuatro ministros, dos de ellos militares) y la “remilitarización” de la política de seguridad pública. Tanto durante en los años 90 como en la actualidad las políticas de seguridad pública de las distintas administraciones han estado marcadas por la preeminencia de la represión y la práctica inexistencia de políticas preventivas.

1 La creación de la PNC tiene como fundamento jurídico el Decreto 11-97 del Congreso de la República mediante el cual entró en vigor la Ley de la Policía Nacional Civil.

Departamento de Seguridad Pública 1

Diagnóstico Según datos de la Policía Nacional Civil, la violencia homicida ha aumentado más de un 120% en los últimos siete años, pasando de 2,655 homicidios en 1,999 a 5.781 en 2007. Para este último año, el país presentó una tasa de 45 homicidios por cada cien mil habitantes2. En el año 2007 se rompió ligeramente la tendencia creciente, al producirse un descenso del 1,77% respecto a 2006. El 40% de los homicidios se concentró en el departamento de Guatemala, donde se ubica el Área Metropolitana de la capital del país.3

Fuente: Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia (PNUD Guatemala), en base a datos de la Policía Nacional Civil

Es de destacar que los municipios con mayoría de población indígena tienen tasas de homicidio significativamente más bajas (15,78) que aquellos municipios con población mayoritariamente no indígena (58.21).4 Si bien la mayor parte de las víctimas son hombres, se ha de resaltar el aumento sostenido de homicidios a mujeres o feminicidios, que en los últimos seis años casi se han doblado al pasar de 303 en 2001 a 606 en 2006 (13% del total)5. En cuanto a la distribución geográfica, los municipios más violentos forman una suerte de ‘corredor de la violencia’, que parte en la costa Atlántica, pasa por la zona oriental y la capital, recorriendo luego la zona de la costa sur hasta llegar a la frontera con México en Tecún Umán (Ayutla). La otra área de importancia en cuanto a la distribución de la violencia es El Petén. En este departamento el municipio de San Benito ocupa el primer lugar nacional con una tasa de 202 homicidios por cada cien mil habitantes.6

2 Informe Estadístico de la Violencia en Guatemala, PNUD, 2007, p.9 y Informe Estadístico Criminal de la PNC, Comparativo periodo 2006-2007, A nivel República. 3 Informe Estadístico Criminal de la PNC, Comparativo periodo 2006-2007, Departamento de Guatemala. 4 Datos para 2005. PNUD, p. 25 5 Ibidem, p. 30 6 Ibidem, p. 27


Las armas de fuego, al igual que en el resto de países del Triángulo Norte de Centroamérica, juegan un papel importante en la violencia homicida en Guatemala. Del total de asesinatos acaecidos en 2007, el 82,6% fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa un incremento de más del 4% respecto al año anterior. En Guatemala, se estima que circulan más de un millón de armas de fuego, sólo una cuarta parte de ellas registradas. La portación y tenencia de armas de fuego es un derecho reconocido en la Constitución. Un último indicador preocupante en el caso de Guatemala es el aumento del número de personas asesinadas por linchamiento, que se incrementó en un 35% en el mismo periodo de análisis.7 Si bien, como se indicaba anteriormente los homicidios han tenido una tendencia a la baja durante el año pasado, no ocurrió lo mismo con las lesiones, que se incrementaron casi en un tres por ciento al pasar de un total de 6.055 en 2006 a 6.238 en 2007. Las armas de fuego también fueron el principal causante de lesionados. Otros delitos contra las personas que sufrieron incrementos en el periodo 2006-2007 fueron los delitos sexuales, que pasaron de un total de 289 denuncias a 318, respectivamente (9,12%); y los secuestros que alcanzaron casi el centenar en 2007, suponiendo un incremento del 41,84% respecto al año anterior. Para el total de delitos contra la propiedad que registra la PNC, se muestra un pequeño descenso (2,69%) en 2007 respecto al año anterior. La siguiente tabla muestra un descenso en el hurto y robo a residencias y de vehículos, mientras que el hurto y robo a comercios, de armas de fuego y los asaltos aumentaron.

Principales delitos contra la propiedad 2006-2007 2006 2006 Diferencia

absoluta Diferencia relativa

Hurto y robo a residencias

713 666 - 47 -6,59%

Hurto y robo a comercios

1043 1102 59 5%

Hurto y robo de vehículos

5766 5543 -223 -3,87%

Hurto y robo motocicletas

1395 1858 463 24,92%

Hurto y robo armas fuego

1845 1934 89 4,60%

Asalto y robo 1890 2236 346 15,47% Fuente: PNC. Informe Estadístico Criminal, Comparativo periodo 2006-2007, A nivel República.

Al analizar la evolución histórica de los datos globales de delitos cometidos y denunciados, la tendencia muestra un descenso significativo desde el año 2004 tras diez años de crecimiento sostenido en los índices totales.

7 Para el caso de los lesionados por linchamiento, el incremento fue aún mayor: 81,25%.


Fuente: http://www.mingob.gob.gt/estadisticas.html

Sistema Penitenciario. La Dirección General del Sistema Penitenciario administra un total de 18 centros de detención y una cárcel de menores. La capacidad total instalada es de 7.379 plazas para un total de 8,461 reclusos (2005). El Centro de Menores tiene una capacidad de 100 cupos.

Evolución histórica del número total de reclusos

78498204

6974

8186 80778852 8840

8462

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Lac-Surf, PNUD

En total, el número de funcionarios con que contaba el sistema penitenciario guatemalteco a finales de 2006 era de 1.946 personas, de los cuales casi el 50% (957) son guardias penitenciarios, 599 son profesionales y técnicos, y 386 personal administrativo. La mayoría del personal (46%) sólo ha completado la educación básica8. Maras y pandillas. Al igual que en el resto de países del área, especialmente Honduras y El Salvador, las maras o pandillas juveniles se han constituido en una de las principales preocupaciones de las instituciones de seguridad. En Guatemala, las estimaciones hablan de un número superior a 14.000 jóvenes9, en su mayoría hombres, 8 Prospectiva de inversión para la policía y el sistema penitenciario, LAC-SURF, PNUD, junio 2007, p. 39 9 Ante la falta de datos precisos, las estimaciones, en algunos casos, elevan el número hasta 165.000. Central American and Mexico Gang Assessment, USAID, mayo 2006, p.64


http://www.mingob.gob.gt/estadisticas.html

integrantes de pandillas. Según datos de la PNC habría unas 340 cliclas, concentradas en la capital y otras ciudades importantes, especialmente en el Área Metropolitana. Si bien tanto desde las instituciones como desde los medios de comunicación se suele relacionar el incremento de la violencia y la actividad delictiva con las maras, sólo 576 mareros están encarcelados en prisión.10 Asimismo, según la encuesta de percepción y vistimización desarrollada periódicamente por el PNUD en Ciudad de Guatemala11 la presencia de maras en las comunidades y colonias es un problema percibido por la población, pero su importancia ha decrecido significativamente. Si en 2004 los mareros eran designados como los principales delincuentes de la colonia, en el primer semestre de 2007 fueron los ladrones comunes (con un 58,9% frente a un 24% para los mareros) los principales señalados. Ante esta situación, y aunque en Guatemala no se han promulgado leyes específicas contra las maras como en los países vecinos, las políticas se han centrado casi exclusivamente en la represión policial12 y la práctica inexistencia de políticas preventivas y de rehabilitación. Percepción de inseguridad. En Guatemala, las instituciones del ramo no elaboran ninguna Encuesta de Victimización y Percepción y la única herramienta similar disponible es la encuesta que desde 2004 viene realizando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el municipio de Guatemala, la capital, donde se concentra casi un tercio de la población del país. Según esta encuesta, un 11,3% de las personas de Ciudad de Guatemala habría sido víctima de algún delito en los seis primeros meses de 2007, lo que supone un descenso de casi un punto porcentual respecto a la encuesta del semestre anterior. Por su parte, el porcentaje de hogares victimizados se situaría en el 37,3%, dos puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2006.13 La mayoría (74,9%) de los hechos ilícitos sufridos por la población durante el primer semestre de 2007 no fueron denunciados. La razón mayoritariamente esgrimida (59%) porque “no creo que sirva de algo”, lo cual muestra el grado de desconfianza de la población en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana e impartir justicia14. En cuanto a la percepción de inseguridad, algo más del 60% de los encuestados califican de muy inseguro e inseguro su municipio. Por sexos, la población femenina (en algo más de un 8%) percibe una mayor inseguridad en la ciudad que los hombres15. La institucionalidad En el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC) en Guatemala se habla del concepto de seguridad integral. En el mencionado AFPC se puede leer: “La seguridad es un concepto amplio que no se limita a la protección contra las amenazas armadas externas, a cargo del 10 USAID, p. 73 11 Informe estadístico de la violencia, p 69 12 En Guatemala se habla de limpieza social de mareros, especialmente en el periodo de gobierno de Alfonso Portillo. 13 Informe estadístico de la violencia, p. 39 14 Informe estadístico de la violencia, p. 41-42 15 Informe estadístico de la violencia, p. 57-61


Ejército, o a la protección contra las amenazas al orden público y la seguridad interna, a cargo de la Policía Nacional Civil. El conjunto de los Acuerdos de Paz de Guatemala plantea que la paz firme y duradera requiere el respeto a los derechos humanos, y al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca, el desarrollo económico del país con justicia social, la participación social, la conciliación de intereses y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Dentro de este concepto, la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado son inseparables del pleno ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y deberes políticos, económicos, sociales y culturales.” 16 No obstante lo anterior, la visión, la filosofía y la práctica que predomina es la de la seguridad pública entremezclada con la seguridad nacional. La institución clave dentro del aparato de seguridad guatemalteco es el Ministerio de Gobernación, encargado de diseñar y ejecutar las políticas de seguridad pública. Esta instancia dependiente del Órgano Ejecutivo tiene, además de esta función, otras diversas y heterogéneas relativas a la imprenta nacional, aprobación de los estatutos de las fundaciones, migración, o vigilancia y supervisión de los montes de piedad, rifas y loterías, entre otras. En materia de seguridad, el mandato del Ministerio (Decreto Nº 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, art. 36) se centra en la formulación de políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo el mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y sus bienes, garantizar los derechos de los ciudadanos y la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales.17 Entre las 17 funciones que debe cumplir el ministerio, seis están directamente relacionadas con la seguridad pública. El Ministerio debe: Controlar el registro de armas de fuego y la identificación de sus propietarios. Elaborar y aplicar los planes de seguridad pública y encargarse de todo lo relativo al

mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. Conducir los cuerpos de seguridad pública del gobierno. Proponer los anteproyectos para la reglamentación de los servicios privados de

seguridad. Elaborar y aplicar políticas de inteligencia civil y recabar y analizar información

para combatir el crimen organizado y la delincuencia común. Administrar el régimen penitenciario del país18. En los últimos años, el Ministerio de Gobernación ha visto modificada su estructura orgánica interna, al crearse los Viceministerios de Apoyo Comunitario y Sector Justicia, en 2004 y 2005, respectivamente. El primero de ellos sería el encargado de diseñar y ejecutar las políticas de prevención.

16 AFPC, literal 18 y 19 17 POLSEC, p. 9. 18 Polsec, p. 10


Organigrama Ministerio de Gobernación

Ministerio de Gobernación

Primer Vice Ministerio de Seguridad

Segundo Vice Ministerio Adminitrativo

Tercer Vice Ministerio de Apoyo Comunitario

Cuarto Vice Ministerio Justicia

Servicio Aéreo

Servicio Marítimo

Centro Información Conjunta

Oficina de Cooperación Técnico Institucional

Dirección General del Sistema Penitenciario

Fuente: www.migob.gob.gt

Bajo el mandato del Ministerio de Gobernación, la institución encargada de controlar la delincuencia común y el crimen organizado es la Policía Nacional Civil (PNC). Creada en 1997 a raíz del AFPC, la PNC guatemalteca nace de la fusión de los dos cuerpos de seguridad existentes en ese entonces, la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional. Regulada por una Ley Orgánica, la PNC está encargada de proteger la vida, la integridad física, la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, prevenir, investigar el delito y preservar el orden público.19 Las funciones específicas de la PNC son: • Protección de los derechos y libertades de las personas • La prevención del delito • Previsión de riesgos. • La investigación del delito. La función administrativa de la PNC se basa en la vigilancia del tránsito, fronteras, control de inmigración, protección de la naturaleza, espectáculos públicos, caza, pesca, servicio fronterizo y aduanal, documentación personal20. La Subdirección General de Estudios (SGES) de la PNC es la encargada de administrar y coordinar los centros de enseñanza, así como proponer la política de ordenación de estudios. Es el ente rector de los órganos ejecutores de los programas de educación y sistema integral de enseñanza en la PNC y coordina, implementa y ejecuta todas las políticas en materia de educación, capacitación y enseñanza policial. La institución encargada de formar a los agentes y oficiales de policía es la Academia de la Policía Nacional Civil. Creada en 1998 sirvió en un primer momento para efectuar el reciclaje de los funcionarios de los extintos cuerpos de seguridad y dar cumplimiento al proceso de los 20,000 agentes que según los AFPC debían desplegarse en el país en el

19 Ley Orgánica de la PNC, Capítulo II, art. 9 20 www.pnc.gob.gt


año 2000. En 2002 sufrió una profunda crisis por falta de apoyo presupuestario que casi termina en el cierre de la misma.21 Gabinete de Seguridad. El Gabinete de Seguridad, integrado por el Presidente, el Vicepresidente, el Ministro de Gobernación y Ministro de Defensa, es el órgano encargado de dar los lineamientos generales de política, según la propuesta presentada por el Ministro de Gobernación y en base al plan operativo formulado por el Director de la PNC. Fuerzas Armadas. El ejercito continua jugando en Guatemala un papel importante en materia de seguridad pública. La cooperación del Ejército en situaciones de emergencia o calamidad pública está prevista en la Constitución de la República (Art. 249). Esta cooperación se vio ampliada en el año 2000 mediante la Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil22, que faculta expresamente a las FFAA para coordinar con el Ministerio de Gobernación la ejecución de operaciones de apoyo para prevenir y combatir la delincuencia común y el crimen organizado. Un Acuerdo Gubernativo (87-2000) amplió ese mismo año esta colaboración al control y seguridad en la zona perimetral de los centros penales. Las principales áreas de intervención entre ambas instituciones han sido el patrullaje conjunto PNC-FF AA, la vigilancia de los exteriores de las prisiones, el combate al tráfico de drogas, y el cuidado de fronteras. Sistema de Administración de Justicia. Con la introducción del actual Código Procesal Penal en 1992 se introduce en Guatemala un proceso penal de carácter acusatorio, en el cual la característica principal es la separación de la investigación, la acusación y el juzgamiento en instituciones distintas. En 1993, se establece la separación del Ministerio Público, cuya acción esencial es la acción penal pública, y de la Procuraduría General de la Nación, que vela por los intereses del Estado.23 El Ministerio Público es una institución autónoma del resto de órganos del Estado aunque el Fiscal General es nombrado por el Presidente de la República. El Ministerio Público está compuesto por la Fiscalía General de la República, el Consejo del Ministerio Público, las Fiscalías de Distrito (distribución geográfica) y las Fiscalías de Sección (distribución temática). En lo relacionado a la investigación criminal, el AFPC hace énfasis en la necesaria coordinación interinstitucional entre el la Policía Nacional Civil, el MP y el Órgano Judicial. En este contexto, el MP es a quien corresponde el procedimiento preparatorio y la policía se convierte en auxiliar del fiscal encargado del proceso de investigación. Por su parte, el Órgano Judicial está organizado de manera escalonada de la siguiente manera: Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Tribunales de Sentencia, Juzgados de Primera Instancia Penal (tienen a su cargo el control de las actuaciones de la PNC y del MP) y Juzgados de Paz y Juzgados de Paz Comunitarios (salvo en el municipio de Guatemala estos juzgados tienen competencia en materia penal).24 El sistema penitenciario se encuentra en Guatemala bajo el mandato del Ministerio de Gobernación. Su objetivo es tender a la readaptación social y a la reeducación de los

21 Polsec, p. 26 22 Decreto No. 40-2000 23 Polsec, p. 50 24 Polsec, p. 85-90


reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos en base a una serie de normas mínimas de respeto a la persona.25 Guatemala cuenta desde octubre de 2006 con una Ley del Sistema Penitenciario, que será implementada de manera gradual en un período de 10 años y plantea el debido respeto a los derechos humanos de los reos y la necesidad de garantizarle su readaptación a la sociedad. De acorde a la nueva ley, la estructura organizativa del Sistema Penitenciario es la siguiente (Art. 34 y 35):

Dirección General: Dependiente del Ministerio de Gobernación es el órgano responsable de la planificación, organización y ejecución de las políticas penitenciarias. La ley establece que como mínimo deberá contar con: Una Subdirección General; una Subdirección operativa; una Subdirección Técnico-Administrativa; una Subdirección de Rehabilitación Social; una Inspectoría General del Régimen Penitenciario; y las direcciones y subdirecciones de los centros de detención.

Comisión Nacional del Sistema Penitenciario: Órgano asesor integrado por el Primer Viceministro de Gobernación; el Director General del Sistema Penitenciario; un fiscal nombrado por el Ministerio público; el jefe de la Unidad de Ejecución del Instituto de Defensa Pública Penal; un juez de ejecución nombrado por la Corte Suprema.

Escuela de estudios penitenciarios: Encargada de aplicar la recién creada Carrera Penitenciaria.

Comisión Nacional de salud integral, educación y trabajo: Órgano técnico y asesor en materia de educación y capacitación profesional para la población reclusa.

Los centros de detención se clasifican en: centros de detención preventivos, los centros de cumplimiento de condena26, los de cumplimiento de condena de máxima seguridad, y centros de detención para mujeres. Asimismo, la legislación estipula la redención de penas y la prelibertad y la libertad controlada.

Control externo. Como instituciones encargadas de ejercer controles democráticos a las instituciones de seguridad se encuentran:

a) El Congreso de la República, donde la Comisión de Gobernación es la encargada de los asuntos de seguridad pública.

b) La Procuraduría de los Derechos Humanos. c) La Contraloría General de Cuentas.

Coordinación Interinstitucional. Constituida en 1997 mediante una carta de intención, su objetivo es llevar a cabo la modernización del sector justicia en forma integral. Está integrada por el Presidente del Órgano Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República, el Ministro de Gobernación y la Directora General del Instituto de Defensa Pública Penal.27

Inteligencia. El aparato de inteligencia se concentra en las siguientes instancias: Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

25 Art. 19 Constitución Política 26 Incluye los reclusos condenados a pena de muerte. 27 http://www.instanciadejusticia.gob.gt


Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República (SAE). Dirección General de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernación

(DIGICI), creada en 200528. División de Información Policial (DIP), dependiente de la Subdirección General

de Investigación Criminal.

Consejo Asesor de Seguridad. Atendiendo al AFPC, donde se expresa la solicitud de creación de un Consejo Asesor de Seguridad (CAS), en 2004 se crea dicha instancia. Nombrado por el Presidente de la República, el CAS está integrado por representantes de la vida económica, social, profesional, académica, étnica, política y cultural del país. Su función es estudiar y presentar estrategias consensuadas para responder a los riesgos en materia de seguridad y hacer las recomendaciones correspondientes al Presidente de la República.

Información y estadísticas. Desde hace seis meses existe una unidad GIS que procesa información espacial de los distintos delitos. La PNC maneja diversas bases de datos, varias de ellas en Excel, unas pocas en sistemas informáticos. El manejo de la información es disperso y se utilizan diversas categorías que dificultan el análisis de información. Actualmente, se esta trabajando para uniformar estos sistemas. La PNC maneja un registro de estadísticas de denuncias y hechos delictivos agrupados en cuatro categorías:

a) Hechos delictivos contra la vida: homicidios y lesiones. Para estos delitos la información se encuentra desagregada por tipo de arma utilizada y sexo.

b) Delitos contra la propiedad: hurto y robo a residencias, comercios, vehículos, motocicletas, armas de fuego, bancos, turistas, unidades blindadas, iglesias, asaltos y robos y otros.

c) Delitos sexuales: violaciones. d) Delitos contra la libertad: secuestros y personas desaparecidas. e) Violencia intrafamiliar.

La información estadística se recopila y sistematiza a nivel nacional, y municipal departamental. Por otra parte no existen indicadores de gestión y toma de decisiones. Se está implementando una unidad denominada CRADIC, la cual agruparía toda la información que procesa la PNC. Esta unidad está comenzando a funcionar, pero todavía está lejos de constituir un centro coordinador de información policial. Gobiernos locales. Las competencias en materia de seguridad pública de los gobiernos municipales, según el Código Municipal, se limitan a la conformación de la policía municipal.29

Avalado y reconocido asimismo por la Constitución (artículo 259), algunas alcaldías como la de la capital cuentan con un cuerpo de agentes municipales que, básicamente, se ocupan de la vigilancia de los inmuebles y espacios públicos municipales (parques, plazas, mercados, etcétera), velan por el cumplimiento de las normas y acuerdos municipales y proporcionan seguridad en las dependencias, instalaciones y áreas de la 28 Decreto 71-2005 29 Decreto 12-2002, art. 35


alcaldía en colaboración con la policía nacional. Además, en Ciudad de Guatemala, es la encargada de velar por la seguridad del nuevo sistema de transporte (Transmetro).30 La Policía Municipal porta armas de fuego en su equipamiento y entre los servicios que prestan se encuentra el de “evitar y prevenir la comisión de hechos delictivos; en el supuesto de haberse cometido éstos, investigarlos y en caso de delito in fraganti, detener y consignar a los responsables por conducto de la Policía Nacional Civil; recoger y consignar los efectos, instrumentos y pruebas de delito, actuando de conformidad con las normas legales y vigentes”.31

La municipalidad de Guatemala también fue pionera en implementar la Policía Municipal de Tránsito, que en la actualidad cuenta con más de 600 agentes. En total, 12 municipalidades administran hoy el tráfico y otras 5 están pendientes de la autorización administrativa por parte del Ministerio de Gobernación.32 La coordinación en temas de seguridad entre el gobierno central y las municipalidades se establece a partir de las Comisiones de Desarrollo (nacional, departamentales, comunales y barriales), donde se ven otros temas, especialmente los vinculados al ordenamiento territorial.

Participación ciudadana. Además de su participación en las diferentes Comisiones de Desarrollo, la ciudadanía participa de la seguridad pública mediante las Juntas Locales de Seguridad (JLS). Organizadas por el Ministerio de Gobernación bajo coordinación del Viceministerio de Apoyo Comunitario, funcionan desde 1999 y “representan un espacio de participación en la búsqueda de contribuir con los esfuerzos que se realizan en seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Su misión facilitar la participación ciudadana y proporcionar apoyo para lograr confianza y acercamiento entre la PNC y la ciudadanía.”33 De acuerdo con los registros de la PNC, a nivel nacional existen conformadas alrededor de 344 juntas.

Evaluación de las políticas implementadas. A la fecha en Guatemala no se ha llevado a cabo ninguna evaluación, en sentido estricto, de las diferentes estrategias y/o planes ejecutados en materia de seguridad pública por los distintos gobiernos. Solamente la extinta Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) y el Procurador de los Derechos Humanos han efectuado evaluaciones periódicas en torno al cumplimiento de los compromisos contraídos en los Acuerdos de Paz. Durante un primer periodo (1997-1999) los informes destacan la aceleración del proceso de reestructuración de la PNC (desmilitarización, profesionalización, legislación y reglamentación, cobertura territorial, creación de la Academia, etcétera) a la vez que comenzaron a vislumbrase actos de corrupción y algunas violaciones a los derechos humanos. En un segundo periodo (2000-2004), se constata el deterioro de la situación de la PNC y del sistema de seguridad en su conjunto.34 Principales déficit institucionales. Para finalizar este apartado se indican algunos de los principales problemas de la institucionalidad en seguridad pública en Guatemala.

30 www.muniguate.com 31 http://pm.muniguate.com/article6.html 32 Prensa Libre, 12-02-08 33 www.mingob.gob.gt 34 Reporte Seguridad en América Latina y el Caribe 2006, Informe Guatemala, FLACSO, p 31-32


Estos se pueden concretar en:

1. La inexistencia de una política de seguridad pública. Como en el resto de los países de la región, la primera característica que sobresale al analizar la institucionalidad sobre seguridad es la inexistencia de una política de seguridad ciudadana integral que marque el rumbo a seguir en el corto, mediano y largo plazo para enfrentar los crecientes problemas de violencia, delincuencia e inseguridad. La inexistencia de esta política ha provocado la discontinuidad de las acciones y la puesta en marcha de planes diferentes en cada administración, planes o estrategias que no han sido evaluados35. Una débil capacidad técnica en las instituciones del ramo y la falta de claridad política contribuirían a esta situación. Ante la falta de una política de Estado en la materia, en la actualidad se encuentra en el Congreso una propuesta multipartidaria para aprobar la Ley Marco del Sistema de Seguridad. El objeto de la ley es establecer las normas jurídicas necesarias para la realización coordinada de las actividades de seguridad interior, exterior y de inteligencia del Estado. El proyecto de ley estipula la creación del Sistema Nacional de Seguridad, que tendría, entre otros objetivos, el establecer una institucionalidad de máximo nivel en materia de seguridad que permita coordinar a las instituciones del sector e integrar y dirigir las políticas.

2. Junto a la anterior, otra característica que ha contribuido a debilitar la institucionalidad, ha sido la elevada rotación de altos cargos, especialmente el Ministro de Gobernación y Director de la PNC. Como ejemplo, sólo durante la administración del gobierno Portillo el Ministerio contó con cuatro ministros diferentes, uno por año.

3. “Remilitarización” de la seguridad. Si bien uno de los puntos centrales de los Acuerdos de Paz fue la definición y aplicación de un nuevo concepto de seguridad que apartase a las FF AA de su control, esta filosofía se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Por un lado, se ha vuelto a facultar al ejército a ejercer labores de seguridad interior. Por otro, en algunas administraciones la presencia de militares en los aparatos de seguridad pública ha generado una cierta subordinación al ejército. Por último, mencionar un dato preocupante para el proceso de paz guatemalteco. Algunas informaciones hablan de la reconstitución del Estado Mayor Presidencial, cuerpo militar de élite acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos durante la época del conflicto y disuelto oficialmente en octubre de 2003.

4. La carencia de un conocimiento certero, comparable, verificable y oportuno de la información en torno a la actividad delincuencial, la narcoactividad y el crimen organizado. Asimismo, falta una instancia que busque, capte, procese e interprete la información de manera unificada para convertirla en un producto de inteligencia que permita elaborar planes, estrategias y programas eficaces.

35 El gobierno de Álvaro Colom, recién constituido, ha puesto en marcha el “Plan 100 días”, en el cual una de las áreas prioritarias es la seguridad. En este marco y con el apoyo del Gobierno de Chile, se ha puesto en marcha el llamado Plan Cuadrante en dos zonas la Ciudad de Guatemala. Por su parte, el nuevo Ministro de Gobernación presentó el pasado 14 de febrero las nuevas políticas de seguridad que se centrarán en la depuración y reestructuración permanente de la PNC; el fortalecimiento de los controles internos de la PNC; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario; la implementación y fortalecimiento de la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), y el fortalecimiento del modelo de prevención y gestión de seguridad ciudadana. Fuente: www.mingob.gob.gt


5. A un tema nuevo se le han estado aplicando métodos de solución contrainsurgente, más propios del pasado armado que del panorama y situación actuales. Aunado a esto se encuentra la inexistencia de políticas o programas preventivos.

6. Si bien existen el país una instancia coordinadora del sector de seguridad y justicia, esta es muy débil y apenas funciona como tal. Asimismo, en los últimos años no se han producido los cambios necesarios para fortalecer la PNC, el Ministerio Público y el Organismo Judicial.

7. Privatización de la inteligencia. Ante la debilidad en el accionar de la Inteligencia Estratégica y la virtual inexistencia de la Inteligencia Civil, las decisiones gubernamentales en materia de combate al crimen organizado y la delincuencia común han estado basadas en la información que proporciona la inteligencia militar y, recientemente, algunos cuerpos privados de inteligencia. Asimismo, se están produciendo algunos conflictos de intereses de responsables del aparato de inteligencia del Estado que poseen o participan en empresas privadas de seguridad. Por otra parte, la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), creada por ley en 2005, carece de los recursos necesarios para funcionar36.

8. Institucionalización de la corrupción. En los últimos años parecen haberse incrementado las prácticas de corrupción, especialmente dentro de la PNC pero también en el Ministerio de Gobernación, unido a prácticas de violación de los derechos humanos y la vinculación de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado.37

9. La debilidad de las instituciones del sistema de administración de justicia, la corrupción y la deficiente calidad de la investigación han ahondado en los niveles de impunidad. Para frenar este deterioro y potenciar la investigación criminal, el pasado 11 de enero se instaló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG tiene como objetivo ayudar al país a investigar y desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del aumento del crimen y fortalecer el sistema de justicia. La CICIG tendrá un mandato de dos años que puede ser renovado a petición del Gobierno de Guatemala. La Comisión opera actualmente con un equipo núcleo de funcionarios, previendo que para mediados de 2008 cuente con un grupo de aproximadamente 100 funcionarios profesionales, tanto internacionales como guatemaltecos.

10. Deficiente sistema penitenciario e inexistencia de programas de rehabilitación. El hacinamiento en las cárceles, la deficiente infraestructura carcelaria, la corrupción existente y la insuficiente asignación presupuestaria requieren que se aplique de inmediato y en todos sus aspectos la Ley del Sistema Penitenciario, aprobada en octubre de 2006.

11. Falta de control de la participación ciudadana. Si bien la participación de la ciudadanía es un aspecto positivo dentro de la lógica de la seguridad ciudadana, la falta de control del Ministerio de Gobernación sobre las Juntas Locales de

36 Este mismo año, el Congreso, mediante el Punto Resolutivo 3-2008, solicitó al gobierno central que se cumpla con la Ley de la DIGICI e insta al Ministerio de Finanzas Públicas a proveer a ésta de los recursos necesarios para su funcionamiento. www.congreso.org.gt 37 El ex Ministro de Gobernación de la administración de Portillo, Byron Barrientos, está acusado de saquear las arcas del Ministerio. Por otra parte, y a raíz del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlacen a principios de 2007, cerca de 300 policías han sido destituidos por su vinculación con las redes del crimen organizado o corrupción.


Seguridad, algunas acciones propias del accionar policial y de justicia por mano propia38, así como el hecho de que algunas puedan acabar convirtiéndose en estructuras similares a las desaparecidas Patrullas de Acción Ciudadana (PAC) puestas en marcha por el ejercito durante el conflicto armado constituye un riesgo a tener en cuenta. El propio Procurador de los Derechos Humanos ha solicitado al Ministerio que detenga las ilegalidades que cometen estas juntas.

Las policías Según la Ley de la Policía Nacional Civil (Art. 3) el mando supremo de la PNC será ejercido por el Presidente de la República, a través del Ministro de Gobernación. El funcionamiento de la Policía Nacional Civil estará a cargo de un Director General, quien está bajo la autoridad del Ministerio de Gobernación. La PNC nace como se mencionó anteriormente, a raíz de los Acuerdos de Paz y su modelo organizacional se gesta por medio de dos experiencias distintas. Por una lado el de la Guardia Civil española, que realizó el diseñó inicial de las funciones policiales y el del International Criminal Investigative Training Assitance Program (ICITAP) de la cooperación estadounidense. Las funciones de la PNC son proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, y prevenir, investigar y combatir el delito preservando el orden y la seguridad pública (Art. 9). A nivel central la PNC está organizada de la siguiente manera: •Dirección General •Dirección General Adjunta •Subdirección General de Seguridad Ciudadana •Subdirección General de Prevención •Subdirección General de Logística y Finanzas •Subdirección General de Investigación Criminal •Subdirección General de Salud •Subdirección General de Enseñanza Su escala jerárquica se estructura de la siguiente forma:

Escala de Oficiales Superiores: Comisionado General, Comisario y Subcomisario.

Escala de Oficiales Subalternos: Oficial de policía primero, segundo y tercero. Escala Básica: Inspector, subinspector y agente de policía.

La organización periférica o despliegue operacional de la PNC tiene como base las siguientes unidades39:

38 En el municipio de San Juan Sacatepéquez, las Juntas Locales de Seguridad han impuesto el toque de queda nocturno. El pasado mes de diciembre de 2007 un joven fue asesinado por miembros de estas juntas que patrullaban el municipio. Ver: “Muere por violar toque de queda”, Prensa Libre, 2-12-07, http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/02/189373.html 39 www.pnc.gob.gt y LAC-SURF p. 29


http://www.prensalibre.com/pl/2007/diciembre/02/189373.html

http://www.pnc.gob.gt/

• Jefaturas de Distrito: Tienen como misión ejercer la dirección, coordinación e impulso de las Comisarías y constituyen las unidades superiores de la Policía en su despliegue operativo territorial. La PNC cuenta con seis Jefaturas de Distrito: Centro, norte, sur, occidente, noroccidente y nororiente. • Comisarías: La misión principal de las 27 comisarías distribuidas por todo el territorio nacional consiste en conseguir la mayor operatividad en el servicio de sus unidades subordinadas, estaciones y subestaciones y ejercen sus funciones y competencias dentro de su jurisdicción. • Estaciones y Subestaciones: La Estación es el principal órgano operativo y de control de servicios y la Subestación es la unidad operativa de menor magnitud del despliegue territorial y puede pertenecer a distintas especialidades. En total, el país cuenta con 31 estaciones y 177 subestaciones. En 2006, la PNC contaba con un total de 19.974 efectivos, de los cuales el grueso lo conforman agentes de la Escala Básica (17.228). Este total proporciona una tasa de 1 policía por cada 519 habitantes. No obstante, si se atiende al número de policías efectivamente desplegados en estaciones y subestaciones la tasa decrece hasta 1 policía por cada 1.023 habitantes, por debajo del promedio de la mayoría de países del área.40 Control interno: Dependiente de la Dirección General Adjunta, la Inspectoría General de la PNC es la oficina encargada de vigilar y controlar las actuaciones de los servicios operativos de las unidades policiales y velar por el cumplimiento del régimen disciplinario. Dentro de la Inspectoría se encuentra la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), cuyas funciones son: Realizar las investigaciones sobre conductas contrarias al reglamento disciplinario

de los miembros de la PNC. Apoyar operativamente las investigaciones de esta índole requeridas por las

diferentes unidades. Unidades especializadas: La PNC dispone de las siguientes unidades especializadas: Servicio de Análisis e Investigación Antinarcótica (SAIA): Recopila y analiza la

información sobre narcoactividad y delitos conexos. Fuerzas Especiales de Policía (FEP): Apoya a las unidades territoriales en el

mantenimiento del orden público y brinda seguridad en eventos sociales, culturales deportivos, etcétera.

Grupo de Acción Rápida (GAR): Es la unidad élite de las FEP y actúa en lugares geográficos de difícil acceso y topografía, en el combate a la delincuencia organizada, como asalta bancos, secuestradores, o asaltantes de blindados.

Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA): Vela por el cumplimiento de

todas aquellas disposiciones tendientes a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, así como del patrimonio artísticos-histórico.

Servicio de Tránsito: Su misión es la vigilancia, regulación y control del tránsito y de la seguridad vial en todo el territorio.

Servicio de Fiscal y Fronteras: Encargada del control de la defraudación y contrabando aduanero.

Servicio de Información Policial (SIP)

40 LAC-SURF,


Servicio de Investigación Criminal (SIC): Investigar los delitos, bien por iniciativa propia o por requerimiento del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial. Recoger los efectos, instrumentos y pruebas del delito, para ponerlos a disposición de las autoridades del sistema de justicia.

Servicio de Desactivación de Explosivos. Servicio de Entidades Privadas de Seguridad: Ejerce el control y supervisión de las

empresas de seguridad privada. Servicio de Policía de Turismo (POLITUR). Ingreso y formación. Los requisitos de ingreso no aparecen detallados ni en la ley ni el reglamento de la PNC. No obstante, para formar parte de la PNC se requiere tener 18 años, una estatura mínima de 1,50 metros y haber concluido la educación secundaria. Se realizan tres exámenes de ingreso: físico, psicológico y académico. Tanto la mayoría de alumnos como de docentes son hombres. Estos últimos son oficiales de la PNC, estudiantes universitarios y/o en la mayoría de los casos inspectores de la institución policial. La Academia tiene capacidad para instruir a unos 1200 alumnos al año y el nivel de efectividad, medido como la relación entre el número de estudiantes admitidos y graduados es alta, al finalizar su formación con éxito el 85% de los aspirantes que ingresan.41 La Subdirección General de Personal (SGP) de la PNC es la encargada de coordinar el desarrollo de los cursos Básicos para Agentes, de Ascenso y de Especialización42. Asimismo, coordina y administra el Sistema de Promoción y Desarrollo del Personal. Actualmente, el único curso de formación que se ha implementado de manera regular es el curso para agentes básicos, con una duración de 10 meses y con una metodología por competencias que apoya el Proyecto de Innovación Curricular de la Academia, impulsado por la organización NUFFIC de Holanda. Existe un curso diseñado para oficiales de dos años de duración, pero no se viene implementando. Por el contrario, las necesidades de oficiales las han suplido con cursos de ascensos de inspectores para oficiales III. La otra vía ha sido un curso para agentes, subinspectores e inspectores que tengan alguna carrera universitaria finalizada. De esta manera han ido completando la planta de oficiales con base en un curso de dos meses de duración. Hasta este año no ha existido un curso de mando superior, de modo que todas las plazas son llenadas a través de cursos de ascensos para cada grado superior. En este 2008 se implementará un primer curso de gerencia policial para mandos superiores a cargo del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). En materia de investigación criminal los detectives se forman a través de un curso de tres meses de duración impartido por NAS LED (cooperación estadounidense).

41 Supervisión Administrativa en Comisarías de la PNC, PDDH, 2006, p. 14. 42 En la actualidad, con fondos de la cooperación holandesa, se está rediseñando la currícula e implementando un proceso reinnovación metodológica.


Principales problemas. Los principales problemas de la PNC guatemalteca se pueden sintetizar en:

1. No ha existido una concepción de policía moderna y tampoco hay claridad sobre el modelo que se quiere construir.

2. Deficiencias en los procesos de formación y capacitación que han conllevado una baja calidad académica y formativa del recurso humano.

3. La falta de emisión de políticas. Se actúa en base a la sucesión de planes que no permiten mantener la continuidad de las acciones que genere una mayor eficacia.

4. La escasa y poco definida coordinación con el sistema de Administración de Justicia, especialmente con el Ministerio Público.

5. El debilitamiento de los principios y valores corporativos. 6. Una significativa crisis de mando. A la ausencia de liderazgo se une la carencia

de oficiales por dos razones fundamentales: la oficialidad que conformó la PNC inicios fruto de la fusión de los antiguos cuerpos policiales han pasado en una proporción importante a situación de retiro; y se ha primado, desde el comienzo, la formación de agentes por encima de la formación de mandos. Además, no existe una escuela de Oficiales, por lo que los pocos oficiales formados se generan a partir de ascensos y un curso de capacitación de tres meses.

7. Ineficaces sistemas de evaluación y seguimiento y control interno y externo. 8. Un distanciamiento cada vez más acentuado de la comunidad. 9. Una corrupción muy alta e institucionalizada. 10. La PNC guatemalteca es una policía que no crece. El número total de policías

actuales es incluso inferior al del año 1.999 a pesar de que son necesarios más agentes para enfrentar los elevados niveles de criminalidad y presencia en el territorio, especialmente en el interior del país Aproximadamente unos 1.500 efectivos dejan cada año el cuerpo por baja, deserción o depuración, mientras la academia apenas si genera un millar de nuevos efectivos anuales.

11. No hay una ley de carrera policial que visualice las necesidades de la policía de una manera adecuada.

12. Se hace énfasis en el orden público y la seguridad en desmedro de la investigación policial, que se ha convertido en una de las grandes debilidades de la institución. Tampoco existe una escuela de formación de investigadores.

13. Se actúa sin protocolos ni procedimientos establecidos. 14. No hay una metodología de supervisión de las operaciones cotidianas. 15. las Fuerzas Armadas siguen estando detrás de las propuestas de seguridad

pública. 16. Falta de presupuesto y medios.

II. Seguridad Privada Antecedentes Las empresas dedicadas a ofrecer seguridad privada aparecen por primera vez en Guatemala en los años 70 del siglo pasado. De esa época datan los dos decretos que las regulan: la Ley de Policías Particulares (Decreto 73-70), y la Ley de Cuerpos de Seguridad de las Entidades Bancarias, Estatales y Privadas (Decreto 19-79). La División de Supervisión y Control de Empresas, Entidades y Personas Individuales de Seguridad Privada (SCEPSP) de la PNC es la responsable de supervisar, coordinar y


controlar el funcionamiento legal y debidamente autorizado de las empresas, entidades y personas individuales que prestan servicios privados de seguridad y su personal. Las empresas privadas de seguridad se dividen en dos grupos según el sector de actividad: a) Las que se dedican a la producción de artículos que sirven para la seguridad de casas, industrias, automóviles, etcétera. b) Las que prestan servicios de seguridad bancaria; ejecutiva; a fábricas y comercios; a centros comerciales, etcétera. La seguridad que abarca protección a entidades bancarias, al transporte de valores a las instalaciones industriales y comerciales son las más numerosas. También estas empresas dan protección domiciliaria individual o colectiva, servicio que abarca a clientes de altos ingresos y de la alta clase media y servicio personal de guardaespaldas. La protección anti secuestros es una de las más solicitadas y también, el servicio de apoyo e intermediación a las víctimas de ese delito, servicio de alta especialidad que proporcionan pocas empresas. Las empresas varían mucho en cuanto a su disposición de recursos humanos y materiales. En algunos casos, cuentan con helicópteros, visores nocturnos, interceptores de llamadas telefónicas, servicio propio de patrullas, redes electrónicas para comunicación con sus clientes, polígrafos, tecnología GPS, etcétera. Según la ley vigente, los requisitos para el personal de empresas privadas de seguridad son: 1. Carecer de antecedentes penales. 2. Haber cursado y aprobado la enseñanza primaria o haber prestado servicio militar por un mínimo de dieciocho meses. 3. Acreditar mediante examen, que poseen aptitudes físicas intelectuales y morales para el desempeño del cargo. El sector muestra un incremento significativo tanto en el número de empresas como en el de agentes. Si para 1996, 28 empresas de seguridad estaban agrupadas en la Gremial de Compañías de Seguridad, con un total de efectivos privados de 9.500 agentes, para el año 2001, existían registradas 81 empresas, con un total de 25 mil efectivos. Otras 53 empresas estaban en trámite y había 20 empresas “fantasmas”, según los registros policiales.

En 2006, operaban en el país 127 empresas legalizadas, mientras que 99 tramitaban la correspondiente autorización del Ministerio de Gobernación. El número de agentes de las empresas legalizadas asciendía a 60.000, número que se incrementaría hasta 106.000 de autorizarse las que están en trámite43. Si se suma el número de empresas clandestinas (unas 31) el total de agentes privados de seguridad se situaría entre los 120 y 150 mil.

43 Prensa Libre 20-01-06


Según el Art. 70 de la Ley de armas y Municiones, los agentes de seguridad privada podrán portar armas defensivas44, que deberán estar debidamente registradas en el DECAM.

Un 75% de las empresas de seguridad privada están dirigidas o gestionadas por exmilitares, mientras que le 25% restante lo está por expolicías45.

El AFPC (Art.32) plantea que el compromiso del Gobierno en promover una ley que regule el funcionamiento y los alcances de las empresas privadas de seguridad, al objeto de supervisar su actuación y la profesionalidad de su personal, y asegurar que las empresas y sus empleados se limiten al ámbito de actuación que les corresponde, bajo el estricto control de la PNC. Entre 1996 y junio de 2005 se han presentado seis proyectos de ley al Congreso para regular este tema, sin que hasta el momento haya avances concretos. Sobre este aspecto, el Procurador de los Derechos Humanos hizo un llamamiento al Gabinete de Seguridad en febrero de 2006 para que se cumpliera el compromiso contraído en los Acuerdos de Paz. Actualmente, sigue en discusión en el Congreso la propuesta de Ley de Empresas Privadas de Seguridad e Investigación. El Procurador también señalaba que “hay fundadas sospechas de que algunas de esas empresas son utilizadas como parapeto de actividades ilegales, incluida la práctica de limpieza social”. Además, como se ha señalado anteriormente, existe una penetración significativa de algunas de estas empresas en los aparatos de inteligencia del Estado. En otro informe46, el Procurador afirmaba que “la PNC no cuenta con equipo logístico, personal, recursos ni vehículos suficientes para controlar aquellas registradas, y menos aún a las que operan en forma ilegal. Los registros con que cuenta la PNC son insuficientes y sólo se controla un 10% de las empresas registradas. Tampoco existen sanciones efectivas para aquellas empresas a las que se prueba que no llenan los requisitos establecidos por la ley”. Según declaraciones de Carlos Maldonado47, presidente de la Cámara de Seguridad de Guatemala, sólo las empresas legalizadas estarían facturando un total de Q1,200 millones (unos 160 millones de dólares). Un estudio del PNUD48 indicaba, en un cálculo conservador, que el gasto anual de las empresas en contratación de servicios de seguridad rondaba los Q2,600 millones (unos 346 millones de dólares). En Guatemala, los agentes de la Policía Nacional Civil no pueden trabajar paralelamente en empresas de seguridad privada. Presupuestos: El Ministerio de Finanzas es quien elabora el presupuesto de Ingresos y Egresos que debe ser aprobado por el Congreso de la República. El siguiente cuadro muestra la evolución presupuestaria de las instituciones de seguridad para el periodo 2006-2008.

44 El artículo 5 de la Ley de Armas y Municiones señala como armas defensivas los revólveres y pistolas semiautomáticas, de cualquier calibre, así como las escopetas de bombeo, semiautomáticas de retrocarga y antecarga. siempre que su largo de cañón no exceda de cincuenta y seis (56) centímetros o veintidós (22) pulgadas. 45 Seguridad privada en Centroamérica, Minugua, 2002 46 En “Feminicidio en Guatemala: Crímenes contra la humanidad”, URGN, 2006 47 Albedrío.org, 6 de abril de 2007 48 Costos violencia, p. 39


Presupuesto del Ministerio de Gobernación y de la Defensa Nacional (2006-2008)* 2006

(ejecutado) 2007 2008 % Incremento

(2007-2008) Ministerio de Gobernación

217,662,337 301,038,961 338,961,038 12%

Ministerio de la Defensa Nacional

128,896,103 144,272,727 164,285,714 13%

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. http://www.minfin.gob.gt * En dólares según la tasa de cambio actual: 1 $=7.7 quetzales

Ministerio de Gobernación. Destino del gasto por partida programática* 2007 2008 % Incremento

Actividades centrales

18,966,312 29,320,679 54%

Servicio de Inteligencia Civil

1,298,701 3,896,103 300%

Servicios de PNC 206,870,788 226,713,146 9%

Formación agentes PNC

7,240,980 5,337,662 - 26,3%

Servicios de Investigación Criminal

0 404,545 100%

Servicios de prevención del delito

0 389,610 100%

Prevención comunitaria del delito

1,948,051 1,610,389 -17,4%

Administración del Sistema Penitenciario

22,435,827 22,139,559

-1,4%

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas. Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. http://www.minfin.gob.gt * Sólo se reflejan las partidas relacionadas con seguridad pública. Presupuesto en dólares según la tasa de cambio actual: 1 $=7.7 quetzales


21

Bibliografía consultada ASDI, Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica, Guatemala, Octubre de 2007. LAC-SURF., “Informe: Prospectiva de inversión para la policía y el sistema penitenciario en Guatemala”, PNUD, Guatemala, junio 2007 FLACSO, Reporte sistema de seguridad en América Latina y el Caribe 2006, Informe Nacional Guatemala, Chile, 2006. Fundación Arias, La seguridad privada en Centroamérica, Costa Rica, 2003. PNUD, Informe estadístico de la violencia en Guatemala, PNUD, Guatemala, Diciembre de 2007. PNUD, El costo económico de la violencia en Guatemala, PNUD, Guatemala, 2006 POLSEC, Institucionalidad de la seguridad democrática, Proyecto Hacia una política de seguridad ciudadana (POLSEC), Guatemala, 2004. Procuraduría para los Derechos Humanos, Informe Anual Circunstanciado, Tomo I, Guatemala, enero de 2008. Procuraduría para los Derechos Humanos, Seguridad y justicia en tiempos de paz, Tomo I, Guatemala, 2006 URNG, Feminicio en Guatemala, crímenes contra la humanidad, Congreso de la República, Guatemala, noviembre de 2005. USAID, Central America and Mexico Gang Assessment, USAID, Abril 2006


Tabla de información básica (a ser conversada con cada consultor para casos específicos)

DATOS PARA EL

DIAGNÓSTICO

DE LA

SEGURIDAD

PUBLICA

SISTEMA

CARCELARIO

(2005)

19

establecimientos

Capacidad

instalada

7379

XXXXXX

XXXX

1946

#funcionarios

< de 18 años

privados de

libertad

gasto medio

por interno

SISTEMA

POLICIAL

# de Policías

19.974

27 Comisarías,

31 estaciones

177

subestaciones

Hay

comisarías

móviles?

NO

# policías

muertos en

funciones

(úlitmo

año)

33

(2007)

# policías

muertos

fuera de

servicio

77

(2007)


23

SEGURIDAD

PRIVADA

# de empresas

Registradas por

PNC 127

99 en trámite de

legalización

31 clandestinas

# guardias

Privados

Estimación:

120-150 mil

En

Guatemala

los policías

no pueden

ser guardias

privados

% de

guardias

privados que

son policías

# guardias

privados

que portan

armas

XXX

calibres

permitidos

año de

entrada en

vigencia de

la ley o

decreto

anexarlo.

1970

TASAS

(2006)

de Homicidios

último año

45 (2007)

Suicidios

XX

de muertes

por

accidentes de

tránsito

XX

muertes

por lesiones

14457 de

delitos contra

la propiedad

16035 de

delitos

contra las

personas

hay encuestas

de

Victimización?

Sólo para

Ciudad de

Guatemala

(PNUD)


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