valoracin de la prueba de la violacin sexual en la ... · prueba en los casos mencionados,...

Valoracioacuten de la prueba de la violacioacuten sexual en la jurisprudencia de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos

Javier Mariezcurrena y Pablo Rovatti

SUMARIO 1 Introduccioacuten 2 Regulacioacuten de la prueba en la corte interame-ricana 3 Valoracioacuten de la prueba en casos de violacioacuten sexual 4 Conside-raciones fnales 5 Bibliografiacutea

1 INTRODUCCIOacuteN

En agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictoacute dos sentencias de excepciones preliminares fondo reparaciones y costas en los casos Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute ambos contra Meacutexico En el primero de ellos el Tribunal de San Joseacute consideroacute probado ldquoque la sentildeora Fernaacutendez Ortega fue viacutectima de una violacioacuten sexual cometida por un mi-litar ante la presencia de otros dos militares que observaban su ejecucioacuten cuando ella se encontraba en su casardquo1 En el segundo caso el Tribunal determinoacute que ldquola sentildeora Rosendo Cantuacute fue viacutectima de actos constitutivos de violacioacuten sexual cometidos por dos militares en presencia de otros seis mientras se encontraba en un arroyo al que acudioacute a lavar ropa en las cer-caniacuteas de su casardquo2

El tribunal interamericano sentildealoacute que esos hechos constituyeron una violacioacuten a la integridad personal de las dos viacutectimas y maacutes especiacute-

Javier Mariezcurrena abogado de la Universidad de Buenos Aires Argentina y graduado summa cum laude en la Maestriacutea en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame Estados Unidos Abogado Senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pablo Rovatti abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires y especialista en Derecho Penal Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en la materia Garantiacuteas Constitucionales del Derecho Penal y Procesal Penal

1 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Repa-raciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215 paacuterr 116

2 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216 paacuterr 106

| 541 |

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juriacutedica Virtual del Instituto de Investigaciones Juriacutedicas de la UNAM wwwjuridicasunammx httpbibliojuridicasunammxbjv

Libro completo en httpsgooglxSHgcH

DR copy 2017 Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico Instituto de Investigaciones Juriacutedicas Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Quereacutetaro

Javier Mariezcurrena y Pablo rovatti

fcamente actos de tortura3 Adicionalmente la Corte regional encontroacute al Estado responsable por la violacioacuten entre otros de los derechos a las garantiacuteas judiciales y a la proteccioacuten judicial mdashtodos ellos reconocidos en la Convencioacuten Americanamdash y determinoacute ademaacutes que el Estado in-cumplioacute diversos deberes establecidos en la Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convencioacuten Interamericana pa-ra Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en perjuicio de ambas viacutectimas4

Posteriormente la Corte Interamericana volvioacute a juzgar un caso de vio-lacioacuten sexual en el caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute5 El Tribunal regional concluyoacute que Estado violoacute la integridad personal de la sentildeora Espinoza Gon-zaacuteles mediante diversos actos de tortura y de violencia sexual incluyendo violacioacuten sexual mientras se encontraba privada de libertad en instalacio-nes de fuerzas de seguridad6 Al igual que en los casos antes mencionados la Corte determinoacute que el Estado violoacute tambieacuten entre otros los derechos a las garantiacuteas judiciales y a la proteccioacuten judicial reconocidos en la Conven-

3 En teacuterminos maacutes especiacutefcos la Corte Interamericana concluyoacute que el Estado fue respon-sable ldquopor la violacioacuten de los derechos a la integridad personal a la dignidad y a la vida privada consagrados respectivamente en los artiacuteculos 52 111 y 112 de la Convencioacuten Americana en relacioacuten con los artiacuteculos 11 del mismo tratado y 1 2 y 6 de la Conven-cioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura asiacute como por el incumplimiento del deber establecido en el artiacuteculo 7a de la Convencioacuten Interamericana para Preve-nir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [hellip]rdquo Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 131 y Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 121

4 Cabe recordar que en ambos casos el Estado reconocioacute parcialmente su responsabilidad internacional respecto de ciertos hechos relacionados entre otros con los derechos a las ga-rantiacuteas judiciales y a la proteccioacuten judicial de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute

5 Corte IDH Caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 20 de noviembre de 2014 Serie C nuacutem 289 En el caso J vs Peruacute la Corte Interamericana concluyoacute que la viacutectima habiacutea sufrido violencia sexual pero no violacioacuten sexual Corte IDH Caso J vs Peruacute Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 27 de noviembre de 2013 Serie C nuacutem 275 paacuterr 360

6 Corte IDH Caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 20 de noviembre de 2014 Serie C nuacutem 289 La Corte consideroacute que el Peruacute violoacute en perjuicio de Gladys Espinoza los artiacuteculos 51 y 52 de la Convencioacuten Americana e incumplioacute las obligaciones establecidas en los arts 1 y 6 de la Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura por los actos perpetrados en su contra en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE en 1993 Ademaacutes en cuanto a los hechos de violencia y violacioacuten sexual la Corte consideroacute tambieacuten violados los arts 111 y 112 de la Convencioacuten Americana Adicionalmente el Tribunal concluyoacute que Gladys Espinoza fue viacutectima de trato discriminatorio individualizado por su condicioacuten de ser mujer en violacioacuten al art 11 de la Convencioacuten en relacioacuten con los arts 51 52 y 11 del mismo tratado y los arts 1 y 6 de la Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST)

| 542




Valoracioacuten de la prueba de la violacioacuten sexual en la jurisprudenciahellip

cioacuten Americana e incumplioacute determinadas obligaciones establecidas en la Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura7

En este trabajo se abordaraacuten algunas cuestiones sobre la valoracioacuten de la prueba realizada por el Tribunal regional su relacioacuten con las reglas generales en materia probatoria de su Reglamento actual y de su jurispru-dencia asiacute como las particularidades que se presentaron frente a hechos de violacioacuten sexual

Con esa fnalidad se repasan mdashbrevementemdash algunas reglas generales que distinguen al reacutegimen de la prueba propio del derecho internacional de los derechos humanos de aquel que se emplea en las jurisdicciones internas Asimismo se examina el modo en que la Corte Interamericana valoroacute la prueba en los casos mencionados abordando aspectos tales como la prueba de la violacioacuten sexual cuando la viacutectima estaacute bajo custodia del Estado o existe un patroacuten o praacutectica generalizada la prueba de testimonio uacutenico las posibles inconsistencias o discrepancias entre distintas declaraciones de la viacutectima de un hecho de violencia sexual la distincioacuten entre cuestiones de admisibilidad y cuestiones de credibilidad del testigo y de su relato Final-mente se aborda la pregunta acerca de si la Corte Interamericana establecioacute una regla de inversioacuten de la carga de la prueba en los casos de violacioacuten sexual

2 REGULACIOacuteN DE LA PRUEBA EN LA CORTE INTERAMERICANA

Uno de los aspectos maacutes relevantes del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al igual que en los procesos judiciales internos se re-laciona con la prueba de los hechos en este caso que se alegan violatorios de la Convencioacuten Americana o de otros tratados que le otorgan competencia material al Tribunal de San Joseacute

Naturalmente un tratado general de derechos humanos como la Con-vencioacuten Americana no preveacute regulaciones en materia probatoria de los pro-cesos contenciosos que se desarrollan ante el Tribunal Maacutes auacuten el Pacto de San Joseacute incluye en general muy pocas disposiciones sobre cuestiones relativas al procedimiento contencioso las cuales estaacuten previstas en una breve seccioacuten de cuatro artiacuteculos Notablemente a pesar del tiacutetulo de esa

Esto uacuteltimo debido al retardo injustifcado para iniciar la investigacioacuten de los hechos ocurridos en perjuicio de la sentildeora Espinoza Gonzaacuteles Adicionalmente sobre la falta de investigacioacuten de los hechos la Corte analizoacute entre otras fallas y omisiones que ni las declaraciones que se le tomaron a la viacutectima ni los informes meacutedicos que se le practicaron cumplieron con los estaacutendares internacionales aplicables en materia de prueba de tortura y violencia sexual Corte IDH Caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute supra paacuterrs 287-288

543 |

7





seccioacuten (ldquoProcedimientordquo) sus disposiciones no abordan cuestiones pro-cesales sino que se referen a la sentencia de fondo En efecto aquellas normas establecen que el fallo de la Corte Interamericana seraacute motivado y que los jueces pueden emitir votos individuales que la sentencia es def-nitiva e irrecurrible que las partes pueden solicitar la interpretacioacuten de la sentencia asiacute como cuestiones sobre la notifcacioacuten y el cumplimiento del fallo por parte de los Estados8

Asiacute como la Convencioacuten Americana no establece regulaciones sobre ofrecimiento produccioacuten y valoracioacuten de la prueba el Estatuto del Tribunal tampoco se refere a aspectos probatorios Salvo en los primeros antildeos de trabajo de la Corte Interamericana en los cuales tampoco existiacutean dispo-siciones reglamentarias9 las cuestiones relativas a la prueba fueron incor-poraacutendose en sus sucesivos Reglamentos que de manera creciente fueron como todo el procedimiento ante el Tribunal afanzando su judicializacioacuten y hacieacutendose maacutes complejas10

Este creciente desarrollo normativo en la regulacioacuten de los diversos aspectos del proceso interamericano mdashincluyendo las cuestiones relativas a la pruebamdash se evidencia en el Reglamento actual del Tribunal que en-tre otras disposiciones establece con mayor precisioacuten y claridad a) las cuestiones generales sobre el ofrecimiento de prueba mdashque en teacuterminos generales las partes deben hacer en sus primeras presentacionesmdash b) el material probatorio a presentar por la Comisioacuten Interamericana mdashel expe-diente del caso ante siacute las pruebas que recibioacute y la posibilidad de ofrecer prueba pericial cuando se afecte el intereacutes puacuteblico interamericanomdash c) la presentacioacuten de la prueba si el caso es sometido por un Estado d) el ofrecimiento de prueba de los representantes de las viacutectimas y la individua-lizacioacuten de eventuales declarantes testigos ya sean viacutectimas o terceros

8 Convencioacuten Americana sobre Derechos Humanos arts 66-69 9 Corte IDH Caso Velaacutesquez Rodriacuteguez vs Honduras Fondo Sentencia de 29 de julio de

1988 Serie C nuacutem 4 paacuterr 127 ldquoLa Corte debe determinar cuaacuteles han de ser los criterios de valoracioacuten de las pruebas aplicables en este caso Ni la Convencioacuten ni el Estatuto de la Corte o su Reglamento tratan esta materia [hellip]rdquo

10 Abreu Burelli Alirio ldquoLa prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Memoria del Seminario El Sistema Interamericano de Proteccioacuten de los De-rechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI Corte Interamericana de Derechos Humanos 2003 vol I p 113 En esa publicacioacuten sentildealaba ldquo[a]un cuando en las legislaciones nacionales abundan las disposiciones sobre prueba como consecuencia del desarrollo en las uacuteltimas deacutecadas del derecho procesal son pocas las normas que regulan esta materia en los procesos ante los tribunales internacionales Por ello en la praacutectica del derecho internacional se confere un amplio margen de libertad a las partes para el ofrecimiento y presentacioacuten de las pruebas y de discrecionalidad al tribunal no solo para valorarlas sino para traerlas de ofcio al procesordquo

| 544





o peritos y los requisitos para que sean convocados e) el ofrecimiento de prueba por parte del Estado con la expresa mencioacuten de que la Corte Inte-ramericana podraacute considerar aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas f) las pruebas respecto de excepciones preliminares y g) la posibilidad de celebrar otros actos del procedimiento escrito antes de la audiencia puacuteblica11

Asimismo el Reglamento ordena diversas cuestiones relativas a la prue-ba que se produce en el marco de preparacioacuten de la audiencia puacuteblica y a los eventuales cuestionamientos y observaciones que las partes pueden realizar sobre las personas declarantes y el contenido de sus deposiciones Entre otros aspectos se regula el ofrecimiento defnitivo de las personas que declararaacuten en la audiencia (y quienes lo haraacuten mediante una declaracioacuten escrita o affdavit) las facultades y el procedimiento para observar impug-nar o recusar a los declarantes de las contrapartes la posibilidad limitada de sustituir declarantes la citacioacuten de quienes declaren en la audiencia y la remisioacuten de affdavits la posibilidad de la contraparte de presentar preguntas para que responda quien declare mediante affdavit asiacute como el traslado de eacutestos12

Adicionalmente el Reglamento regula tambieacuten la produccioacuten de prueba durante la propia audiencia particularmente las cuestiones relacionadas con la posibilidad de interrogar a los declarantes de recibir declaraciones por medios audiovisuales las consecuencias de incomparecencia o falsa de-posicioacuten del testigo entre otras13

Otro de los aspectos centrales en la construccioacuten del acervo probatorio tiene que ver con las reglas de admisioacuten de las pruebas A este respecto aunque se establece la oportunidad de la presentacioacuten de las pruebas se contempla la posibilidad de admitir excepcionalmente aquellas presenta-das extemporaacuteneamente por las partes cuando concurran causas de fuerza mayor o impedimento grave o sean hechos posteriores a las oportunidades procesales previstas14

Por otra parte el Reglamento establece amplias facultades probatorias del Tribunal para procurar pruebas de ofcio las cuales incluyen la posibi-lidad de solicitar declaraciones de requerir a las partes el suministro de

Todas las referencias respecto de la evolucioacuten normativa se hacen respecto del Reglamen-to actualmente vigente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos arts 35 36

12

13

14

40-43 y concordantes

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos arts 46-49

Ibidem arts 51-54

Ibidem art 57

545 |

11





alguna prueba de requerir informes a cualquier entidad de su eleccioacuten y de realizar medidas de instruccioacuten en la sede de la Corte o fuera de ella15

Finalmente el Reglamento preveacute cuestiones maacutes generales que pueden tener relevancia en materia probatoria tales como la posibilidad de ordenar el cumplimiento conjunto de medidas mdashdiligencias escritas u oralesmdash en diferentes casos la publicidad de los documentos y elementos de los casos resueltos y los deberes generales de cooperacioacuten de los Estados asiacute como las cuestiones relativas a gastos y a otras cargas que pesan sobre la parte proponente16

En paralelo a la evolucioacuten normativa de las cuestiones probatorias en sus decisiones la Corte Interamericana fue desarrollando diversos aspectos relativos al ofrecimiento la produccioacuten y la valoracioacuten de la prueba El tratamiento de la prueba por parte del tribunal ha variado en diversos sen-tidos desde lo formal hacia otros aspectos maacutes sustanciales17

Desde su primera sentencia de fondo en un caso contencioso la Corte Interamericana establecioacute luego de reconocer el vaciacuteo normativo que por entonces existiacutea en la materia18 una serie de principios y reglas referidos a los diversos aspectos del reacutegimen probatorio que en gran medida y sin perjuicio de los cambios normativos conservan vigencia en la actualidad

Entre otros cabe citar la opcioacuten por un sistema de libre evaluacioacuten de las pruebas mdashsana criacuteticamdash que descarta una determinacioacuten riacutegida del quantum de prueba necesario para fundar el fallo la afrmacioacuten de que

15 Ibidemart 58 16 Ibidem arts 30 32 26 60 y concordantes 17 Bovino Alberto ldquoLa actividad probatoria ante la Corte Interamericana de Derechos Huma-

nosrdquo en Sur Revista Internacional de Derechos Humanos antildeo 2 nuacutem 3 2005 pp 60-83 En este trabajo el autor recoge las particularidades que presenta el sistema desarrollado ldquoen su mayor parte jurisprudencialmenterdquo y estructura el anaacutelisis en cinco categoriacuteas la especifcidad de la actividad probatoria en el marco del derecho internacional de los derechos humanos el modo en que se constituye el acervo probatorio las reglas sobre carga de la prueba el reacutegimen o meacutetodo de valoracioacuten y fnalmente el estaacutendar proba-torio para demostrar los hechos constitutivos de violaciones de los derechos humanos Tambieacuten Abreu Burelli op cit p 114 ldquo[a]demaacutes de las disposiciones de su Reglamento la Corte Interamericana ha establecido a traveacutes de su jurisprudencia desde los primeros casos contenciosos [hellip] los criterios rectores del proceso y especialmente de la prueba en fecunda y reconocida creacioacuten del derecho no solo para suplir vaciacuteos normativos sino tambieacuten para afrmar la naturaleza especial de su competencia y desarrollar los principios sustantivos del derecho internacional de los derechos humanos La jurisprudencia de la Corte Interamericana mdashal igual que sus Estatuto y su Reglamentomdash ha utilizado como fuente inmediata en materia probatoria la experiencia de la Corte Internacional de Jus-ticiardquo

18 Corte IDH Caso Velaacutesquez Rodriacuteguez vs Honduras supra paacuterr 127

| 546





los criterios de valoracioacuten de la prueba ldquoson menos formalesrdquo que en los sistemas legales internos la fexibilidad en materia de admisibilidad de las pruebas incluso de las presentadas en forma extemporaacutenea el reco-nocimiento de la importancia en el proceso internacional de la prueba cir-cunstancial de los indicios y las presunciones ante la ausencia mdasho como complementomdash de la prueba directa el estaacutendar que afrma que la defensa del Estado no puede basarse exclusivamente en la imposibilidad del deman-dante de aportar pruebas que en muchos casos no pueden obtenerse sin la cooperacioacuten de aquel la aclaracioacuten de que el proceso internacional de los derechos humanos difere del proceso penal interno de la cual deriva entre otras cosas que la Corte Interamericana puede valorar el silencio del Estado demandado o su contestacioacuten elusiva o ambigua como aceptacioacuten de los hechos de la demanda ldquomientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la conviccioacuten judicialrdquo19

Como se observa todas estas reglas aun referidas a aspectos disiacutemiles del reacutegimen probatorio (criterios de admisibilidad poderes o facultades de las partes y del tribunal reglas de produccioacuten meacutetodo de valoracioacuten estaacuten-dar probatorio) se inspiran en principios comunes el reconocimiento de la particularidad de la jurisdiccioacuten interamericana de la ldquogravedad especialrdquo de las violaciones de derechos humanos juzgadas y fundamentalmente del objeto y fn de ldquoamparar a las viacutectimas y disponer la reparacioacuten de los dantildeos que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales accionesrdquo20

3 VALORACIOacuteN DE LA PRUEBA EN CASOS DE VIOLACIOacuteN SEXUAL

31 Prueba de la violacioacuten sexual en el caso Espinoza Gonzaacuteles

El caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute se refere a distintas formas de tortura incluyendo violacioacuten sexual perpetradas en el marco de una privacioacuten de li-bertad que tuvo la fnalidad de obtener informacioacuten sobre el secuestro de un empresario Entre otros argumentos el Estado sentildealoacute ante el Tribunal que a traveacutes de su ministerio puacuteblico estaba llevando adelante la investigacioacuten penal para esclarecer los hechos y sancionar a los presuntos responsables de los supuestos actos de tortura y violencia sexual alegados Asimismo sentildealoacute que ldquo[p]or el soacutelo hecho que el Informe Final de la [Comisioacuten de la Verdad y Reconciliacioacuten de Peruacute] diga que en determinadas instalaciones zonas del paiacutes o periodos de tiempo hubo abusos sexuales no se puede concluir que en toda detencioacuten por terrorismo ello ocurrioacuterdquo

19 Ibidem paacuterrs 127-145 20 Ibidem paacuterrs 129 y 134

547 |





A fn de determinar los hechos que seguacuten se denunciaba habiacutean afec-tado la integridad personal de la viacutectima la Corte Interamericana comenzoacute por enumerar las pruebas documentales y testimoniales que considerariacutea a) el Informe Final de la Comisioacuten de la Verdad y Reconciliacioacuten de Peruacute b) las declaraciones de la viacutectima rendidas en diversas oportunidades c) los informes de las fuerzas de seguridad estatales responsables de la detencioacuten de la viacutectima d) los certifcados meacutedicos y psicoloacutegicos en su mayoriacutea ela-borados por meacutedicos legistas del Estado y uno elaborado por una profesio-nal ante la Corte Interamericana y e) los testimonios de dos personas que declararon ante el Tribunal regional Por otra parte la Corte Interamericana tomoacute en cuenta como un elemento de suma relevancia la falta de investi-gacioacuten de los hechos denunciados por parte del Estado21

Previo a examinar el acervo probatorio la Corte Interamericana recordoacute algunos criterios generales relativos a la prueba de este tipo de casos En cuanto a la prueba testimonial brindada por las viacutectimas sentildealoacute que aquellas ldquosuelen abstenerse por temor de denunciar hechos de tortura y malos tratos sobre todo si se encuentran detenidas en el mismo recinto donde ocurrieronrdquo y que ademaacutes no resulta razonable exigirles que manifesten todos los ma-los tratos sufridos en cada oportunidad que declaran Asimismo el Tribunal recordoacute las especifcidades de la prueba testimonial en casos de violacioacuten se-xual entre otros aspectos el caraacutecter fundamental de la declaracioacuten de la viacutec-tima con base entre otros en los casos Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute22

Respecto de la prueba documental la Corte recordoacute la obligacioacuten que recae en los Estados de realizar exaacutemenes meacutedicos de las personas detenidas que aleguen malos tratos lo cuales deben realizados con la mayor diligencia y prontitud Por otra parte destacoacute el impacto que dicha prueba mdashmaacutes precisamente su ausenciamdash puede tener en el cuadro probatorio al afrmar que el incumplimiento de aquella obligacioacuten es decir la falta de exaacutemenes meacutedicos o su realizacioacuten sin observar los estaacutendares aplicables no pueden ser utilizados en perjuicio de la viacutectima para cuestionar la veracidad de sus dichos Ademaacutes el Tribunal recordoacute que en los casos de agresiones sexuales la falta de evidencia meacutedica no disminuye la veracidad de la declaracioacuten de la viacutectima ya que no todos los casos de violencia sexual ocasionan lesio-nes fiacutesicas o enfermedades verifcables a traveacutes de dichos exaacutemenes23

En cuanto a la prueba en el caso concreto la Corte Interamericana valoroacute el Informe Final de la CVR que se refere al caso particular de la detencioacuten de la sentildeora Espinoza Gonzaacuteles y su pareja asiacute como las determinaciones ge-

21 Corte IDH Caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute supra paacuterr 148 22 Ibidem paacuterrs 149 y 150 23 Ibidem paacuterrs 151 a 153

| 548





nerales que aquel oacutergano creado por el Estado habiacutea realizado respecto de la violacioacuten sexual en Peruacute en la eacutepoca de los hechos En particular el Tribunal de San Joseacute con base en ese informe consideroacute probado que por enton-ces habiacutea una praacutectica generalizada de violencia sexual contra las mujeres que presuntamente estaban involucradas en el conficto armado por parte de agentes estatales de las fuerzas de seguridad que la Direccioacuten Nacional Contra el Terrorismo mdashDINCOTE una de las fuerzas de seguridad que mantuvo deteni-da a la viacutectimamdash ldquofue sentildealada especialmente como un espacio donde la vio-lacioacuten sexual se produjo reiteradamenterdquo y que la violacioacuten sexual ldquofue una forma extendida de torturardquo El Tribunal concluyoacute que era claro que lo decla-rado por la sentildeora Espinoza Gonzaacuteles sobre la violacioacuten sexual y demaacutes formas de torturas sufridas ldquose condice a dicho patroacuten resentildeado por la CVRrdquo y que lo sucedido a la viacutectima era ldquoconsistente con dicha praacutectica generalizadardquo24

La Corte Interamericana tambieacuten valoroacute los testimonios de la viacutectima quien brindoacute al menos diez declaraciones respecto de lo sucedido tanto ante autoridades internas como ante el Tribunal de San Joseacute Del examen de los testimonios la Corte observoacute que si bien existiacutean diferencias en la forma en que los hechos fueron relatados en todas sus declaraciones la sentildeora Espinoza Gonzales refrioacute haber sido viacutectima de tortura incluyendo diversos actos de violencia y violacioacuten sexual y que habiacutea consistencia en sus relatos dado que ldquolas circunstancias principales coincidenrdquo25

En cuanto a la prueba documental consistente en los informes de las fuerzas de seguridad intervinientes en la detencioacuten la Corte Interamerica-na observoacute que respecto de las lesiones que presentaba la viacutectima mdashque esos informes atribuiacutean a una colisioacuten al momento de la detencioacuten entre los vehiacuteculos de la sentildeora Espinoza Gonzaacuteles y de los funcionarios policialesmdash no desvirtuaba lo relatado por la viacutectima en tanto una eventual colisioacuten no obstaba a que posteriormente hubiera sido golpeada por dichos funciona-rios Ademaacutes en los informes solo se haciacutean referencias geneacutericas a ldquolesiones en diversas partes del cuerpordquo resultantes de ldquouna aparatosa caiacutedardquo sin especifcar la naturaleza o gravedad de las mismas26

De mayor relevancia parece ser la valoracioacuten de otra prueba documen-tal los certifcados meacutedicos y psicoloacutegicos que se emitieron respecto de la presunta viacutectima por distintos profesionales mdashla mayoriacutea estatalesmdash que daban cuenta de diversas lesiones La Corte Interamericana observoacute que los exaacutemenes meacutedicos demostraban de forma progresiva en cada informe que durante un mes fueron causadas nuevas lesiones en diferentes partes del

24

25

26

Ibidem paacuterrs 161 y 195



549 |





cuerpo de la viacutectima incluyendo en sus oacuterganos sexuales Las lesiones veri-fcadas en los informes eran consistentes con lo declarado por la sentildeora Es-pinosa Gonzaacuteles sobre los golpes recibidos y en particular sobre la violacioacuten sexual27 El Tribunal regional valoroacute ademaacutes entre otros documentos varios informes realizados por profesionales psicoacutelogos Uno de ellos concluyoacute que la sentildeora Espinoza Gonzaacuteles habiacutea sufrido ldquotortura y violacioacuten sexualrdquo28

Adicionalmente la Corte valoroacute tambieacuten la prueba testimonial parti-cularmente las declaraciones de dos personas el hermano de la viacutectima y de una mujer que estuvo detenida con ella quienes se refrieron en general a las lesiones sufridas por la sentildeora Espinoza Gonzaacuteles El tribunal valoroacute que sus declaraciones eran consistentes con las declaraciones de la viacutectima y con la prueba documental examinada29

Por otra parte sin perjuicio de las pruebas documentales y testimo-niales sentildealadas la Corte Interamericana valoroacute especialmente que el caso concreto los hechos ocurrieron en instalaciones bajo el exclusivo control estatal Por ello el Tribunal recordoacute los criterios comuacutenmente utilizados en la jurisprudencia internacional a) en primer lugar la posicioacuten de garante del Estado respecto de la integridad personal de aquellos que se encuentran bajo su custodia y consecuentemente b) la presuncioacuten que opera cuando una persona es privada de libertad en condiciones fiacutesicas normales y luego aparece con lesiones o afectaciones a la salud circunstancia que obliga al Estado a proveer una explicacioacuten satisfactoria y convincente de lo sucedido El Tribunal destacoacute que la falta de investigacioacuten y sancioacuten de los hechos impidioacute que el Estado pudiera dar una explicacioacuten respecto de los tratos recibidos por la viacutectima30

Una circunstancia particular que la Corte valoroacute y sobre la cual lla-moacute la atencioacuten es que la detencioacuten se realizoacute sin orden judicial y que no hubo control judicial de la privacioacuten de libertad por al menos treinta diacuteas condiciones que ldquofavorecen la conclusioacuten de la ocurrencia de los hechosrdquo denunciados por la viacutectima31

Con base en todos los elementos anteriores la Corte Interamericana encontroacute acreditado entre otros hechos que la sentildeora Espinoza fue objeto de manoseos penetracioacuten vaginal y anal con manos y en este uacuteltimo caso tambieacuten con un objeto entre otros actos violencia sexual y tortura

27 Ibidem paacuterr 167 28 Ibidem paacuterrs 169 29 Ibidem paacuterrs 173 a 176 30 Ibidem paacuterrs 177 y 178 31 Ibidem parr 182

| 550





En este caso la prueba de la violacioacuten sexual sufrida por la sentildeora Espinoza Gonzaacuteles se sostuvo en sus testimonios y adicionalmente en tres aspectos importantes en primer lugar la existencia de exaacutemenes meacutedicos que acreditaban las lesiones producidas por la violacioacuten sexual en segundo lugar la existencia de un ldquopatroacutenrdquo o ldquopraacutectica generalizadardquo de violacioacuten sexual en perjuicio de las mujeres detenidas por parte de las fuerzas de seguridad particularmente de la Direccioacuten Nacional Contra el Terrorismo mdashDINCOTEmdash en los cuales se encuadran los hechos del caso concreto y en tercer lugar que la violacioacuten sexual ocurrioacute cuando la viacutectima se encontraba detenida un hecho de relevancia fundamental que modifcaba la carga pro-batoria e imponiacutea una presuncioacuten en contra del Estado que mdashsin ninguna investigacioacuten y explicacioacuten de los hechosmdash no pudo desvirtuar

La prueba de la violacioacuten sexual en este contexto resultoacute asiacute menos compleja de la que se pueda dar en casos en que la viacutectima no se encuentra detenida bajo la custodia estatal o en casos en que no se cuenta con infor-mes meacutedicos que acrediten el hecho o en aquellos casos donde no existe o no hay prueba sobre la existencia de un patroacuten o una praacutectica generalizada bajo el cual el caso se puede encuadrar Sobre esto uacuteltimo es importante destacar el peso de aquellos aspectos que la Corte consideroacute probados a) que la ldquo[l]a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes constituyeron una praacutectica sistemaacutetica y generalizada y se utilizaron como instrumento de la lucha contrasubversiva en el marco de investigaciones criminales por los delitos de traicioacuten a la patria y terrorismo [hellip]rdquo y b) que ldquose produjeron numerosos actos que confguraron una praacutectica generaliza-da y aberrante de violacioacuten sexual [hellip] y otras formas de violencia sexual [hellip] que afectoacute principalmente a las mujeres []rdquo Este contexto permitioacute a la Corte Interamericana determinar los hechos y valorar la prueba ldquono de manera aislada sino teniendo en cuenta la existencia de una praacutectica gene-ralizada y sistemaacutetica de tortura y violencia sexual en contra de las mujeres en el Peruacuterdquo32

32 Prueba de la violacioacuten sexual en los casos Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute

En los casos Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute la existencia misma de las violaciones sexuales y que ellas fueran responsabilidad de agentes estatales eran hechos que se encontraban fuertemente disputados En efecto en am-bos casos el Estado sostuvo que no habiacutean sido acreditados ldquoel delito ni sus responsablesrdquo y por ello que no podiacutea reconocer y aceptar que el derecho a

Ibidem paacuterrs 67 y 68 (las cursivas son nuestras)

551 |

32





la integridad personal y a la honra y a la dignidad hubieran sido violados en perjuicio de las viacutectimas Ademaacutes Meacutexico cuestionoacute los elementos mediante los cuales la Comisioacuten Interamericana y los representantes consideraban probadas las violaciones sexuales33 Mas auacuten en uno de los casos antildeadioacute que la ldquodeterminacioacuten de la existencia de violacioacuten sexual escapa del aacutem-bito de atribuciones de la Corte [Interamericana] ya que corresponde a los oacuterganos internos de investigacioacuten En el [hellip] caso las autoridades investiga-doras no establecieron que [la sentildeora Rosendo Cantuacute] hubiera sido violada a pesar de los esfuerzos realizadosrdquo34

En consecuencia la Corte Interamericana a fn de analizar los dere-chos convencionales que se argumentaban violados debioacute comenzar por determinar los hechos probados relacionados con las alegadas violaciones sexuales y si del acervo probatorio podiacutea derivarse la responsabilidad inter-nacional del Estado

321 El acervo probatorio iquestcaso de testigo uacutenico

En otros aacutembitos especialmente en el derecho penal interno y particular-mente en ciertos casos de violacioacuten sexual muchas veces se debate el caso del ldquotestigo uacutenicordquo35 Bajo esta denominacioacuten se discute si la declaracioacuten de la propia viacutectima mdashen algunas ocasiones acompantildeada de un informe psico-loacutegico sobre su credibilidad o de testimonios indirectos o de oiacutedasmdash resulta sufciente para fundamentar una condena penal36

33 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterrs 95-98 y Caso Rosendo Cantuacute y otra Vs Meacutexico supra paacuterrs 85-86

34 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 85 35 Entre los autores que se ocupan del tema del ldquotestigo uacutenicordquo de particular relevancia en

delitos de agresioacuten sexual cabe citar Sancinetti Marcelo A ldquoTestigo uacutenico y principio de la dudardquo en Indret Revista para el Anaacutelisis del Derecho nuacutem 3 2013 ldquoAcusaciones por abuso sexual principio de igualdad y principio de inocencia Hacia la recuperacioacuten de las maacuteximas lsquoTestimonius unium non valetrsquo y lsquoNemo testis in propria causarsquordquo en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Abeledo Perrot Buenos Aires junio de 2010 pp 955-995 En teacuterminos maacutes amplios aunque con referencias al problema Mazzoni Giuliana iquestSe puede creer a un testigo El testimonio y las trampas de la memoria trad por Joseacute Manuel Revuelta Loacutepez Madrid Trotta 2010 Chehtman Alejandro ldquoiquestEs posible saber si un testigo dice la verdad a propoacutesito de lsquoDetecting Lies and deceit Pitfalls and op-portunitiesrsquo de Aldert Vrijrdquo en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Abeledo Perrot Buenos Aires octubre de 2011 pp 1777-1800 que contiene una siacutentesis uacutetil de la obra que resentildea

36 Este es uno de los aspectos problemaacuteticos de la prueba en casos de violencia sexual aunque no el uacutenico En efecto esta presenta singularidades que han justifcado en el aacutembito del derecho penal internacional principios de prueba especiales Asiacute ademaacutes de

| 552





Precisamente la Corte Interamericana inicioacute su examen sobre deter-minacioacuten de la violacioacuten sexual y sus responsables advirtiendo los impor-tantes desafiacuteos que en materia probatoria suponen los casos de violencia sexual en los cuales por la propia naturaleza de los hechos solamente estaacuten presentes la viacutectima y su o sus agresores sin que medien usual-mente otros elementos de prueba adicionales Por ello ante la carencia de otros medios de prueba como testigos o registros el testimonio de la viacutecti-ma adquiere centralidad y seguacuten el Tribunal regional resulta una ldquoprueba fundamentalrdquo37

En lo que respecta a la importancia del testimonio de la viacutectima en los casos de violacioacuten sexual la doctrina penal en liacuteneas generales reacciona contra dos tendencias opuestas de las que hay ejemplos variados en la ju-risprudencia de los Estados Una la de ldquorelajarrdquo o ldquofexibilizarrdquo en alguna medida mdashnunca del todo precisablemdash las exigencias propias del juicio pe-nal para considerar probados cierta clase de hechos bajo el argumento de que de otro modo la imposibilidad de conseguir otras pruebas conduciriacutea

la mencioacuten especial de la regla 634 (que previene contra la imposicioacuten de la obligacioacuten de ldquocorroborar la pruebardquo de los criacutemenes de competencia de la Corte Penal Internacional) a los criacutemenes de violencia sexual las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional [ICC-ASP13 (Parte II-A) 9 de septiembre de 2002] preveacuten entre otros principios los de prohibicioacuten de inferencia del consentimiento del acto sexual en caso de silencio o de falta de resistencia de la viacutectima o de sus palabras o conductas cuando el autor pudiera haber aprovechado un entorno coercitivo (cfr regla 70 incs a y c) y el que prohiacutebe inferir la credibilidad la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la viacutectima de la naturaleza sexual de su comportamiento anterior o posterior (cfr regla 70 inc d) Por regla general ademaacutes queda proscripta la admisioacuten de pruebas vinculadas al comporta-miento sexual anterior o posterior de la presunta viacutectima (cfr regla 71) y se contempla un procedimiento maacutes riguroso en el examen de admisibilidad de pruebas que busquen acreditar que la viacutectima consintioacute el supuesto crimen de violencia sexual o pruebas de las palabras el comportamiento el silencio o la falta de resistencia de la viacutectima a que los hacen referencia los apartados a a d de la regla 70 (cfr regla 72) Asimismo sobre la prueba de la violencia sexual en la jurisprudencia de la Corte Interamericana Zelada Car-los J y Ocampo Acuntildea Diego A Mauricio ldquoDevelando lo Invisible la Feminizacioacuten de los Estaacutendares de Prueba sobre Violencia Sexual en la Jurisprudencia de la Corte Interameri-cana de Derechos Humanosrdquo Derecho en libertad Revista del Centro de Investigaciones Juriacutedica de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey antildeo 4 vol 9 2012 pp 176-179

Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 100 y Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 89 Como destacan Zelada y Ocampo Acuntildea (op cit pp 155-166) la afrmacioacuten por parte de la Corte Interamericana de que la declaracioacuten de la viacutectima constituye una prueba fundamental sobre el hecho precisamente por ldquola naturaleza de esta forma de violenciardquo signifcoacute un ldquoradical cambiordquo con relacioacuten a lo que el mismo Tribunal habiacutea afrmado en el caso Loayza Tamayo en el cual mdashcabe recor-darmdash ldquola naturaleza del hechordquo fue tenida en cuenta como un obstaacuteculo para su prueba mediante la declaracioacuten de la viacutectima de violencia sexual (cfr Corte IDH Caso Loayza Tamayo vs Peruacute Fondo Sentencia de 17 de septiembre de 1997 Serie C nuacutem 33 paacuterr 58 cfr asimismo Zelada y Ocampo Acuntildea op cit pp 150-152 y sus citas)

553 |

37





a la impunidad y con ello alentariacutea la repeticioacuten A la otra tendencia de signo contrario se le critica el aplicar mecaacutenicamente esquemas probato-rios ideacutenticos a contextos faacutecticos disiacutemiles o peor emplear mdashbajo ropaje de neutralidadmdash criterios estereotipados y fuertemente discriminatorios al evaluar el peso especiacutefco de cada evidencia particularmente la credibilidad del relato de la mujer viacutectima de una agresioacuten sexual o de otra forma de violencia38

Entre quienes reivindican el regreso a un sistema de pruebas legales negativas o destacan el valor de las maacuteximas ldquotestimonium unius non va-letrdquo y ldquonemo testis in propia causardquo invocan el principio de inocencia y la racionalidad exigida a la fundamentacioacuten de una condena penal y se teme a la construccioacuten de un estaacutendar probatorio disminuido mdashy por ende posiblemente generador de un nuacutemero maacutes alto de condenas erroacuteneasmdash para cierto tipo de delitos En general no se niegan en siacute las difcultades probatorias para estos mdashy otrosmdash casos pero se sostiene que ello no basta para establecer un estaacutendar probatorio menos exigente39 Como se observa

38 Con ejemplos de la jurisprudencia argentina criacutetico Sancinetti Marcelo A ldquoAcusacio-nes por abuso sexual principio de igualdad y principio de inocenciahelliprdquo cit En cambio tambieacuten con un repaso de varios precedentes judiciales importantes Julieta Di Corleto valora positivamente la incorporacioacuten de una mirada geacutenero-sensitiva en la valoracioacuten de la prueba en casos de violencia contra la mujer (ldquoLa valoracioacuten de la prueba en casos de violencia de geacutenerordquo en Hazan Luciano A y Plazas Florencia G (comps) Garantiacuteas constitucionales en el enjuiciamiento penal nuevos estudios criacuteticos de la jurisprudencia Buenos Aires Del Puerto 2015 pp 453-467) Una obra importante de consulta con referencias que exceden ampliamente el campo de lo juriacutedico y parten de la experiencia de la autora de escuchar los relatos de viacutectimas de violacioacuten sexual Hercovich Ineacutes El enigma sexual de la violacioacuten Buenos Aires Biblos 1997

39 Con una reivindicacioacuten de esas maacuteximas en referencia especiacutefca a casos de agresioacuten sexual Sancinetti Marcelo A ldquoAcusaciones por abuso sexual principio de igualdad y principio de inocenciardquo cit De modo maacutes general Luigi Ferrajoli critica ciertas conse-cuencias a las que condujo la adopcioacuten y praacutectica de la ldquolibre conviccioacuten del juezrdquo como un meacutetodo que ha tendido lamentablemente a legitimar ldquoel arbitrio de los juecesrdquo en lugar de la prometida fundamentacioacuten racionalmente aceptable de sus decisiones El au-tor incluso le reconoce valor de garantiacutea mdasha pesar de reconocer su defecto en el plano epistemoloacutegicomdash al sistema de la llamada pruebas legales o tasadas llamadas ldquonegativasrdquo Por oposicioacuten a las pruebas ldquolegales positivasrdquo ldquoen presencia de las cuales la ley prescribe al juez que considere probada la hipoacutetesis acusatoria aunque tal lsquopruebarsquo contraste con su conviccioacutenrdquo las primeras son ldquoaquellas en ausencia de las cuales la ley prescribe al juez que considere no probada la misma hipoacutetesis aunque tal lsquono pruebarsquo contraste con su libre conviccioacutenrdquo Seguacuten afrma el autor citado ldquo[e]n el plano juriacutedico [hellip] las pruebas legales negativas equivalen a una garantiacutea contra la conviccioacuten erroacutenea o arbitraria de la culpabilidad asegurando normativamente la necesidad de la prueba y la presuncioacuten de inocencia hasta prueba en contrariordquo Ferrajoli Luigi Derecho y razoacuten Teoriacutea del garan-tismo penal trad por Perfecto Andreacutes Ibantildeez Alfonso Ruiz Miguel Juan Carlos Bayoacuten Mohino Juan Terradillos Basoco y Rociacuteo Cantatero Bandreacutes 9ordf ed Madrid Trotta 2009 pp 140 y 147-148

| 554





el discutido asunto del ldquotestigo uacutenicordquo tiene particular relevancia frente al estaacutendar probatorio40 que se exige para validar una condena penal

Por supuesto esta es una discusioacuten que tambieacuten podriacutea ser relevante en ciertos procesos de derecho internacional claro estaacute que considerando los hechos y el eventual caso bajo el estaacutendar propio de la responsabilidad inter-nacional de los Estados distintivo de los contenciosos internacionales ante tribunales de derechos humanos pues a eacutestos no les compete discernir res-ponsabilidades penales sino juzgar mdashsobre la base de otros criterios de atri-bucioacutenmdash la responsabilidad estatal por una accioacuten u omisioacuten contraria a las claacuteusulas del tratado internacional a cuyo cumplimiento un Estado se obligoacute

Esta diferencia sustancial ha sido destacada por la Corte Interamericana desde su primera sentencia contenciosa en una jurisprudencia que se ha mantenido sin variaciones y en la que se enfatiza que el proceso interna-cional es un proceso de atribucioacuten de responsabilidad completamente dife-rente del proceso penal interno que no pretende la individualizacioacuten del eventual autor de la violacioacuten de derechos humanos y que tiene un distinto estaacutendar de valoracioacuten de la prueba

ldquohellippara un tribunal internacional los criterios de valoracioacuten de la prueba son menos formales que en los sistemas legales internos Su procedimiento como tribunal internacional que es presenta particularidades y caraacutecter propios por lo cual no le son aplicables automaacuteticamente todos los elementos de los pro-cesos ante tribunales internos La proteccioacuten internacional de los derechos humanos no debe confundirse con la justicia penal [] Los estaacutendares o requi-sitos probatorios no son los de un tribunal penal dado que no le corresponde a esta Corte determinar responsabilidades individuales penales ni valorar bajo tal criterio las mismas pruebasrdquo41

40 El estaacutendar de prueba puede ser defnido como aquel ldquomecanismo que por su naturale-za constituye el mejor dispositivo para vislumbrar mediante su manipulacioacuten hipoteacuteti-ca cuaacutento puede el funcionamiento del proceso penal distanciarse de los lineamientos episteacutemicos que aplican en aquellos casos en que la indagacioacuten no se ve afectada por consideraciones que conciernen a las diferencias relativas de los costos de los errores que es posible cometer es decir cuaacutento se estaacute inclinando la balanza a favor del acusadordquo Aguilera Garciacutea Edgar R ldquoiquestGarantismo extremo o mesurado La legitimidad de la funcioacuten jurisdiccional penal construyendo el debate Ferrajoli-Laudanrdquo en Isonomiacutea nuacutem 40 abril Meacutexico 2014 p 88 con cita de Laudan Larry Verdad error y proceso penal Un ensayo sobre epistemologiacutea juriacutedica trad por Carmen Vaacutezquez y Edgar R Aguilera Garciacutea Marcial Pons 2013 pp 103-136

41 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 105 en igual sentido Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 100 La Comisioacuten Interamericana reafr-moacute este criterio al afrmar que ldquono tiene competencia para llegar a una conclusioacuten sobre la culpabilidad o inocencia de una determinada persona bajo el derecho internordquo (CIDH Informe muacutem 416 Caso 12690 Fondo VRP y VPC Nicaragua 13 de abril de 2016 paacuterr 92 con cita de CEDH E y otros vs Reino Unido Sentencia de 26 de noviembre de 2002

555 |





Cabe sentildealar de todos modos que sin perjuicio de lo relevante del debate del ldquotestigo uacutenicordquo lo cierto es que en los casos Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute los acervos probatorios estaban integrados por los testimo-nios de las viacutectimas rendidos ante la Corte Interamericana y ante diversas autoridades puacuteblicas nacionales asiacute como otros elementos de conviccioacuten aportados por la Comisioacuten Interamericana los representantes de las viacutec-timas e incluso el propio Estado tales como documentos declaraciones testimoniales de terceros e informes meacutedicos

3211 La valoracioacuten del testimonio de la viacutectima

El intereacutes de la viacutectima en el litigio y su testimonio iquestuna cuestioacuten de admi-sibilidad o de credibilidad

A fn de determinar los hechos la Corte Interamericana comenzoacute ana-lizando las declaraciones rendidas por ambas viacutectimas ante el Tribunal asiacute como sus declaraciones previas ante diversas autoridades nacionales Res-pecto de las declaraciones de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute ante la Corte Interamericana si bien el Estado no las habiacutea impugnado for-muloacute observaciones sobre su contenido y afrmoacute que por siacute solas no podiacutean constituirse como prueba plena sino que debiacutean ser consideradas dentro del conjunto de pruebas de los procesos42

El Tribunal interamericano reiteroacute su criterio constante seguacuten el cual las declaraciones de las presuntas viacutectimas pueden ser uacutetiles porque pueden brindar mayor informacioacuten sobre las eventuales violaciones y sus conse-cuencias pero que no pueden ser evaluadas aisladamente sino dentro del conjunto de pruebas del proceso En consecuencia sentildealoacute que la valoracioacuten de las declaraciones de las viacutectimas se hariacutea de ese modo teniendo en cuenta el conjunto del acervo probatorio las observaciones del Estado y las reglas de la sana criacutetica43

paacuterr 91) En el mismo Informe la Comisioacuten destacoacute que ldquono estaacute llamada a pronunciarse sobre la responsabilidad penal del autor de la violacioacuten sexual de que fue viacutectima VRPrdquo y que el anaacutelisis que le compete ldquose centra en si la investigacioacuten llevada a cabo por el Estado frente a la denuncia de la madre de VRP fue realizada en cumplimiento de las obligaciones estatales bajo la Convencioacuten Americana y la Convencioacuten de Beleacuten do Paraacute a fn de establecer si el Estado cumplioacute el deber de garantiacutea de los derechos conculcados con la violacioacuten sexual de una nintildea asiacute como su obligacioacuten de proveer recursos efectivos y proteccioacuten judicial frente a este tipo de hechosrdquo (paacuterr 94)

42 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterrs 50 53 y 96 y Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 52

43 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 53 y Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 52

| 556





Para comprender esta afrmacioacuten es bueno recordar que desde su pri-mer caso contencioso la Corte Interamericana diferencioacute las cuestiones de admisibilidad y las cuestiones de valoracioacuten probatoria lo cual fue una consecuencia natural de la opcioacuten por el meacutetodo de libre apreciacioacuten de la prueba o sana criacutetica racional

De acuerdo con este no existen reglas predeterminadas acerca del valor de los medios de prueba aunque el juzgador se encuentra obligado a dar razones de su decisioacuten la cual debe aparecer como una operacioacuten racio-nal ldquomotivada en elementos de prueba legiacutetimos la conviccioacuten del juez se debe justifcar con argumentos encadenados racionalmente con respeto a los principios loacutegicos del pensamiento humano (identidad contradiccioacuten tercero excluido razoacuten sufciente) y a las leyes de la psicologiacutea y las de la experiencia comuacuten [hellip]rdquo44

El sentildealado meacutetodo se opone como es sabido a los regiacutemenes de prue-ba ldquolegalrdquo ldquotasadardquo o ldquotarifadardquo en los cuales valoracioacuten probatoria y es-taacutendar de prueba se confunden a consecuencia del establecimiento de un quantum de prueba preconcebido45

La aceptacioacuten del meacutetodo de la sana criacutetica racional permitioacute a la Cor-te Interamericana ya en Velaacutezquez Rodriacuteguez rechazar las objeciones que el Estado habiacutea presentado a modo de ldquotachasrdquo o ldquorecusacionesrdquo contra determinados testigos alegando mdashpor ejemplomdash su falta de objetividad ldquopor razones ideoloacutegicas de origen o nacionalidad o de parentesco o atribuyeacutendoles intereacutes en perjudicar a Hondurasrdquo o bien con el argu-mento de que algunos de ellos teniacutean antecedentes penales o procesos pendientes46

Alliacute la Corte Interamericana distinguioacute aun sin indicarlo expresamente entre el sistema de ldquotachasrdquo seguacuten el cual algunos testigos son ldquoinhaacutebilesrdquo

44 Maier Julio B J Derecho procesal penal fundamentos 2ordf ed 3ordf reimp Buenos Aires Del Puerto 2004 p 662 con cita de Ruacutea Fernando de la El recurso de casacioacuten en el derecho positivo argentino Buenos Aires Ed Viacutector P de Zavaliacutea 1968 nuacutem 49 pp 149 y ss

45 Esta es por supuesto una descripcioacuten sumamente simplifcada Sobre los distintos meacute-todos de apreciacioacuten o valoracioacuten de la prueba ampliamente Maier Julio B J op cit pp 662-663 y 870-875 Taruffo Michele La prueba trad por Laura Manriacutequez y Jordi Ferrer Beltraacuten Madrid Marcial Pons 2008 pp 132-137 Simplemente la verdad El juez y la construccioacuten de los hechos trad por Daniela Accatino Scaglioti Marcial Pons Madrid 2010 pp 184-192 Ferrajoli Luigi op cit pp 136-141

46 Corte IDH Caso Velaacutesquez Rodriacuteguez vs Honduras supra paacuterrs 141-145 con cita de la resolucioacuten de la Corte de 6 de octubre de 1987 en la que se habiacutean expuesto los funda-mentos para rechazar una ldquorecusacioacutenrdquo de testigos presentada en el curso de las audien-cias por el Estado

557 |





y quedan excluidos ab initio y otro gobernado por criterios de amplitud y fexibilidad en la admisioacuten de la prueba en el cual los testimonios no tie-nen para los jueces una credibilidad preconcebida sino que esta es evaluada en cambio a la luz del acervo probatorio y de la actividad de control de las partes sobre la prueba de la contraria Asiacute debe ser interpretada la afr-macioacuten de la Corte en el sentido de que aunque ldquo[a]lgunas circunstancias pueden [hellip] condicionar el apego a la verdad de un testigordquo ldquoestaacute en las partes en el curso del proceso demostrar que lo afrmado por un testigo no corresponde a la verdadrdquo47

Cabe sentildealar que este modo de apreciar la prueba de los hechos con-trovertidos en el proceso mdasha traveacutes de la sana criacutetica racional y asignando un importante valor a los poderes de control de las partesmdash no difere en sustancia del que emplean muchos de los tribunales internos de los Estados parte en la Convencioacuten Americana Tambieacuten en eacutestos en general predo-mina el meacutetodo de la libre conviccioacuten y la exigencia de que la decisioacuten se fundamente racionalmente en la prueba producida sin otras ataduras que el respeto de las reglas de la loacutegica de la psicologiacutea y de la experiencia En este sentido ldquo[s]on los hechos que generan responsabilidad penal personal y responsabilidad internacional los que son profundamente diferentes Ello no impide que el reacutegimen de valoracioacuten de la prueba pueda ser aplicado de manera praacutecticamente ideacutentica en ambos contextos juriacutedicosrdquo48

Maacutes aun los modelos de enjuiciamiento penal maacutes modernos de corte acusatorio tienden por regla a excluir las llamadas ldquotachasrdquo o inhabilida-des para declarar en la regulacioacuten de la prueba testimonial bajo el entendi-miento de que maacutes que de una cuestioacuten de admisibilidad del testimonio se trata de una evaluacioacuten racional por el juez de la credibilidad de este tras el control mdashde acuerdo a las reglas del contra-examen o contra-interroga-toriomdash de la contraparte Esto quiere decir para ponerlo en otros teacuterminos que ldquo[s]i un testigo tiene cercaniacutea a la parte por la que declara enemistad con aquella contra la cual lo hace o si tiene intereacutes en el juicio todas esos elementos podraacuten mdasho nomdash impactar su credibilidad y acarrear como consecuencia que los jueces la desestimen Sin embargo es perfectamente

47 Corte IDH Caso Velaacutesquez Rodriacuteguez vs Honduras supra paacuterrs 141 y 143 Sobre el tema maacutes ampliamente Bovino op cit pp 60-83

48 Bovino op cit p 73 nota 28 Con todo Bovino reconoce como particularidad del reacutegi-men probatorio internacional de los derechos humanos ldquola praacutectica de conceder un alto valor probatorio a ciertos elementos de conviccioacuten frente a la ausencia de pruebas adicio-nales o corroborantes respecto de un hecho o circunstancia determinadosrdquo Este proceder seguacuten indica ldquono resulta adecuada al reacutegimen de la sana criacutetica de la justicia penal mdashpor el alto estaacutendar probatorio que se debe verifcar para imponer una condenamdash pero siacute resulta absolutamente apropiada para el derecho internacional en especial en el aacutembito del derecho internacional de los derechos humanosrdquo (p 73)

| 558





posible que pese a estos elementos el testimonio en cuestioacuten parezca a los jueces perfectamente creiacuteble y lo acojanrdquo49

En consecuencia la Corte Interamericana se centroacute su anaacutelisis en la consistencia y en la credibilidad de las declaraciones de las sentildeoras Fernaacuten-dez Ortega y Rosendo Cantuacute a la luz de los acervos probatorios construidos en los casos

32111 La consistencia de los relatos de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute

Como se ha indicado la Corte Interamericana recordoacute las difcultades de prueba de esta clase de violaciones y la centralidad del testimonio de las viacutectimas En atencioacuten a ello el Tribunal analizoacute en profundidad la con-sistencia y la credibilidad de las distintas declaraciones brindadas por las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute

En primer lugar respecto del anaacutelisis de consistencia de sus declara-ciones la Corte Interamericana observoacute la coherencia y la solidez en el relato de los aspectos sustanciales de las violaciones sexuales en todas las declaraciones de ambas viacutectimas Sin embargo el Tribunal tambieacuten obser-voacute que habiacutea algunas imprecisiones que surgiacutean de la comparacioacuten de los diferentes relatos de las viacutectimas y sentildealoacute cuaacuteles eran aquellas diferencias En el caso de la sentildeora Fernaacutendez Ortega la imprecisioacuten se referiacutea a coacutemo habiacutea ocurrido la violacioacuten sexual ya que en la denuncia ante el Ministerio Puacuteblico y en su declaracioacuten rendida mediante fedatario puacuteblico ante la Cor-te Interamericana indicoacute que habiacutea sido violada por un militar ante la pre-sencia de otros dos mientras que en la primera ampliacioacuten escrita de dicha denuncia ante el Ministerio Puacuteblico indicoacute que tres militares la ldquoviolaronrdquo o ldquoabusa[ron] sexualmenterdquo de ella La Corte observoacute que esa diferencia en el relato se debiacutea a un uso particular del lenguaje de la sentildeora Fernaacutendez Ortega quien se referiacutea a los hechos de manera indistinta como ldquoviolacioacutenrdquo o ldquoabuso sexualrdquo para referirse a todo el evento lesivo sin identifcar aque-llos teacuterminos exclusivamente con el hecho de la penetracioacuten sexual En el caso de la sentildeora Rosendo Cantuacute las imprecisiones se referiacutean a los minutos exactos de duracioacuten de los ataques a los detalles del interrogatorio al que

Baytelman A Andreacutes y Duce J Mauricio Litigacioacuten penal juicio oral y prueba 1ordf re-imp Colombia Grupo Editorial Ibantildeez Bogotaacute 2007 p 58 Como sentildealan estos autores el sistema de ldquolibre valoracioacuten de la pruebardquo de acuerdo con el cual ldquolos hechos del juicio pueden probarse por cualquier medio sin que ninguno tenga para los jueces credibilidad preconcebida ni peso probatorio maacutes allaacute del que emerja de la actividad del juiciordquo ldquoinunda toda la pruebardquo lo cual se traduce en la improcedencia de ldquodescartarrdquo ab initio por ldquoinhaacutebilesrdquo determinados testimonios

559 |

49





fue sometida por los agresores y el tiempo que duroacute su peacuterdida de conoci-miento

Al respecto la Corte Interamericana reconocioacute que ldquo[no era] la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos deb[iacutea] observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se referen a viola-ciones sexuales de las cuales habriacutean sido viacutectimasrdquo50 refrieacutendose al caso Aydin juzgado por su par europeo51

Cabe recordar brevemente que en el caso europeo el Estado deman-dado habiacutea negado que hubiera base sufciente para considerar probada la violacioacuten sexual denunciada por la peticionaria y alegado mdashentre otras cosasmdash que los testimonios de la sentildeora Aydin y de su padre presentaban ldquoinconsistencias y contradiccionesrdquo El Tribunal Europeo recordoacute su juris-prudencia seguacuten la cual el establecimiento y la verifcacioacuten de los hechos correspondiacutean primordialmente a la Comisioacuten y que soacutelo en circunstancias excepcionales el Tribunal ejerceriacutea sus facultades para evaluarlos en forma autoacutenoma a la luz del material reunido Tras ello afrmoacute que la Comisioacuten habiacutea admitido las inconsistencias en el testimonio de la peticionaria y de su padre pero mdasha la vezmdash habiacutea observado que estas no teniacutean entidad sufciente para socavar la credibilidad del relato de aquella

El Tribunal Europeo agregoacute que de su propia evaluacioacuten de la evidencia recogida por la Comisioacuten apreciaba que en efecto existiacutea un alto grado de consistencia entre los relatos brindados por la peticionaria su padre y su cuntildeada al ministerio puacuteblico y por aquella y su padre a los delegados de la Comisioacuten lo cual haciacutea altamente improbable que las declaraciones de la pe-ticionaria fueran ldquofabricadasrdquo Por uacuteltimo consideroacute que el Estado demanda-do habiacutea sido incapaz de aportar alguna evidencia de la investigacioacuten penal interna que pudiera controvertir esa conclusioacuten y que la falta de evidencia meacutedica en la que el Estado basaba su defensa no podiacutea ser empleada para refutar el testimonio de la peticionaria que afrmaba que habiacutea sido violada mientras estaba detenida

Del mismo modo que el Tribunal Europeo en Aydin la Corte Intera-mericana advirtioacute que las imprecisiones que surgiacutean de la comparacioacuten de los diferentes relatos de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute se referiacutean a aspectos tangenciales y careciacutean por completo de capacidad para eliminar o debilitar la coherencia y solidez del relato sobre los hechos relevantes


51 ECHR Case of Aydin v Turkey (GC) Judgment of 25 September 1997 App nuacutem 571996676866 paacuterrs 72 y 73

| 560





Por otra parte la Corte Interamericana observoacute que no es inusual que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir ciertas imprecisiones en las declaraciones de las viacutectimas dado que se tratan de vivencias y re-cuerdos extremadamente traumaacuteticos que conllevan un grave impacto en la persona

Adicionalmente el Tribunal recordoacute que se trataba de relatos que ha-biacutean sido realizados por las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute en diversas ocasiones en periodos de ocho antildeos de diferencia En el caso de esta uacuteltima ademaacutes recordoacute las especiales circunstancias personales de la viacutectima fundamentalmente el hecho que al momento de sufrir la violacioacuten sexual era una nintildea52

Por otra parte en el caso de la sentildeora Fernaacutendez Ortega el Tribunal observoacute ademaacutes que ella hablaba mersquopaa y que para ser entendida por el funcionario que recibioacute su denuncia debioacute contar con la asistencia de una persona quien ademaacutes no era inteacuterprete de ofcio y que otros relatos de los hechos se realizaron mediante la presentacioacuten de escritos La Corte consideroacute evidente que si bien los escritos fueron frmados por ella esos documentos fueron redactados por un tercero quien ademaacutes tuvo que re-producir en espantildeol lo que ella manifestaba en mersquopaa o redactar lo que un inteacuterprete al espantildeol le indicaba circunstancia que indudablemente podiacutea derivar tambieacuten en imprecisiones En consecuencia las diferencias de rela-to maacutes que un problema de consistencia podiacutean deberse a obstaacuteculos en la expresioacuten a la intervencioacuten de terceros o producto del uso de diferentes idiomas o interpretaciones en las traducciones53 En el caso de la sentildeora Ro-sendo Cantuacute la Corte no consideroacute necesario abundar sobre este elemento como posible causa de las divergencias en sus relatos aunque siacute fue valorado por el Tribunal como uno de los elementos para analizar la falta de debida diligencia en las averiguaciones penales que la viacutectima no contoacute con un inteacuterprete ofcial en algunas ocasiones54

32112 La credibilidad de los relatos de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute

Luego de analizar la consistencia de las declaraciones de las sentildeoras Fernaacuten-dez Ortega y Rosendo Cantuacute el Tribunal examinoacute su credibilidad Al respec-to el Tribunal observoacute las circunstancias propias de las situaciones de las

Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 105 y Caso Rosendo Cantuacute

53

54

y otra vs Meacutexico supra paacuterr 91

Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 105

Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterrs 179 y 188

561 |

52





viacutectimas y no encontroacute ninguacuten elemento que pudiera afectar la credibilidad de sus relatos Por el contrario sus condiciones personales y el contexto en el que los relatos se insertaban que podriacutea califcarse como hostil haciacutean altamente improbable que se tratase de relatos ldquofabricadosrdquo

En particular la Corte Interamericana consideroacute que la denuncia de los hechos implicoacute enfrentar riesgos extremos se trataba de personas en una situacioacuten de gran vulnerabilidad mdashmujeres indiacutegenas de escasos recursos y en el caso de Rosendo Cantuacute ademaacutes nintildeamdash que viviacutean en una zona remota y aislada y que imputaron penalmente como autores de un delito muy grave a un grupo de militares en un aacuterea que se encontraba bajo una fuerte presencia militar55

Asimismo el Tribunal observoacute que las viacutectimas debieron hacer esfuerzos inusuales tales como caminar varias horas para recibir asistencia meacutedica y denunciar lo ocurrido ante autoridades y personal meacutedico que se dirigiacutean a ellas en un idioma que no dominaban Por otra parte resultaba evidente que la presentacioacuten de las denuncias no les traeriacutea aparejado ninguacuten bene-fcio personal sino todo lo contrario La difusioacuten del hecho probablemente tendriacutea consecuencias altamente perjudiciales para ella repercusiones ne-gativas en su medio social y cultural llegando incluso al posible rechazo de su comunidad56

Adicionalmente en el caso de la sentildeora Rosendo Cantuacute otra circunstan-cia que valoroacute la Corte Interamericana respecto de la credibilidad del relato se relaciona con la perseverancia es decir con los reiterados intentos que hizo para ser escuchada por las autoridades fundamentalmente por aque-llas de la administracioacuten de justicia a quienes recurrioacute en busca de respues-ta El Tribunal observoacute que la viacutectima ademaacutes de poner en conocimiento lo ocurrido a las instituciones estatales de derechos humanos mdashnacional y lo-calmdash se dirigioacute inclusive al gobernador y fundamentalmente declaroacute ante los ministerios puacuteblicos fscales del fuero penal comuacuten y del militar 57 Si bien la Corte Interamericana no lo explicitoacute en su fallo pudo haber tenido peso que la viacutectima solicitara la intervencioacuten del sistema de administracioacuten de justica mdashinclusive de la misma institucioacuten militarmdash que usualmente previene mediante sanciones penales las falsas denuncias o declaraciones

En cambio mdashtambieacuten en el caso Rosendo Cantuacutemdash la circunstancia de que la viacutectima no informara lo ocurrido a los dos primeros profesionales

55 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 107 y Caso Rosendo Cantuacute y otra Vs Meacutexico supra paacuterr 93


57 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 94

| 562





de la salud que la atendieron en la semana posterior a la violacioacuten sexual no fue considerado por el Tribunal como un elemento que afectara su cre-dibilidad La Corte Interamericana contextualizoacute aquella renuencia en las circunstancias propias del caso y de la viacutectima Asiacute observoacute que las agresio-nes sexuales son un tipo de delito que las personas que las sufren no suelen denunciar por las particularidades tanto culturales como sociales que la viacutec-tima tiene que enfrentar en su comunidad o por miedo El Tribunal sostuvo que la falta de comunicacioacuten a los primeros meacutedicos podriacutea haber ocurrido porque para entonces era una nintildea y por las amenazas de muerte dirigidas hacia toda la comunidad de parte de los agresores al momento del ataque58

Un dato no considerado por el Tribunal como un indicio o un elemento adicional sobre la credibilidad del relato fue que uno de los primeros meacutedi-cos que atendioacute a la sentildeora Rosendo Cantuacute le preguntoacute expresamente si habiacutea sufrido una violacioacuten sexual En este sentido podriacutea considerarse contrario a la experiencia que un profesional de la medicina formule una pregunta de ese tipo si no observa indicios de ello Sin embargo este dato era discutible y quizaacute por ello no fue considerado por el Tribunal en su sentencia

Por otra parte la Corte Interamericana examinoacute otros elementos de conviccioacuten tales como documentos sobre la presencia militar en la zona otros testimonios sobre los momentos cercanos al ataque y exaacutemenes meacute-dicos que daban cuenta de algunas de las lesiones que las viacutectimas habiacutea relatado y determinoacute que eran consistentes con lo relatado por ellas y que confrmaban sus declaraciones

3212 Otros elementos de conviccioacuten

Como se sentildealoacute ademaacutes de las declaraciones de las sentildeoras Fernaacutendez Orte-ga y Rosendo Cantuacute la Corte Interamericana consideroacute otros elementos de prueba Si bien eacutestos no probaban directamente la violacioacuten sexual confr-maban no obstante diversos aspectos de sus declaraciones sosteniendo su credibilidad y el convencimiento del Tribunal sobre los hechos

Entre los elementos que fundamentaron la conviccioacuten del Tribunal se encontraba la presencia militar en la zona haciendo operaciones de segu-ridad hecho reconocido incluso por el Estado en el caso Rosendo Cantuacute En ambos casos existiacutean en el acervo probatorio documentos que probaban la cercaniacutea de un destacamento militar y las declaraciones de militares en la investigacioacuten llevada adelante por el Ministerio Puacuteblico Fiscal militar en las cuales afrmaron que el diacutea de los hechos un grupo de militares fue

Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 95

563 |

58





a patrullar en esa zona y regresaron al destacamento poco tiempo despueacutes de ocurridos aquellos59

El Tribunal tambieacuten tuvo en consideracioacuten las declaraciones de otras personas que si bien no presenciaron directamente la violacioacuten sexual siacute estaban presentes en los momentos inmediatamente anteriores yo poste-riores al ataque En el caso de la sentildeora Fernaacutendez Ortega se trataba entre otros del testimonio de una hija quien presencioacute el ataque hasta el mo-mento inmediatamente anterior a la violacioacuten sexual y de otros familiares y personas cercanas quienes relataron que cuando vieron por primera vez a la sentildeora Fernaacutendez Ortega tras los hechos la encontraron mal triste con-mocionada con malestares y dolores y que les indicoacute que habiacutea sido violada sexualmente y que los responsables eran militares60 De manera similar la Corte valoroacute los testimonios de dos familiares de la sentildeora Rosendo Cantuacute mdashsu cuntildeada y su maridomdash De particular importancia resulta la declaracioacuten de la sentildeora Bernardino Sierra quien afrmoacute que vio a la sentildeora Rosendo Cantuacute inmediatamente luego del hecho que estaba llorando desnuda ldquoen la parte de abajordquo y con sangre en la cara y que le dijo que habiacutea sido violada sexualmente y que los responsables eran militares61

Ademaacutes el Tribunal valoroacute diversos informes meacutedicos que respalda-ban la credibilidad de los relatos de las viacutectimas En el caso de la sentildeora Fernaacutendez Ortega se trataba de una certifcacioacuten psiquiaacutetrica realizada por una perita meacutedica adscrita a la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos que sentildeala que ldquola agraviada estuvo expuesta a un acontecimiento traumaacute-ticordquo y de un informe psicoloacutegico realizado a la sentildeora Fernaacutendez Ortega que concluyoacute que ldquoexiste coherencia entre los hechos narrados [hellip] de la violacioacuten sexual y los siacutentomas psicoloacutegicos padecidos siendo estas reac-ciones emocionales tiacutepicas de una viacutectima de violacioacuten sexual por parte de alguna autoridadrdquo62 En el caso de la sentildeora Rosendo Cantuacute constaba un informe psiquiaacutetrico que integraba el expediente de la Comisioacuten Nacional de los Derechos Humanos sostuvo que la viacutectima sufrioacute ldquosiacutendrome por estreacutes postraumaacutetico agudordquo que estuvo ldquoexpuesta a una experiencia traumaacutetica aunque falta la evidencia fiacutesica de que dicha experiencia fue una violacioacutenrdquo y que ldquo[r]eexperimenta el evento traumaacutetico] de manera persistente [pues] revive constantemente la sensacioacuten de que la estaacuten violandordquo63

59 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterrs 109-110 y Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterrs 97-98

60 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 114 61 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 100 62 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 113 63 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 99

| 564





Por otra parte en el caso Rosendo Cantuacute el Tribunal valoroacute otros tres informes meacutedicos o ldquoexploraciones fiacutesicasrdquo producidos por diferentes orga-nismos del Estado De ellos se desprenden datos concordantes con partes de los hechos relatados por la viacutectima sobre las agresiones sufridas Uno de ellos realizado por el Ministerio Puacuteblico Militar indicoacute que la viacutectima ldquopresenta[ba] un[a] escoriacioacuten aproximadamente a dos centiacutemetros del ojo derecho justamente en la mejilla de aproximadamente un centiacutemetro siendo la uacutenica lesioacuten visible a simple vistardquo Otro un ldquocertifcado de lesio-nesrdquo practicado por la Comisioacuten de Derechos Humanos del estado de Guerre-ro determinoacute que teniacutea ldquoa la altura de la parte inferior del paacuterpado derecho un aacuterea amoratada de forma irregular de color violaacuteceo de [cerca de] un centiacutemetro en relacioacuten al golpe que refere la quejosa que le propinaron en el vientre no se le aprecioacute huella visible no obstante manifesta sentir dolor al caminarrdquo Por uacuteltimo el certifcado meacutedico practicado a la sentildeora Rosendo Cantuacute el 19 de marzo de 2002 esto es maacutes de un mes despueacutes de ocurridos los hechos indicoacute entre otros datos que ldquopresenta[ba] huellas de violencia fiacutesica[ c]icatriz no reciente de [hellip] 5 mm de diaacutemetro ubicada en el paacuterpado inferior derecho[ a] la palpacioacuten media refere dolor de me-diana intensidad en hipogastriordquo64

En el caso Fernaacutendez Ortega a su vez la Corte Interamericana sentildealoacute que no contaba con evidencia que desvirtuacutee los dichos de la sentildeora Fernaacuten-dez Ortega En particular respecto de la prueba meacutedica resaltoacute que la pre-sunta viacutectima solo recibioacute asistencia en una ocasioacuten tras la denuncia de los hechos por parte de una meacutedica general quien le realizoacute una exploracioacuten fiacutesica y una revisioacuten ginecoloacutegica en la que determinoacute que ldquono present[aba] datos de agresioacutenrdquo Al respecto la Corte observoacute que el certifcado meacutedico concordaba con las diversas declaraciones de la sentildeora Fernaacutendez Ortega dado que en ninguna de ellas la presunta viacutectima manifestoacute que se habiacutea resistido fiacutesicamente a la agresioacuten Ademaacutes el Tribunal recordoacute la jurispru-dencia internacional en el sentido de que el uso de la fuerza no puede con-siderarse un elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no consentidas y que tampoco debe exigirse prueba de la existencia de resis-tencia fiacutesica sino que resulta sufciente con que haya elementos coercitivos en la conducta La Corte consideroacute probado que el hecho se cometioacute en una situacioacuten de extrema coercioacuten con el agravante de haberse producido en un contexto de relaciones de autoridad por parte de tres militares armados65

Una diferencia sustancial en ambos casos es que en este uacuteltimo se ha-biacutean practicado pericias ofciales que determinaron ldquola presencia de liacutequido seminal en los dos hisopos obtenidos [e] identifcaron ceacutelulas espermaacuteti-

64 Ibidem paacuterr 101 65 Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 115

565 |





casrdquo A pesar de haber encontrado liacutequido seminal y ceacutelulas espermaacuteticas de manera inexplicable los peritos ofciales agotaron y desecharon las mues-tras lo cual impidioacute practicar otras pruebas de fundamental importancia como exaacutemenes de ADN El Estado reconocioacute su responsabilidad por esta falla y la Corte consideroacute la destruccioacuten de las muestras como un hecho ldquoextremadamente graverdquo que obstaculizoacute el esclarecimiento y la determina-cioacuten judicial de lo ocurrido La Corte observoacute que la falta de esclarecimiento de los hechos respondiacutea principalmente a la destruccioacuten de esa prueba de importancia fundamental mientras se encontraba en custodia del Estado66

Es posible observar en siacutentesis que el tribunal interamericano ponderoacute de modo integrado un conjunto de elementos probatorios que si bien in-terpretados aisladamente podriacutean presentar diferencias en sus respectivos valores de conviccioacuten condujeron invariablemente a confrmar los aspectos esenciales de los relatos de la sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute En efecto cada uno de los elementos de prueba respaldoacute en mayor o menor medida distintos pasajes de las declaraciones de las viacutectimas lo cual permi-tioacute reconstruir los sucesos con sufciente base probatoria67

322 iquestCasos de inversioacuten de la carga de la prueba

Como se sentildealoacute en paacuterrafos anteriores el Estado sostuvo en lo sustancial que no habiacutea prueba de la violacioacuten sexual que la carga de la prueba re-caiacutea sobre quien alegaba su existencia y que la inversioacuten de la carga de la prueba solo podriacutea ocurrir en dos hipoacutetesis la existencia de un patroacuten sis-temaacutetico de violaciones de derechos humanos que trate el caso fehacien-temente comprobado o bien el supuesto en el que la viacutectima se encuentra

66 Ibidem paacuterrs 111-112 67 A todo esto podriacutea agregarse todaviacutea el valor contextual de determinados informes

producidos por oacuterganos del propio Estado demandado en particular el Diagnoacutestico sobre violencia contra las mujeres en los municipios de la regioacuten de la Montantildea de Guerrero de la Secretariacutea de la Mujer del Estado de Guerrero asiacute como los dictaacutemenes periciales produ-cidos en el caso De acuerdo con esa Secretariacutea en general entre las formas de violencia que afectaban a las mujeres del Estado de Guerrero se encontraba la ldquoviolencia institu-cional castrenserdquo y en particular entre los antildeos 1997 y 2004 se habiacutean presentado seis denuncias de violaciones sexuales a mujeres indiacutegenas atribuidas a miembros del Ejeacutercito en el estado de Guerrero las cuales fueron conocidas por la jurisdiccioacuten militar sin que en alguno de esos casos se hubiera sancionado a los responsables (Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterrs 78-79 y sus citas y Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterrs 70-71 y sus citas) Esta informacioacuten producida por oacuterganos esta-tales constituyoacute una importante referencia contextual sobre todo si se tiene en cuenta que por la situacioacuten de vulnerabilidad de la poblacioacuten indiacutegena existiacutea una tendencia de sentido contrario a la denuncia de esta clase de hechos

| 566





detenida en poder del Estado Ninguno de los supuestos se planteaba en estos casos

Al respecto la Corte Interamericana recordoacute que ademaacutes de las de-claraciones de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute habiacutea otros elementos de conviccioacuten y recordoacute su jurisprudencia claacutesica y constante sobre la legitimidad de utilizar prueba circunstancial indicios y presuncio-nes siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos Asimismo el Tribunal recordoacute los principios claacutesicos de la carga probatoria que se resumen en la frase ldquoel que alega pruebardquo Sin embargo recordoacute su jurisprudencia constante formulada ya en su primer caso que afrma que ldquoen los procesos sobre violaciones de derechos humanos la de-fensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas cuando es el Estado quien tienen el control de los me-dios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territoriordquo68

Luego de aquella enunciacioacuten general en Fernaacutendez Ortega la Corte Interamericana sentildealoacute que despueacutes de maacutes de ocho antildeos de ocurridos los hechos el Estado no habiacutea aportado evidencia en el procedimiento interna-cional que permitiera contradecir la existencia de la violacioacuten sexual de la viacutectima El Tribunal consideroacute que el Estado no podiacutea justifcarse con base exclusivamente en el desconocimiento de si la violacioacuten habiacutea existido y su autoriacutea cuando ello era consecuencia de sus propios errores o falencias al destruir una prueba que estaba bajo su custodia69

En Rosendo Cantuacute la Corte Interamericana recordoacute que en el caso con-creto no se asistioacute a la viacutectima ni se dispusieron diversas medidas de inves-tigacioacuten mdashcomo periciasmdash que podriacutean haber sido uacutetiles para determinar lo sucedido El Tribunal consideroacute ademaacutes que el propio Estado reconocioacute una demora en la atencioacuten meacutedica especializada y que solo despueacutes de un mes de ocurridos los hechos la viacutectima fue examinada por un meacutedico legista adscripto al Ministerio Puacuteblico Fiscal del fuero comuacuten Por otra parte el Tribunal tambieacuten consideroacute que el Estado no presentoacute avances en la investi-gacioacuten que permitieran desvirtuar los indicios que apuntaban a la violacioacuten sexual cometida por personal militar y que la defensa del Estado se apoyoacute en el desconocimiento de si la violacioacuten habiacutea existido y de su autoriacutea lo cual era atribuible a sus propias autoridades y recordoacute la obligacioacuten de in-vestigar lo ocurrido y en su caso determinar las responsabilidades penales En particular observoacute que habiacutean transcurrido ocho antildeos y que el Estado no habiacutea aportado evidencia en proceso internacional que permitiera contrade-

68

69

Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 112 y Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 102


567 |





cir la existencia de la violacioacuten sexual por lo que consideroacute ldquorazonable otor-gar valor a las pruebas y a la serie de indicios que surgen del expedienterdquo70

En ambos casos la Corte sentildealoacute que concluir lo contrario implicariacutea permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de sus inves-tigaciones penales para sustraerse de su responsabilidad por la violacioacuten de derechos reconocidos por la Convencioacuten Americana

En este aspecto las decisiones de la Corte Interamericana llevan a con-siderar dos cuestiones que aunque pueden estar relacionadas son diferen-tes En primer lugar la cuestioacuten de la utilizacioacuten de indicios y presunciones y en segundo lugar si la ausencia de una versioacuten de los hechos por parte del Estado implicoacute en la praacutectica una inversioacuten en la carga de la prueba

En cuanto a lo primero en numerosos casos el Tribunal Interamerica-no al igual que su par europeo recurrioacute al uso de indicios y presunciones para determinar los hechos probados Ello no deberiacutea ser motivo de sorpre-sas para los Estados dado que en las instancias internacionales es comuacuten la utilizacioacuten de tales recursos y el Tribunal de San Joseacute lo ha hecho de manera consistente desde sus primeros casos Por otra parte los Estados recurren a indicios y presunciones habitualmente en los distintos procedimientos judiciales que llevan adelante incluso en los procesos con estaacutendares de apreciacioacuten de la prueba y garantiacuteas maacutes estrictos como lo son los procesos penales71

Respeto del segundo de los aspectos esto es si la ausencia de una versioacuten de los hechos operoacute como una inversioacuten de la carga de la prueba se ha afrmado que

70 Corte IDH Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico cit paacuterr 104 71 Aunque se trata de una derivacioacuten necesaria del sistema de valoracioacuten probatorio propio

de la sana criacutetica racional en determinados casos es la ley interna la que declara especiacute-fcamente que para la prueba de los hechos de violencia contra la mujer debe atenderse a un principio de ldquoamplitud probatoriardquo lo cual se reconoce como derecho o garantiacutea miacutenima de procedimiento Asiacute sucede por ejemplo en el caso de Argentina con la Ley 26485 de Proteccioacuten Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Aacutembitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales Su artiacuteculo 16 reconoce un derecho a la amplitud probatoria ldquoteniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigosrdquo mientras que el art 31 dispone que deben considerarse al fallar los indicios graves precisos y concordantes que surjan del caso Se ocupa del asunto con un repaso uacutetil de antecedentes jurisprudenciales argentinos en materia penal Corleto Julieta di ldquoLa valoracioacuten de la prueba en casos de violencia de geacutenerordquo cit pp 453-467 La auto-ra concluye en que ldquopara la valoracioacuten de hechos constitutivos de violencia contra las mujeres los oacuterganos judiciales muchas veces deben reclinarse en prueba indiciaria de lo contrario la fragmentacioacuten de la prueba y la criacutetica aislada de los indicios solo podriacutea llevar a la construccioacuten de hipoacutetesis absurdas desde el punto de vista de la experienciardquo

| 568





[hellip] el tribunal establecioacute que la declaracioacuten de la viacutectima resultaba entonces un elemento decisivo para la acreditacioacuten de la violencia sexual correspon-dieacutendole al Estado la carga de la prueba de que estos hechos no ocurrieron por ejemplo mediante el suministro de prueba indiciaria (por ejemplo de exaacuteme-nes meacutedicos asiacute como de investigaciones administrativas policiales fscales o judiciales) Su ausencia colaboraba a hacer maacutes verosiacutemiles las alegaciones de las viacutectimas

Podemos sentildealar entonces que con estos dos casos se dibuja maacutes claramente la feminizacioacuten del derecho interamericano pues se establecen claramente reglas especiales para el procesamiento de la evidencia referida a la vio-lencia sexual reconocieacutendola ya sea como acto concreto o como cuadro de contexto72

[hellip] ambos casos [se referen a los casos Rosendo Cantuacute y Fernaacutendez Ortega] establecen que en adelante la carga de la prueba frente a los actos de violencia sexual la tiene el Estado el mismo que puede aportar evidencia que desmienta tales alegaciones En este sentido resulta fundamental para la defensa esta-tal la exhibicioacuten de investigaciones diligentes en el fuero interno sobre tales eventos73

Una lectura de las sentencias permitiriacutea arribar a esa conclusioacuten Sin embargo es debatible que en estos dos fallos la Corte Interamericana haya construido verdaderamente una regla juriacutedica de inversioacuten del onus proban-di para los casos en los que se denuncie una violacioacuten sexual si se entiende por esta la obligacioacuten estatal de demostrar que el hecho no ocurrioacute a partir de la alegacioacuten de su existencia en el traacutemite internacional por la Comisioacuten y los representantes de la viacutectima

En cambio otra posicioacuten puede llevar a considerar que en los casos examinados los relatos de la viacutectima a la luz de las pruebas reunidas re-sultaban sufcientemente consistentes y verosiacutemiles en tanto corroborados por otros elementos de prueba y que el Estado frente a ese plexo probato-rio prima facie demostrativo de su responsabilidad internacional abdicoacute de su derecho procesal de producir prueba

En este sentido cabriacutea establecer una diferencia entre un supuesto de inversioacuten de la carga de la prueba y la regla mdashque la Corte Interamericana ha afrmado constantementemdash seguacuten la cual el Estado demandado no puede ampararse en la inefectividad de sus propias investigaciones para cuestionar la sufciencia de la prueba reunida a instancias de los representantes de la viacutectima y de la Comisioacuten Interamericana

72

73

Zelada y Ocampo Acuntildea cit p 164 los pasajes en cursivas aparecen subrayados en el original salvo el uacuteltimo

Ibidem p 166 las cursivas son nuestras

569 |





Esta regla probatoria que ha establecido la Corte Interamericana guarda relacioacuten con el objeto y fn del derecho internacional de los derechos hu-manos a la vez que reconoce las especiales caracteriacutesticas tanto del tipo de litigio como del sujeto procesal demandado En todo caso esta regla puede ser interpretada desde dos dimensiones Por un lado no puede ser atendido el argumento estatal de que seriacutea necesario contar con un acervo probatorio maacutes amplio para decidir el caso cuando ha sido precisamente el Estado en el aacutembito del proceso internacional quien no ha aportado evidencia a favor de la tesis que sostiene Por otro lado el Estado no puede reivindicar un estaacutendar de prueba riguroso como el que rige el aacutembito de los proce-dimientos de naturaleza penal (prueba maacutes allaacute de toda duda razonable u otros similares) por la sencilla razoacuten de que no hay equiparacioacuten posible entre el acusado en una causa penal y el Estado demandado en el proceso internacional

Finalmente maacutes allaacute de si operoacute o no una inversioacuten de la carga de la prueba el argumento del Estado mdashseguacuten el cual la falta de esclarecimiento de lo ocurrido por parte de sus autoridades internas impediriacutea que la Corte Interamericana hiciese una determinacioacuten sobre los hechosmdash evidente-mente no teniacutea ninguna posibilidad de prosperar Admitir esa aseveracioacuten llevariacutea a desconocer los sistemas internacionales de proteccioacuten de derechos humanos y signifcariacutea tanto como ignorar que sus oacuterganos de aplicacioacuten estaacuten necesariamente facultados por los propios Estados para determinar los hechos que pueden generar su responsabilidad internacional pues se trata de un ejercicio inherente a sus competencias

En suma dar creacutedito a este argumento implicariacutea la completa inutilidad de los sistemas internacionales de proteccioacuten de derechos humanos mdashya que bastariacutean las determinaciones sobre los hechos de las jurisdicciones localesmdash y constituiriacutea un evidente aliciente para que las autoridades loca-les no investiguen los hechos iliacutecitos cometidos por funcionarios puacuteblicos ya que eso bastariacutea para evitar una eventual atribucioacuten de responsabilidad internacional

4 CONSIDERACIONES FINALES

La Corte Interamericana ndashal igual que la Comisioacuten Interamericana y otros oacuterganos internacionales de derechos humanosndash estaacute desarrollando una im-portante jurisprudencia en casos que se referen a diversas formas de vio-lencia contra las mujeres Una de las manifestaciones de esa violencia es la violencia sexual y maacutes precisamente la violacioacuten sexual Sobre esta grave violacioacuten de derechos humanos ndashque frecuentemente se puede subsumir en la defnicioacuten legal de torturandash la Corte Interamericana mediante la re-

| 570





solucioacuten de los casos sometidos a su jurisdiccioacuten ha brindado importantes criterios de especial intereacutes para la refexioacuten y el debate

Una de las cuestiones importantes de este debate se relaciona con la valoracioacuten de la prueba en los casos de violacioacuten sexual problema juriacutedico de relevancia tanto en los sistemas internacionales de proteccioacuten de dere-chos humanos y en el derecho penal internacional asiacute como en el derecho penal interno de los Estados

En el caso Espinoza Gonzaacuteles la Corte Interamericana encontroacute probada la violacioacuten sexual de la viacutectima con base en sus testimonios y ademaacutes otros elementos de conviccioacuten Dentro del acervo probatorio se destacaba entre otros elementos un informe meacutedico que daba cuenta de las lesiones producidas por la violacioacuten sexual denunciada Los hechos del caso tuvie-ron ademaacutes dos particularidades a) que la viacutectima se encontraba privada de libertad mdashy por ende cabiacutea la modifcacioacuten de las cargas probatorias y correspondiacutea al Estado explicar lo sucedidomdash y b) los hechos encuadraban en una praacutectica sistemaacutetica y generalizada de tortura y violacioacuten sexual contra las mujeres privadas de libertad Estos elementos sin duda tuvieron un peso importante en la valoracioacuten de la prueba que hizo el Tribunal en el caso concreto

Por su parte los casos Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute supusieron un importante desafiacuteo para la Corte Interamericana en materia probatoria y de determinacioacuten de hechos entre otros motivos debido a la ausencia de aquellos elementos

En ambos fallos se reafrmaron los criterios que el Tribunal veniacutea desa-rrollando en materia probatoria en casos de violencia sexual contra las muje-res Asimismo entre los aspectos novedosos que muestran los fallos se puede destacar el anaacutelisis de consistencia y credibilidad de la declaracioacuten de la viacutec-tima considerada ahora una ldquoprueba fundamentalrdquo en este tipo de hechos

Si bien la Corte Interamericana destacoacute la centralidad de los testimo-nios de las viacutectimas mdashdejando en claro su rechazo a los criterios discrimina-torios que se basan en la creencia ab initio de que las viacutectimas de violencia sexual mientenmdash se conformoacute un plexo probatorio complejo que acreditaba los hechos de violencia sexual alegados En este sentido no se trataron de casos de testimonio uacutenico ya que la declaracioacuten de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute apareciacutea respaldada por otros testimonios docu-mentos e informes entre otros elementos de prueba

Es en ese contexto probatorio en el que la Corte Interamericana recordoacute su jurisprudencia que afrma que el Estado no puede ampararse en la negli-gencia e inefectividad de sus investigaciones para cuestionar la sufciencia de la prueba reunida en el proceso internacional

571 |





Por otra parte es posible sostener que en estos casos mdasha diferencia de lo ocurrido en el caso Espinoza Gonzaacutelesmdash la Corte Interamericana no modifcoacute la carga de la prueba dado que no se puso en cabeza del Estado la demostracioacuten de que la violacioacuten sexual no ocurrioacute a partir de la alega-cioacuten de la existencia de aquella por la Comisioacuten y los representantes de la viacutectima Antes bien parece maacutes aproximado afrmar que la Corte no invirtioacute el onus probandi En efecto si el Estado estaba obligado a probar que la violacioacuten sexual alegada no habiacutea ocurrido iquestqueacute sentido tendriacutea el capiacutetulo de la sentencia dedicado a la valoracioacuten de la consistencia y credibilidad testimonio de la viacutectima de los dictaacutemenes meacutedicos de los relatos de terce-ros de los documentos que daban cuenta de la presencia militar en la zona entre otros elementos

Por uacuteltimo los casos Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute continuacutean la liacutenea jurisprudencial constante de distinguir el umbral o estaacutendar de prueba del proceso internacional de los derechos humanos de aquel que se aplica en los procedimientos penales En este sentido es preciso reconocer la existen-cia de algunas reglas para la determinacioacuten de los hechos probados como las antes analizadas que pueden comprenderse faacutecilmente en atencioacuten al objeto y fn del sistema regional de proteccioacuten de los derechos humanos tanto como a la calidad del sujeto demandado en estos procesos pero que como indica la Corte Interamericana difiacutecilmente ndashy ciertamente no parece ser la intencioacuten del tribunal regionalndash puedan extrapolarse sin maacutes a otros aacutembitos procesales

5 BIBLIOGRAFIacuteA

ABREU BURELLI Alirio ldquoLa prueba en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo en Memoria del Seminario El Sistema Interame-ricano de Proteccioacuten de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI Corte Interamericana de Derechos Humanos 2003 vol I

AGUILERA GARCIacuteA Edgar R ldquoiquestGarantismo extremo o mesurado La legitimidad de la funcioacuten jurisdiccional penal construyendo el debate Ferrajoli-Laudanrdquo en Isonomiacutea nuacutem 40 abril Meacutexico 2014

BAYTELMAN A Andreacutes y DUCE J Mauricio Litigacioacuten penal juicio oral y prue-ba 1ordf reimp Colombia Grupo Editorial Ibantildeez Bogotaacute 2007

BOVINO Alberto ldquoLa actividad probatoria ante la Corte Interamericana de De-rechos Humanosrdquo en Sur Revista Internacional de Derechos Humanos antildeo 2 nuacutem 3 2005

CHEHTMAN Alejandro ldquoiquestEs posible saber si un testigo dice la verdad a pro-poacutesito de lsquoDetecting Lies and deceit Pitfalls and opportunitiesrsquo de Al-

| 572





dert Vrijrdquo en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Abeledo Perrot Buenos Aires octubre de 2011

CORLETO Julieta di ldquoLa valoracioacuten de la prueba en casos de violencia de geacute-nerordquo en HAZAN Luciano A y PLAZAS Florencia G (comps) Garantiacuteas constitucionales en el enjuiciamiento penal nuevos estudios criacuteticos de la jurisprudencia Buenos Aires Del Puerto 2015

FERRAJOLI Luigi Derecho y razoacuten Teoriacutea del garantismo penal trad por Per-fecto Andreacutes Ibantildeez Alfonso Ruiz Miguel Juan Carlos Bayoacuten Mohi-no Juan Terradillos Basoco y Rociacuteo Cantatero Bandreacutes 9ordf ed Madrid Trotta 2009

HERCOVICH Ineacutes El enigma sexual de la violacioacuten Buenos Aires Biblos 1997

LAUDAN Larry Verdad error y proceso penal Un ensayo sobre epistemologiacutea juriacutedica trad por Carmen Vaacutezquez y Edgar R Aguilera Garciacutea Marcial Pons 2013

MAIER Julio B J Derecho procesal penal fundamentos 2ordf ed 3ordf reimp Buenos Aires Del Puerto 2004

MAZZONI Giuliana iquestSe puede creer a un testigo El testimonio y las trampas de la memoria trad por Joseacute Manuel Revuelta Loacutepez Madrid Trotta 2010

RUacuteA Fernando de la El recurso de casacioacuten en el derecho positivo argentino Buenos Aires Ed Viacutector P de Zavaliacutea 1968 nuacutem 49

SANCINETTI Marcelo A ldquoAcusaciones por abuso sexual principio de igualdad y principio de inocencia Hacia la recuperacioacuten de las maacuteximas Testi-monius unium non valet y Nemo testis in propria causardquo en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Abeledo Perrot Buenos Aires junio de 2010

SANCINETTI Marcelo A ldquoTestigo uacutenico y principio de la dudardquo en Indret Re-vista para el Anaacutelisis del Derecho nuacutem 3 2013

TARUFFO Michele La prueba trad por Laura Manriacutequez y Jordi Ferrer Bel-traacuten Madrid Marcial Pons 2008

____ Simplemente la verdad El juez y la construccioacuten de los hechos trad por Daniela Accatino Scaglioti Marcial Pons Madrid 2010

ZELADA Carlos J y OCAMPO ACUNtildeA Diego A Mauricio ldquoDevelando lo Invisible la Feminizacioacuten de los Estaacutendares de Prueba sobre Violencia Sexual en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanosrdquo Derecho en Libertad Revista del Centro de Investigaciones Juriacutedica de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey antildeo 4 vol 9 2012

573 |





Jurisprudencias

Corte IDH Caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute Excepciones Preliminares Fon-do Reparaciones y Costas Sentencia de 20 de noviembre de 2014 Serie C nuacutem 289

____ Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fon-do Reparaciones y Costas Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 215

____ Caso J vs Peruacute Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 27 de noviembre de 2013 Serie C nuacutem 275

____ Caso Loayza Tamayo vs Peruacute Fondo Sentencia de 17 de septiembre de 1997 Serie C nuacutem 33

____ Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C nuacutem 216

____ Caso Velaacutesquez Rodriacuteguez vs Honduras Fondo Sentencia de 29 de julio de 1988 Serie C nuacutem 4

ECHR Case of Aydin v Turkey (GC) Judgment of 25 September 1997 App nuacutem 571996676866

| 574





fcamente actos de tortura3 Adicionalmente la Corte regional encontroacute al Estado responsable por la violacioacuten entre otros de los derechos a las garantiacuteas judiciales y a la proteccioacuten judicial mdashtodos ellos reconocidos en la Convencioacuten Americanamdash y determinoacute ademaacutes que el Estado in-cumplioacute diversos deberes establecidos en la Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en la Convencioacuten Interamericana pa-ra Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en perjuicio de ambas viacutectimas4

Posteriormente la Corte Interamericana volvioacute a juzgar un caso de vio-lacioacuten sexual en el caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute5 El Tribunal regional concluyoacute que Estado violoacute la integridad personal de la sentildeora Espinoza Gon-zaacuteles mediante diversos actos de tortura y de violencia sexual incluyendo violacioacuten sexual mientras se encontraba privada de libertad en instalacio-nes de fuerzas de seguridad6 Al igual que en los casos antes mencionados la Corte determinoacute que el Estado violoacute tambieacuten entre otros los derechos a las garantiacuteas judiciales y a la proteccioacuten judicial reconocidos en la Conven-

3 En teacuterminos maacutes especiacutefcos la Corte Interamericana concluyoacute que el Estado fue respon-sable ldquopor la violacioacuten de los derechos a la integridad personal a la dignidad y a la vida privada consagrados respectivamente en los artiacuteculos 52 111 y 112 de la Convencioacuten Americana en relacioacuten con los artiacuteculos 11 del mismo tratado y 1 2 y 6 de la Conven-cioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura asiacute como por el incumplimiento del deber establecido en el artiacuteculo 7a de la Convencioacuten Interamericana para Preve-nir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [hellip]rdquo Corte IDH Caso Fernaacutendez Ortega y otros vs Meacutexico supra paacuterr 131 y Caso Rosendo Cantuacute y otra vs Meacutexico supra paacuterr 121

4 Cabe recordar que en ambos casos el Estado reconocioacute parcialmente su responsabilidad internacional respecto de ciertos hechos relacionados entre otros con los derechos a las ga-rantiacuteas judiciales y a la proteccioacuten judicial de las sentildeoras Fernaacutendez Ortega y Rosendo Cantuacute

5 Corte IDH Caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute Excepciones Preliminares Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 20 de noviembre de 2014 Serie C nuacutem 289 En el caso J vs Peruacute la Corte Interamericana concluyoacute que la viacutectima habiacutea sufrido violencia sexual pero no violacioacuten sexual Corte IDH Caso J vs Peruacute Excepcioacuten Preliminar Fondo Reparacio-nes y Costas Sentencia de 27 de noviembre de 2013 Serie C nuacutem 275 paacuterr 360

6 Corte IDH Caso Espinoza Gonzaacuteles vs Peruacute Excepciones Preliminares Fondo Repara-ciones y Costas Sentencia de 20 de noviembre de 2014 Serie C nuacutem 289 La Corte consideroacute que el Peruacute violoacute en perjuicio de Gladys Espinoza los artiacuteculos 51 y 52 de la Convencioacuten Americana e incumplioacute las obligaciones establecidas en los arts 1 y 6 de la Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura por los actos perpetrados en su contra en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE en 1993 Ademaacutes en cuanto a los hechos de violencia y violacioacuten sexual la Corte consideroacute tambieacuten violados los arts 111 y 112 de la Convencioacuten Americana Adicionalmente el Tribunal concluyoacute que Gladys Espinoza fue viacutectima de trato discriminatorio individualizado por su condicioacuten de ser mujer en violacioacuten al art 11 de la Convencioacuten en relacioacuten con los arts 51 52 y 11 del mismo tratado y los arts 1 y 6 de la Convencioacuten Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST)

| 542












543 |

7











| 544











12

13

14



Ibidem arts 51-54

Ibidem art 57

545 |

11













| 546











547 |










| 548









24

25

26




549 |











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574












543 |

7











| 544











12

13

14



Ibidem arts 51-54

Ibidem art 57

545 |

11













| 546











547 |










| 548









24

25

26




549 |











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











| 544











12

13

14



Ibidem arts 51-54

Ibidem art 57

545 |

11













| 546











547 |










| 548









24

25

26




549 |











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











12

13

14



Ibidem arts 51-54

Ibidem art 57

545 |

11













| 546











547 |










| 548









24

25

26




549 |











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574













| 546











547 |










| 548









24

25

26




549 |











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











547 |










| 548









24

25

26




549 |











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574










| 548









24

25

26




549 |











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574









24

25

26




549 |











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











| 550










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574










551 |

32













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574













| 552









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574









553 |

37









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574









| 554











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











555 |













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574













| 556













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574













557 |










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574










| 558











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











559 |

49












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574












| 560











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











53

54




561 |

52













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574













| 562












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574












563 |

58










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574










| 564









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574









565 |











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











| 566









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574









68

69



567 |












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574












| 568











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574











72

73



569 |










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574










| 570












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574












571 |







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574







5 BIBLIOGRAFIacuteA






| 572


















573 |





Jurisprudencias








| 574


















573 |





Jurisprudencias








| 574





Jurisprudencias








| 574




valoracin de la prueba de la violacin sexual en la ... · prueba en los casos mencionados,...

Documents