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Cuestionamientos al funcionamiento del sistema:
Testigos “des-protegidos” del Estado
Según las estadísticas del año 2012 de la División de Atención a Víctimas y Testigos
del Ministerio Público, fueron 82.782 las personas que denunciaron como víctima o
testigo algún delito en la Fiscalía. El último estudio de la Fundación Paz Ciudadana
reveló que sólo un 17,9% dijo sentirse satisfecho con la calidad del servicio entregado y
7 de cada 10 señalaron haber sentido temor al entregar su testimonio. Un miedo que
desequilibra el proceso judicial ya que el ente persecutor acusa una baja participación
ciudadana, los fiscales prometen resguardo de la identidad pero son los jueces quienes
deciden revelarla o no, y la ONU tiene en la mira al Estado chileno por la aplicación de
la figura del testigo protegido. Un programa que asomaba como la carta fuerte de la
Reforma Procesal Penal, hoy pone en jaque la seguridad de quienes declaran encubiertos
en un juicio.
POR TOMÁS IGNACIO SEPÚLVEDA ÁBALOS
Reportaje presentado a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo
para optar al título profesional de Periodista
PROFESORA GUÍA
Beatriz Burgos Araneda
Noviembre, 2013
SANTIAGO
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Marcela (44) es madre de tres hijos, casada y hace ocho meses dejó su hogar en la
comuna de La Pintana. Ella denunció a una banda de narcotraficantes que negociaba
cocaína en las afueras de su pasaje. Fue acogida en el Programa de Víctimas y Testigos
del Ministerio Público, donde el fiscal a cargo de su caso le aseguró medidas de
protección y traslado de domicilio a cambio de que entregara su testimonio en el juicio
contra la agrupación ilícita.
El fiscal, para evitar represalias de los familiares de los imputados, la trasladó a un hotel
en el centro de la comuna de Recoleta. Allí vivió junto a su familia los dos meses que
duró el juicio, bajo una constante incertidumbre e inseguridad.
Marcela tuvo que dejar su trabajo como feriante, ocultar su identidad y evitar exponerse
en lugares públicos. Asegura que la cuenta del celular de emergencia facilitado por la
Fiscalía y los gastos de arriendo sólo corrieron por parte del Ministerio Público el primer
mes en el cual estuvo asentada en el hotel. Nunca más recibió una factura del Programa
de Víctimas y Testigos y tuvo que sacar de sus ahorros para mantener estos resguardos.
“No podía ni siquiera salir a comprar, mis hijos no podían ir al colegio, mi marido no
podía ir a trabajar tranquilo y todo se agudizó cuando ocurrió la desgracia. Mis vecinos
me llamaron para contarme que apedrearon y rayaron mi casa”. “Sapa CTM” estaba
escrito en el frontis de la vivienda.
Marcela y su familia tuvieron que abandonar toda esperanza de volver a su hogar en La
Pintana y también las piezas del hotel puesto que, sin el financiamiento del Ministerio
Público, sus ingresos no alcanzaban para mantener los costos del alojamiento. Para
aminorar los gastos, arrendaron dos habitaciones de una vivienda en la comuna de
Santiago, todo esto con sus propios medios.
“Yo perdí mi casa y no quiero volver a ella por temor a represalias, al tema de volver al
pasado. Si al fin y al cabo nunca tuve ayuda de nadie”, confiesa la testigo protegida.
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Así como Marcela, 82.782 víctimas y testigos se acercaron en el 2012 a declarar en la
Fiscalía, confiados en las garantías y medidas de seguridad ofrecidas por el fiscal a
cambio de entregar su testimonio durante el juicio. Garantías que se han visto opacadas
con los resultados del último estudio de la Fundación Paz Ciudadana sobre la calidad en
la entrega del servicio a las víctimas y testigos del Ministerio Público.
Los índices del primer semestre de 2013, arrojaron que un 66,2% se sintió insatisfecho
con la atención y el servicio entregado por la Fiscalía después de denunciar y sólo un
17,9% dijo sentirse conforme con la respuesta del Ministerio Público. Además, el ente
persecutor obtuvo apenas nota 3,8 de 7 en su desempeño contra la delincuencia,
quedando con peor rendimiento que las policías, la Defensoría Penal Pública y el
gobierno.
Respecto del servicio de Protección, el 71% de los usuarios reveló haber sentido miedo
antes de asistir a declarar a la Fiscalía. Un temor que, según las propias autoridades, está
socavando al sistema por la falta de participación ciudadana, un alejamiento justificado
tras el 68% de los encuestados que señaló no haber recibido ninguna medida de
protección. Porcentaje que queda al criterio de los fiscales y que se tiene que adecuar al
limitado presupuesto del programa.
Estos resultados fortalecen los testimonios de quienes han sido víctimas del sistema y
ponen en duda las reales garantías del que fue el programa estrella de la Reforma
Procesal Penal.
El 16 de junio de 2005 terminó de implementarse el mayor cambio estructural de la
Justicia Penal en la historia de Chile. Fue un proceso gradual que se inició en el 2000
bajo el gobierno de Eduardo Frei, con las regiones de Coquimbo y la Araucanía como
sus precursores, y que culminó con la incorporación de la región Metropolitana.
Tras su aplicación, las atribuciones de protección de víctimas y testigos protegidos
fueron delegadas al nuevo Ministerio Público bajo la imagen del fiscal. Este último,
como indica el Código Procesal Penal, es el encargado durante todo el procedimiento de
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adoptar medidas o solicitarlas para proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su
intervención al momento de declarar y evitar o disminuir al mínimo cualquier
perturbación que hubieren de soportar con ocasión de los trámites en que debieren
intervenir.
En conjunto con la creación de la Fiscalía, se crea la División Nacional de Atención a las
Víctimas y Testigos (DAVT). Su propósito es el de velar por el cumplimiento de las
tareas que a este respecto le encomiende al Ministerio Público bajo la ley procesal penal.
La DAVT resulta de gran importancia para los efectos de asistir a los fiscales en la
implementación de medidas de protección a víctimas y testigos. Esto ha sido en gran
parte facilitado gracias a la creación de un fondo económico específico, que consta de un
presupuesto anual de $1.697.798.733.
Para proteger a los testigos durante y posterior al juicio, el fiscal puede solicitar al juez
medidas de protección, éstas son coordinadas con Carabineros de Chile y Policía de
Investigaciones (ver recuadro 1). En el 2012 se dictaron 87.000 medidas de protección
a favor de víctimas y testigos: 45.502 por casos de violencia intrafamiliar, 14.196
durante el proceso de preparación del juicio oral por delitos de menor calificación y
19.336 para atención especializada por intimidación alta o por tratarse de delitos
sexuales.
Además, dentro del presupuesto de la DAVT, está contemplado el cambio de domicilio
tanto de la víctima como del testigo según previa solicitud del fiscal, entregando un
monto máximo mensual de $1.217.460 pesos. Anualmente, hay un promedio de 30 casos
de reubicación a nivel nacional.
Marcela Neira es abogada de la Universidad de Chile y trabaja hace seis años en el
Ministerio Público. Ingresó a la Fiscalía de Chile como jefa de la Unidad de Atención a
Víctimas y Testigos en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y actualmente se
desempeña como la gerente de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía
Nacional.
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Neira reconoce que los recursos de la DAVT se hacen escasos para la cantidad de casos
que hay que cubrir y que muchas veces los testigos tienen que poner dinero de sus
bolsillos para complementar el saldo restante que no es cubierto por el Ministerio
Público. En noviembre de 2013 ya se han atendido 15.486 personas más que el año
pasado y los recursos no han tenido un incremento considerable. De los $1.620.482.594
pesos que contempló el presupuesto del 2012, ha habido un aporte extra para este año de
$77.313.139 pesos.
En el caso de que las víctimas y testigos que tengan que ser reubicados fuera de su
domicilio como una medida de protección, la gerente de la DAVT asume que gran parte
de los afectados prefiere no abandonar el hogar.
“Este fondo nos permite pagarles unos meses para que busquen trabajo, pero la gente no
está dispuesta a eso (…) Cuando nosotros ofrecemos relocalizar a la gente, parte
importante de ellos no está mentalizada en hacerlo porque el costo personal es muy
alto”.
En la práctica, la falta de recursos de la DAVT, el bajo compromiso ciudadano para
colaborar en un proceso penal por la entrega limitada de medidas de protección y las
constantes promesas incumplidas de la Fiscalía son sindicados, tanto por autoridades
como por ex participantes del sistema, como la génesis de que el Programa de Víctimas
y Testigos a 13 años de su implementación, se encuentre sumamente cuestionado.
Para resguardar la identidad de todos los testigos protegidos nombrados en este reportaje
se les ha proporcionado el beneficio del off the record, mediante el cual entregan
información relevante de su caso o testimonio a cambio de no revelar mayores
antecedentes personales.
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Identidad protegida al descubierto
María (31) no podrá olvidar fácilmente la tarde del 25 de julio de 2013. Regresaba a su
casa desde su trabajo como secretaria en el centro de la capital y al descender del bus del
Transantiago, en el paradero de Avenida Providencia con Avenida Salvador, fue asaltada
y amenazada con un cuchillo por un sujeto.
“Me quitó mi cartera y mi teléfono celular porque iba hablando, alcancé a darme vuelta
y ver a la persona en el forcejeo, ahí le pude ver la cara”, relata María.
Por segundos, delincuente y víctima se miraron fijamente. El tiempo necesario como
para identificarlo cuando el delincuente fue detenido por Carabineros en un control de
identidad horas más tarde, ante una denuncia anónima de un vecino que lo vio rondando
en actitudes sospechosas por el barrio.
El fiscal a cargo de su caso le dijo que el delincuente tenía un amplio prontuario policial
y que si ella colaboraba con su declaración en el juicio, el antisocial pasaría varios meses
tras las rejas. Ante la dubitativa actitud de María por querer colaborar con la causa, el
fiscal le prometió que durante el juicio le asignaría una caracterización para ocultar su
identidad, terminando de convencerla para que participara del proceso penal.
“Uno queda totalmente irreconocible y eso me dio un poco de seguridad de que no era
tan terrible estar a unos metros delante de la persona que me asaltó (…) Y te convence
un poco el esfuerzo que hace el fiscal por sacar adelante los casos, motivar a los testigos
y por conseguir las pruebas. Al final da lata que uno no ponga de su parte y que todos
estos gallos que roban queden libres porque siguen haciendo siempre lo mismo”,
aseguró la testigo.
En la jornada del juicio contra el delincuente que asaltó a María, la testigo utilizó una
peluca y fue maquillada por los funcionarios del Ministerio Público. Fue llamada a la
sala por el juez para entregar su declaración de los hechos y, al momento de pararse en
el estrado, el magistrado le solicitó su nombre completo y su R.U.T. Ante la atónita
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mirada de María al fiscal y la urgencia de la pregunta del juez, no le quedo otra opción
que revelar su identidad.
“Uno va con miedo. Te resguardan tu identidad visual, pero al minuto que estás ahí igual
tienes que revelar tus datos, decirlo en voz alta delante del asaltante que está ahí, su
familia que está atrás y quizás la banda (…) Hay como una supuesta promesa de
protección de la identidad que te dan pero que en el momento del juicio se va todo a piso
porque igual estás obligado a entregar tus datos”, reflexiona María.
El Ministerio Público tiene la obligación de prestar protección a todo testigo que
colabore con la justicia. Es un derecho constitucional. Ante casos graves debe justificar
que existe un riesgo para la integridad física de la víctima para así, por ejemplo,
mantener en reserva sus datos e incluso darle resguardo después del juicio.
Desde ese entonces la testigo supuestamente protegida del caso enfrenta el miedo a una
posible represalia. El hombre que la asaltó veía cómo ella lo acusaba y sabía que su
testimonio sería el principal medio de prueba. María asegura y tiene la convicción de
que en caso de que vuelva a sufrir una situación de este tipo, prefiere no declarar el
incidente y no poner en riesgo su integridad.
“Yo me plantee mucho ir o no. Me pregunté: ¿Vale la pena exponer mi identidad y mi
persona por un teléfono y una cartera? (…) No es opcional que uno pueda ir a declarar o
no, es un deber”, atestigua la testigo del caso.
Francisco García es abogado de la Universidad Católica y hace tres años que trabaja en
la Defensoría Penal Pública. Ahí ejerce el cargo de jefe del Departamento de Estudios,
unidad que asesora directamente al Defensor Nacional, Georgy Schubert, en materias de
estrategia para el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de la defensa.
En septiembre se solicitó una entrevista con el señor Schubert la cual, al cabo de tres
meses, no fue aceptada.
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Esta institución fue creada en el 2001, bajo el marco de la Reforma Procesal Penal para
proporcionar defensa penal a los imputados que carezcan de abogado, asegurando de
esta manera el derecho de atención por un letrado y el debido proceso en el juicio penal.
Para el funcionario de la Defensoría Nacional la situación es clara. Sin identidad se
limita el derecho de defensa del acusado.
García sostiene, según el Código Procesal Penal, que la defensa del imputado tiene
derecho a conocer los testigos que va a presentar la Fiscalía, puesto que si no se produce
una descompensación en la balanza penal.
“El problema con un testigo sin identidad es que no sabemos quién declara. Y no
sabemos si podemos darle credibilidad a su testimonio, no sabemos si se trata de una
persona que ha sido condenada ya por delitos, si se trata de un delincuente habitual, si lo
mueven razones de venganza (…) Si es que no existe ese equilibrio entre la necesidad de
proteger al testigo y los derechos de defensa, entonces personas inocentes pueden ser
condenadas”, aclara el jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal
Pública.
Tras la Reforma Procesal Penal, la creación de la Defensoría Penal Pública ha logrado
equiparar los derechos del imputado con los del testigo al momento del juicio. Previo a
la reestructuración de la Justicia Penal, en Chile sólo existían 79 jueces del crimen para
todo el país. Ellos eran los encargados de investigar, de acusar y luego juzgar; acciones
contrapuestas que no entregaban condiciones objetivas de imparcialidad, dejando en un
segundo plano la defensa del imputado.
Para el jefe del Departamento de Estudios, dos son los derechos de la Defensoría en un
proceso penal que permiten compensar la defensa con la acusación.
“La transparencia durante la investigación, es decir, aplicar el legítimo derecho a
conocer los procesos de la investigación por parte de la Defensoría. Saber a quiénes, por
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qué y cuándo se está investigando (…) Y conocer a los testigos que propone la Fiscalía,
porque si no, se vulneran los derechos fundamentales del imputado”, asegura García.
En contraposición a la versión del funcionario de la Defensoría, se encuentra la de Pedro
Bueno, quien es el director ejecutivo nacional del Ministerio Público. Bueno es abogado
de la Universidad de Chile y entró a trabajar el 2002 a la Fiscalía Nacional, es uno de los
pioneros en la institución y ha trabajado por más de 20 años en la administración
pública. En el 2007 fue nombrado por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, como la
máxima autoridad administrativa del Ministerio Público. En septiembre se solicitó una
entrevista con el señor Chahuán la cual, al cabo de tres meses, no tuvo respuesta por
parte del ente persecutor.
Bueno considera que la entrega de información por parte del ente persecutor a la
Defensoría en ambos procesos judiciales, tanto en la investigación como en el juicio, no
afecta ni altera los derechos del imputado. La autoridad de la Fiscalía equipara el valor
de una prueba testimonial con la reserva de identidad del testigo y con cualquier otra
información requerida por la defensa.
“La prueba testimonial, sin conocer la identidad o el registro de antecedentes, queda
sujeta a las mismas reglas de cualquier prueba testimonial. Pueden ejercerse los mismos
derechos prácticamente por parte del defensor, por lo cual, yo no veo la lesión o eventual
lesión que señala el defensor a la práctica o uso, que además es bastante limitado, de
mantener en reserva la identidad de los testigos”, refuta el director ejecutivo nacional del
Ministerio Público.
Un conflicto que lleva instaurado ya 13 años en nuestro sistema penal y que apela
directamente a la interpretación que puede tener el tribunal en el día de la audiencia
sobre si es necesario revelar o no la identidad protegida de un testigo.
Eduardo Gallardo es abogado de la Universidad de la República y se desempeña hace 12
años como juez del 13º Juzgado de Garantía de Santiago, además es vocero nacional de
la Asociación de Magistrados. En su carrera profesional ha impartido diversos cursos en
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universidades y charlas de perfeccionamiento a los funcionarios del Poder Judicial en
materias de la Reforma Procesal Penal.
El magistrado explica que el Código Procesal Penal sólo permite la reserva del
domicilio, sin embargo, la identidad no se puede omitir. Aparente incoherencia de un
sistema que tiene la obligación de proteger a víctimas y testigos, pero también garantizar
el derecho a defensa.
“Sólo en casos extremadamente excepcionales, como son el caso de la Ley de Drogas,
que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, y además el caso de la Ley
Antiterrorista, muy excepcionalmente, los testigos pueden quedar sometidos a una
reserva de identidad, vale decir, se puede impedir la individualización del testigo”,
aclara el juez Gallardo (ver recuadro 2).
Para María, sin embargo, el hecho de no calificar en ninguna de las dos excepciones de
la reserva de identidad por ser un delito de menor gravedad según el tribunal, fue una
experiencia que la traumó y que no desea volver a vivir.
“Tuve temor y me sentí vulnerada nuevamente, quedé a disposición de lo que fuera a
hacer el asaltante o su familia (…) Acá no se está resguardando a la víctima, no se está
resguardando a nadie, se le está facilitando la información a los imputados”, reclama
María.
Aquellos testigos que denuncian actos ilícitos que no tengan un alto grado penal y que
simplemente no califiquen en los dos casos excepcionales, arriesgan a exponer su
identidad y con ello su integridad física durante el proceso penal. En Chile aún nadie ha
muerto por ser testigo protegido, pero la amenaza existe y la línea entre la agresión y el
homicidio es muy delgada.
La madrugada del primero de enero de 2013, Diego (17) estudiante de un liceo técnico
en la comuna de Santiago, asistió con un amigo a la fiesta de año nuevo en la Torre
Entel. Cerca de las tres de la mañana, hora indicada por sus padres para regresar a casa,
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fue testigo de una brutal golpiza a un joven por un grupo de tres individuos en la esquina
de Lord Cochrane con Alameda.
Diego dio alerta a un retén móvil de Carabineros que estaba estacionado a una cuadra
del suceso y los agresores fueron detenidos, mientras que la víctima tuvo que ser
trasladada en ambulancia a la Posta Central debido a sus lesiones. El fiscal de turno,
cuando se hizo presente en el lugar de los hechos, le solicitó al adolescente que entregara
su declaración en el proceso judicial ya que no existían otros testigos oculares del delito.
Ante la petición del fiscal y bajo la promesa de que lo caracterizarían durante el juicio
por ser menor de edad, Diego no dudo en colaborar. La audiencia en contra de los
imputados por la golpiza al joven durante la madrugada del primero de enero se inició el
11 de marzo. Aquel día, el testigo protegido entró disfrazado a la sala y prestó
declaración tras un biombo sin pasar mayores complicaciones. Hasta que ocurrió lo
impensado.
“Cuatro días después de declarar en el juicio voy llegando a mi casa después del liceo,
estoy a punto de abrir la reja y un tipo, que estaba fumando en la vereda del frente,
cuando entré al pasaje, me agarró y me puso un cuchillo en la espalda (…) Le quise
entregar todo lo que tenía pero me dijo que me quedara callado y que no volviera a
declarar en el juicio. Quede en shock, no le vi ni la cara.”, revela Diego.
Por alguna razón, los imputados tuvieron acceso a la denuncia presentada en su contra,
documento donde aparecía nombre, R.U.T. dirección y teléfono del supuesto testigo
protegido del caso. Este último y su apoderado se negaron a seguir colaborando con el
fiscal en el juicio por miedo a represalias y denuncian que, posterior a la amenaza, no se
le asignaron medidas de protección policial. Diego nunca más volvió a ser intimidado.
“Yo salí esa noche con ganas de pasarlo bien y me tocó presenciar esta golpiza. Quise
ayudar y colaborar con la justicia pero terminé yo siendo el más afectado (…) Han
pasado siete meses desde que me amenazaron y todos los días que voy al liceo salgo con
un miedo terrible de la casa”, declara el joven estudiante.
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En el caso de Diego, García considera que el fiscal exageró al solicitar la figura del
testigo protegido arriesgando la integridad del menor de edad, puesto que podría haber
probado de otra manera la implicancia de los imputados en el delito. A su vez, señala
que el Ministerio Público muchas veces se ensaña con inculpar a un imputado
vulnerando los derechos de su defensa.
“El testigo sin identidad se utiliza a veces de manera muy amplia e incluso en casos
donde no está acreditado que existe un riesgo para la integridad física. También hay
ocasiones en las cuales los delitos no son realmente graves y se podrían probar de otra
forma”, explica el jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública.
El Ministerio Público, por su parte, advierte que ellos velan por la seguridad de la
víctima y el testigo por muy mínimo que sea el delito cometido en su contra, y aseguran
que el resguardo de la identidad de quien declara o hace la denuncia es parte de las
facultades que posee la Fiscalía durante el proceso penal.
“Nosotros somos súper rigurosos en solicitar la mantención del secreto de la identidad
de cualquier testigo o víctima. Puede ser un delito de poca entidad pero, por las
circunstancias específicas de la persona, del denunciante o del testigo, hay que tomar
medidas de seguridad que van a este nivel y no apuntando simplemente a la gravedad del
delito”, defiende la máxima autoridad administrativa del Ministerio Público.
Tanto García como Bueno, uno como defensor y el otro como acusador, ambos
funcionarios dentro del mismo sistema penal, difieren en la interpretación y aplicación
del testigo sin identidad. Una diferencia de criterio que se ve reflejada en la única
víctima del sistema: El testigo. Un testigo que queda en un limbo penal, al amparo de
que el juez tome una decisión lo más criteriosa posible.
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Araucanía en llamas
Juan (66) nació y vivió toda su vida en la comuna de Ercilla, en la región de la
Araucanía. Sus padres y, posteriormente, él y sus cinco hermanos no conocen otra fuente
laboral que el trabajo de la tierra y la crianza de ganado. Enviudó hace una década y
producto de ese matrimonio tuvo dos hijos varones, ambos viven en Temuco junto a sus
familias. Su única compañía son sus vecinos y sus animales.
En julio de 2010, su fundo de 10 hectáreas, fue asaltado durante la noche por un grupo
de individuos quienes le robaron 13 vacas de las 21 que tenía pastando en un corral.
Además, le dejaron afiches con consignas de la recuperación de tierras por parte del
pueblo mapuche. Juan reconoce que anteriormente había sido víctima de quema de
pastizales al interior de su propiedad y que había repelido los ataques a punta de
escopetazos.
Bajo la presión de sus hijos y vecinos, se armó de valor y decidió hacer la denuncia a la
Fiscalía Local de Collipulli. Allí, el fiscal le sugirió incluir su testimonio para reforzar
las pruebas en contra de comuneros mapuches que estaban en proceso de investigación y
que tenían antecedentes comunes al delito perpetrado a Juan: El robo de ganado y la
entrega de volantes alusivos a la reivindicación de tierras en la comuna de Ercilla. A
Juan se le asignaron medidas de protección durante el proceso judicial que constaban de
rondas periódicas de carabineros y un celular de emergencias, además le aseguraron
caracterizarlo en el tribunal.
El día de la audiencia, el juez de garantía exigió a la Fiscalía entregar su identidad a la
defensa de los imputados. Nuevamente, los antecedentes de un testigo protegido eran
revelados ante el público presente, pero eso no fue lo peor, ya que días después del
juicio su nombre apareció en medios electrónicos regionales. Desde entonces, cuenta
con protección policial ante las amenazas de muerte en su contra.
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“Buscaba mejorar las cosas para que esta cuestión parara, pero no fue así, fue peor.
Después, algunos testigos protegidos han sido víctimas de quema de casas y robo de
animales ahí en la comuna de Ercilla”, relata Juan.
Según las estadísticas anuales de la Fiscalía Regional de la Araucanía, en 2012 hubo 299
denuncias vinculadas al conflicto mapuche, un 77% más respecto de 2011, cuando se
registraron 169. Esto trae consigo que, en esta región, se utilizaron 272 testigos
protegidos en procesos judiciales amparados bajo el Ministerio Público durante el año
pasado. En estas denuncias, se detectó que se cometieron 355 delitos: Amenazas,
usurpaciones, robos violentos, incendios de vehículos y viviendas.
Durante el período 2008 - 2012 se ha acumulado un total de 842 investigaciones por este
tipo de delitos, donde se han pesquisado más de 1.000 ilícitos. En el desglose
corresponden a 165 incendios, 201 usurpaciones de inmuebles, 152 delitos de daños y
130 amenazas.
En septiembre de 2010, dos meses después de que se revelara la identidad de Juan como
testigo protegido, varios sujetos intentaron entrar al domicilio de éste, mientras dormía.
Alertado por los reiterados golpes a la puerta principal de la casa, el testigo protegido
agarró su escopeta con el fin de defenderse.
Al cabo de unos minutos de forcejeo e insultos en la entrada de la casa, Juan recibió por
parte de uno de los atacantes un escopetazo de perdigones en su pierna izquierda. No
recuerda nada más hasta que despertó en el hospital San Agustín de Collipulli.
“Antes hubo varios atentados en mi contra pero no pudieron hacerlo porque yo me
defendía a escopetazos. Así hasta que me pillaron descuidado, ellos vinieron con la
intención de matarme pero me pegaron en la pierna”, recuerda el testigo de la Fiscalía.
Según dice, los balazos son represalias por su declaración en contra de quienes eran
acusados del delito de robo animal en la Araucanía. Desde ese entonces, ha debido ser
dos veces reubicado. La primera vez le quemaron la casa asignada por el Ministerio
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Público en el Fundo Centenario (comuna de Ercilla) durante un fin de semana que se
encontraba en Temuco. La segunda vez, el fiscal solicitó trasladarlo fuera de la
Araucanía y la Fiscalía accedió.
Cristián Paredes es abogado de la Universidad de Chile y desde agosto de 2013 es el
Fiscal Regional de la Araucanía. En el 2012 fue distinguido por Sabas Chahuán como el
fiscal más destacado de la región de la Araucanía por su labor como Fiscal Adjunto en
Temuco. En el ámbito docente, desde el 2007 ejerce como Profesor Titular de Derecho
Penal en la Universidad Autónoma de Chile, en su sede de Temuco.
Paredes reconoce que la situación del conflicto mapuche en la región de la Araucanía, ha
tomado una connotación especial por ser una situación procesal única en Chile, tanto por
la realidad de las comunidades indígenas como por los procesos investigativos de los
fiscales y las policías.
“Los mapuches que están siendo perseguidos por delitos que cometieron, viven en
lugares cerrados donde cuesta mucho poder ingresar para poder sacar la información (...)
Desde el punto de vista de las policías no es llegar y observar como civil en una calle, la
comunidad mapuche protege a los suyos, son cómplices entre ellos, por lo tanto, las
investigaciones son mucho más complejas”, revela el Fiscal Regional de la Araucanía.
Según el persecutor, durante el año pasado 73 personas fueron formalizadas, de las
cuales sólo se lograron sentencias condenatorias en contra de 24 acusados. Actualmente,
hay 44 imputados en ocho investigaciones, cuatro de las cuales datan de 2010 y aún
están en trámite.
Estos deficientes números están justificados, según Paredes, por el bajo compromiso de
la ciudadanía en querer colaborar con el Ministerio Público y por un factor psicológico
como es el miedo. El Fiscal Regional considera que debería existir, por lo menos, el
doble de testigos protegidos por causas relacionada al conflicto mapuche. La realidad es
un número muy inferior.
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“El problema acá en la Araucanía es que mucha gente se escuda bajo el argumento del
temor, pero lo que en realidad busca es tratar de no participar del proceso. Es muy fácil
reclamar desde el punto de vista de la ciudadanía por mayores medidas de protección
pero es súper difícil si la misma ciudadanía no colabora en las investigaciones”,
demanda la máxima autoridad regional de la Fiscalía.
Respaldando la versión de Paredes, la gerente de la División de Víctimas y Testigos de
la Fiscalía Nacional, Marcela Neira, reconoce que atreverse a declarar como testigo
protegido implica un grado de valentía pero, a su vez, asegura que el Ministerio Público
posee todas las garantías necesarias para entregar un servicio de calidad a quienes
declaran bajo su protección.
“Si una persona no quiere participar en un juicio porque se siente insegura, porque se
siente intimidada por una situación ‘x’ de riesgo, los mayores interesados en otorgar una
medida de protección efectiva vamos a ser nosotros”, certifica la funcionaria de la
Fiscalía.
Francisco García de la Defensoría Penal Pública, coincide con la evaluación del Fiscal
Regional de la Araucanía en considerar que la realidad regional, por el conflicto
mapuche, no tiene parangón a nivel nacional y plantea que en las pequeñas localidades,
donde todos los habitantes se conocen, es más complicado el uso de testigos por el
riesgo de conocer su identidad.
“Particularmente, ahí parece haber sido un sistema muy poco efectivo porque todo el
mundo conoce la identidad de la persona que está declarando. Por eso es necesario
buscar otras vías para que las personas están dispuestas a declarar en un juicio, reciban
protección del Estado pero, a tal punto, que se pueda ejercer la defensa”, explica el
funcionario de la Defensoría.
Juan hoy lleva viviendo dos años solo. Alejado de sus hijos y nietos reside en una
pequeña casa fiscal en la comuna de La Granja en la región Metropolitana.
Mensualmente recibe un aporte económico del Ministerio Público por $300.000 pesos
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para sus gastos personales y ya no requiere del resguardo policial. Extraña su tierra, sus
animales y su trabajo. Con angustia recuerda los hechos sucedidos aquella fatídica
jornada y aún lo invade el miedo de atestiguar nuevamente en el caso.
“Yo tuve un atentado en mi contra y eso ¿quién me lo paga a mí? Fue mi propia gente la
que me dio este atentado y tengo ese temor de hablar más. Miedo. A mí me balearon con
un escopetazo”, reflexiona Juan.
Chile, acérquese al estrado
Por su pertenencia a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Estado chileno
está suscrito a convenciones en materia de protección a víctimas y testigos. El 16 de
febrero de 2005, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo promulgatorio de la
Convención de Palermo.
El artículo 24 de este tratado internacional se refiere a la Protección de los Testigos,
formulando una serie de indicaciones que los Estados deben considerar al momento de
regular esta materia, con la finalidad de asegurar su integridad física, como son: La
utilización de la medida de reubicación, la prohibición total o parcial de revelar
información relativa a la identidad y paradero del testigo protegido, todo ello sin
perjuicio de los derechos del imputado o acusado. En su artículo 25 sobre Asistencia y
Protección a las Víctimas del proceso penal, también realiza indicaciones relativas al
resguardo de estos sujetos procesales.
En julio de 2013 visitó Chile el Relator Especial de la ONU, Ben Emmerson. El
funcionario del organismo internacional vino con la específica misión de analizar la
aplicación de esta Convención en nuestro sistema procesal penal. Su informe sobre las
prácticas que se ejecutan en nuestro país arrojó resultados preocupantes.
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Emmerson revela en su acta que ambos artículos de la Convención de Palermo han sido
violados por el Estado chileno y hace especial hincapié en el uso de los testigos
protegidos en el conflicto mapuche.
“El uso de testigos protegidos como base única y decisiva para una condena ha sido
usual en los juicios del conflicto mapuche; y no existe obligación específica para el
fiscal de investigar o divulgar hechos que menoscaben la credibilidad del testigo (más
allá del usual principio de objetividad). Existe, por tanto, un riesgo obvio de injusticia
procesal, el cual conlleva la sombra de un error judicial en relación a la condición de
desprotección de los testigos”, revela Ben Emmerson.
Sobre el proceso judicial que se practica en nuestro país, el funcionario de la ONU exige
mayores y prontas reformas al Código Procesal Penal de tal forma que se alineen a los
parámetros exigidos por las Naciones Unidas.
“La ley internacional requiere que las diferencias de un procedimiento acusatorio
público y pleno se debieran mantener al mínimo, la anonimidad se debiera justificar
clara y específicamente mediante la necesidad de proteger la seguridad física del testigo
contra las represalias; y que la injusticia resultante contra el imputado se deba
contrarrestar mediante garantías procesales que aún no se adhieren al Código Procesal
Penal chileno”, demanda el Relator de la ONU.
Ante las críticas de Ben Emmerson, el Fiscal Regional de la Araucanía, Cristián Paredes,
reconoce que a la Fiscalía le ha “llovido sobre mojado” por el uso de los testigos
protegidos en las causas mapuches y defiende los derechos del Ministerio Público
exigiendo modificaciones al marco legal vigente.
“En el conflicto mapuche se requieren medidas de protección que tengan algún grado de
vinculación con el tribunal, ya que cuando tenemos la posibilidad para que se declare
detrás de un biombo o bajo circuito cerrado, yo no le puedo asegurar a una víctima al
100% que va a ocurrir así, porque siempre estoy sujeto a la posibilidad de que el tribunal
lo rechace (…) Si el ente acusador no logra romper esta barrera de la presunción de
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inocencia, siempre el tribunal frente a la duda va a absolver”, sugiere la máxima
autoridad regional del Ministerio Público.
El juez Eduardo Gallardo del 13º Juzgado de Garantía de Santiago, considera que las
conclusiones del Relator Especial de la ONU deben ser analizadas por las autoridades
pertinentes y enfatiza que, en caso de no producir modificaciones a las críticas y
acotaciones de Emmerson, Chile puede arriesgar penas que signifiquen, incluso, la
salida de organismos internacionales de derechos humanos.
“El caso chileno hoy está tremendamente cuestionado en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por el uso de los testigos reservados en la Ley Antiterrorista (…) Se
pueden establecer indemnizaciones e incluso mandatos que impliquen que la legislación
chilena tenga que adaptarse a los estándares internacionales en materia de derechos
fundamentales”, advierte el magistrado Gallardo.
Ante esta latente amenaza internacional que acecha al Programa de Víctimas y Testigos
de la Fiscalía y las constantes críticas que reciben por el uso de testigos con identidad
reservada en casos que no lo ameritan, García asegura que la Defensoría nunca presenta
un testigo si la persona se siente amenazada o corre peligro. Una afirmación que pone en
tela de juicio la verdadera utilización de esta figura legal en los procesos judiciales.
“Hay que sopesar si, efectivamente, una persona es puesta en riesgo y el Estado no es
capaz de darle protección. Entonces, hay que hacer un análisis si vale la pena seguir
adelante con esa investigación o juicio poniendo en riesgo al individuo o, en algunos
casos, no presentar esa prueba y tratar que se siga adelante sin poner en riesgo la vida o
integridad física de alguien que es inocente”, argumenta Francisco García, jefe del
Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública.
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The Chilean Way
Una vez implementada la Reforma Procesal Penal en Chile, el Ministerio Público para
asentar los cimientos de su programa estrella de Protección a Víctimas y Testigos,
intentó basarse en el Sistema Federal de Protección de Testigos norteamericano (Federal
Witness Protection Program).
Este mecanismo fue creado en los años ‘70 en Estados Unidos con el fin de combatir el
crimen organizado. El ojo estaba puesto en las grandes familias ítalo-americanas que
tenían sus negocios matrices en la costa Este, en la ciudad portuaria de Nueva York, que
facilitaba el contrabando de especies.
Para el juez Eduardo Gallardo, quien realizó sus estudios primarios en los Estados
Unidos, el Sistema Federal de Protección de Testigos revolucionó en todo el mundo la
forma de proteger a los testigos.
“Lo que hace el Witness Protection Program es crear incentivos para que los testigos
puedan declarar pero sobre la base de entregarles protección y resguardo no durante el
juicio, si no una vez finalizado éste y de por vida. Hay casos emblemáticos como el de
Salvatore Gravano que entregó un mafioso famoso en los Estados Unidos en los años
‘90 a John Gotti (…) Este señor nació de nuevo, tiene otro rostro, tiene otro trabajo”,
señala el juez del 13º Juzgado de Garantía de Santiago.
Se calcula que gracias a este programa más de 17.000 personas han recibido una nueva
identidad y no sólo eso, también una nueva vida. Unos 7.500 testigos y 9.600 miembros
del crimen organizado han sido relocalizados desde los años ‘70. En Chile, el cambio de
identidad está legislado para testigos de causas enmarcadas en la Ley de Drogas, pero
nunca se ha podido aplicar porque hace falta que el Ministerio de Justicia elabore un
reglamento para que lo ejecute el Registro Civil.
El vocero nacional de la Asociación de Magistrados tiene una visión ácida y crítica
sobre el Programa de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Él considera que los
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recursos entregados por el Estado son insuficientes para hacer sostenible el sistema y,
además, con lo poco que hay, se invierte mal.
“Los recursos que el Estado invierte en la protección de los testigos, con posterioridad
del caso, son bastante escasos. Nuestro crimen organizado tampoco es tan sofisticado en
comparación a entidades de otros países y, por último, siempre es más barato y más
rápido recortar ahí donde están las garantías. Eso es gratis. Lesionar o debilitar el
derecho de defensa, que invertir plata en serio en la protección de los testigos”, alega la
autoridad pública.
Pablo Larredonda es abogado y ex fiscal de la Unidad de Robos de la Fiscalía Oriente.
Dejó el Ministerio Público el 2011, en el cual se desempeñó por cinco años en la
persecución e investigación del crimen organizado en la Región Metropolitana. Para el
ex fiscal, el Programa de Víctimas y Testigos implementado por el Estado de Chile tiene
serios problemas estructurales en su génesis.
Al igual que el magistrado Gallardo, Larredonda considera que los recursos invertidos
no son suficientes para entregar un resguardo efectivo y de calidad a los testigos. A su
vez, critica que hoy, a 13 años de la implementación de la Reforma Procesal Penal, no
exista una vía para garantizar inmunidad a los delincuentes como sucede en el sistema
norteamericano.
“¿Se poseen los recursos suficientes para poder cambiar de trabajo a una persona? ¿Para
poder cambiar la vida completa de una familia y trasladarla a otra región? ¿Para ponerle
una casa, un trabajo, una identidad nueva? Me parece que todavía no estamos en esa
realidad”, ejemplifica el ex fiscal.
Marcela, quien denunció a una banda de narcotraficantes en la comuna de La Pintana,
fue trasladada a un hotel en Recoleta. Ahí la mantuvo el Ministerio Público junto con su
familia mientras duró el proceso judicial y porque, a su vez, la DAVT tramitaba un
subsidio habitacional para que la mujer pudiera optar a una nueva vivienda en otra
comuna de la capital. Pero algo salió mal.
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La testigo protegida del caso había adquirido su casa de La Pintana en el 2009 a través
de un subsidio estatal. Cuando la DAVT intentó reubicarla y se enteró de que el
beneficio ya había sido utilizado anteriormente por Marcela, su caso cayó en un vacío
legal.
Marcela Neira de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, reconoce
que aún no se han creado las normativas necesarias para este tipo de casos, cuestiona a la
cartera de Justicia por no darle prioridad a la creación de estos reglamentos y declara que
ese tema propiamente tal, ya no está en sus manos.
“No hay normativas que también vinculen a los servicios asociados en esas temáticas
para que, en definitiva, se cuadren con las medidas de protección que entrega el
Ministerio Público (…) Nos pasa con las viviendas que son asignadas mediante
subsidios, el permutar una vivienda de ese tipo por una medida de protección no está
contemplado legalmente”, reconoce Neira.
Marcela, la testigo protegida, sufrió y desveló la falta de rigurosidad en la entrega de los
servicios asociados y las descoordinaciones entre el Ministerio Público y el Ministerio
de Justicia. Un sistema que intentó simular al programa de testigos norteamericano, pero
que no cuenta con la misma realidad financiera y jurídica para copiarlo. El programa que
se veía tan viable a comienzos del 2000, hoy se encuentra a años luz.
“Aquí, en este país, no hay una denuncia segura, porque la denuncia segura se queda
después en el olvido. Te sacan del lugar y una se siente utilizada como ciudadana,
tenemos los mismos derechos a vivir dignamente. Pero yo ahora no vivo dignamente,
ahora me van a echar a la calle”, reflexiona Marcela.
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Soluciones “des-protegidas”
Ante los cuestionamientos de la ONU por las malas prácticas en el uso de los testigos
protegidos, las críticas al interior del sistema por funcionarios estatales y las promesas
incumplidas que denuncian las víctimas durante el proceso judicial, el Programa de
Víctimas y Testigos queda en una posición muy delicada de cara a su continuidad en el
futuro.
La Fiscalía está consciente de que todos los dardos apuntan a la gestión y administración
de la DAVT, pero exigen que el Estado se comprometa no sólo con mayores recursos,
sino que con la incorporación de políticas públicas en materia de protección a testigos.
Y, de esta forma, tratar de elevar los estándares de calidad tanto para las víctimas como
para los imputados.
“Falta una política de Estado en materia de protección, porque efectivamente el
Ministerio Público tiene la obligación de resguardar a las víctimas y testigos durante su
paso por el proceso penal, pero las medidas de seguridad no se pueden agotar en los
términos del proceso solamente, sino que éstas tienen que continuar en el tiempo”,
reflexiona Marcela Neira, gerente de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía
Nacional.
El director ejecutivo nacional del Ministerio Público, Pedro Bueno, se suma a las
palabras de su subordinada y considera que la reflexión final siempre debe ser ponderar,
al momento del juicio, los derechos de los testigos por sobre los del imputado.
“El Estado como tal y todas las entidades que están involucradas en esta materia, deben
avanzar mucho en desarrollar mejores y mayores medidas de protección a víctimas y
testigos. Ahora, frente a la eventual afectación de los derechos de los imputados versus
la protección de víctimas y testigos, creo que siempre debemos optar por la protección
de víctimas y testigos”, analiza el funcionario del Ministerio Público.
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En la Defensoría Penal Pública coinciden en que el Estado debe asumir un mayor
protagonismo a la hora de invertir recursos, pero ellos apuntan a que el sistema de
protección de testigos debe modificarse. Consideran que los criterios para elegir a
quienes se utilizarán al momento de entregar declaración en el juicio, debieran
reformarse.
“La simple protección y ocultamiento de la identidad como medida de protección ha
demostrado no ser suficiente y no ser un buen mecanismo (…) Deberían establecerse
nuevos elementos sobre cómo elegir a esas personas para que no sufran atentados contra
su integridad y amenazas, pero eso no puede impedir que al momento del juicio existan
herramientas para que una persona se pueda defender”, concluye el jefe del
Departamento de Estudios de la Defensoría.
Para el ex funcionario del Ministerio Público, Pablo Larredonda, mirar al sistema desde
afuera le ha permitido reflexionar y agudizar sus críticas sobre el Programa de Víctimas
y Testigos. El ex fiscal comparte criterios con la Defensoría Penal Pública en términos
de mejorar los parámetros de selección al momento de elegir los testigos, pero sus
recomendaciones apuntan a regular en qué momentos el tribunal decide revelar o no la
identidad del testigo.
“Hay que establecer parámetros más objetivos al momento que el tribunal tenga que
resolver el mantener una identidad reservada. Porque los casos graves y calificados que
contiene el Código Procesal Penal siempre van a quedar al arbitrio del tribunal (…) Hay
fiscales que se han enfrentado a esa situación y han debido optar por no presentar
testigos”, considera Larredonda.
Mientras se espera que las autoridades tomen medidas y se comprometan con hacer
modificaciones al sistema, las víctimas continuarán apenas cobijados bajo el feble
paraguas de las medidas de protección. Son 82.782 las personas que han denunciado
ilícitos en la Fiscalía durante el último año, una cifra que sigue en aumento y la cual
nadie está libre de engrosar.
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Infografía 1
Infografía 2
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