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EMPRESAS TRABAJANDO POR L PERU
L DELITO
DE CONTAMINACION AMBIENTAL
POR
DINO
CARLOS
CARO
CORIA
Dino Carlos
Caro Caria
Abogado del
Estudio Benitas,
Mercado & Ugaz
Profesor de Derecho
Penal Parte Especial
en la Pontificia
Universidad Catlica
del Per
Alumno de la
Maestra de Derecho
Constitucional de la
misma casa
universitaria
ego de cinco
aos
de vigencia en nuestro medio de normas penales especficas de
tutela ambiental,
estas
breves pginas pretenden evaluar
los
principales fundamentos
de dicha normativa, con especial atencin al delito de contaminacin tipificado en
el
artculo 304 del Cdigo Penal
l
DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
AL
USO DE
L
PENA
El
drama de la
disminucin
de
los valores am
bientales hoy en da
ya
no es slo denunciado por
los sectores
marginales
de
la
sociedad, sino
por
la
colectividad en general. Los costos que el deterio
ro ambiental inflige a los seres humanos, puede
dejarse
sentir tanto
en lo inmediato como en
algn momento en el futuro, manifestndose prin
cipalmente como prdidas de salud, de producti
vidad y valores de esparcimiento. m
Sin
embargo,
en pases
como el
nuestro en
donde
el control ambiental es an precario, tales costos
no
son asumidos por quienes
lo
generan.
En el
caso
de
los sectores
industriales, por
ejemplo,
la
contabilidad de
las empresas
no incorporan como
dbito el
valor
de los
daos inmediatos
y el de los
posibles
daos futuros
diferidos)
al ambiente,
producindose el fenmeno econmico
de la
ex
ternalizacin de
los costos, es decir una
curiosa
situacin
en
la cual la
sociedad
en general termi
na
asumiendo
el precio
de
una actividad daina
para
todos pero beneficiosa slo
para quien la
realiza.
En consecuencia,
la
falta de mecanismos
o incentivos
que
obliguen a
asumir internalizar)
dichos costos, favorece
que en
nuestro medio
mu
chas empresas
continen degradando
el ambien
te, haciendo uso de l como si fuera
no
lo
e s -
un
recurso inacabable
y
generando
un alto costo
social
que finalmente
no forma
parte
de las cuen
tas
nacionales
del Estado, omisin
que
crea
la
falsa
ilusin
de que
los indicadores macroecon
micos han crecido favorablemente y
de que en
efecto
existen
empresas trabajando por el
Per>>
cuando
la realidad muestra
que
varias
de ellas
realizan actividades ineficientes debido a
que
los
beneficios producidos son bastante
menores que
el costo
ambiental.
Esta grave situacin
revela definitivamente que
la
proteccin del ambiente no recae sobre campo-
1 BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo
mundial
1992. Desarrollo
y
medio
ambiente.
1
ed.
Washington
D.C., 1992, p. 48
siciones lricas o romanticistas sino sobre intere
ses concretos re lacionados en
buena
cuenta con
el desarrollo
de
los
pases,
involucrando a
las
generaciones actuales y futuras. En este marco,
la
vieja discusin
entre
ecologistas
radicales
o
desarrollistas industrializados de extremo, viene
cediendo ms bien a
una
propuesta intermedia
que pretende compatibilizar ambos postulados.
Nos referimos al concepto de desarrollo sosteni
ble, el
cual
implica
la
planificacin del desarrollo
con una visin
duradera
de modo que se garanti
ce
la
satisfaccin
de las
necesidades de las gene
raciones presentes y
venideras. Dentro de este
esquema,
el desarrollo
industrial no
puede ser
indiscriminado en la agresin
del ambiente, sino
moderado, proponindose el uso racional de
los
recursos ambientales
tales
como el agua, el
aire,
el suelo,
la
flora y
la
fauna.
Sin embargo, incluso
este
concepto
intermedio
no ha dejado
de generar
fricciones por parte de
los sectores
industrializados de la
sociedad, pues
llevar
a cabo
dicha propuesta implica
en muchos
casos
la transformacin de
los medios
de
produc
cin a fin
de
multiplicar el uso
de
lo
que se
denomina
tecnologa
limpia>>. Y este
cambio
ra
dical de los
hbitos
anti-ambientales,
se
traduce
en grandes costos para
las
empresas.
Empero,
si
bien a
estos
sectores, por el
manejo de
grandes
fuentes de
peligro,
les
corresponde un
rol protagnico en
la
tarea
de
proteger el
ambien
te,
sera
un despropsito descargar
toda la
res
ponsabilidad sobre
ellos, pues
dicha labor
involu
cra a la sociedad en general y
desde
luego
al
Estado. El rol del Estado en
la
tutela del ambien
te
es
fundamental,
dado
que sus decisiones pue
den
manejarse a nivel macro, con un efecto
ms
vasto que
el
de
cualquier
intento aislado de
los
sectores privados. Conforme a la evolucin del
derecho
ambiental,
el Estado tiene la funcin de
planificar
el desarrollo ambiental, instrumen
tando una poltica y una gestin acorde con el
desarrollo sostenible. De all que la Carta Cons
titucional de
1993 precise
en
el
artculo
67
que
El
Estado determina
la poltica
nacional
del
Empresas Trabajando por el Per
y
el Delito de Contaminacin Ambiental
D E R E ~ o & SociEdAd
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ambiente. Promueve el uso
sostenible
de sus
recursos
naturales, mandato
que concuerda
con
las disposiciones del Cdigo del Medio Ambien
te y los Recursos Naturales, Decreto Legislativo
N 613 .
En tal lnea, el Derecho se muestra como
uno
de
los instrumentos fundamentales de toda poltica
ambiental.
Tradicionalmente
ha
sido el Derecho
Administrativo el que se
ha
encargado de ofrecer
proteccin al ambiente, a travs de
la
programa
cin y control de las actividades que puedan da
arlol2l. No obstante,
en
los ltimos aos, en
un
intento de
luchar
contra
la
degradacin de
la
naturaleza usando todos los medios con que cuen
ta
el Estado,
la
mayora
de
los
ordenamientos
viene acudiendo al Derecho Penal, tipificando
como delito los atentados ms graves contra los
valores ambientales. As, destacan
la
Ley italia
na para la
tutela de las aguas contra
la
contami
nacin, del 10 de mayo de 1976, conocida como
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Estados
modernos
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mbito de
la
criminalizacin
primaria
o creacin
de delitos,
la
tipificacin de los
crmenes
ambien
tales
es
tibia>>
atemperada.
Las
penas son
le
ves,
permitindose la
aplicacin de
medidas
al
ternativas
a
la
privacin de libertad;
la
tcnica
de
tipificacin
mediante
normas
penales
en blan
co
y
frmulas
de peligro
han
sido
instrumenta
das
inadecuadamente
favorecindose notoriamen
te la impunidad.
A su vez,
en la
aplicacin de
estas normas
o
en
el proceso
de
criminalizacin
secundaria la agencias de
control no
persiguen
a
los poderosos de
la
sociedad y
cuando
lo
hacen
concluyen
que
no existe responsabilidad pese
al
elevado costo social
que
las actividades
indus
triales
y depredatorias
generan
a
la
sociedad.
Por el contrario,
tratndose de ciudadanos mar
ginales
los operadores del derecho
penal dejan
sentir
todo el
los
etiqueta
los
criminaliza
los
vulnera. Esto est
probado
esta
dsticamente
y con algunos
trabajos
empricos
preliminares. Finalmente
eN Al
MBIENT L
donde corresponde discutir decidir e
instrumen
tar
soluciones. Al derecho slo le concierne
un
rol
legitimador
y
operativo
de
las
decisiones
toma
das
polticamente.
En tal
sentido el rol del derecho penal slo
puede
tener cabida
como
refuerzo de una
estruc
tura tuitiva
del
ambiente previamente organi
zada. Desde una
perspectiva
de derecho penal
de
mnima intervencin
el
recurso
a
la pena
slo procede
cuando es til
para
enfrentar las
ms graves vulneraciones
de los bienes jurdi
cos
fundamentales
y
siempre que
los mecanis
mos de control
extrapenales hayan
fracasado.
La
actual situacin que al parecer amenaza
prolongarse
indefinidamente
en la que
el
Esta
do peruano y la ciudadana evaden su responsa
bilidad en la tarea
de proteger el
ambiente nos
permite afirmar que
el
derecho penal ambiental
est destinado al
fracaso,
pero
con
la agravante
de su
utilizacin simblica,
dema
ggica, y
marginalizante.
un
adecuado
111
l
MBIENTE COMO BIEN
en la etapa
de
la
ejecucin
penal es
por
todos conocido
que
el nivel so
cioeconmico
de la
poblacin
penal
es
bajo o
muy
bajo,
segn
los
patro- sistema de control
nes
de estratificacin. Los delincuen-
JURDICO TUTEL DO
Como
ya se
ha
sealado
el
sistema
penal
debe
orientarse
a
la
exclusiva
tutela
de bienes
jurdicos.
En
el cam
po del derecho
ambiental
el
panora
ma
doctrinal ofrece
una variedad de
conceptos relacionados con el conte
nido y
las caractersticas
esenciales
del
bien jurdico ambiente. Sin
em
bargo,
tales
divergencias
finalizan
cuando se destaca su importancia
y
la
necesidad de
tutelarlo
jurdicamen
tenll.
En
el
actual
momento
histri
co,
prcticamente
existe
unanimidad
tes
econmicos,
de similares
caracte
rsticas que
los
ambientales
nunca
van
a
la
crcel. El encierro o enjau
lamiento>>
pareciera
ser
el castigo a
la marginalidad ms que
una
san
cin
por la
comisin
de
un
delito.
Esta
situacin, y
otras razones que
derivan de estas premisas
fundamen
tales bien podran aconsejar la
des
criminalizacin de los delitos ambien
tales es
decir
la supresin
de
la
reac
cin
penal frente
a
las
conductas anti
ambientales. Por
nuestra
parte
con-
extra pena
es
suficiente
para
resolver
la problemtica
ambiental.
sideramos
que una
adecuada instrumentacin
de
los
mecanismos de
control social
extrapenales
informales educacin, religin, tica, poltica,
medios masivos de comunicacin, el mercado) y
formales derecho internacional constitucional,
administrativo civil), son suficientes
para la
re
solucin
de la problemtica ambiental. L a actual
situacin
de
ineficiencia de estos mecanismos no
se debe a
una
deficiencia
inherente
a los mismos,
sino a una insuficiencia en su uso por parte del
Estado y
la
colectividad en
general
pues no exis
te una real
decisin poltica necesaria
para
resol
ver
estos conflictos.
En
consecuencia,
la
resolu
cin de
la problemtica
ambiental pertenece prin
cipalmente al plano
poltico,
es en
este
mbito
Empresas Trabajando por el Per y
el
Delito de Contaminacin Ambiental
al
respecto,
aunque pueda registrar
se diferencias
en cuanto al
contenido
concreto
de
este
inters
como
en
relacin a
la
utilizacin del derecho
penal
y a
la intensidad
de
su intervencin
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pensamiento, la importancia
de
delimitar
dicho
contenido se
relaciona
con las funciones poltico
criminales
del
bien
jurdico, las
que en ltima
instancia se
expresan
en
formulaciones dogmti
cas.
Porque
especifica
las
garantas
del
ciudada-
no, fija el
mbito
del
injusto
y
permite la
siste
matizacin
y
jerarquizacin de
los delitos(l4).
Para
nosotros,
la dogmtica es
el
instrumento
jurdico a
partir
del
cual se legitima
u
opera un
determinado
modelo poltico criminal.
En
tal
sen
tido,
la existencia
de
variadas
posiciones
en
rela-
cin
al
contenido del
bien
jurdico
ambiente no
constituye, como
algunos
lo
han sealado,
un
problema de rigor
acadmico, sino
la
expresin
jurdico
penal de las tambin mltiples
opciones
polticas
frente al problema ambiental.
A conti
nuacin presentamos
un
intento personal de
or
denar
este panorama.
1
Tesis
negcrtorias de su autonoma
El comn denominador de estas propuestas
radi-
ca en la
negacin de
la autonoma
del contenido
del
bien
jurdico
ambiente, pues
definen
sus
al
cances a
partir
del contenido
de
los
bienes jurdi-
cos tradicionalmente tutelados por los
sistemas
penales. De ello, el
rasgo distintivo
que
identifica
tales
concepciones no
radica en la denomnacin
utilizada para
referirse al ambiente
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inconveniente
que
en
el
futuro se estructure un
ttulo de
que
integren
estos delitos y aquellos otros
que
afec
tan
a los consumidores.
1 2 2
Valores socioeconmicos
Debe
tomarse tambin en
consideracin a quie
nes estiman que
el
bien
jurdico
es
esencialmen
te
socioeconmico.
Esta era la
posicin
de Bustos
Ramrez(19l,
cuando sealaba que
el
ambiente
Constituye
un bien
jurdico de
carcter
socioeco
nmico,
ya que abarca todas las
condiciones
para
el desarrollo
de la persona en sus
aspectos socia
les y econmicos.
1 2 3
acultades de
la
administracin
La
fuerte dependencia
del derecho
penal
con res
pecto
al administrativo en materia ambiental,
lo
que
se
traduce en la
utilizacin,
de la
tcnica
de
la
ley penal
en
blanco a
la hora
de
tipificarlas
conductas
delictivas,
ha
llevado a no pocos auto
res a
entender que
el
bien
jurdico protegido no
est
constituido
por
los valores
ambientales en
general, sino por las
facultades de
la Administra
cin
en la
ordenacin y
tutela
de esos
valores
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Europa al definirlo en
1978
como
Un
conjunto
de
sistemas compuestos de objetos y condiciones
f-
sicamente definibles que comprenden, particu
larmente
ecosistemas equilibrados bajo
la
forma
en
que los conocemos o que son susceptibles de
adoptar
en
un futuro previsible, y con los que el
hombre,
en
cuanto punto focal, ha establecido
relaciones directas.
Esta
visin es
la
que actualmente orienta al de
recho
ambiental
en general. Como
seala
Braes 26J, el
ambiente
debe ser entendido como
un sistema vale decir, como un conjunto
de
ele
mentos que interactan entre
s, pero con
la
pre
cisin
de que estas
interacciones provocan la apa
ricin de
nuevas
propiedades globales, no inhe
rentes
a los elementos aislados que constituyen
el
sistema. Esto
implica,
por
otra
parte que
el
ambiente debe ser considerado como un todo, o
como tambin suele decirse holsticamente.
La
palabra
ambiente
se
utiliza
para
designar gen
ricamente
todos los
sistemas
posibles
dentro de
los cuales se
integran
los organismos vivos. Es
tos organismos, a
su
vez,
se presentan
como sis
temas. En
consecuencia,
la palabra
-
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preferida actualmente por
la
doctrina
penal(32l.
Con este
punto
de
partida
casi todos los
autores
al
definir el
ambiente
lo circunscriben
al ambiente
natural (aire,
agua,
suelo, flora y fauna), con
un
acento
antropocentrista pues destacan sus
rela
ciones con el
hombre
o con
la
vida.
Si
bien estas
propuestas derivan
de
las
concep
ciones constitucionalistas
acerca
del
bien
jurdi
co, a ellas
se
crtica(33l que
al
identificar los
bienes jurdicos penalmente tutelables
en
la
Constitucin, evitan precisar,justamente,
el con
cepto
de
bien
jurdico, estableciendo relaciones
y
consecuencias
directas entre
bienes jurdicos
y
valores que consagra
la
Constitucin.
A
su
vez,
se
seala
que la identificacin
de bien
jurdico
y
derecho fundamental
puede desconocer
las
dife
rentes
funciones que ambos
concep-
tos
tienen
en
el ordenamiento jur-
eN l
MBIENT L
teccin especfica
no alcance al
sistema
(al eco
sistema),
sino slo a
uno
de los
elementos
aisla
damente
considerado, de manera
que dicha
pro
teccin penal
sea insuficiente
para
garantizar,
mediante el
cumplimiento por
separado
de
las
normas, la preservacin
o
recuperacin
de ele
mentos vitales
para
la supervivencia
del hombre.
Esta posicin queda descartada a partir
de su
propio criterio delimitador.
La
ley como creacin
poltico-jurdica de los Estados modernos no s
sino
un instrumento regulador
de conductas, s
un
medio
de
control social. De
este
modo,
la
ley
slo toma
en
consideracin
determinados
aspec
tos de
la realidad ambiental
a fin
de
regular la
conducta
humana
que
incide sobre ella.
En otras
palabras,
las definiciones legales, as como el
derecho
en general,
tienen
un
carc
t r
fragmentario
o selectivo.
En
esta
dico,
ello sumado
a
la consideracin
de que
no todos
los
valores constitu
cionales necesariamente deben ser
protegidos por el derecho penal
y a
la
inversa, no todos los
bienes que
el
derecho penal protege
deben estar
necesariamente
registrados
en
las
l
concepto
de ambiente que
lnea de
pensamiento,
el concepto de
ambiente que de
la
legislacin
puede
derivar, residualmente
o no,
siem
pre ser
una
definicin
parcial.
El
ambiente s un
fenmeno ntico,
pr -
sente en la realidad,
de dicha reali
dad debe extraerse su
concepto.
ubyace
normas constitucionales,
ello
en
fun-
y
o d e
a nue a
cin a
la
evolucin de
las
necesida-
r
VI
2.5.
concepcin legalista
des
de
proteccin penal que
la
comu
nidad
requiera.
2 4 concepcin residual
Sin
relacionarse
necesariamente
con
las categoras anteriormente
descri
tas (amplia, estricta
o
intermedia),
Rodrguez Devesa
y
Serrano
G
mez 34l
sealan que un intento
de
pre-
constitucin
es
integral, holstico
Por
ltimo, u n q ~ e no necesariamen
te reconociendo la autonoma del
ambiente
como
bien
jurdico, un
sec
tor
de
la
doctrina
considera qu l
contenido de este inters
fluye
de
los
lmites de la
proteccin legal. As,
l
contenido del
bien
jurdico ambiente
est
definido
por
la
ley.
Contravi-
y
sistmico
cisar
los
contornos del bien jurdico
protegido ha
de proceder,
de
modo
necesario,
con
criterios re
siduales.
De
tal forma, pertenecen al medio ambiente, en
el
sentido
de
la
ley,
todos aquellos elementos
naturales
cuya conservacin
o
restauracin es
indispensable
para
la supervivencia
del ser
hu
mano, siempre
y
cuando no encuentren una tute
la penal
especfica
en otros preceptos del
propio
Cdigo o leyes
penales especiales
o
cuando se
hallen interrelacionados de suerte que
esa pro-
32 bid., p. 17.
33 Vase: VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Lecciones
de derecho penal.
Parte
general. 1 ed. Lima, Cuzco, 1990,
p.
49.
34 RODRIGUEZ DEVESA, Jos Maria, Alfonso SERRANO
GOMEZ. Derecho penal espaol.
Parte
especial.
16
ed.
Madrid, Dikynson, 1993, pp. 1104-1105.
Ell
Empresas Trabajando por el Per
y el
Delito de Contaminacin Ambiental
niendo esta elaboracin podra
apun
tarse las mismas consideraciones sealadas
a
propsito
de la
concepcin
residual.
3. Toma de posicin
Por las razones expuestas anteriormente,
des
cartamos absolutamente
el
valor de las teoras
que
niegan la autonoma del
bien
jurdico am
biente. Adicionalmente, consideramos
que
una
concepcin
antisistmica (parcial, compartimen
talizada
y
esttica) del mismo,
como
la qu
deri
va de estos postulados, constituye un
concepto
contrario
a
las necesidades ambientales de nues
tra
poca,
que por
el
contrario
exige una visin
holstica
y
sistmica tendente
a
la estructuracin
de
una poltica y
gestin ambientales
de uso
sostenido de
los
recursos.
Ahora
bien,
esto centra nuestra atencin
sobre
las tesis
que
afirman la autonoma
del
ambiente
DERE HO & SociEd d
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como inters jurdicamente
tutelado.
De ellas,
las concepciones residual y
legalista,
como se
ha
sealado; carecen
tambin de valor, por ser defi
niciones mediatizadas y obedientes del sentido y
fragmentariedad de
la
ley.
En
consecuencia,
res
ta por analizar las concepciones
amplia,
estricta
e intermedia. Para ello debemos tener en cuenta
que los conceptos, como
abstracciones
de una
realidad especfica, slo tienen razn de ser en
la
medida
que
sirvan para comprender mejor dicha
realidad. Los conceptos deben ser funcionales a
ella y no viceversa.
En tal
sentido, a
partir
de
esta
visin funcionalista de los conceptos, consi
deramos que el valor de las tesis
amplia,
estricta
e intermedia del ambiente, depende, principal
mente,
del
mbito
en
que nos encontremos pol
tica ambiental, gestin ambiental, derecho am
biental, poltica criminal, derecho penal, etc.),
as como de
la
funcin que el concepto ambiente
debe cumplir en cada uno de dichos mbitos. De
esta
manera,
las concepciones estricta e interme
dia
sern de poca utilidad al definir, por ejemplo,
una
poltica y gestin ambientales, caracteriza
das
por su
carcter
global e
integral.
En
este
mbito, slo resultara funcional
una
concepcin
amplia
de ambiente, debido a
que
slo ella reco
ge, desde una visin holstica y sistmica, la
idea
ms
fidedigna de
la
realidad.
El ambiente, como
hemos
expresado antes, es
un
fenmeno ntico y como
tal
debe ser
conceptuali
zado
sin
fragmentaciones. Por
tal
motivo, noso
tros consideramos que
el nico concepto
verdade
ro de ambiente es el recogido
por la
concepcin
amplia.
No obstante, al momento de
definir
el
mbito
en
que debe
intervenir
el derecho,
este
concepto amplio debe
ser
fragmentado, seleccio
nndose los aspectos de dicha realidad que sern
materia de regulacin jurdica.
En
lo que toca a
la problemtica
penal
ambiental, una concepcin
amplia
resultar
disfuncional a los
requerimien
tos de una poltica criminal acorde con los postu
lados
de derecho
penal
mnimo, por atentar con
tra
las
exigencias
de fragmentariedad,
subsidia
ridad y utilidad.
Queda
por definir entonces, en
tre
las
concepciones estricta o
intermedia,
si al
guna es funcional a una poltica criminal de de
recho
penal
mnimo. Estas concepciones
tienen
en
comn que
ambas
representan,
de uno u otro
modo, una visin parcial o fragmentaria del con
cepto de ambiente, lo cual es algo querido, como
se ha indicado, al definir el mbito de una regu
lacin jurdica. Veamos
sin
embargo si
dichas
fragmentaciones favorecen una opcin de dere
cho
penal
mnimo.
De
un
lado, la concepcin intermedia fragmenta
el concepto
amplio
de ambiente a
partir
de crite
rios normativo-constitucionales, o
cual hemos
criticado con las objeciones formuladas
contra
las tesis constitucionalistas
sobre
el bien
jurdi
co, crticas
suficientes
para
descartar esta con
cepcin. De otro lado, la tesis estricta selecciona
su mbito en base a criterios extra-jurdicos que
no necesariamente delimitan el mbito idneo
en que podra
intervenir
el derecho penal, lo que
tambin sugiere su descarte.
Por
nuestra
parte, creemos que un concepto de
ambiente funcional a una poltica criminal de
mnima intervencin, que delimite racionalmen
te
el posible mbito de intervencin del derecho
penal ambiental,
debe
derivar partir), en gene
ral de la normatividad extra-penal, y en particu
lar
de la Constitucin y de las normas adminis
trativas. Debemos advertir al respecto, que esta
lnea de pensamiento no pretende definir el con
cepto de ambiente a
partir
de la ley, como o
pretenden las concepciones residual y legalista.
Ha quedado
claro
que
el concepto de ambiente es
uno slo, es de naturaleza ntica, est en la
realidad y
ha
sido
aprehendido,
de mejor mane
ra,
por
la
concepcin amplia.
La razn
fundamental
que abona
nuestra
pro
puesta de
derivar
el concepto de ambiente,
que
no
ser
ntico desde luego, para el derecho
penal
de las normas extrapenales
constitucionales,
administrativas,
etc.)
se
basa en los principios de
fragmentariedad, subsidiaridad y utilidad. Ello
porque
el derecho penal slo podr intervenir
eficientemente principio de
utilidad cuando
los
intereses que
selecciona para su tutela principio
de fragmentariedad
ya
estn protegidos por me
canismos de control extrapenales, y siempre
que
dichos medios hayan
fracasado
principio de sub
sidiaridad). En consecuencia, el derecho
penal
no
puede
actuar
aisladamente sino como refuerzo
de una
estructura
de tutela no punitiva anterior
mente trazada, de modo
que
el concepto de am
biente
para
el derecho
criminal
no
puede
ser
privativo del
mismo sino ms
bien
derivado de
las normas
extrapenales cuyo
cumplimiento
pre
tende reforzar. En definitiva, ello de modo algu
no significa que la proteccin
penal
deba
recaer
sobre
todos los aspectos regulados extra penal
mente, dado que la perspectiva
minimista
del
derecho penal exige,
segn
hemos
destacado
con
abundancia, seleccionar las conductas a regular
en funcin de los principios de fragmentariedad,
subsidiaridad y utilidad.
Como corolario de lo anterior, la construccin del
Empresas Trabajando por l Per y l Delito e Contaminacin Ambiental
m E c ~ o & SociEd d
-
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concepto
de
ambiente exige revisar
responsable
mente
el
contenido
de
las normas constituciona
les,
administrativas
u otras orientadas a
la
tute
la de este bien
jurdico.
Antes
bien, debe
desta
carse
que
la
referencia
a
la
Constitucin
como
norma informadora
y
delimitadora
de
la
tutela
penal, segn
lo
propuesto, no significa sostener
una
posicin
jurdico-constitucionalista
frente al
bien jurdico. Consideramos,
al igual
que Pra
doi35J
que
la Constitucin aparece
como
el marco
ms adecuado
y
seguro
para
la
identificacin
social
de bienes
jurdicos. En
ella
se reproducen
la mayora
de
derechos individuales
y colectivos
que
por su trascendencia
para
la interaccin
so
cial,
cumplen
con los
requisitos
que
demanda
todo
objeto
de
proteccin
penal.
Asimismo,
la
referencia
a
las normas administrativas
de
natu
raleza
ambientali36J,
tambin
como
normas in
formadoras
y
delimitadoras
del
objeto
de
protec
cin
penal,
se
debe
a
la
consideracin
de
que el
nico
objeto
que
puede cumplir
el derecho penal
ambiental, por su carcter subsidiario, es
refor
zar
el cumplimiento de estas normas que
prote
gen valores ambientales,
lo
cual puede
lograrse,
como
veremos ms adelante, mediante la tcnica
legislativa de
los
tipos
penales
en
blanco.
En
conclusin,
sobre el contenido del bien jurdi
co ambiente es necesario tener en cuenta
dos
aspectos
fundamentales. En primer trmino,
exis
te un
nico concepto
de ambiente, entendido
como
fenmeno
ntico,
de la realidad, esta
nocin co
rresponde
a
la llamada
Concepcin
Amplia
que
hemos
descrito. De
otro
lado,
por las exigencias
de fragmentariedad,
subsidiaridad
y
utilidad
del
derecho penal mnimo, es necesario construir un
concepto
penal de ambiente derivado (a partir),
principalmente, de las normas constitucionales
y
administrativas de carcter ambiental.
Ahora bien, la Constitucin de
1993
no establece
directamente
un
concepto
de ambiente.
Sin
em
bargo, no
cabe
duda
que asume una
concepcin
holstica
y sistmica
de la problemtica ambien
tal,
lo
cual se evidencia
con
la
obligacin
que
impone al Estado de elaborar
una poltica
am
biental que
promueva el
desarrollo sostenible
(artculo
67). Por
ende,
el concepto constitucio
nal de ambiente es integral. Esta afirmacin
est
35 PRADO SALDARRIAGA, Vctor. Constitucin, derecho y
principios penales. En: Derecho. N 43-44 Lima 1990) p.
271.
36 En el sentido de BRAES, Ral. Aspectos institucionales
y jurdicos
del medio
ambiente. Incluida
la
participacin
de
las
organizaciones no
gubernamentales
en la
gestin
ambiental. Washington D.C., BID, 1991, p. 11.
fN l
MBIENT L
corroborada
adems
por la denominacin del
Ca
ptulo
Del
ambiente
y los
recursos
naturales),
as
como por el
desarrollo
normativo,
que
incluye
adems del tema
de
los
recursos
(artculo 66), la
conservacin
de
la
diversidad
biolgica y
de las
reas naturales protegidas
(artculo 68).
Tal
re
gulacin
slo
tiene cabida
desde
una
perspectiva
holstica. 37J
Adicionalmente, el texto
constitucional de
1979
que inspir al
Cdigo
Penal
de
1991,
y
su princi
pal
desarrollo legal
dado por el
Cdigo
del
Me
dio
Ambiente, revelan
la
evolucin del sistema
jurdico
peruano hacia una
concepcin
sistmi
ca del ambiente,
a lo
cual
la nueva
Constitucin
se
ha sumado
dndole
el mayor rango
del
orde
namiento
a los
principios fundamentales
de
esta
concepcin.
En idntico sentido, durante
los
ltimos
aos
el
Per se viene adscribiendo al sistema internacio
nal de
proteccin
ambiental, mediante la aproba
cin
de principios
y conveniosC38J
entre
los
que
destaca por ejemplo la casi
reciente
aprobacin
del
-
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cin regula el ambiente centrndose principal
mente en el
-
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ambiente
en
particular obvi absolutamente los
avances del proceso
normativo
ambiental. Sin
embargo el Cdigo Penal de 1991 multiplic las
desventajas de
esta
omisin al no considerar
la
regulacin del Cdigo del Medio Ambiente, vi
gente
desde
1990.
Sobre este
ltimo los
tipos penales
del Cdigo
del Medio Ambiente eran ms
integrales
en los
objetos de proteccin, como suceda por ejem
plo, al sealarse una
tutela absoluta
contra
toda
forma de
internacin
de
resduos
buscando evi
tar
de
este
modo convertir el pas en
lo
que termin restringiendo an ms
el
mbito
de
la tutela
penal.
Pero
eso no es todo,
se
pretendi adems convertir algunas
agravantes
del
artculo
305
en
casos de responsabilidad ob
jetiva
al
quitarse
el
elemento
de previsibilidad
del
resultado muerte
o lesiones graves.
Como
es
obvio y
natural en nuestro
medio, el
legislador
pudo
establecer una
regulacin mucho
ms adecuada
de los delitos
ambientales. Pero
no quiso.
2 a coyuntura en que se promulg
Quienes consideren que la
deficiente regulacin
de las normas penales vigentes es
pura
casuali
dad, simple
desgano
o ignorancia del legislador
peruano se equivocan. El Cdigo
Penal
de 1991
fue promulgado
durante
los
primeros meses
de
vigencia
del
Cdigo del Medio Ambiente, que
como todos
sabemos
constituye
el
intento
ms
fN l
MBIENT L
serio de
frenar
el
estilo de desarrollo basado
en
tecnologas y medios de produccin nocivos
para
el ambiente. De esta forma,
la
vigencia del De
creto Legislativo N 613 fue
un
triunfo
para
los
sectores conservacionistas, constituidos princi
palmente
por
ONGs y
algunos
polticos.
No obstante ello fue motivo de profunda preocu
pacin
para
los sectores econmicos industriali
zados,
quienes por la
aplicacin de
estas
normas
podan
ver
frustradas sus expectativas
producti
vasC45J
Es por
eso que
desde
entonces
tales
gru
pos
han
buscado
la
liberalizacin de
la tutela
ambiental con algunos logros importantes como
las
mltiples
modificaciones que
ha
sufrido el
Cdigo del Medio
Ambiente
a fin
de
favorecer,
se
dice, la inversin privada>>,
-
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13/31
Penal reflejando
un
nimo omnicomprensivo,
incorpore casi todos los delitos existentes.
No obstante
por
ello se descuid concordar los
tipos penales con los preceptos administrativos
razn
por la
cual nosotros creemos
ms
adecuado
que
una
Ley
General
del
Ambiente
incorpore los
preceptos administrativos en coordinacin con
los delitos ambientales.
La
ubicacin de los delitos
contra
el
ambiente en
un
Ttulo Especial
XIII)
del Cdigo
Penal
reve-
la
el
carcter
autnomo que el legislador le otor-
ga
a estos ilcitos. De
esta manera
se evit con-
fundir
estos delitos, como sucede
en la
legisla-
cin
comparada
y
en
algunos proyectos naciona-
les, con los
de seguridad
pblica, los delitos eco-
nmicos o
contra la salud
pblica.
Ahora
bien,
de
esta autonoma sistemtica se deduce en buena
cuenta
el
carcter
especial del bien jurdico, lo
que
concuerda
plenamente
con los preceptos
de
la
Constitucin de 1993.
4 enominacin
La doctrina
y
la
legislacin
comparada
ofrecen
varios trminos para referirnos a los ilcitos estu-
diados: delitos
contra
los ecosistemas,
contra
el
ambiente contra los recursos naturales contra
la calidad de
vida,
contra
los
fundamentos
o
las
condiciones
naturales
de vida, contra el medio
ambiente etc.
No obstante el Cdigo Penal Peruano denomina
al Ttulo XIII delitos
contra
la ecologa, de lo
cual podra
concluirse
que estas
conductas
van
en perjuicio de la ecologa.
Sin
embargo,
esta
denominacin es errnea en la medida que eco-
loga no es sinnimo de ambiente siendo esto
ltimo lo que en definitiva se busca amparar con
las normas penales. En efecto, ya desde media-
dos del siglo XIX se viene empleando el
trmino
para
designar la disciplina que estu-
dia las relaciones
entre
el hombre y el ambiente
siendo el bilogo alemn Ernst Haeckel el prime-
ro en usar dicho
trmino
en 1869.
De
esta
manera
resulta
absurdo pensar en la
existencia de delitos que
puedan
afectar una cien-
cia y de
normas
penales que busquen
su
protec-
cin. De ot ro lado,
dentro
del Ttulo se incorpora
el Captulo nico con la denominacin
-
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14/31
En segundo lugar, si tenemos en cuenta que el
Cdigo
Penal
fue
promulgado
durante la
vigen-
cia de la
Constitucin
de 1979, se observar de
una
breve revisin
de la morfologa del
ttulo,
que no todos los supuestos tpicos
configuran
delitos contra el
ambiente
conforme al concepto
del
mismo que
derivaba
de
la
Carta
Magna.
En
tal sentido, los delitos de contaminacin
ambiental artculo 304), sus agravados art-
culo 305) y el supuesto de responsabilidad fun-
cional
artculo 306) son
delitos
contra el am-
biente
en sentido estricto. Los delitos de activi-
dades
funicas o forestales indebid as artcu-
los 308 y 309) y el de dao forestal artculo
310)
son especficamente
contra
los
recursos
naturales,
concepto
incluido
en la nocin de
ambiente.
Sin embargo, adems
de
estas figuras existen
otras
ms bien vinculadas con el inters del
Estado en
desarrollar
planificadamente el creci-
miento urbano sin afectar
determinadas
reas
valiosas desde
una
perspectiva ambiental. En
doctrina se les conoce como delitos contra la
ordenacin territorial, de manera que nuestro
Cdigo
Penal
incluye los siguientes: utilizacin
indebida de tierras agrcolas artculo 311) y
responsabilidad funcional artculo 312).
Asimismo,
existe
una
figura
hbrida
que
simul-
tneamente reviste caractersticas de deli to con-
tra
la
ordenacin territorial
y contra los recur-
sos
naturales.
Se
trata
del delito de alteracin
del paisaje
natural
o urbano o
rural
o modifica-
cin de
la
flora o
fauna
artculo 313). Empero,
como
ya
hemos
sealado,
la Constitucin de
1979 exclua del concepto de ambiente
la
orde-
nacin territorial. Sin
embargo su similar
de
1993 si lo incluye,
por
lo que estos delitos en
la
actualidad son
verdaderos
delitos contra el am-
biente.
Por
ltimo, si resulta dudosa
la
ubicacin del
delito de eliminacin de deshechos artculo 307)
en este
ttulo,
pues
conforme a
su
redaccin se
trata ms bien
de
un
delito contra la
salud
pblica.
En
consecuencia, de
considerarse
que
es
un
delito
ambiental
se superpondra al tipo
bsico de contaminacin artculo 304), dado
que en ambos la conducta tpica
se
ejecuta ma-
nipulando
-
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artculo 307) y ofrecimiento de
tierras
agrcolas
intangibles artculo 311, prrafo
2).
Como es obvio, esto elimina por completo la posi
bilidades preventivas del derecho penal en esta
materia vulnerndose el principio recogido en el
numeral
5
del
artculo
1 del Cdigo del Medio
Ambiente, adems del principio de utilidad de la
intervencin penal.
V EL
DELITO
DE CONTAMINACJON
AMBIENTAL
Por
su
daosidad social, en la legislacin compa
rada el delito de contaminacin constituye el deli
to ambiental por excelencia. Nuestro Cdigo Pe
nal lo tipifica en el artculo 304, previendo ade
ms
un
conjunto de circunstancias
agravantes
en
el artculo 305. El legislador nacional ha utiliza
do la denominada
, pues inclu
ye en un slo tipo las diversas formas de
atacar
los
sectores constitutivos del
ambiente
aire, agua,
suelo), lo cual es conveniente en tanto dispensa
una
tutela uniforme de dichos elementos. No obs
tante en otras legislaciones, como la alemana e
italiana
se prev ms bien, tipos especficos y
separados
para
proteger el agua, el aire o el suelo.
1.
Antecedentes
1.1. Artculo 304
2
1.1.1.
Prrafo primero
Extranjeros
Cdigo
Penal
Alemn: 324
1,
11 y 325 1 1),
11, IV
Cdigo Penal Espaol: Artculo 347 Bis, prrafo o
Cdigo Penal Colombiano: Artculo 247
Nacionales
Proyecto de Cdigo Penal de setiembre de 1984:
Artculo 251, prrafo lo; artculo 274,
prrafo 1
Proyecto de Cdigo Penal de agosto de 1985:
Artculo 283, prrafo
o
Proyecto de Cdigo
Penal
de marzo-abr il de1986:
artculo 263, prrafo
o
Proyecto de Cdigo Penal de julio de 1990: Art
culo 267,
prrafo
1
Proyecto de Cdigo Penal de enero de 1991:
Artculo 298, prrafo
o
Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Na
turales: Artculo 119
1.1.2. Prrafo segundo
Extranjeros
Cdigo Penal Alemn: 324 III y 325 III
Cdigo Penal Espaol: Artculo 347 Bis, prrafo 1
II Empresas Trabajando por el Per y el Delito e Contaminacin Ambiental
Nacionales
Proyecto de Cdigo Penal de setiembre de 1984:
Artculo 251, prrafo
2
Proyecto de Cdigo
Penal
de agosto de 1985:
Artculo 289
Proyecto
de
Cdigo
Penal de
marzo-abril de
1986 : Artculo 270
Proyecto de Cdigo Penal de julio de 1990: Art
culo 267, prrafo
2
Proyecto de Cdigo Penal de enero de 1991:
Artculo 298, prrafo 2o
1.2. Artculo 305
1
1.2.1. Numeral 1
Extranjeros
Cdigo Penal Alemn: 330 a 1
Cdigo Penal Espaol: Artculo 34r Bis, prrafo o
Nacionales
Proyecto de Cdigo Penal de setiembre de 1984:
Artculo 274, prrafo 1
Proyecto
de
Cdigo Penal de agosto
de
1985:
Artculo 283, prrafo 1
Proyecto de Cdigo Penal de marzo-abril de
1986: Artculo 263, prrafo o
Proyecto
de
Cdigo Penal de julio de 1990: Art
culo 268,
numeral
lo
Proyecto
de Cdigo Penal de enero de 1991:
Artculo 299, numeral o
Cdigo del Medio
Ambiente
y los Recursos Na
turales:
Artculo 11go,
literal
C
1.2.2. Numeral 2
Extranjeros
Cdigo Penal Espaol: Artculo 4r Bis, prrafo
o
Nacionales
Proyecto de Cdigo Penal de agosto de 1985 :
Artculo 283, prrafo 3
Proyecto de Cdigo Penal de marzo-abril de
1986: Artculo 263, prrafo 3
Proyecto de Cdigo
Penal
de julio de 1990 :
Artculo 268,
numeral
2
Proyecto de Cdigo
Penal
de enero de 1991 :
Artculo 299,
numeral
2
Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Na
turales: Artculo 119, literal b
1.2.3. Numeral 3
Extranjeros
Cdigo
Penal
Alemn: 327
Cdigo Penal Espaol: Artculo 34 Bis, prrafo 2
D E R E ~ o
&
SociEd d
-
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Nacionales
Proyecto
de
Cdigo
Penal
de
agosto
de
1985
Artculo 283,
prrafo 1
Proyecto de Cdigo Penal de marzo-abril de
1986: Artculo 263,
prrafo 2o
Proyecto de Cdigo Penal de julio de 1990: Art
culo 268,
numeral 3
Proyecto de Cdigo Penal de enero de 1991:
Artculo 299, numeral 3
Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Na
turales: Artculo 119,
literal a>>
1.2.4.
Numeral4
Nacionales
Proyecto
de
Cdigo
Penal de
marzo-abril
de
1986: Artculo 263, prrafo
o
Proyecto
de
Cdigo Penal
de
julio
de
1990: Art
culo 268, numeral4
Proyecto
de
Cdigo
Penal de enero de
1991:
Artculo 299, numeral 4
1.2.5.
Ultimo
prrafo
literales
a y b)
Extranjeros
Cdigo Penal Alemn: 329 IV (2)
Nacionales
Proyecto
de
Cdigo
Penal
de
setiembre
de
1984:
Artculo 274, prrafo 4
Proyecto de Cdigo Penal de agosto de 1985 :
Artculo 283, prrafo 1
Proyecto de Cdigo Penal de marzo-abril de
1986: Artculo 263, prrafo 2
Proyecto de Cdigo Penal de julio de 1990
Artculo 268, ltimo prrafo
Proyecto de Cdigo Penal de enero de 1991
Artculo 299, ltimo prrafo
2. Tipo bsico
ARTCULO
304 ,.
El
que,
infringiendo
las
normas sobre proteccin del medio ambiente, lo
contamina vertiendo residuos slidos, lquidos,
gaseosos o de cualquier
otra naturaleza
por en
cima
de
los lmites establecidos, y
que
causen o
puedan causar
perjuicio o
alteraciones en la
flora,
fauna
y
recursos
hidrobiolgicos,
ser
re
primido con
pena
privativa de libertad no menor
de una ni
mayor
de
tres
aos o con ciento ochenta
a trescientos sesenticinco das-multa.
Si
el
agente
actu por culpa, la
pena ser
privativa de libertad
no
mayor de un ao
o
prestacin de servicio comunitario de
diez a
treinta jornadas.
Los elementos tpicos del delito de contamina-
eNAl
AMBIENTAL
cin,
estn
descritos
en
el tipo bsico del artculo
304 del Cdigo
Penal.
El anlisis
dogmtico
que
seguidamente
realizamos, se
basa en la teora
finalista de
la
accinJ51l
2.1.
Tipo objetivo
2.1.1. Sujeto activo
No cabe duda que
se trata
de
un
delito comn
(El que). Sin embargo, consideramos
que
el
agente
debe
ejecutar
el ilcito
en
el marco de
una
actividad econmica, necesariamente. El Cdigo
Penal
ha suprimido
la
mencin
expresa
al marco
circunstancial de
la actividad en que
se
produce
la
contaminacin, como lo
hacan
los proyectos
de 1990 y 1991
-
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17/31
puede
referirse
a ac tividades econmicas
perma
nentes, como el caso de la industria. Dicho de
otro modo, la exigencia tpica de superar los lmi
tes
de
tolerabilidad slo tiene sentido en el marco
de
dichas actividades. En segundo
lugar,
la pro
pia exposicin de motivos seala
que es omnicomprensi
vo>
derivada del principio de legalidad.
De esta forma, se
seala
que contaminar es
el
acto de lograr la
presencia
en el ambiente de uno
o ms contaminantes, o de cualquier combina
cin
de
ellos,
en
concentraciones o niveles capa
ces de comprometer, perjudicar o incomodar la
vida, la salud o
bienestar
humanos;
atentar
con
tra la vida, integridad o desarrollo de la flora o la
fauna; degradar o deteriorar la calidad del aire,
del agua, del suelo o de otros componentes bsi
cos del ambiente;
causar
dao en los bienes pri
vados, pblicos o comunes o interferir negativa
mente en cualquier uso legtimo que pueda ha
cerse de
ellos.
-
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cular normativa administrativa(58J, como desde
el
uso comn del
lenguaje>
-
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19/31
condiciones
que deben reunir las
disposiciones
complementarias? Cules son en
la
actualidad
tales disposiciones complementarias? Cules
son los rganos competentes para expedir di
chas
disposiciones?
a.l
En relacin a
la
primera cuestin, se discute
la compatibilidad entre el uso de la tcnica
legislativa de las leyes penales en blanco y los
principios constitucionales de legalidad y re
serva. No obstante,
la
accesoriedad de las nor
mas administrativas, esto es
la
remisin a
ellas,
resulta
inevitable, principalmente, por
su amplitud y variabilidad 67l. Esto no equiva
le a afirmar
su
uso indiscriminado y/o arbitra
rio. Esta tcnica slo debe instrumentarse
en
casos imprescindibles como el
de
la
proteccin
ambiental, dada las peculiaridades de
la
ma
teria
como de las normas extrapenales. Asi
mismo,
una
vez acordado su uso, ste no puede
ser
libre, sino ms bien reglado a fin de respe
tar los principios de legalidad y de reserva.
En
esta lnea
de pensamiento,
las
exigencias
mnimas que debe cumplir
la
ley penal
en
blanco los tipos penales ambientales
en
este
caso) han sido expuestas claramente por En
rique
Cury
-
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20/31
las
regiones y municipalidades
-
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21/31
del medio ambiente>> slo
abarcara aquellas
que
restringen o prohiben determinadas ac-
ciones
en
defensa del ambiente, como por ejem-
plo, veda de especies de flora y
fauna
prohibi-
cin
de internar
residuos txicos,
etc. 77l.
Em-
pero, debe
precisarse
al respecto dos
asuntos
que dicha
dualidad
normas restri ctivas y pro-
hibitivas) no es
tal
desde
que
tambin
las
restricciones constituyen prohibiciones,
aun
que relativas
por lo
que en
ambos casos nos
encontramos
frente
a
normas
prohibitivas.
El
otro asunto consiste
en negar que
slo existan
normas
prohibitivas y evidenciar
la
existen-
cia de
normas de mandato
es decir
aquellas
que imponen un deber
positivo
de actuar
bajo
determinadas circunstancias. De
considerar
se
lo
contrario habra que
concluir en
la
im-
posibilidad legal
de cometer
el delito
de
con-
taminacin
por
omisin
impropia
o
-
7/25/2019 14328-57016-1-PB
22/31
a.4En
cuarto lugar,
la
cuestin relativa a los
rganos competentes
para
expedir normas
sobre proteccin del ambiente tambin resul
ta
de
dificil abordamiento, sobre todo por la
gran dispersin de competencias sobre temas
de
relevancia ambiental,
como por
la ausen
cia,
en la prctica de una
autoridad ambien
tal
de
carcter nacional,
pese
a
la reciente
creacin del CONAM. A esto
de
por s pro
blemtico,
se suma
adems
la ausencia
de
coordinacin,
de
manera que
cada
entidad,
Ley N 23407, Ley
General de Industrias,
articulo
103.
Artculo 103.-
Las empresas industriales desarrollarn
sus actividades
sin
afectar el medio ambiente ni alterar
el equilibrio de los ecosistemas, ni causar perjuicio a las
colectividades,
en
caso contrario
las empresas industria
les estn obligadas a trasladar sus plantas en un plazo no
mayor
de
cinco aos bajo apercibimiento de sanciones
administrativas o de otra naturaleza.
Decreto Supremo
N 007-85-VC
del15 de Febrero
de
1985.
Reglamento
de
la
Ley Orgnica de Municipalidades sobre
Acondicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Me
dio Ambiente. Captulo IX De los Gobiernos Locales y el
Medio Ambiente. Artculos 53, 54, 55.
Artculo 53. Los Municipios emitirn y aplicarn orde
nanzas, resoluciones, edictos o acuerdos y
reglamentos
para el control y correccin de los problemas de contami
nacin
ambiental
y afectacin del espacio
urbano
y
rural.
Articulo 54. Los Municipios
harn
cumplir las normas
e
impondrn las
sanciones del caso, aplicando de
ser
nece
sario los procedimientos coactivos de Ley o solicitando el
apoyo
de
organismos
competentes
y de la fuerza pblica
para hacer efectivas las prohibiciones o restricciones de
las
actividades que:
a) Deterioran el
aire,
el agua, suelo y subsuelo, flora y
fauna, riberas martimas, fluviales y lacustres, en
desmedro de la calidad de vida y de
la
seguridad de
bienes y personas.
b Originen ruidos
molestos o nocivos.
e
Atenten contra el paisaje
urbano.
d) Afecten
la seguridad
vial.
e) Atenten contra la integridad del
patrimonio histri
co-monumental y paisajstico.
f)
Realicen una
inadecuada
disposicin de efluentes
slidos, lquidos y gaseosos de
cualquier
origen.
g Ejecuten, al
margen
de
las
normas de
seguridad,
la
manipulacin, transporte, almacenamiento y
expendio de
material
peligroso.
h)
Ejecuten actividades
industriales y de servicios
sin
adoptar las
medidas de
seguridad
necesarias
tanto
para los trabajadores como para el vecindario.
i) Emitan o
produzcan
radiaciones nocivas.
j
Contribuyan innecesariamente a la reduccin de tie
rras de cultivo de alto valor agrolgico.
k) Localicen o amplien asentamientos humanos en lu
gares insalubres y sin las condiciones de seguridad
fsica, o contribuyan a la
tugurizacin urbana.
1
Produzcan daos
en los sistemas de servicios urba-
nos.
Artculo 55.
Decreto Ley
N 17752 del
24
de Julio
de
1969.
Ley
General
de Aguas: de los delitos,
faltas
y
sanciones
de
la Jurisdiccin Administrativa.
Artculos 22 y 25 .
Empresas Trabajando por el Per y l Delito de Contaminacin Ambiental
eNAl
MBIENT L
salvo excepciones, suele operar aisladamente
sin tener en cuenta
muchas
veces el
desarro
llo
de
las
otras,
lo que
en resumen
nos permi
te hablar
de la
ausencia de gestin ambiental
en
el
Per.
Por lo expuesto
en este
apartado, no cabe
duda
que
los innumerables problemas
de sta
antitc
nica, inservib le e inconstitucional
-
7/25/2019 14328-57016-1-PB
23/31
consecuencia
que entorpecer la
aplicacin
de la
norma
penal
con
la
consiguiente
impunidad
de
los grandes contaminadores.
b.
Superar
los
lmites
de tolerabilidad
La introduccin del criterio
de
los valores-lmite
genera el
problema de
definirlos y el
de precisar
su
funcionalidad
en
el tipo.
Se
entiende por
valores-lmite a
un
conjunto
de
criterios tcnico-cuantitativos cuyos lmites no
deben
ser rebasados por
el
titular
de
una
licencia
o permiso
administrativo
que lo
autoriza
a
verter
en
el marco
de una
actividad econmica.
Su
fina
lidad en
el derecho
penal
ambiental es
delimitar
de
la manera
ms objetiva posible el mbito
de
contaminacin
en
el
que
el
agente
puede
actuar
sin
cometer delito.
Quien contamina
por debajo
de
los
lmites
permitidos no
acta
al
amparo de
una causa
dejustificacinCB2l,
simplemente
ejecu
ta un
acto atpico objetivamente.
Estos valores-lmite de ordinario se formulan
mediante tablas generales y unificadas
para
ce-
n
la
ctu lid d
el
sector
pesquero
es el
nico
que cuenta
con
lmites
de toler bi
lidad
rrar el tipo, o
tambin
a travs del controlad-
ministrativo. Sin em
bargo
en
el Per,
la
fra
se
, es desde el punto
de vista ambientalista,
bastante ociosa puesto
que en la actualidad
casi no se ha estableci
do lmite alguno por
parte de
las
autorida-
des encargadas de ve
lar por el cumplimien
to de las normas sobre
medio ambiente.
Los nicos entes que
se
han
acercado a tal
determinacin son
la
Direccin
General de
Salud Ambiental a travs
de
los informes tcni
cos que realiza y que se refieren a
una
situacin
en
concreto, y el sector Minera. En los otros
82 Mal
podra
alegarse
por
ejemplo el ejercicio legtimo
de un derecho articulo 20
2
,
numeral 8 infine del Cdi
go
Penal).
Conforme a la
teoria
general
de
la
antijuricidad,
en el finalismo la ausencia de
responsa-
bilidad penal
fundamentada en una causa
de justifica
cin
precisa
de un acto tpico que vulnere un
bien
ju -
rdico.
Tratndose
de conductas contaminantes que no
superan
los
lmites
de
tolerabilidad,
estas
carecen
de
relevancia penal,
el tipo
penal
no
las
incrimina.
casos, en algunos sectores, como
el
de hidrocar
buros,
existen
proyectos
pendientes
de discusin
y aprobacin.
Hasta la
actualidad, el
nico sector
que cuenta
con
lmites de tolerabilidad
definidos
es el pesquero,
al haberse
precisado los
lmites
permisibles de emisin de desechos
al
ambiente
marino
por
la
actividad pesquera de consumo
humano
indirecto, a
travs
de
la
Resolucin Mi
nisterial
N 478-94-PE,
publicada
el 16 de di
ciembre
de
1994.
Frente
a
esta situacin de
imposibilidad,
en la
mayora de
los casos,
de completar la
descripcin
del tipo,
se ha
propuesto como
alternativas el
recurrir a informes
periciales
-
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24/31
definitivamente por el
Juez
de
la
causa. Por nues-
tra
parte
consideramos
que si bien
la idea
de
aplicar los lmites de
la
OMS, constituye una
respuesta creativa frente a
la
omisin del Estado
de
definir
los lmites de tolerancia,
tal
intento
carece de
sustento
jurdico
desde que
lo precep
tuado
por dicho organismo internacional son sim
ples recomendaciones que no slo no obliga a los
Estados
sino que
no
forma
parte del derecho
nacional.
Pero esto no
es
todo,
en
cuanto a
la
funcionalidad
de
este
elemento en el tipo,
la
incoherencia abso
luta del
legislador es
evidente toda vez
que la
utilizacin del criterio de los valores-lmite slo
tiene
sentido
en estructuras
tpicas
de
peligro
abstracto,
siendo el caso
que
el artculo 304 del
Cdigo Penal
prev
por el contrario una
frmula
de peligro
-
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25/31
trista
moderado de
las
Constituciones de 1979 y
1993.
El
concepto de flora incluye todas
las
plantas que
se
encuentran en
una
determinada
zona
-
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26/31
Entre ellos pueden citarse: desobediencia a
las
rdenes de
la autoridad administrativa
de co-
rreccin o
suspensin
de la actividad contami
nante, aportar informacin
falsa
sobre los aspec
tos ambientales
de
la industria o actividad, obs
taculizar la
actividad inspectora de
la Adminis
tracin.
-
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artculo
304,
entonces el dolo
deber abarcar
adicionalmente, tanto el conocimiento de la clan-
destinidad como la voluntad de
actuar
en tal
circunstancia.
3.2.
Mayor disvalor
del
resultado
Son casos en los que la agravacin se fundamen
ta en trminos generales, en el mayor perjuicio o
peligro para el bien jurdico ambiente u otros
intereses tutelados jurdicamente.
3.2.1. Peligro para la salud o bienes
de
las personas
El
numeral
1 del artculo 305 prev
una
mayor
sancin cuando
la
actividad contaminante oca-
siona, adems un peligro concreto
para
otros
bienes
jurdicos:
la
salud de las personas
o
sus
bienes.
La referencia a la
-
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relacionados con la
salud
pblica artculos 286
y ss.),
que
a fin
de
cuentas
es
el inters que
pretende proteger.
3.2.2. Perjuicio catastrfico
En
el numeral 2
se prev
la agravante del per
juicio o
alteracin
de carcter catastrfico, con lo
cual
el delito ser
de
lesin o
dao
y no
de
peligro
concreto.
Aqu la expresin
esta
bien
usada
dado
que
el legislador las refiere a las catastrfi
cas. No
obstante
bastaba con la expresin
.
Obviamente
el perjuicio debe recaer con
juntivamente
sobre
la
flora,
la
fauna
y los recur
sos
hidro
biolgicos,
de
acuerdo con las exigencias
del tipo bsico.
El problema ms serio se presenta al intentar
definir los alcances de la expresin derivada del principio de legalidad.
En consecuencia, el concepto de lo catastrfico ha
generado problemas de interpretacin en la doc
trina
alemana y
espaola
por lo poco definido de
su
alcance. Lo adecuado, a la luz de estas expe
riencias, hubiera sido cerrar el tipo, tal como lo
haca el Cdigo del Medio Ambiente al supeditar
la evaluacin de la gravedad de la alteracin
ambiental a los estudios e informes tcnicos.
Ahora
bien, a fin
de
delimitar
el concepto de
catstrofe>>
puede
formularse una interpreta
cin a partir
de
las
fuentes
de
la norma.
El
prra
fo
3
del artculo 34
7
Bis del texto espaol esta
blece como agravante la causacin de un riesgo
de deterioro irreversible o catastrfico. Aunque
no
existe
una
total equivalencia
entre
esta
nor
ma y su
similar peruana
debe destacarse
que la
doctrina de la madre patria
omite
la
discusin
relacionada
con
la
delimitacin del concepto de
-
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29/31
rial o esttica
-
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que
no
necesariamente
son coincidentes, nos en
contraremos
ante un
caso de concurso ideal de
delitos artculo 48): contaminacin agravada y
homicidio y/o lesiones graves dolosas artculo
121), debiendo aplicarse la pena ms grave.
En
los casos
de muerte, podr
aplicarse la figura
calificada de asesinato,
por
usarse
un
medio ca
paz de
poner
en peligro la
vida
o la salud de otras
personas
artculo 108,
numeral4).
VI. ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES
1
Tipo
de procedimiento
1 1 El Cdigo
de
Procedimientos
Penales de 1940
En la tramitacin
de los delitos
ambientales
se
aplica
el procedimiento
sumario, conforme al
numeral no
del
artculo
2 del
Decreto
Ley No
25916005)
que
modifica
el
Decreto Legislativo
N 124.
Son delitos perseguibles de oficio por lo
que la
accin
penal es
de ejercicio pblico y a cargo del
Ministerio Pblico, cuya
labor
es
destacada por
la
doctrina en
la
defensa de los
intereses
difusos.
1 2 El
Cdigo Procesal Penal de 1991
su
reform
Este nuevo texto
trae
consigo
la
novedad del
sistema
acusatorio
formal o
garantista. El
Cdi
go
Procesal
Penal
de 1991,
actualmente
someti
do a modificacin
por una
Comisin Revisora,
seala que los delitos
ambientales se tramitarn
a travs del llamado proceso ordinario , que equi
vale
al
actual
proceso
sumario.
A
su
vez, la ac
cin
penal se promover
de oficio por el Ministe
rio Pblico.
Segn
informacin directa estas consideraciones
se
mantienen
en el nuevo texto elaborado
por la
Comisin
2
La
legitimid d procesal de l p rte civil
Por tratarse
de
bienes
jurdicos difusos, se plan-
tea
el problema especfico de
la legitimidad
pro
cesal de
la parte
civil. Al respecto, el Cdigo del
Medio Ambiente,
sin distinguir
tipos de proceso,
otorga legitimidad a todas
las personas,
al
mar-
gen de si
resultan
afectadas o no artculo
III
del
Ttulo
Preliminar), para
exigir
una
accin
rpida
y efectiva
ante la justicia en defensa
del medio
ambiente.
Empero, el Cdigo de Procedimientos Penales
vigente slo permite que se
constituyan
en parte
105 Publicado el 30 de diciembre de 1992.
eN l
MBIENT L
civil los agraviados,
sus
familiares o represen-
tantes
articulo 54). Pero
por
agraviado debe
entenderse el sujeto pasivo, el titular del bien
jurdico, en ste caso la colectividad en general,
por
lo que tericamente existira cabida para la
intervencin de la
ciudadana
en el proceso pe
nal. Sin embargo,
subsiste
el problema de viabi
lizar concentradamente
sta participacin ciuda
dana, frente
a lo cual la doctrina ofrece
varias
posibilidades, como la intervencin del Ministe
rio Pblico que
ya
existe
en
el proceso penal, el
Ombudsman,
las
organizacionesciudadanas, etc.
En nuestro
caso,
resulta
aplicable supletoria-
mente
el artculo 82 del Cdigo Procesal Civil,
que
otorga legitimidad a las asociaciones o insti-
tuciones
sin
fines de lucro. De all que
sea
posible
la
intervencin de las ONGs
en
el proceso penal.
Adicionalmente debe destacarse que, de lege
ferenda, el nuevo texto del Cdigo Procesal
Penal
elaborado
por la
Comisin Revisora
permite
que
las
ONGs y las organizaciones de ciudadanos
concurran
procesalmente, como
parte
civil, en la
defensa de los bienes jurdicos difusos como el
caso del ambiente. Ello sobre
la base
del artculo
103 del
texto
original de 1991 que slo
haca
referencia
a
las
ONGs de derechos humanos, lo
cual
incluso
era
de
aplicacin a
aquellas
dedica
das
a
la
defensa del ambiente, inters.
que unni-
memente es
considerado como derecho
humano
de
tercera
generacin, conforme es de verse
en la
normatividad
internacional
y constitucional ar
tculo
2
numeral 22).
3 Las medidas cautelares
-
7/25/2019 14328-57016-1-PB
31/31
Proyecto de Cdigo Penal de enero de 1991:
Artculo 308"
Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Na
turales: Artculo 119", ltimo prrafo
3.2. coment rio
El
tema
de
las
medidas cautelares cobra especial
importancia en la defensa ambiental desde una
perspectiva preventiva orientada a evitar la pro
longacin del dao.
La legislacin extrapenal prev
una
multiplici
dad
de
posibilidades
en esta
materia. No obstan
te, en el artculo 314" del Cdigo Penal se prev
una especfica de carcter penal
que
el juez debe
aplicar independientemente de las instrumenta-
das
en
otras
sedes.
Ella
consiste
en
la
suspensin
de la actividad contaminante.
Si bien
esta
norma guarda similitud con lo dis
puesto como consecuencia accesoria
en
el artcu
lo 105",
numeral4
del Cdigo Penal, se diferen
cia
de
ella
en
dos aspectos: su
carcter
imperati
vo
) y por su naturaleza
de medida cautelar.
Sobre esto ltimo, el artculo 105" prev una
consecuencia accesoria,
es
decir una medida apli
cable a la persona jurdica luego de acreditado
judicialmente
el delito y
la
responsabilidad de
los procesados, por lo
que es
dispuesta en la
sentencia
condenatoria.
Por
su
lado, el artculo
314"
seala
la
suspensin de
la contaminacin
como