$2.200EDICIÓN 2832 SEMANA DEL 20 AL 26 DE ABRIL DE 2016 - CIRCULA LOS MIÉRCOLES - LICENCIA Nº 002367 DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

www.semanariovoz.com

LA VERDAD DEL PUEBLO

En esta edición separata juvenil: Hola Juventud

El pleno del Comité Central “Klaus Zapata” del Partido Comunista Colombiano, lamenta la dolorosa tragedia que afecta al hermano pueblo del Ecuador a raíz del fuerte sismo que sacudió al país el pasado sábado 16 de abril. Resalta el esfuerzo que adelanta el gobierno del presidente Rafael Correa y todas sus instituciones que se han puesto al frente de la atención de la grave situación. Llama a expresar toda la solidaridad, el apoyo material y el aliento a los miles de afectados.

Página/ 13

SOS por La MacarenaEl Gobierno, debido a la presión nacional, suspendió la licencia ambiental a la empresa petrolera estadounidense Hupecol, para la perforación de 150 pozos en La Macarena. Las trasnacionales continúan aprovechando la permisividad gubernamental, para el lucro irracional mediante la depredación del medio ambiente. Hupecol sigue al acecho en la región, donde hay una riqueza incalculable de fl ora y fauna que incluye a Caño Cristales. En peligro la riqueza ambiental del país por la voracidad del capital.

Páginas/ 5 y 11 Solidaridad con Ecuador

Imagen del bello afl uente de Caño Cristales.

Aspecto de los daños causados por el sismo.

Abril20 de 2016/2

DIRECTOR: Carlos A. Lozano Guillén. CONSEJO DE REDACCIÓN: Álvaro Vásquez - Nelson Fajardo - Carlos Sánchez - José R. Llanos - Arlés Herrera - Alberto Acevedo - Juan Carlos Hurtado Fonseca - Hernán Camacho - Ana Elsa Rojas - Carolina Tejada. COLABORADORES: Libardo Muñoz - Hernando López - Nelson Lom-bana Silva - Luz Mireya Gallo - Wilfrido Jiménez - Hernán Durango - Ivanovich Jiménez - Renata Cabrales - DIAGRAMACIÓN: Rafael Carrascal V. CARICATURA: Calarcá. OFICINAS: Carrera 13A Nº 38 - 32 Tels. (57-1) 232 14 61 - 320 20 35 Fax: 232 82 29, Bogotá (Colombia). Servicios Informativos: Prela, ALAI, Prensa Rural. E-Mail: semanariovoz@outlook.es Página WEB: www.semanariovoz.com - Permiso de tarifa postal reducida Nº 93 de Adpostal. Año LVIII. Distribución vía Avianca.

JOS RAM N LLANOS

VISIÓNCa

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Un fraternal reclamo

El pasado 31 de marzo envié un artículo escrito por el compañero Harold Ordóñez de Astracava Tuluá, para que nos colabo-rasen montándolo en los medios impre-sos y digitales que tenemos a mano. El artículo fue montado en el portal web del PCC. Por otra parte quería comentarles que el artículo fue editado por alguien del periódico para su publicación en VOZ -La verdad del pueblo-, la semana pasa-da, cambiando gravemente el sentido del escrito. Queremos recomendarles que en una próxima oportunidad nos puedan consultar los cambios que le hagan a los artículos puesto que la edición que se realizó no necesariamente refl ejó lo que el autor quiso decir. Agradezco su aten-ción, Camilo López (vía Internet).VOZ: El artículo fue editado debido a su extensión. Ocupaba más de una página del periódico. Aunque no se le cambió ni modifi có nada, solo fue resumido para publicarlo. Con frecuencia lo hacemos con otros colaboradores, incluyendo columnas de opinión y notas editoria-les. Les recordamos que en la primera edición de VOZ, en este año, señalamos

las coordenadas para las colaboraciones regionales. Número de caracteres y de palabras. Para evitar estos mal entendi-dos les rogamos atenerse a ellos. Gracias por su colaboración.

Igualdad reivindicada

Al fi n, la Corte Constitucional y no el incapaz Congreso, cerró el controvertido caso de matrimonio igualitario, por 6 votos contra 3. Luego de cinco años de ires y venires en la Corte y dura lucha de la comunidad Lgbti, apoyada por un bloque liberal, concedió decisión mayo-ritaria a la igualdad matrimonial entre parejas del mismo sexo. Gracias a la Constitución del 91 y con ella la Corte, guardián de la Carta Magna, la comuni-dad Lgbti será tratada digna e igual ante sus semejantes. Queda atrás el oprobio y el mundo subterráneo a que estaban sometidos por un país manejador de la doble moral y defensor a ultranza del insostenible statu quo. Grupos llama-dos de “limpieza social” han operado en Colombia en contra de los homosexuales y trabajadoras sexuales. Entre el 2013 y 2014, 164 personas de la comuni-

dad Lgbti fueron asesinadas. Hay que recordarle al tambaleante Procurador y al país negador de las evoluciones: que el universo es cambiante en todos los órdenes y que según su credo religio-so, “todos fuimos creados iguales”. (…) que convivimos bajo un Estado social de derecho, que la discriminación es un delito, que el Estado laico prevalece so-bre el eclesiástico. Omar León Muriel Arango (Vía Internet).

El taxista y Obama

Mensaje del taxista cubano al que VOZ le hizo el reportaje por la visita de Obama: Bueno, la visita de Obama pasó muy bien, con las tensiones propias del mo-mento histórico, la gente lo recibió entre asombrados y contentos, es increíble que La Habana ha sido la única ciudad del mundo que no hizo una manifesta-ción contra su visita. No quiere decir que tras bambalinas se escondan otras co-sas, no somos tontos, pero esto es como un tablero de ajedrez donde para dar mate hay que sacrifi car piezas. Así que nada, un abrazo y seguimos en contacto, saludos. Fernando (vía Internet).

a opresión cultural y psicológica de la iglesia católica sobre el hombre colombiano des-de su nacimiento hasta la muerte, a partir del Concordato de 1886, le sirvió al cineasta colombiano Lisandro Duque para elaborar el

guion y dirigir la película El sobor-no del cielo. El tema de la pelícu-la es tomado de un acontecimien-to ocurrido en una población del Valle del Cauca en los años sesen-ta del siglo pasado: un sacerdote fa-náticamente ortodoxo pretendía que un suicida recientemente sepultado en el camposanto fuera exhumado y enterrado en otro cementerio no

convencional. Para lograr su objeti-vo presiona, por no decir chantajea, a los habitantes del pequeño pueblo negándose a ofi ciar misa y no prac-ticar ni bautizos ni otros sacramen-tos, en una época próxima a la se-mana santa.

La trama de la película enfren-ta dos personalidades tozudas: al sacerdote, Germán Jaramillo y al

El soborno del cielo

Gozosa comedia en la tierra

hermano del suicida, apoyado por un joven ateo Alfer-quien soña-doramente cree posible fundar en Colombia la primera república atea- este logra estimular a la familia del occiso para que no ceda a las pre-tensiones del sacerdote.

Finalmente, el pueblo acude en buses a una parroquia de una pobla-ción cercana a cumplir con sus de-beres católicos y no permitir que el sacerdote imponga su voluntad. La película tiene un fi nal no previsible.

El actor Germán Jaramillo le da credibilidad y autenticidad a su per-sonaje. Expresa de manera exce-lente la sec uencia en la peluquería, donde la proximidad de la peluque-ra lo atormenta emocionalmente y parecía que iba a sucumbir a la ten-tación lúbrica.

Lisandro Duque con su filme El soborno del cielo, a pesar de su ateísmo militante, logra un trata-miento respetuoso del tema de la manipulación grosera que durante mucho tiempo hacen lo sacerdotes católicos del campesino colombia-no. De igual manera son acertados los diálogos y bien seleccionada la música de fondo. La película acu-sa el largo período de preparación y decantación del argumento que le demandó al autor de Visa USA, más de diez años. El hecho ocurrido en Sevilla, Valle, fue reelaborado por Lisandro en un cuento inicialmen-te y ahora fue la materia prima del guion de la película comentada. Es una comedia negra, que le deparan al espectador hora y media de go-zosos momentos. Dada la persona-lidad y temperamento de Lisandro Duque, hacer una comedia es una manera de volcar su sentido del hu-mor al celuloide.

Vale la pena recordar algu-nos títulos de la filmografía de Lisandro Duque: Los niños invisi-bles, Milagro en Roma, Los actores del confl icto, El escarabajo, y un sinfín de documentales.

El cura y la peluquera.

Abril20 de 2016/3TEMA DE LA SEMANA

CARLOS A. LOZANO GUILL N

El Grupo de Diarios de

América, agrupado en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pu-blicó en simultánea en los principales periódicos de la derecha continental un “Informe Especial” con el sugesti-vo título de “La izquierda pierde brillo en Latinoamérica”, que de suyo indu-ce al lector a concluir en el fracaso de los gobiernos de izquierda en el sub-continente.

Parten de la hipótesis especulativa de los ideólogos de la derecha, de que “el péndulo político que llevó a la he-gemonía de esta tendencia durante la última década parece estar regresan-do al centro. Las derrotas del ofi cialis-mo en Venezuela y Argentina eviden-cian un desencanto ciudadano frente a varios de los principales proyectos de izquierda, que intentaron perpetuarse en el poder”.

Acuden al viejo argumento de la “ley del péndulo”, aplicada por la cien-cia a investigaciones físicas y matemá-ticas, para explicar los cambios políti-cos, pero hacen la abstracción de los factores objetivos y subjetivos que pro-ducen las transformaciones en el cam-po político y social. Según la hipótesis, el péndulo va de un extremo a otro y luego se ubica en el justo centro y ello explicaría el fracaso izquierdista en América Latina, en la última década.

En realidad los cambios siempre son dialécticos y se dan por el nudo de las contradicciones en los fenómenos naturales y en la sociedad. Así lo ex-plicaron Hegel y Marx, el primero des-de el idealismo y el segundo desde el materialismo científi co. El péndulo de Foucault (1819-1868), para demostrar desde la física el movimiento de rota-ción de la tierra, “que se bambolea rít-micamente suspendido de la bóveda principal del Panteón de París”, no tie-ne aplicación a los fenómenos políti-cos y sociales que están marcados por la dictadura del capital, la precariedad de la democracia burguesa y por los es-tallidos sociales y populares más allá de las contiendas electorales.

La dictadura del capital

Dijeron hace pocos días los partici-pantes en el XII Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad “Venezuela en la Encrucijada: Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos”, lo si-guiente: “Los pueblos de nuestra América sufren la ofensiva de recolo-nización conservadora por parte del imperialismo y las oligarquías locales. Se pretende barrer todas las conquistas de los procesos progresistas regionales en el campo de la justicia social, la so-beranía, la integración y la gestación de un auténtico poder popular. En este contexto, Venezuela es un blanco prin-cipal, tanto por sus enormes riquezas como por la amenaza que representa su ejemplo de esperanza” (ver texto de la Declaración Final). Les sobra razón.

Las causas del derrumbe de la iz-quierda latinoamericana, según el in-forme del GDA, estriban en la preten-sión de los gobernantes a perpetuar-se en el poder, al fracaso económico y a la corrupción. Y a otra más gene-ral “el fi n de la bonanza económica”, en particular por la baja en los precios del petróleo y las consecuencias que ello conlleva.

Sin embargo, la crisis económica en la esfera del capital y de la política neoliberal, provocó crisis estructurales que no condujeron a cambios revolu-cionarios, debido a factores subjetivos en lo esencial. En España, por ejemplo, un gobierno tan incapaz y corrupto co-mo el de Mariano Rajoy no signifi có la debacle electoral del PP heredero de Franco. En el pasado, las grandes de-presiones del capitalismo no conduje-ron, en todos los casos, al derrumbe de los regímenes burgueses en todas las latitudes ni a una “revolución mun-dial”, porque estos se defendieron con medidas reformistas y cosméticas y con la violencia desde el poder.

Moisés Naún, derechista venezola-no, dice “que se ha venido violando la alternancia en el poder, ‘regla sagra-da’ de la democracia”. ¿Qué tal la cí-nica afi rmación? En la Venezuela pre-bolivariana, la patria de Naún, lo que se impuso fue el pacto bipartidista de “Punto Fijo” para excluir a otras fuer-zas y cerrar la posibilidad de lo que él llama “alternancia en el poder”. Fue la “salida democrática” impuesta a san-gre y fuego por la oligarquía venezola-na tras la caída de la dictadura de Pérez

Jiménez. En Colombia ocurrió algo si-milar con el Frente Nacional biparti-dista, al que califi caron de “tránsito a la democracia” después de la dictadu-ra militar de Gustavo Rojas Pinilla. O en Sudamérica, sacudida por confl ictos sociales y políticos y por las acciones de fuerzas guerrilleras, donde el impe-rialismo estadounidense promovió gol-pes militares de corte fascista, con el apoyo oligárquico local, en desarrollo de la política de contrarrevolución pre-ventiva aconsejada por la doctrina de la seguridad nacional y de la concep-ción del enemigo interno.

Cuál democracia

En los casos anteriores no hubo nin-gún péndulo sino la imposición por la fuerza del capital en desarrollo de prácticas inhumanas sociales aconse-jadas por los “Chicago boys” que lle-varon al neoliberalismo y al “consen-so de Washington” para vulnerar la de-mocracia y el deseo de cambios en las masas populares.

El ascenso de la izquierda, en los últimos años, obedeció a causas obje-tivas y subjetivas. Irrumpió con el bo-livarismo del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, gigante personalidad re-volucionaria, que interpretó los deseos de cambio de los oprimidos y planteó el camino hacia la unidad y la Patria Grande.

¿A qué democracia se refi ere el espe-cial del GDA? Ni siquiera a la democra-cia burguesa que tiene tantas limitacio-nes y precariedades, sino a la dictadura

del capital, impuesta por las troikas en todas las latitudes, estimulando al capi-tal fi nanciero, el más parásito en la esfe-ra del capitalismo. Carlos Marx advirtió que las leyes de concentración y centra-lización del capital serían las bases del capital fi nanciero. Lenin desarrolló la teoría con la aparición de los monopo-lios. Demostró cómo el Estado dejó de ser de toda la burguesía y se convirtió en instrumento de los sectores monopo-listas. En Estado al servicio de la oligar-quía y en especial del capital fi nancie-ro. Es lo que genera más utilidades para los ricos y mayor concentración de la ri-queza y por ende más miseria y pobreza para los pueblos. Eso no ha cambiado y es una de las grandes atrofi as del capi-talismo, salvaje e inhumano por su pro-pia naturaleza. El marxismo-leninismo en sus formulaciones científi cas y teó-ricas no ha sido refutado.

¿De qué democracia se ufana la de-recha? ¿De la libertad de empresa, que impone las normas en su propio benefi -cio? ¿De la violencia para controlar el poder y agenciar el exterminio de sus opositores, como ocurrió en Colombia con el genocidio del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica?

El “plan retorno”

La ofensiva contra Venezuela, Argentina, Brasil y la izquierda en América Latina, obedece a un proyec-to de “plan retorno” agenciado des-de Washington. ¿Quién fi nancia a los opositores en Venezuela? ¿Por qué el silencio ante el golpe de Estado con-tra Dilma Rousselff? ¿Por qué la com-plicidad con los golpistas en Honduras contra Manuel Zelaya? Mantener el bloqueo económico contra Cuba es tan infame como el bloqueo que se ejerce contra la Venezuela bolivariana.

Las acciones contra la izquierda son parte de un plan desestabilizador ins-pirado en el anacrónico “consenso de Washington”, que no tolera nada que se aparte del statu quo internacional. La derecha cree que la izquierda es un error de la historia que se debe borrar a como dé lugar y como sea.

El GDA asegura que la izquierda se desborona por la corrupción. ¡Claro que hay casos que vulneran la ética re-volucionaria! Pero enjuiciar a Maduro, a Dilma, a Cristina o a Lula por corrup-ción, como si fueran Felipe González o Samuel Moreno Rojas, es un exabrup-to. ¿Por qué silencian la corrupción de los regímenes de derecha en todas las latitudes? ¿Qué pasó en Colombia en la Casa de Nari? La parapolítica afec-ta, en particular, a los partidos colom-bianos del establecimiento. ¿Por qué la doble moral?

Tiene suficiente oxígeno la iz-quierda. El Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, hace 168 años, cuan-do el capital cometía los mismos atro-pellos de ahora en nuevas condiciones, es un documento histórico y de actuali-dad. Plantea una realidad humana sus-ceptible de modifi car mediante la trans-formación de la sociedad por vía revo-lucionaria.

A propósito del especial del GDA

Debate con la derecha y el capitalEl especial del Grupo de Diarios de América (GDA) contra la izquierda hace caso omiso de la degradación del capital, principal causa de la miseria en todas las latitudes

El pensamiento de Carlos Marx sigue vigente como también lo es la degradación del capitalismo. Retrato de Calarcá.

Abril20 de 2016/4CAMPO

V AGENCIA PRENSA RURAL

an quince días del pa-ro armado y las calles de Puerto Libertador, municipio del sur de Córdoba, están solitarias, algunos lo-cales comerciales cerrados. Un vende-dor de frutas y verduras de la plaza de mercado nos dice que no tomemos fo-tos a ciertos lados porque hay persona-jes ahí que pondrían problema.

“Aquí en este punto quemaron una camioneta (dice el conductor detenien-do un poco el carro y señalando para ver los restos). Es que el paro armado se vivió muy fuerte en esta zona del de-partamento. En Puerto Libertador y su corregimiento Juan José, la gente aún tiene miedo, las amenazas continúan”.

El Urabá antioqueño, chocoano y cordobés y el bajo Cauca antioqueño fueron los que más sufrieron las con-secuencias del paro armado realizado el 30 de marzo y primero de abril por el Clan Úsuga, pues esta es su zona de infl uencia. Algunos tienen la informa-ción de que el paro fue realizado para conmemorar los tres años de la muer-te de Francisco Morelo Peñata, alias “el Negro Sarley”, quien actuaba co-mo segundo al mando de los entonces “Urabeños”.

Es esta la segunda vez que el Clan Úsuga realiza un paro de esta índole. El primero se dio en 2012 como represalia por la muerte de Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni”, hecho que colapsó el comercio y el transporte en zonas de infl uencia de esta banda en seis de-partamentos.

Días de angustia

En un panfl eto distribuido duran-te la semana antes del paro, pidieron a la gente cesar todas las actividades económicas, laborales y académicas. “Invitamos a que se sumen a esta pro-puesta los sectores sociales perjudica-dos por la crisis económica, social e institucional que enfrenta nuestra na-ción, frente a la corrupción que nos co-rroe, la negación del servicio de salud y a una educación gratuita de calidad”, dice el comunicado.

César Guerra, secretario de Educación de Puerto Libertador dijo que “desafortunadamente a nosotros no nos dio tiempo de actuar, porque la repercusión fue directamente sobre las

instituciones educativas, tanto urbanas como rurales y con la población civil, donde nos vimos obligados a suspen-der todo tipo de actividades. Fueron dos días de angustia porque se parali-zó la actividad educativa y con todas las difi cultades que tiene la educación en nuestro municipio, lo que hizo fue agravar más la situación, quedamos con pocos profesores”.

Al segundo día del paro dieron una hora a los habitantes del municipio para comprar comida, sin embargo la gente dice que no alcanzó para mucho ese tiempo. Un bus que salió de Puerto Libertador hacia Medellín fue quema-do en Tarazá. En Planeta Rica un jo-ven abrió la gasolinera y fue asesinado.

Cuentan los campesinos de Juan José, corregimiento de Puerto Libertador que tres días antes de la fe-cha del paro, “llegaron camionetas con paramilitares, armados y uniformados, estuvieron caminando por las calles y luego no dejaron abrir nada, dos días nos quedamos encerrados en las casas”.

Fue sorprendente ver el corregi-miento tan solitario, cuando en otras ocasiones tenía una dinámica bastante comercial. Preguntamos si esa soledad sólo se debía al paro y nos contaron que en parte sí, pero que también era por-que no había cosecha de hoja de coca, lo que hace que la gente se vaya al cam-po a trabajar sus parcelas. “Estuvimos con zozobra esos días, con los pelos de punta, como decimos aquí, porque uno no sabe ni dónde ni cómo, queda uno sometido al encierro, a no salir a nin-guna parte, se paralizan las actividades del campo”, cuenta un campesino del corregimiento.

Realidades de Juan José

Este es el corregimiento más gran-de de Puerto Libertador, con más de tres mil habitantes. Está ubicado en el Parque Natural Nudo del Paramillo. Es una región que ha vivido la vio-lencia durante décadas, pues fue de-clarada zona roja en los noventa por

la confluencia de diferentes grupos armados allí. Por esa época se reali-zó un paro cívico y la comunidad de Juan José acordó con el Gobierno na-cional la pavimentación de la carrete-ra de Montelíbano al corregimiento, aulas para la escuela, acueducto, com-promisos que hasta ahora no se han cumplido.

“La carretera aparece pavimenta-da por el Estado, pero ustedes mis-mos vieron cómo está, toda destapa-da, el acueducto lo han hecho dos ve-ces y no tenemos agua potable, el agua es de pozo. El gobierno ha sido olvi-dadizo con estas comunidades del al-to San Jorge. Y vemos que los manda-tarios de estos municipios, cuando en-vían recursos para el corregimiento, lo desvían, se hacen los locos”, dice Jesús Tamara quien lleva 56 años viviendo en Juan José.

La comunidad ha presionado al municipio para tener un centro de salud, condiciones para una vida digna, pero “hay un puesto de salud muy bonito, con buena infraestructu-ra, y no hay médicos ni enfermeras,

Secuelas del paro armado en el sur de Córdoba

la ambulancia no funciona. A pesar de que estamos a orillas del río San Jorge no tenemos agua potable, tam-poco tenemos maestros para la escue-la, carecemos de tantas cosas, hemos sido huérfanos de las administracio-nes municipales”.

Hoy se vive una tensión en el sur de Córdoba porque siguen circulando pan-fl etos con amenazas de un nuevo paro armado en Montería y algunos de sus municipios, la justifi cación es porque algunas zonas no cumplieron con ce-rrar el comercio y continuaron con sus actividades.

Sin embargo el comandante del Departamento de Policía de Córdoba dijo que la mayoría de esos mensa-jes que circulan han sido creados por jóvenes, “sabemos que son personas que no son de la banda criminal ‘Clan Úsuga’, también que son de unos sec-tores estudiantiles”. Las mismas comu-nidades saben que por sus territorios si-guen circulando los paramilitares e in-timidando a sus pobladores, llegan en motos, en carros y la calma sigue sien-do interrum pida.

Parque de Puerto Libertador. Foto Prensa Rural.

Las comunidades saben que por sus territorios siguen circulando los paramilitares e intimidando a sus pobladores. Llegan en motos, en carros y la calma sigue siendo interrumpida

Jueves 21 de abril en el salón múltiple 4 Gran Salón Literario Ecopetrol. A cargo del exconstituyente, ex ministro y facilitador de paz Álvaro Leyva Duran.Hora: 6 p.m.

Presentación en la Feria del Libro

“La paz es el camino” de Carlos A. Lozano Guillén

Abril20 de 2016/5EDITORIAL

ALFONSO CONDE C.

Latifundismo y

paramilitares

Caballería ligera

JOS RAM N LLANOS

SOS por La MacarenaMirador

CARLOS A. LOZANO GUILL N

A la cárcel, delincuentes

El municipio de La Macarena, de-partamento de Meta, está en una

región de privilegios, dotados por la na-turaleza, que lo convierte en uno de los pulmones ambientales de mayor impor-tancia a nivel planetario. Alberga a la Sierra de La Macarena, ubicada en el pie-demonte andino en la selva amazónica, punto de encuentro, según los geógrafos, de los ecosistemas andino, amazónico y orinocense. Fue fundado en la segunda mitad del siglo pasado, por el arribo de colonos desde San Vicente del Caguán, expulsados por la violencia militarista durante las dictaduras conservadoras de la mitad del siglo pasado.

En la Serranía de La Macarena, es-plendorosa de bosques y diversidad de fauna, está el rio (también le dicen que-brada) de Caño Cristales, una de las ma-ravillas del mundo, por sus aguas crista-linas de cinco colores. Pero también ríos con enormes cascadas como la Cascada de Caño Canoas, el Salto de Yarumales, el salto del Mico, Soplaculos y otros más que le dan belleza y personalidad a la región. En el río Guayabero hay ha-llazgos de antiguas culturas (Petroglifos de Angosturas I y II).

Ha sido tierra olvidada del poder central. La única carretera destapa-da entre San Vicente del Caguán y La Macarena, la construyó la guerrilla de las FARC-EP durante los diálogos con el gobierno de Andrés Pastrana. Es ade-más una zona de confl ictos sociales y armados, de ocupación militar y de fre-cuentes bombardeos en la ejecución de operativos contrainsurgentes.

Los campesinos han convivido con las guerrillas durante muchos años. Es un refl ejo de la realidad histórica co-lombiana. Durante los diálogos del Caguán, como facilitador de la libera-ción de soldados y policías retenidos por los insurgentes, me reuní en La Macarena con Jorge Briceño, conocido como el “Mono Jojoy”, a la sazón co-mandante del Bloque Oriental y miem-bro del Secretariado de las FARC-EP. En medio de la conversación llegaban campesinos con todo tipo de solicitu-des, muchas de ellas de solidaridad, a todos los atendía con ánimo de resol-ver sus problemas. No faltaban sus bro-mas y sus chistes. Se notaba el respeto y la admiración por el jefe guerrillero.

La Macarena está en peligro, toda su belleza y esplendor está amenaza-do porque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), me-diante Licencia 0286 del 18 de marzo de 2016, autorizó a la empresa gringa Hupecol para la exploración de 150 po-zos petroleros. El primer afectado se-ría el río Caño Cristales a solo 70 ki-lómetros del epicentro del ecoicidio, Es, ni más ni menos, un atentado con-tra la humanidad y el medio ambiente.

El presidente Juan Manuel Santos, obligado por la presión de los habitan-tes de La Macarena y de los sectores democráticos y ambientalistas, decidió suspender, más no anular, la licencia de exploración. Hay que continuar la ba-talla. SOS por La Macarena, patrimo-nio de la humanidad.

carloslozanogui@outlook.es

“Los ganaderos no están dispuestos a ceder ni un palmo de sus fi ncas” dicen Ordóñez y Lafaurie ante el

Congreso (El Heraldo, abril 14). Esa postu-ra la han venido planteando los latifundistas por medio de paros armados desarrollados por organizaciones paramilitares, amenazas y asesinatos a líderes de procesos de restitu-ción de tierras, movilizaciones, debates pú-blicos, pronunciamientos altisonantes de di-rigentes políticos incluidos los del precan-didato de la extrema reacción, quien funge hoy como supuesto defensor de los derechos colectivos de la ciudadanía. Aplican, como lo han hecho desde comienzos del siglo pa-sado, la combinación de todas las formas de lucha contra la población, por la defensa de sus intereses de acumulación.

Quienes se han considerado siempre a sí mismos como ungidos por la providencia para ser benefi ciarios de todos los derechos, aún en contra de la vida y los derechos de la inmensa mayoría, no están dispuestos a ceder sus privilegios. Hasta creen que tales privilegios son de origen divino.

Ellos no son los únicos opositores al

proceso de paz que implica el cuestiona-miento de las relaciones de propiedad de la tierra. Otros latifundistas dedicados a macrocultivos comparten con los ganade-ros su oposición al proceso. Ambos gru-pos, que a veces se traslapan, han acrecen-tado sus propiedades apelando al mecanis-mo violento del desplazamiento forzado de campesinos a quienes ahora, por virtud del proceso en marcha entre las insurgencias y el gobierno, se les debe restituir su propie-dad arrebatada.

Dicen entonces esos despojadores que no están dispuestos a devolver lo violentamente robado. Alegan que, después de las transac-ciones realizadas con esas tierras despojadas (proceso de lavado), sus últimos y actuales poseedores las adquirieron “de buena fe” y por tanto no están obligados a realizar la res-titución. Se requiere ser imbécil o cómplice de los despojadores para comerse el cuento de transacciones ingenuas con paramilitares o con sus testaferros al servicio de los orga-nizadores de esos grupos de asesinos, que por décadas se han apoderado de múltiples gobiernos locales y regionales y mantienen presencia notoria en los entes nacionales.

El punto sobre el latifundismo está aún por acordar en La Habana; es uno de los te-mas congelados que se retomarán al fi nal de las negociaciones. También está sobre el tapete la eliminación del paramilitaris-mo que, a pesar de su existencia evidente, el gobierno insiste en desconocer. Son te-mas álgidos sin cuyo acuerdo difícilmente habrá desmovilización y dejación de las ar-mas de los insurrectos.

Para el gobierno de Santos, adalid del

neoliberalismo, el éxito del proceso de diá-logos es un requisito para el mejoramiento del clima de los negocios que benefi cian al sector fi nanciero. Al margen de su motiva-ción se reconoce que el gobierno ha dedicado esfuerzos al logro de ese objetivo; ellos sim-plemente fracasarán si Santos continúa en su postura de hacer concesiones a los enemigos de la paz, si continúa en su posición nega-cionista de la realidad paramilitar, si conti-núa su tipo de respuesta ante las agresiones que también su gobierno recibe de parte de los anacrónicos señores de la tierra.

Le corresponde al gobierno hacer frente con entereza a esos enemigos ya no agazapa-dos de la paz y facilitar los avances de la ne-gociación con la insurgencia; abrir las com-puertas a la supresión del latifundismo, sus aparatos armados y sus relaciones semifeu-dales remanentes de producción; eliminar los muros de las “cárceles a cielo abierto” que ese sector retrógrado quiere construir alre-dedor de los insurrectos; estimular la expre-sión y acción política de ellos y de todos los colombianos sin restricciones ideológicas, políticas ni geográfi cas; contribuir al avan-ce hacia una democracia real.

Le corresponde a la población presionar al gobierno para el logro de esos objetivos. Le corresponde evidenciar con la moviliza-ción masiva por la paz el interés general de construir una sociedad con verdadera demo-cracia y justicia social que aísle a los ilumi-nados que se creen poseedores del falso de-recho a dominar. El próximo primero de ma-yo la movilización de los trabajadores tendrá que enfatizar estos objetivos, vitales para la supervivencia de nuestra sociedad.

Cada día que pasa se demuestra lo correcto de la expresión po-

pular: En Colombia la ley es para los de ruana. Y la cárcel también, agrega-mos nosotros. Los actos delincuencia-les cometidos por los empresarios del azúcar, el papel higiénico, los pañales desechables y los cuadernos, quienes se asociaron para manipular el mer-cado y disparar los precios, acaba de ratifi car ese hecho absurdo.

Mientras a un carterista que roba una billetera con unos pocos pesos lo condenan a varios años de cárcel. En cambio los delincuentes de cue-llo blanco, que organizaron una aso-ciación para delinquir y manipularon el mercado para fi jar precios eleva-dos, el Superintendente de Industria y Comercio se limita a imponerles una multa muy por debajo de los be-nefi cios obtenidos ilegalmente. Alega el funcionario que él no tiene atribu-ciones para sancionarlos penalmen-te. Pero si el Superintendente fuera consecuente, los documentos rela-cionados con esos hechos especula-tivos los pondría a disposición de la Fiscalía para que esta entidad haga la valoración pertinente para determinar los delitos cometidos por los directi-vos de las empresas implicadas en la cartelización.

El caso del azúcar, una sustancia de importancia fundamental para la preparación de muchos alimentos, incluso sin su uso los niños no reci-birían ciertas comidas. En el caso de los pañales está implicada la salud y

el bienestar de los niños recién naci-dos hasta por lo menos los dos años. El alza desmedida de precio priva a mu-chas familias de bajos ingresos de las posibilidades de proporcionar los pa-ñales a sus hijos, esto signifi ca que la cartelización de las empresas pañale-ras atentó contra el bienestar de la ni-ñez colombiana.

Cualquier estudiante de derecho sa-be que la naturaleza del delito come-tido por los ejecutivos de las empre-sas cartelizadas, está tipifi cado en el Código Penal en el titulo X, denomi-nado Delitos contra el orden económi-co social Los artículos 298 y 301, de-terminan una sanción que oscila entre dos y ocho años de prisión.

Por otra parte, sabemos que es imposible restituir el dinero hurta-do a los consumidores colombianos. Pero en cambio si es factible que la Superintendencia de Comercio al san-cionar a las empresas violadoras de las normas de la competencia, las condene a reducir los precios de las mercancías fabricadas por ellas al nivel previo al de los inicios de la manipulación de los carteles y a mantenerlos por lo menos durante tres años.

Esta sanción tendría un carácter de restitución parcial del dinero birlado a los consumidores, garantizaría la no re-petición e intimidaría a otros empresa-rios que tuvieran la tentación de incu-rrir en esas prácticas tramposas. Doctor Perdomo, cumpla con su deber y envíe a los delincuentes de cuello blanco a las mazmorras.

Abril20 de 2016/6

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LINA MAR A MONTILLA D AZ

JUAN CARLOS HURTADO FONSECA

LABORAL

l pasado 8 de abril, el Gobierno expidió el decreto 583 con el cual dice reglamentar el artículo 63 de la ley 1429 de 2010 y el artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo.

Según la Central Unitaria de Trabajadores, CUT: “Este decreto en su esencia legaliza todo tipo de terce-rización laboral, en cualquier tipo de empresa pública o privada, si el inter-mediario cumple los derechos labora-les individuales, con lo cual el empre-sario o Estado pueden tercerizar cual-quier actividad, incluso si es misional y permanente”.

En palabras de esta central sindi-cal, el decreto, fi rmado por el Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, es regresivo, violatorio de la ley y de fa-llos de la Corte Constitucional. “La ley 1429 de 2010, en su artículo 63, muy claramente establece que ‘…El perso-nal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada, para el desarrollo de las actividades misionales permanentes, no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan inter-mediación laboral o bajo ninguna otra

modalidad de vinculación, que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales, consagrados en las nor-mas laborales vigentes’, es decir, esta ley establece la obligatoriedad del con-trato directo en labores misionales per-manentes y con ello, evita la terceriza-ción en esas labores. Así como, la Corte Constitucional en la Sentencia C-614 de 2009, determinó que toda labor per-manente en el Estado, debe prestarse mediante una vinculación directa del trabajador a la planta de personal y no sólo en laborales misionales”.

Defi niciones

VOZ consultó con el abogado la-boralista, Ricardo Andrés Ruiz, para

El pasado 13 de abril, se llevó a cabo el “Día E”, el mal lla-mado Día de la Excelencia

Educativa, cuyo promotor fue el Ministerio de Educación, encabezado por Gina Parody. En este se pretendía hacer un “análisis” y refl exionar sobre el índice sintético de calidad y a su vez dar “soluciones y respuestas” a las di-versas problemáticas del sistema edu-cativo, entre ellas, el resultado en las pruebas Saber.

Ante esta situación, la Federación de Educadores y Trabajadores de la Educación, FECODE, convocó al ma-gisterio a la desobediencia civil, con el objetivo de hacer un enfático rechazo a la implementación de las políticas neo-liberales que actualmente se presentan en el sistema educativo colombiano.

Frente a esta situación y la nueva ola de privatización de la educación, el magisterio también debe refl exio-nar sobre su papel dentro y fuera del aula, pues si bien se sigue la orienta-ción de protestar, es urgente imple-mentar nuevas dinámicas de protesta y movilización.

Es decir, si para el “Día E” hay una serie de orientaciones y kits para traba-jar con la comunidad educativa, quie-nes piensan que la calidad educativa es otra, también deben promover y crear los espacios para informales a los pa-dres y madres de familia y a la comu-nidad estudiantil el porqué se hace.

Los profesores deben ser aguerri-dos pero al mismo tiempo creativos a la hora de luchar. Se debe acudir a un lenguaje sencillo y sutil para convencer a los padres y madres de familia que la educación está en peligro. Por otra parte, las organizaciones sindicales fi -liales de Fecode, deben reconocer la importancia del movimiento estudian-til secundarista.

Ahora, es necesario que el maes-tro adquiera y se apropie de un discur-so político pedagógico, que compren-da que la aplicación de estas políticas obedece a intereses económicos in-ternacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el constan-te interés de Juan Manuel Santos pa-ra que Colombia ingrese al “Club de los Ricos”.

El discurso político pedagógico que debe adquirir el magisterio, debe tener como centro al estudiante, que es quien posibilita el quehacer en la escuela, pero al mismo tiempo, es por él y por su formación que se debe hacer de la praxis un ejercicio consciente, crítico, creativo y contundente.

Es por esto que se debe rescatar ur-gentemente el movimiento pedagógi-co y retomar la pedagogía como una herramienta legítima para defender la educación pública. De esto se requie-re con prontitud en el movimiento sin-dical magisterial, para que contribuya

El regalo de Lucho Garzón a los empresarios

Un nuevo decreto que defi ne actividad misional permanente, entrega mejores herramientas para que empresarios tercericen

Luis Eduardo Garzón, ministro de Trabajo.

Ricardo Andrés Ruiz, abogado laboralista.

conocer sus observaciones sobre el Decreto, quien dice que hay que verlo en cuatro aspectos:

Primero: No hay defi niciones nue-vas sobre contratista independiente ni simple intermediario ni trabajadores en misión. Lo que es nuevo, lo rescatable, es la defi nición de actividad misional permanente y tercerización laboral.

Segundo: Para el decreto existe ter-cerización legal e ilegal. La ilegal es cuando se demuestra que se contrata personal para el desarrollo de activida-des misionales permanentes a través de un proveedor, y que se afecten los dere-chos constitucionales legales y presta-cionales. Eso dice mucho y dice nada. Se permite una utilización de la terce-rización ‘legal’, es decir la que no viole derechos ni se ejecuten actividades mi-sionales permanentes. “Ahí vendrá una gran discusión porque las empresas van a decir que esas no son actividades mi-sionales. Los abogados de trabajado-res podemos pegarnos de eso; porque el decreto dice que si se vinculan para

actividades misionales permanentes se-ría ilegal, entonces podríamos entrar a demostrar que lo que hacen los trabaja-dores de un proveedor son de ese tipo de actividades de la empresa benefi cia-ria”, explica el abogado Ricardo Ruiz.

Tercero: El decreto no dice clara-mente cuáles son las consecuencias de la demostración de la intermedia-ción ilegal. Sólo habla de un principio de realidad.

Cuarto: Los elementos indicativos de tercerización ilegal en los que men-ciona nueve situaciones, que en la prác-tica no se van a encontrar fácilmente. Y si se encuentran son apenas indicios.

“Entiendo la postura sindical por-que ellos esperaban que se dijera que toda tercerización es ilegal, y eso se-ría lo deseable, pero en nuestra reali-dad no estamos en condiciones de ha-cer ese tipo de normas. En términos de protección de derechos el Decreto tiene muchos vacíos, realmente son más las críticas que le tengo”, concluyó el abo-gado Ricardo Andrés Ruiz.

Un llamado a los docentes

A propósito del “Día E”

a la renovación y oxigenación de sus estructuras, tanto en sus tácticas y es-trategias de lucha, como también en el relevo generacional de sus dirigentes.

Toda esta construcción necesaria, se debe desarrollar en paralelo a la lucha surgida de la necesidad de con-trarrestar la implementación de polí-ticas internacionales, como la Jornada

Única (Decreto 501 de 2016) y la re-glamentación del actual estatuto do-cente 1278 (Decreto 490 de 2016). Lo anterior consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde una vez más se debe salir a luchar de ma-nera unitaria y exigir una educación de calidad y a favor de la paz con jus-ticia social.

Integrantes de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, ANDES, en manifestación de protesta junto a sus docentes. Foto ANDES

Abril20 de 2016/7POLÍTICA

XXXIII ENCUENTRO DE LA UNIDAD Y LA FRATERNIDADMAYO 1º. 12:30 P.M.COLEGIO EXTERNADO NACIONAL CAMILO TORRESKra. 7ª No. 33 -64. Sitio cubierto

Disfrute de una tarde de integración de los trabajadores y sus familias. Almuerzo y actividad cultural

INFORMES EN CORPEISCALLE 32 A No. 18 - 17

TEL. 287 57 69 – 287 57 72.

REDACCI N POL TICA

“En la Ruta para la Paz” fue un foro convocado por el Ministerio del Interior en ca-

beza de Juan Fernando Cristo, para de-limitar una propuesta que garantice el cumplimiento de los acuerdos suscritos en la mesa de La Habana por la guerri-lla de las FARC-EP y el Gobierno na-cional en materia política.

A la cita llegaron partidos políti-cos, magistrados del Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado, así co-mo congresistas de distintos partidos. Las intervenciones sirvieron para diag-nosticar el estado del sistema electoral colombiano, las prácticas políticas y la ausencia de garantías reales para quie-nes se declaran en oposición al régimen económico, social y político.

Respecto a esto último, el jefe de la cartera del Interior, reconoció la deuda que ha tenido el legislativo colombia-no con los partidos de oposición des-de 1991: una ley estatutaria. De acuer-do con Cristo “esa es una deuda con la Constitución, más que un reclamo de La Habana”, y agregó: “ya van más de 25 años sin cumplir la orden de una ley estatutaria de la oposición, es un tema prioritario para el Gobierno”, resaltó.

Para la Unión Patriótica la paz lle-gará de la mano con las trasforma-ciones políticas que abran el camino a una democracia real. Aída Avella,

Cartagena

La ruta son las transformaciones de fondoLa UP y el Polo Democrático hablaron duro en foro de reformas políticas

presidente de la colectividad, señaló que la política no puede seguir sien-do una competencia entre mafi osos, corruptos y contratistas para ver cuál puede ganar más congresistas, alcal-días, gobernadores, ediles, concejales y diputados para desangrar el erario. “Los carteles de criminales deben es-tar lejos de la política”, indicó Avella.

De acuerdo con Gabriel Becerra, miembro de la dirección nacional de la UP y quien participó en el foro, este momento político es una oportunidad sin igual para transformar a fondo las prácticas políticas y el sistema electo-ral colombiano: “El proceso de paz es la oportunidad para cambiar las cos-tumbres políticas y de hacer las refor-mas de fondo que permitan a todas las colectividades existenten y las que es-tán por crearse tener condiciones nece-sarias para salir a buscar votos sin el temor a la corrupción o a la persecu-ción”, sentenció.

Aunque la presencia de los partidos políticos tradicionales fue mayoritaria, emprender las reformas allí planteadas sería un golpe certero a la tradicional manera con la que estos hacen políti-ca. Entonces estaría en duda que esos partidos estén interesados en los cam-bios. “Debe ser un momento para que los partidos tradicionales asuman su responsabilidad histórica para permitir

que los partidos políticos de oposición tengan el derecho a la vida, la no re-petición y la garantía de gozar de de-rechos políticos”, puntualizó Becerra.

Otra de las críticas fuertes fue la expresada por la presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, quien describió las sofi stica-das técnicas con las cuales se roban las elecciones con el auspicio de la propia organización electoral en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil. “Le he dicho al Presidente que para unas elecciones confiables se debe cerrar la Registraduría y hacer una completamente nueva”, expresó López quien además sentenció que los

partidos políticos deben dejar a un lado la mezquindad y garantizarle a la insur-gencia que va a hacer dejación de las armas las posibilidades ciertas de que va a poder desarrollar la acción política con la sufi ciente seguridad y transpa-rencia, de lo contrario, señaló la presi-denta del Polo, “lo demás es literatura”.

Las conclusiones del foro serán re-cogidas mediante la conformación de una comisión encargada de redactar una hoja de ruta que permita acompa-ñar desde el Congreso las diversas opi-niones y los compromisos para respal-dar los acuerdos de La Habana y sacar adelante las reformas al sistema elec-toral colombiano.

Aída Avella en Foro de reformas política en Cartagena.

En un comunicado conjunto las delegaciones de paz de las FARC-EP y el Gobierno

nacional, manifestaron los avances que han tenido en el punto de cese al fue-go y de hostilidades bilaterales y defi -nitivas, proceso de dejación de armas y garantías de seguridad.

Un día antes del cierre del ciclo el jefe de la comisión de normalización de la insurgencia y encargado de la ne-gociación del punto 3 de la agenda pa-ra la terminación del confl icto, Carlos Antonio Lozada, señaló que las visio-nes se van acercando. Al preguntár-sele sobre la dejación de armas el co-mandante guerrillero señaló que no aplica la unilateralidad del término y que la dejación de armas depende de las dos partes. La guerrilla lo plantea: “El abandono de las armas signifi ca no permitir que estas se incluyan en la vi-da política del país, lo que implica un compromiso no sólo por las FARC-EP, sino también por el Gobierno nacional, que debe abandonar la doctrina tradi-cional y la ideología administrada por el Estado y sus fuerzas militares”, re-saltó Lozada.

En cuanto a la designación de Simón Trinidad, delegado plenipo-tenciario de las FARC-EP en la mesa,

como el encargado de coordinar el pro-ceso de desarme de la insurgencia, el vocero insurgente Ricardo Téllez, in-dicó que tal responsabilidad no se pue-de hacer si no es en suelo colombiano pues debe recoger el armamento, veri-fi car y vigilar el mismo, transportarlo y realizar el inventario: “no hay entre las personas de la delegación de las FARC una persona que tenga las capacidades de Simón Trinidad para realizar este delicado trabajo”, agregó Téllez.

Aunque se esperaba una declara-ción de acuerdos del punto tres de la agenda para el pasado 14 de abril, las delegaciones de paz coincidieron en se-ñalar que cada vez se acerca la fi rma de compromisos respecto a ese punto y se soslayan las diferencias que no per-mitieron la fi rma del acuerdo el pasa-do 23 de marzo.

Un día después de fi nalizar el ciclo de conversaciones, el jefe de la dele-gación de paz de la insurgencia, Iván Márquez, hizo un llamado a quienes no quieren escuchar la opinión de las FARC para dejar de repetir afi rmacio-nes equivocadas. “Algunos se moles-tan porque hemos dicho que no habrá entrega de armas, pero no escuchan bien o no quieren escuchar, que lo que las FARC están diciendo es que habrá

dejación de las armas. Nuestro compro-miso es hacer política sin armas, espe-rando que las que la sociedad ha confi a-do a los agentes del Estado no se vuel-van a utilizar contra su propio pueblo. Solo pedimos un nunca más”, indicó.

A renglón seguido el comandante fariano dijo que el tema del paramili-tarismo sigue siendo un obstáculo pa-ra la fi rma de los acuerdos. “Queremos saber quiénes están impulsando el pa-ramilitarismo”, criticó que la respues-ta al país sobre este fenómeno sea la de negar su existencia y se pregunta

entonces: “¿quiénes están matando a los defensores de derechos humanos, a reclamantes de tierras y a líderes oposi-tores? Muchos de estos asesinatos han tenido lugar en escenarios fuera del al-cance del Clan Úsuga. No estamos con-tra los paramilitares como seres huma-nos… lo que queremos es que se acabe el paramilitarismo”.

El próximo 21 de abril se reinicia la discusión y se espera que ese ciclo sea el de culminación del acuerdo del punto 3 de la agenda para la termina-ción del confl icto.

La Habana

Se acercan visionesDelegaciones de paz coinciden en que está muy cerca la fi rma del punto tres de la agenda de paz

Abril 20 de 2016/8

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HERN N CAMACHO

POLÍTICA

n una correría por los departamentos más afectados por el despojo de tierras a manos del parami-litarismo, el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, le advirtió al Gobierno nacional, en airados discur-sos, que el Ministerio Público respaldará a los dueños de las tierras que son obje-to de procesos de restitución por consi-derarlos tenedores de buena fe.

La afirmación fue hecha por Ordóñez en medio de una convocatoria realizada a terratenientes y ganaderos del departamento del Cesar, auspicia-da por el presidente del Fedegán, gre-mio que agrupa a los ganaderos, José Félix Lafaurie; quien anotó que los ga-naderos no van a devolver un milíme-tro de tierra pues asegura que esa res-titución es un despojo impuesto desde la mesa de La Habana por la guerrilla de las FARC-EP.

La derecha en tribuna

Según el jefe del gremio ganade-ro los reclamantes de las tierras están agrupados en organizaciones campesi-nas cuyos nombres rememoran a diri-gentes históricos de la izquierda colom-biana, y esa sería la razón para asegurar que los procesos de restitución de tie-rras arrebatadas por el paramilitarismo estarían viciados y orientados a atrope-llar a sus dueños actuales.

Para la Procuraduría los testaferros de las estructuras paramilitares que bajo las órdenes de políticos, terratenientes y ganaderos, asesinaron, desplazaron y arrebataron tierras son “comunidades de la región, que quieren plantear preocu-paciones sobre la aplicación de la Ley”.

Carta pública

Para la dirigente de la Unión Patriótica, Aída Avella, la actitud del procurador no solamente es reprocha-ble sino que sugiere una estrategia de defensa del despojo, convirtiendo esa institución en cómplice del dolor cau-sado por el paramilitarismo en el país. “Las víctimas de la Unión Patriótica estamos indignadas, al constatar que usted coincide con quienes en bue-na parte, han concentrado la tierra en Colombia empleando la violencia pa-ra apropiarse de grandes extensiones de tierras”, señaló la misiva pública enviada por la colectividad a Ordóñez.

Para Avella el asunto responde a una de las causas originarias del con-fl icto: la tenencia desigual de la tierra en Colombia. “Utilizar la entidad que usted dirige –Alejandro Ordóñez- para defender la concentración de la tierra. Según el último censo agropecuario el 0.4% de los colombianos tiene el 46 % de la tierra. No hay sistema más inequi-tativo en el mundo que el colombiano. El enriquecimiento ilícito a costa del sufrimiento de la gente se mantiene en

las instituciones que usted debería in-vestigar y que no lo hace porque ahí es-tán los intereses de la clase dominante, de los ricos de Colombia y de los que se dicen dueños de la tierra”, indicó.

Otras voces

La estrategia de defensa de los tes-taferros del paramilitarismo y auspicia-dores del despojo en Colombia no solo está en manos de Ordóñez. El Centro Democrático ha iniciado una cruzada para defender a quienes son considera-dos dueños de buena fe de la tierra en departamentos como el Cesar, Bolívar y Magdalena. El 29 de julio de 2015, la representante a la Cámara por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, realizó un debate de control político en el que señaló que los reclamantes de tierra eran personas motivadas por la insurgencia.

Pero la denuncia más grave la hizo el senador Iván Cepeda mediante una constancia presentada el pasado 13 de abril en la Comisión Segunda de esa corporación. De acuerdo al senador del Polo Democrático hay ejércitos anti-rrestitución planeando acciones mili-tares y otros sectores acudiendo a ac-ciones judiciales para detener el proce-so de restitución de tierras.

Denuncia

“La Corporación Jurídica Yira Castro denunció que se venía creando un proceso antirrestitución en Chibolo, Magdalena, orquestado por Augusto Castro Pacheco, alias ‘Tuto’ Castro y Saúl Severini ex paramilitares del blo-que norte, la familia Cortina Calanche, una persona conocida como el ‘Mono Bedoya’, Gerardo Orozco, fi rmante del pacto de Chibolo, así como gana-deros del sector de El Difícil y de San Ángel. Este grupo se estaría promo-viendo en varias veredas, solicitándo-les apoyo económico a los ganaderos, y al parecer, con el apoyo de gente “nue-va” en la región. Refi riéndose con ello,

a personas que se conocen como los ‘Paisas’, quienes tendrían un vínculo directo con la familia Castaño Gil” se-ñaló la denuncia expuesta por Cepeda.

La premisa anti restitución de la de-recha no solo estaría actuando militar-mente. La denuncia de la Corporación Yira Castro, señala que se creó una “asociación de víctimas de despo-jo del Estado, Asovide” y “se reali-zó una primera reunión en febrero de 2016, a la que fueron invitados ganade-ros y segundos ocupantes de Parapeto, Oceanía y otras veredas. Aseguran que a esa reunión asistieron: el ‘Mono Bedoya’, los Cortina Calanche, miem-bros de la familia Castro, otros recono-cidos opositores en estos procesos, y una mujer, a quien los asistentes iden-tifi caron como cercana a ‘Tuto’ Castro, que supuestamente ofreció prebendas, proyectos productivos y otras cosas a quienes apoyaran este grupo. Luego, se habría citado a una segunda reunión el 5 de abril, para la cual les solicita-ron dinero a los ganaderos, con el fi n de atender a los funcionarios que asis-tirían”, señala la denuncia.

Panfl etos

En el municipio de San Ángel, lugar del encuentro de ganaderos convocado por el presidente de Fedegán circula-ron volantes fi rmadas por la Asociación Nacional de Víctimas de Restitución de Tierras, Asocolvirt, en donde señalan que las propiedades del municipio de Sabana de Torres, Santander “están en riesgo inminente por la expropiación del Gobierno nacional a través de la ley 1448 de 2011 de restitución de tie-rras; por tal motivo queremos invitar-lo a una reunión contra este fl agelo”.

“Claro que existen algunos casos de segundos ocupantes de buena fe exen-ta de culpa. En cada uno de esos casos

los jueces de restitución están obliga-dos a tomar medidas para proteger los derechos de estos segundos ocupan-tes. Pero solo son algunos casos, los demás son cómplices de paramilitares que pretenden presentarse como cam-pesinos afectados por la restitución”, advirtió Iván Cepeda.

Cifras de restituciones

A todo eso se suma que el Ejecutivo ha sido inefi ciente en el apoyo adminis-trativo a la jurisdicción de tierras. Nora Saldarriaga, de la Fundación Forjando Futuro de la Universidad de Antioquia aseguró que la aplicación de la ley de Victimas y Restitución de Tierras está estancada. Indicó que se han realiza-do 87.118 mil solicitudes de las cua-les 2.943 han sido resueltas por parte de jueces de la Unidad de Tierras re-presentando la devolución de 197.927 hectáreas. La Fundación estudió 1.500 sentencias de los jueces de restitución y de ellas el 94% han sido favorables a reclamantes en calidad de víctimas. Llama la atención que cinco personas aparecen como opositores a las solici-tudes de restitución en casi la mitad de las solicitudes. Es decir, esas personas ante los jueces no han logrado compro-bar la buena fe exenta de culpa para ad-quirir las tierras despojadas.

Entonces la estrategia contra la res-titución de tierras tiene aspectos milita-res, con ejércitos antirrestitución evo-cando el paramilitarismo tradicional, políticos con el respaldo de la bancada del Centro Democrático, el sector gre-mial a la cabeza de Fedegán e institu-cional con la Procuraduría General de la Nación. Todos enemigos del proceso de paz y legitimadores del actuar para-militar. Un pulso que el gobierno debe ganar para hacer efectiva la construc-ción de paz.

Debate nacional

La estrategia antirrestituciónEl gremio ganadero, los ejércitos paramilitares, políticos de extrema derecha y el Ministerio Público comprometidos en legalizar despojos

Procurador Alejandro Ordóñez, en Sabanas de San Ángel, Magdalena.

Abril 20 de 2016/9

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PLENO DEL COMITÉ CENTRAL

l análisis de la situación actual indica que el proceso para la so-lución política entre las FARC-EP y el gobierno, aspecto central del interés nacional, continúa avanzando; se am-plía al darse inicio a la fase pública con el ELN, pese al autoritarismo guberna-mental hacia esa organización; y plan-tea nuevos retos al movimiento popular para poner fi n al orden contrainsurgen-te que ha bloqueado históricamente las opciones de paz y el desarrollo demo-crático del país. La ampliación del pro-ceso agrega nuevas potencialidades a los eventuales acuerdos que requieren, sin embargo, convertirse en normas vinculantes, en reformas de apertura democrática y máximas garantías para la vida, las libertades y la convivencia.

Como retos se interponen las limi-taciones e indefi niciones del gobierno condicionadas por su visión estrecha-mente clasista de la paz, sus pretensio-nes de eternizar un sistema en crisis y su tendencia a ceder concesiones a la ultraderecha. El movimiento en favor de la paz aún no logra desplegar ple-namente sus reservas democráticas, lo que exige mayores esfuerzos unitarios y la superación de obstáculos que difi -cultan la apropiación por el pueblo de todas sus posibilidades de incidir de-cisivamente en el curso de los cambios necesarios.

La inconformidad social que se ex-presó el 17 de marzo muestra la in-coherencia de la política ofi cial que pretende atar la paz a la imposición ilimitada de su línea de descargar en el pueblo el altísimo costo de la cri-sis, como las anunciadas reformas tri-butaria y pensional y la ley de Zidres. Apoyamos las movilizaciones previs-tas por la Cumbre Agraria, étnica y po-pular y la iniciativa de preparar unita-ria y coordinadamente una gran pro-testa nacional incluida la idea de un paro cívico con el apoyo de las bases populares. Así mismo la conforma-ción de la Cumbre Minero Energética

Ambiental propuesta por la Segunda Asamblea por la paz realizada por la USO. Es necesario ayudar a transfor-mar la inconformidad en contenido social de exigencia de cambios demo-cráticos que potencien los acuerdos y el proceso constituyente. Proponemos una campaña activa a favor de la paz que anime en los meses que vienen las distintas tareas, incluida una gran mar-cha por la Justicia Social el 1 de Mayo y la realización en fecha adecuada de un amplio encuentro representativo que destaque las reformas políticas indis-pensables para la normatización de los acuerdos. Urge la revisión de las leyes de seguridad ciudadana y de inteligen-cia y contrainteligencia utilizadas en la criminalización de la protesta.

Paramilitarismo amenaza la paz

El paramilitarismo es parte orgánica del orden contrainsurgente y son múl-tiples sus vínculos con el poder domi-nante. Es necesario depurar al Estado de la enredadera criminal, mafi osa y corrupta que lo soporta si se quieren construir las bases democráticas de una paz fi rme y duradera. El reciente “pa-ro” paramilitar confi rma esta realidad, muestra de dónde proviene el continua-do proselitismo armado de la ultrade-recha y desmiente el sofi sma guber-namental sobre la inexistencia del fe-nómeno. Por eso, el poder gobernante que dialoga en el proceso de paz am-pliado, si quiere realmente la paz justa debe expresar su voluntad de desmon-tar todos los nodos de su política de la guerra que toleran, estimulan, asegu-ran complicidad e impunidad al brazo paramilitar de su estrategia de seguri-dad con base en el exterminio de un supuesto enemigo interno. La políti-ca de Frente Amplio convoca a la ma-yor convergencia de unidad alrededor de este propósito y al apoyo de las or-ganizaciones y personas amenazadas.

Los pasos siguientes atinentes al diálogo reafi rman la necesidad de desa-rrollar la alternativa de amplios territo-rios de paz en donde se produzca la se-paración de las fuerzas, se desenvuelva

el cese bilateral del fuego, se establezca la verifi cación internacional y se haga posible el acompañamiento de las or-ganizaciones populares a la defensa del proceso de paz, a los trámites de la dejación de armas y de normaliza-ción sin “cárceles a cielo abierto”, con medidas de seguridad establecidas por acuerdo que descarten la militarización regional. La política unitaria de Frente Amplio y de convergencias debe con-tribuir a la movilización y organización del apoyo ciudadano y cívico. La pe-dagogía de paz tiene que aportar, ade-más del conocimiento e información de los acuerdos, las reivindicaciones y exigencias asociadas a la justicia social para la paz en cada territorio.

Esto exige reclamar la suspensión del Plan de Consolidación, actual plan de guerra del Plan Colombia ratifi cado por Santos-Obama, como eje exclusivo de la llamada “paz territorial” del go-bierno; denunciar el papel del parami-litarismo en la compra de tierras y la legalización de la estrategia del despo-jo. Estas denuncias junto con la solida-ridad más amplia, comprensiva y uni-fi cada debe ponerse en marcha contra el boicot de la ultraderecha y del pa-ramilitarismo a la paz. La denuncia de estas situaciones es parte de la pedago-gía enfocada a la refrendación que de-be contribuir a generar consciencia y organización en perspectiva de un pro-ceso constituyente de poder popular y a levantar la consigna de una Asamblea Nacional Constituyente que consoli-de la apertura de una paz democrática, justa, incluyente, con justicia social.

Acuerdo democrático

Sobre las garantías de No Repetición el Partido subraya lo señalado en el Documento entregado a la Mesa de Diálogo de La Habana: “El PCC expre-sa que la esencia de la No Repetición de la violencia política y social exige el reconocimiento y una voluntad políti-ca de crear un Pacto Histórico con base en un Acuerdo Democrático Nacional que restablezca las libertades, las ga-rantías, los derechos sociales exigibles

y la igualdad política sin exclusiones ni excepciones. Este acuerdo está abier-to a todos los partidos políticos inclui-das las nuevas fuerzas que surjan de la normalización; gremios económicos, centrales obreras, de pensionados, or-ganizaciones sociales, organizaciones basadas en la fe, étnicas, raizales, ne-gras y rom, de la cultura, la academia, la mujer y la juventud, Lgbti, que sea la expresión de una voluntad política para rodear el proceso de paz“. El PCC reclama la Verdad, la Memoria y la Reparación Política junto con una ley que reconozca y enfrente la reparación de las víctimas del exterminio y la per-secución anticomunista en Colombia.

Hay que presionar ante las autori-dades las denuncias de las amenazas y agresiones, las audiencias de garan-tías y las obligaciones de la Unidad Nacional de Protección UNP, sin de-pender exclusivamente de estas ins-tancias. En lo inmediato debemos in-tensifi car la vigilancia revolucionaria, mejorar las medidas de seguridad y de preservación del partido, la JUCO, la UP, MP y de todas las organizaciones populares para organizar la defensa. En esto es muy urgente coordinar acciones entre todos los sectores, con acciones de movilización unitarias, sin exclusi-vismos, dirigidas a ganar apoyo para los cambios y garantías que son reque-ridos en este momento de transición.

Ofensiva derechista

La contraofensiva de la derecha en América Latina se enfoca a los gol-pes de Estado institucionales, culpan-do de corrupción a los gobiernos de la izquierda y desprestigiando a sus di-rigentes, sin fundamentos ni pruebas, en una versión renovada del antiguo “plan cóndor”. En el caso de Brasil es evidente y debemos expresar la solida-ridad con Dilma Russeff frente al gol-pismo inspirado por el gran capital. Los comunistas colombianos destaca-mos la signifi cación de la solidaridad con la revolución bolivariana, el res-paldo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro y la coordinación de acciones frente a los intentos desestabilizado-res en Venezuela. Tras el importante Seminario del Foro de Sao Paulo, el Frente Amplio y sectores convergentes en acompañamiento a la paz realizado en Bogotá es indispensable la comuni-cación permanente y la solidaridad con las movilizaciones latinoamericanas en defensa de las conquistas populares y los avances de integración. Apoyamos la realización del Congreso interna-cional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres FDIM y lla-mamos a contribuir de conjunto al más representativo respaldo, participación y ayuda a este trascendental evento.

Al colocar en el centro las tareas de masas por la solución política en su actual momento y la movilización popular por las reivindicaciones legí-timas del pueblo, el Comité Central acuerda continuar la preparación del 22 Congreso del PCC y trasladar su culmi-nación para los días 1 a 4 de diciembre en la ciudad de Bogotá.

Levantemos como consignas inme-diatas: rodear de pueblo los procesos de paz; justicia social para la paz, vigi-lancia, solidaridad y movilización con-tra el paramilitarismo.

COMITÉ CENTRALPLENO “KLAUS ZAPATA”

PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO

Bogotá, abril 17 de 2016.

Declaración del Comité Central del PCC

Vigilancia y movilización popular para rodear los procesos de paz

Zabier Hernández lee el informe central. En la mesa, Jaime Caycedo y Magnolia Agudelo del Comité Ejecutivo Central. A la izquierda Isabel Meza y Giovanni Libreros. Foto C.L.

Abril20 de 2016/10

CAROLINA TEJADA

Visite la página web del Partido Comunista Colombiano www.pacocol.org

BOGOTÁ

La Unidad Permanente de

Justicia, UPJ, nace, según relata la pá-gina de la institución de la Policía de Bogotá; “con el propósito de ocupar-se de la ciudadanía infractora de las normas de convivencia que no pueden ser detenidas en las estaciones de po-licía”. Y tiene como fundamento legal “la aplicación de la medida de con-ducción como el traslado inmediato de cualquier persona como medida de pro-tección para conducir a quien deambu-le en estado de indefensión o de grave excitación con peligro para su integri-dad o la de otras personas, hasta tanto cese el peligro”. En este mismo criterio asegura que si la persona a la que tie-nen el deber de proteger, se niega a en-tregar la dirección de su domicilio, es-te, “podrá ser conducido a la UPJ, don-de podrá permanecer hasta 24 horas”.

Este ejercicio es una responsabili-dad de la Policía Nacional, su intencio-nalidad se defi ne como: “un cuerpo ar-mado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fi n primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los dere-chos y libertades públicas, y para ase-gurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”, según el artículo 218 de la Constitución Política.

Sin embargo, han sido miles las denuncias que a causa de las acciones desmedidas de la fuerza pública, han recibido organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Tortura y otras formas violencia

En la ruta de atención por la cual se guían los turnos de la UPJ, existen re-comendaciones que deban asumir los agentes, entre esas se encuentran las relacionadas con las personas que no deben ser conducidos a la UPJ y en cambio remitidas a lugares idóneos: Sujetos de especial protección cons-titucional, discapacitados, indígenas y minorías étnicas, Lgbti, menores de edad, entre otros.

Sin embargo, han sido constantes las denuncias en donde se relacionan a varios miembros de la fuerza públi-ca, y de esta unidad, como responsa-bles de violaciones a los derechos hu-manos, en su gran mayoría, en contra de jóvenes.

Un caso particular es el relaciona-do con una persona de la comunidad Lgbti, quien fuera conducido por uni-dades de la policía hacia la UPJ, des-pués de encontrarse inmersa en una dis-cusión con un taxista.

Este es el caso de Carlos Torres, un joven trans de 28 años de edad, que el pasado 5 de diciembre de 2015, entre las 9:15 y las 10:20 de la noche, murió mientras estaba detenido por la Policía

en la Unidad Permanente de Justicia de Puente Aranda. Este día Carlos, o Paula como fi gura en su cédula de ciudada-nía, salió con sus amigos a festejar su cumpleaños. Luego de abandonar a sus amigos para ir a una cita con su pare-ja, al parecer Carlos, sostuvo una dis-cusión con el taxista sobre el pago del servicio, motivo por el cual la policía llegó y fue conducido en una patrulla a la UPJ. Según el informe de policía, por el estado de indefensión, se con-duce a la UPJ para evitar daños a su integridad y a la de terceros. En este transcurso, Carlos logró comunicarse con su padre por teléfono e informó que la Policía lo había golpeado. A las 10:10 de la noche Carlos es conduci-do en una patrulla al hospital San José, donde llegó sin signos vitales.

Ninguno de los procedimientos le-gales que debía cumplir la Policía se cumplieron, tampoco se respetó la ru-ta de atención, cuyas recomendacio-nes indican que no se puede conducir personas de la comunidad Lgbti a estas unidades. En el cuerpo de Carlos se ha-llaban moretones producto de las posi-bles golpizas de las que dialogó con su papá. La fuerza pública mientras tanto,

afi rma que Carlos se quitó la vida con un cordón de sudadera.

Torturas por condición política

El pasado 5 de marzo de 2016, el joven Rigoberto Rodríguez, junto a un amigo, son abordados por un celador en el puente de la calle 45 con carrera 30. El celador les exigía caminar por otro extremo del puente, allí se genero una discusión, los jóvenes continuaron su camino mientras el celador amenazaba con hacerlos llevar a la UPJ. Al llegar al fi nal del puente, relata Rodríguez, “habían unos motorizados, ellos nos trataron bien, pero luego llegaron otros policías en una patrulla, y en otra mo-to, ellos nos agredieron verbalmente y nos golpearon”.

Tres personas que pasaban por el lugar, y que conocían a los muchachos se solidarizaron y se acercaron para au-xiliarlos. Sin embargo los jóvenes co-mentan que “nos siguieron golpeando, nos electrocutaron, nos trataron de as-fi xiar, y nos patearon en repetidas oca-siones, tanto a mi amigo como a mí”.

El joven comenta que cuando lo trasladaron en la patrulla de la poli-cía hacia la estación de la Policía de la localidad de Teusaquillo, su amigo recuerda que los llevaron hasta la es-tación del Park Way, él estaba incons-ciente, solo su amigo sabia a donde los llevaban.

En la denuncia que se interpuso, además de los golpes y los malos tratos

hasta aquí relatados, también denuncia-ron la pérdida de los celulares, del di-nero y los documentos.

El traslado al centro de torturas de la UPJ

A los jóvenes los trasladaron a la UPJ, después de ser llevados al Park Way. Cuando llegaron allí, se les obli-gó a desnudarse, y pese a las peticio-nes que uno de los chicos hacía para que atendieran a Rigoberto Rodríguez, quien aún se encontraba medio incons-ciente, lo amarraron a una reja, lo si-guieron golpeando con tambos y con varillas, durante toda la noche hasta las 3:30 de la mañana, cuando los bañaron con agua fría. Él alcanza a recordar que “me quitaron las esposas y me tiraron al piso, me pisaban la cabeza, me pu-sieron la bota en la garganta y me de-cían: “comunista de mierda, para que aprenda”.

Las marcas en el cuerpo de Rigoberto Rodríguez, se conocían a leguas, su rostro evidenciaba las mar-cas de los constantes golpes que reci-bió, en el momento en que los dejaron salir, solo les entregaron sus bolsos va-cíos. Ni el delegado de la Personería que entró a la celda para observarlos dijo nada. A sus amigos tampoco les entregaron información alguna.

Prohibido hablar en público

Otra de las situaciones que pare-ciera traída de los cabellos, es la que relatan dos jóvenes de la Universidad Distrital, quienes se encontraron cer-ca al medio día para ir a almorzar en la plaza de Las Nieves. Para esta fecha, estaban en pleno los escándalos en los que el general Rodolfo Palomino, y la Policía se veían involucrados en la lla-mada “comunidad de los anillos”. Los jóvenes fueron escuchados por miem-bros de la Policía, cuando se referían al escándalo, de manera inmediata fue-ron retenidos, agredidos verbal y fí-sicamente. Y fueron conducidos a la UPJ. En el relato que hacen de los he-chos, comentan que “le exigimos a un servidor público que decía que era de-fensor de derechos humanos que abo-gara por nosotros, pero cuando le diji-mos en que universidad estudiábamos, nos dio la espalda, miró a los policías y se fue”. Igualmente cuentan que nun-ca dieron explicación de las razones por las cuales les obligaban a perma-necer allí, tampoco de sus documentos de identidad.

Estas y miles de denuncias más se encuentran en manos de defensores de DD.HH., y en procedimientos ju-diciales donde víctimas, familiares y amigos intentan encontrar los respon-sables de estas acciones desmedidas, que más allá de las torturas, hoy tie-nen bajo su responsabilidad la muer-te de Carlos.

¿UPJ centro de torturas y castigo en la capital?

Es muy común escuchar a los jóvenes de la ciudad, en particular a los de estratos bajos, y a quienes estudian en universidades públicas, hablar de la UPJ como una institución de redadas destinadas a torturar

Rigoberto Rodríguez, joven torturado en la UPJ.

Abril20 de 2016/11

A DA AVELLA

DERECHOS HUMANOS

F CAROLINA TEJADA

ernando Iregui Mejía, es el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. En su paso como asesor y luego como di-rector de la ANLA, se crearon las de-nominadas “Licencias Exprés”.

Este proceso se ha venido expan-diendo rápida y exponencialmente en el país. Varias han sido las demandas que desde las comunidades se han pre-sentado, dado el grado de irregularida-des que afectan las zonas protegidas, hídricas y amplios territorios, funda-mentales para la supervivencia de las especies, entre otros.

Colombia el primer país del continente en confl ictos

ambientales

Para el periodo presidencial de Álvaro Uribe, la legislación para la ex-plotación de recursos se hizo más fl exi-ble. Tanto particulares, como empresas pidieron títulos para 20 mil concesio-nes, cada título es funcional para la ex-ploración y explotación de los recursos, y cubrirían 22 millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país. De estas peticiones se otorgaron 9mil títu-los. Según las demandas en contra de esta licencias, no se respetaron los pá-ramos, principales zonas de nacimien-tos y causes de agua, parques naciona-les, territorios colectivos de indígenas, comunidades afros o Zonas de Reserva Campesina.

El modelo de desarrollo extractivo y la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, cuyo propósito entre otros, era generar con-fi anza inversionista bajo la premisa de la neutralización de la insurgencia que actuaban en los territorios de alta

concentración de recursos naturales, una legislación fl exible y sin lugar a dudas las garantías del acompañamien-to del Ejército Nacional, a las multina-cionales para ingresar a las zonas de explotación, permitió que la inversión extranjera en minería, casi que se tripli-cara, y el país pasó a ocupar el primer lugar en el continente, en los estándares de explotación de recursos naturales.

La expansión de esta explotación generó, según una investigación acer-ca de los confl ictos ambientales pro-movida por el Atlas Global de Justicia Ambiental, fi nanciado por la Unión Europea, que Colombia pasara a regis-trarse como el segundo país en el mun-do en padecer dichos confl ictos por de-bajo de la India.

El revuelo de hoy, es la herencia de ayer

La empresa Hupecol es oriunda de los Estados Unidos, desde hace va-rios años y bajo lo permisiva de estas licencias, explota recursos naciona-les. Recientemente fue comprada por GeoPark, bajo la idea de que represen-ta amplios intereses económicos en el país. Hupecol tiene varios puntos de exploración y explotación de recursos en el Meta y la nueva licitación, hoy frenada, para el caso de la Macarena. La compra de Hupecol, según directi-vos de GeoPark, representa las princi-pales plataformas de activos de bajo riesgo, con alto potencial exploratorio en Colombia.

La Macarea en el ojo de la Hupecol

Está claro que al actual director de la ANLA, Fernando Iregui Mejía, no le interesa revisar en su políti-ca de “Licencias Exprés” los efectos ambientales que esta empresa le ha

generado a la región y que puede ge-nerar si dicha licencia se activa sobre La Macarena.

Solo por mencionar algunos ca-sos, para el 2013 los habitantes de La Serranía en el Meta, interpusieron unas denuncias ante la Procuraduría por los daños que nuevamente esta-rían generando, producto de la explo-tación petrolera en la zona. La denun-cia relaciona la afectación de más de 500 cuerpos de agua, producto de la intervención en más de 206.000 hec-táreas de este territorio. Sin embargo, cuatro meses después, ANLA, le otor-ga licencia a esta misma empresa pa-ra generar nuevas exploraciones en 10 puntos del área rural de Puerto López, en el Meta, también sus habitantes se manifestaron señalando que ni la em-presa, ni la licencia respetaban los re-quisitos ambientales. Para entonces la amenaza de esta licencia, se ubicaba sobre 206.184 hectáreas de ecosiste-mas. Según análisis de la zona, esta-ríamos hablando de un área donde ca-brían 1.700 parques, similares al par-que Simón Bolívar de Bogotá.

La oposición de la comunidad

VOZ dialogó con uno de los líderes de la región, Erley Monrroy, quien ha-ce parte de la Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero, Ascalg y aseguró que: “Esto es un

Popularmente, los ciudadanos, llaman trincheras a los hom-bres armados que cuidan el

agua secuestrada por los propietarios de cultivos de banano y palma africana.

Licencias ambientales: crimen nacional“Esto es un crimen contra un pueblo y una diversidad, máxime cuando estamos hablando de un proceso de paz. Nos parece que quieren acabar la guerra con unos e iniciar la guerra contra otros”: Erley Monroy

Caño Cristales. Foto Carolina Tejada.

crimen contra un pueblo y una diver-sidad, máxime cuando estamos hablan-do de un procesos de paz. Nos parece que quieren acabar la guerra con unos e iniciar la guerra contra otros”.

Asegura que por 20 años han veni-do cuidando el territorio, que compren-de la zona de Caño Cristales, un lugar conocido por el nacimiento de algas de colores, protegido al igual que el res-to del territorio, como zona ambiental. Además de seis ríos que se verían inter-venidos por la licencia: “El río Lozada, el Guayabero, río Perdido, Guauta y Chigüiro, todos nacen en esta zona que ellos llaman de la Serranía, y que son 34 mil hectáreas”. La fauna y la fl ora también se verían afectadas, asegura que: “Nosotros conservamos más del 40% de bosque nativo, y ellos necesi-tan romper estas zonas, para meter los tubos, abrir carreteras etc. Afectando directamente nuestro territorio”.

Allí también existe una Zona de Reserva Campesina, de hecho, como parte de las iniciativas de protección de estas áreas. Años atrás promovie-ron una audiencia pública donde más de seis mil habitantes rechazaron la in-jerencia de las petroleras. Hoy no com-prenden como el director de la ANLA “entrega licencias por doquier sin res-petar los territorios y a quienes vivimos en ellos. Cómo comunidad no vamos a dejar que esta arbitrariedad se siga dando”.

Me denunciaron con nombres y apelli-dos, quiénes están realizando estos crí-menes ambientales.

En las zonas bananeras los propie-tarios de grandes fi ncas, forman hasta

pequeñas represas como sucede en el municipio de Orihueca, la familia Cadavid se ha tomado los caños Mocho y el Iberia. Tienen 125 hectáreas de re-servorio de agua para cultivos de bana-no y palma africana y formaron la trin-chera, que impide que los campesinos levanten las talanqueras que desvían el paso del agua hacia la Ciénaga. De seguir así está en peligro de muerte la Ciénaga, los pescados y demás rique-zas de mar.

También me cuentan que uno de los alcaldes de Ciénaga, Magdalena, en contubernio con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, concesionaron a la Drummond el caudal de los ríos Córdoba y Toribio, dejando sin agua a buena parte del campesinado.

En ciénaga, los campesinos están sin agua. Es decir que el señor Alfredo Vengoechea se llevó el río Córdoba para el banano y tienen una trinchera (hombres armados) que defi enden en este sector el secuestro del agua.

Las trincheras de la agroindustria Todo esto repercute sobre Santa Marta, que tiene además la demanda que requiere el turismo que se mueve en la ciudad. La semana pasada ven-dían el metro cubico de agua en es-ta ciudad turística a $30.000. Pueden presentarse muertes por sed como en la Guajira.

Cuando Salvatore Mancuso reinaba en Córdoba construyó su propia repre-sa ubicada entre los límites de Montería y Tierra Alta, en el Departamento de Córdoba, levantó un muro de cemen-to, tan ancho que pueden pasar carros, impidiendo la circulación del agua por el cañón de Betania y nadie hace na-da para quitar ese muro paramilitar. El ambiente se deterioró afectando todos los cultivos de la zona, los peces des-aparecieron y ahora anuncian que se-rá una ciénaga turística, los habitantes no están de acuerdo porque acabarían con la Región.

Alertamos a todas la comunidades por los abusos que se vienen cometien-do en varios departamentos y pedimos a todas las autoridades ambientales obrar contra quienes quieren apropiar-se del bien común, el agua.

Abril20 de 2016/12

IV N POSADA P.*

ECONOMÍA

NELSON FAJARDO

La construcción constituye uno de los sectores de la eco-nomía altamente intensivo

en inversiones de capital constante, y en Colombia, tiene una larga historia de aportes al “progreso” de la nación; pero también, una historia plagada de violencia y destrucción de fuerza de trabajo, la encargada de dar soporte y movimiento a dicha inversión.

Ya desde fi nales del siglo XIX, se inauguran los Ferrocarriles Nacionales (1871) en Barranquilla; pero antes, en 1861, la Escuela de Ingeniería sustituye la Escuela Militar surgida de la Primera Emancipación Nacional.

Es, posterior, en 1950 cuando arri-ba a Colombia la Misión Curie pa-ra hacer una evaluación del estado de la infraestructura del país, con el aus-picio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM); proceso que llega a un punto de avance signifi cativo con la cons-trucción del Aeropuerto de El Dorado, en 1959. Generalmente, estos proce-sos estuvieron antecedidos de fuertes enfrentamientos políticos y militares. Componente bélico que hace parte de los continuos procesos de acumula-ción originaria de capitales, quienes a su vez contienen actos de expropia-ción violenta y/o legal del campesina-do de sus tierras.

Así las cosas, la construcción y la infraestructura llegan a conformar un sector muy signifi cativo, al punto de hacer el 6,4 por ciento del Producto Interno Bruto Interno (PIB) y generar el 6,5 por ciento de los empleos del país; al mismo tiempo que es parte de las llamadas locomotoras económicas. Desde luego que ese protagonismo es evidente.

Como en el pasado cercano y leja-no, la construcción y la infraestructu-ra, están ubicados en buenas posicio-nes en cuanto aporte al crecimiento del PIB. El fenómeno más protuberante, en lo que a infraestructura se refi ere, las

empresas líderes del sector, van a in-vertir en el Plan Vial, que además de los puntos mencionados, contempla el impulso a las concesiones 4G. Para ello, en el corto plazo, están asegura-dos 12 billones colocados por los em-presarios capitalistas1.

Si las anteriores son las noveda-des que ofrece el capital privado, por el lado del Estado también se habla de grandes proyectos de inversión, que, según Simón Gaviria, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), colocará en movimiento $ 3 billones de pesos entre 2015 y 20162.

Se observa, entonces, una burguesía

La construcción: Mucho de capital constante y poco de capital variable

que empieza su despertar del letargo causado por cerca de veinticinco años de atravesar un largo período de acu-mulación originaria o primitiva de ca-pitales. Llama la atención, eso sí, que mientras el Estado hace ruido publici-tario por una pequeña inversión de 3 billones, el capital privado coloca 12 billones a disposición del proyecto 4G. En esa dirección, hay que estar vigilan-tes ante la capacidad de la oligarquía y sus súbditos de mentir y manipular el proceso de paz, cuando de econo-mía se trata.

Según cálculos conservadores lle-var a buen término el proceso, requiere

160 billones de pesos, a invertir du-rante 10 años; es decir 16 billones por año. ¿Será que esos recursos fl uirán sin traba alguna? Y ¿Será que la enor-me corrupción y su amigo, el cliente-lismo a la moda, no vaciarán las arcas en función de sus intereses particula-res? Seamos vigilantes, más no incau-tos e inocentes.

1 ¡Patos al agua!, Revista Dinero 471, junio 12 de 2016, página 24.

2 Entrevista a: Gaviria, Simón: Cuota inicial para la Paz, Revista Dinero Infraestructura, noviembre de 2014, página 14.

La intensidad del fenómeno del niño que azotó gran par-te del territorio colombiano

hasta fi nales de marzo de 2016 puso de manifi esto la errada política en materia del manejo y administración del estra-tégico recurso energético, a tal extre-mo que aún no está descartado del to-do un racionamiento de energía eléc-trica a nivel nacional.

Por efectos del cambio climático, la intensidad de las sequías y de las llu-vias se ha venido incrementando con el tiempo, no solo en Colombia, sino en toda la región del Pacífi co sur. También es cierto que la gran mayoría de la ener-gía que se produce en el país proviene de las hidroeléctricas que generan cerca del 75 por ciento de la energía deman-dada, hecho que las hace muy vulne-rables respecto del régimen de lluvias

que aseguren un nivel mínimo para generar la energía eléctrica.

Estas circunstancias ocultan el alto grado de improvisación, falta de pla-neación estratégica y en algunos ca-sos de corrupción que giran en torno a este sector.

Improvisación porque los diagnós-ticos meteorológicos desde hace un año hacían preveer la intensidad del verano para el 2016 y no se tomaron las me-didas preventivas correspondientes. Incluso en el tema de mantenimiento es increíble que un incendio en la ca-sa de máquinas de la hidroeléctrica de Guatapé, que genera 5 por ciento del total nacional, ocasionara la salida del servicio de esta central , junto con las de San Carlos y Playas, que operan en cadena. Volverla a poner en funciona-miento al cien por ciento tarda cerca

de seis meses. Las hidroeléctricas son sistemas que operan las 24 horas al día, por lo tanto el mantenimiento de-be ser óptimo.

Ausencia de planeación estratégica pues se trata del suministro indispen-sable para la industria, el comercio, el alumbrado público, y por supuesto para los hogares y por lo tanto es necesario asegurar la continuidad en el servicio.

Precisamente con este fin la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, creó en 2006 el cargo por confi abilidad, que es la remuneración que reciben las generadoras para “ga-rantizar la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abas-tecimiento, a precios efi cientes”, según reza la resolución respectiva. En otras palabras, se otorga un subsidio para que las generadoras privadas presten el servicio. Todo indica que las gene-radoras invirtieron estos recursos en otros rubros diferentes de lo estipula-do y las consecuencias están a la vis-ta. ¿Dónde queda pues el papel del

Estado como regulador y garante para que los generadores privados garanti-cen el servicio?

Como medida desesperada el go-bierno llamó a ahorrar el 5 por cien-to en el consumo para evitar el racio-namiento y a multar a hogares y em-presas que no ahorren fl uído eléctrico. Varias regiones están en racionamien-to permanente por el pésimo servicio, entre ellas la costa atlántica y el Chocó.

Para completar el panorama, hace escasos dos meses el estado enajenó su participación accionaria en Isagén, tercera generadora de energía, quedan-do este sector en manos privadas en su totalidad, poniendo en riesgo la sobe-ranía energética. Por lo anterior cobra validez una vez más la consigna de los sectores democráticos en el sentido de retornar al Estado el control y adminis-tración de este sector clave de la eco-nomía colombiana.

* Economis ta Univers idad Autónoma de Colombia, Fuac.

Iposada47@hotmail.com

Sector eléctrico en crisis

La burguesia empieza a despertar de un letargo de 25 años.

Abril20 de 2016/13

C ALBERTO ACEVEDO

INTERNACIONAL

on la decisión tomada por la cámara baja del parlamento bra-sileño, de acusar formalmente ante el senado a la presidenta Dilma Rousseff, en una accidentada votación de 367 vo-tos a favor y 137 en contra, se pone en marcha lo que los dirigentes del gober-nante Partido de los Trabajadores y va-rios presidentes de América Latina han califi cado como un ‘golpe de Estado parlamentario’, para desalojar a la ac-tual mandataria del poder, retrotraer el proceso de reformas sociales inaugura-do por el PT y regresar a la burguesía de ese país los privilegios perdidos du-rante la actual administración.

Lo paradójico de esta decisión es que ante las acusaciones de desvíos en varios rubros presupuestales, no exis-te una prueba material concreta que comprometa la responsabilidad de la

Brasil

En marcha golpe de Estado contra Dilma

Un cruce de circunstancias internas y externas, entre ellas la recesión económica, la crisis de gobernabilidad y la incomodidad de Estados Unidos por la presencia de Brasil en los BRICS, alientan un timonazo en el que buscan apartar a la Presidenta del gobierno y regresar el control del poder a la vieja burguesía

mandataria. Pero además, la decisión de presentar una acusación ante el se-nado, ha sido protagonizada por el par-lamento más corrupto de toda la histo-ria reciente del país.

Al menos 16 miembros de la Cámara de diputados, pertenecientes a los partidos políticos que ahora juz-gan a la presidenta, tienen procesos pe-nales abiertos por corrupción, lavado de activos y crímenes electorales. En

esta lista fi gura también el actual vice-presidente, Michel Temer, del oposi-tor Partido Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, quien ha sido seña-lado de ser uno de los promotores de los manejos sucios de recursos públi-cos de Petrobrás.

En la lista de sindicados fi gura ade-más el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, principal aliado de Temer, a quien se le encontraron cuen-tas bancarias secretas en Suiza por va-lor de cinco millones de dólares, y te-nía un negociado en la empresa Furnas, descubierto a raíz de una investigación solicitada por la presidenta.

Sin autoridad moral

Los escándalos por corrupción involucran al presidente del sena-do, Renán Caleiros, al presiden-te del Supremo Tribunal, Ricardo Levandosky y a otros líderes del pro-ceso contra Dilma. Entre ellos, el ex candidato presidencial Aécio Neves, socialdemócrata, vinculado al nego-ciado de desvío de fondos, conocido como Lava Jato.

La corrupta clase política brasile-ña no tiene pues, autoridad moral pa-ra liderar un proceso político contra la presidenta, alegando razones morales de las que ellos jamás han sido deten-tadores en su oscura práctica política. Por cierto, Dilma Rousseff siempre ha apoyado cualquier investigación al res-peto, trátese de sus actuaciones perso-nales o las de las principales fi guras políticas del país.

En el pasado, Dilma se opuso a la pretensión de que su partido, el PT, re-tirara las acusaciones contra Eduardo Cunha, por sus actuaciones corruptas en el caso Lava Jato. Cunha no le per-donó esta postura, y junto al actual vi-cepresidente, el señor Temer, se han convertido en los líderes del llamado impeachment contra Dilma.

De alguna manera, el proceso que ahora se va a intentar en el senado, bus-ca un efecto colateral, y es el de echarle tierra a las acusaciones en marcha con-tra la clase política, que tocan a algu-nos miembros del PT, pero mayorita-riamente a los líderes de los partidos de

la burguesía y sus aliados, convertidos en Tribunal del Santo Ofi cio contra el gobierno de izquierda.

Apertura democrática

En Brasil existe, ciertamente, una crisis de gobernabilidad. La presidenta perdió popularidad en el congreso des-de que en 2011 inició una ‘limpieza’ en los órganos públicos ante la corruptela generalizada. Varios partidos, aliados de la presidenta, fueron abandonando las toldas del gobierno.

A esta situación se agregan circuns-tancias como la recesión económica, la dispersión ideológica ante la ausen-cia de respaldos al ejecutivo, y la pér-dida de iniciativa del poder presiden-cial. Aún ahora, ante un inminente jui-cio en el senado, Dilma Rousseff no ha ofrecido llevar adelante un proceso de apertura democrática, en el caso de que permanezca en el cargo, que conduzca a profundizar las trasformaciones so-ciales alcanzadas en los mejores mo-mentos de gobierno del PT.

Y la profundización de ese proceso es necesaria, porque en la actual crisis intervienen factores internos como los arriba señalados, pero también exter-nos, como la no disimulada interven-ción de los Estados Unidos, desde que Brasil ingresó al bloque de cooperación económica de los BRICS y reguló su producción de petróleo, en una estrate-gia contra hegemónica. No en vano sus líderes fueron objeto de un impresio-nante espionaje por parte de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, como lo evidenció WikiLeaks en 2013.

En el debate que se avecina en el senado brasileño, se juega no solo el prestigio de Rousseff. También un pro-yecto político democrático, que pese a sus errores, es referente para América Latina. El domingo pasado, que con-cluyó la votación en la cámara parla-mentaria, se realizaron manifestaciones de apoyo a Dilma. El PT, el movimien-to sindical y popular, han convocado a nuevas jornadas en respaldo a la gestión de la mandataria. En las calles, pues, y con la solidaridad de los pueblos lati-noamericanos, se juega el destino de la mayor economía de la región.

Ecuador se levanta de las ruinas

A la extraordinaria demostra-ción de unidad y solidari-dad humana que dieron el

pueblo y el gobierno del Ecuador, se sumaron los gestos de solidaridad de pueblos y gobiernos de América Latina y del mundo, ante la conmovedora tra-gedia ocasionada por un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, que dejó 275 muertos, miles de heridos y varias decenas de desaparecidos.

Las autoridades, que de inmediato comenzaron un censo de los daños, in-dicaron que las localidades de Manta, Pedernales, Portoviejo y Guayaquil, estuvieron entre las más afectadas. Al cierre de esta edición, decenas de

socorristas hacían heroicos y desespe-rados esfuerzos por encontrar personas con vida entre las ruinas de decenas de edifi cios, puentes, almacenes y vivien-das destruidas.

Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua, Chile y otras naciones de la región, varias de ellas integradas en organismos de cooperación económica como el Alba, Unasur y Mercosur, die-ron ejemplo de solidaridad y se coloca-ron a la cabeza de la entrega de ayudas y provisiones para los miles de damni-fi cados. Colombia por su parte, envió un califi cado equipo de rescatistas, que ya empezaba a dar resultados positivos en su labor.

Manifestación de respaldo a la presidenta Dilma Rousseff y contra el golpe de Estado.

Aspecto de los destrozos del terremoto.

Abril20 de 2016/14ACTUALIDAD

Un nuevo informe publi-cado el pasado miérco-les 13 de abril en Londres

por la organización británica Justice for Colombia, da constancia por pri-mera vez de una cifra alarmante de 534 activistas políticos asesinados en Colombia entre 2011 y 2015. El infor-me expone el asesinato de más de 90 activistas cada año, un promedio de dos cada semana durante los últimos cinco años.

El lanzamiento del informe Silenciados: el asesinato de los acti-vistas políticos en Colombia tendrá lugar en el Parlamento británico en Londres en un evento organizado por varios congresistas que forman parte del grupo Amigos de Colombia.

Los asesinatos se dieron en 26 de los 32 departamentos del país. Antioquia fue el lugar más violento del país con 94 asesinatos durante los cinco años. Cauca le siguió con 59.

El informe de Justice for Colombia reúne por primera vez información de cinco organizaciones colombianas que han ido registrando la violencia contra diferentes activistas. Estas organizacio-nes son CINEP, CUT, ENS, Marcha Patriótica y Somos Defensores.

Mariela Kohon, Directora de Justicia por Colombia dijo: “Es in-aceptable que los activistas sigan siendo asesinados en Colombia,

El 22 y 23 de abril se cum-plirán en esta capital va-rios eventos de respaldo a

la lucha mundial contra el apartheid israelí impuesto al pueblo palestino. Asistirán invitados de varios países.

Desde febrero pasado se cele-bran en diferentes lugares del mun-do actos, foros y discusiones acer-ca de la lucha contra el apartheid israelí impuesto al pueblo palesti-no. Entre el 10 y el 23 de abril del presente año estarán en el país po-nentes de Palestina, Sudáfrica y Colombia. Estas actividades hacen parte del movimiento global Boicot, Desinversión y Sanción, BDS, crea-do en Palestina en 2005, a partir del llamado de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina que bus-ca seguir el ejemplo de la exitosa campaña de boicot contra el apar-theid surafricano.

Por su parte, BDS Colombia, hace parte de este movimiento in-ternacional a favor de los derechos humanos de la población palesti-na e impulsa en el país el boicot, la desinversión y las sanciones contra el Estado de Israel y las empresas israelíes y multinacionales que apo-yan los crímenes cometidos contra

534 asesinatos políticos en Colombia

particularmente por grupos parami-litares. Las cifras en este informe son horrorosas, y de preocupación espe-cial es el hecho de que más de 300 activistas hayan sido asesinados des-de el principio del proceso de paz en 2012. Es de inmensa importancia pa-ra el futuro de paz en Colombia que el Gobierno tome las medidas necesarias contra los paramilitares y proteja a los activistas políticos.”

El informe demuestra que todo ti-po de activista ha sido perseguido en Colombia, la lista de los asesinados in-cluye activistas comunitarios, campesi-nos, indígenas, sindicales, ambientales, miembros del movimiento Lgbti, ade-más de activistas de restitución de tie-rras y por los derechos de las víctimas.

Para más información por favor contactar con:

Hasan Dodwell , Just ice for Colombia a hasan@justiceforcolom-bia.org o +447859934234.

Información adicional:Justice for Colombia es una ONG

británica que hace campaña por la paz y la justicia social en Colombia. Nacida en 2002, Justice for Colombia ha he-cho campaña permanente por un pro-ceso de paz que garantiza la democra-cia y la justicia social. En este momen-to está asesorando en el proceso de La Habana. Web: justiceforcolombia.org. Twitter: @JFColombia.

Bogotá

Jornadas contra el Apartheid israelí a Palestina

los palestinos.Durante la semana contra el apar-

theid israelí, el viernes 22 de abril, se celebrará en la sede de la Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” (carrera 8 No. 40-62, auditorio Sabio Caldas), entre las 4 p.m. y las 8 p.m., el foro La lucha contra el apartheid, con la participación de ponentes de Palestina, Sudáfrica y Colombia.

El sábado 23 de abril, entre las 3:30 p.m. y las 6:30 p.m. se realizará un ac-to cultural de solidaridad con Palestina, en la sede de Teatrova (calle 24 No. 4 A 16) en el que se presentará la cam-paña de boicot cultural contra el Estado de Israel y se invitará a los asistentes a fi rmar una carta de apoyo; a conti-nuación, los invitados internacionales presentarán sus experiencias de boicot en sus países, luego les seguirá una se-sión de preguntas y respuestas. En se-guida, varios poetas capitalinos leerán sus poemas y los siguientes intérpretes y grupos musicales ofrecerán sus can-ciones: Lucía Vargas, Quién dijo mie-do y las cantaoras del Pacífi co.

Mayor información en el co-rreo electrónico: boicotisraelcolom-bia@riseup.net y en los enlaces: #IsraelApartheidWeek y www.apar-theidweek.org

La Asociación Colombiana de Juristas Demócratas y la Asociación Colombiana de Abogados, rindió un merecidísimo homenaje al abogado y docente universitario Gelasio Cardona, además, destacado miembro

de la dirección de la Universidad Autónoma de Colombia. El acto, realizado en la sede universitaria, contó con una audiencia constituida por juristas destacados y miembros de los partidos políticos progresistas, exmagistrados y defensores de derechos humanos. En su intervención, Gelasio Cardona se refi rió a su labor al frente de la dirección del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en la coyuntura actual en que la lucha por la paz es prioritaria ante la acción destructiva de los enemigos de ese anhelo nacional. Finalmente exaltó la signifi cativa presencia, estímulo y apoyo a su labor de su señora esposa Consuelo y de sus hijos Alexandra e Iván.

Homenaje a Gelasio Cardona

En la Universidad del Rosario se le rindió un homenaje al exmagis-trado Óscar Dueñas Ruiz, expresidente de la Unión Patriótica, en re-conocimiento a sus méritos como exalumno, docente e investigador.

Participaron profesores y estudiantes, con la presencia de la Editorial Aurora y la Editorial del Rosario. Intervinieron el doctor Juan Carlos Forero Ramírez de-cano de la facultad de Jurisprudencia y el homenajeado abogado Óscar Dueñas. Concluyó el evento con un panel en donde intervinieron los doctores Gerardo Monroy Cabra, Beatriz Eugenia Luna, Napoleón Peralta y Alberto Pardo, pre-sidente del Sindicato de los Seguros Sociales.

Homenaje a Oscar Dueñas

Abril20 de 2016/15

POR NELOSI CRUCIVOZ

JAQUE MATE

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la

sem

ana

Horizontales:

1. Departamento criminal que manipuló Uribe a las anchas. Concepto fi losófi co antiguo usado por los griegos para designar los problemas de difícil solución.

2. Lo que fue. Desconocido.3. Va a esta velocidad. Unidad mundial.4. Oxigeno por partida doble. Propósito. Agencia de prensa.5. Símbolo elemento químico. Plural: Parte del cuerpo.

Radio.6. Bebida. Plural: Puesta del sol.7. Plata. Frecuencia. Capital país suramericano.8. Por orden de esta al parecer fue asesinado Gaitán. Estar a

la moda. Invertido: Ofrecer.9. Vocales. El sueño de la humanidad. Estados Unidos.

10. Plural: Palo de lanza. El mejor.

Verticales:

1. Sistema de gobierno que no existe realmente en Colombia.2. Plural: Teoría de los valores.3. Azufre.4. Nota musical. Mitad de papá.5. Plural: Aparición de dos juicios contradictorios, pero

igualmente fundamentados en el curso del razonamiento.6. Río europeo. Invertido: Preposición. Néstor Zárrate.7. Aglutina a muchos países. Abunda en Zipaquirá.8. Acompasa. Saúl Ignacio Rojas Urueña.9. Invertido: Posesivo. Masa para hacer arepas.10. Invertido: Alaba. Doradas.

El hombre mosca

Como que el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas va de embarrada en emba-rrada. En estos días, hablando del “poscon-fl icto”, resolvió decir, sin ninguna explica-ción, que después de este no se podrá des-cartar una crisis humanitaria en Venezuela. Como si la paz en Colombia fuera contra el hermano país. Se le olvida al Ministro que ha sido el gobierno bolivariano, primero Chávez y ahora Maduro, los que le han da-do un apoyo concreto y sin vacilaciones a los diálogos de paz de La Habana. Y ahora acaban de hacerlo con el ELN. Algunos pe-riodistas ya le dicen a Villegas “El hombre mosca del gabinete”, ¿por qué será?

Los fantasmas de Villegas

Las continuas declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en el sentido que el paramilitarismo no existe dan para todo. Unos le sacaron chiste al asunto, pero otros no han oculta-do el desagrado. Por los lados del mundo diplomá-tico en Bogotá y en Naciones Unidas no han gus-tado, porque es un asunto tan serio que no se pue-de descalifi car de esa manera. Inclusive Estados Unidos en su reciente informe de DD.HH. del Departamento de Estado llamó la atención sobre el peligro del retorno del paramilitarismo. Los fan-tasmas de Luis Carlos Villegas son extraños.

Nuevas amenazas

Y a propósito de los fantasmas del minis-tro Luis Carlos Villegas, el grupo paramilitar Águilas Negras amenazó desde Armenia a Piedad Córdoba y a varias organizaciones de izquier-da. “Venimos a quedarnos y acabar con toda esa manada de guerrilleros H.P.”, dice. “Declaramos objetivo militar a la UP, comunistas, Marcha Patriótica, seguidores de la H.P. Piedad Córdoba, Mesa de Desplazados, dirigentes y defensores de DD.HH., asesores de la guerrilla. Al H.P. gue-rrillero Ausberto Emilio García te tenemos ubi-cado”, dice entre otras cosas el panfl eto que cir-cula en la capital del Quindío. ¿Serán fantasmas

los que distribuyen estas volantes, minis-tro Villegas?

El nuevo fi scal

Cobra fuerza el rumor de que el fi scal en-cargado Jorge Fernando Perdomo no será ter-nado por el presidente Juan Manuel Santos, pero será designado Ministro de Justicia. El candidato del mandatario será Yesid Reyes. Será la manera elegante de zanjar el proble-ma de Perdomo quien quedará por fuera de la terna. No será un contentillo, porque reci-birá como premio un ministerio aunque por supuesto la Fiscalía es mucho más atractiva.

San Andrés inconforme

Los habitantes de San Andrés siguen eno-jados con el Gobierno Nacional. Hace pocos días el presidente visitó la isla para prome-terles muchas cosas, pero regresó al conti-nente y nada. Ahora están sin agua potable, la tremenda sequía los tiene sin el precio-so líquido, pero no encuentran propuestas concretas de Bogotá. Cobra fuerza de nue-vo el movimiento por la separación de San Andrés, que prefi ere asumir una condición de autonomía y de autogestión para resol-ver sus propios problemas.

“Necesitamos sanear nuestra economía de carteles empresariales”.

Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio.

Abril 20 de 2016/16

LA VERDAD DEL PUEBLO

CULTURAL

A RENATA CABRALES

LA VERDAD DEL PUEBLO

Semanario VOZInvita a la proyección del documental sobre la vida y obra del pintor Fernando OramasDirectora: Ana María Oramas.Sala Cultural Manuel CepedaCarrera 13A No. 38 - 32 sede de VOZ, Bogotá.Proyección jueves 21 de abril. Hora: 6:30 p.m.

400 años de la muerte de Cervantes, aún se podría tomar El Quijote, de manera superfi cial, como un tratado de ética y moral, debido al tipo de relación que se desarrolla entre Don Quijote y Sancho Panza, quien al recordarle siempre la realidad, le lleva la contraria a su “amo”. Sin embargo, este termina aceptando, sin problema, la personalidad de Sancho. Es a través del diálogo como se va formando una casi igualdad entre dos personas que, debido a su origen social, podrían ser incompatibles.

Desde una perspectiva sociocríti-ca, se puede advertir que la táctica del autor consiste en intercalar los episo-dios con la acción principal, esto es, las aventuras del caballero y su escudero, con otros que narran historias, que de cierta forma, refl ejan un acontecimien-to histórico de la época; por ejemplo, el caso de Marcela y Grisóstomo y el discurso feminista que asume esta en su defensa.

Literatura y sociedad

La sociología de la literatura esta-blece conclusiones que nacen de la su-posición de la literatura como realidad,

fenómeno o institución social, ya que relaciona las obras literarias y sus crea-dores, con la sociedad y el momento histórico en que se realizan, y la orien-tación política que las inspira. Así por ejemplo, según George Lukács, el ar-tista debe tender a la creación de obras que refl ejen la realidad tal y como las concebía la ciencia del socialismo. Así pues, en esa relación de amistad de los protagonistas, el autor nos muestra la diferencia de clases que había entre los dos, quienes lograron, a través de la creciente amistad, cerrar la brecha de esa incompatibilidad.

Por su parte, según los postulados de Jean Paul Sartre, a la literatura le correspondía dejar a un lado su fun-ción política, para asumir “una fun-ción social, liberadora”. La intención del autor, según el escritor francés, es contribuir a que se produzcan ciertos cambios en la sociedad y no duda en colaborar con quienes quieran cam-biar “a la vez la condición social del hombre y la concepción que el hom-bre tiene de sí mismo”… “Pero no lo hará políticamente, siguiendo las nor-mas de un partido. Ahora la literatura adquiere función social”.

Advierte además, Sartre, que el es-critor debe responsabilizarse de lo que escribe. “No porque sea escritor sino porque es hombre, ya que la vida se expresa en empresas y la empresa del

Don Quijote, el autory su compromiso con el otro

escritor es escribir. Este es el mundo enajenado, el que hay que cambiar”. Afi rma además, que el escritor, haga lo que haga, está comprometido y de-be proporcionar a la sociedad una con-ciencia inquieta.

El feminismo de Cervantes

Un caso concreto, de la posición que toma el autor de El Quijote, para mostrarnos ese mundo enajenado que hay que cambiar, es el caso de la histo-ria de Marcela y de Grisóstomo (1,11-14). En ella se manifi esta un tema in-teresante que es el de la libertad y del derecho a la autodeterminación. La his-toria de Marcela y de Grisóstomo, es acerca de dos jóvenes que tratan de es-capar de la civilización, convirtiéndose en pastores. El relato que se inscribe en el género pastoril o bucólico, está su-perpuesto en la acción principal, pues se da en un lugar donde un caballero y su escudero son invitados por cabre-ros o pastores, y comparten con ellos su humilde manjar. Luego, a través de terceros, se informa sobre la muerte de Grisóstomo que, enamorado de la

hermosa Marcela, había sido rechazado por ella. Así pues Grisóstomo se nos muestra como la pobre víctima, mien-tras que a Marcela se le cataloga como cruel y arrogante. Según los hombres que dan la noticia, sería Marcela, hoy en día, la mala de la telenovela.

Pero el autor, asumiendo su función social, al decir de Sartre, le da voz al per-sonaje femenino, con el fi n de que de-fi enda su punto de vista. Así, Marcela se salvaguarda de una forma tan pers-picaz que llega a convencer con su de-fensa al auditorio, logrando que nadie quiera juzgarla ya. Y con esto se tum-ba el prejuicio de la época, no poco co-mún en pleno siglo XXI de que la mujer transgrede por falta de razón, a lo que la juzgada refuta, pues no ella sino él, ha obrado “fuera de razón” y con “desati-no”, o sea como un desequilibrado, al no tener “bajo control sus pasiones”, lo que según Marcela, era un desafuero al suponerlo como “cosa natural”.

Este curioso relato sobre Marcela y Grisóstomo es, entonces, un buen ejemplo de lo que podría llegar a ser ca-talogado como un “feminismo” emer-gente en la gran obra de Cervantes.

¡Hola! JuventudSeparata

A★ MAIRA DEL CASTILLO

ntes de hablar de la situación de las mujeres jó-venes en Colom-bia es necesario dar una mirada al panorama so-cio-económico internacional.

Para esto hay que reconocer el pro-gresivo empobrecimiento material de las mujeres, el deterioro de sus con-diciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales, todo esto ligado a la crisis global del capitalismo; fenómenos que se ven generalizados de diferentes maneras en el mundo, a pesar de que exista una impresión acer-ca de que las vidas de las mujeres, sus condiciones y garantías paulatinamente han ido mejorando.

En América Latina y el Caribe, las realidades de la población femenina están marcadas por una extrema si-tuación de vulnerabilidad, exclusión y defi nitivamente por la pobreza con rostro de mujer. Inequidad laboral en cuanto a salarios, carga de trabajo y acceso al empleo ligado a su grado de estratifi cación, porcentajes bajos con respecto a afiliación a la seguridad social, alarmantes índices de embara-zos en la población adolescente, los hogares de madres cabeza de hogar se incrementan, prostitución infantil, en las adolescentes altos niveles de mortalidad materna relacionada con la disparidad entre géneros, el embarazo prematuro, el aborto y los servicios de control de la natalidad inadecuados, feminización de la migración y la triple discriminación que viven las mujeres indígenas y afro-descendientes basada en su pertenencia étnica, su género y la pobreza.

Quizás podríamos enunciar muchos más fenómenos que se presentan y que afectan directamente a las mujeres jóvenes, pero también es necesario re-conocer que la lucha del movimiento de mujeres en Latinoamérica y el mundo ha ido avanzando y fortaleciéndose, representando hoy la organización fe-menina una posibilidad real de contri-bución al movimiento social y popular.

En Colombia se respiran aires de paz. La juventud colombiana vive y protagoniza un momento crucial para su futuro y el de las nuevas generacio-nes. Sin embargo, hablar de paz con justicia social para las mujeres jóve-nes necesariamente implica hablar de garantía de derechos, por eso los y las jóvenes que toman la palabra y actúan en función de la construcción de paz, se han convertido en fuertes pilares de este proceso que constituye esperanza de cambio para el bienestar del país.

Las oportunidades en materia de educación, salud, vivienda y trabajo

para la juventud en el país son bastan-te limitadas, sin embargo las mujeres jóvenes viven una situación particular. Según el DANE los jóvenes represen-tan el 32% de la población en edad de trabajar, en el trimestre de noviembre 2015 y enero 2016 se registró una tasa de desempleo juvenil del 15.7% (un dígito por encima del registrado en el 2014), siendo las mujeres jóvenes las más afectadas con 22.3% mientras que los hombres jóvenes registran un 10,9% de desempleo. Sobresale que en el 2015 las cifras también indican que el 57,8% de los hombres inactivos laboralmente se dedicó principalmente a estudiar, mientras que el 58,1% de las mujeres inactivas se dedicó a ofi cios del hogar.

Según informes de la CUT, en Colombia fenómenos como la in-formalidad son la única opción de sustento para un 42% de mujeres, lo que se traduce en un fuerte deterioro en las condiciones laborales y genera mayores posibilidades de vulnerabi-lidad de la población femenina ante la pobreza. La tercerización laboral afecta a un 45% de mujeres generando riesgos como el desempleo recurrente, los bajos salarios, la discriminación en virtud de las diferentes formas de con-tratación que coexisten en una misma empresa, el riesgo de desprotección social y la afectación en el derecho de sindicalización.

Y en el caso de la seguridad social en Colombia únicamente el 29% de las mujeres ocupadas cotiza a cesantías y el 21.7% a pensiones obligatorias en régimen moderador; aproximadamente 3 de cada 10 trabajadoras/es no tienen ninguna cobertura en seguridad social, ni en salud o pensiones. Esto según la poca información que se posee con

respecto al tema. En este sentido las políticas del estado contribuyen a que se fortalezca la inequidad de género y terminan siendo inefi cientes frente a la situación real.

El conflicto social y armado ha marcado la vida y el cuerpo de la mujer colombiana, ha hecho que se enjuguen sus ojos de lágrimas y que se hayan sos-tenido en sus hombros inmensas tris-tezas, generación tras generación. Esta cadena de violencia ha ocupado todos los espacios de las mujeres: el privado, el público, el político, etc. De manera física a través de violaciones, golpes, torturas y cualquier tipo de ataque de parte de la fuerza pública, agentes paraestatales o grupos armados; pero que también se presenta de manera psicológica por medio de asesinatos y desapariciones de hijos, hermanos, pa-dres y familiares; y el desplazamiento forzoso e innumerables acciones que han hecho que la violencia afecte dura-mente a la población femenina del país.

Las violencias intrafamiliares han socavado la paz en los hogares, la vio-lencia sexual ha acechado a niñas y mu-jeres jóvenes de una manera aterradora: según un informe de Medicina Legal entre enero y septiembre del año 2015 se practicaron 2.504 exámenes médico legales por presunto delito sexual en contra de niñas y mujeres entre los 0 y 29 años, cifras bastante preocupantes teniendo en cuenta que muy pocas son las denuncias que la población hace debido a la revictimización, atención inefi ciente y otros factores. Así mismo entristece que en los primeros 28 días del año 2016 existieran 14 casos de feminicidios en todo el territorio co-lombiano principalmente efectuados por parejas de las víctimas.

La información acerca de los ín-

dices de violencia hacia las mujeres es inefi ciente lo que demuestra que el panorama es aún más abrumador. Esto sin olvidar la prostitución en menores y adolescentes, el acoso callejero y otras formas de violencia que se presentan. Es válido señalar que el Estado posee gran responsabilidad ante la acción y la omisión frente a la situación de las mujeres en el país, porque sus políticas agravan y permiten que los escenarios para las mujeres jóvenes sigan estando marcados por la violencia.

No está de más reiterar la exigen-cia que hacen las mujeres para poder ejercer su juventud de manera plena: políticas estatales integrales que con-templen de manera completa los dere-chos mayormente vulnerados y que son necesarios para el desarrollo como lo es la educación pública de calidad y con la cobertura necesaria, salud integral que comprenda los derechos sexuales y reproductivos, trabajo en condiciones dignas, garantías para el fortalecimien-to del arte y la cultura.

Como hacedoras de política y gran-des impulsoras de la transformación en el país, las mujeres de todas las edades enfrentan diariamente una compleja realidad pero así mismo se organizan, se movilizan, generan iniciativas de construcción de tejido social, de recon-ciliación, de educación, de pedagogía y cultura para la paz en todos los rincones del país, desde sus diferentes creencias, profesiones y etnias. El movimiento de mujeres se fortalece desde los colegios, las universidades, los barrios y las ve-redas en función de la paz con justicia social, entendiéndola precisamente como la materialización de sus dere-chos, evidentemente desde la equidad de género y marcada por la diversidad y la pluriculturalidad. ★

Además de jóvenes, mujeres

Movilización del 8 de marzo de 2016 en Chile.

Abril 20 de 2016

/2 SEPARATA HOLA JUVENTUD 2016 - 1

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E★ KEVIN SIZA IGLESIAS

l signo caracte-rístico del mo-mento actual por el que atra-viesa la educa-ción superior en Colombia, es la profundiza-ción del modelo

neoliberal, cuyo eje central, ha girado en torno a la conversión del derecho a la educación en una mercancía más, dentro del mercado que ofrece la so-ciedad capitalista. En este proceso, se hacen cada vez más evidentes las tendencias hacia la depauperación de la universidad pública, en función del fortalecimiento del sector privado. Lo anterior, en desarrollo de los llamados que realizaran en esta dirección la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial, en el marco de sus objetivos durante la presente etapa, tendientes a convertir los saberes en una fuente de valorización del capital1.

Desde el inicio del gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido clara la insistencia en introducir contrarre-formas en la política de educación superior del país, relacionadas con la profundización del modelo neoliberal en las universidades. Es así como en el año 2011, el gobierno intentó im-poner la tristemente célebre Reforma a la Ley 30, que fue derrotada por la movilización estudiantil liderada por la MANE, por lo que sus intenciones tuvieron que ser aplazadas, aunque no por largo tiempo.

En el año 2013, el Ministerio de Educación Nacional hizo público el ‘Acuerdo por lo Superior 2034’, que se erige en un refrito de la propuesta gubernamental derrotada por los estu-diantes en 2011 y que se enmarca en la recomposición táctica del Ministerio de Educación Nacional, al renunciar parcialmente a la idea de introducir contrarreformas por la vía de proyectos de ley en el Congreso, para hacerlo ahora en forma de política pública, la cual, en esencia, sigue manteniendo los principios y orientaciones estratégicas del proyecto neoliberal para las univer-sidades colombianas.

Los principales contenidos del ‘Acuerdo por lo Superior 2034’, están orientados a la transformación de la educación superior en el país, para armonizarla con los propósitos que en materia económica tiene el gobierno Santos, relacionados fundamental-mente con la apuesta de reprimarizar la economía, para lo que necesita un nuevo tipo de educación superior, ya no basado en las universidades como elemento central de la misma, sino en instituciones técnicas y tecnológicas, de baja calidad y costos, que formen a los jóvenes para el ‘trabajo y la produc-tividad’, marco dentro del cual el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 concibe el ‘Sistema Nacional de Edu-cación Terciaria’. En este sentido, el ‘Acuerdo’ también se orienta a debilitar y privatizar las universidades, en la me-dida en que se reduce la fi nanciación gubernamental para la oferta pública de las instituciones, a partir del desa-rrollo de otras fuentes de fi nanciación

¿Y la educación superior en Colombia qué?concentradas principalmente alrededor de la idea de auto sostenibilidad de las mismas. Lo anterior, está ligado a un proceso tendiente al fortalecimiento del subsidio a la demanda, expresado en los programas gubernamentales como ‘Ser pilo paga’, donde se prioriza el ingreso de estudiantes benefi ciarios a las universidades privadas, como lo de-muestra el hecho de que en el 2015, el 85% de los jóvenes ‘pilos’ accedieran a este tipo de instituciones, en desmedro de las universidades públicas. El actual, es un proceso tendiente a fortalecer la mercantilización y la fi nanciarización de la educación superior en Colombia.

En el último periodo, se ha eviden-ciado la fuerte ofensiva del Ministerio de Educación Nacional en función de la materialización del ‘Acuerdo 2034’. Dentro de la misma, podemos ubicar la reciente expedición de la resolución 02041 del 03 de febrero de 2016 por parte del MEN, que bajo la idea de establecer las características de calidad para la obtención de registros califi ca-dos y acreditaciones de los programas de licenciaturas, pretende estandarizar los contenidos de los mismos a partir de los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, violentando alevosamente la autono-mía universitaria.

Se viene profundizando una crisis de tipo estructural en la educación superior del país, pues no sólo está circunscrita a alguna esfera exclusiva de ésta, sino que afecta al conjunto de la misma. La crisis, se expresa de manera manifi esta en el proceso de desfi nanciación que tiene su origen en el propio esquema establecido a partir de la Ley 30 de 1992, basado en el congelamiento de los recursos destinados por el Estado para la fi -nanciación de la educación superior, al defi nirse como criterio para ésta el incremento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para establecer

los montos que por transferencias, le corresponde asumir al Estado para el funcionamiento de las universidades públicas. Estas, producto del esquema defi nido, se vieron obligadas a asumir la generación de recursos propios para su funcionamiento.

En este contexto, se dio cita en la ciudad de Ibagué, los días 1, 2 y 3 de abril, la Junta Nacional de la Aso-ciación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu. Desde el sali-troso y ardiente Caribe, pasando por el altiplano majestuoso del centro, los extensos y bravos llanos orientales, hasta el sur profundo y exuberante, llegaron delegaciones de jóvenes, líderes y representantes estudiantiles de las instituciones de educación su-perior de Colombia, para discutir las proyecciones de la organización en el presente y mediano plazo de la lucha estudiantil en el país.

Durante el primer día, se desarro-lló la Audiencia ‘Crisis del sistema universitario estatal: Universidad del Tolima’, la cual contó con la presen-cia del representante a la Cámara por Antioquia Víctor Correa, el rector de la UT José Herman Muñoz y dirigentes estudiantiles de la FEU, la ACEU e Identidad Estudiantil. La audiencia, develó la crisis profunda por la que atraviesa la UT, así como las implica-ciones y posibles salidas de la misma, arrojando como principal conclusión la necesidad de rodearla y defenderla ante el inminente peligro de cierre.

Los debates ubicaron la lucha con-tra la desfi nanciación de la educación superior, como el principal reto del momento presente para el movimiento estudiantil colombiano. En lo inmedia-to, luchar por la superación de la asfi xia fi nanciera a la que se han visto someti-das las universidades del país, por más de dos décadas de aplicación del ‘neo-liberalismo educativo’, se convierte en el eje gravitacional sobre el que debe

desarrollarse un fuerte movimiento universitario que pueda develar el ac-tual estado de la crisis y ubique salidas de corto, mediano y largo alcance para superarla. Esto, en función de atacar la principal manifestación del proceso de privatización de la educación superior en Colombia.

Se considera prioritaria la recom-posición de fuerzas del movimiento estudiantil, en función de construir una agenda común que permita ela-borar una hoja de ruta para la reac-tivar la movilización estudiantil por el presupuesto y la superación de la crisis presupuestal. Lo anterior, pasa necesariamente por la construcción de procesos regionales que coloquen en la palestra de la discusión universitaria la crisis de la educación superior colom-biana. En los procesos territoriales, está la clave del reimpulso del movimiento estudiantil del país.

Es preciso posicionar, en el marco de los debates del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y de prioridades del gasto fi scal, la necesidad de soluciones inmediatas a la crisis de fi nanciación de las instituciones de educación superior, a partir del impulso de la lucha por mayor presupuesto y un plan de pago acordado entre éstas y el gobierno nacional, entendiendo que la deuda de éste, asciende a 14 billones de pesos. Lo anterior, implica reactivar la movi-lización hacia el segundo semestre del presente año.

Se trata, entonces, de avanzar en la lucha contra la ofensiva del neolibera-lismo en la educación superior colom-biana, expresadas fundamentalmente en la implementación del ‘Acuerdo por lo superior 2034’ en las universidades públicas del país. Esto, debe estar liga-do al impulso de las reivindicaciones históricas de los estudiantes por am-

Estudiantes de universidades públicas.

Abril 20 de 2016

/3SEPARATA HOLA JUVENTUD 2016 - 1

Viene página 2

E★ REDACCI N JUVENIL

l fragmento de c o l o m b i a n o s que se ganan la vida como vigi-lantes, celadores o guardas de se-guridad, abarca cada vez a más jóvenes, que ven

en este ofi cio, una de las pocas posibili-dades de contar con un empleo estable. Sin embargo, la situación laboral en este campo, no es ninguna panacea. Bajos salarios, largas jornadas de trabajo, escasos derechos sindicales y contratos basura, agobian a los jóvenes trabajadores de este sector.

Redacción juvenil quiso conocer en detalle, cómo es la vida de un muchacho que trabaja como guarda de seguridad, custodiando las insta-laciones públicas y privadas de las principales ciudades del país. Y fue mientras ingresamos a la Cancillería colombiana, en el norte de Bogotá, que nos encontramos con Lenin Jiménez Contreras, un joven barranquillero, de 25 años, empleado de una reconocida empresa de seguridad de la capital, y quien presta su servicio en esa sede. A pesar de su aspecto, carismático, fue necesario ganarnos su confi anza, para que accediera a conversar con nosotros sobre su labor y su vida en general.

–Lenin, cuéntenos, ¿en qué con-siste su trabajo?

–Yo soy guarda de seguridad, de la sede norte de la Cancillería. Mi trabajo acá es rotativo: cuando nos toca en la puerta del edifi cio, nuestra labor es ve-rifi car el ingreso del personal que viene a sacar su pasaporte, o extranjeros que vienen a tramitar visas. Cuando nos toca en parqueadero, nos corresponde registrar el ingreso y salida de vehícu-los, y cuando nos toca la parte interna, se trata de estar atentos de todo lo que corresponde a la seguridad del edifi cio, de los funcionarios y los visitantes.

–¿Cómo es un día de trabajo para usted?

–Mi turno de trabajo inicia a las siete de la mañana, lo que me exige le-vantarme entre las cuatro y quince y las cuatro y media. Preparo mi desayuno, empaco mi almuerzo y me alisto para la jornada de trabajo. Cuando llego a la Cancillería, el supervisor nos asig-na las tareas del día y nos informa si existe alguna novedad. Me agrada más cuando el turno me toca hacerlo dentro del edifi cio, porque cuando estamos en la puerta o el parqueadero, a veces aparecen personas groseras que, por ser adineradas, creen que pueden irrespe-

tarnos. Mi jornada laboral se termina a las seis de la tarde, y estoy llegando a mi casa, aproximadamente a las ocho de la noche, a lavar mi uniforme y descansar para el día siguiente.

–¿Por qué tomó la decisión de ser guarda de seguridad?

–Yo me siento agradecido por con-tar con un empleo, se que hay muchos jóvenes que no han podido conseguir uno. Pero esa no fue una decisión que tomé yo. Las circunstancias y la nece-sidad me obligaron a trabajar en esto.

–¿A qué se refi ere con las circuns-tancias y la necesidad?

–Cuando terminé el colegio mi proyecto era estudiar licenciatura en ciencias sociales, pero no pude ingresar a una universidad pública y el presu-puesto familiar no me daba para una universidad privada, por eso no pude empezar mi carrera como yo quería. Me dediqué al rebusque, me gané la vida como dos o tres años vistiéndome de payasito y vendiendo espectáculos para niños en los parques de varios municipios de la costa. Después de esto se me ocurrió prestar el servicio militar, creyendo que eso podía ayudar a estabilizarme, pensé incluso hacer el curso de subofi cial, pero al término de los años de servicio, me encontré con la misma realidad; no tenía como pagar el curso y no iba a ser subofi cial de la Armada. Luego me fui a La Guajira a contrabandear gasolina desde la fron-tera con Venezuela hasta el centro del Cesar, en eso estuve un par de años. Ese “trabajo” era muy peligroso y quienes se enriquecían eran los que tenían el dinero para comprar la gasolina que yo transportaba, no ganaba mucho, además de estar en medio de mafi as que controlaban esa actividad, por lo que decidí defi nitivamente retirarme de eso. Fue entonces cuando me vine a Bogotá, donde una tía, con la esperanza de poder conseguir un trabajo digno y poder ingresar a la universidad.

Cuando llegué a la capital, lo único a mi favor fue contar con la libreta militar, y a pesar que busqué otro tipo de empleo, solo se me dio la posibili-dad de trabajar en esto, y es así como terminé siendo guarda de seguridad.

–¿Qué experiencia lo ha marcado en este trabajo?

–Yo fui despedido de la anterior empresa en la que trabajaba, cuando una señora dueña de un gimnasio que quedaba en el centro comercial en el que yo custodiaba el parqueadero, le solicitó a la empresa mi retiro. Lo que sucedió es que la señora al ingresar su vehículo no me permitió revisarlo

como me ordena mi trabajo, antes por el contrario me irrespetó gritándome con palabras obscenas, preguntándo-me que si yo sabía quién era ella, a lo que yo respondí no saberlo, pero que al igual que ella merecía respeto. Esa respuesta mía fue el motivo para que me retiraran. Esa experiencia sin duda me marcó.

–¿Se ve en este trabajo de por vida?–No, mis aspiraciones no son

mantenerme en este empleo indefi ni-damente, por dos razones: La primera es por las condiciones propias de este trabajo, siento que el sueldo no corresponde a lo que nos toca hacer, empezando por la misma hora en la que nos toca levantarnos para empezar un turno, la forma en la que estamos contratados no nos brinda mucha estabilidad, en cualquier momento se nos vence el contrato y nada nos garantiza que sea renovado. Y la se-gunda razón es que yo quiero ser un profesional, ojalá profesor de ciencias sociales, es por eso que los fi nes de semana estudio una carrera técnica en contabilidad en una institución de educación superior, con la esperanza que, al terminarla, pueda conseguir un empleo de mejores condiciones y

pueda pagar fi nalmente una carrera universitaria.

–Se ha mantenido con mucho es-fuerzo en sus aspiraciones iniciales, ¿por qué cree que esté siendo tan difícil convertirse en lo que fi nalmente quiere?

–A los jóvenes que no provenimos de una familia adinerada, nos toca así, mi hermano por ejemplo, aún se gana la vida de jornalero en fi ncas cerca a Codazzi (Cesar), muchos de mis amigos se quedaron en las primeras difi cultades, terminaron en las drogas o en la delincuencia. Pero esto no ha sido esculpa de ellos, en Colombia a jóvenes como yo, no se nos brindan la oportunidades para ser de nuestros sueños una realidad.

–¿Qué espera que ocurra de ahora en adelante?

–Yo espero que algún día sea distin-to. Espero graduarme, ser contador y licenciado en ciencias sociales, espero tener una vida distinta y llegar a mi vejez sin preocupaciones. Pero también espero que las condiciones de vida para los jóvenes y para los colombianos en general cambien. Espero que algún día, no sé cómo ni cuándo, todos tengamos una vida digna. ★

“Espero que algún día sea distinto”

Lenin Jiménez C.

pliar el bienestar universitario, contra la fl exibilización laboral de la planta docente, solución a problemas de in-fraestructura y laboratorios, entre otros.

Lo expresado, coloca como necesi-dad de primer orden la unidad del pro-pio movimiento estudiantil. Proyectar la construcción de una organización estudiantil unitaria, que conduzca la lucha contra el ‘neoliberalismo edu-

cativo’ en Colombia y logre concretar espacios y apuestas desde lo sectorial, regional y lo nacional, en aras de hacerle frente a las políticas que van en contravía de la educación como derecho fundamental y bien común, es una de las tareas pendientes de la hora. Así mismo, deben dirigirse esfuerzos por avanzar en la unidad multi esta-mentaria, elemento indispensable para

el desarrollo del proceso universitario nacional.

La concreción de acuerdos de paz entre el gobierno y las insurgencias, se ubica como eje central en la acción de la ACEU, en la medida que el presente, puede convertirse en el año de la supe-ración de la guerra y el derramamiento de sangre en el que se ha envuelto el país en los últimos 50 años. En esta

dirección, se hace preciso que de cara a un posible escenario de posacuerdo, el movimiento estudiantil logre posicio-nar salidas de largo alcance a la crisis, que ubiquen como necesidad la cons-trucción de una reforma democrática de la educación para la paz.

1 VEGA CANTOR, Renán. La uni-versidad de la ignorancia. Ed. Ocean Sur, Bogotá, 2015. ★

Abril 20 de 2016

/4 SEPARATA HOLA JUVENTUD 2016 - 1

A menudo se escu-cha decir, que la juventud es qui-zás la etapa más linda de la vida de todo ser humano, el instante en que se vive a plenitud.

Es un momento en donde la capacidad y el comportamiento experimental y creativo, se manifi estan en el espíritu transformador que caracteriza a todo joven. El neoliberalismo, ha pregonado que su mundo es una tierra de oportu-nidades para todos aquellos que tengan ganas de trabajar. Pero la realidad de los jóvenes de estos tiempos dista mu-cho de ese mundo, y está muy lejos de ser una vida en plenitud.

De acuerdo con un cálculo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicado el año pasado, el grupo de países integrado por Colombia, Mé-xico y los países de América Central, cuentan con una proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan, por encima del promedio regional. Por otra parte, según el Banco Mundial, por lo menos 20 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años ni estudian ni trabajan en América Latina, una tercera parte, alrededor de 7 millones, son colombianos. Los jóvenes de Colombia padecen altos índices de muertes violentas y menores expectativas de vida, en comparación con jóvenes de los demás países de América.

Estas condiciones en que vive gran parte de los jóvenes de nuestro país, tienen una estrecha relación con los índices de violencia, drogadicción y delincuencia juvenil. Uno de cada 20 jóvenes ni estudia, ni trabaja y ha renunciado a buscar empleo lo que lo convierte en potencial partícipe de la delincuencia común. Dicho sea de paso, esta realidad es también una de las causas que motivan la participación de jóvenes en el conflicto armado en Colombia; algunos ingresando al ejercito ofi cial, con la pretensión de conseguir una estabilidad laboral: y otros a las insurgencias como única posibilidad para lograr las transforma-ciones necesarias en el país.

Por otra parte, los jóvenes que al-canzan a conseguir empleo, se ven en la necesidad de trabajar, en medio de la más descarada explotación, materiali-zada en salarios paupérrimos, contratos inestables, y la negación de todo tipo de derechos laborales. Quienes ven en el estudio de una carrera técnica, tecnológica o universitaria, la única posibilidad para acceder a un empleo un poco más digno, acceden a empeñar su futuro, con créditos educativos que endeudan al joven estudiante, casi de por vida.

Esta estremecedora realidad, con-firma que la forma de capitalismo salvaje que hoy vivimos, el neolibe-ralismo, mata de manera signifi cativa la esperanza de la gran mayoría de ciudadanos, pero muy especialmente la de los jóvenes.

El Estado es responsable

Según estadísticas del DANE, el 39% de la población de jóvenes co-lombianos se encuentra en situación de

pobreza o de miseria. El desempleo en el país ha venido aumentando especial-mente entre la población joven. Entre 2009 y 2015 la tasa de desempleo gene-ral ascendió 12.3 puntos porcentuales. Esto muestra las difi cultades crecientes para que los jóvenes se incorporen al trabajo, lo que indica que el grupo de desempleados está cada vez más constituido por jóvenes. En los sectores populares, la situación es crítica y la tendencia recesiva no muestra síntomas de recuperación.

La educación no es un privilegio de todos. Pero se debe hacer consciencia que dicho privilegio ha entrado en crisis como lo demuestran las tasas de deserción que en los dos últimos gra-dos de educación básica llegan a 10% y 8.5% respectivamente, señalando como causas principales la necesidad de trabajar. No puede desconocerse la dramática situación que vive la educa-ción pública y su tendencia acelerada a la privatización, siendo la juventud la población más afectada por esta situación.

Este escenario, no surge de mane-ra espontánea de la nada. El estado colombiano ha sido el principal res-ponsable en la tragedia de las nuevas generaciones. Sus contrarreformas antipopulares, que privilegian el incre-mento de la acumulación capitalista, por encima de las más inmediatas necesidades de la población colom-

biana, y entre ellos las de los jóvenes, cercenan toda posibilidad a la juventud colombiana.

Bombardeo ideológico

Junto con la disminución drástica de oportunidades de desarrollo y de reconocimiento a las necesidades y las capacidades juveniles, el neolibe-ralismo ha logrado mantenerse exito-samente vivo. Esto obedece a que no se trata de una doctrina simplemente económica. Es un despliegue ideo-lógico que legitima la ofensiva y la hegemonía de un sistema capitalista, que ha demostrado ser incapaz para resolver los grandes problemas que aquejan a la humanidad, defiende un orden establecido, en el campo político, económico y cultural. La llamada “Economía de Mercados” se convirtió en un término muy de moda que sustenta el dominio económico del neoliberalismo en gran parte del mundo, en América Latina y por su-puesto en Colombia.

En los últimos veinticinco años de implementación del neoliberalismo en Colombia, la juventud ha sido su principal objetivo, a partir de la coop-tación ideológica, la comercialización del arte, las seducciones postmodernas del placer y el consumismo. Hasta la idea de felicidad lleva impregnada esta herencia; somos más felices en cuanto

Neoliberalismo y juventud★ IVANOVICH JIM NEZ B.

más correspondemos a la orientación neoliberal, somos felices cuando tene-mos el último grito de la moda, cuando compramos la crema que nos devolverá la juventud, o cuando tan milagrosa-mente podemos comprar cualquier mercancía a mitad de precio.

¿Qué les queda a los jóvenes?

Pese a que el panorama de la juven-tud, parezca poco alentador, su espíritu rebelde, creador, transformador y combativo, es la principal herramienta contra la desesperanza.

El reto para los jóvenes de estos días, consiste precisamente en sacu-dirse de la dominación ideológica, que impone patrones de conducta y reglas sociales que orientan en la juventud, la reproducción y justifi cación de un modelo económico y político, que paradójicamente durante los últimos años, ha sido la catástrofe para millones de jóvenes que sobreviven en la más mezquina exclusión y la más indife-rente marginalidad.

A los jóvenes no nos queda algo distinto a lo que nos enseñó el gran Mario Benedetti: “Abrir los ojos, des-cubrir las raíces del horror, inventar la paz así sea a ponchazos. Recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, para no convertirse en viejos prematuros”. ★

Foto: www.eltiempo.com