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Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
I.E.S. Virgen del Puerto. A. Feijoo. Pág. 1
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EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868).
1.PARTIDOS POLÍTICOS: MODERADOS Y PROGRESISTAS.
1.1.. Los fundamentos ideológicos.
1.2.. El partido moderado.
1.2.1 Los moderados en el poder: Períodos de gobierno y obra política moderada.
1.3. El partido progresista.
1.3.1. Los progresistas e el poder: Períodos de gobierno y obra política progresista. 1.4. Otros partidos y movimientos políticos de la época.
2. LA I GUERRA CARLISTA: La regencia de Mª cristina, 1833-1840.
2.1. La construcción del sistema liberal entre 1833-1840.
2.2. La I guerra Carlista, 1833-1839.
3. ETAPAS POLÍTICAS DEL REINADO DE ISABEL II., 1843-1868.
3.1. La década Moderada, 1843-1854.
3.2. El bienio progresista, 1854-1856.
3.3. Segundo período moderado, 1856-1868.
4. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874).
4.1. La Revolución de 1868: Causas, desarrollo y consecuencias.
4.2. La primera república y el cantonalismo: 1873-1874:
5. EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.
5.1. La reforma agraria liberal en la España del siglo XIX.
5.2. Transformaciones económicas en la España del s. XIX: Industria, ferrocarril y banca.
6.- EXTREMADURA. Construcción del Estado Liberal, 1833-1875.
6.1.- El Sexenio Democrático en Extremadura: tensiones sociales y revueltas campesinas.
6.2. Transformaciones económicas en Extremadura durante la etapa isabelina: aspectos agrarios,
transportes y comunicaciones.
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1. PARTIDOS POLÍTICOS: MODERADOS Y
PROGRESISTAS. 1.1. LOS FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS.
Entre 1833-1875 asistimos a la construcción del régimen liberal o burgués en España,
imponiéndose el Nuevo Régimen al Antiguo Régimen, el Liberalismo al Absolutismo, con una
transformación económica y social enorme. La alta burguesía controlará el poder económico y
político, los vasallos se convierten en ciudadanos, aunque sin abandonar su condición de pobres
proletarios o jornaleros. Podemos dividir el período en varias etapas: Regencia de María Cristina
(1833-1840), Regencia de Espartero (1840-1843), Reinado de Isabel II (Década Moderada 1844-
1854, Bienio progresista 1854-1856, Segundo período Moderado 1856-1868), Sexenio
Democrático (1868-1875).
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Las revoluciones burguesas,
inspiradas en la ideología
liberal gestada por Locke,
Hume y los ilustrados
franceses, acaban con el
Antiguo Régimen y el
Absolutismo. La
Independencia de EE.UU y la
revolución francesa tendrán
continuidad con las
revoluciones de los años 20,
1830 y en 1848. En España el
liberalismo inicia su andadura
con las Cortes de Cádiz y la
Constitución de 1812. El
liberalismo impondrá poco a
poco sus características:
División de poderes, Constitucionalismo, Parlamentarismo unicameral o bicameral, una carta de
Derechos y Deberes ciudadanos, Soberanía Nacional, Sufragio censitario o universal, igualdad
jurídica de todos los ciudadanos, un sistema político liberal (Monarquía constitucional o
parlamentaria, o República unitaria o federal), y acompañado de un sistema económico
librecambista.
Desde 1808 la ideología política se había construido en España en torno a dos grandes grupos:
Absolutistas y Liberales. Los Absolutistas defendían la Soberanía Real, las Cortes estamentales
como mero poder consultivo, los valores del Antiguo Régimen, y la Religión Católica como esencia
del Estado. Gobernarán con Fernando VII pero tendrán que hacer frente a una escisión interna
en los años 20, con la aparición de los Realistas Apostólicos o Realistas Puros (futuros carlistas),
que proponen un absolutismo más reaccionario.
Los Liberales pronto se dividirán en Moderados (jovellanistas doceañistas) y liberales (liberales y
exaltados). Los primeros gobiernan la primera parte del Trienio Liberal, instaurando una
Soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, sufragio censitario, limitación derechos
populares, y reformas
moderadas. Los
progresistas apostarán
por Soberanía Nacional
compartida con las
Cortes, sufragio más
amplio, desamortización
de bienes amortizados, y
una ampliación de
derechos y libertades
públicas. A partir de
1833 estas tendencias
políticas se constituirán
definitivamente en
partidos políticos y
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evolucionarán muy rápidamente.
1.2. EL PARTIDO MODERADO.
El Partido Moderado procede de los antiguos doceañistas y tendrá un gran apoyo social entre los
terratenientes, alta burguesía comercial e industrial, intelectuales conservadores, antigua nobleza
y altos cargos militares, desarrollando una ideología próxima al liberalismo doctrinario francés de
Guizot, Royer-Collard, o al utilitarismo inglés
de Benthan. Defendían el Gobierno de los más
capaces (Alta Nobleza, intelectuales y alta
burguesía), el orden social tradicional, el
Sufragio censitario muy restringido que excluía
a las clases populares de la política, Soberanía
Nacional compartida entre las Cortes y la
Corona. El Rey acumulaba muchos poderes:
Nombramiento de ministros, jefatura del
Ejército, disolución de las Cortes… No
apuestan por una clara división de poderes, ya que el ejecutivo interfería en el legislativo (veto a
las leyes, disolución de Cortes), y en el poder judicial con el nombramiento de jueces, y defienden
la confesionalidad católica del Estado y el proteccionismo económico. En los años 40, con el
ministro Luis González Bravo, establecen el caciquismo para adulterar los resultados electorales y
perpetuarse en el poder.
Líderes como Istúriz, Pérez de Castro, Alcalá Galiano,
Narváez, González Bravo o Alejandro Mon, gobernarán
entre 1837-40 y desde la mayoría de edad de Isabel II,
creando un régimen liberal conservador que paralizó las
reformas progresistas como la desamortización. Ya en los
años 30 habrá dos sectores: Conservadores como el
Marqués de Viluma (Estatuto Real, aproximación a los
carlistas, y un Parlamento Corporativo); los moderados
próximos a los progresistas liderados por Joaquín Pacheco
(Constitución de 1837), y los moderados centristas de
Narváez procedentes de los doceañistas y sus reformas
moderadas (Francisco Martínez de la Rosa, Luis López
Ballesteros, o Alejandro Pidal y Mon). Sus periódicos más
renombrados serán l «El Universal» y «El Censor».
1.2.1. LOS MODERADOS EN EL PODER: PERÍODOS DE
GOBIERNO Y OBRA POLÍTICA.
1833-43: Participan en los primeros gobiernos de Mª
Cristina y en la elaboración del Estatuto Real de 1834 y la División Provincial de Javier de Burgos
en 1833. La victoria electoral de 1837 les permite limitar el sufragio y las libertades de la
Constitución de 1837, pero pierden el poder hasta la victoria electoral de 1837, que les perite
limitar el sufragio, las libertdes de la Constitución de 1837, y decretan el nombramiento de los
alcaldes por el Rey y los Gobernadores provinciales, además de suspender la desamortización de
Mendizabal.
1843-54: Después de la Regencia de Espartero (1840-43), recuperan el poder, liderados por
Narváez (Jefe Gobierno desde mayo de 1844) para gobernar toda la Década Moderada.
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Impondrán el liberalismo doctrinario, el control del Ejército (alejándolo de la política), la
represión del carlismo (II guerra carlista o guerra del matiners catalanes de 1846-49) y del
incipiente movimiento obrero, el alejamiento de los progresistas del poder mediante el control
electoral o caciquismo impuesto por el ministro de la Gobernación Luis González Bravo. Al final de
los 40 aparecen tres tendencias en Partido Moderado: Moderados de Narváez, autoritarios de
Bravo Murillo, y la Unión Liberal de O’Donnell.
La Constitución de 1845 fue la gran obra moderada del período, caracterizada por la Soberanía
compartida entre Corona y Cortes, separación de poderes ficticia (El Rey nombra ministros,
sanciona leyes, disuelve Cortes), Cortes bicamerales (Senado vitalicio y nombrado por el Rey),
Sufragio censitario-directo, derechos y libertades muy restringidos, confesionalidad católica del
Estado, supresión de la Milicia Nacional, y Ayuntamientos nombrados por Gobierno y
Gobernadores Provinciales Además de la Constitución de 1845, los moderados implantarán un
Estado liberal conservador que se resumen en 5 grandes conjuntos legislativos::
1. Control político mediante la Ley de Imprenta que restablece la censura, el depósito dinerario
para los responsables de periódicos y el sometimiento de los delitos de opinión a Tribunales
ordinarios. El caciquismo garantiza el triunfo electoral. La Guardia Civil fundada por el Duque
de Ahumada (Decreto del 28-3-1844, reformado por el del 13-5-1844, que ya firmará
Narváez), como cuerpo de seguridad militarizado y jerarquizado, aunque no integrado en el
Ejército, garante del orden, la seguridad y la propiedad privada. La Guardia Civil sustituye a los
cuerpos regionales de orden público (migueletes, somatenes o mozos de escuadra catalanes) o a
la Milicia Nacional de los progresistas, para acabar con el bandolerismo endémico y las
revueltas campesinas. Imitando a la Gendarmerie francesa, pronto sumará unos efectivos de
12.000 hombres.
2. Centralización administrativa: Por la Ley de Administración Local (1845) se mantiene el
régimen foral y los alcaldes de localidades mayores de 2.000 hbts. Son nombrados por el
gobierno y el resto por los Gobernadores Civiles. El
reclutamiento o quintas se extiende a las comunidades
forales, y los Gobernadores provinciales tendrán
grandes atribuciones económicas, políticas y judiciales.
La Administración Central se organiza en Ministerios,
y Bravo Murillo impusó las oposiciones para acceder a
la función pública desde 1852. El Ejército centraliza
la defensa nacional, una vez expulsados los elementos
más liberales (1.200 oficiales). En el orden judicial se
creó el Tribunal Supremo, se aprobó el Código Penal (1848) y el Proyecto de Código Civil de
1851, finalmente aprobado en 1899
3. Reforma fiscal de Alejandro Mon en 1845: Abundando en las reformas de López Ballesteros a
finales de los años 20 (Creación de la Bolsa, Tribunal de Cuentas y Banco de San Fernando),
creó un sistema fiscal más racional, uniforme y equitativo, suprimiendo los privilegios fiscales
particulares y regionales aun vigentes, y dividiendo los impuestos en directos (Inmuebles,
actividades industriales, comerciales y agrícolas (repartido por Ayuntamientos, quienes los
distribuían por vecinos según riqueza), impuestos indirectos (Aduanas, Consumos, Timbres,
transmisión de bienes), e impuestos especiales (Tabacos, Lotería y Sal). No se cubrieron los
gastos del Estado, aumentando la Deuda Pública y su financiación con impuestos indirectos y
prestamos.
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4. Reformas educativas y religiosas: José Pedro Pidal, inspirándose en Francia, diseña un plan
educativo aprobado con la Ley Moyano de 1857: Primaria o elemental, Segunda Enseñanza en
los Institutos, y universitaria dividida en 10 universidades con nuevas especialidades (Sólo la
Madrid Central podía expedir el título de Doctor). Se adoptará el Sistema Métrico Decimal de
pesos y medidas, se construyen las primeras líneas férreas
de Barcelona-Mataró (1848) y Madrid- Aranjuez (1853).
En 1851 Bravo Murillo firmó el Concordato con la Santa
Sede: La Iglesia aceptaba las desamortizaciones ya
realizadas a cambio de la devolución de los bienes aun no
vendidos, confesionalidad del Estado, concesiones
educativas (religión en la escuela, supervisión de los
contenidos educativos), y el Estado asumirá los sueldos de
los clérigos
5. Política económica: La política económica proteccionista
beneficia a la agricultura terrateniente y a la alta
burguesía comercial e industrial. La crisis económica de finales de los 40 evidenció los
problemas de una agricultura de subsistencia en el norte y latifundista en el sur, con un
mercado interno poco interrelacionado y escaso, y con una industria que no había despegado,
salvo en algunos puntos Cataluña, País Vasco y Asturias.
La propuesta de reforma autoritaria de la Constitución de 1845 por Bravo Murillo, ni los gobiernos
de Roncali y Sartorius, podrán evitar la crisis del período, con numerosos casos de corrupción,
expropiaciones indebidas para el ferrocarril, escándalos protagonizados por los amoríos de la
reina, que causarán revueltas populares y el levantamiento de 1854 conocido como la Vicalvarada.
1856-68:
Después del Bienio Progresista los moderados regresan al poder en 1856 con Narváez y la Unión
Liberal de O’Donnell, quien restablece la Constitución de 1845 con una reforma llamada el Acta
Adicional: sufragio más amplio, Ayuntamientos democráticos en poblaciones de más de 40.0000
hbts., juicio por jurado, etc. Se reprime duramente a los revolucionarios y se disuelve la Milicia
Nacional. Aunque en 1858 Narváez deroga el Acta Adicional de la Constitución y suspende la
Desamortización de Madoz. Con el gobierno largo de O´Donnell se inicia un importante
crecimiento económico, expansión colonial, inicio construcción férrea y grandes inversiones
extranjeras, pero también protestas sociales contra el impuesto de Consumos, las Quintas y los
salarios de los jornaleros.
En 1863 se inicia la última etapa moderada, llena de inestabilidad política, represión de
progresistas, demócratas y Movimiento Obrero, descrédito de Isabel II, y la crisis económica de
1865-68. La protesta universitaria acaba con la llamada Matanza de la Noche de San Daniel en
1865, seguida de la rebelión de los Sargentos del Cuartel de San Gil, y el Pacto de Ostende de
1866 entre demócratas y unionistas (La Unión Liberal), para derrocar al gobierno moderado.
1.3. EL PARTIDO PROGRESISTA.
El partido Progresista de Mendizábal, el General Espartero, Fermín Caballero, Salustiano Olózaga,
Calatrava, procedente de los exaltados del Trienio, se vinculará a la mediana y pequeña burguesía,
profesionales liberales (profesores, periodistas, abogados), y oficiales del ejército de media
graduación. Sus señas de identidad serán la soberanía nacional sin límites, el predominio de las
Cortes por encima del rey, un sufragio censitario amplio, anticlericalismo, independencia y
democratización Ayuntamientos y Diputaciones, amplios derechos individuales y colectivos
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(libertad de imprenta, de prensa, de opinión, de religión, etc.), y Milicia Nacional. Gobernarán con
Mendizábal (1835-1836), Calatrava (1836-1837), y Espartero (1840-1843) antes de la mayoría de
edad de Isabel II. Entre la prensa afín destaca «La abeja» o «El Eco del comercio».
Anticlericalismo y desamortización (como medio para reformar la propiedad de la tierra) son
propuestas estrella. De los progresistas más extremistas surge el republicanismo en 1841 y en
1849 el Partido Demócrata de José María Orense, que proponían el reparto de las tierras
desamortizadas, la enseñanza pública obligatoria, la reducción del presupuesto militar, el sufragio
universal, amplias libertades (imprenta, culto, reunión, asociación). Después de la Revolución de
1868 se fusionaron en el Partido Republicano.
1.3.1. LOS PROGRESISTAS EN EL PODER: PERÍODOS DE GOBIERNO Y OBRA POLÍTICA
PROGRESISTA.
Mendizábal (sept. 1835) reforma el Estatuto Real antes del
Levantamiento en 1836 de los Sargentos de La Granja y la
formación del gobierno Calatrava con Mendizábal como Ministro:
Restablecen Constitución 1812, leyes desamortización 1836, guerra
carlista, y aprueban la Constitución de 1837, que en 77 artículos
recoge principios progresistas (Soberanía nacional, amplia
declaración de derechos, división de poderes, aconfesionalidad del
Estado y libertad de imprenta) y principios moderados
(Bicameralismo con Congreso y Senado, nombramientos ministros
por el Rey, veto real a las leyes, financiación del culto católico, y
sufragio censitario restringido para sólo el 2’4% de la población).
Regresarán al poder con la Regencia de Espartero 1840-1843 y su
gobierno autoritario, de espaldas al Parlamento hasta que los
propios progresistas le retiran su apoyo, sobre todo después del
Tratado de libre comercio con Inglaterra en 1841, que provoca el Levantamiento de Barcelona y el
Pronunciamiento moderado-progresista de Torrejón de Ardoz en 1843 que da el poder a los
moderados y acelera la mayoría de edad de Isabel II.
Vuelven a gobernar durante el Bienio Progresista: 1854-56. Redactarán, aunque nunca se
aprobará definitivamente, la Constitución de 1856 (Soberanía Nacional, ampliación derechos,
Libertad de culto, prensa, sufragio más amplio, limitaciones poder Rey, aunque puede disolver
Cortes y vetar leyes, Alcaldes y Senado electivo, Milicia Nacional…). Aprobarán la
Desamortización de Madoz (1855), que afecta a las propiedades municipales, religiosas,
Beneficencia, Instrucción, etc., y una serie de Reformas económicas fundamentales: Ley Bancaria
de 1856 con la creación del Banco de España, Ley de Bancos de Emisión y Crédito, Ley de
Ferrocarriles de 1855, y liberalización inversión extranjera. La mala situación agrícola y la crisis
de subsistencias de 1856 provoca revueltas, el golpe de O´Donnel y la dimisión de Espartero.
1.4. OTROS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS DE LA EPOCA.
Los Carlistas, además de participar en 3 guerras, también se constituirán en partido y movimiento
ideológico absolutista, ultra católico, foralismo navarro y vasco, sociedad estamental, Inquisición,
etc. Les apoya el pequeño y mediano campesinado del norte de España y determinados grupos de
la nobleza y la Iglesia.
Los Demócratas de José Mª Orense 1849, escindidos del Partido Progresista, reivindican
Soberanía Popular, sufragio universal, Milicia Nacional, poderes reducidos del Rey, determinadas
reformas sociales, libertades individuales, y coinciden con las clases medias y bajas.
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Los Republicanos de Sixto Cámara y Fernando Garrido, también escindidos
de los progresistas a principio de los 40, con grandes apoyos entre el
obrerismo, jornaleros, clases medias, intelectuales, proponen un Estado
republicano. Se dividirán en Unitarios y federalistas.
El Obrerismo socialista catalán inicio su andadura con la Asociación Mutua
de Obreros algodoneros, aunque su crecimiento se producirá en el Sexenio y
con la definitiva fundación del PSOE a finales de los 70 .
El pretorianismo militar será una constante en la política de la época. Los
partidos serán liderados por militares de prestigio, los gobiernos se llenarán
de ministros militares, y en múltiples ocasiones utilizarán las tropas para
golpes de estado, pronunciamientos, y asonadas. Entre las causas
destacamos la mitificación del militar victorioso desde la Guerra de
Independencia, la debilidad de un sistema parlamentario electoralmente
corrupto que impedía la alternancia pacífica en el poder, y la ausencia de una base popular de
apoyo al liberalismo.
2. LA I GUERRA CARLISTA: LA REGENCIA DE Mª
CRISTINA, 1833-1840. (VIDEO CARLISMO) El 29 de septiembre de 1833 moría Fernando VII y María Cristina debía educar a sus dos hijas,
de las que la mayor, Isabel, sólo tenía 3 años, y enfrentarse a los que se
oponían al testamento del Rey y a la Pragmática Sanción, que derogaba la
ley Sálica y permitía a Isabel heredar el trono. La oposición de los
Tradicionalistas (Nobleza rural, Iglesia tradicionalista, pequeños y
medianos campesinos católicos del norte, pequeños artesanos, foralistas)
se compensa con el apoyo de los llamados Isabelinos o Liberales moderados
(burguesía, sectores populares urbanos, y absolutistas fieles a Fernando
VII). Pero el enfrentamiento no era solo por la sucesión al trono, sino
entre Antiguo Régimen y Nuevo Régimen, discutiéndose el modelo de
régimen político, social y económico futuro. Será un proceso revolucionario
que concluirá con el triunfo de la burguesía, los isabelinos liberales, y del
liberalismo sobre el absolutismo, con la liquidación del régimen señorial, la
sociedad estamental, y la abolición de las instituciones políticas del Antiguo
Régimen. La burguesía, sobre todo la agraria, asume el poder político y crea
un sistema jurídico y económico favorable a esta burguesía y a la economía capitalista.
2.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL ENTRE 1833-1840.
Gobiernos de transición, 1833-1835.: Estatuto Real.
La regencia de Mª Cristina comenzó con el gobierno de Cea Bermúdez (ex ministro de Fernando
VII), que intentó un régimen de despotismo ilustrado liderado por un Consejo de Gobierno
formado por absolutistas moderados dialogantes con los carlistas e impulsores de reformas
administrativas. Francisco Javier de Burgos divide España en 49 Provincias (47 peninsulares más
Baleares y Canarias, que en 1927 serán 50 al dividirse Canarias en 2 provincias), crea las
Diputaciones Provinciales encargadas de las obras públicas, asistencia social, fomento, cultura, un
Subdelegado de fomento como antecedente del futuro Gobernador Civil, y una Audiencia
Provincial encargada de los asuntos judiciales. La oposición armada del carlismo y de los liberales
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que pedían más reformas, obligó a la Regente a buscar apoyos con una política más liberal,
permitiendo el regreso de los exiliados liberales y sustituyendo a Cea Bermúdez por Martínez de
la Rosa (1834), antiguo liberal radical reconvertido en liberal moderado.
Martínez de la Rosa buscó el apoyo de la burguesía, pero
respetando los “derechos” de los grupos dominantes del
antiguo régimen. En 1834 se aprueba el Estatuto Real
(Carta Otorgada concedida por la Regente al pueblo, no
una Constitución aprobada democráticamente), que
contemplaba unas Cortes bicamerales compuestas por: a)
El Estamento de Próceres elegido por la Corona entre los
Grandes de España, Arzobispos, militares prestigiosos,
jueces, grandes propietarios, con un nivel de rentas de
60.000 reales mínimo. b) El Estamento de Procuradores
elegidos por sufragio censitario indirecto (16.000 electores, 0’15% de la población) y entre
candidatos con más de 12.000 reales de renta. Estas Cortes no eran un auténtico poder
legislativo, ya que se limitaban a proponer leyes que la Corona aprobaba o no, aunque el Estamento
de procuradores aprobaba los presupuestos. El Rey podía ejercer el veto absoluto sobre las
Leyes propuestas por las Cortes, el Presidente del Gobierno era nombrado por el Rey, aunque el
gobierno elegido por el Presidente si estaba sujeto a responsabilidades políticas ante Las Cortes.
Los liberales moderados apoyaron el Estatuto, mientras que los progresistas lo rechazaron.
Gobiernos progresistas de 1835 a 1837: Disolución régimen señorial y Constitución de 1837:
Ni Martínez de la Rosa ni el Conde de Toreno evitan las revueltas progresistas y populares en
1835: Creación de Juntas, organización de Milicias Locales como fuerza armada liberal, revueltas
en Andalucía o Barcelona (Los bullangues, asalto de la fabrica Bonaplata), e incendios de conventos
en Madrid con el asesinato de 80 frailes acusados de provocar la epidemia de colera de 1834. Los
revolucionarios pedían la convocatoria de Cortes, libertad de prensa, nueva ley electoral, extinción
del clero regular y creación de la milicia nacional. El Estamento de Procuradores destituye a
Martínez de la Rosa y nombra al progresista Álvarez Mendizabal en septiembre de 1835, que creó
las Diputaciones Provinciales, reclutó 100.000 hombres para la guerra carlista, convirtió la Milicia
Nacional en Guardia Nacional, y decretó la reforma de la propiedad de la tierra (Disolución del
régimen señorial, desvinculación de mayorazgos, y desamortización eclesiástica, por decretos de
1835 y 1837).
En mayo de 1836 Isturiz sustituye
a Mendizábal, y en Agosto
Calatrava accede al gobierno
después de la rebelión de los
Sargentos de La Granja.
Restablece la Constitución de 1812
e inicia la redacción de la
Constitución de 1837, mientras
Mendizábal, como ministro de
Hacienda, continua su tarea de
reforma jurídica de la propiedad
de la tierra y disolución del Antiguo
Régimen: con una sucesión de
Decretos y Leyes: Abolición de la
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Mesta, el diezmo, los privilegios gremiales, las pruebas de nobleza para acceder al Ejército y a la
Administración, al tiempo que se aprueba la libertad de industria y comercio, la libertad de
imprenta y la implantación de la Milicia Nacional. La Ley de señoríos de 1837 disuelve los señoríos
jurisdiccionales y territoriales, permitiendo a los señores conservar la propiedad de las tierras
señoriales, incluso las de los señoríos jurisdiccionales, salvo que los campesinos pudiesen
demostrar sus derechos de propiedad. El Decreto de Desvinculación abolió los mayorazgos, así
como los vínculos de las propiedades de la Iglesia o de los municipios, permitiendo vender y
repartir esas propiedades. La desamortización expropió las propiedades eclesiásticas para
venderlas en subastas públicas. Pretendía recaudar fondos para resolver la
crisis de Hacienda y costear la guerra carlista, aumentar la producción,
castigar el apoyo de la Iglesia al carlismo, y crear un grupo social favorable al
Estado Liberal (compradores de bienes desamortizados). Los diferentes
decretos de abolición de órdenes religiosas, de desamortización, etc., se
completaron con la Ley de 19 de febrero de 1936 que nacionalizó los bienes
del clero secular y ordenó subastarlos públicamente.
La CONSTITUCIÓN DE 1837 fue redacta por una Comisión presida por
Agustín Argüelles, con sólo 77 artículos, inspirada en la de 1812, e intentó
recoger principios progresistas y moderados. Las Cortes (Congreso y Senado,
con un banco azul para los ministros) tenían la iniciativa legislativa. El
Congreso se elegía por sufragio censitario (4% población o 400.000 electores sobre 15 millones)
cada 3 años y el Senado sería elegido por el Rey de entre una lista triple de diputados elegidos
por los electores de cada provincia. El Rey tenía veto legislativo absoluto y nombraba a los
ministros. Contempla la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, libertad de imprenta,
inviolabilidad del domicilio, y no prohíbe la práctica de otras religiones, aunque hace referencia a
la condición católica del pueblo español. Los Ayuntamientos, elegidos por sufragio censitario,
controlarían la Milicia Nacional compuesta por propietarios voluntarios.
Los moderados gobiernan después de las elecciones de 1837 e imponen un sufragio más
restringido, limitación de la libertad de imprenta, e intentan devolver bienes desamortizados al
clero o restablecer el diezmo, y a pesar de la victoria electoral progresista en 1839, el dominio
moderado en las Cortes, les permite aprobar la Ley de Ayuntamientos de junio de 1840 (El Rey
nombraría a los alcaldes de las capitales de provincia y los Gobernadores Civiles el resto de
Alcaldes), en contra del art. 70 de la Constitución, lo que provoca una insurrección progresista y
popular y la dimisión de Mª Cristina en octubre de 1840, cuando Isabel sólo tenía 10 años. .
2.2. LA I GUERRA CARLISTA, 1833-1839.
El testamento de Fernando VII provocó el levantamiento de los carlistas o partidarios de la
sucesión al trono de Carlos Mª Isidro, hermano de Fernando VII que ya lideraba a los absolutistas
más radicales desde 1825, provocando una guerra civil por la sucesión, pero sobre todo por
cuestiones ideológicas, forales, religiosas, enfrentamiento campo-ciudad, que enfrenta a los
partidarios del Nuevo Régimen contra los defensores del Antiguo régimen. Los carlitas o
tradicionalistas apoyan a Carlos Mª Isidro como Rey, frente a su sobrina Isabel como heredera
legitima desde que la Pragmática Sanción derogase la Ley Sálica: “No ambiciono el trono; estoy lejos de
codiciar bienes caducos; pero la religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obligación de defender los derechos imprescriptibles de mis hijos... me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de ella me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin alteración debe ser perpetuada. Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano (que santa gloria haya), creí se habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento; y si hasta aquel momento habría sido traidor el que lo hubiese intentado, ahora será el que no jure mis banderas, a los cuales,
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especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades civiles y militares, haré los debidos cargos, cuando la misericordia de Dios me lleve al seno de mi amada Patria, a la cabeza de los que me sean fieles. Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No padezco yo el sentimiento de que los católicos españoles que me aman, maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo exceso...”(Comunicado de Carlos Mª Isidro, en Abrantes, el 1 de octubre de 1833.)
Los carlistas (tradicionalistas apostólicos) defienden el absolutismo y el Antiguo Régimen bajo el
lema “Altar y trono” y “Viva la Inquisición”, el régimen tradicional de la propiedad agrícola
(mayorazgos, vinculación señorial, etc.), el integrismo católico, y los Fueros como régimen jurídico
y administrativo particular que eximía de la fiscalidad madrileña y de las quintas, por ejemplo, a
algunos territorios. Les apoyan clérigos tradicionalistas, nobleza rural, pequeño campesinado rural
católico, defensores de los fueros del A. Régimen en Navarra y País Vasco, pequeños artesanos
urbanos afectados por el desarrollo de la economía capitalista, sobre todo en Navarra, País Vasco,
Cataluña, Aragón y Valencia, y países absolutistas como Austria, Rusia y Prusia.
La mayoría de la población respetará la legalidad vigente, pero llamamos isabelinos o liberales a los
que se identifican con Isabel y con las reformas políticas y económicas liberales: La mayoría de
los cargos de la administración y de la burocracia provincial y municipal, los miembros del ejército,
clases medias, financieros y comerciantes, profesiones liberales, alta nobleza, gran parte del
clero secular y la mayoría de los sectores populares. Recibirán el apoyo de
la Cuádruple Alianza (Francia, Gran Bretaña, España y Portugal). Mª
Cristina y su gobierno, encabezado por Cea Bermúdez, reaccionaron tarde
ante la rebelión carlista, pero rápidamente dejaron claras sus intenciones: “ Por una serie de hechos plenamente comprobados y demasiado decisivos, tengo la funesta incertidumbre de que el infante don Carlos María Isidro ha tomado una resolución hostil, aspirando a usurpar el trono a mi augusta hija doña Isabel II, en menosprecio de la ley fundamental y vigente del Estado, de la suprema voluntad del rey mi esposo (Q.E.P.D.) y del reconocimiento de la nación testificado solemnemente en Cortes (…) He determinado y mando por el presente decreto, que inmediatamente se proceda al embargo y adjudicación al Real Tesoro de todos los bienes de cualquiera especie, frutos, rentas y créditos … del expresado infante don Carlos (...)” ( Comunicado de la Regente, en el Palacio Real de Madrid, a 17 de octubre de 1833).
La primera guerra carlista se inició con el levantamiento de 1833 y se prolongó durante seis años
(1833-1840), con diferentes etapas en las que los carlistas lograron éxitos importantes, pero sin
ocupar nunca todo el territorio. Fundamentalmente utilizaron tácticas guerrilleras y las partidas
de soldados.
1ª Etapa, (1833-35): Iniciativa carlista liderados por Zumalacárregui, quién quería marchar sobre
Madrid, pero los principales dirigentes prefieren centrarse en el control del País Vasco y Navarra,
extendiéndose después hacia Aragón, Cataluña, Valencia y las dos Castillas. En el sitio de Bilbao
muere Zumalacárregui en 1835, finalizando las expansión carlista. La crueldad de la lucha lleva a
Gran Bretaña a proponer el Convenio Elliot sobre el respeto a los prisioneros de guerra (1835)
2ª Etapa, 1835-37: Las expediciones carlistas al sur del Ebro extienden geográficamente el
conflicto, pero fracasan en la conquista de las grandes ciudades (Madrid y Bilbao) y no encuentran
suficiente apoyo fuera de sus regiones originales. Espartero triunfa en la defensa de Bilbao y en
la batalla de Luchana en 1836.
3ª Etapa, 1837-1839: El carlismo se divide en Intransigentes (Don Carlos y Cabrera, apoyados por
el campesinado y el clero norteño, que se negaban a pactar cualquier rendición) y Moderados o
Transacionistas de Maroto, partidarios de un acuerdo de paz. Estos firmaron la Paz o Convenio de
Vergara (1839) con Espartero, reconociendo la victoria liberal a cambio del ingreso en el Ejército
Liberal de los oficiales carlistas y de la promesa de mantener los fueros vascos y navarros La
guerra continuó con Cabrera en el Maestrazgo hasta 1840.
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La guerra supuso más de 200.000 muertos sobre una población total de 13 millones, implicó la
definitiva inclinación de la monarquía isabelina hacia el bando liberal, y ratificó el protagonismo de
los militares, que se convertirán en lideres políticos que participan en el ejercicio del poder,
incluso alterándolo con sucesivos Pronunciamientos para cambiar el signo del gobierno según
conviniese. Los gastos de la guerra acabaron por arruinar las finanzas públicas, a pesar de los
ingresos procedentes de la Desamortización de Mendizabal de 1836.
El carlismo no desapareció de la vida política nacional, levantándose otra vez en la II Guerra
Carlista (1846 y 1849) al fracasar los intentos de casar a Isabel II con el primogénito D. Carlos
(Carlos VI de Borbón), con importantes combates en Cataluña. Entre 1872-1876 tendrá lugar la
III guerra carlista (Carlos VII) al no considerar el gobierno de Prim la candidatura de D. Carlos a
la corona española y elegir como Rey a Amadeo I de Saboya, desarrollándose sobre todo en el País
Vasco, Navarra y Cataluña, hasta su derrota con Alfonso XII en 1876.
3. ETAPAS POLÍTICAS DEL REINADO DE ISABEL II: 1843-68. El progresista Espartero gobernó entre 1839-43 después de obligar a Mª
Cristina a cederle la Regencia. Llevó a cabo numerosas reformas apoyado
por un grupo de militares (Los Ayacuchos), pero su gobierno autoritario le
privó del apoyo de las Cortes, incluidos los progresistas. El Tratado de
Libre Comercio con Inglaterra en 1841 provocó la rebelión de Barcelona y el
posterior levantamiento militar en Torrejón de Ardoz. En noviembre de
1843 se adelanta la mayoría de edad de Isabel y es proclamada reina con 13
años. Su reinado abarca la Década Moderada (1844-1854), el Bienio
progresista (1854-1856) y el segundo período moderado (1856-1868), y se
caracterizó por el falseamiento electoral, el apoyo a los moderados, la
Constitución a Constitución conservadora de 1845 que le permitía nombrar al jefe del gobierno, a
los ministros, y disolver las cortes. Habrá 51 gobierno, los moderados gobernarán la mayor parte
del tiempo, y los militares-políticos serán los protagonistas: Narváez, Espartero, O´Donnell, Prim.
Los progresistas recurrirán a pronunciamientos y rebeliones para acceder al poder.
Isabel II se casó en 1846 con 16 años, con su primo el Infante don Francisco de Asís, rechazando
la candidatura de Carlos Luis de Borbón, el conde de Montemolín, hijo de Don Carlos María Isidro.
No fue feliz (Decía que su esposo llevó a la noche de bodas más encajes que ella misma) y se
rumoreaban sus escarceos amorosos con el general Serrano, cantantes de moda (Obregón o
Marfori), etc., hasta que Isabel y Francisco de Asís se separaron en 1868 después de 12
embarazos y 4 hijos que sobrevivieron, entre ellos el futuro Alfonso XII
3.1. LA DÉCADA MODERADA, 1843-1854.
El 5 de diciembre de 1843 Luis González Bravo sustituye al progresista Olózaga en la Presidencia,
y suspende las Cortes entre el 27 de diciembre de 1843 y el 10 de octubre de 1844. Narváez le
sustituye el 3 de mayo de 1844. Recortan derechos y deberes (La Ley de Imprenta del 10-IV-
1844 impone la censura), persiguen a los opositores (Infinidad de fusilamientos), crean la Guardia
Civil, instauran el caciquismo electoral y la “colocación” de funcionarios amigos en puestos clave, y
eliminan la Milicia Según Pavón, crean “el régimen de los generales” (El Ejército gastaba más del
55% del presupuesto nacional y de él dependían el 95% de los empleados del gobierno). Jaime
Balmes escribe: “En algunos puntos, ni los jefes políticos, ni los intendentes, ni los alcaldes son
tales, ya que todas las funciones son absorbidas por un capitán general o un jefe militar”. Los
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progresistas desmantelaron el Antiguo Régimen y los moderados crearon un Estado liberal
conservador favorable a alta burguesía, Ejército, nobles terratenientes y políticos moderados.
Narváez (Loja, Granada) dirige el partido moderado y la política nacional. Llegó al poder con 44
años y destaca su llamado Gabinete Largo (1847-1851) Impuso el “orden” derrotando a los
carlistas (“guerra del matiners” en Cataluña en 1846-49), y sofocando los levantamientos
provocados por la crisis económica y la revolución de 1848. Solía decir: “¿enemigos? No tengo
ninguno. Los he fusilado a todos”. No evitó la escisión moderada (La Unión Liberal” de O`Donnell)
ni la radicalización progresista con la aparición del Partido Demócrata en 1849.
Entre 1851-52 el ultraconservador Bravo Murillo endurece la represión,
adopta una política económica muy restrictiva que no logrará sacar a España
de la crisis, e intenta reformar la Constitución de 1845 en sentido más
autoritario, provocando el rechazo de progresistas, moderados
descontentos y unionistas. Los gobiernos de Roncali y Sartorius, con
numerosos casos de corrupción, expropiaciones indebidas para el
ferrocarril, escándalos protagonizados por los amoríos de la reina, causarán
las revueltas populares y el levantamiento de 1854, conocido como la
Vicalvarada que darán el poder a los progresistas de Espartero, ahora
aliados con los moderados de la Unión Liberal.
La Constitución de 1845. Recoge los principios del liberalismo doctrinario y
garantiza un orden social, político y económico favorable a los intereses
hegemónicos de la oligarquía agraria y financiera: Soberanía compartida
entre Cortes y Rey (Disuelve Cortes, destituye al presidente, nombra
ministros, y sancionar las leyes); Cortes bicamerales (Congreso elegido por 5 años y Senado con
senadores vitalicios elegidos por la reina entre la élite social de ex políticos, altos cargos
eclesiásticos, nobles, militares); sufragio censitario (votaba el 1% de la población o 160.000
electores frente a los 400.000 de la Constitución del 37) sobre una población de 15 millones) y se
falseaban con prácticas caciquiles controladas por el ministro de Gobernación; confesionalidad
católica del Estado; y alcaldes y presidentes de Diputaciones nombrados por el Rey
La obra legislativa moderada: Además de la Constitución de 1845, los moderados llevarán a cabo
una amplia labor legislativa para implantar un Estado liberal conservador, inspirado en el
liberalismo doctrinario:
1. Control político mediante la Ley de Imprenta que restablece la censura, el depósito dinerario
para los responsables de periódicos y el sometimiento de los delitos de opinión a Tribunales
ordinarios. El caciquismo garantiza el triunfo electoral. La Guardia Civil fundada por el Duque
de Ahumada (Decreto del 28-3-1844, reformado por el del 13-5-1844, que ya firmará Narváez),
como cuerpo de seguridad militarizado y jerarquizado, aunque no integrado en el Ejército,
garante del orden, la seguridad y la propiedad privada. La Guardia Civil sustituye a los cuerpos
regionales de orden público (migueletes, somatenes o mozos de escuadra catalanes) o a la
Milicia Nacional de los progresistas, para acabar con el bandolerismo endémico y las revueltas
campesinas. Imitando a la Gendarmerie francesa, pronto sumará unos efectivos de 12.000
hombres.
2. Centralización administrativa: Por la Ley de Administración Local (1845) se mantiene el
régimen foral y los alcaldes de localidades mayores de 2.000 hbts. Son nombrados por el
gobierno y el resto por los Gobernadores Civiles. El reclutamiento o quintas se extiende a las
comunidades forales, y los Gobernadores provinciales tendrán grandes atribuciones económicas,
políticas y judiciales. La Administración Central se organiza en Ministerios, y Bravo Murillo
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impusó las oposiciones para acceder a la función pública desde 1852. El Ejército centraliza la
defensa nacional, una vez expulsados los elementos más liberales (1.200 oficiales). En el orden
judicial se creó el Tribunal Supremo, se aprobó el Código Penal (1848) y el Proyecto de Código Civil de 1851, finalmente aprobado en 1899
3. Reforma fiscal de Alejandro Mon en 1845: Abundando en las reformas de López Ballesteros a
finales de los años 20 (Creación de la Bolsa, Tribunal de Cuentas y Banco de San Fernando),
creó un sistema fiscal más racional, uniforme y equitativo, suprimiendo los privilegios fiscales
particulares y regionales aun vigentes, y dividiendo los impuestos en directos (Inmuebles,
actividades industriales, comerciales y agrícolas (repartido por Ayuntamientos, quienes los
distribuían por vecinos según riqueza), impuestos indirectos (Aduanas, Consumos, Timbres,
transmisión de bienes), e impuestos especiales (Tabacos, Lotería y Sal). No se cubrieron los
gastos del Estado, aumentando la Deuda Pública y su financiación con impuestos indirectos y
prestamos.
4. Reformas educativas y religiosas: José Pedro Pidal, inspirándose en Francia, diseña un plan
educativo aprobado con la Ley Moyano de 1857: Primaria o elemental, Segunda Enseñanza en los
Institutos, y universitaria dividida en 10 universidades con nuevas especialidades (Sólo la
Madrid Central podía expedir el título de Doctor). Se adoptará el Sistema Métrico Decimal de
pesos y medidas, se construyen las primeras líneas férreas
de Barcelona-Mataró (1848) y Madrid- Aranjuez (1853). En
1851 Bravo Murillo firmó el Concordato con la Santa Sede:
La Iglesia aceptaba las desamortizaciones ya realizadas a
cambio de la devolución de los bienes aun no vendidos,
confesionalidad del Estado, concesiones educativas (religión
en la escuela, supervisión de los contenidos educativos), y el
Estado asumirá los sueldos de los clérigos
5. Política económica: La política económica proteccionista
beneficia a la agricultura terrateniente y a la alta burguesía
comercial e industrial. La crisis económica de finales de los
40 evidenció los problemas de una agricultura de subsistencia en el norte y latifundista en el
sur, con un mercado interno poco interrelacionado y escaso, y con una industria que no había
despegado, salvo en algunos puntos Cataluña, País Vasco y Asturias.
3.2. EL BIENIO PROGRESISTA, 1854-1856.
El Pronunciamiento de los generales moderados Dulce y O´Donnell en 1854
(Alcalá de Henares) fracasó en la batalla de Vicálvaro. Publican el
Manifiesto de Manzanares (17-6-1854) redactado por Cánovas del Castillo,
prometiendo acabar con la “Camarilla real”, rebaja de impuestos,
ampliación sufragio, autonomía municipal, Milicia Nacional, libertad de
imprenta..., para lograr el apoyo progresista y popular. Aparecen
barricadas en Madrid, Barcelona, Valladolid, Valencia, bajo el lema «Pan,
trabajo y Espartero», y logra el apoyo de militares progresistas como
Serrano. La Junta de Madrid se convierte en Gobierno e Isabel II nombra
a Espartero Presidente y a O’Donnell, líder de la Unión Liberal, Ministro de
la Guerra.
Se restablece la Constitución de 1837, se celebran elecciones a Cortes
mediante un sufragio más amplio, y se inicia la redacción de la Constitución
“non nata” de 1856 (Nunca llegó a aprobarse en Cortes), que contemplaba Soberanía nacional, más
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derechos y libertades (Libertad de culto, libertad de imprenta, reunión, asociación), limitaba el
poder de la Corona pero mantiene derecho de disolución de las Cortes y veto legislativo, Cortes Bicamerales con un Senado electivo, ayuntamientos democráticos, etc. Se restablece la Milicia
Nacional y los Jurados para delitos de Imprenta.
En 1855 Pascual Madoz decretó la Desamortización General de bienes de la Iglesia, Beneficencia,
Obras Pías, Instituciones educativas, Hospitales, Ordenes Militares,
y bienes comunales y de propios de los Ayuntamientos. Se desarrolló
hasta 1924 con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo. Los grandes
beneficiados son los campesinos ricos, la burguesía, e incluso la
nobleza. Los más perjudicados serán los más pobres y las
Instituciones que pierden sus propiedades. Aumenta la producción
pero no la productividad, no se soluciona el latifundismo ni el
jornalerismo, y el Estado logrará unos ingresos que destinará a la
amortización de Deuda, pero no acabará con la misma, y a financiar el
ferrocarril, pero tampoco será suficiente.
Continuando con el proceso de creación del sistema capitalista (López
Ballesteros con Fernando VII, Desamortización de Mendizábal en
1836, reformas de Alejandro Mon en 1845), en el Bienio se aprueba
la Ley Bancaria de 1856 y la creación del Banco de, la Ley de de
Bancos de Emisión y Crédito liberalizando el crédito para canalizarlo hacia la industria; la Ley de
Ferrocarriles de junio de 1855 que permite la inversión extranjera y la construcción de 6.124 Km
férreos hasta 1875 por empresas como Ferrocarriles del Norte (Banca francesa de los Pereyre) y
la MZA de los Rottschild y los «Ferrocarriles andaluces y del Oeste» de la banca Prost francesa.
La crisis económica y agrícola provoca levantamientos populares y la primera huelga general
obrera de la historia en Barcelona y Zaragoza en 1855.
O´Donnell sustituye a Espartero en la presidencia y disuelve
en 1856 la Milicia Nacional, reprime las revueltas, y
restablece la Constitución de 1845 por decreto.
3.3. SEGUNDO PERÍODO MODERADO, 1856-1868.
Los moderados gobiernan con Narváez hasta la victoria
electoral de Unión Liberal de O´Donnell (Partido creado por
los más conservadores de los progresistas y los más
progresistas de los moderados: O´Donnell, Martínez de la
Rosa, Alejandro Mon o Evaristo San Miguel). El caciquismo
electoral repartirá el poder entre moderados y unionistas,
relegando a los progresistas a la oposición continúa, y a
demócratas, republicanos o carlistas, a la clandestinidad. Los
carlistas se levantan en armas en 1860 desembarcando en San
Carlos de la Rápita, los progresistas se exilian después de los
intentos de pronunciamiento de 1865, y el pueblo constantemente se amotinará contra las quintas
y los consumos. La economía crece con la construcción ferroviaria, inversiones extranjeras,
desarrollo financiero y explotación minera, pero sólo beneficia a los ricos, y la crisis de 1866
causa paro y miseria..
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Entre 1856-58 O`Donnell restablece la
Constitución de 1845 con un Acta Adicional
que amplía el sufragio, permite elegir a los
Alcaldes de ciudades mayores de 40.000
hbts. y contempla el juicio por jurado, pero
mantendrá la represión contra
revolucionarios y disuelve la Milicia
Nacional. La Ley Moyano de Educación
implanta un régimen educativo de Primaria
obligatoria, Secundaria y Enseñanza
universitaria. En 1858 vuelve Narváez al
poder, suprimiendo el Acta Adicional de la
Constitución e interrumpiendo la ejecución
de la Ley de Desamortización de Madoz.,
pero O’Donnell recupera el poder a fin de año e inicia su llamado gobierno largo (1858-1863). Es
un período de estabilidad y crecimiento basado en la construcciones de muchas escuelas de
primaria, institutos provinciales y colegios religiosos, un importante impulso de la enseñanza
universitaria, el crecimiento económico textil catalán gracias a un arancel proteccionista, la
construcción ferroviaria y el desarrollo siderúrgico vasco con los Altos Hornos de Ibarra en
1860, que sustituirá el liderazgo siderúrgico de Asturias y Málaga.
O’Donnell impulsa la expansión territorial interviniendo en México (1861-1862) en colaboración con
Francia y Gran Bretaña, cuando Juárez no reconoce la Deuda y expulsa al embajador español,
hasta que en 1862 Prim firma con Juárez la Convención de Soledad, mientras Francia nombra a
Maximiliano emperador de México hasta su ajusticiamiento en 1867. Los continuos ataques
marroquíes a bases españolas “justifican” la guerra marroquí de 1859-60, con las victorias
españolas en Wad-Ras (O’ Donnell) y Los Castillejos (Prim) en 1860, y la firma del tratado de
Tetuán, por el que obtenemos territorios en Ceuta e Ifni, y una indemnización de 400.000 reales.
En Indochina, con Francia, interviene para defender a los misioneros católicos, logrando que
reconozcan la libertad religiosa, una indemnización de guerra, y libertad de comercio (1857-1863),
aunque será Francia la que establezca un imperio colonial en la zona. A todo esto se añade una
absurda intervención militar en las costas del Perú, conocida como la guerra del Pacífico.
Entre 1863-68 los moderados controlan el poder mediante la represión de progresistas,
demócratas, republicanos y Movimiento Obrero. El descrédito de Isabel II, la crisis económica
de 1865-68, las malas cosechas, provocan miseria y reacciones violentas contra los gobiernos
moderados, como la Matanza de la Noche de San Daniel (1865) que reprime a los universitarios
que apoyaban a Castelar (apartado de la Cátedra por sus ideas democráticas), y la rebelión de los
sargentos del Cuartel de San Gil en 1866. El Pacto de Ostende de 1866 (demócratas,
progresistas y unionistas) se firma para derrocar a Isabel II y a los moderados, y se ejecutará
con la Revolución de 1868 o “la Gloriosa”, que provoca el fin del régimen y la caída de Isabel II.
4.- EL SEXENIO DEMOCRÁTICO: (1868-1874). 4.1. LA REVOLUCIÓN DE 1868: CAUSAS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS.
LAS CAUSAS de la revolución hay que buscarlas en la crisis de finales de los años 60: La crisis
económica de 1866 provocó el hundimiento de la bolsa de Viena y posteriormente del resto. Se
hunden las finanzas y con ello la financiación empresarial y ferroviaria. El paro se dispara y las
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malas cosechas provocan hambre por la carestía de los alimentos. Las protestas violentas contra
el paro, el precio del pan, el impuesto de consumos y el reclutamiento de quintas, aumentan sin
cesar.
La crisis política, provocada por el descrédito de Isabel II, la corrupción y la adulteración
electoral, ya había ocasionado incidentes como la referida Matanza de la Noche de San Daniel, la
rebelión de los sargentos del Cuartel de San Gil, y la firma del Pacto de Ostende. La inestabilidad
y los desordenes llevarán al ocaso final del régimen moderado con la Revolución de 1868.
El 18 de septiembre de 1868 se inicia la revolución de 1868
con un pronunciamiento militar liderado por Prim y el
almirante Topete en Cádiz, bajo la dirección del general
Serrano. Los Voluntarios de la Libertad crean Juntas
revolucionarias al grito de ¡Viva España con honra; abajo los
Borbones!. Los revolucionarios reclaman libertad,
Soberanía Nacional, Estado laico, Sufragio universal,
Supresión de quintas y consumos, Cortes constituyentes, y
los más radicales un sistema republicano. La victoria en la
batalla del Puente de Alcolea (Córdoba. 26-28 septiembre)
obliga a Isabel II a exiliarse a Francia (en 1870 abdicó en su hijo Alfonso XII y murió en 1904).
La Junta Provisional Revolucionaria se hará cargo del gobierno, presidida por Pascual Madoz,
primero, y Joaquín Rodríguez de la Peña después, hasta que el 3 de octubre se forma el Gobierno
Provisional del unionista general Serrano.
EL GOBIERNO PROVISIONAL DE SERRANO, 1868-1871:
Serrano intenta moderar la revolución y forma un gobierno de progresistas y unionistas (Prim,
Topete, Sagasta), marginando a demócratas y republicanos, y desmantelando a
los Voluntarios de la Libertad (Milicia Nacional). Se apuesta por una legislación
progresista: Libertad de asociación e imprenta, sufragio universal masculino
para mayores de 25 años, libertad de cultos y disolución de los jesuitas,
democratización de Ayuntamientos y Diputaciones, emancipación de los hijos
de esclavos, etc. Se impone el librecambismo económico: Aprobación del
arancel Figuerola de 1869, creación de la peseta como moneda única del
Estado, la Ley de minas (1871) nacionalizando las riquezas del subsuelo,
supresión del impuesto de consumos, etc. Estas medidas intentaban favorecer
las inversiones extranjeras para impulsar la economía y serán muy beneficiosas para la burguesía
industrial catalana y la minería y siderurgia vasca.
Las elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal dividen las Cortes en múltiple
grupos políticos: Carlistas (18 diputados); isabelinos de Cánovas (14) apoyados por la burguesía
agraria latifundista; progresistas (159) de Prim, Sagasta, Olózaga, Ruiz Zorrilla, que defendían
una monarquía constitucional sin Isabel II; unionistas (69); , republicanos
federales (69) y unitarios (2) de Figueras, Castelar y Pi i Margall; y
demócratas de José Mª Orense (20).
La constitución de 1869 puede considerarse la más democrática hasta
ese momento: Amplios derechos y deberes, división de poderes
(Legislativo con dos cámaras electivas, ejecutivo representado por un
Rey constitucional, y judicial con tribunales por jurado), libertad religiosa, sistema político
monárquico constitucional, sufragio universal masculino, etc.
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Serrano conseguirá aprobar la constitución, pero debe hacer frente a la exigencia constitucional
de buscar un Rey para España, al inicio de la independencia cubana con la llamada Guerra Larga
(1868-1878), a la aparición de las primeras organizaciones obreras, a una nueva insurrección
carlista, y a diversas insurrecciones republicanas.
Tras la aprobación de la Constitución, Serrano es nombrado Regente y Prim presidente del
gobierno (8-VI de 1869 a 27-XII de 1870). La Ley Orgánica del Poder Judicial suprime los
tribunales especiales, limita la jurisdicción eclesiástica y militar, y establece la jerarquización de
los tribunales (Supremo, Audiencias, Partido e Instrucción). Se reforma el Código Penal y se pone
en marcha la legislación económica de Figuerola. La insurrección carlista, cubana, y la búsqueda de
Rey, complicarán la vida política. Había varios candidatos: Duque de Montpesier, Leopoldo de
Hohenzollern, Francisco de Portugal, Amadeo de Saboya, Carlos IV. La elección, además, se vio
envuelta en un conflicto internacional entre Francia y la recién creada Alemania, por lo que Prim
optó por Amadeo I como candidato neutral. Llegará a España el 30-XII-1870, tres días antes del
asesinato de Prim en la C/ del Turco de Madrid. El unionista Topete le sucede en el gobierno y
Amadeo asume la Jefatura del Estado una vez nombrado Rey por las Cortes en enero de 1871.
LA MONARQUÍA DE AMADEO DE SABOYA, 1871-1873.
Amadeo contaba con el apoyo de progresistas y unionistas, y la oposición de isabelinos, carlistas y
republicanos, manteniéndose la población indiferente. La coalición gubernamental (progresistas,
unionistas y demócratas) entro en crisis cuando los radicales de Ruiz Zorrilla se aliaron con los
demócratas y los constitucionalistas de Sagasta se aliaron con los unionistas. Se suceden 6
gobiernos distintos (Serrano, Ruíz Zorrilla, José Malcampo, Pratxedes Mateo Sagasta, Serrano y
Zorrilla, finalmente), además de tres elecciones.
Demasiados partidos e ideologías. La derecha carlista de Nocedal mantenían su neocatolicismo
integrista, foralismo, y a Carlos VII como candidato a la corona, hasta que en 1872 declaran la
III Guerra Carlista. El Partido Alfonsino de Cánovas
(fieles a Isabel II) logran la cesión de los derechos a la
corona de Isabel a su hijo Alfonso, apoyado por
terratenientes, nobleza e Iglesia. En el centro están los
constitucionalistas defensores de la Constitución de
1869 y de Amadeo I, con los Unionistas de Ríos Rosas,
los Progresistas de Sagasta, y los Radicales de Ruiz
Zorrilla, y todos ellos defendía la monarquía
constitucional, soberanía nacional y libertades civiles, con
importantes apoyos entre la burguesía financiera e industrial, las clases medias urbanas y el
Ejército. En la izquierda estaban los republicanos Federalistas Benévolos de Pi y Margal, que
respetaban la legalidad, los Intransigentes de Orense, que defendían la insurrección armada, y los
Unitarios de Castelar que defendían el centralismo. Los republicanos demandaban una auténtica
separación Iglesia-Estado, democracia liberal con profundas reformas sociales, y tenían un gran
apoyo entre la pequeña burguesía, las clases populares urbanas y buena parte de la clase obrera.
El 10 de febrero de 1873 Amadeo I abdicó ante la inestabilidad política, la III Guerra carlistas,
las insurrecciones republicanas federales, la Guerra de los 10 Años en Cuba con el enfrentamiento
entre esclavistas y antiesclavistas y los partidarios de una autonomía gubernativa para Cuba y los
que pretendían mantener el dominio español intacto, y los numerosos motines populares contra las
quintas y el impuesto de consumos. (VIDEO QUINTAS).
La revolución de 1868 no logró la estabilidad política ni la integración de las clases populares en su
proyecto: No mejoró el nivel de vida, no suprimió las quintas, ni y el Impuesto de Consumos. La
Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
I.E.S. Virgen del Puerto. A. Feijoo. Pág. 18
consecuencia final fue el desorden social y político: Motines populares contra las quintas y los
consumos, guerra de Cuba, guerra carlista, y abdicación de Amadeo al perder sus apoyos.
4.2. LA PRIMERA REPÚBLICA Y EL CANTONALISMO: 1873-1874:
Al abdicar Amadeo las Cortes proclamaron la República, pero desde el principio encontrará
numerosas dificultades, ya que las clases populares optarán por el carlismo o por las nuevas
tendencias socialistas, mientras que las clases altas y el Ejército recelarán de la ideología
republicana, por lo que sólo los profesionales liberales e intelectuales se muestran fieles a este
nuevo régimen. La crisis agrícola y hacendística, la guerra carlista y la guerra de Cuba, las
insurrecciones federalistas y obreristas, junto con la división interna de los republicanos, explican
la crisis permanente de la I República.
Figueras, primer presidente republicano, nombró a Pi i Margall Ministro de Gobernación, y propuso
la abolición de las quintas y de la esclavitud en Puerto Rico. Los republicanos intransigentes y los
internacionalistas provocaron revueltas en Andalucía y Cataluña pidiendo más reformas. Las
elecciones a Cortes Constituyentes, por sufragio universal (varones mayores
de 21 años) arrojaron un 60 % de abstención por la negativa de los partidos no
republicanos a presentarse, y los republicanos obtuvieron el 90% de los votos.
Pi i Margall sustituyó a Figueras y proclamó la República Democrática Federal
(17 Estados). Gobernó con unas Cortes divididas entre centristas de Pi i
Margall (orden y descentralización), moderados de Castelar (orden, gobierno
fuerte, federalismo) e intransigentes de Orense. El Proyecto de la primera
Constitución republicana federal provocó la retirada de los intransigentes del
Parlamento.
El cantonalismo: En el verano de 1873 estalla la revolución cantonalista en
Cartagena, extendiéndose por la costa mediterránea, primero, y después por el resto de la
península. Los amotinados asaltan los almacenes de los cantones militares para conseguir armas,
de ahí su nombre. Es una rebelión política (Federalismo radical), social (pueblo llano y obreros
reclaman mejoras socio económicas, reducción de impuestos y abolición de quintas) y regionalista
(quieren autogobiernos regionales). Las masas urbanas y los obreros la apoyan, igual que muchos
intelectuales y parte de la pequeña y mediana burguesía. En Cataluña
proclaman el Estado Catalán dentro de la República Federal española, y
aparecerán cantones que reclaman autogobierno: Cartagena, Málaga, Badajoz,
Salamanca, etc. El 18 de junio dimite Pi i Margall ante la revuelta generalizada.
Salmerón asumió la presidencia de una Repùblica unitaria, utilizando el Ejército
(Martínez Campos y Pavía) contra cantonalistas y carlistas, y sofocó las
revueltas campesinas andaluzas, el obrerismo, y los motines contra las quintas,
pero se negó a firmar las condenas a muerte de los rebeldes y dimitió el 6-IX-
1873 . El nuevo presidente, Castelar, suspendió las sesiones parlamentarias y
gobernó autoritariamente hasta que el General Pavía, ante el temor de un
triunfo federal en las Cortes, dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes con la Guardia Civil en la
noche del 2 al 3 de enero de 1874, y acabó con República democrática.
El fin del Sexenio y la República de Serrano. Conservadores y Progresistas recuperan el poder
con el General Serrano como Presidente de la República (Jefe del Estado) y Presidente del
Consejo de Ministros. Establece una República dictatorial (MacMahonismo) para restablecer el
“orden”: disuelve la AIT, reprime a los republicanos, limita el derecho de asociación, y continúa la
guerra carlista y cubana.
Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
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Los carlistas, al igual que en 1833-1840 y 1845-1861, se levantaron en armas en 1872 cuando
Carlos VII entró en España por Vera del Bidasoa, obteniendo importantes triunfos en Montejurra
y Somorrostro para controlar el País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, Aragón, Valencia y
Cuenca desde 1873, pero en 1874 retroceden ante Serrano y finalmente son derrotados en 1876
en Montejurra y Estella, y Carlos VII tiene que abandonar España.
La guerra de Cuba se inició con el Grito de Yara en 1869 y el liderazgo del independentista
Cespedes. Entre 1868-1869 el general Dulce intentó la negociación, pero las posturas cubanas y
españolistas sobre la esclavitud (Madrid deseaba abolirla) y la autonomía gubernativa (Madrid no
la acepta) no permitieron el entendimiento. Entre 1870-1872 se produce una cruel guerra de
desgaste, y el problema se alarga hasta 1878, mientras EE.UU ofreció comprar la isla.
El apoyo social a los alfonsinos de Cánovas, obligó a Serrano a ceder la Presidencia del Gobierno al
conservador Juan Závala de la Puente, primero, y a Sagasta después. El Manifiesto de Sandhurst,
redactado por Cánovas y firmado por el futuro Alfonso X en la Academia inglesa del mismo
nombre, ofrecía una monarquía moderada y garante del orden constitucional, y el 29-12-1874 el
general Martínez Campos lidera el Pronunciamiento de Sagunto, proclamando a Alfonso XII Rey y
condenando a Serrano al exilio. Cánovas presidirá
un Ministerio de Regencia hasta la llegada del nuevo
rey. Cánovas no deseaba alcanzar el poder mediante
un golpe militar que en el futuro pudiese significar
el sometimiento al poder de los militares.
5. EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y
SOCIAL. En España no habrá tantas transformaciones como
en Europa, debido a la permanencia de una mayoría
de población rural, una economía agrícola, periódicas
crisis de subsistencia, dependencia de tecnología y finanzas exteriores, escasa inversión nacional
en actividades productivas, inestabilidad política, ruina hacendística, y numerosos
pronunciamientos y guerras. A pesar de ello habrá cambios importantes: Aumento significativo
de la población y de la urbanización, desarrollo de la burguesía y del proletariado, un importante
industrial en zonas geográficas muy concretas, elaboración de una normativa legislativa
librecambista, construcción ferroviaria, y creación de un sistema político parlamentario, aunque
imperfecto.
5.1. LA REFORMA AGRARIA LIBERAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX. (VIDEO)
La tierra estaba mal repartida socialmente, y controlada por los grupos privilegiados o por
instituciones a través de la vinculación o amortización. Los Ilustrados propusieron reformar
jurídicamente la propiedad agrícola y Carlos IV ordenó la primera desamortización, y José I, las
Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal, también aprobaron leyes desamortizadoras, pero no se
materializaron. Será en las etapas de 1836-1843 (Mendizábal) y 1854-1856 (Madoz) cuando las
leyes de disolución de señoríos, la desvinculación de mayorazgos y de desamortización de bienes
amortizados, se materialicen.
Mendizábal: Entre 1836-37, como presidente del gobierno y Ministro, acabó con el régimen de
propiedad señorial en España, transformando las propiedad amortizadas en propiedades privadas
que consolidaron el liberalismo y el librecambismo, al abolir también la Mesta, el diezmo, los
Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
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gremios, las pruebas de nobleza para acceder al Ejército y a la Administración, e imponer la libre
producción y libre comercio.
La Ley de señoríos de 1837 disuelve los señoríos jurisdiccionales y territoriales, permitiendo a
los señores convertirse en propietarios privados e las tierras señoriales, incluso las de los
señoríos jurisdiccionales, salvo que los campesinos pudiesen demostrar sus derechos de
propiedad. Los campesinos perdieron sus derechos, convirtiéndose en arrendatarios con rentas
actualizadas o jornaleros, ya que los tribunales no solían tener en cuenta las reclamaciones.
El Decreto de Desvinculación abolió los mayorazgos, así como los vínculos de las propiedades de
la Iglesia o de los municipios, permitiendo vender y repartir esas propiedades.
La desamortización expropió las propiedades eclesiásticas para venderlas en subasta pública.
Pretendía recaudar fondos para resolver la crisis de Hacienda y costear la guerra carlista,
aumentar la producción, castigar el apoyo de la Iglesia al carlismo, y crear un
grupo social favorable al Estado Liberal (compradores de bienes
desamortizados) cuyo beneficio dependiese del triunfo liberal en la guerra.
Los diferentes decretos de abolición de órdenes religiosas, de
desamortización, etc., se completaron con la Ley de 19 de febrero de 1936
que nacionalizó los bienes del clero secular y ordenó subastarlos
públicamente. Primero se expropiaba, después se medían y tasaban los
bienes, para finalmente subastarlos, según su tamaño, en Madrid, capitales
de provincia o cabeza de partido judicial. El comprador podía pagar en
metálico (El 20% en el acto y el resto en 15 años) o en títulos de la Deuda
con su valor nominal (20 % inicial y el resto en 8 años al 10 % de interés), lo
que benefició al Estado (recuperó 4.224 millones en títulos y 327 millones en metálico) y los
burgueses propietarios de Títulos de Deuda devaluados. Burguesía, ricos propietarios agrícolas,
nobleza y algunas pequeños y medianos propietarios, adquirieron 1/3 de las tierras cultivadas del
país. Entre los perjudicados destacamos: Campesinos pobres, convertidos ahora en jornaleros o
en arrendatarios con rentas actualizadas; la Iglesia que pierde parte de su patrimonio; el
patrimonio artístico y arquitectónico expoliado; y la industria, que vio
como la mayoría del capital ahorrado se invirtió la desamortización y
no en fábricas. El minifundismo subsistió en el norte y el
latifundismo en el sur. La producción aumento, al ponerse en cultivo
tierras antes yermas, pero la productividad no mejoró.
En 1855 Pascual Madoz decretó la Desamortización General de
bienes de la Iglesia, Beneficencia, Obras Pías, Instituciones
educativas, Hospitales, Ordenes Militares y, sobre todo, bienes
comunales y de propios de los Ayuntamientos. Esta Desamortización
es la más importante por el número, recaudación y extensión de
propiedades afectadas, y no finalizó hasta 1924 con las últimas
ventas y la aprobación del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, y por
la recaudación obtenida. Quería recaudar fondos para reducir la
Deuda Pública y financiar el ferrocarril y la industrialización, y exigía
el pago en metálico, pero pronto aceptó también Títulos de Deuda.
Alta burguesía (muchos se convierten en terratenientes), grandes y medianos propietarios rurales
(burguesía rural), grandes arrendatarios, burguesía especuladora en proyectos ferroviarios, y, en
menor medida, nobleza (compra menos que con Mendizábal), y medianos propietarios rurales, son
los grandes beneficiados. Entre los perjudicados, otra vez los más pobres carentes de dinero o
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de Títulos de Deuda, y aunque ahora ven como sus contratos de arrendamiento tienen que
actualizarse y pierden el derecho a acceder a los comunales municipales, convirtiéndose en
jornaleros. Aumenta la producción, pero no la productividad, y tampoco soluciona el minifundismo
norteño (foreros y subforeros gallegos o asturianos se transforman en pequeños minifundios) y el
latifundios terrateniente en el sur, que aumenta y accede a una mano de obra abundante y barata.
La Iglesia perdió su patrimonio y sufrió la persecución anticlerical (quema de conventos y
asesinatos en 1834, 1835, y hasta 1939 . La industria, como ya hemos indicado, es otra de las
perjudicadas.
Después de este proceso de disolución, desvinculación y desamortización, el viejo régimen señorial
desaparece, y el concepto jurídico de propiedad del A. Régimen también, pasando a ser todas las
propiedades privadas. Burguesía y ricos propietarios agrícolas aumentan su patrimonio, y la
nobleza convierte sus derechos señoriales en propiedades privadas de pleno derecho. El Estado no
logró acabar con la Deuda, aunque sí logró fondos para financiar la guerra Carlista e iniciar la
construcción ferroviaria, y , sobre todo, consiguió adeptos a la causa liberal. El ferrocarril
mejoró la interrelación comercial peninsular y también la comercialización agrícola, pero la
agricultura será siendo dual: Un sector moderno y exportador (Vid, cítricos y frutos secos) y
otro arcaico con periódicas crisis de subsistencia y bajos rendimientos (cereal terrateniente y
agricultura de subsistencia en el norte), dedicados a: El olivar en el sur; la vid en Cataluña, La
Mancha y La Rioja, explotando comercialmente en la década de 1880 gracias a la filoxera
francesa; los cereales como base productiva y alimenticia, con un mercado controlado por los
terratenientes y protegido por los políticos de la posible competencia exterior; y productos
nuevos como la remolacha azucarera y los cítricos, que incorporan nuevos sistemas de riego y el
abono del guano. La cabaña ganadera crece y se moderniza en algunas regiones, pero en el resto se
mantiene una ganadería tradicional y pierde importancia la ganadería lanar, ante el empuje del
algodón como materia prima textil.
5.2. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN LA ESPAÑA DEL S. XIX: INDUSTRIA,
FERROCARRIL Y BANCA. (VIDEO)
Sociedad. Demográficamente se produce un lento crecimiento a pesar de hambres periódicas,
epidemias y enfrentamientos armados. Crece la periferia y se estanca el centro del país,
destacando la migración hacia América y Argelia, y a la periferia y Madrid. Hay un significativo
crecimiento urbano, derribando murallas medievales e iniciando la especulación inmobiliaria con las
desamortizaciones. Se inician los ensanches urbanos, como el Plan Cerdá en Barcelona y el de
Madrid impulsado por el ministro Claudio Moyano y diseñado por Calos Mª de Castro, aunque fue
suspendido en 1864. El Marqués de Salamanca y su barrio madrileño será el ejemplo de la
especulación inmobiliaria del momento, a pesar de la Ley de Ensanches de las Poblaciones
aprobada en 1864.
La sociedad estamental evolucionó hacia una sociedad de clases:
a. Clase alta: Alta burguesía, nobleza, altos cargos militares y algunos individuos de profesiones
liberales. Terratenientes rentistas y absentistas, burguesía agraria inversora en la
desamortización, empresarios industriales, financieros y grandes comerciantes, que invierten
en Bolsa, empresas mineras, sociedades de crédito, empresas ferroviarias, y que aprovechan
sus contactos con la administración.. Con la excepción de algunos empresarios catalanes y
vascos, el resto no se caracteriza por su carácter emprendedor para generar riqueza.
Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
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b. Una clase media de pequeña y media burguesía de tenderos, comerciantes, pequeñas fábricas y
talleres, funcionarios, maestros, oficiales del ejército, periodistas, los labradores pequeños y
medianos del norte y del este de España que trabajan sus tierras y
ocasionalmente contratan mano de obra asalariada.
c. En las clases bajas incluimos: Proletariado industrial, obreros urbanos
procedentes de artesanos arruinados y campesinos desarraigados, mujeres
asalariadas en fábricas, en el comercio y en el servicio doméstico,
jornaleros agrícolas, gañanes (poseen un par de mulas) y yunteros (dos
bueyes), que sufren el paro estacional y los bajos salarios. Incluimos
también los impedidos, mendigos, heridos de guerra, y “cesantes” que
perdían el trabajo con los cambios de gobierno.
Políticamente la miseria empuja a las clases bajas a opciones radicales
(progresistas primero, demócratas y republicanos después, y movimiento
obrero finalmente). Odian el impuesto de consumos y las quintas, y desde
1848 en los centros industriales andaluces, de Asturias, País Vasco y Cataluña, aparece el
obrerismo con el ludismo, primeras asociaciones obreras catalanas: La Sociedad de Ayuda Mutua
de Tejedores de 1840 con 15.000 afiliados es ilegalizada por Narváez, en 1854 aparece la Unión
de Clases también ilegalizada en 1857, en 1868 la AIT dirigió una proclama a los obreros y
Bakunin envió a Giuseppe Fanelli a España, produciéndose en 1870 un congreso general de en
Barcelona para fundar la Federación Regional Española de la Internacional (anarquista), y
finalmente en 1871 llegó a España el yerno de Carlos Marx (Paul Lafargue). La ruptura entre
marxistas y bakuninistas en la AIT tendrá repercusiones en la federación Regional Española: en el
Congreso de Zaragoza de 1872 las tesis anarquistas, expulsando al grupo madrileño de Pablo
Iglesias, y que acabará creando la Nueva Federación Madrileña (socialista marxista).
Jordi Nadal habla del fracaso o por lo menos el atraso de
la revolución industrial en España por: Desvío de
capitales burgueses hacia la desamortización y a
inversiones especulativas; el diseño ferroviario prima la
unión de regiones cerealicolas con ciudades consumidoras
antes que interrelacionar zonas industriales; mercado
interno incapaz de absorber la oferta industrial por
pobreza generalizada de jornaleros y pequeños
propietarios y arrendatarios; malas comunicaciones;
incapacidad exportadora; proteccionismo paternalista;
dependencia capital y tecnología extranjera ;inestabilidad
política, etc. El Estado, no obstante, realizó importantes
esfuerzos modernizadores para paliar estos problemas.
Las leyes de López Ballesteros (Banco de San Fernando,
Bolsa, Código de Comercio), el Plan de Carreteras de
1851, las leyes del Bienio (Banco de España, sociedades de
crédito, construcción ferroviaria, liberalización de
inversiones extranjeras) y las leyes del Sexenio (Peseta,
Ley de Minas, Arancel Figuerola). No se consiguió una industrialización global, pero si parcial:
Siderúrgica andaluza (1830-61), asturiana (1861-79), y vasca (último tercio siglo), y crecimiento
industrial catalán. En 1841 Espartero trasladó las aduanas internas a la costa, favoreciendo el
Recuento Población
Aranda de 1768 y
1769
9.159.999
Floridablanca de
1787
10.541.221
Godoy de 1801 11.661.865
1822 13.940.234
1831 11.158.274
1832 11.207.639
1857 15.464.340
1860 15.645.072
1877 16.622.175
1887 17.549.608
1897 18.065.635
1900 18.616.630
Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
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comercio, y el proteccionismo posterior benefició también a la burguesía industrial vasca y
catalana, aun perjudicando la competencia y el desarrollo tecnológico en muchas ocasiones.
La explotación minera, desde la Ley de Minas de 1870, convierte a España en exportador de
carbón, hierro, plomo, mercurio y cobre, con capital extranjero fundamentalmente.
El textil catalán es la primera que adopta el factory system y, a pesar de las destrucciones de la
Guerra de la Independencia, supero la pérdida de las colonias y su mercado para crecer en los
años 30 con la inversión de capitales procedentes de cultivadores de vid o indianos que repatrían
su fortuna. La guerra I Guerra Carlista y el incendio de la fábrica “El Vapor” de Bonaplata en los
30 no impidieron el desarrollo posterior, modernizándose (Sustituye energía hidráulica próxima a
ríos por el vapor que permite situar fábricas cerca de puertos receptores de carbón y algodón y
exportadores de manufacturas), multiplicando las importaciones de algodón por 6. El incremento
del precio del algodón por la guerra de Secesión de EE.UU (1861-1865) impulso la aparición de
nuevas fábricas en Sabadell y Tarrasa, basadas en la materia prima lanar.
La siderurgia. Malagueña entre 1830-61, con el primer alto horno español (Heredia en Málaga)
que utiliza madera y hierro local. La asturiana (1850-70), gracias al carbón de sus minas,
producirá más de la mitad del hierro nacional, hasta que el carbón asturiano se agota o su calidad
le impide competir con el coque inglés. La siderurgia vasca inicia su desarrollo con la ley de
Espartero de 1841 que permite importar carbón inglés y vender hierro vasco a Inglaterra,
invirtiendo estos beneficios en siderúrgicas propias (Ybarra), hasta que en 1902 se fusionan sus
principales empresas en Altos Hornos de Vizcaya. Muy vinculada a la siderurgia esta la industria
metalúrgica, con la misma localización geográfica, y que desde 1880 adquiere gran importancia en
Cataluña y País Vasco. (VIDEO INDUSTRIA)
Comunicaciones: Mejoran las carreteras con el Plan de carreteras de 1851, y se inicia la
difusión del telégrafo eléctrico, la creación Correos, o la mejora de los puertos costeros. Estos
avances, junto con el ferrocarril, mejorar la interrelación del mercado nacional, la articulación del
país y la generación de empleo, pero no tanto como se esperaba por que el material se importó. El
ferrocarril (VIDEO FERROCARRIL) fue una industria por sí misma, financiada por grupos
privados (españoles y extranjeros), mediante concesiones que implicaban la construcción y la
posterior explotación. La construcción fue cara y lenta: Hasta 1855 pocas líneas y distribuidas
aleatoriamente, pero desde 1855 la nueva legislación impulsa la construcción y una distribución
más racional (red radial) con concesiones por 99 años, permitiendo la importación de materiales y
garantizando las inversiones. En los años 60 se construye la red ferroviaria básica, con capital
esencialmente francés: Ferrocarriles del Norte (Banca Pereyre), la MZA o Compañía Madrid-
Zaragoza-Alicante (Banca Rottschild), y “Ferrocarriles andaluces y del Oeste” (Banca Prost). Se
utilizó un ancho de vía distinto al europeo. En 1866 (crisis) se habían construido 4.826 Km y
14.675 Km. en 1910.
Comercio y finanzas: Crece del comercio interior por la liberalización y la mejora de las
comunicaciones, pero no se soluciona el desequilibrio entre oferta y demanda: Población demasiado
pobre para absorber la oferta. El comercio exterior estuvo marcado por el proteccionismo, salvo
con el Tratado de Libre comercio con G.B. de Espartero o el arancel Figuerola, lastrando la
competitividad, innovación y precios. Creció la exportación gracias a la expansión económica
mundial, exportando productos mineros, vinos, aceites, cítricos, calzado y textil, pero importamos
mucho algodón, equipamiento industrial y combustibles.
Finanzas. El Bienio creará las bases jurídicas de un nuevo capitalismo en España, continuando la
labor de López Ballesteros que en 1829 (Banco de San Fernando, Código de Comercio, Tribunal de
Cuentas y Bolsa de Madrid), y de Alejandro Mon que en 1845 divide los impuestos en directos e
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indirectos. En 1855-56 se aprueba la Ley Bancaria, crea el Banco de España como Banco Central,
y la Ley de Bancos de Emisión y Crédito liberalizando el crédito para canalizarlo hacia la industria;
y la Ley de Ferrocarriles de junio de 1855 ligada a la desamortización de Madoz, ya que dependía
de la venta de estos bienes desamortizados para financiar la construcción férrea, y que
incentivaba a los inversores extranjeros y españoles. La crisis de 1865-68 y las malas cosechas
provocan miseria por la subida de los precios del trigo (100%), con la consiguiente crisis de
subsistencia. El hundimiento de las bolsas internaciones arrastra las finanzas españolas,
desapareciendo numerosas sociedades de crédito y bancos, ante la especulación con acciones
ferroviarias que no eran rentables. A ello se une la guerra de secesión norteamericana, que
incrementa el precio del algodón y provoca la crisis de la industria textil. El paro, la devaluación
de la Deuda Pública, la ruina de numerosos bancos y empresas, generan una situación crítica.
6.- EXTREMADURA. CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL,
1833-1875. 6.1.- EL SEXENIO DEMOCRÁTICO EN EXTREMADURA: TENSIONES SOCIALES Y
REVUELTAS CAMPESINAS.
Extremadura vivirá las mismas vicisitudes que el resto de España durante el reinado de Isabel II,
dividida inicialmente entre isabelinos (moderados y liberales) y carlistas (Clero conservador,
militares absolutistas, y campesinos pobres). La división provincial de Javier de Burgos en 1833
proyecto crear las provincias de Badajoz y Plasencia, pero finalmente ganó el proyecto Cáceres y
Badajoz como capitales de la Baja y Alta Extremadura. Mendizábal en 1835-37 disolvió el régimen señorial,
los gremios de Plasencia y Trujillo, que administraban los bienes concejiles de la zona, y desamortizó los
bienes eclesiásticos. Carlos Mª Isidro se refugió en Portugal, por lo que el ejército isabelino vigiló
especialmente la frontera, mientras que surgieron partidas carlistas en el valle del Jerte, Sierra de
Gata, Castilblanco.., apoyadas por campesinos contrarios a la desaparición de los bienes comunales. La
expedición del general carlista Miguel Gómez en 1836 llegó a Cáceres y a las Vegas Bajas, pero sin lograr
su objetivo. En 1939 el carlismo desaparecerá.
En la Década moderada destaca la coincidencia de intereses entre élites políticas y económicas, y
las figuras de Donoso Cortes o Bravo Murillo (políticos moderados y terratenientes). El
Manifiesto de Manzanares de 1854 provoca la aparición de una Junta de Gobierno progresista en
y la posterior organización de la Milicia Nacional. Gómez de Paz, Antonio María Concha o
Francisco Luján, lideran el progresismo extremeño en el Bienio, y Sixto Cámara intenta un golpe
republicano en Badajoz, pero será derrotado por el gobierno de O'Donnell en 1859.
Los años 60 traerán la crisis política y económica isabelina también a Extremadura, con la mayor
parte de la población excluida del sistema por un sufragio muy restringido. En 1866-67 la crisis
de subsistencia extenderá el hambre, y la sectores industriales el pañero sufrieron el
desabastecimiento y la ruina. Las clases populares reivindicaba el descenso del precio del pan;
abolición de quintas y supresión del impuesto de consumos. El descontento provocará
levantamientos como el del republicano Juan González Hernández en 1867 en Badajoz, hasta su
derrota por la Guardia Civil. En 1868 los militares progresistas seguidores de Prim y Serrano,
republicanos de las ciudades, y sectores populares descontentos por la crisis económica, apoyaron
el pronunciamiento del 30 de septiembre con la Junta Revolucionaria de Badajoz (Navarro Nicolau
y Gil Berges) y la de Cáceres creada el 1 de octubre, pidiendo el sufragio universal masculino y una
nueva Constitución.
Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
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Evolución política del Sexenio. Los 9 escaños de Badajoz y los 6 de Cáceres se elegirán por
sufragio universal en noviembre de 1868, con la victoria de los partidarios de una monarquía
democrática, aunque en Badajoz 3 diputados eran republicanos. Se redactó la Constitución de
1869, se creó la Universidad Libre de Cáceres, pero no se abolieron las quintas ni los consumos, y
el Estado propuso vender todos los bienes concejiles en contra de los deseos del campesinado que
quería repartirlos. El incumplimiento de promesas revolucionarias de 1868 pronto decepcionó a las
clases populares, empujándolas al amotinamiento.
La Primera República en Extremadura. La república tenía muchos adeptos en las ciudades que
veían la posibilidad del federalismo, convirtiendo a Extremadura en un estado federal con
mayores posibilidades de representación y autogobierno. Los problemas de la República, los
enfrentamientos entre tendencias distintas, y el pragmatismo, truncaron esta posibilidad. Los
campesinos deseaban el reparto individual de los comunales y la restauración de los usos
comunales sobre las dehesas locales. La rebelión cantonal sirvió para fundar los cantones de
Badajoz, Fregenal de la Sierra y Garrovillas, y Plasencia aprovecho para reivindicar la capitalidad
del norte en el verano de 1873. Al mismo tiempo, el militar carlista Sabariegos realizó varias
marchas por las zonas de Badajoz, los Ibores y las Villuercas. El Sexenio y el sufragio universal
incorporaron al mundo político a sectores sociales excluidos, pero la restauración monárquica de
1876 devolvió el poder a las élites económicas beneficiarias de la reforma agraria liberal.
Historia de Extremadura, tomo IV, Los tiempos actuales. Universidad de Badajoz.
RESULTADOS ELECTORALES EN EXTREMADURA (1871-1873)
1871
1872
1873
B A D A J 0 Z
Badajoz
Malcampo M. Demöcrata
Salmerön Rep. federal
Salmerön Rep. federal
Jerez Caball. A.M. Fable M. Demöcrata Portillo M. Demöcrata Quintero Rep. federal
Almendralejo
M. de Espinosa M. Demöcrata
Durän Demöcrata
Lafuente Rep. federal
Zafra
Chacön Radical
Somolinos Rep. federal
Somolinos Rep. federal
Llerena
Bueno Progresista
Una M. Demöcrata
Quintero Rep. federal
CÄ C E R E S
Cáceres
M. de Camarena M. Demöcrata
Petit M. Demöcrata
M. Sta. Marta Rep. federal
Alcäntara
C.S. Montesino M. Demöcrata
Bernaldez M. Demöcrata
Rubios Gömez Rep. federal
Coria
Pasalodos Carlista
Zugasti Conservador
Gil de Roda Rep. federal
. Hoyos
Durän Corchero M. Demöcrata
Durän M. Demöcrata
Albarrän Rep. federal
Fuente: Historia de Extremadura, tomo IV, Los tiempos actuales, Universitas Badajoz.
6.2. TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EXTREMADURA DURANTE LA ETAPA
ISABELINA: ASPECTOS AGRARIOS, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.
La tierra. La reforma agraria liberal será muy importante en Extremadura, ya que de la mayoría
de la propiedad era de la Iglesia, órdenes militares y concejos, convirtiéndose la mayoría a finales
del siglo XIX en propiedades privadas. La desamortización, desvinculación y disolución, afianzo el
liberalismo y el librecambismo, intentó sanear la Hacienda, y pretendía modernizar la agricultura.
Ya Godoy en 1798 promulgó una ley desamortizadora sobre los bienes eclesiásticos (hospicios,
casas de misericordia, de reclusión, expósitos y cofradías) iniciando la expropiación de "manos
muertas" (bienes que no se podían vender salvo que el Estado los nacionalizara) para amortizar
Deuda pública. Las Cortes de Cádiz también aprobaron una Ley de desamortización y la Junta
Provincial de Extremadura en 1810 ordenaba la venta del 50% de los baldíos de los pueblos,
destinando la otra mitad al reparto entre los combatientes en la guerra de la Independencia y
entre campesinos pobres. El Trienio Liberal anunció también aprobó la desamortización de los
bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos.
Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
I.E.S. Virgen del Puerto. A. Feijoo. Pág. 26
Las definitivas desamortizaciones de Mendizábal
(1836-1837) y Espartero (1841) supusieron la
venta de 180.000 ha. De bienes eclesiásticos y de
órdenes militares. La de Madoz (1855) vendió
aproximadamente un millón de ha. de bienes de
propios (edificios o fincas rústicas explotadas por
arrendamiento o directamente) y comunes (baldíos
y dehesas boyales de aprovechamiento común por
los vecinos). Los grandes propietarios compraron
la mayoría y ocuparon tierras no compradas ante la
indefinición legal sobre su extensión y propiedad,
por lo que los pueblos vieron muy limitadas sus
antiguas dehesas. Burguesía urbana, labradores
acomodados, compraron la mayoría, para sí o para
revenderlas especulando. Muchos ricos
labradores y nobles, también aprovecharon para
crear inmensos patrimonios rústicos a costa de los
bienes eclesiásticos, de las órdenes militares y de
los comunales. Muchos grandes compradores no
eran extremeños. Como en el resto de España, los
perjudicados serán los pobres y muchos pequeños
propietarios que antes completaban sus ingresos con lo que obtenían de los bienes comunales,
ahora se convirtieron en yunteros y jornaleros.
Los transportes. Las
guerras destruyeron
muchas
infraestructuras de
transportes y el Tajo y
el Guadiana no disponían
de los puentes
necesarios para
garantizar el tráfico de
personas y mercancías.
La gran esperanza era el ferrocarril, que además uniría Madrid con Lisboa por Extremadura, pero
su llegada se retraso por la necesidad de capital extranjero para financiar las obras. Los
proyectos de vías hacia Madrid, Andalucía y Castilla quedaron limitados a una vía única que nunca
fue desdoblada ni electrificada, con las limitaciones que eso conllevaba, y tampoco existió un
criterio común entre las provincias de Cáceres y Badajoz, que hubiera beneficiado a ambas
entidades. En 1863 se abrió la línea Lisboa-Badajoz, en 1866 la Madrid-Badajoz por Ciudad Real y
Mérida, en 1881 la Madrid-Portugal por Navalmoral, Malpartida de Plasencia, Cáceres y Valencia
de Alcántara, en 1885 la Mérida-Sevilla, y en 1896 la de Malpartida-Salamanca por Plasencia. El
ferrocarril se encontró problemas que hicieron deficitario: falta de mercancías y de viajeros que
transportar, alto coste de mantenimiento, ancho de vía diferente al europeo y gran distancia
entre las principales estaciones (Cáceres, Badajoz, Plasencia, Mérida) y el centro de las ciudades.
EL PROCESO DE PRIVATIZACIÖN DE LOS MONTES PÚBLICOS ENTRE 1859 Y 1926 (datos en ha)
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes diversas.
Zona
Superficie
total
Montes públicos
en 1859
Montes enajenados
1859-1926
Porcentaje
enajenado
Porcentaje
enajenado sobre
la superficie
total
Badajoz
2164692
362190
268363
74,1
12,4
Cáceres
1994500
409120
306492
74,9
15,4
TOTAL
EXTREMADURA
4159192
771310
574855
74,5
13,8
TOTAL ESPAÑA
49789311
11467241
4762481
41,5
9,6
CLASIFICACION SECTORIAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA EXTREMEÑA EN 1860
Actividad
Numero individuos
Porcentaje población activa
Sector primario
Propietarios
67497
24,4
Arrendatarios
11699
4,2
Sirvientes
28283
10,2
Jornaleros
113473
41,1
TOTAL
120952
79,9
Sector secundario
Fabricantes
465
0,2
Industriales
18428
6,7
Artesanos
18182
6,6
TOTAL
120952
13,5
Sector terciario
Eclesiásticos
2025
0,7
Militares
4621
1,7
Empleados y funcionarios
3245
1,2
Profesiones liberales
2206
0,8
Comerdantes
1256
0,4
TOTAL
12097
4,8
Fuente: Historia de Extremadura, tomo IV, Los tiempos
actuales, Universitas Badajoz.
Tema 3. La construcción del régimen liberal en España, 1833-1875.
I.E.S. Virgen del Puerto. A. Feijoo. Pág. 27
La industria o el “desierto fabril extremeño". En el s.
XVIII las iniciativas ilustradas fracasaron y el
incipiente desarrollo posterior a la Guerra de
Independencia y I guerra carlista, se estancó
posteriormente. El desierto fabril se explica por la
preferencia de la burguesía por las inversiones en
bienes desamortizados o en el sector agrario,
ganadero e inmobiliario antes que al industrial, y por la
carencia de materias primas y recursos naturales, y
escasa demanda por la pobreza de la población.
Las industrias derivadas de la producción agrícola
(molturación de granos, almazaras, destilados) fueron
las más importantes, y la maderera se desarrollo por la
demanda de traviesas para el ferrocarril, pero la del
corcho, por ejemplo, no disponía de la maquinaria de transformación suficiente para liderar una
posible industrialización de la región. La industria textil de paños fue importante en Hervás y
Torrejoncillo, pero entro en crisis a final de siglo por falta de renovación tecnológica. La
metalúrgica fue anecdótica, destacando la fundición de plomo en Granja de Torrehermosa y
Azuaga, y el bronce en Guadalupe.
Demografía y sociedad. La reducción de la mortalidad infantil contribuyó al crecimiento, a pesar
de algunas crisis de subsistencia y rebrotes de cólera y paludismo: 428.493 hbts. En el censo de
Godoy de 1797, 853.438 en el censo de 1897. Badajoz creció más que Cáceres, pero la escasa
densidad de población siguió manteniéndose. E incremento del adehesamiento por la
desamortización favoreció el crecimiento de los núcleos más importantes y el estancamiento de
los núcleos rurales.
Socialmente existió una polarización entre ricos y pobres, y la desamortización aumentaron la
brecha. La nobleza y la burguesía, en muchas ocasiones foráneas, contrastaban con un
campesinado cada vez más empobrecido. Familias enteras se veían obligadas a trabajar como
asalariadas en las grandes dehesas. En 1860 un 78,2% eran analfabetos, y tan solo el 39% de los
niños se escolarizaban. Las clases medias urbanas eran minoritarias, a pesar de su incremento por
la ubicación de la administración del Estado en las ciudades extremeñas más importantes. La
mayoría dependía de la cosechas para su manutención, y hubo 10 crisis de subsistencia graves en
el siglo, además de la epidemia de cólera (1854-1856) que se llevó a 9.000 personas y que provocó
la huida de los ricos, y una gran incidencia en Almendralejo, Baños de Montemayor, Navalmoral,
Cáceres, Talavera la Vieja, Aldeanueva del Camino, Abadía, Granja, Serradilla, Plasencia, etc. Otro
tanto ocurrió en varias localidades de Badajoz, que durante 3 años sufrieron la epidemia.
ACTIVIDADES:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-senda-
liberal/3290182/ (1823-54)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-viva-espana-
honra/3293548/ (1854-73)
http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-regreso-
borbones/3295337/ (1873-1900)
EL FERROCARRIL EN EXTREMADURA EN EL SIGLO
XIX