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TENDENCIAS DE CONSENSO Y CONFLICTO LABORAL EN EL
CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA ¿ADIÓS AL CORPORATISMO
COMPETITIVO EN ESPAÑA?
Sergio González Begega y David Luque Balbona
Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo.
[email protected] / [email protected]
RESUMEN
La crisis económica del periodo 2008-2012 ha provocado la erosión del marco de
concertación para la producción de políticas socioeconómicas, de bienestar y de
mercado laboral en España. Al mismo tiempo, y al igual que en otros países del Sur de
Europa, ha incrementado de forma muy significativa la conflictividad, reorientándola
hacia el ámbito político y causando el desbordamiento de los dispositivos de encauzado
de la misma. Dentro de un contexto de parálisis de la producción de pactos sociales, el
modelo de corporatismo construido y desarrollado en España desde finales de la década
de los setenta y redefinido en los noventa con una nueva orientación competitiva ofrece
síntomas de desgaste. La presente comunicación evalúa las tendencias de consenso y
conflicto en España, dentro del contexto de la crisis económica. A partir de la revisión
del debate teórico sobre la construcción de distintas soluciones nacionales de
corporatismo democrático y de la discusión de la evidencia empírica sobre producción
de pactos sociales y dinámicas de conflictividad en España entre 2008 y 2012, examina
las posibilidades de auto-reconfiguración del modelo corporatista de determinación de
políticas públicas en el actual escenario de crisis.
Palabras clave
Neocorporatismo; crisis económica; pactos sociales; huelgas generales.
1
INTRODUCCIÓN
Los arreglos institucionales corporatistas han proporcionado un marco de
estabilidad a las relaciones laborales en España y otros países europeos del entorno. La
búsqueda de consenso entre agentes sociales y gobiernos a través de la limitación de la
conflictividad y del recurso al pacto social ha constituido un elemento de identidad
central en los procesos de determinación política en la Europa continental, más allá de
la existencia de diferentes aproximaciones y densidades nacionales. La presencia de un
soporte corporatista tras las iniciativas de reforma de largo alcance es perfectamente
detectable tanto en los procesos de transición a la democracia que experimentan países
como España, Portugal o Grecia a finales de los años 70, como en las experiencias de
corporatismo competitivo emprendidas dos décadas más tarde con el objetivo de
garantizar la incorporación a la Unión Económica y Monetaria. En ambos casos, el
consenso se convierte en un instrumento de facilitado de la reforma dentro de contextos
de reto político y de crisis económica. La participación de agentes sociales en la toma de
decisiones públicas, además, no se circunscribe a la esfera salarial y de mercado de
trabajo, sino que se extiende a las políticas sociales y de bienestar y al debate en cuanto
a su redimensión y reforma.
La presente comunicación tiene como objetivo examinar el impacto de la actual
crisis económica y de tensión interna del edificio institucional del Euro sobre la
consistencia de las dinámicas neocorporatistas que han orientado hacia el consenso a
gobiernos, organizaciones sindicales y asociaciones de empresarios en España a lo largo
de las últimas tres décadas. En concreto, se explorará si el marco explicativo que
ofrecen las distintas elaboraciones del concepto de neocorporatismo (o corporatismo
democrático) sigue siendo efectivo para caracterizar el modelo de intercambio político
entre agentes sociales y gobierno o si, por el contrario, éste presenta fracturas
interpretativas de algún tipo, surgidas en los últimos años. Con este fin, se evaluará el
actual proceso de reconfiguración de las dinámicas de pacto social y conflictividad
laboral dentro del escenario de crisis económica abierto a partir de 2008, así como su
sentido y significado. La existencia de una experiencia consolidada de participación
política de los agentes sociales en la determinación de las políticas públicas no evita
que, en el actual contexto de crisis, pueda estar emergiendo un nuevo marco de
relaciones caracterizado por el abandono de la orientación estratégica hacia el acuerdo y
sustitución por una lógica de intercambio político crecientemente conflictual.
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La estructura de la comunicación será la siguiente. En primer lugar se ofrecerá una
breve revisión de los distintos modelos interpretativos de neocorporatismo, desde sus
primeras formulaciones a mediados de los años setenta hasta las distintas reescrituras
críticas efectuadas para tratar de explicar la evolución de las formas de intercambio
político entre agentes sociales y gobiernos en la Europa continental a lo largo de las
últimas décadas. Una vez reconstruido el debate en torno a la variedad y desarrollo de
las formas neocorporatistas como marco de elaboración de políticas públicas, la
siguiente sección abordará la funcionalidad, naturaleza específica y fases recientes de
evolución de la experiencia corporatista en la España democrática. Para ello, se
examinará la tensión existente entre la voluntad de consenso político, operado
fundamentalmente a través de la producción de pactos sociales y el intercalado de
episodios de conflictividad sociolaboral desde la década de los años noventa. La
consecución de acuerdos sociales será considerada como expresión de logro o resultado
del proceso de determinación política dentro del marco corporatista. El impacto de la
conflictividad sociolaboral sobre la estabilidad del marco de intercambio político será
analizado tanto a través de la utilización de instrumentos de presión tradicionales por
parte de los sindicatos, tales como las huelgas generales de carácter político, como de la
exploración de otros repertorios de protesta, tales como la convocatoria o participación
en manifestaciones, concentraciones y otras formas de contestación de la sociedad civil.
Por último, se ofrecerá un apartado de discusión en el que se abordará la estabilidad
del modelo español de intercambio político entre gobierno y agentes sociales para la
determinación de la agenda socioeconómica, de bienestar y de mercado de trabajo bajo
el actual contexto de crisis económica. En él se considerará el significado que puede
adquirir el incremento de la conflictividad sociolaboral detectable desde 2008, su efecto
erosivo sobre la estructura de concertación y el eventual riesgo de ruptura de la
experiencia corporatista en España.
¿QUÉ Y CUÁNTOS CORPORATISMOS? RETOS CONCEPTUALES E INTERPRETATIVOS
En su elaboración más conocida, la idea de neocorporatismo o corporatismo
democrático hace referencia a aquellos arreglos institucionales pensados para dar cabida
a los grupos de representación intereses de la sociedad civil en la toma de decisiones
públicas y a sus resultados en forma de dinámicas de acuerdo político o encauzado del
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conflicto. Bajo la noción de corporatismo1 se engloba, por consiguiente, tanto el edificio
institucional de intercambio entre actores como los resultados que éste es capaz de
arrojar en términos de pacto o acuerdo político.
Philippe Schmitter (1974: 93-94), en una referencia ya clásica, acota
conceptualmente el término de corporatismo para aludir a todo aquel «sistema de
representación de intereses dentro del cual cada una de las unidades que lo integran
resulta organizada en un número limitado de categorías singulares, obligatorias, no
competitivas, ordenadas jerárquicamente y funcionalmente diferenciadas, que son
reconocidas o autorizadas por el Estado (cuando no directamente creadas por él) y a las
que se les confiere un monopolio representativo deliberado dentro de sus respectivas
categorías a cambio de la observación de ciertos controles en sus mecanismos de
selección de líderes y de articulación de demandas y de apoyos».
La diversidad de formas de corporatismo es muy amplia. De hecho, las experiencias
corporatistas adquieren rasgos específicos en función del ámbito de la toma de
decisiones públicas que se tome en consideración, del número e intereses específicos de
los actores participantes y del marco nacional en el que se lleven a cabo. La
determinación de la agenda socioeconómica constituye el espacio de la toma de
decisiones públicas con el que más frecuentemente se asocia la existencia de prácticas
corporatistas. En la mayor parte de países continentales europeos, el diseño de las
políticas económicas, sociales y de bienestar y de regulación del mercado de trabajo se
ha visto respaldado por ejercicios corporatistas de mayor o menor ambición e intensidad
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, constituyéndose éste como uno de los
rasgos centrales de la variedad de capitalismo coordinado (Hall y Soskice, 2001).
La riqueza interna del concepto de corporatismo es asimismo bastante ancha,
pudiendo identificarse al menos dos corrientes que difieren en su interpretación, lógica
operativa y resultados (ver Solé, 1984; Molina y Rhodes, 2002; Baccaro, 2003; inter
alia). La primera, concibe las experiencias corporatistas como una estructura o un
1 El concepto de neo-corporatismo se acuña para diferenciar la experiencia de participación de las organizaciones de representación de la sociedad civil bajo sistemas políticos democráticos de otras formas históricas de articulado de intereses privados en la estructura del Estado. Tal y como indica la propia profesora Solé (1990: 51): «actualmente se acepta plenamente el anglicismo ‘corporatismo’ en la literatura sociológica sobre este fenómeno social. La distinción semántica de este termino con el antiguo corporativismo, que time connotaciones fascistas o medievales, según el contexto, responde a la necesaria aclaración conceptual al referirnos a un fenómeno social nuevo y reciente en la historia de las sociedades avanzadas occidentales». La mutación histórica del corporatismo ha sido analizada por Schmitter como resultado del tránsito de un corporatismo estatal a un corporatismo social. Lehmbruch, por su parte, la interpreta como un proceso de abandono de un corporatismo de base autoritaria a uno liberal (Colom González, 1993: 105).
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sistema de representación de intereses, que descansa sobre los incentivos que ofrece a
los distintos actores y explica los resultados que es capaz de ofrecer a partir del
mantenimiento de dichos incentivos. En este sentido, el corporatismo se presenta como
un instrumento de legitimación del Estado ante la ciudadanía en los procesos de diseño
de políticas públicas, puesto que refuerza la autoridad de base democrática de la que
éste dispone a través de la articulación de canales estables de interlocución con los
grupos de intereses de la sociedad civil. De la misma forma, para los actores privados la
institucionalización en el proceso de determinación de políticas públicas tiene sentido
en tanto en cuanto el sistema de intercambio corporatista es capaz de sostener su oferta
de incentivos, viéndose erosionado o incluso pudiendo entrar en quiebra si la pierde
(Lehmbruch y Schmitter, 1982).
La segunda interpretación, por su parte, evalúa el corporatismo como un proceso de
formulación de políticas públicas, siendo relevante el análisis del mecanismo político
que se sitúa detrás del intercambio entre Estado y grupos de representación de intereses
y no solamente su rendimiento en forma de acuerdos o pactos. Desde esta perspectiva,
la capacidad de resistencia y de reconfiguración del marco corporatista es mayor, siendo
más improbable su colapso como resultado de la salida de alguno de los actores del
mismo aun cuando los resultados obtenidos puedan no ser satisfactorios. En esta
segunda aproximación, el corporatismo constituye también (y quizá sobre todo) una
solución de normalizado y encauzado del conflicto, que pasa a ser percibido como una
estrategia aceptable de movilización de recursos orientada a mejorar la capacidad de
influencia de los distintos actores del espacio social y político (Colom González, 1993).
El conflicto resulta perfectamente aceptable y no constituye un riesgo para la estabilidad
del sistema siempre que no implique el desbordamiento del marco institucional, dado
que éste se orienta en último término hacia la construcción de consenso político
(Pizzorno, 1978)
La participación de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de
empresarios en la definición de instrumentos políticos de carácter socioeconómico a
través de procesos de intercambio bipartito o tripartito con el Estado ha resultado
especialmente intensa en los momentos de contracción económica y crisis. El debate
académico prestó atención, en primer lugar, a la funcionalidad del corporatismo como
factor de consolidación de los dispositivos de acumulación y redistribución específicos
de la era industrial-fordista (desde Winkler, 1977; Korpi, 1978; Panitch, 1979; inter
alia). Los distintos procesos de ajuste y de redefinición de la variedad de capitalismo
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coordinado, iniciados a finales de la década de los setenta, reorientaron los debates
sobre el rendimiento del corporatismo discutiendo su capacidad de contribución a la
nueva agenda de reformas e incluso su propia viabilidad institucional como sistema de
determinación política (Baccaro, 2003).
De esta forma, Lash y Urry (1987) explicaron la erosión de los arreglos
institucionales corporatistas a lo largo de los años ochenta como resultado de la
alteración de la relación de poder entre actores dentro del modelo y la pérdida de
efectividad de los instrumentos de presión sindical, particularmente el conflicto. Ya en
la década siguiente y en una línea de argumentos similar, Pierson (1994) relacionó las
políticas de flexibilización del mercado de trabajo y las exigencias de racionalización
del gasto social con la menor relevancia del conflicto de clase, abriendo una influyente
corriente de análisis sobre la reforma del Estado del Bienestar. Streeck y Schmitter
(1991), también reflexionando sobre el debilitamiento de las soluciones corporatistas en
la Europa continental, insistieron en la pérdida de coherencia del Estado-nación como
marco adecuado para la formulación de políticas socioeconómicas ante la inestabilidad
del ciclo económico y el desarrollo de la globalización. En Europa, además, el proyecto
de Unión Económica y Monetaria (UEM) implicaba la ruptura de la lógica bajo la cual
los modelos nacionales de corporatismo habían arrojado sus principales resultados.
Ahora bien, este «corporatismo moribundo» (Grahl y Teague, 1997: 418) continuó
dando resultados a lo largo de los años noventa y ofreció una capacidad de resistencia
muy superior a la que había anticipado la mayor parte de la literatura. En la segunda
mitad de la década y con el horizonte de la UEM cada vez más cerca se experimentó
incluso una reactivación de la concertación social en buena parte de los países europeos.
La revisión de los argumentos sobre la defunción del corporatismo no ocultó, sin
embargo, que la nueva oleada de pactos sociales se efectuaba dentro de un entorno bien
diferente y respondía también a un equilibrio distinto entre los actores. El corporatismo
mostró una gran capacidad de resistencia a partir de su propia reconfiguración. Los
acuerdos pasaron a ser alcanzados bajo una nueva lógica competitiva y el conflicto
siguió siendo poco relevante como instrumento de presión y mejora de influencia
disponible por los actores, sobre todo por las organizaciones sindicales.
«El corporatismo competitivo se distingue de las formas tradicionales de corporatismo
social [por su] racionalidad competitiva. Estos pactos (…) tienen importantes
implicaciones para los Estados de Bienestar al aproximar y establecer innovadores
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vínculos entre (…) los sistemas de seguridad social y las normas y regulaciones del
mercado de trabajo. Todos ellos comparten su carácter de políticas de mercado, pero
están lejos de constituir el vehículo de la hegemonía neo-liberal en la determinación de
las políticas sociales y de empleo» (Rhodes, 1998: 165).
La principal paradoja detectada por Rhodes es que la doble presión doméstica y
exterior de flexibilización y racionalización del gasto, por un lado, y de interconexión
de mercados a escala global y europea, por otro, no solo no fragmentaron las estructuras
de intercambio político corporatistas sino que reforzaron los esfuerzos de coordinación.
Los resultados de este corporatismo competitivo fueron especialmente interesantes en
países como Holanda o Irlanda, pero también en el sur de Europa, donde se convirtieron
en un mecanismo fundamental para facilitar el acuerdo sobre las políticas de reforma
orientadas al cumplimiento de los criterios de convergencia y asegurar la entrada en la
UEM. La formulación de corporatismo competitivo hace compatible el mantenimiento
de la estructura de concertación a escala nacional en el contexto de la globalización y la
reinterpreta a la luz de los efectos de la integración europea. En cuanto al carácter del
conflicto de clase en el nuevo corporatismo, éste se diluye ante la emergencia de una
nueva constelación de actores, que redefinen sus tradicionales intereses (re)distributivos
e incorporan otros nuevos de incremento de la productividad, con fines competitivos.
La supervivencia y reconfiguración del corporatismo como modelo de formulación
de políticas públicas en la salida de la crisis de comienzos de la década de los noventa y
ante los retos de la UEM descansa, precisamente, en su capacidad de adaptación a
distintas expectativas y escenarios. La flexibilidad del corporatismo entendido como
proceso político explica, asimismo, su pervivencia una vez alcanzado el objetivo de la
UEM y su funcionalidad como instrumento de reconfiguración del capitalismo
organizado en el contexto de la globalización. En este sentido, Baccaro (2003) insiste en
la necesidad de separar estructura y proceso político corporatista, dado es sobre todo la
primera y no tanto el segundo el que ha atravesado un profundo proceso de redefinición
a lo largo de las tres últimas décadas. En cuanto a los nuevos usos del corporatismo,
Grote y Schmitter (2003) indican que las instituciones corporatistas nacionales, aunque
fragmentadas y redefinidas a escala sectorial, proporcionan a los actores políticos una
herramienta efectiva para equilibrar las demandas de capital y trabajo ante el
insuficiente desarrollo de la dimensión social europea (ver también Natali y Pochet,
2009). Los ejercicios corporatistas en la Europa de la UEM han servido para asegurar la
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competitividad salarial en el entorno del Euro, conformándose como una especie de
mecanismo informal de ajuste comparado entre socios nacionales (Hassel, 2006;
Baccaro y Simoni, 2007), crear consenso social en la reforma de las políticas de
bienestar (Hemerick, 2003) o, en ejemplos muy concretos, facilitar la innovación y el
desarrollo de la economía competitiva basada en el conocimiento (Ornston, 2012).
En cualquier caso, los nuevos corporatismos del Euro ofrecen una interesante
diversidad de formas y trayectorias nacionales, caracterizadas por la multi-funcionalidad
e impacto de las políticas corporatistas. En España, la estabilidad del proceso político
corporatista ha experimentado un serio deterioro desde 2008, como resultado del
modelo de gestión de la crisis económica, que ha provocado un incremento de la
contestación sistémica y ha provocado la paralización de la producción de pactos
sociales. El siguiente apartado considera el impacto de la situación de parálisis del
intercambio político que, a pesar de la persistencia de aristas de conflictividad, había
ofrecido un buen grado de rendimiento desde comienzos de la década de los noventa.
CRISIS Y EROSIÓN DEL MODELO DE CORPORATISMO COMPETITIVO EN ESPAÑA
La concertación en materia socioeconómica, de bienestar y laboral ha acompañado
el desarrollo político de la España democrática. El reconocimiento institucional
alcanzado por sindicatos y asociaciones empresariales y su progresiva incorporación al
proceso de determinación de políticas públicas, a través de la articulación de un
dispositivo institucional corporatista, contribuyó decisivamente a la estabilización del
propio proceso democrático. Como en otros países del sur de Europa que también
experimentaron un cambio de régimen político autoritario a otro democrático a finales
de la década de los setenta, el desarrollo de un marco de intercambio político
corporatista también cumplió la decisiva función de encauzar el conflicto industrial
(O’Donnell y Schmitter, 1986).
El corporatismo cuenta con un significado añadido en estos países, puesto que
implica también un elemento de estabilización de los propios actores. Para el gobierno
supuso una herramienta adicional de legitimación, pero para las recién creadas o
legalizadas asociaciones de empresarios y los sindicatos, la invitación a formar parte del
proceso de toma de decisiones políticas se convirtió en un instrumento de consolidación
organizativa no solamente hacia el sistema sino también hacia la sociedad civil
(Hamman, 2012). De esta forma, el modelo corporatista español, definido como débil o
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de suave coordinación al igual que el resto de variedades nacionales correspondientes al
sur de Europa, habría sido resultado del encuentro del gobierno y de los agentes sociales
en un proceso de búsqueda mutua de legitimación (Pérez-Díaz, 1986), satisfecha tras
algunas dudas iniciales a través del ejercicio corporatista (Martín Arce, 1997).
La principal paradoja del modelo corporatista español, junto quizá al portugués, es
que su reorientación competitiva se produce cuando aún no se terminado de definir en
un sentido industrial-fordista tradicional. El corporatismo español se está todavía
construyendo cuando afronta su reforma interna, de ahí que algunos autores hayan
subrayado su carácter incompleto (Solé, 1990).
En cuanto a las fases del intercambio político entre gobierno y agentes sociales
dentro del marco corporatista, la literatura propone una variedad de periodizaciones que,
si bien observan fuertes coincidencias pueden diferir puntualmente en función del tipo
de proceso político sometido a análisis (inter alia, Molina 2011).
Gutiérrez et al. (2009) indican la concatenación de un total de tres grandes etapas,
cada una de ellas respondiendo a un contexto socio-económico y con objetivos de
concertación y lógica de intercambio político también diferentes: (1) macro-
concertación de la primera etapa o de consolidación democrática (1977-1987), a lo largo
de la cual el proceso de intercambio político corporatista se convierte en un elemento
decisivo de estabilización política y de construcción del marco institucional de las
relaciones laborales, del mercado de trabajo y de las políticas sociales; (2) concertación
meso- y de orientación competitiva (1992-2002), definido a partir de la reorientación
del corporatismo español hacia los objetivos de convergencia en la UME, redefiniendo
provisiones centrales de bienestar, como las pensiones y centrándose en los procesos de
negociación colectiva y contención salarial; y (3) relanzamiento del diálogo social
centralizado (2004-2007), con el mantenimiento de la lógica competitiva aún después de
asegurar la entrada en la UEM. A esta propuesta de periodización, obviamente, le
sucedería una última etapa, (4) a partir de 2009, de erosión de los procesos políticos de
concertación. La Tabla 1 recoge los principales resultados en forma de acuerdo o pacto
social tripartito o bipartito de cada una de estas etapas de concertación.
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TABLA 1. ETAPAS DE CONCERTACIÓN Y PACTOS SOCIALES EN ESPAÑA (1977-2008)
* Para una descripción y un análisis detallado de estos acuerdos, resultado de la concertación social en España, ver
CES (1993-2008).
En un sentido diferente, Luque Balbona (2012) plantea un marco de análisis de las
fases de intercambio político entre gobierno y agentes sociales en la etapa democrática a
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partir de la observación de las tendencias de conflictividad laboral y de la identificación
de cortes en la orientación e intensidad de la misma:
(1) 1976-1979: primera oleada de huelgas en el periodo de transición a la
Democracia y caracterizada por un elevado nivel de conflictividad, a partir del cual
las organizaciones sindicales expresan el conflicto de clase y tratan de adquirir
relevancia política a través de una intensa actividad huelguística tras casi cuatro
décadas de ilegalización;
(2) 1980-1986: de moderación y reorientación de la conflictividad en el contexto de
auge de los pactos sociales de la primera etapa democrática. Esta etapa se caracteriza
por la despolitización progresiva del conflicto industrial dentro de un proceso
político de concertación social que reconoce e institucionaliza la relevancia política
de los sindicatos y la reorientación del mismo hacia el ámbito de la empresa en el
marco de la reconversión industrial;
(3) 1988-1994: de repolitización del conflicto tras la entrada en crisis del primer
proceso político corporatista español que alumbra los pactos sociales de la primera
etapa, con la convocatoria de hasta tres huelgas generales de ámbito nacional.
(4) 1995-2008: de atenuado y pérdida de vigor del conflicto como vehículo de
expresión de las tensiones de clase e instrumento de presión sindical, dentro de un
contexto de crecimiento económico sostenido y de rearticulación del sistema de
concertación bajo una nueva perspectiva competitiva que trasciende la entrada en la
UEM, y finalmente;
(5) 2009-2012: definida a partir de la irrupción de la crisis económica y la
paralización del proceso de intercambio político entre gobierno y agentes sociales.
Caracterizada por la reemergencia del conflicto laboral en su doble dimensión
económica y política y por la exploración de nuevas formas de contestación por parte
de las organizaciones sindicales (ver Köhler et al. 2013).
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GRÁFICO 1. ETAPAS DE CONFLICTIVIDAD E INTERCAMBIO POLÍTICO (JORNADAS NO TRABAJADAS POR CADA 1000 ASALARIADOS DEBIDO A HUELGAS) (1976-2012)
Notas: La línea punteada excluye las huelgas generales de ámbito nacional del 14 de diciembre 1988, 28 de mayo de 1992, 27 de enero de 1994, 20 junio de 2002, 29 de septiembre de 2010, 29 de marzo y 14 de noviembre de 2012.* La EHCP de 2010 no incluye la huelga general del 29 de setiembre, «dado que no se dispone de información sobre todas las comunidades autónomas». La participación en la huelga general ha sido estimada a partir del Barómetro de CIS de noviembre de 2010 (14% de quienes trabajaban, equivalente a 2,5 millones de asalariados).** La EHCP de 2012 no incluye «las Huelgas Generales de 29 de marzo y 14 de noviembre, ni la huelga de la enseñanza pública y privada de 22 de mayo, dado que no se dispone de la información de todas las comunidades autónomas». La participación huelga general del 29 de marzo ha sido estimada a partir del Barómetro del CIS de abril de 2012 (23,4% de quienes trabajaban, equivalente a 3,4 millones de asalariados). La participación en la huelga general del 14 de noviembre ha sido estimada a partir del Barómetro del CIS de diciembre (21,4%, equivalente a 3,1 millones de asalariados).
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Huelgas y Cierres Patronales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La erosión del proceso político corporatista a partir de 2009, respaldada por el
redescubrimiento de la conflictividad, hunde sus raíces, tal y como se ha apuntado, en la
paralización del intercambio político mantenido por gobierno y agentes sociales bajo
una lógica competitiva desde comienzos de la década de los noventa. Es precisamente
este modelo de corporatismo competitivo ante- y post-UEM el que comienza a presentar
síntomas de quiebra a partir de 2009, con la determinación de la agenda política por el
gobierno en solitario bajo la presión coercitiva de los objetivos de consolidación fiscal
establecidos por Bruselas, el abandono del marco de intercambio político y la
profundización en el sendero de la movilización reactiva por parte de los sindicatos
(Campos Lima y Martín Artiles, 2011). Antes de abordar en detalle esta ruptura, nos
referiremos brevemente a las características básicas del modelo de intercambio político
construido desde la década de los noventa y que comienza a romperse a partir de 2009.
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Concertación y atenuado del conflicto en España (1992[94] – 2008)
La salida de la crisis económica de los primeros años noventa provocó la
descentralización del modelo de corporatismo español y lo reconfiguró en un sentido
competitivo (Espina, 2007). Como en otros países europeos, el horizonte de la UEM
constituyó un factor decisivo para conferir funcionalidad al marco de intercambio
político corporatista y permitir su supervivencia, aunque provocando su transformación.
En España, además, la crisis económica de los primeros noventa observó una importante
reorientación de los sindicatos. Tal y como señala Royo (2006), las organizaciones
sindicales experimentaron un proceso de aprendizaje institucional de su estrategia de
confrontación con el gobierno durante la etapa de alta conflictividad entre 1988 y 1994.
Las tres huelgas generales de 14 de diciembre de 1988, 28 de mayo de 1992 y 27de
enero de 1994 no resultaron, a largo plazo, efectivas sino que erosionaron su capacidad
de influencia política, al ser incapaces de revertir la agenda de reformas liberalizadoras
del mercado trabajo y erosionar su soporte en el ámbito laboral, como muestran los
malos resultados obtenidos por CCOO y UGT en las elecciones sindicales de 1993 y
1994.
El abandono de la conflictividad y el regreso a la concertación se vio reforzado,
paradójicamente, con la entrada en el gobierno del Partido Popular que, lejos de aplicar
una agenda neoliberal ortodoxa prefirió consensuar la agenda de reformas con los
agentes sociales, conformándose, al menos durante la primer legislatura, como una
especie de tercera vía conservadora (Hamann, 2005). En este mismo periodo, destaca la
firma de tres acuerdos bipartitos entre asociaciones empresariales y agentes sociales que
significaron la primera reforma pactada del mercado laboral, tras las impuestas
unilateralmente por el gobierno en 1984 y en 1994: el AIEE, el ACV y el AINC, todos
ellos de 1997 (ver Tabla 1). No obstante, quizá el documento más representativo de esta
etapa de consensualismo conservador sea el Acuerdo sobre Consolidación y
Racionalización del Sistema de Seguridad Social, firmado por el gobierno y las
principales centrales sindicales en 1996, por el cual se extendía más allá del arco
parlamentario el pacto político sobre la reforma del sistema de pensiones.
Tras segunda legislatura del gobierno Aznar, que registró una breve ruptura del
proceso de concertación entre 2002 y 2004, con huelga general incluida el 20 de junio
de 2002, la victoria electoral del PSOE reactivó el intercambio político. La firma de un
ambicioso documento programático, la Declaración para el Diálogo Social, trató de
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establecer un marco de relaciones entre agentes sociales y gobierno para la totalidad de
la legislatura, ambicionando además la recentralización de la estructuras corporatistas y
la intensificación del tripartismo.
Los objetivos competitivos de esta larga etapa de concertación y la existencia de un
fuerte compromiso de las partes hacia el consenso como instrumento de asegurado de
un crecimiento económico sostenible y de evitado de tensiones inflacionistas quedan
explicitados también en la negociación colectiva, con la firma y renovación de
sucesivos AINC (ver nuevamente Tabla 1) y muy especialmente en el comportamiento
de los salarios (Gráfico 2).
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LOS INCREMENTOS SALARIALES PACTADOS A TRAVÉS DE CONVENIO COLECTIVO, DE LOS SALARIOS REALES Y DE LAS VARIACIONES EN EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)
Fuente: Elaboración propia. Boletín de Estadísticas Laborares (MTIN) e Índice de Precios de Consumo (INE).
La colaboración sindical en el objetivo de contención salarial resultó absolutamente
esencial para alcanzar los criterios de convergencia en la UEM y para garantizar la
competitividad de los costes laborales españoles una vez en ella. Los acuerdos sobre
negociación colectiva constituyen, de hecho, la única pieza del edificio corporatista que
ha sobrevivido hasta 2012.
Crisis económica y erosión del intercambio político (2009-2012)
El primer envite de la crisis económica en España fue menos intenso que en el
conjunto de la Unión Europea. La contracción del PIB nacional en 2008 se situó en el -
3,6%, frente al -4,2% de la media de los socios de la UE. A pesar de ello, la destrucción
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de empleo fue extraordinariamente intensa desde un primer momento, registrándose un
incremento del paro del 9,7% al 17,4% entre los dos primeros trimestres de 2008 y de
2009 (datos EPA).
Tras la retirada de los primeros planes de estímulo económico (Plan E), la actividad
se mantuvo débil y comenzó a verse marcada por el impacto del cambio de orientación
de la política económica hacia la consolidación fiscal y los efectos de la crisis de la
deuda soberana sobre la disponibilidad de financiación exterior. La tasa de desempleo
superó en 2010 el 20% de la población activa en el primer trimestre de 2010. El PIB,
por su parte, tras un crecimiento anémico del 0,4% a lo largo de 2011, encadena
variaciones trimestrales negativas desde el cuarto trimestre de ese año. La recaída de la
economía española desde mediados de 2010 se debe según el CES (2012: 151) «a la
intensificación de la crisis de la deuda soberana en la zona Euro y, en el ámbito interno,
a la aceleración del proceso de consolidación fiscal de las administraciones públicas».
El desequilibrio entre ingresos y gastos del Estado, que no ha podido ser resuelto desde
el inicio de la crisis, ha contribuido a contraer aún más la económica, impactando sobre
el empleo hasta unos territorios no conocidos.2
La crisis, por supuesto, ha impactado sobre la dinámica de concertación,
ralentizando primero y paralizando después la práctica totalidad del proceso de
intercambio político corporatista. A lo largo del periodo 2009-2012, los resultados
alcanzados en forma de pacto resultan extraordinariamente magros. En este contexto,
dentro del cual el gobierno determina la agenda de reformas unilateralmente bajo la
presión de las instituciones europeas y los sindicatos se sienten expulsados del proceso
de toma de decisiones políticas se ha producido, además, un importante rebrote de la
conflictividad.
En cuanto a las formas de concertación tripartitas, la mayoría de los procesos
abiertos en el periodo 2009-2012 se han cerrado sin acuerdo. En julio de 2009 se dieron
por concluidas las negociaciones en materia de trabajo y empleo, debido a la negativa
de gobierno y sindicatos a aceptar las propuestas sobre reducción de las cotizaciones
sociales en cinco puntos porcentuales y creación de un nuevo tipo de contrato con una
indemnización por despido de veinte días efectuadas por la patronal. En febrero de 2010
se retomó el diálogo sobre la reforma del mercado de trabajo, que concluyó nuevamente
sin acuerdo. El 10 de junio el gobierno dio por concluido el proceso dadas las
2 Según los últimos datos disponibles, primer trimestre de 2013, la tasa de desempleo alcanza el 27,16% de la población activa.
15
diferencias de enfoque entre los agentes sociales sobre la mayor parte de cuestiones
planteadas. Seis días más tarde, el 16 de junio de 2010, el Consejo de Ministros aprobó
el Real Decreto-Ley 10/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo, al que los sindicatos CCOO y UGT reaccionaron anunciando la convocatoria
de la primera huelga general de las tres celebradas hasta 2012, que tendría lugar el 29 de
septiembre de 2010.3 A pesar de estos dos fracasos y del evidente deterioro de la
relación entre organizaciones sindicales y gobierno, la estructura de concertación pudo
arrojar aún un importante resultado a comienzos de 2011, con la firma del Acuerdo
Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones,
suscrito el 02 de febrero de 2011 por gobierno CCOO, UGT, CEOE, CEPYME. Tras la
llegada al ejecutivo del Partido Popular en noviembre de 2011, la fractura entre
sindicatos y gobierno se ha incrementado, sobre todo tras la adopción del Decreto-Ley
3/2012 de 10 de febrero sobre medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
De hecho, desde comienzos de 2011 no se ha abierto ningún proceso de diálogo
significativo.4
El intercambio bipartito y autónomo entre agentes sociales también ha
experimentado un deterioro aunque, por el momento, no se encuentra completamente
bloqueado. En 2009 sindicatos y patronal no llegaron a un acuerdo de renovación del
AINC, quebrándose de este modo la dinámica de renovaciones anuales iniciada en
2002. La no renovación se tradujo en un incremento de la conflictividad en la
negociación de los convenios colectivos, fundamentalmente en relación a las revisiones
salariales, lo cual se reflejó asimismo en un aumento de los conflictos laborales
planteados ante los órganos de solución extrajudicial de conflictos (CES, 2010). La
situación, no obstante, se desbloqueó en noviembre de 2009 con la firma del
Compromiso de actuación entre CEOE y CEPYME y CCOO y UGT sobre la
negociación colectiva pendiente de 2009. El 9 de febrero de 2010 los mismos
protagonistas firman el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC),
que se ha visto renovado en 2011 y 2012. La Tabla 2 recoge los magros resultados de la
concertación tripartita y bipartita a lo largo del periodo 2009-2012.
3 Previamente, se había llevado a cabo una huelga general en la administración pública el 8/06/2010, en protesta por el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.4 En abril de 2013 se ha establecido un grupo de consulta para la elaboración de un informe sobre la reforma del sistema de pensiones, del que forman parte, aunque a título particular, el jefe del gabinete de estudios de CCOO y un académico próximo a UGT. Las conclusiones de dicho informe se trasladarán a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.
16
TABLA 2. PACTOS SOCIALES EN EL CONTEXTO DE CRISIS (2009-2012)
Uno de los rasgos centrales del escenario de relaciones entre gobierno y agentes
sociales en el contexto de la crisis económica es el retorno de la conflictividad, que ha
tomado distintas materializaciones o formas: (1) política, a través de la convocatoria de
tres huelgas generales; (2) económica o de motivación laboral; y (3) de
redescubrimiento o exploración de nuevos repertorios de protesta.
La conflictividad política en el periodo 2009-2012 arranca con la convocatoria de la
huelga general que finalmente tendría lugar el 29 de septiembre de 2010. No existe
información oficial sobre el seguimiento de la huelga aunque se puede aproximar su
magnitud a través del Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que
la estima en un 14% de los asalariados (ver Tabla 3). Asimismo, el 70,5% de los
encuestados consideró que la huelga había sido «más bien un fracaso», frente al 7,5%
que opinó que fue «más bien un éxito» Más allá de las cuestiones de seguimiento,
siempre complejas, lo cierto es que tanto esta huelga como las dos siguientes del
periodo, convocadas ya en 2012, constituyeron un fracaso en términos de efectividad
dada la no alteración de las decisiones adoptadas por el gobierno. La Tabla 3 recoge los
datos de motivación y seguimiento de las tres huelgas generales llevadas a cabo entre
2009 y 2012. La segunda de las convocatorias correspondientes a 2012 coincidió con
otras dos huelgas generales llevadas a cabo en Portugal y en Grecia, además de con
movilizaciones en contra de las políticas económicas de la Eurozona, dentro de la
estrategia de movilización transnacional establecida por la Confederación Europea de
Sindicatos para el cuarto Día Europeo de Acción y Solidaridad contra la Austeridad.
TABLA 3. MOTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS HUELGAS GENERALES (2009-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir Barómetros de octubre de 2010 y abril y diciembre de 2012 (CIS) y Encuesta de Población Activa (INE).
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Atendiendo al número de huelgas celebradas, la conflictividad ha registrado un
incremento significativo en el periodo 2009-2012. Este incremento se ha concentrado en
las huelgas motivadas por conflictos no derivados de la negociación colectiva,
especialmente por impago de salarios y regulaciones de empleo o por razones no
estrictamente laborales (ver Tabla 4). Paradójicamente, la situación de bloqueo de la
negociación colectiva durante buena parte de 2009 no tuvo reflejo en el número de
huelgas derivadas de la negociación colectiva, que se mantuvo ese año en un orden de
magnitud similar al promedio anual del periodo de vigencia de los AINC (2002-2008) y
después ha vuelto a reducirse.
TABLA 4. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HUELGAS SEGÚN SU MOTIVACIÓN (1995-2012)
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (MTSS).
Sin duda, uno de los procesos más expresivos de la erosión del proceso corporatista
y de la reorientación estratégica de los actores ha sido la exploración de nuevos
repertorios de protesta por parte de los sindicatos. La convocatoria de movilizaciones
fuera del ámbito estrictamente laboral y de manifestaciones ha creado un complejo
espacio de encuentro entre estos y las organizaciones emergentes de la sociedad civil.
La extensión de la ‘marea verde’ madrileña al territorio nacional, culminando en una
huelga general del sector educativo el 22 de mayo de 2012, la ‘marcha negra’ de la
minería entre junio y julio o la ‘marea blanca’ de la sanidad, a finales de año, muestran
una característica peculiar, la conjunción de la protesta laboral clásica (la huelga) con la
convocatoria de manifestaciones que movilizan a un colectivo más amplio, los
ciudadanos.
El número de manifestaciones ha experimentado un gran incremento desde 2008,
pasando de registrar poco más de 9.000 manifestaciones anuales en los años
inmediatamente previos a la crisis a más de 20.000 en el periodo 2008-2011. En 2012,
con datos disponibles solo para los diez primeros meses se han producido 36.232
concentraciones. Entre ellas cabe destacar, además de las manifestaciones que
acompañaron a las huelgas generales de ámbito nacional, las jornadas de movilización
contra la reforma laboral convocadas por CCOO y UGT en varias ciudades a lo largo
18
del primer trimestre de 2012 (19 de febrero, 29 de marzo, 23-24 de mayo). El Gráfico 3
recoge el número de manifestaciones según motivo de la convocatoria, destacando el
incremento de las convocadas por asuntos laborales y contra medidas políticas y
legislativas.
GRÁFICO 3. NÚMERO DE MANIFESTACIONES SEGÚN MOTIVACIÓN (2004-2012)
Notas: *2005 sin datos de la Comunidad de Madrid.** Del 1 de enero al 26 de octubre de de 2012, datos recopilados por las delegaciones del Gobierno a instancias del diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto y publicados en prensa. No incluye País Vasco y Cataluña.Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.
En cuanto a las organizaciones convocantes, las asociaciones ciudadanas eran 2004-
2007 y siguen siendo en 2008-2011 los promotores más frecuentes de las
manifestaciones (2.784 y 6.735 convocatorias de promedio anual, respectivamente). No
obstante, los comités de empresa, trabajadores y sindicatos acumulan el 44,4% de las
manifestaciones durante el periodo 2008-2011, nueve puntos porcentuales más que en el
periodo 2004-2007, según datos del Ministerio del Interior.
DISCUSIÓN: ¿EL SEGUNDO ADIÓS AL CORPORATISMO EN ESPAÑA?
La crisis económica ha erosionado seriamente la experiencia corporatista en
España. Frente a otros países que, como Irlanda, han profundizado en el componente
consensual de los procesos de construcción de políticas públicas en el contexto de crisis,
el modelo de concertación español se ve actualmente cuestionado como instrumento de
producción y de facetado de la agenda socioeconómica, de bienestar y de mercado
laboral. El proceso de intercambio político se encuentra bloqueado, como resultado de
19
la desconexión entre gobierno y organizaciones sindicales y la decisión del primero, a
partir de 2011, de dar la espalda al marco de diálogo social y profundizar en la acción
política unilateral, bajo la presión de las instituciones de Bruselas. La estructura
corporatista, por su parte, también se ha visto dañada, sobre todo por la última de las
reformas laborales aprobadas, que profundiza en las tendencias de descentralización y
descoordinación de la negociación colectiva y altera los equilibrios en la capacidad de
movilización de recursos de influencia por parte de empresarios y sindicatos.
La parálisis del proceso político corporatista y el deterioro de su estructura han
inclinado a las organizaciones sindicales hacia el conflicto tanto en su forma tradicional
o de huelga como en la exploración de nuevos repertorios de protesta. Desde 2008, el
conflicto parece haber perdido parte de su funcionalidad como instrumento de mejora de
la capacidad de influencia de las organizaciones dentro del intercambio político. La
conflictividad, a lo largo del periodo 2008-2102, se ha recrudecido y desordenado,
amenazando con desbordar el marco de normalización que proporciona el sistema
corporatista. El resurgimiento del conflicto ha ido de la mano del redescubrimiento del
espacio de protesta política por parte de los sindicatos, a través de la huelga general y de
la manifestación, porque el descontento se dirige hacia el ámbito de toma de decisiones
político y porque estos instrumentos de contestación son considerados más eficaces por
los sindicatos para adquirir el respaldo de la sociedad civil y presionar al gobierno que
la huelga de carácter económico-laboral. Hasta el momento, sin embargo, esta estrategia
de contestación únicamente ha servido para profundizar en el intercambio político
negativo con el gobierno.
La pregunta que cabe hacer ante estas circunstancias es si el periodo 2008-2012
anticipa un ‘segundo adiós’ al corporatismo en España o si, por el contrario y como
ocurrió en los noventa en buena parte de Europa, el marco de determinación política
corporatista tendrá capacidad auto-reconfiguración y supervivencia. Por ahora, al menos
en cuanto a la producción de resultados, se encuentra en una situación de larvado o
hibernación.
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