Balance 31

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Y lasreformasinstitucionales

¿Como en todas las ediciones

de fin de año, asumimos

el desafío de resumir en

muy pocas líneas las ideas

centrales de nuestro balance sobre las

políticas públicas que institucionalmente

seguimos de manera especializada:

Justicia, Seguridad, Defensa y

Derechos Humanos (cumplimiento

de las recomendaciones de la CVR

en materia de reparaciones y de

judicialización de casos).

En el bloque incluimos también un aporte

externo, de la Sociedad Peruana de Derecho

Ambiental, sobre otro tema que creemos

fundamental hacer el mismo tipo de

evaluación: solución de conflictos sociales,

especialmente en relación con la minería.

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nº 179 diciembre 200632

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Alfredo Villavicencio Abogado, Justicia Viva

Terminó el Gobierno de Toledo y la reforma de la justicia, casi eterna asignatura pendiente, siguió sacándole la lengua a nuestros propósitos de construcción de una institucionalidad democrática. Cierto que no fue la única, y que el campo de las reformas institucionales es uno de los pasivos más abultados de la anterior administración; pero también resulta obvio que “mal de muchos consuelo de tontos”, más aun porque era el gran reto tras la caída del régimen fujimorista que desnudó y expuso como ningún otro nuestras falencias políticas.

Sin embargo, en el lustro pasado ocurrieron hechos relevantes que no se pueden dejar de lado, puesto que han modificado la situación de la justicia. Entre los

más destacados, el rol fundamental del Tribunal Cons-

titucional en la construcción del Estado de Derecho y

¿De cuántas personas podríamos decir de verdad lo que Cecilia dice de María Ángela? Es que María Ángela era realmente así de especial.

en la defensa de los derechos fundamentales; el fin de

la provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio

Público; el inicio de la reforma procesal penal, que nos

lleva del modelo inquisitivo al acusatorio; la desfalle-

ciente lucha anticorrupción; la puesta en marcha de

la Comisión Especial para la Reforma Integral de la

Administración de Justicia (Ceriajus) y la aprobación

de su Plan Integral de Reforma de la Justicia; y, por

último, la ausencia de voluntad real de las autorida-

des judiciales para emprender una autorreforma y de

los tres poderes del Estado para liderar el proceso de

cambios que clama a gritos nuestra sociedad.

En este contexto se estrena el nuevo Gobierno con un

celebrado discurso inaugural en el que brilló por su

ausencia el espíritu reformador, particularmente en el

ámbito del sistema de justicia. Algunas medidas sueltas,

y ni siquiera un énfasis singular en la lucha contra la

corrupción, auguraron una significativa indiferencia del Poder Ejecutivo que los meses posteriores fueron confirmando.

nuevo gobierno?

¿el crepúsculo de la reforma de en los albores de un

Justicia:

Balance 33

Como la necesidad perentoria de cambios toca la puerta todos los días con distinta intensidad, antes de que el nuevo Gobierno cumpliera sus primeros 45 días, el 4 de setiembre el Poder Judicial se remeció violentamente con la detención de un vocal supremo que recibió una coima de un litigante. Buscando sintonía con la enésima indignación ciudadana, la Ministra de Justicia y el Poder Judicial plantearon numerosas medidas que no se han materializado, a pesar del carácter administrativo de la mayoría de ellas. Ni siquiera se han modificado los temas más vinculados al problema del vocal Palacios: el sistema de designación de vocales supremos provisionales, que sigue siendo a dedo, y la necesidad de que los litigantes conozcan inmediatamente el sentido exacto de los fallos tras la vista de la causa. Finalmente, el Poder Ejecutivo ha planteado a inicios de diciembre seis propuestas nor-mativas al Congreso, más bien colaterales, que ponen en evidencia la inacción del Poder Judicial a la par que demuestran la ausencia de una coordinación mínima entre los poderes.

Tampoco ha podido vislumbrarse apertura y compromiso reformador en un campo tan significativo como el de la elección del Presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, en el que las autoridades y la Sala Plena se han resistido con uñas y dientes al ingreso de cuotas mínimas de transparencia. Sin embargo, la fuerte campaña que se impulsó desde Justicia Viva logró que se aceptaran medidas tan elementales como la publicación de los curriculum vitae de los vocales supremos, la oficialización de candidaturas y la apertura de la web del Poder Judicial para los planes de trabajo de los candidatos.

En todo caso, hay que tener a la vista que esta elección de Presidente es crucial para los objetivos reformadores, por-que si a estas alturas del partido el elegido no está imbuido de un espíritu verdaderamente transformador, el liderazgo de la reforma se encarnará en algún actor externo.

Más aun: si vemos la propuesta de presupuesto que el Poder Judicial formuló al Ministerio de Economía y Finanzas, en la que piden 515 millones de nuevos soles más respecto del 2005 (véase cuadro adjunto), y nos en-contramos con que 84 por ciento (432 millones de nuevos soles) de este pedido está dirigido a la creación de más órganos jurisdiccionales y al pago de remuneraciones y pensiones, encontramos que el proceso de reforma tocó fondo en los predios de este poder del Estado.

Por fortuna, no todo es color de hormiga, por lo que me-rece mención aparte el Congreso de la República, cuyas comisiones de Constitución y de Justicia están debatien-

do dos materias muy relevantes: la reforma del capítulo constitucional de justicia y la carrera judicial, teniendo a la vista lo consensuado en la Ceriajus y habiendo dado audiencia a las diversas voces que han trabajado estos temas. Hay optimismo respecto de que el año concluya con la aprobación de la ley de carrera judicial y por fin nuestra judicatura, tras 185 años desde la constitución del Perú como República, pueda contar con esta garantía para el ejercicio independiente de la función jurisdiccional.

También se debe resaltar la labor del Consejo Nacional de la Magistratura, que culminó el año aprobando un nuevo Reglamento de Selección y Nombramiento de

magistrados con significativos cambios dirigidos a captar a los mejores postulantes y a atraer a juristas destacados para la Corte Suprema. Así, ya no se promediará las notas de currículo y examen escrito, y se consagrará el carácter eliminatorio de cada etapa; se respetará el cuadro de méritos a la hora de nombrar; se ha diseñado por fin un sistema de casos para la evaluación escrita, particu-larmente para los concursos a vocales supremos, que facilitará la presentación y selección de quienes tienen las mejores condiciones para el ejercicio del máximo cargo de la judicatura, entre otras modificaciones relevantes.

En síntesis, el juego de luces y sombras que se ciernen sobre la reforma de la justicia se parece mucho más a un atardecer que a un amanecer, a pesar de que nos encontramos comenzando un nuevo gobierno. Pero estamos seguros de que el pesimismo no llega a convertirse aún en desesperanza. La importancia del empeño reformista así lo exige, ya que todavía no se ha inventado una forma civilizada de convivencia que carezca de un sistema de solución de conflictos eficien-te y probo. No podemos dejar de aspirar a ello.

Área Monto

Acceso a la justicia (creación y fortalecimiento de despachos y unidades administrativas)

S/. 200’145.153

Política anticorrupción (OCMA y ODICMA) S/. 16’888.801

Gobierno y presupuesto (implementación de Consejos Ejecutivos Distritales y Unidades Ejecutoras en Cortes Superiores; y logro de locales apropiados para órganos jurisdiccionales)

S/. 46’245.858

Predictibilidad y jurisprudencia S/. 0

Reforma penal (implementación del Código Procesal Penal) S/. 19’507.678

Recursos humanos (remuneraciones y pensiones) S/. 232’270.131

TOTAL S/. 515’057.621

Propuesta de presupuesto presentada por el Poder Judicial para el 2007