una estrategia de paz para la regiÓn …

UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 1METODOLOGÍAS Y ENFOQUES 1
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINOAMAZÓNICO PLADIA 20352
TOMO 2
Este proyecto es una iniciativa de
Con el apoyo de
Ilustraciones e infografías: Diana Forero Meneses Paulette Francisca Moreno Igor
Diseño y Diagramación: Nelson Daniel Bravo Benavides Vanessa Bravo Escárraga
Impresión: S&D Soporte y Diseño
2017
Comité Ejecutivo Wilmar Yuvany Madroñero Velasco Ildifonso Mendoza Francisco Mora Eder Jair Sánchez Lucy Amparo Juangibioy Silvio Gustavo Villareal Chávez William Castillo Ana Belén Uzuriaga Jany Rita Silva de Rengifo
Equipo Técnico
Coordinador Técnico Wilson Andrés Flórez Monroy Profesionales de Dimensiones Territoriales Dimensión Biofísica y Ambiental María Claudia Beltrán Fonseca Ingrid Marcela Muñoz Quesada Mónica Andrea Flórez Pulido Beckenbawer Meléndez Madroñero Yuly Paola Artunduaga Trejo Dimensión Económico Productiva Ricardo Alfredo Carreño Vallejo Diego Perdomo Mauro Andrés Sánchez Romero Camila Yesenia Garcia Cordoba Dimensión Sociocultural Adriana del Pilar Lasso Lozano Jhon Geiler Rivas Murillo Edison Rene Quiroz Ginna Piragauta Stella Juaginoy Jamanoy Dimensión Político Organizativa y DDHH Yesenya Mojica Bravo John Alexander Córdoba Sepúlveda José Fernando Borja Perez Coordinación Dimensiones Loreny Amparo Rivera Becerra Missen Javier Ordoñez Cuaran
Colaboración Técnica Martha Yineth Bravo Artunduaga Enilce Bernal Bastidas
Asesoría Metodológica de DRP Alejandra Osejo Varona
Secretaría Técnica Bairon Albeiro Builes Burgos
Auxiliar logística Sandra Anzueta.
Nuestro reconocimiento especial a los 180 Promotores Guía dispersos por toda la región que cumplieron y atendieron tareas de campo para la formulación del PLADIA2035.
CITACIÓN SUGERIDA: Mesa Regional de Orga- nizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Nar) -MEROS-; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. MADR (2017). Plan de Desarrollo Integral Andinoamazónico 2035. Puerto Asís, Colombia
La vida de las familias que vivimos en las montañas y selvas de la región An- dinoamazónica no es sencilla, aquí persistimos en medio de las difíciles situaciones y a diario nos batimos entre la guerra de las balas y la guerra de la sobrevivencia. No por eso dejamos de sonreír y de trabajar por mejores tiempos para los que estamos y para los que vienen. Solo más grandes que las dificultades, es nuestra determinación para construir desde y para la gente. De esta manera hemos construido un sueño con nuestras manos, con las que día a día sembramos y cosechamos la finca, con la pala, la pica y el azadón. Con esas manos con las que preparamos el alimento, con las que construimos la casa. Con estas manos que hemos juntado para organizarnos. Con estos puños que hemos levantado para exigir nuestros derechos, para movilizarnos en defensa de nuestro territorio. Sentados alrededor de la rancha, de la olla común, sumamos ideas y sue- ños, para construir nuevas y mejores realidades para nuestra región. La paz con justicia social materializada en la vida diga, la conservación de la naturaleza, la producción de nuestros alimentos tradicionales, la permanencia en el territorio de las comunidades rurales, la autonomía y el derecho a de- cidir sobre el futuro de nuestra región. La paz con justicia social que fluye por nuestros ríos, donde ha corrido tanta sangre, tanta violencia. Soñamos que cada quebrada que baña el territorio Andinoamazónico brote vida, paz y esperanza. Aquí presentamos el resultado de este compartir, nuestro sueño para la región An- dinoamazónica.
¡¡¡VAMOS A CONSTRUIR FUTURO!!! PLADIA - 2035!
UNA ESTRATEGIA DE PAZ PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA 5
CONTENIDO
1 PLANIFICAMOS COLECTIVAMENTE, TOMAMOS DECISIONES SOBRE EL FUTTURO DE NUESTRA RE-
GIÓN ANDINOAMAZÓNICA.......................................................................................8
2 ANÁLISIS TERRITORIAL.................................................................................10
2.1 UN BREVE ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LOS CULTIVOS DE COCA PARA USO ILÍCITO EN LA
REGIÓN ANDINOAMAZÓCA.....................................................................................10
2.1.1 DE LAS MARCHAS COCALERAS A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN COLOMBIA EN EL MARCO
DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS..........................................................................11
2.1.2 UNA PROPUESTA QUE LLEVA CAMINANDO MÁS DE 20 AÑOS..................................... 13
2.1.3 CONSTRUYENDO CONFIANZA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 1 Y 4 DEL ACUERDO
FINAL............................................................................................................ 14
2.2.1 LA EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICA COMO IDEA ILUSORIA DE DESARROLLO.............. 16
2.2.2 EL PROBLEMA DE LA DEFORESTACIÓN ASOCIADA A LA INDUSTRIA MINERO ENERGÉTICA Y
OTRAS ACTIVIDADES........................................................................................... 21
2.3 USO Y TENENCIA DE LA TIERRA. PUNTOS DETERMINANTES EN LA BÚSQUEDA DEL DESARRO-
LLO PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA.................................................................. 23
2.3.2 CONFLICTOS RELATIVOS A LA TENENCIA DE LA TIERRA.......................................... 25
2.3.3 REFLEXIÓN FINAL...................................................................................... 27
2.4.1 RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO MOCOA....................... 29
2.4.2 ZONAS DE RESERVA FORESTAL....................................................................... 31
2.5 ÁREAS DE INTERÉS AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD............................................. 43
2.5.1 CANANGUCHALES EN PIAMONTE.................................................................... 43
2.6 USOS DE LA BIODIVERSIDAD Y CAUSAS DE PÉRDIDA DE DIVERSIDAD........................... 47
2.7 SEGURIDAD HUMANA EN LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA: ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE
UN CONCEPTO AMPLIADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA RURALIDAD COLOMBIANA............50
2.7.1 UN CONCEPTO AMPLIADO DE LA SEGURIDAD HUMANA............................................50
2.8 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. PIEZA FUNDAMENTAL EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMA-
CIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA..........................................61
2.9 LA VIVIENDA EN EL TERRITORIO ANDINOAMAZÓNICO..............................................64
2.9.1 LA VIVIENDA EN LA MONTAÑA........................................................................64
2.9.2 LA VIVIENDA SOBRE EJE VIAL.........................................................................67
2.9.3 LA VIVIENDA ASOCIADA A LAS CUENCAS DE LOS RÍOS.............................................70
2.10 REFORMAS ESTATALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ: RETOS DE LA ARQUITECTURA INSTI-
TUCIONAL DE LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA..............................................................77
LIMITACIÓN PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL EN FAVOR DEL BUEN VIVIR...................................77
2.10.2 SUPERACIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y DESVIACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS REGIONALES 79
2.10.3 DE LAS LIMITACIONES A LOS RETOS: LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS FORMAS DE ESTADO EN
LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA...............................................................................81
2.12 CAMBIO CLIMÁTICO Y GOBERNANZA................................................................ 89
2.13 TEJIENDO REDES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE PAZ CON JUSTICIA SOCIAL:
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS EN LA REGIÓN ANDINO AMAZÓNICA................... 93
2.13.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA REGIÓN ANDINO AMAZÓNI-
CA................................................................................................................ 93
2.13.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIÓN POLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA RE-
GIÓN ANDINO AMAZÓNICA.................................................................................... 95
2.13.3 AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: INSTANCIAS PARA EL EJERCICIO DE NUE-
VAS FORMAS DE GOBERNANZA.................................................................................97
2.13.4 REDES Y COMUNICACIONES COMO EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO.......98
2.14 APORTES A LA DISCUSIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO SOCIAL Y POLÍTICO DEL CAMPESINA-
DO COMO SUJETO DE DERECHOS desde LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA................................99
2.14.1 ¿POR QUÉ HABLAR DE CULTURA CAMPESINA EN LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA?.............99
2.14.2 ABORDAJE METODOLÓGICO............................................................................99
TIESCALAR.......................................................................................................100
2.14.4 BOSQUESINO, SELVASINO O CAMPESINO AMAZÓNICO: LUGARES IDENTITARIOS DERIVADOS
DE LAS RELACIONES SOCIOTERRITORIALES...............................................................104
SOCIAL Y LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL...............................................................106
3.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO......................................................................111
3.2.2 CRITERIOS Y VALORES EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL......................113
3.3 ENFOQUE TERRITORIAL, MICROREGIONES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS ANDIINOAMAZÓNI-
COS............................................................................................................115
3.3.1 MICROREGIONES.....................................................................................115
3.4.2 INSTANCIA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN.....................................127
3.4.3 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL PLADIA2035........................................................129
3.4.4 MUNICIPO DE PUERTO LEGUÍZAMO................................................................137
3.4.12 MUNICIPO DE SAN MIGUEL..........................................................................331
1 PLANIFICAMOS COLECTIVAMENTE, TOMAMOS DECISIONES SOBRE EL FUTURO DE NUESTRA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA
La región AndinoAmazónica ha sido territorio de implementación de políticas en las cuales las comunidades no tuvieron la posibilidad de participar en su formulación, ejecución y evaluación, muchas de ellas afectaron de manera determinante la vida colectiva en el territorio, un ejemplo de ello fue la implementación del Plan Colombia que estableció dos estrategias por un lado, la política antidrogas basada en la erradicación forzada principalmente por fumigaciones y por otro agudizar la lucha contrainsurgente basada en la militarización de los territorios. El efecto de estas en la cotidianidad de las poblaciones ha agudizado muchas de las problemáticas que adolecen las comunidades, aun así han sido las iniciativas comunitarias las que han permitido en alguna medida la permanencia en la región.
Fruto de estas situaciones es que las comunidades han liderado alternativas para superar la crisis económica, social, política y ambiental y han afianzado el nivel de relación con el territorio AndinoAmazónico es por ello que desde la formulación del PLADIA 2035, surge la necesidad de reconocer que el “desarrollo” promovido hasta hoy no ha respondido a los intereses de quienes habitamos la región y que es necesario poner en debate el tipo de “DESARROLLO” que nuestras comunidades esperan para edificar un proyecto común alrededor del desafío que implica construir condiciones que garanticen el Buen vivir. Es así, como colectivamente en comunidad respondimos los siguientes interrogantes: ¿Quienes participamos en la planificación? ¿Para qué planificamos nuestro territorio? y en este proceso es como nos propusimos construir unos valores sobre la idea de la diversidad, las formas de entender los problemas, las propuestas y compromisos que asumimos para garantizar la permanencia de las futuras generaciones en la región. Por tanto, la garantía de la toma de decisiones por parte de quienes vivimos en el territorio es uno de los principales potenciales transformadores de este proceso democrático que permite desarrollar habilidades de diálogo, debatir los temas centrales que afectan nuestra vida en comunidad, identificar las potencialidades con las que contamos y afirmar la compromiso que tenemos en el futuro de la región Hoy con la responsabilidad que implica la construcción de paz y reconociendo el espíritu del Acuerdo Final para la Terminación de Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera, que reconoce la importancia de la participación de la comunidad en las decisiones sobre los territorios afectados no solo por la confrontación armada sino por la ausencia estatal, es determinante articular y poner a disposición este ejercicio de planificación del PLADIA 2035 en el marco de la implementación del Acuerdo Final, porque de manera colectiva planificamos nuestro territorio en función de garantizar, el desarrollo integral, la justicia social, el buen vivir y la paz para quienes habitamos la región andinoamazónica.
2.ANÁLISIS TERRITORIAL
2 ANÁLISIS TERRITORIAL
El Análisis Territorial del Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico PLADIA 2035, es un ejercicio que hace parte del Diagnostico Rural Participativo, y que pretende constituirse en una propuesta de análisis que pone en dialogo los resultados obtenidos en la línea base municipal con análisis, conceptos y discusiones del orden nacional e internacional, problematizando las situaciones diagnosticadas en clave de planificación.
Estos documentos, son la reflexión y sistematización de los ejercicios de “Conflictos, déficit y potencialidades, en los cuales, en conjunto con las comunidades asistentes al taller de Diagnostico Rural Participativo”, se analizaron de manera integral las diferentes lecturas del territorio obtenidas en el taller en función de la construir una mirada crítica del territorio en las líneas temáticas más sentidas por las comunidades.
2.1 UN BREVE ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE LOS CULTIVOS DE COCA PARA USO ILÍCITO EN LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA.
Ingrid Marcela Muñoz Quesada
La aplazada reforma agraria y la inequitativa distribución de recursos entre ellos la tierra, condujo a que en los años 60s se diera un proceso de colonización en las zonas más apartadas del país en búsqueda de oportunidades para miles de familias que huían de la guerra o de la pobreza. Esas colonizaciones llevaron a que en estas zonas recién pobladas se afianzaran las economías extractivas, situación de la que no fue ajena para la región andinoamazónica, en donde predominaron épocas de bonanza como la de quina, pieles, caucho, maderas, hidrocarburos hasta la producción ilícita del cultivo de coca convirtiendo ésta última en una de las soluciones viables a las dificultades económicas que atravesaban los pobladores de la región.
En el Putumayo, el auge de la coca para uso ilícito inicia en las décadas de los años 70s y 80s, generando ampliación de la frontera agrícola, aumento en la dinámica de poblamiento, crecimiento de la tasa de deforestación, pero a su vez esta actividad aparece resolviendo la subsistencia de los habitantes del campo, debido a que encontraron en el uso ilícito de la coca, un producto que se puede transportar sin dificultades, que cuenta con una cadena logística sencilla a pesar de la persecución por parte del estado, con un precio y mercado asegurado, lo que resolvía el tema de la agrotransformación, comercialización y desde luego la generación de ingresos. Es así, como la precaria situación en la que ha vivido el sector rural ha estado estrechamente asociada al modelo de desarrollo rural evidenciando el abandono del estado en varias zonas de esta región donde no hay presencia institucional, política y social para atender las demandas de las comunidades.
Este sistema productivo entonces, resolvió diversas demandas que tenían las comunidades rurales, a partir de los ingresos derivados del uso ilícito de la coca no solo se proveían bienes familiares sino también comunitarios, escuelas, puentes, vías terciarias, centros de salud, fueron construidos con lo producido por la coca sin el apoyo del estado.
Con el auge de los cultivos en el país, el fortalecimiento de mafias asociadas a la comercialización de la coca y los compromisos internacionales de Colombia en materia de drogas y narcotráfico, se han implementado diversas estrategias para resolver la problemática desde diferentes perspectivas sin resultados evidentes en materia de disminución de la pobreza y las hectáreas cultivadas.
En el contexto de la firma del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ ESTABLE Y DURADERA, particularmente lo que atañe a la implementación del punto 1 y punto 4, las comunidades perciben una oportunidad para dar un viraje diferente al enfoque de la política antidrogas implementada por el estado colombiano, basada en el desarrollo rural integral y la plena garantía de los derechos humanos.
2.1.1 DE LAS MARCHAS COCALERAS A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN COLOMBIA EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS.
Uno de los hitos históricos recordados por las comunidades de la región, corresponde a las Marchas Cocaleras, en el mes de julio de 1996 miles de campesinos cocaleros del Putumayo, navegando por los caudalosos ríos o caminando durante horas por los caminos de herradura desde los diferentes puntos de la región, se concentraron en los municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito, La Hormiga, Villagarzón y la inspección de El Tigre, para exigir al gobierno nacional: inversión social, suspensión de las fumigaciones con glifosato y manifestar su voluntad para sustituir de manera gradual y voluntaria los cultivos de coca a cambio de garantías efectivas para la producción y comercialización agropecuaria, la permanencia en el territorio y la garantía plena y efectiva de sus derechos.
Estas marchas que duraron alrededor de tres meses permitieron que el interior del país que le había dado la espalda a estos territorios; conocieran de la voz de los habitantes del campo, que miles de familias campesinas estaban siendo afectadas por las fumigaciones con glifosato y que estas aspersiones generaban diferentes enfermedades en humanos y animales, profundizaba la grave crisis de subsistencia de las familias campesinas al quemar los cultivos de pancoger y dejar las fuentes de agua no apta para el consumo humano. Estas manifestaciones permitieron además visibilizar que la producción de esta planta era la única opción para garantizar el sustento económico de los hogares campesinos; y reflejaban también el olvido al que eran sometidas las comunidades por parte del Estado, tal y como lo expresa un campesino del municipio de Puerto Guzmán: “aquí la coca ha sido ministerio de educación, de salud, de agricultura etc. en pocas palabras la mata de coca aquí ha sido el Estado.” “la coca nos permite ponerle el plato de comida en la mesa de nuestras familias” “si uno siembra plátano va a la perdida, pues no hay vías donde sacarlo o sale muy caro, a veces es mejor dejarlo para la propia casa y para alimentar a los marranos pues en el mercado no se puede vender barato” (Campesino Subregión Rio Caquetá, Comunicación Personal, 2015). En este mismo escenario, Colombia se convertía en el primer productor de coca del mundo, la mitad de la coca producida en el país se sembraba en el Putumayo, según lo reportaban las propias autoridades, las 40.000 hectáreas sembradas sostenían la economía de más del 70% de las familias rurales. Debido a este panorama el gobierno de Ernesto Samper firma quizás uno de los pactos binacionales (Colombia- EEUU) más determinante para la historia contemporánea del país: El Plan Colombia denominado también Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la Paz, es así como en el
marco de este desde 1998 se han logrado recibir los recursos económicos y logísticos de la cooperación de Estados Unidos. Estos, se aportan a fin de financiar la guerra contra el narcotráfico y apoyar proyectos basados en el Desarrollo Alternativo en territorios afectados por cultivos de coca, pero las comunidades perciben que en la época ejecución del Plan Colombia también se fortalecieron las fuerzas militares del país para confrontar a la insurgencia.
A partir del 2000, el Putumayo se convierte en epicentro del Plan Colombia también por contener el 54% del área cultivada en coca de Colombia (60.000 hectáreas), 30.000 pequeños productores de una a cinco hectáreas y una población de 50.000 personas relacionadas con el cultivo y comercialización de la misma1. Reflejo de ello, es la concentración del apoyo tanto militar como económico del Plan Colombia, que incluía fumigaciones y erradicación manual, programas de desarrollo alternativo, de promoción de la democracia y de asistencia a personas desplazadas y otros grupos vulnerables. Está época fue en donde más afectaciones por fumigaciones hubo en toda la región.
A esa estrategia, en la que se invirtieron fondos nunca antes destinados a esa región del sur del país, se sumó el denominado Plan Patriota, con el objetivo de fortalecer a las fuerzas militares mediante la inyección de recursos a la 27 Brigada de Selva, en Mocoa, y la Base Naval del Sur, desde donde se monitoreaban los ríos Caquetá y Putumayo, además la policía creó la Base Antinarcóticos de Villagarzón, y el Ejército un aeropuerto militar, infraestructura clave para las tareas de interdicción aérea, todos estos actores fueron identificados por las comunidades mediante la herramienta “Mapeando Nuestro Territorio: Actores y Redes Sociales” aplicada en el ejercicio de Diagnostico Rural Participativo por hacer presencia en sus territorios.
A partir del año 2000, hasta el 2014, se han reportado disminuciones y aumentos aleatorios de los cultivos de coca, sumado a ello y como resultado de la política antidrogas, las organizaciones sociales han denunciado en materia de derechos humanos no solo la afectación de fumigaciones sino también la persecución por parte de actores armados legales e ilegales a las comunidades rurales. Todo eso se conjuga en un territorio que tiene presencia de cultivos de coca, paramilitarismo, reservas en recursos minero- energéticos y una consolidada organización social que reivindica la sustitución de los cultivos de coca de manera gradual y concertada, el respeto por los derechos humanos y la defensa integral del territorio.
La respuesta Institucional ante este panorama fue la de crear una estrategia de consolidación y reconstrucción Territorial, así como los programas institucionales contra cultivos ilícitos: Unidad Administrativa Especial para la Consolidación territorial (UAC), la cual se centraba en territorios libres de cultivos ilícitos. Esta unidad ha fortalecido en los territorios afectados por economías ilícitas las estrategias institucionales de Desarrollo Alternativo como son el Programa Familias Guardabosques (PFGB)2 y el Programa Proyectos Productivos (PPP), ambos encaminados a la sustitución “voluntaria” de los cultivos de uso ilícito y a la adopción de medios de vida legales de las familias y/o comunidades que han sembrado ilícitos o que han estado en riesgo de hacerlo, el balance de estas estrategias
1 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia - ANUC Putumayo, Agosto 2001. 2 El PFGB es una iniciativa gubernamental enmarcada dentro de la estrategia de erradicación manual voluntaria de cultivos ilícitos. Busca beneficiar a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, ubicadas en diferentes áreas del territorio Nacional.
deja en evidencia los vacíos en el enfoque que se ha dado a la política pues los cultivos lejos de disminuir aumentan y las condiciones de vida de los habitantes se precarizan.
En los últimos años han sido miles de millones invertidos en materia de política contra las drogas en la región, con dos líneas de acción definidas militar (fortalecimiento de las fuerzas armadas en antinarcóticos, interdicción, erradicación manual y por aspersiones, consolidación de territorios libres de drogas y lucha contra el narcotráfico) y social (inversión en materia de infraestructura, proyectos productivos, desarrollo alternativo), el primero ha dejado como saldo la penalización del pequeño productor o el “eslabón más débil” de la cadena, lo que ha significado cientos de campesinos en la cárcel por delitos asociados al cultivo de coca, desplazamiento no solo de las familias de cultivadores sino también de los cultivos. En materia social muchas de las familias que le apostaron a la erradicación previa para acceder a las inversiones del estado, hoy reconocen que ningún plan implementado funcionó por diferentes factores entre ellos la corrupción, las fumigaciones y la falta de asistencia integral para la implementación de los proyectos.
2.1.2 UNA PROPUESTA QUE LLEVA CAMINANDO MÁS DE 20 AÑOS. Desde las marchas de 1996, las comunidades exigen como condición para erradicar que el estado se comprometa con ellos a plantear proyectos productivos sustentables a largo - mediano plazo y que se cumpla con la deuda en materia de inversión social que se tiene en la región. Es en este contexto en el que los habitantes del Putumayo proponen los pactos sociales de erradicación manual voluntaria de los cultivos de coca. El primer “Pacto de Erradicación Voluntaria y Desarrollo Alternativo” firmado en Santana y que se convierte en esquema para los demás pactos, incluye acuerdos en: 1) Proyectos de Seguridad Alimentaria y Comercialización. 2) Proyectos de Mediano y Largo Plazo 3) Proyectos Veredales Complementarios (tales como construcción de vías, acueductos, etc.,) 4) Capacitación y Asistencia Técnica 5) Administración y Manejo de los Recursos 6) Control social, veeduría, seguimiento y verificación y 7) Tiempos de erradicación.3
Sin embargo, las comunidades manifiestan que estos Pactos de Erradicación Manual Voluntaria fueron incumplidos en su ejecución, por lo que retomaron los cultivos de coca como medio para la generación de ingresos. Ante la problemática social, ambiental, política y económica de la región, es que el 2006 la organización social configura un escenario amplio de convergencia la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbios, donde la propuesta central en materia de sustitución está contenida en la dimensión económico-productiva del PLADIA 2035, por tanto, el programa de Sustitución del uso Ilícito de los Cultivos de coca se configura como una iniciativa para la construcción de la paz y el desarrollo rural integral de la región, pues se orienta al fortalecimiento de los procesos de arraigo en la región (garantías de acceso y formalización de la tierra), al reconocimiento de las particularidades socio-ambientales del territorio (subregiones) y de la diversidad cultural de la población regional (comunidades campesinas, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes).
3 . Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria del Corregimiento de Santa Ana. Acta de Compromiso, Puerto Asís, Diciembre 2 de 2000.
La propuesta de las comunidades organizadas tiene como meta superar las causas que llevaron a miles de familias a cultivar coca y así lograr la transformación de las condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas del territorio y sus comunidades. La base de dicha apuesta está en la implementación de un sistema de producción amazónica sostenible denominado FINCA AGROPRODUCTIVA, de producción diversificada e integral con cinco componentes básicos: Alimentario, ambiental, generación de ingreso, agrotransformación y comercialización, y asociatividad.
Esta sistema productivo debe complementarse con la inversión social a todos los niveles para lograr el bien vivir de la gente, con acceso a derechos, a las oportunidades y a la justicia social, para ello serán necesarias las vías, la estrategia de comercialización, garantías en salud y educación para el sector rural, implementación de los mercados campesinos, centros de acopio y agrotrasnformación etc, que corresponden a exigencias heredadas desde las marchas de 1996 y que aún no han sido atendidas.
Como parte integral de la propuesta se incluye la formulación de un marco administrativo y jurídico que contribuya a cumplir con los propósitos de la sustitución esto se debe reflejar en la adecuación o creación de la institucionalidad para atender y viabilizar las apuestas de las comunidades y por otro lado contemplar la creación de un legislación transitoria y revisión del marco legal vigente que no garantiza ni promueve la pequeña producción y que impide el avance de la economía campesina por ende el tránsito hacia las economías lícitas, además de replantear la penalización de los pequeños productores de coca para uso ilícito, pues a razón de esta hoy miles de campesinos de la región están en las cárceles del país, por delitos asociados al cultivo.
Desde 1996, las comunidades han expresado su voluntad de sustituir los cultivos de coca, pero esta dependerá del cumplimiento de gobierno nacional en la implementación no solo de los sistemas productivos sostenibles sino también de la inversión en material social que permitan las transformaciones reales que requieren las comunidades para la permanencia en el territorio.
2.1.3 CONSTRUYENDO CONFIANZA CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 1 Y 4 DEL ACUERDO FINAL.
En las conversaciones entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, para concluir un conflicto armado de más de cinco décadas, se incluyó en la agenda de debate dos puntos que atenderían de manera específica la situación del sector rural de todo el país. Punto 1 “Reforma Rural Integral” y Punto 4 “Solución al problema de las Drogas Ilícitas”, en donde se contempla la provisión de bienes y servicios adeudados a las miles de familias que habitan el campo mediante la formulación participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que le apuntan a la consolidación de la Transformación del Territorio de manera integral y por otra parte la puesta en marcha de Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), este último contempla acciones de atención urgente enmarcadas en el Plan de Atención Inmediata (PAI) y la planificación con las comunidades de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).
En este nuevo escenario de la política nacional que demanda del estado colombiano la implementación del Acuerdo Final y con un acumulado de 2 años de conversaciones entre la Mesa Regional de organizaciones Sociales (MEROS) con el gobierno nacional (agosto 2014 – actualidad), se abre una ventana de oportunidad para la sustitución de los cultivos de
coca para uso ilícito que espera garantizar la participación efectiva y directa de las comunidades, la atención no solo a las familias que tengas en sus predios cultivos de coca sino de todas las familias que están involucradas de manera directa e indirecta en la cadena productiva de la coca incluyendo recolectores y amedieros. Otro factor importante en el acuerdo alcanzado es el reconocimiento de la mujer como actora fundamental en el desarrollo de la región y de las comunidades indígenas y afrodescendientes que por tradición étnica han construido una tradición cultural y cosmogónica alrededor nos sólo del territorio sino de la planta de coca.
Estos avances permiten que una vez más después de los intentos fallidos por parte del estado para superar la problemática asociada a los cultivos de uso ilícito, las familias le apuesten a la firma de acuerdos con gobierno nacional para la sustitución integral de los cultivos de coca para uso ilícito, pero esta vez con la participación de las FARC-EP, gobernación, alcaldías y entidades competentes, en ese sentido se avanza en la construcción de confianza para cimentar las bases de la paz estable y duradera para la región.
2.2 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA.
Ingrid Marcela Muñoz Quesada
2.2.1 LA EXPLOTACIÓN MINERO-ENERGÉTICA COMO IDEA ILUSORIA DE DESARROLLO.
La región Andinoamazónica ha estado históricamente marginada de los procesos socioeconómicos del país, sin embargo, es una zona privilegiada por la composición de sus suelos y las riquezas de su subsuelo, motivo por el cual se ve constantemente presionada por los intereses de quienes buscan beneficiarse de los recursos y servicios ecosistémicos que ofrece. Su desarrollo ha estado estrechamente ligado a las épocas de bonanzas entre ellas la correspondiente al boom petrolero que lejos de generar el mejoramiento estructural de las condiciones de vida de quienes habitan la región ha agudizado los conflictos que viven las comunidades.
La explotación minero energética ha sido por décadas una de las principales apuestas económicas impulsada desde diferentes gobiernos, muestra de ello es que desde el año 1959, con la llegada de la compañía Texaco al Putumayo y el descubrimiento de importantes yacimientos en Orito en el año 1963 (Ramirez M., 2014) condicionaron el patrón de poblamiento, la configuración migratoria de personas de otras ciudades en búsqueda de oportunidades laborales en las compañías que promovían la explotación petrolera en parte del sur del país.
Es así, como en la historia contemporánea de la Andinoamazonía la entrada de las empresas petroleras fue entendida por los gobiernos de turno como la posibilidad de “desarrollo” pero este fue cuestionado desde sus inicios por las organizaciones sociales y las comunidades debido a las diferentes afectaciones sociales, ambientales y económicas percibidas con la influencia de las multinacionales.
Con el posicionamiento de las importantes reservas de la Cuenca Caguán- Putumayo4 y la declaratoria del departamento del Putumayo como Distrito Especial Minero, este último en 2011, se generan garantías para la entrada de nuevos proyectos y el mantenimiento de los que estaban en curso traducido en la ampliación y concesión de licencias ambientales otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA para afianzar proyectos de exploración y explotación de minerales y petróleo.
Con la puesta en marcha de la “locomotora minero-energética” la Amazonía fue rebautizada en los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo como la zona centro andino sur, sobre la cual se han dispuesto alrededor de 124 mil hectáreas para la explotación de recursos naturales, y la preocupación de las organizaciones sociales es que en toda esta
4 Cuenca Caguán-Putumayo, localizada al suroccidente del territorio nacional, se posiciona hoy como una de las regiones emergentes en la industria extractiva colombiana. La producción promedio proveniente de esta zona supera los 56.600 barriles de petróleo por día (BPD), lo que la convierte en la tercera región más importante en materia de extracción de crudo
vasta zona no ha existido consulta con las comunidades, ni la interlocución informada de las mismas sobre los impactos socio ambientales a los que están expuestos.
Para dimensionar el impacto de la industria minero energética en la región se ha identificado que del área total del departamento del Putumayo más del 70% está concesionado bajo la modalidad de algún tipo de contrato petrolero. “Según mapa base de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH sobre pozos petroleros a 2015, en Putumayo se habían perforado 435 pozos, distribuidos así: 197 pozos productores; 82 pozos no definidos; 39 pendientes; 20 exploratorios; 44 abandonados, 15 secos; 6 suspendidos y 23 taponados. De los 44 pozos abandonados, las petroleras piensan reabrir algunos. Adicionalmente, se estima que está autorizados por las licencias ambientales 580 nuevos pozos.” (Comisión Interesclesial de Justicia y Paz , AGOSTO 2015). El temor de que las historias de Casanare o La Guajira se repitan en este lugar del país, parece estar más próxima a volverse una realidad. En el Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, se evidencia que la región Andinoamazónica tiene una vasta área en proceso de exploración o producción, según los datos institucionales el único territorio “no disponible” para este tipo de actividad la zona de Parque Nacional Natural La Paya. Esta situación de ocupación de las concesiones petroleras genera preocupaciones en términos de acceso a la tenencia de la tierra de manera colectiva e individual por parte de las comunidades campesinas indígenas y afrosdescendientes. Mapa 1. Mapa de Tierras Actualizado Febrero 2017
Fuente: Geovisor Agencia Nacional de Hidrocarburos
Los municipios que tienen licencias vigentes en producción son: Mocoa, Puerto Asís, Villagarzón, Orito, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo, Piamonte y el Corregimiento Jardines de Sucumbios. Lo cual no implica que no se avance en la ampliación o en la búsqueda de nuevos frentes de explotación del recurso como es el caso de la Subregión de Valle del Sibundoy. Genera además especial atención que en esta información institucional no muestra contratos en explotación en el municipio Puerto
Guzmán donde incluso las comunidades han manifestado afectaciones por derrame de crudo, lo que indica que en cualquier paso de la cadena de producción se generan impactos. Tabla 1. Municipios con contratos en Proceso de Explotación de hidrocarburos en la Región Andinoamazónica.
Departamento Municipio Operadora Contrato Campo CAUCA PIAMONTE ECOPETROL SANTANA
ECOPETROL MARY Y MIRAFLOR
GUAYUYACO GUAYUYACO
NARIÑO IPIALES ECOPETROL D. SUR ORITO SUCUMBIOS PUTUMAYO MOCOA ECOPETROL SANTANA
ECOPETROL TOROYACO
CHAZA MOQUETA
PUTUMAYO ORITO ECOPETROL D. SUR ORITO CARIBE, CHURUYACO, ORITO, SAN ANTONIO Y SUCIO
PUTUMAYO ORITO ECOPETROL D. SUR ORITO INCREMENTAL
CARIBE
ORITO
PLATANILLO PLATANILLO
PUTUMAYO PUERTO ASÍS ECOPETROL D. SUR ORITO QUILILI PUTUMAYO PUERTO ASÍS VETRA EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN COLOMBIA S.A.
CPI SUR ORIENTE
COHEMBI, QUILLACINGA, QUINDE
PUTUMAYO PUERTO CAICEDO
ECOPETROL D. SUR ORITO CENCELLA, MANSOYA, YURILLA
PUTUMAYO SAN MIGUEL ECOPETROL D. SUR ORITO ACAE-SAN MIGUEL (PTO COLON) Y LORO
PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ
PUTUMAYO VILLAGARZÓN
MIRTO E&P MIRTO
CHAZA COSTAYACO
PUTUMAYO VILLAGARZÓN
GUAYUYACO JUANAMBU
Fuente: Tabla 'producción fiscalizada de petróleo por campo en superficie - Enero- Septiembre 2016 – ANH Luego de dimensionar la magnitud de la presencia histórica de la industria y su cobertura territorial es importante preguntarse ¿Cuál ha sido el beneficio para las comunidades? ¿Cómo son las condiciones de vida de las comunidades donde hay influencia directa de las compañías petroleras? En el marco del Diagnóstico Rural Participativo una de las preocupaciones manifestadas por las comunidades de manera reiterada era el impacto
socio ambiental de la explotación petrolera haciendo énfasis en las afectaciones del tejido social y de recursos agua y suelo. Muestra de ello es que “de los 3.810 derramamientos y/o contingencias ambientales reportados del año 2009 al 2014 por las empresas petroleras, han ocurrido en el departamento de Putumayo para un total de 560. Se han derramado en el Departamento 65.6 barriles de petróleo y/o derivados contaminando ecosistemas estratégicos, suelos con uso agrícola y/o ganadero y cuerpos de agua” (MEROS, 2015).
MOVILIZACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO
Un recorrido por los diferentes municipios donde existe explotación de petróleo es suficiente para evidenciar la precariedad de las condiciones de vida de quienes habitan la “zona de influencia” de las compañías, donde la escasa infraestructura está al servicio de los intereses de la operación más no del fortalecimiento de la economía o vida campesina, ejemplo de ello es la red vial, el escaso o nulo acceso a los empleos disponibles pues se requiere de mano de obra calificada cuando en estas zonas el nivel de escolaridad es muy bajo, por tanto la conclusión de las comunidades es que la explotación del petróleo genera más afectaciones que beneficios y en tanto esa actividad no refleja el desarrollo integral de las comunidades de la región.
Las comunidades además indican que las compañías en el marco de la responsabilidad social empresarial y con el propósito de ganar indulgencias ha construido polideportivos, mejoramiento de escuelas, sin embargo las comunidades indican que estas inversiones en nada se comparan con el impacto socio ambiental que genera la explotación minero energética, la transformación paisajística y la dinámica económica y social de las comunidades.
La percepción de quienes habitan en zona de influencia de estas compañías es que los intereses del estado están enfocados en garantizar la extracción desmedida de los elementos naturales del territorio muestra de ello es el fortalecimiento de la fuerza pública para salvaguardar los intereses del sector hidrocarburos con la instalación de Batallones Minero Energéticos en zonas de infraestructura petrolera, en estas zonas los índices de vulneraciones y violaciones de derechos humanos son muy altos ( (RED DE DERECHOS HUMANOS -MEROS, 2015).
Las comunidades manifiestan su inconformidad frente al proceso no solo de la adjudicación de las licencias hasta la exploración y explotación, pues no se cuenta con la participación activa de las comunidades y no se brinda la información real sobre los impactos socio-ambientales a los cuales se exponen al momento de que empieza la sísmica y se dispone a iniciar la explotación. Las empresas por su parte manifiestan que surtieron todos los procesos de consulta pero la recurrencia de escenarios de conflictividad entre las compañías y las comunidades evidencian el grado complejidad que genera su presencia en el territorio. Además se percibe que las estrategias usadas para surtir los procesos de socialización no son trasparentes y lejos de permitir que se tome una decisión libre e informada se ha identificado que los sociales de las compañías pretenden convencer a algunas personas de las comunidades generando incluso rupturas en los lazos comunitarios al ponerlas en la decisión unísona de un SI o un NO de la explotación petrolera.
Sin embargo, ha sido la organización social la que ha permitido hacer las denuncias frente a las afectaciones en la salud pública debido a los constantes derrames por negligencia de
las compañías o producto del conflicto armado que ha vivido la región. Lo que además ha evidenciado que los planes de contingencia son inexistentes o de reacción poco oportuna.
La movilización social es la herramienta legitima de las comunidades que en reiteradas ocasiones ha demandado por parte del estado una discusión sobre la política minero energética de la región como fue el caso de la protesta social del años 2014 en el Corredor Puerto Vega Teteye- Puerto Asís, donde se exigía por parte de las instituciones competentes la revisión de las Licencias otorgadas a los bloques concesionados, creación de una comisión interinstitucional con la participación de las organizaciones de la Mesa de Organizaciones sociales -MEROS, con el acompañamiento de un equipo de profesional interdisciplinario, con el fin de revisar y ajustar los estudios de impactos Ambientales, los planes de manejo Ambiental y los procesos para el otorgamiento de licencias Ambientales actuales y en trámite, particularmente “la revisión y evaluación del cumplimiento de la Resolución 1930 del 01 de octubre de 2010 del proyecto desarrollo de los campos Quinde, Cohembí y Quillasinga del bloque sur oriente, en el corredor Puerto Vega – Teteye del municipio de Puerto Asís”.
Proceso que dejo como resultado un “INFORME ANÁLISIS DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN PETROLERA EN EL CORREDOR PUERTO VEGA – TETEYÉ (Puerto Asís) PUTUMAYO Septiembre de 2014 – diciembre de 2015” donde se concluye que las condiciones ambientales a las cuales están expuestas las familias del área de influencia están siendo afectadas en su salud pública encontrando que por ejemplo que: “El riesgo de las poblaciones es inminente puesto que se abastecen de fuentes superficiales y aljibes, que presentan concentraciones que superan los límites normativos aceptables en términos de salud pública. Se identifican especies químicas como Fenoles, Hidrocarburos, Arsénico, Cadmio, Plomo y Bario” entre otras afectaciones en aire y suelo.
Adicional a esto, las afectaciones sociales generadas en los territorios colectivos, las compañias no reconocen la presencia de pueblo indigenas, afrodescendientes los cuales convenciones internacionales los reconocen como poblaciones de especial atención, evidencia de esta situación son las tutelas que han interpuesto los pueblos indigenas como “la comunidad awá quien alega que no se llevó a cabo el trámite de consulta previa a lo cual la Corte Constitucional ordenó suspender la explotación que adelantaban Ecopetrol y Petrominerales en Orito” (El Espectador , 2016), caso similar se presentó con el “pueblo Nasa del Resguardo indígena Alto Lorenzó, ubicado en el corregimiento de La Carmelita del municipio de Puerto Asís, había instaurado una tutela manifestando que la multinacional petrolera Consorcio Colombia Energy, venia afectando gravemente los recursos naturales y el medio ambiente del territorio indígena, con la explotación de los pozos ubicados en límites de territorio indígena Nasa.
Estas afectaciones desde luego no son exclusivas de las comunidades etnicas sino que se replican en todo el territorio y en diferentes magnitudes, pece a ello, hoy existen muchas iniciativas para salvaguardar la andinoamazonia,organizaciones liderando la constitución de areas protegidas con campesinos, las zonas de reserva campesina que esperan proteger el territorio no solo de la explotación “legal” de los recursos sino también de la explotación “ilegal” que va en aumento sobre todo de la explotación aurifera en el lecho de los rios que tambien genera impactos nocivos para el ambiente y para la salud de los habitantes de la región.
La propuesta para superar esta problemática socio ambiental asociada al a explotación del petróleo es que las comunidades puedan participar de manera efectiva en las decisiones sobre su territorio, garantizar que sea en el proceso de Ordenamiento Territorial, donde sean las comunidades quienes definan los usos del territorio y las maneras de habitarlo, conservarlo y cuidarlo conforme a las cosmovisiones de los pueblos y comunidades; la manera se distribuye el uso del suelo; se gobierna el subsuelo; y se protegen los elementos estratégicos para la vida como son el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos. Ese ordenamiento participativo apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades garantizando la seguridad jurídica para los territorios individuales y colectivos. Este ordenamiento del territorio deberá entre otros garantizar la permanencia en el territorio y la convivencia interétnica e intercultural, esta demanda hace parte de una iniciativa de paz impulsada por las organizaciones campesinas, indígenas, afrosdescendientes de la región.
2.2.2 EL PROBLEMA DE LA DEFORESTACIÓN ASOCIADA A LA INDUSTRIA MINERO ENERGÉTICA Y OTRAS ACTIVIDADES
Si bien la región tiene una presión ecosistémica muy fuerte por la proyección del territorio como importante reserva de recursos minero energéticos, hay otras consecuencias producto de ésta y otras actividades como la ampliación de los cultivos de coca para uso ilicito, la explotación maderera, ampliación de potreros para pastizales y en asentamiento de comunidades en las rondas de los ríos, afectando no solo las características paisajísticas de la región sino también disminuyendo la acción del ecosistema frente al cambio climático.
En el Putumayo la tasa de deforestación para el año 2014 fue de 5.150 ha, significando el 4% de la tasa nacional (Saralux Valbuena, 2016) La explotación de la madera ha sido una actividad progresiva en la región que viene en aumento y que genera la perdida de hábitat de especies, la segregación de ecosistemas y la perdida de importantes servicios ecosistémicos. Las cifras que indican las instituciones competentes han generado que las comunidades reflexionen alrededor del cambio climático y la necesidad de impulsar estrategias que mitiguen el impacto y permitan el uso sostenible de los bosques, cierre de la frontera agrícola, debatir los impactos de la industria minero energético y proponer estrategias comunitarias de aprovechamiento forestal con acompañamiento técnico.
En el Diagnostico Rural Participativo se identificó que las comunidades rurales utilizan la madera para suplir las necesidades cotidianas básicas como lo son la cocción de los alimentos como lo indica la tabla 2. para la construcción de infraestructura productiva o de vivienda y la comercialización para la generación de ingresos, actividad que viene siendo penalizada por las autoridades ambientales ya que estas no concesionan permisos para realizar esta actividad, donde además las comunidades manifiestan que estos permisos solo son otorgados para las actividades de grande compañías o a empresas asociadas a la explotación de petróleo. También indican que esta actividad la realizan porque no existen otros proyectos productivos que garanticen la estabilidad económica de sus familias pero consideran urgente que de manera concertada se establezcan estrategias de extracción forestal a pequeña escala que garantice por un lado los ingresos de las familias y por otro la sostenibilidad ambiental.
Tabla 2. Fuentes de Energía y Especies maderables frecuentemente usadas en las subregiones para la cocción de alimentos, según percepción de las comunidades.
SUBREGIÓN ESPECIES MADERABLES Valle del Sibundoy Eucalipto, Pino, Acacia, Urapan, Chilca Y
Sauce
Centro Sardinegro, palonegro, Guamo, Cachimbo, Yarumo, Achitoillo, Cucharo, Cedro (restos de los bloques) y partes de madera que se encuentran en el río. Algunas familias han recibido estufas ecológicas de Corpoamazonia.
Rio Caquetá Se frecuenta el uso de maderables para la cocción especies como el Guamo, Acre Y De Bosque Denso: Palo Negro, Costillo Y Mantequillo O Bizcocho.
Río Putumayo Hay estufas ecológicas y gas, pero en mayoría de las familias son los fogones tradicionales de leña. Las especies utilizadas son Palo Negro, Costillo, Mantequillo
Valle del Guamuez Uso de especies como el Guamo, Vara Negra Guayabo y Romo. Se han implementado estufas ecoeficientes, sin embargo, muestran inconformismo porque tienen que utilizar más leña de la que usaban antes, probablemente por que quedaron mal diseñadas, manifiestan las comunidades
Leguizamo En algunas zonas de la cabecera y Puerto Ospina se abastecen de gas, en el resto del municipio se usa la leña de diferentes especies pese a las restricciones de zona de PNN
Fuente: Equipo Técnico PLADIA 2035, 2016
2.3 USO Y TENENCIA DE LA TIERRA. PUNTOS DETERMINANTES EN LA BÚSQUEDA DEL DESARROLLO PARA LA REGIÓN ANDINOAMAZÓNICA.
Martha Yineth Bravo Artunduaga
Ricardo Alfredo Carreño Vallejo
Los conflictos sobre uso, vocación y tenencia de la tierra son un factor importante a tener en cuenta al analizar la realidad de la ruralidad colombiana, ya que es un elemento que se encuentra de forma reiterada en diferentes zonas del país, evidenciando que estos no son hechos aislados, sino que se relacionan estrechamente con la visión de lo que es el desarrollo rural impulsado por la institucionalidad en el territorio, la cual es diametralmente diferente a la construida desde las comunidades.
La idea de desarrollo que persigue PLADIA 2035 se fundamenta en entender este concepto como el conjunto de cambios progresivos que se deben dar en el territorio con el fin de alcanzar una mayor calidad de vida o buen vivir para las personas que lo habitan, lo cual incluye aspectos ambientales, productivos, organizativos, sociales, culturales y espirituales. Al pensar en la necesidad de propender por estas condiciones de vida digna para los habitantes del campo, las reflexiones que aquí se realizan sobre la propiedad y el uso de la tierra y sus conflictos derivados, tienen una importancia esencial.
2.3.1 CONFLICTO ENTRE USO Y VOCACIÓN En cuanto al uso y la vocación del suelo, se debe entender el primero como la actividad que realiza efectivamente un individuo o comunidad en un área específica orientada hacia el aprovechamiento de la superficie terrestre, subsuelo o espacio aéreo de la misma. Por su parte, la vocación del suelo se concibe como la actividad más adecuada a desarrollar por parte de las comunidades sobre cada zona del territorio teniendo en cuenta aspectos relativos al clima, relieve, material parental, erosión, pendiente, importancia ecológica, entre otros. Un conflicto entre uso y vocación de suelo surge cuando estos dos elementos no se corresponden.
Este tipo de conflicto tiene lugar, entre otras cosas, por la intención que ha existido desde el gobierno por incentivar algunas actividades económicas específicas como la ganadería extensiva o la explotación petrolera en el territorio, las cuales no son la forma más adecuada de aprovechar la riqueza Andinoamazónica, debido a que desgastan los suelos, generan bastante contaminación y ocasionan un detrimento significativo del medio ambiente a nivel general.
La explotación petrolera ha sido una prioridad para el gobierno en los últimos años, lo cual se ve materializado en la relevancia que ha venido tomando el sector minero- energético y los ingresos obtenidos de esta actividad en los últimos Planes Nacionales de Desarrollo, generando decisiones como la de nombrar al departamento del Putumayo (compuesto por 13 de los 15 territorios que componen el área de planificación PLADIA 2035) como Distrito Especial Minero por encima de su condición de Departamento de la Amazonía (Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, s.f.). Esta actividad extractiva ha afectado de forma considerable a los municipios de Villagarzón y Orito, ya que es en ellos en donde se concentran la mayor cantidad de pozos en
explotación y áreas de exploración de toda la región según lo observado en el Diagnóstico Rural participativo. Es aquí cuando se genera un conflicto entre uso y vocación, ya que el suelo de la región Andinoamazónica, por sus características heterogéneas y especiales, tiene una vocación especial agropecuaria que no puede ser aprovechada debido a las concesiones dadas a empresas cuyo objetivo se orienta exclusivamente a la extracción de crudo.
Las concesiones dadas por el gobierno en la región para actividades extractivas no se limitan solo al sector de hidrocarburos sino también contemplan la actividad minera y la extracción de madera (para vender por bloques o para convertir en carbón vegetal), las cuales igualmente generan conflictos entre el uso y la vocación del suelo, ya que se genera un daño ambiental severo en áreas que deberían tener una orientación mayor hacia la conservación que hacia otro uso.
En cuanto a la ganadería, se hace evidente el incentivo institucional hacia esta actividad cuando se halla dentro del Diagnóstico Rural Participativo, en las diferentes subregiones, que es mucho más accesible para las comunidades obtener acompañamiento técnico por parte de alguna institución cuando su actividad económica es la cría y levante de ganado. Este acompañamiento, usualmente restringido solo a las vacunaciones, el registro de los animales y algunas facilidades de financiación, lleva a que los habitantes de la ruralidad opten por implementar la ganadería por encima de otras iniciativas productivas.
Lo anterior ha hecho que el fenómeno ganadero se haya expandido considerablemente en todo el territorio, acelerando el ritmo de potrerización de suelos independientemente de su vocación, siendo este uno de los principales motores de deforestación, llevando a que en casos como Valle del Guamuez y San Miguel, hoy el área de bosque denso ocupe solo 14,01% y 9,76% del territorio respectivamente, mientras que la cobertura de pastos sea ya el 52,18% y 47,84% en ese mismo orden. Esto sucede debido a que el modelo de producción ganadera implementado por la gran mayoría de las familias de la región es de carácter extensivo, también conocido como de pastoreo, que tiene un costo más bajo de implementación y desarrolla procesos que no requieren de mucha tecnología.
Es importante mencionar que este fenómeno no tiene lugar solo en la región de planificación, sino que también se ha venido reproduciendo a nivel nacional, en donde por ejemplo de los 21,5 millones de hectáreas de vocación agrícola en el país, solo se estaban empleando, para el 2009, 4,9 millones de hectáreas en esta actividad. Por su parte, a pesar de haberse establecido que 15 millones de hectáreas en el país eran de aptitud ganadera, en realidad se destinaban a esta actividad 31,6 millones de hectáreas en ese mismo año (PNUD, 2011).
Se debe mencionar también que incluso dentro de la actividad agrícola existe una gran diferencia frente al uso del suelo según si esta se dispone en forma de monocultivo o policultivo. El primer sistema consiste en sembrar solamente un tipo de cultivo o en el mejor de los casos una asociación de dos de ellos en determinada extensión de tierra, mientras que el segundo se destaca por ser una mezcla más estrecha de diferentes especies de siembras tanto de pancoger como comerciales, entre los cuales se sirven de tutores entre ellos, intercambian nutrientes, comparten sombra, etc., siendo así un sistema agrícola realmente integral.
En este caso existe un conflicto cuando en un suelo de vocación agrícola se empiezan a implementar monocultivos, muchas veces de especies que no son propias de la zona, en
lugar de policultivos, dado que hace que la tierra se vaya desgastando, perdiendo sus características especiales que le permitían tener esa vocación y se tenga que emplear cada vez una cantidad mayor de productos químicos para mantener la rentabilidad del sistema.
Actualmente se identifica en la región una gran propagación de monocultivos, especialmente en los sistemas productivos implementados en las fincas más grandes de cada municipio. Este fenómeno ha afectado incluso a algunos pueblos indígenas, los cuales manifiestan que es cada vez más común que ellos también empiecen a adoptar los monocultivos como forma de trabajar la tierra para obtener sus ingresos, esto sin dejar de lado la chagra tradicional con los productos necesarios para el consumo de la familia.
Estos conflictos de uso y vocación también tienen dentro de sus causas la estructura que tiene la propiedad del suelo o estructura agraria, en la cual se percibe una alta concentración de tierras en pocas manos, llevando a las comunidades rurales a expandir por obligación y de forma desordenada la frontera agropecuaria para implementar sus sistemas productivos dada la carencia de tierra para trabajar. Esto genera cada vez una mayor presión sobre los diversos ecosistemas de la región al reducir la cobertura de bosques presente en el territorio, debido a que se empiezan a utilizar suelos para diversas actividades económicas, pudiendo ser estos destinados a la conservación.
2.3.2 CONFLICTOS RELATIVOS A LA TENENCIA DE LA TIERRA La tenencia de la tierra es básicamente la relación jurídica o consuetudinaria entre individuos o grupos de personas con respecto a la tierra. Esta relación define cómo se concede el derecho a utilizarla, controlarla y transferirla, así como las responsabilidades y limitaciones que esta conlleva. Dicho de otra manera, la tenencia de la tierra determina quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias (FAO, 2003). Se puede decir que existe un conflicto relativo a la tenencia de la tierra cuando más de un actor en una comunidad reclama el derecho de propiedad sobre un área o zona específica del territorio.
Se debe tener en cuenta que la tenencia de la tierra es también un factor fundamental que contribuye a caracterizar las estructuras sociales, políticas y económicas de un territorio, entendiendo que este no es un elemento solamente jurídico o económico sino que involucra aspectos institucionales, políticos, sociales o técnicos que generalmente son pasados por alto (FAO, 2003).
La estructura sobre la tenencia de la tierra en la región de planificación se caracteriza por una propiedad sobre la misma críticamente desigual, en donde abundan las familias que no poseen tierra o la tienen pero no han podido formalizar esta relación de propiedad sobre el suelo, mientras que otras cuantas personas que son minoría acumulan grandes extensiones de tierra. Esto se hace evidente al constatar que la media del Gini de tierras5 para la región es de 0,67, tomando su máximo y mínimo valor en los municipios de Mocoa (0,8) y Puerto Leguízamo (0,41) respectivamente.
5 El GINI de tierras es un indicador que mide el nivel de desigualdad en la propiedad de la tierra y toma valores entre 0 y 1, siendo el primer caso el escenario hipotético en el que todos los habitantes del territorio tienen la misma cantidad de tierra, mientras que en el otro extremo se expresa el caso en el que una sola persona sea dueña de todo.
En cuanto a los índices de Gini de tierras de nivel subregional, se halla una tendencia a encontrarse una mayor inequidad en la propiedad de la tierra en aquellas que se encuentran mejor conectadas comercialmente, como es el caso de las subregiones Valle del Guamuez con 0,72, Valle de Sibundoy con 0,71, Río Putumayo con 0,69 y Centro con 0,68. Por su parte, las subregiones cuya conectividad es más precaria tienden a tener una distribución no tan desigual, aunque aún sigue siendo bastante inequitativa, tomando este índice valores de 0,59 y 0,41 en las subregiones Río Caquetá y Leguízamo, respectivamente.
Se debe anotar también que en la región existe poca formalización de la propiedad sobre la tierra, prevaleciendo aún la posesión de los predios solamente con documento de compra y venta, situación predominante sobre todo en los sistemas productivos identificados como pequeños y medianos en cada municipio, aunque los sistemas de mayor tamaño se caracterizan por contar usualmente con un mayor nivel de formalización, sigue siendo la informalidad en la tenencia una situación prioritaria por solucionar.
Quienes son solo poseedores buscan formalizar su acceso a la propiedad de la tierra, ya que en su estado actual de relación con el suelo, se les dificulta tener acceso a créditos para el mejoramiento de los sistemas productivos, beneficios del sector solidario o programas de asistencia técnica, entre otros, ya que para la institucionalidad no pueden demostrar ser propietarios del suelo que dicen tener.
El conflicto entre uso y vocación relativo a las actividades extractivas descrito en el anterior apartado tiene implícito también un conflicto relacionado a la tenencia de la tierra, ya que en los lugares donde se desarrolla la extracción de petróleo, minería o aserrío, es muy difícil para las comunidades rurales hacer el proceso de formalización en la propiedad de ese suelo, ya que hay intereses de otros actores sobre el territorio que son priorizados por la institucionalidad.
Otro conflicto por la tenencia de la tierra identificado se relaciona con la titulación de territorios colectivos como los resguardos indígenas, en donde las instituciones entregan escrituras de zonas que son habitadas actualmente por otras comunidades. Un ejemplo de esto es la aprobación de la ampliación del resguardo inga Yunguillo en 2015, localizado en los municipios de Mocoa (Putumayo) y Santa Rosa (Cauca) y la expansión del resguardo kamëntsá Sibundoy en 2013 ubicado entre los cuatro municipios que componen el Valle del Sibundoy y que consta de una zona alta (declarada reserva forestal por ley 2 de 1.959) de 3.552 Ha, cuyo objetivo es la conservación y una zona baja donde son establecidas las chagras y asentamientos indígenas. Además de lo anterior, también se aprobó recientemente la constitución del resguardo indígena Kamentsá-Inga de San Francisco sobre un área de 17.514 Ha y la creación del resguardo Colón (Agencia Nacional de Tierras, 2016). Se debe tener en cuenta que lo problemático no es la titulación de los territorios colectivos en sí, sino que esta acción se realice en lugares que habitan también otras comunidades y se terminen generando conflictos al interior de las mismas personas que han habitado, convivido y compartido el territorio por años. Este tipo de situaciones se repiten en toda la región, generando en algunos casos conflictos más agudos que en otros.
Finalmente, otro tipo de conflictos relativo a la propiedad de la tierra se encuentra en la creación o expansión de áreas protegidas como política de protección del medio ambiente desarrollada desde la institucionalidad a nivel nacional, incluyendo claramente la región Andinoamazónica, sin brindar condiciones adecuadas a las familias de la zona para tener
una vida digna, simplemente tomando estas decisiones sin reconocer, generalmente, la preexistencia de diversas comunidades en el territorio, como es el caso de la Resolución 0160 del 24 de agosto de 1984 mediante la cual se creó el Parque Nacional Natural la Paya sobre un territorio que según los habitantes de la zona ya habían sido ocupados por ellos desde muchos años antes.
2.3.3 REFLEXIÓN FINAL Son bastantes los conflictos que se han generado y que se siguen creando relativos a la propiedad y el uso que se le da la tierra, siendo este factor un obstáculo importante para poder garantizar un buen vivir para las comunidades que habitan el territorio.
Estos conflictos se caracterizan por ser particularmente complejos debido a que tienen causas bastante diversas. En ese sentido, buscar solución a ellos debe realizarse de forma integral, pensándose acciones que se deben generar tanto al interior de la comunidad como desde el Estado para que se pueda asegurar no solo el acceso formal a la tierra para todas las familias habitantes de la ruralidad Andinoamazónica, sino que también se realice un uso adecuado de la misma, aprovechando las potencialidades de la región al mismo tiempo que se persigue un desarrollo que mejore las condiciones de vida materiales y espirituales de las comunidades al tiempo que incentive conservación el medio ambiente.
2.4 CONFLICTOS ASOCIADOS A ÁREAS PROTEGIDAS DEL ORDEN NACIONAL
María Claudia Beltrán Fonseca
La región está revestida de sinnúmero de complejidades, entre las cuales se encuentran conflictos territoriales y ambientales entre la institucionalidad estatal y las comunidades de la región en áreas denominadas de protección o conservación para el Estado. Estos conflictos ocurren en relación a áreas protegidas que por su superioridad jerárquica en la normatividad constituyen determinantes ambientales que deben tenerse en cuenta en los ejercicios de ordenamiento y planificación territorial. Estas 3 figuras ambientales en relación a las cuales se han desarrollado tensiones territoriales son Reserva Forestal Protectora -RFP-, Zona de Reserva Forestal -ZRF- y Parque Nacional Natural -PNN-, todas del orden nacional.
Estos conflictos tienen matices y diferencias en función de diversos factores. Entre estos se encuentra su categoría, restricciones legales de uso del suelo y propiedad de la tierra, presencia de comunidades al interior de las mismas y/o área de cobertura. Y por supuesto, la voluntad de las partes para acordar e implementar soluciones. En el siguiente mapa se presentan todas las áreas protegidas que se encuentran en la región, incluyendo aquellas a las cuales se encuentran asociadas estas tensiones.
Teniendo en cuenta que la ubicación y reseña de cada una de las áreas se ha descrito de manera general y ubicada cartográficamente en el apartado inicial relativo a las generalidades de la región, enseguida se hace referencia a estos conflictos de manera particular para cada una de las áreas en cuestión.
Fuente: Equipo técnico PLADIA 2035, 2016
Mapa 2. Áreas de conservación o protección del orden nacional en la región andinoamazónica
2.4.1 RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO MOCOA
La Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa -RFP-CARM- se encuentra ubicada en los municipios de San Francisco y Mocoa (como puede verse en el mapa de áreas protegidas) y cuenta con una extensión de 34.600 ha. Declarada en 1984 por el INDERENA y aprobada por el Ministerio de Agricultura como “Área de Reserva Forestal Protectora la Cuenca Alta del Río Mocoa” (CORPOAMAZONIA, 2014). Posteriormente, en el año 2012 es registrada como integrante del Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP-, bajo la categoría de Reserva Forestal Protectora, acorde a la regulación requerida por el decreto 2372 de 2010. Las acciones relativas a sus límites se encuentran a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y su administración le corresponde a CORPOAMAZONIA.
El conflicto o tensión generada en este caso tiene que ver con la relación que han tenido las comunidades con las instituciones y su voluntad de concertar y emprender una ruta que permita el habitar de las personas en esta zona acorde a las características biofísicas de estos ecosistemas de bosques, así como vincularse de manera articulada con entidades en el manejo de la reserva. Al respecto es necesario tener en cuenta que, en esta categoría de área protegida, si bien no se impide la propiedad sobre la tierra, la reglamentación respecto al uso del suelo plantea restricciones importantes para sus pobladores, cuya implementación requiere el decidido apoyo institucional.
De manera general el decreto 2372 de 2010 plantea que una Reserva Forestal Protectora es una zona de propiedad pública o privada que se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales. Inclusive plantea como uso sostenible, para esta categoría, la obtención de los frutos secundarios del bosque en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento forestal. Comprendiendo por frutos secundarios del bosque los productos no maderables y los servicios generados por estos ecosistemas boscosos, entre ellos, las flores, los frutos, las fibras, las cortezas, las hojas, las semillas, las gomas, las resinas y los exudados.
Y de manera más específica el Plan Básico de Manejo Ambiental y Social -PBMAS- (2008) de la reserva forestal ha realizado una zonificación, la propuesta de ampliación de la reserva forestal y una serie de programas y estrategias que contemplan, entre otros, declaración de nuevas áreas de manejo (como una reserva campesina y un distrito de manejo integrado) ante lo cual Corpoamazonia no reconoce avances a 2014. Por otro lado, contempla como una de sus estrategias la vinculación de la comunidad a la conservación de la reserva, respecto a la cual se proponen programas de restauración y rehabilitación participativa de ecosistemas, proyectos productivos sostenibles con productos exclusivos de la zona, turismo y procesos de formación en educación ambiental y cogestión.
Desde la formulación del PBMAS esta situación se caracteriza y así mismo plantea alternativas. Según el diagnóstico realizado en la formulación de dicho plan para el 2008 se identificaron 928 personas habitando la Reserva entre los municipios de San Francisco y Mocoa. Así mismo, la voluntad manifiesta de las comunidades de detener la ampliación de la frontera agrícola, participar en procesos de recuperación de las microcuencas y en implementar proyectos productivos sostenibles. Y en la formulación de la estrategia y programas, identifica como necesario el diálogo y apoyo entre las instituciones y las
comunidades para lograr los objetivos propuestas a esta área protegida, teniendo en cuenta que no existen impedimentos legales para ello.
Desde entonces hasta la actualidad las comunidades no manifiestan avances. Contrariamente, identifican como un problema que la reserva tenga tanto tiempo de constitución, pero las familias hayan sido notificadas al respecto en años recientes y a penas tengan información respecto a las implicaciones legales que les conciernen.
A través del DRP se identifica presión en los bosques de las veredas que están dentro de la reserva. Presión asociada principalmente a procesos de deforestación, extracción de madera y potrerización para establecimiento de actividades ganaderas. Adicionalmente se encuentra la construcción de la variante San Francisco-Mocoa, parte integrante del Eje de Transporte Intermodal Tumaco (Colombia) – Belem do Pará (Brasil) de la Iniciativa de Integración Regional de Sur América -IIRSA-. Esta variante tiene una longitud proyectada de 47 km de los cuales 31.2 km están dentro de la reserva. (Bank Information Center)
Al respecto las comunidades plantean diversas inquietudes. Entre esas, la construcción ha afectado la conectividad de las comunidades, como puentes y caminos. También ha menguado la cobertura de bosque, ante lo cual temen pérdida flora y fauna tan importante en esta zona de piedemonte. Ven con preocupación la posibilidad de que el área se convierta en zona de extracción minera debido a que se permitan el acceso a la misma. Y además, encuentran problemático que se haya realizado una sustracción temporal de la reserva, y las medidas de compensación directamente en el territorio sean insuficientes y las condiciones de vida de sus pobladores no mejore. De hecho, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Auto 341 de 2016 declara incumplimientos por parte de INVIAS respecto a varias de sus responsabilidades asociadas a la compensación, restauración, seguimiento, y medidas asociadas a especies amenazadas y endémicas.
Además de ello, se han generado procesos de desterritorialización a través de las disposiciones normativas e institucionales al respecto. Por ejemplo, hay varias familias que han salido del área ante la negativa de apoyo a los proyectos productivos en la zona y muchas de ellas se mantienen en incertidumbre respecto a su permanencia en el territorio y sus proyectos. Manifiestan que en años recientes el Banco Agrario y otras entidades no brindan créditos o recursos para el impulso de iniciativas productivas, por la ubicación de sus tierras. Estas iniciativas son de tipo familiar, acorde a los saberes y vocación cultural de cada unidad familiar y no necesariamente coinciden con los lineamientos establecidos para el uso del suelo. Sin embargo, dada la situación las comunidades habitantes de la reserva forestal han planteado su interés en establecer actividades económicas acorde al uso del suelo en la misma. Y finalmente plantean que en el transcurrir de estos años la autoridad ambiental a cargo, ni otras entidades han brindado alternativas para las familias que se encuentran al interior de la RFP-CARM.
Hay dos caras de una misma moneda, de una problemática que requiere atención y medidas efectivas. Por un lado, se encuentran los bosques en proceso de fragmentación y disminución. Lo cual, según identifica el Plan de Manejo, tiene como agravante ser una zona que tiene un alto potencial de activación de procesos erosivos y geodinámicos. Y por otro lado, los procesos de desterritorialización de quienes tienen una relación de arraigo e identidad con su territorio, al interior de la reserva.
Sin embargo, las restricciones respecto al uso del suelo, pueden convertirse en importantes potencialidades para transformar la relación de los pobladores con los
bosques. Y por tanto para articular entidades como Corpoamazonía y las comunidades en la implementación concertada y dialogada de medidas de manejo de la Reserva.
2.4.2 ZONAS DE RESERVA FORESTAL Las Zonas de Reserva Forestal -ZRF- son creadas a partir de la ley 2 de 1959 para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. Las gestiones y decisiones relativas a sus límites y linderos, así como su zonificación y regulación están a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Como bien se identifica en el Atlas temático de las ZRF, esta categoría de manejo no corresponde a áreas destinadas a la “preservación absoluta”, sino a la conservación forestal (entendida en un sentido amplio, cobijando bosques, suelos, agua y vida silvestre) o a la producción forestal (desarrollo de economía forestal). Así mismo, comprenden tierras de propiedad pública y/o privada, lo cual significa que no equivalen a ser baldíos nacionales en el conjunto de su extensión (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2005).
En la región andinoamazónica se encuentra parte del área de dos de las siete ZRF constituidas, ZRF Central y ZRF de la Amazonia (Mapa de áreas protegidas de la región). Asociadas a estas ZRF se identifican tensiones latentes derivadas de factores como las disposiciones de regulación del uso del suelo asociado a actividades forestales, la titulación de terrenos baldíos, la acción institucional en relación a las implicaciones legales y al conocimiento de las comunidades al respecto.
Teniendo en cuenta el objeto de las ZRF la ley 2 de 1959 dicta varias disposiciones a tener en cuenta. Por un lado, toda explotación forestal, ya sea en baldíos de la Nación o predios privados, debe ser reglamentada, aprobada por el gobierno nacional y estar acorde a un plan de ordenamiento forestal. Y por otro lado, el uso del suelo al interior de las mismas debe ser regulado a través de su zonificación y clasificación de suelos, lo cual puede derivar en varias medidas.
En el caso de que sean predios de propiedad privada el gobierno reglamentará sus usos con el fin de conservar sus suelos, corrientes de agua y asegurar su adecuada utilización; las áreas identificadas con vocación de

una estrategia de paz para la regiÓn …

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