30253106 neoliberalismo en mexico

Análisis del Neoliberalismo en México desde una perspectiva histórica.

Carlos E. Martínez Guerra

ÍNDICE GENERAL

Introducción 2

Definición, antecedentes y su arranque en el escenario mundial

Definición 3Arranque mundial 5Antecedente histórico en México 6

Desarrollo del neoliberalismo en México

Entorno de crisis previo. 8Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 9Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 13Ernesto Zedillo Ponce de León. (1994-2000) 22Vicente Fox Quesada (2000-2006) 31Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012) 40

Conclusiones 56

Anexo I 59

Anexo II 60

Fuentes Bibliográficas 61



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Introducción

¿Qué es el neoliberalismo en México? Responder a este planteamiento es el principal detonador que

inspiro en mí la concepción de este ensayo. Estos conceptos de “neoliberal”, “neoliberalismo económico”, “política neoliberal” y términos semejantes que a menudo escuchamos o leemos de diversas fuentes, pero que algunos no tenemos una idea clara de cómo este modelo político-económico afecta el desarrollo de nuestro país (por ejemplo el actual entorno de crisis financiera que aqueja no solo a México, sino al mundo entero); y en lo particular cómo nos afecta cotidianamente ya sea con la pérdida de empleo, una menor capacidad de bienestar con nuestro sueldo (déficit en el poder adquisitivo), un mediocre fomento al ahorro y un seductivo estímulo al consumo que pudiera dar lugar a un sobre-endeudamiento, entre otros.

No es mi intención encontrar el hilo negro de la política o la economía nacional, ni mucho menos,sería demasiado pretencioso e irónico de mi parte, siendo un arquitecto y no un politólogo, o un economista, además del hecho de que existen desde hace más de 20 años numerosas referencias como libros, ensayos, editoriales, tesis, reportajes, internet etc., que explican a detalle el fenómeno del neoliberalismo. Más bien, intentaré hacer un estudio exploratorio, basado en un análisis de los diversos sucesos históricos que influyeron en la implementación de dicho modelo en México y en el resto del mundo.Dicho análisis está fundamentado a partir de múltiples referencias como las anteriormente citadas. Es así como pretendí darle forma y sustento a las ideas expresadas en el presente ensayo. Ideas que formulen a partir de dicha exploración, su origen filosófico e histórico, sus promotores, su evolución y sus consecuencias. Para analizar el desarrollo pleno de este modelo neoliberal en México, lo haré enfocado a partir de las diversas políticas o planes de desarrollo sexenales, a partir de la presidencia ejercida por Miguel de la Madrid (1982-1988), esto debido a que fue a partir de la misma cuando se considera históricamente la introducción en México del modelo neoliberal, hasta culminar con el régimen actual presidido por Felipe Calderón (2006-2012).

Finalmente quisiera aclarar que, si acaso, el único propósito que pretendo al exponer el presente ensayo, no es otro sino el compartir todo lo descubierto a partir de dicha investigación, además de fomentar el interés en profundizar acerca de estos temas y otras tantos relacionados, de tal manera que fortalezca un poco nuestra memoria, que para algunos de nosotros resulta ser algo olvidadiza, para otros distraída, fácilmente confundible, o una combinación de todas.

Monterrey, N.L. México a 11 de agosto de 2009



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Definición, antecedentes y su arranque en el escenario mundial

DefiniciónEncontrar una definición al término neoliberalismo resulta algo difícil dado su complejidad

intrínseca, su vigencia en los círculos de poder mundiales (aunque algunos economistas como Joseph E. Stiglitz , premio Nobel de Economía en 2001, vaticinan el comienzo de su fin debido en parte a la crisis actualiniciada a finales de 2007 durante la administración Bush Jr.), además de su constante evolución ¿Cómo definir plenamente algo que sigue mutando, adaptándose a sus circunstancias globales y locales a través del tiempo? De cualquier forma, y aunque pareciera algo redundante iniciaré por describir su origen etimológico. Neoliberalismo es un neologismo “una palabra nueva” compuesta por su prefijo “neo”, que viene del griego “neos” (nuevo) y su sufijo “liberalismo” del latín “liberalis” o “liber” (libre, lo que no está preso, ni oprimido, ni esclavizado). Pareciera que a partir de conocer su etimología podríamos intuir su significado: un “nuevo liberalismo”, ese liberalismo del siglo XIX que marcó la consolidación de muchas naciones tanto europeas, como americanas que recién estrenaban su independencia. Recordemos a nuestro más célebre liberal: Benito Juárez. Sin embargo, este significado sugerido no aplica en su totalidadpara poder definir este término, si bien toma algunas ideas del liberalismo económico del siglo XIX, como mas adelante explicaré, no es suficiente para poder comprender su significado.

Más bien se refiere al término inglés “liberalisation” o “liberalization” cuyo significado segúndiversos diccionarios en economía es: “Una política que promueve una liberalización de la economíalimitando la intervención del Estado identificada a veces con la posición del laissez faire (expresión francesa que literalmente significa "dejar hacer") hacia los asuntos económicos en los que puede actuar para ayudar a que la economía de mercado trabaje de una manera más eficiente. Esto puede incluir la privatización y la desregulación”.

Para David Harvey (sociólogo urbano e historiador social, doctor por la Universidad de Cambridge)en su ensayo titulado “Neoliberalism as Creative Destruction” el neoliberalismo es: …”una teoría de prácticas políticas y económicas que proponen que el bienestar humano puede ser logrado mejor mediante la maximización de las libertades empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas, y libre comercio”. También señala que: “El intervencionismo del Estado en los mercados (una vez creados) debe limitarse a lo básico porque el Estado no puede posiblemente poseer suficiente información como para anticiparse a señales del mercado (precios) y porque poderosos intereses inevitablemente deformarán e influenciarán las intervenciones del Estado (particularmente en las democracias) para su propio beneficio”.

Suena bastante bien, ¿no? El neoliberalismo brinda al individuo plena libertad de desarrollarse económicamente según sus habilidades y además con una casi nula intervención del Estado. Sin embargo se



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puede inferir la característica utópica de esta definición dadas las circunstancias económicas actuales que nos demuestran lo contrario.

James Petras (sociólogo estadounidense, doctorado por la Universidad de California en Berkeley) tiene una concepción desmitificada del término como él mismo lo señala en una conferencia para una universidad chilena en 2007: “Sobre el neoliberalismo, pienso que hay una gran mistificación, particularmente sobre los conceptos básicos que uno escucha y que circulan en los medios intelectuales, académicos y políticos. Es la idea de que el neoliberalismo está contra el intervencionismo estatal, oponiendo a eso la idea de que el mercado es el gran árbitro de la política económica. Eso es totalmente falso. Lo que debemos entender es que el neoliberalismo es sumamente activo y abusa del Estado como instrumento de política. Interviene en todos los países, socializando la deuda, transfiriendo la deuda privada al sector estatal y forzando a los ciudadanos a asumir las responsabilidades por una deuda adquirida por el sector privado. El Estado interviene sobre la locación de recursos dentro del presupuesto, canalizando recursos hacia los sectores exportadores, orientando su política salarial; interviene la política laboral bajando los salarios y las condiciones de trabajo, etc. Entonces, hay tanto intervencionismo estatal como antes. Hay tanto estatismo ahora como antes. La diferencia es la composición, la definición de clase que orienta el nuevo estatismo. La orientación del nuevo estatismo está dirigida hacia la reconcentración de intereses hacia arriba; y antes el estatismo nacional y popular estaba orientado a la redistribución de intereses hacia abajo. Las clases dominantes ahora están orientadas hacia el mercado mundial, donde miran la mano de obra como un costo y no como un potencial consumidor.(...) En otras palabras, el problema fundamental no es enfocar el mercado, sino analizar las clases que a partir del Estado intervienen, para definir cómo funciona el mercado. No hay mercado libre. Lo que hay es un mercado condicionado por la estructura social y la concentración de poder. Hay que dejar de mistificar, hablando del mercado como si fuera una entidad independiente de la estructura social”.

Resumiendo, utópicamente el neoliberalismo es considerado como una teoría política que busca el bienestar individual, el libre mercado y una mínima intervención del Estado. Pero en la realidad el neoliberalismo ha demostrado que dirige ese bienestar hacia las clases dominantes a expensas de una ciudadanía subyugada a sus intereses, por ejemplo, la impresionante “inyección“de capital que el gobierno estadounidense hizo con su “rescate bancario” de 2008: 700 mil millones de dólares a expensas de los contribuyentes norteamericanos. En México ocurrió algo similar a finales de 2008 con el rescate de 50 mil millones de pesos que el gobierno federal otorgó a empresas en dificultades financieras como CEMEX, VITRO o Comercial Mexicana. Qué mejores ejemplos para ilustrar la desmitificación del neoliberalismo expuesta por Petras.

En cuanto a su origen filosófico, según lo analizado, el termino neoliberalismo es también muy complejo como su definición, ya que en su cualidad de teoría, está influenciada por diversas corrientes ideológicas (políticas, económicas y sociales), de las cuales, aunque no a cabalidad, incluye algunos de sus preceptos y, ocasionalmente, algunos de sus ideólogos llegan a la crítica de otros tantos.



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Describir dichas ideologías en su conjunto sería motivo de otro ensayo, de tal forma que enunciaré solo algunas de ellas:

-El liberalismo clásico del siglo XIX, tomando en cuenta algunos de los criterios económicos del economista escocés Adam Smith (1723-1790) relacionados con la concepción de la iniciativa privada o la limitación del crecimiento del Estado y su intervención.

- Las teorías del economista austriaco Friedrich von Hayek (1899-1992), considerado por algunos autores en economía como el “padre del neoliberalismo”. Hayek concibe una intervención mínimadel Estado, desregulando, privatizando, disminuyendo programas sociales (como las subvenciones a la vivienda o a la seguridad social y restringiendo al poder sindical), todo esto lo expresa en el escrito “La constitución de la Libertad” publicado en 1960. Hayek toma parte activa en la fundación de la “Sociedad del Monte Pelegrino” en 1947 (llamada así por la localidad suiza en la que se instaura). Se reúnen en torno a ella diversos intelectuales que llegarían a ser los generadores de ideas que influirían a partir de ese momento en las políticas de Estado de numerosos países desarrollados.

-El monetarismo, que es una teoría macroeconómica impulsada en la década de los 70 por el economista estadounidense Milton Friedman (1912-2006) y la escuela de economía de Chicago. Dicha teoría analizaba el concepto de “inflación” (aumento de los precios), la cual es considera por Friedman como un problema monetario (hay más dinero en la calle que el que debería haber en las reservas de un Banco Central, de manera que no está respaldado). Asimismo, advierte que se deben reducir los gastos del gobierno si no hay una suficiente recaudación de impuestos (déficit público).

Arranque mundial

Se puede considerar históricamente a Gran Bretaña, durante la administración de la primer ministro Margaret Thatcher (también conocida como “la dama de hierro” y quien fuera discípula del padre del neoliberalismo von Hayek) en 1979, y a los Estados Unidos de Norteamérica, durante la administración de Ronald Reagan (1981-1988), los gobiernos promotores de la teoría neoliberal en el mundo.

A principios de la década de los 70 del siglo pasado ocurrió una crisis energética mundial (los países árabes productores de petróleo —OPEP— decidieron cortar el suministro de crudo a los países que apoyaban a Israel, entre ellos EE.UU. e Inglaterra). Esta crisis desencadenó una severa inflación (alza general en los precios), una disminución de la producción y el despido masivo de trabajadores. Los gobiernos conservadores de esa época tanto en Gran Bretaña (encabezado por el Primer Ministro Edward Heath de 1970 a 1974), como en los EE.UU. (presidido por el polémico Richard Nixon de 1969 a 1974 y sucedido de 1974 a 1977 por Gerard Ford tras el escándalo del Watergate) no fueron capaces ante los ojos de sus ciudadanos de palear eficazmente dicha crisis, creando un estado natural de malestar en ambas naciones



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(particularmente la clase media) que resultó sumamente afectada. Fueron sucedidos entonces por gobiernos con tendencias “social demócratas” (la social democracia es una ideología política que, entre otras cosas, pugna por darle mayores atribuciones al Estado, de manera que garantice una adecuada protección social a sus ciudadanos). Los eligió una población ansiosa de mejorar sus condiciones de vida, en EE.UU. con el presidente Jimmy Carter (1977-1981) y en Gran Bretaña con el Primer Ministro James Callaghan (1976-1979). Ambos gobiernos tampoco pudieron mejorar sus economías, inclusive empeoraron durante su mandato, reflejándose en un aumento de la inflación y en un mayor índice de desempleo.

Se pudiera entonces deducir el éxito que pocos años después, a finales de esa década y principios de los 80 del siglo pasado, tuvieron los gobiernos de tendencia conservadora de Thatcher y Reagan(paradójicamente sus políticas económicas no lo eran) y cómo sus políticas neoliberales comenzaron a entrar en vigor en sus respectivos países con gran ímpetu. Dichas políticas consistieron, entre otras cosas: en una reducción de la intervención del Estado en la economía, y recortes en los programas de ayuda social (como salud, educación, vivienda). En el caso particular de Inglaterra, se inició la privatización del petróleo, comunicaciones, transporte y la supresión de más de un millón de viviendas sociales. A pesar de la mejora económica que hubo en estos países con la implementación de dichas medidas, el costo social de las mismas fue demasiado alto, caracterizado por un elevado índice de desempleo, incremento de la deuda en la población (estimulada por el crédito ya sea al consumo o las hipotecas), aumento en las desigualdades (muchos más pobres y muy pocos ricos) y la subsecuente marginación.

En base a lo anteriormente expuesto, se puede apreciar un notable paralelismo en la historia política y económica de ambas naciones, así como el alto costo pagado por la mayoría de sus habitantes, y que posteriormente afectarían al mundo entero ante la implementación de tal modelo neoliberal que, como ha quedado de manifiesto, cercena desde sus raíces el desarrollo social de una nación.

Antecedente histórico en México

Considero pertinente que para poder comprender el germen del modelo neoliberal en México, se tiene que conocer previamente el auge que tuvo el modelo capitalista (precursor natural del neoliberalismo) a partir del periodo denominado por varios autores como “pax porfiriana” (1876-1911), el cual tuvo su punto de consolidación y prosperidad a finales del siglo XIX (particularmente en sus últimas dos décadas), con la instauración de una fuerte industria productiva, (principalmente en Nuevo León, los Estados céntricos del país, Jalisco y Veracruz), el tendido de infraestructura ferroviaria nacional, destacando la que interconectaba la costa oeste (Pacífico) con la este (Golfo de México) a través del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec (1894), el Ferrocarril Internacional Mexicano (1881) que abarcaba gran parte de la frontera que se comparte con EE.UU. (Tamaulipas, Durango, Coahuila y Nuevo León) y otras tantas rutas estratégicas a lo largo y ancho del país, las cuales serían capaces no solo de asegurar el abasto de las materias primashacia los principales centros de producción nacionales, y la posterior exportación de mercancías e insumos



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(principalmente hacia los EE.UU. y en menor proporción hacia Europa), sino además, también proveerían la tan necesaria mano de obra para poder llevar a cabo el proceso productivo capitalista. Este sector de la población mexicana dio lugar a un importante fenómeno: el éxodo rural, gracias al cual algunos de ellos dejarían de ser campesinos y pasarían a convertirse en el proletariado que habitaría y, a su vez, fortaleceríael desarrollo de las cada vez más importantes urbes industriales del ulterior siglo XX.

Todo este auge industrial (siderurgia, producción de insumos y mercancías, minería, extracción de petróleo, etc.), y de infraestructura (ferrocarril, red eléctrica, red telegráfica, una incipiente red telefónica,caminos, presas, etc.) se llevó a cabo principalmente como consecuencia del gran impulso que dio el régimen de Porfirio Díaz a la figura de las concesiones (sociedades anónimas) tanto a inversionistas nacionales como a extranjeros. Así, en los albores del siglo XX, México se consolidaba como una incipiente nación que abrazaba un modelo capitalista propio de la segunda revolución industrial, aunque también es cierto que el régimen porfirista le dio un gran impulso al sector agrícola, no obstante, la industria se llegaría a afianzar y a crecer a un ritmo superior al agrícola durante el transcurso del siglo XX, lo que paulatinamente daría lugar al modelo neoliberal actualmente vigente en nuestro país.

Cabe señalar que esta paulatina transición se dio a pesar de los múltiples fenómenos políticos, económicos y sociales ocurridos a lo largo del siglo XX, que parecería hubiesen afectado en forma negativa la consolidación del capitalismo en México y, en consecuencia, la instauración del modelo neoliberal, repacemos: fenómenos tales como la lucha revolucionaria de 1910 (originada a partir de los múltiplesabusos derivados de la galopante corrupción que caracterizó al régimen porfirista y a su clase oligárquica); lasubsecuente promulgación de la Constitución de 1917 (que entre otras cosas enunciaba una serie de derechos sociales como mejoras al trabajo asalariado, educación, salud, reparto de tierras ejidales, etc.); la gran recesión mundial de 1929, coloquialmente conocida como “jueves negro” (la cual fue una crisis que tuvo su origen debido en parte a una política de dinero fácil: alta demanda de créditos, una casi ausencia del ahorro y desmedida especulación —increíblemente semejante a lo que ocurrido en nuestros días— y que fue promovida por los banqueros de Wall Street y por la Reserva Federal Norteamericana); la política socialista en el régimen del Gral. Lázaro Cárdenas de 1934-1940 (expropiación petrolera y reforma agraria);o la política de “Unidad Nacional” en el periodo presidencial comprendido entre 1952-1958 de Adolfo Ruiz Cortines (último caudillo partícipe de la revolución de 1910 que llegaría a ser presidente de México, el cualfomentó el bienestar social a través de múltiples políticas como su Programa de Bienestar Social Rural, expropiación de latifundios en manos de extranjeros, inversión en infraestructura y energía, entre otras).



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Desarrollo del neoliberalismo en México

Entorno de crisis previo.

La crisis internacional de los años setenta del siglo pasado marcó de manera negativa el desarrollo económico de México durante los dos sexenios previos al de Miguel de la Madrid. Dicha crisis acaba con el “Milagro Mexicano”, o “Modelo de Desarrollo Estabilizador”, el cual consistía en una serie de políticaseconómicas y sociales ejercidas en México de 1940 a 1970, y que básicamente radicaban en un “proteccionismo” estatal que buscaba el crecimiento económico del país “desde adentro” fomentando la exportaciones y controlando las importaciones, reflejándose en una protección arancelaria y subsidios a la producción industrial nacional frente a la importación de mercancías, inversión pública en infraestructura, apoyo a la producción agrícola y a su exportación, un tipo de cambio estable de $12.50 pesos por dólar y una prudencia gubernamental evitando el endeudamiento mas allá de sus posibilidades. Bajo la presidenciade Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) comienzan los estragos de la ya tan mencionada crisis internacional de la época y de una política estatal deficiente que se caracterizaba por proyectos de crecimiento insostenibles y un desdén hacia la inversión privada. Todo esto impactó a nuestro país principalmente a través de un desmesurado endeudamiento externo del orden de unos $4,262 millones de dólares al inicio de su sexenio, hasta alcanzar la increíble cifra de $19,600 millones de dólares (deuda externa pública) al final de su mandato. El tipo de cambio pasó de los $ 12.50 pesos por dólar, estable desde el “Milagro Mexicano”, a un monto de $22.00 pesos por dólar, es decir, una devaluación del peso de un 76%. Desafortunadamente estas cifras tan alarmantes no concluirían en la presidencia de su sucesor José López Portillo (1976-1982), al contrario, se agravaron aún más.

Desde el principio de su mandato, López Portillo garantizó como prioridad de su gobierno la recuperación económica de su país y comenzó su plan de recuperación económica confiado en un principio por el auge en las exportaciones de petróleo hacia los EE.UU., además, se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco, y en la sonda de Campeche. Otras de sus medidas fueron una reforma fiscal que, entre cosas, consistía en la creación del I.V.A (Impuesto al Valor Agregado) que encareció todos los productos de un 4% a un 10%, afectando con ello gravemente a la población marginada, y la estimulación a la inversión de capital privado. Pero, al final, la administración de López Portillo resultó,además de corrupta e intensamente nepotista, ser sumamente incompetente ya que no pudo, no supo, o,simplemente, no quiso administrar eficientemente los frutos de la corta bonanza petrolera,despilfarrándolos en parte a través de subsidios hacia paraestatales corruptas e improductivas, en políticas populistas de control social y por supuesto como se mencionó anteriormente en actos de corrupción. A lo anterior hay que añadir que los precios internacionales del petróleo disminuyeron considerablemente. La mezcla mexicana que se cotizaba a un precio de $38.50 dólares por barril (máximo valor alcanzado durante



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su sexenio) en abril de 1981, descendió hasta alcanzar los $32.50 dólares por barril al 1 de abril de 1982. Entre sus últimas acciones antes de dejar la silla presidencial destacaron: la nacionalización de la banca privada en septiembre de 1982 (dicho de otra forma; los bancos pasaron a ser propiedad del Estado), la instauración de un tipo de cambio ficticio ante una inminente devaluación, y la firma de una carta compromiso con el Fondo Monetario Internacional para garantizar el pago de la deuda externa. Todo esto refleja, en parte, la arbitrariedad con que se tomaban muchas de las decisiones clave para la recuperacióneconómica del país y que cobraron su factura a un precio muy alto: la deuda externa pública pasó de los $19,600 millones de dólares, heredados del sexenio anterior, a unos $58,874 millones de dólares en 1982. La devaluación del peso se incrementó alrededor de un 581%, pues de un valor que fluctuaba aproximadamente los $22.00 pesos por dólar al inicio de su mandato, se disparó a unos $150.00 pesos por dólar al concluirlo. Irónicamente lo anteriormente expuesto inevitablemente nos hace recordar aquella frasecélebre que José López Portillo pronunció en una entrevista a extranjeros en 1981: "Defenderé el peso como un perro". Sin embargo, los inversionistas en México dudaban de la viabilidad del programa económico de la administración López Portillo, lo que dio lugar a una fuga masiva de los capitales hacia el extranjero durante 1981 y 1982 (el último de su sexenio) agravando aun más la crisis en el país. Concluyendo: Perro que ladra, no muerde, —pero si ahuyenta—.

Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)

La llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia representó un incipiente ingreso al modelo neoliberal, y a continuación explicaré porqué así se le considera. El periodo de crisis previo a la presidencia de Miguel de la Madrid había dejado al país económicamente devastado tras dos sexenios caracterizados por un alarmante sobreendeudamiento al exterior (fomentado principalmente por los EE.UU.) para impulsar la “industrialización”, un abuso excesivo de la intervención del Estado en los asuntos económicos del país y que, además, habían evidenciado su corrupción e ineficiencia. Así pues, se había establecido un panorama propicio para implementar una nueva política que frenara las deficiencias del Estado y qué “mejor” política que la neoliberal pues, como hemos constatado, uno de sus principios consiste en limitar la intervención del Estado en asuntos económicos. Recordemos también que esta era la época en que apareció ante el mundo el modelo neoliberal impulsado por Inglaterra y los Estados Unidos.

Haciendo una reflexión de las líneas anteriores, podría decirse que el neoliberalismo aparece en México bajo la mecánica causa-efecto. Siguiendo esta mecánica, se puede apreciar cómo en esta administración se trataron de solventar los problemas económicos nacionales con un “Programa Inmediatode Reordenación Económica”, PIRE, el cual consistía en un decálogo que proclamaba: 1) reducción del gasto público; 2) protección al empleo; 3) continuidad de la mayoría de los programas de inversión productiva; 4)honestidad y eficiencia dentro del sector público; 5) protección y estímulo para los programas que proveyeran de productos básicos al sector popular; 6) reformas fiscales para incrementar los ingresos gubernamentales; 7) canalización del crédito hacia el desarrollo nacional y operación eficiente de los bancos



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nacionalizados; 8) política cambiaria “realista”; 9) reestructuración del sector burocrático para volverlo más eficiente y 10) reformas constitucionales para reafirmar la Rectoría del Estado dentro de la economía mixta.

En general, los lineamientos del PIRE consistieron en un recorte al gasto público, una inversión controlada en actividades productivas y que generaran empleo, alza de los intereses para atraer capital, incremento en los impuestos (por ejemplo el IVA pasó de un 10 a un 15%) y una eliminación de subvenciones hacia los productos de la canasta básica.

Por otro lado, a sólo dos días de haber tomado posesión como presidente de la República, Miguel de la Madrid envió al Congreso de la Unión un par de iniciativas para modificar la Constitución, las cuales fueron aprobadas y entre las modificaciones realizadas llaman la atención las relacionadas a los artículos 25 y 134 constitucionales. El nuevo artículo 25 incluyó principios muy alejados de los ideales de la Revolución Mexicana. El papel de administrador que tenía el Estado mexicano fue suprimido, así como su facultad de ser productor directo de bienes y servicios para dejarle solamente la facultad de dictar las normas a partir de las cuales deberían desarrollar sus actividades los particulares, en otras palabras, se sentaron las bases para convertir al Estado mexicano en algo similar al Estado vigilante pero apartado de la actividad económica,como lo propone el neoliberalismo. En cuanto al artículo 134, referente a la adquisición y disposición de recursos económicos del Estado, se modificó partiendo de un principio establecido en derecho constitucional de que lo que no está expresamente facultado no lo puede realizar la autoridad. Así se incluyóen dicho ordenamiento el sustento jurídico que el gobierno mexicano necesitaba para poder vender las empresas que eran propiedad del Estado, sustento que no estaba incluido en ningún otro artículo constitucional.

Partiendo de éstas y otras tantas “perspicacias” legales, durante el sexenio de Miguel de la Madridhubo una notable reducción en el número de empresas que eran manejadas por el gobierno (paraestatales), se redujo de 1,155 a 413, ya sea privatizándolas (según su último informe de gobierno 118 empresas fueron privatizadas), fusionándolas con otras paraestatales o bien cerrándolas definitivamente. A propósito de este tema de la privatización, se iniciaron los primeros pasos en lo referente a la banca. Un documento publicado por BANXICO titulado: “Historia Sintética de la Banca en México” señala que si bien de la Madrid no revirtió en forma definitiva la expropiación de la misma, pugnó por volverla mixta con un 30% de acciones controladas por la iniciativa privada e indemnizando a los accionistas de 49 instituciones. De esta forma se dieron los primeros pasos hacia lo que sería su privatización total, hecho que sobresale en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Pero el aspecto de mayor trascendencia para entender los inicios de la política nacional hacia una doctrina neoliberal, fue la aceptación de una serie de compromisos adquiridos a partir de los créditos otorgados a México por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para la restructuración del sobreendeudamiento con el exterior, particularmente con EE.UU. En 1982, México era incapaz de pagar no sólo su deuda externa, sino inclusive los intereses producidos por la misma. Si el país



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seguía bajo esa característica de insolvencia, dejaría de ser sujeto a crédito ante la comunidad internacional, lo que hubiera dado lugar a un paro en la actividad industrial de nuestro país, de manera que el entonces Secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog durante los últimos días del sexenio de López Portillo, acepta la tutela del FMI al firmar una “Carta Compromiso” en septiembre de 1982. El gobierno del presidente De la Madrid “hereda" dicho compromiso y debería garantizar el cumplimiento, en un plazo no mayor a 3 años (1983 a 1985), de una serie de obligaciones dictadas por dicho organismo:

- Crecimiento sostenido de la producción y el empleo.- Superación del desequilibrio en el sector externo.- Abatimiento de la inflación.- Fortalecimiento de las finanzas públicas, de modo que el déficit del sector público, como

porcentaje del PIB, disminuyera de 8.5% en 1983 a una cifra de 3.5% para 1985.- Reducción de la deuda externa; pues no debería exceder los 5 mil millones de dólares en 1983.- Revisión y adecuación del sistema tributario.- Elevación de precios y tarifas de bienes y servicios ofrecidos por el sector publico.- Racionalización del gasto, mediante la revisión de los programas de inversión no prioritarios y la

racionalización de los subsidios.- Fomento al ahorro a través de tasas de interés atractivas.- Fomento al desarrollo de mercado de valores.- Adecuación del control de cambios mediante una política cambiaria flexible.- Racionalización del proteccionismo.

Revisando estos lineamientos se puede entonces entender de una manera más clara el origen de la política económica presente en la administración de De la Madrid reflejados en el PIRE o en el proceso de privatización de las paraestatales, ambos temas anteriormente expuestos. Así mismo, como también yapudimos apreciar, los criterios del FMI obligaban al gobierno federal a una “racionalización del proteccionismo”, dicho de otra manera: fomentar la competitividad en el sector productivo mexicano y abrirlo hacia el comercio exterior. Se ingresa entonces en 1985 al Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles (GATT por sus siglas en inglés, y que sería precursor del TLC firmado durante el sexenio de Salinas). Se disminuyen considerablemente las tarifas arancelarias en México (por ejemplo en 1985 eran de un 28.5% hasta llegar a ser, después de 1987, de un 11.7%). Se libera entonces el comercio mexicano: se fomentan las exportaciones, que iniciarían su amplio apogeo durante el siguiente sexenio salinista, pero se da pie también, aunque en menor medida, a las importaciones. Esta liberación del comercio garantizaría la deseada competitividad en la producción nacional.

Desafortunadamente la esperada mejoría que brindaría a México estar bajo la tutela del FMI y del Banco Mundial para salir de la crisis nunca llegó, al menos no se puede apreciar durante este sexenio. Si bien dentro de los primeros 3 años acordados se logró una reestructuración de la deuda externa, una disminución de la inflación (de un incremento del 100% en los precios al consumidor a finales de 1982, baja



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hasta un 59% a principios de 1985), además también hubo un incremento del PIB (de una tasa del -4.7% a principios 1983 incrementa 10 puntos hasta alcanzar un +4.7% durante el tercer trimestre de 1984).

Estas alentadoras muestras de recuperación se desmoronarían por una serie de acontecimientos que marcarían un lamentable retroceso en la recuperación económica del país. Para empezar, los préstamos otorgados a México por el FMI y el Banco Mundial tuvieron un costo demasiado alto para el patrimonio nacional, ya que además de sus altas tasas de interés, llama la atención el hecho de que una de las tantascondiciones de pago exigidas a México, era el que los ingresos por concepto de las ventas petroleras mexicanas deberían ser depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos. Más claro, imposible. Ahora bien, tomemos en cuenta que la deuda externa pública pasa de $58, 874 millones de dólares en 1982 a una nueva cifra récord de $81,000 millones de dólares en 1988. Este nuevo e impresionante incremento en la deuda externa pública se puede explicar, en parte, a partir de una baja en los precios del petróleo (de un promedio de $30.00 dólares por barril en 1982, baja hasta alcanzar los $13.50 dpb en 1988); el terrible sismo de 1985 donde se perdieron miles de vidas e impactó fuertemente la economía nacional por los inherentes daños materiales que sufrió la capital del país; el desplome de un 70% de la Bolsa Mexicana de Valores en 1987 que agravó aún más la crisis mexicana; un crecimiento del PIB promedio de 0.22% (dicho en otras palabras, no hubo crecimiento) y una caída del PIB per cápita de -10.07% en 1988, y por último, sin ser menos importante, la devaluación del peso frente al dólar, de una cotización a inicios del sexenio (1982) de $161.35 pesos por dólar, pues llega alcanzar una cotización record de $2,295.00 pesos por dólar, en 1988 o sea una devaluación de 1,437.70%.

¿Qué se puede concluir de este desastroso sexenio autodenominado por De la Madrid como de “renovación moral”? (en alusión a su “decidida” determinación de acabar con los excesos característicos de sus antecesores). En principio, que los lineamientos neoliberales del FMI hacia México fueron en su mayoría inútiles ya que, como hemos apreciado en los párrafos anteriores, tuvieron resultados desastrosos que hundieron las posibilidades de desarrollo para el país. Por ejemplo, el tan recomendado proceso de privatización de las empresas públicas alentó el desarrollo de prácticas monopólicas y oligopólicas que, por lo tanto, ensombrecían el desarrollo competitivo de la nación.

La liberación del comercio mexicano hacia el exterior se vio sumamente afectado por medidas comerciales agresivas y poco éticas, como los subsidios del gobierno estadounidense hacia empresas norteamericanas que afectaron a los exportadores mexicanos. Se comienza el deterioro del sector agrario nacional al disminuir considerablemente el presupuesto del gobierno federal para fomentar las actividades del campo, (subsidios en fertilizantes y otros insumos) y se fomenta la importación de productos agrícolas,principalmente de origen estadounidense, por ejemplo, más del 20% del maíz que se consumía en México al final de este sexenio era importado. La petrolización de la deuda no hizo otra cosa más que aumentarla, y en consecuencia el costo social de la crisis fue muy alto: aumento en el índice de desempleo, caídas de los salarios (cae 41% el poder adquisitivo) y el subsecuente proceso de emigración ilegal hacia los EE.UU.Además hay que agregar a este panorama las “recomendaciones del FMI” para reducir considerablemente



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los subsidios (apoyos estatales) en los productos de la canasta básica y en los servicios públicos como el transporte, o la reducción del gasto público en programas sociales como el financiamiento a la vivienda popular, o el incremento de la recaudación fiscal (mayores impuestos).

Finalmente, no debe sorprendernos el costo político que tuvo que comenzar a pagar el gobierno mexicano y su partido oficial, el PRI. Le cobraron factura sus dos presidencias populistas y corruptas (1970 a 1982) progenitoras de las peores crisis conocidas hasta entonces en nuestro país, o la puesta en marcha delmodelo neoliberal durante el sexenio de De la Madrid, modelo que demostró ser incapaz de neutralizar los estragos de la crisis y su desigualdad social. El régimen priísta comienza a padecer una crisis de legitimidad en las siguientes y muy controvertidas elecciones presidenciales de 1988. La célebre “caída en el sistema” de cómputo para el conteo de votos anunciada por el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, ponía en duda la legitimidad del triunfo del candidato presidencial priísta Carlos Salinas de Gortari frente al candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas). Cárdenas Solórzano había logrado unificar a la izquierda mexicana en un solo partido: el Frente Democrático Nacional (FDN), siendo su candidato a la presidencia y que antes de la “caída del sistema” se perfilaba, según las cifras en los primeros conteos, como el posible vencedor de las elecciones presidenciales en ese tan polémico 6 de julio. Si realmente las ganó, nunca lo sabremos, ya que, siendo presidente de la república, Salinas mandó quemar todos los paquetes electorales de aquellas elecciones de 1988. Y es que, en efecto,se había iniciado la “caída del sistema” presidencialista del PRI tal y como se le conocía hasta entonces, con sus 59 años en el poder que llegarían a su fin 12 años mas tarde.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

El cuestionable arribo al poder de este controvertido ex presidente representa sin lugar a duda el ímpetu con el que se consolidaría la doctrina neoliberal en México. Licenciado en Economía egresado de la UNAM (1970). En la Universidad de Harvard estudia y se gradúa con honores de una Maestría en Administración Pública (1973), una Maestría en Economía Política (1976) y un Doctorado en Economía Pública y Gobierno (1978). Su experiencia curricular lo acredita como un especialista altamente calificado en economía y administración pública (tecnócrata).

Al principio de su mandato, Salinas nombra inmediatamente a sus secretarios de estado, considerados por su perfil académico y profesional como miembros del movimiento tecnócrata que surge durante el sexenio de Miguel De la Madrid y que se arraiga durante este sexenio. Destacan personalidades como: Manuel Camacho Solís, Maestría en Asuntos Públicos por la Universidad de Princeton, ocupa en un principio la jefatura de gobierno del D.F y posteriormente es nombrado secretario de relaciones exteriores en 1993; Luis Donaldo Colosio Murrieta, Maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana por la Universidad de Pennsylvania, fue coordinador de la campaña presidencial de Salinas, Presidente del PRI y en 1992 es designado Secretario de Desarrollo Social; Ernesto Zedillo Ponce de León, Doctor en Economía por la



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Universidad de Yale, fue designado Secretario de Programación y Presupuesto y en 1992 Secretario de Educación Pública; Jaime Serra Puche, Doctor en Economía por la Universidad de Yale, fue designado Secretario de Comercio y Fomento Industrial; y Pedro Aspe Armella, Doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachussetts, fue designado Secretario de Hacienda y Crédito Público. Como podemos apreciar, los miembros de este “dream-team” tecnócrata ocuparon los puestos más importantes dentro del gabinete salinista, de manera que no fue extraño el gran impulso que tuvo el proyecto neoliberal mexicano mencionado al principio de este párrafo.

Parecería entonces que los dioses por fin le sonreían a México y a su tan necesario desarrollo con el arribo de tan distinguido Presidente de la República y sus altamente calificados colaboradores. Ahora sí saldríamos de la crisis, la desigualdad social y el subdesarrollo que arrastrábamos desde antaño. Pero desafortunadamente, como todos lo sabemos, la historia fue otra completamente distinta.

El presidente Salinas comienza su administración, tal y como su antecesor, heredando un país sumamente endeudado y en una crisis profunda, pero además harto de sus gobernantes. Tenía pues la difícil tarea de ganarse la confianza de la nación y del extranjero. No obstante su admirable trayectoria académica y profesional no bastaría para ganar dicha confianza, tenía que conquistarla con hechos.

Bajo ese contexto la primera tarea que se fijó la administración salinista fue alcanzar una estabilidad económica nacional. La meta era alcanzar una modernización del país y, por supuesto, también la de sueconomía, siendo ello la estrategia principal del “Plan Nacional de Desarrollo” (1989-1994) cuyos objetivos eran:

1) La defensa de la soberanía y promoción de los intereses de México en el mundo.2) La ampliación de la vida democrática.3) La recuperación económica con estabilidad de precios, y4) El mejoramiento productivo del nivel de vida de la población.

Este ambicioso plan para el desarrollo del país sonaba bastante bien como objetivo del sexenio salinista, pero como ya sabemos, una vez que se puso en marcha no se cumplieron la mayoría de sus objetivos y a lo largo del análisis de este sexenio veremos el porqué.

Como ya se mencionó en un principio, se buscaba una recuperación económica del país, entonces era necesario que el gobierno salinista bajara su deuda heredada y saneara las finanzas públicas. Hablando de la deuda externa, durante los primeros dos años del sexenio se logra una reestructuración de la misma, a partir de una serie de negociaciones en 1989 con el FMI, con el “Club de París” (foro informal de países acreedores y deudores que se celebra en dicha ciudad) y con el Banco Mundial. Se le concede a México una reducción de los intereses y además se le otorgan nuevos créditos para continuar con el pago de sus compromisos. La deuda externa pública, en efecto, disminuye un 4%, pasando de $81,000 millones de dólares en 1988 a $77,770 millones de dólares en 1990.



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Por otro lado, en lo referente al saneamiento de las finanzas públicas, la administración salinistaaceleró la política privatizadora para desmantelar al sector público, comenzada durante el sexenio anterior, concentrándose ahora en todas las grandes empresas del Estado, de las cuales destacaban:

- Telmex, que en manos del gobierno había demostrado ser una compañía prestadora de servicios muy deficiente y al borde de la quiebra, es subastada y adquirida por Grupo Carso de Carlos SlimHelú. Durante los años posteriores a su privatización, Telmex se ha caracterizado por su crecimiento en cuanto a su cobertura nacional, pero también por sus prácticas monopólicas en un principio y después oligopólicas en el mercado mexicano. Llama la atención que justo antes y poco después de su privatización se incrementaron las tarifas telefónicas en el país a tal gradoque en la actualidad, a pesar de que ha ido disminuyendo paulatinamente el precio de las mismas en México, el servicio telefónico es de los más costosos en el mundo, según laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

- 52 carreteras federales a lo largo del país.

- Las aerolíneas Mexicana de Aviación y Aeronaves de México (Aeroméxico), y los principales aeropuertos mexicanos (los 35 más rentables).

- Fertilizantes Mexicanos, Fertimex, hasta entonces principal proveedor de fertilizantes para el campo mexicano. A partir de su privatización comienza su paulatina desaparición debido principalmente a un alza excesiva en el costo de su principal materia prima: el amoniaco, que era vendido por Pemex a precios más altos que el mismo fertilizante ya producido. En la actualidad, la mayoría de los fertilizantes son importados, poniendo con ello fin a la política de subsidio al campo mexicano ya que se contaba con una oferta barata de fertilizantes.

- La siderúrgica, Sidermex (Altos Hornos de México y Sicartsa).

- Los medios de comunicación electrónicos: Imevisión, se concesiona a Ricardo Salinas Pliego y se crea la actual TV Azteca, la segunda cadena de televisión más importante en México que, junto con Televisa, también se han caracterizado, como Telmex, por sus prácticas oligopólicas que obstaculizan la libre competencia.

- Reforma del artículo 27 constitucional, lo que dio lugar a una liberalización del campo mexicano con tendencias privatizadoras ya que dicha reforma estimula el cambio de régimen para la posesión de la tierra accediendo como una “opción” a la propiedad privada de ejidos y tierras comunales, lo que benefició a aquellos que contaran con una fuerte capacidad para la inversión, es decir, los grandes latifundistas nacionales y las empresas transnacionales.

- La banca mexicana. Se privatizaron las 18 instituciones de crédito que había en el país.

- Concesiones a empresas extranjeras para el uso y la explotación de los recursos naturales como el agua.



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De esta forma, el gobierno mexicano había logrado no sólo sanear su deuda interna, sino además había demostrado con hechos su evidente intención de desregular los principales sectores productivos del país: telecomunicaciones, petroquímica, ferrocarriles y carreteras, puertos y aeropuertos, minería y el sector agrícola. México “abría sus puertas” al libre mercado internacional, el escenario ya estaba listo para la puesta en marcha del proyecto presidencial más ambicioso de Carlos Salinas de Gortari: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ¿Por qué no? la posible entrada de México al primer mundo.

En febrero de 1990, tras una gira de trabajo por Europa que culminó en la reunión anual del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, Suiza, Carlos Salinas de Gortari narra en su libro: “México: un paso difícil a la modernidad” una anécdota ocurrida durante esas fechas que marcaría históricamente el rumbo económico y de la política exterior en nuestro país:“Las primeras horas de febrero de 1990, en el hotel de Davos, toqué la puerta de su habitación y no obtuve respuesta. Era de noche. Insistí. Era urgente que habláramos. No respondía. Estaba a punto de retirarme cuando me di cuenta que la puerta estaba entreabierta y la luz apagada. Entré y dije en voz alta su nombre. Empecé a percibir movimientos en la oscuridad. Su brazo alcanzó el interruptor de una lámpara y cuando la encendió su sorpresa fue grande. Le dije que era urgente que conversáramos. Era Jaime Serra Puche, el secretario de Comercio. Se incorporó, se puso los lentes y se sentó en el borde de la cama. Me escuchó, absorto. Serra aceptó con entusiasmo la encomienda que le hice. Apenas unas horas antes, le dije, había hablado también con Pedro Aspe para comentarle lo que requería de cada uno. Le pedí a Serra que iniciara los contactos para la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos)”

Meses más tarde, el 21 de agosto de 1990, Salinas propone oficialmente por escrito a través de una carta enviada al entonces presidente de los EE.UU. George Bush padre, la negociación del TLCAN. Dos años después, el 12 de agosto de 1992, tras una serie de intensas negociaciones previas entre Canadá, EE.UU. y México, el Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México, Jaime Serra, el Ministro de Industria, Ciencia, Tecnología y Comercio Internacional de Canadá, Michael Wilson, y la Representante Comercial de los Estados Unidos, Carla Hills, concluyeron dichas negociaciones con la firma de un acuerdo de principio sobre el TLCAN. El 17 de diciembre del mismo año, el Primer Ministro de Canadá, Brian Mulroney, el presidente de los Estados Unidos, George Bush padre, y el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari,firmaron oficialmente el TLCAN en la ciudad de San Antonio. Dos años más tarde, el primero de enero de 1994, el TLCAN entra en vigor.

El documento escrito a partir de dicho Tratado enumera en su temario los siguientes puntos:-Primera parte: Objetivos y definiciones generales.-Segunda parte: Energía, Petroquímica Básica, Sector Agropecuario y Medidas Fitosanitarias.- Tercera parte: Barreras Técnicas al Comercio y Medidas relativas a la normalización.- Cuarta parte: Compras del Sector Público.- Quinta parte: Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados.



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- Sexta parte: Propiedad Intelectual.- Séptima parte: Disposiciones Administrativas Institucionales.- Octava parte: Otras Disposiciones.

En teoría, los tres países involucrados en dicho acuerdo se comprometerían a promover el empleo y el crecimiento económico en América del Norte, confirmaban su creencia de que el TLCAN permitiríaaumentar la competitividad en las empresas de sus respectivos países protegiendo el medio ambiente. También promoverían el desarrollo sostenible, fomentarían la protección de los derechos laborales, y se eliminarían progresivamente los impuestos a la importación de bienes y mercancías.

Hipotéticamente, este Tratado no contemplaría en lo absoluto los temas relacionados a la exploración, refinamiento, producción, procesamiento o distribución del petróleo y sus derivados. Dicho de otra forma no se vería comprometida la “soberanía” del país en el manejo de su riqueza petrolera, pero también no se intervendría en temas relacionados a la electricidad, el agua, las telecomunicaciones, víasferroviarias y los medios de trasporte, la posesión de tierras por extranjeros y la emisión de la moneda.

Oficialmente, el TLCAN ha representado para México un exitoso motor de desarrollo para México, entre otras cosas, por su fomento a la exportación de productos nacionales y a la inversión extranjera en nuestro país, como lo demuestra la Secretaria de Economía en su portal de internet:

- En los últimos años, México se ha convertido en la octava potencia comercial mundial y la primera en América Latina, con una participación del 44 por ciento en las exportaciones y 49 por ciento en las importaciones totales de la región.

- En sólo diez años, México ha: - Triplicado sus exportaciones (de 51.9 mil millones de dólares a 164.9 mil millones de dólares entre 1993 y 2003); - Incrementado sus importaciones en 161 por ciento (de 65.4 a 170.6 mil millones de dólares entre 1993 y 2003)

- En 2003, México fue el tercer receptor de Inversión Extranjera Directa entre los países en desarrollo y el primero de América Latina.

- Considerando los flujos recibidos durante el periodo 1994-2003, México ocupó el cuarto lugar entre los países en desarrollo y el segundo en América Latina.

Pero desafortunadamente existe también otra lamentable realidad no oficial en nuestro país que niSalinas de Gortari, ni su “dream-team” con todo y su pretensión de introducir a México en el primer mundo,consideraron en la formulación de dicho tratado. Evidentemente aún no formamos parte del primer mundo, y por si fuera poco, durante estos 15 años de Tratado, la brecha entre México y sus socios comerciales del norte, lejos de disminuir, se ha ido incrementando.

Este incremento en la desigualdad entre México y sus socios se entiende, según Laura Carlsen, analista, investigadora y directora del Programa de las Américas (ONG que estudia la política exterior de los



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EE.UU.) en parte a que desde un principio no se consideró adecuadamente la existencia de asimetrías entre los tres países, o dicho de otra forma, las enormes diferencias que existen en cuanto a las capacidades económicas, tecnológicas o productivas, evidentemente más avanzadas en Canadá y en Estados Unidos.Para entender un poco mejor estas “asimetrías”, basta con darle un vistazo al siguiente cuadro hecho por economistas de la revista electrónica Vector Económico:(www.vectoreconomico.com.mx)

MEXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADA: ASIMETRIAS México Estados Unidos Canadá

Población (miles) (2001) 100,368 285,926 31,015

Población rural (miles) 25,555 64,539 6,535

Población agrícola (miles) 23,064 6,162 766

Presión demográfica (hab/ km2) 51 30 3

Superficie total (miles ha) 195,820 962,909 997,061

Tierras arables (miles ha) 27,300 179,000 45,700

Tierra irrigada (miles ha) 6,500 22,400 720

PIB (miles de millones de dls.) (1999) 428.8 (lugar 12) 8,351.0 (lugar 1) 591.4 (lugar 9)

PIB per cápita (EU dls. 1999) 4,400 (lugar 71) 30,600 (lugar 8) 19,320 (lugar 29)

Indice de GINI (concentración) 53.7 40.8 31.5

Concentración del ingreso en el 10% de la población con ingreso más alto (%) 42.8 30.5 23.8

Rango de competitividad (lugar) 43 1 9

Gasto en investig agropec / PIB agropec (%) 0.52 2.60 ––

Gasto público en educación (% del PIB) 4.9 5.4 6.9

Tractores / 1,000 trabajadores 20 1,484 1,642

Salario en la agricultura (EU$/ año), 1995/98 908 n.d. 30,625

Productividad agrícola (EU$/ trabajador) 2,164 39,001 n.d.

Deforestación (variación anual %) 0.9 –0.3* –0.1*

Subs agrícolas (% del valor de la prod) 2001 22 36 25

Importación agroalimen (1998/2000) (miles dls.) 8,935,732 43,354,622 11,046,062

Exportación agroalimen (1998/2000) (miles dls) 7,157,371 55,508,420 15,253,898

Balanza comercial agroalimentaria (miles dls) –1,778,361 12,153,798 4,207,837

Rendimiento de maíz (tons/ ha) 2.50 8.55 7.15(*) El valor negativo significa que están forestando n.d. no definido Fuente: Impacto del TLCAN en el Sector Agroalimentario.Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial ( CIESTAAM) –Universidad Autónoma Chapingo. Enero 2003. Cuadro elaborado con datos del Banco Mundial, la OCDE y otras fuentes.

Por otro lado, la apertura del país a la inversión y al comercio han beneficiado solamente a las grandes transnacionales, mientras que las pequeñas y medianas empresas han tendido a desaparecer, tal y



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como lo demuestra el súbito auge en el crédito PyME del gobierno foxista en 2003. Además, se esperaba que dicha inversión en México por parte de éstas transnacionales fomentarían el consumo de materias primas nacionales, pero no ha sido así, se han inclinado por insumos de otros países más competitivos, de manera que nuestro país solo se ha limitado a ser una maquiladora de componentes importados con surespectiva mano de obra barata. La inversión extranjera, en la realidad, ha generado poco empleo y muy poca riqueza, ya que principalmente se ha enfocado en el sector de servicios como la banca, seguros, transporte y comunicaciones. Para resumir lo anteriormente expresado, basta con revisar las cifras calculadas por la Secretaría de Economía referentes a la Inversión Extranjera Directa (IED) para la industria manufacturera durante los primeros 11 años del TLCAN (1994-2004), que fue de: $72,649 millones de dólares en comparación con los $78,265 millones de dólares invertidos en el sector servicios. Mención aparte merece, por ofensiva, la cifra de $331 millones de dólares invertidos por el extranjero en el sector agropecuario.

La realidad es que la agricultura mexicana se ha ido perfilando hacia su extinción debido principalmente a los subsidios y financiamiento de los EE.UU. hacia sus agricultores, pero también, como hemos visto en párrafos anteriores, al abandono “a su suerte” y a “las exigencias del libre mercado” a que es sometido el campo mexicano por parte del gobierno federal y su fomento a prácticas oligopólicas, actitud que fuertemente contrasta con el apoyo del gobierno norteamericano hacia su campo. Según BANXICO, con el TLCAN, México ha elevado en más de un 50% el valor de sus exportaciones de frutas y hortalizas a los EE.UU., siendo el valor total de sus exportaciones de unos $ 1,830 MDD en 1994 hasta alcanzar los $4,235MDD en 2004. Pero también es cierto que hemos importado mucho más en granos de consumo básico que lo que exportamos en frutas y hortalizas, especialmente el maíz tal y como se puede apreciar en cifras calculadas por BANXICO y la SAGARPA, en el periodo comprendido durante los primeros nueve años del TLCAN (1994–2002), referente a la producción nacional de productos básicos: el maíz creció a una tasa de 0.7% anual promedio, mientras que sus importaciones lo hicieron a una tasa de 9.2%; la producción de frijol creció 2.1% y sus importaciones a 7.6% anual; la producción de trigo decreció en 2.9% anual y sus importaciones crecieron en 10.5%; la producción nacional de arroz decreció 5.9% anual y sus importaciones aumentaron 10.5%.



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Ante esta notoria tendencia a la importación en lugar de la producción, los pequeños agricultores mexicanos se han visto forzados a dejar sus tierras y a emigrar ilegalmente hacia los Estados Unidos para,paradójicamente, en muchos de los casos dedicarse a la agricultura en aquel país como mano de obra barata. Las exportaciones de las frutas y hortalizas solo han beneficiado a unos cuantos productores con gran capacidad para la inversión, principalmente en el noreste del país. Esos mismos productores que se beneficiaron con la reforma al artículo 27 constitucional promulgada por Salinas y que les dio la posibilidad de comprar grandes extensiones de tierra. En contraste, las importaciones de granos como hemos visto han tenido devastadoras consecuencias para los agricultores que viven en extrema pobreza en todo el territorio nacional.

Resumiendo lo hasta ahora expuesto sobre dicho Tratado, pero sobre todo, nuestra realidad actual y sus hechos nos han demostrado que el TLCAN ha sido altamente benéfico sólo para las grandes corporaciones y las naciones avanzadas, pero es totalmente lo opuesto para las naciones subdesarrolladas como la nuestra. La realidad también nos demuestra que en nuestro país el neoliberalismo y el desarrollo son incompatibles, porque su puesta en marcha provoca resultados contrarios a los necesarios para un país en vías de desarrollo: el “abrirnos al libre mercado” implica ser competitivos, lo cual implica también un desarrollo tecnológico, alta inyección de capital del cual carecemos, y una automatización que desplace a la mano de obra, lo cual es exactamente contrario a lo que necesitamos. También se puede deducir el altocosto social que ha implicado la puesta en marcha de dicho Tratado, mediante el cual se han exportado no solo frutas y hortalizas, componentes electrónicos, o autos, sino además, también un excelente “producto nacional de exportación” como desafortunadamente se le podría llegar a considerar a la mano de obra mexicana en los EE.UU.

Entonces, ¿Cómo hemos salido adelante durante estos años tras la evidente incapacidad del TLCANcomo “motor de desarrollo” para la economía mexicana?, la respuesta es sencilla: con la economía informal, con los recursos no-renovables (petróleo y gas), con las remesas de los migrantes en EE.UU. y con el tráfico de drogas.

Pero el presidente Salinas no quiso entrever éstas y otras tantas consecuencias negativas que tendría la puesta en marcha de su ambicioso e incongruente Tratado sobre nuestro país, para él: ”El Tratado fue, sobre todo, un instrumento para abrir la oportunidad de que México tuviera acceso al mercado más grande del mundo.” (Entrevista que concedió al periódico El Financiero en octubre de 2006). No quiso también vislumbrar la “tormenta social” que se avecinaba al final de su sexenio.

El 1 de enero de 1994 fue para el sexenio salinista una fecha marcada por una dualidad paradójica en los sucesos que acontecieron ese día: la entrada en vigor del TLCAN y el inicio de la revuelta indígena en Chiapas perpetrada por el EZLN y su sub-comandante Marcos. El sueño salinista de un México en el primer mundo de pronto se esfumó ante la aplastante realidad de una miseria que ha caracterizado desde tiempos



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inmemoriales a una inmensa mayoría de nuestra población. Como dice el verso de una canción: “Todo se derrumbo”.

Tal vez el presidente Salinas se había confiado demasiado de su “liberalismo social” encarnado en su “Programa Nacional de Solidaridad” (Pronasol), como un medio “eficaz” para aminorar las inherentes desigualdades de su proyecto neoliberal. Su programa de Solidaridad le costó muy caro económica y políticamente. Pretendía compensar con dádivas sociales el feroz espíritu individualista y darwinista (sólo sobrevive el más fuerte) del neoliberalismo. La rebelión zapatista puso de manifiesto las incongruencias presentes en este programa de “apoyo” social.

Las promesas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo (1988-1994) como: “La defensa de la soberanía y la promoción de los intereses de México en el mundo”, “La recuperación económica con estabilidad de precios”, o “El mejoramiento productivo del nivel de vida de la población”, jamás se llegaron a cumplir.

Al final del sexenio salinista México estaba mal. Los brotes de violencia que caracterizaron el último año de dicho sexenio lo confirman: la guerrilla zapatista el 1 enero de 1994, el brutal asesinato del entonces candidato oficial a la presidencia Luis Donaldo Colosio el 23 marzo de 1994, el asesinato de José Fco. Ruiz Massieu cuyo principal sospechoso, según la PGR, era su propio cuñado: Raúl Salinas de Gortari (hermanodel presidente), o las guerras sin cuartel que surgían desde entonces entre el narco mexicano, cambiaron radicalmente la percepción tanto nacional como internacional que se tenía de México como un país próspero y seguro. A partir de entonces, se agravó la pérdida en la confianza internacional hacia México (fuga de capitales) y en consecuencia ocurrió una incontrolable inestabilidad económica en el país. A todo esto hay que añadir el alto gasto gubernamental en obras públicas (recordemos a Solidaridad que además de ser un “programa social”, también sirvió como instrumento de propaganda electoral para las elecciones presidenciales de 1994), lo cual se tradujo en un aumento de la deuda pública y, en consecuencia, se negoció dicha deuda emitiendo Tesobonos, un tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares, en lugar de pesos mexicanos, y prácticas bancarias suavizadas o incluso corruptas; más aun, algunos miembros de la familia de Salinas fueron acusados de transacciones ilícitas.

Entonces, no debería sorprendernos la estrepitosa caída de la falacia salinista. Su exitosa reestructuración de la deuda externa pública a inicios de sexenio se fue a pique, de tal forma que de los $77,770 millones de dólares que México debía en 1990, la deuda aumenta en 1994 hasta alcanzar los $85,435 millones de dólares. Hubo otra vez una devaluación del peso, de un tipo de cambio a $2,295.00 pesos por dólar, pasó a $3,410.00 pesos por dólar, ¡perdón $3,41 “nuevos pesos” por dólar!, se me había olvidado que se quitaron tres ceros al peso para “facilitar” las cuentas. Pero estas cifras parecieran ser bastante “favorables” si las comparamos con las que Carlos Salinas de Gortari le heredó a su sucesor Ernesto Zedillo. Cínicamente Salinas atribuye en su libro “La década perdida” a Ernesto Zedillo como el único responsable del famoso “error de diciembre”. Pareciera más bien que a Zedillo le tocó inevitablemente “agarrar la papa caliente” de su megalómano antecesor: una deuda externa pública que pasó de los



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supuestamente $85,435 millones de dólares atribuidos al sexenio salinista en 1994 a unos $100,993 millones de dólares en 1995, y además Zedillo se ve forzado a implementar una devaluación del 93% del peso frente al dólar, o sea, de los ficticios $3.41 “nuevos pesos” por dólar a un tipo de cambio promedio de $6.60 pesos por dólar.

Llama mucho la atención que, sin importar quien haya tenido la culpa del famoso “error de diciembre”, este fenómeno ocurrió en un tiempo sospechosamente muy oportuno, casi inmediatamente después de tomar posesión Ernesto Zedillo como presidente de la república. Imaginemos el costo político para el PRI y su entonces candidato Ernesto Zedillo si la crisis y la devaluación hubiesen “estallado”justamente durante el último año en la presidencia de Salinas de Gortari (año electoral por cierto), tal y como había venido ocurriendo desde la presidencia de Luis Echeverría. Se puede considerar entonces que electoralmente hablando, esta crisis fue muy “considerada” con el PRI y, por supuesto, con Zedillo, ya que dicha crisis salió a flote justo en el momento adecuado.

Finalmente, tras analizar todos los hechos anteriormente expuestos, se confirmó una vez más que la extrema ambición de Carlos Salinas de Gortari, el presidente “electo” de la nación, el dirigente de un “prestigioso” gabinete de Estado tecnócrata y, por supuesto, el líder visionario que México entonces necesitaba para salir adelante del subdesarrollo y formar parte del “primer mundo”, fuera el único responsable de su propia caída histórica como estadista y, de paso también, de nuestro país.

Ernesto Zedillo Ponce de León. (1994-2000)

La presidencia de Ernesto Zedillo estuvo marcada como hemos visto anteriormente por la peor crisis financiera del siglo XX heredada de su antecesor Carlos Salinas de Gortari.

Una vez más, el presidente de la república tenía el reto de “salvar” al país de la catástrofe en la que se encontraba: un país sumamente endeudado tanto en el exterior como en el interior, con miles de compañías en quiebra, con un alto índice de desempleo y pobreza, una población incapaz de pagar sus deudas crediticias, un conflicto interno armado en Chiapas y una inseguridad, e incremento de la delincuencia organizada, nunca antes vista hasta entonces.

Pero viéndolo bajo una perspectiva algo sarcástica, no había de que preocuparnos, recordemos que Ernesto Zedillo nos había prometido en su campaña electoral a la presidencia: “Bienestar para tu Familia”. Desgraciadamente la realidad fue otra muy distinta. Como ya lo sabemos, las únicas familias que realmente alcanzaron ese bienestar fueron unas cuantas solamente: la familia de Ernesto Zedillo, por supuesto, (Zedillo actualmente forma parte del consejo ejecutivo de transnacionales como Procter and Gamble, Alcoa que es la principal siderúrgica de los EE.UU. y de Union Pacific); la familia de políticos como †Carlos Hank González



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(Grupo Caliente-Casinos, administrados por sus hijos), con una fortuna personal estimada en ese entoncesen unos $3,000 millones de dólares; la familia de Carlos Slim Helú (Grupo Carso: Telmex.) con $6,600 millones de dólares; la familia de Emilio Azcárraga Milmo (Grupo Televisa), con $5,400 millones de dólares;la familia de Lorenzo y Marcelo Zambrano (Grupo Cemex), con $3,100 millones de dólares; la familia deAlejo Peralta y su hijo Carlos (Grupo Iusa-Iusacel) con $2,500 millones de dólares; o la familia de Jerónimo Arango (Grupo Cifra: Wal-Mart de México), $2,200 millones de dólares. Todas estas cifras fueron tomadas del Reporte Forbes del segundo semestre de 1994 al primero de 1995, periodo en el que el número de super-ricos mexicanos se redujo de 25 empresarios a sólo 10, como resultado del “error de diciembre”.

Pero antes de ser presidente y alcanzar “el bienestar para su familia y la de la élite mexicana”, Ernesto Zedillo primero tenía que ser precisamente el candidato oficial a la presidencia, el del “dedazo salinista”, y esto ocurrió de manera accidental y poco afortunada tras el trágico asesinato de Luis Donaldo Colosio que era el auténtico sucesor elegido por Salinas de Gortari para la presidencia de México. Salinas no pudo entonces escoger a otro heredero dentro de su círculo de confianza tecnócrata que no fuera Ernesto Zedillo, y esto debido a que el artículo 82 de la Constitución establece que ningún funcionario público activo puede ser candidato presidencial. Incidentalmente Zedillo era el único que cumplía con éste requisitoconstitucional, ya que había renunciado del gabinete salinista, dejando la Secretaria de Educación para poder ejercer la coordinación de la campaña presidencial de Colosio. Y es por esto que llegó a la presidencia en 1994. Ironías del destino.

Desde el principio de su presidencia, y a lo largo de la misma, Zedillo se empeño por demostrar un claro distanciamiento de su antecesor en un sentido meramente formal, ya que en la práctica fue un asiduo continuador de la política neoliberal salinista como lo demuestran sus criterios de política económica. Ese distanciamiento se vio reflejado primero con el rechazo de Zedillo a la propuesta de Salinas para que Pedro Aspe repitiera como Secretario de Hacienda durante su sexenio, y después con la “renuncia” de Jaime Serra Puche de la Secretaría de Hacienda, sólo duró 28 días en su puesto, ya que Zedillo no quería salinistas a su lado y así poder frustrar la evidente posibilidad de que Salinas, desde su exilio, continuara manipulando el rumbo político y económico del país. Pero no hay mejor ejemplo que demuestre su aparente desdén hacia el ex-presidente Salinas que el encarcelamiento de Raúl Salinas de Gortari ocurrido durante su sexenio. Parecía entonces que Ernesto Zedillo había dejado de ser el sumiso y leal “vasallo” de Carlos Salinas. El poder transforma.

Para entender esa continuidad del modelo neoliberal anteriormente expresada, y que sería característica de este sexenio zedillista, hay que analizar desde luego su política económica. El Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000) tenía como uno de sus cinco objetivos: “Promover un crecimiento económico vigoroso, sostenido y sustentable en beneficio de los mexicanos”. Este objetivo es una consolidación del modelo neoliberal salinista que fue impuesto por el FMI y el Banco Mundial, ya que no consideraba ningún cambio sustancial, al contrario, y a pesar de sus resultados negativos para la población mexicana, Zedillo consideró válido seguir fortaleciéndolo y a continuación veremos porqué.



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Para evitar que la crisis que se vivía en México tras el “error de diciembre” adquiriera mayores proporciones, el entonces presidente de EE.UU. William Clinton, promovió el controvertido “Fondo para la Estabilización de México”, un paquete de ayuda de $ 50,000 millones de dólares, hasta entonces el mayor rescate financiero otorgado a una nación en la historia mundial, el cual evitaría una inminente bancarrota en el país. La controversia en la propuesta de Clinton para dicho fondo radica en la dificultad para su aprobación por parte del Congreso estadounidense, pero Clinton justificó su decisión argumentando que si el peso seguía devaluándose, la economía de México se colapsaría y, a su vez, tendría un impacto negativo en los Estados Unidos, de tal manera que un México insolvente podría dar lugar a un mayor flujo de inmigración ilegal en los EE.UU., amenazando los empleos estadounidenses y la seguridad fronteriza. Además, pronosticó que las exportaciones de EE.UU. a México disminuirían considerablemente, afectando negativamente a la economía de los EE.UU. Tras esta argumentación se aprueba dicho fondo con el financiamiento del Departamento del Tesoro estadounidense, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la banca comercial internacional.

Pero como en cualquier crédito otorgado, tiene que existir una garantía de pago del deudor hacia su acreedor. De manera que el gobierno de Zedillo firma el 21 de febrero de 1995 un “Acuerdo marco entre Estados Unidos y México” el cual establecía como garantía de pago el uso de los recursos provenientes de las exportaciones de petróleo y sus derivados, la principal fuente de divisas en México. Los fondos se depositarían en una cuenta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York durante el tiempo que fuera necesario para liquidar la deuda, pudiendo ser utilizados por el gobierno estadounidense en cualquier momento para cubrir los pagos. Este acuerdo también comprometía al gobierno mexicano a seguir un programa fiscal elaborado por el FMI, y fue más allá, al requerir que el mercado cambiario (tipo de cambio)se estabilizara mediante políticas fiscales y monetarias, y no con el manejo de las reservas internacionales. Además, México debía proporcionar una amplia información para permitir el monitoreo estadounidense de su economía y sus políticas económicas. Bajo estas condiciones de pago, resulta bastante irónico el primer punto del Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo (1994-2000): “Fortalecer el ejercicio pleno de la soberanía nacional, como valor supremo de nuestra nacionalidad y como responsabilidad primera del Estado mexicano”. ¿Cuál soberanía, Dr. Zedillo?

Y es que, además, para acelerar el pago a sus acreedores, el presidente Zedillo manifestó también su interés en reactivar el proceso de privatización de las principales empresas estatales, sobre todo en infraestructura, de manera que se fijó la meta de alcanzar unos $6,000 millones de dólares que servirían como recurso para pagar una parte de la deuda. Para garantizar el éxito en este proceso de privatización, el gobierno de Zedillo recibió por parte del Banco Mundial un crédito adicional por unos $30 millones de dólares y asesoría técnica en agosto de 1995.

Dicha asesoría por parte del Banco Mundial sería a través de su “Proyecto de Asistencia Técnica para la Privatización en Infraestructura” (expediente T-6590-ME). El proyecto ayudaría al gobierno mexicano a



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escoger opciones para la reforma estructural del sector público, desarrollando el marco legal regulatorio que sustentaría dicha privatización, reduciría y, de ser posible, eliminaría las restricciones a la privatización de determinados sectores (puertos, aeropuertos, ferrocarriles, telecomunicaciones, electricidad, petroquímica secundaria). Además, proporcionaría apoyo en la preparación del proceso de privatización en cada uno de estos sectores, a través de la Comisión Interministerial de Privatización (CID) la cual es una dependencia del Banco Mundial. A su vez la CID también supervisaría la implementación del proceso privatizador designando comisionados especiales.

El Banco Mundial contemplaba en su proyecto importantes riesgos, como la oposición de sindicatos, burócratas, empresarios oligopólicos y, en general, una reacción desfavorable de la población en México. Para disminuir estos riesgos, se planearían talleres de trabajo, campañas de relaciones públicas y encuentros con inversionistas nacionales y extranjeros. Así pues, todo estaba listo para la puesta en marcha del ambicioso proyecto privatizador del presidente Zedillo bajo la experta tutela del Banco Mundial. ¿Qué más podía pedir?

Es entonces cuando se puede comprender de una forma más clara la privatización íntegra de los ferrocarriles nacionales. Recordemos que, como se había explicado anteriormente, el TLCAN originalmente no contemplaba, por cuestiones de “soberanía”, el tema de los ferrocarriles, pero ése ya no sería problema para el ahora asesorado presidente Zedillo, ya que en ese mismo año promueve la reforma al artículo 28 constitucional, que restringía sólo al Estado la operación de los ferrocarriles.

Se anula pues dicho artículo y se promulga una “Ley reglamentaria de los ferrocarriles” que incluye,por supuesto, su privatización. Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) se divide para su concesión en las siguientes compañías:

- Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) pasó a convertirse en Kansas City Southern de México, subsidiaria de The Kansas City Southern Railway Company.

- Ferrocarril Mexicano se convirtió en Ferromex. Actualmente forma parte de Grupo México, la compañía minera más grande de México y el tercer productor mundial de cobre. - Ferrocarril del Sureste pasó a ser denominado Ferrosur. En un principio (1998) fue propiedad de SincaInbursa y Grupo Condumex, ambas compañías propiedad de Carlos Slim, pero en 2005 éste vende el 100% de sus acciones de Ferrosur a Grupo México.

- Terminal Ferroviaria del Valle de México (TFVM), ahora conocida como Ferrovalle cuya propiedad en conjunto hace socios a Kansas City Southern, Ferromex y Ferrosur.



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Como se puede apreciar, a partir de la privatización del ferrocarril mexicano ocurrieron una serie de compra-ventas y fusiones que dieron lugar a una oligopolización de este sector: actualmente el ferrocarril mexicano tiene solo dos propietarios principales: The Kansas City Southern Railway Company y Grupo México.

Llama la atención que, según el Informe Anual 2008 de Ferromex: “Grupo México y Union Pacicific tienen una influencia determinante en la conducción del negocio de la Compañía. Grupo México es propietario, a través de ITM, del 74% de las acciones representativas de capital social en circulación de Ferromex. En general, todas las decisiones importantes de la Compañía deben de ser tomadas de común acuerdo entre Grupo México y Union Pacific. Grupo México tiene derecho a nombrar a ocho de los once consejeros de Ferromex. Union Pacific es propietaria, a través de Mexican Pacific LLC, del 26% del capital social en circulación de Ferromex. Union Pacific tiene derecho a nombrar tres miembros del Consejo de Administración”. Durante el período comprendido entre el año 2001 y hasta el 2005, Ernesto Zedillo Ponce de León era Director del Consejo de Administración de Union Pacific. Vale la pena también recordar a Jaime Serra Puche, el ex secretario de Comercio de Salinas, y también ex secretario de Hacienda de Zedillo, aunquesolo duró 28 días en su cargo, pero como Consejero Propietario de Ferromex duraría un poco más: “solo” 9 años (1998 a 2007).

Siguiendo con su línea privatizadora neoliberal, en febrero de 1999 el presidente Zedillo lanza al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, es decir, su decisión de privatizar, mediante la venta o la concesión, a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro. Pero a diferencia de su éxito con la privatización de los ferrocarriles, esta iniciativa de ley fracasa debido principalmente a que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) rechazó rotundamente dicha iniciativa, tal y como lo había previsto el Banco Mundial, de manera que el gobierno zedillista,presionando políticamente, se vio obligado a desistir en su intento privatizador.

En cuanto a la privatización de la petroquímica secundaria y el gas natural, el 14 de noviembre de 1996 el Congreso de la Unión aprobó la propuesta de reforma de Zedillo al artículo 27 constitucional, de manera que se convocó a una licitación pública internacional para interesados, tanto nacionales como extranjeros, en adquirir activos para la producción de petroquímicos secundarios que en ese entonces eranpropiedad de Pemex-Petroquímica: cinco plantas de amoníaco, una planta de hidrógeno, una planta de paraxileno y una unidad de isomerización, localizadas en el complejo petroquímico ubicado enCosoleacaque, Veracruz. Así mismo, se licitaría un contrato de suministro de gas natural entre Pemex y el ganador de la licitación. Como ahora lo sabemos, uno de los ganadores de dicha licitación fue la compañía española Gas Natural, cuyas tarifas en la actualidad son 23% más altas en México comparadas con las depaíses productores como Canadá, Reino Unido y Venezuela, según estudios de la UNAM y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).



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Dejando a un lado el tema privatizador, recordemos un poco a James Petras, que al principio de este ensayo expresaba sus ideas acerca de la desmitificación del neoliberalismo: (…) “Interviene en todos los países, socializando la deuda, transfiriendo la deuda privada al sector estatal y forzando a los ciudadanos a asumir las responsabilidades por una deuda adquirida por el sector privado”. Esta “socialización” de la deuda privada se manifiesta en México de una manera sumamente escandalosa durante este sexenio zedillista, en el año de 1995, a través del “rescate bancario” conocido también como Fobaproa. Dicho de otra manera, el Gobierno Federal se ve en la “necesidad de rescatar” a los bancos debido a su descapitalización (fuga de capitales) a partir de la crisis ocasionada tras “el error de diciembre”. Esta crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas ante los bancos y al cese de pagos por parte de los deudores, lo que daría lugar a una eventual quiebra de los bancos, imposibilitando el acceso a créditos y, además, a que los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que podría posibilitar un colapso en el sector productivo.

Es entonces que el gobierno federal asume la deuda privada de los bancos mexicanos y la paga con fondos recibidos a partir de un financiamiento de $1,000 millones de dólares aprobado el 23 de junio de 1995 por el Banco Mundial, a través del “Préstamo para la Reestructuración del Sector Financiero”(expediente: LOANNUMBER 3911-ME). Esta deuda con el Banco Mundial tenía que ser pagada por el gobierno de Zedillo el 31 de diciembre de 1996 a una tasa de interés de ¾ de 1% por año, o sea, unos $7.5 millones de dólares anuales. De esta forma, el gobierno de Zedillo pagó una deuda con otra deuda, pero esta vez con cargo al erario público y bajo la estricta supervisión de su acreedor el Banco Mundial que le sugeriría la elaboración de nuevas regulaciones prudentes para los bancos.

Pero pareciera que el gobierno de Zedillo hizo caso omiso a estas recomendaciones del Banco Mundial de elaborar regulaciones “prudentes”, ya que el Fobaproa estuvo marcado por sus escándalos de fraude y de corrupción. Por un lado sucedió que muchos de sus deudores, sobre todo grandes empresas y las mismas entidades financieras, cometieron fraude haciendo falsas declaraciones de no tener capacidad de pago con tal de poder acceder a los recursos del rescate. En otros casos, algunos bancos habrían tomado recursos del Fobaproa por deudas de empresas propiedad del mismo banco, lo que también sería a su vez una estafa abierta al sistema.

Uno de los casos más célebres en esa época fue el fraude del ex banquero Carlos Cabal Peniche (Banca Cremi-Unión) con diez órdenes de aprehensión libradas tanto en el fuero federal como en el fuero común por la probable comisión de distintos delitos de los denominados de "cuello blanco", fraudes (evasión fiscal y desvío de más de 700 millones de dólares) y violación a la Ley de Instituciones Nacionales de Crédito según la PGR. Carlos Cabal Peniche llegó a ser el fugitivo mexicano más buscado por la PGR, apartede aquellos relacionados con el narcotráfico. Fue detenido el 10 de noviembre de 1998, en Melbourne,Australia, donde vivía en una lujosa mansión y se hacía pasar por comerciante de vinos de origen dominicano. En 2001, tras un largo proceso de extradición regresó a México, y desde entonces ha ganado



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múltiples litigios para evitar la prisión debido a la astucia de sus abogados, que han tramitado a tiempo numerosos amparos y suspensiones, una de las cuales requirió una garantía de más de cuatro millones de pesos, la más alta en la historia jurídica del país. Entre sus abogados sobresale Fernando Gómez Mont,afamado defensor de delincuentes de “cuello blanco” como Jorge Lankenau Rocha (Abaco) acusado también de fraude al Fobaproa, o el mismísimo Raúl Salinas de Gortari en su juicio por enriquecimiento ilícito. Tras la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, ocurrida en noviembre de 2008 en un accidente de aviación,Fernando Gómez Mont fue nombrado Secretario de Gobernación en México por el presidente Felipe Calderón, ocupando dicho cargo hasta la fecha.

Esta terrible problemática anteriormente expuesta, en la que estaban incluidos los bancos del país,dio lugar a que durante el sexenio de Ernesto Zedillo se fomentara un proceso de extranjerización en el capital de la Banca mexicana. Según el Banco de México (BANXICO), en su “Historia Sintética de la Banca en México”: (…) “el límite de participación accionaria de la banca extranjera en el capital de un banco local se amplió de 30 a 49 por ciento. Así, de la aplicación de esa nueva normativa se derivó una importante inyección de capital foráneo en tres instituciones importantes: Bancomer (BBV, España), Serfin (Banco Santander, España) y Bancrecer (Banorte, México). En igual sentido, en mayo de 1995 Banco Bilbao y Vizcaya (BBV) suscribió una carta de intención para adquirir la totalidad de las acciones de Banco Mercantil Probursa. En un segundo periodo, varias filiales de bancos del exterior empezaron a operar en México y también se intensificaron las adquisiciones de tramos accionarios importantes de los bancos locales. Así, mientras que la participación del capital foráneo en el total de la banca ascendía en 1994 a tan sólo 5 por ciento, para 1996 se había incrementado a 52.4 por ciento. La tercera fase del proceso de apertura a la participación de la banca del exterior en el mercado mexicano se inició a finales de 1998. El banderazo fue la anticipación que se acordó para el calendario de apertura que se había negociado dentro del TLC. Con ello, las restricciones de participación que subsistirían hasta finales de 1999 se liberaron un año antes. Fue en ese lapso cuando se materializó en definitiva la entrada de la banca foránea a México. La entrada de la banca foránea a México, ya sin restricciones reglamentarias, se inició con una primera operación que se concretó en agosto de 2000 cuando BBV adquirió en definitiva Bancomer”. Actualmente, según cifras del Banco de México, cerca del 90% del capital que conforma la banca mexicana es de capital extranjero.

Siguiendo con el tema de la “socialización neoliberal de la deuda” y de los “rescates zedillistas”, en 1997, ante los problemas financieros que presentaban las empresas operadoras de las autopistas concesionadas, el gobierno federal decidió también “rescatar” a 23 de las 52 autopistas concesionadas durante el sexenio salinista, asumiendo un adeudo de $58,123 millones de pesos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados. El "rescate carretero” ayudó, en agosto de 1997, a tres empresas privadas aparentemente en quiebra: Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), Trituradores Basálticos (Tribasa) y el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD). Estas tres compañías construyeron más de 4.000 kilómetros de autopistas de cuota cuyos ingresos fueron “supuestamente”inferiores al costo de inversión. Una vez más, el gobierno de Zedillo había asumido una deuda privada como deuda pública, pagándola a través del Fondo de Inversión de Infraestructura (FINFRA) auspiciado por el



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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Nacional Financiera (NAFIN), además de los ingresos percibidos a partir de las tarifas de peaje en dichas carreteras.

Desafortunadamente una vez más este rescate carretero también estuvo caracterizado por el fraude y la corrupción. El empresario David Peñaloza, presidente del Grupo Tribasa, fue detenido en agosto de 2002 al norte de España cuando pretendía cruzar la frontera a Francia. Se le acusaba del presunto delito de fraude por unos $30 millones de dólares en agravio de NAFIN. Un año más tarde, un juez federal absolvería a Peñaloza de los cargos por fraude en su contra. Llama también la atención el que ICA es considerada como la mayor constructora de México y ha realizado obras en más de 21 países.

La situación del campo mexicano durante este sexenio, fue también muy desafortunada. Procampo, programa social del gobierno federal surgido a finales del sexenio de Salinas (1994) como “atenuante” a los estragos de desigualdad y marginación que el TLCAN había provocado, afectando a millones de campesinos, ya de por sí pobres y, que como hemos visto, solo benefició a unos cuantos productores nacionales y extranjeros de gran tamaño. Pero, por desgracia, este programa de apoyo social también se desvirtuó, ya que demostraría su incapacidad como un medio de apoyo real para fomentar la productividad del campesino pobre y, en cambio, sí benefició de nueva cuenta a los grandes productores. Procampo acentuó esa desigualdad existente entre los productores grandes y los pequeños. Según la opinión expresada en un artículo para el periódico El Universal del 28 de julio de 2009 por Jonathan Fox, investigador de la Universidad de Santa Cruz, California, y quien ha estudiado desde 1982 al campo mexicano, destacó el hecho de que aquellos que reciben la mayoría de los subsidios de dicho programa son los agroindustriales más poderosos del país (particularmente del Norte del país) así como funcionarios públicos del sectoragrícola, ya que son quienes tienen acceso a información privilegiada referente a la otorgación de dichos subsidios.

Otro factor que demuestra la ineficacia de Procampo es la tendencia a la baja en los precios de los cereales importados, fenómeno ocurrido desde el sexenio salinista como anteriormente se expuso en este ensayo, y que hacen poco competitivos a los pequeños productores mexicanos. Además, en muchos de los casos, el dinero que se otorgó a los campesinos a través de este subsidio en vez de ser aplicado al mejoramiento de sus tierras, lo utilizaron para comer, vestir y en el mejor de los casos, para mejorar su vivienda, ya que son gastos que consideraron prioritarios a raíz de sus condiciones de pobreza.

En resumen, el objetivo de Procampo como anteriormente se expresó, se desvirtuó. Este programa de subsidio al campo se convirtió en una herramienta política y electoral para controlar a la población que habita en las zonas rurales del país, y también como un medio para “producir paz social”, aunque en algunos casos demostró también su incapacidad hasta para alcanzar ese objetivo.

Y es que, en lo referente a la problemática de estabilidad social en México, tenemos que el conflicto armado en Chiapas, organizado por el EZLN durante el sexenio salinista, lejos de tener una posible solución,



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éste se agravó durante el gobierno de Ernesto Zedillo debido principalmente a la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas, donde un grupo de paramilitares armados, entrenados y financiados presuntamente por los gobiernos federal y estatal, asesinaron a 45 personas: 15 niños, 21 mujeres (cuatro embarazadas) y 9 hombres. Esta no fue la única matanza de indígenas ocurrida durante el sexenio zedillista, que dos años antes de la matanza de Acteal, esta vez en el estado de Guerrero, en la comunidad de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos por elementos de la policía judicial del estado el 28 de junio de 1995. En ambos casos, la impunidad reinó y los culpables nunca fueron llevados a prisión.

Recapitulando brevemente el desempeño económico de México al final de este sexenio, Ernesto Zedillo logró que el país alcanzara una escaza “recuperación” económica, paradójicamente, solicitando otro crédito al FMI, al departamento del Tesoro de los EE.UU. y al Banco Mundial: la deuda externa públicadisminuyó de los $100,993 millones de dólares tras la crisis de 1995 a unos $84,600 millones de dólares, cifra muy similar a la que supuestamente había dejado Salinas de Gortari antes del “error de diciembre”. El dólar siguió devaluándose de los $3.41 pesos por dólar de finales de 1994 pasó a los $6.60 pesos por dólaren 1995 tras el “error de diciembre”, para luego alcanzar un tipo de cambio promedio de $9.36 pesos por dólar al final de su sexenio. Dicho de otra manera, hubo una devaluación de 236% durante este sexenio. En cuanto a la inflación total, esta alcanzó un 205%, en comparación con el 38% de inflación total durante el sexenio de Salinas.

Estos resultados, aunados a todas las controvertidas políticas del sexenio zedillista, expuestas en esta sección del ensayo, ponen de manifiesto el inicio de una crisis en el modelo económico neoliberal en México, crisis que por cierto, continúa hasta nuestros días. Un neoliberalismo que se ha caracterizado por enaltecer sus “éxitos macroeconómicos”, pero que sólo han demostrado beneficiar a muy pocos y, que en contraste, ha fracasado rotundamente en alcanzar el bienestar de la mayoría de la población en México,cuya realidad es una constante indignante: marginación, desigualdad, injusticia y pobreza.

El descontento latente en algunos sectores de la población ante esta desafortunada realidad se puso de manifiesto durante las elecciones del 2 de julio de 2000.

A pesar de un considerable incremento en el índice de abstencionismo, que pasó de un 22.25 % para las elecciones presidenciales de 1994, a un 36.41 % en las del año 2000, según cifras oficiales del IFE, Vicente Fox Quezada, candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) ganó históricamente las elecciones presidenciales de ese año bajo la promesa de llegar a ser el presidente del cambio, ¡Hoy! Con un 42.5 % del total de votos sufragados, vence al candidato oficial del PRI, Francisco Labastida Ochoa que alcanzaría un 36% de los votos.

Siendo todavía presidente, Ernesto Zedillo reconoce oficialmente los resultados preliminares de los comicios en un mensaje televisivo durante la noche de aquel histórico 2 de julio. Y es que no tenía otra opción, sus acreedores, nuestros acreedores, diplomáticamente le sugirieron que México se suscribiera, en



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una transición civilizada, hacia una auténtica democracia (recordemos que durante esas elecciones estuvieron presentes el ex presidente norteamericano Jimmy Carter y una delegación del Centro Carter como observadores electorales). Una democracia que fomentaría la credibilidad de los inversionistas internacionales hacia un país como México, que se había caracterizado por su inestabilidad política, económica y social en los últimos años (Deuda externa, EZLN-Chiapas, asesinatos: Colosio, Ruiz Massieu, etc,etc.)

A nuestro país le urgía esa democracia, y por supuesto también a nuestros acreedores del norte, detal modo que se garantizaría una estabilidad y un posible crecimiento económico en su vecino deudor del sur. Y es precisamente debido a esta urgencia por la democracia, lo evidente que resulta el irremediable, mas no ejemplar, reconocimiento de Zedillo del triunfo democrático en México, ya que de acuerdo al nivel y trascendencia de sus decisiones, no fue precisamente un “facilitador” de la alternancia democrática en el país, un “estadista”, como algunos lo consideran, sino más bien, un fiel dependiente de poderosos intereses políticos y económicos nacionales pero, además, primordialmente de los extranjeros.

Con el estreno de México en la democracia, concluían 71 años de estar bajo el régimen de una “dictadura perfecta” perpetuada por el PRI, como lo señalan varios autores. Una dictadura que ya se encontraba entonces en una agonía terminal de credibilidad y, por ende, con una imposibilidad de legitimarse una vez más como la única opción viable para el desarrollo del país ante los constantes fracasos de sus últimos 5 regímenes sexenales: 30 años ininterrumpidos de crisis desde Luis Echeverría Álvarez hasta Ernesto Zedillo Ponce de León.

Vicente Fox Quesada (2000-2006)

El triunfo de Vicente Fox en las históricas elecciones democráticas en julio de 2000 significó para México una posibilidad de cambio en el rumbo de la política nacional que impulsaría su desarrollo hacia laprosperidad. Pero para alcanzar esa meta, el presidente del cambio no lo tenía nada fácil, esto debido principalmente al hecho de que el recién electo presidente Fox carecía de una mayoría absoluta legislativa que avalara sus iniciativas de cambio, lo cual limitó drásticamente su desempeño en la presidencia. Este fenómeno se reflejó en los resultados de dichas elecciones federales: el PRI y la Alianza por México (PRD, PT, Convergencia, PAS, PSN) ganaron la mayoría en la cámara de diputados y senadores, con un promedio de votos del 55 %, frente a un 38% del PAN. Este evidente desbalance en la composición del órgano legislativo mexicano dejaría en el tintero importantes reformas estructurales y constitucionales durante su sexenio. Gran parte de las promesas de campaña que promocionaron el arribo de Fox hacia la presidencia en temas como combate a la pobreza, apoyo al campo, seguridad, educación, salud, entre otras, no se cumplirían a cabalidad, opacando su imagen como el “presidente del cambio”.



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Bajo esta compleja circunstancia, el presidente Fox asumía su cargo con una estrategia de acción enmarcada bajo un Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 tal y como sus predecesores, pero a diferencia de éstos, pretendía su proyección hacia el 2025, de manera que dejaba de limitarse a un sexenio. Además, el documento de dicho Plan surgiría como resultado de un proceso que tuvo como eje central la participación ciudadana a través de diversos medios como las consultas ciudadanas. Tenía tres postulados fundamentales: Humanismo, equidad, cambio. Pero en lo general, el PND de Fox no representó cambios sustanciales en el desarrollo político, económico y social de México y a continuación se explicará el porqué.

La política económica del gobierno foxista, plasmada en su PND, se caracterizó por reflejar una marcada continuidad del modelo neoliberal de sus antecesores Salinas de Gortari y Zedillo. Por un lado, el esquema privatizador neoliberal reaparece de una manera más cautelosa durante el sexenio de Fox a través de la puesta en marcha en 2002 de las “Asociaciones Público-Privadas”(APP) que en general son una variedad de esquemas de inversión donde participan los sectores público y privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

También estaban los “Proyectos para la Prestación de Servicios a largo plazo” (PPS), los cuales son un esquema de inversión derivado de las APP, y en general operan como servicios de “apoyo” del sector privado al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público.

Otra modalidad empleada era la de los “Contratos de Servicios Múltiples” (CSM), que básicamente son contratos de obras públicas que otorga PEMEX a particulares (contratistas) que recibían un pago fijo en base a costos unitarios por las obras y servicios realizados.

Se reutilizan los “Proyectos de Inversión Diferida”, PIDIREGAS, creados durante la administración zedillista, los cuales consisten en un esquema de inversión (exclusivo de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes de inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión, con recursos presupuestales, una vez recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.

Para el caso particular en la generación de energía eléctrica, se planeó el esquema de “Productor Externo de Energía” (PEE). Dicho mecanismo consiste en que el sector privado, poseedor de una planta,puede generar energía eléctrica y venderla a la CFE, asumiendo ésta todo el riesgo comercial.

Finalmente se tiene también el esquema de “Participación Privada en Infraestructura” (PPI) el cual consiste en la inversión de empresas privadas en la prestación de servicios de infraestructura en los cuales el gobierno no tiene una suficiente capacidad de recursos para financiar. Dicha participación privada puede variar en relación con el nivel de participación del gobierno en los proyectos, la asignación de riesgos, las obligaciones de inversión, los requisitos de operación y los incentivos gubernamentales. De este esquema se deriva el de “Construcción-Arrendamiento-Transferencia” (CAT), que consiste en el diseño, financiamiento y



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comisión de obras de infraestructura (principalmente del sector eléctrico) con recursos de inversionistas privados conforme a especificaciones técnicas y mediante un proceso de licitación del gobierno. Una vez concluida la obra, los inversionistas privados rentan al gobierno la obra hasta que se complete el monto de su inversión, con la opción al final de venta al gobierno.

El origen en la concepción de todos estos esquemas expuestos se explicará más adelante. Es evidente que todos éstos se utilizaron durante el gobierno foxista para llevar a cabo una discretaprivatización en sectores estratégicos del país como la industria eléctrica, PEMEX, la distribución y el tratamiento del agua, entre otros. Como se puede apreciar, eran sectores sumamente delicados, ya que no solo afectaban a la “soberanía nacional” sino que, además, con la inclusión del manejo del agua, ahora también se vería afectado un tema considerado históricamente por el gobierno federal como de seguridad nacional. Era evidente que Vicente Fox no podía privatizar abiertamente estos sectores como sus antecesores lo habían hecho con las telecomunicaciones o el ferrocarril por ejemplo, ya que le hubiera representado no solo la pérdida de su legitimidad, sino además, un inminente conflicto político y social.

En el tema de la privatización en el manejo del agua, si bien esta comenzó desde el sexenio de Salinas de Gortari con la reforma en 1992 a la Ley de Aguas Nacionales, es durante el sexenio de Fox cuando se consolidan los principales proyectos privatizadores (particularmente en la Cd. de México) a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), otorgando contratos y concesiones a empresas privadas(principalmente firmas transnacionales) para el aprovisionamiento y saneamiento del agua bajo el esquema APP y PPS en ciudades como:

- Ciudad de México: Utilities (la compañía más grande en el manejo del agua en el Reino Unido)en asociación con Grupo Gutsa (constructora de obra civil e infraestructura mexicana); Compagnie Générales Des Eaux (compañía francesa) en asociación con ICA (la constructora más grande de México que salvó Zedillo de su supuesta quiebra con el rescate carretero); Suez (compañía francesa líder mundial en el manejo del agua) en asociación con Grupo Peñoles (compañía mexicana dedicada a la minería y al desarrollo de infraestructura); y Tecsa (Suez tiene una participación de 49% y Peñoles el resto). Estas cuatro asociaciones corresponden a las cuatro regiones en las que está dividida esta ciudad para su administración en el manejo del agua a partir de 2004.

- Saltillo: Aguas de Barcelona, empresa española especializada en el manejo del agua opera en esta ciudad coahuilense desde 2001.

Vale la pena incluir también los casos de privatización, previos a la administración foxista, como enla ciudad de Aguascalientes, administrada en su manejo del agua desde 1995 por Compagnie Générales Des Eaux (Francia) en asociación con ICA (México), o como en la ciudad de Cancún, administrada en su manejo del agua desde 1993 por la compañía Suez en asociación con la Compagnie Générales Des Eaux, ambas



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francesas, o como en la ciudad de Puebla, administrada en su manejo del agua desde 1998 por ICA de México.

Todos estos casos de privatización en el servicio del agua, incluyendo los ocurridos durante la administración de Fox, se caracterizaron por múltiples irregularidades que abarcan desde contratos entregados sin licitación, incumplimiento de las empresas participantes, desfases importantes en proyectos y títulos de concesión deficientes. A lo anterior hay que añadir un notable aumento en las tarifas de cobropor suministro, un desequilibrio en el abasto de agua debido a que las empresas privadas solo invierten en ciudades con alta capacidad de ingreso en sus habitantes, ignorando al resto de la población, y una mala calidad en el agua potable, lo que ha incrementado el consumo de agua embotellada. A propósito, en este rubro México ocupa el segundo lugar mundial, sólo después de Italia según analistas de J.P Morgan (Banco de inversión estadounidense) — ¿Se habrán imaginado alguna vez en el pasado nuestros padres o abuelos que tendrían que pagar por un vaso de agua para beber?— y el primer lugar mundial en consumo de bebidas gaseosas como la Coca-Cola, empresa líder del mercado nacional.

Llama la atención que la Suez y la Compagnie Générales Des Eaux (empresas líderes en el manejo del agua en México), en conjunto con la británica-germana RWE, dominan más del 70% del negocio de abastecer el agua en el mundo y que han trabajado estrechamente con el Banco Mundial impulsando la privatización del agua. Numerosos préstamos del Banco Mundial a México han incluido condiciones que obligan a la privatización y la recuperación del costo total en el caso del agua, en otras palabras, significa el incremento de los pagos que hacen los consumidores por la prestación del vital servicio de agua y la eliminación de los subsidios gubernamentales.

Para entender un poco mejor esta influencia del Banco Mundial en la privatización del agua en México, y en particular durante este sexenio de Fox, tenemos que en octubre de 2003 el Banco Mundial, por medio de su filial el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), aprobó un préstamo de 250 millones de dólares a través de su “Préstamo Programático para el Desarrollo de Infraestructura Descentralizada” (Project ID: P080149) cuyo deudor sería el gobierno mexicano, representado a su vez por BANOBRAS. Este préstamo proporcionaría recursos para la inversión en servicios de infraestructura para aquellos Estados de la república que fueran elegibles. La primera etapa de este programa incluía lo referente al manejo del agua y su saneamiento, así como el alcantarillado, además de otros sectores como eltransporte y la vivienda de interés social. El Banco Mundial recomendó igualmente la racionalización del agua, que debía ser operada a través de la participación del sector privado. Asimismo, el organismo sugirió,a través de programas de “asesoría técnica”, el mejoramiento del sistema de almacenaje, distribución y tratamiento de agua en el que la solución serán esquemas de concesiones público-privadas (“Préstamo para la Modernización de los Sectores del Agua y Saneamiento”. Banco Mundial Reporte No: 32795-MX).

Parte de éste préstamo fue utilizado (con previa autorización del Banco Mundial) para crear unprograma llamado PROMAGUA, de la CONAGUA, el cual es parte de un fondo de financiamiento de



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infraestructura que proporciona préstamos a las municipios para que actualicen y expandan sus sistemas de abastecimiento de agua potable.

Por otro lado, a pesar de que durante su campaña electoral Vicente Fox había prometido que no privatizaría a la CFE ni a PEMEX, en agosto de 2002 lanza una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales en lo referente a los rubros de generación de energía eléctrica y la producción de gas natural, tal y como lo habían hecho Salinas de Gortari en 1992 y Ernesto Zedillo en 1999, pero a diferencia de sus antecesores, la reforma de Fox proponía sagazmente “ceder derechos de operación” en la industria eléctrica nacional a particulares, nacionales o extranjeros, en vez de privatizarla formalmente, ya que no pretendía vender los activos de la CFE. El gobierno federal conservaría todos los activos e infraestructura de la industria eléctrica nacional; continuaría generando, conduciendo, transformando, suministrando y vendiendo la electricidad; pero se desprendería del sector más grande y rentable del mercado nacional, el de los grandes consumidores (como la industria), el cual cedería a la inversión privada, nacional y extranjera. La CFE atendería a los sectores no rentables para la inversión privada como son la electrificación rural y el uso doméstico. Dicho de otra manera, una vez más se repetía la doctrina neoliberal de socializar los costos de producción y privatizar las ganancias. La reforma foxista estimulaba una inversión inequitativa a los particulares nacionales o extranjeros, o sea, estos no tendrían que hacer grandes inversiones en infraestructura, principalmente en la transmisión de energía, ya que aprovecharían la existente y, si fuera necesario, la CFE se seguiría encargando de suministrar dicha infraestructura, y en cuanto a la inversión necesaria para las plantas de generación, el gobierno federal financiaría la inversión a los particulares nacionales o extranjeros, para su construcción además de otorgarles estímulos fiscales.

Ante semejante propuesta de negocio, las empresas extranjeras fueron las que naturalmente mostraron mayor interés, y esto fue debido a que contaban con una mayor capacidad tecnológica y de inversión frente a las empresas nacionales que carecían de dichos atributos, precisamente porque la Constitución Mexicana limitaba la participación de la iniciativa privada en los temas energéticos. Es entonces como se puede deducir que dicha propuesta estaba diseñada principalmente para atraer a la inversión extranjera. De esas empresas extranjeras, llama la atención la estadounidense Enron, actualmente desaparecida tras su bancarrota a partir de una serie de escándalos en la reputación de dicha empresa debido en parte a los rumores de pago de sobornos y tráfico de influencias para obtener contratos en América Central, América del Sur, África, las Filipinas e India. Además, se le habían descubierto prácticas irregulares en su contabilidad, y se hizo público que la mayoría de sus ganancias eran el resultado de negocios con una de sus subsidiarias, práctica que permitía disimular en los balances financieros las gigantescas pérdidas que había sufrido. A su vez, las compañías españolas Endesa, Unión Fenosa (que ya operaban de manera ilegal en nuestro país) e Iberdrola, también mostraron su interés, pero llama la atención el hecho de que éstas empresas se habían caracterizado por su constante presión hacia el gobierno español de elevar las tarifas eléctricas en España con el fin de poder hacer frente a sus deudas.



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Otro aspecto de dicha iniciativa de reforma, era legalizar la inversión en el sector de gas incluyendo su exploración y producción no asociada al petróleo (recordemos que Zedillo ya había iniciado esta reforma en 1995). Esta reforma era necesaria debido a que se contemplaba al gas como la principal fuente para la generación de energía eléctrica, facilitando así la unidad de intereses entre el sector eléctrico y de gas natural, o sea, un negocio redondo al partir del cual podemos entonces comprender la excesiva alza en las tarifas del gas natural en México debido principalmente a su alta demanda como combustible para las plantas generadoras de energía eléctrica. Naturalmente, la iniciativa de reforma de Fox no fue aprobada por el Congreso de la Unión, esto debido en parte a que Fox no contaba con una mayoría, pero además, por los argumentos expuestos por los miembros del Congreso que evidenciaban los riegos y las desventajas de la puesta en marcha de dicha iniciativa anteriormente explicados.

Ante la negativa del Congreso a su iniciativa de reforma, Vicente Fox utilizaría una vez más su esquema de privatización encubierta, similar al que usó con el tema del agua. Por ejemplo, en el tema de la exploración, extracción y distribución del gas natural, esta se privatizó bajo el esquema de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM). En 16 octubre de 2003, PEMEX anunció en su boletín de prensa No. 257 que la propuesta económica No. 1857500-129-03, presentada por la compañía española Repsol, por un monto de casi 2,500 millones de dólares fue aprobada para la ejecución de las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de campos de gas no asociado en la Cuenca de Burgos en el Bloque Reynosa-Monterrey.

En lo referente a la sigilosa privatización en la generación de energía eléctrica, esta se llevaría a cabo mediante la utilización de varias estrategias que incluían la utilización de PIDIREGAS, PPI, CAT, PEE entre otros. Para citar unos ejemplos, en enero de 2002, el presidente Fox inauguró 6 plantas de generación de energía bajo los esquemas de “Productor Externo de Energía” (PEE) y de “Construcción, Arrendamiento y Transferencia” (CAT). Dichas plantas fueron:

-Hermosillo, con capacidad de 229MW, operada por Unión FENOSA, de España.- Tuxpan II, con capacidad de 495MW, operada por Mitsubishi, de Japón.- Rosarito III, con capacidad de 498MW, operada por ABB Energy, de Suiza.- Saltillo, con capacidad de 248 MW, operada por Electricité de France, de Francia.- Tres Vírgenes, con capacidad de 10MW, operada por Alsthom de Francia.- San Carlos II, con capacidad de 39MW, operada por Abengoa, de España.

Las seis plantas generarían en su totalidad 1,519MW y representaron una inversión cercana a los 900 millones de dólares. Llama la atención el hecho de que la inversión mexicana, pública y privada, figuró por su ausencia y de que tanto la central de Hermosillo operada por FENOSA así como otras cuatro más que inauguraría Fox en agosto del mismo año: Monterrey II (Alstom), Altamira II (Electricité de France y Mitsubishi), y Monterrey III (Iberdrola de España), son centrales de ciclo combinado a gas natural, lo que nos hace recordar la unidad de intereses entre el sector eléctrico y el de gas natural con la propuesta de reforma energética foxista.



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Como se pudo apreciar en este análisis al proceso “silencioso” de privatización foxista en sectores estratégicos del país, el gobierno federal obtenía los recursos monetarios necesarios para financiar sus proyectos de inversión en infraestructura; a través de dependencias como BANOBRAS, CONAGUA, NAFIN, FINFRA, PIDIREGAS, entre otros. Pero entonces, ¿De dónde obtenían dichos recursos de miles de millones de dólares estas dependencias en un país que se ha caracterizado históricamente por un perdurable déficit fiscal y por la extrema pobreza en la que vive la mayoría de su población? La respuesta es sencilla, el origen de los fondos provenía, en parte, de préstamos que le otorgaba el Banco Mundial al gobierno federal. A partir de los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo y, especialmente, durante el de Fox, se encubrió el origen de dichos recursos a través de la creación de dichas dependencias, (como BANOBRAS) que aparecen como intermediarias entre el Banco Mundial y el gobierno federal, para así poder justificar una legitimidad nacionalista en los proyectos de “modernización” o, mejor dicho, de privatización de los sectores estratégicos del país.

Por otro lado, los “sutiles” esquemas de inversión privada como las APP, PPS, CSM, PPI, CAT son mecanismos privatizadores ideados en conjunto por el Departamento de Infraestructura, Economía y Finanzas (IEF) y el Mecanismo Consultivo sobre Infraestructuras Público-Privadas (PPIAF) del Banco Mundial,sirviendo como herramientas que facilitan dicho proceso a los gobiernos de los países en “vías de desarrollo”, como México. Esto se puede corroborar en la página del Banco Mundial:http://ppi.worldbank.org/resources/ppi_glossary.aspx.

En cuanto al proceso de extranjerización de la Banca mexicana iniciado por Salinas, y consolidado por Zedillo, finalmente concluiría durante el sexenio de Vicente Fox. Según el Banco de México (BANXICO), en su “Historia Sintética de la Banca en México” señala que en mayo de 2001 el Citibank adquiere a Banamex y en noviembre de 2002 HSBC obtiene el control de Bital. A raíz de estas operaciones de trascendentales, la proporción del capital foráneo sobre el capital total de la banca local se elevó continuamente. Así, para el cierre de 2003 esa proporción de capital extranjero ya ascendía a un 82.3% del total nacional, distribuida de la siguiente manera: España, 37.6 % (BBV- Bancomer y Santander-Serfin); Estados Unidos, 27.6 % (Banamex- Citibank, Bank of America y otros); México, 17.7 % (Banorte, Inbursa y otros); Reino Unido, 10.1 % (HSBC – Bital); Canadá, 10.1 % (Scotiabank –Inverlat) y otros (ING, Deutsche, Tokio, Dresdner, Abnamro, etc).

Después de haber leído acerca de esta continuidad en el modelo privatizador neoliberal por parte de Vicente Fox, surge el cuestionamiento de cómo se llegó a esta “urgente” necesidad de privatizar a lasindustrias públicas en sectores estratégicos del país que se encontraban en deplorables condiciones de operación, sin capacidad de recursos para su necesario crecimiento o, inclusive, en la bancarrota.

James Petras (sociólogo, doctorado por la Universidad de California en Berkeley) y Steve Vieux(sociólogo, catedrático de la Universidad de Nueva York) en su informe titulado “Las Trampas de la Privatización” explican de una manera clara el origen del fenómeno privatizador:



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“Justo antes de la venta de las empresas públicas, el Estado deja de invertir, lo que provoca el deterioro en el servicio que proporciona, lo que trae consigo la insatisfacción del público usuario con el sector público y, el apoyo hacia la privatización. El Estado asume el costo que significa cubrir el despido de los trabajadores y empleados, reduce el costo de los insumos y proporciona subsidios; lo que hace que los compradores adquieran empresas con costos de producción y laborales bajos. Una vez que la privatización se lleva a cabo, de inmediato aparece el auge en la actividad lo que parece resultado de la privatización y no producto de una política deliberada del estado que trabaja en concertación con la elite privatizadora.

Al vender empresas públicas, el régimen y los compradores hacen un gran despliegue publicitario de los nuevos acuerdos firmados por ambas partes, en los que el sector privado está de acuerdo en invertir cientos de millones de dólares, en crear miles de nuevos empleos, en incrementar los ingresos por concepto de exportaciones con base en cierta figura geométrica, en transferir nuevas tecnologías, en proporcionar servicios con bajos costos, etcétera.”

En otra parte de este informe señala:

“Con frecuencia los inversionistas vinculados al régimen político, socios empresarios del presidente, o los altos funcionarios del poder ejecutivo, se benefician de la privatización. El proceso privatizador a llevado a la corrupción a niveles sin precedentes. En la transferencia de la propiedad pública a la privada, cientos de miles de millones de dólares han pasado y se han quedado en manos de los políticos, degradando con ello al sistema electoral.”

A partir de esta explicación, resulta sencillo ubicar en su contexto real el caso de la privatización de TELMEX durante el sexenio de Salinas de Gortari; los beneficios que percibió Ernesto Zedillo tras las privatizaciones durante su sexenio, la investigación a Vicente Fox por enriquecimiento ilícito de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados en 2008 y otros tantos casos de complicidad entre políticos y empresarios oligárquicos.

Habría que añadir también que tras la privatización o venta de las empresas públicas, se generan ingresos que el Estado posteriormente destinará, en gran parte, al pago de las deudas contraídas previamente con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, o el Banco Mundial, quienes a su vez brindaron, paradójicamente, otros préstamos, y toda la asesoría técnica necesaria, para desarrollar dicha privatización.

De esta forma, con la reducción del gasto público vía las privatizaciones y el subsecuente pago de préstamos con el exterior, se puede comprender en parte el notable saneamiento en las finanzas públicas por concepto de duda externa pública durante el sexenio foxista: la deuda externa bruta pasa de $84,600millones de dólares en 2000 a $ 54,766 millones de dólares en 2006. Por otro lado, el peso frente al dólar



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continúo depreciándose, de tal forma que el tipo de cambio en 2000 era de $9.36 pesos por dólar. Al final del sexenio, en 2006, el peso se había devaluado un 16%, con un tipo de cambio de 10.88 pesos por dólar.

En cuanto a su compromiso de “acabar con el rezago en el campo”, el gobierno de Vicente Fox no fue capaz de aportar un cambio sustancial para las condiciones de rezago en la que se encontraba dicho sector. Esto se debió principalmente a que, una vez más, Fox continuaría con la misma política de sus antecesores. Le dio seguimiento al programa PROCAMPO, buscó fomentar la “apertura” y “competitividad” en el campo mexicano, dicho de otra forma, continuó sometido a los lineamientos previamente pactados en el TLCAN que, como hemos visto anteriormente, promueven el apoyo a los grandes productores y marginana los campesinos. Este fenómeno se refleja en las cifras de la “Evaluación de Resultados del Ejercicio Fiscal 2006” de la agencia Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) de la SAGARPA.

ASERCA señala en dicho estudio que durante el periodo comprendido entre 2000 y 2006, del presupuesto total de $30,307 millones de pesos (MDP) propuestos como apoyo al campo mexicano, $17,829MDP, o sea un 58.8% de los recursos, fueron destinados a los Estados norteños de Sinaloa ($8,623 MDP), Sonora ($5,083 MDP) y Tamaulipas ($4,123 MDP). En contraste, Estados como Chiapas ($1,090 MDP), Guerrero ($16.2 MDP) o Veracruz ($324 MDP) en su conjunto solo recibieron $1,430.2 MDP, o sea un 4.72% del total de los recursos. Pero lo que más llama la atención de todo esto, es el hecho de que en estos estados de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas se encuentran campos para el cultivo de productos transgénicos como: maíz, tomate, jitomate, chile, papa, soya, algodón, entre otros cultivos transgénicos. Los principalesproveedores en México de las semillas transgénicas son las corporaciones transnacionales Monsanto y Pioneer-Dupont, ambas compañías norteamericanas y líderes a nivel mundial en el desarrollo de biotecnología.

Otro aspecto que llama la atención es que el monto en las importaciones netas de productos agropecuarios se incrementó frente al de las exportaciones de los mismos. Dicho en otras palabras, se compró más del exterior para el consumo nacional, que lo que se produjo para vender. De tal manera que se tienen las siguientes cifras:

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA SINTETIZADA (2000-2005)IMPORTACIONES

(millones de dólares)EXPORTACIONES

(millones de dólares)2000 2005 (2000-2005) 2000 2005 (2000-2005)

$ 9,430 $ 14,294 $71,416 $ 8,269 $ 11,742 $ 56,009 FUENTE: Sexto Informe de Gobierno. Vicente Fox. Balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria, basado en datos del Banco de México. Se omitió el año 2006 debido a que eran cifras

}pre-eliminares al mes de julio.

Esta continuidad en el abandono del campo mexicano durante el sexenio foxista, y la subsecuente marginación de los campesinos, también provocó un aumento en el fenómeno de la emigración ilegal hacia



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los E.E.U.U. Muchos “mexicanos y mexicanas”, como diría Vicente Fox, se vieron en la penosa necesidad de salir del país en busca de mejores oportunidades en el vecino país del norte. Según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO) en su conteo de flujo migratorio en la frontera norte, durante el año 2000 alrededor de 454,707 personas cruzaron dicha frontera, en 2006 el número de personas se incrementó a 815,569, en pocas palabras, el flujo migratorio aumentó un 79% al final del sexenio. Otro dato importante es que en promedio, alrededor del 60 % de estos migrantes provenían de zonas rurales. Vale la pena aclarar que estas cifras se obtuvieron a partir de encuestas, así es que se puede deducir que la dimensión de este fenómeno migratorio es aún mayor dada su naturaleza de clandestinidad.

Ante este notorio incremento en el flujo migratorio ilegal hacia los E.E.U.U. el gobierno de dicho país aprobaría en mayo de 2006 la construcción de un muro de 1,126 kilómetros en su frontera con México, dotado con la más alta tecnología en detección y monitoreo. El presidente Fox cínicamente lo catalogaría como “el muro de la vergüenza”, pero habría que preguntarnos ante todo lo que se ha planteado, quién debería tener vergüenza.

Así pues, como se ha podido apreciar, el presidente Vicente Fox se caracterizó más por su continuidad que por el cambio. Si bien hay que reconocer el mejoramiento en la economía del país durante su sexenio, el precio que se tuvo que pagar por esto fue muy alto: marginación del campo mexicano en favor de los intereses de grandes productores privados; incremento en el flujo de emigrantes ilegales hacia los E.E.U.U.; extranjerización de la banca; incremento en el costo de los servicios públicos como electricidad, gas y agua debido a su “disfrazada” privatización. De hecho, se podría decir que lo único que cambio en México fue el color en el partido oficial: azul en lugar de tricolor.

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012)

Se puede considerar que el arribo a la presidencia de Felipe Calderón ocurrió bajo el proceso electoral más reñido en la historia moderna de México: con un 35.89% del total de los votos Calderón ganó las elecciones del 2 de julio de 2006 frente a un 35.33% de su contrincante más cercano, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, el margen por el cual Calderón ganó dichas elecciones fue de un 0.56%.

Sin embargo, estas elecciones también se caracterizarían por la controversia desatada respecto a la legitimidad de los resultados en dichos comicios. Por lo tanto, vale la pena considerar algunasirregularidades en ciertos números presentados por el IFE que, si se analizan detalladamente, podrían cambiar la percepción de equidad y transparencia en dicha contienda electoral.

En primer lugar, según cifras del Instituto Federal Electoral, tenemos que la lista nominal para dichas elecciones era de 71,374,373 personas. Ahora bien, el IFE aclara que para el 2 de julio hubo una disminución



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del 5.42 % en la proporción de ciudadanos registrados en dicha lista, lo que significa que 70,987,524personas conformaron la lista nominal actualizada al 2 de julio de 2006.

Lo que llama la atención es que esta cifra del IFE no coincide en lo absoluto con datos del INEGI y con estimaciones del CONAPO referentes a la población con edad para votar y a continuación veremos porqué.

Según datos del INEGI, en su “Conteo de población y vivienda 2005”, el total de la población con una edad de 17 años y mayor a ésta fue de 67,406,663 personas. Se consideró para esta cifra a la población de 17 años puesto que el conteo se efectuó un año antes de las elecciones. También se incluyó a un sector de la población denominado por el INEGI como “no especificado”. A su vez, las cifras del CONAPO en sus “Proyecciones de población a mitad de año por sexo y edad, 2005-2050”, muestran que para el mes de junio de 2006, se proyectaba una población de 66,358,547 personas mayores de 18 años. Cabe señalar que todos estos datos se pueden corroborar en las bases de datos en internet de las entidades citadas, y a su vez dichas direcciones de internet se pueden consultar en las fuentes bibliográficas del presente ensayo.

Estos datos se consiguen apreciar de una manera más clara en la siguiente tabla:

DIFERENCIAS EN LAS CIFRAS DE PERSONAS CON MAYORIA DE EDADINEGI:CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005

VS.IFE: LISTA NOMINAL DE ELECTORES

CONAPO: PROYECCIONES DE POBLACION, 2005-2050VS.

IFE: LISTA NOMINAL DE ELECTORESINEGI IFE DIFERENCIA CONAPO IFE DIFERENCIA

67,406,663 70,987,524 3,580,861(5 %)

66,358,547 70,987,524 4,628,977 (6.5 %)

FUENTES: INEGI CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005. CONAPO PROYECCIONES DE POBLACION, 2005-2050. IFE, PARTICIPACION CIUDADANA ELECCIONES FEDERALES 2006.

Estas cifras del INEGI están basadas en un conteo físico y no en proyecciones, a diferencia de las del CONAPO. Considerando la imposibilidad de que ni una sola persona con edad para votar hubiese fallecido durante un año, es decir de 2005 a 2006, se puede apreciar que existe una diferencia de población de un 5 % con respecto a la lista nominal del IFE. Si estos datos del INEGI son correctos, podemos concluir que existieron 3,580,861 registros sin ciudadano, es decir, gente que no existió, y que entonces no pudo haber votado a menos, claro, que éstos “espectros” pudiesen votar y que, además, tuviesen un celoso deber cívico de asistir a las elecciones sin abstenerse en lo absoluto de votar. Estos 3,580,861 registros sin ciudadano son similares, por poner un ejemplo, al total de habitantes en 2005 del estado de Oaxaca: 3,506,821, según cifras del INEGI. Recordemos también el mínimo margen con el que ganó las elecciones Calderón: 233,831 votos según datos del IFE. Por otro lado, según el IFE, solo había 40,876 personas en “Lista Nominal de



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Electores Residentes en el Extranjero” y, de los mismos, solo se contabilizaron 32,632 votos en las elecciones de 2006.

La controversia desatada respecto a esta sospechosamente mínima diferencia con la que el PAN ganó la presidencia en 2006 y otras aparentes irregularidades fueron denunciadas por su oposición: “La coalición por el bien de todos" de López Obrador, la cual interpuso 240 impugnaciones, equivalentes al 64 %del total de 376 impugnaciones impuestas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). A esto hay que añadir las exigencias de AMLO de contabilizar “voto por voto y casilla por casilla”, o sus plantones que trastocaron la vida de los habitantes en la ciudad de México.

Sin embargo, tras dos meses marcados por una tensión política, y ante la negativa del conteo voto por voto al considerarse como improcedente, el 5 de septiembre de 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaría el resultado de las elecciones del 2 de julio de ese año. Y es que, citando la célebre frase que pronunció Felipe Calderón un mes antes de las elecciones: “Haiga sido como haiga sido”,sería el legítimo presidente electo de México.

De este modo, Felipe Calderón llega al poder en condiciones de gran adversidad. Tan solo basta recordar que sería el único presidente en la historia moderna mexicana que tomaría protesta ante el Congreso de la Unión en medio de una ríspida ceremonia que sólo duraría cinco minutos y que una vez concluida, se vería forzado a salir por la puerta trasera del recinto (por donde también había ingresado) en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, tras el amotinamiento ocurrido horas antes en el lugar perpetrado principalmente por legisladores opositores del PRD. Las características bajo las cuales se desarrolló este acontecimiento pondrían fin al tradicional ritual del presidencialismo mexicano establecido por el PRI.

Ante tal escenario, era evidente que requería afianzar su legitimidad como presidente lo más pronto posible, y así lo demuestran sus acciones: el 11 de diciembre, a solo diez días de haber tomado su cargo, declara la guerra al crimen organizado mediante un fuerte operativo en el que participarían 4,260 militares enviados a su natal estado de Michoacán, donde la excesiva violencia había dejado durante ese año un saldo de 542 muertos. Pero la violencia excesiva del narcotráfico no se limitaba a Michoacán, también incluía a estados como Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

Se comienza a vislumbrar entonces un cambio en la estrategia presidencial calderonista. Ahora lomás importante para “el presidente del empleo” sería brindarle seguridad a los mexicanos.

Y es que tenía demasiada lógica ese cambio de estrategia en la política de Calderón. Lo anterior se puede deducir principalmente a partir de dos hechos:



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- Se vislumbraba un panorama sombrío para la economía mexicana y esto se debíaprincipalmente a la desaceleración económica mundial que se vivía en esos tiempos ocasionada en parte a un incremento en la inflación mundial, un aumento en el déficit de la economía de losE.E.U.U. nuestro principal socio comercial, y a una caída en la producción mundial según estudios de la ONU y del FMI durante 2006.

- La exigencia diplomática de los E.E.U.U. de una democracia que fomentara la confianza de los inversionistas internacionales hacia nuestro país y el libre comercio, ya que bajo la perspectiva de nuestros vecinos del norte, nuestro país aún continuaba caracterizándose por su inestabilidad social en los últimos tres sexenios: EZLN-Chiapas, asesinatos políticos pero, sobre todo, el tráfico de drogas y las guerras entre cárteles del narcotráfico.

Entonces, ¿cómo podría ser “el presidente del empleo” ante el inminente riesgo de una crisis en un futuro muy cercano? Lo más oportuno era pasar a un segundo plano esa estrategia electoral, aunque no la abandonaría del todo, ya que era una de las metas en su Plan Nacional de Desarrollo: 800 mil empleos al año. Aunque, reflexionando un poco, no importaría mucho si lograba o no esa meta, ya que se puede deducir que una vez que alcanzara su evidente prioridad de alcanzar una legitimidad para su régimen, auspiciada bajo el reconocimiento de los E.E.U.U. no habría de que preocuparse ante el surgimiento de cualquier tipo de amenaza para su gobierno, incluyendo posibles conflictos sociales.

Calderón ya había mandado un claro mensaje al gobierno de los E.E.U.U. sobre su determinación en su lucha contra el crimen organizado con el operativo militar en Michoacán. Bajo esa determinación, logra una estratégica alianza militar con los E.E.U.U. al iniciar formalmente las negociaciones en marzo de 2007 de la Iniciativa Mérida pactada entre Felipe Calderón y el entonces presidente George Bush Jr. Dicha iniciativaoficialmente contempla acciones específicas para:

- Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en México;- Reforzar los esfuerzos internos de procuración de justicia en Estados Unidos;- Ampliar la cooperación bilateral y regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia

transnacional organizada.

Cabe mencionar que la Iniciativa Mérida, gemela del Plan Colombia, es también un mecanismo de financiamiento militar que integra a México con el Comando Norte de los E.E.U.U. a través de personal del ejército norteamericano y contratistas militares norteamericanos como: Dyncorp, Northrop Grumman Corp., NOC y Blackwater, corporaciones que, en los distintos conflictos bélicos propiciados por los E.E.U.U. en el mundo, como Irak o Afganistán por ejemplo, han convertido a la guerra en un negocio sumamente lucrativo. Entre los servicios contemplados se encuentran: asesorías, equipo (helicópteros, aeronaves, vehículos, etc), entrenamiento militar, intercambio de información y movilización “conjunta” de tropas.



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Es así como el presidente Calderón ya no tendría por qué preocuparse del financiamiento para su cruzada contra el crimen organizado. En junio de 1998, el presidente Bush firma una ley aprobada por el Congreso de los E.E.U.U. que destinaría $162,000 millones de dólares para pagar los gastos de las guerras en Irak y Afganistán y que, por supuesto, también incluía recursos para la Iniciativa Mérida: $465 millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico y la violencia en México y Centroamérica.

Vale la pena reflexionar un poco acerca del posible riesgo de que los intereses del ejército norteamericano y su industria militar impongan de manera exagerada una prolongada amenaza de riesgos,reales o supuestos, en la seguridad nacional de México a fin de perpetuar sus negocios. Para darnos una idea de la magnitud del poderío económico de la industria militar norteamericana, y evitar suposiciones paranoicas, basta con citar el caso de uno de los contratistas de la Iniciativa Mérida: Northrop Grumman, compañía líder en el desarrollo de sistemas de defensa como: aeronaves (construye el bombardero B-2, el más caro del mundo), sistemas electrónicos de detección, radares, sistemas biométricos de identificación, barcos de propulsión nuclear, satélites, etc. Es el cuarto contratista militar más grande en el mundo, coningresos de $33,887 millones de dólares, según su informe anual de 2008. Dichos ingresos, comparativamente, fueron 42.39% superiores a la “Balanza Comercial Petrolera de México” en 2008: $14,365 millones de dólares, según cifras del Banco de México.

Ante todo lo anteriormente expuesto, surge una interrogante: ¿En qué nos está metiendo el presidente Calderón a los mexicanos en su afán de aquel entonces por consolidar su presidencia bajo la premisa de combatir eficazmente al narcotráfico?

En lo referente a la economía del país, al sexenio calderonista le ha tocado la difícil labor de experimentar una de las peores crisis mundiales, semejante a la “gran depresión” ocurrida en 1929.

Previo a este contexto mundial de crisis, en junio de 2007 presenta su “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”. Citando al mensaje oficial: “establece una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables”. Está estructurado en cinco ejes rectores:

1. Estado de derecho y seguridad.2. Economía competitiva y generadora de empleos.3. Igualdad de oportunidades.4. Sustentabilidad ambiental.5. Democracia efectiva y política exterior responsable.

Y es que hablando de esas bases “sólidas, realistas y, sobre todo, responsables” del PND tenemos que, en tan sólo un año, la deuda externa pública, que onerosamente había saneado Fox al final de su sexenio, pasó de los $54,766 millones de dólares en 2006 a unos $55,354 millones de dólares en 2007. En



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otras palabras, durante el primer año de Calderón como presidente, la deuda externa había aumentado en unos $588 millones de dólares. Vale la pena aclarar que este incremento en la deuda fue anterior al estallido de la crisis en 2008.

Dicha crisis económica en México está íntimamente relacionada con la desaceleración de Estados Unidos de los últimos años, tal y como lo había pronosticado la ONU y el FMI en 2006. Aunque para el Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que previamente se había desempeñado como subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), dicha desaceleración no afectaría al país como en el pasado: “ahora le dará un catarrito y no una pulmonía, como antes”, ya que, según sus estimaciones la economía mexicana estaba “blindada” ante cualquier eventualidad financiera proveniente del exterior, así lo expresaría en febrero de 2008.

Desafortunadamente ahora sabemos que el diagnóstico de Agustín Carstens de un “catarrito” parala economía mexicana se complicaría y pasaría a una neumonía que presentaba síntomas tales como:

- Devaluación de un 38% del peso frente al dólar. El tipo de cambio en julio de 2008 era de$10.00 pesos por dólar. Para diciembre del mismo año era de $13.83 pesos por dólar.

- Los recursos del gobierno federal derivados del petróleo bajaron en un 24% durante el primer trimestre de 2009 según cifras de la SHCP.

- El saldo de la deuda externa pública bruta aumentó de los $59, 578 millones de dólares registrado al cierre de 2008, a unos $85,420 millones de dólares al primer trimestre de 2009 según cifras del Banco de México.

- Aumento en el desempleo de un 3.96% en enero de 2007 a un 5 % para el primer trimestre de 2009 del total de la población. Dicho de otra forma, se había incrementado el número de desempleados en alrededor de 1,102,400 personas. Ante esta terrible realidad, se “esfumarían” las metas del “presidente del empleo”.

No debería entonces sorprendernos que el gobierno federal, presidido por Calderón continuaría sometiéndose a las ya tradicionales líneas de crédito transexenales y “recomendaciones” del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, dada la coyuntura económica mundial. Esto se refleja en un documento del Banco Mundial titulado: “Estrategia de alianza con los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2008-2013” de su Unidad Administrativa para México y Colombia (Report No 42846-MX). Según este documento dichas estrategias consisten en continuar con los proyectos de privatización iniciados en sexenios anteriores en sectores estratégicos como: infraestructura, energía, manejo del agua, salud, vivienda, educación. Pero ahora también incluían la modernización del sistema judicial y hasta el medio ambiente.



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En lo referente a la modernización del sistema judicial, en un comunicado de prensa fechado el 17 de junio de 2008 del gobierno federal anuncia: “El Presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó el Decreto de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, el cual dotará de mejores herramientas jurídicas para el combate a la delincuencia y permitirá modernizar a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, a partir de la oralidad y el establecimiento de un nuevo modelo de seguridad pública que brinde confianza a los ciudadanos“. Lo que omitió decir este comunicado es el hecho de que el Banco Mundial fue quien financió esta reforma constitucional con $30 millones de dólares a través de un préstamo otorgado a BANOBRAS por su filial el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, BIRD (LOAN NUMBER 7250-ME). Este préstamo es una herramienta de su proyecto “State Judicial Modernization Supporting Access to Justice Project” (P074755). El crédito estaba destinado alentrenamiento y capacitación de personal, renta de instalaciones para dicho entrenamiento, viáticos para jueces y personal judicial seleccionado para su entrenamiento, trabajos y sub-proyectos en infraestructura y restauración de instalaciones judiciales, entre otros.

Recordemos también que uno de los ejes del PND de Calderón es la “Sustentabilidad ambiental”. Como parte de su estrategia para lograr dicha sustentabilidad, en febrero de 2007 presenta su programa “PROÁRBOL” cuyo objetivo es contribuir a la reforestación de ejidos, además de reducir la marginación desus habitantes y la captura y reducción de emisiones de CO₂. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es la institución responsable de llevar a cabo este programa a través de diversos mecanismos como:

- Formulación de proyectos de captura CO₂.

- Adopción de políticas para el otorgamiento de apoyos a proyectos forestales de captura de CO₂ y promoción de normas para el desarrollo de un mercado nacional de emisiones.

- Pagos por servicios ambientales hidrológicos y por conservación de la biodiversidad.

- Gestión de cartas de aprobación por parte de la autoridad nacional designada en proyectos de CO₂.

- Fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas para la formulación y ejecución de proyectos de captura de CO₂.

Ahora bien, recordemos que el Banco Mundial, en su reporte No 42846-MX, señala como prioritario el tema del medio ambiente en su “Proyecto de Servicios Ambientales” para México (P087038). Dicho proyecto ambiental proveería asistencia técnica a la CONAFOR para mejorar las capacidades de comunidades y ejidos de otorgar servicios ambientales. De tal forma que en mayo de 2006 el Banco Mundial, mediante su filial el BIRD, otorga un crédito por $45 millones de dólares al gobierno federal a través de la CONAFOR, la comisión encargada de “PROARBOL”. (LOAN NUMBER- 7375-ME). Este crédito financiaría servicios ambientales en materia de:



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través de la CONAFOR, la comisión encargada de “PROARBOL”. (LOAN NUMBER- 7375-ME). Este crédito financiaría servicios ambientales en materia de:

- Agua. - Diversidad biológica. - Captura de CO₂- Becas para la capacitación de habitantes en las áreas piloto elegibles.

Lo que llama la atención de esa estrategia “ambientalista” de PROARBOL, financiada por el Banco Mundial, son algunos de sus mecanismos. Uno de ellos en particular, el que se refiere a la captura de dióxido de carbono a través de la reforestación de arboles que capturen el CO₂ de la atmósfera. Según sus cifras,México emitía 643 millones de toneladas de CO₂ en 2006. De acuerdo a sus estimaciones, una hectárea de árboles plantados es capaz de absorber entre 75 y 200 toneladas de CO₂ dependiendo de la especie de árbol plantado, condiciones climáticas etc. Asumiendo, como ejemplo ilustrativo, el que una hectárea absorbiera 100 toneladas, esto significaría que se requerirían 6,430,000 hectáreas para absorber nuestras emisiones de CO₂ de 2006. Es decir, requeriríamos de 64,300 km² de árboles plantados, equivalente a poco menos de toda el área abarcada por el estado de Nuevo León: 64,824 km².

Según especialistas, las tierras sin vegetación generalmente no son adecuadas para la mayoría de las especies de árboles, y mucho menos las tierras erosionadas por años de agricultura. Y así lo demostraron los hechos: En 2009, a dos años de su creación, PROARBOL: “el principal programa de apoyo al sector forestal” impulsado por el presidente Felipe Calderón, no rindió frutos: más de la mitad de lo plantado no fueron árboles, sino cactáceas, y 90% de lo sembrado en 2007 ha muerto, según cálculos oficiales. El manejo en los recursos invertidos para este “presuntuoso” proyecto de reforestación se caracterizó por sucorrupción e irregularidades. Ante todo lo planteado, surge la interrogante en cuanto a la poca eficacia demostrada tanto de los “proyectos de apoyo” financiados por el Banco Mundial y del manejo turbio de dichos recursos por parte del gobierno federal.

Continuando con lo referente a la continuidad del presente gobierno federal hacia las políticas neoliberales para la privatización del sector público, específicamente en el sector energético, se tiene por ejemplo la propuesta de “Reforma Energética” planteada por el presidente Calderón en abril de 2008.

A principios de 2008, previo a su propuesta de reforma energética, el gobierno de Calderón puso en marcha una estrategia destinada a convencer a la opinión pública de la necesidad de abrir la industria petrolera a la inversión privada, continuando con la discreta forma de privatización de “Contratos de Servicios Múltiples”, anteriormente explicada. Se podría entonces deducir un latente riesgo real de convertir a PEMEX en una empresa administradora de contratos.



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Continuando con el tema de la estrategia de convencimiento por parte del gobierno federal, éstaconsistió en difundir planteamientos “alarmantes” que si se analizan detalladamente resultan falsos y contradictorios. A continuación veremos porqué.

- “México ya no tiene reservas de petróleo y durarán menos de 10 años”.Lo cierto es que este argumento resulta bastante absurdo y contradictorio ya que, según la información oficial de PEMEX en su anuario estadístico de 2006-2007, demostraba que el paíscontaba con reservas probadas que sumaban 15,514 millones de barriles (mdb), reservas probables de 15,527 mdb y posibles de 14,604 mdb. En total, México tenía reservas en 2007 que ascendían a 45,376 millones de barriles, las cuales eran reservas certificadas, cuya duración se estimaba en unos 30 años según la “Memoria de labores 2008” publicada por PEMEX en mayo de 2009.

- “Pemex no tiene la tecnología para explorar y perforar en aguas profundas del Golfo de México, necesita aliarse con empresas internacionales poseedoras de esa tecnología”.Este argumento también se contradice con el hecho de que el 63% de su presupuesto en 2008 se destinó a inversiones de exploración lo que equivale a unos 14,500 millones de dólares aproximadamente. Por otro lado, especialistas de Pemex en altos cargos de dirección, afirman que la tecnología se puede rentar o comprar, lo cual resulta una práctica común de las empresas, incluso de las transnacionales más grandes.

- “Pemex no tiene dinero para llevar a cabo las exploraciones necesarias para encontrar los yacimientos que compensen la caída de las reservas y de la extracción de petróleo”.Esta declaración del gobierno calderonista tampoco correspondía con la información oficial de PEMEX en su Anuario Estadístico 2008, que posiciona a PEMEX como la empresa con mayores ingresos por ventas en el país. También informa que obtuvo ingresos por $104,548 millones de dólares en 2007. El problema financiero de PEMEX obedece a que la SHCP tradicionalmente ha aplicado a PEMEX un régimen fiscal confiscatorio. Durante varios años ha tenido una carga fiscal superior al 100% de sus utilidades. Por ejemplo, se tiene que en 2005 la carga fiscal de PEMEX fue de un 110%. Después se haría una reforma fiscal a PEMEX en 2006, pero aún y con esa reforma, se tiene que en 2007 la carga fiscal fue de un 102% sobre sus “ganancias”. Imaginemos que la SHCP nos cobrara íntegramente nuestro sueldo, pero además, después de eso, le quedáramos debiendo un 2% extra. Siguiendo esta alegoría, entonces podemos considerar como un ultraje lo que la SHCP está haciendo con PEMEX. Resumiendo, PEMEX está continuamente endeudándose para pagar impuestos al gobierno federal.

Luego, un mes antes de la propuesta de reforma energética, el 30 de marzo de 2008, el director general de PEMEX, Jesús Reyes Heroles presentó el “Diagnóstico: situación de Pemex”, elaborado por la Secretaría de Energía y PEMEX para mostrar las deficiencias de Petróleos Mexicanos y la problemática de las



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actividades de la industria petrolera. Dicho diagnóstico destaca una caída en la producción de petróleo a partir de 2005 cuando se extrajeron 3.33 millones de barriles diarios (mdb) hasta llegar en 2007 a 3.08 mdb, mostrando una caída de 300 mil barriles diarios como resultado del descenso de la producción del yacimiento Cantarell, el principal abastecedor de crudo en el país con más del 60% del total extraído en México. En refinación plantea la escasa producción de gasolinas, diesel y de otros petrolíferos, y el aumento de las importaciones, particularmente de gasolinas; en 2007 las compras externas de éstas cubrieron el 41% de la demanda interna. Además hace referencia de una insuficiencia en la infraestructura para el almacenamiento y un deterioro del sistema de ductos, entre otros.

Pero este diagnóstico omite señalar que este deterioro en la situación actual de PEMEX se debe principalmente a una negligencia por parte del gobierno federal durante los últimos 5 sexenios neoliberales que se han caracterizado por su restricción a la inversión y su omisión de estímulos fiscales que tanto necesita PEMEX. Lo curioso es que estos gobiernos sí han apoyado a la iniciativa privada, particularmente ala extranjera, como lo hemos visto anteriormente. Por otro lado, vale la pena recordar esta frase de James Petras:

“Justo antes de la venta de las empresas públicas, el Estado deja de invertir, lo que provoca el deterioro en el servicio que proporciona…”



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Se puede reflexionar entonces que este deterioro en PEMEX se ha debido principalmente al menosprecio de los gobiernos neoliberales hacia dicha empresa “orgullo de los mexicanos”. Aunque este “orgullo” no se refleja en el porcentaje del PIB nacional destinado para el presupuesto del sector energético, ya que presenta un tremendo déficit como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

GRAFICA ELABORADA POR EL AUTOR EN BASE A DATOS DE: - Cámara de diputados. Centro de estudios de las finanzas públicas.“Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, 1980-2006”

Como se puede apreciar, la caída en el presupuesto del sector energético ha sido terrible durante estos regímenes neoliberales en México. De un 2.69% a comienzos de la presidencia de Miguel de la Madrid, pasamos a un mínimo histórico del 0.05% durante la presidencia de Salinas de Gortari. Luego hubo una recuperación que llegaría a un máximo del 0.93% durante el sexenio de Fox para luego caer hasta alcanzar el 0.48% durante el actual sexenio de Felipe Calderón.



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Debido a todo lo anteriormente expuesto, no debería extrañarnos la “alarmante caída en la producción de petróleo”, “la imposibilidad de PEMEX para invertir en la exploración de yacimientos”, su“incapacidad de refinación del petróleo para evitar la importación de gasolinas” y la “urgente necesidad de incluir a la inversión privada extranjera en PEMEX”, los cuales son algunos de los principales argumentos planteados en el diagnóstico de PEMEX previo a la propuesta de una “reforma energética” planteada porCalderón.

En la siguiente gráfica se puede apreciar la caída en las reservas de hidrocarburos durante los últimos 5 sexenios neoliberales.

Tenemos entonces que, debido a esta incongruente urgencia por modernizar a PEMEX vía su privatización, entre septiembre y octubre de 2008 la cámara de senadores, y posteriormente la de diputados, aprobarían las primeras cinco iniciativas, incluyendo a las reglas en los contratos para que empresas privadas puedan realizar trabajos de exploración y extracción de crudo tal y como se planteó en la “Reforma Energética” del gobierno de Felipe Calderón. Dichas iniciativas aprobadas fueron:



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- Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.- Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.- Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de la Comisión

Reguladora de Energía.- Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley

Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.- Iniciativa de Ley de la Comisión del Petróleo.

Llama la atención el que se haya aprobado dicha reforma, particularmente a la “Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo”, ya que resulta inconstitucional, al violar el párrafo VI del artículo 27 de la Constitución, el cual estipula que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”. Entonces, surgen variasinterrogantes respecto a esta inconstitucionalidad en dicha reforma:

-¿Por qué los legisladores aceptaron violar la Constitución? Si se reflexiona un poco tenemos que, por ejemplo, era más congruente para los intereses de la nación el aprobar una reforma en materia fiscal que liberara eficazmente a PEMEX de su eterna deuda con Hacienda, de manera que obtuviera los suficientes recursos para continuar operando de una manera independiente, pero sobre todo, sin violar la Constitución.

-¿Por qué el presidente Felipe Calderón en lugar de proponer su “Reforma Energética” no buscómecanismos para aumentar el presupuesto federal hacia el sector energético?, Esto se puede deducir a partir del hecho de que continuó adquiriendo líneas de crédito con el Banco Mundial para, por ejemplo, sembrar nopales en el monte. ¿No hubiera sido en todo caso más oportuno conseguir financiamiento para la empresa “orgullo de México” que generó 14,365 millones de dólares en 2008, según cifras del Banco de México?

-¿Porque el empeño del gobierno de Calderón en negar que se trataba de una privatización de PEMEX?Esto se contradice con la definición de privatización según el libro “Accounting, Valuation and Privatization” publicado por la ONU:

“La definición de privatización va más allá de la transferencia de la propiedad pública al sector privado; engloba el concepto más general de introducción de las fuerzas de mercado o el reforzamiento de las fuerzas de mercado existentes; en el mundo, la privatización se ha llevado a cabo mediante tres formas principales: - Contratación de las actividades de las empresas estatales con empresas privadas, - Desregulación de los monopolios o cuasi monopolios y - Venta de los bienes o activos públicos”.



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En definitiva, podemos concluir que dicha reforma en lugar de fortalecer a PEMEX, ésta lo debilitó aun más, debido en parte a que el gobierno de Calderón impulsó esencialmente a que el mercado internacional, con una evidente superioridad tecnológica, tomara el control de las actividades petroleras que originalmente fueron otorgadas a la Nación por la Constitución mexicana. Lo anterior a costa de una inminente desintegración o desmantelamiento de PEMEX, una pérdida en la soberanía del territorio más rico en recursos petrolíferos, al abrir la explotación especialmente en aguas profundas, de yacimientos de crudo y otros hidrocarburos como el gas natural, a empresas transnacionales incentivándolas con lucrativos contratos y estímulos fiscales. Se puede también prever el enorme costo económico y social que significará para las futuras generaciones de México el quebranto a este patrimonio nacional como lo es el petróleo y lo paradójico que resulta dicha pérdida, ya que ha sido una de las principales fuentes de recursos para los gobiernos federales a lo largo de la historia moderna de México.

Finalmente habrá que esperar el desenlace de este controvertido sexenio presidido por Felipe Calderón, un sexenio marcado por experimentar una de las peores crisis económicas en muchos años a raíz de la crisis que afecta al resto del mundo como anteriormente se expuso. De inicio se puede vaticinar un sobreendeudamiento con organismos como el Banco Mundial o el FMI. Así lo demuestra la tendencia en las cifras de la deuda externa anteriormente analizadas: de $59, 578 millones de dólares registrado al cierre de 2008, a unos $85,420 millones de dólares al primer trimestre de 2009, una disminución en la capacidad de compra (poder adquisitivo) de los mexicanos a raíz de la reciente propuesta de reforma fiscal planteada en agosto de 2009 que gravaría en un 2% a todos los productos incluyendo, por supuesto, alimentos y medicinas, esto bajo el paradójico argumento de “combatir a la pobreza”.

Pero por qué no se propone combatir a la pobreza mejorando eficazmente el nivel educativo tanto en alumnos como en los profesores, lo cuales, por cierto, están dirigidos en su mayoría por Elba Esther Gordillo, una corrupta, millonaria e ignorante lideresa que ni siquiera sabe pronunciar la palabra “epidemiológico”.

O porqué no se propone combatir a la pobreza fomentando al empleo mediante una auténtica productividad en el país tanto en la industria, como en el campo tan marginado y olvidado, con mecanismos realmente fructíferos y, que no solo se limite en beneficiar a la élite empresarial tanto nacional como a la extranjera. Dicho de otra manera, que exista una productividad incluyente y no marginal, como sucede en la actualidad. Tal vez no ha sucedido todo esto porque resulta más conveniente pretender dar “limosnas” fiscales a un pueblo pobre e ignorante que no cuestione las decisiones de su élite gobernante y empresaria.

Pero lo más incoherente de todo es que se pretenda tapar un boquete haciendo otro más grande ya que, si reflexionamos un poco, ¿Cómo espera el gobierno federal recaudar más impuestos? Esto ante el terrible panorama económico actual, caracterizado por sus altos índices de desempleo e inflación.



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Desafortunadamente parecería que el gobierno federal lo único que está logrando con su propuesta de reforma fiscal es precisamente lo contrario: incrementar cada vez más la marginación y la pobreza en aras de un saneamiento en las finanzas públicas. (Ver Anexo II)


Carlos E. Mart

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“Pobre México tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos”. Gral. Porfirio Díaz, Presidente de México (1876-1911)

Conclusiones

Considerando todo lo expresado en este ensayo, pareciera en un principio que la puesta en práctica del modelo neoliberal en nuestro país y su subsecuente vinculación al fenómeno de reposicionamiento territorial y económico de los EE.UU., con sus mecanismos de influencia, o más bien dicho, de dominación económica como lo han sido sus líneas de crédito y las subsecuentes directrices para someter a los países deudores a través del FMI y el Banco Mundial, solo han logrado incrementar la dependencia de México respecto al capital financiero internacional, lo cual ha propiciado una creciente injusticia en la distribución del ingreso y la riqueza y, que además, el neoliberalismo nos fue impuesto bajo una falsa promesa de desarrollo, como la única posibilidad de superar la perdurable crisis de este país. Por otro lado, se podría considerar que, en los últimos 27 años, la política nacional se ha transformado en un “gran negocio transnacional”, donde la figura presidencial se asemeja más a la de un “director general” de un gran corporativo, que a la de un servidor público. También se puede inferir que, la política neoliberal aplicada en México a partir de 1982, ha demostrado su ineficacia para cumplir con los objetivos planteados, ya que la crisis aún está presente en la economía nacional y mundial, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse, el bienestar social es peligrosamente vulnerable a la volatilidad de los mercados bursátiles y la deuda externa pública sigue incrementándose. (Ver anexos I y II)

Sin embargo, a partir del ejercicio de reflexión que involucró desarrollar este ensayo, considero oportuno plantearnos un poco el origen histórico de esta dependencia de México hacia los EE.UU., ya que no es algo reciente.

Lo cierto es que la intromisión, directa o indirecta, del gobierno estadounidense en la política mexicana ha ocurrido a lo largo de toda nuestra historia como nación independiente, ha afectado en muchos aspectos y de manera sumamente negativa el avance de México; sometiéndolo, como lo hemos visto, a los intereses muy particulares de los norteamericanos. Pero también es cierto que, nosotros mismos,hemos sido los que a través de nuestros líderes políticos, constantemente vamos a tocarle la puerta a nuestros vecinos del norte solicitándoles su apoyo a favor de intereses igualmente demasiado particulares.

Este patrón de dependencia se ha visto reflejado desde los padres de la patria como Hidalgo y Allende, que en 1815 delegaron a Aldama hacia los EE.UU. con la misión de solicitar armas y gente para continuar con la guerra independentista, y ofreciendo como garantía tierras mexicanas a los norteamericanos. Y qué decir de “Su Alteza Serenísima”, Don Antonio López de Santa Anna y su solicitud de apoyo a Washington “a oscuritas” desde su exilio en Cuba (1845), para así poder regresar a la presidencia de



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México por octava ocasión, a cambio no dudaría en hacer “concesiones” a favor del gobierno estadounidense, y ya sabemos a qué concesiones se refería: tras las “inexplicables” derrotas de México entre 1846-1848 se le “concedió” a los EE.UU. la mitad del territorio nacional. Juárez tampoco fue la excepción, durante su exilio en Nueva Orleans (en 1853, donde trabajó fabricando puros) sus aspiraciones presidenciales lo orillaron a pedir apoyo a las logias masónicas norteamericanas para derrocar a Santa Anna. Luego, ya siendo presidente en 1859, propone el Tratado Ocampo-McLane (derecho de paso perpetuo para los EE.UU. en México a través del Istmo de Tehuantepec). A cambio de este trato, Juárez solicitaba recursos que financiaran su guerra contra los conservadores que buscaban a toda costa su destitución. Afortunadamente los EE.UU, debido a diferencias internas, no aprobaron dicha propuesta. Porfirio Díaz,quien pronunció la frase célebre escrita al principio de esta página, debido a la poca legitimidad en el origen de su presidencia (producto de una rebelión en 1876), busca también el apoyo de los EE.UU. para que éstos reconocieran su régimen y dejaran de presionarlo. Les otorga atractivas ofertas de inversión (incluyendo el petróleo por supuesto) a empresarios norteamericanos, lo cual sería característico durante gran parte de su dictadura. Francisco I. Madero, iniciador de la Revolución Mexicana, tras su persecución siendo un rebelde del régimen de Díaz, escapa y pide asilo a los EE.UU. en 1910. Desde ahí, particularmente en San Antonio,Texas, difundió su “Plan de San Luis”: un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, cuyo desenlace ya todos conocemos. Y ya que estamos hablando de la Revolución Mexicana, llama la atención que la mayoría de las armas y municiones empleadas por los rebeldes revolucionarios eran de origen norteamericano, por ejemplo la afamada carabina 30-30 es un rifle Winchester Modelo 1894 calibre 30-30fabricado por la compañía norteamericana Winchester Repeating Arms Company.

El ejemplo más reciente es, por supuesto, el tópico central de este ensayo, el neoliberalismo en México, impulsado por Salinas de Gortari y su afamado “Tratado de Libre Comercio”, como modelo de “modernización” y liberalización de la economía mexicana, con sus asimetrías y sus consecuencias de marginación y pobreza.

Y así podría seguir una lista interminable, enumerando ejemplo tras ejemplo de cómo nuestros líderes han intentado a toda costa, “sacar provecho” de los EE.UU. a través de pactos, negociaciones, tratados, pidiéndoles asilo, pero sobre todo legitimidad para sus regímenes. Y es que nuestras propias luchas internas por el poder han demostrado innegablemente que sólo nos dividen y debilitan como nación, lo que ha dado lugar a una superioridad demasiado ventajosa cuando nuestros vecinos “benefactores” nos cobran sus favores.

Entonces, ¿Quiénes son los verdaderos responsables de nuestra incapacidad histórica y actual para prosperar?, ¿Acaso no somos nosotros mismos?, ¿Cuándo lograremos comportarnos como una auténticanación independiente, que asuma con responsabilidad los beneficios que representa el ser vecinos de la nación más poderosa del mundo?, o como diría Lorenzo Meyer: “(…) un socio privilegiado de las élites norteamericanas”. ¿Cuánto tiempo nos seguirá tomando dejar esa tendencia que tenemos a reñir, y no de competir sanamente. Solo reñimos entre nosotros mismos, con la única intención del beneficio individual a



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costa del perjuicio colectivo? (“O te chingas, o te jodes”, “el que no tranza no avanza”, “con dinero baila el perro”.)

Finalmente quisiera concluir este ensayo haciendo una última reflexión de otra frase célebre cuyo autor es Jorge Santayana: filósofo, ensayista, poeta, y novelista español (1863 – 1952):

"Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo."

Ya es tiempo de estar conscientes de nuestra propia identidad nacional de una manera realista y visionaria, sin caer en romanticismos o en un falso patriotismo. Hay que plantearnos cómo podremos evitar que se siga repitiendo la historia una y otra vez, y, en especial, combatir esa apatía que a muchos mexicanosnos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia, de manera que estemos muy al pendiente y de manera proactiva, como una auténtica sociedad civil que aporte una opinión independiente, informada y crítica en la toma de decisiones de nuestro sistema político mexicano, exigiendo una mayor transparencia en la administración pública y una rendición de cuentas claras, ya que ésta se ha caracterizado por una corrupción que pareciera tener esa propiedad física de la materia:

“ni se crea, ni se destruye, solamente se transforma”



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Anexo I

GRAFICA ELABORADA POR EL AUTOR EN BASE A DATOS DE: - INEGI. Estadísticas Históricas de México. Cuarta Edición, Año 2000, 2 Tomos.- BANCO DE MÉXICO. Indicadores Económicos y Financieros, Sector Finanzas Públicas. Balanza de Pagos. CE101 - Posición de deuda externa bruta.

http://www.banxico.org.mx



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Anexo II

GRAFICA ELABORADA POR EL AUTOR EN BASE A DATOS DE: - Székely Miguel. “Pobreza y Desigualdad en México entre 1950 y 2004”. SEDESOL, 2005.- Consejo Nacional de Población. CONAPO. “Evolución de la pobreza por ingresos nacional, 1992 a 2008”. 2009- Estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992, 2000, 2006 y 2008

POBREZA ALIMENTARIA: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.

POBREZA DE CAPACIDADES: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines

POBREZA DE RECURSOS: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

Fuentes Bibliográficas

Análisis del Neoliberalismo en México desde una perspectiva histórica

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