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URUGUAY: LA TRANSICION DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA

Liliana de Riz

I) EL ENFOQUE (*)

Estas reflexiones tienen como propsito contribuir al estudio comparado de la dinmica poltica del proceso de transicin uruguayo, atendiendo a un tipo de variaciones entre los procesos de transicin en las sociedades del cono sur de Amrica Latina y que son aquellas que provienen de las diferencias en los marcos poltico-institucionales y en el papel que estos cumplen en la produccin de las tensiones que mar-can las etapas y rasgos de la transicin.

Para ello, estas pginas desarrollan un enfoque que privilegia la estructura del rgimen politico y el estudio de cmo esta puede favorecer u obstaculizar, modificar u orientar el comportamiento de los actores sociales y polticos, asi como la incidencia de esos comporta-mientos sobre el aparato institucional.

Adoptar este enfoque supone abandonar una concepcin de los autoritarismos como puros estados que los militares vinieron a crear "de un golpe" y prestar debida atencin a los intentos institucionales que stos hicieron por instaurar una nueva relacin entre estado y sociedad. En consecuencia, implica enfocarlos qua regmenes polticos en sus empeos institucionales, sean ellos los esfuerzos ms "revolu-cionarios" por establecer una articulacin de ndole corporativa entre estado y sociedad; las variantes perversas de apelacin del poder auto-ritario a la voluntad popular (como la convocatoria de plebiscitos cons-titucionales en Chile y Uruguay); la fracasada frmula de crear un partido "heredero" del rgimen, en Argentina o la empresa transfor-mista brasilea de recreacin del sistema partidario y continuos cambios en las reglas del juego politico (recreacin del sistema poltico in toto).

(*) Este trabajo desarrolla algunos de los temas de mi investigacin comparativa sobre los sistemas polticos que precedieron a los autoritarismos en el cono sur, reali-zada con apoyo del Social Science Research Council, cuya versin preliminar est en redaccin,

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La literatura comparada sobre estas sociedades ha puesto el nfa-sis en el tipo de variaciones que derivan de los determinantes socio-econmicos, permaneciendo ajena, cuando no hostil, a la consideracin del papel que pueden cumplir los factores politco-institucionales. Desde esa ptica, en su variante sociocntrica o estatalista, no se con-cibi a los autoritarismos en tanto que regmenes polticos y, en conse-cuencia, no se prest atencin a la funcin reguladora del campo pol-tico institucional.

Si, como pensamos, la transicin en estas sociedades, es un proce-so esencialmente politico, relacionado con la estructura del rgimen y, en consecuencia, con las estrategias y concepciones de los principales actores del proceso, concebidas en una relacin de interaccin mutua con el campo poltico-institucional, su anlisis conduce a incluir aspec-tos que, lejos de pretender sustituir el enfoque socioeconmico, vendran a complementarlo.

Al argumento que se deriva de la Subestimacin de la dimensin poltico-institucional se agrega otro, de mayor peso terico: el enfoque centrado en el campo poltico-institucional hace posible un mejor re-gistro de las diferencias entre los casos nacionales. Esto explicarla el que los estudios sociopolticos del autoritarismo, apoyados en una tradicin que privilegia los factores socioeconmicos, terminaran enfa-tizando las semejanzas y las diferencias slo aparecieran en un segun-do plazo.

La segunda hiptesis "fuerte" que forma parte del argumento metodolgico aqu esbozado, es que el estudio comparado de la tran-sicin de un rgimen hacia otro rgimen poltico lleva a adoptar una perspectiva histrico-politica. En consecuencia, se hace necesario estu-diar los cambios en el rgimen autoritario desde el ngulo de la estruc-tutfe de los regmenes que, en cada caso nacional, los militares se pro-ponan sustituir. Esto hace posible analizar la relacin entre institu-ciones polticas y comportamientos colectivos en trminos diacrnicos.

Esta estrategia metodolgica para el estudio comparado de proce-sos de transicin en las sociedades del cono sur descansa en un conjun-to de supuestos que pueden resumir las siguientes afirmaciones:

El trmino democracia tout court, aplicado a una de las eventua-les alternativas de salida del autoritarismo, denota un conjunto de reglas del juego politico. Que ste sea un significado restringido, for-mal, y que un gobierno verdaderamente democrtico no se logre slo a travs de la observancia de esas reglas, no impide afirmar, como lo hace Bobbio,(l) que la violacin de una de esas reglas es suficiente para convertir a ese gobierno en reo democrtico.

La democracia no es el producto exclusivo de factores de

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ndole econmica y social; diferentes tipos de factores pueden pasar a ser estratgicos en las distintas fases de la transicin.(2)

Si se acepta que la democracia es, antes que otras cosas, una cuestin de procedimiento, en consecuencia, se puede sostener que existe una pluralidad de caminos hacia ella. Esto permite afirmar que desde el ngulo de las fuerzas polticas en lucha, el desemboque demo-crtico puede ser, incluso, el producto de motivos no democrticos.

Una salida democrtica depende de que en las estrategias y concepciones de los actores polticos se opte por reconocer la diversi-dad y el conflicto de intereses presente en la sociedad y, de que este reconocimiento se traslade a la institucionalizacin de un conjunto de reglas de juego poltico democrtico como condicin para lograr acuer-dos sobre el contenido de las polticas (negociar las soluciones; sea porque esos procedimientos son percibidos como los mejores para ma-nejar los conflictos; sea que se los acepte como los menos malos de los conocidos.O)

Estos supuestos marcan restricciones para cualquier ambicin de hacer una teora de la transicin en estas sociedades, tarea que por ahora est muy lejos de ser alcanzada en la literatura especializada. Sin embargo, su utilidad reside en evitar la tentacin de generalizacio-nes abusivas y en subrayar la especificidad de los procesos de transi-cin. En el enfoque que aqu se presenta, el propsito es atender a un tipo de variaciones significativas que, como ya se dijo, tienen relacin con la morfologa institucional de la poltica y, desde ese enfoque, es-tudiar el patrn poltico uruguayo.

Conviene adelantar que en el caso uruguayo, como ninguno de los otros, la dimensin poltico-institucional es el determinante de mayor peso en la explicacin de la especificidad, tanto del origen como del desarrollo del rgimen autoritario implantado por los militares. Esta observacin ya fue hecha por Real de Aza al esbozar la explicacin del porqu todava (en 1971) Uruguay no estaba en la condicin brasilea o en la argentina (4) y a nuestro entender sigue teniendo validez en el presente.

II) EL MARCO CONCEPTUAL DEL ANALISIS

Los procesos de transicin (liberalizacin-democratizacin) de los regmenes autoritarios del cono sur reconocen orgenes diversos como tambin son, divergentes sus desarrollos. Sin embargo, todos ellos pueden ser caracterizados por cambios en la direccin de significativas alteraciones en el orden poltico sin que ocurrieran transformaciones comparables en el orden socioeconmico, al menos hasta el presente.

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A excepcin del caso chileno una variante cuyo anlisis obliga a incorporar el peso personal de Pinochet y la cohesin de las Fuerzas Armadas como institucin la transaccin es, ante todo, una decisin del rgimen y ello pese a que esa decisin involucre importantes com-ponentes de movilizacin popular y activacin poltica. La transicin aparece, pues, articulada a procesos de crisis y erosin-recomposicin del rgimen autoritario (debilitamiento de sus bases sociales de apoyo, fracaso econmico, aislamiento internacional) o en la variante argenti-na, el colapso del rgimen como consecuencia de la derrota militar en una guerra internacional.

La dinmica poltica de ese proceso est signada por formas par-ticulares y cambiantes de combinacin de la represin y la apertura de espacios para la oposicin.

En Uruguay, el plebiscito convocado por los militares en 1980 sig-n el comienzo de lo que se calific como "apertura inesperada".(5) Si se pregunta acerca del por qu de esa apertura y las caractersticas de la dinmica poltica que a partir de entonces se desarrolla en la socie-dad uruguaya, una de las maneras de buscar la respuesta ni la nica, ni por lo tanto excluyente de otras complementarias es mirar los dilemas que se procesan a partir de entonces, en trminos de determi-nadas condiciones que favorecen u obstaculizan un compromiso insti-tucional claro de salida del rgimen. Entre estas condiciones, el enfo-que que aqu se adopta privilegia, como ya se dijo, los aspectos referi-dos a la morfologa institucional de la poltica.

Para ello, se propone estudiar el campo politico institucional que precedi a la instalacin de los autoritarismos, su crisis, y la natura-leza especifica de los intentos de institucionalizacin poltica llevados a cabo por el rgimen autoritario.

Este anlisis puede articularse en cuatro dimensiones, en princi-pio tiles para sealar las particularidades uruguayas vis a vis las otras sociedades. La primera de esas dimensiones est referida a la matriz institucional y a los tiempos en que se llev a cabo la incorpo-racin poltica de los sectores populares;(6) la segunda, al grado de legitimidad en el cuerpo de normas tutelares de la vida civil (el sistema de creencias); la tercera, al carcter ms o menos abierto del sistema poltico y la cuarta, a la centralidad de los partidos vis a vis otras for-mas de organizacin-representacin de los intereses sectoriales, y en relacin al Estado.

En todos los casos, los regmenes autoritarios se instalaron en la crisis de las respectivas morfologas institucionales de los regmenes previos. Qu papel, cabe preguntarse, cumplen las estructuras de esos

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regmenes en la produccin de las tensiones que signan las etapas y las caractersticas de la transicin? Ms especficamente, cmo intervie-nen en la transicin uruguaya, en comparacin con otras situaciones del cono sur?

1. La singularidad, poltico-institucional uruguaya

Examinar la estructura del rgimen poltico que conoci una larga vida en la sociedad uruguaya con propsito comparado, como es el nuestro, remite a una vasta literatura que seal, desde distintos enfo-ques, la singularidad del Uruguay en Amrica Latina. No es nuestra intencin desarrollar en estas pginas la gnesis, la consolidacin y la crisis del rgimen democrtico uruguayo, tarea que ya ha sido hecha y a la que varios autores dedican sus esfuerzos hoy. El propsito es otro y consiste en destacar lo que, a nuestro entender, ha sido insuficien-temente subrayado en la literatura abundante y rica sobre el tema.

Que la sociedad uruguaya haya accedido, a comienzos de siglo, a un rgimen de democracia representativa con participacin plena, asentado en un sistema poltico cuyo eje fueron los dos partidos tra-dicionales que venan del siglo XIX, el Colorado y el Blanco, ambos ideolgicamente difusos y con una extrema variedad en sus apoyos sociales; caracterizables sobre todo por no tener fines no negociables, por una fuerte electoralizacin de la lucha partidaria, por un nexo clientelstico con sus territorios de caza y una baja o nula capacidad de movilizacin (e inters en ella) y por una organizacin amorfa (carencia de normas que estatuyan la estructura, el funcionamiento y los debe-res del partido), son datos conocidos. Tambin lo es que las fuerzas polticas disidentes, a la derecha y a la izquierda de este espectro bi-partidario (que fue una mezcla de conservadurismo y social democra-cia) nunca representaron un desafo a los acuerdos entre los dos par-tidos tradicionales. Una vasta obra de ingeniera poltica cre la con-formacin legal, entre 1917 y 1930, del bipartidismo a travs de las normas que rigen la competencia partidaria. La Ley de lemas fue el pilar en que descans el sistema de partidos, un bipartidismo fragmen-tario o un multipartidismo real(7) como ha sido subrayado en todos los anlisis sociopoliticos.

Esa estructura bipartidista fue en los hechos una federacin de "partidos" o fracciones, de modo tal que la frecuencia con que se en-contraron colorados ms parecidos a los blancos ni bien se agrega un calificativo al lema, que a otros colorados (lo mismo vale para los blan-cos) no sorprende al observador. Ambos partidos abarcaron siempre ms del 80 por ciento del electorado(8) y el consenso en que articula-

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ron los pactos entre ellos hizo que la misma contingencia de la victoria o la derrota electoral representara menos, en trminos de participacin y provecho del sistema, que lo que representa en cualquier otra socie-dad poltica conocida.(9)

Esta singularidad de la estructura de la sociedad poltica uru-guaya no puede ser explicada por la exclusiva bondad de las condicio-nes estructurales con las que esa pequea nacin entr y recorri la mitad de este siglo. Esa bonanza fue, sin duda, la llave de oro de la estabilidad de un sistema consocional anclado en la poltica del prorra-teo de los recursos provenientes del Estado; poltica que hizo de los partidos-tradicionales los artfices y los conservadores de un amplio compromiso social que lleg a tener el alcance de una verdadera doc-trina nacional y del Estado mismo, un feudo de los partidos.

Lo que tiende a descuidarse, salvo excepciones en las que se sitan los trabajos pioneros de Real de Aza, es el sistema de creencias y su traduccin al campo institucional (la organizacin del poder sobre la que llama la atencin Aguiar) que dio origen y mantuvo al rgimen democrtico en el Uruguay.(10)

Que la democratizacin de las instituciones polticas tuviera en Uruguay, desde sus tempranos comienzos, una identidad bien defini-da, a diferencia de Argentina(ll) y que esa identidad fuera el resultado de una visin coincidente en los principales actores polticos de en-tonces acerca del rgimen democrtico deseable, no ha sido un aspecto suficientemente destacado en los anlisis, al menos hasta el presente.

A nuestro entender, esa coincidencia de principios de una lite poltica est en la raiz del acuerdo sobre el rgimen sobre las reglas del juego politico como un consenso articulado en la confianza en las garantas formales de la democracia representativa y del Estado de derecho in toto. Como observa Real de Aza, an los sectores de la extrema derecha uruguaya pagaron el tributo, casi sin excepciones, a la ms virtuosa fraseologa democrtica.) 12) A lo que hoy puede agre-garse que aun los militares pagaron ese tributo (tema sobre el que vol-veremos ms adelante). Podra afirmarse, pues, que el fuerte consenso sobre el rgimen en las lites que disearon el trnsito del rgimen oli-grquico al democrtico a diferencia del patrn clsico europeo, este proceso fue llevado a cabo en un corto periodo de tiempo y sin la con-trapartida, a la europea, de una larga etapa de luchas sociales y afir-macin de la condicin obrera en ellas est en la base de la debilidad de las fuerzas antirrgimen, a la izquierda o a la derecha, y en el carc-ter marginal que cobr el disenso.

No se quiere negar en este argumento el peso de otras variables en ese acuerdo interlites, que Real de Aza describe al calificar al Uru-

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guay como un "pas de cercanas", imagen que condensa las condi-ciones estructurales, sociales y polticas aui generis.{ 13) Pinsese en el caso chileno y se tendr presente el carcter ms elitista del sistema poltico en una sociedad con mayores contrastes sociales, mayor heterogeneidad estructural, social y poltica.(14)

Lo que importa sealar en esta argumentacin es que esta legi-timidad consensual en los orgenes del rgimen democrtico uruguayo contribuye a explicar su posterior evolucin diferencial (el contraste con el caso argentino es ilustrativo).

El acuerdo sobre el rgimen las reglas de juego poltico se ali-ment de un consenso amplio interpartidario acerca de la naturaleza y funciones del Estado y la naturaleza y contenidos de la lucha par-tidaria.

El rol del Estado claramente despus de la crisis del 30 fue concebido en los trminos de un Estado de bienestar, encargado de distribuir los beneficios de la riqueza material sobre la sociedad y ase-gurar asi el empleo, los servicios sociales bsicos y el crecimiento de la economa. La lucha partidaria, que durante casi un siglo estuvo mar-cada por la continuidad del partido colorado en el gobierno, se desa-rroll como una lucha por el reparto de los beneficios antes que como el enfrentamiento de dos proyectos alternativos de sociedad. Fue una lucha en torno a la definicin de los compromisos y no un conflicto suma cero a la manera argentina. En el compromiso, blancos y colo-rados salan ganando, al menos hasta 1958.

Ese vasto consenso interpartidario molde el campo mismo de las instituciones polticas. Como observa Aguiar, el intento de los blancos a partir de su victoria electoral, en 1958, de transformar la poltica de cooptacin en una poltica representacional, choc con las restricciones que la propia estructura del aparato estatal le impuso.(15) La arqui-tectura del campo poltico institucional del Uruguay batllista resisti y puede afirmarse que an hoy, pese al gobierno de los militares, se resiste a perecer definitivamente. Tngase presente que nunca fue completamente desmontado como estado asistencialista por los mili-tares uruguayos.

En sntesis, la idea desarrollada en las pginas precedentes, afirK ma que la legitimidad de origen del rgimen poltico uruguayo el consenso sobre las reglas de juego poltico en las Mes que cooCrolaron el pasaje del rgimen oligrquico al nuevo ordenamiento polltic|o hizo posible la traduccin al campo institucional de los prUlcipids y procedimientos de solucin negociada de los coriflitos s^ oeiaJi&s.jSse marco institucional, el aparato estatal en su conjurito, vintra | u yez, a marcar serias restricciones poltico-institucionales^ toda pHica d^

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gobierno que intentara desmontarlo. Podra afirmarse que el marco institucional oper, con diferente intensidad segn el perodo que se considere despus de 1958 (fecha en que la poltica del compromiso interpartidario hizo aguas) como un dique en el doble significado de la expresin, o sea, de contener y separar los embates que provenan de la lucha social.

Si se compara esta situacin con la Argentina, es interesante des-tacar que en Argentina nunca se edific un armazn institucional capaz de actuar como "dique" de las luchas sociales. Esa funcin regu-ladora la desempe el carisma y la habilidad poltica de Pern y el peso de la ideologa peronista. A diferencia de Chile, sociedad en que la arquitectura institucional conoci una conformacin ms gradual en el tiempo que en Uruguay, los elementos de la cultura poltica d las lites chilenas vis a vis la uruguaya son difcilmente encuadrables en un marco de amplio consenso como el uruguayo. Para usar la termi-nologa empleada por Aguiar(16) el peso de la poltica representativa (el amplio espectro clasista del sistema partidario chileno) siempre fue claro en el plano de las identidades poltico ideolgicas. El divorcio entre el discurso ideolgico y las prcticas polticas concretas de los partidos de la izquierda chilena fue una de las claves de la larga esta-bilidad del sistema. En este aspecto es paradigmtico el comporta-miento del Partido Socialista chileno, particularmente durante el pe-riodo de gobierno de la Unidad Popular. La democracia, qua rgimen poltico fue, en el pasado reciente, una consigna tctica antes que una estrategia de la mayora de la izquierda chilena; una izquierda que tiene un peso significativamente mayor que la uruguaya (en las elec-ciones que dieron el triunfo a la Unidad Popular prcticamente duplic los votos obtenidos por el Frente Amplio en 1971 en Uruguay).(17)

III) LA CRISIS DE UNA POLITICA DE CAMBIO ORDENADO

Un propsito central de estas reflexiones es sealar el papel que la cultura poltica, y el marco institucional en que sta se plasm, cum-plieron en la produccin de las tensiones que definieron las modalida-des de la transicin en Uruguay.

Con ese fin, es preciso retener aquellos aspectos de la transfor-macin poltico-institucional significativos para comprender la insta-lacin de los militares en el poder. La crisis de la poltica de compro-miso (una poltica slo comparable a la colombiana, aunque asentada sobre bases diferentes) se remonta a fines de los cincuenta. Sin em-

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bargo, la cesura puede fijarse una dcada ms tarde, en lo que confi-gur el Uruguay Pachequista (1968-1972), o el intento ms acabado de ruptura con el marco batllista.C) Desde esta perspectiva de anlisis, interesa subrayar la singularidad institucional de este proceso: fue desde el interior mismo del gobierno legal que se proces el cambio. Como afirma Real de Aza, desde el rgimen legal se pas a una situa-cin de dictadura.(18) Las "medidas prontas de seguridad" fueron el instrumento legal con que el Presidente Pacheco gobern por decreto... Los cambios en el rgimen pasaron a ser cambios de rgimen, sin que mediara, como en Argentina, Chile o Brasil, un golpe militar.

La crisis econmica y el fin de la bonanza son una parte de la historia del fin de la poltica de conciliacin. Serla un error, a nuestro entender, adjudicarle la totalidad de la explicacin del por qu del cambio de rgimen y minimizar, cuando no lisa y llanamente ignorar, el papel que cumplieron las lites polticas en ese desenlace. Acaso la timidez y vacilacin con las que los partidos tradicionales coexistieron con el Uruguay Pachequista no fue un sntoma del deterioro de las viejas certezas? Muchos de los polticos del compromiso, tal vez la mayora de ellos, fueron asaltados por dudas ms fundamentales acer-ca de las premisas intelectuales y culturales que cimentaron la doc-trina nacional de la conciliacin social sin que tuvieran con qu reem-plazarlas. Asistieron a la transformacin del rgimen desde la impo-tencia o la claudicacin ante una realidad que no se ajustaba ya a la tradicin del compromiso o a la componenda, a la poltica politiquera. Los enfrentamientos entre el Parlamento y el Ejecutivo se resolvieron con la falta de qurum de aqul o bien en la prescindencia del Ejecu-tivo que puede constitucionalmente decretar la disolucin de las C-maras. La legalidad en el Uruguay de fines de los sesenta era la ley del prncipe: los actores polticos haban desaparecido de la escena o eran sombras, un ballet de fantasmas.

Las elecciones de 1971 no modificaron el panorama. El Frente Amplio no logr el empuje extraordinario que lo llevara al triunfo como era la esperanza de muchos.(19) La invocacin del peligro, si con-tribuy a reforzar las viejas identidades partidarias e hizo que uno de los dos partidos tradicionales, el Colorado, volviese al gobierno, no sirvi en cambio para gobernar una sociedad atravesada por nuevos conflictos.

(*) La apelacin a las medidas de seguridad como rgimen permanente fue la va de control de la radicalizacin de los sectores populares y no slo el instrumento para enfrentar a la guerrilla. De ellas se sirvi Pacheco para disolver partidos polticos y censurar la prensa.

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En una investigacin realizada entre 1968 y 1970(20) sealbamos los cambios integrativos e ideolgicos que se estaban operando en el seno del ejrcito uruguayo, atravesado, entonces, por concepciones en pugna sobre el lugar de las FF.AA. en el sistema politico. La imagen de unas FF.AA. profesionales y apolticas ya no se ajustaba a la rea-lidad. Sin embargo, la intervencin de los militares en el perodo pa-chequista se fue definiendo por el espacio que los sectores polticos le cedieron antes que por el claro triunfo de uno de los proyectos en su seno.(21)

La singularidad de la instalacin de los militares uruguayos en el poder queda marcada por el trnsito gradual de la "dictadura" cons-titucional a la dictadura tout court. Fueron los partidos polticos los que al votar en el Parlamento el "estado de guerra interna" y la sus-pensin de las garantas como instrumentos para hacer frente a los avances de la guerrilla tupamara y a la activacin de las luchas polti-co-sindicales, firmaron su propia acta de defuncin. La ambigedad del programa militar en 1973 termin por paralizar incluso a sectores de la oposicin de izquierda que hablan denunciado en el Parlamento la arbitrariedad del Ejecutivo (un populismo militar a la peruana?).(22)

IV) EL REGIMEN MILITAR URUGUAYO Y LA TRANSICION

A los efectos de nuestro argumento no se desarrollar aqu un anlisis del rgimen en trmino de las polticas estatales particular-mente la represiva y la econmica aspectos para los cuales hay una abundante literatura.(23) Lo que interesa destacar es la organizacin misma del poder militar y su singularidad en relacin a los otros regmenes del cono sur.

Los militares, al suprimir la sociedad poltica y reprimir las ma-nifestaciones de la sociedad civil, tienden a interiorizar el dilema del gobierno en su propio seno. En el caso uruguayo esta observacin se cumple a pie juntillas. La democracia como rgimen se suprime para dar paso a la "democracia de los generales", con la particularidad de que en el Uruguay, esa democracia de los generales que hizo del pas una gigantesca comisara (o una "colonia penitenciaria", como avizo-raba con temor Real de Aza), nunca dej de ser pensada en los trminos del viejo rgimen politico. Adoptaron una estructura cole-giada del mando y la cpula militar oper en un rgimen de pares, en cnclaves, en juntas y en asambleas, en las que los conflictos de fac-ciones, nter e intra armas, no quebraron la unidad. Los liderazgos

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personales no prosperaron y hasta la designacin de Alvarez en 1981, la presidencia fue ocupada por civiles.(24)

Mientras en Chile la organizacin del poder militar se asemeja a una monarqua, en Uruguay esta variante del experimento colegiado, con un civil en la presidencia entre 1973 y 1981, no tiene homlogo en ninguno de los otros regmenes militares. La imbricacin cvico-militar a la que suele referirse genricamente como "bordaberrizacin" (por el presidente Bordaberry, sucesor de Pacheco) fue un punto de referencia para sectores del gobierno de Isabel Pern en Argentina, que como se sabe, no tuvo xito. (25)

Si 1973 marca un punto de inflexin en las relaciones entre civiles y militares ya que se clausura la poltica (ms bien el remedo de la poli-tica que quedaba), 1976, tres aos despus, muestra que esas trans-formaciones institucionales no encuentran su rumbo.

El desplazamiento de Bordaberry en ese ao, como consecuencia del rechazo de los militares al proyecto del cual el Presidente era voce-ro (el intento de corporatizacin de la vida poltica uruguaya) signa una opcin clara: la de reconstituir gradualmente el juego democrtico a travs de los partidos tradicionales; amortiguadores con los que los militares esperaban institucionalizar el proceso. Pinsese que en Ar-gentina fueron los militares instalados en el poder en 1966 los que bus-caron la solucin corporativa bajo el Onganiato, sin xito.

Si los militares brasileos recrearon a los partidos polticos, tn-gase en cuenta que esos partidos haban tenido una vida corta Brasil experiment las reglas democrticas durante slo 18 aos, entre 1946 y 1964, dbil penetracin en una sociedad civil fuertemente fragmen-tada y heternoma, y que eran ellos mismos el fruto de la creacin estatal de la "ciudadana regulada" por el Estado.(26) La ingeniera poltica en Uruguay no poda tener como punto de referencia el calco de esa experiencia que, por lo dems, se fund en la incorporacin po-ltica de nuevos sectores.

Los direccin militar avanz lentamente en su programa de ins-titucionalizacin: en 1979 fij el cronograma. En 1980 llamaron a un plebiscito sobre el nuevo texto constitucional a una ciudadana aplas-tada por el desencanto y el temor y a una oposicin poltica extremada-mente cautelosa. El camino adoptado por los militares uruguayos puede comprenderse a la luz de la tradicin poltica uruguaya; una tradicin que molde sus concepciones y sus estrategias. El fracaso, a diferencia del xito del plebiscito chileo en ese mismo ao,(*) y el res-

(*) (el rechazo por casi un 60 por ciento de los votos a pesar de las condiciones en que se llev a cabo la consulta).

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peto del resultado arrojado en las urnas hacen que esa cultura lega-lista, que ese liberalismo constitucionalista, pueda interpretarse como algo ms que una tctica. Los militares uruguayos quedaron pri-sioneros de su propio liberalismo al intentar reconstruir los puentes entre la sociedad y el estado, en una sociedad tambin profundamente signada en su accin por una cultura poltica liberal.

El plebiscito marca el inicio de lo que se calific como una "aper-tura inesperada" (Gonzlez, op. cit.). Si abusando del recurso a la ana-loga puede decirse que en esa consulta los militares uruguayos encon-traron sus "Malvinas polticas", tambin es importante sefialar que la perplejidad no fue slo un atributo del rgimen sino que alcanz a los polticos de la oposicin: ellos tambin redescubran el peso de una cultura poltica que teman o suponan ms debilitada.

Habiendo estimado que ganaran las elecciones internas de los partidos autorizados, en 1982, el rgimen se encontr con otro dato inesperado: sus soportes sociales, en la extrema derecha de blancos y colorados, fueron barridos de las urnas.

En 1983, los militares llegan al dilogo con las autoridades par-tidarias nombradas por las convenciones de cada partido. Los avatares de esa relacin la cerrazn de los militares y las idas y venidas de los polticos ocurrieron en un contexto politico cambiado, en el que no slo los partidos polticos autorizados por el rgimen ganaron espacio: el Plenario Intersindical, la organizacin del movimiento estudiantil y la de las cooperativas de vivienda expresaron una sociedad civil y una sociedad poltica que emergan del largo silencio a que los haba con-finado el rgimen. La oposicin poltica autorizada, blancos, colorados y cvicos, emprendieron un camino nuevo en el Uruguay, la senda de las movilizaciones peridicas y pacificas, a la chilena (la Intersectorial nuclea a los partidos tradicionales, las fuerzas polticas de la izquierda y los movimientos sociales).

En este proceso contradictorio de marchas y contramarchas del rgimen y de la oposicin poltica, y crecientes espacios para la expre-sin de la sociedad civil, el regreso del lder de la fraccin mayoritaria de los blancos, Wilson Ferreira Aldunate y su encarcelamiento, tiene, sin duda, el efecto de un acelerador de los acontecimientos. Las nego-ciaciones entraron, a partir de entonces, en un ritmo desusado. El 4 de agosto, finalmente, se aprob un acuerdo sobre normas constitucio-nales transitorias que fija las condiciones del retorno al rgimen demo-crtico. El pacto institucional del cual el Partido Blanco se autoexclu-y y en el que particip el Frente Amplio, fue precedido de medidas de distensin entre ellas el permiso para que el Frente Amplio pueda usar el lema de la Democracia Cristiana y la derogacin de las actas

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institucionales 7 y 14. Las normas transitorias acordadas (a ser re-frendadas o enmendadas por el Parlamento transformado en Asam-blea Constituyente) otorgan un espacio, que si bien no es el que los militares exigan como condicin un ao atrs (julio de 1983), tampoco parece ser el que los polticos estaban en esa poca dispuestos a nego-ciar. Pero las elecciones estn prximas y la campaa electoral comien-za a dominar la escena partidaria: el acuerdo sobre la salida del rgi-men no es un acuerdo sobre el rgimen.

Mirada desde la ptica de otras situaciones, la transicin uru-guaya (un "cambio en paz", como lo define el lder de los Colorados, Julio Sanguinetti)(27) que llega a su etapa final muestra su singulari-dad. La negociacin concluye en un acuerdo en el que tanto los polti-cos, respaldados en amplias movilizaciones populares, como los mili-tares, con su aparato represivo intacto y conservando su unidad y cohesin, parecen haber cedido terreno. Ni el rgimen se derrumb como consecuencia de una guerra (a la argentina), ni la dase poltica qued sometida a la suerte que el rgimen Te asignara en sus planes de un ao atrs. Todos tienen algo que ganar en la solucin negociada.

V) LA SALIDA PACTADA

El xito de la transicin examinada como proceso poltico, y por lo tanto conflictual, a travs del cual un rgimen autoritario va cediendo terreno al juego poltico ms abierto, depende de cmo se resuelve, en cada caso, el dilema de la salida. No basta, pues, que haya una volun-tad generalizada de cambio en la sociedad, y que el rgimen se debilite y reaparezca la dimensin colectiva del proceso poltico: Chile es un buen ejemplo hoy de esta aseveracin, como lo fue Argentina hasta la derrota en la guerra.de las Malvinas. El problema se centra, pues, en cmo se instrumenta la ruptura del rgimen y en quines son los encar-gados de llevarla a cabo.

En Uruguay, las piezas claves de la organizacin de la transicin son los partidos polticos (y ello sin que se minimice el papel de las mo-vilizaciones populares anti-rgimen).(*| La transicin es un affairt de las lites polticas y de los militares, Esta culmin en un pacto insti-

(*)Laa manifestaciones populares y la presin de las organizaciones de la sociedad civil comienzan a emerger como consecuencia de los fracasos del rgimen, en particular, del resultado arrojado por el plebiscito y su articulacin con los partidos es reciente.

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tucional cvico-militar, definido como un "cambio en paz", sin con-frontacin ni represin, fruto de la automoderacin de las partes, de su "realismo" (Lber Seregni, inhabilitado an como candidato del Frente Amplio calific a la solucin de "salida realista", Clarn, Bs. As., 12 de agosto/84).

El resultado de la transicin es la restauracin del viejo sistema de partidos. Un sistema que, como se vio, est profundamente enrai-zado en la sociedad uruguaya.

Mientras que en Brasil, la transicin iniciada por el rgimen dio como resultado un nuevo sistema de partidos y defini la naturaleza y contenidos de la lucha partidaria, en Uruguay, la continuidad con el pasado es el rasgo ms saliente, incluso si se la contempla en el trans-fondo de las experiencias de Chile y Argentina.

Esta continuidad con el pasado parece situarse fundamentalmen-te en el plano de la cultura poltica uruguaya, en el peso de laa creen-cias liberales y las instituciones que las encarnaron. En las otras situa-ciones, incluso en la chilena, los vientos liberales soplan desde hace mucho menos tiempo.

En Chile, el rgimen no cre su propio partido pero las lealtades polticas sufrieron alteraciones: la derecha abdic de Su representacin partidaria y el centro poltico perdi adherentea en favor de la derecha y de la izquierda. Los alineamientos polticos actuales, si bien mantie-nen el clivaje izquierda, centro y derecha, sufrieron alteraciones: la creacin de multipartidarias como la Alianza Democrtica y el MDP son muestras de esos cambios.

Mientras que en Brasil, los protagonistas de la transicin son los partidos, de la oposicin y el oficial (el rgimen nunca se confundi con la institucin como en Uruguay y Argentina ni se identific con la figura personal de un caudillo, como en Chile), y el lugar de las nego-ciaciones es el Congreso, una institucin que los militares brasileos no suprimieron, en Uruguay, la salida descans en la restauracin del sistema poltico y la perspectiva de elecciones constituyentes y de una democracia representativa. En Brasil, el tema critico de la transicin fue siempre el de la sucesin del rgimen. Hasta el presente, la rotacin de militares en el gobierno se llev a cabo no sin conflictos, pero sin quebrar el rgimen. La reciente formacin de la Alianza Democrtica (alianza entre la oposicin moderada y el ala ms liberal del partido oficial), emergi como solucin para encaminar la transicin, desde la Presidencia de un poltico moderado y moderador como Taeredo Ne-ves, el actual candidato de AD y en un contexto de creciente prdida de la iniciativa por parte del rgimen. Comparada con la uruguaya, se ob-serva la paradoja de que en Brasil, la salida se negocia en el Congreso,

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entre los partidos y sin ciudadanos que voten, sino con manifestantes en las calles, mientras que en Uruguay, la salida se negocia en un mbito privado, "los salones del Parque Hotel", entre dirigentes de partidos polticos y militares, representantes de la institucin y del rgimen a la vez, para situar al Congreso como el locus constituyente, un Congreso que resulte de la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto.

La situacin argentina es difcilmente' comparable con las restan-tes: all, l rgimen se derrumba como consecuencia de una guerra que pone al desnudo su doble fracaso, poltico y militar, y su debacle inter-na. Los partidos llegan por las puertas que el propio rgimen abre.

V) CONCLUSION

Este anlisis, en clave poltico institucional, de la emergencia, erosin y actual desenlace del rgimen autoritario en Uruguay se pro-puso mostrar, recurriendo a un argumento comparativo, el papel que en esa sociedad cumplieron las creencias y los marcos poltico insti-tucionales en la poltica de las lites polticas (incluido los militares) y en la poltica de "los de abajo". Cmo se compagina la intensidad de la represin ejercida en Uruguay con el carcter nada drstico o dra-mtico de la salida?

En Uruguay, como en Brasil y en Chile, la transicin se inici desde arriba, pero esta caracterstica no basta para comprender su especificidad. El significado de las diferencias entre procesos iniciados desde arriba es tan relevante como las diferencias entre estos y el caso argentino de transicin por derrumbe del rgimen. Parece necesario, pues, agregar una variable clave, cual es la modalidad que la apertura reviste en cada caso nacional. Y en el caso uruguayo, esa modalidad no puede ser separada de la tradicin poltica. La transicin no rompi esa tradicin, por el contrario, se movi dentro de sus moldes (y ello, a pesar de la continuidad de la represin). Acaso el proyecto politico con el que los militares esperaron transformar las relaciones entre la sociedad y el estado e instalar una democracia autoritaria, no fue un proyecto legalista y civilista? El razonamiento comparativo refuerza esta hiptesis, que como todo argumento t* poit facto, por s solo es endeble. Al menos, ese razonamiento permite sealar significativas variaciones en la morfologa poltica uruguaya. Esas variaciones en el rgimen que precedi al autoritarismo y en el mismo rgimen autori-tario aparecen asociadas a la poltica de los actores colectivos, a sus estrategias y concepciones.

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Esta conclusin no implica negar el peso que el fracaso de la poli-tica econmica tuvo en la erosin del rgimen y su bsqueda de "puen-tes" entre la sociedad y el estado.(*) Slo quiere sealar que la singu-laridad del camino emprendido por los militares en sus intentos insti-tucionales por lograr legitimidad, y la particularidad de la salida nego-ciada, obligan a incorporar el plano poltico institucional para com-prenderlos.

Podr argumentarse que el aislamiento del rgimen (la prdida de sus bases sociales de apoyo) ocurre en un contexto de baja amenaza de los sectores populares (a diferencia de Chile, por ejemplo). Sigue en pie, sin embargo, la pregunta acerca del por qu de esta ciudadana moderada. Aun rompiendo la apata, la presin desde abajo aparece como una presin "ciudadana"...

(*) Tampoco se niega el eventual peso de factores internacionales como la pinza democrtica en la que el Uruguay se encuentra, entre Brasil y Argentina, pese a que an no hay anlisis sobre el tema en la actual coyuntura uruguaya.

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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

(1) Vase Bobbio, N. "Are there alternatives to representative democracy?": Telos, 35. Primavera 1978, pp. 17-30. Para una precisin sobre el contenido de esas reglas me remito a este texto, p. 17.

(2) Para un anlisis de las premisas argumntales, vase el importante trabajo de Dankwart Rustow: "Transition to Democracy: Towards a Dinamic model", en Com-parative Politics //(abril 1970), pp. 337-363. Con respecto a la inevitabilidad de una relacin entre crisis econmica y democratizacin, Wanderley Guilherme dos Santos: "A Ciencia Poltica na America Latina: Notas Preliminares de Autocrtica". Dados, 23 (1980), N 1.

(3) Al respecto, es interesante sealar el argumento de Bobbio (op cit., p. 18) acerca de los procedimientos como susceptibles de ser objeto de juicios de valor. La rotura es condenable independientemente de los fines que se persigan con ella.

(4) Real de Aza, Carlos: "Poltica, Poder y Partidos en el Uruguay de hoy", en varios autores: El Uruguay hoy. Buenos Aires, Siglo XXI ed. 1971, 1* edicin pp. 145-321, p. 175 y p. 223 y ss.

(5) Luis Gonzlez, "Uruguay 1980-81: Una apertura inesperada" en Latin American Research Review, 1983.

(6) Para un anlisis de la relacin entre patrones de incorporacin poltica del movimiento obrero y diferencias en la emergencia de sistemas de partidos, remito al interesante trabajo de Collier y Collier: Labor Party and Regime in Latin American.

(7) Vase por ejemplo Rial, J. Notas sobre el sistema de partidos polticos en el Uruguay 1904-1971. Mimeo. Aguiar, Csar: "Clivajes Sociales y Procesos polticos en el Uruguay. URUGUAY. CIEDUR. Documento N 13,1984.

(8) El Frente Amplio (coalicin de izquierda), en las elecciones nacionales de 1971 slo alcanz el 18% de los votos a nivel nacional.

(9) Ver Real de Aza, Carlos, op. cit. (10) Aguiar, Csar, op. cit. (11) Para un anlisis de la carencia de identidad definida de la democracia en el

pasaje del rgimen oligrquico al democrtico en Argentina, ver Mustapic, Ana M. "Conflictos institucionales durante el primer gobierno radical: 1916-1922", en Desa-rrollo Econmico, N 93, Vol. 24, Abril-Junio 1984, pp. 85-108.

(12) Real de Aza, op. cit., p. 170. (13) Real de Aza, C. El Impulso y su freno: tres dcadas de batllismo.

Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental, 1964 pp. 21-25. (14) Para esta afirmacin sobre la sociedad chilena, vase Graciarena, Jorge: "La

democracia en la sociedad y la poltica: apuntes sobre un caso concreto". Mimeo. 1981.

(15) Aguiar, C. op. cit., en part. p. 12. (16) Aguiar, op. cit. (17) Sobre estos aspectos del sistema poltico chileno, vase De Riz, Liliana:

Sociedad y Poltica en Chile: de Portales a Pinochet, Mxico. UNAM. 1979. (18) Real de Aza, C. Poltica, poder... op. cit., p. 175. (19) Remito al lector al anlisis de Aguiar sobre "Clivajes Sociales y Procesos

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Polticos en Uruguay", op. cit. En una encuesta que realizamos en 1968-69 en el Instituto de Ciencias Sociales, la mayora de la poblacin responda que el sistema democrtico de gobierno estaba en peligro y afirmaba la necesidad de un cambio. La Opinin Pblica de Montevideo. 2 Vols. Instituto de Ciencias Sociales. Montevideo. 1969. Para una caracterizacin del Frente Amplio y del programa partidario pre-elecciones de 1971 vase Real de Aza, C. Poltica, poder... op. cit. pp 266-275.

(20) De Riz, Liliana: "Ejrcito y Poltica en Uruguay" en Revista Latinoameri-cana de Sociologa. 1970-3. Buenos Aires. Instituto T. DI Telia, pp. 420-442.

(21) Vase Amarillo, Mara del Huerto. Algunas reflexiones sobre participacin poltica. CIEDUR. Ddcumento N 14.1984 y Gillespie Charlie C. "The breakdown of democracy in Uruguay: alternative poiitical models". Mlmeo. 1962.

(22) Remito a los postulados presentados por. las FF.AA. en los comunicados 4 y 7. Para un anlisis del tema vate Lerin, F. y Torres, C. "Les trantformationi institutionnelles de l'Uruguay (1973-1978), en Probltmes d'Amiriqu Latine. XLIX, nos. 4485-4486.

(23) Vate Lichteniztejn, Samuel "Poltica y estrategia econmica" en Uruguay: Dictadura y realidad nacional. Mxico: Amrica Latina. Estudios y Perspectivas, 3. ERESU. 1981. Finch, M.H.J. The military regime and dominant class interut in Uruguay 1973-83. Institute of Latn American Studiet. Stockholm. Macadar, Luis. Uruguay 1974-80: un nuevo ensayo de reejuste econmicof Montevideo Ed. de la Banda Oriental. 1982.

(24) Vate Lanzare, Jorge: "Lgica burocrtica y poltica". Cuadernos de Marcha. Mxico. Julio-Agotto 1982. Tambin Gonzlez, Luis "Uruguay 1980-81: una apertura inesperada". Yate University. 1962. mimeo.

(25) Vase De Riz, L "/telonio y derrumbe: el ltimo gobierno peronista". Mxico. Ed. Foliot. 1981.

(26) Sobre la "ciudadana regulada" en Bratil, vate Wanderley Guilherme dos Santos: Cidadania * Justicia: a Politice Social na Ordem Brasilera. Rio de Janeiro Campus. 1979.

(27) Diario Clarin. Buenos Aires. 5 de agosto de 1984.