tesis: participaciÓn social y gÉnero en programas de …
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y GÉNERO EN PROGRAMAS DE APOYO CONDICIONADO CONTRA LA POBREZA
TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRA EN TRABAJO SOCIAL
PRESENTA:
VIRGINA ELIZABETH GARCÍA SÁNCHEZ
TUTORA:
DRA. JUANA E. SUÁREZ CONEJERO
Ciudad Universitaria, diciembre de 2016
UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
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Agradecimientos El agradecimiento, a alguien escuché decir que es la memoria del corazón, lo
comparto. Quiero agradecer por ayudarme a crecer con este esfuerzo, sin duda:
A la Dra. Juanita Suárez Conejero, no sólo por su generosidad y calidad
académica, su guía, estímulo y paciencia invencibles, además, indiscutiblemente,
por su congruencia en la vida cotidiana.
Al Dr. Francisco Calzada Lemus, ante todo por la confianza, y después, por
compartir las inquietudes, pero también la visión más prometedora y realista que
conozco del trabajo social, su ánimo para perseverar es un ejemplo cotidiano.
Y al espíritu de las letras:
De hecho las mujeres continuamos ocupando un lugar de confinamiento y ninguno
de los esfuerzos aislados de algunos casos excepcionales en las artes, en las
ciencias y aun en la política, han sido suficientes para modificar los estamentos
sociales, para poner en crisis los tabúes establecidos, para asumir una posición de
dignidad humana
Rosario Castellanos
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Índice
Introducción ............................................................................................................. 5
CAPÍTULO 1 ......................................................................................................... 12
Género y vida cotidiana ......................................................................................... 12
1.1. Vida cotidiana: espacio de subjetividad e intersubjetividad ........................ 12
1.2 Heterogeneidad de la vida cotidiana y pensamiento cotidiano .................... 20
1.3 Vida cotidiana y socialconformismo: ¿construcción de sujetos sociales o de
operadores sistémicos? ..................................................................................... 23
1.4. Género y estructuración de la vida cotidiana .............................................. 29
CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 34
Género y desarrollo: relación ineludible frente a la desigualdad entre mujeres y
hombres ................................................................................................................ 34
2.1. El desarrollo: aproximaciones conceptuales ............................................... 34
2.2. Género y desarrollo ................................................................................. 39
CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 46
La intervención social del Estado: la política social en la vida cotidiana y en la
igualdad de género ................................................................................................ 46
3.1. Las políticas sociales como respuesta a necesidades y problemas sociales
........................................................................................................................... 46
3.2. Enfoques de la política social en América Latina ........................................ 50
3.3. La política social como intervención social ................................................. 56
3.4. La política social de atención a la pobreza en México: el Programa Progresa
- Oportunidades - Prospera ............................................................................... 59
4
CAPÍTULO 4 ......................................................................................................... 75
La participación en política social: medio y fin de la intervención en trabajo social
.............................................................................................................................. 75
4.1. Perspectivas teóricas de la participación .................................................... 75
4.2. Participación en la política social ................................................................ 78
4.3. Participación e intervención social: binomio inherente al trabajo social ...... 79
CAPÍTULO 5 ......................................................................................................... 87
Articulando el trabajo social científico y la intervención social de los programas
sociales ................................................................................................................. 87
5.1. Un modelo de análisis integrador ............................................................... 87
5.2. Una tipología de la participación social con perspectiva de género .......... 107
CAPÍTULO 6 ....................................................................................................... 128
A modo de conclusiones: elementos para la intervención social en la vida cotidiana
con igualdad de género desde el trabajo social científico ................................... 128
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 135
5
Introducción
“…Son el Estado y la sociedad los que proporcionan las herramientas y los
contextos de nuestra autoría: si bien es posible que nosotros configuremos
nuestro propio yo, son otros los que configuran nuestra configuración. Y
entonces, si el Estado no puede sino influir en nuestra alma, es justo que nos
preguntemos cómo lo hace y cómo debe hacerlo”
La ética de la identidad Kwame Anthony Appiah
La participación cotidiana de las mujeres como beneficiarias de la política social
supone implicaciones en procesos tendientes a lograr la igualdad de género. Esta
premisa ha conducido a investigar, en este trabajo, acerca de la manera en que se
concreta la relación Estado-Sociedad en el contexto actual de México, revisar
cómo ocurre la intervención pública cotidiana de los programas sociales hacia los
grupos sociales, en correspondencia a una determinada visión de desarrollo, y de
qué forma opera la política frente a necesidades y problemas sociales, con el
propósito mayor de integrar herramientas teórico metodológicas que posibiliten
articular la intervención del trabajo social y su producción científica, con la
intervención social derivada de los programas sociales.
Se trata de investigar específicamente la respuesta gubernamental que se
organiza mediante el programa social orientado a la atención de la pobreza, en el
cual la participación de las mujeres que figuran como titulares de las familias
representa un aspecto medular en la intervención social que se genera. El objeto
de estudio es la participación que tienen las mujeres que son designadas como
representantes de sus familias ante el programa de transferencias monetarias
condicionadas, y cómo esa participación suscita o interviene en procesos
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tendientes a la igualdad de género entre los sectores de población identificados
con mayores carencias sociales, para lo cual se considera indispensable
incorporar al Género como categoría analítica de ordenamiento social que
enmarca toda la propuesta de análisis de la relación política social/intervención
social- participación de las mujeres - vida cotidiana.
En la consideración de que la política social constituye una intervención de política
pública que responde y corresponde a una determinada visión de desarrollo, se
retoma la concepción de que “…la política pública es un conjunto de decisiones y
acciones intencionales creadas para resolver un problema público, desarrolladas
en interlocución gobierno-sociedad en el marco de una autoridad legítima para un
grupo objetivo.” (Subirats, 2008:35).
Las políticas públicas, específicamente las políticas sociales, al buscar atender
necesidades y modificar problemáticas de la realidad social de un determinado
grupo de población, constituyen intervenciones que corresponden a un contexto
histórico específico y, suceden o se materializan en el plano de las prácticas
sociales que desarrollan en la vida cotidiana los sujetos de intervención. Se
considera que la política pública “…representa la respuesta del sistema político-
administrativo a una situación de la realidad social juzgada políticamente como
inaceptable.” (Subirats, 2008: 35).
En México, el programa social destinado a la atención de la pobreza bajo la
modalidad de transferencias monetarias y apoyos condicionados, se instrumentó a
partir de 1997. En este esquema de política social, la participación de las mujeres
se volvió central al designarlas como representantes de sus familias y receptoras
de apoyos monetarios. Esta designación las implica como responsables del
cumplimiento de las “corresponsabilidades” que constituyen la condición para la
operación del programa de atención a la pobreza.
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Esto se puede explicar debido a que, de acuerdo al Censo de Población y
Vivienda, en 2010 existían 28.2 millones de hogares, de ellos 25% tenía jefatura
femenina (CONAPO, 2010).
El programa de transferencias condicionadas 1 Prospera, antes llamado
Oportunidades y, años atrás, Progresa2, alcanzó en 2015 una cobertura de 6.1
millones de familias (hogares)3 beneficiarias. Cabe destacar que 96% de titulares
o representantes de dichas familias son mujeres. Así, Prospera se enfoca a
“beneficiar” con “corresponsabilidad”, al otorgar de manera focalizada el acceso a
servicios de salud y apoyos para educación y alimentación.
La designación de las mujeres como receptoras de las transferencias monetarias
condicionadas, con el argumento de que ellas garantizan de mejor manera que los
apoyos se destinen a la atención de las necesidades de la familia, implica reforzar
en la vida cotidiana, desde la política social, los roles de género que afirman a las
mujeres como únicas y/o principales responsables del cuidado de la familia. Tal
como lo plantea el fundamento de por qué considerar a la madre de familia como
la receptora de los apoyos en el diseño original del Progresa, explicación que se
mantiene hasta Prospera:
1 Para efectos de este trabajo, haré un uso indistinto del acrónimo POP para referirme a Prospera -
Oportunidades - Progresa, o bien el programa.
2 El programa como tal, en general, ha mantenido sus fundamentos conceptuales, la estructura de
sus componentes principales y el diseño operativo, por lo que se dice que ha logrado romper con
la característica sexenal de la política mexicana de la cancelación de los programas sociales.
3 El programa, en su metodología de focalización, utiliza el criterio de identificación de hogares de
acuerdo al indicador de si se comparte o no la cocina para la preparación de los alimentos.
Cuando se construye la información de beneficiarios se refiere a familias, lo que significa que
incluye como familia a hogares en los que pueden coexistir más de una familia.
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“El destino de los ingresos del hogar no sólo depende del nivel de
ingreso del mismo, sino de quién lo recibe. En general las mujeres en
relación con los hombres, gastan una mayor parte del ingreso bajo su
control en alimentos y salud para los niños, al igual que en otros bienes
para el hogar. Por otro lado, la seguridad nutricional es en general
responsabilidad de las mujeres. Esto incluye no sólo la disponibilidad
de alimentos en el hogar, sino también el cuidado de la salud y la
higiene de los niños, así como una adecuada distribución de los
satisfactores entre los diferentes miembros de la familia. Por ello se
determinó que las madres de familia no sólo fueran las receptoras de
los apoyos sino el eje del programa. Para darles mayor información
para ejercer su poder de compra, así como el autocuidado de su salud,
se concluyó que los servicios básicos de salud deberían ser
complementados con pláticas sobre información nutricional y diversos
temas de salud”. (Levy, 2004: 247).
Por parte del gobierno, la participación de las mujeres en tanto eslabón de la
relación Estado-sociedad se genera al elegirlas como titulares de sus familias.
Este criterio implica el supuesto de que el tiempo de las mujeres es
“perfectamente elástico” y como titulares están disponibles para cumplir con los
requerimientos de tiempo que el programa impone a cambio de los apoyos
condicionados.
La función de “titular de familia” adjudicada a las mujeres es fundamental, ya que
constituye el eslabón que conecta la política social con el grupo social al que se
dirige y cubre la necesidad operativa de contar, de manera gratuita, con un(a)
integrante de cada familia que se responsabilice de cumplir con el esquema de
corresponsabilidades y realizar la administración del dinero que el gobierno
entrega, sin que esas actividades le sean reconocidas porque se naturalizan como
parte de su actividad como madre, lo que implica aumentar su carga de trabajo no
remunerado.
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Por otra parte, el programa tiene previsto en su diseño conceptual y en su
esquema de operación la participación de las mujeres a partir de la integración de
comités comunitarios; sin embargo, no se aprovecha el potencial de desarrollo
social porque no se contempla intervención profesional que propicie procesos para
suscitar agencia, construcción de ciudadanía e igualdad de género.
…La intervención de trabajo social es una acción racional,
intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por
objetivo desencadenar procesos de cambio social. La
participación del sujeto es indispensable, para hablar de acción de
trabajo social. Tello (2008: 9)
Existen compromisos del país al suscribir acuerdos internacionales en materia de
equidad de género, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer o CETFDCM (también conocida por sus siglas
en inglés CEDAW). Sin embargo, no hay progreso en la incorporación de la
transversalidad de la perspectiva de género en el diseño y operación del POP.
A pesar de que la relación entre el programa y las titulares implica la intervención
en dinámicas que se desarrollan en el marco de la vida cotidiana de las mujeres,
el programa desconoce las prácticas sociales y los significados que las mujeres
construyen en torno a su participación en el programa, así como los mecanismos y
arreglos que realizan para conciliar vida familiar, laboral y requerimientos del
programa, entre otras razones porque su diseño se sustenta en la homogenización
(y una simplificación) del tipo de familias que se incorporan al programa.
Es por ello que el presente trabajo parte de una preocupación fundamental de
investigación: ¿qué participación tienen las mujeres en el programa social de
apoyos condicionados? y ¿cómo esa participación suscita o inhibe procesos para
lograr la igualdad de género?
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Lo anterior nos lleva a las siguientes preguntas auxiliares de investigación:
¿Qué posibilidades de participación de las titulares ofrece la operación cotidiana
del programa y cómo se relacionan con procesos dirigidos a lograr la igualdad de
género?
¿Qué prácticas sociales relacionadas con su participación en el programa y con el
condicionamiento de los apoyos realizan las mujeres en la vida cotidiana?
¿Qué elementos de intervención social derivados de la operación del programa
suscitan o inhiben procesos de igualdad de género?
Encontrar pistas para responder estas preguntas es el objetivo del presente texto.
Para ello, el trabajo se centrará en cuatro cuestiones principales:
a. La vida cotidiana como el espacio que posibilita la configuración de la
subjetividad e intersubjetividad de los individuos y también la concreción de
la intervención de la política social;
b. el desarrollo, como integrador de la visión que el Estado diseña para el
futuro de la organización social y de las relaciones sociales;
c. la política social como intervención pública para dar respuesta a
necesidades y problemáticas de grupos y/o sectores sociales, y
d. la participación ciudadana vista como medio y fin para la intervención social
que subyace a la política social.
Para cada aspecto tratado se planteará su relación con la categoría género, la que
se establece como un referente analítico del ordenamiento social, perspectiva
clave para la comprensión e interpretación de problemáticas de desigualdad entre
hombres y mujeres.
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Los elementos revisados en los capítulos siguientes posibilitan integrar el principal
aporte de esta tesis, a saber, una propuesta que articule el trabajo social científico
y la intervención social de los programas sociales, a través de un modelo de
análisis integrador inscrito en la participación de las mujeres en la política social y
la conexión de esa participación con procesos tendientes a la igualdad de género.
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CAPÍTULO 1
Género y vida cotidiana
1.1. Vida cotidiana: espacio de subjetividad e intersubjetividad
Entendiendo que la realidad social es resultado o producto de una relación
construida, con el fin de analizar la acción y las relaciones entre los sujetos que
construyen la realidad social, la perspectiva de acción social de Max Weber (2012)
es fundamental al reconocer que las prácticas sociales cobran sentido o
significado entre los sujetos sociales en la medida en que se asocian a su
subjetividad4, componente inherente a los individuos y que se constituye en la vida
cotidiana.
De esta manera, al ser la vida cotidiana un espacio trascendente porque es donde
para los sujetos hace sentido o cobra significado su acción, es condición sine qua
non para la constitución de la subjetividad, tal como lo plantea Pablo Nocera
(2006: 4) al recuperar de Weber el concepto de subjetividad:
“…supone la comprensión de la situación de la propia acción y
refiere a que puede luego cargar de sentido su acción, concepción
que es determinante para recuperar el nivel simbólico y, en
consecuencia, cultural que está implicado en el significado o sentido
de la acción. Es aquí donde se encuentra el componente subjetivo
de la acción, y es ese significado subjetivo del sujeto lo que orienta o 4 “Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno,
y en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos enlacen a ella un sentido subjetivo. La
“acción social”, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está
referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo”. (Max Weber, 2012: 5).
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da sentido a su acción. La acción es subjetiva e intersubjetiva
porque no sólo depende de que haga sentido al sujeto sino que debe
tener significado en relación con otros sujetos. Por ello, el contexto
en que se construyen los significados, la vida cotidiana, resulta
determinante para reconocer el carácter social de la acción, es el
mundo de las relaciones sociales que ocurren en la vida cotidiana,
es ahí donde todos los sujetos se significan”.
De esta manera, se establece que el concepto vida cotidiana representa un
referente central para el análisis de la participación de los sujetos ante cualquier
intervención pública, en este caso, interesa utilizarlo como sustento para estudiar
la participación de las mujeres en su papel de beneficiarias de la política social de
atención a la pobreza vía el programa de transferencias monetarias condicionadas
que bajo diferentes denominaciones –Progresa, Oportunidades, Prospera– se ha
instrumentado en México desde 1987. Así, vida cotidiana, además de ser el
ámbito en que ocurre la construcción de subjetividad, es también el espacio en
que se construye y despliega la intersubjetividad que posibilita la reproducción o
cambio en las condiciones de vida y en las relaciones de los sujetos sociales.
Por esta razón, se retoma el pensamiento de György Lukács que advierte que en
torno a los estudio de la esencia de la vida cotidiana:
“…Las ciencias sociales de nuestros días en cambio, desprecian
a menudo esta zona intermedia concreta, aquella en la que se
encuentra el nexo real, considerándola como un mundo de mera
empiria que, en cuanto tal, no es digno de un análisis científico en
profundidad destinado a examinar las construcciones internas…
Pero en cuanto se reflexiona con la mirada puesta en la realidad
resulta, por el contrario, que solamente a través de la mediación
de una esfera tal pueden ser comprendidas científicamente las
interrelaciones e interacciones entre el mundo económico social y
14
la vida humana.” (Heller, 1977: Prefacio 9)
El análisis de la participación de las mujeres como beneficiarias de un programa
social de transferencias monetarias condicionadas, considera que esa
participación implica un proceso que se construye en la vida cotidiana y que se da
en el marco de una determinada realidad social en la que ineludiblemente existen
dos esferas, la que toca al ámbito de los individuos y su acción social en la que lo
simbólico tiene una incidencia determinante, y la que pertenece a ámbito de la
estructura social en la que las condiciones materiales tienen un lugar fundamental
en la reproducción social, en esta esfera la intervención pública tiene un papel
determinante en las relaciones sociales que se derivan de esa intervención.
Este análisis retoma complementariamente, elementos relacionados al concepto
de vida cotidiana desde las aproximaciones teóricas desarrolladas por Alfred
Schütz y Ágnes Heller, por una parte y, por otra, incorporar, desde la perspectiva
de la crítica al socialconformismo de Marcos Roitman, elementos que se
construyen en la vida cotidiana y se plantean como condición para la reproducción
del sistema como lo es descentrar la política de la acción social de los sujetos y la
constitución de operadores sistémicos.
En la perspectiva de Schütz, el concepto vida cotidiana implica mundo de vida e
intersubjetividades. (Schütz, 2008:16)
…Si bien la subjetividad se reconoce como un aspecto indiscutible
de la construcción del sujeto, también es condición aceptar que no
obstante que el individuo concibe su mundo desde su propia
perspectiva, es, no obstante, un ser social, arraigado en un
intercambio permanente de subjetividades, es decir en una realidad
intersubjetiva. El mundo de la vida diaria en el cual nacemos, es
desde el primer momento, un mundo intersubjetivo.
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La construcción de significados se considera como la base de la intersubjetividad
de los sujetos sociales. La subjetividad se constituye a partir de la experiencia del
individuo, desde la cual es posible generar y dotar de sentido al mundo de la vida
cotidiana que está inmersa en la actitud natural de los sujetos, lo que implica el
mundo dado, lo que ha sido constituido como natural y es compartido, a lo que
Schütz nombra como el mundo del sentido común.
El saber cotidiano se caracteriza también por ser pragmático, porque
adquiere sentido en la medida en que está vinculado a la resolución
de los problemas cotidianos. A nivel de su validez no necesitan
justificaciones derivativas; ellas, de por si son verdaderas. (Rozas,
2005: 44)
El concepto de intersubjetividad resulta fundamental por sus implicaciones para la
construcción de los significados sociales y, en consecuencia, es central su apoyo
para el estudio de la participación de las mujeres en los programas sociales,
porque es posible reconocer la base de significados compartidos que ellas
constituyen y el sentido dado a esa acción, es decir, a su participación como
“beneficiarias” de la política social del programa con el que la intervención pública
pretende atender las condiciones de carencias sociales de las familias
consideradas más pobres en el país.
De acuerdo con Schütz, es fundamental considerar el mundo de la vida cotidiana
porque “…el mundo cotidiano del vivir y ejecutar es la presuposición que nuclea
todos los demás estratos de la realidad humana” (2008: 15). En ese sentido,
constituye el espacio que posibilita construir la intersubjetividad de los sujetos, el
espacio en que se materializa la construcción de la realidad social. Se reconoce
entonces que la vida cotidiana es el espacio en que ocurre tanto la existencia de la
estructura social, como la acción social o capacidad de los sujetos de dar
respuesta a la estructura.
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Para el análisis que nos ocupa que es la relación género, política social y
participación de las mujeres, es importante que reconocer, de acuerdo con Schütz,
que en el mundo de la vida cotidiana es donde se da la construcción de los
significados y, en consecuencia, la subjetividad e intersubjetividad, pero también
se da la actitud natural, en el entendido de que lo que se comparte en el mundo de
la vida y que se acepta como algo natural y así construido, lo es para cada quien y
también para los demás.
Esta apreciación es relevante para la investigación ya que la intención ha sido
identificar los significados compartidos de la participación y lo que suscita esa
acción respecto a procesos relacionados con la igualdad de género entre las
mujeres que participan como representantes de las familias en el programa social
estudiado. En ese sentido, destaca lo que Schütz advierte en cuanto a que
mientras más semejante y más desapercibida sea la acción que predomina entre
los actores, la probabilidad subjetiva de la conformidad será mayor y, en
consecuencia, la conformación de la conducta intersubjetiva.
Se afirma, entonces, que el mundo de la vida cotidiana es el escenario de la
acción social, porque en ese espacio:
…los sujetos entran en relación recíproca y tratan de entenderse unos
con otros, así como consigo mismos. Aunque la realidad del sentido
común conforma la matriz de toda acción social, cada individuo se
sitúa en la vida de una manera específica… la realidad del sentido
común nos es dada en formas culturales e históricas de validez
universal, de ahí la importancia de comprender el modo en que los
seres humanos construyen la realidad social, de manera específica,
en el mundo de la vida cotidiana. (Schütz, 2008:19).
Profundizar en el conocimiento de la relación género y política social mediante la
participación de las mujeres en el programa social Prospera representa el aspecto
17
central en este estudio por ello interesa reconocer, interpretar y comprender el
sentido y significado que las mujeres titulares5 otorgan a la acción social que
subyace en su participación como representantes de sus familias a cambio de
recibir las transferencias de dinero por tener, ante el programa, el compromiso y
obligación del cumplimiento de “corresponsabilidades”6 de todos los integrantes
del hogar.
Desde Schütz (2008: 26), el significado de los hechos se constituye en función de
la relación que el sujeto establece con los objetos, y le asigna un papel
determinante en esa construcción. Así, propone reconocer dos tipos de
significados: objetivos y subjetivos:
El significado objetivo se refiere a contextos amplios de significados
que existen en la cultura y que son compartidos socialmente… El
significado es intersubjetivo porque se construye considerando al otro
y en interacción con el otro, lo que ocurre en el mundo de la vida
cotidiana (Schütz, 2008: 26).
Esta perspectiva que explica la construcción de significados de la acción de los
sujetos contiene otro elemento, el reconocimiento de los motivos de la acción, que
representa las razones que explican la acción, lo cual se considera que ocurre en
5 De acuerdo a las Reglas de Operación del programa social ahora llamado Prospera, antes
Oportunidades y antes Progresa, las titulares de familias de acuerdo a los criterios de elegibilidad
son las personas encargadas del cuidado de las niñas y niños integrantes de la familia, siendo
generalmente las madres de familia.
6 Por corresponsabilidad se entienden los compromisos y obligaciones que la familia adquiere al
ser incorporada como beneficiaria de este programa social. El programa contempla en su origen
obligaciones organizadas fundamentalmente en tres componentes: educación, salud y
alimentación. Sin embargo, a las mujeres designadas como titulares se les adjudican diversas
responsabilidades que serán analizadas en otro apartado de este estudio.
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dos vertientes, el motivo para y el motivo por qué, están totalmente relacionados
con la subjetividad de los actores y la intersubjetividad del mundo de la vida
porque implica elementos de la propia vida y de la de otros. De acuerdo a Schütz
(2008: 26), “el motivo para es el acto mismo proyectado en el tiempo futuro
perfecto. El motivo porque se refiere al hecho que yace en mi pasado y me lleva a
proyectar un acto particular.”
Estudiar la participación de las mujeres en el programa social de transferencias
monetarias, posibilita reconocer qué significados adquiere esa participación en su
vida cotidiana y los sentidos que orientan su acción, con el propósito medular de
detectar elementos relacionados con procesos para la igualdad de género que se
suscitan a partir de la intervención que genera el Prospera al implicar a las
mujeres en diversas acciones que constituyen corresponsabilidades.
La afirmación de Schütz respecto a que los sujetos viven de forma natural e
irreflexiva el mundo de la vida cotidiana es un supuesto que se comparte, en tanto
se considera que la participación en la política social no pasa por un acto de
reflexión respecto del papel que las mujeres juegan en esa intervención pública y
la manera en que se determina su acción social desde el Prospera.
En este aspecto, el énfasis en conocer los significados compartidos entre las
mujeres titulares respecto a su participación en el programa, se asume desde la
perspectiva de que cada una está determinada por su propia situación biográfica;
sin embargo, eso mismo da lugar a que compartan experiencias que van
modelando y asimilando los significados y sentidos de esa participación y, en
consecuencia, construyendo el entramado de intersubjetividades en torno a su
acción.
Desde la mirada conceptual de Schütz, al ser el ámbito del mundo de la vida y la
intersubjetividad que le es inherente la base de toda relación social, resulta útil
indagar los motivos por los que las titulares participan de determinada manera en
19
el Programa Prospera, para delinear, desde la perspectiva de Weber, tipos ideales
de participación de las mujeres que representan a sus familias ante el programa
social y poder identificar la relación de esos diferentes tipos de participación con
procesos para la igualdad de género.
De acuerdo a esta perspectiva, la relación que existe entre el mundo de la vida y
la vida cotidiana está basada en cuatro aspectos: las relaciones sociales
cotidianas, la conciencia social cotidiana, el entramado social del mundo cotidiano
y la comunicación cotidiana. Estos elementos proporcionan el marco para revisar
qué expresan las mujeres de su participación como beneficiarias de una política
social y cómo se traduce esa participación en su vida cotidiana.
Éste es el ámbito en que se articulan complejas relaciones entre Estado y
Sociedad, en este caso la relación entre el Prospera y las mujeres titulares de
familias. Ese marco en torno a lo cotidiano es el sustrato en el que se establece el
escenario propio de la intervención del Trabajo Social.
El Trabajo Social/Servicio Social es una profesión que se inserta en
el ámbito de las relaciones entre sujetos sociales y entre éstos y el
Estado en los distintos contextos socio históricos de actuación
profesional. Desarrolla una praxis social y un conjunto de acciones
de tipo socioeducativo, que inciden en la reproducción material y
social de la vida con una perspectiva de transformación social
comprometida con la democracia y el enfrentamiento de las
desigualdades sociales, fortaleciendo la autonomía, la participación y
el ejercicio de la ciudadanía, en la defensa y conquista de los
derechos humanos y de la justicia social. (Federación Internacional
de Trabajo Social, 2014).
Es decir, son los procesos sociales que se dan en la vida cotidiana los aspectos
en los que es necesario intervenir para modificar la capacidad de respuesta de los
20
sujetos frente a problemáticas y necesidades que están constituidas o generadas
desde el nivel estructural de la realidad social.
La acción de trabajo social tiene, como requisito esencial para
constituirse, la interrelación con el sujeto para el que trabaja. Se
trata de una relación deseablemente activa, sin la cual, el cambio
de la situación problema es francamente improbable. Tello (2008:
20)
Paralelamente al enfoque de Schütz respecto a la trascendencia de la subjetividad
e intersubjetividad, mundo de la vida y Vida Cotidiana y de los motivos para y por
qué que subyacen a la participación, se retoman de la perspectiva de Ágnes Heller,
elementos de su análisis sobre la cotidianeidad, al reconocer que la realidad que
nos envuelve es experimentada desde que nacemos en tanto es algo construido
socialmente.
1.2 Heterogeneidad de la vida cotidiana y pensamiento cotidiano
Por su aproximación en torno a la vida cotidiana, el planteamiento de Heller es
necesario para apoyar el análisis de la participación de las mujeres en procesos
de intervención desde la política social, especialmente en lo que implica esa
participación como objetivo y necesidad para el trabajo social, pues pretender
modificar la acción social de los sujetos o actores frente a necesidades y
problemáticas que se manifiestan en las relación sociales en la vida cotidiana es,
de acuerdo a la definición de Trabajo Social, su parte medular.
…el concepto de vida cotidiana expresa la trama social, en la cual los
sujetos articulas su existencia, con relación a la lucha por la
satisfacción de sus necesidades. Este escenario es el que marca las
coordenadas más importantes para resignificar el campo problemático
en la intervención profesional.
… la cercanía a la vida de dichos sujetos es la clave más importante
21
para desentrañar como se expresa la conflictividad de la <cuestión
social hoy >. Este aspecto da fundamento a la construcción del campo
problemático, como un conjunto de dimensiones que se entrecruzan,
para comprender, interpretar y orientar pertinentemente la
intervención profesional. (Rozas 2005, pag.40)
Heller reconoce la vida cotidiana como el ámbito donde se conjugan distintas
actividades y aspectos del ser humano. En su análisis de esta dimensión social
destaca que a la vez que estamos en un espacio como sujetos de reflexión
también estamos como objetos de estudio porque todos formamos parte de la vida
cotidiana de nuestra sociedad.
En la vida cotidiana reconoce que se involucran gran cantidad de aspectos:
sentidos, capacidades físicas e intelectuales y sentimientos. Una característica
que reconoce es que la vida cotidiana requiere de diversidad de tipos de actividad.
La heterogeneidad de las actividades y su jerarquía en la vida cotidiana están
determinadas por el tiempo histórico y la posición de los individuos en la estructura
socioeconómica. Este elemento resulta central porque permite identificar que en la
configuración de la vida cotidiana son determinantes factores estructurales de la
sociedad como el contexto histórico y la condición de estrato social de los sujetos
y no sólo el ámbito de lo simbólico, en cuanto a la subjetividad y la
intersubjetividad.
En el análisis de la cotidianeidad, Heller incorpora un componente fundamental de
la esfera estructural, el proceso de reproducción social, el cual implica
necesariamente a la reproducción de las relaciones sociales y la de los individuos
particulares. Destaca que el proceso de reproducción requiere de los individuos
capacidades y habilidades para desarrollar prácticas y actividades sociales, así
como poder integrarse en comunidad, lo cual se logra a partir de procesos de
socialización que se dan en la vida cotidiana.
22
Para el Trabajo Social, esta referencia es determinante porque, partiendo de su
definición, su objetivo es intervenir precisamente en las situaciones en que la
reproducción social, tanto en términos de relaciones sociales como en el ámbito
de la reproducción de individuos particulares enfrenta necesidades y/o
problemáticas ubicadas en la vida cotidiana que la limitan o impiden.
… es importante incorporar a la intervención profesional el análisis del
saber cotidiano de los sujetos a fin de potencializar posibilidades y
recursos para canalizar diversas alternativas de solución a las
problemáticas que presentan dichos sujetos”. (Rozas, 2005:40)
Una aportación fundamental de la concepción de Heller sobre la vida cotidiana es
su perspectiva histórica, ya que le reconoce un lugar determinante en la
construcción de la realidad social al considerar que es el ámbito concreto de
reproducción de las relaciones sociales, así como el espacio en que se constituye
un determinado orden social que condiciona al individuo concreto.
Cuando se reconoce cómo esta perspectiva se articula con la participación de las
mujeres en el Programa Prospera, resulta determinante recuperar que, a la par de
la característica de heterogeneidad de la vida cotidiana, existe el pensamiento
cotidiano que es el entramado en que, de acuerdo con Schütz, se da el sustento
para la conformación de la subjetividad. En esta línea, Heller afirma que:
...El pensamiento cotidiano no es separable de las formas de actividad
de la vida cotidiana. …El pensamiento cotidiano también es
heterogéneo. Los rasgos comunes del pensamiento que se manifiesta
en las diversas formas de actividad de la vida cotidiana derivan muy
simplemente de la cotidianidad: en parte por el hecho de que las
formas heterogéneas de actividad… son diversas en épocas diversas
y en las diversas sociedades o estratos sociales, por lo cual cada vez
es necesario un saber distinto para apropiárselas y realizarlas.
23
…este mundo determinado no se ha constituido, (o al menos no sólo)
por obra de la vida cotidiana. Ante todo, los particulares nacen en una
determinada estructura de producción y de distribución…Qué sistema
de producción y distribución es interiorizado en la vida cotidiana.
(Heller, 1987: 102).
Hasta ahora se ha reconocido que el ámbito de la vida cotidiana tanto desde la
perspectiva de Schütz como de Heller representa el marco en que se desarrolla la
participación de las mujeres, y que esa acción cobra sentido y significado de
acuerdo a la conformación de subjetividad de las mujeres y de su entramado de
intersubjetividad, pero también se enmarca y configura a partir de la
heterogeneidad y jerarquía de las actividades que las mujeres desarrollan en su
vida cotidiana, lo cual corresponde a un contexto histórico determinado y a la
posición que ocupan en la estructura socioeconómica.
El saber cotidiano se actualiza de forma colectiva y se resignifica
permanentemente, porque todo saber proviene de las experiencias
particulares y cuanto más se socializa y generaliza establece una
lógica común que le da sentido a sus prácticas. (Rozas, 2005: 44)
Entonces, se reconoce que la vida cotidiana y el pensamiento cotidiano se
configuran tanto desde la esfera de lo simbólico de los individuos, como desde la
esfera estructural en cuanto al sistema de producción y distribución, y que desde
la articulación de estas dos esferas se hace posible la reproducción social.
1.3 Vida cotidiana y socialconformismo: ¿construcción de sujetos sociales o
de operadores sistémicos?
Para el análisis de la participación de las mujeres en el programa social Prospera
desde el plano de la vida cotidiana, y considerando el marco que ofrece el género
como una categoría de ordenamiento social, es importante señalar que, como lo
24
plantea Roitman, se considera que “lo social no pertenece a la sociología,
pertenece a la vida cotidiana, y la sociología sólo hace sentido como intento
explicativo de la vida cotidiana, si no, es sólo literatura.” (2004: 75).
En la crítica a la construcción del pensamiento sistémico, lo cual ocurre en la vida
cotidiana, Roitman ofrece elementos que serán utilizados en el análisis de la
participación de las mujeres en la política social porque permiten ubicar
determinadas características en el tipo de prácticas sociales que realizan en su
participación.
Por un lado, nos señala cómo en esta construcción preponderante del
pensamiento sistémico como algo superior que domina y determina todo, un
elemento clave ha sido descentrar lo político de la acción social de los sujetos.
Entonces, este referente será un elemento a indagar en la participación de las
mujeres como titulares de sus familias en su vida cotidiana. Así, en la perspectiva
sistémica se concibe a lo social y lo cotidiano como pertenecientes al sistema
(Roitman, 2004: 75).
Se considera relevante incorporar al análisis de la participación esta mirada de
crítica al pensamiento sistémico porque se identifica como fundamental entender
este proceso de descentrar el sentido político de la acción social, ya que ha
implicado un proceso de cambio en el pensamiento cotidiano:
…Para producir esta mutación es necesario crear entornos, ya no
estructuras, políticos, sociales, religiosos y económicos que
proyecten un comportamiento global, generando una cultura: la
cultura del conformismo. En la dimensión aquí analizada, la cultura
del conformismo crea símbolos, lenguaje y actitudes cuya finalidad
está en socializar a los operadores sistémicos en su lógica. (Roitman,
2004: 76).
25
De acuerdo a este planteamiento, dicho proceso ha conseguido instalarse con
legitimidad en el pensamiento cotidiano y en el plano de lo simbólico de la
sociedad, “…la cultura del conformismo es directamente proporcional al grado de
interiorización de los valores que proyecta el sistema hacia sus miembros.”
(Roitman, 2004: 76).
La cultura del conformismo se configura como totalidad y en este
sentido construye una personalidad social donde los sujetos, ahora
operadores sistémicos, actúan en función de dichos principios de
socialización. Se trata de una dinámica que fabrica comportamientos
conformistas cuyos efectos se proyectan en todo el quehacer
cotidiano.
Si el estado social e individual de indiferencia forma parte de la
condición humana, es porque se corresponden con un estado
psicológico… La indiferencia se caracteriza por ser una relación social
donde los sujetos se inhiben de tomar decisiones, positiva o
negativamente, al desconocer… Somos indiferentes ante hechos que
suceden a nuestro alrededor o a distancia pero cuya existencia
desconocemos o de los cuales tenemos una visión confusa.
Cambiamos nuestra actitud social, revertimos la indiferencia, cuando
tenemos los elementos valorativos para emitir un juicio crítico. A partir
de ese momento, la indiferencia desaparece, resolviéndose sus
contradicciones.
El conformismo, en su aspecto social e individual, tiene un principio de
configuración distinto. Es el resultado de valorar, es decir, de emitir un
juicio de hechos acatando voluntariamente la dirección de las
decisiones tomadas por el sistema. Así surge el conformismo social.
(Roitman: 2004: 76).
En esta perspectiva, estamos frente a un pensamiento cotidiano sustentado en la
vida cotidiana en el que el conformismo se ha instalado como una decisión natural,
26
se ha naturalizado esta manera de ser que pone el sello al carácter y personalidad
de las personas.
Este proceso, descentrar la política de la acción social, ha modelado el carácter y
la personalidad predominantes en los sujetos sociales marcados por el
conformismo constituyéndose en operadores del sistema que sólo participan como
meros reproductores de este tipo de pensamiento.
La cultura del conformismo se puede identificar por el tipo de
comportamiento social e individual que acompaña a los operadores
sistémicos, caracterizado por las actitudes que adoptan frente al
orden sistémico, pudiendo sintetizarse en:
Total acatamiento del orden sistémico;
Subordinación a los códigos comunicativos del sistema;
Comportamiento pragmático. (Roitman, 2004: 76)
A partir de estas características, Roitman da muestras de cómo se expresan los
tipos de personalidad conformista, manifestando actitudes que identifican a los
creadores y reproductores de ese pensamiento sistémico social-conformista, por
ejemplo: “… siempre acaba con la frase: no hay más realidad que el sistema, hay
que adecuarse a vivir en él. Descalifican el comportamiento ético. Son
individualistas y creen en el éxito personal. Por último, rechazan la diferencia pero
son tolerantes.” (Roitman, 2004: 78).
Desde la crítica al pensamiento sistémico, se hace patente la constitución del
pensamiento cotidiano que se genera en la vida cotidiana, y que se incorpora de
manera natural en la subjetividad y permea la intersubjetividad de los sujetos
sociales. De este modo, para Roitman (2004: 78) se reniega de la conciencia
social y en esa medida se desarrollan el conformismo y la complacencia como
actos sociales deliberados; se da lugar al pensamiento débil característico del
27
pensamiento sistémico y contrario al pensamiento crítico, se procura debilitar y
disolver al sentido común como cualidad humana. En ese marco, resulta de gran
trascendencia el papel que tiene el sentido común porque es el referente en la
vida cotidiana para la construcción del pensamiento crítico.
“Pensar el sentido común como un ejercicio de la conciencia, nos
permite introducir su… acepción: conocimiento social de carácter
práctico; interpretando lo práctico como la capacidad humana de
producir realidad y conocimiento mediante la experiencia de lo común.
En esta acepción, el sentido común es un ejercicio que pone en
funcionamiento la acción social de emitir un juicio de razón práctica.
En esta dinámica, el sentido común se manifiesta como la capacidad
de juzgar, lo real existente”. (Roitman, 2004: 82)
En la crítica de Roitman al pensamiento sistémico, el sentido común se coloca en
un lugar fundamental de la vida cotidiana, al igual que lo es para ubican Schütz y
Heller. Sin embargo, el primero comparte cómo se considera en el sentido de ser
una dinámica de prácticas sociales, que “…constituye y expresa, también, la moral
colectiva que identifica a una sociedad. Pensado políticamente, el uso del sentido
común está determinado por la búsqueda del bien común” (Roitman, 2004:83). A
la vez se señala cómo, visto desde el sistema, se ha colocado como un indicador
de sumisión y obediencia.
En este marco, un elemento clave que da sustento al conformismo social en el
pensamiento cotidiano es que logra ceñir las aspiraciones de felicidad a su mínima
expresión. Es notable cómo se encaminan las razones de la felicidad hacia los
objetos desde la satisfacción individual. Es ahí, en la lógica de las características
del homo economicus, donde el sujeto social encuentra la única razón de ser de la
felicidad, el logro y el placer individual basado en su posibilidad de lograr objetos.
El bien común desaparece del mapa del sentido común como un deseo de
felicidad. En la perspectiva de análisis de la crítica al pensamiento social-
28
conformista, la búsqueda de la felicidad es el máximo placer individual y no el
principio ético del bien común.
No obstante, se reconoce y comparte una afirmación central en la crítica al
pensamiento sistémico: la necesidad de generar posibilidades para la constitución
de factores, contextos y procesos desde donde es posible suscitar cambios y
transformación en el pensamiento socialconformista, porque se reconoce que “…si
la voluntad y la conciencia pueden ser inhibidas y controladas como parte de un
proyecto político totalitario, también puede plantearse su recuperación” (Roitman,
2004: 115).
Desde esta perspectiva, así como las características propias del
socialconformismo -como lo son el sometimiento, la subordinación y la pasividad
social- influyen y condicionan al sujeto social en términos de anular el sentido
político de su participación, descentrar lo político de la acción social, disolviendo
su interés de participar en procesos de construcción de ciudadanía y, por ende, de
democracia, y en la perspectiva de género, de construir igualdad entre mujeres y
hombres, también existe la posibilidad contraria, a partir de impulsar el desarrollo y
el fortalecimiento del pensamiento crítico desde la vida cotidiana, en la perspectiva
de la constitución de sujetos sociales que reconozcan la vía de la ciudadanía y el
ejercicio de los derechos como la posibilidad de avanzar en una opción
democrática del desarrollo. En esta perspectiva, la participación resulta un factor
determinante como medio y fin para reconstituir un sentido común que contenga al
propósito del bien común como fundamento de la intersubjetividad.
“La apuesta por transformar la actual situación de conformismo que
afecta por igual al pensamiento crítico y a lo político…sigue siendo el
referente… Los ideales de democracia social, económica, étnico-
cultural, la erradicación de la pobreza e injusticia social son objetivos
prioritarios para el surgimiento de una ciudadanía con pleno
reconocimiento material de sus derechos registrados sólo
29
formalmente”. (Roitman, 2004: 125).
Este conjunto de elementos relativos a diferentes miradas acerca de la vida
cotidiana como espacio fundamental de la constitución de la subjetividad e
intersubjetividad de los sujetos, es un referente determinante para la concepción y
orientación de la intervención social, tanto desde las políticas públicas,
especialmente las orientadas a la atención de problemas y necesidades sociales
como para la intervención desde el Trabajo Social como disciplina de las ciencias
sociales que despliega sus procesos en ese ámbito, en la vida cotidiana y en la
dimensión relacional de los sujetos sociales.
Desde este marco conceptual de lo que es intervenido en el ámbito de la vida
cotidiana (subjetividad, intersubjetividad, sentido común, pensamiento cotidiano)
mediante la aplicación de política social, en este caso vía la operación del
programa de transferencias monetarias condicionadas, destaca un doble potencial,
en términos de alternativas posibles, a saber, por un lado, la orientación que
puede dar a la participación de las mujeres la posibilidad de impulso a la
constitución de sujetos sociales conscientes de su condición de ciudadanas en
tanto formalmente detentan derechos, y por otro lado, la posibilidad de constituir
operadores sistémicos mediante el mantenimiento y la reproducción del
pensamiento social-conformista.
1.4. Género y estructuración de la vida cotidiana
El género se coloca como la categoría marco para el análisis de la participación de
las mujeres en la política social. La perspectiva que aporta esta categoría es
central, en tanto que permite comprender una dimensión fundamental del
ordenamiento social entre mujeres y hombres, un ordenamiento que explica la
desigualdad social y que cruza transversalmente toda la estructura social en todas
sus áreas: lo político, lo económico, lo ambiental, lo social, lo cultural e
institucional.
30
Se entiende el género como la construcción cultural mediante la que se adscriben
roles sociales, actitudes y aptitudes diferenciados para hombres y mujeres en
función de su sexo biológico. Esta categoría hace referencia a las diferencias
sociales que, desde la dicotomía de las particularidades biológicas, han sido
aprendidas, cambian con el tiempo y muestran múltiples variantes. Así, el género
se utiliza para establecer diferencias socioculturales entre mujeres y hombres que
son impuestas por los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales a
través de los ámbitos de socialización y de las instituciones sociales.
El uso de la categoría de género se ha extendido en el mundo y especialmente en
las ciencias sociales, debido a su potencial como categoría de análisis que apunta
a la explicación de las diferencias derivadas de un sistema de dominación, el
patriarcado. Desde una perspectiva histórica se establece que el interés sobre la
categoría de género, como herramienta de análisis del ordenamiento social, tiene
una presencia relativamente reciente, se identifica que ocurre hacia la década de
los ochenta del siglo XX.
Como es señalado por Incháustegui y Ugalde (2004), el género es reconocido
como un principio organizativo de la vida social, que se da a partir de la diferencia
sexual y su construcción socio cultural, además de que permea el marco
institucional y normativo de las sociedad. El género da significado a todas las
relaciones económicas, políticas y simbólicas que regulan la interacción individual
y que se establecen la jerarquía de género que se expresa en la diferenciación
social, económica y política entre mujeres y hombres, así como entre grupos de
mujeres y grupos de hombres.
El análisis de género implica el estudio de las relaciones entre hombres y mujeres
que es lo que se denomina relaciones de género, y que expresan o manifiestan
diferencias y disparidades en el acceso y control de recursos, así como en las
decisiones, oportunidades, retribuciones y todos los demás aspectos del poder. La
jerarquía de género se refiere al conjunto de costumbres, valores, reglas, normas
31
y leyes que regulan a las sociedades y que dan la pauta para la formación de
subjetividades que establecen, a su vez, los roles, funciones y estilos de vida
permitidos y aceptados para hombres y mujeres.
La concepción de Joan Scott (1996) critica y analiza el empleo que se ha dado al
concepto género y las limitaciones que se enfrentan desde distintas
aproximaciones teóricas, cuando se pretende explicar cómo se han construido las
relaciones de desigualdad entre los sexos y no sólo identificar causas de la
opresión de las mujeres. Resulta trascendente el cambio cualitativo que plantea
respecto al concepto de género, al advertir que el propósito de comprender el
significado de los sexos desde una visión histórica, pasa por incluir a las mujeres
en la revisión y reconstrucción de la historia y, que esto obligadamente representa
redefinir y ampliar el marco conceptual tradicional del significado histórico. Así,
integra un significado de género como categoría de análisis del ordenamiento
social sustentada en dos proposiciones clave: la primera plantea que el género es
un componente de las relaciones sociales que se sustentan en las diferencias
distintivas de los sexos y, la segunda señala que es una forma primaria de
relaciones significantes de poder.
En la primera proposición que plantea Scott está considerando múltiples
elementos: símbolos culturales disponibles; conceptos normativos; nociones
políticas y económicas, así como la identidad subjetiva. En ese marco, las dos
proposiciones y su interrelación amplían las posibilidades de la categoría de
género y la colocan como herramienta de análisis de la realidad social, al mostrar
la multidimensionalidad que implica la organización y ordenamiento de las
relaciones sociales, y la producción de desigualdades entre hombres y mujeres
por los elementos distintivos de los sexos, desigualdades que se dan como seres
sociales, políticos y económicos en su interrelación.
Por su parte, Marta Lamas (1996: 154) reconoce que “…género implica la
simbolización o construcción cultural que alude a la relación entre los sexos…
32
género se refiere a aquellas áreas tanto estructurales como ideológicas que
comprenden relaciones entre sexos”. Se trata de una construcción sociocultural
que establece las disposiciones de ser hombre o ser mujer mediante el
aprendizaje social. El género constituye una construcción que establece el deber
ser a partir de la diferencia sexual.
Así, el género implica la asignación social de roles o papeles diferentes entre
hombres y mujeres, asignación que conlleva jerarquías distintas en la familia y la
sociedad, roles que se viven y significan en la vida cotidiana.
La construcción social de género moldea los patrones de la vida cotidiana y las
pautas culturales de hombres y mujeres; la separación de lo público y lo privado,
derivada de la división sexual del trabajo, ha implicado para las mujeres en
general la asignación social de la responsabilidad del trabajo de reproducción y de
cuidados que significa formas específicas de estructuración de la vida cotidiana,
caracterizadas por una condición de subordinación en las relaciones sociales
respecto a los hombres.
Los ámbitos y tipo de asuntos en los que las mujeres pueden y deben participar,
de acuerdo a los roles y estereotipos que socialmente les corresponden, marcan
como pauta la organización de la vida cotidiana en torno a ser fundamentalmente
cuidadora, madresposa, a la que se le adjudican valores, cualidades, habilidades
netamente femeninas, además de naturalizar la subordinación frente a las
cualidades, posibilidades, actividades y espacios masculinos.
La estructuración de la vida cotidiana en función del género se traduce en
jerarquías que determinan formas y dinámicas de funcionamiento entre mujeres y
hombres e instituciones, como la familia. En el caso de mujeres que participan
como representantes de sus familias en programas de apoyos condicionados, se
les imponen pautas de comportamiento que implican prácticas sociales
específicas en la vida cotidiana, por ejemplo, ser las receptoras de los apoyos
33
monetarios les obliga a cumplir y hacer que el resto de la familia cumpla con las
corresponsabilidades; seguir ciertos patrones de consumo porque el dinero lo
deben aplicar en gastos relacionados con alimentación y útiles escolares; deben
organizar su tiempo para determinados cuidados de la población infantil y los
adolescentes, y si tienen alguna actividad laboral remunerada debe ser flexible
para atender los requerimientos de ese tipo de programas.
34
CAPÍTULO 2
Género y desarrollo: relación ineludible frente a la
desigualdad entre mujeres y hombres
2.1. El desarrollo: aproximaciones conceptuales
Sin ser objetivo de esta investigación analizar la evolución y la diversidad de la
concepción de desarrollo, es importante establecer que es un concepto
fundamental en torno a la cuestión pública, entendida como todo aquello que tiene
o implica relaciones entre gobierno y sociedad.
El concepto de desarrollo es un referente analítico prácticamente inevitable en el
estudio de la relación Estado-economía-sociedad desde la segunda mitad del siglo
XX. Es un concepto que no tiene una definición única y que su evolución se
sustenta fundamentalmente en la elaboración construida desde la economía en
relación directa con lo que ocurre en la sociedad. En la diversidad de
concepciones de desarrollo subyacen visiones del ideal de sociedad y de lo que
serían sus necesidades y aspiraciones derivadas del contexto económico, social y
político. Por ello resulta importante, cuando se analiza la cuestión social, conocer
desde qué concepto de desarrollo se parte porque es determinante en la
orientación de la política pública y, particularmente, de las políticas sociales. Por lo
mismo, denota la consideración del estado respecto a la ciudadanía y, en última
instancia, a su relación con la sociedad. Sus distintas conceptualizaciones
implican modelos y enfoques con incidencia directa en la definición, así como en el
diseño de políticas regionales y nacionales.
Si bien existen diversas concepciones de desarrollo, para tener un panorama
general de ellas, se ha retomado la clasificación que la Comisión Económica para
35
América Latina y el Caribe (CEPAL realiza respecto a los modelos de desarrollo
asumidos en la región de América Latina, en función de su aplicación previa o
posterior a las llamadas reformas estructurales, tal como se puede observar en la
siguiente tabla:
TABLA 1
Tomado de: Sottolli Susana (2002) La política social en América Latina.
Diez dimensiones para el análisis y el diseño de políticas
Un breve recuento de esas concepciones muestra que, a partir de los años
cincuenta del siglo XX, se aplicó en modelo de crecimiento económico. En esta
visión se suponía el progreso social a partir de la industrialización y el aumento de
36
la productividad en la región desde las actividades de ese sector dejando
rezagado al sector agrícola. Este modelo partía de la idea de que desarrollo y
crecimiento eran equivalentes, o que el primero se derivaría por añadidura al
lograr el segundo porque el mercado se encargaría de la redistribución de la
riqueza en la medida que se lograra el crecimiento.
Este modelo tuvo como resultado la generación de notables condiciones de
inequidad social en el interior de los países de la región y también en su relación
con los países llamados desarrollados.
A partir de los años setenta, derivado del fracaso del modelo de crecimiento, se
implanta un modelo de desarrollo que pretende incorporar mecanismos de
redistribución. Un elemento relevante en este modelo es el reconocimiento de que
crecimiento y desarrollo son procesos diferentes aunque se encuentran totalmente
articulados. Supone una mayor participación del estado en los procesos
económicos y sociales y se inspira en el llamado Estado de Bienestar generado en
los países desarrollados.
Ante el aumento de la pobreza, la desnutrición y la insuficiente generación de
empleo, a mediados de los años setenta se implanta un modelo de desarrollo que
pretende la satisfacción de necesidades básicas, considerando mecanismos de
redistribución en función de intentar cubrir determinadas necesidades como salud,
educación, alimentación, vivienda. Este modelo de desarrollo, al tener como
orientación cubrir algunas necesidades básicas de las familias, contempla
involucrar a la mujer, en la convicción de que las mujeres son quienes de una u
otra forma atienden necesidades de la familia. Eso no significa que se les coloque
y reconozca el papel de proveedoras, sino más bien de responsables del cuidado
de la familia. En esos años se impulsa la perspectiva de Mujer en el Desarrollo
(MED) que la Organización de las Naciones Unidas establece en la Década de la
Mujer entre 1976-1985.
37
A mediados de la década de los ochenta se implanta en la región el llamado
modelo de desarrollo neoliberal, que es diseñado desde organismos
internacionales, que supone que los procesos de crecimiento y desarrollo no son
dependientes y que factores de contexto de cada país determinan su alcance.
Según este modelo, el crecimiento es la clave de que ocurran las condiciones para
satisfacer a la sociedad en su desarrollo y el estado, fundamentalmente, es
requerido para asegurar que el mercado se desarrolle. Desde esta concepción se
establece que no es necesaria la intervención del estado en determinadas
actividades ni se requiere que sea robusto.
Este modelo ha implicado la aplicación de importantes reformas llamadas
estructurales y, al igual que los anteriores tiene como elemento central el aumento
a la productividad.
En el marco del modelo de desarrollo neoliberal, se construyeron dos enfoques
que redefinen el concepto de desarrollo. Es el caso del desarrollo basado en la
Expansión de Capacidades elaborado por Amartya Sen (2000) y, por otra parte, la
perspectiva de Max-Neef (1993) denominada Desarrollo a Escala Humana. Una
característica de ambas perspectivas es que no se limitan a una concepción
económica que contemple sólo la capacidad de adquirir bienes y servicios;
incorporan como elemento central del desarrollo las posibilidades que tienen los
individuos para la realización de su condición de seres humanos.
Las perspectivas respecto a las posibilidades de las personas para su realización
humana resultan trascendentes pues han definido las concepciones y actuaciones
de los gobiernos para atender problemáticas como la pobreza.
El enfoque de Sen (2000) concibe el desarrollo como un proceso de expansión de
capacidades, las cuales se asocian al desempeño de las personas. El desempeño
es un referente de logro de lo que una persona es capaz de hacer o ser y da lugar
al concepto de capacidades. La creación y expansión de las capacidades está
38
relacionada con la ampliación de los derechos de las personas para que puedan
acceder a las posibilidades para satisfacer necesidades y mejorar la calidad de
sus vidas, lo cual supone un Estado y gobiernos que garanticen instituciones y
mecanismos de participación política de los ciudadanos(as). Este enfoque otorga a
la participación un lugar relevante en la visión del desarrollo.
Por su parte, el enfoque de Desarrollo a Escala Humana de Max-Neef (1993) es
resultado de una visión multidisciplinar que se formula desde la región
latinoamericana. Su visión de desarrollo se apoya en una concepción de
necesidades humanas y en reconocer el necesario cambio en la condición de las
personas de objeto a sujeto del desarrollo, lo cual supone una ampliación
verdadera de la democracia. Un elemento de este enfoque es que las necesidades
son definidas como potencia y no como carencia, lo cual implica que las personas
se comprometen y se movilizan para lograr resolver esas necesidades.
En los años noventa se construyó una propuesta de visión de desarrollo desde la
ONU que incorpora la medición del desarrollo humano a partir de elementos de los
enfoques del desarrollo tanto de expansión de capacidades como de escala
humana.
Es importante reconocer que, en los diversos enfoques sustentados en la visión de
desarrollo humano, la participación de los sujetos se considera fundamental. Lo
que también resulta fundamental es la disposición del Estado y los sistemas de
gobierno de generar auténticos procesos para profundizar la democracia porque,
en el fondo, la posibilidad de acceder a derechos queda depositada como
capacidad de los sujetos o en la potenciación para movilizarse en torno a sus
recursos.
Como se puede advertir, a partir de la revisión general de diversas concepciones
del desarrollo, resulta fundamental la visión, modelo o enfoque que se asuma por
parte del Estado y sus sistemas de gobierno, porque de eso depende su posición
39
frente a la relación con la sociedad, su concepción respecto a qué y cómo le
corresponde asumir responsabilidades frente a necesidades, problemáticas e
intereses de grupos sociales, así de cómo actúa para impulsar o inhibir la
formación de ciudadanía y las dinámicas para la construcción de democracia.
Además, en el caso del género, denota su consideración de las mujeres respecto
a la desigualdad y su intervención en procesos de ruptura de esa condición.
2.2. Género y desarrollo
A partir de diferentes concepciones de desarrollo, desde diferentes sectores y
grupos sociales se ha cuestionado el papel que asumen estados y gobiernos en
torno a las respuestas a sus demandas y los objetivos que pretenden alcanzar. En
ese contexto se explica por qué, con relación al género, desde los movimientos
feministas surgieron distintos cuestionamientos sobre la manera de abordar y dar
respuesta a la condición de desigualdad de las mujeres respecto de los hombres.
Básicamente se han construido dos perspectivas que plantean que las visiones
para el desarrollo tendrían que dar respuesta a la condición de exclusión y de
subordinación de las mujeres en el proceso de desarrollo.
Estas perspectivas son Mujeres en el Desarrollo y Género en el Desarrollo. En el
interior de esta última se han planteado distintos enfoques.
La perspectiva MED: Mujeres en el Desarrollo Mujeres en el Desarrollo es una perspectiva que surge a mediados de los años
setenta del siglo XX y se asocia a la propuesta de la Década de las Mujeres
impulsada por la ONU como respuesta al fracaso de los modelos de desarrollo y a
las demandas del movimiento feminista en los que se hace evidente que las
mujeres tienen una posición clave en el desarrollo y han sido excluidas del
mercado de trabajo y confinadas fundamentalmente al trabajo no reconocido que
asegura la reproducción social. Esta perspectiva no cuestiona la concepción de
40
desarrollo; sin embargo, sí reconoce la marginación a la que, en general, han sido
sometidas las mujeres y plantea su necesaria inclusión en el proceso de desarrollo
para que éste pueda tener éxito y sea sostenible a partir de considerarlas como
agentes económicos en la medida que se han incorporado masivamente al
mercado de trabajo.
Esta estrategia planteó la integración de las mujeres al proceso de desarrollo de
manera funcional, dando énfasis a su papel productivo, reconociendo y
entendiendo que se había confinado a una condición en la esfera del desarrollo.
Las respuestas que consideró esta estrategia fueron proyectos aislados que
atendían a necesidades específicas incorporando un componente destinado a la
mujer. Las acciones se enmarcaban en la visión tradicional de roles de género sin
cuestionar la división de trabajo, la segregación laboral, o la división entre lo
público y privado.
Hacia finales de los años setenta, surgen cuestionamientos a la posición en que
se ubicaba a las mujeres en las concepciones de desarrollo y se incorpora al
debate para interpretar y comprender la subordinación de las mujeres en el marco
de las relaciones sociales y de la vida cotidiana, elementos como relaciones de
poder, conflicto cooperativo y relaciones de género. Este debate da lugar a un
cambio en la concepción de la relación género-desarrollo, lo que da lugar al
surgimiento de la perspectiva de Género en el Desarrollo.
Perspectiva GED: Género en el Desarrollo La Estrategia GED (Género en el Desarrollo) es una perspectiva para entender y
abordar el tema de la subordinación y el trabajo de las mujeres en los modelos y
estrategias globales de desarrollo.
41
El objetivo de esta perspectiva es la reestructuración de las relaciones de poder
entre los géneros. Su propuesta consiste, desde sus diversos enfoques, en
generar espacios de poder y participación para las mujeres. Se trata de integrar la
perspectiva de género al proceso de planificación del desarrollo de manera
estructural. En ese sentido cuestiona la perspectiva MED, cuyo alcance fue la
formulación de un proceso de desarrollo de manera marginal y aislada que dio
lugar a un proyecto sobre problemas de la mujer.
Esta propuesta implica formular modelos de desarrollo que cuenten con una visión
integral, democrática y sostenible. Su concepción no es solamente la de un
proceso técnico, sino también y abiertamente de un proceso político porque
destaca el tema de las jerarquías de género y la distribución desigual del poder.
Ante las realidades de desigualdad multicausal, plantea organizar procesos de
transformación social de carácter estructural, considerando la participación de los
grupos destinatarios y no sólo al personal experto.
Esta estrategia GED, a diferencia de MED, basa sus intervenciones no en las
mujeres sino en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, lo cual implica
un cuestionamiento para redefinir la concepción de desarrollo y no quedarse en un
modelo en el que subyace la jerarquización y discriminación. Por ello, un elemento
central es la discusión sobre los roles de mujeres y hombres para superar las
inequidades en función de transformar los papeles y estereotipos socialmente
asignados para mujeres y hombres. Esta perspectiva propone impulsar, como
demanda, las relaciones equitativas y la no discriminación en razón de sexo, raza,
etnia, clase social y género. Desde esta visión se generan diferentes enfoques
para incorporar el género en el desarrollo, lo cual implicaría concepciones y
acciones distintas en los procesos que suponen los planes, programas y proyectos
con los que se interviene para aplicar una visión de desarrollo.
Así surge, desde el movimiento feminista del “Tercer Mundo”, a fines de la década
de los setenta, el enfoque de empoderamiento que tiene como eje generar más
42
poder entre las mujeres a partir de apoyar la constitución de sujetos con mayor
confianza en la vida para que tengan más posibilidades de influir en cambios y
ganar control en los recursos.
Otro enfoque, dentro del GED, es el de Necesidades Prácticas de Género y el de
Intereses Estratégicos de Género. Éste surge a mediados de los años ochenta del
siglo XX. Identifica que las mujeres desarrollan, de manera simultánea,
especialmente las más pobres, tres roles de género: reproductivo, productivo y
comunitario. Este enfoque propone dos categorías para relacionar el género a
procesos de desarrollo: por una parte, Necesidades prácticas y, por otra, Intereses
estratégicos de género. La primera se asocia a condiciones de género para cubrir
necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda, y la segunda se vincula
a la posición de género para modificar la subordinación de las mujeres en las
relaciones de género (por ejemplo, en esta categoría se encuentra la educación).
Los cambios desde la categoría de intereses estratégicos de género son
trascendentes para propiciar cambios en las relaciones de subordinación y
desigualdad.
Por su parte, el enfoque de Autonomía surge en la transición entre las
perspectivas MED y GED, y se considera, más que un enfoque, una estrategia
emancipadora. También, al igual que las demás propuestas para establecer una
abierta relación entre procesos de desarrollo y la participación de las mujeres,
emerge de las demandas de los movimientos feministas. La búsqueda de mayor
equidad y pluralidad son características de esta propuesta que hace énfasis en la
existencia de múltiples sujetos y agentes sociales con demandas particulares.
Reconoce la necesidad de reformular identidades de género tanto desde la mirada
de la femineidad como de la masculinidad. Un aspecto que destaca esta
propuesta es el reconocimiento y la articulación de múltiples identidades de las
mujeres, las cuales se definen por posiciones diferenciadas desde distintas
categorías de ordenamiento social, como clase, etnia, raza, edad.
43
Transversalización de la Perspectiva de Género La Transversalización de la perspectiva de género es un enfoque que se orienta a
impulsar la incorporación del análisis de las desigualdades de género en las reglas
y procedimientos de las estructuras gubernamentales que organizan y operan las
políticas públicas destinadas a los procesos de desarrollo. Esta perspectiva
implica revisar los efectos que propicia la intervención social entre los grupos
sociales a quienes se dirigen los planes y programas en términos de modificar las
desigualdades de género, “…se propone analizar si estas Reglas establecen
diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, la posibilidad de que las
mujeres accedan a la toma de decisiones y los factores que promueven o inhiben
la participación de las mujeres o las conducen a la auto-inhibición” (Mendoza,
2002: 20).
Se trata de identificar elementos del avance de las instituciones en la
incorporación de transversalidad de la perspectiva de género, entendida como el
proceso de “…integración sistemática del principio de equidad en todas las
estructuras, sistemas, políticas, programas, procesos y proyectos del Estado”
(Incháustegui, 2004: 31). Dicho proceso constituye un aspecto relevante del
enfoque, en tanto revela de qué manera, cómo y hasta dónde se está asumiendo y
asimilando en las estructuras institucionales de los gobiernos una visión de
desarrollo que considere a las mujeres como sujetas en ese proceso y no como
medio para operar programas y mantener su condición de ser utilizadas, tal como
es probable que suceda con el programa Prospera, de acuerdo con la idea que
sustenta esta investigación.
Por esa razón, se analizará en otro apartado si se ha avanzado, y en qué
aspectos, en la incorporación de la perspectiva de género en el programa
mexicano de transferencias monetarias y apoyos condicionados de atención a la
pobreza, tomando en cuenta, de acuerdo a Molyneux, (2005: 37) que “…es el
44
programa más amplio de su clase en América Latina y que también ha sido
considerado el ejemplo más exitoso e inspirador de los programas antipobreza”.
Este enfoque sustenta el interés por reconocer cómo se refleja en la vida cotidiana
de las familias el proceso de transversalización de la perspectiva de género en el
programa Prospera, e identificar el lugar que se da a la atención del compromiso
internacional de promover la equidad entre las mujeres y los hombres de las
familias más pobres del país.
El enfoque de la Igualdad de Género se sustenta en un objetivo central de la visión
del desarrollo y reconoce tres dimensiones de la igualdad: de oportunidades, de
trato y de resultados.
La igualdad de oportunidades se refiere a que sean consideradas las mismas
posibilidades de acceso a oportunidades para hombres y mujeres.
La igualdad de trato se orienta a la búsqueda de condiciones equitativas para
desempeñarse en el interior de cualquier ámbito, y fomenta el mismo tratamiento
frente a procesos de decisión o situación de convivencia.
La igualdad de resultados apunta a lograr la misma proporción de espacios en
todos los ámbitos, es decir alcanzar la paridad.
La relación del género con los modelos de desarrollo basados en la perspectiva
del desarrollo humano parte de reconocer la existencia de múltiples
desigualdades; sin embargo, entre todas ellas destaca la más innegable: la que se
presenta entre mujeres y hombres. Los modelos de desarrollo basados en la
concepción del desarrollo humano, tanto en el caso del Desarrollo a Escala
Humana como en el de Expansión de Capacidades, ofrecen a las perspectivas de
género elementos que favorecen la relación de unos con otras, pues parten de
impulsar la potenciación de los sujetos para impulsar la constitución de actores
45
sociales y profundizar en la democracia, así como ampliar las posibilidades de
acceso a los derechos.
A partir del reconocimiento general de las implicaciones que la relación entre
determinado enfoque de género y cierta visión del desarrollo tiene respecto a las
definiciones de políticas públicas y sociales y, en la orientación, características y
alcance de la participación de grupos de población, es posible plantear que esta
articulación conceptual Género y Desarrollo deriva en procesos que tienen
incidencia en la vida cotidiana de los sujetos y pueden mantener o modificar
relaciones sociales entre hombres y mujeres, debido a que el desarrollo, en esta
relación, interviene directamente en las posibilidades y condiciones de ser y hacer
de las personas.
46
CAPÍTULO 3
La intervención social del Estado: la política social en la vida
cotidiana y en la igualdad de género
3.1. Las políticas sociales como respuesta a necesidades y problemas
sociales
Como ha sido reconocido en el capítulo anterior, desde la década de los años
setenta del siglo XX, la desigualdad entre hombres y mujeres se manifestó, desde
los movimientos feministas, como un problema para el que se demandó la
intervención pública, es decir, la generación de política pública7, con respuestas
orientadas a la atención de la relación entre género y desarrollo.
Las políticas públicas, en ese momento, empiezan a considerar la necesaria
incorporación de la mujer al desarrollo. De ahí surgieron visiones que fueron
evolucionando en función del cuestionamiento sobre las implicaciones que tiene la
incorporación de la mujer a la sociedad como agente económico y sujeto social.
Por ejemplo, como un referente, en México se otorga el derecho al voto de las
mujeres hasta 1953, cuando en otros lugares del mundo esto había ocurrido
desde principios del siglo XX.
La política pública es un concepto fundamental para el análisis de problemas
sociales. El concepto de política pública ha sido tratado desde diversas
perspectivas; para los propósitos de este estudio se retoma el planteamiento de
7 Los términos “políticas públicas” y “políticas gubernamentales” son utilizados aquí como
sinónimos.
47
Joan Subirats (2008:35) en el sentido de reconocer que una política pública se
definiría como:
“…una serie de decisiones o acciones, intencionalmente coherentes,
tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos –cuyos
recursos, nexos institucionales e intereses varían– a fin de resolver de
manera puntual un problema políticamente definido como colectivo.
Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, con
un grado de obligatoriedad variable, tendentes a modificar la conducta
de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a
resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que
padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios
finales)”.
De acuerdo a esta definición, toda orientación, intención o sentido de las acciones
públicas o de la política pública se dirigen a suscitar cambios en la conducta de los
grupos sociales que se supone están inmersos en alguna problemática que ha
trascendido y se ha colocado en un punto de interés tal que amerita reconocerse o
incorporarse en la agenda pública.
En esa perspectiva, de acuerdo a lo señalado por Subirats (2008), puede
afirmarse que, sin excepción, la política pública se dirige a la resolución de un
problema que se reconoce como público y es incorporado en la agenda de temas
de interés que requieren de una intervención y respuesta gubernamental. En ese
sentido, también plantea que representa la respuesta del sistema político-
administrativo a una situación de la realidad social juzgada políticamente como
inaceptable. Esta consideración no implica que todas las demandas sociales
automáticamente se incorporen en las agendas de asuntos de interés público, no
todas las demandas sociales obtienen una respuesta de atención desde la acción
de gobierno. En ese sentido, se reconoce que algunas políticas públicas se
convierten en instrumentos para el ejercicio de poder de un grupo sobre otro, pues
48
colocar alguna demanda de determinados grupos sociales pasa por decisiones
que implican relaciones de poder. En cualquier caso, el conjunto de acciones y
decisiones que se constituyen en la política pública tienen un interés específico en
orientar la conducta de determinada población o grupo.
El concepto política pública es una referencia de construcción relativamente
reciente; surge en los años setenta del siglo pasado, y pasa a formar parte del
pensamiento y de la estructura conceptual de la administración gubernamental.
Aunque ha tenido diversas definiciones, en todos los casos su referencia está
asociada a la acción gubernamental.
En ese marco, la política social representa una dimensión de las políticas públicas,
y se configura en el principal canal de comunicación entre estado y sociedad,
independientemente de que, como lo indica Evangelista (2011), esa comunicación
tenga características de horizontalidad o verticalidad, de inclusión o exclusión. La
política social se reconoce como:
“…un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas cursos
de acción y proyecciones estratégicas… tendientes a modificar o
transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y
priorizadas social y políticamente”. (Evangelista, 2011:36).
En términos generales, las políticas públicas podrían considerarse políticas
sociales, pues la intención que las genera, idealmente, está orientada a configurar
y asegurar condiciones de equilibrio social suponiendo como objetivo el interés
superior de la sociedad en su conjunto. Eso implicaría considerar siempre la
eliminación de los factores de exclusión para llevar los beneficios del desarrollo a
toda la población.
“Esta perspectiva de análisis entiende a la política social como una
dimensión central de la relación Estado-economía-sociedad y
49
pretende poner de manifiesto que, además de aspectos técnicos
involucrados en el diseño de los programas y servicios sociales, una
reorientación conceptual de la política social posee una importante
dimensión política, así como implicaciones significativas en términos
de estrategia de desarrollo”. (Sottolli, 2002: 43).
En el mismo sentido, Isabel Rauber (2015) apunta que las políticas públicas son,
en términos generales, políticas sociales que se dirigen a la construcción de
equilibrios dentro de la sociedad, y reconoce que cuando se les plantea de esta
forma, su principal objetivo debe encaminarse a identificar e intervenir para que
ningún sector o grupo social quede fuera de esas condiciones que permiten
equilibrio en la sociedad, la búsqueda desde la política sería que ninguna
población estuviese fuera del concepto político y social de ciudadanía.
Al otorgarle este lugar tan relevante a la política social, se le ubica como el eje de
la sociedad. Esta definición de la trascendencia y sentido último de la política
pública como política social, se va a reflejar en la manera en que el Estado
comprende y asume las políticas sociales. Aparece, entonces, el problema de que
toda la relación de las ciencias sociales con la definición de la política pública, se
deriva de la pregunta: ¿quién piensa y desde dónde las políticas sociales? Este
elemento es sustancial porque en el contexto de Latinoamérica, en la mayoría de
los países, la definición de la política social ha estado durante casi cuatro décadas
principalmente en la responsabilidad de organismos financieros internacionales,
en el marco de lo que se ha denominado el Consenso de Washington.
Aceptando la afirmación de Isabel Rauber de lo que implica la política social en
términos de búsqueda de equilibrios, para resolver la exclusión de grupos
sociales, la situación de pobreza se convierte en un gran factor de poder. Cuando
la pobreza está presente en millones de personas, específicamente para Estados
cuya configuración depende de las elecciones, los millones de pobres
50
dependientes de políticas públicas se convierten en una carta de poder muy
fuerte.
En consecuencia, coincidiendo con Rauber y Sottoli en la definición y relevancia
de la política social, e identificando que ése es finalmente el trasfondo de la
política pública 8 , se reconoce que plantear cambios en la relación Estado-
economía-sociedad, o cambios en el plano del modelo o estrategia de desarrollo,
dan lugar a cambios en la política social. En el caso de Latinoamérica, ésta es
una experiencia clara: de manera evidente, los cambios de casi cuatro décadas
asociados al denominado modelo neoliberal ha implicado notables
transformaciones en la orientación del desarrollo y en las características y
orientación de la intervención pública o política social.
3.2. Enfoques de la política social en América Latina Reconocer que, a partir de finales de los años 80 ochenta, América Latina se
somete a una reorientación en su modelo de desarrollo, es una afirmación
conocida y aceptada. Las llamadas reformas estructurales, fundamentadas en el
marco de la economía, concedieron un lugar ingenuamente preponderante a las
posibilidades de regulación del y desde el mercado, han tenido diversas y
profundas implicaciones en la cuestión social.
A fines de la década de los años ochenta, a raíz de una reunión en la que
participan economistas y representantes de los principales organismos financieros
internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco
Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de los Estados
8 A partir de estas definiciones se hablará indistintamente de política pública como política social y
viceversa. Asimismo, se identifica a los programas sociales como la vía para la instrumentación u
operación de la política social que constituye el soporte con el que los programas sociales se
articulan y corresponden a la estrategia de desarrollo determinada por el Estado y su sistema de
gobierno.
51
Unidos) se llega a un acuerdo por consenso de un programa de ajuste
económico, diseñado en principio para América Latina. Dicho acuerdo se
denominó “Consenso de Washington” (CW).
Este programa se convirtió en la guía absoluta para la formulación del desarrollo
de todos los países de la región, así se instaura el modelo conocido como
neoliberalismo. Las medidas incorporadas por este programa implicaron drásticas
reformas de política económica con sus consecuentes efectos en la política social,
tales como: la reordenación de las prioridades del gasto público; la liberalización
del comercio y de la inversión extranjera directa; privatizaciones, desregulación y
flexibilidad en los derechos de propiedad.
Todo el programa del Consenso de Washington se sustenta en diversas creencias
que implican posiciones de orden político, como es el caso del papel del Estado.
Este aspecto resultó trascendente para la política social ya que, bajo el supuesto
de que el sector privado es más eficiente y transparente que el sector público en
la gestión de recursos, se planteó la necesaria disminución de su tamaño y sus
áreas de intervención. Se considera el rol del Estado como facilitador de
negocios para el sector privado, también para intervenir como regulador con el fin
de atenuar efectos del mercado, por ejemplo con programas de alivio de la
pobreza y de protección al medio ambiente, así como para asegurar dar
estabilidad social. Otra de las creencias del CW es suponer como indudables e
infalibles las ventajas de la globalización. Eso planteó la total apertura de las
economías nacionales, bajo la consigna de abrir fronteras al capital para atraer
inversión extranjera. En otro ámbito se supone que se genera de manera casi que
natural un proceso de distribución a partir de polos de desarrollo y de los grupos
sociales ubicados en los mayores niveles de ingreso.
Una década después del Consenso de Washington, en 1999, uno de los
esfuerzos realizados por el FMI y el BM para vincular las políticas sociales y la
macroeconomía se traduce en la generación de la matriz Marco Integral de
52
Desarrollo (MID), que constituyó un intento de establecer principios de política
social en respuesta a las consecuencias sociales de la crisis económica.
Aunque se reconoció la necesidad de integrar la gestión macroeconómica y las
política sociales, la tendencia durante todo el período de la estrategia de
desarrollo neoliberal, ha sido continuar diseñando políticas macroeconómicas
“acertadas” con énfasis en criterios de mercado, con un marcado acento en la
estabilización de los precios y en la reducción del papel del Estado, y sólo
después de este paso, agregar políticas sociales para alcanzar los resultados
sociales deseados como la disminución de la pobreza. El CW que describe las
políticas neoliberales como la mejor herramienta para alcanzar el desarrollo, dio
lugar a la búsqueda de un nuevo paradigma, en el cual las dimensiones sociales
del desarrollo estén más integradas con las dimensiones económicas del
desarrollo.
El nuevo Marco Integral de Desarrollo (MID) se concibió como un instrumento de
gestión que permite el balance entre dos dimensiones: la representación
macroeconómica y los aspectos estructurales, sociales y humanos. Consiste en
una matriz de coordinación de políticas para el desarrollo sostenible y el alivio de
la pobreza. Cabe destacar que la matriz general del MID no hace distinción entre
hombres, mujeres o género.
La política neoliberal supone y reconoce que las reformas para la estabilidad
macro y la eliminación de barreras al crecimiento sostenible a largo plazo pueden
perjudicar a corto plazo a ciertos sectores pobres, y que esos efectos negativos
pueden atenuarse mediante redes de seguridad social temporales para transferir
ingresos o proteger el consumo. Como se ha señalado, no reconoce desigualdad
de género entre las fuerzas sociales ni en la organización de la reproducción
social.
53
Existen principalmente tres problemas entre el crecimiento y los objetivos
sociales:
La manera en que se traduce el crecimiento en el bienestar de los ciudadanos. El
crecimiento sí es requisito pero no condición suficiente para eliminar la pobreza;
depende de la naturaleza del crecimiento y el modo en que se refleja en aumento
del bienestar de los ciudadanos. No hay una consecuencia o filtro automático
entre crecimiento y bienestar de la población.
Las relaciones sociales desiguales pueden constituir un obstáculo para el
crecimiento sostenible, por ejemplo: la inequidad de género en educación y
propiedad porque más crecimiento depende de mejorar las capacidades humanas
de la población, especialmente de mujeres pobres. Por lo que la política macro
necesariamente, para ser “acertada”, debería abordar temas de justicia social.
El FMI supuso que habría rápido crecimiento; sin embargo, las experiencias de
los países son diversas. En algunos casos pueden ser breves crisis macro, en
otros como México, recesiones prolongadas, décadas pérdidas. En esos casos,
redes de seguridad social temporales no pueden afrontar los problemas de
pobreza y desigualdad. Tanto el FMI como el BM, en su discurso, separan el
vínculo entre lo macro y lo social, contrastan políticas acertadas (las suyas) con
gasto innecesario y desmedido. El CW levanta una defensa incondicional de la
política macro, que considera absolutamente acertada.
Una consecuencia clave de la aplicación de la agenda derivada del Consenso de
Washington para la política social, ha sido el cambio de roles y responsabilidades
del Estado para la atención de necesidades y problemáticas sociales. En ese
marco se ha desdibujado su función en la búsqueda de equilibrios para hacer
frente a la exclusión. Como fue planteado en el apartado anterior, esta
reorientación del papel del Estado ha tenido efectos radicales en la intervención
que se realiza desde la política social.
54
Es reveladora la revisión que realiza Sottoli en diez aspectos clave de
transformación de la política social en América Latina, a partir del viraje en la
estrategia de desarrollo hacia el modelo neoliberal. Su análisis muestra que
además de los cambios en el diseño técnico operativo de las intervenciones que
se hacen desde los programas sociales, existe una dimensión política.
TABLA 2
55
Otroo Clase media y grupos de Estructura "p!uralista" S!' I'l'afinua la trnbajadort"s organizados de actores. Instancias participación de la qlK' presion.an al Estado para l'statalt"s cl'lllrales y ciudadania en el proceso obtt"lli'f be-neficios sociales; descentralizadas, de gestión y control de OIganUaciones ~ asistencia se.:tor privado y los programas como sociaL sociedad civil. l'Jl'ITicic e fe-ctivo de
Énfasis en la ~hosycomo
pricipacióll de- los COmpOlll'tlte esencial de-destinatarios. WJ.a política social
inc!uY!'I:te _ S. Institucioualidad Organización estatal Organización Énfasis en la
sectorializada y d~entra!iz.ada y intt'gralidad, en la centralizada. Fragmentación d~OIlcenlrada; multisectorialidad y!'!lb institucional programática. enfoques centrados en redefiniciÓll de
proyectos y en la prioridades, S€'gUn demanda, eruasis en la criterios de eficiencia y e-fic ieocia. trausPJn.'t}Cia.
6. Dimensión Acción sociall'Statal como Énfasis en la RI"COIlOCimiento de la politica escenario Ce'II.tral del necesidad de lli"Cesidad de- consensos
conflicto distributivo; el despolitizar la acción politiros básicos para sistema favorect" a los social estatal y apt'lar hacer >ostenib le la gmpos de presión a la "neutralidad" de politica social y organizados COI\ mayor las asignaciOl\es del establ~er prioridades influencia política mercado. compa1idas.
NecesIdades de legitimación del sistema democrático. Empoderamiento y ciudadanía como dunen'¡ones politicas de la acción social.
7. Financi311uento Predominantemente estatal; Din'rsificación de las Financiamiento basado gasto social como fuentes de en el principio de la instnullento de regulación financiami ent o factibilidad econónuca y del conflicto distributivo. estatal , interuaciOl\a! y de la equidad social; Gasto social exp311sú"O y privado; gasto social gasto social y politica asignado de acuerdo con como IIlVl'l"Slon fiscal como instnullentos presiOl\es de gmpos efic iente en capital privilegiados de.la organizados. Subsidio a la hWll3llO. Gasto social politica social . Enfasis en oferta. focalizado Subsidio a la eficiencia y la equidad
la demanda ""1 asto 8. Prioridades de la Ampliación de la cobertura Lucha contra la Memás de lucha contra politica social en los sectores "duros" de pobreza a través de la pobreza, "nuevos
las políticas sociales: programas sociales temas": equidad, seguridad social, educación compellsatonos y integración social de y salud. focalizados. gmpos excluidos,
pobreza infantil, equidad de genero, calidad de los servicios sociales, consecuencias sociales de la globalizaciÓll, ciudadanía, l!le)onnniento de la
estión oública.
56
Tomado de Susana Sottoli, 2002.
Como se aprecia en la tabla anterior, la redefinición conceptual de la política
social contiene una indiscutible dimensión política que se advierte en los
significados de los nuevos conceptos. La incorporación de una nueva estructura
conceptual con elementos como compensación, focalización, combate a la
pobreza y otros, denotan el cambio en el desarrollo social desde la intervención
de la política pública. El cambio en los actores y esquemas de intervención social
implica el impulso a esquemas de privatización y descentralización de la acción
social, alterando las fronteras de los ámbitos de competencia, responsabilidad y
recursos entre lo público y lo privado.
3.3. La política social como intervención social
Como ha sido reconocido, desde la perspectiva del desarrollo, la intervención del
Estado mediante la política social, representa un elemento principal para la
atención de necesidades y problemáticas que se colocan en la agenda pública y
que afectan a diversos grupos sociales. Tal es el caso la pobreza; también el
tema de impulsar la modificación de las relaciones de género, con miras a la
equidad, entre hombres y mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada,
se ha incorporado como asunto de interés público.
57
Desde este punto de vista, retomando la concepción de que la política social
también representa “…un proceso articulado de lineamientos, decisiones, normas
cursos de acción y proyecciones estratégicas… tendientes a modificar o
transformar el fondo y la forma de cuestiones sociales específicas y priorizadas
social y políticamente” (Evangelista, 2011: 36), se tiene un referente claro de la
relación entre política social y trabajo social.
En ese sentido, la concepción de trabajador social de la Federación Internacional
de Trabajadores Social (FITS) refiere claramente el ámbito habitual, el espacio
natural de despliegue de la acción del trabajo social:
“El/la Trabajador/a Social actúa en el ámbito de las relaciones entre
sujetos sociales y entre éstos y el Estado. Desarrolla un conjunto de
acciones de carácter socioeducativo, que inciden en la reproducción
material y social de la vida, con individuos, grupos, familias,
comunidades, movimientos sociales, en una perspectiva de
transformación social.” (Federación Internacional de Trabajadores
Social, 2014).
Esta definición se plantea porque permite ubicar, para el propósito de esta
investigación, que la relación que se establece entre los sujetos sociales y el
Estado tiene un marco de articulación inherente, la política social, y que en ese
espacio desde los elementos conceptuales señalados en torno a la política social
y la definición de trabajo social de la FITS, en la política social hay o tendría que
haber un andamiaje específico de trabajo social que sustentara los esfuerzos de
la intervención gubernamental para suscitar y dar cauce a la acción social de los
sujetos sociales en una perspectiva de construcción de ciudadanía, es decir de
ejercicio de derechos sociales.
En ese sentido, “…si a las políticas las concebimos como
intervenciones gubernamentales, ...Es necesario, descentrarse con
58
respecto a la problemática de ésta. Las omisiones de las políticas —
lo que las políticas no hacen, así como lo que muchas veces las
políticas dicen no ser– deben ser analizadas como parte constitutiva
de las intervenciones de gobierno. (Dallorso, 2012: 45)9,
En esa mirada, se inscribe la importancia de estudiar la intervención del programa
de combate a la pobreza que se aplica en México, analizar para interpretar y
comprender lo que suscitan sus acciones y omisiones entre la población sujeta de
intervención, las prácticas sociales que se generan, específicamente entre las
mujeres que son designadas como representantes de las familias.
Esta designación constituye el eje del proceso de operación del programa y de la
configuración de un espacio de interrelación entre las titulares del programa y sus
agentes operativos.
La intervención de la política social se da en un doble sentido, por una parte
tendría que concretar los derechos sociales al posibilitar la mejoría en las
condiciones materiales de existencia y la calidad de vida, y en la medida que se
hace evidente el ejercicio de derechos se sustenta el desarrollo de la construcción
de ciudadanía. También, tendría que posibilitar el desarrollo de marcos
institucionales de la actuación gubernamental que aseguren el ejercicio de los
derechos de la población sin condicionalidades orientadas a la perspectiva político
electoral.
El propósito de esta perspectiva de análisis es poner de manifiesto
que, además de aspectos técnicos involucrados en el diseño de los
programas, …una reorientación conceptual de la política social
9 Dallorso, Nicolás Santiago. (2012). Notas sobre el uso del concepto de dispositivo para el análisis
de programas sociales. Espiral (Guadalajara), 19(54), 43-74. Recuperado en 22 de noviembre de
2016, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-
05652012000200002&lng=es&tlng=es.
59
posee una importante dimensión política, así como implicaciones
significativas en términos de estrategia de desarrollo. (Sottolli, 2002:
43).
3.4. La política social de atención a la pobreza en México: el Programa
Progresa - Oportunidades - Prospera
Como lo muestra el análisis de Ordoñez Barra (2002) respecto al papel del Estado
mexicano en sus responsabilidades y funciones en el proceso de desarrollo,
considerando el contexto social que se presentaba en la última parte del siglo XX,
la evidencia apunta a que, a pesar de haber tenido durante casi ocho décadas
gobiernos que sustentaron su actuación en política social en el marco de los
principios de justicia y equidad social, las condiciones eran de claros rezagos y
desigualdades. Este escenario justificó el viraje del modelo de desarrollo a partir
de los años noventa, impuesto como hemos visto por el Consenso de Washington.
El programa de transferencias monetarias y apoyos condicionados: Progresa-Oportunidades-Prospera.
La implementación de la política social de atención a la pobreza constituye el
componente fundamental para la atención de las familias más vulnerables. La
pobreza se reconoce como un problema plenamente identificado en la agenda
gubernamental. Asimismo, el reconocimiento de la inequidad de género
representa otro problema social claramente advertido en la agenda internacional,
lo que ha significado el establecimiento de importantes compromisos a nivel
mundial para impulsar la modificación de las relaciones de desigualdad entre
hombres y mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada.
El Programa Progresa – Oportunidades - Prospera corresponde totalmente al
paradigma de política social aplicado en función de la agenda de reformas
derivada del Consenso de Washington, bajo el sustento en una metodología de
60
focalización para otorgar beneficios a las familias, los cuales básicamente
significan el acceso de la población a derechos declarados en la Constitución:
educación, salud y alimentación. Éstos son parte de los derechos humanos
fundamentales, pero el país no ha generado las condiciones para asegurar a sus
ciudadanos su ejercicio.
La unidad de intervención social de Prospera es la familia. Para fines de este
estudio, se reconoce a la familia como la institución social, que se asocia a las
necesidades humanas y permite el desarrollo de redes de sustento de las
personas. Frecuentemente, constituye la única institución que se ocupa del
bienestar de las personas. También, de acuerdo a lo que señala Jelin (2005), se
considera que en el modelo tradicional de familia, el concepto implica la estructura
de poder a partir de la diferencia sexual, misma que se presenta en el interior de
las relaciones familiares.
En la revisión del papel que se asigna a las mujeres en Prospera, y al reconocer a
la familia como la unidad de intervención, se ha considerado necesario retomar la
advertencia señalada por Therborn (2006) respecto a atender dos aspectos
fundamentales de perspectiva de género que son: la presencia del patriarcado
como eje vertebrador de la dominación y, en ese sentido, de la estructura de
poder de orden sexual en el interior de las familias de los distintos sistemas
familiares; así como la incorporación del concepto de ciudadanía.
Esta perspectiva lleva a considerar que un aspecto central de la intervención
social debe ser la dimensión de los derechos de las mujeres, para reconocer y
visibilizar la condición de desigualdad real de éstas respecto a la igualdad
jurídicamente establecida, con lo que se mantiene la negación de la condición de
ciudadanía para las mujeres. Por ello, en el análisis de los significados
identificados se deben considerar las estructuras de dominación en el interior de
las familias y el no ejercicio de derechos ciudadanos, relacionados con la
ignorancia de los mismos, a fin de detectar si existen limitaciones en el Programa,
61
desde el diseño conceptual y operativo, los objetivos, acciones y mecanismos de
política gubernamental para la promoción de la igualdad de género.
Reconociendo que las políticas familiares, en general, constituyen un conjunto de
medidas e instrumentos con determinados objetivos, el interés de identificar la
perspectiva de género que está contenida en la política social familiar que se
aplica vía Prospera, se asocia al planteamiento de Guillermo Sunkel (2006), que
reconoce que las políticas públicas inciden en las familias en cuanto a su
estructura y funcionamiento, porque existe un conjunto de elementos que las
determinan, y porque hay decisiones fundamentales que toma o que omite el
Estado, dependiendo del modelo de desarrollo y los intereses predominantes, que
impactan de manera trascendente en la esfera privada de las personas. En el
caso de México, reconoce que el Estado, en la lógica del beneficio financiero,
decidió disminuir drásticamente su participación en la distribución de las
responsabilidades para proveer de servicios sociales a la mayoría de la población,
notablemente empobrecida, para dar paso a la intervención del mercado y, a la
vez, ha transferido a las familias una carga cada vez mayor de la provisión de
servicios sociales.
Existen otros ángulos de análisis de los efectos de la intervención del Estado
respecto a sus funciones de provisión de bienestar para la población mediante
sus políticas públicas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) ha señalado la existencia de una crisis de cuidados en los hogares que
se asocia a la existencia de familias con una división social del trabajo tradicional,
un Estado sin cumplimiento de sus tareas que opta por transferir a las familias y,
especialmente, a las mujeres los cuidados porque significa ahorros
presupuestales, y la existencia de mercados de trabajo con una organización
laboral informal. En ese marco reconoce que el trabajo de cuidado infantil y de
personas adultas mayores implica una sobrecarga para las mujeres que es mayor
en hogares pobres con gente mayor y niños pequeños.
62
En el análisis de México, una característica actual es la depresión de la economía
interna y los efectos negativos de la inserción de la economía nacional en la
dinámica de la globalización; en ese marco, destacan cuatro efectos adversos: la
incapacidad en generación de empleos; la precariedad de los ingresos; la
disminución de la capacidad de ahorro y el aumento de la pobreza y la
marginación urbanas.
En ese contexto, como lo muestran Acosta-Oliveira y García-Oliveira (2004), los
cambios en el sistema económico han conllevado trascendentes repercusiones en
el trabajo femenino extradoméstico, reconociendo que su principal manifestación
ha sido el aumento de la participación de las mujeres en los mercados de trabajo
en las últimas décadas. Este proceso ha significado modificaciones en la
estructura y las funciones familiares de acuerdo al tipo de familia y la etapa del
ciclo de vida en que se encuentran, así como a la mayor diversidad y complejidad
en las familias urbanas, asociadas a características de vulnerabilidad económica y
participación laboral de los miembros de la familia. También se reconoce que, a
pesar de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la participación de
las mujeres en el trabajo doméstico continúa siendo predominante, hecho que se
traduce en doble jornada de trabajo. Se redefine el rol de la mujer en la sociedad
pero no en la casa.
Por todas estas características e impactos del modelo económico, resulta
indispensable revisar la intervención del Estado, ya que su papel es fundamental
en la determinación de condiciones de trabajo dignas y en la generación de
condiciones que disminuyan la tensión entre familia y trabajo. La orientación de
las políticas públicas revela el nivel de sensibilidad respecto de las funciones que
le corresponde cumplir en una perspectiva de desarrollo social.
En este punto es donde destaca el papel que el programa Prospera asigna a las
titulares beneficiarias, reforzando el rol tradicional de responsable del trabajo
doméstico y de cuidadora de los integrantes de la familia.
63
El conjunto de los elementos expuestos da cuenta de lo que plantea Sonia
Montaño (2007) respecto a la situación de democracia en la familia, en la que
reconoce que no existe sincronía entre la evolución social de las mujeres, las
transformaciones en la familia y el atraso de las políticas públicas.
Las denominadas políticas de familia buscan intervenir para conformar un modelo
ideal asociado a valores culturales y a concepciones de desarrollo. Su objetivo es
fortalecer las funciones que cumplen las familias en el modelo de desarrollo. Se
asumía una característica de defensa de la institución y su conformación como
única e invariable. El objetivo de las políticas referidas a la familia se dirige a
fortalecer, principalmente, las funciones de reproducción, socialización, filiación y
herencia, aseguramiento de condiciones materiales de vida y construcción de
subjetividad. Es la concepción predominante en América Latina en la que se
enmarcan diversas políticas públicas como las de educación, salud, de atención a
la pobreza violencia intrafamiliar.
A diferencia de aquélla, el concepto de políticas hacia las familias con enfoque de
género tiene mayor amplitud; refiere a normas, procedimientos, programas y
mecanismos públicos que, en su interacción, buscan incidir en las esferas pública
y privada para provocar resultados de igualdad entre hombres y mujeres.
La distribución del tiempo entre trabajo doméstico y extradoméstico es una
vertiente importante en el análisis de la situación de desventaja que enfrentan las
mujeres en distintos planos de la vida social. El trabajo de Pedrero (2005) da
cuenta de cómo la desigualdad de las mujeres establecida desde la división
sexual del trabajo implica una condición de segregación ocupacional como una
característica predominante en el trabajo femenino. Asimismo, se establece que la
mujer trabaja en promedio más tiempo que el hombre debido a la carga del
trabajo doméstico que asume además de participación en actividades
extradomésticas.
64
Desde esta referencia, Pedrero (2005), parafraseando a Carrasco (2006),
establece como consideración básica del trabajo sobre medición de uso del
tiempo, que la reproducción del sistema socioeconómico sólo se puede entender
como la reproducción de dos sistemas básicos: la esfera de la producción social y
la esfera de la producción doméstica. Por lo que recupera un concepto elaborado
por Margaret Reid (1934) en el que se entiende por trabajo todo esfuerzo físico y
mental que tiene como resultado la transformación de un bien o de un servicio y
que se puede delegar en alguien distinto. Esta concepción permite situar el
trabajo doméstico en el plano de su importancia económica.
En su revisión del concepto de género, Pedrero determina cómo trajo consigo un
amplio impulso a estudios de diversas corrientes que coinciden en reconocer que
se trata de una construcción social, que abarca las distinciones que la sociedad
ha establecido sobre la base de la diferencia biológica; también se reconoce que
este concepto no necesariamente implica dominación, pero que constituye un
aporte teórico que permite visualizar como un fenómeno social a la división del
trabajo entre hombres y mujeres y que, desde esa perspectiva, es posible revisar
las características y variaciones en el uso del tiempo de hombres y mujeres en
actividades tanto de la esfera de la producción social como de la esfera de la
producción doméstica.
En el marco del concepto aportado por Reid (1934), se plantea como opción para
resolver el problema de la invisibilidad del trabajo doméstico y para estudiar su
contribución a la reproducción social, medirlo y evaluarlo a partir del tiempo que
implica su realización. Ésta es la base en que se puede ubicar el esfuerzo de
medición de la Encuesta de Uso del Tiempo (2002) cuyos resultados confirman,
en principio, la contundente diferencia de tiempo de trabajo entre hombres y
mujeres. El dato indica que, considerando en conjunto a los promedios de los dos
trabajos, las mujeres superan con una carga de 17.6 horas de trabajo a la semana
a los hombres.
65
Las transferencias monetarias del programa que, como se ha explicado ya,
cuenta con 96.3% de titulares mujeres, están “etiquetadas” por tipo de apoyo:
educativo, alimentario y el de adultos mayores. Lo que significa que la capacidad
de las mujeres de decidir la aplicación de los recursos es relativa, si se considera
que todos los apoyos se asocian a un rubro específico de gasto de las familias, ya
que el beneficio no se otorga a la mujer, sino que ella es la receptora para
dispersarlos hacia la atención de necesidades con el fin de asegurar ciertas
condiciones de supervivencia familiar. Como lo señala el estudio de García y
Oliveira (2005) el dinero les da seguridad porque lo sienten propio, pues se lo han
ganado al cumplir con las obligaciones que les impone el Programa y con las
faenas que todos les piden en la comunidad: el maestro, el médico, el delegado y
“el de las despensas”, entre otros, aunque saben que esas labores no forman
parte de las condiciones del Programa. El dinero que reciben lo destinan
principalmente a los hijos, ya sea en sus requerimientos escolares o en comida,
pero también lo utilizan para comprar lo que quieren porque sienten que tienen
derecho, es decir, ejercen sobre éste su poder de decisión porque lo consideran
suyo; saben que el gobierno se los da a ellas porque son precisamente ellas
quienes cumplen con los requisitos estipulados.
Actualmente se tiene una cobertura superior a los 6 millones de familias que
representan más de 30 millones de personas en más de 100 mil localidades. “Las
transferencias monetarias se entregan a la madre de familia (titular beneficiaria) y
las becas escolares, a partir de secundaria, son mayores para las niñas y las
jóvenes que para los varones. No obstante, el Programa ha sido cuestionado por
el peso de las responsabilidades que hace recaer sobre las mujeres.” (López, M. y
Salles, V, 2006: 12).
El programa ha sido evaluado y estudiado desde distintas instituciones. En los
casos que han incorporado como objeto de estudio los cambios en las relaciones
de género y el “empoderamiento” de las mujeres titulares de familias beneficiarias,
se ha identificado que el programa existe en mayor o menor medida en función de
66
los procesos familiares y las condiciones domésticas de aprovechamiento de los
apoyos del Programa, (Lang, 2006) lo cual indica que son los contextos y
características específicos de las familias lo que determina la incidencia del
Programa.
Uno de los cambios derivados de la mayor participación femenina en el mercado
laboral que se presenta de manera diferente según el ciclo de vida de las familias
se refiere a un aspecto medular del trabajo en el hogar, el cuidado de los hijos,
hecho que condiciona las posibilidades de participación laboral de las mujeres.
El nivel educativo de los padres es otro factor de alta incidencia en la
vulnerabilidad económica. Existe mayor pobreza en familias en las que los padres
(madre/padre) cuentan con menos de diez años de escolaridad. En el caso de las
familias beneficiarias del Programa, es posible suponer que existe un nivel de
escolaridad que las coloca en condición de vulnerabilidad, dada la fuerte
correlación que se da entre nivel educativo y pobreza. Llama la atención que,
dentro de las corresponsabilidades que establece el Programa y a las cuales se
asocia el otorgamiento de apoyos monetarios, no esté considerada la educación
de adultos, particularmente de las mujeres, hecho que tendría un significado
trascendente en la formación de derechos ciudadanos.
La percepción de las mujeres sobre su participación en el programa
Oportunidades identificada por el estudio de García y Oliveira (2005), mostró que,
en general, no se reconocía que la existencia del Programa constituyera una
responsabilidad del Estado para la provisión de mínimos de atención a la extrema
pobreza en que se encuentran las familias; se reconoce más como un buen gesto
del gobierno, así lo muestran sus consideraciones respecto a lo que es el objetivo
del Programa:
Las titulares otorgan gran valor al Programa por los beneficios que les ofrece
(como dinero, consultas médicas y pláticas) y porque les significa, para ellas y
67
para sus hijos, la posibilidad de tener mejor alimentación, de comprar cosas
personales y escolares, así como la seguridad de que los niños no van a
abandonar los estudios por falta de dinero.
… para muchas mujeres estos programas se convierten en su
primera fuente de ingresos estables, lo cual, aparentemente, las
empodera, y digo aparentemente porque no son ellas las titulares
de la seguridad social, pues reciben los recursos por ser madres,
ya que las niñas y niños son beneficiarios reales de las becas u
otros apoyos otorgados a sus madres. (Calzada, 2013: 348)
Es claro que el contexto económico tiene un impacto de mayor deterioro para las
mujeres y que no se resuelve con transferencias monetarias. El Estado no está
cumpliendo con su función de redistribuir la riqueza y generar condiciones de
trabajo digno para las mujeres y acciones de promoción efectiva para la equidad
de género impulsando procesos culturales desde una perspectiva de los derechos
ciudadanos.
En realidad, el programa no tiene una perspectiva de género que promueva
explícitamente cambios en la posición de género, que implique mayor
participación de los hombres en el cumplimiento de las corresponsabilidades para
con el Programa y mucho menos para promover su participación en el trabajo
doméstico y el cuidado de los hijos.
Las madres se transforman, así, en un instrumento operativo
de la política social, convirtiéndose en una carga adicional a la
que se ha considerado “su responsabilidad histórica” garantizar
la reproducción social y cotidiana de la humanidad. Calzada
(2013: 349)
68
La visión de la política pública familiar inherente al Programa Prospera, muestra
que la concepción de igualdad de género que está implícita es asumir que se
promueve la igualdad porque se entrega dinero a las mujeres, sin reparar en que
esto significa sobrecargar de más trabajo a las titulares de las familias y agudizar
la tensión entre vida laboral y recepción de transferencias para las que participan
en trabajo extradoméstico.
Las políticas sociales de atención a la pobreza que asimilan la incorporación de
las mujeres como sustento para la operación de los programas, han sido
cuestionadas en cuanto a sus impactos sobre: la autonomía de las mujeres; el
tiempo que les significa el cumplimiento de corresponsabilidades, el aumento del
trabajo de reproducción no remunerado; la agudización de la problemática de
conciliación en el funcionamiento de las familias, especialmente para las mujeres
que realizan trabajo remunerado. Análisis como los de Arriagada (2005), del
Tronco (2006) y Molyneux (2005), dan cuentan de diversas críticas a las políticas
públicas que se implementan sin plantearse la equidad de género como un
propósito principal.
La operación del programa durante cerca de 20 años lo coloca como el eje
principal de política social de atención a la pobreza, que rebasa los límites
sexenales de la administración federal, superando la barrera del corto plazo. Este
programa ha sido expuesto y exhibido en distintos foros y documentos como un
ejemplo de política social con enfoque de género; sin embargo, cuando se
cuestiona sobre su perspectiva de género sólo se alude a la existencia de una
acción afirmativa que se incorporó desde su diseño original en el componente
educativo, el otorgamiento de apoyos educativos de mayor cuantía monetaria a
las niñas a partir de secundaria. Por su papel central en la política para la
atención de la pobreza en México, su alcance en términos de cobertura, 5.8
millones de familias (cerca de 30 millones de personas), y su permanencia en la
política social, considerando que ha permanecido por 3 sexenios, resulta
69
necesario seguir avanzando en reconocer si se incorpora y cómo la perspectiva
de género.
Como referencia, hasta el año 2013, de 73 evaluaciones, sólo en 9 se incorporó el
tema de género directa o indirectamente. La intención de esta breve exposición es
dar cuenta de cómo ha sido tratado el tema de la incorporación del enfoque de
género en la agenda de las políticas públicas, en particular en el programa
Prospera, qué aspectos de la desigualdad entre mujeres y hombres se han
abordado en distintos estudios y evaluaciones del programa, y qué resultados han
obtenido.
En el análisis de cómo se incorpora la relación género y pobreza en las políticas
públicas en América Latina, se parte de reconocer, como lo señala Molyneux
(2005: 35), que la mayoría de las instituciones de desarrollo se basan en una
concepción de pobreza referida a falta de acceso al mercado, así se establece
que la superación de esta restricción se asocia a la construcción de capacidades
para acceder al mercado. Desde la perspectiva de género, el tema es que la
definición de los objetivos de los proyectos son determinantes de cómo participan
las mujeres y cómo serán afectadas.
La incorporación del concepto de equidad de género, como tema de la agenda de
las políticas públicas en México, se presenta desde los dos últimos sexenios de
los gobiernos priístas (Lang, 2006), y se hizo particularmente presente en materia
de política social a través de los programas de combate a la pobreza que se
apoyan en la participación de las mujeres para el cumplimiento de los objetivos de
la intervención social.
Los distintos estudios y evaluaciones al programa parten de identificar que los
programas sociales en la región responden a cambios de orden económico,
político y social que subyacen en el impulso de las políticas de desarrollo y que
existen dos modelos diferentes de plantearse la intervención social desde la
70
política pública. Por un lado las que se plantean una intervención universal a partir
de los derechos ciudadanos y las que se plantean una metodología de
focalización particularmente para la población que se ubica en extrema pobreza,
tal es el caso de Prospera.
El Colegio de México (COLMEX) que ha participado en importantes esfuerzos de
análisis del programa (De la Paz, 2006 y Rodríguez, 2006), ha reconocido desde
hace más de una década que, aunque ha sido considerado a nivel regional e
internacional como un programa pionero y exitoso en la lucha contra la pobreza,
en realidad su concepción, diseño e instrumentación es producto de un momento
histórico-social en el mundo. Se reconoce también que la política social pasó de
un enfoque de tipo promocional y socio-comunitario a uno enfocado a
transferencias monetarias a las familias apoyado fundamentalmente en las
mujeres de las familias beneficiarias. En esta perspectiva, se identifican dos
posiciones respecto al significado que para las mujeres tiene esta tipo de
intervención; por una parte, organismos como la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) reconocen que la recepción de dinero
mensual por las mujeres genera un cambio en su posición de poder en el interior
de las familias y la comunidad. Otros estudios, como el de José del Tronco
(2006), plantean que no hay tal efecto de la supuesta perspectiva de género del
Programa debido a que el ingreso económico no necesariamente significa mayor
autonomía para las mujeres, ya que existe una diferencia fundamental entre la
feminización de la política social y una política social con enfoque de género.
Desde esa posición, se identifica que los programas que se han apoyado en
transferencias monetarias asociadas a impulsar la inserción de las mujeres en el
mercado de trabajo remunerado tienen una mayor posibilidad de incidir sobre los
objetivos de equidad de género que los programas que se sostienen en
considerar y mantener el rol de las mujeres como cuidadoras de la familia, como
es el caso de Prospera.
71
Este aspecto constituye una diferencia central en los análisis de los programas
sociales, pudiendo identificarse dos corrientes. Los que suponen que la
feminización de los beneficios en términos de la entrega de transferencias
monetarias a las mujeres traen como consecuencia “natural” el cambio en su
posición de género, y aquellos que se plantean desde su concepción y diseño
incidir en la autonomía económica y la mayor participación en las decisiones
políticas y sociales por parte de las mujeres. (Del Tronco: 2006).
En su diseño original el programa Progresa, consideró la implementación de un
conjunto de medidas que contribuirían progresivamente a sacar a la población de
las condiciones de extrema pobreza, estableciendo la focalización como la
metodología base para la elección de las familias beneficiarias, pero haciendo
hincapié en la atención a los grupos más “vulnerables”: niños y mujeres. Se
establecieron tres objetivos fundamentales: reducir la tasa de mortalidad infantil,
mejorar el nivel educativo, la salud y nutrición y disminuir las tasas de fecundidad.
Esto implicaba una significativa eficacia que dependería de la capacidad operativa
del programa; la decisión fue transferir a las familias beneficiarias un apoyo
monetario directo, para complementar los ingresos familiares, que sería entregado
a las mujeres como la forma más viable para garantizar que esos recursos se
destinarían a la adquisición de alimentos que llegarían a los integrantes de las
familias considerados en situación de mayor vulnerabilidad (Ordoñez 2002: 191-
193). En este aspecto es determinante la participación de las mujeres porque se
constituyen en el elemento que articula la operación del programa con la
población beneficiaria y el cumplimiento de objetivos; sin embargo, dicha
participación no figura como un elemento reconocido explícitamente.
Otros estudios (Cohen y Franco: 2006) señalan que los programas de
transferencias económicas condicionadas contienen claramente consideraciones
de género en diversos sentidos: entrega los apoyos económicos a las mujeres; las
mujeres tienen gran responsabilidad en las obligaciones que impone el programa
a las familias; las mujeres son promotoras del programa y se otorga mayor apoyo
72
a la escolarización de las niñas. Se alude a que el impulso a la participación de
las niñas en procesos educativos, se relaciona con el interés por combatir
estereotipos. Cohen y Franco señalan que las mujeres tienen necesidades
específicas que deben ser atendidas; sin embargo, no existen elementos en el
diseño del programa que apunten a dar respuesta a esas necesidades.
Cabe destacar que la información disponible acerca de características de las
familias beneficiarias no se ofrece con la desagregación necesaria para un
análisis detallado de la estructura, organización y etapa del ciclo de vida de las
familias, tampoco proporciona datos acerca de la participación de las mujeres en
el mercado laboral.
Es claro que las necesidades sociales que plantea atender el programa se
centran en los niños(as), las mujeres y hombres se incorporan en el diseño del
Programa, sobre la base de mantener la división de género para su éxito. No
existe un elemento que promueva de forma obligatoria la participación de los
hombres y las mujeres para compartir el cumplimiento de corresponsabilidades y
en ese sentido modificar la distribución del trabajo no remunerado de cuidado de
los hijos.
De tal forma que, aunque las mujeres, fundamentalmente las madres, son
quienes reciben los apoyos monetarios y, eso pudiera ser un elemento que
suponga su empoderamiento, el Programa refuerza las divisiones sexual del
trabajo con lo que permanecen y se refuerzan las desigualdades de género en el
trabajo no remunerado en el ámbito doméstico, al que se le suma el cumplimiento
de corresponsabilidades que impone el programa como condición para la entrega
de apoyos monetarios. Para las mujeres que además realizan trabajo asalariado,
se agudiza la problemática de conciliación entre el trabajo no remunerado, el
trabajo remunerado y los requerimientos del programa para el cumplimiento de
corresponsabilidades, el señalamiento de Molyneux (2005) es claro en el sentido
de que como las construcciones de la feminidad se relacionan estrechamente a
73
una actitud e inversión afectiva de autosacrificio o de altruismo de la maternidad,
es un aspecto ideológico clave en que se apoyan estos programas maternalistas
“…Así, para las mujeres que están incorporadas a programas como
Oportunidades y que pierden una cita en la clínica o un taller, debido a que están
trabajando, se ponen a sí mismas en la situación de ser ‘malas madres’ por no
cuidar a sus hijos(as)”. (Molyneux, 2005: 44)
A pesar de que la organización familiar y los modelos de familia son sustanciales
en las políticas sociales, generalmente se sujetan y diseñan a partir de un modelo
único de familia, que está asociado a un único modelo ideal. No hay un
reconocimiento de la evolución que esta institución ha tenido a lo largo de la
historia y, particularmente, las transformaciones que se asocian a la incidencia del
papel de la mujer.
Así, los beneficios para las familias “...dependen de que las mujeres cumplan con
sus roles sociales y responsabilidades ‘tradicionales’. Oportunidades lo hace en la
medida que basa su Programa en la asignación normativa de las
responsabilidades maternas, de hecho, haciendo transferencias condicionadas a
una ‘buena maternidad’... estos proyectos se asientan en supuestos normativos
relacionados con el ‘rol de las mujeres’ de modo que se da por hecho que el
trabajo que las mujeres llevan al cabo es para asegurar que se cubren las
necesidades de sus hijos(as), es ‘algo que las madres hacen’” (Molyneux,
2005:43).
Desde ese marco, la perspectiva que el Programa adopta frente a la concepción
de familia corresponde claramente al modelo único tradicional. No distingue
diferencias en los modelos de familias que se reflejen en diferente intervención y
tipo de apoyos considerando características de las familias. Por ejemplo, con
jefatura femenina, que implica características de ingreso familiar y de participación
de la mujer al mercado laboral, lo que significa en la operación del programa que
las titulares con esta característica requieren, en al menos dos ocasiones al mes,
74
disponer de tiempo de su jornada laboral (aún sea tiempo parcial) para asistir a
cumplir alguna corresponsabilidad. Este hecho genera tensión entre la vida
laboral y ser beneficiaria del Programa. En ese sentido “...Los nuevos programas
antipobreza pueden estar identificando con éxito los hogares pobres y las
comunidades, donde responde a necesidades no resueltas, pero ni atender a las
necesidades de las madres, ni la igualdad de género son un objetivo clave.”
(Molyneux, 2005: 43).
Se mantiene una visión tendiente a fortalecer el modelo tradicional de familia y no
se reconoce la diversidad de tipos de familias para, en consecuencia, generar
alternativas de participación adecuadas a sus características de estructura y
funcionamiento.
Un elemento identificado en algunos estudios (del Tronco, 2006; Molyneux, 2005;
Rodríguez, 2006) es que el programa depende de que las mujeres cumplan con
las actividades (corresponsabilidades) que condicionan la entrega de los apoyos
sin que exista ninguna consideración o compensación respecto al tiempo que ello
les implica, sólo deben hacerlo por el hecho de ser las responsables del cuidado
de las niñas y niños, constituyéndose en el medio para que se cumplan los
objetivos del programa, sobre la base de que todo lo que signifique el bienestar
para los hijos y la familia es algo que corresponde de manera natural a las
madres.
75
CAPÍTULO 4
La participación en política social: medio y fin de la
intervención en trabajo social
4.1. Perspectivas teóricas de la participación
En el acercamiento a las referencias conceptuales en torno a la participación, lo
primero que se reconoce es que se trata de un concepto inmerso en múltiples
debates por las diferentes perspectivas desde donde ha sido analizado; en
consecuencia, surgen diversidad de concepciones en sus ámbitos, características
y alcances. Particularmente, como lo plantea Nuria Cunill, resulta compleja su
definición cuando la participación se asocia específicamente al concepto de
ciudadanía:
“…existen dificultades inherentes al concepto de participación, no sólo
porque no hay una concepción unívoca de su relación con el poder
político, sino porque el vocablo se refiere por igual tanto a los efectos
globales del poder como a ciertos ámbitos del poder sectorial, espacial
o funcional. Existen además problemas para precisar los ámbitos
específicos a los cuales se refieren las diferentes modalidades de la
participación (sociedad, política, aparato productivo, sistema cultural,
etc.)… Tales dificultades se acentúan cuando se trata de
conceptualizar la participación ciudadana misma y acotarla como
unidad de análisis”. (Cunill, 1991: 43)
Dependiendo de la concepción que se tenga de la participación como acción
social, se advierte una carga y orientación ideológica distinta. En ese sentido,
Cunill señala que existen elementos que son comunes o se comparten entre
76
distintas definiciones, por lo que se puede utilizar el mismo término en diversos
enfoques. Esos elementos se relacionan a dos dimensiones en que puede
acotarse la participación ciudadana: “…como medio de socialización en la política
y como forma de ampliar el campo de lo público hacia esferas de la sociedad civil
y por ende, de fortalecer a ésta”. (Cunill, 1991: 44)
Como medio de socialización en la política, explícitamente Cunill (1991) alude a la
práctica social que implica una interacción deliberada entre el Estado y actores de
la sociedad civil. El concepto de participación supone “ser parte de” o “tomar
parte”, por lo que cuando se trata de participación ciudadana, se refiere a que los
individuos en su condición de ciudadanos están siendo parte de alguna actividad
pública.
Desde esta concepción, no se considera participación ciudadana a la acción social
que se da en el marco de organizaciones de la sociedad civil para atender
intereses sociales, a la cual se denomina participación social. Tampoco se
contempla a la participación derivada del cooperativismo, el asociativismo y la
autogestión, salvo en caso de que la acción trascienda a la obtención de recursos
públicos.
La participación comunitaria tampoco es incluida, porque identifica que
tradicionalmente se ha derivado de un impulso simplemente asistencial; sin
embargo, aunque se reconoce que este tipo de participación puede implicar una
relación directa con la participación ciudadana, distingue la participación y
desarrollo comunitario de la participación ciudadana, porque la primera no
necesariamente implica interactuar con el Estado y se considera que cuando eso
ocurre únicamente es en razón de lo que se denomina “un impulso asistencial”
que responde a asuntos coyunturales. En esta perspectiva de participación
ciudadana, que podría parecer reducida, el interés de Cunill es reconocer las
repercusiones que la relación Estado-sociedad, genera sobre la democratización
del primero.
77
Un elemento relevante de esta aproximación es su propuesta de cierta
caracterización de factores que permite determinar y acotar funciones y alcances
de la participación. En ese marco, destacan dos elementos que interesan por su
relación con la aplicación con la política social; por una parte, el carácter directo o
indirecto de la participación de los sujetos que intervienen y, por otra parte, el
origen del impulso a la participación, identificando para este elemento dos tipos, la
acción ciudadana que se genera y controla por los mismos sujetos sociales y, la
implicación ciudadana que se origina y controla por el propio Estado, para obtener
programas sociales.
Otra perspectiva de la participación ciudadana la ofrece Alicia Ziccardi, quien parte
de un fundamento eminentemente político, al establecer su relevancia como
sustento del sistema de gobierno en el marco de la democracia:
“…como un componente esencial de la democracia, como forma de
organización social y de gobierno, reconociendo que existen diferentes
formas de participación: social, comunitaria, ciudadana, política y, que
todas son necesarias para hacer de los individuos, ciudadanos con
derechos y obligaciones sociales, políticos y urbanos”. (Ziccardi, 2016:
2)
La participación es ubicada como la posibilidad de lograr una aspiración principal,
el ejercicio de la ciudadanía reconociendo sus distintas dimensiones.
Particularmente se refiere a la ciudadanía social para establecer la relación con los
derechos sociales fundamentales: salud, educación y seguridad social que debe
garantizar el Estado de acuerdo a la Constitución Política del país.
El ámbito local es el espacio que se reconoce como el de mayor potencial para el
ejercicio de la ciudadanía porque es ahí, en el contexto más inmediato, donde los
sujetos están inmersos en la vida cotidiana y pueden, en el día a día, hacer
78
efectivos sus derechos, reconociendo que debe existir un marco institucional de
compromisos y condiciones que lo hagan posible. En este aspecto, la perspectiva
permite ubicar la participación en el marco de la relación Estado-sociedad y de las
obligaciones que éste tiene en la configuración del Estado social en términos de
generar el marco contextual que haga posible que la participación ciudadana
implique ejercer sus derechos.
4.2. Participación en la política social
De acuerdo a Ziccardi (2008: 126), las políticas sociales tienen mayor centralidad
en el conjunto de las políticas públicas derivado de la compleja situación de
pobreza y exclusión social de grandes grupos sociales, como expresión de los
procesos de masivo empobrecimiento y la notable urbanización de la pobreza.
Señala que este contexto ha obligado a que políticas sociales originalmente
diseñadas y destinadas para el medio rural, particularmente haciendo referencia al
programa Progresa-Oportunidades, ahora se apliquen para atender la cuestión
social en las zonas urbanas del país.
Con el reconocimiento de un giro en la aplicación de la política social, al trasladar
indistintamente la operación de un programa diseñado para pobreza rural a las
ciudades, se señalan cuestionamientos centrales como la necesidad de reconocer
la diferencia en las características del nuevo contexto en el que operan las
políticas sociales y también la diferencia que implicaría la concepción de la
participación ciudadana. Estos cuestionamientos son centrales porque subyace la
crítica de que la política social de atención a la pobreza, el programa social con
que se instrumenta y los elementos de participación configurados en su origen
como respuesta al contexto de la pobreza en zona rural, fueron aplicados bajo el
mismo diseño en las ciudades, desconociendo, así, que las políticas sociales y su
intervención no pueden prescindir del contexto para responder a las
características de la pobreza, de la participación y de las prácticas sociales que se
generan.
79
En su construcción conceptual Ziccardi plantea que:
“Las políticas públicas son las formas de intervención de una autoridad
investida de poder público y de legitimidad gubernamental a la que
corresponde dar las soluciones específicas para atender diferentes
asuntos públicos.
…Las llamadas políticas sociales son un tipo particular de políticas
públicas que tienen como principal objetivo crear condiciones de
equidad social, así como promover y garantizar el ejercicio de los
derechos sociales. Entre estas pueden mencionarse las políticas de
salud, educación, vivienda y recreación, las cuales se dirigen al
conjunto de la ciudadanía adoptando criterios de universalidad porque
son parte de la responsabilidad social del Estado. Aunque sus
contenidos varían temporalmente y entre diferentes contextos sociales,
lo común en todas las políticas sociales es dar los lineamientos
generales para garantizar el conjunto de la ciudadanía el acceso a
bienes y servicios básicos que son considerados parte de los derechos
sociales, consagrados por lo general en las leyes supremas de los
estados” (Constitución). (Ziccardi, 2008: 128).
4.3. Participación e intervención social: binomio inherente al trabajo social
Para abordar la relación entre participación e intervención social desde la
perspectiva de trabajo social, como lo plantea Tello para ubicar el referente
conceptual de cambio social que sustentará la definición del alcance de la
intervención:
…es preciso recurrir a las teorías sociales referentes al cambio
social que se pretende alcanzar, ya que la definición del proceso
para el cambio habrá que definirse desde ellas. Si se pretenden
generar procesos de participación, se tendrá que recurrir a la
80
explicación… para proponer un proceso que transite de la no
participación a la participación. Tello (2008: 26)
Esta aproximación al proceso de conformación de la intervención social desde la
perspectiva de trabajo social plantea como indispensable la participación del
sujeto y reconoce que “…cuando se conceptualiza el cambio, es necesario no
confundirlo con el objetivo de la estrategia… sino definirlo como una visión del
escenario posible.” Tello (2008: 27)
Otra perspectiva desde donde se estudia la participación y que constituye una
propuesta particular al establecer como marco analítico la relación entre
participación e intervención, la plantea Pepa Franco y colaboradoras (2016), su
orientación permite ubicar un aspecto clave para dimensionar desde la política
social el alcance y sentido de la participación de los sujetos sociales: la relación
entre participación, intervención social y ciudadanía.
La aproximación que proponen Franco et al, se construye sobre la base de la
relación entre intervención social y participación social, colocando la participación
como condición, herramienta, escenario y meta de la intervención en que se
concreta la política social.
…la participación utiliza la Intervención Social, y ésta última se
convierte en un instrumento de “la participación” para avanzar en
una “política de presencia” de las personas, grupos y colectivos
que no tienen un acceso a los mecanismos de participación social
ordinarios, o que están directamente excluidos de ellos”. (Franco et
al, 2016: 1)
A partir de la definición Intervención Social, que es entendida como “…un
conjunto de acciones intencionadas para mejorar el contexto de un grupo social
en un lugar y tiempo determinado” (Franco et al, 2016: 3), se plantea que su
81
campo es, en consecuencia, incidir sobre lo social. La intervención social implica
acciones organizadas y coherentes en el marco de un programa o proyecto lo
que supone su articulación.
Estas acciones son intencionadas, lo que significa que alguien, una
persona, un equipo, un colectivo, toma la decisión de actuar. En el
caso de que la iniciativa sea pública, el Estado en cualquiera de
sus niveles de competencia (estatal, autonómica o local), puede
decidir realizar una “política social”, es decir, una Intervención
Social acorde con el modelo de justicia social definido por el propio
Estado”. (Franco et al, 2016: 3).
Toda intervención social pretende mejorar la situación de determinado contexto
mediante la acción social de los sujetos con quienes se plantea la intervención, le
es inherente un escenario de cambio.
La posibilidad de cambios debe sustentarse en el análisis de la situación y
plantear un escenario previsto para establecer a donde se quiere mover la
situación, lo que en consecuencia implica determinar que tendría que ocurrir entre
una situación y otra.
Otro elemento es que no sólo se plantea intervenir sobre las personas sino
también considerar los cambios en el contexto que implica modificar una
situación.
De ahí que la Intervención Social concebida como instrumento de
cambio social ha de tener un fuerte componente informativo y,
sobre todo, educativo. La educación para la transformación
parafraseando un libro señero de la Educación Popular. Si no se da
esta premisa, difícilmente los cambios serán viables”. (Franco et al,
2016: 6).
82
A partir de este marco general de lo que pretende la intervención social, Franco
articula la participación social y la propone como una meta de la Intervención
Social aludiendo a que da sustento de legitimidad en el marco de contextos
políticos que señalan su carácter democrático.
La aproximación que proponen Franco et al, (Franco et al, 2016: 7).se construye
sobre la base de la relación entre intervención social y participación social,
colocando a la participación como condición, herramienta, escenario y meta de la
intervención en que se concreta la política social.
De este modo, se puede afirmar que la participación se ha convertido en un
concepto imprescindible de la Intervención Social, y se puede entender como:
sinónimo de presencia individual en lo público, contrapuesto a la presencia en lo
privado, y como estrategia a partir de la cual se define una política con todos sus
actores públicos y privados.
83
GRÁFICO 1
POSIBLES OBJETIVOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
PARTICIPACIÓN PARA
QUÉ… Y DE QUIÉNES
CON QUÉ MECANISMOS
Para que con un
sistema democrático de
funcionamiento, las
organizaciones y
movimientos sociales
sean escuelas de
democracia.
Todas las personas
comprometidas con los
objetivos y fines de la
organización o
movimientos.
De
participación
democrática
interna.
Para ejercer la
ciudadanía y los
derechos sociales.
Todas las personas
comprometidas con los
objetivos y fines de las
organizaciones,
además de las
personas y colectivos
con los que trabajan.
De
participación
social
ciudadana.
Para que desde lo
público se garanticen
los derechos sociales,
civiles y políticos.
Las entidades y la
sociedad civil
organizada que
representan intereses
colectivos.
De
participación
social
institucional.
Para ejercer la
capacidad de tener
representación en los
órganos democráticos
de decisión política
actuales.
Cada individuo con su
voto en las elecciones
políticas.
De
participación
política
legislada.
Tomado de Franco et al, 2016
84
La definición que propone Corvalán (2000) resulta sustancial para ampliar y
profundizar en aspectos de la participación y su relación con las políticas e
intervenciones sociales desde la perspectiva que interesa en este estudio:
“…la participación puede ser entendida como la asociación del
individuo con otro(s) en situaciones y procesos más o menos
estructurados y en relación con objetivos finales medianamente claros
y conscientes, o bien con resultados no conscientes para el individuo,
pero significativos desde la perspectiva del sistema social. Mediante
esta asociación o cooperación con otros, el individuo adquiriría un
mayor ejercicio del poder. Esta adquisición de poder no sería posible
para él si permaneciese aislado o sin asociarse, y esto último influiría
también en la creación de un fenómeno o resultado objetivo.
Finalmente, y como consecuencia de esta argumentación, planteamos
que toda participación sería el paso de una conducta individual a una
colectiva, es decir, y tal como lo afirmamos al comienzo, sería la
asociación o cooperación intencionada del individuo con un otro.”
(Corvalán, 2000: 11)
La participación se reconoce como concepto indispensable en la planeación, la
intervención y la política social, coincidiendo con la perspectiva de participación de
esta investigación. Se identifica que la participación se ha colocado como un
elemento central en la política social y la intervención social por el impulso desde
organismos financieros internacionales que diseñan las propuestas de desarrollo
para los países latinoamericanos, como el caso del programa social de apoyos
condicionados Prospera.
La revisión de la participación se plantea desde tres elementos: en cuanto a su
sentido funcional a partir de las necesidades que se resuelven y que serían la
razón de esa acción; respecto a la estructura generada por tal acción, y por la
capacidad de consciencia de los sujetos respecto al proceso participativo y a lo
85
que obtienen de esa acción.
La característica de la acción social colectiva que deriva de la participación es
revisada desde cuatro perspectivas distintas: la liberal, la de la acción integradora,
la que pone el énfasis en la movilización colectiva y aquella que hace referencia a
la alienación.
Respecto a las cuatro perspectivas teóricas que analiza para explicar la
participación en política e intervención social, para efectos de esta investigación,
se considera la perspectiva que ofrece como acción integradora por ser el marco
explicativo de mayor correspondencia con el contexto mexicano y del programa
Prospera.
“Por acción integradora entendemos un conjunto de iniciativas de
política e intervención social que de manera esquemática define dos
aspectos de la realidad social. El primero, constituido por los espacios
oficiales y legítimos en los cuales prima un campo normativo, valórico y
cultural moderno y racional. El segundo, conformado por un espacio
anómico, carente de acciones racionales, marginal y pobre, en el que
dominarían normas y valores poco deseables.” (Corvalán, 2000: 17)
“…la acción integradora y su concepción ad hoc de participación marca,
con diferentes énfasis, una buena parte de la historia social…
latinoamericana del siglo XX. Su expresión más palpable está dada por
los Estados benefactores, aparecidos a partir de los años cuarenta,
cuya política social desarrolló coberturas universales y homogéneas en
el campo de la educación y de la salud. También una buena parte del
trabajo social llevado a cabo durante los años sesenta en América
Latina, tendiente a la alfabetización e integración de la población rural
por medio de la reforma agraria, puede ser ubicado en esta
perspectiva.” (Corvalán: 2000: 18)
86
Reconocer las consideraciones de los participantes y beneficiarios de las políticas,
programas e intervenciones respecto a los componentes participativos es un
elemento central para identificar la congruencia entre lo que supone la
participación en un determinado programa desde los promotores hasta los
destinatarios.
87
CAPÍTULO 5
Articulando el trabajo social científico y la intervención social
de los programas sociales
5.1. Un modelo de análisis integrador
Recordemos que esta tesis investiga específicamente la respuesta gubernamental
que se organiza mediante el programa social orientado a la atención de la pobreza,
Progresa/Oportunidades/Prospera, en el cual la participación de las mujeres que
figuran como titulares de las familias representa un aspecto central en la
intervención social, que resultaría fundamental generar.
Los elementos revisados nos permiten configurar el principal aporte de esta tesis,
esto es, una propuesta que articule el trabajo social científico y la intervención
social de los programas sociales, a través de un modelo de análisis integrador
situado en la participación de las mujeres en la política social y la conexión de esa
participación con procesos para la igualdad de género.
Esta propuesta puede verse sintéticamente a través del siguiente modelo:
88
Objeto de Investiljación /...a participación en proljramas sociales
€SfflDO DESflRRO/../..O
INTERVENCIONES PúB/..ICflS
r" ¿~.- 1~~~~fl~: .J . ,
~ :r ClUDI1DI1NfI1 / $: 1 ...... _ . _ . _~~. ___ -~-__ ...... ~ ~ , -s: : PO/..IíICfl SOClfl/.. I
~ ~ I'!' -; ~
'" ffi '" .:tl
INTERVENCióN SOC/fI/.. DE PROGRAfHflS SOClfI/..ES
PflRflCIPI1ClóN
Procesos: Or9Qniz.Qúón CooperQúón
Cohesión
t3EfNERo REALIDAD SOCIAL
VIDI1 COTWII1NI1
TIPOS DE PflRflCIPI1ClóN
Sujeto de Investi9ación /...as mujeres representantes de sus Familias
GRUPOS 50CII1/..E5
(~ -"OiRizlI - .• ----- --_._--
DESIGUfI/..DflD
-NECESIDflDES y
PR08/..ERlflS SOC/fI/..ES
'RACflCI1S 50CII1/..ES
Prou.sos: l1utonomfQ
No violenúQ Redistribuúón
trQbQjo cuidQdos
---- , '" ~ ~
B ~
¡- ~ ~ :;; ~
~
~ 15 '"
89
El recorrido realizado sobre distintos elementos teóricos en las cuatro principales
cuestiones definidas en este estudio: vida cotidiana, desarrollo, política social y
participación, ha permitido identificar y explorar elementos de la relación objeto-
sujeto de investigación, dando lugar a un conjunto de conceptos y de
interrelaciones que configuran la propuesta de este modelo de análisis. La
perspectiva es que este modelo pueda apoyar el diseño de estrategias de
intervención, enmarcadas en programas sociales de apoyos condicionados, que
integren como componente en su diseño e intervención social al trabajo social
científico y que sitúen a la participación de las mujeres como elemento sustancial
para propiciar procesos tendientes a la igualdad de género. Asimismo, este
modelo podría apoyar en el estudio, desde la academia, de experiencias empíricas
para profundizar en el conocimiento de la tipología de la participación y de los
procesos asociados a la igualdad de género, siempre en la certeza de que todo
modelo es una aproximación, por tanto su utilidad depende de su capacidad para
mejorar, ser flexible y ajustarse a la realidad. De ahí que, sin que sea motivo de
mayor profundización en este trabajo, se considera pertinente su aprovechamiento
en el marco de proyectos de investigación-acción.
Los primeros elementos que en el modelo se delimitan son el objeto y el sujeto de
investigación. El objeto se sitúa en la participación que ocurre en el marco de los
programas sociales, en tanto el sujeto apunta, específicamente, a las mujeres que
representan a sus familias en el programa social de apoyos condicionados contra
la pobreza Progresa-Oportunidades-Prospera.
Tomando como base esa delimitación, y después de la exploración y revisión de lo
que se conoce y desconoce sobre el objeto en relación con el sujeto de
investigación, en este modelo se coloca al género como la categoría de análisis
clave con la que es posible mirar la estructura conceptual propuesta y sus
relaciones, para explicar desigualdades sociales entre hombres y mujeres
derivadas de la jerarquización social que el sistema patriarcal construye desde la
asignación social de roles y estereotipos sustentados en la diferencia sexual.
90
Dadas las definiciones anteriores, el modelo se ubica en la perspectiva de ser una
herramienta de análisis de la realidad social que comprende dos esferas y su
interrelación; la estructural y la de la acción social de los individuos. Sin ser motivo
de análisis ni de profundización en este proyecto, debe mencionarse que esta
propuesta se plantea desde la intención de desarrollar una mirada relacional entre
los dos sustratos de la sociedad, el estructural y el de los individuos y su acción
social.
Considerando ese señalamiento, la premisa inicial es que el entramado de la
realidad social se construye desde esas dos esferas: la de la estructura social,
que implica el conjunto de determinaciones derivadas de las relaciones sociales
que devienen de un sistema económico, y la que refiere a los individuos en su
acción social, como acción cargada de sentido y significado en función de la
relación con otros.
Se asumen que la articulación de las dos esferas se concreta en el ámbito de la
vida cotidiana, concepto al que se le otorga un lugar central en el modelo de
análisis al asumirlo en el sentido de que lo social corresponde a la vida cotidiana,
es decir, al reconocer que es el espacio donde ocurren de facto y adquieren
sentido y significado todas las relaciones que permiten la constitución tanto de la
subjetividad como de la intersubjetividad, el mundo de vida desde el concepto de
Schütz (2008), pero también y de manera fundamental para el propósito de esta
investigación, como el espacio que hace posible la concreción de la intervención
social que realiza el Estado desde la política social en los grupos y/o sectores
sociales a los que se dirigen los programas específicos para atender a
determinadas necesidades o problemáticas que se consideran como situaciones
que es necesario modificar.
Así, vida cotidiana constituye un concepto fundamental en este modelo de análisis,
porque, en la perspectiva que lo platea Heller (1987), es también no sólo donde se
configuran la subjetividad e intersubjetividad, sino donde deben ocurrir los cambios,
91
en el sentido de que no basta con comprender e interpretar el mundo, sino que es
necesario plantear el cambio en la cotidianeidad.
La vida cotidiana es un concepto central en el modelo de análisis porque se coloca
como el elemento articulador “bisagra” que posibilita la interrelación cotidiana entre
las dos esferas, la estructural y la de la acción social y, en consecuencia, entre los
conceptos asociados a cada una en los distintos niveles de abstracción que se
han planteado.
En el primer nivel del modelo de análisis, visto desde la esfera de la estructura
social, se considera que un componente principal es el Estado en tanto representa
el constructo que permite adherir y dirigir a la organización social bajo determinada
lógica de funcionamiento, en correspondencia a las necesidades de producción y
reproducción de las estructuras que dan sustento al sistema de producción. Se le
reconoce como el elemento que da origen a la intervención social en el caso de
las políticas sociales, en su relación con grupos y/o sectores sociales, los cuales
se ubican como elemento de la esfera de los individuos y su acción social.
En este modelo de análisis se asume al Estado, en una sociedad como la
mexicana, como un componente desencadenante de la intervención social que
supone un marco de actuación sustentado en el propósito de la democracia como
forma de vida; de ahí, se presume que en las respuestas que se construyen a
desde esa aspiración subyacen dos objetivos esenciales, el principio de la
igualdad y la construcción de ciudadanía como marco para avanzar en términos
de relaciones sociales, con su implicaciones en el plano de la construcción del
mundo de vida, es decir de la intersubjetividad de los individuos. Es necesario
enfatizar esta orientación de la intervención social –derivada de la política social-,
pues de otro modo no se podría sostener que los programas sociales pueden
impulsar la igualdad de género y la construcción de ciudadanía.
De esta manera, siguiendo la secuencia del modelo de análisis, al Estado se le
asocia el concepto de desarrollo, en la perspectiva de que una misión fundamental
92
de esta entidad es darle sentido, orientación y cauce a la evolución de la sociedad.
De la visión de desarrollo que se proponga el Estado, dependen la definición y la
construcción de respuestas, llámense intervenciones públicas, las cuales guardan
relación con grupos sociales que se ubican en la esfera de los individuos y su
acción social. Los grupos sociales se inscriben en contextos históricos específicos
que determinan situaciones de vida derivadas de condiciones estructurales de la
sociedad, que también intervienen en la configuración de su subjetividad e
intersubjetividad. En el caso de México, el contexto actual establece notables
características de pobreza y desigualdad, que han dado lugar a la generación de
agudas necesidades y problemáticas sociales.
La visión de desarrollo que determina la orientación de la política social, es otro de
los elementos que comprende el modelo de análisis para explicar desde que
argumentación se da la construcción de respuestas específicas a situaciones de
carencias o problemáticas asociadas a la vida cotidiana de grupos sociales,
mediante los programas sociales que se instrumentan en respuesta a situaciones
reconocidas como socialmente inaceptables y que se colocan en la agenda de
asuntos públicos, como es el caso del programa de apoyos condicionados contra
la pobreza.
…la introducción de una perspectiva de género en el diseño de
política social en los niveles internacional y nacional ha sido
reconocida como componente fundamental de las estrategias de
desarrollo… el debate sobre desarrollo y pobreza, por un lado, y el de
la situación de las mujeres y el enfoque de género, por el otro, han
encontrado un cruce inevitable. El reconocimiento… de la magnitud
del problema de la pobreza y del papel central que las mujeres tienen
para hacerle frente, ha generado un intenso debate acerca de cómo
incorporarlas en la política social incidiendo en procesos
reproductores de desigualdades en las relaciones de género (Tepichín,
2009: 2).
93
La participación representa, dentro del modelo de análisis, un concepto
fundamental. Su definición y la perspectiva en que se ubica es determinante del
alcance y del cauce de la intervención social que subyace a esa acción generada
por los programas sociales. Implica otro nivel de concreción en el modelo de
análisis; puede observarse que se relaciona con prácticas sociales que suponen
comportamientos sociales específicos por quienes resultan designadas para
representar a sus familias ante el programa Prospera.
Es necesario destacar que, en modelo de análisis, el concepto de participación se
ha situado en la parte de la esfera estructural, decisión que obedece precisamente
a reconocer de qué tipo de participación se trata, y cuál puede ser, en el marco de
la política social, su orientación y alcance, advirtiendo que hay perspectivas que
no reconocen la intervención de las mujeres en los programas sociales como
participación. Al respecto, se recuperan diversos elementos que fueron planteados
en el capítulo cuatro y se retoman aquí para explicar cómo se incluye la
participación en este modelo de análisis.
La participación es uno de los conceptos más referidos cuando se analiza la
política social; se ubica como un componente que determina el logro o la
deficiencia en los resultados que plantea la intervención de los programas sociales.
El concepto es central porque implica determinar la mirada en que se inscribe la
participación y la posición frente a la realidad social que plantea el diseño de la
intervención. En este sentido, se retoma la perspectiva de Pepa Franco y
colaboradoras (2016) en cuanto ubicar la participación como un medio y a la vez
un fin de la intervención desde el trabajo social. De ahí la importancia de
reconocer y diseñar los procesos sociales que se sustentan en la participación de
los sujetos sociales para generar el cambio de determinadas situaciones problema,
como lo son las diversas desigualdades de género que permean los contextos de
la vida cotidiana.
94
En la revisión de distintas aproximaciones teóricas a este concepto se identifican
clasificaciones para tratar de determinar matices, intencionalidad y alcance de la
acción de participar. En todos los casos, un motivo de cuestionamiento se refiere a
desde dónde y cómo dimensionar el resultado de esa acción, porque participar
implica efectos en el plano privado y subjetivo, pero también en el plano colectivo,
aun cuando no se tenga conciencia de ello.
Para efectos de la integración del modelo de análisis, se retomaron desde
diversas perspectivas aportaciones que llevan a considerar cinco elementos
claves de la definición de la participación:
Un primer elemento lo aporta la perspectiva de Corvalán (1996). Resulta relevante
para la intervención desde la lógica del trabajo social científico, advertir que la
participación implica una conducta observable, lo cual es clave para establecer
posibilidades en la investigación al permitir la construcción de referentes claros
para la operacionalización de lo que se desea indagar.
Un segundo elemento es que participar implica relación entre individuos frente a
ciertas situaciones, a la vez de procesos con distinta estructuración y con objetivos
claros y conscientes en lo individual, y significativos para el sistema social.
Un tercer aspecto es considerar que la participación tiene características en
cuanto a: motivación, naturaleza de la estructura que crea, y capacidad de los
individuos para tener consciencia del proceso en que se inscribe.
El cuarto elemento en la definición de participación que aquí se propone, consiste
en reconocer que en el contexto actual de la política social mexicana, la
intervención social y la participación que se diseña y opera desde el programa de
apoyos condicionados contra la pobreza, se sustenta en lo que se denomina
contexto de acción integradora (Corvalán, 1996), entendiendo que se trata de un
grupo de políticas asociadas a intervención social que asumen una baja o nula
95
consciencia y disposición por parte de los individuos para participar, los que no
están incluidos en el contexto de mayor desarrollo, y la configuración externa a los
individuos de los espacios de participación.
La concepción de participación perteneciente a la perspectiva de acción
integradora, responde al esquema con que se realiza el diseño de los procesos y
mecanismos de participación y de intervención que define el programa social
Prospera. Esta participación se propicia desde dos elementos, uno en función de
necesidades, aun cuando individualmente no se dimensionen las mismas, y los
esquemas y/o mecanismos en que se desarrolla la integración, aun cuando no
están definidas por el individuo sino por otro agente social, fundamentalmente -
como en este caso- por el Estado.
En principio, se trata de una participación social en la que el individuo no
considera ni asume su participación como parte de un proyecto colectivo. En ese
sentido, su participación no es consecuencia de su voluntad y de la clara
consciencia de la situación de pobreza y falta de condiciones del sistema para
asegurar el ejercicio de derechos sociales. El programa social y su participación
están estructurados desde el exterior, no desde el individuo.
Este señalamiento se considera fundamental para explicar por qué la participación
en el modelo de análisis se situó en la esfera que refleja la parte estructural de la
realidad social, y no como derivada de la esfera de la acción colectiva. Lo que no
quiere decir que en un proceso de participación generado desde esta perspectiva
no pueda desarrollarse la consciencia del individuo respecto de sus propias
necesidades y derechos y de la trascendencia de su participación como parte de
un proceso colectivo.
En este sentido, también aporta la reflexión de Cunill (1991) en cuanto a la
caracterización de factores que permite determinar y acotar funciones y alcances
de la participación, especialmente en dos elementos por su relación con la
96
aplicación con la política social: el carácter directo o indirecto de la participación de
los sujetos que intervienen, y el origen del impulso a la participación. Para este
elemento se identifica que la participación de las mujeres no corresponde a la
acción social que se genera y controla por los mismos sujetos sociales, sino a la
implicación ciudadana que se origina y es controlado por el propio Estado, para
obtener programas sociales.
El quinto elemento que se integra a la definición de participación, se recupera de
la perspectiva que ofrece Alicia Ziccardi (2008), con relación a reconocer en la
participación un fundamento eminentemente político, al establecer su relevancia
como sustento del sistema de gobierno en el marco de la democracia y, aunque
ésta sea propiciada desde un agente externo, como lo señala Corvalán (2016) o
bien de manera indirecta como lo indica Cunill (1991), es una acción social
necesaria para hacer de los individuos, ciudadanos con derechos y obligaciones
sociales. Así, la participación es ubicada como la posibilidad de construir el
ejercicio de la ciudadanía para establecer la relación con los derechos sociales
fundamentales: salud, educación y seguridad social que debe garantizar el Estado,
de acuerdo a la Constitución Política del país.
La participación que se produce a partir de la incorporación de las familias al
programa de apoyos condicionados genera en la vida cotidiana de las mujeres
ciertas prácticas sociales que se definen en el contexto cotidiano y adquieren
ciertas características dependiendo de elementos de la subjetividad y la
intersubjetividad. Así, no es homogénea la participación aunque los mecanismos y
esquemas para que ocurra estén regulados de manera uniforme. Las mujeres
encuentran diversas posibilidades de prácticas sociales para asegurar
principalmente la recepción del recurso monetario, apoyo que sí es identificado
claramente como necesidad, no así los apoyos de salud y educación.
La intervención social que realiza Progresa-Oportunidades-Prospera en las
mujeres que cumplen el papel de titulares de las familias, se origina y se sustenta
97
en la función que ellas tienen en los procesos operativos cotidianos del programa.
El desarrollo de esa función conlleva una relación de ellas con los operadores del
programa y entre ellas mismas. Todo el entramado de la intervención social que
deviene de la operación del programa (modos y motivos para hacer y/o dejar de
hacer ciertas prácticas sociales en la vida cotidiana asociadas a ser las
representantes de las familias y las receptoras de los apoyos monetarios), no ha
constituido un objeto de análisis para la política social.
Se ha dado lugar o, incluso, se ha auspiciado, la configuración de condiciones
que inhiben los procesos de constitución de sujetos sociales (o que significarían
afectación y restricción sustancial a derechos sociales como la libertad de ideas o
de asociación). En la exploración, se identifican situaciones que muestran, y no
como casos aislados, prácticas sociales que implican prohibiciones tales como
reunirse para actividades que no sean las autorizadas y convocadas por el
programa; las mujeres titulares tampoco pueden participar de otro tipo de acciones
que les impliquen plantearse compartir objetivos comunes con otras personas o
grupos de la comunidad, “porque eso se presta a otras cosas”. Se trata de una
intervención en términos de control de los motivos de reunión de las mujeres que
limita sus derechos como ciudadanas.
En el modelo de análisis se plantean cuatro procesos sociales asociados a la
participación y a la intervención social desde un trabajo social científico, que son
clave en la construcción de igualdad de género y de ciudadanía: organización,
cooperación, cohesión y ejercicio de derechos. Aunque cabe indicar que la
operación del programa, no da muestra de pretender impulsarlos.
Desde la premisa de que toda política social responde a un modelo de desarrollo
que supone ciertos objetivos, en particular en el marco de un proyecto que refiere a
la democracia como forma de vida supone la constitución de sujetos sociales en el
marco de la igualdad y la ciudadanía.
98
Si a esta definición se le integra la perspectiva de igualdad de género, la
participación como condición generada desde la intervención social de los
programas sociales, debería implicar necesariamente procesos de: organización,
cohesión, cooperación y agencia para el ejercicio de derechos.
Desde tales procesos, la intervención social de los programas sociales se
orientaría a la construcción de entornos y condiciones tendientes a igualdad entre
hombres y mujeres, en el entendido de que se trata de un proceso de cambio que
implica al ámbito relacional, por lo que se pone en juego la subjetividad y la
intersubjetividad de los sujetos en la vida cotidiana.
En una perspectiva de igualdad de género, los elementos asociados a la
participación de las mujeres en los programas sociales, debieran tener la
orientación y la intencionalidad de generar empoderamiento, entendido éste como
un proceso asociado a modificar relaciones de poder. “...Es este sentido de
proceso el que hace que ‘ningún otro concepto exprese tan claramente el
empoderamiento como la progresión desde un estado (la desigualdad de
género) a otro (la igualdad de género)”. (Malhotra et al, en Murguialday, 2006:
12).
Ese cambio de estadio de desigualdad hacia igualdad está asociado a elementos
que se identifican en cinco niveles, entre los que destacan:
…en el nivel uno el bienestar en áreas como la salud, el
acceso a alimentos o los ingresos… en el nivel dos, el acceso
a los recursos para la producción, a la educación, el
empleo remunerado y la capacitación… en el nivel tres la
desnaturalización de la desigualdad de género… el nivel
cuatro implica la participación en el proceso de desarrollo
cuestiona la desigual participación en la toma de decisiones
y… el nivel cinco plantea acceso igualitario a los recursos y a
la distribución de los beneficios (Longwe y Clarke, 1997: 31).
99
La igualdad de género se coloca como un componente esencial para la
construcción de ciudadanía, implicando necesariamente la modificación de
relaciones de poder. El reconocimiento de que las mujeres tienen, en general,
menores posibilidades que los hombres de realizar elecciones sobre aspectos
estratégicos de sus vidas, ha llevado a plantear la importancia de que las
intervenciones desde las políticas sociales impulsen procesos que generen una
participación que suscite cambios en la vida cotidiana derivados de la relación
entre las esferas de la estructura social y de la acción social.
Las mujeres, por tanto, se empoderan en el contexto de sus
relaciones sociales. Dado que estas están determinadas y/o
atravesadas por las relaciones que establecen con los
hombres, el empoderamiento de las mujeres incluye el
cuestionamiento de las relaciones de poder entre los géneros
y su sustitución por un conjunto de arreglos más equitativos
que los actualmente existentes… Dado que para salir de sus
hogares tienen a menudo que renegociar el orden
doméstico establecido, el uso del recurso tiempo en la familia o
las pautas de toma de decisiones en la pareja, su
empoderamiento involucra cambios en las actitudes y
comportamientos de los hombres (Murguialday, 2006: 17).
En el marco de la teoría del Desarrollo Humado planteada por Amartya Sen, que
representa el sustento teórico en que se inscribe el diseño del programa social
Prospera, el concepto de agencia asumido como la capacidad de una persona
para determinar de manera consciente sus propias metas y actuar en
consecuencia, constituye un concepto central, y de manera destacada considera a
la agencia de las mujeres como condición para el desarrollo. Por esa razón, la
superación de las desigualdades estructurales y la igualdad entre mujeres y
hombres se plantea como una meta del desarrollo.
100
La capacidad de elegir representa un factor clave en la capacidad de agencia, y
está a su vez es un pilar en el proceso de empoderamiento. La capacidad de
elegir se constituye desde tres elementos: las condiciones, que implica advertir
si existen alternativas de elección; las consecuencias, que depende del tipo de
asuntos sobre los que se elige, y el potencial transformador, esto es la
trascendencia de la elección en términos de cuestionar o reproducir las
desigualdades que implica el orden social de género.
La capacidad de agencia puede ejercerse individual o colectivamente, y
regularmente se expresa en forma de participación en la toma de decisiones tanto
en el espacio privado como público. Desde esta óptica, las intervenciones desde la
política social, supondrían el propósito de impulsar condiciones que amplíen las
posibilidades de elección de las mujeres, esto es su capacidad de agencia, lo que
conllevaría a constituirla en objetivo de la intervención del programa contra la
pobreza, como lo afirma Nussbaum en la referencia de Murguialday (2006: 29).
La política no debería tratar a la gente como soporte de
otra gente, como personas cuya misión en el mundo es
ejecutar el plan de vida de algún otro. La política debería
tratar a cada uno como fin, como fuente de participación
activa y digno por sí mismo, con sus propios planes para
realizar y su propia vida para vivir, mereciendo todo el
apoyo necesario para constituirse en agente en igualdad de
oportunidades... en contra de algunas maneras muy
comunes de tratar a las mujeres… como reproductoras y
cuidadoras más que como personas que tienen que vivir
sus propias vidas.
De ahí que para la construcción de la igualdad de género y de ciudadanía las
intervenciones para el desarrollo que se diseñan e instrumentan desde la
política social tendrían que incluir un componente que, de manera articulada,
comprenda procesos asociados a la participación como: organización,
101
cohesión, cooperación y capacidad para el ejercicio de derechos. Esta
necesidad hace indispensable conocer y comprender los mecanismos que
facilitan y/o fortalecen dichos procesos. En esa perspectiva, el trabajo social
científico representa la alternativa principal para la construcción de un componente
de lo social, que implique a la vida cotidiana, ya que su intervención disciplinar
para la articulación de la intervención de la política social, desde el diseño hasta la
ejecución, otorga mayor certeza a la incorporación de características que den
coherencia, consistencia y congruencia que la naturaleza de esta intervención
requiere, evitando se constituya en acciones improvisadas.
En el ámbito de las prácticas sociales que las mujeres realizan asociadas a la
igualdad de género, el modelo análisis incorpora cuatro procesos que tendrían que
considerarse en la revisión de los efectos que, desde perspectiva de género,
suscita la participación y la intervención social del Prospera. Éstos son: autonomía
en la toma de decisiones, consciencia del derecho a una vida libre de violencia,
redistribución del trabajo de cuidados y conciliación entre la vida personal, familiar
y laboral.
La autonomía se coloca en un lugar principal en los procesos que suponen las
prácticas sociales relacionadas con igualdad de género, en tanto la participación
en tomar decisiones representa un aspecto fundamental para generar cambios en
la vida cotidiana de las mujeres respecto a su posición y condición de género,
pues tiene efectos tanto en las relaciones y jerarquías de género, como en su
bienestar y calidad de vida.
De acuerdo a Tepichín (2009: 3), la autonomía para participar en decisiones se
define “…como la capacidad de las mujeres para contribuir en decisiones,
gozando de libertad y otorgando consentimiento legítimo. Las decisiones en que
para la participación de las mujeres no existen las condiciones para cambiarlas,
negociarlas o establecer sus propios términos, parten de un consentimiento
formal, no legítimo y no dan cuenta de autonomía de las mujeres.”
102
En el concepto de autonomía de género hay otros elementos que es necesario
considerar, como los que se plantean desde la propuesta de Nancy Fraser (2012)
respecto a dos dimensiones de la subordinación de las mujeres, la que
corresponde a la distribución y la relativa al reconocimiento.
La dimensión de distribución de la subordinación se asocia a la desigualdad
derivada de la división del trabajo en la que se ha asignado a las mujeres el
trabajo no remunerado asociado al ámbito privado, reproductivo y doméstico,
mientras que la dimensión de reconocimiento es resultado de la construcción
cultural asociada al sistema patriarcal. Este aspecto de la subordinación
constituye un principio clave de la diferenciación jerárquica entre lo femenino y lo
masculino, siendo una construcción social que permea la vida cotidiana y es
asimilada en el plano de la intersubjetividad.
Estas dimensiones son interdependientes en tanto responden a las dos esferas
de realidad social mostradas en el modelo de análisis, estructurando a partir del
género la vida cotidiana, de ahí que en ese ámbito se configuren condiciones de
desigualdad.
Por esa razón, Tepichín (2009) ha planeado la necesidad de enfrentar las
desigualdades de género desde el plano de los programas sociales contra la
pobreza. Se hace necesario reconocer esa doble dimensión de la condición de
subordinación de las mujeres para propiciar cambios en los dos planos. En ese
sentido, se reconoce a las acciones para suscitar la autonomía para participar en
decisiones como una pieza clave en ese propósito desde la política social. Aquí
es importante destacar que en el modelo de análisis la autonomía se ha colocado
como un proceso principal en las prácticas sociales por el reconocimiento de que
la toma de decisiones tiene una relación directa con la subjetividad de los sujetos
y las intersubjetividades que corresponden a cada contexto específico. Con esto
se plantea que, a diferencia de procesos que pueden ser claramente diseñados y
103
orientados desde el ámbito de la participación que se deriva de la intervención de
los programas sociales, las prácticas tienen un componente que es el mundo de
la vida y que no necesariamente responde en automático en el sentido previsto
con determinadas acciones. Estamos hablando de procesos que están enlazados
al pensamiento cotidiano y, en ese sentido, a las construcciones sociales que
determinan la subjetividad.
Por esa razón las investigaciones de Tepichín sobre la autonomía de las mujeres
del programa Progresa, dieron cuenta de la trascendencia que la dimensión de
reconocimiento de la subordinación tenía en la participación de las mujeres en la
toma de decisiones:
…no es un asunto nuevo. La participación de las mujeres en la
toma de decisiones ha sido señalada de manera específica como
uno de los factores importantes que influyen en la vida de las
mujeres y de quienes las rodean… alejarse del supuesto de que
entre más decisiones toman las mujeres están más empoderadas
y, por tanto, aumentan su calidad de vida… las mujeres más
empoderadas son aquellas que toman más decisiones. (Tepichín,
2009: 115)
La incorporación de la autonomía como un proceso fundamental en el impulso de
la igualdad de género desde el plano de las prácticas sociales implica distinguir el
potencial transformador que tienen las decisiones en las que las mujeres
participan y en las que no lo hacen. Porque las investigaciones dan cuenta de
múltiples decisiones en las que sí se participa pero que no tienen potencial
transformador como: “…la escuela de los hijos, la educación y disciplina de los
hijos, la preparación de alimentos, los cuidados diarios de los hijos, la salud de los
hijos, los gastos diarios, la compra de comida y el manejo del ingreso del día.
Cada una de estas decisiones ha sido señalada como de ‘dominio femenino’, y
por tanto el hecho de que en éstas participe la mujer no representa ningún cambio
respecto a patrones de género.” (Tepichín, 2009: 127).
104
Es claro el resultado del análisis de investigaciones anteriores (Tepichín, 2009).
respecto al factor autonomía de la participación en la toma de decisiones de las
mujeres titulares del programa social de atención a la pobreza, se identificó que la
construcción de autonomía no era sólo ni principalmente un tema de acceso a
recursos monetarios, sino de la posición de las mujeres en la dimensión de
reconocimiento de la subordinación que implica una asignación de
comportamientos y papeles en la interacción social que se da en la vida cotidiana,
donde los elementos culturales en que se inscribe la construcción social de género
marca la pauta del tipo y nivel de asuntos en las que las mujeres pueden y deben
participar para tomar decisiones. Y en donde una dificultad fundamental es las
relaciones de género que establecen con sus compañeros como sujetos de
igualdad de derechos en el ámbito de la familia.
…la mayor debilidad de programas de combate a la pobreza en
cuanto a la introducción de una perspectiva de género, y en
específico a la autonomía de las mujeres; no atender la esfera del
reconocimiento, de la posición de las mujeres como participantes
plenas en la interacción social. La construcción de una equidad de
género requiere desplegar un enorme potencial de transformación
en las mujeres, en los hombres y en sus entornos, que no se
reduce a la entrega de recursos. Un programa que pretenda
incidir sobre las desigualdades de género debe incluir acciones de
distribución y de reconocimiento enlazadas.” (Tepichín, 2009: 134).
También ha sido reconocido que en el marco del programa Prospera las mujeres
cumplen un triple rol que las mujeres como responsables del trabajo que asegura
la reproducción social, como responsables de trabajo comunitario, y como
responsables de las acciones que el programa les requiera.
Cabe señalar que la exploración previa realizada en esta investigación da cuenta
de una imposición del programa para inhibir la participación de mujeres en
105
acciones comunitarias, la restricción para participar en espacios y acciones que no
correspondan al marco del programa y sea explícitamente solicitada por sus
operadores es una constante en los tres grupos focales entrevistados, con lo que
se inhibe claramente los espacios de autonomía que ellas mismas se procuran. La
amenaza de sanción es alta: implica la baja del programa con el argumento de
que están haciendo proselitismo político, cosa que sí hacen los operadores del
programa10
No se olvida que, en el caso de Prospera, se trata de una política que se dirige a
mejorar las condiciones de las familias, y que se supone conlleva mejorar las de
las mujeres asociadas a su participación -que se restringe al cumplimiento de
corresponsabilidad. En ese sentido, la responsabilidad de mejorar las condiciones
de vida de las familias recae en las mujeres. Se cuestiona este objetivo porque no
responde ni corresponde a los alcances que, por su parte, está planteando la
perspectiva mundial de desarrollo a la cual el país está formalmente adscrito.
…Dada la importancia del contexto social en el que se insertan
mujeres y hombres… se requiere de contemplar el diseño de
acciones integradas… que trastoquen las normas de género
que,… estén reproduciendo desigualdades al gratificar el que las
mujeres y los hombres se apeguen a ellas y al sancionar cuando
se alejan. …No se puede esperar el cambio y empujar a las
mujeres hacia éste sin una transformación de fondo que incida
sobre patrones interiorizados de género, en jerarquías de género 10 Como dan cuenta diversas denuncias de las que como ejemplo se pueden observar en
los siguientes enlaces de Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=yAb3ESIn7XQ
https://www.youtube.com/watch?v=qf1HRhlKDMw
https://www.youtube.com/watch?v=7wrVb-n8vqw
https://www.youtube.com/watch?v=Uj9ttPjYav0
https://www.youtube.com/watch?v=cEDk8dg5Y9U
106
ya incorporadas a la dinámica familiar. (Tepichín, 2009: 139).
De ahí el cuestionamiento que se plantea a la política social que sólo se enfoca a
atender condiciones de vida, pero no modifica sino, al contrario, refuerza su
posición de género, sin detonar procesos de organización y cooperación para
impulsar la autonomía de las mujeres.
Un elemento central en este programa es concebir a las familias como unidades
homogéneas en todo el país y el modelo ideal es el de la familia nuclear, haciendo
a un lado los contextos específicos y la diversidad que implicaría incluso un
reconocimiento de posibilidades de participación diferenciada en el plano de las
corresponsabilidades impuestas hacia las mujeres titulares.
Podría decirse que el modelo de análisis supone, en la lógica del planteamiento
formal de los objetivos del desarrollo, la necesidad de no continuar
desaprovechando el potencial de intervención orientado hacia la construcción de
igualdad de género y ciudadanía, que implica tener una relación cotidiana con más
de seis millones de mujeres y, por el contrario, impulsar procesos de cambio a
partir de reconocer las experiencias mundiales que demuestran que la
participación de la mujer en política social representa un factor clave en propiciar
el desarrollo. Como contraparte a suponer que la única ventaja que ofrece la
participación de las mujeres como titulares de sus familias es contar con una masa
de mujeres al servicio del Estado de manera gratuita.
La exploración previa entre mujeres del programa dio cuenta de que es
claramente predecible que el intercambio de subjetividades entre las titulares las
conduce plantearse procesos de organización y de identificación de necesidades.
Así, es posible comprender por qué las prácticas sociales relacionadas con la
participación que el programa les impone da lugar a un tema y propuesta
fundamental en este modelo, la configuración de una tipología de participación que
muestre diversas características de las prácticas sociales de las titulares de familia
107
asociadas a su participación en el programa Prospera.
5.2. Una tipología de la participación social con perspectiva de género
Además de los aspectos teóricos y conceptuales que dan lugar a la integración del
modelo de análisis, su construcción contiene como fundamento elementos
derivados de una exploración previa, tanto del objeto como del sujeto de
investigación.
La indagación se desarrolló en tres entornos distintos, mediante entrevistas a
mujeres representantes de sus familias, utilizando la técnica de grupos focales.
Con esa información ha sido posible advertir, desde una perspectiva de igualdad
de género, algunos rasgos de su participación como titulares, relacionados con la
organización, cooperación y cohesión que se deriva de la intervención del
Prospera, así como prácticas sociales que realizan y se asocian al ejercicio de su
autonomía para tomar de decisiones y asumir el trabajo de cuidado.
La articulación entre los referentes conceptuales del modelo de análisis y los
elementos aportados en la exploración previa, permitió, desde la perspectiva de
tipos ideales de Weber, la construcción de una tipología de las mujeres titulares y
de su participación en el programa de apoyos condicionados.
Es importante señalar que los tipos que presentaremos a continuación son sólo
indicativos y que no constituyen, en modo alguno, una representación exhaustiva
de la realidad social. Su único propósito es el de ilustrar, a partir de las
herramientas teóricas y los datos exploratorios que ha recabado este trabajo, la
vida cotidiana de estas mujeres en relación con su participación en el POP.
En ese sentido, una característica común en la participación de las titulares
entrevistadas es que sus prácticas sociales privilegian y responden a la
consecución de las transferencias monetarias. El condicionamiento que implica la
108
recepción de dinero funciona para establecer rasgos y alcances en los tipos de
participación; también están presentes algunos criterios y modos de vinculación
que aplican los operadores del programa que significan transgredir derechos
fundamentales como la libertad de reunión, o un contrasentido al debilitar
procesos que impulsarían la igualdad de género, como lo son la organización y la
autonomía. Esta referencia es central, porque la situación de pobreza de las
mujeres y sus familias para ser elegibles y mantenerse como beneficiarias del
programa, impone desde la política social cierta lógica a su pensamiento y
comportamiento cotidianos para lograr, ante todo, la recepción del apoyo
monetario. También se identifica como rasgo común que el dinero de los apoyos lo
administran ellas sin la intervención de las parejas y, en general, se destinan a
atender necesidades que en la vida cotidiana les apremian, relacionadas con sus
condiciones materiales de vida, como comer o tener para cubrir los pasajes de los
hijos y puedan asistir a la escuela.
Como elementos de contexto es importante referir que fueron tres los grupos
focales entrevistados: uno en la Delegación Iztapalapa, otro en la Delegación
Milpa Alta de la Ciudad de México y otro más en el municipio de Iguala, en el
estado de Guerrero.
Un perfil general de las mujeres entrevistadas es: todas tienen hijos y la mayoría
pareja; prácticamente todas tienen además del trabajo doméstico y de cuidados de
su familia otra ocupación, la mayoría en trabajo doméstico remunerado y en menor
proporción en actividades comerciales; en el caso del grupo de Iztapalapa y el de
Guerrero, prefieren no trabajar diario para tener uno o dos días de la semana para
los trabajos domésticos de su propio hogar y la atención de los hijos.
En Iztapalapa, en todos los casos, la vivienda que habitan es rentada o prestada
porque son predios que están subdivididos y pertenecen a familiares suyos o de
sus parejas; no disponen de agua potable en su casa por lo que la almacenan en
botes, esto tiene importantes implicaciones en las actividades domésticas pues
109
lavar la ropa representa el trabajo más difícil; un elemento que destaca en este
grupo es que han realizado desde la perspectiva de género una redistribución de
ese trabajo entre las y los hijos de mayor edad, de tal manera que tanto varones
como mujeres lavan su ropa; la madre se encarga de la ropa de los menores y de
la pareja. Refieren que en la colonia la principal problemática es la violencia y la
drogadicción entre los jóvenes. En esta colonia les han limitado su organización y
cooperación en sus actividades que ellas mismas se procuraban como reunirse
semanalmente para recibir pláticas que les conseguía una promotora del DIF
sobre temas diversos, por ejemplo el uso de la soya, y cuando no conseguía una
plática, sólo se reunían un rato para platicar entre ellas y descansar un poco de los
hijos; sin embargo, el promotor del programa les indicó que ya no lo podían hacer
eso porque se consideraban reuniones para actividad de proselitismo.
En el caso del grupo de la Delegación Milpa Alta, la entrevista se realizó en la
plaza principal de la localidad, ya que no se les permite reunirse en sus domicilios.
El argumento es que puede prestarse a “otras situaciones”, incluso las actividades
de las pláticas de temas de salud que tienen cada mes y están organizadas por
grupos las realizan en la plaza siempre con la presencia de una vocal. En la
entrevista participó una vocal interfiriendo cuando no le parecía muy conveniente
algún señalamiento, como fue la queja de que les estaban imponiendo a todas las
personas entrar al programa de educación para adultos y algunas no querían o
físicamente no podían. La organización de las titulares está totalmente a cargo de
las vocales quienes tienen diez o más años cumpliendo esa función, en una
relación con las otras titulares totalmente jerárquica.
Prácticamente todas las mujeres tienen ocupación como empleadas domésticas;
todos los días, incluso frecuentemente los sábados, porque hay una alta demanda
de su trabajo, manifestaron problemas de cohesión en la comunidad porque ellas
no son originarias de ese pueblo y señalan que los nativos del lugar no están de
acuerdo con los extraños, por lo que perciben cierta discriminación. Declaran no
participar en ninguna otra actividad, ni de la iglesia, el programa no se los permite
110
y no se desarrollan acciones de cooperación ni de fomento a su cohesión.
En el caso del grupo del estado de Guerrero, se trata de una localidad con
características semiurbanas, por ser cabecera municipal. Aquí todas las mujeres
trabajan, algunas en actividad de comercio y otras en servicio doméstico, aunque
no todos los días. En esta localidad no han recibido por parte de los operadores
del programa restricción para reunirse, aunque el cambio de vocales implicó esa
consecuencia porque las anteriores organizaban reuniones que significaban
organización, cooperación y cohesión entre ellas, aunque no con quienes no son
parte del programa. Por ejemplo, reunirse para celebraciones de cumpleaños y
llevar algo de comida para el convivio; también se reunían para dar los temas de
salud, organizando que cada grupo hiciera su material y expusiera. Señalan que
eso las ponía nerviosas, aunque les gustaba y se divertían entre todas.
Asimismo, narran que, con el cambio de gobierno, sacaron a muchas familias y
entraron nuevas, lo que ha generado división entre las personas porque no saben
por qué dieron de baja a familias que están muy necesitadas y, en cambio
ingresaron otras que no lo necesitan tanto. Este fue momento cuando los
promotores hicieron el cambio de vocales, las nuevas vocales ya no las reúnen,
sólo para leerles información del programa, por lo que dicen que se perdió la
organización que ya tenían. Es una localidad compleja, hay presencia militar y las
mujeres refieren con naturalidad la presencia de grupos que se dedican a hacer
sus negocios. En este grupo dieron cuenta de una experiencia de
condicionamiento electoral, ya que los promotores del programa reunieron a las
vocales antes de las elecciones para gobernador para solicitarles su voto por el
partido del presidente y que lo hicieran extensivo a sus titulares. La respuesta de
las vocales fue: “sí lo damos”, la acción fue ir con la regidora de otro partido
político para que les ayudara a hacer y llevar una carta de denuncia. La respuesta
del programa fue cambiar de región a los promotores involucrados.
A partir de elementos de su intervención en procesos de organización,
111
cooperación y/o cohesión relacionados con su participación en el programa, así
como aspectos referidos su autonomía en la toma de decisiones y en la
distribución del trabajo doméstico, se han identificado inicialmente cuatro tipos
ideales de titulares y de su participación, estos son:
1. La empoderada
2. La utilitarista
3. La adaptativa
4. La socialconformista
La empoderada En términos de la condición de género este tipo de titular sí refleja que ha
desarrollado capacidades para cambios de sus necesidades prácticas y en cuanto a
su posición de género puede advertirse que han ganado capacidades para ejercer
mayor autonomía y negociar cambios en la distribución del trabajo de cuidados y uso
del tiempo. El cambio en los arreglos al interior de la familia se realiza especialmente
con los hijos. También ha desarrollado capacidades para ejercer derechos respecto
al propio programa, buscando alternativas para detener situaciones que pueden
atentar contra sus derechos sin realizar una confrontación directa con el programa.
El tipo de participación de la titular empoderada, mantiene consistentemente su rol de
género asociado a su intervención fundamental en la reproducción social, por ser la
principal responsable en el cuidado de los hijos, también su participación en el programa,
especialmente por haberse desempeñado como vocal, le ha dotado de elementos para
participar cada vez en más decisiones en al ámbito público y privado que la llevan a
ejercer derechos, sus posibilidades de negociar y redistribuir responsabilidades familiares
también se amplían porque está dispuesta a buscar otras opciones de ingreso y no
quedarse dependiendo sólo de los apoyos del programa, le interesa intervenir y ser
considerada en asuntos de la comunidad, y tiene mayor control en el uso de sus
recursos incluido el tiempo.
112
Su inserción al trabajo remunerado implica un cambio respecto a la tradicional división
sexual del trabajo que la confinaba al espacio privado, su incorporación a una ocupación
remunerada, fundamentalmente trabajo doméstico, ha implicado una redistribución del
trabajo reproductivo de su propio hogar haciendo arreglos con los hijos e hijas de mayor
edad, no así con la pareja, quien no modifica sus dinámicas para asumir parte del trabajo
de reproducción ante el mayor uso de tiempo que les implica a las mujeres salir a
trabajar, en ese sentido los cambios en la tradicional división del trabajo que propicia la
incorporación las mujeres no genera automáticamente una disposición al cambio por
parte de los varones.
En la condición de género la participación en el programa le ha generado mejorar
posibilidades para resolver necesidades prácticas y, en su posición de género sus
intereses estratégicos se han movido principalmente hacia ganar confianza en su vida
cotidiana y ejercer autonomía sobre los recursos que el programa le entrega.
Esta participación es resultado de ejercer autonomía, incluye tomar decisiones
en el ámbito político cuidando ser discreta porque hay muchas restricciones y
condicionamientos en ese ámbito
Reconoce que su situación de pobreza se debe a falta de oportunidades pasadas
y presentes para haber estudiado o tener un mejor trabajo; se plantea objetivos y
metas;
Algunas personas piensan que es como suerte estar en el programa. Y
luego piensan que es como la ayuda del gobierno, porque como si
fuera de caridad, no piensan “soy pobre porque no hay empleo”. No
piensan que es porque no tuvieron oportunidades, más bien no piensan
que es porque no hay empleo sino que “soy pobre y entonces el
gobierno me ayuda”.
Me pregunto por qué no estudian las mujeres, yo estudié enfermería.
113
Es protagonista en la organización y cooperación entre las titulares del programa;
reconoce que su esfuerzo para convocar a las titulares cuando el programa lo
necesita, permite que las titulares cumplan con alguna corresponsabilidad; sin
embargo, su participación no la identifica como un factor clave para la
organización operativa del programa, que ésta no reconoce sino sólo como parte
de su responsabilidad como vocal.
Las titulares se enteran de que tienen que presentarse a alguna
actividad de Oportunidades ¿no?, de Prospera porque yo y las otras
vocales ponemos con nuestros propios recursos cartulinas en lugares
de la colonia cuando nos avisan los promotores, y a veces es muy poco
tiempo y hay que andar corriendo porque no nos da tiempo de ir a con
cada una a sus casas, pues porque yo además lo hago cuando voy o
regreso del trabajo.
Participa activamente en el programa como líder; ha sido vocal, mostrando interés
de tener información directa del programa y de transmitirla a otras mujeres; que su
opinión sea tomada en cuenta por las otras titulares y por los operadores del
programa, le motiva generar vínculos y cohesión entre las mujeres para apoyarlas
e impulsar que se organicen y cooperen por ser titulares y participen en la toma de
decisiones como es la elección de sus vocales.
Las vocales se nombran por medio del grupo, pero como nadie quiere,
decimos “todas tenemos responsabilidades pero todas también
derecho de ser vocales” y si yo la propongo a ella y dice que no puede
o no quiere, tiene que dar una razón sustentable, por ejemplo que está
cuidando enfermo, pero si nos dice es que a mí no me dan permiso
entonces, les decimos “¿y cómo si te dan permiso para ir a recoger el
apoyo?”
114
Elegimos por papelitos, a la que le toque la suerte o la mala suerte y ya
si estamos de acuerdo, que la mayoría sí está de acuerdo porque nadie
quiere agarrar responsabilidad, entonces todas votan para que
después no digan que no estuvieron de acuerdo. Hay unas que se
autonombran, y hay una que fue elegida pero que no funciona bien
pero es que está mal, como que no carbura, ella no le avisa a todas las
titulares. Pero nadie dijo nada.
Le interesa obtener sus apoyos y también que los reciban las otras mujeres que
más los necesitan. Está dispuesta a participar en diversas actividades
reconociendo que cooperar significa un beneficio colectivo y les permite mayor
cohesión en la comunidad.
Sí nos ayuda porque lo necesitamos, también hasta en la relación con
las personas. Para que den los apoyos tienen que cumplir con las
corresponsabilidades, además de las pláticas y de ir a los médicos.
Antes también íbamos a descarrachizar para tener mejor el pueblo pero
eso es por parte de salud y nos ayudaba para conocernos más,
estuvimos en actívate e íbamos tres veces a la semana. Y nos servía
porque llevábamos a nuestros hijos, primero todos los domingos y
luego el primer domingo de cada mes. Dejamos de ir porque nos
cambiaron a la promotora.
Ejerce autonomía para decidir el uso que da a sus recursos Reconoce la
importancia de su independencia con relación a los ingresos por su trabajo como a
las transferencias del programa:
Él (su esposo) no se mete con los apoyos porque yo no me meto
con lo de él.
Pero hay comunidades donde los señores están bien quitados de la
pena porque a la señora le llega el apoyo.
115
También hace elecciones respecto a la escuela de las y los hijos y su disciplina, la
preparación de alimentos, visitar amistades y familiares sin tener que pedir
permiso; mantiene una convivencia sin violencia con su pareja; ha generado
cambios en sus relaciones y jerarquía de género en la familia, logrando por
ejemplo la redistribución de algunos trabajos domésticos entre los hijos.
Es crítica con el programa por el uso que quiere hacer de ellas, sin que eso
signifique una confrontación con los operadores; busca alternativas para no
aceptar el uso clientelar del programa.
Allá con… (una promotora), a ella la sacaron por unas denuncias de
unas vocales. …Pues porque vinieron a… (risas)… Pues es que eso
se supo porque la misma regidora de educación fue la que puso la
denuncia porque nos mandaron traer unos días antes de que se
lanzará…, ¡ah! sí, fue del gobernador.
Fue que nos mandaron a traer unos días antes de las votaciones,
todos los capacitadores, vinieron todos, vino …, vinieron todos, nos
mandaron a traer a todas las vocales ahí en el zócalo, en el kiosko,
para hablar con cada una de nosotras.
Y nos mandan traer para hacernos unas preguntas, ¿qué si
conocíamos el programa?, ¿qué por parte de quién llegaba el
programa?, por ejemplo y decíamos, que por parte del gobierno
federal y ¿quién está en el gobierno federal? ¿Quién es el que está
ahorita en el gobierno federal?, pues digo X, y ¿cómo le
agradecerían ustedes al programa y a X estar dentro del programa?
Nos hacía preguntas así como que te las revuelvo, nada más nos las
revolvía, decía ahorita vienen las votaciones de gobernador y si a
usted le pidiera de favor el gobierno federal que ustedes apoyaran a
su candidato, que por él están dentro del programa, pues tendríamos
que votar por él.
116
Pues con tal de chistarnos pues decíamos votar por ése.
Aunque cada quien son de diferentes partidos, había mucho
perredista, hay mucha vocal que son de diferentes partidos, no nos
pueden obligar y es lo que nos decía ellas siempre que la contraloría
social que nadie nos puede obligar a dar el voto a fulanito, que nadie
nos puede quitar las credenciales, que nadie nos puede decir que
por el gobierno federal estás dentro del programa, el programa es
libre no viene por parte del presidente, nos decían así y ahí fue todo
al revés, nos decían que votáramos por el candidato a gobernador
ahí fue del PAN.
Igual fue en XXX y en todas partes, entonces mucha gente, se
fueron a…, bueno, yo me fui a mi casa, pero unas vocales, que
serían unas 5 o 6 pero casi todas, se vinieron a casa de la maestra,
y le despepitaron todo. Y le dijeron que los promotores que
votemos… diciéndonos que tenemos que votar por fulanito,
entonces hace el escrito y las vocales firman la denuncia y la va
hasta XXX, la regidora de educación a poner la denuncia.
Entonces fue cuando los despidieron, bueno según, pero los
cambiaron de lugar.
Y no fue culpa de todas, o sea a la vez estuvieron mal los
capacitadores en venir, sabiendo que aquí hay mucha gente
arraigada a sus partidos.
Como yo voy a decirle a ella, oye tu vota por tal, sabiendo que eres
del YYY, le digo vota y te sigo dando el apoyo, pues qué va a hacer
ella, pues como es de hueso colorado del partido pues lo va a echar
de cabeza.
Se les plantea que el programa dice que no condiciona
Sí en el carnet y en el F1 dice que el programa es ajeno a cualquier
partido político, entonces ahí como nos estaban diciendo que
convenciéramos a nuestras titulares a que les diéramos el voto al
XXX.
117
Reconoce que hay problema de división en las comunidades provocado por el
programa, que no genera cohesión y que la clave está en el mal manejo de la
focalización, porque hay evidentes errores de inclusión, que no es claro cómo se
decide incorporar o dar de baja familias; también reconoce que por eso el
programa provoca muchas envidias que impiden que las comunidades estén
unidas:
Apenas había entrado mucha gente y la cambiaron, ahora que vinieron
estos señores hicieron muchas anomalías. Hubo personas que son
nuevas y sí lo necesitan mucho y se los quitaron y otras que ni siquiera
lo necesitan les dejaron su apoyo normal. Hubo personas que las
dieron de baja definitiva.
Y las personas que andan con él (el promotor) a las que viene a visitar
son las que dan sus recomendaciones, no fueron las vocales las que
dijeron. También reportaron chismes, dicen que fue la que estaba de
enlace municipal la que vino y dijo a quién quitarle, o sea que hubo
muchos chismes. Y esas referencias las ha de haber dado gente que
está en el ayuntamiento.
Cuestiona que el programa les impida organizarse y cooperar entre ellas al
reunirse y participar en otras actividades, trata de ser discreta en su crítica para
evitar represalias; sabe que si se organizan y en grupo hacen acciones pueden ser
factor de cambio.
Yo las mandé y traer y les di el punto de vista que nos dieron los
capacitadores, les dije “yo no sé si ustedes cómo lo vayan a tomar,
pero ésa es la información que nos llegó y ustedes ven si van a votar,
ustedes son libres de votar por quien quieran, yo no les voy a decir,
yo no tengo por qué decirles, porque me perjudico yo también como
vocal, me sacan y me salgo del programa porque no tengo yo por
118
qué estar incitando al voto”.
Porque somos libres de votar por quien quiera, y entramos al
programa porque llegó una encuesta y depende del cuestionario, del
estudio económico pues entramos, y salimos nosotras mismas no
cumpliendo con nuestras responsabilidades.
La titular utilitarista
La participación de la titular utilitarista, tiene como rasgo fundamental buscar el beneficio
personal, sin embargo, también tiene vocación por participar y que las demás titulares
obtengan lo que les corresponde por derecho, al igual que la titular empoderada ha
visibilizado situaciones que reflejan desigualdades que afectan a las mujeres y que la
lleva a buscar alternativas para resolver problemas o necesidades. Eso implica que
frente a ciertos hechos ha construido perspectiva de cambio como reconocer que
subordinación de las mujeres no es algo natural, y que no deben suceder situaciones de
violencia hacia la mujer como antes. Hay claridad de que las mujeres se deben plantear
metas como la educación. Se ha incorporado a trabajo remunerado, traduciéndose en
aumento en su carga de trabajo porque mantiene la responsabilidad del trabajo de
cuidados de su familia. Salir a trabajar para atender necesidades de la familia no la lleva
a una negociación para generar nuevos acuerdos con relación redistribución del trabajo
de cuidado.
En términos de la condición de género este tipo de titular ha avanzado en
capacidades para ejercer autonomía para decidir en la atención de necesidades
materiales, fundamentalmente a partir de ingreso a ocupación remunerada, en cuanto
a su posición de género sus intereses estratégicos no son advertidos porque
mantiene subordinación a requerimientos del programa, a pesar de que le signifiquen
afectación a sus derechos.
119
En este tipo de titular su participación en el programa por la dinámica en que se
involucra le lleva al fortalecimiento de sus capacidades. Asumir la función de vocal
constituye un proceso relevante para desarrollar liderazgo.
El principal interés de su participación se asocia con identificar y llevar a cabo
acciones que le permitan resolver sus propias necesidades o problemáticas, en
un segundo plano están las situaciones de otras titulares. Busca ocupar la
posición e vocal para tener acceso a información y apoyos que otras personas
no obtienen.
Manifiesta estar agradecida con el gobierno por la ayuda que le da como
beneficiaria al estar en el programa,
El programa sí es de mucha ayuda, de apoyo en cuestión de la
economía, y eso se lo debemos al gobierno.
Participa activamente en el programa como vocal principalmente por el interés de
asegurar sus beneficios, pero no interviene procurando la organización entre las
beneficiarias, también busca las ayudas de otros programas mantiene una
perspectiva de recibir todo lo que se entrega de otros programas:
Las que más cumplimos nos pasaron al EDA, y yo como vocal pues
renuncié porque no me convenía, porque uno como vocal tiene
muchas responsabilidades, ir a avisar de reunión y de todas las
cosas.
Entonces me sacaron de los apoyos (la mandaron al EDA) y yo dejé
de ser vocal, y me dijo (el promotor) “necesito que tú me eches la
mano”, y le dije “si tú me prometes que me regresan al esquema
normal entonces yo regreso de vocal si no, no”.
Es que luego, pues una anda ahí moviéndose a veces en taxi, desde
allá… hasta…, y eso no me lo compensan a mí. Entonces le dije “si
120
tú me aseguras que yo regreso al esquema normal que son 890
entonces regreso de vocal, yo por 260 no regreso porque no me
conviene”.
“Es que no te puedo comentar nada” (el promotor)
“Entonces yo tampoco”, le dije.
No le interesa promover procesos de cooperación y de cohesión entre las titulares
ni con otras vocales; genera que las otras titulares dependan de su información
que ella utiliza para establecer mayor jerarquía con ellas; transmite las
instrucciones de los operadores asegurándose sean obedecidas y amenazando si
alguien cuestiona:
Es que las otras no ponen atención, hay veces que nos están dando
la plática y les pide cuando le preguntan que se esperen porque no
puede atender y hay quienes lo toman a mal.
Además, cuando está dando la plática están hable y hable, los niños
corriendo (porque los llevan y pues es un desorden toda la plática,
no se entiende nada y luego andan preguntando). Y no escuchan las
pláticas del apoyo.
Dan mensajes que manda el presidente de la república.
Reconoce que el ingreso económico le da autonomía, le permite tomar decisiones;
no cuestiona las relaciones de subordinación de género; asume la distribución de
trabajo de cuidados; mantiene una convivencia con violencia con su pareja:
Los hombres nunca tienen tiempo para cuidar a los hijos. Ni para
ayudarles a hacer la tarea, porque si lo intentan rápido les dicen “ve
con tu mamá que te ayude, yo ahorita no tengo tiempo”.
Y bueno la comida debe estar cuando ellos llegan. Y me desespero
cuando está una enferma, de toda formas también hay que hacer y
pienso que también me voy a poner a trabajar otra vez para no estar
121
atenida.
Y luego me fui a trabajar allá a la colonia a barrer y limpiar en una
casa y cuando me vio el dinero mi marido, pues me preguntó “¿y tú
de dónde traes dinero?”.
Pues yo le digo “como me has dicho groseramente, pues aunque
sea de puta voy a sacar adelante a mis hijos”.
Es acrítica frente al programa constituyéndose en un elemento que no propicia la
organización y cooperación entre las mujeres porque impone las instrucciones del
programa de manera jerárquica y restringe cualquier acto de reunión porque
genera sospecha de proselitismo. Es la transmisora de las convocatorias del
programa y las instrucciones del personal operativo, asumiendo el papel de
vigilante activa de lo que hacen las demás titulares. Se vuelve los ojos y oídos del
programa y las principales responsables de la gestión de trámites, lo que les
coloca en una posición de poder frente a las otras mujeres.
Para garantizar la obtención de los apoyos monetarios del programa y, además, la
cooperación forzada que hacen mensualmente las titulares para apoyar los gastos
de la vocal por gestiones en las oficinas del programa, disimula frente a cualquier
crítica hacia el programa. Su principal interés es resolver necesidades personales
sin romper la dependencia con el programa.
He aprendido muchas cosas en el programa, como saberme
expresar, antes solo escuchaba y ayudaba a las vocales y hace ya
diez años que tomé un cargo de vocalía.
Ya me siento segura al hablar. He ganado confianza, antes siempre
me agachaba.
Tenemos un grupo de quince y hacemos nuestras lecturas de
PrevenIMSS. Las pláticas son en la plaza porque de allá (se refiere a
la Coordinación del programa) nos dijeron que en casa no.
122
La adaptativa La titular adaptativa reconoce elementos de la realidad que denotan desigualdades de
género y las analiza aunque no toma posición para buscar cambios, muestra una
participación pasiva para procurarse cambios tanto en el espacio privado como en el
público.
También se ha incorporado a trabajo remunerado reservando pero de tiempo parcial,
sólo dos o tres días de la semana, para tener más tiempo de atender a sus hijos y su
casa, asume la totalidad del trabajo de reproducción. Los ingresos por su trabajo los
considera como un complemento a la aportación de la pareja al hogar. El uso de su
tiempo se ha intensificado debido a que para poder ir a trabajar debe dejar resueltas
las necesidades de cuidado de la familia. Este comportamiento y cambio en las
condiciones y dinámica familiar, impone una sobrecarga excesiva de trabajo para las
mujeres, y no genera una respuesta por parte de las parejas para renegociar
responsabilidades en el hogar.
Desde la perspectiva de condición de género este tipo de titular ha desarrollado
capacidades para atender necesidades prácticas porque se ha incorporado a
ocupación remunerada, respecto a su posición de género puede advertirse que con
limitadas sus posibilidades para ejercer mayor autonomía y negociar cambios en la
distribución del trabajo de cuidados y uso del tiempo, no ha logrado cambiar la
relación de jerarquía con su pareja, por lo que las decisiones de trascienden no las
toma ella.
Su participación es muy reducida y sólo para lo mínimo requerido por el
programa, su participación actividades o asuntos más allá lo estrictamente
requerido es resultado de la decisión de otras personas de su grupo con quienes
se identifica y la involucran.
Pareciera no tener opinión propia; manifiesta una consideración de sí misma como
123
beneficiaria que debe hacer lo que diga el gobierno por la ayuda que da el
programa; no muestra interés propio en acciones de organización y cooperación
que otras titulares pudieran promover, sólo se deja llevar por la cercanía de
amistad y si eso le va a dar otros apoyos.
Fuimos a la Coordinación porque estaban dando cobijas y sillas de
ruedas, a ver si nos tocaba.
Pues la otra señora estaba haciendo gestiones, si ella busca ayudar
para que vinieran hasta aquí los camiones RTP pero no hay apoyo, nos
quedamos calladas cuando ella habla, porque la tratan de vieja
chismosa.
Participa pasivamente obedeciendo lo que las vocales y los operadores del
programa piden, aunque también puede sumarse sigilosamente a opiniones de
crítica sin aceptar abiertamente que está de acuerdo. No le interesa tener otro tipo
de participación, como ser vocal:
Hay muchas que nos les gusta cooperar, algunas porque no nos dan
permiso, habemos mujeres que tenemos que pedir permiso.
Todavía hay machismo, no cambia la relación con los esposos.
Reconoce situaciones de autoritarismo por parte del personal del programa
aunque está dispuesta a adaptarse; reconoce que necesita tener trabajo como
apoyo al ingreso familiar; no lo considera como elemento de autonomía para tomar
decisiones, aunque es ella quien decide sobre la aplicación de los apoyos
monetarios del programa. Es indiferente frente al uso que el programa hace de
ellas; no se plantea cambios en la jerarquía de género; acepta condiciones de
desigualdad:
…los promotores son déspotas y sangrones y nos maltratan porque
saben que tenemos necesidad.
124
Mantiene su rol de principal responsable del cuidado de la familia. Su principal
interés es recibir los apoyos bajo una relación de subordinación, sin romper la
dependencia con el programa. No imagina siquiera otras posibilidades de
organización y cooperación entre las titulares y la propia comunidad.
No identifica que es al participar es parte de una organización, no tiene interés en
integrase con otras personas, prefiere el aislamiento, reconoce que no hay unión
en la comunidad y nota discriminación por no ser del lugar pero no considera
necesario buscar integrase con otras personas, rechaza oportunidades de
participar en otras actividades, acepta sin cuestionar que el programa se lo impida.
Es que como dicen, pueblo chico infierno grande, aquí la gente es muy
chismosa, hay muchas envidias y la ven a una en la calle y ya están
pensando otra cosa.
Nada más vengo a lo que vengo,
La Señora R., me invitó a un grupo que ella tiene que se llama red de
mujeres y les dan cursos de cómo preparar el amaranto pero preferí no
porque luego hay cosas de partidos y en Prospera no nos dejan.
Reconoce como una gran ayuda del gobierno, el apoyo monetario que recibe del
programa. Decide los gastos que tiene que hacer con las transferencias pero hay
tensión permanente con el esposo porque él no quiere asistir a sus citas de salud
y le tiene que insistir, tratará de darlo de baja que ella no sabía que se podía y es
una práctica social recurrente entre las titulares, se declaran como que los
esposos las abandonaron.
Él me dice que no va a ir a consulta, que a él no le mandan dinero. Yo
le digo que Prospera se preocupa por su salud y le tengo que pedir
mucho para que vaya. Yo como no sabía lo metí, lo apunté, pero ahora
me tengo que esperar para darlo de baja.
125
Reconoce su labor como vocal, no identifica que la participación es importante
para que el Prospera cumpla, su visión es que les toca para recibir la ayuda.
La socialconformista
La participación de la titular socialconformista representa el tipo que muestra mayor
pasividad en la participación. No hay ningún cuestionamiento situaciones de
desigualdad que puede padecer en su vida cotidiana. Existe en este tipo de titular
una indiferencia total a implicarse en la participación. En su rol de madre-esposa,
acepta todos los papeles socialmente asignados, aceptando como natural que los
hombres tengan mayor acceso a recursos.
La dependencia hacia el programa de este tipo de titular es una característica
relevante, en términos de participación lo único que se considera necesario es que
cumplir sólo con lo que le pidan las vocales para recibir el apoyo. Puede llegar a
realizar alguna actividad remunerada, siempre que su cumplimiento no le implique salir
de su hogar. No hay autonomía en la toma de decisiones salvo para las actividades
asociadas a los cuidados.
A diferencia de los otros tres tipos de titulares, en este caso, la participación en el
programa aun observando o padeciendo situaciones que implican desigualdad de
género, no ha suscitado cambios en su mirada de la desigualdad, ni otra consideración
respecto a necesidades, problemas y procesos sociales. La posición subordinada
qu e asume limita el acceso y control sobre los recursos porque se constituye en
una dependencia total respecto a las transferencias condicionadas.
En este tipo de titular su posición de conformismo social la lleva a suponer que las
necesidades y problemas su cambio en condición de género sólo se explica por la
recepción de los apoyos, mientras que en intereses estratégicos. No participa, su
126
perspectiva es recibir beneficios pasivamente.
Reconoce al programa como una gran ayuda del gobierno para los pobres,
manifiesta autoaceptación de ser pobre:
Porque así son las cosas y ni para qué quejarse.
Está convencida que debe acatar lo que diga el gobierno porque le debe la ayuda
que recibe del programa y no manifiesta ningún interés en ser parte de procesos
de organización o de cooperación del programa o de la comunidad,
En el programa, su participación es pasiva y de subordinación sin cuestionamiento.
Aunque padezca necesidades básicas de manera cotidiana, no se plantea buscar
alternativas de ingreso como la mayoría de titulares que tienen ocupación
remunerada. Muestra plena subordinación de género frente a lo dispuesto por su
pareja, de quien es dependiente económicamente; acepta sistemáticas situaciones
de violencia, incluso del personal operativo del programa:
A veces nos maltratan los promotores cuando tenemos que asistir a
recibir algún papel o información y que nos llegan a llamar “taradas”
porque alguna señora se pasa al inicio de la fila y el o la promotora nos
dice que si no entendemos que nos debemos formar, que no seamos
taradas.
Prácticamente no habla, sus decisiones se relacionan con actividades domésticas
y de los hijos, no cuestiona desigualdad. Asume naturalmente su rol de cuidadora,
su principal interés es recibir los apoyos en una relación de dependencia con el
programa. Mantiene una actitud de sometimiento y pasividad, no le interesan
temas acatar sin intención de cambios; es acrítica. Tiene temor a participar porque
puede perder el apoyo, por eso acepta tranquilamente tanto lo que el programa le
impone como lo que le ordena su pareja.
127
El sentido de la tipología ha sido integrar características de la participación de las
mujeres que representan a sus familias ante el Prospera, para indagar sobre cauces
y posibilidades de articulación entre la política social y su intervención, la participación
de las mujeres y el trabajo social científico, el interés es reconocer si desde ese
nexo es posible suscitar procesos que contribuyan desde la participación a la
configuración de características de la titular empoderada, considerando que esa
participación representa, respecto a los otros tipos, mayores posibilidades para
avanzar hacia la igualdad de género, este es interés que subyace a la construcción
de la tipología que se derivó del modelo análisis.
Al revisar lo que aporta la exploración de la participación se identifica que predominan
patrones de género que reflejan desigualdades la participación de las mujeres en el
programa también implica desarrollo de características que las lleva a aprendizajes
que reconocen como valiosos en su vida cotidiana, porque les permiten ganar
seguridad, como es poder expresarse, no tener pena o nervios o, no bajar la cabeza
cuando hablan con otras personas.
128
CAPÍTULO 6
A modo de conclusiones: elementos para la intervención
social en la vida cotidiana con igualdad de género desde el
trabajo social científico
Recordemos que el Género se ha integrado como la categoría marco en el análisis
de la participación de las mujeres en la política social, que esa determinación resulta
de reconocer que las desigualdades entre hombres y mujeres son barreras que
impiden el desarrollo, en consecuencia, el cuestionamiento es que la política social
tendría que dejar de asumir la igualdad de género como un objetivo formal,
declarativo, para asumirlo como un reto real, un hecho posible, que desde su andamiaje
se construya en la vida cotidiana de las y los sujetos sociales. En esa perspectiva, se
identifica la necesidad de integrar aportaciones que contribuyan al avance de la
igualdad, tanto desde el plano analítico, como de la intervención que deviene de los
programas sociales, de ahí la razón de pensar en la articulación desde el trabajo social
científico.
Desde ese argumento se presentan las siguientes conclusiones:
1. Es indispensable articular la intervención que se deriva de la política social con el
trabajo social científico, aprovechando, dicho sea en el mejor sentido, el andamiaje
que representa, en el caso de México, la participación de cerca de seis millones de
mujeres representantes de sus familias ante el programa social de apoyos
condicionados contra la pobreza, Prospera, en correspondencia con propósitos de
desarrollo del milenio de avanzar en la construcción de ciudadanía y en la
igualdad de género.
Esa necesaria articulación se sustenta en el reconocimiento de que la intervención
129
de la política social y la producción académica no pueden seguir caminos
diferentes, porque se trata de intervenir en la vida cotidiana de los ciudadanos de
manera coherente, consistente y congruente para suscitar procesos sociales
diseñados e instrumentados desde la perspectiva de la construcción conceptual
del cambio orientada hacia escenarios posibles. Esta articulación mitigaría la
inercia de depender de las particulares nociones y sensibilidad de los funcionarios
de la política social que colocan a la intervención social en un plano de
incertidumbre y afectación respecto a los objetivos que prevé la visión de
desarrollo.
Otro elemento que respalda esta conclusión es reconocer que, ante la dimensión y
complejidad de problemáticas y necesidades sociales, como lo son la pobreza y la
desigualdad de género, la articulación resulta fundamental para el propio trabajo
social en la perspectiva de construcción de conocimientos, porque implica no
situarse sólo en su condición de instrumento de las políticas cuando los políticos lo
requieren, sino ampliar su posibilidad de nutrir su producción de conocimientos a
partir de los amplios y diversos referentes empíricos de la realidad que es tocada
cotidianamente por la aplicación de los programas sociales, para ponerlos al
servicio de la sociedad, diseñando y aplicando alternativas de intervención desde
una concepción de construcción conceptual del cambio. Así, esa articulación abre
una vía de congruencia entre los ámbitos en que se produce el conocimiento para
ponerlo al servicio de las políticas sociales y, finalmente, del desarrollo, en torno a
los objetivos de construcción de ciudadanía y de igualdad de género.
2. No se puede intervenir en lo social sin un sustento científico que se fundamente en
la visión de interrelación entre la esfera estructural y la que corresponde al ámbito
de los individuos y su acción social. Lo relacional en lo social, que pertenece y se
constituye en el ámbito de la vida cotidiana y el pensamiento que ahí se configura,
es resultado de la determinación mutua de esas esferas, lo que da lugar a
construcción de la realidad social.
130
Para el trabajo social científico, quedarse en el marco explicativo que da la
individualización de los problemas y la responsabilidad de la respuestas, oculta el
carácter social de éstas y, en consecuencia, limita al trabajo social y el diseño de
la construcción conceptual del cambio y de la correspondiente intervención, al no
advertir y dimensionar todas las implicaciones que deben considerarse para tratar
de modificar situaciones problema de diversa índole, desde un contexto específico.
La contribución de esta investigación sostiene la necesaria la articulación entre la
producción académica del trabajo social y la intervención desde un enfoque
relacional, porque implica reconocer e integrar elementos que devienen de la parte
estructural de la sociedad, que son determinantes en la configuración de contextos
que a su vez troquelan respuestas de la acción social de los individuos, reconocer
que no es la voluntad individual lo que determina las respuestas sino la
configuración que se genera en la interrelación de las dos esferas de la realidad
social.
3. La política social mexicana, y su intervención social, mantiene una contradicción
notable entre el decir y el hacer. Mientras su discurso, argumentación y diseño
plantea como factor clave, a partir de la aproximación teórica del desarrollo
humano, el impulso a la formación y evolución de capacidades humanas como:
organización, cooperación, cohesión, ejercicio de derechos y agencia entre la
población incorporada al programa de apoyos condicionados contra la pobreza,
particularmente y de manera destacada de las mujeres, a la par de ese discurso,
en su proceso de concreción, en la intervención social en la vida cotidiana que
produce su operación, la política social no sólo no impulsa, sino inhibe el
desarrollo de esas capacidades e, incluso, anula elementos incipientes de esas
capacidades que pudieran existir al impedirles y prohibirles posibilidades e
intenciones de reunión, deliberación, agrupación, intercambio de ideas e intereses,
etcétera, aún en espacios que no corresponden al ámbito del programa sino al del
131
contexto de la comunidad. Su participación es acotada a sólo asistir a las citas
para las que son convocadas para efectos de lo que el programa Prospera
requiera, sin derecho a preguntar ni opinar y, mucho menos, cuestionar.
El pensamiento sistémico o social-conformismo que impulsan los operadores del
Prospera modela la participación de las mujeres al fomentar el individualismo, el
control, el aislamiento, la subordinación y la jerarquización entre ellas; es la
dinámica que impone la intervención cotidiana de la política social. Esto conduce a
prácticas sociales diversas que, dependiendo de características asociadas a la
subjetividad de las mujeres, dan lugar a la configuración de distintos tipos de
participación.
4. Desde la perspectiva de género, se confirma la contradicción que ha sido
apuntada en diversos estudios con relación a la agudización de la desigualdad
respecto al trabajo de cuidados que produce la intervención social de los
programas de transferencias monetarias condicionadas. En esta investigación se
concluye que se trata de plantearse cómo evitar que el Prospera refuerce el rol de
las madres como responsables únicas o principales del bienestar familiar,
diseñando una intervención social sustentada en trabajo social científico que
permita, mediante la instrumentación de procesos tendientes a la igualdad de
género, una traducción real, esto es, en la cotidianeidad, de los avances en papel.
En ese sentido, la intervención social debe apuntar a lograr la visibilidad y el
reconocimiento del trabajo de cuidados y la generación de procesos para su
redistribución en la familia.
5. La operación cotidiana del programa Prospera requiere de la participación de las
mujeres para asegurar el funcionamiento de los principales componentes de
educación, salud y alimentación, así como de la dispersión del dinero que es un
fundamento clave de la estructura institucional de ese programa. Existen
132
normativamente instancias y mecanismos de participación comunitaria, los
llamados Comités de Promoción Comunitaria, sustentados en una red que se
articula a través de una figura denominada vocal, que son titulares que asumen
esa función. Sin embargo, la participación cotidiana de las titulares en estas
instancias está notablemente acotada a recibir instrucciones para realizar
únicamente acciones que respondan a necesidades operativas del programa y no
hay incentivos para impulsar procesos de organización, cooperación y cohesión
entre las titulares que contribuyan a suscitar prácticas sociales que favorezcan
procesos de autonomía y de redistribución del trabajo de cuidados.
La estructura operativa del programa se ha constituido abiertamente en un
mecanismo de coerción que impide avanzar en la perspectiva de desarrollar
capacidad de agencia entre las mujeres. Es notable la sistemática observación de
las titulares al no existir certeza de las razones por las que se incorporan o se dan
de baja algunas familias. Este manejo trasmite una deficiencia grave en la
focalización de los apoyos y se asocia con manejos discrecionales de orden
personal y político partidario.
La intervención social del programa mediante su estructura operativa impide que
entre las mujeres se desarrollen iniciativas de organización y cohesión imponiendo
una subordinación contundente en función de los apoyos monetarios a los que
todos los tipos de titulares identificadas se someten porque las necesidades
materiales de supervivencia son drásticas y esos apoyos les significan resolver
cuestiones fundamentales en la vida cotidiana.
6. La tipología de titulares según ciertas características de su participación, denota
que en todos los tipos la participación se subordina a objetivo de recibir los apoyos
monetarios aun cuando esto les signifique sacrificar espacios en que podía
desarrollar prácticas sociales que suscitan procesos tendientes al desarrollo de
autonomía como realizar reuniones entre ellas con distintos motivos, como recibir
133
pláticas con temas de su interés o tener espacio para convivencia entre ellas; lo
que en la perspectiva de igualdad de género tiene distintas implicaciones: significa
tomar decisiones con relación al uso de su tiempo, siendo éste un aspecto en que
las mujeres tiene mayores carencias que los hombres; también significa procesos
de conciliación en el interior de sus hogares, pues tienen que hacer arreglos con
otros integrantes de su familia para disponer de ese tiempo; significa conformar
redes de ayuda que suponen ciertos procesos de organización, cooperación y
cohesión. Así que no es asunto menor que les restrinjan estas iniciativas desde el
propio programa.
7. Ser la receptora de las transferencias monetarias les significa a las mujeres una
posibilidad de cubrir de mejor manera necesidades de la familia, y mejorar su
condición de género, básicamente en aspectos relacionados con el trabajo de
cuidados. Las decisiones que toman con relación a gastarlos están orientadas a
cubrir las necesidades para las que son destinadas por el programa; en ese
sentido, es consistente el supuesto que desde el diseño de Progresa se planteó de
por qué las madres de familia son las titulares. En la perspectiva de género no
implica avance porque, en términos de autonomía, se trata de asuntos que, de
acuerdo a los roles tradicionalmente asignados, les corresponden a las mujeres y
no significan decisiones trascendentes que modifiquen su posición de género.
Como ha sido señalado por la propia CEPAL, esta percepción de dinero no se
asocia a reconocer un derecho propio, porque el recurso es para apoyar que niñas,
niños y adolescentes accedan a derechos como la educación.
8. El programa impone ciertas pautas laborales a las mujeres que implican asistir a
las reuniones que les pueda convocar el programa y tienen que asegurar su
asistencia porque, de lo contrario, implica incumplimiento y pueden causar baja.
Este es un tema sensible porque subyace la perspectiva de modelo único de
familia en el que la mujer es de un solo tipo y su única actividad se relaciona con
134
el trabajo de cuidados, lo que supone una disponibilidad de tiempo permanente,
para atender a un esquema único de condicionalidades. Además, este modelo
asume que la mujer es, fundamental, si no es que exclusivamente, ama de casa, y
con eso se boicotea la posibilidad de que las mujeres encuentren o desarrollen
una vida laboral sistemática y satisfactoria ( a través de empleos fijos, y no sólo de
fuentes de ingreso; o bien que estudien, o que simplemente dispongan de su
tiempo en otros términos distintos a los que se espera de ellas, desde un sistema
tradicional de género).
9. Los elementos identificados en la tipología representan pistas para configurar la
Construcción Conceptual del Cambio a partir del modelo de análisis, integrando el
diseño de los procesos que correspondan a esa tipología y formulando las estrategias
de intervención que posibiliten avanzar de manera consistente, congruente y
coherente hacia la igualdad género, desde una propuesta de trabajo social científico.
En lo que corresponde al ámbito de las prácticas sociales, destacan el fortalecimiento
de capacidades de las mujeres, esto es, el empoderamiento, particularmente el
proceso de autonomía en sus dos dimensiones, distribución y reconocimiento. En el
ámbito de la esfera estructural, la transversalidad del género es un proceso clave
para que la política social, desde la estructura institucional que la diseña y opera,
tenga el alcance en su visión acerca de las implicaciones que tiene la incorporación
de la perspectiva de género en el programa de apoyos condicionados y en la
intervención que le es inherente y que determina cómo se generan y orientan
procesos fundamentales para la igualdad de género como: organización, cooperación
y cohesión.
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