universidad nacional de tres de febrero · 2011-11-17 · 21 v: la realidad: conflicto social ......

COLECCIÓN TESIS Biblioteca y Centro de Documentación UNTREF Hemeroteca Digital

EL TRABAJADOR COMO SUJETO INDIVIDUAL ESTÁ MENGUADO DE PODER DE NEGOCIACIÓN EN ÉPOCAS DE CRISIS

Universidad Nacionalde Tres de Febrero

TCAMDL

TESIS Maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales InternacionalesAutora: Silvia Mónica CampanaDirector: Ernesto J. Ahuad

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INDICE

I: HIPOTESIS .................................................................................................................................................................................................. 3

II: JUSTIFICACION DEL TEMA ELEGIDO ............................................................................................................................................... 4

III: PALABRAS PREELIMINARES ............................................................................................................................................................... 9

IV: INTRODUCCION: ................................................................................................................................................................................ 12PRIMERA PARTE: Objetivo de nuestra presentación .................................................................................................................................................... 12SEGUNDA PARTE:Centralización de nuestro enfoque .................................................................................................................................................. 16TERCERA PARTE: Cuestión social ......................................................................................................................................................................................... 21

V: LA REALIDAD: CONFLICTO SOCIAL MODERNO ....................................................................................................................... 24

VI: LA INMIGRACION ............................................................................................................................................................................... 30Introducción histórica ........................................................................................................................................................................... 31 Incidencia de la Inmigración en el mercado de trabajo en nuestro pais ............................................................................ 32

VII: EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y EL HOMBRE .................................................................................................................... 37

VIII: EL CAMBIO ........................................................................................................................................................................................ 39

IX: EL DESEMPLEO ................................................................................................................................................................................... 42Datos estadísticos ................................................................................................................................................................................... 42

X: CONCLUSIONES .................................................................................................................................................................................. 47

XI: CONCLUSION FINAL. DEMOSTRACION ...................................................................................................................................... 50

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EL TRABAJADOR COMO SUJETO INDIVIDUAL ESTÁ MENGUADO DE PODER DE NEGOCIACIÓN EN ÉPOCAS DE CRISIS Autora: Silvia Mónica Campana

I: HIPOTESIS “EL TRABAJADOR COMO SUJETO INDIVIDUAL EN EPOCAS DE CRISIS,

ESTA MENGUADO DE PODER DE NEGOCIACION” CAPITAL FEDERAL 1990-1995

La temática a tratar amerita algunas manifestaciones previas e introductivas al núcleo medular de la cuestión.El abordaje que intentaremos desarrollar, sabemos se enfrenta con ciertas dificultades y aristas contrapuestas por

el interés que representa su tratamiento. Nuestro propósito en el presente desarrollo se encuentra enmarcado en la negociación y en el poder que existe

entre las partes contratantes en la relación individual de trabajo.Consecuentemente expondremos que, según nuestra posición, nos resulta demostrable que:

“No existe un poder de negociación igualitario entre las partes del contrato de trabajo, cuando el trabajador se encuentra ante la amenaza de perder su fuente de trabajo por las necesidades económicas, de éstas, tanto para él, como por su rol de sostén de su grupo familiar.”

El derecho del trabajo halla su génesis histórica y conceptual en las peculiares características de la realidad por él normada.

Tratar el poder de la negociación en el contrato laboral individual, es hacerlo sobre la verdad viva y palpitante del mundo moderno, sobre una disciplina que concita la atención de todos, ya que constituye el eje sobre el cual gira actualmente la humanidad, pues a través de ellas se manifiestan tratándose de resolver, inquietudes para la paz y la tranquilidad social.

Algo tan caro, ansiado y buscado que a veces resulta difícil de hallar.Sabido es que, en el derecho civil impera el principio de la autonomía de la voluntad, por que se tiene en cuenta

la igualdad jurídica de las partes, en las negociaciones contractuales.Sin embargo, en el derecho del trabajo no rige plenamente el referido principio pues, en esta disciplina jurídica

siempre impulsó en las relaciones laborales una limitación a las facultades del empleador por el desnivel en la capa-cidad negocial del trabajador respecto de aquél.

Ello dio lugar a un principio básico de esta rama del derecho, que es el Principio Protector; por el cual, en esencia y por varios medios, se fijan los límites a la voluntad de las partes contratantes con apoyo en el conocido orden público laboral que constituye un mínimo legal entre los interesados.

No descartamos que el derecho del trabajo tiende a compensar esa inferioridad socioeconómica del trabajador originada en el hecho de que sólo cuenta con su capacidad de trabajo para poner a disposición y ello le ocasiona una disminución jurídica para pactar las cláusulas del contrato.

Tampoco descartamos que, como lo sostiene la doctrina en pleno; el mencionado orden público laboral actúa como “piso” normativo en la medida en que resultan inválidas las cláusulas convencionales que vayan por debajo de ese piso, tanto en los contratos individuales como en las estipuladas en los convenios colectivos de trabajo.

Ello es así porque las normas jurídicas laborales deben suplir la insuficiencia del dependiente, pero dicha protec-ción no debe limitarse a excluir los abusos reales o potenciales que puede cometer el empleador durante la vigencia de la relación laboral.

Sin embargo, en el tema negocial dada la diferente posición económica en que ambos se encuentran colocados, los distintos intereses que mueven a cada uno de ellos, las diversas aspiraciones que sustentan, motivan con mayor o menor frecuencia la aparición de conflictos en defensa de cada posición.

Estas divergencias que pueden ocasionar y ocasionan con frecuencia dificultades de toda índole son las aborda-remos en la temática de esta presentación.

No pasamos por alto que son estas contraposiciones de diferente naturaleza las que se dan en las relaciones la-borales individuales y que constituyen una de las tantas formas de exteriorización de la crisis también en la moderna sociedad del siglo actual.

Sin que ello nos haga perder de vista que el objetivo principal de las normas del derecho positivo es la de lograr el bienestar general y la paz social.

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II: JUSTIFICACION DEL TEMA ELEGIDO

La realidad de los últimos tiempos evidencia que de hecho los poderes del empresario han aumentado cada vez en mayor medida ya que al acentuarse la protección del capital, se olvida de los perjuicios que causan al trabajador situacio-nes tales como la suspensión de la prestación del servicio, el despido ó las alteraciones en las condiciones de trabajo.

Las que por otra parte entendemos, suelen ser mayores que la pérdida que sufre el empresario, ya que este se beneficia por los cambios que obtiene a raíz de la situación crítica sea a corto o a mediano plazo.

No pasamos por alto que la República Argentina, en las últimas décadas, ha asistido a un proceso de cambios cuantitativos y cualitativos muy significativos en todos los órdenes.

Principalmente en lo político, económico social y cultural, en el marco de un escenario inédito de recesión, de prolongados períodos de estancamiento que con los vaivenes económicos han afectado los últimos veinte años, en forma por así decirlo extremadamente contundente.

Entendemos sin embargo que nuestro país aún busca consolidar la democracia que lleva ya muchos años dentro de un panorama signado por datos contrapuestos, muchos de los cuales no ayudan a la conformación de una ciuda-danía plena de derechos.

En ese marco; la falta de trabajo, la pobreza, la falta de una educación adecuada, la desatención de la salud y la carencia de servicios básicos son algunos de los signos más evidentes de las carencias sociales.

Sostenemos que los cambios sustanciales que se están produciendo en las relaciones laborales individuales, in-fluyen en el trabajo seguro, es decir aquel que se desarrolla dentro del marco de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.

Consideramos imprescindible mencionar que, la condición humana debe ser tenida en cuenta en forma priorita-ria, sin olvidar que el desarrollo y el perfeccionamiento del hombre es el objetivo final de la política social.

Asimismo nos parece oportuno resaltar que ese desarrollo no puede lograrse sino se defiende su medio de sus-tento y la protección del vínculo laboral, ya que la plena realización del trabajador y la defensa de su integridad psi-cofísica requieren que se amplíe el marco de contención que le debe dar el derecho del trabajo.

Particularmente en el caso del trabajador ante situaciones de crisis y de emergencias económicas, como lo es para él encontrarse privado de fuente de trabajo, cae inexorablemente en una emergencia social propia , sin que por ello se pro-duzca –de modo directo e inmediato–, la afectación del orden público ni de todo el sistema constitucional y legal tutelar.

Así lo afirmamos porque entendemos que el hombre en el trabajo entrega algo de sí, el esfuerzo que le es propio, sea que se trate del aspecto de ejecución que requiere el trabajo humano, como de diseño, extremos estos que siem-pre se presentan en conjunción aunque con diversa intensidad según el tipo de tareas.

Frente a esta realidad todo parece indicar que el espacio de la política social, en su concepción más amplia, en su papel distributivo y como parte constitutiva de políticas públicas debería estar en proceso de expansión y fortaleci-miento, lo que sin embargo, no siempre ha sucedido.

Por el contrario, la política social ha sido interpretada en su sentido más estrecho sobre los llamados sectores socia-les es decir que ha quedado exclusivamente confinada a la acción sobre los llamados “sectores sociales más pobres”.

Es de notar, siguiendo este orden de ideas, que aún así concebida solo se ha reservado un espacio reducido, par-cializado fundamentalmente en respuesta a las emergencias más contundentes o notorias.

Teniendo en cuenta todo ello es justamente que deviene necesario hacer un examen cuidadoso de la cuestión para afirmar que, en la toma de decisiones finales, resulta subsidiaria para la solución de problemas concretos referencias tales como, la reducción del déficit, la conflictividad, competencias y otras cuestiones que en similar sentido se encolumnan.

Según nuestra posición, estas últimas tendencias no sólo no toman en cuenta la problemática de mejorar las condiciones de vida de la población, sino que en muchos casos las empeoran.

En éste orden de ideas, nos parece oportuno recordar que Américo Plá Rodríguez 1 sostiene que, “viene aconte-ciendo desde hace largos años en América Latina, algo que la doctrina ha calificado como “crisis de autenticidad” ante la vigencia de leyes laborales que no son cumplidas o son ignoradas”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país, ha sostenido, que; “El hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto un fin en sí mismo, mas allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye el valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental”. 2

1 Plá Rodríguez Américo “Derecho del Trabajo en América Latina. Legislación del Trabajo, volumen XXIX B pág. 867. 2 (Ver CSJN :fallos: 323; 3229 y 3239 entre otros )


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Según nuestra posición, el proceder abusivo que no encuadran en los valores referidos es tolerado o consentido por el trabajador en aras de mantener el empleo frente a un sistema jurídico que sólo le garantiza una estabilidad relativa.

Ello porque la voluntad de despedir del empleador es, – como regla general–, válida para disolver el contrato, aunque le confiera derecho al cobro de una indemnización cuando se trata de un acto ilícito.

La incidencia del desempleo en la sociedad, el impacto de nuevas tecnologías y la necesidad de competir en mercados cada vez más amplios, no son justificaciones para la degradación del trabajo humano y menos para que los trabajadores sean las victimas que deban ser sacrificadas.

Las mencionadas incidencias tampoco justifican que sus empleadores obtengan mayores ganancias, disminu-yendo sus riesgos ó lo que es peor, que aumenten su competitividad, bajando los costos a través de la reducción o congelamientos de los salarios de sus dependientes y menos aún no mantenerlos en sus puestos de trabajo.

Los trabajadores, si bien es cierto, pueden oponerse a la rebaja salarial que le imponen sus patrones; y que ten-drían éxito si reclamaran las diferencias de la reducción no consentida y que también serían positivos sus reclamos si sus condiciones de trabajo no respetan el convenio colectivo de la actividad, o lo normado en la Ley de Contrato de Trabajo, pero esto sería viable solo a costa de poner en riesgos sus empleos.

Aunque le adjudiquemos a los despidos que, con esas conductas empresariales, se provoquen las mismas, con el rótulo de abuso de derecho, de proceder antisocial, por parte de la empresa y que las condiciones del contrato laboral fueron vulneradas en forma unilateral, por encima de los mínimos de convenio y lo que el derecho positivo establece.

No escapa a nadie el grado de conflicto y antagonismo que reviste la relación entre el capital y el trabajo, antago-nismo que se profundiza aun en momentos en que lo que está en juego es:

¿Qué sector o parte de la relación de trabajo o la comunidad ha de soportar con los costos emergentes del des-pués de la ruptura de una relación de trabajo?.

Es preciso dejar en claro y preguntarse en más de una oportunidad: ¿Por qué los trabajadores en ocasiones soportan determinadas circunstancias laborales para ellos no demasiado

satisfactorias ?. O ¿Por que el sector empresario reclama con persistencia la flexibilización del derecho del trabajo? Las respuestas a estos interrogantes, según nuestra posición, es que los trabajadores ingresan a sus puestos de

trabajo en las empresas que por distintos motivos han llegado a elegir para desempeñarse, entre otros, por la capa-cidad o habilidad propia, la adquirida por su educación, por que económicamente les conviene, por la cercanía a sus hogares, con muchas expectativas.

Colmados de proyectos e inquietudes, teniendo como premisa principal el poner lo mejor de ellos –esto es su capacidad de trabajo– para que sus patrones vean en él un elemento de confianza, en el cual depositen con el trans-curso del tiempo responsabilidades que al inicio no lo han hecho.

Con el tiempo y, a medida que su vida laboral activa va transcurriendo se encuentran, – si bien es cierto, los tra-bajadores no laboran en sus puestos en condición de mártires o esclavos–, en situaciones no demasiado ventajosas ni siquiera igualitarias.

Se ven en la obligación de sobrellevar esa carga ya que, poco viable suelen ser sus pretensiones individuales de modificar esas realidades; a modo de ejemplo y no con el objeto de agotar todas las variables, en su caso sea pidiendo mejoras salariales, algunos beneficios como el estar registrados legalmente, gozar del pago de las horas extras, tener receso vacacional, gozar de los beneficios de una obra social, amparo con las contingencias previstas de la seguridad social, que no se les brindan, por más que las leyes laborales así los establezcan.

Para evitar al decir de sus “patrones” elevar los costos laborales y para mantenerlos en los lugares de trabajo, sus posibilidades de reclamar en sus lugares de trabajo se ven coartadas o anuladas, con la incertidumbre de pensar siquiera en forma circunstancial ¿Qué pasa , si su trabajo se extingue?.

O lo que es peor ¿si no vuelve en forma inmediata a reinsertarse en el mundo laboral? , pese a su gran expe-riencia adquirida.

En un mundo tan evolucionado, en que el trabajo dependiente es el medio de vida de la inmensa mayoría de la población.

En un sistema en que la obtención de dicho medio de vida no está garantizada y depende de la colocación de la fuerza laboral en un mercado poco transparente y muy competitivo; la perspectiva de perder el empleo constituye una natural fuente de angustia.

Que al persistir comienza a incidir en su vida personal y de relación al producirse el desaliento, la disminución de la salud psíquica que en forma paulatina le hace perder calidad de vida llevándolo incluso a la marginación social.

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Lo cual determina un menoscabo en su autoestima, además de ocasionarle frustración e irritación al ubicarlo en un contexto que le evidencia “su impotencia” para superar el problema.

Según nuestra posición, una de las consecuencias que ha producido el flagelo del desempleo –al cual luego nos referiremos en punto IX del presente desarrollo– en los trabajadores activos es el temor a perder su fuente de trabajo.

La presión que sienten los mismos cada vez que saben que en la empresa donde trabajan tienen que reducir costos y despedir personal.

No se trata sólo de la pérdida de sus ingresos sino de algo mucho más importante: como lo es la pérdida de su autoestima, la posibilidad de brindarle a su familia bienestar, y seguridad económica.

Al dejar de percibir sus ingresos habituales o en casos de reducción salarial, o al restringirse los mismos, cambian los hábitos familiares; en algunos merma la salud (se enferman), cambian su personalidad, se introvierten, se sienten fracasados con la impotencia y vergüenza por haber perdido su trabajo.

Asimismo, se tiende a crear una especie de rivalidad entre “ocupados” y “los desocupados” incluso dentro de la misma familia.

Claro esta ello acontece, si el jefe de ésta pierde su trabajo y sale hacerlo su mujer y su hija, él siente una frustra-ción por no poder solventar lo necesario para el hogar.

No es casual que, aunque con notables excepciones históricas, el empresario persigue lucro y, en principio, tiende a obrar del modo que a su juicio maximice ese objetivo.

Ya sea incrementando la eficiencia de su organización, aumentando los ingresos o disminuyendo los costos, siempre tenderá a esta última alternativa, sin importar demasiado las secuelas que ese proceder provoque en la con-traparte (trabajador en relación de dependencia).

Cuando se habla de crisis, en general se hace referencia a una mutación considerable, a una situación dificultosa o complicada que repercute en forma mediata e inmediata en los contratos individuales de trabajo y que provoca transformaciones importantes en el desarrollo de la actividad laboral. Si la crisis resulta ser de tipo económica, consi-derándolas como los períodos de las economías de tipo capitalistas que, siguen al de expansión y que se caracteriza por la superproducción, con ellas se puede poner inexorablemente en discusión la continuación del vínculo laboral entre las partes contratantes.

En la gran mayoría de las situaciones de crisis desde la óptica del empresario, quien tiene como objetivo central la rentabilidad de la empresa, las prestaciones laborales suelen tornarse total o parcialmente inútiles.

Y, a tal extremo onerosas que pierden temporaria o definitivamente, su condición de instrumentos necesarios para la obtención del rédito que propone la empresa.

Desde la óptica de los empresarios al ver a los trabajadores sujetos a las alteraciones que pueden ocurrir en sus contratos individuales de trabajos, se implementan herramientas tales como suspensiones, modificaciones de las prestaciones laborales o despidos injustificados; por lo que los trabajadores ven así comprometida su subsistencia sin priorizar en el resultado de la empresa la situación de sus dependientes.

Ante estos intereses en pugna, consideramos se deberían situar los objetivos superiores de la comunidad en ge-neral y buscar la realización del hombre que trabaja.

Tratándose de lograr por medios legales la eliminación el desempleo subempleo y la clandestinidad laboral, que frustran el desarrollo de la sociedad y la continuidad económica de la empresa para lo cual no es ajeno el fortaleci-miento del Estado tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, frente a la crisis, no son pocos los empresarios que desatendiendo los peligros que acosan al sis-tema, acrecientan la marginación de los trabajadores dependientes de su establecimiento; adoptando conductas patológicas no solidarias en desmedro de los derechos que les corresponden a aquellos.

Ante esas situaciones, los empleadores continúan la explotación de su establecimiento o empresa, también creando formas de empleo ilegal o precario, que tienen un importante incremento en la economía subterrá-nea.

Produciéndose en consecuencia, distorsiones en los contratos individuales de trabajo, generalmente vinculadas de una u otra manera con el salario.

Según nuestra posición sabido es que, en el contrato individual de trabajo, el empleador es quien tiene la mayor fuerza para imponer una variada clase de cambios y consolidar situaciones que en principio, lo favorecen en perjuicio o desmedro del nivel de ingresos de sus dependientes.

A los que incluso pueden, además, reducirles las remuneraciones por vía indirecta, al no concederles aumentos que reflejen el incremento del costo de la vida en épocas de economías inflacionarias.


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A ninguna inteligencia escapa que, ante esa situación extrema de conflicto, los trabajadores aceptan calladamen-te esas nuevas condiciones contractuales o el congelamiento de sus remuneraciones, solo con el objetivo de evitar la pérdida de su trabajo que para ellos y desde su subjetividad suelen constituirse en un mal menor.

No pasamos por alto sin embargo que, haciendo una observación general en la legislación vigente y la jurispru-dencia de los Tribunales Nacionales, ambas privilegian las relaciones estables y el contrato de trabajo por tiempo indeterminado considerándose excepcionales los supuestos de los contratos precarios (eventuales o tiempo deter-minado u otras).

Asimismo es dable observar que, tanto en la legislación nacional como en las decisiones judiciales se trata con todo rigor los supuestos de empleos clandestinos y de simulación a través de figuras contractuales no laborales (ci-viles o comerciales).

Desalentándose de manera tajante la pretensión de trasladar la responsabilidad a terceros (contratistas o subcon-tratistas), con independencia de su solvencia económica.

La afirmación de un vínculo de trabajo por tiempo indeterminado y de una estabilidad debidamente garantizada (con los alcances de cada caso), constituye un derecho constitucionalmente reconocido por la Corte Suprema de la Nación 3.

A la vez es nuestra postura en éste segmento de nuestra presentación que dicha protección es aún más necesaria en épocas de crisis, en la que los sectores empresarios, debieran extremar las medidas tendientes a impedir el desem-pleo dentro del marco y de la vigencia de las instituciones del derecho laboral.

No pretendemos a través de este análisis agotar todas las situaciones que se presentaron durante el período elegido.

También analizaremos el período que comprenden desde 1990 a 1995 en la Capital Federal.Nos circunscribiremos sencillamente a los que fueron las relaciones laborales propiamente dichas, vale decir,

aquellas entre trabajadores y empresarios en virtud de una relación laboral concreta.En consecuencia, para estos efectos, nos restringiremos, a las relaciones laborales producto de los contratos de

trabajo individuales.A la vez, tampoco nos referiremos a ninguna situación en particular, con identificaciones de actores sociales, con

nombres y apellidos.Desde el lado de los trabajadores, ni en el caso que hayan tenido o no representación sindical o legal, sin indivi-

dualización de las empresas, ya hubieran sido estas pequeñas, medianas, grandes, nacionales, regionales o multina-cionales.

Pretendemos con el presente análisis, describir como ante un estado de necesidad, debido a carencias de tipo económicas y a la falta de trabajo, el trabajador individual, y específicamente los operarios, cualquiera que sea la edad activa que tuvieran que, si le adicionamos la carencia de instrucción o formación, para las tareas a desarrollar tienen menguado su poder de negociación.

Y mucho menos, en esas circunstancias tan apremiantes, facultades para discernir como desarrollaría su vida, con lo que le queda como resultado del litigio, sabor amargo de la situación vivida y solo con unos cuantos pesos, para seguir sobrellevando esa carga., para él mismo y su familia.

Como núcleo primario de pertenencia, con un futuro incierto como lo es, el de soportar los años que vendrán, más aún si no se reinserta rápidamente al mercado de trabajo.

Modestamente, intentaremos proporcionar algunos enfoques de aquellas situaciones vividas, en el ámbito de la Capital Federal.

Esta exposición la abordaremos con una introducción previa, trataremos de hacer referencia al complejo fenó-meno laboral definiendo algunos conceptos.

Determinaremos, según nuestra posición cuales son la causas generadoras de la mengua del poder de negocia-ción del trabajador, lo que provoca el desequilibrio entre la relación habida dentro del ámbito del contrato de trabajo individual.

En la primera parte plantearemos lo relativo a la tutela de las relaciones laborales individuales y en la segunda parte intentaremos señalar cuales fueron, entre otras, las dificultades que se atraviesan en el poder de negociación.

Indicaremos si en algunos casos existieron posibilidades de ejercitarlo, por aquellos trabajadores, en su mayoría operarios o empleados con poca instrucción educativa.

3 CSJN “Padín Capella” del 12.3.87 (LT XXXV- B) afirmó el carácter necesario del Principio de irrenunciabilidad y del criterio de interpretación de la norma más favorable al trabajador. En el caso “ Lichieri c/ Banco Alas (L.L. 12.6.89 fallo 2449),la CSJN el 28.11.88 también afirmó que se debe excluir toda renuncia tácita a derechos laborales.

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Demostraremos como insidió en ésta problemática, la inmigración, con una pequeña reseña histórica, llegada principalmente de los países limítrofes y los arribados también de otros continentes.

Que efectos provoca en la sociedad, y en el contrato de trabajo individual, el avance la tecnología.Que resultado arroja ante una crisis económica estructural el desempleo, cual es el resultado final y que conse-

cuencias traen éstas últimas, en las formaciones de por sí escasas de las relaciones de dependencia.Sin mayor hesitación, en base a lo antes referido, demostraremos por último que en plena vigencia de las normas

protectorias del siglo XX y de etapa de bienestar estas alegadas emergencias sistemáticamente afectaron los princi-pios de justicia y solidaridad que, el derecho laboral consagra como una conquista.

Terminaremos dando algunas conclusiones.


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III: PALABRAS PREELIMINARES

En esta etapa de la presentación consideramos necesario efectuar algunas manifestaciones previas.La Ley de Contrato de Trabajo, es sin duda alguna, el cuerpo legal más importante de derecho individual del

trabajo en nuestro país.Consideramos asimismo que no es aventurado sostener que bien puede constituir la columna vertebral de una

eventual codificación de la materia si, en el futuro, se cumpliera con el mandato impuesto al Congreso de la Nación por el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.

Desde su sanción en el año 1974, la doctrina tuvo un gran desarrollo para la interpretación de sus normas, aun-que la misma, se haya encontrado en más de alguna oportunidad con ciertas dificultades, que se acentuaron en la década pasada (años 90), con los abruptos cambios legislativos.

Solo a título ejemplificativo y no en forma taxativa, las regulaciones en materia de período de prueba, remunera-ción base, los topes indemnizatorios, las indemnizaciones mínimas, la discriminación laboral, el empleo no registrado, la solidaridad laboral, sanciones en materia de incumplimientos, etc.

En esta normativa se advierte cierto grado de voluntarismo jurídico dicho esto en un sentido positivo como ten-diente a preservar en algún modo y aún dentro del marco de emergencia los intereses básicos de los trabajadores.

No obstante ello es más aparente que real por la sola y simple razón que las estadísticas demuestran que no solo los despidos no se han estabilizado en el sentido de la no producción sino, que en el marco comparativo de otras épocas se han incrementado considerablemente.

En más de una oportunidad el dinamismo normativo e interpretativo, no contribuye a una consolidación del valor de la seguridad jurídica particularmente del dependiente en el contrato de trabajo individual.

Pero, a la par y como venimos señalando ante situaciones extremas, el comportamiento judicial cuando es reitera-do y orientado en un sentido mayoritario, configura lo que llamamos “jurisprudencia”, a la cual la reconocemos como una fuente de derecho que ha protagonizado un rol privilegiado en nuestro país.

La actividad jurisdiccional expresada a través de la sentencia, puede cumplir –entre otros– dos roles significativos.Uno es cuando los tribunales tienen usualmente que intervenir cuando una acción jurídicamente debida no se ha

concretado o concretada ella resulta ilícita, para satisfacer los derechos que a la parte reclamante le corresponden.Pero también, la jurisprudencia, en otro de sus roles, cumple una importante tarea preventiva al servir de guía

para los habitantes, que deseosos de ajustar su quehacer cotidiano a lo jurídicamente correcto enderezan su conduc-ta de modo de ajustarla a la letra de la ley, tal como la interpretan efectivamente los tribunales.

Se habla asimismo de la necesidad de modernización del derecho del trabajo.Empero lingüísticamente lo moderno hace referencia a lo que existe desde hace poco tiempo, o a lo que ha suce-

dido recientemente, a lo que es nuevo, a lo contrapuesto a lo clásico, a lo de actualidad entre otras acepciones.Sin embargo quien pretende orientar hacia lo moderno está trabajando sobre un pasado que ya existe, de lo

contrario no estaría modernizando, sino creando algo que no existía.El hombre es tal desde el principio de los tiempos, de manera que el derecho del trabajo está hecho a la medida del

hombre y debe evolucionar con el hombre, lo cual no autoriza a afectar su esencia de derecho protector del trabajo. El ordenamiento laboral es un contribuyente para la formalización del sistema social, que resulta sumamente

complejo a la vez que coadyuva al encauzamiento de los conflictos laborales.En este sentido, el principio protectorio (antes referenciado en nuestra hipótesis –ver título I de nuestra presenta-

ción) cumple un rol significativo en tanto constituye una directiva dirigida en primer lugar al legislador y luego al juez. El primero tiene a su cargo la tarea que le es propia de estructurar el orden jurídico y traducir el principio pro-

tectorio en reglas o normas a fin de que se compense la diferencia natural que se da entre las partes en la “relación individual” de trabajo.

Con respecto a la directiva que se dirige a los jueces, la misma se relaciona con la tarea que es propia de estos, aplicar reglas de derecho (entre ellas la ley) a los casos concretos de conflictos, para lo que previamente debe inter-pretarla, lo que significa desentrañar el sentido de justicia propio de la situación.

En tal sentido, nos parece apropiado recordar lo sostenido por Estela Milagros Ferreiros 4 cuando afirma que “El derecho del trabajo se ha convertido en un instrumento modalizador de racionalización de política jurídica, en el centro del sistema de relaciones laborales en el escenario del orden económico vigente”

4 Ferreiros Estela M. “El nuevo Derecho del Trabajo” . Homenaje al 30º Aniversario del Instituto del Derecho del Trabajo y Seguridad Social del Colegio Abogados de San Isidro. Septiembre de 2004.

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Sin embargo, advertimos que en la realidad cotidiana muchas situaciones y relaciones jurídicas se desenvuelven en el plano de la ilegalidad.

Tal vez esa responsabilidad debamos atribuirla a la omisión o deficiencia en el cumplimiento de sus deberes por parte de los organismos de contralor pero también a una insuficiente conciencia colectiva acerca del valor social que significa el cumplimiento de las leyes, – en especial las laborales– para mejorar la convivencia comunitaria.

En tal escenario los abogados, también como auxiliares de la justicia y representantes simbólicos frente al públi-co profano de las ideas de imperio de la ley y la justicia, más allá de defender los intereses que sus asistidos le han confiado, deben también exhibir una responsabilidad social consistente en contribuir con su labor cotidiana a la consolidación de esos valores.

En la evolución de Derecho del Trabajo, y siguiendo el andarivel de lo expuesto la jurisprudencia ha tenido un rol protagónico, dado que en una primera época ha desarrollado los contenidos que luego quedarían en la ley de contrato de trabajo.

Junto a la consideración de los principios tradicionales del derecho del trabajo, resulta necesario agregar a la enume-ración de los nuevos que surgen de los fenómenos sociales, económicos, culturales, jurídicos y éticos también nuevos.

Así, surge el principio del esfuerzo compartido, sobre todo en épocas críticas, cuando hay que brindar un empuje humano y económico que se realiza para la obtención de la riqueza y su justa distribución.

El principio de nivelación social, dada la imposibilidad de la vigencia el principio de igualdad, de rango constitu-cional, si no existe adecuada equivalencia entre las prestaciones contractuales que son consecuencia de las diferen-cias de poder entre las personas vinculadas por el contrato.

El principio de proporcionalidad, que indica la necesidad de tratar al desigual en proporción a la desigualdad, como una suerte de moderna discriminación inversa en la exclusión de privilegios o limitaciones infundadas o la veda del abuso.

El principio de integración jurídica del orden social, como consecuencia de la horizontalidad entendida de la dis-ciplina, tanto por razón de los sujetos, como de las relaciones sociales u objetos jurídicos orientándolos a la inclusión de los bienes de la vida social.

El principio de normalización del trabajo atípico, en el cual juega un papel preponderante la configuración de la empresa como sistema socio- técnico.

El rol de los jueces dada la relevancia ante ello, en tanto deben utilizar elementos indiciarios que no se hayan fija-do estáticamente, sino que se encuentren en estado fluido, en función de las transformaciones operadas en el trabajo que ha de ser visto en el caso, como objeto de regulación jurídica.

En la base de todos los principios se encuentra el más puro y abarcativo de ellos que es el principio del respeto recíproco, que emana de la idea de que todo hombre es persona y exige, por lo tanto, ese respeto a la dignidad de cada ser humano.

En ese orden de ideas, en los casos de laguna legal, (art. 11 LCT) en que el juez debe resolver un conflicto sin que exista al respecto regla fijada con anterioridad.

Por lo que él debe crearla, en cierta manera actúa en función de legislador, cubriendo una aparente falencia de este, en ésta tarea no interpreta sino que pone la norma que ha de resolver el conflicto, según el criterio de justicia al que debe adecuarse la relación entre las partes en el caso concreto.

En esta situación de excepción, el juez debe referirse a los principios generales del derecho del trabajo, el de la justicia social, de la equidad, y el de buena fe.

Es innegable la importancia de la aplicación del principio “in dubio pro operario”. Ante una duda razonable, invencible, que no ha podido descartarse, una vez agotados los medios posibles de

investigación debe adoptarse la interpretación que resulte más favorable para el trabajador incluso en materia de prueba , si tomamos en cuenta la reciente

reforma del artículo 9 de la LCT. 5

Esos principios tienen su reflejo en la actividad de la magistratura laboral a la que se le asigna una potestad ins-tructoria, con facultades para investigar para de descubrir la verdad real sobre la formal.

Consideramos que en el proceso laboral como en cualquier otro, rige la regla general, según la cual el que afirma la existencia de un hecho tiene a su cargo, la prueba del mismo.

La duda juega en contra del que lo ha invocado, ya quien afirma un hecho, sobre el que pretende el reconoci-miento de un derecho, tiene la carga de acreditar su existencia.

5 CSJN “Dellutti Carlos c/Banco de la Provincia de Buenos Aires” de 1984 Fallos 306:1799 y “Boloño Miguel c/ Benito Roggio” del 16.5.95 Fallo 318:1012, Caso “cocía Jorge c/Estado Nacional del02.12.93 Fallos 316:2624.


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Por supuesto, el juez laboral que debe decidir la contienda atribuyendo el suyo a cada parte, debe hacer gala de una fina sensibilidad para apreciar los hechos y los medios de prueba arrimados a la causa.

Especialmente el sentido de las palabras y actitudes que se usan en el ámbito propio de la relación laboral, que suelen ser distintas a las que se aprecian en otros, situación que sin duda se facilita a través de la inmediación.

En este punto queremos destacar que muchas veces la presencia del juez permite descubrir, más allá de lo que dicen las palabras, qué es lo que realmente se está diciendo, lo que se puede intuir a través del modo de indicarlo, la expresión usada, inflexión de la voz, etc.

Esa inmediación permite, en homenaje a ese deber de ir a la verdad real con prescindencia de lo que las partes hayan propuesto para el interrogatorio, hacer preguntas a fin de descubrir qué es lo que ha ocurrido.

El juez también debe hacer una ponderada aplicación de las presunciones hominis y del uso de las medidas para mejor proveer, a fin de cumplir con un más acabado servicio de justicia.

Entendemos que ello, no significa variar la regla general que ha de regir en el proceso según la cual el que afirma un hecho sobre el que pretende el reconocimiento de un derecho, tiene que cumplir con la carga de su demostración.

Sentado lo expuesto, sin embargo, interpretamos que en las relaciones individuales de trabajo, es sólo el em-presario el que se desenvuelve realmente como actor preponderante, en el escenario social, pues tiende en la mayoría de los casos a imponer unilateralmente sus criterios.

En la medida que no exista una legislación laboral protectora ó; aun existiendo la misma, sino existe un control exhaustivo por parte del Estado, como orientado a limitar, el poder del empleador las situaciones de desigualdad no serán morigeradas.

Según nuestra posición afirmamos sin hesitación que, esta limitación se acentuaría con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales o mecanismos de participación laboral en el interior de las empresas que los sindicatos fomenten, impulsen y apoyen.

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IV: INTRODUCCION

PRIMERA PARTE: Objetivo de nuestra presentación:

Si nos preguntamos cuales son las razones por las cuales queremos o mejor dicho pretendemos desarrollar este trabajo, es porque siempre tuvimos en claro que, en las relaciones individuales de trabajo, en el transcurso de toda la historia pero en especial, después de la revolución industrial, estuvieron basadas en la interacción de ciertos actores.

Los trabajadores individualmente considerados, los sindicatos, – en sentido lato como agrupaciones de trabaja-dores–, los empleadores o empresarios y el Estado.

Los trabajadores en relación de dependencia individualmente considerados sea en sus puestos de trabajo y para la afirmación y reconocimiento de sus derechos con relación a su empleador, no tenían en su forma de actuar condiciones de poder como negociadores para pactar formas equitativas y equilibradas ya que cada uno respondía a distintas necesidades y prioridades.

Además porque resulta un hecho a nuestro entender harto visible, que desde hace algún tiempo, la fuerza de gravedad de la acción entre estos grupos, en el rol de negociadores lleva a desplazar gradualmente hacia las empre-sas o establecimientos el mayor poder en la relación.

Reconociéndoles con o sin razón, como éstas últimas son las que tienen solo nivel posible de negociación entre los participantes sociales del contrato laboral individual.

Sabido es que, los conflictos laborales constituyen un fenómeno con proyección social desde ya hace mucho tiempo en la coyuntura social de nuestro país.

Ello por las diferentes posiciones económicas en que ambos (trabajador y empleador) se encuentran colocados, los distintos intereses que mueven a cada uno de ellos, lo que motivan con frecuencia genera conflictos en defensa de cada posición y a la vez, constituyen una las formas de exteriorización de la crisis moderna.

En esta realidad, sostenemos enfáticamente sin temor a equivocarnos que son más bien las empresas las que preservan y marcan las pautas del camino a seguir en cada circunstancia concreta.

Creemos desde nuestra perspectiva que hay que volver a la Constitución Nacional, afirmando los principios que en todo el articulado de ella se establecen, en especial los artículos 14 bis, 19 y 75 inciso 22 de dicho cuerpo normativo, dándole a cada uno de sus preceptos el verdadero significado de tutela, equilibrio, paz y progreso con justicia social.

Toda vez que, la reforma constitucional de 1994, ha introducido trascendentes modificaciones en materia de fuentes de derecho en general, innovación que es apta para acarrear multiples derivaciones en relación con la vigen-cia de los intereses de las partes contratantes en la relación laboral individual.

En tanto el nuevo texto de nuestra carta fundamental ha elevado a la jerarquía constitucional a diversas decla-raciones, pactos y convenciones internacionales que contienen normas de esta rama del derecho y han erigido a los tratados con las organizaciones internacionales en fuente con jerarquía superior a las leyes.

Extendiendo el ámbito de aplicación del principio protectorio a las situaciones críticas que padece el trabajador indi-vidual, quien a nuestro criterio está en peor posición que el empresario para soportarlas en el contrato laboral individual.

No dejamos de resaltar sin embargo que, en los últimos años se ha puesto en escena en nuestro país con carácter protagónico, “al mercado”, al costo laboral y al desempleo.

Expresiones que, son utilizadas indistintamente para justificar un debilitamiento de las estructuras protectorias del derecho laboral consagradas en la Carta Magna.

En otras palabras, el contrato individual de trabajo; queda librado al juego del mercado, aunado a ello el sindicato en ciertos sectores ha perdido poder de negociación, que habían logrado en la década del 70.

Tanto en eventos académicos 6 como en calificados textos 7 se nos recuerda lo que algunos propician en el sentido de que el derecho del trabajo debe adecuarse progresivamente a la realidad que impone el funcionamiento de hecho de las relaciones laborales en un contexto recesivo y de desempleo.

6 Congreso Nacional de Derecho Laboral, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, La Plata, abril de 2006. IX Encuentro del Foro del Instituto de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, San Isidro, abril de 2007.

7 Ver por caso : “Tratado de Derecho del Trabajo y de La Seguridad Social” ,Décima Edición ,del Dr. Julio Armando Grisolía , Ed. Lexis Nexis, noviem-bre de 2004.Ramirez Bosco “Para una introducción al Derecho del Trabajo” Editorial Universidad año 2000.


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Pero llevar ello a ultranza no significa más, según nuestra posición, que legitimar el abuso del derecho y consagrar situaciones de injusticias.

Desde hace décadas y basadas en las crisis económicas como gatillo de justificación, se ha creído que la manera de sortear el problema fundamentalmente de la no protección del trabajador individual dentro de la relación laboral se debía a consecuencia de los efectos de la mundialización o globalización económica que pasaba por salirse del enfoque legal laboral, es decir provocando el desenfoque que a la postre implicaba concretamente la desprotección legal del trabajador

Aun obligando al empleador a abonar la indemnización como si se hubiese tratado de un despido injustificado, afirmamos que solo se obtendría que el trabajador perciba un mayor monto de indemnización.; sin que a la vez se pueda afirmar que ésta alcance a cubrir la finalidad de una medida propia de la seguridad social.

Adosado a ello, se sumaron situaciones objetivas fruto de nuevas actividades, especialmente la de los servicios que producen las llamadas zonas grises o con serias dificultades para el encuadramiento legal, puesto que en ellas participan ingredientes de independencia o dependencia laboral a la vez.

Estos modos o mecanismos de enfrentar el problema sobre la base final de la desprotección del trabajador trajo como consecuencias entre otras:

1º costo social elevado.2º mayor rotación del mercado de trabajo, con consecuencias particularmente negativas con escasas com-

petencias polivalentes3º incrementos de la demanda de trabajadores capacitados en perjuicio de los que no la tienen.4º trabajo sin perspectiva de estabilidad que genera el desapego del trabajador hacia la empresa.5º deterioro del salario que no solo afecta al trabajador y su familia sino que retrae el consumo introduciendo

un elemento recesivo en la economía

¿Qué hacer frente a la situación de contingencia planteada?.En este sentido es oportuno hacer referencia a lo sostenido por Juan Carlos Fernández Madrid 8, en el sentido que

“El trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo que, a diferencia de los bienes de capital o inmate-riales tiene la misma condición de la naturaleza humana: es efímera.”

Afirmamos pues, por lo que venimos sosteniendo, que el aporte del trabajador al contrato no puede ser consi-derado una mercancía, por que si bien desde la perspectiva del empleador, este puede exigir una cierta indiferencia respecto de la cantidad de trabajo social medio necesaria para la producción de mercancías, para el trabajador ello no es indistinto pues el desempleo aniquila el aporte que el trabajador podría eventualmente desarrollar.

Esta característica de la prestación del trabajador (fuerza de trabajo) da cuenta de la imposibilidad de establecer condiciones negociables adecuadas y equitativas.

Por ello es imprescindible destacar en este estadio de nuestro desarrollo, que si el contrato es celebrado entre una persona para quien lo que pone en el contrato es su propia existencia, destinada a obtener la satisfacción de las necesidades perentorias y otra para lo cual lo necesario es la utilización de una cantidad de trabajo para cubrir las necesidades de producción; el desequilibrio inexorablemente se manifiesta.

Es cierto que, en algunas circunstancias algunos trabajadores con condiciones especiales pueden contratar en un pie de igualdad con el empleador las condiciones de trabajo.

Sin embargo, una vez integrados al marco de la relación laboral, sin importar cual sea el monto del salario, la posibilidad de ser excluido de la relación laboral aparece como una amenaza grave e inminente si a la vez hay des-ocupación.

En estas situaciones, la perdida del contrato aparece como más grave aún, ya que la especialidad del trabajador (que habilitó la posibilidad de contratar en condiciones de cierta igualdad), precisamente torna más rara la demanda de esas cualidades especiales.

La perdida del medio para integrarse al reparto social de bienes y servicios implica, de modo casi inmediato, la perdida del goce de los mismos.

Por otra parte entendemos que la fuerza de trabajo es el medio por el cual la mayoría de los seres humanos se encuentra en condiciones de incorporarse al reparto social de bienes y servicios.

Sin embargo, no puede olvidarse que, la fuerza de trabajo que no es utilizada, se consume y se convierte en ocio-sa sin cumplir la función de permitir el acceso a los bienes y servicios esenciales para su conservación.

8 Fernández Madrid Juan Carlos, “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo” Tomo I, Ed. La Ley, octubre de 2001.

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Señala asimismo Juan Carlos Fernández Madrid 9 (refiriéndose, a la terminación del contrato y sus causas), que “el momento final del contrato y la forma como han sido reguladas las causas de extinción permite caracterizar un deter-minado régimen jurídico laboral en orden a la mayor o menor autonomía atribuidas a la voluntad de las partes”.

En nuestro país, según nuestra posición, la normativa protectora para el después de la extinción del contrato de trabajo es débil, siendo una problemática de tipo estructural, que se viene arrastrando, como dijimos al inicio de este segmento, desde hace ya muchos años sin que se haya dado una solución más o menos estable.

Continuando con la exposición de esta temática, observamos que entre otros a modo de pautas demostrativas, el nivel de ingreso, durante la relación laboral de los trabajadores es bajo en algunas actividades, casi paupérrimo, que los convoca a vivir el día a día, y menos aún les permite pensar como lograr para poder hacer acopio de ahorros para futuros inciertos.

Aunado a ello no debemos olvidar que, la Seguridad Social está en situación un tanto desbordada o con insu-ficiente capacidad de respuesta, lo que no puede dar lugar a permanecer mucho tiempo sin base de sustento para satisfacer sus necesidades humanas económicas y sociales.

No existe una solución mágica para este tema, pero tomando en cuenta el potencial de cada trabajador se podría llevar a cabo el seguimiento del mismo en sus tareas, quizás exigiéndosele durante la vigencia del contrato laboral cada vez un mayor entrenamiento.

Eso sí capacitándolo e incentivándolo en su trabajo, por que si en algún momento el contrato se extingue inde-pendientemente de la causal y, de quien haya tomado la decisión, no estaría tan al margen de situaciones inciertas de desconsuelo y desazón como lo es el no poder insertarse fácilmente en el mercado de trabajo.

Llegado a este punto, no es ocioso recordar el rol de la interpretación judicial, que ha efectuado la Corte Suprema de Justicia porque entendemos que es una fuente de producción de disposiciones jurídicas con proyección general en esta materia y, sus fallos han sido elaborados en el ámbito del sistema jurídico constitucional pasando a integrar el elenco de preceptos del derecho laboral argentino de fundamental valor.

Germán Bidart Campos 10 sostuvo que “Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta sentencias en las que se lleva a cabo el control constitucional sobre todo si se arriba a una declaración de inconstitucionalidad, esa interpretación adquiere el mismo rango de constitución interpretada y compone con ella una unidad”.

Motivo por el cual dichas decisiones interpretativas entraran a formar parte del elenco de disposiciones en las que, además debemos reparar en tanto las mismas inciden en la realidad social y en el tiempo histórico.

Del propio repertorio de las decisiones judiciales de la CSJN se pueden citar una variada gama de fallos que tienen una ligazón importante con las estipulaciones formuladas.

Así en una brevísima lista de ejemplos, podemos señalar que cuando la CSJN, por vía jurisdiccional otorgó carta de ciudadanía a la acción de amparo en el caso “Siri”(1957) ( La ley 89-531) , o cuando el tribunal reconoció jerarquía supralegal a los Tratados en el caso “Ekmekdjian c. Sofovich” (1992), - ( La Ley 1992-C 543).

En la rama del derecho que cultivamos en el caso “Vizzotti” (2004) (La Ley 2004 E-929) al tutelar racionalmente el derecho individual del trabajo, el más alto tribunal estaba produciendo reglas que se integraron al sistema jurídico constitucional.

Como lo hemos referido invariablemente en planteos precedentes, el Derecho Laboral hace referencia al conjun-to de disposiciones prescriptas enunciadas tanto en el texto de la constitución nacional como en los acuerdos con jerarquía de tal.

Con respecto a las que se encuentran fuera de su texto y proviene de fuentes nacionales e internacionales que gozan de jerarquía constitucional la interpretación judicial que se les haya hecho asociado como significado protec-tor del trabajador individual no dejamos de reconocer resulta harto positiva.

Sin embargo, no escapa a nuestra atención que, en América Latina después de una experiencia sostenida de re-ducción de costos laborales por la vía de disminución de la protección del trabajador el resultado fue que el aumento de empleo en las medianas y grandes empresas durante la década del 90 no superó el 1% anual, mientras que el em-pleo informal y precario trepó a una tasa anual del 4% y el desempleo abierto se incrementó en un 10% 11.

La estrategia básica para obtener ganancias de competitividad basada en la precariedad laboral con la disminu-ción de los contratos laborales a tiempo indefinido y aumento de los contratos de duración determinada logró redu-cir el costo laboral promedio de los trabajadores; práctica esta que fue la estrategia básica para obtener ganancias porque sería el mejoramiento de la competitividad. 9 Fernández Madrid Juan C. “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo” Tomo I Editorial La Ley –octubre 2001.10 Bidart Campos Germán “El derecho de la Constitución y su fuerza normativa” Editorial Ediar .Bs.As. 1995.11 Neffa Julio César “Empleo y desempleo en la Argentina” XXV Jornadas de Derecho Laboral, Mar del Plata 1999.


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Más aun, este cambio en la composición del empleo en las empresas, trajo aparejado que se llegó a un punto en que el aumento de la precariedad afectaba la productividad media del trabajo.

Entendemos, según nuestra posición, que la competencia en base a bajos precios resultante de deplorables condi-ciones de trabajo y de vida, especialmente en los sectores de alto valor agregado, corrió el riesgo de ser rechazada por el mercado internacional, que además de precios competitivos exigió calidad en el producto, seguridad en la elabora-ción, entrega oportuna, “just do it” , “just in time” adecuación particularizada al deseo del cliente etc., poco de lo cual se puede garantizar cuando se opera con una mano de obra precarizada, mal paga de alta rotación y desprotegida.

El estado de no protección se fomenta y desarrolla en el marco de una cultura de evasión de la norma jurídica, por consiguiente sin la reivindicación del valor ético, jurídico y económico de las reglas de juego, lleva a que luego sea difícil que pudiera funcionar un esquema de protección.

En resumen, se advierte que la protección es buena no solo por que mejora la suerte de los trabajadores y la producción, sino también por que hay bienes públicos que defender de esa manera, entre otras variables la salud, la producción la seguridad y, sobre todo, el bienestar general.

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SEGUNDA PARTECentralización de nuestro enfoque

Durante las últimas décadas del siglo XIX, tuvo lugar en la República Argentina un vigoroso proceso de crecimiento económico que produjo profundas modificaciones en las estructuras productivas demográficas y sociales.

Nuestro país se integraba al mercado mundial como importante abastecedor de productos agrícolas 12 Luego y ya en el siglo XX se atravesaría una etapa de incorporación de cierto desarrollo industrial en la que más

tarde encuadrarían los fenómenos de expansión de la segunda posguerra, la década del 70 y sufrir su embate con la crisis del petróleo.

La inestabilidad monetaria, la oscilación en el nivel de actividad económica junto con el estancamiento del pro-ducto marcaron los años 80, a partir de la crisis de la deuda externa fueron implementadas las medidas orientadas por el Fondo Monetario Internacional.

El proceso hiperinflacionario de los años 80 vino acompañado de una creciente red de mecanismos de indexa-ción de precios y salarios, insuficientes para impedir el retroceso en el rendimiento asalariado

Este quiebre mostró, por una parte, los desequilibrios que acompañaron ese estilo de crecimiento, por la otra que la desigual distribución de sus beneficios entre los distintos grupos sociales había llevado en muchos casos a que las distancias entre ellos se incrementaran.

Durante la década de los ochenta, gran parte de los países de América Latina, entre los que se incluye a la Re-pública Argentina, sufrieron una aguda contracción económica, una disminución de los ingresos provenientes de la actividad productiva y una mayor inequidad en el reparto de los mismos.

La concentración del ingreso en manos de los sectores más ricos resultó mayor en América Latina que en cual-quier otra parte del mundo.

El comportamiento general del mercado de trabajo indicó una relación positiva entre la evolución del nivel de actividad y empleo.

En un escenario de estancamiento productivo, el avance limitado en el nivel de empleos regulares ocurrió debido al aumento de las ocupaciones en el sector público y de cambios en la composición del empleo.

La referida situación que aconteció con mayor peso en los sectores no organizados del mercado de trabajo de-bido a la mayor cerrazón de la economía a la competencia internacional aunado a ello, el bajo nivel de actividad, la inestabilidad, los sucesivos programas de estabilización entre otros, afectaron seriamente el mercado de trabajo principalmente en la zona sur de América Latina.

Tanto en lo que respecta a las condiciones contractuales laborales individuales, como a los niveles de remunera-ciones y de actividad en general.

Ello se refleja en un incremento del desempleo, del subempleo en un aumento de la precariedad y en una caída de las remuneraciones medias.

Ante tal situación sostenemos que es el estado, quien debe facilitar las condiciones que permitan un crecimiento dinámico, no sólo de la economía, sino de los diversos factores que coadyuvan a crear e incrementar el bien común.

Entre estos se destacan la posibilidad de que los miembros de la comunidad puedan obtener un empleo, capaci-tarse (tanto en lo intelectual como en lo técnico - profesional), ya en los niveles formales o informales a los que deben tener fácil acceso.

No debemos olvidar que el elemento fundamental para incrementar la capacidad de acción que requiere una buena o discreta calidad de vida, lo es ahora el conocimiento (en otras épocas pretéritas lo fueron a modo de ejemplo la tierra, la propiedad mobiliaria, etc.).

A través de la legislación laboral se debe procurar la creación de puestos de trabajo productivos, presupuesto básico y fundamental para lograr una oferta abundante de oportunidades de empleo que aseguren ante rápidas modificaciones que provoca el cambio tecnológico, la posibilidad de hallar ocupación adecuada cuando se ha perdi-do la anterior que se ejercía.

En éste orden de ideas entendemos que es el Estado, en su condición de gerente del bien común, el que debe asumir el respectivo compromiso que lo obliga a adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar la posibilidad de que los miembros de la comunidad tengan a acceso a una capacitación que los habilite a desempeñar un puesto productivo dentro de la comunidad.

12 Recalde Héctor “La salud de los trabajadores en Buenos Aires (1870-1910)a través de las fuentes médicas. Grupo editor Universitario


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La crítica situación del empleo que se instala y se profundiza en estos últimos años en la República Argentina renueva la necesidad de reflexionar sobre el modo en que inciden los mercados de trabajo sobre las normas que re-gulan las relaciones laborales sean estas individuales o colectivas.

La experiencia comparada, las expresiones más consistentes de la teoría y la propia evidencia cotidiana dejan poco espacio para sostener que el funcionamiento de los mercados de trabajo sea indiferente al modo en se que se forman y sancionan las normas laborales, a las características de su diseño y a la extensión de sus contenidos.

Es oportuno recordar que, la producción jurídica dedicada en nuestro país al estudio del Derecho del Trabajo, es de por sí numerosa y calificada pero –a la vez–, no siempre presta la debida atención a un enfoque que trascienda el aspecto técnico jurídico.

No cabe duda alguna que en el derecho del trabajo, más que en ningún otro, se observa la necesidad de una re-flexión que permita abarcar la mayor cantidad de variables económicas sociales y los objetivos políticos en el dictado de las normas estatales.

Como en la rama que cultivamos, encontramos cada día un ejemplo más para demostrar que, el derecho no se agota en las leyes, no se pueden ignorar los demás actos de creación de normas, que nacen se modifican y se renue-van continuamente, gracias al proceso de descentralización de las fuentes del derecho que caracteriza las estructuras sociales y políticas modernas.

Por lo tanto, se sostiene que aún en condiciones óptimas, a través del empleo formal sólo se podrá abarcar a un conjunto de familias, mientras que una porción significativa, los que han perdido su fuente de trabajo, no podrán ser fácilmente incorporada por ese mecanismo.

Por lo que venimos desarrollando, la realidad nos demuestra la existencia de una sociedad con marcadas diferen-cias sociales y con importante proporción poco integrada o excluida que constituye un desafío insoslayable para la autoridad estatal.

Evitar esta situación y converger hacia una sociedad que brinde en forma efectiva iguales oportunidades a sus ciudadanos constituye, sin lugar a dudas, uno de los más grandes inconvenientes que enfrentamos.

El derecho del trabajo determinado por su carácter eminentemente protectorio, la acción estatal debe, poner necesariamente su mira en la persona del trabajador ya que es a él a quien va destinada la norma que debe estar, inspirada en pautas de justicia.

Con criterios de aplicación humanista y sociales, es también la persona del trabajador quien en definitiva, sobre-lleva en situaciones terminales como lo son, las que constituyen la perdida de su fuente de trabajo, la pesada carga de negociar y buscar su destino para su futuro.

Ante esas circunstancias si las leyes laborales y el derecho del trabajo, no se impregnan de esos contenidos, pier-den el objetivo para las cuales fueron creadas.

Pocos fueron los programas que contemplaron políticas tendientes a compensar los efectos sociales negativos que su implementación traería aparejados.

Reiteramos como lo hicimos al inicio de este segmento que la década del noventa encuentra a la región con un empeoramiento de la distribución del ingreso respecto de los setenta; el bajo nivel de actividad, la inestabilidad, los sucesivos programas de “estabilización” afectaron seriamente al mercado de trabajo.

De cualquier manera lo que nos parece irrefutable es que de todo ello es que, con ese voluntarismo jurídico se siguen agrediendo valores sustanciales del derecho laboral como son los principios de equidad, justicia social y buena fé.

Tanto en lo que respecta a las condiciones contractuales, como a los niveles de remuneraciones y de actividad de los trabajadores en relación de dependencia.

Ello se reflejó según nuestra posición sin temor a equivocarnos, en un incremento en el desempleo y del subem-pleo, en un aumento de la precariedad y en una caída de las remuneraciones medias.

Se estima que en la Ciudad de Buenos Aires, en 1990, más del 20% de los ocupados, no están registrados como tales, si a ellos se les suman los desocupados, se llega a la conclusión que, el 30% de los activos se encuentra en con-diciones precarias de inserción laboral 13.

Considerando, según dicha estadística, que casi la mitad de ellos son jefes de hogar y que la mayor parte son mayores de 25 años, ésta situación describe un incierto panorama familiar.

Como consecuencia de la disminución del producto, los asalariados pasaron a percibir un 43% del Producto Bru-to Interno a comienzos de la década del setenta a un 32% en 1990 14.

13 Libro Blanco sobre el empleo en la Argentina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –año 1996.14 Goldín Adrián “El Trabajo y los mercados sobre las relaciones laborales en la Argentina ” Editorial Eudeba , buenos Aires, 1997.

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La finalización de una relación laboral provocada por un despido, con las consiguientes facultades del em-pleador, y su poder disciplinario, las reglas que rigen esa ruptura y la protección contra el despido injustificado; son cuestiones que repercuten directamente en el conjunto de las relaciones laborales.

Los efectos difieren profundamente según quien sea la parte que lo ejerce; la rescisión del contrato laboral cons-tituye, en la mayoría de los casos, solo un contratiempo para el empleador.

Mientras que la rescisión del contrato de trabajo por iniciativa del empleador precipita al trabajador y a su familia en la inseguridad y en la mayoría de los casos a la pobreza, sobre todo “en períodos de desempleos generalizado”.

Las diferentes consecuencias del ejercicio del poder discrecional de las partes para poner término a la relación de trabajo dio origen en numerosos países a un movimiento encaminado a asegurar aún más la protección del tra-bajador.

En esta evolución fueron fundamentales medidas tales como: el pago de una indemnización por fin de servicio, las iniciativas encaminadas a eliminar el poder discrecional del empleador para poner término a la relación de tra-bajo por un motivo infundado o sin motivo, iniciativas que se fundamentaron en los conceptos de abuso de derecho por parte del empleador.

Para Justo López 15, “la denuncia del empleador es la que se llama despido y puede ser motivada o inmotivada, lo mismo que la denuncia (renuncia o dimisión) del trabajador”.

Entendemos que en nuestro ordenamiento jurídico la denuncia motivada del empleador se da en los casos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (injuria o sea incumplimiento grave del trabajador); fuerza mayor y la falta o disminución de trabajo” (art.247 LCT), o en general por causas económicas o empresariales, como las razones “de fuerza mayor” y “las causas económicas o tecnológicas” del artículo 98 de la ley 24.013( ley Nacional de Empleo); asimismo los casos de reestructuración “ de las plantas de personal por razones tecnológicas organizativas o de mer-cado” y en el caso de “las pequeñas empresas” de la ley 24.467, llamada “Ley de Pymes”.

También en el caso de despido por “vencimiento de plazo” (art.250 LCT), por “derecho a la jubilación ordinaria”(art.252 LCT); por incapacidad sobreviviente o inhabilitación sin dolo o culpa grave , despido justificado del trabajador a “plazo fijo”, despido de trabajadores eventuales a los que se les aplica el art. 242 y demás que reglamen-ten “justas causas” de despido (art.100 LCT), la imposibilidad de incorporar a la trabajadora que terminó su período de excedencia (artículo 184 Ley de Contrato de Trabajo ), despido por imposibilidad de asignar tareas al trabajador parcialmente incapacitado o totalmente incapacitado( articulo .212 del cuerpo normativo citado).

Por el contrario la denuncia inmotivada del empleador es la que no tiene motivo o “causa” prevista, es decir reco-nocidas por la ley, es por eso que se llama despido injustificado.

El Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre la terminación de la relación de trabajo en su artículo 4º dice “no se pondrá termino a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o con su conducta o basada en las necesidades de la empresa, esta-blecimiento o servicio”.

El artículo precedente al citado (3º) aclara que a los efectos de este convenio las expresiones “terminación” y “ter-minación de la relación de trabajo” significan “terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador.

Los artículos 5 y 6 enuncian diversos motivos que “no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de la relación de trabajo.

Ese “despido sin causa justificada” o, sencillamente, “despido injustificado” es, precisamente al que el legislador constituyente ha llamado “arbitrario” y ante el cual dispuso que el trabajador este protegido por la ley.

Nos parece oportuno recordar a esta altura de nuestro desarrollo que el artículo 14 bis de la Constitución Nacio-nal, establece que “las leyes asegurarán al trabajador … protección contra el despido arbitrario”.

El derecho a la indemnización en caso de despido injustificado ha formado parte de nuestro sistema legal al incorporarse con la sanción de la ley 11.729 (año 1934) con los antecedentes parlamentarios que se remontan al proyecto de Alfredo Palacio de 1913.

Este connotado legislador, sostuvo que 16 “la justicia social que lleva implícito el respeto por la persona humana, se in-voca en el Parlamento por los legisladores de todas las ideologías, aparece como el fundamento de todas las constitucio-nes de todos los países cultos y constituye un clamoroso anhelo de los oprimidos. En realidad, es simplemente justicia”.

Por lo que queremos enfatizar en este estadio de nuestra presentación que, la arbitrariedad del despido se deter-mina justamente por ausencia de causa suficiente para disponer la extinción de la relación laboral.

15 Justo López “Ilicitud e invalidez del despido arbitrario” Editorial Errepar D.E.L. nº 148.16 Palacio Alfredo “El nuevo derecho”, Antecedentes Parlamentarios del Congreso de la Nación año 1936.


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En el Derecho del Trabajo se fija como principio general la indeterminación del plazo del contrato de trabajo y la conservación del mismo (artículos 90 y 10 de la Ley de Contrato de .Trabajo, respectivamente).

En consecuencia toda conducta del empleador que viole dichos principios resultan , ilegítimos y pasibles de sanción.

El ya referido Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre “Terminación de la Relación de Tra-bajo por iniciativa del empleador (fecha de entrada en vigencia 23/11/85), establece que entre otros preceptos que:

“No constituyen causa justificada para la terminación de la relación , la afiliación a un sindicato, o la participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo, ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad”.

Tampoco la constituye; presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra una empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante autoridades administrativas competentes; la raza; el color; el sexo; el estado civil; las responsabilidades familiares; el embarazo; la religión; las opiniones políticas; la ascen-dencia nacional o el origen social; la ausencia de trabajo durante la licencia de maternidad.

A la vez, es de sustancial relevancia destacar que, el convenio prevé que todo trabajador que considere injusti-ficada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral facultado para pronunciarse sobre la justificación de la terminación.

La recomendación número 166 complementaria del C. 158 comprende un cierto número de disposiciones que amplían las contenidas en el convenio.

En lo que se relaciona con la justificación de la terminación, además de los motivos mencionados en el convenio, la recomendación añade otros dos que no deberían constituir causa justificada para la terminación de la relación de trabajo:

La edad (sin perjuicio de la legislación y la práctica nacionales con respecto a la jubilación) y la ausencia de traba-jo debido al servicio militar obligatorio o al cumplimiento de otras obligaciones cívicas.

Además del Convenio158 y la Recomendación 166, existe un número importantes de normas de la OIT , en par-ticular algunas de carácter fundamental en la esfera de los derechos humanos, que implican una protección en el ámbito de la seguridad en el empleo.

Por ejemplo en lo que se refiere a la protección contra los actos de discriminación antisindical (Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

Convenio nº 135 y Recomendación (nº 143) sobre representantes de los trabajadores, 1971; Convenio (núm. 141) recomendación (nº 149) sobre las organización de los trabajadores rurales 1975 , o contra la discriminación en el empleo o la ocupación.

Convenio nº 111 y recomendación (nº 111) sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, la protección de maternidad, C 87, 1919(núm. 3), convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103), la protec-ción de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador (Convenio nº 173) y recomendación nº 180.

Por el desarrollo precedente, según nuestra posición ya aludida y que reiteramos, el trabajador que pierde un empleo, siempre sufre una pérdida de ingresos, enfrentándose en la mayoría de los casos a una situación de pobreza no solo económica sino también espiritual y moral.

Para la generalidad de las personas, el trabajo es la mejor de las formas que se posee de expresar su dignidad y su autonomía como seres humanos, en consecuencia el despido representa un fuerte impacto, no solo a nivel patrimo-nial sino también psicológico y familiar.

Desde la perspectiva de la sociedad la perdida de la fuente de trabajo de una persona a largo plazo, implica un serio problema social, es campo de cultivo de graves niveles de criminalidad, ataca la estabilidad política y toda forma de progreso económico y social.

Por lo que en el derecho del trabajo existen –entre tantas otras pero, en lo que al tema importa– dos tipos de preocupaciones, las primeras afectan al empleo, toda nueva disposición se valora sobre todo en función de los efectos positivos que pueden darse en la lucha contra el desempleo.

Las segundas apuntan hacia el respeto de la persona mediante la salvaguarda de sus libertades y derechos fun-damentales, y ello tiene plena eficacia en el derecho al despido.

En la obra “Contrato de Trabajo” de Francisco García Martínez , publicada en 1945, el autor expresa “la indemniza-ción por antigüedad en el servicio ha sido instituida por el legislador con fines de previsión”.

Sin embargo entendemos que con ello no se logra remediar ni siquiera en parte a la desocupación a que puede ser llevado el empleado u obrero que queda cesante.

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Teniendo en cuenta las dificultades con que tropieza, en la realidad cotidiana, un trabajador para encontrar una nueva ocupación en condiciones análogas a la que pierde, además de carecer –durante ese lapso– de la retribución suplementaria por el trabajo realizado en beneficio del principal durante la prestación de servicios, perdiendo paula-tinamente a medida que el tiempo avanza su autoestima y dignidad.

Empero es a nuestro entender, el derecho a percibir la indemnización por despido que proviene de las relaciones de un orden superior a lo establecido en los principios contractuales, que es constituida por la prestación de los servi-cios continuados la antigüedad de esos servicios, la incorporación de fuerzas de trabajo de iniciativas de progreso en beneficio del empleador, el principio de que el salario no es jamás la retribución integra del trabajo puesto al servicio del principal, no llegar a palear el después del trabajador, cuando se encuentra fuera del mercado laboral.

Se trata pues, nada más y nada menos que de la compensación que ha de poner el principal en manos de sus obreros, empleados, factores y encargados, después de tantos años de servicios, cuando se interrumpe esto sin vo-luntad del obrero y si es necesario que busque aplicación a sus actividades en otro ambiente, en otra vivienda, en otro medio ,con las dificultades consiguientes, con los riesgos consiguientes, que la ley con su espíritu previsor y con su alto espíritu de justicia , pone exclusivamente a cargo del principal .

Quizás haya llegado la hora de hacer las cosas diferentes o de proponer algo diferente comenzando para ello, por considerar que la actividad laboral en cualquiera de sus formas también está ligada directamente al interés general, que como dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional es obligación de todos los argentinos Promover el Bienestar General y es una de las cuestiones de Estado.

Por lo que debe formularse un nuevo sistema protectorio regulador del derecho del trabajo en todas sus formas, más allá de los sistemas de relaciones subordinadas o dependientes y acomodarlo en la mayor medida posible a las normas internacionales.

No concebimos que se pueda sostener razonablemente un país para poder progresar, desarrollarse e incluso para poder sortear las crisis deba incurrir en ilegalidades o inconstitucionalidades.

En otras palabras, lo que proponemos es que todos aquellos que tienen algo que ver de un modo u otro con el de-recho del trabajo, análicen y propongan alternativas frente a las diferentes crisis intentado perfilar un nuevo horizonte que oficie como una suerte de brújula con la cual se facilite el trazado del rumbo a seguir para enfatizar la protección ante el despido o bien introducir severas limitaciones, como las señaladas al referir a los convenios y recomendacio-nes aludidas en este apartado de nuestro trabajo.


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TERCERA PARTE:Cuestión Social

Continuando con el desarrollo de nuestra presentación, en otro orden de ideas, entendemos que, acentuar la garantía de estabilidad en las relaciones laborales individuales se afirma como respuesta útil y válida a la cuestión social.

Las relaciones de trabajo no siempre se desenvuelven con normalidad y armonía entre las partes, sino que en variadas ocasiones se producen perturbaciones que interesan profundamente a la sociedad y como es obvio también al derecho del trabajo.

Ello así puesto que las condiciones de trabajo no pueden quedar libradas a la ley de la oferta y la demanda, y a su determinación sólo en el plano menor de la empresa.

Menos aún en circunstancias, en que el trabajador ha perdido su fuente generadora de recursos económicos, toda vez que y, más allá de la existencia o no de sindicatos del sector, la decisión final siempre se produce a nivel de la relación individual con la secuela lógica de situaciones de abusos.

Los problemas que tradicionalmente pudieron denominarse “laborales”, como una forma de sectorizarlos, no pueden ya concebirse sólo como aspectos parciales o marginales del quehacer nacional, sino como un acápite rele-vante de la problemática económica y social del conjunto país.

No pasamos por alto la incidencia del desempleo en la sociedad; problemática que luego desarrollaremos a nivel nacional desde diversos aspectos, jurídico, sociológico, psicológico, educacional y económico; ni el impacto de las nuevas tecnologías o, en la necesidad de competir con mercados cada vez más amplios, temática que será expuesta en los capítulos VII y IX del presente desarrollo.

Pero ninguna de estas razones justifica que el trabajo humano y el trabajador se conviertan en victimas que de-ban ser sacrificadas para que los empleadores puedan obtener mayores ganancias, sin asumir riesgos o que aumen-ten eventualmente su competitividad bajando los costos a través de la reducción de los salarios.

En el período que nos ocupa, es decir el que comprende entre los años 1990 a 1995 en la Capital Federal, se puso en escena en nuestro país, con carácter protagónico, –como ya hemos manifestado en las palabras preeliminares– al mercado, al costo laboral y, al desempleo, expresiones que fueron utilizadas indistintamente para justificar un debi-litamiento de las estructuras protectorias del derecho laboral.

Según nuestra posición, alcanzar el principio de justicia, de acuerdo con el cual, es preciso asegurar a cada ser humano un espacio de libertad suficiente, como para que le permita el desarrollo de su propia personalidad, es tarea que históricamente va desarrollando la humanidad.

Sin llegar nunca a un punto final, ni siquiera a uno temporalmente ideal, en cada momento de la historia.Los hombres saben o pueden percibir, que el mundo continuamente elaborado por ellos con su trabajo, podría

ser mejor de lo que es, al menos desde el punto de vista de la justicia y de la equidad. Desde hace aproximadamente unos trescientos años, la historia desde el comienzo de la revolución industrial a

nuestros días, ha llegado a un punto, donde un grupo considerable, “el de los trabajadores asalariados” han perdido en mayor o menor medida gran parte su autonomía individual.

El trabajador individual se introdujo en una nueva figura caracterizada por la dependencia y así su vida transcurre signada por voluntades ajenas, su papel en el proceso de producción, es indicado por otro y marca en gran medida su posición social, la cual, se sujeta a estructuras también sociales ya instituidas y que le resultan también más o menos ajenas.

Son sin duda y en resumen, las cuestiones referidas a la riqueza, el poder y el prestigio, que pueden tanto existir, como cuestiones de mera opinión puramente subjetivas, y aún mal o nada fundadas, cuanto fundarse en datos veri-ficables, aunque pasibles de ser calificadas de distintas maneras.

No es una cuestión simple, puesto que comprende innumerables matices, tantos que, bien pueden llegar a abar-car gran parte del espectro de lo humano.

Tales diferencias de opinión y posturas en mayor o menor medida, van generando tensiones, ya sea en quienes se sienten injustificadamente descolocados de una estructura social, económica o política, como en quienes piensan, que los privilegios en la estructura tienen un buen fundamento de razón, al que faltan arbitrariamente, quienes bus-can la eliminación de dichos privilegios.

El tiempo facilita la elaboración de éste tipo de tensiones, encausándolas como conflictos tendientes a alterar el estado de las cosas vigentes, pero con respeto por el acuerdo básico que generalmente existe sobre la necesidad de no provocar un desorden que reponga las cosas en un punto anterior al grado de progreso conocido.

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La permanencia de una estructura cualquiera, en nuestro análisis “la relación laboral individual”, permite evolu-cionar a través de sucesivas pruebas, fracasos – éxitos y sucesivas síntesis hasta alcanzar un cierto punto de acuerdo respecto del papel de cada uno; el tiempo cada vez más acelerado, va subrayando esta proposición.

Las transformaciones económicas e institucionales en un contexto de estancamiento o crisis económica tienen impactos sustantivos sobre la estructura y dinámica del mercado de trabajo.

Este funciona como mediador entre la lógica del modo de acumulación, sus transformaciones y la estructura de las oportunidades de vida de la población.

El posicionamiento de los individuos en la estructura ocupacional, junto con la distribución de la propiedad, de-terminan en gran medida sus niveles de ingreso y las probabilidades de acceso a otros bienes y servicios estratégicos (capital cultural, prestigio, reconocimiento poder, entre otros.),

En tal contexto, los avatares de la reconversión productiva también ejercen una influencia directa sobre la estruc-tura del mercado de trabajo.

La exclusión del mercado de trabajo se expresa en un aumento del desempleo abierto y oculto. En la Argentina de 1980 había 235.000 desocupados urbanos, en la de mayo de 1992 son 772.000; en 1980 había 2.784.000 subocupados.

En mayo de 1992 son casi cuatro millones (3.911.000), a la vez que el 34% de la población incorporada al merca-do de trabajo padece alguna forma de subocupación o de inserción de zonas blandas del sistema productivo (sector informal, servicio doméstico, trabajo rural, etc.) 17.

En este marco entendemos se debe agregar las transformaciones cualitativas en el mercado de trabajo, el proceso de “desalarización” y expansión del cuenta propismo; la acentuación de la fragmentación de las ocupaciones en tér-minos de la incorporación desigual de conocimiento científico y tecnológico en los puestos de trabajo; redefinición de los sistemas normativos y legales que estructuran las relaciones laborales (desregulación, flexibilización y precari-zación de la fuerza de trabajo).

Acelerándose en forma desproporcionada la distribución cada vez más concentrada del ingreso y de la fragmen-tación del salario en el interior de las ramas.

Al igual que en otros países capitalistas también en Europa se producen transformaciones sustantivas y duraderas en la estructura del empleo.

La especificidad del sistema argentino supo presentar una combinación entre estancamiento económico, rees-tructuración productiva y reforma del sector público.

En efecto, en el período que se analiza y, que como venimos remarcando comprende 1990 -1995, se asiste a un proceso de desestabilización de sectores significativos de la población, que en un período anterior habían alcanzado mejores ventajas asociadas a la posesión de un empleo estable y relativamente mejor remunerado.

La expresión “nuevos pobres” en la República Argentina indica que esa denominación coincide con una situación real de empeoramiento de las condiciones de vida que no se reducen simplemente a una pérdida de salario real (que también existe).

La situación reside en una serie de transformaciones estructurales en el mercado de trabajo y cuyo resultado es una gran variedad de situaciones que confluyen en la exclusión social.

De un modo esquemático podría definirse un espacio organizado alrededor de dos polos:La exclusión total (desempleo) y la inclusión parcial o defectuosa (subempleo, trabajo informal, cuenta propismo,

baja productividad, entre otras.), en un espacio así constituido pueden encontrarse múltiples situaciones de inclu-sión/exclusión parcial con variada intensidad de matices.

A esto debemos agregar la variable tiempo o bien la trayectoria social: no es lo mismo ser un desempleado recien-te que uno crónico ó sólo tener dificultad para encontrar el primer empleo.

Por otra parte, es preciso señalar que la inserción laboral también varía no únicamente en función de los clásicos sectores económicos.

El tipo y tamaño de la empresa es un factor destructivo de primer nivel, no solo en términos de salario, sino tam-bién de estatus ocupacional, estabilidad, proyección futura, beneficios asociados, etc.

A la vez, y en términos generales se puede sostener que no suele ser el mismo nivel de beneficio el que se otorga en la pequeña o mediana empresa.

El resultado es un mundo del empleo extremadamente fragmentado y estratificado, donde son tan diversas las situaciones de inclusión como las de exclusión, lo cual atenta contra la conformación de grandes actores colectivos al estilo clásico (la clase obrera, los metalúrgicos, etc.).

17 Libro Blanco sobre el empleo en la Argentina del Ministerio y Seguridad Social, año 1996


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Esta especie de pulverización del escenario social está en el origen y a la vez es resultado de la crisis de las grandes representaciones organizativas unificadas de intereses sectoriales en la sociedad.

El desmantelamiento de los grandes servicios nacionales de salud y educación básica también incidió en la acen-tuación de la fragmentación del trabajo en los sectores público y privado que tendían a la homogeneidad o, cuanto menos, a cierto horizonte de igualdad.

La descentralización de los servicios supone una fragmentación de las condiciones de trabajo y de salarios como nunca se había conocido antes.

En estas condiciones se constata asimismo en el gran escenario nacional un vaciamiento de significado de las clásicas organizaciones sindicales nacionales representativas de intereses sectoriales 18.

Las reformas jurídico institucionales introducen nuevo elementos de fragmentación y jerarquización entre los asalariados, se reduce el campo de lo que podemos llamar “trabajo legítimo”, es decir estable, de tiempo completo, en el sector moderno y dinámico de la economía, altamente calificado, etc..

Como contrapartida proliferan distintos tipos de relaciones laborales “precarias”, por tiempo determinado, por tiempo parcial, interinos de aprendizaje, etc..

Estas categorías en desarrollo generan identidades fragmentadas y diferenciadas del viejo asalariado formal.Estas nuevas tendencias introducen elementos de distinción en los propios lugares de trabajo entre “estables” e

“interinos”, nombrados y contratados, etc. Estas diferencias de condición no pueden menos que traducirse en diferencias de percepción y de modo de ver

las cosas, que dificultan la constitución de identidades colectivas.Estudios realizados en países capitalistas avanzados, muestran que por ejemplo, la difusión del modelo de obrero

“interino” vino a romper la unidad de la acción de la clase obrera organizada.Los trabajadores interinos por lo general no se sindicalizan y no hacen huelga en la medida en que su posición

frente a la patronal es más de débil y aspiran a un puesto estable en la fabrica. Y este no es sólo en nuestro continente, por que a modo de ejemplo también, en Francia la sindicalización de la

fuerza de trabajo cae abruptamente, las dos principales organizaciones obreras (CGT y CFDT) pasan de 2.200.000 en 1970 a 1.000.000 en 1990 19.

En nuestro país se registra la misma tendencia a esta pérdida cuantitativa debe agregarse la diversificación de condiciones e intereses, ambos factores vuelven cada vez menos probable la adopción de estrategias de lucha unifi-cada, por ejemplo la huelga general.

El “obrero temporario” generalmente joven, choca con “el viejo obrero” que, ante ese espejo, ve desvalorizada su propia identidad como obrero y las formas de lucha clásica que le están asociadas.

A esta altura de nuestro desarrollo, afirmamos que el interés de una pluralidad de personas a un bien apto para satisfacer una necesidad común, no consiste en la suma de intereses individuales sino en su combinación por bienes aptos no sólo para satisfacer las necesidades individuales sino por un bien unificado apto para atender los requeri-mientos de la colectividad.

Es por ello que afirmamos, sin temor a equivocarnos que el interés colectivo que no persiga un interés general que persuada de manera categórica a toda la colectividad organizada, aún siendo un interés diferente del interés individual es de por sí un interés privado, no constituyendo por consiguiente un interés público apto para satisfacer necesidades primarias de bienestar y justicia social en una comunidad jurídicamente organizada.

En suma, la cuestión social que se exterioriza a través de las crisis no deviene de una cuestión súbita o imprevisi-ble que requiere de remedios momentáneos o circunstancias hasta superarlas, sino de todo un proceso de mutación o cambio en el sentido apuntado.

Consideramos que el problema es profundo y requiere agregar algunos elementos más al análisis, habida cuenta que de las crisis solo se sale asumiéndolas y reestableciendo los que serán los nuevos pilares de la actividad laboral.

Algunas de esas consideraciones serán efectuadas en los partados que siguen.

18 Von Potobsky Geraldo “Jurisprudencia de los Organos de control de los Instrumentos Internacionales” DT agosto 2006.19 Javillier Jean Claude “ Lo individual y lo colectivo, la dinámica de las relaciones profesionales” T y SS 1997-756.

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V: LA REALIDAD: EL CONFLICTO SOCIAL MODERNO

Es cierto que en todos los períodos de la historia, han existido injusticias de todo orden, de diversos grados y refe-rentes a diversas materias, tal vez la esclavitud con su poca remota vinculación con nuestra disciplina se nos aparece hoy como una de las más absurdas de todas.

Pero no es posible igualar el conflicto social que existe a partir de 1990 en la Capital Federal, con el inmediata-mente anterior a la década en análisis.

Según nuestra posición, por lo general la sanción de normas de emergencia impactan en forma directa sobre los institutos del derecho del trabajo y en los contratos laborales individuales.

Ante una situación de conflicto, la ley establece una consecuencia económica frente al despido durante ese perío-do, con lo que se arremete de manera negativa en los valores sustanciales y rectores del derecho del trabajo.

En los últimos años en la República Argentina (como en casi en todo occidente) se han registrados cambios sustan-tivos en los modos de producción, la ingeniería del estado, la morfología de la sociedad y ciertas formas de la política.

Es obvio que estos cambios no son independientes y el resultado es una nueva forma de articulación entre estas dimensiones transformadoras de la vida social.

Sólo un análisis somero, nos indica que los argentinos somos testigos ( a veces solo parcialmente conscientes) de una serie de profundas transformaciones en las bases estructurales de la sociedad contemporánea.

El punto de partida del razonamiento son las transformaciones cuantitativas y cualitativas del mercado de trabajo y las modificaciones sustantivas en las articulaciones entre Estado y producción de bienes y servicios en la República Argentina moderna.

En esa articulación destacamos dos fenómenos que nos interesan:Por una parte las nuevas formas de la exclusión social, por la otra, las transformaciones en la lógica de constitu-

ción de los actores colectivos y los problemas conexos de integración social y política.El primero enfatiza ciertas dimensiones del problema social contemporáneo, el segundo plantea desafíos par-

ticularmente relevantes a la teoría y práctica de la acción colectiva y la representación política; por último ambos remiten a problemas inéditos de unión, integración y cohesión social.

La República Argentina ostenta, según nuestra posición, el raro privilegio de ser una sociedad en situación de estancamiento prolongado en cuanto al desarrollo de su sistema productivo.

Los resultados se expresan en varios indicadores. Entre ellos vale la pena recordar el siguiente dato el Producto Bruto Interno per capita en 1990 era aproximadamente el 20% más bajo que en 1980. Este constituye un verdadero récord, haciendo una comparación con otros países como Brasil (- 6%) o México (-5%),por no hablar del caso atípico opuesto de Chile (+ 16%) 20.

Más allá de las discusiones acerca del ritmo efectivo de crecimiento y los problemas técnicos de medición, no aparece en discusión que las tasas efectivas de inversión se mantienen en un nivel relativamente bajo en relación a los montos alcanzados en períodos anteriores del desarrollo nacional.

El estancamiento tiene una serie de efectos directos sobre el crecimiento del empleo, en el mantenimiento de los contratos individuales de trabajo, en el comportamiento de los salarios y la distribución del ingreso per capita.

En cuanto a la producción de los bienes materiales y simbólicos, basta recordar que enfrentamos el agota-miento del modelo de acumulación orientado sólo al mercado interno, lo cual obliga a reinventar un modo de articulación en el sistema capitalista mundial con un nuevo perfil productivo que todavía está lejos de encontrar una definición.

En otras palabras entendemos, que los nuevos protagonistas de la sociedad capitalista industrial, no han hecho sino ocupar el lugar de sus antecesores históricos y a las siempre existentes situaciones de desigualdad.

En ese orden de ideas, afirmamos que las transformaciones económicas no pueden entenderse como un conjun-to de fenómenos aislados. Tampoco son el resultado natural de la “lógica de las cosas”.

Todos los grandes cambios que se registran en el funcionamiento de la economía nacional son obra de una vo-luntad política y de la una relación de fuerzas determinadas.

Las mismas reglas del mercado (nacional e internacional) no se implantan y difunden por generación espontánea, en la mayoría de los casos el mercado es una institución “instituida”, es decir originada en un proyecto político delinea-do con fines propios pero siempre hecho explícito a toda la sociedad.

20 Libro Blanco sobre el Empleo en la Argentina . Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, año 1996


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Por ello, no puede entenderse ni la apertura económica ni sus consecuencias entre otras la desindustrialización, la concentración del capital, etc. sin examinar una serie de fenómenos que ocurren en el plano de las políticas públi-cas del Estado que inciden notoriamente en las relaciones laborales individuales de los trabajadores en relación de dependencia.

La mejor tradición teórica de las ciencias sociales nos enseña que el estado, al igual que cualquier institución tiene dos caras: una es estructural objetiva, la otra está hecha de subjetividades, actores intereses y relaciones de fuerza.

La primera hace referencia al estado-institución o al estado aparato entendido como ordenamiento impersonal de reglas y recursos, la segunda al estado como campo, es decir como espacio en juego donde se enfrentan los acto-res colectivos que compiten y luchan por apoderarse de las posiciones que permiten imponer reglas y utilizar recur-sos, con base en el monopolio del uso (o de la amenaza de uso) de la violencia física legítima.

Cuando se habla del estado, se piensa sobre todo en su dimensión objetiva institucional. El concepto de política se refiere a la práctica relacionada con la lucha que se libra entre actores individuales y colectivos con el fin de ocupar posiciones más ventajosas en el campo del poder.

En la Capital Federal en el período comprendido entre 1990-1995 asistimos a una profunda transformación ins-titucional del aparato institucional del estado, siendo sus características más salientes, achicamiento del estado em-presario o productor (política de privatizaciones y desregulaciones) y modificación de la relación entre estado y sistema productivo (fin de la faz populista y distribucionista) del estado contemporáneo.

Afirmamos en forma categórica, sin temor a resultar exagerados, que el estado no sólo es más chico sino más pobre. La “crisis del estado” derivó en una disminución de las capacidades técnicas y jurídicas del sector público (pobreza

en los sistemas de información, recursos humanos, recursos materiales y tecnológicos, competencias, etc.) y en una pérdida en términos de eficacia y eficiencia de los sistemas de prestación de bienes y servicios públicos.

Además de un debilitamiento de la presencia del estado central como agente de políticas sociales y fortaleci-miento de espacios de poder subestatales (regionales, provinciales y municipales) y supraestatales (subcontinentales, mundiales, etc.).

En este marco se presentan problemas inéditos de gobernabilidad de los sistemas de prestación en el ámbito territorial nacional, al mismo tiempo que a los mismos se les impone satisfacer necesidades de negociación y coordi-nación de políticas a veces en desmedro de las relaciones laborales.

Los cambios en el nivel institucional del estado se complementan con los nuevos datos de la situación política (actores y relaciones de fuerza).

Desde el punto de vista de los actores políticos que interactúan en el estado concebido como un campo social, se acentúan ciertas características típicas de la política argentina: la debilidad del sistema de partidos para jugar el papel de una suerte de agregador –articulador de intereses y para dar forma, contenido y fuerza al interés general, más allá de los legítimos intereses parciales o sectoriales (crisis de representación política).

El espacio del estado está ocupado por un mix estructuralmente variable de actores orientados por pautas par-ticularistas ( representante de diversos intereses económicos o sociales sectoriales) y de actores políticos sin bases organizativas permanentes en el seno de la sociedad, es decir fuera del estado.

A la vez, quienes ocupan posiciones en el sector público no siempre están dotados de los atributos básicos para su función: representatividad competencia e idoneidad para la función.

La perfomance de las instituciones del estado tienen cada vez más dificultades para pasar la prueba de la legiti-midad y la eficiencia.

El conflicto social moderno no se limita a los elementos con los que nació en los tiempos pretéritos o sea, el conflicto entre ricos y pobres, ni se trata de los mismos poderosos o indefensos, ni la conformación en la cual se des-envuelve el nuevo enfrentamiento, ya que ninguno de ellos puede equipararse a la de décadas o siglos pasados.

Es natural que al haber cambiado toda la estructura de la sociedad, cambien también las ideas, los sentimientos tanto de quienes fuerzan el mantenimiento del nuevo estado de cosas, como de quienes aspiran a reemplazarlo.

El nuevo conflicto cualitativa como cuantitativamente es diferente., y son también distintos sus protagonistas.El actual conflicto se da entre los empleadores, que tienen el poder económico y las personas que no lo poseen,

que tiene como único sustento su fuente de trabajo, y unos al igual que otros son categorías que, históricamente nacen junto a toda la nueva situación, al menos con las modalidades que lo caracterizan a partir de ese momento.

Ocurre que son el contenido y los protagonistas de los términos de la ecuación, los que han cambiado, el riesgo propio del empleador, es el riesgo económico y; el riesgo del trabajador es mantener su puesto de trabajo, ya que con éste cubre las necesidades primarias propias y las de su grupo familiar.

Y son cosas entre sí tan distintas, que llegan a conformarse categorías personales distintas.

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Sin embargo, los “nuevos enemigos” del conflicto social, no lo son desde un comienzo, no existe una diferenciación inicial perceptible fácilmente, y es que la actitud que asumen unos frente a otros, no resulta de las condiciones parti-culares de cada sujeto individual, sino de las condiciones colectivas permanentes, que van cambiando con lentitud.

Empleador y trabajador –sujetos protagonistas del conflicto en análisis–, se alían originalmente y, ante un cambio violento contra las políticas económicas y sociales generadas por las instituciones, de modo que dentro de la anterior estructura se comportan como un único agente de cambio, contra el adversario común.

Acentuamos que el trabajador individual resultó ser “el tonto”, de ésta alianza ocasional, con el patrono al demos-trarse tal alianza, como el principio de una relación para que el empleador pudiera sacar provecho del negocio o indus-tria, en beneficio propio afectándose principios constitucionales y pilares fundamentales del derecho del trabajo.

Generalmente ello acontecía según nuestra posición de una manera abusiva aunque no haya intencionalidad de su parte, provocando además lesiones en las condiciones anímicas y en los sentimientos, en la persona del trabajador.

Toda vez que, el empleador muy poco después acaparó la mayoría de los beneficios de la nueva estructura, y el trabajador tenía ya por aquel tiempo demasiado que perder en la alteración del orden existente y tampoco tenía el trabajador demasiada distancia social y económica respecto de los futuros empleadores.

Como fenómeno accesorio que, conformaba la realidad en que se desarrolla el conflicto social, puede anotarse el dato cuantitativo, dado por la concentración progresiva de la producción manufacturera en lugares de trabajo común y la paralela concentración de masas humanas en centro urbanos cercanos a los lugares de trabajo, o sea la aparición de las agrupaciones masivas que multiplican la dimensión y la velocidad del conflicto social.

Las situaciones de privilegio social y político se dan de hecho juntas y aunque se considere dominante a cualquiera de éstas, separarlas en absoluto arriesga siempre caer en una explicación falsa por parcial; y lo que es peor, es que en materia de conflictos, cualquier grado de falsedad significa distraer a los protagonistas de los motivos verdaderos, para dirigirlos hacia otros objetos sustitutivos y otros sujetos, camino por el cual difícilmente se llegue a una solución.

El nuevo conflicto tuvo, entonces, causas o si quiere aspectos ideológicos, políticos, económicos y sociológicos.En otras palabras, cuando se comenzaban a resolver crónicos problemas económicos sociales, nuestro país asistió

a un fenómeno común a otras sociedades, aún las más desarrolladas, en el marco de los procesos de globalización económica y revolución tecnológica.

Esta temática era por ese entonces desconocida entre nosotros y también lo era el intenso “el crecimiento del des-empleo”, la crisis laboral, la emergencia económica , la emergencia social ,con la directa afectación del orden público laboral y de todo el sistema constitucional ,como ya hemos hecho referencia cuando desarrollamos nuestra posición en el capítulo introductorio.

Ante estas agudas situaciones son conocidas las consecuencias psicológicas y de graves lesiones en la estructura familiar y en el tejido social que derivaron inevitablemente, en la existencia de crecientes franjas de la sociedad im-posibilitadas de proveer al sustento de las necesidades básicas por medio de su trabajo.

La referida crisis no deviene de una cuestión súbita o imprevisible –como sostuvimos en el capítulo anterior– que requiere remedios momentáneos o circunstanciales hasta superarla, sino de todo un proceso de mutación o cambio no circunstancial sino más bien estructural.

La generación del empleo se convirtió en un verdadero objetivo nacional, ya que si no existen fuentes de trabajo se condicionaba en gran medida, el avance de las asignaturas en el proceso de transformaciones, pero a la vez y para-dójicamente ese objetivo se impulsó con una acentuada predica de menosprecio de las instituciones laborales.

Teniendo en cuenta todo ello, para lograr una inserción más positiva en la economía mundial, la política social y el mayor grado de equidad distributiva se sostuvo que devenía necesario hacer un examen cuidadoso de la cuestión de la crisis que se endilgó no solo el derecho laboral sino y fundamentalmente a todos aquellos actores y protagonis-tas comprendidos en el denominado “mundo del trabajo”.

Dicho de otro modo, a nuestro juicio este no es un problema solo del derecho laboral, es decir si las normas por ser más o menos rígidas, son las que provocan el desempleo el problema es mucho más profundo y más bien esta en las instituciones no laborales el tratar de solucionarlos.

Más aun con el fin de evitar un mayor desempleo el empresario argentino llegó en algunos casos, a un acuerdo con los distintos sindicatos a disminuir el salario de los obreros a cambio de mantener los puestos de trabajo.

Lo cual, a simple vista y sin temor a equivocarnos consideramos que constituye una violación al principio pro-tectorio, de negociación con visión de futuro; de características similares a otros proyectos de ley que buscaron la precarización del empleo y la vulneración del derecho de los trabajadores.

No descartamos que uno de los problemas que debió afrontar el gobierno de ese entonces era la absorción de los 150.000 jóvenes que ingresaron anualmente al mercado de trabajo.


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Otro de los problemas acontecidos que no dejamos de considerar, ocurría con el descenso de la tasa de actividad que proyectaba a todas las personas empleadas y aquellas que buscaban trabajo activamente.

Las autoridades estatales de entonces, tenían el desafío central y la atención prioritaria para el impulso con los nuevos programas de promoción de empleo productivo, y establecimiento en las zonas críticas.

El problema de la falta de trabajo requería asimismo de las autoridades y, de la sociedad en general, el cum-plimiento de dos exigencias cruciales, pero de aplicación inmediata para obtener el resultado con consecuencias satisfactorias ante tan flagrante situación.

La primera se vinculaba con el imperativo de asumir que la lucha contra la falta de trabajo no era responsabilidad individual o exclusiva del área de gobierno o de alguno de los sectores involucrados y que sólo con la coordinación de políticas públicas, de las estrategias sindicales y con la anuencia de las decisiones empresariales quienes serían capaces de garantizar los éxitos de tales emprendimientos.

La segunda exigencia derivaba de que en nuestro país debido a circunstancias políticas y económicas de conoci-miento público, se llegó a una gran crisis en 1989, la cual según se predicó obligó a elaborar una política de empleo flexibilizadora con el fin de paliar tal flagelo, así nació la ley 24.013 (Ley Nacional de Empleo) para fomento de la ocu-pación pero lamentablemente, se utilizó a la misma para otros fines.

La repercusión de la no protección se manifiesta cuando el trabajador no recibe los beneficios que la legislación del trabajo marca cuando se viola sus esencias.

Esas repercursiones son de carácter económico y social, expresándose en términos de inseguridad en el empleo, tales repercusiones se traslucen asimismo sobre la salud no solo del trabajador y su familia, sino también de la socie-dad y del ambiente.

La situación de no protección nos recuerda el valor social que tienen las normas de trabajo y los aspectos éticos que involucran la evasión de las mismas.

La época también estuvo signada, con la declarada finalidad de acrecentar el nivel de empleo, por la rebajas de los aportes y contribuciones ,de las cargas sociales pero según nuestra posición, el empresariado se benefició económicamen-te pero a la vez no cumplió con la finalidad de la creación de nuevas fuentes de trabajo como era la finalidad pretendida.

Por otra parte, con esta ley se creó un boomerang para el empresariado, puesto que aquellas personas despedi-das fundando su derecho en las leyes 20.744 y 24.013 llegaron a obtener un monto indemnizatorio significativo, lo cual desvirtuaba su finalidad de reducir los costos laborales.

Pero además formaban parte de la realidad, las situaciones de privilegio social y político se daban de hecho jun-tas, sin analizar cual era la dominante ya que en materia de conflictos, cualquier grado de falsedad significa distraer a los protagonistas de los motivos verdaderos para dirigirlos hacia otros objetivos sustitutos y a otros sujetos, camino por el cual difícilmente se podía llegar a la solución que la prédica de las medidas ofrecía como promesa.

Por lo tanto, es difícil sintetizar en un punto aislado la esencia del conflicto propio de la sociedad en el aspecto laboral que analizamos.

Pensamos que si realmente fuese necesario encontrar un punto de coincidencia puede recurrirse a la libertad, pero considerada como un concepto totalizador que indiscutiblemente mida la responsabilidad social.

No se trata de libertades concretas para tal o cual cosa, sino de una idea mayor siempre la misma, pero de un contenido siempre variando a través de la historia.

El nuevo conflicto se desarrolló a partir de un contexto de hecho, determinado que incluía situaciones objetivas de carencia, lo suficientemente graves como para ir convirtiéndolo no sólo en real sino también en permanente o como dijimos de conformación estructural, lo cual agrega dificultades al camino de retorno hacia mejores condiciones .

Se desarrolló “la cuestión laboral”, como una verdadera paradoja por cuanto el trabajo, que tiene por objeto la modificación de la naturaleza para satisfacer las siempre crecientes necesidades del hombre, se convirtió en privacio-nes a las personas de los trabajadores, y de sus dignidades como seres humanos.

Si la estructura en las que se desarrolló éste conflicto moderno hubiera incluido alguna posibilidad de solucio-narlo, sin duda no hubieran llegado las cosas a una verdadera situación , de acentuación del conflicto y retroceso respecto de conclusiones anteriores.

Tal incapacidad original parece cosa natural , si nos ponemos a pensar que en el plano valorativo, quienes lleva-ban la parte activa del conflicto, o sea quienes querían alterar el orden existente , estaban para la opinión aceptada por la época “privados de toda razón”.

Por lógica consecuencia tampoco el Estado, cumplió en esta emergencia su papel de árbitro entre los intereses contrapuestos, quedando suprimido así uno de los mecanismos más importantes con lo que cuenta cualquier socie-dad para resolver las cuestiones internas.

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La cuestión social se relaciona y se entrelaza con el problema laboral, del cual se ocupa el Derecho del Trabajo como disciplina autónoma y reguladora.

Los trabajadores asalariados son los sujetos protegidos por el derecho del trabajo y los que forman su límite sub-jetivo, son además un grupo de personas comparables entre sí y diferenciados de los demás sectores, por la clase de actividad y condiciones en que las desarrollan.

El derecho del trabajo es el derecho de los trabajadores, pero con agregado determinante “el de los trabajadores dependientes”.

La mayor parte de la problemática que enfrenta la sociedad moderna, o sea las deficiencias de vivienda y de protección a la salud, los problemas del transporte y aun la contaminación ambiental o el hacinamiento de las masas humanas en lugares reducidos, tienen su solución o su causa, o se interrelacionan recíprocamente con el salario, de modo más o menos visible.

La problemática social, entre las que podemos incluir por ejemplo, la protección sanitaria –vital de la población– , el fomento y la mejora de la vivienda personal, el aseguramiento de una cultura popular gratuita a todos los sectores de la población, la preocupación por una alimentación sana y en la cantidad adecuada para la salud general y particu-lar, la prevención de siniestros e infortunios en todas las actividades colectivas un sistema amplio de seguros sociales contra todas las contingencias personales y económicas adversas se solucionarían directamente si el nivel del salario directo pudiera ser y fuese tal, como para suplir dichas carencias económicas.

La mayoría de los problemas del trabajador provienen de ser el salario su único medio de subsistencia.Por lo que la permanencia en el empleo afecta muy directamente a su seguridad personal.Los problemas antes mencionados, son “a priori” los mismos para los ricos y poderosos que, para los asalariados

dependientes la relación laboral, pero unos cuentan con los medios de todo tipo necesarios para resolverlos.Mientras que los otros ni pueden resolverlos, ni es a veces realmente posible que se resuelvan de verdad las igua-

les carencias de todos en un mismo tiempo, y ésta imposibilidad de hecho, parece igual en quienes es hoy trabajador, que en quien lo fue hasta ayer.

La experiencia parece demostrar que la superación de las crisis en el plano económico no se traducen en una reducción sustancial de las tasas globales de desempleo, el acceso al empleo y al ingreso depende de un capital de calificaciones y de actitudes que no son poseídas por fracciones significativas de la población.

El resultado es la precarización de una amplia franja de los trabajadores asalariados, el subempleo o el desempleo crónico. La diferenciación creciente en las condiciones de trabajo, de remuneración según el sector de la actividad y del tamaño de la empresa va diluyendo las bases objetivas sobre las que se monta la identidad obrera en el sentido clásico del término.

En el período 1990-1995 no se aplica el modelo taylorista ya que no se adapta a las nuevas exigencias en términos de calidad y diversificación de los productos y de los tiempos de producción.

A partir de ese momento se demanda una mano de obra más calificada comprometida y motivada; a este obrero “post- taylorista” se le suele reclamar por lo menos cuatro cualidades típicas:

a) polivalencia ligada a la flexibilidad de la organización productiva necesaria para adaptarse rápidamente a las evoluciones que afecten los mercados y la tecnología. Todo ello es necesario para la integración más profunda de las diferentes fases de la producción y para asumir desde la fabricación imperativos de calidad, confiabilidad y de respeto de los plazos.

b) responsabilidad o la autonomía requerida para la operación de equipos complejos y costosos que pueden necesitar decisiones rápidas y seguras.

c) integración ligada a las dos características anteriores, expresa el carácter primario de la organización del tra-bajo, el carácter estratégico de las distintas fases entre las funciones especializadas, funciones terciarias hacia delante y hacia atrás.

d) apertura hacia el exterior, quizás la ruptura más importante con la cultura obrera tradicional 21.

Esta apertura está ligada con la importancia creciente de las funciones terciarias (investigación y desarrollo; mar-keting; servicio post venta), que implican por naturaleza una interacción con el cliente.

Como consecuencia de éste proceso se registra una desmaterialización del trabajo que se traduce en un enrique-cimiento de las tareas y en un aumento en la calificación del trabajador.

21 Mario Ackerman “El Derecho de las Relaciones Colectivas de Trabajo”,Tomo I Editorial Rubinzal Culzoni, año 2007.


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A partir de ese momento lo que el trabajador dependiente “pone” en la producción ya no es “la fuerza de tra-bajo”– en el sentido muscular el término–, que el individuo puede vender en el mercado, sino dosis crecientes de creatividad, imaginación y conocimiento.

Esta estructura renueva la clásica distinción entre miseria “absoluta” entendiéndose como aquella que distingue a los individuos situados en los lugares sociales más próximos a la exclusión total (del empleo, de la propiedad, de los lazos sociales)– y, múltiples miserias relativas o “miserias de posición”, es decir ocupar posiciones subordinadas en cada uno de los múltiples espacios jeraquizados que constituyen la “estructura del empleo”.

Como consecuencia de ésta situación se puede ser el último de los primeros y experimentar situaciones de su-frimiento social.

Quizás esta última posición sea otra manera de ser “nuevos pobres”, en una nueva forma de degradar “los oficios” y ocupaciones específicamente orientadas a la administración de la pobreza de condición.

En esta situación creemos se encuentran entre otros los maestros, los policías, los asistentes y trabajadores socia-les, los enfermeros, los médicos en los puestos de salud barriales o marginales, los empleados municipales, etc.

Estas categorías “ocupacionales” viven situaciones particularmente vistosas de decadencia y miseria social (no solo en términos de ingresos monetarios sino también en condiciones de trabajo y deterioro del prestigio social).

Ya que no solo son problemáticas en sí mismas, sino que contribuyen a reproducir la gran miseria de la sociedad en nuestra República Argentina.

La miseria absoluta en la imagen más difundida se asocia con la pobreza urbana, típicas de las poblaciones “vi-lleras” o hacinada en los hoteles, en los conventillos viejos y degradados aún cuando estén situados en los barrios céntricos.

La carencia en estos casos no es solo de propiedades y bienes materiales sino también simbólicos y sobre todo expresivos de todas esas carencias materiales e inmateriales.

Las urgencias cotidianas, la obligación perentoria de resolver a cada minuto la satisfacción de necesidades bási-cas propias y de los miembros del hogar obliga a ejecutar respuestas tácticas frente a la dominación tan total y brutal, pero, que no siempre es percibida como tal y por lo tanto queda fuera de toda contestación y crítica posible.

Los adolescentes y jóvenes que crecen en éste ambiente experimentan una contradicción objetiva, tienen aspi-raciones al consumo generadas en su interacción en el ambiente que opera como un caldo de cultivo, los medios masivos de comunicación que asocian “al ser alguien”, al poseer , sin embargo no tienen acceso a los recursos que exige la lógica del mercado.

Aquí están dadas las mejores condiciones para que prolifere ese subsector de la economía informal que es “la economía ilegal”, (drogas, prostitución, delincuencia, etc.).

Las cuales pueden ofrecer mejores “condiciones de trabajo” y de ingreso, de “identidad”, que los puestos ofrecidos por la economía informal urbana.

Son según nuestra posición y por lo que venimos refiriendo, los espacios de vida donde reinan la exclusión del mercado de trabajo, la desafiliación social y la tendencia a la indiferencia o abandono por parte del estado.

Allí se localizan las ofertas de servicios más pobres, escuelas de menos calidad, centros de salud malamente equipados, recursos humanos con pésimas condiciones de trabajo, policía de dudosa competencia o prácticamente ausente, etc.

Por tanto, a la luz de los tiempos que corren, tanto los juristas, los hombres del derecho, los ciudadanos capa-citados, y los hombres en general debemos obrar con conciencia de que la libertad y la igualdad resultan simples postulados vacíos de contenidos, si no se ejercen con debida responsabilidad para reconstruir un ámbito social que tienda a limar las diferencias económicas que asolan a la sociedad toda.

Motivo por el cual nos parece lo propio pensar que el Estado no debe ser ajeno a la distribución de la riqueza o a la ayuda que algunos necesitan y otros no , ya que no es cuestión de garantizar solo el derecho de propiedad de bienes que algunos consiguen, sino también de acudir a los principios del esfuerzo socialmente compartido, con la nivela-ción orientada masivamente al respeto recíproco de los habitantes del país, que no pocas veces exige discriminación inversa o positiva en orden a la paz social.

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VI: LA INMIGRACION

Se atribuye a Octavio Paz haber dicho que “los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos; …, de los barcos” .

Nuestra República Argentina es, sin temor a equivocarnos, desde su nacimiento como Nación esencialmente un país de inmigrantes.

La gran oleada migratoria europea entre 1860 y 1920, el posterior influjo de migrantes limítrofes y la paralela redistribución de la población nativa dio como resultado que para 1980 el 30% de los habitantes de nuestro país hubieran nacido fuera de su lugar de residencia 22.

Sin embargo sostenemos que una migración no es resultado del azar y no siempre es la directa consecuencia de la aplicación de una política pública específica.

Sin embargo, solo creará una corriente migratoria sólida laboral, cuando se defina en el lugar un ámbito general de trabajo dinámico respetándose las normas legales dictadas, se consolide la justicia social respetándose como pilar fundamental a la dignidad humana.

Nos resulta claro asimismo que es este el más apropiado mecanismo que impulsa y atrae los movimientos migra-torios con sentido de permanencia, sobre todo cuando se consolidan también los principios de equidad, solidaridad y paz social., preservando los intereses básicos de los trabajadores.

Entendemos que, la dinámica de un mercado de trabajo no necesariamente está ligada a una política demográ-fica, aunque esto sería lo deseable.

Tradicionalmente, las migraciones han sido definidas como movimientos de población que implican una estadía continua o permanente en el lugar de destino, es decir un cambio en el lugar de residencia habitual.

No pasa inadvertido que existe una amplia gama de movimientos poblacionales que no cumplen con los requisi-tos formales para ser considerados “migración” pero cuya importancia es evidente para zonas de extensos territorios, que necesitan ser cubiertos con población.

Desde los “inmigrantes propiamente dichos” que se trasladan en forma más o menos definitiva de un lugar a otro de sus lugares de residencia y de actividad, hasta quienes se desplazan temporalmente para trabajar pero mantienen sus lugares de residencia, deben tener una legislación laboral protectora acorde a los tiempos difíciles que el mundo globalizado les marca, en especial, cuando tienen carencias de tipo educativas.

No obstante ello, si no fuera por los trescientos mil aborígenes que aún hoy se aferran a la supervivencia, el pue-blo argentino en su conjunto podría ser considerado un conjunto con su origen casi exclusivo en la inmigración.

22 Reboratti Carlos “Migraciones y mercados de Trabajo en la Argentina” Informe del centro de Estudio de población del Departamento de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, año 1992.


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Referencia Histórica en relación a la inmigraciónAcerca de las corrientes migratoria hacia la Republica Argentina cabe recordar que, algunos llegaron con los

descubridores, otros con los conquistadores, la mayoría se afincaron durante un vasto tiempo colonial, hubo otros llegados durante los años de la emancipación y la anarquía, hasta hubo también inmigrantes cuando Juan Manuel de Rosas ejercía el poder.

Pero consideramos que la llegada aluvional ocurrió gracias a la dinámica y audaz generación del 80: entre el fin del siglo XIX y principios del XX, era una oleada que hizo modificar los cimientos políticos, económicos y culturales del país.

La escuela pública –y tal vez de mejor calidad que la actual– se ocupó de integrar a los recién llegados a la República Argentina, lo mismo que el gaucho, negros, mestizos y multados que se diluyeron en la “gringada” recién llegada.

Los cambios fueron vertiginosos, se modifica el idioma cotidiano, las costumbres, los gustos, las comidas y hasta el olor de las ciudades.

Aquella era la inmigración que procedía de Europa y Medio Oriente, ya que venían “los rubios de ojos celestes” que blanquearían “nuestra etnia”, de acuerdo con los prejuicios dominantes de esa época; recordemos también que llegaron “los gallegos”, los italianos predominantemente del sur, los árabes del imperio otomano.

Después de la Primera Guerra Mundial siguió arribando gente con el objetivo primordial de obtener fuentes de trabajo dignas, pero en columnas menos compactas, lo mismo después de la Segunda Guerra; el caudal fue disminu-yendo hasta 1960, año en que se puede dar por terminado ese capítulo trascendente de nuestra historia.

Los europeos que aún querían abandonar el viejo mundo, para aunarse con sus esfuerzos a los puestos de trabajo de los nuevos territorios a conocer eligieron también otros destinos especialmente Venezuela.

Sin animo de intentar cuadros estadísticos sobre la cantidad de inmigrantes que eligió a nuestro país, se estima que llegaron a las costas del Río de la Plata aproximadamente unos seis millones de personas que la realidad poste-rior demostró que gran parte de ellos lo hicieron con expectativas e inquietudes de consolidarse definitivamente con sus familias en esta nueva tierra virgen del sur del continente americano y vivir ellos y sus generaciones futuras con el producto de su trabajo.

Casi todos vinieron con la gran ilusión, como principal objetivo de “hacer la América” con la convicción de establecer vínculos de trabajo y regresar en algún momento de sus vidas a su tierra natal. Luego la realidad cambiaría sus planes.

Una excepción fueron los judíos que no tenían a donde volver y estaban deseosos de arraigarse en nuestro territorio.

Algunos españoles del norte e italianos del sur retornaron al Puerto de Buenos Aires luego de visitar el nostálgico terruño y llenar de obsequios a los parientes pobres que allí quedaban.

Entre el ir y venir, solo la mitad de los inmigrantes prefirió nuevamente a la República Argentina, sin embargo lue-go alrededor de tres millones al cabo de diversas penurias, ya que no lograron insertarse en el mercado de trabajo, se fueron para siempre aunque con algunas nostalgias por vivencias tenidas en nuestro territorio .

En la segunda mitad y todo a fines del siglo XX comienza un nuevo tipo de inmigración en búsqueda de puestos de trabajo que no tenía parentesco con el que hasta entonces resultaba familiar a los argentinos; algunos viajaban en barcos pero de latitudes más lejanas, Corea, Taiwán y Laos; la mayoría lo hace en avión, a diferencia de las anteriores corrientes migratorias que lo habían hecho en barco, y los más cercanos por tierra.

También con esta nueva corriente otros, provienen de los países vecinos, son “nuestros hermanos latinoamerica-nos”, como exaltan la ideología y las canciones, otra vez se trata de una corriente intensa y otra vez se genera inquie-tud en la población receptora, por que en definitiva es la que también contribuye a dibujar parte del perfil argentino de las generaciones futuras de trabajadores.

Ya no se reducen a cuadrillas de obreros que se traen para la zafra, en las provincias argentinas norteñas, ni co-rrientes migratorias para el suelo del sur nuestro territorio para poblar las regiones inhabitadas zonas debidas al clima inhóspito.

Las estadísticas nunca perfectas, refieren que aproximadamente eran unos doscientos mil uruguayos, trescientos cincuenta mil bolivianos, quinientos mil chilenos, seiscientos mil paraguayos llegaban con inquietudes para estable-cerse definitivamente en nuestro terriotorio.

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Incidencia de la Inmigración en el mercado de trabajode nuestro paísMuchos de los inmigrantes recién llegados por las formas antes descriptas, no siempre tienen su documentación

en regla, y son objeto de rapiña por los empleadores, en la mayoría de los casos, muy inescrupulosos y, a veces por sus mismos connacionales llevarían a situaciones de verdadera injusticia principalmente en lo que se refiere a cuestiones de trabajo y vivienda.

Solo a modo de ejemplo: en 1994 la DGI allanó dos locales en el barrio de Once donde se fabricaban y vendían helados 23.

Se constató también que allí pernoctaban en condiciones infrahumanas doscientos inmigrantes a quienes los dueños les habían retenido la documentación personal, lo increíble era que en la vidriera de uno de los locales un cartelito decía: “Peruanos no sean ilegales, traemos sus documentos legalizados desde Lima, facilidades de pago y rapidez”.

En el año 1992 existían alrededor de un millón de inmigrantes en condiciones críticas, no era una cifra menor en las condiciones socio económicas de nuestra Republica Argentina, ellos eran usados, en gran parte de los casos como mano de obra barata.

Mientras una “industria” de la indocumentación medra con ellos, ofreciéndoles transporte, alojamiento, trabajo y protección por sueldos de hambre y viviendas, a veces carente de lo elemental.

A la vez, comienzan a partir de esa época, ya que se refuerzan los controles para los extranjeros y en algunos me-ses se realizaron hasta 250 operativos en la Capital Federal solamente para detectar ilegales

La Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior realizaba controles de extranjeros a través de intempestiva inspección en hoteles y en lugares de trabajo.

A menudo los medios de comunicación difundían esas desagradables noticias, de las negativas y penosas tareas realizadas cuando los inmigrantes aparecían vinculados a la venta o al consumo de drogas o tareas no demasiado prestigiosas, ya que no lograban insertarse en el mercado de trabajo.

Todo ello generaba en la mayoría de los casos una creciente antipatía contra ellos y en algunos casos su situación precaria llevó incluso a expulsarlos del nuestro país.

Por ese entonces, la política oficial insistía en que se abrían los brazos a la inmigración pero se combatía la ilega-lidad que promovía abusos de toda índole.

Este flujo de latinoamericanos también estuvo integrado por brazos muy útiles deseosos de contribuir al queha-cer nacional e introducirse en el mercado de trabajo, pero no se los distribuía en el territorio en forma óptima, lo cual tampoco ocurrió en la primera mitad del siglo.

Con el aluvión europeo, los inmigrantes optaron casi en su pluralidad, por las grandes ciudades y sus alrededores, especialmente en Buenos Aires y el conurbano, donde era más fácil conseguir algún dinero, pero con consecuencias negativas, abundaba la corrupción, la droga, las enfermedades de todo tipo y la violencia.

Resulta sin embargo interesante comprobar en esta temática que difícil era esquivar el perjuicio y las consecuen-cias negativas para ellos en búsqueda de fuentes de trabajo, que en sus países de origen no lograban.

Es de hacer notar asimismo que entre los bolivianos, paraguayos, peruanos, brasileños, uruguayos, coreanos y chinos que componían esta nueva corriente inmigratoria sufren la mirada triste de quienes padecieron lo mismo cuando hacia media centuria llegaron al país.

A los recién llegados de los países vecinos, se les miraba la pobreza y la desesperación que les afloraba desde sus pequeños ojos tristes y no se nos asomaba un sentimiento de solidaridad, sino de miedo o desdén, para nuestra mala memoria valdría la pena siempre recordar que casi todos los respetables ciudadanos argentinos “descendemos de los barcos”( de nuevo rememoramos la frase de Octavio Paz).

Sin olvidarnos que cuando nuestros antepasados pisaron nuestra tierra en búsqueda de fuentes de trabajo, fueron también mal vistos por los que estaban antes, también fueron explotados, defraudados y despreciados en alguna forma y en algún momento, pese a las libertades y criterios de igualdad que se establecen nuestra constitución nacional.

Por eso sostenemos que cuando escuchamos a, determinadas personas se refieren con temor a “nuestra identi-dad”, debemos decirles que nuestra identidad existe, solo que debemos descubrirla.

Basta encontrarnos en el extranjero para detectar a los argentinos, por el habla, los movimientos, el gusto o la pa-sión, no existe peligro de esfumarnos, tenemos una identidad, aunque entre sus rasgos figure nuestra débil memoria.

Toda identidad sea individual o colectiva está sujeta a un incesante cambio, lo contrario implicaría su congelación o lo que es aún peor, a su muerte.

23 Diario Clarín” Informe especial, ,Inspecciones en el Barrio de Once por inmigrantes clandestinos, septiembre de 1994.


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Entendemos que es un concepto difícil de asumir por que la identidad suele estar asociada a lo permanente; debemos afirmar, sin temor a equivocarnos que en ella confluye las filosofías opuestas de Heráclito y Parménides, porque mientras el primero aseguraba que todo cambia, el segundo afirmaba que lo esencial queda.

Tal vez lo entendamos mejor apelando a lo individual y a nuestra propia conciencia, en cada instantes somos diferentes y siempre los mismos, la paradoja genera asombro: el bebé, el niño, el púber, el adolescente, el joven, el hombre, el senil no son iguales, pero conforman la misma persona, incluso pueden ocurrir cambios importantes en un día, en un minuto.

Esto también se aplica a nuestro país ya que el de 1770, no es el de 1810, ni la Republica de 1880 ni la de 1920, ni la de 1955, ni la de 1995, y simultáneamente es el mismo país cambiante.

Los cambios tan vertiginosos, como el transcurso del tiempo expresan su carácter vital y generan enriquecimiento, en la geografía de nuestro territorio también habitan plurales grupos indígenas, con costumbres y lenguas distantes.

La conquista y la colonización fueron tendiendo una red de contactos que se acompañó de una profundo cam-bio, además de los españoles y portugueses, aparecieron los mestizos y luego los negros.

Los factores claves son muy profundos y responden a las tradiciones y hábitos que las generaciones sedimenta-ron durante siglos., el poder avasallante de los europeos, no se debía a la blancura de su piel ni al color de sus ojos sino a la cultura que corría hasta en la sangre de los analfabetos.

Los conquistadores traían herencias que los impulsaban su cultura judeo greco latina, mora intensamente arrai-gada, sus ambiciones, cosmovisión, juicios, prejuicios derivaban de algo que no dependía de sus características físicas sino anímicas.

La transformación que impuso el tiempo colonial fue formidable, como también las del período independiente, llegó después el aluvión inmigratorio en el siglo XX que, pasó por el pico de llegada de extranjeros del viejo conti-nente, y se terminó.

A principios de 1990 empezamos a vivir una nueva etapa, por lo general con el dictado de normas de emergencia impactando en forma directa sobre los institutos del derecho del trabajo.

Sin mayor hesitación y en base a lo antes referido puede considerarse que durante un cuarto de siglo y en plena vigencia de las normas protectorias del siglo XX y de etapa de bienestar, las emergencias laborales a la que fueron sometidos los inmigrantes.

Las cuales afectaron como a los nacionales en los principios de justicia y solidaridad que el derecho laboral consagraba como una conquista que había costado casi un siglo encontrar no amedrentaron a los inmigrantes por ese entonces eran recién llegados ya que estaban dispuestos a soportar determinadas situaciones de contingen-cias en sus lugares de trabajo en nuestro territorio, por que en su tierra natal, la situación que hubieran vivido sin duda era peor.

En otras palabras, nuestra problemática estructural socioeconómica por insuficiencia del desarrollo económico o en su caso la constante precariedad del mismo, ha permitido que se confundiesen situaciones de emergencia o de excepción legitimadas por normas jurídicas que no siempre resultaban tolerables por la Constitución Nacional.

Por un lado anhelamos el crecimiento demográfico de nuestro país (de sus zonas despobladas, desérticas o ru-das desde el punto de vista climático) y por el otro nos desilusionamos con la calidad de inmigración que llegaba.

El impacto fue sísmico, los inmigrantes, a medida que el tiempo avanzaba llegaron a ser muy queridos en la mayoría de los casos, debido la demanda de mano de obra barata y la posibilidad de marginalidad de los contratos laborales individuales.

No es sino de esta manera, como se satisfacían las expectativas e inquietudes de los grandes terratenientes en prejuicio de los trabajadores en general ya que se afectaban en forma directa los derechos laborales, poniéndose en serio riesgo la vida , el honor y la fortuna de aquellos.

Así como antes se despreció al indio, al mestizo y al gaucho luego se idealizó al negro devenido inexistente y se convirtió al gaucho en arquetipo nacional, pasó a ser el héroe desplazado por los brutos inmigrantes , con el tiempo la inmigración no fue detenida por aquella clase dirigente, debido a que era un mal necesario.

La contradicción que imperó en nuestro país, no era otra más de la que hemos sabido crear a los largo de nuestra historia.

Por un lado se rechazó al inmigrante de ultramar y por el otro lado se los llamaba, primero se los marginó y luego se desarrollaban mecanismos más eficientes de integración como la escuela pública y el servicio militar, en lugar de ar-gentinizarlos mediante la cesión de tierras y el trabajo productivo, se aplicó la educación. Una muy buena educación.

En la primera inmigración, los llegados provenían de las porciones miserables de Europa y Medio Oriente que-rían trabajar el agro, pero el campo argentino se encontraba recortados en latifundios.

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Lo cual implicaba el no respeto por las normas e instituciones de derecho del trabajo y debido a la mala explota-ción de sus ociosos dueños, no dejaba florecer la colonización intensiva.

No había tradición con las aldeas organizadas sino de caseríos dispersos, en pocos años la población rural decidió abandonar los campos donde dejaban sudor y lagrimas.

Fue a partir de allí que la oleada de inmigrantes se concentró en las ciudades importantes y sus alrededores, principalmente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Surgieron de esta forma, los inquilinatos, estos lugares eran donde precisamente se expresaban algo muy opuesto al cielo o una panacea elegida; ya que eran lugares de hacinación indigna, de grandes miserias y de bajas intrigas.

Algunos de estos conglomerados también llamados conventillos llegaron a tener muchas habitaciones en tornos a olorosos patios para los trabajadores que venían rendidos de sus puestos de trabajo, con el fin lograr unas horas de descanso luego de un día arduo de extensa jornada laboral.

Cada habitación que albergaba a los trabajadores con numerosas familias eran chicas, de madera oscura por lo general, los braceros de trípode funcionaban como única calefacción y solía introducir la muerte por envenenamiento del aire, en las frías noches de invierno.

En síntesis se cruzaban entre los trabajadores inmigrantes y nacionales lenguas, nostalgias, tragedia y maldades.Por ese entonces había muchos puestos de trabajo, pero no se respetaban las bases normativas contenidas en los

artículos de la Constitución Nacional lo que constituía una ofensa para los residentes de vieja data, ya que se prefería a los gringos, por que se esmeraban más y cobraban menos, principalmente por su falta de documentación en regla y aplicación de las normas flexibilizadoras.

A los recién inmigrados de principios de 1990, pese a promesas formales de las autoridades imperantes, no les cedieron tierras, la obtención de la ciudadanía representaba para los recién llegados un trámite engorroso, costoso y difícil de solucionar 24.

Desde la administración y desde la sociedad se obstruyó el arraigo de los inmigrantes, la mitad de los cuales decidió portarse como las golondrinas, permaneciendo un tiempo limitado en nuestro suelo y luego partiendo a sus queridas tierras natales.

El corpus legislativo que antes fue establecido por la dictadura militar, aplicado con firmeza por gobernantes de la década del 90 demuestra lo que venimos desarrollando.

En esta normativa se advierte cierto grado de voluntarismo jurídico tendiente a preservar de algún modo dentro de marco de emergencia los intereses básicos de los trabajadores dependientes.

En atención a lo que venimos sosteniendo, el decreto 3938 de 1977, visualizaba la dinámica demográfica de la seguridad nacional que dominaba entonces.

La ley 22.439 dejó en claro la preferencia por los inmigrantes europeos a costa de los fronterizos y la concentra-ción de ésta materia en el Ministerio del Interior, donde funcionaba la Dirección General de Migraciones.

El gobierno acordó una amnistía general en 1984 para cerrar viejas heridas, pero amplió las atribuciones de la Dirección antes mencionada.

Por otra parte, introdujo requisitos de solvencia económica y calificación profesional que significaba en la práctica un serio escollo para la radicación de los inmigrantes latinoamericanos especialmente con bajos niveles de educación.

También la autoridad estatal justicialista siguió las mismas pautas, primero sancionó disposiciones muy favora-bles a los inmigrantes limítrofes en base a los altos principios de hermandad e integración latinoamericana.

Para abordar este tema, se acordó una amnistía para los ilegales llegados hasta 1992, posteriormente se plasma-ron normas legales restrictivas.

Antes se acusaba a los inmigrantes por las desgracias del país, entre ellas la de provocar agitación social, entre los años 1990 1995, se acusa a la nueva inmigración de traer grandes epidemias tales como la de cólera (bolivianos), facilitar el tráfico de automotores (paraguayos), difundir el sida (brasileños), cercenar nuestra soberanía patagónica (chilenos) y acrecentar entre todos los dramáticos niveles el desempleo.

En este orden de ideas vemos que es, otra vez el inmigrante, el extranjero es “el otro”, es el desconfiable, el pasajero de la noche, el culpable potencial, la posible victima de los desencantos de los nacionales que en aquellos proyectan sus frustraciones y se llega a afirmar que sobran en la República Argentina y las cosas estarían mejor sin su presencia.

Esta nueva inmigración no trae rostros nuevos ni mayores expectativas en lo atinente a la búsqueda incesante de fuentes de trabajo de los que habían dejado su tierra natal en pos un futuro que se les prometía a corto plazo por las autoridades de entonces.

24 A.Euzabi “Las cotizaciones sociales y el empleo” Revista Internacional del Trabajo OIT Volumen 114 nº2 1995/2


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Lamentablemente de esta forma se reactiva la presencia de la pobreza y la marginación, que en su mayoría, afectaba también a los hermanos latinoamericanos y también los propios habitantes argentinos, cuando el flagelo consistía la no reinserción laboral a corto o mediano plazo.

Los inmigrantes, físicamente parecidos a los habitantes –ya nacionales– que desde hace centurias habitaron nuestro territorio. son como los mestizos de la colonia y la independencia; el “cabecita negra” que desde el interior de nuestro país llegaron al cinturón de las grandes urbes.

Lo mismo aconteció cuando la vida se tornaba imposible en el campo y el crecimiento industrial requería mano de obra de escaso valor y extensas jornadas de trabajo.

Los nuevos inmigrantes no vienen a “hacerse la América” como ante hemos ferido al inicio de está temática.Muchos vienen desesperados para ganar muy poco dinero y vivir con el fragmento de lo que reciben, envían el

resto de lo ganado con el sudor de frente a la familia que dejaron atrás, ya que en sus territorios las posibilidades de cambios laborales eran aún peores, mas escasas y peor pagas.

De cualquier manera lo que nos parece irrefutable, es que los inmigrantes venían con esperanza, reproducen la epopeya y los dramas de la otra inmigración que también habitaron en nuestro país.

No son constitutivamente delincuentes, no son provocadores antisociales, ni generadores de la decadencia na-cional, como se pensaba en los hogares y se repetía en los bares y cafés en aquella época.

Quedarán grabados en el anecdotario, del sufrimiento argentino las escenas de Cobo y Curapaligüe, en el Bajo Flo-res, donde se aglomeraban bolivianos, peruanos, paraguayos y chilenos a la espera del “milagro” de una mejor vida.

Los inmigrantes de entonces, eran ilegales parados contra las paredes o sentados en los escalones de el cemento de la plazoleta, en algún momento de la mañana llegaría un automóvil suntuoso y correrían a sus ventanillas para que los ubiquen en algún trabajo impúdicamente mal pago.

Entre ellos se darían codazos algunos gritarían y otros sacarían la cabeza asfixiada por entre los cuerpos de sus “amigos”, con la oferta magra $300 por trabajar doce horas de lunes a sábados.

El gobierno de entonces, dejó que se aprovechara de esos abusos ya que a la vez se predicaba que los principales perjudicados de la ilegalidad son los mismos ilegales.

Sin embargo según nuestra posición, la realidad no era que estábamos ante un estado de emergencia coyuntural, que justificaba el dictado de leyes especiales y restrictivas de algunos derechos y garantías sino que estabamos ante una cuestión de fondo que al menos hasta el día de hoy serios problemas sigue generando.

Al margen de las buenas razones que existen, es conveniente recordar que había surgido un círculo diabólico aunque más no sea imaginario, ya que las victimas no tienen a quien recurrir, y temían dejar de ganar lo poco que recibían por paupérrimo que fuera.

Los angustiaba el ser expulsados, no les alcanzaba para afrontar los costos de su radicación, no encontraban amparo en las oficinas públicas donde prometían atenderlos, y cuando se los atendía, lo hacían en forma lenta y con desdén.

Estaban perdidos (como tantas otras veces lo estuvieron nuestros ancestros) ante la rapiña, la arbitrariedad de administraciones y autoridades de turno.

El tema no era fácil, exigía sensibilidad, seriedad, eficiencia entre otras muchas cosas; nuestro país había cambia-do, los centenares de miles de inmigrantes limítrofes no abandonaron nuestra tierra y presumimos que, se arraigarán para siempre.

Durante las décadas de la última dictadura centenares de miles de ciudadanos argentinos se fueron a otros paí-ses, y este lugar se llenó de otros– los extranjeros–, pero nuestra República Argentina tiene espacio de sobra sólo que, fue, es y será necesario llevar adelante siempre el frustrado proyecto de descentralizar Buenos Aires, poniendo en marcha una política migratoria coherente, fundada y sería.

La oleada, más fuerte de paraguayos se produjo aproximadamente a fines de la década del 80 y comienzo de los años 90, en la mayoría de los casos por problemas económicos en su tierra natal.

Son sin duda, los paraguayos los han podido tejer una amplia red de solidaridad que entre sus con nacionales, que bien podría ser tomada como ejemplo por muchos argentinos egoístas y desconfiados, desde sus comienzos.

Estos inmigrantes paraguayos, establecieron entre otras cosas, clubes sociales importantes en los barrios de Constitución, San Cristóbal y Palermo, comunicados por programas de radio FM, aprovecharon todas las ocasiones para tomar tereré con chipa y comer vori-vori .

En similar actitud, en el barrio de Pompeya, funcionó una Asociación Vecinal del Barrio Charrúa, allí las manzanas fueron habitadas por centenares de familias bolivianas, sobre las terrazas han construido hornos de barro donde cocinar sus platos preferidos.

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Sus afanes comunitarios los han llevado a crear guarderías y polideportivo e incluso hasta centro médico asistencial.En cuanto a los brasileños si bien, no tuvieron una barrio propio, pero si rituales que no dejaron de cumplir de

cuando en cuando; solían reunirse para bailar el jubiloso samba en el local de Sarmiento y Rodríguez Peña, practicar la prodigiosa “capoeira” en el Centro Cultural Ricardo Rojas o culminar sus tardes de Plaza Francia con una “feijoada” en una escuela de Serrano al 1900.

Menos numerosos que nuestros hermanos latinoamericanos son los inmigrantes del Lejano Oriente coreanos, taiwaneses , chinos, laosianos.

Se establecieron en el Barrio de Belgrano sobre el cruce de las calles Arribeños y Juramento; se formó así el Barrio Chino de Buenos Aires, con los inmigrantes de Taiwán; se preparaban vidrieras y letreros no muy numerosos pero que, dieron cuenta de restaurantes y comercios manejados por esa colectividad.

Algunos más aventureros inmigrantes coreanos avanzaron en los barrios de Once y Bajo Flores, en ese entonces un grupo a lo largo de ocho cuadras, se dedicaban a vender nabos, algas pescados y carnes, hubo peluquerías y hasta una inmobiliaria que servía para cubrir las necesidades.

No dejamos de considerar que de esta manera una porción significativa de éste aluvión fertilizó nuestro país, ya que estuvo compuesta por gente que tenía arraigada la cultura del trabajo, una voluntad inquebrantable de ponerse a disposición de sus empleadores y constituir contrato laborales individuales hasta que estuvieran en condiciones de pasar al sector pasivo de la población.

La mayoría de ellos provienen de una cultura también sedimentada, pero más flexible en cuanto a exigencias y autoexigencias, tienen una filosofía distinta de la vida, quizás afín con las tradiciones de oriente, más calma y permi-siva, armónica con la naturaleza, menos atosigada con el correr del tiempo.

En otro orden los latinoamericanos mencionados, no se motivados en el desarrollo del estudio en la universidad, ni la investigación ni las ciencias, no fue su vocación dominante; a la par cabe decir que no siempre tuvieron posibi-lidad de hacerlo.

No estuvieron asimismo obsesionados por la eficiencia técnica ni admnistrativa; nos parecemos a nuestros veci-nos en todo, aumentamos el analfabetismo, polarizamos la riqueza, se toleraron quizás hasta el cansancio las prome-sas incumplidas de los gobernantes.

Sin embargo, en la mayoría de las situaciones de flagelo social se prefiere la represión a la prevención, la protesta a la propuesta, “el remiendo” a la “buena confección”.

Los inmigrantes, como integrantes de la oferta de trabajo dentro del mercado laboral argentino, son casi siempre los que sufren flagelos como la pobreza y la marginación, ya que quien es feliz y próspero no abandona su terruño, a menos que lo empuje un fuerte y cada vez más escaso ideal.

Queda claro entonces, que dejamos de ser “un pedazo de Europa” en América como fue la predica nostálgica de otra época.

En esta etapa del desarrollo de nuestra temática, hemos querido dejar en claro esta situación vivencial porque de lo contrario los análisis que hagamos sobre la situación actual en la negociación laboral individual por parte del trabajador aparecería como fuera del enfoque básico que se le debe dar a la misma para un análisis en cotejo con la realidad subyacente de su validez y constitucionalidad.


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VII: EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EL HOMBRE

Entendemos que los cambios que se operan en el orden de la técnica como una derivación del proceso científico– fruto éste último de la capacidad del hombre para conocer la realidad humana y dominarla–, provocan alteraciones en el orden de la vida humana, incluso del punto de vista laboral.

Alterando el inmediato equilibrio humano no siempre estable, ideal o pretendido en las relaciones laborales indi-viduales dentro de las instituciones del derecho del trabajo.

Nos parece oportuno señalar como cuestión preeliminar laboral de este segmento de nuestra presentación que, la situación de emergencia no debería afectar los derechos consagrados en toda la normativa protectoria y en espe-cial el mandato del articulo 14 bis de la Constitución Nacional y las bases institucionales del derecho del trabajo.

En su defecto la situación de emergencia, devendrá automáticamente en inconstitucional por la sola, y simple razón que no habría modo de comprender razonablemente que aquello que es considerado de carácter alimentario pueda ser tan siquiera morigerado o disminuido.

En este orden de ideas y dada la complejidad de la vida humana, en la que interactúan una serie de factores de diverso orden entre ellos, solo a títulos ejemplificativos, social, económico, científico-técnico, el cambio que se opera en uno de ellos, irá repercutiendo de inmediato sobre los otros.

Ya abordado lo relativo a lo tecnológico la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial –ONUDI–, define a la tecnología como la suma de los conocimientos, la experiencia y las aptitudes profesionales, “maestria” necesaria para fabricar uno o más productos y para establecer una empresa con ese fín.

De esta manera, la nueva tecnología conduce a una mayor producción de bienes y servicios logrando el mejora-miento de su calidad y la reducción del precio, pero sin tener en consideración por parte de las empresas públicas y privadas el suministro de enseñanza y entrenamiento del personal para el desempeño de sus funciones.

Consideramos que, de esta manera se evitaron los gastos que aquellos pudieron ocasionar en detrimento de los trabajadores dependientes.

La circunstancia que se vivió a partir de la globalización –ya que a nuestro parecer se trata de una verdadera revolución tecnológica– constituye una expresión corriente que se asienta sobre una simple observación de la realidad.

Ese hecho trajo aparejado una serie de consecuencias, que trascienden a las simples modificaciones que se ope-ran en las condiciones de trabajo y empleo que repercuten sobremanera en el propio hombre que trabaja.

A partir de ese momento, o quizás antes no se puede precisar como si se tratáse de algún dato estadístico, ya que los tiempos en la historia no se miden con cálculos exactos, el mundo del trabajo se pobló de palabras nuevas, tales como robotización, informática, telemática, cibernética.

Las realidades que sirven de referencia a esas palabras provocaron cambios y abrieron perspectivas, suscitaron admiración, desconfianza, entusiasmo, ansiedad entre otras variables.

Se hablaba de reducción de costos, de horarios flexibles, de trabajadores que prestasen sus servicios desde sus pro-pios domicilios, siempre desde luego que se alcanzasen economías de escala que justifiquen las inversiones de las gran-des empresas nacionales o extranjeras y, se cuente con mercados capaces de contener y mantener esas economías.

Sostenemos que la introducción de nuevas tecnologías si bien necesarias e inevitables, a la vez produce un alto costo humano no solo económico sino además desde el punto psicológico y social.

Ya que no solo se trata de adoptar medidas desde el punto de vista de la seguridad en el empleo, con sus modi-ficaciones, ya que se exige de los trabajadores no solo aceptar los cambios que se operan en el transcurso de su vida en el sentido vertical – esto es, de cadete o empleado sin calificación, a alguna categoría de gerente– sino también, aceptar las nuevas exigencias de la vida profesional, a modo ejemplificativo la adquisición de nuevas competencias aún dentro de la misma actividad.

Las nuevas tecnologías suelen traer aparejadas la movilidad geográfica que obliga a los trabajadores a despla-zarse a otras regiones (horizontal) dentro o fuera del territorio argentino.

Al mismo tiempo muchos vieron con justificada preocupación los problemas que aparecieron en el horizonte y se formularon inquietantes preguntas

¿Que hacer con la multitud de trabajadores que ya no eran necesarios en la producción automatizada?¿Como lograr que la capacitación de los trabajadores no quede tan rápidamente desactualizada frente a la

velocidad de la evolución tecnológica?.

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¿Como conseguir que el incremento del tiempo libre –por reducción de la jornada ; por ampliación de los intervalos de descanso hebdomadario o por liso y llano desempleo– se traduzca en ocio creativo, o al menos en ocio estéril? , pero que no siguiese derivando en ocio violento?.

Esa realidad exigió una profunda reflexión, para que el hombre y en especial el hombre que trabaja en relación de dependencia, para que este pudiera aprovechar el progreso que significaba para el desarrollo científico-técnico y que el mismo no fuese perjudicial para su persona ni para su familia que con él cohabita.

Entendemos según lo que venimos sosteniendo que el hombre existe en el mundo, que le sirve como escenario para facilitar el desarrollo de sus potencias físicas y psíquicas, con su inteligencia, que consiste en la capacidad de dominarlos y ponerlo a su servicio y obtener así los elementos necesarios, ya sea en su estado natural ó transformán-dolos, y que sirven exclusiva y primordialmente para satisfacer sus necesidades de orden físico, psíquico, de relación, de defensa, cultural, entre otros.

Enfatizamos en cierta manera y sin temor a equivocarnos, que la técnica fruto de la inteligencia del hombre, y de su capacidad para dominar la naturaleza, constituyó un instrumental no sólo material con la que contó para someter al mundo y ponerlo a su servicio, no siempre con resultados favorables, principalmente con los trabajadores con escasa instrucción.

Por otra parte entendemos que, el cambio produjo y producirá una transformación en su calificación profesional, horarios, todo lo cual. incide de manera categórica sobre el hombre trabajador, como agente sujeto y protagonista de la historia contemporánea y moderna.

Partamos de la base que, el hombre no es un ser aislado sino social; que en el gran desarrollo de la técnica no lo logra cada uno en forma individual, esto es posible gracias a la colaboración que brinda y recibe de los otros hombres que con él comparten, ya sea de su propia generación o de otras que le han precedido, en el curso de la historia, y que transmitirá a las que continúen.

Es indudable que el extraordinario proceso de desarrollo técnico que se vivió, en la época que analizamos, pro-ducto del avance de las diversas ciencias debieron estar al servicio del hombre, ya que éste constituye, no solo el protagonista que provoca en cambio sino también el sujeto de la vida social y de la historia, que en ese circunstancial momento le toca vivir.

Sin embargo ese proceso con cierta frecuencia, contiene elementos que dañan el avance humano, a veces el tener mayor cantidad de cosas a veces conspira contra el desarrollo del ser humano o no siempre lo favorece.

En otras palabras, aun con cambios tecnológicos los trabajadores en relación de dependencia tienen necesidad de protección, los problemas resultantes de la falta o insuficiencia de protección, o los medios de acción adaptados a tales situaciones y orientaciones serán más que necesarios a los ya existentes para morigerar los intereses contra-puestos entre trabajadores y empleadores, incluso con una posible acción normativa internacional, más intensa que la rige hoy en día.

Sin duda alguna, la legislación del trabajo es una respuesta de la sociedad a la posición desigual de los trabajado-res en la relación laboral y, la existencia de una legislación internacional más presente sería una valiosa contribución a la solución de muchos de los conflictos entre ellos los emergentes del avance tecnológico y su “inserción en el mundo del trabajo”.


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VIII: EL CAMBIO

Se habla de la modernización del derecho del Trabajo, a nuestro modo de ver, no debe entenderse cuando esto se expresa, que sería bueno hacer tabla rasa con el pasado de la disciplina o que se pretenda desvincularla de tal forma, del resto del mundo jurídico.

El origen del cambio en el sentido ascendente de la protección normativa laboral, se ubica convencionalmente en 1974, a partir de la llamada crisis de los precios del petróleo.

Ese suceso mundial no obstante no parece haber sido necesariamente la única causa de otras posteriores, ni si-quiera la más importante, o uno de los más importantes en la serie de causas del cambio sobreviviente.

Pero, de un modo u otro al tomar a 1974, como hito de la quiebra de un proceso hasta ese momento bastante homogéneo y unidireccional, quedan separados dos períodos, uno de auge que duró más de treinta años, entre el final de la guerra mundial y la crisis de 1974, casi como una edad de oro o en todo caso como un pasado ideal, en que por citar lo más notable, tuvo al estado de bienestar como adalid de las sociedades desarrolladas.

Durante ese tiempo lo derechos laborales y sociales no dejaron de aumentar de una manera notable. La madurez del sistema luego conllevó a excesos en su formulación o abusos en su utilización, que fueron una de las razones predicadas para la posterior crisis.

Ese tiempo de crecimiento del sistema jurídico laboral, lo fue también de un crecimiento económico, sólo altera-do por hechos transitorios y menores.

La economía creció, durante ese período a ritmos importantes, que lo fueron en la medida en que se los compara con los bastantes más modestos que les siguieron a la posterior crisis.

En el período 1966- 1973, por ejemplo, el Producto Bruto Interno mundial creció a un promedio del 5,1%, éste cre-cimiento sostenido, fue la ocasión sino la causa, de la tendencia siempre ascendiente en que se consolidó el derecho del trabajo y las instituciones por él protegidas 25.

En ese período fue también común el pleno empleo, pero a éste se lo tomó casi como una cuestión esencial para el mantenimiento de la organicidad y cohesión social.

A ese entonces correspondería la consolidación de la concepción tradicional del desempleo, según la cual se admitía como funcional una tasa de hasta el 3%, por encima de la cual se juzgaba a la situación, como defectuosa o anormal.

Con el desempleo, aproximadamente a partir de 1974 comienza otro período que ya va durando y creciendo pa-recido al anterior pero, caracterizado como de crisis, por más que la economía y el comercio mundial, durante los años que siguieron a 1974, no han dejado de crecer aunque lo hayan hecho más lentamente y con otras características.

Lo que parece darse, de hecho, es una detención del proceso de auge económico y distributivo y, en consecuen-cia, del crecimiento de los derechos laborales y sociales en el mundo moderno.

Las causas de la crisis no es fácil presentarla con sentido categórico, es un hecho que a partir de la fecha conven-cional de inicio, y esto sí en gran parte, como consecuencia del aumento de los precios del petróleo – hubo un tras-lado de los medios necesarios para la inversión hacia el sector financiero propiamente dicho y, al fin dentro de éste, hacia agentes con una muy escasa tendencia a la inversión productiva o de riesgo, por lo menos de riesgo industrial o de producción de bienes tangibles.

En general, se listan como los motivos que han puesto en problemas a los mercados y a las relaciones de trabajo, en primer lugar esa lentificación del crecimiento económico en casi todas las partes del planeta, la mundialización o globalización de la economía.

Ésta con por lo menos dos presentaciones destacables: en particular el aumento del comercio mundial por sobre la producción nacional y la transnacionalización de la oferta de mano de obra; luego la hipercompetencia de los mercados universalizados, fenómeno que no queda claro, si es una consecuencia de la globalización, de la acelera-ción desequilibrada del comercio, de la escasez del crecimiento, o de todo ello a la vez o de otros fenómenos que se le agregan.

Pero que en todo caso se requiere de la utilización de cualquier recurso disponible para mantenerse en un medio nuevo y de tales características.

El ya citado predominio del capital financiero y la derivación de las inversiones hacia propósitos no directamente productivos, incidieron en el desempleo, como lógica consecuencia en la actitud de los trabajadores.

25 Libro Blanco sobre el desempleo en la Argentina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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También el nuevo proceso tuvo como correlato la fragmentación de las unidades productivas con el consecuente fenómeno de la tercerización y su proyección a los trabajadores

El cambio estructural de las categorías profesionales, la tercerización de la economía, el crecimiento de las acti-tudes individualistas o de las condiciones para su desarrollo y, como consecuencia de todo ello, devino un notable debilitamiento de los sindicatos, que deben vérselas con un retraimiento espontáneo tanto de su representatividad como del alcance personal de su representación 26.

Se diferencian los grandes cambios en el mercado de trabajo, siendo nacionales regionales e internacionales, o en las relaciones laborales debido a las innovaciones tecnológicas y científicas.

Quiere decir por ejemplo que, una cosa es que se necesiten trabajadores cada vez más capacitados– y otra muy distinta es que se empleen menos trabajadores, sobre todo en la industria.

Otra situación particular se da en las condiciones de competencia en los mercados vaya seguir siempre siendo tales que hagan necesario utilizar cualquier medio disponible, y entre ellos cualquier método útil para bajar el costo de la mano de obra.

El desarrollo que se expresa en nuevas tecnologías, nuevos métodos de planificación, entre ellos la informática, la robótica, a la que cabe asignarle una extraordinaria proyección, por los importantes cambios que provocaron.

Los referidos cambios se expresaron a través de modificaciones que se operaron en las condiciones de trabajo, de empleo y en las relaciones que se dieron dentro del seno de la empresa, de la asociación sindical y de la vida propia del trabajador dependiente.

Sin duda ese impacto trascendió e influyó de modo ambivalente con aspectos positivos y negativos, sobre el hombre como persona, como sujeto y protagonista de la vida.

Esas modificaciones, que se manifestaron con la incorporación de nuevas técnicas, cuya proyección varió de país en país y de región en región, en función del desarrollo económico y en especial en el aspecto social de cada comu-nidad se tradujeron en cambios fundamentales que se expresaron tanto en el ámbito de las relaciones individuales como de las relaciones colectivas del derecho del trabajo.

El hecho es que, a partir de los años ochenta, en el mundo más desarrollado y en nuestro país, sobre todo en los años noventa, los índices de desempleo llegaron a triplicarse, hasta alcanzar en algunos lugares, la quinta parte de la mano de obra disponible.

Tan importante es el cambio de este dato, sobre la base de la realidad, que no se habla de un mercado dual (dos categorías de ofertantes de mano de obra con posiciones, tratamientos, intereses y actitudes distintas), sino de una sociedad dual en crisis porque el trabajo asalariado ya no puede lograr la plena inserción social, ni mucho menos, por esa vía asegurarse la cohesión social espontánea.

En este orden de ideas, interpretamos que, las relaciones laborales individuales, como consecuencia de las nuevas técnicas produjeron varias modificaciones entre ellas en la jornada de trabajo.

A fin de facilitar una nueva distribución de empleos que se fueron convirtiendo en un bien escaso; además se produjo la introducción de contratos a tiempo parcial, con flexibilidad en los horarios, algunas tareas desarrolladas por la mano de obra asalariada, fueron desarrolladas por maquinarias de alta gama.

Ello trajo como contrapartida que, a muchos trabajadores se los impulsara a adquirir una nueva calificación profesional, lo que exigió un sistema educativo que brindase los elementos para esas nuevas posibilidades pro-fesionales.

La situación acontece no solo a los trabajadores jóvenes, a los que hubo que suministrarles una educación más polivante para habilitarlos para la atención de las tareas que en el futuro debieron cumplir con las nuevas técnicas y la exigencia de adaptar los oficios y profesiones de los trabajadores que cumplían tareas; también aconteció con los trabajadores que poseían cierta edad cuando el cambio que se produjo incidió en su propia vida.

Este cambio provocó, además, modificaciones en el desarrollo de los empleos.Sin ir más lejos, hubo innovaciones no solo en los cambios de horarios como ya hemos hecho referencia, en los turnos

de la duración de la jornada de trabajo, y en la extinción de los contratos de trabajo en forma abrupta en gran escala.En efecto, para quienes no contasen con las capacidades o instrucciones que la nueva técnica requería se produjo

el desplazamiento del sector activo de la población al pasivo y sin posibilidad de reinserción social, por lo menos en un futuro inmediato.

Pese a la participación acrecentada que tuvieron las asociaciones profesionales de trabajadores, estos desplaza-mientos se produjeron de igual forma y de manera paulatina.

26 Enrique Rodríguez Héctor Recalde “ El nuevo régimen de las asociaciones sindicales” Ed. Gizeh SA ,1989


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Esas asociaciones sindicales pretendieron lograr mejores condiciones, no solo en lo que se refirió a las indemniza-ciones, a la disminución del ritmo del desplazamiento, a la reconversión del personal, provocando una gran masa de desempleados, con un alto costo humano con resultados negativos desde el punto de vista psicológico y social.

El hecho de la utilización de la nueva tecnología, repercutió a su vez, en aspectos importantes de las relaciones colectivas de trabajo, debiendo asumir éstas una mayor participación en las contiendas laborales para el mejora-miento de las nuevas condiciones de trabajo y la gestión de nuevas políticas en procura de nuevos empleos para aquellos trabajadores que no contaban con él o eran desplazados del sistema.

Otra consecuencia fundamental que provocó el cambio, según nuestra posición fue el nuevo impacto tecnológi-co con relación al hombre trabajador y que se produjo en las instituciones de la Seguridad Social.

En especial a las relacionadas con el seguro de desempleo, que debió brindar la concesión de prestaciones en dinero a favor de los que no tenían empleos y debió efectuarse además una recalificación de los empleos; no obstante esto no estuvo a la altura de las circunstancias.

El propio Derecho del Trabajo sufrió algunas transformaciones, que lo obligaron a adecuar sus instituciones en defensa de los derechos del trabajador, modificándose asimismo la estructura de la relación entre empleadores y empleados.

Sin bien se aumentó la cantidad y calidad de los bienes y servicios puestos a disposición de la comunidad, la posibilidad de alcanzar mejores niveles y calidad de vida, una mejor medicina, las tareas concretas del trabajador, en gran parte fueron desplazadas por los nuevos procedimientos automatizados.

Con el desempleo, el subempleo y el empleo clandestino se generaron consecuencias morales, psicológicas y económicas (entre otras), a las que ya hicimos referencia en segmentos anteriores.

En éste orden de ideas, lo que nos parece convirtieron al trabajador asalariado en un simple número o un legajo en la oficina de recursos humanos de la empresa donde prestaban sus servicios, al que se le impusieron los cambios y donde se privilegió lo material sobre lo espiritual.

Esta situación fue, lo que provocó un enfrentamiento entre los derechos del trabajador – a no perder su fuente de trabajo o a no sufrir los perjuicios por el cambio – y los derechos de los empresarios y la comunidad en general a obtener un mayor rendimiento, un menor costo y un mejor producto por la vía del cambio tecnológico.

Asimismo, todo ello trajo aparejado y, como lógica consecuencia, “mano de obra inútil” y la falta de capacitación de empleados ocupados que atendían una estructura productiva obsoleta, que era en su gran mayoría una realidad en toda América Latina y a la República Argentina no escapa a la regla analizada.

La pérdida de estabilidad, la creación de contratos por tiempo determinado y de otras forma anómalas, en contra-posición a los contratos de trabajo por tiempo indeterminado base fundamental para que el trabajador desarrolle su vida en forma digna , que se habían aplicado en las población productiva por más de tres décadas, solo perjudicaron al trabajador.

Creándole asimismo al dependiente solo inseguridad y debilitando su credibilidad a la figura de los sindicatos; como representantes genuinos del derecho del trabajo y los de los que ejercían.

A mayor abundamiento, no debemos perder de vista que, un trabajador en edad adulta o con relativa habilidad, no estuvo en condiciones de adaptarse a la nueva tecnología o a un nuevo puesto de trabajo o ni siquiera era reque-rido para éste.

Debido a su falta de capacitación, y por otra parte, su empleador no iba invertir su dinero para capacitarlo, ya que cuando esto aconteciera –lograr la capacitación para ejercer la tarea que la modernización le requería–, el trabajador podía acercarse a lograr las condiciones de gozar de los beneficios de su jubilación.

Algunos carecieron de ubicación, perdiendo definitivamente la posibilidad de obtener un nuevo empleo, soma-tizando esa nueva realidad, con las consecuencias negativas que ello produce.

Consideramos pues en esta etapa del segmento en análisis, que el derecho del trabajo no puede ser concebido como una cuestión simplemente contemplada con un régimen regulatorio privado aunque tutelar, sino el trabajo y la relación de trabajo como un bien de interés común y que el propio interés de las empresas como tomadoras de trabajo o empleo está ligado inexorablemente a la realidad social argentina.

Sea porque la empresa se constituye en referente social o la sociedad en referente de la empresa; ponerse de acuerdo sobre estos valores y los que entrañan para el ordenamiento del trabajo en nuestras sociedades es a nuestro criterio una de las verdaderas cuestiones pendiente, para conservar el estado de derecho y de justicia.

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IX: EL DESEMPLEO

Para el abordaje de esta temática, dada la importancia de la cuestión a analizar, consideramos necesario efectuar algunas manifestaciones previas.

Según el economista Alfredo Monza “ El estado de la ocupación es la base principal de la cual se derivan las con-diciones materiales de la vida de la población de un país” 27.

Como un animal hambriento el sistema capitalista depende de las proporciones crecientes de alimentos. Su verbo es “acumular”.

Toda empresa quiere crecer, dominar al vecino, controlar el mercado.La competencia parece buscar el monopolio, la producción puede sobrepasar al consumo y los provechos acu-

mulados ya no pueden reinvertirse. Este desequilibrio en la dinámica de producción / consumo, afectan los modos de trabajar duramente a la clase

obrera redistribuyendo tiempos y espacios, reorganizando relaciones de poder.Solo pueden alcanzarse niveles de consumo de los hogares que sean compatibles con un desarrollo adecuado

de las posibilidades de realización de las personas en un contexto en el que exista un número suficiente de buenas ocupaciones, económicamente eficientes y socialmente equitativas.

La escasez de tales oportunidades o la proliferación de formas de inserción ocupacional inadecuadas constituyen el antecedente de la pobreza y de la frustración de las oportunidades de desarrollo personal.

En nuestra República Argentina entendemos que en mayor grado que en otras regiones de Sudamérica, en las que se acentuaron el desempleo, el subempleo, provocaron como consecuencia lógica el trabajo clandestino.

Con los desequilibrios económicos que la situación provocaba, las autoridades de aquel entonces debieron me-diante la aplicación de las normas laborales y de la seguridad social afrontar sostenidas crisis, con el enfrentamiento de los derechos de los trabajadores, sin poder de negociación y aun más si lo poseía, no podían a nuestro criterio ejercerlo por que el medio no lo facilitaba.

Entendemos que, incluso con la intervención del sindicato del sector y, el de los empresarios a obtener un mayor rendimiento, un menor costo y un mejor producto el poder de negociación del trabajador estaba men-guado.

Datos estadísticos

A partir de 1991 la tasa de desempleo casi se triplicó pasando del 6.3 por ciento al 17 por ciento de la población económicamente activa.

Los puestos de trabajo con horario completo y estabilidad descendieron en 500.000 en el mismo período, la economía argentina era incapaz de crear nuevos puestos de trabajo de calidad 28.

La distribución del ingreso y pobreza son las dos caras de la misma moneda porque, por una lado, la economía creció entre 1990 y 1995 en un 40 por ciento.

Sin embargo, el segmento más pobre captó en el mismo período entre el 9 y el 10 por ciento del ingreso nacional, mientras que el sector de más altos ingresos captó el 35 por ciento del ingreso nacional.

A título ejemplificativo, según el informe del Ministerio de Economía , las personas situadas bajo la línea de pobre-za incluyen en las principales ciudades del país y en el Gran Buenos Aires el 35 por de la población.

El salario real promedio en 1995 se había reducido en un 13 por ciento en comparación con 1991.El salario medio industrial se había reducido en un 18,4 por ciento, cayendo de 112,6 por ciento en 1990 (1991 =

100), a 91,9 por ciento en 1996.De ello se desprende que cinco años de crecimiento económico habían generado un empobrecimiento, una ex-

plosión de desempleo, una fuerte caída del salario real y una distribución más inequitativa de la riqueza.Se argumentaba que esos fenómenos negativos de desarticulación del mercado de trabajo eran transitorios y

que serían resueltos cuando se cumpliera totalmente las reformas económicas.Pero la realidad transitó en sentido distinto porque demostró un nuevo mercado de trabajo en el país, caracteriza-

do por un alto desempleo crónico, con profundas diferencias en materia de remuneración o protección del trabajo.

27 Alfredo Monza “ Análisis de la Argentina en el tercer milenio” Ed. Atlántida ,199728 Libro Blanco sobre el desempleo en la Argentina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1996.


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El futuro del mercado de trabajo en el país dependió de dos opciones que se impusieron; a) “una economía de exportación” y la segunda de “economía mixta integrada”.

Ambos modelos económicos formaron parte de una controversia mayor referida a qué orden mundial terminaría en prevalecer y dar significado al concepto de “globalización” y si el mercado mundial permitía al país aumentar y diversificar la colocación de bienes comerciales con alto valor agregado.

Durante el período 1989/99 se observaron importantes modificaciones en el funcionamiento de la economía del mercado de trabajo:

1º) el fuerte crecimiento del PBI se dio junto con el crecimiento de la desocupación y subocupación urbanas debido esencialmente:

a) El crecimiento de la PEA global producto de la dinámica demográfica, y al cambio de la pirámide poblacional debido al ingreso del jóvenes al mercado de trabajo, pero este crecimiento se va desacelerando.

b) El fuerte aumento de la participación femenina, que crece aproximadamente en un 50% en el transcurso de dos décadas.

c) Como consecuencia de los procesos de reestructuración del sistema productivo el impulso de la incorporación de cambios tecnológicos y organizacionales.

Esta situación que debió ser contemplada desde el punto de vista legislativo, porque el país debió interesarse especialmente en la modernización de sus elementos productivos y, a la vez atender los problemas que se suscitaron con el personal afectado con los empleados en general y los operarios en particular, se vincularon con la consecuen-cia de alteraciones en las condiciones del contrato laboral.

No pasamos por alto que, en los años en análisis se han efectuado en todos los países industrializados ajustes considerables de la producción, que llevaron desgraciadamente a situaciones de crisis para los trabajadores.

Y que existieron numerosos factores, entre ellos la creciente especialización en el comercio internacional, cam-bios en los modelos de ventajas competitivas, pero la recesión mundial ocurrida quizás antes, aproximadamente a comienzos de la década del 80 provocaron casos de despido masivos incluso en las naciones más industrializadas.

La naturaleza y el impacto de la nueva política económica de nuestro país instaurada a partir de 1989, provocaron la rigidez en la tasa de cambio, la transnacionalización de la economía debido al fuerte ingreso de capitales extranje-ros, procesos de compras o fusiones de empresas.

Asimismo se provocaron cambios en los precios que abarataron el costo del capital en detrimentos de los sala-rios, los procesos de privatización , la amplia apertura externa que perjudicaron a las Pymes menos competitivas.

Los desequilibrios del comercio exterior y los procesos desregulatorios nos llevan a afirmar que no se trató de un crecimiento económico que fuera rico en la creación de empleos.

El llamado crecimiento sin empleo estaba configurado en los mercados de trabajo en los países del norte y del sur, pero este hecho se manifestaba de manera diferente entre los países industrializados y los países semiindustria-lizados o no industrializados.

En aquellos la acumulación del capital es el producto de procesos endógenos a la estructura industrial, mientras que en los países del sur se transformaron en economías de exportación.

Es decir en países en los cuales la acumulación dependía de las exportaciones tradicionales o de procesos de industrialización sin o con débil autoría tecnológica financiera (es el caso de los Tigres del Asia o Brasil).

En el caso argentino, la edificación de una economía incluyó la destrucción de una parte del anterior capitalismo industrial y la expulsión del mercado de trabajo en cientos de miles de obreros y empleados.

Según nuestra posición y por lo que venimos desarrollando, fue la causal principal del desempleo masivo.En la época en análisis (1990 – 1995) se había colocado a la sociedad de cara al mercado, modificando el anti-

guo capitalismo de mercado y el intervensionismo tutelar de las relaciones laborales a favor de la hegemonía de un heterogéneo bloque compuesto por los bancos extranjeros, las empresas multinacionales y los grandes grupos económicos.

El mercado, la apertura e integración y las empresas con nuevas tecnologías determinaron la acumulación de capital y el consiguiente efecto negativo para el empleo.

Los mercados de trabajo de los países del sur (como la República Argentina), donde se desarticulan los modelos de sustitución de importaciones y se conforman “economías de exportación” y mayor liberalidad en la importación de bienes industriales reducen la capacidad de generar actividades productivas y, sobre todo, limitan el protagonismo del salario como instrumento de la distribución de ingresos.

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Lo que significa que son incapaces de suministrar a mayoría de los individuos actividades que les generen un ingreso superior al umbral de la pobreza y obtener un excedente positivo.

En resumen por un lado el hemisferio norte fija los precios de los productos que compra el hemisferio sur, deter-minando así que los precios estructuren los mercados de trabajo que continúan expulsando la población rural a las ciudades (en el caso argentino con los cinturones de pobreza en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, etc.).

Por otro lado la crisis y la desaparición de segmentos de Pymes (que generaban la mayor cantidad de empleo formal), es sustituida por el aumento de empleo en el sector informal urbano.

El empleo moderno tiene por protagonista notable a las empresas multinacionales y fuertes grupos económicos locales,.

Que en condiciones de desempleo y sobre oferta de trabajadores calificados, pueden fijar los salarios en niveles bajos, de modo que este segmento de trabajadores sólo pueden reproducir su fuerza de trabajo y su familia, com-prando bienes y servicios de baja o mediana calidad, en gran parte producidos por empresas o microempresas des-articuladas del sector informal o de Pymes de baja productividad.

Lo que provoca asimismo el descenso de la calidad de vida, desnutrición del medio ambiente lo que vulgarmente conocemos como “desaparición de la clase media” y pauperización incluso de sectores asalariados pero de bajos ingresos.

Esta situación afecta no sólo a los pobres históricos sino también, a nuevas capas sociales desplazadas del mer-cado de trabajo formal, con la aparición de desocupados, subocupados, cuentapropistas, trabajadores formales pre-carios o de trabajos estables pero con bajo nivel de remuneración.

Los problemas como los de desempleo que se determinaron por la implementación de nuevas tecnologías en muchos casos, debieron ser solucionados en la propia empresa.

En gran parte de los casos, por distintas circunstancias, estas debieron cerrarse por falta de aptitud competitiva. Entendemos que para estructurar un mercado de trabajo homogéneo , que permitiera generar empleos de cali-

dad, para la mayoría de la población activa con escalas de remuneraciones equitativas , era necesario que la República Argentina supere las limitaciones de una economía de exportación y construya un mercado de trabajo según la de-manda laboral de una economía agro industrial integrada.

La apertura de la economía ha sido también la apertura de la sociedad argentina a los cambios tecnológicos, resulta notable como una parte de nuestra sociedad, especialmente los jóvenes son conscientes de que el perfil del trabajo se define en la informática y en las especializaciones.

Con el intercambio electrónico de datos, los canales virtuales de comercialización, los cajeros automáticos, el trabajo cibernético a distancia, separa el puesto de trabajo clásico del territorio de la empresa.

A partir de las transformaciones tecnológicas de las empresas, núcleos de trabajadores calificados (especializados con educación media calificada o universitaria) captan que pertenecen a una nueva etapa histórica de división de trabajo.

Esta referida división del trabajo se encuentra, signada por el inicio del fin del trabajo en cadena, la ultra especia-lización de los puestos de trabajo y el fin de la producción en masa, la rigidez de las categoría profesionales y el inicio de la polivalencia funcional aún con sus efectos negativos para el trabajador, tal como hemos hecho referencia en los puntos V y VII del presente desarrollo.

Estos trabajadores se rebelan ideológicamente contra el sindicalismo, e incorporan actitudes y valores flexibles, en el sentido de negociar las condiciones de trabajo según estándares de productividad y formación profesional entre otras.

De la noche a la mañana, o por lo menos en poco tiempo, cambiaron drásticamente las reglas del juego y la crisis económica mundial golpeó de manera extremadamente severa nuestras débiles economías.

Trayendo como colorario desocupación, desprotección para un número enormemente alto de trabajadores en relación de dependencia e incluso insolvencia de los empleadores.

Producido el problema, se presentaron múltiples iniciativas legislativas, tendientes a superarlo, adoleciendo mu-chas veces de falta de realidad y falta de creatividad.

Se pretendió imitar esquemas foráneos, producto del estudio teórico de legislaciones extranjeras más avanzadas, que han dado soluciones medianamente adecuadas al problema, pero ceñidas a su propia realidad que, generalmen-te no tuvo poca o ninguna relación con la nuestra.

Desde 1991, los impulsos por la nueva política económica y la paridad cambiaria dentro del sistema productivo provocaron la disminución de la importancia relativa de las actividades laborales dependientes.


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Asimismo se aumentaron las que introdujeron las fuertes innovaciones tecnológicas y organizacionales realizan-do fuertes inversiones que dieron como resultado el aumento de la productividad en detrimento de la intensidad de trabajo, provocando grandes aglomerados urbanos en los centros industriales, espacialmente en el Gran Buenos Aires donde las tasas de desocupación y de subocupación fueron por lo general más elevadas que en el promedio del país .

Durante el período 1990- 1995 se hablaba de desocupación estructural, ella se produjo a causa de una transfor-mación económica.

A modo de ejemplo, la sustitución de productos como el algodón por fibras sintéticas , que llevó a un cambio en el sistema de producción, o cuando a través de una transformación tecnológica fue posible producir los bienes requeridos con un menor número de operarios, provocando inexorablemente los despidos de estos últimos.

Y cuando las industrias decayeron y por su falta de capacitación la mayoría de los operarios carecieron de ubica-ción, los empleados tampoco estuvieron en condiciones de obtener una nueva capacitación, perdiendo la posibi-lidad de obtener un nuevo empleo.

A esta altura de nuestro análisis afirmamos que entre los años 1990 y 1995 , alrededor de unos tres millones de argentinos no tuvieron trabajo, trabajaban en negro o lo hacían en situaciones de empleo simulado o subempleo, lo cual conllevaban a que no tuvieran amparo respecto de las prestaciones sociales que del empleo registrado.

Debido a las características del nuevo régimen de acumulación en el período analizado, creció el peso de las grandes empresas más modernas que importaban cantidades elevadas de bienes de capital e incorporaban fuertes innovaciones al proceso productivo, pero dando como resultado a nivel global que, en el corto plazo se vio reducida la planta de personal y su capacidad de generación de nuevos empleos.

Así afirmamos que, la situación de desempleo se encontraba relacionada con la reducción de costos, trayendo como consecuencia la ocupación de menos gente.

Si efectuamos una división entre las edades de los trabajadores (sean estos tanto mujeres como varones) po-demos tener en consideración, entre los 15 y los 19 años y los mayores de 45 años, según encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, los trabajadores van entre los 15 y 19 años, son los buscadores del primer empleo, quienes menores oportunidades tienen.

Este problema deriva en la mala formación de los distintos niveles educativos, por los que atraviesan los estudian-tes, ponderando el aprendizaje cuantitativo en desmedro del crecimiento cualitativo.

En cuanto a los trabajadores mayores de 45 años, cabe señalar que dicha franja de edad es otra de las que más sufre la desocupación. Ello se debe a que los empresarios buscan gente joven, que se adapte fácilmente a la nueva tecnología, por que de otra manera se tendría que capacitar a gente mayor de 45 años, la cual ya tiene una forma de pensar diferente, a sus compañeros de menor edad, lo cual acarrearía mayor costo del empresariado.

Todo ello trae como consecuencia según nuestra posición, una no reinserción en el mercado laboral, por lo que estamos hablando no ya de una tercera edad, sino de una cuarta edad, entendiendo por tercera edad la comprendida por personas mayores de 45 años y, por cuarta edad las personas mayores de 60 años.

La falta de capacitación es otra de las graves dificultades por la que se atraviesa para conseguir empleo.Sin embargo, no debemos pasar por alto que para la época a la cual nos estamos refiriendo se tiende más a la

masificación de las profesiones liberales como abogacía y medicina entre otras.Sostenemos que, constituye un problema fundamental ya que, sin estabilidad en el empleo y sin intangibilidad

en la remuneración, no se puede organizar su economía particular.Por que sin saber hasta cuando se tendrá trabajo y cuanto ganará cada mes, no se puede organizar la vida más allá

del momento presente lo caul conlleva a la desprotección en la que se encuentran los trabajadores especialmente cuando se ven expuestos a situaciones críticas de las empresas en las cuales prestan sus servicios.

En la generalidad de los casos las empresas quebraban o dejaban de funcionar sin mayor posibilidad de respues-tas de parte de los empleados perjudicados.

Tales trabajadores comenzaron allí la difícil, por no decir imposible, batalla que a la postre terminó con la conti-nuidad laboral de algunos de ellos y en el inevitable desempleo de la mayoría y que en su transcurso les demostró que pese a la supuesta rigidez de las normas laborales no existió ninguna otra que les asegurase una continuidad en el empleo.

Ya que el sistema de estabilidad laboral de nuestro país, implica que siempre se los puede despedir y ni siquiera una indemnización medianamente significativa les sirva como reparación suficiente para quienes saben que detrás del cese, habrá un largo peregrinaje en busca de un nuevo empleo estable y bien remunerado que quizás nunca llegará.

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En esos casos el Estado a través de sus autoridades debían brindarle las prestaciones de seguro social.Empero, en la mayoría de los casos o no las brindaban o las brindaba deficientemente. Recordamos aquí lo acotado del seguro de desempleo argentino que se rige por un sistema de aporte y tiempo

de este; de lo cual deriva –por una parte– que sus prestaciones dinerarias suelen ser predominantemente bajas y –por otra– que no alcanza a los trabajadores informales( es decir sin aportes).

Si bien teníamos la tasa de desempleo que es el indicador de la situación del mercado de trabajo, teníamos las tasas de actividad y de ocupación que no fueron menos importantes.

La tasa de actividad midió el porcentaje de ocupados y subocupados que buscaban activamente empleo sobre la población total.

Mientras que la tasa de ocupación midió el porcentaje de empleados sobre la población total.La disponibilidad de mano de obra guardaba una importante relación con el crecimiento de la población, actuan-

do éste último como elemento también determinante.A mayor abundamiento, toda contingencia (como suceso que puede o no acontecer) en la época en análisis e

incluso en la actualidad, tiene una “cobertura” que se hace efectiva por medio de beneficios o prestaciones que han sido denominados de mantenimiento o compensatorio.

Cuando tienen por objeto resarcir o reparar en forma de pagos periódicos, la pérdida de remuneración o ingreso producida permanentemente o transitoriamente por las contingencias que impiden , la realización de tareas, como ocurre con el caso de enfermedad, accidente, maternidad, vejez, invalidez muerte o desempleo.

Según la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo, sobre las diferentes clases de contingencias, es el desempleo ( o paro forzoso) que, por su origen es un evento de tipo económico, una de las más graves y negativas que se pueden observar en el mercado de trabajo.

En cuanto a la sobreocupación está integrada por aquellos empleados que realizan sus tareas en un lapso supe-rior a las 45 horas semanales.

En mayo de 1995 un 42.3% del total de la población ocupada se encontraba en esta categoría, los cual nos llevaría a afirmar que el trabajo estaba mal distribuido, ya que las empresas tienden a concentrar tareas en las dotaciones disponibles y a no contratar mano de obra para acotar los riesgos económicos contingentes por cesantías y cambios en las condiciones del mercado.

La legislación Argentina en materia de desempleo, contó por ese entonces con numerosa legislación para com-batir el desempleo, entre ellas la ley 24.013 “ley nacional de Empleo” y la ley 24.465 “ley de Promoción de Empleo”.

En un intento de flexibilizar la modalidad del Contrato de Trabajo, se sancionó la ley 24.013, la cual definió en su artículo 1º política de empleo como aquella a través de los mecanismos previstos por la ley tiende a hacer operativo el derecho constitucional a trabajar e, integrar coordinadamente las políticas económico sociales.

Entre otras estableció dos modalidades del contrato de trabajo promovidas y no promovidas; las promovidas son cuatro:

A) Fomento de empleo, celebrado con un inscripto como desempleado o que haya dejado el sector público por medidas de racionalización administrativa.

B) Lanzamiento de nueva actividad, para la habilitación de nuevo establecimiento o nueva línea de producción.C) Para jóvenes de práctica laboral , para jóvenes de hasta 24 años en búsqueda de su primer empleo y con for-

mación previa.D) Para jóvenes de trabajo- formación , para jóvenes de hasta 24 años en búsqueda de su primer empleo sin for-

mación previa.

Sin perjuicio de lo expuesto, los resultados negativos desde el punto de vista histórico demostraron que pese a la normativa descripta , los trabajadores en relación de dependencia, carecieron de poder de negociación, y que su vida y las de su familias debe transcurrir aunque sea sin fuente de trabajo.


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X: ALGUNAS CONCLUSIONES PARTICULARIZADAS

Al arribar a esta etapa de nuestra presentación, nos llevan a presentar las siguientes conclusiones a las que hemos de enumerar, con respecto a cada una de las temáticas hasta aquí desarrolladas.

• Los años 90 fueron una década de estancamiento de la economía. • El PBI del año 1991, medido a precios constantes de 1986, fue levemente inferior al del año 1980, pero en ese

lapso la población argentina creció el 19% y, a la par hubo una política de cierta preservación del empleo.• El contraste entre una producción estancada y una población creciente se resolvió en el mercado de trabajo a

costa del descenso de la productividad laboral. • Observamos un debilitamiento de las relaciones laborales, el desempleo y todas las demás consecuencias so-

ciales negativas que caracterizan nuestra realidad social y que al ser de público, notorio se pueden considerar, son por todos conocidas.

• Es evidente, la grave situación en materias como, los niveles salariales y la distribución del ingreso no podrá ser fácilmente superada sin contar con una estrategia de largo plazo.

• En tales condiciones entendemos que es necesario que las fuerzas sociales y políticas identificadas con el pro-greso conserven un programa de política económica y social de inclusión de cara a las próximas décadas.

• Debe tratarse de diseñar a grandes rasgos el mercado de trabajo deseable para reunir o encaminar a la sociedad en los valores de crecimiento con solidaridad y equidad social.

• Observamos en la República Argentina la injusticia de la realidad social que se vive en gran parte del territorio de la Capital Federal , se produce como es público además en el ámbito nacional, las desmedidas contingencias sociales, que de hecho observamos se vive todos los días y en relación con la cual no se puede ser ajeno nos convoca a que debemos impedirla.

• Consideramos que las empresas no deben estar solo concebidas como una fuente de enriquecimiento de mi-norias y posibilitar que su actuación sea fuente de bienestar general.

• Las condiciones en que se desenvuelven las empresas, no obstante lo que pueda ser su pujanza y desarrollo, han demostrado que, en momentos de crisis resultan impotentes para llevar solas su carga y ha tenido que venir en su auxilio tanto el gobierno como la clase trabajadora, el gobierno por medio de subsidios y los trabajadores resignando –en todo o en parte– un aumento en sus salarios, que la inflación demanda, para poder compensar la reducción del poder adquisitivo de la moneda.

• El conflicto se desarrolló a partir de un contexto de hecho determinado que incluía situaciones objetivas de carencias en parte estructuradas y, a la vez, lo suficientemente graves como para ir convirtiéndolo no sólo en real sino también en permanente.

• Existió un verdadero arrevesamiento de los términos de la “cuestión laboral” porque el trabajo, que tiene por objeto la modificación de la naturaleza para satisfacer las siempre crecientes necesidades del hombre, trajo consigo ciertos efectos de degradación.

• Desde el año 1957, la Organización Internacional del Trabajo, se ha venido preocupando por el estudio de las proyecciones que tiene el progreso tecnológico al mundo laboral y, en diversas reuniones los representantes patronales, los de gobierno y los de los trabajadores coincidieron en admitir que el avance de la técnica debe conducir al progreso económico y social .

• No se nos escapa que existen fondos internacionales, fundacionales, organizacionales, dependencias guberna-mentales y gente especializada que deberían analizar el impacto de las corrientes migratorias sobre la Argenti-na y convertirlas en fuente de integración y progreso.

• Aún disponemos de una significativa porción de territorio desocupado, para que los habitantes no se aglome-ren en los cordones urbanos y se multipliquen las villas miserias, por ello deben generarse las condiciones que estimulen la distribución más racional de la población.

• Esta labor no parece que pueda ni deba ser realizada solo por el estado nacional o provincial, pero –a la vez– el estado tiene el ineludible deber de convocar, coordinar y estimular las fuerzas idóneas que lo llevan adelante.

• No se trata de planificaciones autoritarias sino de coordinaciones democráticas y efectivas porque si el estado no invierte energía en éste tema, nadie podrá ocupar su lugar y correremos el riesgo de tener décadas futuras peores que las pasadas.

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• En el campo espiritual los inmigrantes – suelen ser en general– flexibles para adaptarse en la medida en que se atiendan sus necesidades materiales y anímicas; pero si se los abandona a su suerte o se los discrimina o persi-gue, entonces desarrollan los rasgos que se tornan negativos.

• Para integrar a los inmigrantes conviene facilitar el mantenimiento de sus acervos respectivos porque contribu-yen a la riqueza cultural y material argentina y porque los ayuda a mantener su dignidad.

• Estos acervos son articulables con los otros que nuestro país ha venido acumulando y desarrollando en su his-toria y ésto demuestra que no amenazan nuestra identidad, como se podría suponer.

• Entendemos que el panorama es problemático, sin embargo tenemos alternativas, depende de que se elijan las correctas, las sensatas, las responsables, los bienes de la vida no caen como el maná, sino que se hacen con lucidez y tesón.

• Diseñar una política respecto de la inmigración es difícil, la alternativa del control sobre el inmigrante ilegal ha demostrado ser muy poco eficaz y por lo general, solo trae como consecuencia que el mercado de trabajo se haga invisible y aumenten las situaciones de explotación.

• Lo más lógico sería establecer con los países limítrofes un sistema de acuerdos que libere de alguna manera del mercado y permita una formalización de inserción de los trabajadores extranjeros

• Es difícil pensar que en el futuro existan grandes migraciones de trabajadores extranjeros hacia la República Argentina, solo podría eventualmente suceder si hay una fuerte reactivación en los sectores que típicamente han atraído a este tipo de migrantes.

• Las grandes obras de infraestructura y el trabajo de construcción en general; es solamente en este último rubro donde puede haber un mayor de la migración extranjera, pero es justamente el sector de más difícil control y posiblemente la política a aplicar más coherente sería que simplemente la mano de obra local pudiera competir con la extranjera por lo menos en un pie de igualdad.

• Sin embargo si esto acontece habrá sobreoferta de trabajadores, los salarios bajarán y queden fuera del merca-do de trabajo los extranjeros, pero esta autorregulación preserva el mercado de trabajo posiblemente dando como resultado el descenso en los flujos migratorios extranjeros.

• En cuanto a la introducción de la automación en una economía de pleno empleo presenta problemas, particu-larmente en lo concerniente a la redistribución y a la readaptación de la fuerza de trabajo, en los países en vías de desarrollo en el mundo globalizado los aspectos de empleo tienen carácter fundamental.

• La penetración masiva de la tecnología en la industria y en las diversas actividades económicas dan lugar a im-presionantes transformaciones en el mundo laboral con honda repercusión en la estabilidad del trabajo.

• Para la superación de la productividad en la República Argentina se deben seleccionar el tipo de equipos y de tecnología que se ajuste a la realidad nacional.

• Entendemos que la única chance para insertarse en el mundo globalizado, es a través de un proceso de inclusión social y de revalorización del rol protagónico que debe existir en las sociedades dentro del sistema económico.

• Para ello, es necesario recomponer las tramas productivas, las cadenas de valor, las asociaciones permanentes y una ocupación de los espacios territoriales.

• Entendemos que se logrará con estrategias competitivas de largo plazo, ya que si hoy no se es sustentable ambien-talmente, sino se hacen prácticas que sean adecuadas como respetar las conductas de trabajo, es muy difícil que se pueda tener un camino adecuado en el avance del tercer milenio, donde cada vez más éste tipo de prácticas son exigencias que van desde los accesos a los mercados hasta el acceso del financiamiento de los mismos.

• Tal como señalara el entonces Señor Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annán, en la “Cumbre de Líde-res Empresarios” en junio de 2004.” Nuestra Aldea Global solo podrá prosperar si establecemos vínculos y valores comunes más sólidos”, concluimos que ello es un llamamiento a la puesta en práctica efectiva de los valores y, principios del regionalismo.

• Los trabajadores de edad y los de menor calificación son los que mayormente sufren los impactos del adelanto tecnológico.

• La automación ocasiona la desaparición de profesiones u oficios tradicionales y, generan nuevos tipos de acti-vidad que requieren especialización.

• La robotización en los países desarrollados han reducido los puestos de trabajo, sin dejar de reconocer que han liberado al trabajador de desarrollar tareas duras, monótonas y de lata peligrosidad.

• Ante la incesante implementación de las nuevas tecnologías, se hace indispensable promover estudios que hagan tomar conciencia a los trabajadores, a la industria, a los legisladores y a la colectividad en general, sobre medidas previsiones y ordenamientos legales que se deban adoptar.


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• Por lo que venimos desarrollando sostenemos que el hombre está viviendo un grave conflicto, si bien sus valo-res se podrían orientar a una paz solidaria, el avance tecnológico que es el incremento de la desigualdad social, lo conducen a limites hacia los cuales, no podemos determinar, ni esta en nosotros establecerlo.

• De continuar sin políticas concretas con el objeto de evitar mayores desigualdades aunque resulten involunta-rias, las tasas de desocupación de los adultos jefes de hogar, hombres y mujeres seguirán siendo importantes, espacialmente de las segundas.

• Por ello, será una obligación primordial, entre otras fortalecer la decidida intervención del Estado mediante la incorporación de políticas activas y pasivas para regular el proceso de innovaciones tecnológicas y organiza-cionales en las actividades que producen bienes no transables y que no están sometidas de manera directa a al competitividad internacional

• Entendemos que el siglo XXI obligará a la actualización de la propia definición del contenido del derecho del trabajo.

• Su “internacionalización” que aparece como inevitable, para la configuración del contenido abarcado por el tér-mino “derecho del trabajo” se estaría amortiguando el peso de la controversia y, consiguientemente, el derecho internacional de los derechos humanos podría hospedarse en el ámbito de la noción de Derecho del Trabajo Federal Argentino, respetando todo el plexo del texto constitucional y los tratados internacionales.

• De continuar esta situación aumentará la proporción de personas cuyos ingresos los sitúan por debajo de la línea de pobreza y de indigencia, generando un proceso de fragmentación y de exclusión social acompañado por la pérdida de acceso a servicios médicos, previsionales y sociales brindados por el sistema de seguridad social y de las obras sociales sindicales.

• Sería deseable que en un futuro no demasiado lejano para que no resulte letra muerta, nuestros legisladores comprendan la conveniencia de dar una solución propicia, dado que hoy con mayor crudeza que ayer, impone brindársela a una sociedad angustiada por su destino y, lo que es peor por la necesidad de brindarle un míni-mo de amparo ante la desenfrenada desocupación y la crisis generalizada en la que se debaten las empresas, especialmente pequeñas, medianas y el empleador individual.

• La grave situación en materia como el desempleo, niveles salariales y distribución del ingreso en el país, no po-drá ser superada sin contar con una estrategia de largo plazo, es decir que es necesario que las fuerzas sociales y políticas identificadas con el progreso conserven una programa de política económica y social de cara a las próximas décadas.

• Mientras lo pensamos y llegamos a imaginar algunas situaciones criticas miles y miles de hogares viven la des-esperanza de ver frustradas sus posibilidades de empleo asociadas a las del no cobro de sus legítimos créditos, a veces el único recurso para sobrevivir con un mínimo de dignidad por algún tiempo .El estado es el que tiene la palabra.

• Que tipo de mercado de trabajo tendremos en los años venideros, nos parece que la clave dependerá de que alternativa o industrialización sea la dominante, ello dependerá del curso del mundo y del tipo de economía que termine de prevalecer en nuestro querido país.

• ¿Cómo será el mundo del año 2050?• ¿Se consolidará la democracia en forma definitiva en la República Argentina o sucumbirá bajo los efectos de la

corrupción, la marginación y la violencia? • ¿La educación y la salud serán accesibles a todos o privilegio de pocos? • ¿Viviremos una época de crecimiento económico y aumento del empleo o nuestro paisaje serán las ciber- ciu-

dades partidas en dos, en las que– según imaginan algunos novelistas–, los más miserables se refugiarán entre los desechos de las eras tecnológicas anteriores?

• ¿Habremos logrado un desarrollo compatible con la preservación del ambiente? • ¿Cómo modificarán las nuevas tecnologías a la faz de la tierra, y en particular a nuestro país?• ¿El arte y la literatura del siglo XXI vivirán solo de recuerdos?.• Pensar en el futuro implica siempre, en forma más o menos explícita el objetivo de establecer pautas de conduc-

ta y acciones en el presente.

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XI: CONCLUSION FINAL

El desarrollo del tema desde la perspectiva en que ha sido motivo de argumentación en cada apartado y las con-clusiones generales realizadas conducen al logro del propósito final de éste trabajo.

Es por todo ello que y a modo de conclusión final, arribamos a la fundamentación de nuestra elaboración en el sentido que el trabajador como sujeto individual en épocas de crisis está menguado de poder de negociación.


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