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TOCA CIVIL No. **********/2013-II 1
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO; 3 TRES DE JULIO DE 2014 DOS MIL
CATORCE.
V I S T O para resolver los autos del Toca Civil número **********/2013-II,
formado con motivo del recurso de apelación, interpuesto por **********
apoderado legal de ********** en contra de la Sentencia Definitiva de
fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, dictada por el Juez Tercero
Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; relativa
al juicio Ordinario Civil, promovido por **********, en contra de **********,
expediente número **********/2012; y:
R E S U L T A N D O
1. Mediante escrito de fecha nueve de mayo de dos mil doce, **********
demandó en la vía Ordinaria Civil de **********, las siguientes
prestaciones:
“[…] PRESTACIONES.__ A.- La revocación de la donación asentada en
la escritura pública número ********** del volumen ********** dada ante
el notario público número 5 de este distrito judicial LIC. DIOSDADO
HERIBERTO PFEIFFER VARELA e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el número ********** del Libro I, Sección I, de fecha 31
treinta y uno de mayo de 2006 dos mil seis, a favor de la **********. __ B.-
La restitución a mi patrimonio del bien inmueble predio casa-
habitación con locales ubicado en la esquina que forman las calle
********** y calle **********, número **********, actualmente calle
**********, número ********** esquina con boulevard **********, en
Pachuca de Soto, Hidalgo, motivo de la donación, mismo que tiene las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 16 (dieciséis)metros linda
con Calle **********; AL SUR: 13.50 (trece metros cincuenta centímetros)
linda con la propiedad de **********; AL ORIENTE: 21.50 (veintiún metros
cincuenta centímetros) linda con propiedad de **********; AL PONIENTE:
23.00 (veintitrés metros) linda con Calle **********.__ C.- El pago de
daños y perjuicios causados a mi persona por la hoy demandada.__ D.-
El pago de gastos y costas que origine el presente juicio […]”
2. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil doce, se emplazó a
********** y por auto de fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, se
le tuvo contestando la demanda instaurada en su contra y oponiendo
las excepciones y defensas que creyó pertinentes.
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3. Una vez desahogado el material convictivo ofrecido por las partes y
agotado el trámite procesal; con fecha siete de diciembre de dos mil
doce, se citó a las partes para oír la sentencia definitiva que en derecho
procediera, misma que el Juez del conocimiento dictó con fecha
veintiséis de febrero de dos mil trece, y cuyos puntos resolutivos fueron los
siguientes:
“[…] RESUELVE. __ PRIMERO.- Esta autoridad judicial resultó competente
para conocer y resolver del presente juicio en términos del
considerando I de esta resolución. __ SEGUNDO.- Procedió la Vía
Ordinaria Civil. __ TERCERO.- La parte actora ********** NO probó los
elementos de su acción y la demandada ********** demostró sus
excepciones. __ CUARTO.-En consecuencia de los puntos que
preceden, se ABSUELVE a ********** de todas y cada una de las
prestaciones reclamadas en este juicio.__ QUINTO.- Se condena a
********** al pago de las costas generadas en este juicio, al actualizarse
la hipótesis prevista por el artículo 138 fracción I del Código de
Procedimientos Civiles.__ SEXTO.- De conformidad con lo establecido
por el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece: “El
Poder Judicial deberá hacer públicas las sentencias que han causado
estado o ejecutoria. En todo caso, solo mediante previa conformidad
de las partes, se procederá a la publicación de los datos personales”
una vez que la presente resolución haya causado ejecutoria deberá
hacerse pública. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste
para otorgar su consentimiento por escrito dentro del término de 3 tres
días a efecto de que se publiquen sus datos personales y en caso de
no hacerlo se tendrá por negada dicha autorización.__ SÉPTIMO.-
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. […]”
4. Inconforme con la sentencia definitiva que antecede **********,
interpuso recurso de apelación, mismo que con fecha doce de marzo
de dos mil trece le fue admitido en ambos efectos; en dicho auto se
ordenó remitir los autos originales a la Sala Civil y Familiar en turno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, para la sustanciación
del recurso planteado.
5. Remitidos que fueron los autos al Tribunal de Alzada, por razón de
turno le correspondió a esta Segunda Sala Civil y Familiar conocer de los
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mismos, así que por acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil trece,
se ordenó formar y registrar el toca civil correspondiente, se confirmó la
calificación de grado realizada por el A quo, admitiéndose el recurso
interpuesto en ambos efectos; una vez que fueron expresados los
agravios correspondientes y contestados los mismos, con fecha dieciséis
de enero de dos mil catorce, se ORDENÓ CITAR A LAS PARTES PARA OÍR
SENTENCIA QUE CONFORME A DERECHO PROCEDIERA, misma que hoy se
emite:
C O N S I D E R A N D O
I. Esta Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el
Estado de Hidalgo, es competente para conocer y resolver del presente
toca de apelación, de conformidad con lo que disponen los artículos: 1,
2, 93, 99 A fracciones II y IV, 100 de la Constitución Política del Estado de
Hidalgo; 1, 5, 11, 27, 29, 31 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Hidalgo; 2314 del Código Civil para el Estado de Hidalgo; 410,
415, 420, 671, 676, 682, 688, 689, 692, 693 y 700 del Código de
Procedimientos Civiles para el mismo Estado; 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 8, 9,11,17 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; 17 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”; 3 y 5 de la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores;
4 y 7 de Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de
Hidalgo; la resolución 46/91 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas
Mayores de América Latina y el Caribe.
II. El recurrente **********, en su escrito de expresión de agravios,
manifestó lo siguiente:
“[…]AGRAVIOS.__ I.- FUENTE DE AGRAVIO.- Es fuente de agravio,
fundamentalmente el contenido del considerando enmarcado con el
numeral IV, en sus párrafos tres al noventa y siete que lo integran, y los
puntos resolutivos TERCERO, CUARTO Y QUINTO RESPECTIVOS, de la
resolución de fecha 26 veintiséis de febrero de 2013 dos mil trece.__ II.-
PRECEPTOS LEGALES Y TESIS VIOLADAS.__ Los artículos 1 con relación a
los puntos 1, 4, 6 inciso c, ) incisos a, b, c, de la Carta de San José sobre
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los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe; 3,
y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 17 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador); así como 5 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos; 14, 16 y 17 Constitucionales los artículos 1, 2,
80, 81, 279, 280, 352, 398, 402, 406, 407, 410, 413, 417, 420 de la Ley
Adjetiva Civil y los artículos 2341, 2352 y demás relativos de la Ley
Sustantiva Civil, ambas vigentes para el Estado de Hidalgo; 7 fracciones
I, II y XI; fracción11 fracción III; 12 de la Ley de los Derechos de los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo.__ Así como la tesis de
jurisprudencia número 1ª/J/104/2009 con número de registro 165034 y
las tesis VI.1º.C.125C con número de registro 167261, VI.2º.C515C con
número de registro 174256 y I.13º.C.27C con número de registro 181967,
mismas que transcribirán en los conceptos de agravio.__ III.-
CONCEPTOS DE AGRAVIO.__ PRIMERO.- Se violan en mi perjuicio
esencialmente los principios de la debida FUNDAMENTACIÓN,
MOTIVACIÓN, CONGRUENCIA, EXHAUSTIVIDAD y REGULACIÓN DE
PRUEBAS y por ende, los principios de legalidad y seguridad jurídica que
se derivan y deducen de los artículos anteriormente mencionados y
que en lo medular se entienden como lo siguiente.__
“Fundamentación.- La obligación de la autoridad que lo emite, para
citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la
determinación adoptada”.__ “Motivación.- Que exprese una serie de
razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considero que el caso
concreto se ajusta a la hipótesis normativa”.__ “Exhaustividad: Atender
a todos aquellos puntos que revelen una defensa concreta con ánimo
de demostrar la razón que asiste, pero no, a los diversos argumentos
que más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas
ya expresadas”.__ “Congruencia: Significa ilación o aceptación ante
los motivos de inconformidad o reclamo y la concesión que hace el
juzgador a ello, o sea, conformidad en cuanto a extensión, concepto y
alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas,
contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por
las partes”. __ En primer plano debe decirse que en el dictado de la
sentencia definitiva que ahora se recurre, se viola e infringe en perjuicio
del suscrito y de la esfera jurídica del mismo, los principios de la debida
fundamentación y motivación que todo acto de autoridad al respecto
debe contener y que se deducen del artículo 16 Constitucional. __ Ello
es así, porque sí bien es verdad que en el dictado de la resolución
definitiva que ahora se impugna, para sustentar el sentido de la
improcedencia de la acción al respecto ejercitada, se invocan
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algunos dispositivos legales relacionados con la hipótesis jurídica
planteada, así como también se invocaron una serie de razonamientos
relacionados precisamente con la figura jurídica al caso propuesta,
también lo es, que ambas situaciones enunciadas, no encuadran
estrictamente en el caso concreto, esto es, a la causa de pedir
planteada dentro del libelo inicial, es decir, a la revocación de la
donación por INGRATITUD.__ Lo anterior, pues como es de observarse
del libelo inicial correspondiente, el suscrito en lo medular solicito la
revocación de la donación asentada en la escritura pública número
**********, del volumen **********, otorgada ante la fe del C. Licenciado
Diosdado Heriberto Pfeiffer Varela, Notario Público número 5, del Distrito
Judicial de Pachuca, Hgo., en virtud de que la parte demandada,
hubo realizado en contra del suscrito varias actitudes de desprecio,
desatención, denostación, etc.; mientras que los dispositivos legales y
razonamientos jurídicos que empleo el Juez inferior para soportar la
improcedencia de la acción ejercitada por el suscrito, se refieren
esencialmente a la revocación prevista en el artículo 2341 del Código
Civil vigente para el Estado de Hidalgo (Que por cierto no fue invocado
por el suscrito en la demanda) y a la revocación por ingratitud sí el
donatario hubiese cometido algún delito contra la persona, la honra o
los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o
cónyuge de éste y sí el donatario hubiese omitido socorrer, según el
valor de la donación, al donante que hubiese venido a la pobreza.__
Como es de observarse de las anteriores anotaciones, las
consideraciones jurídicas y preceptos legales empleados por el Juez
Inferior para determinar la improcedencia de la acción ejercitada por
el suscrito no se ajustan estrictamente a lo propuesto por dicho suscrito,
lo que desde luego trae como consecuencia, la violación a los
principios de la debida fundamentación y motivación prevista en el
artículo 16 Constitucional. __ SEGUNDO.- Así mismo, debe decirse que
en el dictado de la sentencia definitiva que ahora se recurre, se viola
en perjuicio del suscrito y de la esfera jurídica del mismo, los principios
de congruencia y exhaustividad que todo acto de autoridad al efecto
deben contener y que se deducen igualmente del artículo 16
Constitucional, porque, como se expuso en anteriores anotaciones, el
suscrito en lo medular solícito la revocación de la donación asentada
en la escritura pública número **********, del volumen , otorgada ante
la fe del C. Licenciado Diosdado Heriberto Pfeiffer Varela, Notario
Público número 5, del Distrito Judicial de Pachuca, Hgo., bajo el
amparo legal de que la parte demandada, en su calidad de
donataria, a partir de la operación realizada, es decir, de la firma de la
donación a su favor, hubo realizado en contra del suscrito varias
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actitudes de desprecio, desatención, denostación, etc.; mientras que
los dispositivos legales y razonamientos jurídicos que empleo el Juez
inferior para soportar la improcedencia de la acción ejercitada por el
suscrito, se refieren esencialmente a la revocación prevista en el
artículo 2341 del Código Civil vigente para el Estado de Hidalgo (Que
por cierto no fue invocado por el suscrito en la demanda) y a la
revocación por ingratitud, sí el donatario hubiese cometido algún delito
contra la persona, la honra o los bienes del donante o de los
ascendientes, descendientes o cónyuge de éste y si el donatario
hubiese omitido socorrer, según el valor de la donación, al donante
que hubiese venido a la pobreza.__ Como es de observarse de las
anteriores anotaciones, las consideraciones jurídicas empleadas por el
Juez inferior para determinar la improcedencia de la acción ejercitada
por el suscrito no concuerdan con la causa de pedir de dicho suscrito,
lo que desde luego trae como consecuencia, la violación a los
principios de congruencia y exhaustividad que todo acto de autoridad
al efecto debe contener y deducido del artículo 16 Constitucional y
por ende, la revocación de la sentencia definitiva impugnada. Y es
que no debe perderse de vista que del precepto legal 16
Constitucional en comento, se desprende que la emisión de todo acto
de autoridad precisa de la concurrencia indispensable de tres
requisitos mínimos, a saber, que se exprese por escrito que provenga de
autoridad competente; y, que en los documentos escritos en los cuales
se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento que se
aplique. La primera de esas exigencias tiene como propósito evidente
que puede haber certeza sobre la existencia del acto de molestia,
para que el gobernado conozca con precisión de que autoridad
proviene, su contenido y consecuencias. Que el acto de autoridad
provenga de autoridad competente, significa que la emisora esté
habilitada constitucional o que legalmente tenga dentro de sus
atribuciones la facultad de emitirlo. Mientras que la exigencia de
fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad
de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que
regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer
con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen de legalidad
que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo
pueden hacer lo que la ley les permite.__ Por lo que respecta a la
exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por
las cuales la autoridad considera que los hechos en que se basa su
proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en
la disposición legal que afirma aplicar.__ Lo anterior, así lo informa el
criterio plasmado en la tesis jurisprudencial que a continuación se
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transcribe:__ Novena Época Registro: 203143, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Materia(s): Común, Tesis:
VI. 2º.J/43, página: 769.- “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN […]”. __
Además como antecedente legal, se debe tener presente la
aplicación al caso de los artículos 78 y 80 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, los cuales disponen: __
“Artículo 79.- Todas las resoluciones de primera y segunda instancia
serán autorizadas por Jueces, Secretarios y Magistrados con firma
entera”.__ ”Artículo 80.- Las sentencias deben ser claras, precisas y
congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o
absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos
que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios,
se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos”.__ En
tal virtud, y por disposición expresa, las autoridades que funjan en el
ejercicio del imperio que les otorgue el Estado, observarán en todo
momento, la garantía de fundamentación y motivación; en tanto que,
tratándose de tribunales, deberán observar de igual forma, las
formalidades de ley en aras de salvaguardar la seguridad jurídica en
los tramites de los juicios instaurados ante su potestad. Así es, de
conformidad con la primera parte del artículo 16 constitucional, todo
acto de autoridad que cause molestia al gobernado, ha de
encontrarse debidamente fundado y motivado, esto es, no sólo habrán
de citarse los preceptos aplicables, sino que también deben precisarse
con claridad las razones particulares, circunstancias especiales y
causas específicas en que se apoye el acto, siendo necesario además,
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables,
es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis
normativas.__ Ahora, es menester destacar que entre los aspectos de
fondo que debe cumplir estrictamente un acto de autoridad como el
que nos ocupa, previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal, se
encuentran los principios de congruencia y exhaustividad. Uno es
explícito, el de congruencia; en tanto que el otro queda imbíbito en la
disposición legal, el de exhaustividad. Cierto, las resoluciones judiciales
deben ser congruentes con la promoción o actuación procesal que la
origine, lo cual por identidad de razón debe aplicar respecto de los
trámites que se sigan en el proceso. La congruencia, en su ausencia
está referida a que la resolución o acuerdo, debe ser congruente no
sólo consigo mismo, sino también con la Litis, tal y como haya quedado
establecida en la etapa oportuna, o bien con lo que se pide; de ahí
que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como
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aquella característica de que la sentencia no contenga
determinaciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro
lado, de congruencia externa, esto es, que la interlocutoria o acuerdo,
no distorsione o altere lo pedido o lo alegado, sino que sólo se ocupe
de lo pretendido por el promovente.__ Mientras que el principio de
exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la
autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos que le son
sometidos a su consideración, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir,
dicho principio implica la obligación del órgano jurisdiccional de
decidir lo sometido a su conocimiento, tomando en cuenta los
argumentos aducidos en la promoción correspondiente, lo cual como
se advirtió en la sentencia dictada, que ahora se impugna no ocurrió,
el juez dejó de tomar en cuenta lo manifestado en mi escrito de
demanda y la valoración de las pruebas, y al no generar la
congruencia no se puede dar una adecuada defensa y con esto se
violan en mi perjuicio las garantías constitucional y el debido
proceso.__ TERCERO.- En el dictado de la sentencia definitiva que
ahora es motivo de impugnación, se viola igualmente en perjuicio del
suscrito y de la esfera jurídica del mismo, el principio regulador de las
pruebas anteriormente señalado.__ Ello es así, porque el Juez inferior en
el momento de resolver en definitiva la controversia sometida a su
consideración y determinar en lo medular, la improcedencia de la
acción ejercitada por el suscrito, fue omiso en advertir para ello, que en
el libelo inicial se precisaron las causas de ingratitud, que la parte
demandada, hubo realizado en contra del suscrito, a través de sus
actitudes para denostar desprecio, desatención, ayuda, etc. __
Igualmente es de señalar que el Juez inferior es omiso en tomar en
cuenta para la emisión de la sentencia definitiva en comento, el
contenido del libelo de contestación a la demanda producido por la
parte demandada, en donde ésta, al dar contestación a la demanda
entablada en su contra, lo hace con actitudes que denostan vejación
y desprecio para con su padre; y el hecho más palpable es cuando en
torno al hecho quinto, refiere lo siguiente: “… Es necesario recordarle a
mi padre, que a petición suya. Fue contratado los servicios del señor
********** quien era camillero de la Beneficencia Española, a quien se le
encomendó el trabajo de bañar al señor **********, cada tercer
día…”.__ De igual manera debe señalarse la omisión del Juez Inferior
para tomar en cuenta en la emisión de la sentencia definitiva en
comento, el desahogo de las actuaciones en donde actuó la parte
demandada, pues en todas ellas igualmente muestra actitudes que
denostan y muestran vejación para con el suscrito, las cuales
obviamente actualizan la hipótesis de ingratitud plasmada como
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fuente o causa de pedir la revocación de la donación y no como así lo
manifiesta la autoridad primaria.__ CUARTO.- Causa agravio al suscrito
la valoración y estimación probatoria que al respecto realizó la
autoridad primaria a los diferentes medios de pruebas ofrecidos y
desahogados dentro de la secuela procesal respectiva, tanto de los
ofrecidos y desahogados por la parte actora, como los de la parte
demandada, por tanto, procede la revocación de la sentencia de
primer grado, al actualizarse la violación al principio regulador de
pruebas. Primeramente debe tildarse de ilegal la estimación plasmada
en el párrafo primero, porque, como se ha mencionado en anteriores
anotaciones, la causa de pedir la revocación de la donación sujeta a
juicio, es la ingratitud que la parte demandada, hubo realizado en
contra del suscrito a través de sus actitudes de desprecio, desatención,
denostación, falta de apoyo, atención, etc., y no la que al respecto
plasma el Juez inferior en el párrafo primero en mérito.__ Igualmente es
ilegal la estimación probatoria que se realizó a la prueba testimonial
ofrecida y desahogada por el suscrito y a cargo de los señores
********** verificada el 19 de septiembre de 2012, pues en contra de lo
que aduce el Juez inferior, todos los testigos de cuenta coinciden en
señalar las actitudes de ingratitud mostradas por la parte demandada
para con el suscrito, tal y como así se aprecia de dichos testimonios.
Del mismo modo debe tildarse de ilegal la estimación que el Juez
Inferior realiza a los diversos medios de prueba que ofertó y desahogó
la parte demandada dentro del sumario principal; pues en contra de lo
que sostiene dicho juez inferior, éstos medios de prueba son
insuficientes para desvirtuar las aseveraciones del suscrito plasmadas
dentro del libelo inicial correspondiente; antes bien, con éstos medios
de prueba se demuestra fehacientemente las actitudes de desprecio,
denostación, vejación, etc. que ha mostrado la demandada en contra
del suscrito, por ende, debe restarse a dichos medios de prueba el
valor probatorio al efecto concedido.__ Dentro del presente juicio no
debe tomarse en cuenta la solvencia económica del suscrito y sobre la
que versó la defensa de la parte demandada, habida cuenta que la
Litis de dicho conflicto, quedó centrado propiamente en las actitudes
de ingratitud que ha mostrado la parte demandada con el suscrito. Se
actualiza también en la especie, la ilegal valoración a la prueba
confesional a cargo de la demandada, porque al respecto no se dijo
el porque en nada beneficiaba su desahogo al actor.__ QUINTO.- Me
causa agravio la sentencia recurrida de fecha 26 veintiséis de febrero
de 2013 dos mil trece, dictada por el Juez Tercero de lo Civil del Distrito
Judicial de Pachuca, en virtud de que la misma viola en mi perjuicio lo
contenido en las siguientes tesis de jurisprudencia.__ Tesis de
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Jurisprudencia 1ª/J.104/2009; Novena Época; Registro 165034, Número
1ª. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI,
Marzo de 2010; Pág. 261.- “DONACIÓN. SU REVOCACIÓN POR CAUSA
DE INGRATITUD, SE DEMUESTRA MEDIANTE LA PRUEBA DE LA COMISIÓN DE
UN ILICITO O DELITO CIVIL POR EL DONATARIO EN AGRAVIO DEL
DONANTE, SUS FAMILIARES, CÓNYUGUES O BIENES. POR LO QUE PARA LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE NO ES NECESARIA LA
PREEXISTENCIA DE SENTENCIA CONDENATORIA PENAL[…]”.__ Como
claramente se puede observar el juez no aplica el contenido de la tesis
de jurisprudencia que se ha transcrito y que además es de aplicación
obligatoria para todas las autoridades, ya que como se demostró con
las copias certificadas de la Averiguación Previa **********, la C.
********** fue denunciada por mi representado por cometer delito de
fraude, abuso de confianza y lo que resulte en agravio de mi propio
representado, en consecuencia, se debió de haber aplicado el criterio
de jurisprudencia que se menciona junto con la prueba documental
exhibida y con eso se acredita la ingratitud por parte de ********** en
contra de mi representado a diferencia de lo que manejo el juez del
conocimiento situación que hace procedente la revocación de la
sentencia que hoy se impugna, más aún que es aplicable la siguiente
tesis en correlación:__ Tesis Aislada (Civil) VI.1º.C.125 C; Novena Época
Registro Número 167261; Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta; Tomo XXIX, Mayo de 2009; Pág. 1052.- “DONACIÓN. PROCEDE
LA REVOCACIÓN POR INGRATITUD DEL DONATARIO, DERIVADA DE UNA
ACUSACIÓN JUDICIAL AL DONANTE, NO PROBADA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA)[…]”__ SEXTO.- Me causa agravio la sentencia
recurrida de fecha 26 veintiséis de febrero de 2013 dos mil trece, en
virtud de que en el Considerando Cuarto el Juez de la causa se
concreta a señalar que existen dos vertientes a través de las cuales
puede revocarse la donación a causa de ingratitud, previstas en el
artículo 2352 del Código Civil, que son: …”1.- Si el donatario comete
algún delito contra la persona, la honra a los bienes del donante o de
los ascendientes, descendientes o cónyuge de este; y 2.- Si el donatario
rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que haya
venido a pobreza”… Lo que resulta insuficiente, ya el mismo debió
atender el mandato contenido en el artículo primero, párrafo tercero
de nuestra Carta Magna que establece: … “Todas las autoridades, en
el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
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términos que establezca la ley… “ y al no haber puesto especial interés
en el mismo, resulta una inmediata violación los artículos 1 con relación
a los puntos 1 ,4 , 6 inciso c, 9 incisos a, b, c, de la Carta de San José
sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el
Caribe, en virtud de que no se debieron escatimar esfuerzos para
promover y proteger los derechos humanos de mi representado en su
calidad de persona mayor, así como el hecho de que no tuvo un
reconocimiento efectivo de sus derechos, no obstante que le fue
reconocido el acceso a la justicia, además, no se dirigieron acciones
para brindarle un trato preferencial en la resolución de este proceso
judicial y finalmente y no menos importante, tampoco se aplicaron las
políticas y procedimientos para sancionar y erradicar el maltrato y
abuso del que fue objeto por parte de la hoy demandada, incluida su
penalización.__ De igual manera, se vulnera en perjuicio de mi
representado, el derecho previsto por el artículo 17 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre los derechos humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de
San Salvador) que prevé: __ “Toda persona tiene derecho a protección
especial durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a.
Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que
carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por si mismas; b. Ejecutar programas laborales
específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de
realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades
respetando su vocación o deseos; c. Estimular la formación de
organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los
ancianos”.__ Ello en razón de que el Juez menciona: … “Así aun y
cuando no existe duda respecto al estado de salud del actor, así como
al hecho de que recibe atención médica y atención por parte de sus
hijos, ello no resulta suficiente para estimar que la demandada ha
incurrido en ingratitud para con el donante, que haga fundada la
revocación demandada”… y al esgrimir tal argumento, no preponderó
el hecho de que al estar en presencia de una controversia en la que
una de las partes es un anciano, era su deber garantizarle una
protección especial, debido a su condición”. Así mismo, Se transgreden
en perjuicio de mi representado, los artículos 3 y 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que al texto dicen: __ Artículo 3
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.__ Artículo 25 “1. Toda persona tiene derecho a un nivel
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de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia
por circunstancias independientes de su voluntad. __ Toda vez que el A
quo, no solo decretó que mi representado no probo los elementos
constitutivos de su acción, sino que además lo condenó al pago de las
costas generadas en este juicio, pese a que la esencia fundamental de
haber puesto en marcha la maquinaria jurídica del Estado, fue
precisamente la de disponer nuevamente de un patrimonio que le
garantice bienestar y seguridad en su persona, en razón de su
condición de adulto mayor.__ Por otra parte se vulnera también en su
perjuicio el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el cual contempla: __ Derecho a la Integridad Personal__ 1.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral. __ 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano.__ El Juez tampoco valoró el hecho de que se le puso en
conocimiento que el hoy actor en reiteradas ocasiones fue sometido a
malos tratos por parte de su descendiente, desde el momento en que
ella tuvo a su disposición el inmueble motivo de la donación. Que al
darle ayuda económica para sus medicamentos lo hacía firmar de
recibido, que se negaba a darle dinero cuando él lo necesitaba y sólo
accedía si la petición era justificada, lo que resulta degradante e
inhumano, no solo por afectar su condición física al no recibir los
elementos necesarios para procurar su salud, sino porque su dignidad
le fue reducida hasta el hecho de suplicar para recibir dinero propio. __
Así pues, el juez debió de valorar todos los elementos que le fueron
dados en el juicio y además atender a defender los derechos
fundamentales de mi representado y los derechos que por razón de su
edad las normas internacionales le proveen, mismos que también le
fueron probados dentro del procedimiento, esto es, fue probado el
hecho de que la C.********** actuó en contra de la dignidad de mi
representado, situación por la cual el juez del conocimiento, debió de
aplicar las normas internacionales en beneficio de mi representado
dado que pertenece a una clase vulnerable y además tiene derechos
humanos establecidos pro-homine los cuales se deben aplicar a mi
representado, además de que como se ha mencionado se ha
acreditado plenamente la ingratitud de la cual mi representado el
señor ********** ha sido objeto, ya que se ha cometido delitos penales
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 13
en contra del mismo y se ha menoscabado su dignidad y hasta
violencia se ha ejercido en su contra, todas ellas situaciones que se
debieron de contemplar para dictar la sentencia correspondiente y al
no haberse hecho así es procedente la revocación de la sentencia de
fecha 26 veintiséis de febrero del año en curso[…]”
III. Precisado lo anterior y para que este Cuerpo Colegiado este en
aptitud de resolver la litis propuesta, es necesario, en primer término,
hacer una breve referencia a algunos antecedentes:
• La parte interesada de la revocación del contrato de donación,
es decir, el ya extinto donante **********, era una persona adulta
mayor; pues a la fecha de la realización del contrato de donación
(5 cinco de mayo de 2006 dos mil seis) del cual pidió al Juez Prístino la
revocación por INGRATITUD de la donataria **********, contaba
con la edad de 77 setenta y siete años, por haber nacido el día
nueve de junio de 1928 mil novecientos veintiocho (foja 24 reverso del
expediente principal) y a la fecha en que demandó la revocación de
la donación, contaba con la edad de 83 ochenta y tres años de
edad (foja 8 del expediente principal).
• El cinco de mayo de dos mil seis, el señor ********** donó en favor
de su hija *********, el predio casa habitación con locales, ubicado
en la esquina que forman las calles de ********** y calle *********,
número *********, actualmente calle **********, número **********
esquina con boulevard **********, en Pachuca de Soto Hidalgo.
• Dicha donación se efectúo ante la fe del Notario Público número
5 del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; Licenciado
DIOSDADO HERIBERTO PFEIFFER VARELA, quedando asentada en la
escritura pública número ********** del volumen ********** e inscrita
en el Registro Público de la Propiedad, bajo el número **********,
del Libro I, Sección I, de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2006
dos mil seis a favor de **********.
• Con fecha nueve de mayo de dos mil doce, el señor **********
(donante), demandó de su hija ********** (donataria), la
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 14
revocación de la donación antes aludida, por cuestiones de
INGRATITUD.
• Afirma el donante que, la casa donada cuenta con locales
comerciales y que acordó con la donataria que las rentas de
dichos locales, serían para los gastos de manutención de él y su
esposa.
• Afirma también que a partir de que la donataria se quedó con la
propiedad de la casa donada, su actitud cambio con él; ya que
no le daba dinero para sus gastos de alimentación y salud, como
lo habían acordado se haría con las rentas que se recibieran de
los locales comerciales.
• Asimismo aduce que la donataria **********, llegó a intimidarlo y
violentarlo psicológica y emocionalmente.
• También que la donataria se negó a cuidarlo cuando estuvo
hospitalizado, y que aquella manifestó que a partir de ese
momento (de la hospitalización) se deslindaba de todo cuidado y
de proporcionar dinero para gastos de salud de su donante.
• Así mismo aduce que la donataria abusó de su confianza.
Con base en esos hechos, fue que el ahora extinto ********** demandó
de ********** mediante Juicio Ordinario Civil, la revocación de la
donación por INGRATITUD.
Ahora bien, el A quo al resolver en sentencia definitiva, declaró
improcedente la acción intentada, considerando en esencia que:
• Los hechos narrados por el actor no eran idóneos para estimar
procedente la acción de revocación y que para que surtiera
efectos la misma, tendría que haber demostrado alguna de las
dos hipótesis que establece el artículo 2352 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo; es decir que el
donatario haya cometido algún delito contra la persona, la honra
o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 15
cónyuge de éste, o bien, si el donatario rehúsa a socorrer, según el
valor de la donación, al donante que haya venido a la pobreza;
lo cual no ocurrió en el procedimiento.
Señalados los antecedentes que a consideración de esta Alzada son los
más relevantes del presente caso y previo al estudio del agravio, debe
indicarse que basta que en alguna parte del agravio se exprese con
claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que
las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que
generan esta afectación, para que este órgano revisor deba analizarlos;
por lo que los argumentos no deben estimarse de manera aislada, sino
en lógica concordancia con la naturaleza íntegra propia del asunto y
con todos los argumentos contenidos en la demanda y escrito de
expresión de agravios.
Al respecto es aplicable y por analogía el criterio jurisprudencial cuyo
rubro y texto se transcriben a continuación:
“AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE
AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO
RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en
cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre
de 1998, página 323, cuyo rubro es "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA
QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA
DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", esta Suprema Corte de Justicia
arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro
de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con
formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos
preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de
defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a
través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto,
por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con
claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que
las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que
generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos;
debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al
recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios
correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 16
que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su
caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta
última.” Visible en la Novena Época, Instancia: Pleno, Jurisprudencias, Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000,
materia(s): Común, Tesis: P./J. 69/2000, Página: 5
IV. En ese tenor y luego de haberse realizado el estudio comparativo de
los agravios expuestos por el recurrente y que al respecto corren
agregados a fojas 7 a 18 del toca civil sobre el que se actúa y resuelve,
con el contenido de los razonamientos que toralmente sostuvieron el
sentido del fallo definitivo recurrido, que corre agregado a fojas 391 a
403 del sumario principal, así como también verificado el estudio de
todas las constancias procesales que fueron remitidas a esta Alzada y
todos y cada uno de los diversos medios de prueba que se ofertaron y
desahogaron dentro de la secuela procesal correspondiente; este
Cuerpo Colegiado estima que uno de los agravios expresados por el
apelante es FUNDADO Y SUFICIENTE para REVOCAR el sentido del fallo
recurrido, veamos porque:
En primer término, debe decirse que este Autoridad Colegiada para
estar en condiciones de resolver sobre el tema propuesto en lo principal
por el actor, aquí apelante, es decir, la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN
POR INGRATITUD; la cual se encuentra asentada en la escritura pública
número ********** del volumen **********, dada ante la Fe del Notario
Público número 5 del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo;
Licenciado DIOSDADO HERIBERTO PFEIFFER VARELA e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad, bajo el número ********** del Libro I,
Sección I, de fecha 31 treinta y uno de mayo de 2006 dos mil seis, a favor
de *********; debe reasumir jurisdicción en la causa, pues ante la
inexistencia de reenvío en este recurso, es esta Autoridad quien debe
proceder a enmendar o corregir los errores o violaciones efectuadas por
el juzgador de primera instancia.
Lo aludido tiene sustento en las Jurisprudencias del tenor siguiente:
“APELACIÓN, INEXISTENCIA DEL REENVÍO TRATÁNDOSE DE ESTA. De
conformidad con lo dispuesto por el artículo 688 del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el recurso de apelación tiene
por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución
recurrida, de modo que, cuando la ad quem subsana los errores, u
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 17
omisiones del a quo, al dictar sentencia de primer grado, actúa
conforme a la ley, dado que es a través de dicho recurso donde se
deben resarcir directamente las violaciones cometidas al pronunciarse
el fallo apelado, en términos del precepto legal en comento, y no por
la vía de regreso, pues no existe el reenvío en el recurso de que se
trata.” Visible en la Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito, Jurisprudencias, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Núm. 64, Abril de 1993, Materia(s): Civil, Tesis: I.6o.C. J/10,
Página:25
“APELACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DECIDE REVOCAR O MODIFICAR LA
SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBE EXAMINAR OFICIOSAMENTE LA LITIS
DEL JUICIO A EFECTO DE NO DEJAR INAUDITA A LA PARTE QUE OBTUVO
EN PRIMERA INSTANCIA. No existiendo reenvío en la apelación, si con
motivo de la interposición de dicho recurso el tribunal de alzada
decide revocar o modificar la sentencia de primer grado, además de
los agravios expresados por el apelante, debe examinar oficiosamente
la totalidad de los puntos que constituyen la litis del juicio y apreciar las
pruebas que en él se hubiesen rendido que, de no tenerse en cuenta,
pudieran dejar inaudita a la parte que careció de la oportunidad de
plantearlos por haber obtenido todo lo que pidió, ya que al haberle
resultado favorable el fallo que decidió la controversia en primera
instancia, no tenía por qué recurrir esa sentencia que sólo le
beneficiaba, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito
Federal. Consecuentemente, si no se suple la falta de agravios de
dicha parte, se transgrede la garantía de audiencia que consagra el
artículo 14 constitucional”. Visible en la Novena Época, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, materia: Civil, Tesis: I.5o.C. J/4,
Página: 541
“APELACIÓN EN MATERIAS CIVIL Y MERCANTIL. AL NO EXISTIR REENVÍO,
EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ FACULTADO PARA REASUMIR JURISDICCIÓN
Y PRONUNCIAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AUN CUANDO EL
JUZGADOR NO HAYA RESUELTO LA LITIS EN PRIMERA INSTANCIA. Del
contenido de los artículos 1336 del Código de Comercio y 683 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se
desprende que el recurso de apelación es un medio de impugnación
ordinario por el cual el tribunal de alzada puede confirmar, reformar o
revocar las resoluciones emitidas por el inferior. Respecto a la apelación
en materias civil y mercantil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ha establecido la inexistencia del reenvío. Así, se considera que no
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 18
pueden limitarse las funciones del tribunal de alzada para reasumir
jurisdicción y decidir lo tocante a los puntos litigiosos no resueltos en el
fallo que se recurre ante ella, o en su caso, sustituir íntegramente al juez
para pronunciar la resolución que legalmente corresponda, aun
cuando no se haya resuelto la litis en primera instancia. Sin embargo, el
tribunal de apelación que advierta, previo al fondo, que existe una
omisión o que no se encuentra satisfecho algún presupuesto procesal,
deberá, sin examinar los agravios de fondo, revocar la sentencia
recurrida y ordenar la reposición o regularización del procedimiento en
lo que sea necesario en aras de satisfacer los presupuestos procesales y
el debido proceso como condición para el dictado de la sentencia, sin
que ello pueda tomarse como reenvío al no implicar la devolución al
inferior para efectos de que asuma de nueva cuenta jurisdicción sobre
aspectos propios de la sentencia definitiva.” Visible en la Novena Época,
Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, materia: Civil, Tesis:
1a./J. 80/2009, Página: 25
Facultad que debe hacerse evidente para considerarse debidamente
agotada por este Órgano Colegiado y sin infracción en la aplicación del
derecho de fondo de la controversia, es dable efectuarse de forma
amplia y sin restricciones procesales que impidan se resuelva de forma
efectiva el litigio sometido a consideración.
En ese tenor, conviene precisar que de acuerdo con la reciente reforma
constitucional de fecha diez de junio de dos mil once, realizada sobre
todo a los artículos 1 y 133; todas las autoridades del país, dentro del
ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo
por los derechos humanos contenidos en la Constitución Mexicana sino
también los previstos en los tratados internacionales de los que el Estado
sea parte; adoptando la interpretación más favorable al derecho
humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el
principio “pro persona”; y que derivado de la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, el
Poder Judicial como parte del Estado mexicano está obligado a que
todos Jueces deberán llevar a cabo un Control de convencionalidad ex
officio.
En consecuencia, los jueces nacionales deben inicialmente observar los
derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 19
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así
como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al
interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte
Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más
favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se
pretende proteger.
Con base en lo expuesto, esta Sala analizará los agravios expresados,
tomando en cuenta la causa de pedir del apelante y a partir de los
derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los diversos Tratados Internacionales de los que
México es parte, y así también, la Legislación Nacional e Internacional
invocándose como doctrina, al involucrarse en el estudio o definición
del contenido y alcance de los derechos humanos, aunque
estrictamente no sea vinculante, empero resulta útil para abordar los
problemas jurídicos planteados.
Al respecto resultan aplicables las tesis del tenor siguiente:
“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo
previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de
sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también
por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados
por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al
derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina
como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo
1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse
junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco
dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex
officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el
que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad
existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está
indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo
1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los
derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados
internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 20
encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden
hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden
jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos
contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las
vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103,
105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las
normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución
y en los tratados en la materia.” Visible en la Décima Época, Instancia:
Pleno, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, Materia: Constitucional, Tesis: P.
LXVII/2011(9a.), Página: 535
“CONTROL CONCENTRADO Y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN.
SUS DIFERENCIAS Y FINALIDAD DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO. La
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P.
LXX/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página
557, de rubro: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN
JURÍDICO MEXICANO.", que actualmente existen dos grandes vertientes
dentro del modelo de control constitucional en el orden jurídico
mexicano que son acordes con el modelo de control de
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos. 1. El
control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la
Federación con vías directas de control y, 2. El del resto de los Jueces
del país en vía de desaplicación al resolver los procesos ordinarios en
los que son competentes (difuso). Ambos determinan el alcance y
forma de conducción de los juzgadores en el ejercicio de dichos
controles constitucionales, pues al ser de naturaleza diversa las vías
para materializarse, también lo serán sus principios y efectos. Así,
tratándose del control concentrado que reside en los órganos del
Poder Judicial de la Federación con las vías directas de control -
acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y
amparo directo e indirecto-, la pretensión elevada ante sus juzgadores
es eminentemente constitucional, pues la finalidad de dichos
procedimientos estriba en dilucidar si conforme al planteamiento
jurídico que le es propuesto, la actuación de una autoridad o el
contenido de un precepto se ajusta o no con las disposiciones que
consagra la Carta Magna, en aras de la preservación del principio de
supremacía constitucional. En cambio, el control que ejercen el resto
de los Jueces del país, en los procesos ordinarios se constriñe a dilucidar
el conflicto con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y
alegatos de las partes, dando cumplimiento a las garantías de
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 21
audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la impartición de
justicia. Es ahí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, realiza el
contraste entre la disposición regulatoria y los derechos humanos que
reconoce el orden jurídico nacional, por lo cual dicha reflexión no
forma parte de la disputa entre las partes contendientes, sino que surge
y obedece a la obligación que impone el control de constitucionalidad
y de convencionalidad que consagra el artículo 1o. de la Carta
Magna. Esto es así, porque los mandatos contenidos en el citado
artículo deben entenderse en armonía con el diverso 133 constitucional
para determinar el marco dentro del que debe realizarse dicho
cometido, el cual resulta esencialmente diferente al control
concentrado que tradicionalmente operó en nuestro sistema jurídico, y
explica que en las vías indirectas de control, la pretensión o litis no
puede consistir en aspectos de constitucionalidad, pues ello sería tanto
como equiparar los procedimientos ordinarios que buscan impartir
justicia entre los contendientes, a los diversos que fueron creados por el
Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución con el
propósito fundamental de resguardar el citado principio de
supremacía constitucional.” Visible en la Décima Época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 3, Materia(s):
Común, Tesis: I.7o.A.8 K (10a.), Página: 1679
“LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. PUEDE INVOCARSE COMO
DOCTRINA EN LAS RESOLUCIONES QUE INVOLUCREN EL ESTUDIO O
DEFINICIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS,
PUES AUNQUE ESTRICTAMENTE NO SEA VINCULANTE, SÍ RESULTA ÚTIL PARA
ABORDAR LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS. La Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a.
LXIII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 448, de
rubro: "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE
ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA
CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS
ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.", sostuvo que en el sistema jurídico
nacional, derivado del artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por regla general, no se reconoce
formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una
sentencia, no obstante, es práctica reiterada en su formulación, acudir
a aquélla como elemento de análisis y apoyo, básicamente porque la
función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica
jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 22
con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios
generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el
caso concreto, de manera que al ser conducente recurrir a la doctrina,
el juzgador, al invocarla, en lugar de hacerlo de manera dogmática,
debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas
correspondientes y asumir personalmente las que le resulten
convincentes, para lo cual, expresará las consideraciones que lo
justifiquen. Bajo esta premisa, si bien es cierto que es regla general que
las resoluciones jurisdiccionales sólo puedan encontrar sustento en las
leyes expresamente aplicables al caso concreto, también lo es que
tratándose de una resolución que involucre el estudio o definición del
contenido y alcance de los derechos humanos, dada la tendencia
universalizante de la teoría relativa y el desarrollo normativo que sobre
esa materia han tenido otros países, el juzgador puede invocar la
legislación nacional e internacional como doctrina, pues aunque
estrictamente no sea vinculante, sí resulta útil para abordar los
problemas jurídicos planteados, en el entendido de que ciertos
documentos normativos, así sean históricos de otras naciones en
materia de derechos humanos, son considerados con frecuencia en la
doctrina de la materia fuente de definición de conceptos jurídicos, lo
que no es sino resultado de una circunstancia en la que dicha
legislación constituye la representación objetiva de la doctrina
adoptada, en vía de positivizar el contenido y alcance de ciertos
conceptos; de ahí su utilidad orientadora en la definición de las mismas
figuras, a su vez adoptadas por la legislación nacional vinculante, para
la resolución de un caso concreto.” Visible en Décima Época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo III,
Materia: Común, Tesis: IV.2o.A.48 K (10a.), Página: 2238
Sentado lo anterior, debe decirse entonces que este Tribunal de Alzada
en ejercicio de su potestad y de manera oficiosa, dejará de aplicar el
artículo 2352 del Código Civil para el Estado de Hidalgo; por considerarlo
contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 1 y a los Tratados Internacionales relacionados con los Derechos
Humanos de ADULTOS MAYORES, en específico a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 1, 8, 9, 11, 17 y 25; y
al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador" en su artículo 17; se transcriben:
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 23
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.”
Convención Americana de Derechos Humanos
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 24
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”
“Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter […]”
“Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad
a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más
leve, el delincuente se beneficiará de ello.”
“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.”
“Artículo 17. Protección a la Familia
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y
debe ser protegida por la sociedad y el Estado […]”
“Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 25
convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San
Salvador"
“Artículo 17. Protección de los ancianos. Toda persona tiene derecho a
protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, los
Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las
medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en
particular a:
a. Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que
carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de
proporcionársela por sí mismas;
b. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a
los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;
c. Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a
mejorar la calidad de vida de los ancianos.”
Al respecto viene aplicable la Jurisprudencia del tenor siguiente:
“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES DE
ALZADA ESTÁN OBLIGADOS A RESPONDER DENTRO DEL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LA VIOLACIÓN DE
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. El sistema jurídico mexicano sufrió
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 26
modificación a raíz de la interpretación efectuada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 912/2010,
publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313. El modelo
de control constitucional actual adoptó, junto con la forma
concentrada -propia de los tribunales de la Federación- la modalidad
difusa. Ahora, cualquier órgano jurisdiccional del país puede, en
ejercicio de su potestad y de manera oficiosa, inaplicar leyes que
considere contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales
relacionados con los derechos humanos. Por tanto, aun cuando no
puede hacer declaratorias de inconstitucionalidad y expulsar del
ordenamiento normas generales, sí puede considerar en los casos
concretos los argumentos donde se aduce que algún acto o norma
vulnera esos derechos fundamentales. Esta consideración se adecua a
los parámetros establecidos en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), consultable
en la página 535 del Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, Décima
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro:
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.". Por tanto, actualmente
ya no encuentra respaldo legal la respuesta que los tribunales de
alzada dan a los agravios de apelación cuando sostienen que no
pueden atender planteamientos relativos a la violación de preceptos
constitucionales.” Visible en la Décima Época, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Materia: Común,
Tesis: VII.2o.C. J/3 (10a.), Página: 1106
En este tenor, debe decirse entonces que, le asiste la razón al apelante
para manifestar que la sentencia definitiva en la cual el A quo declaró
improcedente la revocación de la donación por INGRATITUD que
demandó de **********, viola en su perjuicio derechos humanos, al no
percatarse el Juzgador de que era un ADULTO MAYOR y no atender al
mandato contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; tampoco al contenido de los artículos 1, 8, 9,
11, 17 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
menos al contenido del artículo 17 del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador";
ya que no se debieron escatimar esfuerzos para promover y proteger sus
derechos humanos en calidad de persona mayor; así también, para
manifestar que el Juez fue omiso en advertir las causas de ingratitud que
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 27
realizó la demandada en su persona, a través de sus actitudes,
demostrando desprecio, desatención, vejación y falta ayuda; y también
para aducir que el A quo sólo se concretó a señalar que existían dos
vertientes a través de las cuales se podía revocar la donación a causa
de ingratitud y previstas en el artículo 2352 del Código Civil para el
Estado de Hidalgo, pasando nuevamente por alto el artículo primero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se dice lo anterior, ya que ciertamente el A quo al emitir la sentencia
que hoy se impugna, pasa por alto que se encontraban inmersos los
derechos de un adulto mayor, y que por su condiciones se encontraba
en desventaja con la parte demandada; sumado además a que su
determinación de no revocar la donación por ingratitud por no
cumplirse las vertientes que marca la ley, fue legalista y vulneró los
derechos humanos del adulto mayor *********; y olvidó que la función de
los juzgadores debe de ir más allá de la mera aplicación o interpretación
de la ley.
Y es que no debe perderse de vista que los Tribunales del Estado
Mexicano deben analizar si la norma aplicable es acorde a la
Constitución Federal o bien a los Tratados Internacionales en materia de
derechos humanos, pues así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación con motivo del procedimiento instado para
cumplir las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el Caso Rosendo Radilla.
En ese orden de ideas, es pertinente precisar que en el caso a estudio
ciertamente se encontraban inmersos los derechos humanos de una
persona adulta mayor, es decir, del extinto actor *********; en razón de
que a la fecha en que demandó la revocación de la donación por
ingratitud de la donataria *********, contaba con la edad de 83 ochenta
y tres años, por haber nacido el día nueve de junio de 1928 mil
novecientos veintiocho (fojas 8 y 24 reverso del expediente principal).
Se dice que es una persona adulta mayor, pues conforme a lo que
señala la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores y la Ley de
los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo; una persona
adulta mayor, es aquel hombre o mujer que cuenta con sesenta años o
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 28
más de edad y que se encuentra domiciliada o en tránsito en el territorio
nacional o bien en el Estado de Hidalgo; se transcriben:
Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores
“Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o
más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el
territorio nacional […]”
Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I. Adultos Mayores. Aquellas mujeres y hombres que cuenten con
sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o de
tránsito en el Estado de Hidalgo […]”
En ese tenor entonces, los Juzgadores deben dar una atención
preferente en los procesos jurisdiccionales en los que se encuentren
inmersos los derechos de adultos mayores, haciendo efectivo el derecho
de certeza jurídica de aquellos, protegiendo en todo momento su
patrimonio personal y familiar.
Lo anterior encuentra sustento en los artículos 5 y 7 de los ordenamientos
legales aludidos; se transcriben:
Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores
“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por
objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes
derechos: […] II. De la certeza jurídica:
a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento
judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados,
indiciados o sentenciados.
b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y
municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 29
c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos
administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un
representante legal cuando lo considere necesario.
d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener
atención preferente en la protección de su patrimonio personal y
familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.”
Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
“Artículo 7. De manera enunciativa más no limitativa son derechos de
los adultos mayores los siguientes: […] II. Certeza Jurídica. Recibir un
trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial de las
Instituciones Federales, Estatales y Municipales en el ejercicio y respeto
de sus derechos; a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los
procedimientos judiciales y administrativos y podrá contar con un
representante legal cuando sea necesario; En los procedimientos que
señala el párrafo anterior, tendrá especial atención la protección de
su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin
presiones ni violencia principalmente por parte de familiares que se
beneficien por esto; Así mismo recibirá información referente a los
derechos laborales contemplados en la Ley Federal del Trabajo y
demás ordenamientos legales aplicables […]”
Insistiéndose que tal derecho de certeza jurídica, se da cuando los
adultos mayores reciben un trato digno y apropiado en cualquier
procedimiento judicial de las Instituciones Federales, Estatales y
Municipales con el ejercicio y respeto de sus derechos y poniéndose en
tales procedimientos especial atención a la protección de su patrimonio
personal y familiar.
Además debe decirse que a nivel internacional, el artículo 17 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
“Protocolo de San Salvador”, ratificado por México el ocho de marzo de
mil novecientos noventa y seis, y publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho;
establece la protección de los Ancianos (adultos mayores) por parte del
Estado para adoptar las medidas necesarias para su protección; se
transcribe:
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 30
“Artículo 17. Toda persona tiene derecho a protección especial
durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se
comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar este derecho a la práctica […]”
Y así también, la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas
Mayores de América Latina y el Caribe; establece el reforzamiento de
acciones dirigidas para incrementar la protección de los derechos
humanos de los adultos mayores y la atención prioritaria y trato
preferencial de éstas en la tramitación, resolución y ejecución de las
decisiones en los procesos judiciales1.
Como se advierte de lo anterior, a nivel nacional e internacional, el
Estado debe proteger los derechos de las personas adultas mayores y les
debe dar un trato preferente en la tramitación, resolución y ejecución
de las decisiones en los procesos judiciales, y en la protección de su
derecho patrimonial personal y familiar.
Ahora y bajo el marco legal antes apuntado, debe decirse entonces
que el A quo al emitir la sentencia que hoy se impugna, no veló por la
protección de los derechos humanos del adulto mayor ********** y
menos aún por la protección de su patrimonio personal, al no revocar la
donación del bien inmueble casa-habitación con locales, ubicado en la
esquina que forman la calle ********** y calle *********, número **********,
actualmente calle **********, número **********, esquina con boulevard
**********, en Pachuca de Soto, Hidalgo, que solicitó por INGRATITUD de
su donataria.
Y es que si bien es cierto que el artículo 2352 del Código Civil para el
Estado de Hidalgo, con el que fundó su determinación el A quo,
establece únicamente dos supuestos con base en los cuales se
considera que el donatario está realizando conductas ingratas, para
que se pueda revocar la donación hecha en su favor, a saber: que el
donatario cometa algún delito contra la persona, la honra o los bienes
del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste; o
1http://www.eclac.cl/ http://www.eclac.org/publicaciones/default.asp?idioma=IN; http://www.eclac.cl/prensa/noticias/comunicados/1/46681/CRE3_CartadeSanJose_aprobada-11mayo-ESP_SM.pdf; Fecha de Consulta 24 junio 2014; hora: 18:00
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 31
que se rehúse a socorrer, según el valor de la donación, al donante que
ha venido a pobreza; cierto también es que el Juzgador en este caso en
particular por encontrarse inmersos los derechos de un adulto mayor, no
sólo tenía que considerar como hechos ingratos los anteriores, para
efectos de que declarara procedente la revocación de la donación
solicitada, sino que también tendría que haber considerado la falta de
deber moral de gratitud de la donataria para con el donante.
Así pues y para entender de mejor manera el aserto anterior, es
necesario que se precise lo siguiente:
En el Código Civil del Estado de Hidalgo, no existe como tal una
definición de lo que deba entenderse por ingratitud, ni se prevé un
deber jurídico de agradecimiento concretado en acciones
determinadas que deba realizar el donatario, sin embargo, se advierte la
existencia de un deber moral de gratitud por parte del donatario que ha
recibido un beneficio.
Así pues, el deber, la moral y la gratitud, se encuentran definidos por el
diccionario de la Real Academia Española2 como:
“Deber. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral;
cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos.”
“Moral. Perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las
personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia; que no
concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano.”
“Gratitud. Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que
se nos ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna
manera.”
En ese contexto, el deber moral de gratitud al que se hace mención,
debe entenderse como: la obligación de corresponder de alguna
manera a alguien, con bondad y respeto humano, por el beneficio
recibido.
Ahora, la ingratitud de Acuerdo con la Real Academia de la Lengua
Española3 se define como: 2 http://www.rae.es/; http://lema.rae.es/drae/?val=deber, http://lema.rae.es/drae/?val=moral, http://lema.rae.es/drae/?val=gratitud, Fecha de consulta 20 junio 2014, hora: 15:00
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 32
“Ingratitud. Desagradecimiento, olvido o desprecio de los beneficios
recibidos.”
Interpretando en sentido contrario dicha definición, puede decirse que
toda persona que de alguna manera ha recibido un beneficio, debe
actuar con correspondencia hacia su benefactor.
En ese tenor, la existencia de las causales de revocación por ingratitud,
se consideran ligadas directamente con la principal característica de la
donación, esto es, con el animus donandi, ya que si bien el donante al
realizar la donación no espera un beneficio de carácter patrimonial a
manera de contraprestación, lo cierto es que de forma natural espera
que el donatario muestre cierto agradecimiento por el enriquecimiento
que obtuvo de él, es decir, espera una consideración superior a la que
se daría a cualquier persona por el hecho de serlo.
En efecto, si la donataria recibió un beneficio en su patrimonio
puramente gratuito, es natural que recaiga sobre ella, un cierto deber
de gratitud con el donante y corresponder de algún modo por el
beneficio recibido.
Bajo esa tesitura y de acuerdo a la realización de los juicios pertinentes
que la autoridad debe efectuar al aplicar la presuncional en su doble
aspecto, es decir, tanto legal como humana, se llega a la firme
convicción de que la demandada *********, no ha tenido un deber
moral de gratitud hacia el donante **********, por el contrario, se
advierte que ésta no ha correspondido de alguna forma con el
beneficio recibido, puesto que ha actuado con ingratitud hacia el
donante, es decir, con desagradecimiento, olvido, desprecio,
desatención, violencia emocional y malos tratos en su persona y
patrimonio; siendo su actitud contraria a lo que los ordenamientos
legales tanto nacionales como internacionales anteriormente aludidos
señalan.
Todo lo cual se advierte de las constancias procesales que fueron
remitidas a esta Alzada, las cuales tienen pleno valor probatorio en
3 http://www.rae.es/; http://lema.rae.es/drae/?val=ingratitud, Fecha de consulta: 20 junio 2014, hora: 15:10
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 33
términos de los artículos 324 fracción VIII, 409, 416 y 420 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo; en razón de que la parte
actora, desde su escrito inicial de demanda, manifestó que la donataria
********** no lo visitaba, no le hablaba, no le proporcionaba atención, no
lo ayudaba como sus demás hijos, lo violentaba psicológica y
emocionalmente, no participaba en su cuidado, etc.
Corroborándose las manifestaciones antes aludidas, con la prueba
testimonial que ofreció el actor a cargo de: ********** y quienes por sus
datos generales, se advierte que eran su psicóloga, su enfermera, su
conocido de la iglesia y sus hijos del donante (hermanos de la demandada);
y a quienes evidentemente les constaron los malos tratos y la ingratitud
de la donataria para con el donante, por ser las personas que estuvieron
la mayor parte del tiempo con aquél; ya que dichos testigos en esencia
dijeron lo siguiente:
“[…] TESTIMONIAL DE ********** […] Que la testigo sabe y le consta que
la señora ********** actualmente no tiene ningún trato con el señor
**********; que no lo visita, que no le llama por teléfono, que ha evitado
contacto con él, y que ha visto que se comporta altanera y poco
amable con él; que sabe que su hijo *********, son los hijos varones que
asisten al señor **********, además de que lo asiste, lo visitan y también
su hija la maestra *********, lo visita diariamente y le lleva la comida,
tienen un rol para llevarle la comida en el cual también estaba incluida
su hija ********** pero ella desistió de seguir apoyando y que incluso
********** les dijo a sus hermanos que se deslindaba de todo tipo de
apoyo y que incluso que cuando ellos murieran refiriéndose a sus
padres, ni siquiera le avisaran; que la testigo sabe que la señora
********** actualmente no tiene ningún trato con el señor **********, por
dos razones la primera porque el señor ********** se lo ha dicho, lo cual
le genera tristeza y la segunda razón es porque la testigo durante todo
el año que ha ido a estar con él nunca la he visto en ese domicilio […]”
“[…] TESTIMONIAL DE ********** […] Que la testigo sabe que el señor
********** y la señora ********** no tiene ninguna relación porque no va a
verlo; que la conducta de la señora ********** con el señor **********, es
que cuando iba en tono amenazante, lo intimidaba, lo estresaba y
como consecuencia se ponía taquicárdico (es el pulso arriba de lo
normal), le subía la presión arterial, le subía arriba de lo normal, la
glucosa, seria lo mismo arriba de los niveles normales, para
posteriormente el señor entraba en un terrible y profunda depresión;
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 34
que la testigo no puede precisar desde cuando la señor ********** no
tiene ningún trato con el señor **********, pero que ya tiene mucho
tiempo; que la testigo no sabe cuantas veces ha ido la señora
**********, en tono amenazante a ver al señor **********, pero las tres o
cuatro veces que menciono ha sido de esa manera[…]”
“[…] TESTIMONIAL DE ********** [...] Que el testigo sabe y le consta que
entre el señor ********** y la señora **********, no hay ningún trato ya que
el testigo fue aun cumpleaños y la señora ********** no estuvo ahí, por
eso piensa que no tiene ningún trato con el; que el testigo sabe que
entre el señor ********** y la ********** no hay ningún trato desde hace
medio año […]”
“[…]TESTIMONIAL DE ********** […] Que la testigo sabe y le consta que la
señora ********** y el señor ********** no tienen ningún trato, porque le
día en que el papá de la declarante en una junta familiar cuando el
papá de la testigo le solicita la devolución de la casa el, ********** les
dijo que se “deslindaba” de sus padres, esa palabra uso, y que no le
avisáramos ni siquiera de sus funerales, y están los hermanos y los
padres de la declarante de testigos, y por lo tanto no hay relación y no
le interesan a ********** como están sus padres, su situación de salud, de
bienestar de todo, en cuanto ella le sacó todo lo que pudo de sus
papás, se cansó de los viejitos; que la testigo sabe que la conducta de
la señora ********** con el señor ********** es de intimidación, el papá de
la testigo padece de oído propio de la edad, y una cosa es hablarle
fuerte y otra cosa es intimidarlo; que sabe que la intimidación es la
forma en la que se dirige el señor ********** y repite, uno es el tono, la
forma y otro, es que se le tenga que habla fuerte, la intención se le
nota en la cara que le tiene miedo, cosa que no sucede con ninguno
de los otros hermanos[…]”
“[…] TESTIMONIAL DE ********** […] Que el testigo sabe y le consta que
quien asiste físicamente al señor ********** es la señora **********, sin
recordar su apellido, es la enfermera, el señor **********, la doctora
********** de los hermanos del testigo, son ********** y el declarante; que
el testigo sabe que el trato que tiene la señora **********, con el señor
**********, ha sido de abandono total, no se hace cargo de ninguna de
sus atenciones necesarias ni básicas, además del maltrato psicológico
a raíz de que se le solicitó la devolución de la propiedad de **********,
hecha por el padre del declarante, y han sido en cinco ocasiones
cuando el padre del declarante le pidió la devolución de la casa a la
parte demandada, y las fechas han sido a partir de noviembre de
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 35
2011, las demás fueron sucesivas, pero no tengo presentes las fechas;
que sabe que la relación entre ********** y ********** a partir de que se le
solicitaron los bienes ha sido mala, a partir de que se le solicitaron los
bienes le consta porque el padre del declarante le ha pedido que lo
comunique vía telefónica con ********** el testigo marcó a su celular, la
primera ocasión contestó al papá del declarante, en esa ocasión
escuchó cuando su papá le hizo la petición de que le devolviera su
casa, a lo cual ********** cortó la comunicación, colgó, y de ahí en
adelante ya no contestó más el celular, se le busco también en
********** vía telefónica, dejándole recado, que era el papá del
declarante quien la buscaba y nunca contestó, y esto fue a principios
de este año dos mil doce, fueron reiteradas ocasiones y desde la
primera ocasión cuando estaban todos los hermanos reunidos al hacer
un rol de los días para alimentar al señor ********** mencionó que no le
importaba y que la borraran de ese rol, ella misma lo tachó, que se
deslindaba de esa responsabilidad de llevar alimentos y también
mencionó que no se le notificara en caso de que el papá o mamá del
declarante llegasen a morir y esto fue entre octubre o noviembre de
2011, fue la primera; que el testigo sabe que los maltratos psicológicos
consisten cuando se acerca ********** al papá del declarante lo
intimida, mencionándole que tanto como ella como el señor **********
lo pueden demandar y que también puede ser expulsado de la
asociación religiosa a la que él pertenece, además en el tono en que
se refiere al papá del declarante es con prepotencia e intimidación y
como lo mencioné anteriormente estando presente el señor **********,
mencionó que no le avisaran si llegaba a morir, con lo cual él se
deprimió[…]”
“[…] TESTIMONIAL DE ********** […] Que el testigo sabe que la señora
********** no tiene ningún trato con el señor ********** a las llamadas no
le contesta, es cortante, no es bueno el trato, como hermanos hicieron
un rol de alimentos para los días, se asignaron un día y ella no quiso, se
deslindó totalmente, no quiso apoyarlos y en esas reuniones no quiso
apoyarlos, ahorita no hay trato; que el testigo sabe que la conducta de
la señora ********** hacia el señor ********** es negativa, renuente,
intimidante cuando hubo las reuniones, alguna cosa que se hablaba el
papá del declarante temblaba y volteaba a verla; que sabe que el
señor ********** lo asisten los médicos, ********** es la inmediata, así
como los hermanos del declarante excluyendo a ********** lo que es la
comida, la ropa, cosas, está los otros cuatro hermanos, están al
pendiente de ellos, excluyendo a **********; que el testigo sabe que
********** en la reunión donde no quiso apoyarlos fue en el rol de
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 36
alimentos, inclusive en ese rol lo firmaron **********, los hermanos del
declarante […]”
Manifestaciones las anteriores, de los que se advierten y se corroboran,
que las actitudes de la demandada (donataria) para con el actor (donador
quien es su padre y por ende su familiar) demuestran su falta de deber moral
de gratitud, esto es, su desagradecimiento, su olvido, su desprecio, su
desatención, la violencia emocional y los malos tratos con los que se
conduce, la falta de interés por su salud, la falta de incomprensión y
apoyo etc.; siendo tales actitudes contrarias a lo que la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley de los Derechos de los
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y la Resolución 46/91 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, establecen.
Y es que tales ordenamientos señalan cuales son los derechos de los
Adultos Mayores y así también las obligaciones que tienen sus familiares
y el Estado con aquellos.
En el orden anunciado y dado que los testimonios de cuanta fueron
desahogados en los términos previstos en los artículos 359, 360 y 365 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, a los
mismos se les concede valor pleno en términos del artículo 415 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo.
Testimonios que se refuerzan con la adminiculación de la prueba
documental privada ofrecida y admitida debidamente por el A quo,
consistente en una hoja que contiene un Rol de Alimentos para el
donante y su esposa, que debían realizar los hijos del aquéllos, esto es, y
la hoy demandada *********; advirtiéndose de dicho documento que a
excepción de la demandada, los demás hijos del donante **********,
firmaron de conformidad el rol de alimentos (foja 207 del expediente) y
mediante diligencia de fecha catorce de septiembre de dos mil catorce
(fojas 246 y 247 del expediente) los mismos, es decir, **********; ratificaron su
firma de conformidad y el contenido del documento aludido.
Además, debe decirse que de dicho documento privado, el cual por
cierto tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 410 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo; dado que
el mismo no se objeto por la contraria, y en el además se observa que en
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 37
la parte en donde se encuentra plasmado el nombre de la
demandada, existe un tachón4 sobre el mismo; el cual fue impuesto por
ella misma, esto a decir del testigo **********, pues en el desahogo de su
testimonio, adujó esencialmente que cuando estaban todos los
hermanos reunidos, al hacer el rol de los días para alimentar a sus
padres, la demandada **********, mencionó que no le importaba y que
la borraran del rol, y que fue ella misma quien lo tachó, manifestando
además que se deslindaba de esa responsabilidad de llevar alimentos y
que no se le notificara en caso de que sus padres murieran.
Así pues, con la adminiculación de los testimonios y la documental
privada consistente en los roles de alimentos, existe ingratitud de la
donataria y una evidente negativa de no querer auxiliar al donante,
faltando así, a su deber moral de gratitud; adminiculación que a juicio
de esta Alzada se le debe otorgar valor probatorio pleno en términos del
artículo 420 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo.
Además, no pasa inadvertido para esta Alzada, que la demandada no
controvirtió lo aludido por los testigos en términos de lo previsto en el
artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Hidalgo, ni lo plasmado en el documento privado de los roles de
alimentos en términos del artículo 382 del mismo ordenamiento legal; ni
existe una causa justificada probada que la exima de su deber moral de
gratitud que debe al donante; confirmándose con ello su ingratitud.
Sumado a lo anterior, debe decirse que la Ley de los Derechos de
Personas Adultas Mayores y la Ley de los Derechos de los Adultos
Mayores del Estado de Hidalgo, establecen que los adultos mayores
cuentan con los siguientes derechos:
• La Integridad, dignidad y preferencia a una vida plena con
calidad.
• A vivir en entornos seguros dignos y decorosos.
• Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.
4 (De tachar) Señal, generalmente compuesta por rayas, que se hace sobre lo escrito para borrarlo.
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 38
• A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la
sociedad.
• A vivir en el seno de una familia, o a mantener relaciones
personales y contacto directo con ella.
• A una vida libre de violencia, recibiendo un trato respetuoso en su
integridad física y psicológica.
Y las obligaciones de sus familiares y el Estado, son las siguientes:
Por cuanto hace a la familia:
• Otorgarle alimentos, vivienda y sustento.
• Fomentar la convivencia familiar cotidiana y promover los valores
que incidan en sus necesidades afectivas de protección y apoyo.
• Evitarán que sus integrantes de la familia cometan cualquier
acto de discriminación, abuso, abandono, maltrato y despojo,
así como actos jurídicos que pongan en riesgo la pérdida de sus
derechos.
• Brindará respeto, comprensión y apoyo incondicional.
Y por cuanto hace al Estado:
• Garantizar las condiciones óptimas de vivienda, desarrollo
integral y seguridad social.
Mientras que la resolución 46/91 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, establece los “Principios de las Naciones Unidas en
favor de las Personas de Edad”5, dentro de los que destacan los de
cuidados y dignidad para con el adulto mayor; se transcriben:
5 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/46/91, fecha de consulta: 20 junio 2014, hora: 10:50
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 39
Cuidados
“[…] 10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados
y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el
sistema de valores culturales de cada sociedad […]”
“[…] 14. Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos
humanos y libertades fundamentales […] con pleno respeto de su
dignidad, creencias, necesidades e intimidad […]”
Dignidad
“[…] 17. Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y
seguridad y verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o
mentales […]”
“[…] 18. Las personas de edad deberán recibir un trato digno […]”
Conforme a lo anterior, se insiste en decir que con las manifestaciones
de los testigos adminiculadas con la documental privada de los roles de
alimentos y así también con las manifestaciones del propio actor en
escrito de demanda; la donataria, no respetó el derecho de integridad
psicoemocional del donante, al no haberlo visitado, al no haberle
llamarle, al no haberlo atenderlo; así tampoco respetó el derecho del
donante de mantener una relación personal y de contacto directo él al
ser su familiar, y menos aún cumplió con sus obligaciones de otorgarle
alimentos, puesto que se deslindó de los roles para hacerlo; y así
tampoco fomentó una convivencia familiar cotidiana, ni necesidades
afectivas de protección y apoyo al donante; sumado a que cometió
actos de maltrato en su manera de obrar y actos jurídicos que pusieron
en riesgo la pérdida de los derechos del donante, como lo fue su
patrimonio personal; de tal suerte que el donante no disfrutó de los
cuidados y la protección de su hija como familia, tampoco de sus
derechos humanos y libertades fundamentales con pleno respeto de su
dignidad y necesidades, ni vivió con dignidad y seguridad por los malos
tratos físicos y mentales que recibió por parte de la donataria.
En concordancia con lo anterior, debe decirse que además de violentar
la demandada los derechos actor antes aludidos; el A quo al aplicar el
artículo 2352 del Código Civil para el Estado de Hidalgo, violentó el
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derecho de certeza jurídica de aquél; el cual se encuentra previsto en
los artículos 5 y 7 de la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores
y de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de
Hidalgo; se transcriben:
Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores
“Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por
objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes
derechos: […] II. De la certeza jurídica:
a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento
judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados
o sentenciados.
b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y
municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.
c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos
administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un
representante legal cuando lo considere necesario.
d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener
atención preferente en la protección de su patrimonio personal y
familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.”
Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo
“Artículo 7. De manera enunciativa más no limitativa son derechos de
los adultos mayores los siguientes: […] II. Certeza Jurídica. Recibir un
trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial de las
Instituciones Federales, Estatales y Municipales en el ejercicio y respeto
de sus derechos; a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los
procedimientos judiciales y administrativos y podrá contar con un
representante legal cuando sea necesario; En los procedimientos que
señala el párrafo anterior, tendrá especial atención la protección de
su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin
presiones ni violencia principalmente por parte de familiares que se
beneficien por esto; Así mismo recibirá información referente a los
derechos laborales contemplados en la Ley Federal del Trabajo y
demás ordenamientos legales aplicables […]”
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 41
Entendiéndose que dicho derecho de certeza jurídica, se da cuando los
adultos mayores reciben un trato digno y apropiado en cualquier
procedimiento judicial de las Instituciones Federales, Estatales y
Municipales con el ejercicio y respeto de sus derechos y poniéndose en
tales procedimientos, especial atención a la protección de su
patrimonio personal y familiar.
Así pues, sí en el juicio que se estudia, no recibió un trato digno el actor,
al no poner el A quo una especial atención a la protección de su
patrimonio personal, al no tomar en cuenta su calidad de adulto mayor,
ni sus manifestaciones, ni pruebas con los que hace ver los malos tratos
recibidos por parte de la demandada y que demuestran las malas
actitudes de la donataria y su falta de deber moral de gratitud, violenta
dicho derecho de certeza jurídica.
Luego entonces, se reitera en decir que en el particular el Juez no sólo
debía considerar como causas de ingratitud las señaladas en el artículo
2352 del Código Civil para el Estado de Hidalgo; sino que debía tomar
en cuenta la falta de deber moral de gratitud de la donataria para con
el donante, el cual quedó plenamente demostrado a través de la
prueba testimonial y la documental privada consistente en los roles de
alimentos, que adminiculados entre sí, demostraron la negativa de la
demandada de visitarlo, de apoyarlo en su cuidado y alimentación, su
desatención y su falta de convivencia familiar cotidiana con él, etc.
Debiendo en consecuencia el Juzgador, dejar de aplicar dicho
precepto legal, puesto que el mismo es extremadamente limitativo al
señalar únicamente como causas de revocación de una donación por
ingratitud, que el donatario cometa algún delito contra la persona, la
honra o los bienes del donante, o bien, que se rehúse a socorrer, según
el valor de la donación, al donante que ha venido a la pobreza;
reiterándose en decir que es derecho del adulto mayor, el que se le
brinde certeza jurídica y reciba un trato digno y apropiado en cualquier
procedimiento judicial que lo involucre, y que es obligación del Estado
garantizarle en todo momento su desarrollo integral.
Es por lo anterior que resulta PROCEDENTE LA ACCIÓN DE REVOCACIÓN
DE DONACIÓN intentada por **********.
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 42
Ahora bien, por lo que hace a las excepciones opuestas por **********,
las mismas son IMPROCEDENTES, con base en las razones siguientes:
1. La excepción de FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO, es improcedente;
puesto que el actor está en su derecho de ejercitar la acción de
revocación de donación por ingratitud, al ser él el donatario y
encontrarse legitimado para hacerlo, máxime que por el sólo hecho de
haber procedido la acción, implícitamente desestima la excepción de
cuenta.
2. La excepción DERIVADA DEL ARTICULO 1 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO, es
improcedente; ya que la parte actora demostró la ingratitud de la
donataria, lo cual, justifica la existencia de derecho en la actora para
instar la acción intentada, y como se dijo anteriormente por el sólo
hecho de haber procedido la acción, implícitamente desestima la
excepción de cuenta, ya que no debe perderse de vista que la
finalidad de los excepciones es destruir la acción, lo que en la especie
no sucedió.
3. La excepción de FALTA DE ACCIÓN O SINE ACTIONE AGIS, es
improcedente; ya que la parte actora demostró la ingratitud de la
donataria y su falta de deber moral de gratitud, lo cual, justifica el
derecho de la actora para demandar la revocación de dicha
donación, y como se expuso en anteriores anotaciones, el sólo hecho
de haber procedido la acción, implícitamente desestima la excepción
de cuenta; no pasando inadvertido que la falta de acción no es una
excepción propiamente, sino una defensa que tiene como finalidad
obligar al Tribunal a analizar la acción, lo que en la especie así sucedió.
4. La excepción de improcedencia de PAGO DE GASTOS Y COSTAS; es
improcedente; luego que más que una excepción es una sanción que
la ley contempla para aquellas personas que no obtuvieron sentencia
favorable, lo cual no puede ser aplicable a la parte actora, pues de lo
razonado en líneas anteriores se ha demostrado que ésta si acreditó su
derecho para demandar la acción de revocación de donación por
ingratitud, por lo que, no es a ésta a quien le corresponde cubrir tal
sanción.
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En mérito de lo expuesto y dado que la demandada no obtuvo
sentencia favorable, ello la ubica en la hipótesis prevista por el artículo
138 fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Hidalgo; y por tanto se le debe condenar al pago de gastos y costas por
la tramitación del asunto, las cuales se regularan en ejecución de
sentencia; se transcribe artículo:
“Artículo 138.- Siempre serán condenados en costas:
I.- En lo principal o en los incidentes que promueva, el litigante que no
obtuviere sentencia favorable; […]”
V. Es por las anteriores consideraciones y por lo FUNDADO y SUFICIENTE
de uno de los agravios expuestos el apelante, que se debe REVOCAR la
sentencia definitiva de fecha veintiséis de febrero de dos mil trece, para
quedar en los términos siguientes:
“[…] RESUELVE. __ PRIMERO. INTOCADO.__ SEGUNDO. INTOCADO.__
TERCERO. La parte actora ********** probó los elementos de su acción y
la demandada ********** NO demostró sus excepciones. __ CUARTO. En
consecuencia, SE DECLARA la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN
asentada en la escritura pública número ********** del volumen
********** dada ante la fe del Notario Público número 5 del Distrito
Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; LIC. DIOSDADO HERIBERTO
PFEIFFER VARELA, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo
el número ********** del Libro I, de fecha 31 treinta y uno de mayo de
2006 dos mil seis, a favor de **********.__ QUINTO. Se ordena a **********
restituya a ********** el bien inmueble predio casa-habitación con
locales, ubicado en la esquina que forman la calle de ********** y calle
**********, número **********, actualmente calle **********, número
********** esquina con boulevard **********, en Pachuca de Soto,
Hidalgo; motivo de la donación, mismo que tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE 16 (dieciséis)metros linda con
Calle**********; AL SUR: 13.50 (trece metros cincuenta centímetros) linda
con la propiedad de **********; AL ORIENTE: 21.50 (veintiún metros
cincuenta centímetros) linda con propiedad de **********; AL PONIENTE:
23.00 (veintitrés metros) linda con Calle **********.__ SEXTO. En
ejecución de sentencia, líbrese atento oficio al Notario Público número
5 del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; LIC. DIOSDADO
HERIBERTO PFEIFFER VARELA para que proceda a la cancelación de la
donación asentada en la escritura pública número ********** del
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 44
volumen ********** a favor de **********.__ SÉPTIMO. En ejecución de
sentencia, líbrese atento oficio al Registrador Público de la Propiedad
del Distrito Judicial de Pachuca de Soto Hidalgo, para que proceda a
cancelar la escritura pública número ********** del volumen **********,
inscrita bajo el número **********, del Libro I, Sección I, de fecha 31
treinta y uno de mayo de 2006 dos mil seis, a favor de **********.__
OCTAVO. Se condena a la demandada ********** al pago de las costas
generadas en este juicio, al actualizarse la hipótesis prevista por el
artículo 138 fracción I del Código de Procedimientos Civiles.__
NOVENO. De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece: “El Poder
Judicial deberá hacer públicas las sentencias que han causado estado
o ejecutoria. En todo caso, solo mediante previa conformidad de las
partes, se procederá a la publicación de los datos personales” una vez
que la presente resolución haya causado ejecutoria deberá hacerse
pública. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para
otorgar su consentimiento por escrito dentro del término de 3 tres días a
efecto de que se publiquen sus datos personales y en caso de no
hacerlo se tendrá por negada dicha autorización.__ DÉCIMO.
Notifíquese y cúmplase […]”
VI. Atendiendo a que el artículo 23, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo,
establece la obligación de esta Autoridad de publicar las sentencias
que han causado ejecutoria, se ordena hacer del conocimiento de las
partes en este asunto, el derecho que les asiste para otorgar su
consentimiento por escrito dentro del término de tres días, a efecto de
que se publiquen sus datos personales en las versiones que se hagan
públicas y en caso de no hacerlo así, se entenderá negada dicha
autorización.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se:
R E S U E L V E
PRIMERO. Esta Segunda Sala Civil y Familiar es y fue legalmente
competente para conocer y resolver el presente toca.
TOCA CIVIL No. **********/2013-II 45
SEGUNDO. Uno de los agravios expresados por ********** apoderado
legal de **********, resultó FUNDADO Y SUFICIENTE.
TERCERO. En consecuencia se REVOCA la Sentencia Definitiva de fecha
veintiséis de febrero de dos mil trece, para quedar en los términos
indicados en el considerando V de este fallo.
CUARTO. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para
el Estado de Hidalgo, se requiere a las partes para que en el plazo de
tres días manifiesten por escrito su conformidad para la publicación de
sus datos personales y en caso de omisión se entenderá dicha
autorización.
QUINTO. Con copia autorizada de la presente resolución, devuélvase el
Expediente al Juzgado de su procedencia y en su oportunidad previas
las anotaciones de estilo en el libro de Gobierno, archívese el presente
toca como asunto concluido.
SEXTO. Notifíquese y Cúmplase.
ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN LA
SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN
EL ESTADO DE HIDALGO, LICENCIADO JORGE ANTONIO TORRES REGNIER,
PRESIDENTE DE SALA; LICENCIADA REBECA STELLA ALADRO ECHEVERRIA Y
LICENCIADA HORTENCIA RAMÍREZ RAMÍREZ; SIENDO PONENTE LA
SEGUNDA DE LOS MENCIONADOS, QUIENES ACTÚAN CON SECRETARIO DE
ACUERDOS LICENCIADA REYNA FALCÓN LEÓN, QUE DA FE.
RSAE/DAGZ/nrs