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Un año después, menos deportaciones en ciudades que adoptaron políticas pro-inmigrantes Donde los gobiernos locales colaboran con ICE, las deportaciones han aumentado mas del 75%. Nuevo México muestra una forma diferente. Michael J. Dax publicado el 11 de abril del 2018 Un año después de que el concejo municipal de Santa Fe adoptara en febrero del 2017 una resolución que fortalece sus políticas de santuario y de no-discriminación hacia los inmigrantes, el gobierno federal lanzó una serie de auditorías exigiendo la verificación de empleados de algunas pequeñas empresas locales para ver si eran elegibles para trabajar en el país. En respuesta a este bombardeo, la comunidad y funcionarios municipales realizaron una conferencia de prensa a principios de marzo para denunciar el intento de interrumpir a los negocios, causar estragos y crear una cultura de miedo y pánico. "Hoy los niños se despertarán en su casa preguntándose si les tocarán la puerta; los padres irán a trabajar y se preguntarán si van a llamar a la puerta de su lugar de trabajo; las familias se preguntarán si tendrán la oportunidad de comer juntos una vez más,” dijo el entonces alcalde Javier Gonzales, quien luego de la elección del presidente Trump se convirtió en un defensor de que las ciudades con políticas de santuario y no-discriminación. "Esto no es lo que nuestro país representa, pero es lo que esta administración está tratando de hacer, dividir a nuestras

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Un año después, menos deportaciones en ciudades que adoptaron políticas pro-inmigrantes Donde los gobiernos locales colaboran con ICE, las deportaciones han aumentado mas del 75%. Nuevo México muestra una forma diferente.

Michael J. Dax publicado el 11 de abril del 2018 Un año después de que el concejo municipal de Santa Fe adoptara en febrero del 2017 una resolución que fortalece sus políticas de santuario y de no-discriminación hacia los inmigrantes, el gobierno federal lanzó una serie de auditorías exigiendo la verificación de empleados de algunas pequeñas empresas locales para ver si eran elegibles para trabajar en el país. En respuesta a este bombardeo, la comunidad y funcionarios municipales realizaron una conferencia de prensa a principios de marzo para denunciar el intento de interrumpir a los negocios, causar estragos y crear una cultura de miedo y pánico. "Hoy los niños se despertarán en su casa preguntándose si les tocarán la puerta; los padres irán a trabajar y se preguntarán si van a llamar a la puerta de su lugar de trabajo; las familias se preguntarán si tendrán la oportunidad de comer juntos una vez más,” dijo el entonces alcalde Javier Gonzales, quien luego de la elección del presidente Trump se convirtió en un defensor de que las ciudades con políticas de santuario y no-discriminación. "Esto no es lo que nuestro país representa, pero es lo que esta administración está tratando de hacer, dividir a nuestras

Page 2: Un año después - Constant Contactfiles.constantcontact.com/b6dfe469001/a16e4b55-2785-41f4-96ed-6f1890d542aa.pdfPor otro lado, la región de El Paso de ICE, que incluye el oeste de

comunidades. Todos en nuestra comunidad sabemos que uno de los mejores valores que Santa Fe incorpora todos los días es el valor de dar la bienvenida a las personas.” Y ese valor de dar la bienvenida no es sólo una charla piadosa. Hay pruebas de que las políticas de santuario funcionan, manteniendo a los residentes más seguros que en lugares que colaboran con la migra (ICE por sus siglas en inglés). Según un nuevo estudio del Pew Research Center, las deportaciones a nivel nacional realizadas por ICE en el 2017 aumentaron un 30 por ciento en comparación con el año anterior. Pero estos aumentos no se distribuyen de manera uniforme. En las regiones donde los gobiernos de las ciudades y estados trabajaron mano a mano con ICE, las deportaciones han aumentado más del 75 por ciento. En las regiones donde las políticas de santuario son más frecuentes, los aumentos se han mantenido relativamente bajos. Junto con California, Nuevo México se ha convertido en uno de los estados más acogedores para los inmigrantes indocumentados. Y no es solo la capital, Santa Fe. En todo el estado, los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y las comunidades de fe están trabajando junto con los gobiernos locales de maneras innovadoras para resistir los esfuerzos de deportación de la administración Trump. No solo han tenido éxito estos esfuerzos, sino que han proporcionado un modelo para que otros pueblos, ciudades y estados puedan emular. Santa Fe adoptó su primera resolución de santuario en el 1999. Fué una reacción a la nueva ley de inmigración ilegal y responsabilidad del inmigrante, que amenazaba a los inmigrantes indocumentados con largas prohibiciones. Esta primera resolución fue en gran parte simbólica: una declaración de los valores de la ciudad, que establece únicamente que la ciudad no usaría sus propios recursos para ayudar a los funcionarios federales de inmigración. Casi dos décadas más tarde, después de la elección de Trump y la retórica xenófoba, los líderes de la ciudad y la comunidad inmigrante se activaron una vez más. El alcalde Gonzales apareció en CNN, Fox News, NPR y otras agencias de noticias apenas una semana después de las elecciones, explicando porqué Santa Fe continuaría sus políticas de bienvenida hacia los inmigrantes y resistiría cualquier esfuerzo de deportación a gran escala.

Somos un Pueblo Unido, una organización estatal que defiende los derechos de inmigrantes con sede en Santa Fe, organizó una reunión para sus miembros una semana después de las elecciones para proporcionar un espacio para que la gente expresara sus temores y pensará en maneras de fortalecer las políticas para protegerlos mejor. "Lo bueno es que cuando una organización tiene una membresía, las soluciones están profundamente arraigadas en las realidades de las experiencias vividas,” dice Marcela Díaz, directora ejecutiva de Somos. Ella ha estado con la organización durante 20 años y ayudó a la ciudad con la resolución del 1999. Durante los siguientes tres meses, Somos un Pueblo Unido trabajó con los miembros del concejo municipal, el ACLU de Nuevo México y otros grupos interesados para crear un documento

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legalmente defendible que brinde una protección significativa para las familias inmigrantes. Las nuevas políticas prohíben que los empleados de la ciudad investiguen o divulguen información sobre el estado migratorio de los residentes, nieguen a los agentes federales de inmigración el acceso a áreas privados en propiedades de la ciudad, dirijan al personal para mejorar el acceso al idioma en todos los documentos y programas gubernamentales, y exijan alcance a los empleadores y miembros de la comunidad para educar a las personas sobre sus derechos civiles y las nuevas políticas de la ciudad.

Mientras estas politicas son consideradas politicas de santuario, en el transcurso del proceso de prepararlas, la palabra "santuario" se eliminó de la resolución. No existe una definición legal de santuario, y los defensores razonaron que la palabra podría convertirse en un pararrayos para la administración Trump. Aún así, cuando el concejo adoptó por unanimidad la resolución de bienvenida y de no discriminación en febrero del 2017, la sala se lleno de aplausos y gritos de felicidad. Todos parecían sentir el significado de la ocasión. "Como nativa de Santa Fe, estoy orgullosa de estar en el lado correcto de la historia", dijo la concejal Renee Villarreal. A diferencia de la resolución del 1999, esta no fué simplemente una declaración de valores, sino una prescripción de políticas para que la ciudad la implemente. Mientras la gente celebraba, Díaz dijo, estaba pensando en lo que les esperaba: "Nuestro trabajo comienza ahora". Durante el año pasado, las nuevas políticas se implementaron. Aún hay trabajo por hacer, dijo Díaz, especialmente en el ámbito del acceso lingüístico, pero no ha recibido ninguna queja de los miembros acerca de que la ciudad no cumpla con sus valores establecidos. Además, Villarreal dijo que la ciudad comenzará a coordinarse con el condado, el distrito escolar y el colegio comunitario local para garantizar que cada entidad trabaje en conjunto de manera complementaria. La ciudad y grupos como Somos tienen talleres de “conoce tus derechos”. Significativamente, muchas de estas capacitaciones son de inmigrante a inmigrante y permiten el intercambio de información de primera mano que los abogados no siempre pueden brindar. "Hacemos mucho en términos de inimgrante a inmigrante porque es simplemente diferente,” dijo Díaz. "La diferencia es que hay algunas organizaciones y algunos abogados, y con razón, que dicen 'mantén la calma, no huyas'. Conocemos a personas que han huido y se han escapado, por lo que es extraño para nosotros decir que no corran." Somos trabaja con abogados y grupos como el ACLU para ofrecer asesoramiento legal. Pero debido a que mucha información importante proviene de otros miembros a medida que se encuentran con ICE y la Patrulla Fronteriza, de inimgrante a inmigrante es a menudo más eficaz.

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Como explicó Díaz: "No te estamos diciendo que corras; sólo estamos diciendo que estas son las consecuencias". Debido a que no existe un libro de jugadas sobre las medidas que se utilizan contra los inmigrantes indocumentados que se llevan a cabo actualmente, Somos un Pueblo Unido ha tenido que ser ágil y adaptarse a las cambiantes tácticas de ICE. A través de su red de miembros, la organización puede diseminar rápidamente la información de manera eficiente cuando los agentes de ICE ingresan a una comunidad. Cuando ICE comenzó a lanzar auditorías en febrero, Somos y otras organizaciones en todo el estado se vieron obligadas a actuar rápidamente. Dos días después de la conferencia de prensa en la que Gonzales denunció las acciones disruptivas de ICE, Somos copatrocinó un taller de conocimiento de los derechos con la ciudad, la Asociación de Constructores de Viviendas del Área de Santa Fe y las Cámaras de Comercio Hispano y Verde. El taller fue diseñado específicamente para que los empleadores aprendieran lo que legalmente se les puede exigir durante una auditoría I-9 y cómo podrían proteger mejor a sus empleados. A pesar de un aviso de un par de días, se presentaron más de 50 empresas. "Estamos jugando whack-a-mole,” dijo Díaz, refiriéndose a la naturaleza aleatoria y acelerada en la que están encontrando nuevas amenazas. "Pero eso es lo que santuario para nosotros es: ayudar a las personas a comprender lo que sucede y compartir recursos. Todas las respuestas no necesariamente van a estar allí. Tenemos que ser ágiles, tenemos que descubrir cómo atacar cada táctica cuando llegue ". Villarreal también se siente alentada por la manera proactiva en que Santa Fe ha enfrentado estas nuevas amenazas de frente. "Es un signo del activismo en Nuevo México", dice ella. "El tener organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes muy sólidas que funcionan bien con los gobiernos es una gran razón por la que hemos tenido éxito. Sin embargo, no todos los gobiernos. La comunidad de inmigrantes en Santa Fe sabe que debe evitar interactuar con la oficina de libertad condicional del estado y optar por tratar con cualquier negocio legal en la cárcel del condado. ¿Por qué? A pesar de que el Condado de Santa Fe no coopera con ICE, el estado de Nuevo México bajo la gobernadora republicana Susana Martínez sí lo hace. Para ser claros, los miembros de Somos un Pueblo Unido están en medio de una batalla contra el gobierno federal. Para estas personas, las victorias pueden parecer temporales, mientras que las pérdidas duran más y se sienten con mayor intensidad. Vienen en forma de personas deportadas y familias destrozadas. A pesar de la dificultad de sentirse exitoso, sin embargo, Nuevo México ha demostrado ser un líder nacional en la resistencia a la deportación. Según el análisis de Pew de los datos proporcionados por ICE, 143,470 personas fueron arrestadas durante 2017, en comparación con 110,104 en 2016. (El primer año de Trump palidece en comparación con los 297,898 arrestos durante el primer año del presidente Obama).

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ICE recopila sus datos en base a 24 regiones diferentes que en gran medida siguen los límites de los estados. En 2017, Miami (que incluye a toda Florida), Dallas (que incluye la mitad norte de Texas y Oklahoma) y St. Paul (que incluye Minnesota, Iowa, Dakota y Nebraska) vieron el mayor aumento en los arrestos realizados por ICE. con aumentos del 76 por ciento, 71 por ciento y 67 por ciento, respectivamente.

San Antonio (centro-sur de Texas), Houston (sudeste de Texas) y San Francisco (norte de California, Hawái y Guam) tuvieron los aumentos más bajos en 1 por ciento, 5 por ciento y 9 por ciento, respectivamente. Pero esos números pueden ser engañosos. En números brutos, la región de Houston vió el segundo mayor número de deportaciones, y San Antonio ocupó el quinto lugar. Por otro lado, la región de El Paso de ICE, que incluye el oeste de Texas y todo Nuevo México, registró un crecimiento modesto en el número de arrestos en un 12 por ciento. Pero en números brutos, la región sigue siendo la tercera más baja de todas las regiones de ICE con solo 1,892 arrestos el año pasado. Todavía se ubica por encima de Baltimore (1,666 arrestos) y Buffalo, Nueva York (1,494 arrestos), que el año pasado registraron mayores incrementos del 34 por ciento y el 27 por ciento, respectivamente. Considerando que Nuevo México es un estado fronterizo, se destaca su capacidad de minimizar el número de residentes deportados. Un análisis realizado por el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC por sus siglas en inglés) brinda un contexto útil. Mapeando cada condado en todo el país, ILRC creó una escala de 0-7 para determinar hasta qué punto los condados trabajan o no con el ICE, donde 0 representa el nivel más alto de cooperación y 7 representa el nivel más bajo de cooperación. Los condados con una calificación de 0 trabajan estrechamente con ICE o han firmado acuerdos formales según los cuales los agentes de la ley local son esencialmente agentes federales de inmigración. En el otro lado de la escala, los condados con una calificación de 6 o 7, como Santa Fe, tienen protecciones integrales de "santuario" para bloquear el uso de los recursos locales para ayudar a ICE. Según ILRC, las leyes de California aprobadas el año pasado convirtieron a todos los condados de California en 6 o 7. Oregon y Vermont también se destacan con las políticas proinmigrantes que prevalecen en cada estado. Nuevo México es el único otro estado donde la mayoría de los condados tienen políticas que favorecen la protección de los inmigrantes. De los 33 condados del estado, 22 clasifican como 4 o más. En un informe similar, ILRC también analizó cómo cambiaron las políticas a nivel de condado después de que Trump asumió el cargo. En Nuevo México, todos los condados clasificados como 4 o más fortalecieron sus políticas durante el año pasado. Lo mismo es cierto para cada condado de California, junto con muchos en Oregon. En el reverso, los condados de regiones colaboradoras de ICE como Miami, St. Paul y Buffalo redujeron en gran medida las protecciones para los inmigrantes, lo que probablemente contribuye al aumento de las tasas de arrestos.

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Si bien las políticas de santuario se pueden acreditar como parte del éxito de Nuevo México, el estado también ha construido una cultura de apoyo en torno a sus comunidades de inmigrantes. En ninguna parte es esto más cierto que su segunda ciudad más grande, Las Cruces, que se encuentra a solo 40 millas al norte de la frontera con México. En respuesta a las redadas en febrero de 2017, NM CAFé, una organización comunitaria basada en la fe y afiliada de la red nacional de PICO, encabezó una protesta en el centro de Las Cruces, bloqueando partes de Main Street por 45 minutos. Al grupo se unieron líderes de fe locales, y al día siguiente un grupo de ocho senadores estatales y representantes locales firmaron una carta a la gobernadora Martínez pidiéndole que impidiera que ICE ingresara en áreas sensibles como escuelas, iglesias, hospitales y juzgados para calmar la sensación de ansiedad corriendo por la comunidad. "Queríamos rechazar esta narración de que ICE simplemente puede llegar a nuestras comunidades y secuestrar personas de sus hogares", dijo Johana Bencomo, una organizadora comunitaria de CAFé. "Queríamos asegurarnos de que fuera algo que la comunidad conociera".

Johana Bencomo, with NM CAFé, thanks Father Tom Smith for the work he has done during the past year with regards to helping migrants in the borderland, Thursday Dec. 14, 2017 at the closing of the Safe for the Holidays: Migrant Solidarity in the Borderlands at the Branigan Cultural Center. Photo by Josh Bachman/Sun-News.

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En muchas comunidades, la desobediencia civil podría ser divisiva. Pero en Las Cruces, parece ser energizante. La ansiedad persiste, reconoció Bencomo, pero "no ha paralizado a la gente". En todo caso, ha despertado a muchas otras personas ". A fines del año pasado, la ciudad de Las Cruces adoptó su propia resolución de no discriminación. CAFé también organizó a sus miembros para presionar a los dos senadores del estado, Tom Udall y Martin Heinrich, para que voten en contra de un proyecto de ley de Dreamers que incluía $ 25 mil millones en fondos de seguridad fronteriza. En febrero, Udall y Heinrich se unieron a la Senadora Kamala Harris de California como los únicos votos en contra. Además de su trabajo de política, CAFé adopta estrategias de organización similares a las de Somos, tales como el organizar talleres de conocimiento de los derechos y presentaciones para los empleadores y empleados sobre qué esperar de las auditorías de la I-9. CAFé también ha creado una red de respuesta rápida que permite a las personas alertar a los organizadores cuando ocurren redadas de inmigración. El personal y los voluntarios tienen operadores, una vez que se verifican la información, la organización puede enviar correos electrónicos o mensajes de texto. Y cuando todo lo demás falla, CAFé recurre al Padre Tom Smith, director del Centro de Retiros Santa Cruz en Mesilla, justo al sur de Las Cruces. En mayo de 2017, el padre Smith consideró a Jorge Taborda como su primer caso de santuario, aunque Smith prefirió el término "hospitalidad franciscana". Taborda llegó con su hijo de 16 años, ciudadano estadounidense, después de que su esposa fuera deportada a Colombia. Y desde octubre, Smith ha aceptado una segunda persona, Lorena Rivera.

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Jorge Taborda, and his sons are blessed by Bishop Oscar Cantü during a mass which took place after a press conference put on by Comunidades en Acción y de Fé Saturday, June 17, 2017 at the Holy Cross Retreat Center. Taborda is being housed at the retreat center after his wife was detained and deported from the U.S. Photo by Josh Bachman/Sun-News.

"Somos llamados por el evangelio y las escrituras para recibir a los extranjeros, para cuidar a los necesitados", explicó Smith. Con espacio suficiente para solo cuatro personas, Smith reconoce que él solo no puede hacer la diferencia a gran escala. Y aunque ICE acordó no ingresar a áreas sensibles como las iglesias, si los agentes federales tienen una orden de allanamiento, no puede detenerlos. Dijo que su trabajo tiene la intención de "elevar la conciencia". Permite el acceso de los medios tanto a Taborda como a Rivera y también trae a grupos escolares para aprender de sus experiencias. "Escuchan sus historias, y ayuda a cambiar su opinión porque la escuchan directamente de esa persona", dijo Smith. "El padre Tom ha sido una bendición para nuestra comunidad", dijo Bencomo. "Ha demostrado el tipo de audacia y coraje que necesitan los miembros de nuestra comunidad". "Estamos construyendo una contra narrativa realmente fuerte que solo está mejorando la cultura de Las Cruces", afirmó Bencomo. A pesar del trabajo realizado por las comunidades en Nuevo México para mantener seguros a sus residentes, la administración de Trump está decidida.

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El Departamento de Justicia está demandando a California por sus nuevas leyes que prohíben a los empleadores privados, así como a las cárceles estatales y locales cooperar voluntariamente con los agentes federales de inmigración. El gobierno federal mantiene que tiene completa autoridad sobre asuntos de inmigración. En Texas, la legislatura estatal aprobó una ley que prohíbe las ciudades santuario. Se había otorgado una orden judicial, pero un tribunal federal de apelaciones dictaminó en marzo que la ley podia entrar en vigor. La batalla judicial continuará.

NM CAFé leads a protest blocking the entrance to the local Border Patrol Station in May 2017. Photo by Heather Wilson.

Mientras tanto, la construcción del muro fronterizo de Trump comienzara en Nuevo México, así como en partes del Valle Bajo del Río Grande en Texas. El secretario de Defensa Jim Mattis autorizó al gobierno federal a pagar por el despliegue potencial de hasta 4,000 tropas de la Guardia Nacional para la misión fronteriza hasta septiembre. Arizona y Texas han comprometido cientos de tropas hasta el momento. Muchos temen que la mayor militarización de la frontera solo sirva para arrojar a los inmigrantes en una luz negativa. Con el clima nacional más cargado que nunca, los grupos que defienden los derechos de inmigrantes en Nuevo México están ocupados. Somos un Pueblo Unido ha ayudado a facilitar reuniones para reunir a los miembros de la comunidad con agencias policiacas locales y recientemente realizó una capacitación para 90

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oficiales de policía de Farmington sobre los beneficios de no verificar el estado de inmigración, lo que han dejado de hacer. Somos también participó en la decisión del Condado de McKinley de cesar su cooperación con ICE, y ayudó a disuadir al Condado de Luna, al oeste de Las Cruces, de entrar en un acuerdo de delegación con la agencia. En Albuquerque, la elección de un alcalde progresista ha significado que una resolución de no discriminación en la ciudad más grande del estado se está abriendo paso a través del concejo municipal. La idea de continuar a este ritmo durante otros tres años de un mandato de Trump es desalentadora, pero Díaz se siente alentada por las experiencias del año pasado. "Lo que se necesita es dar a las personas el espacio para defenderse". Bencomo estuvo de acuerdo. "Creo en el poder de una comunidad organizada", dijo. "Espero que podamos seguir creando poder para que podamos seguir protegiendo a más familias".

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A Year Later, Fewer Deportations in Cities That Adopted “Welcoming” Policies Where local governments collaborate with ICE, deportations have increased more than 75 percent. New Mexico shows a different way.

Michael J. Dax posted Apr 11, 2018 A year after the Santa Fe City Council adopted in February 2017 a resolution strengthening its welcoming and non-discrimination policies toward immigrants, the federal government launched a series of audits demanding verification from local small businesses that their employees were eligible to work in the country. In response to this blitz, advocates and city officials held a press conference in early March calling out an attempt to disrupt business, wreak havoc, and create a culture of fear and panic.

“Today, children will wake up at home wondering if there will be a knock on their door; parents will go to work wondering if there will be a knock at the door of their place of employment; families will wonder if they’ll have one more meal together,” said then-Mayor Javier Gonzales, who, following President Trump’s election, became an outspoken proponent of cities enacting sanctuary and non-discrimination policies. “That is not what our country has ever been about, but it is what this administration is trying to do by dividing our communities. All of us in our community know that one of the best values Santa Fe incorporates every day is the value of welcoming people.”

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And that value of welcoming is not just compassionate talk. There is proof that sanctuary policies are working, keeping residents safer than in places that collaborate with Immigration and Customs Enforcement tactics.

According to a new study from Pew Research Center, nationwide deportations made by ICE in 2017 increased 30 percent from the previous year. But these increases are not distributed evenly. In regions where city and state governments worked hand in hand with ICE, deportations have increased more than 75 percent. In regions where sanctuary policies are more prevalent, increases have remained relatively low.

Along with California, New Mexico has emerged as one of the most welcoming states for undocumented immigrants. And it’s not just the capital, Santa Fe. Across the state, immigrant rights groups and faith communities are working alongside local governments in innovative ways to resist the Trump administration’s deportation efforts. Not only have these efforts succeeded, but they have provided a blueprint for other towns, cities, and states to emulate.

Santa Fe adopted its first sanctuary resolution in 1999. It was a reaction to the new Illegal Immigration and Immigrant Responsibility Act, which threatened undocumented immigrants with lengthy bans. This first resolution was largely symbolic—a declaration of the city’s values, stating only that the city would not use its own resources to aid federal immigration officials.

Nearly two decades later, following Trump’s election and xenophobic rhetoric, city leaders and immigrant communities were activated once again.

Mayor Gonzales appeared on CNN, Fox News, NPR, and other news outlets just a week after the election explaining why Santa Fe would continue its welcoming policies toward immigrants and would resist any large-scale deportation efforts.

Somos un Pueblo Unido, a state-wide immigrant rights organization based in Santa Fe, held a meeting for its members a week following the election to provide a space for people both to express their fears and brainstorm ways of strengthening policies to better protect them. “What’s great is that when you are membership-based, the solutions are so deeply rooted in the realities of lived experiences,” says Marcela Diaz, Somos’ executive director. She has been with the organization for 20 years and helped the city with the 1999 resolution.

Over the next three months, Somos un Pueblo Unido worked with city council members, the ACLU of New Mexico, and other stakeholders to create a legally defensible document that would provide meaningful protection for immigrant families. The new policies bar city employees from inquiring about or disclosing information about residents’ immigration status, deny federal immigration agents access to non-public areas of city property, direct staff to improve language access on all government documents and programs, and mandate outreach to employers and community members to educate people on their civil rights and the city’s new policies.

While these are considered sanctuary policies, over the course of the drafting process, the word “sanctuary” was removed from the resolution. There is no legal definition of sanctuary, and advocates reasoned that the word could become a lightning rod for the Trump administration.

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Even so, when the council unanimously adopted the welcoming, non-discrimination resolution in February 2017, the room exploded in cheers and applause. Everyone seemed to feel the weight of the occasion. “As a native Santa Fean, I’m proud to be on the right side of history,” said city councilor Renee Villarreal.

Unlike the resolution from 1999, this one wasn’t merely a statement of values, but a prescription of policies for the city to implement.

As people celebrated, Diaz said, she was thinking about what lay ahead: “Our work begins now.”

Over the past year the new policies have been put in place. There’s still work to be done, Diaz said, especially in the realm of language access, but has not received any complaints from members about the city not living up to its stated values.

Additionally, Villarreal said the city will start to coordinate with the county, school district, and local community college to ensure each entity is working together in a complementary fashion.

The city and groups like Somos hold know-your-rights workshops. Significantly, many of these trainings are peer-to-peer and allow the kind of firsthand information sharing that attorneys cannot always provide.

“We do a lot of peer-to-peer because it’s just different,” said Diaz. “The difference is that there are some organizations and some attorneys—and rightly so—that say ‘stay calm, don’t run.’ We know people that have run and have gotten away, so it’s weird for us to say don’t run.”

Somos does work with attorneys and groups like the ACLU to offer legal advice. But because a lot of important information comes from other members as they encounter ICE and Border Patrol, peer-to-peer is often most effective. As Diaz explained, “We’re not telling you to run—we’re just saying these are the consequences.”

Because there is no playbook for the crackdown on undocumented immigrants currently taking place, Somos un Pueblo Unido has had to be nimble and adapt to shifting ICE tactics. Through its member network, the organization can quickly disseminate information efficiently when ICE agents enter a community.

When ICE began launching audits back in February, Somos and other organizations throughout the state were forced to act quickly. Two days after the press conference where Gonzales decried ICE’s disruptive actions, Somos co-sponsored a know-your-rights workshop with the city, the Santa Fe Area Home Builders Association, and the Hispanic and Green Chambers of Commerce. The workshop was specifically designed for employers to learn what they are legally required to disclose during an I-9 audit and how they could best protect their employees. Despite just a couple days’ notice, more than 50 businesses showed up.

“We’re playing whack-a-mole,” said Diaz, referring to the fast-paced, random nature at which they are encountering new threats. “But that’s what sanctuary for us is—helping people understanding what’s going on and sharing resources. All of the answers are not necessarily going to be there. We have to be nimble, we have to figure out how to attack each tactic as it comes.”

Villarreal is also encouraged by the proactive way in which Santa Fe has faced these new threats head on. “It’s a sign of the activism in New Mexico,” she says. “That we have very strong

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immigrant rights organizations that work well with governments is a large reason why we’ve been successful.

Not all governments, however. Santa Fe’s immigrant community knows to avoid the state probation office and opt to deal with any legal business at the county jail. Why? Even though Santa Fe County does not cooperate with ICE, the state of New Mexico under Republican Gov. Susana Martinez does.

To be clear, members of Somos un Pueblo Unido are in the thick of a battle against the federal government. For these people, wins can seem temporary, while losses last longer and are felt more acutely. They come in the form of people being deported and families being torn apart. Despite the difficulty in feeling successful, though, New Mexico has proved to be a national leader in resisting deportation.

According to Pew’s analysis of data provided by ICE, 143,470 people were arrested during 2017, compared to 110,104 in 2016. (Trump’s first year in office pales in comparison to the 297,898 arrests during President Obama’s first year.)

ICE compiles its data based on 24 different regions that largely follow state boundaries. In 2017, Miami (which includes all of Florida), Dallas (which includes the northern half of Texas and Oklahoma) and St. Paul (which includes Minnesota, Iowa, the Dakotas, and Nebraska) saw the biggest jump in arrests made by ICE with increases of 76 percent, 71 percent, and 67 percent, respectively.

San Antonio (central-southern Texas), Houston (southeastern Texas) and San Francisco (Northern California, Hawaii and Guam) saw the lowest increases at 1 percent, 5 percent, and 9 percent, respectively. But those numbers can be misleading. In raw numbers, the Houston region saw the second highest number of deportations, and San Antonio ranked fifth.

On the other hand, ICE’s El Paso region, which includes west Texas and all of New Mexico, saw a modest growth in the numbers of arrests at 12 percent. But in raw numbers, the region remains the third lowest of all ICE regions with only 1,892 arrests last year. That still ranks above Baltimore (1,666 arrests) and Buffalo, New York, (1,494 arrests), which both saw larger increases last year of 34 percent and 27 percent, respectively.

Considering that New Mexico is a border state, its ability to minimize the number of residents deported stands out.

An analysis conducted by the Immigrant Legal Resource Center provides useful context. Mapping every county across the country, ILRC created a 0-7 scale to determine the extent to which counties do or do not work with ICE with 0 representing the highest level of cooperation and 7 representing the lowest level of cooperation.

Counties with a rating of 0 either work closely with ICE or have entered formal agreements under which local law enforcement officers are essentially deputized as federal immigration agents. On the other side of the scale, counties with a rating of 6 or 7, like Santa Fe, have

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comprehensive “sanctuary” protections in place to block local resources from being used to aid ICE.

According to ILRC, California laws passed last year turned every county in California into a 6 or 7. Oregon and Vermont also stand out with pro-immigrant policies prevalent across each state. New Mexico is the only other state where most counties have policies that favor protecting immigrants. Of the state’s 33 counties, 22 rank as a 4 or higher.

In a similar report, ILRC also looked at how county-level policies changed after Trump took office. In New Mexico, every county that ranked as a 4 or higher strengthened their policies over the past year. The same is true of every California county, along with many in Oregon. On the reverse side, counties in ICE-collaborative regions like Miami, St. Paul, and Buffalo largely decreased protections for immigrants, likely contributing the increased arrest rates.

While sanctuary policies can be credited for part of New Mexico’s success, the state has also built a supportive culture around its immigrant communities. Nowhere is this more true than its second largest city, Las Cruces, which sits just 40 miles north of the Mexico border.

In response to raids in February 2017, NM CAFé (an acronym for Comunidades en Acción y de Fé), a faith-based community organization and affiliate of the PICO National Network, led a protest in downtown Las Cruces, blocking parts of Main Street for 45 minutes. The group was joined by local faith leaders, and the next day a group of eight state senators and local representatives signed a letter to Gov. Martinez calling on her to bar ICE from entering sensitive areas like schools, churches, hospitals, and courthouses to calm the sense of anxiety running through the community.

“We wanted to push back against this narrative that ICE just gets to come in our communities and kidnap people from their homes,” said Johana Bencomo, a community organizer with CAFé. “We wanted to make sure it was something the community knew about.”

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Johana Bencomo, with NM CAFé, thanks Father Tom Smith for the work he has done during the past year with regards to helping migrants in the borderland, Thursday Dec. 14, 2017 at the closing of the Safe for the Holidays: Migrant Solidarity in the Borderlands at the Branigan Cultural Center. Photo by Josh Bachman/Sun-News.

In many communities, civil disobedience could be divisive. But in Las Cruces, it seems to be energizing. Anxiety persists, acknowledged Bencomo, but “it hasn’t paralyzed people. If anything, it’s woken up many other people.”

Late last year, the city of Las Cruces adopted its own non-discrimination resolution.

CAFé also organized its members to pressure the state’s two senators, Tom Udall and Martin Heinrich, to vote against a Dreamers bill that included $25 billion in border security funds. In February, Udall and Heinrich joined California’s Sen. Kamala Harris as the only dissenting votes. In addition to its policy work, CAFé embraces organizing strategies similar to Somos’, such as holding know-your-rights workshops and teaching employers and employees what to expect from I-9 audits.

CAFé has also created a rapid response network that allows people to alert organizers when immigration raids are taking place. Staff and volunteers serve as operators, and once claims are verified, the organization can send email or text message blasts.

And when all else fails, CAFé turns to Father Tom Smith, director of the Holy Cross Retreat Center in Mesilla, just south of Las Cruces.

In May 2017, Father Smith took in Jorge Taborda as his first sanctuary case, although Smith prefers the term “Francisican hospitality.” Taborda arrived with his 16-year-old son, who is a U.S. citizen, after his wife was deported to Colombia. And since October, Smith has taken in a second person, Lorena Rivera.

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Jorge Taborda, and his sons are blessed by Bishop Oscar Cantü during a mass which took place after a press conference put on by Comunidades en Acción y de Fé Saturday, June 17, 2017 at the Holy Cross Retreat Center. Taborda is being housed at the retreat center after his wife was detained and deported from the U.S. Photo by Josh Bachman/Sun-News.

“We are called by the gospel and the scriptures to welcome the aliens, to care for those in need,” Smith explained.

With room enough for only four people, Smith acknowledges that he alone cannot make a difference on a large scale. And while ICE has agreed not to enter sensitive areas like churches, if federal agents come with a search warrant, he cannot stop them. He said that his work is intended to “raise consciousness.” He allows media access to both Taborda and Rivera and also brings in school groups to learn from their experiences. “They listen to their stories, and it helps change their opinion because they’re hearing it directly from that person,” Smith said.

“Father Tom has been a godsend to our community,” Bencomo said. “He has shown the kind of boldness and courage our community members need.”

“We are building a really strong counter-narrative that is only enhancing Las Cruces’s culture,” Bencomo affirmed.

Despite the work being done by New Mexico communities to keep their residents safe, the Trump administration is determined.

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The Justice Department is suing California over its new laws that bar private employers as well as state and local jails from cooperating voluntarily with federal immigration officials. The federal government maintains it has complete authority over immigration issues.

In Texas, the state legislature passed a law banning sanctuary cities. An injunction had been granted, but a federal appeals court ruled in March that the law could take effect. The court battle will continue.

NM CAFé leads a protest blocking the entrance to the local Border Patrol Station in May 2017. Photo by Heather Wilson.

Meanwhile, construction of Trump’s border wall is set to begin in New Mexico as well as parts of the Lower Rio Grande Valley in Texas. Defense Secretary Jim Mattis authorized the federal government to pay for potential deployment of up to 4,000 National Guard troops for the border mission through September. Arizona and Texas have committed hundreds of troops so far. Many fear that the further militarization of the border will serve only to cast immigrants in a negative light. With the national landscape more fraught than ever, immigrant rights groups in New Mexico are busy.

Somos un Pueblo Unido has helped facilitate meetings to bring community members together with the law enforcement community and recently conducted a training for 90 Farmington police officers on the benefits of not checking immigration status, which they have ceased doing. Somos was also involved in McKinley County’s decision to cease its cooperation with ICE, and it helped dissuade Luna County, west of Las Cruces, from entering into a deputizing agreement

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with the agency. In Albuquerque, the election of a progressive mayor has meant a non-discrimination resolution in the state’s largest city is making its way through the city council.

The thought of continuing at this pace for another three years of a Trump term is daunting, but Diaz is encouraged by the experiences of the past year. “What it takes is giving people the space to stand up for themselves.”

Bencomo agreed. “I believe in the power of an organized community,” she said. “I hope we can keep building power so that we can continue to protect more families.”