U T O P I A P A R A L O S E X C L U I D O S

EL M U L T I C U L T U R A L I S M O EN Á F R I C A Y A M É R I C A L A T I N A

PARTE

T E R R I T O R I O Y C O N F L I C T O

PROPIEDAD Y TERRITORIO

EN LA CONSTITUCIÓN DE 199T

MARÍA MERCEDES MALDONADO COPELLO

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

I N T R O D U C C I Ó N

Y a han transcurrido doce años desde que fuera expedida la Constitución de

1991. Desde entonces, gran parte del debate público en torno a los temas

territoriales se ha centrado en: i) la pertinencia, necesidad o imposibilidad de

expedir la ley orgánica de ordenamiento territorial, ii) la profundización o

reorientación de la descentralización y iii) el diseño de los instrumentos de

ordenamiento territorial desde la perspectiva de la planeación en sus variantes

urbana y ambiental. Extrañamente, poco se ha hablado de la planeación del

territorio rural.

Si se acepta que las dos instituciones centrales de la modernidad, en lo que

tiene que ver con las relaciones de los seres humanos con la tierra, son la soberanía

y la propiedad, se podría afirmar que el debate al cual me refiero le da prioridad a

1. Esta presentación hace parte de dos trabajos de investigación desarrollados en el Cider de la Univer­

sidad de los Andes, que cuentan con el apoyo financiero de Colciencias: "Derecho a la ciudad y procesos de

producción normativa en Colombia" y "Referentes teóticos, epistemológicos e ideológicos de las leyes 388

de 1997, 99 de 1993 y 142 de 1994".

[347]

MARÍA MERCEDES MALDONADO

la discusión desde la organización política del territorio, en particular sobre su

dimensión intra-nacional que, por lo demás, se ha reducido a una comprensión

restrictiva del mismo como la simple distribución de competencias entre

jurisdicciones territoriales. Entonces, la pregunta inicial es sobre las apuestas

éticas y políticas de la Constitución de 1991 en el campo de la propiedad.

Desde la historia, se debe tener en cuenta que la institución moderna de la

propiedad surgió antes que la de soberanía. A partir de la idea de apropiación

privada -caracterizada por la vocación de cubrir todo el espacio disponible y por

la búsqueda de formas más rentables de explotación- en el plano del derecho

público se produjo un movimiento paralelo de ocupación de los espacios aún

disponibles sobre los cuales se estableció el reino de la soberanía estatal, que

impuso sobre el planeta entero la apropiación y manejo exclusivo de la tierra. Lo

propio de la ideología económica, otra de las características particulares de la

modernidad, es que tiende a reducir la relación de las personas con las cosas a la

propiedad y, sobre todo, a asimilar toda autoridad sobre el suelo -sea que

corresponda a personas, a comunidades o a naciones- a la de propietarios

inmobiliarios. De hecho, el suelo político es la condición del suelo económico

[cfr. Madjarian 1991, Le Roy 1999].

Por esta razón, es inocuo abordar el debate sobre ordenamiento territorial

en cualquiera de sus acepciones, sin reconocer que las formas de ejercicio de la

p rop iedad , en calidad de mecanismo básico para el ejercicio del poder,

fundamentan tanto la generación de conflicto y violencia como su resolución.

En este marco el texto que sigue pretende identificar las importantes

transformaciones que introdujo la Constitución de 1991 en relación con la

propiedad. Haré referencia específica a los procesos urbanos y compartiré algunas

inquietudes y sugerencias para su interpretación, partiendo del supuesto de que

hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial en su

dimensión de planeación. Leyes como la 388 de 1997 han puesto en marcha ejercicios

interesantes y renovadores con respecto a la formulación de planes municipales de

ordenamiento territorial. Sin embargo, subsiste la intención de eludir el problema

central de la planeación territorial, el del contenido del derecho de propiedad.

A pesar de los sucesivos intentos por reformarla desde los espacios más

democráticos hasta los más retardatarios, la Constitución de 1991 sigue siendo

uno de los pactos políticos más importantes construidos por los colombianos, en

medio de sus ambigüedades, tensiones y contradicciones.

[348]

PROPIEDAD Y TERRITORIO EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1 9 9 1

Organizaré este análisis alrededor de dos de los principales desafíos éticos y

políticos de la Constitución de 1991, los cuales al parecer aún no han sido

asumidos e incorporados en las prácticas cotidianas de transformación, ocupación

y conservación de la tierra. Esos desafíos son la irrupción de la figura del derecho-

deber y la superación de principios civilistas de viejo cuño, como el de la

propiedad, que remiten a una profunda redefinición de la oposición entre lo

público y lo privado, otra de las bases de la modernidad.

REFERENCIAS A UNA HISTORIA POR LO GENERAL

MAL CONTADA

Desde la ideología y durante un largo período, la propiedad se ha presentado

como un avance de la humanidad en términos de la superación de las formas de

dominación feudales, o bárbaras y como manera de acceder a la civilización .

Los juristas participantes en el proceso de formulación del Código Civil

consideraban la propiedad como el alma universal de toda la legislación,

representación que se inscribe en los rasgos distintivos de la ciencia política

moderna: la propiedad asegura la sujeción de los ciudadanos al Estado, modera

el impuesto, sirve de criterio para determinar los ciudadanos que son llamados a

conformar la representación nacional. Portalis, como ponente del Código Civil,

concluye su intervención ante la Asamblea Legislativa con esta frase: "No es

posible amar su propiedad sin amar las leyes que la protegen, favorecer la

propiedad es inspirar el amor a las leyes" [Ost 1995]. Sin embargo, en esta visión

se ocultan trazos esenciales de esta historia: al mismo tiempo que la gente accedía

a la propiedad y se superaba la sujeción servil en el contexto feudal, se rompían

múltiples solidaridades aldeanas y rurales, y se ocultaban, desconocían o negaban

otras formas de relación entre los seres humanos y la tierra, basadas en la idea de

comunidad, y de responsabilidades compartidas.

El advenimiento de la propiedad moderna también corresponde al movimiento

que suprime la fijación política de las personas a la tierra. Madjarian [1991] precisa

que esa fijación es un fenómeno complejo que aparece a la vez en la Edad Media

2. Se hace referencia a la llamada civilización del Código Civil napoleónico, que por casi dos siglos ha

sido el soporte jurídico de la modernidad occidenral en su representación europea continental.

[349]

M A R Í A MERCEDES M A L D O N A D O

europea,y en diversas comunidades indígenas, campesinas y aún urbanas a lo largo

del planeta, como obligación y como derecho. El nacimiento de la propiedad

moderna, cualquiera que sea el modo de surgimiento, produce la separación

institucional de las personas y la tierra . Se trata de una nueva forma de relación

que se caracteriza por la supresión del vínculo político que unía tanto al amo o

señor como al siervo a un terruño común .

Como bien indica Francois Ost [ 1995], la revolución francesa no sólo arrasó

con los privilegios feudales sino que procedió a la liquidación progresiva de las

solidaridades aldeanas y rurales. La liberación del siervo al igual que su

servidumbre, tiene una doble expresión: su independencia con respecto a la tierra

tiene como contrapartida que la tierra se libera de él. El derecho de circular, uno

de los rasgos esenciales de la libertad que ha adquirido, tiene por complemento

el derecho de la tierra a circular sin atadura humana. El campesino es desposeído

de sus derechos, sobre todo los comunes y a cambio adquiere el derecho a adquirir

progresivamente el derecho absoluto sobre una parcela, a volverse propietario,

se trata de una relación nueva que estará marcada por un doble efecto, el de la

libertad y la inestabilidad económica.

La delimitación de la propiedad como institución está en el centro de la

contribución de los juristas al surgimiento del paradigma de la modernidad,

estructurado -entre otros elementos- alrededor del individualismo posesivo. El

tejido jurídico, a la escala del derecho de propiedad, definido a través de los

códigos romano y napoleónico parte del supuesto de que la propiedad es el

derecho supremo sobre los bienes, y que los otros derechos solo podrían ser

limitaciones o fracciones de ese derecho total y absoluto [Madjarian 1991].

Francois Ost señala que mientras la declaración de derechos humanos de 1789

había consagrado al derecho de propiedad como "inviolable y sagrado", el Código

3. Madjarian aclara que no es en el sentido en que lo entiende Marx, de desposesión y proletarización

de los productores, ya que este proceso tiene lugar en Inglaterra, pero no es general.

4. Históricamente el campesino es desposeído de sus derechos, en particular de los comunes o comu­

nales para adquirir progresivamente simplemente el derecho de llegar a ser dueño de una parcela, volverse

propietario. Aparece una relación nueva en la cual el productor ya no tiene un vínculo intangible y consue­

tudinario con la tierra que trabaja. La libertad personal y la inestabilidad económica son el doble efecto de

este cambio, incluso si no son compartidas de la misma manera.

5. Que a través de Andrés Bello y su transferencia al Código Civil chileno fue adoptado en Colombia

a finales del siglo XIX.

[350]

PROPIEDAD Y TERRITORIO EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1 9 9 1

Civil se encarga de traducir la aspiración de situarla en el plano del derecho natural,

en el terreno del derecho positivo, garantizando el carácter absoluto, exclusivo y

perpetuo de los derechos del propietario.

Desde entonces, los occidentales vivimos con ese mito que ideó la legislación

civil, el cual tiende a hacernos creer en la supremacía del derecho de propiedad,

olvidando que inmediata y simultáneamente esa misma legislación multiplica

los límites, determinaciones y excepciones a su ejercicio [Comby 1989: 9-20].

A partir de un trabajo de revisión de los textos fundadores de esa institución,

Joseph Comby plantea que no es que haya habido una relativización reciente

de un derecho de propiedad que hubiera sufrido sucesivas amputaciones o

que hubiera sido degradado con el tiempo, sino que "(...) la propiedad territorial

absoluta nunca existió, solo fue un proyecto, por no decir que un fantasma"

[Ibid.: 10].

Esas investigaciones revelan que el lenguaje romano rechazaba la atribución

del derecho a usar, o sea el usus al dominus. También explica que Santo Tomás

de Aquino, fiel a dicha tradición clásica, planteaba que sólo el individuo se apropia

de la gestión de la cosa, y no del usus, el cual, en principio, debe conservarse

común.

Joseph Comby se refiere a la historia de ese mito sobre la concepción

absolutista de la propiedad. Demuestra que los legistas del Renacimiento lo

elaboraron creando un "derecho romano" de la propiedad, "sobre medidas",

imaginario, susceptible de hacer progresar la propiedad burguesa contra la

propiedad feudal. Sostiene que extrapolaron un pasaje anodino del Digesto de

Justiniano, y de allí extrajeron una exaltación del derecho de propiedad, en

nombre de Roma, como jus u t e n d i j j u s abutendi. Por su parte, Ourliac indica

que a mediados del siglo XVIII, sobre todo Pothier, sería quien lanzaría la fórmula

dei famoso tríptico dei usus, delfructus y del abusus que traduciría la "mística de

la omnipotencia del propietario" [Ourliac 1961 en Comby 1989].

Ost también ha mostrado cómo fueron manipulados los referentes teóricos

e ideológicos más importantes de la propiedad. Por ejemplo, John Locke , en el

capítulo consagrado a la propiedad en el "Segundo tratado del gobierno civil"

6. Investigador francés en el campo del urbanismo y, particularmente, de las políticas de suelo.

7. De acuerdo con F. Ost quizás el más imporrante representante de la delincación jurídica del pa

digma moderno.

[351]

MARÍA MERCEDES MALDONADO

anuncia que se esforzará por establecer cómo los hombres pueden adquirir

porciones de propiedad distintas a las que Dios les dio a los hombres del común,

inclusive sin el acuerdo expreso de todos los copropietarios. Locke legitima esa

apropiación alegando que para sobrevivir (que en sí mismo es un derecho) el

hombre tiene que trabajar la tierra y hacerla fructificar. Por su trabajo, sustrae en

provecho propio parte de los recursos comunes; los pone aparte, los enriquece y

por esos hechos se crea la propiedad, título justificado porque, además del trabajo,

se apoya en la necesidad, algo dado naturalmente y remite a la libertad, constitutiva

de la naturaleza humana.

No obstante, Locke se cuida de señalar varios límites a ese derecho de

apropiación privativa de los recursos originalmente comunes: justificada por la

necesidad y el trabajo, la propiedad es igualmente medida por ellos. En otras

palabras, la propiedad deja de ser legítima si excede la parte requerida para la

satisfacción de una necesidad. También deja de serlo en el evento de que no sea

fruto del esfuerzo personal y, en adición, lo que queda debe ser suficiente para

los demás, en cantidad y calidad. Ost no deja de advertir que esto no genera

ningún problema ante los ejemplos que utiliza Locke: los peces del mar o las

tierras de América, aparentemente sin límites, pero que no se aplicaría con la

misma facilidad a otras situaciones.

Las aplicaciones posteriores de la obra de Locke retendrán la primera parte

de la demostración (la justificación de la propiedad por la libertad, el trabajo y la

necesidad) y se olvidarán de la segunda (el triple criterio de la moderación en el

uso de los recursos). Inclusive el mismo Locke al final de su estudio no deja de

señalar que la aparición de la moneda, al permitirle a los hombres "poseer más

allá de lo necesario" generó "desproporciones y desigualdades" en la posesión

de la tierra. No obstante la anterior precisión, Locke aprecia esta evolución bajo

el enfoque de los principios que él mismo fijó. Fuertemente justificado por el

orden ético y bien asegurado por el nuevo imaginario político, de ahí en adelante

y cada vez más, lo económico ganaría autonomía y la propiedad se volvería el

trampolín para la multiplicación de los intercambios, es decir, para la difusión

del mercado [Ost 1995: 53].

En efecto, uno de los rasgos distintivos de la propiedad consagrada por el

Código Civil napoleónico es el de la circulación, que bien pronto sería

transformación. De acuerdo con Francois Ost,"(...) el dinamismo de las relaciones

jurídicas hechas posibles por el Código Civil, destronó hace mucho tiempo la

[352]

PROPIEDAD Y TERRITORIO EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1 9 9 1

propiedad-disfrute en provecho de la propiedad especulación" . La especulación

se basa en el despojo de toda obligación, la movilidad de la tierra y su

mercantilización. Por eso, como se verá, uno de los elementos más claros de los

ajustes recientes al contenido del derecho de propiedad es el de restituir los

vínculos entre uso y obligación.

Para analizar las transformaciones que le introdujo la Constitución de 1991

a la institución de la propiedad, resaltamos algunas de las características de ese

concepto en la modernidad: lo primero, que ya hemos señalado, es su capacidad

para delinear un bien objeto de la apropiación, separado y diferenciado del ser

humano que lo posee, para que pueda circular de forma autónoma en el mercado,

lo cual contrasta con las formas no modernas de relación de los seres humanos

con la tierra. La ruptura fundamental que instaura el régimen de bienes que hoy

conocemos en occidente es el surgimiento de su alienación, versión depurada de

la idea de libre disposición .

El segundo gran cuestionamiento que hicieron los juristas al crear la noción

de propiedad se refiere a la comunidad. Para los inventores del Código Civil, el

individuo es el centro del universo, y en sentido estricto la comunidad nunca

habría existido e incluso no habría podido existir. De esta manera, los bienes

reputados comunes antes de la ocupación no son otra cosa que bienes vacantes.

En otras palabras, están sometidos a la ley del primer ocupante y por la ocupación

se vuelven propios de quien los ocupa.

La propiedad concreta una centralización individual de los derechos sobre

la tierra, por medio de ese derecho, supuestamente único, universal y absoluto,

por oposición a una gran diversidad o multiplicidad de relaciones jurídicas con

la tierra, dispersas en el grupo social.

8. De acuerdo con el trabajo ya citado de Madjarian, la propiedad no se instaura verdaderamente en su

generalidad sino con la movilización mercantil de la tierra, o más exactamente, de los derechos o títulos

inmobiliarios, la dificultad más grande de la historia de la propiedad, lo cual explica su triunfo tardío, fue

lograr pensar la tierra como una simple cosa independiente de los individuos y movilizable como todo bien

mueble, proceso que tomó varios siglos. Este autor señala que la dificultad actual, es completamente inversa:

la de comprender que la tietta no puede ser reducida, incluso en la sociedad capitalista moderna, a un bien

que se moviliza en un mercado, o sea que su estatuto no es simplemente económico, como tiende a hacetio

pensat el materialismo cotidiano de dicha sociedad.

9. La propiedad sería el conjunto de condiciones institucionales de la alienación de las cosas, es decir,

de su conversión en mercancías. Por su parte, Ost define la inalienabilidad como la afectación de los bienes

a un patrimonio transgeneracional.

[353]

M A R Í A MERCEDES M A L D O N A D O

Además, el derecho de propiedad rompe con las ideas de permanencia y

duración y las lleva hacia el consumo. En el campo, el propietario tiende a sobre

explotar el bien para sacarle provecho, pagar las deudas y los impuestos, lo cual

altera los equilibrios naturales. En la ciudad, la presión será siempre por lograr la

autorización de urbanizar y así lograr rendimientos. Por último, en su versión

original, una de las características centrales de la propiedad occidental es la

ausencia de obligaciones positivas ante los demás, puesto que se refiere a una

simple sustitución recíproca, lo cual caracteriza al intercambio mercantil. Las

obligaciones tienden a entrar en el ámbito del contrato individual, debido a que

ya no se derivan de un determinado status dentro del grupo social (tanto del bien

como de la persona). Más especificamente, la especulación tiene en su base el

despojo de toda obligación, hgado a la movilidad de la tierra y su mercantilización.

Por eso, las redefiniciones contemporáneas del derecho de propiedad tienden a

restituir los vínculos entre uso y obligación, y a recuperar el principio de solidaridad.

LOS RETOS ÉTICOS Y POLÍTICOS PLASMADOS

EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1991

A lo largo de la última década, un lugar común ha consistido en destacar que la

Constitución de 1991 ha expandido los derechos que ella consagra. En efecto, se

trata de una de las Constituciones de más reciente expedición en el planeta que más

derechos reconoce, según la gran cantidad de escritos y de trabajos que resaltan a éste

como uno de sus efectos más positivos.

No obstante, el que esos derechos individuales y subjetivos aparezcan como

expresión de democracia y construcción de cohesión social, proceso cuya

importancia no desdeño, siguen anclados en la exaltación del individualismo con

el riesgo evidente de la exclusión reiterada del otro, que en general son los más

débiles de nuestro grupo social.

Al contrario de esta visión, considero que la Constitución de 1991 introdujo

un elemento aún más importante: la afirmación de derechos y deberes, ligados a

principios de solidaridad . Semejante innovación de verdad se constituye en un

10. Solidaridad aún en el lenguaje propio del universo civilista quiere decir participar en una obliga­

ción común.

[354]

PROPIEDAD Y TERRITORIO EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1 9 9 1

reto para una sociedad que ha sido profundamente irresponsable como la nuestra,

cuyo pacto social ha sido tan precario, y cuya manera de recurrir al Estado y al

Derecho que se deriva de él más que todo ha consistido en canal para legitimar y

mantener privilegios y exclusiones. Justamente, uno de los campos dentro de los

cuales irrumpe esta nueva concepción de solidaridad es en el de las relaciones con

la tierra y particularmente la propiedad.

De acuerdo con lo que indiqué antes, un derecho que cimenta la modernidad

occidental es el de la propiedad, al cual se ligaron las representaciones de

civilización, progreso y libertad. Por ello, durante muchos años fue el único

derecho económico que reconocía la comunidad internacional. De ahí que

Boaventura de Sousa Santos muestre que uno de los axiomas centrales de la

modernidad está en la base de los problemas fundamentales con los cuales nos

enfrentamos, es el de la independencia entre la legitimidad de la propiedad privada

y el uso de esa propiedad .

Dentro de este marco, cobra mayor relevancia el cambio radical que consagró

la Constitución de 1991, así como los desarrollos legales y de jurisprudencia que

ha hecho posibles. Esas transformaciones consisten en el replanteamiento de la

idea de función social de la propiedad, la redefinición del contenido del derecho

de propiedad, la irrupción de algunos derechos colectivos, y la aproximación a la

noción de patrimonio.

Desde 1936, la fórmula de que la propiedad es una función social fue

incorporada a la Constitución. De acuerdo con Fernando Hinestrosa, mientras que

la Constitución de 1886 se inscribía en el paraíso de los civilistas, caracterizado

por los derechos adquiridos, el justo título, las expectativas, las situaciones jurídicas

concretas o en proceso de consolidación, los constituyentes de 1936 buscaban

"(...) sentar el principio de que no es posible o admisible o lícito el ejercicio arbitrario,

incontrolado, egoísta de ningún derecho, comenzando por el de dominio, y eso se

logró" [Hinestrosa 1995:136].

11. Los otros axiomas son la hegemonía que ha venido a asumir la racionalidad cienrífica y que consis­

te en la transformación de los problemas éticos y políticos en problemas técnicos y cuando tal transformación no

es posible se busca una solución intermedia, la transformación de los problemas éticos y políticos en problemas

jurídicos. El tercer axioma es la soberanía de los Estados y la obligación vertical de los ciudadanos frente al Estado

que lleva a que tanto la seguridad internacional como la nacional adquieran precedencia "natural" sobre la

democracia entre estados y la democracia interna. El último es la creencia en el progreso, entendido como un

desarrollo infinito alimentado por el crecimiento económico y tecnológico. [Cfr. Santos 1998: 369-456].

[355]

M A R Í A MERCEDES M A L D O N A D O

Sin embargo, la Constitución de 1991 fue aún más allá. En primer lugar no

sólo reafirmó la definición de la propiedad como una función social que implica

obligaciones, sino que estableció que además le era inherente una función

ecológica. Señaló que en caso de expropiación, la indemnización se fijará

consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En segundo lugar,

estableció como un derecho colectivo, la participación de las entidades públicas

en la plusvalía que genere su acción urbanística y la regulación de la utilización

del suelo urbano en defensa del interés común.

El primer efecto, ya no tiene discusión: en Colombia la propiedad dejó de

ser derecho fundamental y quedó definida como función social y ecológica.

Numerosos juristas y la Corte Constitucional han reafirmado este principio con

claridad.

Con reiteración, la Corte Constitucional ha señalado que la propiedad

privada en modo alguno es un derecho absoluto, y que su función social no debe

entenderse como simple límite externo para su ejercicio, sino como parte

sustancial de la misma . Dicho de otra manera, "la apelación sistemática al

instrumento legal para limitar la propiedad, en cumplimiento de lo dispuesto

por la Constitución, ha dado lugar a un conjunto de regímenes del dominio -

prolíficos en limitaciones y obligaciones-. De este modo, la propiedad quedó

alejada de la matriz unitaria de la concepción civilista, frente a la cual tales

regímenes ya no funcionan como excepciones o reglas especiales, sino como

superación de la misma, reducida ya a mera referencia histórica" .

Desde que fue expedida la Constitución de 1991, el concepto de propiedad

asumió nuevos elementos que le han dado una nueva connotación y un perfil de

profunda trascendencia social. La propiedad privada ha sido reconocida no sólo

como un derecho, sino como un deber que implica obligaciones. En esa medida,

el ordenamiento jurídico garantiza no sólo su núcleo esencial, sino su función

12. Sentencia de constitucionalidad C-589/95, magistrado ponente Fabio Morón Díaz. En la misma

sentencia se plantea que "La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el

alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parre, le corresponde el de implicar una mayor

afirmación de ciertas clases de propiedad. (Como las formas asociativas y solidarias de propiedad)" Cfr. tam­

bién las sentencias de constitucionalidad: C-223/94 y C-275/96, magistrado ponente José Gregorio Hernández;

sentencia de tutela T-523/94, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero; sentencia de constituciona­

lidad C-389/94, magistado ponente Antonio Barrera Carbonell y las que se reseñan más adelante.

13. Sentencia de constitucionalidad C-006/93.

[356]

PROPIEDAD Y TERRITORIO EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1 9 9 1

social y ecológica, que permite conciliar los derechos del propietario con las

necesidades debidamente fundamentadas de la colectividad.

También debe ser entendida como deber, teniendo en cuenta que su función

social, como elemento constitutivo y no externo a la misma, compromete a los

propietarios con el deber de solidaridad que plasma la Constitución. Entonces,

la configuración legal de la propiedad, puede apuntar indistintamente a la

supresión de ciertas facultades, a su ejercicio condicionado o, en ciertos casos, al

ejercicio forzoso de algunas obligaciones .

Apartir de la expedición de la ley 388 de 1997, en las prácticas urbanas, que

son básicamente procesos de subdivisión, transformación, ocupación, habitación

y conservación de territorios, estos principios se traducen en importantes

premisas:

1) Un nuevo significado del principio de la función social de la propiedad.

Durante algún tiempo la interpretación de esta fórmula se tradujo en la

prerrogativa de expropiación que tienen las entidades públicas o en la supuesta

imposición al propietario de explotar adecuadamente su tierra o de incorporarla

al mercado, para contrarrestar la idea de una propiedad inmóvil, traducida en la

retención o el acaparamiento, que se caracterizaba como una forma de propiedad

feudal, representación, por lo demás, heredada del orden Colonial.

Esta concepción ha sido reconsiderada y superada, de manera que hoy puede

afirmarse que la función social equivale ai conjunto de limitaciones y obligaciones

que pueden ser impuestas a la propiedad en nombre de los intereses colectivos,

de urbanizar o construir en los tiempos fijados por el plan de ordenamiento, de

abstenerse de hacerlo, de conservar, de trasladar a la colectividad de manera

obligatoria y gratuita los terrenos necesarios para los usos de interés común, de

imposibilidad de lotear o subdividir sin licencias, de trasferencia a los municipios

dc hasta un 50 por ciento de los incrementos de precio de los terrenos derivados

de decisiones urbanísticas como el cambio de clasificación del suelo, o la

autorización de mejores aprovechamientos urbanísticos

Todas las normas jurídicas son tan sólo materiales para ser traducidos,

apropiados y dotados de significado en eljuego de los distintos intereses y en el

terreno de la construcción de ciudad. En consecuencia, la función ecológica de la

p rop iedad abre la inst i tución hacia contenidos aún más innovadores .

14. Sentencia de tutela T-427/98, Magistrado ponente, Alejandro Martínez Caballero.

[357]

MARÍA MERCEDES MALDONADO

Infortunadamente en el trámite de la constituyente no fue posible incorporar la

noción de patrimonio que habría permitido avanzar en la superación de la

concepción de la propiedad como una relación de poder, excluyente y ausente de

responsabilidades. No obstante, la idea de función ecológica, unida a la consagración

del derecho colectivo al medio ambiente y al deber de protección de las riquezas

culturales y naturales de la Nación se aproxima a la figura del patrimonio.

Más que la posibilidad de imponer limitaciones a la propiedad, esa función

remite a la búsqueda de nuevas prácticas de relación con la tierra, la naturaleza y

los seres humanos. Al no estar atravesada por la explotación o el lucro ilimitados,

se inscribe en la reivindicación ecologista dirigida a repensar el modelo de

desarrollo y las prácticas productivistas y consumistas, tal como lo plantea la

discusión recogida en la primera parte de esta presentación. Es decir, a repensar

el uso y el disfrute, separado del abuso, no sólo vinculado al interés común, sino

reencontrando la propiedad-conservación, aparentemente sofocada por la

propiedad-transformación o especulación.

2) El derecho de urbanizar y de construir no está incorporado per se en el

derecho de propiedad, sino que se adquiere en la medida en que se asuman las

cargas que el plan de ordenamiento territorial determine a favor de la colectividad.

Más que simples limitaciones a la propiedad, hubo una redefinición profunda de

su contenido, el cual inclusive lleva al reencuentro con las visiones no modernas

de las relaciones del ser humano con la tierra, las cuales se traducen en una

diversidad de derechos, en contraposición con la visión unitaria y absoluta, que

como dice la Corte Constitucional, hoy aparece como un simple referente histórico

de un pasado superado.

Al separar el derecho de urbanizar y de construir del de la propiedad, no

sólo se controvierte el lugar común de que todo territorio está condenado a la

urbanización o a la explotación, sino que se puede hacer efectivo el carácter de

derecho-deber y se puede afirmar el principio de solidaridad.

Cada vez es más claro que la especulación no se restringe a la retención de

terrenos, sino que incluye un conjunto de prácticas tendientes a obtener el traslado

de rentas del trabajo de la mayoría de los miembros de la sociedad hacia unos

pocos propietarios de tierra. Esta capacidad se desarrolla con especial fortaleza

en sociedades caracterizadas por el rentismo , y en modo alguno está ligada a

15. Entre otros, los ttabajos de Luis Jorge Garay ilustran bien esta circunstancia.

[358]

PROPIEDAD Y TERRITORIO EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1 9 9 1

una visión inmóvil de la tierra sino, todo lo contrario, a la habilidad de los

operadores que en un mercado legal o ilegal altamente móvil saben imponer sus

intereses.

Es importante tener en cuenta que, a largo plazo, en América Latina y

particularmente en Colombia, la representación más nítida de ciudad no es aquella

ligada al acceso a la libertad y la emancipación frente a lo arbitrario, sino la del espacio

donde se extraen provechos, donde lo primero que cuenta es la habilidad para

aprovechar las oportunidades, tal cual fue delineada desde la Conquista y

cómodamente sostenida por nuestras élites. Como expresa Jesús Martín-Barbero

[1996: 46] la "urbanidad" en América Latina es particularmente un orden de

exclusiones y privilegios. De ahí que para disimular esta realidad inocultable, los

expertos urbanos hagan una réplica de ese discurso europeo sobre la conjunción feliz

entre el progreso de la civilización y el aprendizaje de la democracia como la máxima

creación de la humanidad.

Según ya he indicado en trabajos anteriores, la especulación es una especie

de trampa con el mercado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua la

define como el "procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil". En

ese sentido se ajusta muy bien a las prácticas de los propietarios de tierra urbana

de nuestras ciudades. El especulador no actúa dentro sino sobre el mercado y

antes que todo, deriva sus ganancias de su capacidad para imponerles a otros

agentes el precio de un predio determinado.

Jus tamente , una interpretación democrática y transformadora de la

Constitución Política y de leyes como la de desarrollo territorial o la de medio

ambiente, así como una exigencia decidida por su aplicación pueden ayudar a

revertir semejantes prácticas.

Sin embargo, como bien lo sabemos, la Constitución o la ley no son tanto

acontecimientos sino procesos. Su promulgación hace parte de un continuum

dentro del cual todo el tiempo se manifiestan diversos conflictos de intereses

sociales y económicos, y se construyen compromisos inciertos e inestables.

Señalaré dos circunstancias que enrarecen el propósito democratizante de la

nueva noción de propiedad. La primera es la incapacidad de la mayoría de nuestros

abogados y jueces para comprender las profundas transformaciones de nuestro

derecho positivo sobre urbanismo, medio ambiente y derechos territoriales. La

segunda circunstancia consiste en que esos profesionales persisten en reinvindicar

el derecho de propiedad como símbolo del acceso al progreso y a la civilización.

[359]

M A R Í A MERCEDES M A L D O N A D O

Nuestras facultades de Derecho continúan formando abogados a partir de

visiones civilistas de la propiedad y la responsabilidad. Así, en sus largos años de

formación pocas veces entran en contacto con aquellas normas dirigidas a regular

relaciones tan cruciales y esenciales para la vida de la gente y para nuestra cohesión

social como son todas aquellas relacionadas con el territorio. De ese modo, la

abogacía se ha vuelto una profesión que, a pesar de su importancia e impacto

social, continúa encerrada en sí misma, reproduciendo cánones y principios

aprendidos de manera mecánica que por lo general tan sólo se dirigen a mantener

los privilegios e intereses de unos pocos.

Los abogados están llamados a hacer un mayor esfuerzo para comprender y

reinterpretar los profundos cambios que reclaman las transformaciones en los modos

de vida y en las relaciones en los ámbitos globales y de las prácticas cotidianas de la

gran mayoría de la población de nuestras sociedades, sobre todo aquellas del llamado

tercer mundo. Puede ser comprensible la resistencia de un jurista occidental para

aceptar la existencia de derechos colectivos como los de los pueblos indígenas a

sus territorios. Esos derechos exigen creatividad para replantear la institución de la

soberanía, la cual, en apariencia es inamovible. Algo parecido tiene que acontecer

con los derechos de las comunidades negras. Mientras los sigamos llamando

propiedad colectiva, seguirán siendo débiles y generadores de conflictos debido a

que en una relación comunitaria con la tierra no existen los vínculos de poder y

exclusión que caracterizan a la propiedad moderna. Dentro de esos pueblos, antes

que todo, la tierra se vuelve el elemento que posibilita la pervivencia de esa realidad

comunitaria, o, en otras palabras, primero está la relación de los seres humanos

entre sí que la relación con la tierra.

También se puede entender la resistencia a repensar la noción de

responsabilidad ya no como la relación causal entre una falta o acción y un daño,

sino como un llamado o compromiso hacia el futuro, tal como lo plantea la

legislación ambiental. Aparece también la resistencia a deslindar el derecho de

p r o p i e d a d del derecho de construir o reafirmar en algunas decisiones

administrativas y sentencias un supuesto derecho absoluto, que nunca existió.

Como es justamente en el terreno ético y político que esos principios deberán

ser afirmados, para los abogados es un reto inmediato comprender esas

transformaciones y avanzar en la renovación de sus prácticas. De esa manera

contribuirán en la construcción de la sociedad radicalmente distinta que

necesitamos con urgencia.

[360]

PROPIEDAD Y TERRITORIO EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1 9 9 1

El otro tema es el de la persistencia en la reivindicación del derecho

generalizado a la propiedad. En América Latina, Hernando De Soto ha

contribuido a difundir la idea de que nuestros países deben convertirse en

sociedades de propietarios. Pese a que en Colombia las innovaciones discutidas

habían alejado esa trampa, la administración del presidente Uribe la convirtió en

meta de varios programas. Dentro de este nuevo marco político, urge plantear

discusiones que resalten que lo importante de esas políticas no es tanto el convertir

a todos en propietarios sino, sobre todo, redefinir el contenido y la naturaleza del

derecho de propiedad, de la manera que he planteado aquí.

Mi investigación reciente sobre el significado del derecho a la ciudad, dentro

de otros eventos urbanos en Bogotá, indica que la lucha por la incorporación a la

ciudad de los habitantes más desprotegidos no radica tanto en el acceso a la

propiedad titulada y registrada, sino a un espacio o lugar donde existir, facilitado

por los servicios públicos y sociales, y complementado por el trabajo (marcando

incluso su diferencia con el empleo). Así no sea manifiesto o explícito, el reclamo

es sobre todo a ser considerados como sujetos, que exigen ser oídos y tenidos en

cuenta. En muchos casos, la confusión entre el derecho a la vivienda con el derecho

a la propiedad debilita procesos comunitarios y formas de solidaridad. También

lleva a que esas personas ingresen a nuevas formas de exclusión debidas al pago

de créditos, impuestos, y altas tarifas de servicios públicos, entre otras. Pero sobre

todo la insistencia en el derecho de propiedad como el más importante de los

derechos le da legitimidad permanente a la propiedad de quienes ostentan los

poderes excluyentes, irresponsables y destructivos.

PARA CONCLUIR

Al analizar ese derecho que se supone absoluto pero al cual, desde su

consagración, lo marcan limitaciones y relativizaciones, Comby señala que en el

centro existe la paradoja referente a la imposibilidad de aplicarle al espacio la

concepción absolutista de la propiedad, debido a que el espacio no es un objeto

sino un lugar donde se ejercen derechos. Esta apreciación coincide con la de

Christian Topalov, uno de los especialistas franceses en el tema de las rentas

territoriales, quien afirma que en el mercado inmobiliario no se vende un producto

sino un derecho o un conjunto de derechos.

[361]

MARÍA MERCEDES MALDONADO

Estos planteamientos ratifican la importancia de las reformas jurídicas en el

terreno de los derechos territoriales. Si se acepta que el Derecho permite

comprender cómo una sociedad se piensa y asegura las condiciones de su

reproducción se podrá entender la magnitud del reto de la aplicación de los

principios constitucionales aquí comentados y, de otra parte, el impacto que

genera la resistencia a su aplicación en términos de violencia y disolución del

vínculo social.

Por ahora, mientras el urbanismo siga siendo un simple ejercicio técnico

empeñado en construir murallas visibles e invisibles, prácticas de fragmentación

y exclusión (entre campo y ciudad, entre naturaleza y sociedad, entre pobres y

ricos, entre propietarios y no propietarios) será difícil acceder a condiciones

duraderas y sólidas de convivencia. Partiendo de que el derecho escrito ya produjo

el material jurídico, surge la pregunta de si podremos modificar los modelos de

conducta y los sistemas de disposiciones durables hacia una práctica real de la

contemporaneidad, entendida antes que todo como el reconocimiento a la

diversidad; como el encuentro con el otro, no como un simple otro sino como un

otro legítimo [Maturana s.f: 70-71]; como la integración a nuestras prácticas

supuestamente modernas de los principios de vida de nuestras comunidades

tradicionales, a saber, la reciprocidad, la redistribución y la complementariedad.

A mi modo de ver en ese mismo sentido trabajan las normas que examiné aquí y

esta es una de nuestras apuestas más importantes para reconstruirnos como grupo

social.

16. Se entiende la juridicidad como la confluencia de tres elementos, las normas generales e imperso­

nales, los modelos de conducta y las micronormas o sistemas de disposiciones durables.

[362]

PROPIEDAD Y TERRITORIO EN LA C O N S T I T U C I Ó N DE 1 9 9 1

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[363]

ACERCA DE LA LEY ORGÁNICA

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MAURICIO VASCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Después de doce años de la adopción de la Constitución Política de 1991, aún

cursa en el Congreso de la República el proyecto de Ley Orgánica de Ordena­

miento Territorial, LOOT, presentado por el Gobierno Nacional, a través del

Ministerio del Interior . No obstante que dentro del proceso de definición de la

Carta fueron muchos los aspectos que modificaron el ámbito legal del ordenamiento

territorial en Colombia, y que en la misma hay un conjunto amplio de temas deter­

minantes de la Constitución que debían ser desarrollados por la LOOT.

Desde mi campo de acción, he tenido que ver con desarrollos legales sobre

este tema, en particular con el tema de región, el diseño de las Regiones de Plani­

ficación, creadas antes de la actual Constitución, e iniciativas de reglamentación

de la figura regional, prevista también en la nueva Carta Política, y que tampoco

ha llegado a plasmarse en leyes vigentes. Al atender la invitación a participar en

este simposio, quiero resaltar algunos elementos que permiten ver cuáles son los

rasgos principales de los proyectos de ley presentados y subrayar algunas inno-

1. El proyecto de ley en curso es la décima versión presentada, incluyendo los proyectos de iniciativa

parlamentaria presentados, uno por Juan Camilo Restrepo y el otro, por Juan Martín Caicedo, todos ellos

con esttuctura similar, más o menos con el mismo corte, y con los mismos enfoques.

[365]

M A U R I C I O VASCO

vaciones introducidas al actual, que evidencian lo que quizá ha sido el vacío prin­

cipal de los proyectos anteriores.

Un primer aspecto es que los sucesivos proyectos de ley se han centrado princi­

palmente en el desarrollo de las competencias y en la definición de las formas de

creación y funcionamiento de las entidades territoriales previstas en la Constitución

Política. Se trata de varias figuras de entidades territoriales, algunas preexistentes a

ésta y otras nuevas. La lista que introdujo la Constitución de 1991 fue diversa, pues

además de las ya creadas -departamentos y municipios- se introdujeron las regiones,

las provincias y las Entidades Territoriales Indígenas. Con esto, de alguna manera se

estaba retomando una tradición y, al mismo tiempo, se le daba juego a algo tan recien­

te como las regiones. También, se reconocía algo que estaba excluido: lo indígena, las

minorías y el regionalismo. Sin embargo, en el debate de la Constitución, todo ello se

produjo en medio de un juego de transacciones (políticas) dentro de la Asamblea

Constituyente en la cual el reconocimiento de esta diversidad de figuras se lograba

con mayorías casi siempre precarias, predominando su simple inserción sin que se

estableciera un eje - guía para armarlas.

M O D E L O PARA ARMAR

El resultado fue el de una Constitución Política que incluye todo tipo de tenden­

cias, un modelo para armar, pero sin claves manifiestas para armarlo. Quedaron,

sin embargo, algunos elementos que deben enmarcar y orientar el camino a se­

guir. En efecto, y aunque en todos los proyectos de ley presentados se señaló con

claridad que Colombia era una república unitaria de carácter social, no se intro­

dujo de manera suficientemente clara el p rob lema de las re laciones

intergubernamentales. Si bien se le dio importancia al incremento de las transfe­

rencias de los ingresos corrientes de la Nación a departamentos y, principalmente,

a los municipios, no quedó clararamente establecido el engranaje entre unos y

otros y menos la relación del Estado central con las entidades territoriales. Es el

caso, por ejemplo, del tema de la desconcentración, en el cual el Estado central

tiene la posibilidad de hacer presencia en el territorio y de actuar como interlo­

cutor válido de los entes territoriales autónomos.

Este tema no tiene más que un par de menciones en la Constitución, de por

sí insuficientes, y su desarrollo ha sido más bien precario. En contraste, ha reci-

[366]

A C E R C A DE LA LEY O R G Á N I C A DE O R D E N A M I E N T O T E R R I T O R I A L

bido mayor atención un tema, que ha desorientado e incluso sesgado el proyec­

to: la creación y distribución de competencias entre la Nación y las entidades

territoriales que le corresponde establecer a la Ley Orgánica de Ordenamiento

Territorial, según el artículo 288 de la Carta política.

Una ausencia fundamental en este enfoque predominante lo constituye el mapa:

nunca sabemos bien a que país nos estamos refiriendo cuando hablamos de departa­

mento, municipio o región, pues cada quien tiene una referencia distinta del propio

territorio, o del país que creemos conocer. Y aquí, las discusiones no se han dado con

base en un anáfisis profundo sobre el mapa del país, como tampoco se hizo en la

Asamblea Constituyente. Sin embargo, esto es precisamente lo que determina la in­

novación del actual proyecto de ley. Este tiene la misma estructura, los mismos temas,

y es casi una fotocopia de los proyectos anteriores al referirse a las competencias y sus

formas de creación, pero introduce dos figuras nuevas que responden a un enfoque

también nuevo y al reconocimiento de un vacío en los proyectos anteriores.

Antes de exponerlas, es preciso anotar que en la exposición de motivos del actual

proyecto de ley resaltan dos aspectos importantes. Primero, que el ordenamiento

territorial se refleja, por una parte, en el ajuste de la división político-administrativa

derivada de los desarrollos constitucionales y legales -esto es la visión tradicional- y,

por otra parte, -el nuevo enfoque- en los cambios de la ocupación física del territorio

como resultado de la acción humana y de la naturaleza. Estos elementos del

ordenamiento territorial son interdependientes y se observa que desde el punto de

vista de la organización pofitico-administrativa es indispensable contar con entidades

territoriales surgidas de la evolución económica, social, política y cultural. Segundo,

que las entidades territoriales y las figuras administrativas existentes, requieren

actualizarse y proyectar su organización para ajustarse a los cambios económicos

sociales y culturales que marcan el inicio del siglo XXI. No obstante estos

planteamientos se incorporan al mismo cuerpo conceptual que viene trasegando

desde hace doce años en el país, trazan, sin lugar a dudas, una línea nueva y son, en

cierto sentido, una crítica a todo lo actuado anteriormente.

PONERLE MAPA AL PAÍS

Para desarrollar este nuevo enfoque, el proyecto introduce, como se mencionó,

dos figuras principales. Una es lo que se ha denominado "Plan Estratégico Na­

cional de Ordenamiento Territorial", Penot, es decir, pensar el país, ponerle mapa

[367]

M A U R I C I O VASCO

al país, ponerlo como referencia para la definición de la función de las entidades

territoriales.

Esto, que en realidad ha debido ser un ejercicio previo de la constituyente

-en donde el tema se discutió a las carreras, como todo lo demás-, hasta ahora

se plantea, después de la reglamentación de las competencias, y la creación y

funcionamiento de las entidades territoriales. De todas maneras, la confrontación

de estas competencias con el mapa es algo por hacer, se apruebe o no la ley. Es un

problema pendiente desde 1991 -o incluso antes-, y en sí es vital y urgente su

rescate como tarea del Estado y de la sociedad.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el Plan Estratégico Na­

cional de Ordenamiento Territorial debe incluir temas como: i) los escenarios de

ordenamiento territorial más probables; ii) las líneas estratégicas de ordenamiento

territorial; iii) la zonificación general; iv) la conservación del patrimonio cultural

y ambiental; v) la priorización de territorios de mayor fragilidad social, económi­

ca y ambiental; vi) los escenarios de disposición espacial de la población y los

asentamientos humanos con criterio de equilibrio territorial; vii) los grandes pro­

yectos de infraestructura y ejes funcionales y desarrollo estratégico determinantes

del modelo de desarrollo territorial; viii) las áreas fronterizas de integración bi­

nacional internacional y desarrollo regional fronterizo; ix) los mecanismos para

la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en el plan

estratégico. Cuando se observa el recorrido de los sucesivos proyectos de ley,

esto es lo que siempre ha faltado, a pesar de ser un elemento estructural que solo

hasta ahora se introduce.

ÁREAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

La otra figura nueva que se introduce es una especie de "comodín". No es ninguna

de las previstas en la Constitución -departamento, municipio, región, Entidad Te­

rritorial Indígena, o provincia- sino una denominada "Áreas de Desarrollo

Territorial", que se crearían con el propósito de flexibilizar la organización territo­

rial y propiciar el desarrollo endógeno de las entidades territoriales, facilitando la

participación del sector privado y de la comunidad. Se acude a esa figura para darle

instrumentos a las entidades territoriales y a las comunidades, en la alianza entre

gobiernos y sociedad, para propósitos específicos de conformar en el territorio

nuevos espacios, los cuales institucionalmente están atados a las entidades territo-

[368]

A C E R C A DE LA LEY O R G Á N I C A DE O R D E N A M I E N T O T E R R I T O R I A L

ríales, pero no necesariamente tienen que respetar la división político-administra­

tiva existente. Esta figura se fundamenta en el artículo constitucional 285, según el

cual para el cumplimiento de funciones estatales es posible crear divisiones del

territorio diferentes a las establecidas para efectos político-administrativos. Casual­

mente, esta figura fue la misma que en la Constitución anterior (artículo 7) permitió

la creación de las regiones administrativas y de planificación (Corpes), como alter­

nativa de administración y gestión de los asuntos territoriales, respecto al

anquilosado sistema departamental que existía en el país.

Llama la atención, además, que aparte de éstas regiones de planificación, en el

pasado operaron en Colombia otras figuras que buscaban darle juego a entidades

promotoras del desarrollo regional, tales como las Corporaciones Autónomas Regio­

nales, que antes de la ley 99 de 1993 eran corporaciones de desarrollo. Esta ley las

transformó en autoridad ambiental y el propósito de desarrollo desapareció de su

responsabilidad funcional, cuando había sido una figura que operaba para la aplica­

ción de políticas nacionales, regionales y locales. Se trataba, en todo caso, de una

figura bastante versátil, flexible y, de alguna manera, emparentada con la propuesta de

las Áreas de Desarrollo Territorial que ahora propone el nuevo proyecto de ley. Un

aspecto adicional que vale la pena mencionar es que esta figura es prestada de una

creada recientemente en Francia llamada Pays (país), que es un mecanismo para reco­

nocer realidades, espacios y procesos regionales que de alguna manera no encuentran

cabida en los espacios tradicionales, pero que, además, permiten una operación institu­

cional más flexible,y una forma de asociación bastante ágil entre los actores involucrados.

Por otra parte, quienes redactaron el actual proyecto de ley y en especial el Penot,

tomaron prestada en gran medida otra figura francesa llamada "esquema nacional de

ordenamiento del territorio", desarrollada casi simultáneamente con la Pays.

De todas maneras, lo que vale la pena resaltar del Penot y de las Áreas de Desa­

rrollo Territorial, es que se presentan nuevamente como una alternativa para darle

cabida y reconocer espacios frente a algo que parece muy pesado, que no funciona,

que no tiene acogida, o no tiene atractivo para quienes están pensando en transfor­

mar la realidad de nuestros territorios. Se ofrece así una posibilidad de acudir a figuras

totalmente diferentes, casi ajenas al esquema de organización territorial tradicional,

incrustándolas, así sea, dentro de un texto que transita por inercia entre el Gobierno

Nacional y el Congreso de la República desde hace doce años.

Otro aspecto interesante del Área de Desarrollo Territorial, consiste en que

es la figura que más se acerca a la práctica y a la realidad actual del país. Podría

[369]

M A U R I C I O V A S C O

decirse que casi no se necesita que sea aprobada -y es muy posible que no lo sea-,

pues hoy en Colombia existen muchos ejemplos e iniciativas de procesos de

integración regional entre municipios que demuestran que esta figura opera sin

nombre, y aún, sin contenido legal. Se registran múltiples proyectos de desarrollo

o de ordenamiento local, liderados por alcaldes que, ante la crisis, están buscando

no sólo soluciones conjuntas, sino también integrar recursos y movilizar diversos

sectores sociales. Estos, a su vez, están motivando a las administraciones a

emprender proyectos regionales y locales innovadores. En este sentido el proyecto

de ley reconoce una realidad que viene avanzando en la práctica en el país.

LOS ASUNTOS FINANCIEROS

En el marco de las relaciones intergubernamentales, es importante mencionar

otro tema, también ausente en el actual proyecto de la LOOT y en todas las versio­

nes producidas hasta ahora: los asuntos financieros. Al respecto, el planteamiento

del Proyecto de ley, como se mencionó, se reduce prácticamente a la transferen­

cia de los ingresos corrientes de la Nación, lo cual ha provocado una situación en

la cual la mayoría de municipios del país viven de estas transferencias, y que

constituyen el 80% de sus recursos, dado que los recaudos propios son muy

débiles. Simultáneamente, las entidades territoriales están sujetas a las normas

de su distribución en salud, educación y saneamiento ambiental, generando siem­

pre gran inquietud en el nivel central acerca de su destino final. Por ello, el Estado

busca de manera permanente mecanismos para su control. Por ejemplo, instru­

mentos de seguimiento como el sistema de información territorial, que pretende

saber qué están haciendo los departamentos y municipios con estos recursos y

así poder enmarcar las tendencias de gasto territorial dentro del análisis y la for­

mulación de políticas macroeconómicas.

El problema radica en que todo esto se produce sin un marco institucional

apropiado. No existe en realidad un instrumento de diálogo entre el Estado cen­

tral y estos grandes gastadores -generalmente recriminados- que son las entidades

territoriales, para llegar a acuerdos de estabilidad macroeconómica. En lugar de

habilitar mecanismos que permitan alguna presencia de las entidades territoria­

les dentro de instancias como el Consejo Nacional de Política Fiscal, se buscan

cada vez más mecanismos de control o de seguimiento que realmente no tienen

ningún efecto para estos propósitos.

[370]

A C E R C A DE LA LEY O R G Á N I C A DE O R D E N A M I E N T O T E R R I T O R I A L

NUEVAS PRÁCTICAS

Lo último por mencionar es que todo este proceso de definición de las reglas de

ordenamiento territorial, impulsó nuevas prácticas de construcción de tejido insti­

tucional en los territorios y entre los territorios y el Estado central, frente a las cuales

parecen secundarias o inaplicables las propuestas formalistas predominantes en

todos los proyectos de ley presentados. Salvo las innovaciones antes mencionadas,

especialmente frente a situaciones como por ejemplo, el mapa de Antioquia mos­

trado por el Dr. Gilberto Echeverri, atravesado por 6 o 7 guerras, no parece

relacionarse con los criterios que dirigen la concepción de los proyectos de ley, que

no reconocen los conflictos territoriales ni origina propuestas adecuadas o sufi­

cientes para el desarrollo institucional y el ordenamiento territorial y, sobre todo,

para la construcción de prácticas de gestión territorial que permitan el reconoci­

miento de espacios para proyectos sociales, económicos, políticos.

Estas guerras ocurren en todo el país y frente a ellas es necesario insistir en la

construcción del tejido social, económico, político e institucional a través de

figuras y de instrumentos que vayan más allá de los mecanismos formales y

tradicionales, y en realidad insuficientes, para establecer el marco de ordenamiento

territorial que Colombia requiere. Al final de cuentas, mientras la guerra avanza,

estos asuntos deben manejarse como parte de la solución y no como un factor,

por mal entendido y atendido, que intensifique el problema.

[371]

ETNIA, CULTURA, TERRITORIO

Y CONFLICTO ARMADO

EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

RUDESINDO CASTRO HINESTROZA

ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES NEGRAS

Hay que recurrir al pasado cuando

el presente hace daño

BENKOS BIOHO

(el africano que en Colombia

se volvió héroe)

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia política del país, su clase dirigente se ha caracterizado

por la intolerancia e intransigencia, lo cual ha contribuido a generar un largo

ciclo de violencia política. De este distinguimos cuatro etapas que definen -en

distintos contextos y con diferentes características- el tortuoso y largo proceso

de violencia que ha sufrido Colombia, y que en la actualidad nos ha conducido a

una situación catastrófica, en la cual, los afrocolombianos, en especial los del

Pacífico, estamos llevando la peor parte.

La primera etapa caracterizada por el sistema colonial esclavista a partir de

1550, en la cual los pueblos y descendientes africanos fueron denominados, to­

dos por igual, como negros. Se inició así el despojo forzoso de nuestra identidad

cultural, el irrespeto por nuestra dignidad humana y el exterminio masivo de

nuestros pueblos a través de la trata de esclavos y la prolongación de la esclaviza­

ción en América.

[373]

RUDESINDO CASTRO

Las guerras civiles a par t i r de 1810 (independencia de Colombia de España),

marcan una segunda etapa. Mediante ellas se pretendía solucionar las rivalidades

partidistas de la clase dirigente criolla descendiente de europeos.

Una tercera etapa, conocida como La Violencia en Colombia, tuvo su máxi­

mo nivel de confrontación a mediados de siglo XX. Sus inicios datan de la década

de 1920, con el conflicto agrario generado por la tenencia y el derecho a la tierra,

y que produjo los primeros movimientos campesinos. Desde entonces, los con­

flictos por la posesión de tierra han sido una constante en la historia nacional,

protagonizados por los grandes terratenientes y arrendatarios, contra colonos,

peones asalariados, pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos. Sin

embargo, es en la década de 1950 cuando la violencia política se recrudece con

la confrontación bipartidista por el poder, hasta culminar con el acuerdo del 'Tren­

te Nacional", mediante el cual se consolida la clase política empresarial liberal y

conservadora, bajo el reparto exclusivo entre ambos de la burocracia, el produc­

to nacional, y el gobierno cada cuatro años, superando así su rivalidad interna

como clase dirigente.

Esta confrontación tuvo características especiales. La orientación ideológi­

ca la ejercían los sectores de la clase dirigente por medio de los partidos políticos

Liberal y Conservador, mientras la confrontación militar la sufrieron los esta­

mentos populares, particularmente campesinos, quienes -una vez firmado el

acuerdo bipartidista- sólo lograron un armisticio, desapareciendo luego como

protagonistas políticos.

Por último, está la cuarta etapa, de la insurrección armada. Si bien, en las

etapas anteriores, el ciclo violencia-amnistía-rehabilitación se cerraba con levan­

tamiento del estado de sitio y la vigencia del estado de derecho, libertades políticas

o sindicales, libertad de expresión, desarme de la contraguerrilla (hoy paramili­

tares), ello era resultado de demandas aceptadas por el régimen.

En el proceso insurreccional, los grupos rebeldes o guerrilleros plantean el

control ideológico, político y militar desde la perspectiva de la lucha de clases, y

por lo tanto, sus demandas no son compatibles con el régimen. Desde luego,

estas implican un cambio del régimen político, social y económico, que puede ir

desde una incorporación del sector insurgente, hasta una sustitución del régi­

men actual.

Así, frente a un eventual proceso de paz, surgen varios interrogantes. Prime­

ro, ¿hasta donde la insurgencia está dispuesta a ceder en sus pretensiones frente

[374]

ETNIA, CULTURA, TERRITORIO Y CONFLICTO ARMADO EN EL PACIFICO COLOMBIANO

al régimen o a convertirse en alternativa política de poder? ¿ hasta donde llega la

capacidad del Estado colombiano y su sistema político para transformarse, y dar

participación real a los insurgentes sin asesinarlos una vez firmado un acuerdo?

Segundo, ¿en qué situación quedaríamos los afrocolombianos en ese nuevo país,

si se tiene en cuenta que hasta el momento hemos sido invisibilizados en todas

las comisiones de negociación que el Estado y la sociedad civil han planteado

con los insurgentes? Hasta el momento, no se cuenta con los apoyos políticos y

logísticos necesarios para nuestra participación en ese tipo de decisiones, de acuer­

do con nuestras particularidades culturales.

En los últimos 60 años, en todos esos ciclos de violencia-amnistía-rehabili­

tación, hemos tenido alrededor de 50 amnistías y 60 indultos, lo cual hace

característico en el Estado una tradición política cargada de una herencia cultu­

ral de violencia, ia cual, en la actualidad, nos ha conducido al actual estado de

crisis y conflicto generalizado. En ella, los afrocolombianos, y en especial los del

Pacífico -que somos personas que persistimos en las formas dialogales y arbítra­

les para resolver cualquier tipo de diferencia, ya sean territoriales, políticas,

culturales e interétnicas- estamos llevando la peor parte, sin ser actores o promo­

tores, ni pertenecer a las cúpulas de alguno de los grupos combatientes, llámense

guerrilla, fuerzas militares o paramilitares.

LOS A F R O C O L O M B I A N O S ¿QUIÉNES SOMOS?

Aunque en el país no existen estadísticas oficiales confiables, se calcula que las

comunidades negras podríamos representar el 25% del total de la población na­

cional. En el Pacifico somos el 90 %; en la costa Caribe el 60%; en el sur del Valle,

en el norte y sur del Cauca, el 60%; el 30% del Magdalena Medio y el 65% del

Urabá. Además, tenemos presencia en las grandes ciudades como Bogotá, Me­

dellín y Cali.

ASPECTOS SOCIALES, É T N I C O S Y TERRITORIALES

El Chocó biogeográfico es una región que no sólo posee características

ambientales excepcionales, sino que también en él se encuentra una gran

[375]

RUDESINDO CASTRO

diversidad étnica y cultural. De acuerdo con el censo de 1993, está poblado por

2'082.022 personas que representan aproximadamente el 6% de la población

colombiana. En el área rural viven 1'300.000 personas que representan el 12%

de la población rural del país. Étnicamente, está representado por tres grupos

humanos, cada uno con visiones y concepciones particulares respecto al desarrollo

social y económico de la región del Pacífico. Entre estos grupos los afrocolombianos

representan el 90% de la población, los indígenas el 7% y los blancos o mestizos

el 3% restante.

La población de afrocolombianos del Chocó Pacifico biogeográfico, se en­

cuentra localizada en su mayoría en los centros urbanos de Buenaventura, Tumaco,

Guapi y de Quibdó e Itsmina en el departamento del Chocó. En las zonas rurales

se encuentran dispersos a lo largo de los ríos que conforman la región del Pacífi­

co, asentados en las partes bajas y en los diques, en donde apropian extensas

áreas para la extracción de recursos forestales, mineros, de pesca y cacería de

subsistencia, los cuales complementan con ia producción de pequeñas parcelas en

donde desarrollan una agricultura de subsistencia. Vale decir que, últimamente y

debido a la situación de orden público, el crecimiento demográfico muestra una

tendencia a la concentración de la población en los centros urbanos.

Para los afrocolombianos étnico-territoriales del Pacífico, los conceptos de

etnia, cultura y territorio, representan una relación de interdependencia. Para

ellos el territorio se define como el espacio biofísico donde se establecen o desa­

rrollan relaciones de apropiación respecto a relaciones de pertenencia, al

parentesco y al aprovechamiento de los recursos naturales.

Estas relaciones en su conjunto dan razones de una lógica cultural del terri­

torio, al interior del cual se hacen clasificaciones de acuerdo con el uso del mismo

por medio de demarcaciones simbólicas y de las prácticas tradicionales de pro-

1. Una organización étnico-territorial es aquella conformada por varias comunidades en tierra de comu­

nidades negras, que tiene un área de influencia determinada y/o delimitada en una zona tutal, en la cual sus

miembros organizados ejercen la defensa y reafirmación del territorio y de los recursos naturales, y en donde

desarrollan sus prácticas tradicionales de producción, tituladas o susceptibles de ser tituladas colectivamente.

Es un espacio social y culturalmente construido, multifuncional, cuya definición implica una comunidad y no

un individuo o grupo de individuos que se dedican a una u otra actividad. Es una organización cuya legitimi­

dad puede ser múltiple (ancesttalidad, mitos de origen, economía, política, etc.). En este contexto, los asociados

renacen con sus terrirorios y, por lo tanto, no son simples campesinos sino reconocidos como pueblos con un

tetritorio propio, en donde consttuyen y recrean su propia cultura y sus planes de vida de acuerdo con las

enseñanzas de su experiencia histórica, a sus potencialidades territoriales y a sus propios valores.

[376]

ETNIA, CULTURA, TERRITORIO Y CONFLICTO ARMADO EN EL PACIFICO COLOMBIANO

ducción de acuerdo con las épocas. Estas dinámicas responden también a estra­

tegias para apropiarse del territorio, como la extensión demográfica reflejada en

la gran familia extendida. Otro elemento característico de este grupo étnico es la

forma de producción del conocimiento o saber tradicional, el cual se constituye

por su génesis en un valor cultural al servicio de la comunidad.

Como ya se mencionó, una característica fundamental de los afrocolombia­

nos del Pacífico, son sus formas de resolución pacífica de sus conflictos políticos,

sociales, territoriales e inter-étnicos. Nosotros privilegiamos las formas dialoga­

les de resolver nuestros conflictos, lo cual, hasta hace poco, nos había constituido

en un laboratorio de paz y convivencia pacífica; puesto que en el resto del país,

día a día los contradictores privilegian la amenaza y el asesinato como medio de

resolver sus disputas.

No obstante esta trayectoria de convivencia pacífica, durante los últimos 7

años han penetrado a la zona agentes externos que están acabando con las for­

mas dialogales y culturales de resolver nuestras diferencias, poniendo en peligro

nuestra identidad cultural y la permanencia en el territorio.

Por otra parte, sentimos que una forma de violencia que nos afecta, consiste

en las condiciones materiales, culturales y espirituales de existencia de los afro-

colombianos del Pacífico, región caracterizada por ser marginal y marginada, y

vulnerable económicamente debido a los efectos de la economía extractiva. Ade­

más, es dependiente políticamente de las regiones circunvecinas como Antioquia,

el eje cafetero y el Valle del Cauca.

Es, igualmente, una zona marginada de los beneficios del "bienestar",

situación que se traduce en que el nivel de su calidad de vida -expresado en

términos de pobreza, inequidad, violencia, discriminación, debilidad de su capital

humano y fragmentación del tejido social- sea uno de los más críticos que presenta

la población colombiana.

La inequidad general a la que está sometida la comunidad afropacífica, se ve

reflejada en las condiciones de su existencia. Así, por ejemplo, en la educación,

el analfabetismo alcanza un 43% en la zona rural y 20% en la zona urbana, el

doble del promedio nacional [Presidencia de la República 2000]. Por su parte,

la cobertura de la educación primaria es de 60% en las áreas urbanas y 4 1 % en

las áreas rurales, cuando el promedio nacional es del 87% y 73% respectivamen­

te. En la región por cada 100 jóvenes afrocolombianos que terminan la secundaria

sólo dos ingresan a la universidad; el 95% de las familias no pueden enviar sus

[377]

RUDESINDO CASTRO

hijos a la universidad por carecer de recursos, y la calidad de la educación secun­

daria es inferior en un 40% respecto a otras regiones del país.

También, es la región con mayor índice de pobreza y de necesidades básicas

insatisfechas, NBI. En cuanto al promedio de calidad de vida y de desarrollo hu­

mano se encuentra por debajo del promedio nacional. La taza de mortalidad

infantil muestra diferencias superiores al 10% con respecto al promedio del país

(200 por 1.000). A su vez, la esperanza de vida es inferior en un 20% respecto al

promedio nacional. El patrón epidemiológico de esta zona se caracteriza por una

morbilidad y una mortalidad de alta incidencia con prevalencia de enfermeda­

des transmisibles como la tuberculosis, el paludismo, la infección respiratoria

aguda y la enfermedad diarréica aguda. Presenta, además, un marcado déficit en

los servicios de agua potable, saneamiento básico, sistemas de recolección y ma­

nejo de desechos sólidos.

De la situación económica se puede decir que en la comunidad afropacífica se

encuentran maximizadas las condiciones de inequidad. El 80% de esta población

vive en extrema pobreza, lo cual no le permite el cubrimiento de necesidades bási­

cas. El ingreso per cápita está tres veces por debajo del promedio nacional, y el

74% recibe salario inferior al promedio legal. En 1993, el nivel de pobreza alcanzó

el 78.4% de la población, frente a un nivel promedio de 37% en todo el país.

El desarrollo y cumplimiento de acuerdos, leyes, decretos y convenios para

proteger y mejorar la calidad y el nivel de vida de estas comunidades ha sido muy

escaso y precario. Igualmente, la garantía y los mecanismos para la participación

en el diseño de proyectos socioeconómicos en esta región son prácticamente

inexistentes, lo cual ha impedido fortalecer la identidad cultural, la capacidad

organizativa y la autogestión.

En particular, los afrocolombianos del Chocó han venido sufriendo el des­

plazamiento forzoso de sus tierras a causa de los violentos que han llegado a raíz

del conflicto armado. Especialmente, en el río Baudó tenemos más de 4.000 fa­

milias desplazadas; mientras que varios líderes del proceso organizativo del

Consejo Comunitario General del Río Baudó han sido asesinados, y otros se

encuentran huyendo por haber sido declarados objetivo militar por paramilita­

res y guerrilleros. Es así como, en la situación particular de Colombia, las

comunidades negras constituyen uno de los sectores en condiciones de más alto

riesgo, y en las que sus derechos fundamentales, políticos, sociales, económicos

y culturales son más vulnerados impunemente.

[378]

E T N I A , C U L T U R A , T E R R I T O R I O Y C O N F L I C T O A R M A D O EN EL P A C I F I C O C O L O M B I A N O

La existencia de derechos consagrados en la Constitución, la ley y en diver­

sos instrumentos del derecho internacional, no han estado acompañados de la

voluntad del Estado, ni por la adopción de mecanismos de garantía que permi­

tan a los afrocolombianos la protección y el pleno disfrute de sus derechos.

Las profundas desigualdades económicas y sociales entre los afrocolombia­

nos y el conjunto de la sociedad son muestra de la discriminación racial. La falta

de información sobre la situación de los derechos de estas comunidades, la co­

rrupción y la impunidad se constituyen en serios obstáculos para el ejercicio de

los derechos humanos de los afrocolombianos.

Según se vayan consolidando las políticas estatales, el poder de los inversionis­

tas nacionales y extranjeros, el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo en áreas

de asentamientos de afrocolombianos, especialmente en el Pacífico, la situación

del conflicto crecerá y se ampliará. Atrapados en una maraña de intereses y dispa­

ros, a los afrocolombianos y a sus organizaciones, les cobran en vida y en sangre el

costo de tener derechos territoriales en el país que hemos ayudado a construir.

Con profunda preocupación, enfrentamos permanentemente crisis huma­

nitarias producto de la guerra en el Pacífico y de un masivo desplazamiento de

miles de campesinos provenientes de numerosas comunidades del Alto Baudó,

tras las amenazas de muerte proferidas por los paramilitares de las Autodefensas

Unidas de Colombia.

Este desplazamiento ha afectado, por citar un caso, a todos los 6.000 habi­

tantes de las veredas, corregimientos y cabecera municipal de Pie de Pato. Los

campesinos fueron obligados a abandonar su territorio en el término de 24 horas

bajo la amenaza de que quien permaneciera en la zona, sería asesinado, justo

cuando los baudoseños habíamos conseguido el último título colectivo de 174

mil hectáreas. Coincidencialmente sucedió lo mismo en el Medio Atrato con la

entrega de un titulo colectivo por 700.000 has.

Otro caso de desplazamiento masivo fue el de 4.000 afrobaudoseños que, des­

pués de tres meses de estar en Quibdó hacinados y en precarias condiciones de

sanidad y alimentación evocando los días de la trata de esclavos, tomaron la deci­

sión de regresar a sus territorios sin ningún tipo de garantías por parte del Estado.

De nuevo en sus tierras no encontraron sus animales, las cosechas se perdieron,

las canoas (único medio de transporte) desaparecieron, los sembrados se amon­

tonaron y murieron. Es decir, pasaron de un estado de pobreza relativa a uno de

miseria total. Nunca alguna entidad del Estado colombiano dio respuesta a los

[3791

RUDESINDO CASTRO

acuerdos de reactivación económica, según la propuesta "Faros agroecológico y

sus unidades familiares productivas sostenibles", presentada por los desplazados

como estrategia no sólo de producción si no de recomposición del tejido social,

de resistencia pacífica en el territorio y de sostenibilidad ambiental.

Así pues, estamos entre la espada y la pared. El territorio del Alto Baudó

está dividido militarmente: la parte media y baja por el paramilitarismo autode­

nominados denominados, AUC, y la parte alta por los insurgentes de las FARC y

ELN. No se permite la movilidad libre de embarcaciones con alimentos, combus­

tible, ni el transporte de los habitantes nativos.

A pesar de esta grave crisis humanitaria, persistente hasta hoy, las institucio­

nes estatales no han asumido con la responsabilidad y la eficacia que se requiere,

la atención digna de estas personas, como se demuestra con:

• La ausencia total del Estado colombiano en la zona origen de la crisis.

• La falta de presencia para suplir las necesidades mínimas en salud, alimenta­

ción y alojamiento de las personas que aún permanecen huyendo.

• La negligencia y la falta de eficacia de las instituciones y organismos del Es­

tado en las ciudades de Quibdó e Itstmina. No obstante numerosas reuniones

de coordinación interinstitucional, y se han tomado algunas medidas, las ayu­

das han sido insuficientes para dar respuesta a las necesidades más urgentes

que la población está demandando.

CONCLUSIONES

1. Los indicadores socioeconómicos de los asentimientos de los afrocolom­

bianos son los más bajos del país. Históricamente los afrocolombianos hemos

contribuido significativamente a la construcción económica de la Nación, y

sin embargo, las retribuciones e inversión estatal son mínimas y deficientes.

La situación de pobreza y de desigualdad económica y social limitan el ejer­

cicio pleno de los derechos.

2. En el mapa de la violencia del país y en los análisis e interpretaciones que al

respecto se hacen, el componente étnico no está contemplado. Varias zonas

de asentamiento de comunidades negras urbanas y rurales figuran dentro de

las más violentas del país y en las que más se viola el derecho a la vida.

[380]

ETNIA, CULTURA, TERRITORIO Y CONFLICTO ARMADO EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

3. Por su importancia económica y estratégica, las áreas en las que están asen­

tados los afrocolombianos son presionadas por planes y políticas de

desarrollo, la apertura de vías de penetración, procesos de colonización, im­

plementación de grandes proyectos turísticos y agroindustriales, concesión

de permisos y licencias de aprovechamiento de recursos naturales, que en

conjunto generan perdidas territoriales a las comunidades negras, especial­

mente las del pacífico colombiano. La explotación de los recursos naturales

en las comunidades afrocolombianas y los conflictos derivados por estas

constituyen una amenaza permanente a los derechos de las comunidades y

ponen en riesgo la vida de los pobladores y de los miembros de las organiza­

ciones comunitarias.

4. El sistema educativo y la educación que se imparte en áreas de asentamiento

de afrocolombianos no corresponden con su realidad, no fortalecen su iden­

tidad, ni el conocimiento de su historia.

5. La formulación de políticas y la intervención institucional en asentamientos

de comunidades negras no han tenido en cuenta las particularidades cultu­

rales de los pobladores, y han contribuido, más bien, al erosionamiento de la

entidad cultural de estas comunidades.

6. La igualdad está consagrada en la constitución y en la ley colombiana; sin

embargo, respecto a las comunidades negras existen diferencias de trato y

de oportunidades que se constituyen en obstáculos poderosos para el acce­

so y disfrute pleno de sus derechos.

Sin embargo, del fondo de esta misma crisis han surgido fuerzas sociales con alto

nivel de organización. Por medio de consejos comunitarios y sus propiedades

colectivas, tratan de elaborar una forma diferente de ver la región, que proyecte

su propio modelo de desarrollo, como una única esperanza para la continuidad

de su existencia. Se destacan los "Faros agroecológico y sus unidades familiares

productivas sostenibles, UFPS", como estrategia no sólo de seguridad alimenta­

ria si no de recomposición del tejido social, de conservación de la biodiversidad

y de resistencia pacifica en el territorio.

EN CONSECUENCIA:

1. Frente al Estado Colombiano:

[381]

RUDESINDO CASTRO

• Exigimos el respeto a los procesos organizativos de las comunidades negras que

luchan por la reivindicación de sus derechos étnicos, territoriales, sociales.

• Que en nuestra región, por la posición geoestratégica que tiene y por los prin­

cipios autónomos de las comunidades basados en sus tradiciones culturales,

no se aplique ni se consideren las políticas e intenciones planteadas en el Plan

Colombia, y más bien se consulte y concerté con las comunidades qué tipo de

acciones se van a plantear dentro de sus territorio, teniendo en cuenta los pla­

nes de etnodesarrollo elaborados por los Consejos Comunitarios.

• Exigimos que el Estado cumpla con su deber constitucional y legal de de­

fender la vida honra y bienes de los ciudadanos, lo mismo que de la protección

de los derechos humanos y de los pueblos.

2. Frente a los organismos intergubernamentales y cuerpo diplomático:

• Exigimos que asuman el compromiso de hacer las denuncias de todos los

problemas que viven nuestras comunidades.

• Exigimos que su cooperación económica en nuestros territorios se haga a

través de los Consejos Comunitarios y/o sus organizaciones.

• Que realicen un acompañamiento permanente o periódico a las comunida­

des que se encuentren en riesgo de desplazamiento o que han retornado a

sus territorios, para verificar la situación en que se encuentran y emitir su

pronunciamiento.

• Hacer recomendaciones al gobierno nacional para que cumpla con el respe­

to a los derechos humanos y de los pueblos y se realicen inversiones sociales

concertadas y consentidas por las comunidades.

• Que las embajadas de los diferentes países acreditados en Colombia sigan

apoyando el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios para fortalecer la

autonomía de los pueblos existentes en esta región. Reconocemos y agrade­

cemos la ayuda política y económica que algunos países nos han brindado.

• Difundir en el contexto internacional la problemática de los pueblos afroco­

lombianos, de tal manera que se conozca nuestra realidad más allá de nuestras

fronteras nacionales para obtener la solidaridad de otros países pueblos y

organizaciones.

• Establecer comunicación directa con los Consejos Comunitarios para brin­

dar mayor eficacia y veracidad a la difusión de nuestros problemas.

[382]

ETNIA , C U L T U R A , TERRITORIO Y CONFLICTO A R M A D O EN EL PACIFICO C O L O M B I A N O

• Generar apoyo nacional e internacional para que en la nueva ley de

Ordenamiento Territorial, los derechos de los afrocolombianos sean

equiparados a los de los otros grupos étnicos del país, especialmente en la

transformación de los consejos Comunitarios a Entidades Territoriales

Afrocolombianas, ETAS.

3. Frente al conflicto armado:

• Exigimos de los actores armados el respeto a la vida, dignidad y autonomía

de los consejos Comunitarios y procesos organizativos en sus territorios.

• Exigimos que todos los actores armados no hagan presencia en nuestras

comunidades.

• Que no involucren a la población civil en el conflicto y se respeten los regla­

mentos internos de los Consejos Comunitarios, así como los derechos étnicos

de los pueblos negros.

Finalmente, convocamos a quienes de una u otra forma creemos en la justicia

social, en una democracia que permita la libertad con igualdad social étnica y

cultural, para procurar una sociedad mundial en donde quepamos todos y se

respete la diversidad cultural, el libre desarrollo de los pueblos y en particular la

dignidad de la vida humana.

Somos ustedes y nosotros quienes tenemos la responsabilidad histórica de

construir una sociedad diferente yjusta donde el bien común sea también el bien

individual, y en donde el valor de la vida esté por encima de los valores e intere­

ses económicos. Es decir, donde la vida no esté al servicio de la economía e

intereses individuales, sino de la economía construida al servicio de los seres

humanos.

Confiamos en la solidaridad de todos y en el compromiso político para im­

pulsar nuestras propuestas y procurar el desarrollo de las mismas de tal manera

que, en el futuro, nuestra conciencia nos pueda decir que hicimos lo correcto,

como parte de la responsabilidad histórica con nuestros pueblos, la sociedad y

con nosotros mismos.

[383]

RUDESINDO CASTRO

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[384]

LA GUERRA Y SU IMPACTO SOBRE

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL CAUCA

JOSÉ D O M I N G O G A L D Ó N

ADALID DE LA ETNONACIÓN COCONUGA, CAUCA

I N T R O D U C C I Ó N

Según datos no oficiales provenientes de distintas fuentes se estima que en el

Cauca somos doscientos mil indígenas pertenecientes a ocho pueblos diferen­

tes, y localizados en regiones igualmente distintas. Los más numerosos son los

paeces, pero también en cantidad son significativos los Guambíanos, los Epera-

ras en la costa pacífica, los Ingas localizados hacia el sur en la denominada bota

caucana, los Yanaconas al sur del departamento, y nosotros los Coconucos, quie­

nes habitamos la parte central, cerca a Popayán, centro de la élite dominante.

El departamento del Cauca es rico en su diversidad étnica y cultural. Ade­

más de la presencia indígena, existe una gran población de personas no sólo

afrocolombianas sino campesinas, las cuales, se considera, corresponden al 80%

de la población.

Respecto al impacto de la guerra en las comunidades indígenas, considera­

mos que sus causas provienen no de tiempos recientes, sino de quinientos años

atrás y producto de la imposición de modelos culturales ajenos no sólo a los indí­

genas, sino a toda la población. Por esto, pensamos que también la imposición de

[385]

JOSÉ DOMINGO GALDÓN

modelos territoriales, económicos, políticos, educativos y de salud, ha sido un

factor de desintegración de la vida social y cultural de nuestros pueblos.

Para nosotros, el llamado modelo neoliberal o de apertura económica y pri­

vatización, que ha venido sucediendo, hoy tiene un efecto muy grande sobre la

población en general. Sin embargo, específicamente, el impacto del conflicto ar­

mado se relaciona con la imposición de esos modelos, los cuales sólo han

beneficiado a unas minorías y que, además, degradan el territorio, la tierra, y no

tienen en cuenta para nada la existencia del ser humano. Así, los principales efec­

tos tienen que ver con la imposibilidad de la población menos favorecida de cada

una de las regiones para acceder a mejores condiciones de vida, y la generación

de mayor acumulación justo en las zonas donde la guerra se desarrolla con más

intensidad. Desde nuestro punto de vista este es un interés de carácter mundial

muy bien asimilado por quienes siempre han estado en el poder.

EL TERRITORIO

Consideramos aquí varios aspectos que a nuestro parecer inciden en gran medi­

da en la lucha por la pervivencia como pueblo. En primer lugar está el problema

territorial, el cual desde tiempos inmemoriales ha estado presente en las luchas

de los indígenas. La lucha por la tierra ha sido una razón válida no sólo para las

comunidades indígenas sino para todos los seres en el mundo, llámense comuni­

dad indígena, comunidad negra, comunidad urbana o, sencillamente llámense

comunidad de hormigas: si no existe el territorio, ¿en dónde vamos a vivir?

De tal manera, el territorio para los pueblos indígenas es la base de la subsis­

tencia y por eso la denominación de nuestra madre tierra, como dicen los indígenas

en Colombia, o como dicen los hermanos Kunas en Panamá, nuestra Pacha-Mama,

puesto que de ella recibimos nuestro sustento. Pero este concepto de territorio

tiene diferencias muy grandes frente a otros, y ello seguramente puede ser un

elemento enriquecedor desde el punto de vista de su conceptualización. Sin

embargo, en la práctica también se presentan diferencias importantes.

Los pueblos indígenas siempre han considerado que la tierra no tiene pro­

piedad privada. Creo que este es un concepto y una práctica que compartimos y

vivimos todos los pueblos indígenas no sólo del Cauca, sino del todo el país,

incluso de Latinoamérica y porque no decirlo, también de las comunidades Afro-

[386]

LA GUERRA Y SU IMPACTO SOBRE LAS C O M U N I D A D E S INDÍGENAS DEL CAUCA

colombianas. Es como si paseáramos por algún parque de Bogotá, que no co­

nozco, pero en el que seguramente hay algunas sillas en donde descansar. Son de

todos pero de ninguno en particular.

En ese sentido el territorio es colectivo, es comunitario, se entrega en usu­

fructo y el trabajo allí realizado se hace aprovechando la riqueza que contiene.

Sin embargo, la concepción de quienes gobiernan está limitada al establecimien­

to de unos linderos o límites. A los pueblos indígenas les ha tocado, después de

la lucha por el reconocimiento de sus territorios, ir mucho más allá, porque com­

prenden que el territorio tiene que ver con el habitat social, económico y cultural.

Incluso, en términos de la convivencia y del desarrollo de un Estado de derecho

ha sido necesario recurrir a mecanismos jurídicos, como ha sido el caso del reco­

nocimiento legal de los resguardos indígenas. Esta figura, surgida desde 1890, se

ha venido consolidando hasta su inclusión en la Constitución Política de 1991,

en la cual no sólo se les ha dado un pisojurídico, sino que han sido jerarquizados

en función del propio desarrollo de la Constitución.

No obstante, aquí se presentan intereses particulares. Hay un interés del

Estado colombiano y de los países desarrollados -porque suponemos que ellos

ya han acabado con todos sus recursos naturales de la biodiversidad y con segu­

ridad sus reservas hídricas ya escasean- por regiones como el Pacífico, la

Amazonia y otros territorios de Latinoamérica. Bastaría con recordar porqué fue­

ron declaradas la Amazonia y el Pacífico como "pulmones" de la tierra.

Por ello, creo que el mundo desarrollado tiene puestos sus ojos sobre territo­

rios en los cuales específicamente puedan explotar recursos naturales. Así, una razón

fundamental de la guerra es la lucha por esos territorios. También creo, sin lugar a

equivocarme, que nuestros dirigentes están buscando mecanismos para entregar

los recursos del país, por medio de los distintos tratados de libre comercio y de los

acuerdos de cooperación económica internacional que el gobierno está realizando.

Y aquí, un aspecto central a considerar es cómo, a nombre del desarrollo, se pre­

tenden desconocer -en el caso indígena- los avances en cuanto al reconocimiento

de resguardos y territorios, y en el caso de las comunidades negras, la aplicabilidad

de la ley 70 de 1993, en detrimento de los grupos étnicos de las distintas regiones.

Lo anterior es evidente cuando, en nuestro caso, por lo menos desde hace

seis años no se ha entregado un solo predio para constitución de resguardos,

precisamente porque esa es una de las figuras que entorpece la posibilidad de

explotación de los recursos naturales existentes en estos territorios.

[387]

IOSE DOMINGO CALDON

También, hay que mencionar cómo la construcción de grandes obras de

infraestructura afecta los territorios indígenas. En nuestro caso, en la zona sur-

occidental del departamento, en el municipio de Morales, hace unos 15 ó 16

años se construyó la represa "La Salvajina" en territorio indígena y campesino,

con el propósito de producir agua y energía. Se tenía la idea de que toda la región

iba a estar muy bien surtida de energía; pero lo cierto es que la mayoría de la

gente que habita alrededor de la represa todavía alumbra con velas y solamente

ven pasar las cuerdas. Esto es un ejemplo que nos indica cómo la construcción

de grandes obras no son para el desarrollo de la comunidad, ni para su beneficio

directo. Más bien, degradan la tierra y no representan ganancias ni aprovechamiento

alguno para la gente que allí habita. Basta recordar también la construcción de la

represa de Urrá en Córdoba, por la cual se inundó un gran territorio perteneciente

a comunidades indígenas y campesinas quitándoles prácticamente la subsistencia

que fuera el río Sinú. Hoy lo que existe es un enfrentamiento gravísimo entre las

mismas comunidades y, además, un gran desplazamiento.

Entonces, creo que existe una política del Estado en términos legales y de

construcción de obras, que provocan ahora la expulsión de la gente del campo

hacia la ciudad, al contrario de la época de la colonización en la cual las ciudades

expulsaban la gente hacia el campo. Pero al mismo tiempo que constatamos el

interés por parte del Estado y de los pueblos indígenas por reafirmarse en sus

territorios, también nos encontramos con otro actor, producto de la situación

social, económica y política del país, en el que por demás no existen posibilida­

des para la oposición o, incluso, de cambios desde el punto de vista democrático.

Lo que hemos visto aquí son más bien ejercicios de lucha por reivindicacio­

nes especificas. No obstante, en nuestro caso, después de treinta años de lucha, y

luego de realizar un balance de las conquistas alcanzadas, con muchos sacrifi­

cios, más de quinientos compañeros líderes han sido asesinados. Y si miramos

toda la organización social, lo mismo ha sucedido con los compañeros campesi­

nos, cuya organización -acaso una de las más importantes en Colombia durante

la década de los años de 1970- hoy no existe, y en la práctica liquidada física­

mente. A su vez, observando al mundo obrero, hoy en día persiste una guerra

declarada contra el sindicalismo y sus principales líderes. Si miramos también

las luchas de la oposición política, cabría preguntarse qué pasó con la UP, la Alianza

Democrática M-19 y Esperanza, Paz y Libertad, que si no liquidadas totalmen­

te, no existen políticamente. En Colombia no ha existido y no existe una

[388]

LA G U E R R A Y SU I M P A C T O SOBRE LAS C O M U N I D A D E S I N D Í G E N A S DEL C A U C A

mentalidad de equidad, desde el punto de vista del diálogo, la negociación y de

la concertación política.

En Colombia se presentan condiciones para que se den diversas formas de

lucha. Así, observamos el desarrollo y crecimiento de grupos armados político -

militares, como las FARC -con una presencia territorial importante en el Cauca- y

el ELN con menor presencia regional. Su concepción sobre el territorio es

absolutamente contraria a la nuestra. Para ellos el territorio es el país y ven a los

territorios indígenas como islas, casi como los vería el Estado mismo. Además, si

se trata de construir Estado, no cabrían ghettos o naciones dentro de la Nación.

Nosotros como indígenas no planteamos separarnos del país, ni del departamento.

Yo soy de la vereda de Guare, del municipio de Puracé y quiero a mi municipio,

quiero a mi departamento, quiero a mi país, pero lo que no quiero es este modelo,

y esas formas de imposición de las cosas.

No es cierto el argumento estatal según el cual nosotros queramos separar­

nos, o constituirnos como naciones aparte, o que no queramos el desarrollo para

el país. Recuerdo una conferencia del señor Juan Meyer, Ministro de Medio

Ambiente, en la que decía que en Colombia había cuarenta millones de colom­

bianos y que en el territorio U'wa 17 familias estaban peleando por la explotación

de un pozo petrolero. Pero qué prevalecía más, si esas familias o los cuarenta

millones de colombianos. Por supuesto, pienso que esa no es la discusión, sino el

sentido que los indígenas damos al aprovechamiento y a la explotación de nues­

tro territorio y sus riquezas; siempre y cuando se busquen mecanismos para evitar

impactos culturales y económicos que degraden la convivencia y el territorio.

AUSENCIA ESTATAL, REFORMA AGRARIA

l L U L 1 1 V U 5 1 L 1 U 1 U 5

Aquí nos encontramos con un nuevo elemento producto del abandono estatal.

Nosotros sentimos una ausencia total de políticas agrarias. Así, en la medida en

que no existe una política de Estado sino políticas de gobiernos de turno, no es

posible que exista una reforma agraria que realmente contribuya a la distribu­

ción equitativa de la tierra, y que tenga relación con lo que nosotros denominamos

una reforma agraria integral. Que no sólo plantee la entrega de la tierra, porque

es como si ustedes vinieran con el cuaderno pero sin traer el lápiz. La reforma

[389]

JOSÉ DOMINGO GALDÓN

que necesitamos tiene que ver con la educación, la salud, la vivienda, el mejora­

miento de vías, los créditos, los subsidios para las cosechas, etc. No sacamos

absolutamente nada con recibir tierras únicamente y acordar programas de pro­

ducción, si en últimas terminamos como los campesinos, más endeudados que

antes.

Por ello, la gente ha recurrido a otros mecanismos porque si bien es cierto

que la producción de papa o fríjol pueden ser rentables, en el Cauca estamos

invadidos de la papa proveniente del Perú y Ecuador, resultado de la apertura

económica. Así, la gente que podría producirla ya no la está sembrando, sino que

recurrió a la siembra de la coca, teniendo en cuenta que, en el caso indígena, su

cultivo no es ilícito, sino que hace parte de la vida cultural. El problema no es de

los indígenas. Hubo un tiempo en que ellos lucharon para que ese elemento cul­

tural no se acabara, y de ahí surgió una ley que permitía tener un determinado

número de matas de coca en la huerta. Después vino el problema de no poder

vender su cebolla o su papa y demás cultivos a precios reales y por tanto recu­

rrieron a la siembra de la coca y, posteriormente, de la amapola.

Esta última también ha traído consecuencias negativas para las comunida­

des y la región, puesto que como cultivo ilícito ha sido apoyado por gentes

extrañas, o externas a las comunidades, e incluso por los movimientos insurgen­

tes. Tenemos que decir que tanto las FARC como los paramilitares ayudan a su

promoción e incentivan los cultivos. De alguna manera, ia ausencia estatal y la

política de erradicación de los cultivos ilícitos han contribuido con los proble­

mas de la región. Por nuestra parte, somos conscientes que su siembra genera

serias consecuencias tanto para la tierra y para nuestra cultura, así como para la

gobernabilidad. Pero no existe otra alternativa, a pesar de compromisos, plantea­

mientos y propuestas de las mismas comunidades sobre cual debería ser el

mecanismo de su erradicación. El gobierno ha manifestado el apoyo, pero no ha

cumplido con su palabra.

LA LUCHA POR LA IDENTIDAD Y LA GUERRA

Otra problema es el de la identidad y el conflicto ideológico tanto con el Estado

como con los grupos insurgentes. El movimiento indígena lucha por su persisten­

cia como pueblo, por conservar muchos elementos y valores culturales -el idioma

[390]

LA GUERRA Y SU IMPACTO SOBRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA

por ejemplo - importantes no sólo para las propias comunidades sino para todo el

país. Pero también lucha por la cohesión de los pueblos indígenas. En esto tene­

mos una gran divergencia con el Estado, relativa al sentido de la homogenización.

Se pretende que volvamos a la época anterior a 1991 cuando este país se conside­

raba homogéneo, pero en realidad era totalitario, y en el que no existían

particularidades de ninguna naturaleza. Cuando se habla, por ejemplo, de regíme­

nes especiales de salud o de educación, recuerdo que el ministro del medio ambiente

decía que en Colombia no debería haber privilegios. Por el contrario, pensamos

que en el caso indígena no se trata de privilegios sino de diferencias culturales. Por

su parte, los movimientos armados también insisten en una orientación e inciden­

cia política e ideológica. Especialmente los "farianos" dicen que los asuntos del

trabajo indígena, negro y de las mujeres son elementos distractores de la lucha por

el cambio, porque todos somos sectores populares y, por tanto, no debe haber dife­

rencias. En parte pueden tener razón, pero el que todos seamos iguales como

sectores populares no nos exime de nuestras luchas por preservar los elementos

culturales de cada uno de los pueblos.

Con el gobierno, porque si bien es cierto que existe un ordenamiento jurídi­

co, también existen unas prácticas cotidianas de cada pueblo en razón a que en

cada parcialidad, en cada resguardo, en cada comunidad existe un gobierno pro­

pio llamado cabildo. Este ha venido consolidándose y no admite presencia e

incidencia ni de la iglesia, ni de los partidos políticos tradicionales, ni de los

movimientos armados que quieren incidir dentro de la jurisdicción especial in­

dígena o en problemas propios de las comunidades, pero que sólo ellas tienen

que resolverlos.

Otro aspecto relacionado, es la consolidación de las luchas que se vienen

dando desde hace mucho tiempo en torno a la autonomía de los pueblos indíge­

nas. Se trata de una lucha vital en la que se ha venido ganando legitimidad nacional

e internacional. Es el caso del convenio 169 de la OIT, reconocido por Colombia

mediante la Ley 21 de 1991. Se trata del reconocimiento a los pueblos del dere­

cho a definir y a construir su propio destino. Es decir, nuestro destino no nos lo

va a quitar nadie, lo construimos nosotros mismos. Eso no significa que estemos

cerrados a compartir y recoger muchos elementos de la vida occidental o de otras

culturas que enriquezcan nuestra propia cultura. En tal sentido, aparece de nue­

vo la apreciación del Estado según la cual los indios quieren aislarse o quieren

conformar naciones propias en determinados territorios, y sobretodo en regio-

[391]

)OSE DOMINGO GALDÓN

nes como la Amazonia en donde son millares de hectáreas como es el caso del

resguardo en Mitú, en el Vaupés, cuestionando la autonomía que como resguar­

do tienen los indígenas. Por supuesto, el problema no es de la definición cultural,

sino de las riquezas económicas y de la biodiversidad que existe en esos territo­

rios. Así, el Estado quiere liquidar el asunto de la autonomía y el control territorial.

Por tanto, creemos que la situación social, económica y política resultado de la

imposición de modelos, de la discriminación social, de la falta de oportunidades,

es muy complicada y muy grave. Diría entonces, que su impacto es el que genera

los actores de la guerra y sus consecuencias.

Las tomas violentas a los pueblos por guerrilleros o paramilitares, -y noso­

tros no discutimos si lo están haciendo con armas convencionales o no- , son un

acto de guerra. Y desde luego, es la población civil la mayor afectada. Y si habla­

mos del Derecho Internacional Humanitario, ¿qué decir si los puestos de policía

están en el centro del pueblo? ¿Acaso la protección de los puestos de policía no

son las mismas casas de la gente? Muchos puestos de policía y del ejército son

construidos sobre las casas de los compañeros o sobre escuelas comunitarias.

Pero eso lo practican unos y otros. Otro problema son los enfrentamientos que

se presentan en los territorios indígenas en donde quien realmente lleva del bul­

to, como decimos nosotros, son nuestros compañeros. La guerrilla enfrenta al

ejercito y se va. Luego el ejército llega y coge a los indígenas, y por el solo hecho

de andar con botas ya son guerrilleros. Entonces los matan, les ponen un unifor­

me camuflado y los presentan como subversivos. Varios has sido los cadáveres

que nuestros compañeros gobernadores han reclamado como guerrilleros, cuando

en realidad han sido compañeros indígenas, gobernadores o integrantes de ca­

bildo.

De la misma manera actúan los paramilitares, y por tanto uno no entiende

realmente en qué se diferencian. Hay quienes dicen que el movimiento indígena

se equivoca en el asunto de la autonomía y en el asunto de la guerra. En nuestro

caso, denunciamos a quien sea. Pero entonces, allí preguntan: ¿al fin los indios

de qué lado están, son neutrales? Nosotros hemos dicho, en el caso del Cauca,

que no somos neutrales. ¿Quién de ustedes es neutral cuando alguien distinto

entra a su casa, a dañar su organización interna, o a poner su cama, su escritorio

y su computador en otro lado? ¿Esto a quién le gusta y cómo va a ser neutral? En

nuestro caso, nuestra casa es nuestro resguardo y nosotros no somos neutrales

ante ello y por eso es nuestra pelea.

[392]

LA GUERRA Y SU IMPACTO SOBRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA

Existen sin duda otra gran cantidad de problemas derivados de la situación

de guerra. Uno muy serio es la cantidad de lugares minados que hay. Han sido

demasiados los indígenas muertos o mutilados por las minas que dejan uno y

otro bando. Otro aspecto es el del reclutamiento. Esto no sólo se le ha peleado al

gobierno, sino también a los movimientos insurgentes. Hace ya tiempo que los

indígenas pelearon y creo que acordaron con la columna Simón Bolívar que los

indígenas no iban a pagar más servicio. Los indígenas cuando quieren hacerlo

voluntariamente se van, pero cuando no quieren, no lo hacen. Cuando se paga

servicio militar o se está en la Policía algo distinto se aprende. Y luego llega con

elementos y conceptos distintos a los de la comunidad; y por el hecho de que se

haya puesto un uniforme oliva y que haya andado con armas ya quiere venir a

ponerse de autoridad al cabildo.

Si los muchachos se fueran conscientes a la guerrilla no habría discusión. El

problema es que la gente no tiene ni idea para qué coge un fierro. Muchas veces se

van porque no hay tierra donde trabajar, porque hubo maltrato por la familia, por­

que fueron castigados por el cabildo, o porque simplemente llegó la guerrilla o los

paramilitares y el muchacho se enamoró de la muchacha o viceversa y se fueron. Es

un problema mayor cuando son menores de edad. Los indígenas caucanos siem­

pre pelean y cuando se llevan los muchachos, los indios se organizan en comunidad,

en minga y se van detrás de la guerrilla a recuperar los muchachos.

LA CONVIVENCIA

Finalmente, existe otro elemento que tiene que ver con las posibilidades de con­

vivencia. Realmente el movimiento indígena y el movimiento campesino han

buscando mecanismos y espacios de construcción de un Cauca posible para to­

dos. Hemos planteado alternativas respecto al problema agrario, la producción,

la erradicación de cultivos ilícitos. Cuando se anunció el plan Colombia fuimos

los primeros en plantear alternativas, lideradas por nuestro gobernador Floro Al­

berto Tunubalá. Con nuestras marchas, movilizaciones y denuncias permanentes,

logramos conformar el Bloque Social Alternativo, participar en las elecciones y

llevar a Floro a la gobernación. Pero créanme compañeros que este proceso ha

sido muy complicado. Después de ciento cincuenta años de gobierno de los parti­

dos tradicionales del Cauca, y de haber sido la cuna de 17 presidentes, pudo llegar

[393]

JOSÉ DOMINGO CALDON

a la gobernación un indio patirrajao oliendo a cebolla, como lo decían los de la

casta de Popayán. Más difícil aún, ha sido encontrar una serie de leyes prefabrica­

das que no permiten invertir ningún recurso, porque ya están destinados a pagar

deudas y, por supuesto, no hay dinero para inversión social. Así, al gobernador le

ha tocado buscar posibilidades de apoyo político y económico. Es decir, también

él encontró la casa de administración con las sillas y mesas patas arriba y las ollas

raspadas ¡y no solo raspadas sino rotas!

Por último, también hay que denunciar la lucha descarada de los poderes de

los partidos tradicionales por recobrar la gobernación. La dirigencia de los com­

pañeros campesinos del CIMA, de los compañeros profesores, de los compañeros

indígenas, incluso el gabinete del Gobernador han sido amenazados. Este es un

claro ejemplo del enorme impacto del conflicto armado. Aparte de todo esto, y

aunque no es una tarea sencilla, hemos planteado constituir un resguardo indí­

gena como un espacio de convivencia y de construcción de alternativas. Nos ahoga

la esperanza de que algún día -entre todos los colombianos, las colombianas,

indios, negros, mestizos y todos- tendremos que cambiar, pero si cambiamos de

mentalidad.

[394]

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO.

De la exclusión a la desintegración

de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas

M A R T H A N U B I A BELLO

NAYIBE PEÑA FRADE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

E n la reflexión sobre los avances incluyentes de la Constitución de 1991 y las

posibilidades para la multiculturalidad y el ejercicio de la diferencia, no puede

dejar de considerarse que el desplazamiento forzado no sólo elimina y niega la

existencia física del otro y los otros, sino que pone fin a la reivindicación de in­

clusión de grupos históricamente excluidos, porque los destruye como grupos

que "ya no están", "ya no son". Después del desplazamiento son otros porque

habitan lugares distintos. Para seguir viviendo se vieron obligados a inventar

nuevos oficios, transformar sus roles, confrontar sus cosmovisiones y construir

nuevos lenguajes sobre si mismos, que, en ocasiones, niegan o contradicen los

anteriores.

En Colombia, miles de campesinos pobres han abandonado sus lugares de

origen y residencia para pasar a engrosar los cinturones de miseria de las peque­

ñas y grandes ciudades del país. La mayoría lo han hecho en calidad de migrantes,

empujados por la miseria y la falta de oportunidades en el campo, acentuada en

la última década por una severa crisis del agro, la cual, ajuicio de algunos, obede­

ce a la consolidación de la apertura que acabó con sectores tradicionales de la

economía agraria como el algodón y el arroz, entre otros.

[395]

M A R T H A N U B I A BELLO y NAYIBE PEÑA FRADE

Esta crisis ocurre en el marco del fenómeno denominado "descampesiniza-

ción", en su relación con los procesos de "relatifundización". Esto es, que desde

1990 se ha acentuado la tendencia de dominio de la gran propiedad: mientras

que en 1984 los predios de menos de 100 ha ocupaban el 40% del área y los de

más de 500 ha el 32.5% de la superficie, en 1997 los primeros se habían reduci­

do al 34.5% del área y los segundos se habían ampliado al 45%. En otras palabras,

de cada 100 campesinos que poseían tierra, 97 eran dueños de fincas que no

excedían las 100 hectáreas. Pero, los tres propietarios que tenían fincas de más

de 100 ha ocupaban casi la mitad de la superficie rural .

Lo que ese proceso de relatifundización expresa, o mejor, reitera, es que aún

se mantiene el poder tradicional político que confiere la propiedad de la tierra.

En el país no ha logrado imponerse un sistema modernizante y modernizador

que oriente la actividad agrícola con un sentido estratégico, y que supedite la

tenencia y el uso de la tierra a modelos productivos y sostenibles económica y

socialmente. Los hacendados y latifundistas encuentran en la propiedad de la

tierra y en la ganadería extensiva, la comodidad y la seguridad para sus inversio­

nes, a costa del desarrollo regional y nacional.

DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO

Desde mediados de los años de 1980, pero en especial en la década de 1990, el

narcotráfico contribuyó a la concentración de la tierra y por lo tanto a la descam-

pesinización. En manos de los narcotraficantes -quienes han comprado tierras

en el 42% de los municipios del país- está concentrada la definición de las pau­

tas de inversión rural y una parte importante de la seguridad agroalimentaria del

país. Por ejemplo, en Córdoba han adquirido tierras en 84.6% de los munici­

pios; en el Meta, 39%; en el Chocó, el 31.5%; en el Putumayo, 23%; en Santander,

22% y en Norte de Santander en 7.5% [Fundación Social 1998].

Las tierras adquiridas y concentradas se han destinado a la ganadería exten­

siva -que en la actualidad ocupa 68.5% de la tierra nacional- y a usos

1. Por otra parte, en 1996 el 50% de fincas que menos de 5 hectáreas ocupaban apenas el 3.7% de la

superficie disponible y dedicaban a la agricultura el 32.8% de su extensión. Mientras tanto, el 2.2% de las

fincas existentes tenía más de 200 hectáreas, ocupaba el 43% de la superficie y dedicaba apenas el 1.7% (tres

hectáreas y media) al uso agrícola.

[396]

M I G R A C I Ó N Y D E S P L A Z A M I E N T O F O R Z A D O : DE LA E X C L U S I Ó N A LA D E S I N T E G R A C I Ó N

improductivos como fincas de recreo, en detrimento de la agricultura, la cual

apenas ocupa el 8.5% de la tierra disponible [Reyes, 1997], los bosques y la

sostenibilidad ambiental . La sobrevaloración de la tierra, a causa de tales usos,

ha desestimulado la aparición de empresas y empresarios agrícolas y ganaderos

con capacidad para dinamizar los mercados regionales: "la sobrevaloración de la

tierra como activo, apreciada en términos especulativos y no por su potencial

productivo dimensionó los precios de las transacciones por encima de los ingre­

sos que podrían obtenerse con el desarrollo de proyectos productivos" [Fajardo

2001].

Pero el problema actual, no obedece únicamente a la presión que los tradi­

cionales hacendados o los narcotraficantes ejercen sobre los modelos de uso y

tenencia. También, el modelo neoliberal exige una infraestructura que el país

apenas empieza a construir a unos costos sociales y económicos aún no calcula­

dos: puertos y aeropuertos, vías troncales nacionales y regionales, zonas francas,

plantas eléctricas, sistemas de comunicación y equipamientos urbanos para ser­

vicios de punta. La localización de parte de esa infraestructura ha afectado

territorios ancestrales -muchos de ellos ocupados por población indígena y afro-

colombiana- con una dinámica económica, demográfica y cultural propia.

Las actividades económicas, legales e ilegales, significan una alteración defi­

nitiva en el uso y tenencia de la tierra en diversas partes del país. La inversión de

capitales valoriza determinadas zonas y actividades en detrimento de otras. La

mayor parte del territorio nacional resulta atractivo para cualquier interés econó­

mico nacional o transnacional, ya sea por sus recursos minerales, por su

biodiversidad, por la calidad de sus tierras, por su importancia geoestratégica o

porque sus difíciles condiciones de acceso y la precaria presencia estatal facilitan

los cultivos ilícitos.

Una vez el capital define una zona por algún potencial de riqueza, comienza

el proceso de su apropiación con la consecuente expulsión de la población allí

asentada o la eliminación de cualquier obstáculo humano o legal. Se ha compro­

bado que la violencia es más intensa en los municipios donde son más altas las

posibilidades de obtener mejores ingresos [DNP 1998] o de nuevos potenciales

2. Aunque hay más cantidad de predios pequeños y medianos (90%), son los predios grandes (10%)

los que ocupan más tierra (71%) y los que dedican una cantidad más ínfima al uso agrícola (9%). El 64%

del uso agrícola existe en el 28% de la tierra disponible. En otras palabras, es la economía campesina la que

sustenta al país lo cual se comptueba en el rápido y sostenido aumento de las importaciones de alimentos.

[397]

MARTHA NUBIA BELLO y NAYIBE PEÑA FRADE

de acumulación de riqueza. La violencia tiende a reproducirse con más rapidez

en sectores con altas posibilidades de acumulación económica y con una presen­

cia débil o traumatizante del Estado. En consecuencia, "todos los protagonistas

con capacidad de acción armada se encaminan desde ahora, como medio o como

fin, al control de los polos de producción económica del país" [Pécaut 1997].

Los últimos gobiernos han cohonestado este proceso de acumulación y con­

centración de capitales y tierras. Han permitido -con absoluta impunidad-

múltiples formas de despojo, e incluso han ayudado a perpetrarlas y fortalecer­

las. Ello es una de las lecturas del paramilitarismo. El país ha sufrido una

transformación radical en la tenencia y el uso de la tierra rural y el suelo urbano,

una contrarreforma agraria paraestatal que ha significado la expulsión de la po­

blación, la repoblación de territorios, y procesos demográficos no cuantificados

ni analizados porque deliberadamente han sido invisibilizados. Colombia afron­

ta un periodo de absoluta movilidad predial, económica y poblacional que, entre

otras cosas, dificulta o impide cualquier proceso de planificación o empodera-

miento social.

Los efectos de estas múltiples y complejas situaciones se sienten en muchos

aspectos: un país sometido a la importación de alimentos teniendo condiciones

geográficas excepcionales; un campo abandonado o subutilizado; una concen­

tración de población en las ciudades en condiciones precarias e indignantes; un

desempleo incontrolable y un futuro completamente adverso para los colectivos

humanos expulsados.

Todos estos procesos expulsan población, ya sea porque eliminan empleos

rurales, despojan a los pequeños y medianos propietarios, encarecen los medios

de subsistencia y reproducción del trabajo o, porque, desatan la violencia:

"La crisis de productividad en el campo se expresa en dos extremos: la mayor parte de

la gran propiedad usa la tierra en ganadería extensiva, paga pocos impuestos, genera

poco empleo y aporta muy poco al producto global con una gran destrucción ambien­

tal. Por otro lado, muchos de los pequeños propietarios y campesinos sin tierra ocupan

áreas empobrecidas, con severas limitaciones naturales y no obtienen ingresos sufi­

cientes para elevar su nivel de vida" [DNP, 1998].

Sin embargo, el fenómeno más visible se concentra hoy en los 2'400.000 pobla­

dores que han sido expulsados de sus zonas por causa del conflicto armado

interno. Las cifras por sí solas son dramáticas, si se tiene en cuenta que desde

[398]

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO: DE LA EXCLUSIÓN A LA DESINTEGRACIÓN

1985 y de manera continua se expulsan en promedio 17 personas por hora . Por

supuesto, también es alarmante el drama de quienes son víctimas de este flagelo,

caracterizado hoy como una verdadera catástrofe humanitaria.

En definitiva, este desplazamiento forzado es el resultado de los intereses y

dinámicas económicas expuestas anteriormente, las cuales intensifican y extien­

den el conflicto armado interno que, sobre todo en la última década, se ha

complejizado y degradado.

Pero también, la escalada del conflicto no sólo se expresa en el creciente

número de municipios afectados, sino en la cantidad de muertos y de acciones

violentas. La dinámica del conflicto multiplica el número de enemigos, "el surgi­

miento de nuevos grupos armados trae consigo la creación de grupos de apoyo

generándose así un proceso en el que se involucran incluso actores no armados"

[Blair 1999]. Es así como el armamentismo y la apelación a la violencia -como

recurso para solucionar los conflictos- se extienden e intensifican.

El conflicto es cada vez más complejo por la diversidad de actores y de inte­

reses que intervienen. Esta heterogeneidad no permite establecer con claridad si

se trata de móviles políticos o económicos; si son acciones delincuenciales o re­

beldes; si se persiguen fines privados o colectivos; o si los actores se orientan por

estrategias políticas o acciones de venganza, etc. "El conflicto es cada vez más

complejo por el ingreso permanente de actores autónomos en lo ideológico, lo

político y lo organizativo; la tendencia que predomina entre los grupos armados

es adquirir autonomía respecto del carácter puramente instrumental que pudie­

ran haber tenido en sus orígenes" [Cubides 1998].

A su vez, la degradación se refiere al uso por parte de todos los actores en

conflicto, de estrategias de guerra violatorias del Derecho Internacional Huma­

nitario y de métodos cada vez más caracterizados por la barbarie y la sevicia.

Las acciones que provocan el desplazamiento no sólo responden a una ra­

cionalidad económica, como por ejemplo desplazar para posesionarse de tierras

potencialmente valorizables, o para expandir cultivos, o para acometer megapro­

yectos. También se desplaza para ejercer y consolidar un dominio político y militar

que supone no únicamente la posesión de la tierra, sino el control de las relacio­

nes sociales y, en consecuencia, la redefinición de normas y pautas en el espacio

público y privado.

3. Cálculos de las autoras con base en datos suministradas por Codhes.

[399]

MARTHA NUBIA BELLO y NAYIBE PEÑA FRADE

VIOLENCIA Y C O N T R O L SOCIAL

Los grupos armados, sin distingo alguno, pretenden someter a las poblaciones

locales de los territorios que controlan militarmente mediante patronaje o a la

fuerza. Para lograrlo realizan trabajos de "inteligencia", penetran o crean organi­

zaciones y hacen proselitismo. Se forman así complejas redes de militantes,

activistas, simpatizantes, colaboradores y delatores que desintegran y enfrentan

entre sí a la población. "Ello conduce a un proceso casi imperceptible de articu­

lación y legitimación de la población con los grupos armados, que restringe la

toma de distancia crítica con éstos, al tiempo que el conjunto de la localidad va

siendo identificada y homologada por el resto de la sociedad, al grupo que con­

trole el territorio» [Osorio 2000].

En los territorios en disputa, la atomización es mayor y tiene un costo aún más

alto. La estrategia de los actores armados es crear confusión y desconfianza entre

los vecinos que conforman una comunidad, creada a través de los años, por mu­

chas generaciones, y en situaciones adversas o felices. Al provocar terror y sospecha

destruyen las redes de solidaridad, quiebran la confianza del individuo y la familia

en los otros y, además, los hacen reticentes a formas de trabajo colectivo.

Las simpatías y filiaciones de las comunidades también son disputadas, pues

de ello depende el apoyo a los proyectos e intereses que encarnan los actores arma­

dos , de tal forma que sus diferencias o similitudes las convierte en comunidades

"amigas" o "enemigas". La configuración de las poblaciones como aliadas, simpa­

tizantes o bases de apoyo, las coloca a la fuerza como parte del conflicto: "los grupos

armados, desde sus distintos intereses, van imponiendo a los pobladores rurales la

obligación de adherirse a uno u otro bando, bajo el argumento que en la guerra no

se pueden tomar posiciones neutrales" [Osorio y Lozano 1998].

El que se considere a una comunidad "amiga", en general por la presencia

del actor armado durante largo tiempo a la par con su proceso de formación, no

la hace objeto de respeto y menos aún se le garantiza protección. Más bien, el

tipo de relaciones que se establecen están mediadas por la fuerza de las armas,

razón por la cual la obediencia surge del miedo. En consecuencia,"(...) no dejan

4. "Ganarle al enemigo significa, cada vez menos, ganar las confrontaciones entre ejércitos y las bajas

que se puedan causar. Ganar implica controlar una mayor extensión de territorio con relativa sostenibilidad,

lo cual se logra si efectivamente se avanza en legitimar la dominación o se desocupa la zona para repoblarla

con gente de confianza" [Osorio y Lozano 1998].

[400]

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO: DE LA EXCLUSIÓN A LA DESINTEGRACIÓN

resquicios a la autonomía individual, ni reconocen algún derecho humano o al­

guna forma de disidencia política" [Uribe 2000b], Desde afuera, las comunidades

"amigas" van configurándose como bases de apoyo, resultan marcadas y estig­

matizadas como simpatizantes. Esto es, terminan siendo objetivo militar de grupos

armados rivales que entran a disputar el dominio del grupo establecido.

A su vez, el que una comunidad sea considerada como "enemiga" la hace

objeto del exterminio justificado, toda vez que el enemigo, en la mente de su

creador, es exponente del mal. Una vez constituida como tal el propósito ya no es

tan sólo expulsarla. El objetivo es "exterminarla", "acabarla", "destruirla" o, en

el mejor de los casos, "transformarla". Es desde esta perspectiva como mejor se

comprende la degradación y el escalamiento del conflicto, así como el discurso

legitimante que lo acompaña.

La lógica de la guerra -en nombre de la justicia social, de la venganza, del

retorno a la normalidad o simplemente del orden- apela a los métodos más bár­

baros y atroces. Esta dinámica cotidiana de barbarie, conduce a que ya ni siquiera

se repudie el asesinato y el destierro en sí mismos, sino la forma como se realiza­

ron; ya no es extraño que quienes viven la guerra o la observen digan: "el problema

no es que los saquen, sino la forma en que los sacan" o "el problema no es que los

maten, sino la forma en que los matan".

DESPLAZAMIENTO Y TERRITORIO

Aun cuando es difícil establecer la cantidad o dosis de terror suficiente para des­

terrar una comunidad, sin duda alguna hay un exceso, una sobredosis, que se

explica en cuanto las relaciones particulares e históricas que se han configurado

justifican, corno en épocas anteriores, el deseo por eliminar al enemigo presente

y futuro. En ese proceso, el contradictor es despojado de sus rasgos de humani­

dad y es asimilado al mal.

Por lo tanto, se requiere leer el desplazamiento como un proceso que se

arraiga en el ya histórico abandono del campo y en la falta de legitimidad del

Estado, y que continúa con la penetración y consolidación de un orden impues­

to por los actores armados. Se acentúa cuando el territorio entra en disputa, con

el éxodo, y con los esfuerzos posteriores de reubicación o de reinserción en las

más precarias e indignantes condiciones.

[401]

M A R T H A N U B I A BELLO y NAYIBE PEÑA FRADE

Teniendo en cuenta la diversidad sociocultural y económica de los departa­

mentos expulsores , es evidente la gran heterogeneidad de las poblaciones

desplazadas y, por lo tanto de la carencia de "identidades preexistentes" [Uribe

2000b]. Sin embargo, para el 70% de las personas desplazadas, el común deno­

minador es su "vínculo rural", el cual, justamente, es el que rompe y destruye el

desplazamiento.

El vínculo rural supone que la relación con la tierra es uno de los aspectos

que ha permitido a las personas desplazadas configurar su identidad. Indepen­

dientemente de su condición de colonos, propietarios o de comunidad ancestral,

y a pesar de las diferencias culturales, el habitar en el campo y el trabajar la tierra,

determinan formas particulares de relación con el tiempo y el espacio, y de ma­

nejo del medio ambiente, muy diferentes a las condiciones propias de contextos

más urbanizados. "La vida en el campo y el trabajo a partir de la tierra generan

una forma de identidad, como campesinos o colonos, a veces implícita, a veces

manifiesta; una condición que se ve profunda e involuntariamente modificada

por el desplazamiento". [Osorio y Lozano 1998].

El desplazamiento forzado es un fenómeno de desterritorialización, de per­

dida y abandono del territorio. La tierra, en este caso el bien perdido, significa

para estos grupos poblacionales, mucho más que la fuente que provee los recur­

sos para la subsistencia. La tierra es una dimensión, con distintos significados,

sobre la cual se construyen las identidades campesinas, indígenas y afrocolom­

bianas. Y es justamente sobre estas dos últimas en las que el desplazamiento

mantiene un impacto sostenido: "El 38% de la población desplazada correspon­

de a grupos étnicos. Comparando lo ocurrido en el año 2000 y el primer trimestre

del 2001 , se observa que el impacto sobre las comunidades negras e indígenas ha

aumentado en un 80%" [Grupo Temático de Desplazamiento 2001].

5. En términos territoriales, durante el año 2000, 322 municipios expulsaron población y 322 muni­

cipios fueron lugares de llegada. En total hubo 480 municipios afectados pot el desplazamiento, de los

cuales 138 son sólo de expulsión, 158 son sólo de llegada y 164 presentan la doble condición. Además, en

159 municipios se ha presentado más de un evento de desplazamiento al año.

6. "Para nadie es un secreto que la mayoría de la población desplazada por la violencia se origina en

zonas rurales. Es decir en municipios que en general no tiene más de 50.000 habitantes. Básicamente, se

trata de municipios prestadotes de servicios a un área rural, donde la población se dedica a oficios rurales"

[Medellín y Rianudo, 2000].

[402]

MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO: DE LA EXCLUSIÓN A LA DESINTEGRACIÓN

DESPLAZAMIENTO E IDENTIDADES

Por lo tanto, el desplazamiento constituye ya no un fenómeno de exclusión social,

sino de desarticulación social, dado que acaba con comunidades , rompe lazos y

relaciones, desestructura procesos y fragmenta colectivos humanos. El desplaza­

miento significa "una degradación acelerada de la vida de la población étnica, dado

que el desarraigo territorial altera gravemente su identidad, integridad y cultura" .

Cuando una comunidad es forzada a abandonar su tierra emprendiendo un

éxodo masivo y no tiene la posibilidad de retornar prontamente, tiende a su

desintegración porque la mayoría de personas busca salidas familiares. Se debi­

litan así los lazos comunitarios y derivan en familias dispersas, repartidas por la

geografía nacional, aisladas e incomunicadas.

Son excepcionales los casos en los que las comunidades desplazadas logran

reivindicar derechos colectivos. Ello depende de su grado de cohesión social y

del acompañamiento efectivo de organismos nacionales e internacionales. Sin

embargo, como

(...) los desplazamientos individuales y familiares constituyen la modalidad más usual

de desplazamiento , es inevitable en estos casos que sé de un proceso de destrucción

de las comunidades y de sus identidades colectivas por efecto de la fragmentación y

desintegración de sus miembros. El desplazamiento implica un costo social y cultural

por cuanto al obligar a los miembros de una comunidad a emprender rumbos distintos

de manera individual y fragmentada se rompen las relaciones, destruyéndose no solo

sistemas de producción agrícola sino también de producción social y cultural [Bello,

2000].

7. El Tiempo denuncia la desaparición de 42 municipios.

8. Informe presentado en julio 2001 por parte de la Defensoría Delegada para Indígenas y Minorías

Étnicas de la Oficina del Defensor del Pueblo.

9. Según el decreto 2569 de diciembre de 2000, se considera desplazamiento masivo cuando diez o

más familias, o, más de cincuenta personas se desplazan en las mismas circunstancias de modo, tiempo y

lugar.

10. De enero a junio de 2000 se presentaron 97 desplazamientos masivos (equivalentes al 20% de los

desplazamientos del semestre) y 370 eventos individuales o familiates. En el segundo semestte, el 18% de

los desplazamientos ocurrió en hechos masivos (157) y el 82% en hechos individuales o familiares (722), Si

bien porcentualmente los eventos de desplazamiento individual o familiar fueron muy superiores a los

masivos, en estos últimos se desplazó el 94% de la población en el primer semestre y el 93% en el segundo

semestre [Red de Solidaridad Social 2001].

[403]

MARTHA NUBIA BELLO y NAYIBE PENA FRADE

Los procesos de globalización de la economía ya determinaron que el grupo

humano que tiene vínculos con la tierra, está entre las poblaciones "no viables";

y el Estado y la sociedad colombianos no ha construido alternativas que repre­

senten oportunidades de inclusión y para reparar las injusticias históricas de las

que han sido objeto grupos sociales considerados de esa manera.

Así, el desplazamiento forzado se suma a la larga cadena de vulneraciones

contra indígenas, afrocolombianos, colonos, aparcerosjornaleros y campesinos,

quienes han sido puestos al margen de los beneficios de la economía y el "desa­

rrollo". Sus territorios ancestrales atraen hoy las miradas rapaces de intereses

multinacionales y nacionales, que ven en sus tierras riquezas minerales y natura­

les, o ventajas geoestratégicas. Las comunidades son disputadas como bases de

apoyo y conocen al Estado no por su presencia social, sino represiva. En otras

palabras, estas comunidades permanecieron por muchos años al margen y hoy

son "incluidas" para la explotación y el control.

En estas condiciones, la superación de la profunda inequidad que se expre­

sa en la apropiación de la tierra, del ingreso y de las oportunidades, elementos

necesarios para lograr un proceso de inclusión social, esta lejos de ser realidad. A

los tradicionales sobre la marcada exclusión social de la población campesina,

sobre todo la ubicada en departamentos como Chocó, Córdoba, Sucre, Cauca y

Nariño [PNUD 2000], se suman y acentúan en la década de los años de 1990, los

fenómenos de la guerra. La violencia no sólo aumenta la exclusión de la pobla­

ción campesina, indígena y afrocolombiana, sino que provoca su desarticulación

y, por lo tanto, pone en riesgo su propia existencia.

El problema ya no reside exclusivamente en la reiterada denuncia de ausen­

cia del Estado que se traduce en precarios servicios y equipamientos. Ahora se

cuestiona la presencia de uno o varios actores armados que pretenden imponer

su propia soberanía normativa, moral y militar sobre las comunidades.

CIERRE

En síntesis, el desplazamiento forzado no es episódico ni temporal. No es un

resultado no deseado de los combates, ni es una catástrofe similar a las produci­

das por fuerzas de la naturaleza; la población desplazada no es damnificada ni

sus expulsores anónimos. Las causas de la expulsión son cognoscibles, es más, el

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MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZADO: DE LA EXCLUSIÓN A LA DESINTEGRACIÓN

desplazamiento actual es una fase del desplazamiento histórico que responde a

un proceso en marcha de reconfiguración del territorio, la Nación, la sociedad y

la cultura, en el cual las poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas no

se consideran viables.

Existe una gran diferencia entre el desplazamiento generado por la violencia

de los años 50 y 60 del siglo pasado y el actual. Para los desplazados de aquel

entonces había tierra disponible en las extensas zonas de colonización de los

Llanos o el Magdalena Medio. Para los desplazados actuales el único camino

posible parece ser las ciudades. Tanto es así que la primera oleada de desplaza­

miento adoptó la forma de una recampesinización: era posible "arraigarse a una

tierra, hacerla suya no sólo legal y económicamente, sino también apegarse a una

cultura" [Osorio 1993].

De esta manera, indígenas, afrocolombianos y campesinos entran a las pe­

queñas y medianas ciudades, con su impronta cultural, regional y personal. Las

reformas constitucionales de 1991 relacionadas con la legitimación de la territo­

rialidad étnica y campesina se van convirtiendo en letra muerta a medida que,

primero los desterrados deben reconstruirse en un medio en el que los referen­

tes que confieren identidad se relacionan con roles, repertorios y recursos distintos

a los tradicionales. Segundo porque ahora son renombrados no por su pertene­

cía étnica o procedencia regional sino por las exigencias que hace la ley para que

sean catalogados como "desplazados".

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MARTHA NUBIA BELLO y NAYIBE PEÑA FRADE

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