TABLA DE CONTENIDO

Pág. INTRODUCCIÓN 11 1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 13 2. CONTEXTUALIZACIÓN 23 3. JUSTIFICACIÓN 41 4. OBJETIVOS GENERALES 45 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 45 6. ALGUNAS PERSPECTIVAS SOBRE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA 46 6.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA 46 6.2 PERSPECTIVA ESTRUCTURAL Y COYUNTURAL 50 6.2.1 Subordinación de lo Público 50 6.2.2 Deslegitimación del Estado 50 6.2.3 Pérdida de Convivencia Ciudadana 51 6.2.4 Conflicto Armado, Ilegalidad y Narcotráfico 51 6.3 PERSPECTIVA PARAMILITAR 61 7. A CERCA DE LOS PROCESOS DE REINSERCIÓN 65

7.1 ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA ARANGO 1998-2002 66

7.1.1 Ministerio del Interior 66

7.1.1.1 Misión 66

7.1.1.2 Objetivo General 67 7.1.1.3 Objetivos Específicos 67 7.1.1.4 Funciones de la Dirección General para la Reinserción 68

7.1.1.5 Grupo Objetivo 69 7.1.1.6 Prioridades 70 7.1.1.7 Programas 70 7.1.1.8 Estrategias 71 7.1.1.9 Delegaciones 72 7.1.2 ORGANIZACIONES GUERRILLERAS 73 7.1.2.1 Reinserción Económica 74 7.1.2.2 Reinserción Social 75 7.1.2.3 Aspectos Jurídicos 76 7.1.2.4 Reinserción Política 77

7.1.3 PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS 81

7.1.3.1 Caracterización de la Población Desmovilizada 84

7.1.3.2 Factores que llevan a los Subversivos a Desmovilizarse 87

7.1.3.3 Ejecución Presupuestal de los Programas para la DGR 1990-1999 88

7.1.3.4 Balance General de los Proyectos Productivos 91

7.2 ADMINISTRACIÓN ALVARO URIBE VÉLEZ 2002-2006 104 7.2.1 Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos Alzados en Armas 104

7.2.2 Programa Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior y Justicia 105 7.2.2.1 Misión 105 7.2.2.2 Visión 106 7.2.2.3 Objetivos 106 7.2.2.4 Temas Especiales 107 7.2.2.4.1 Documentos 107 7.2.2.4.2 Salud 107 7.2.2.4.3 Protección y Seguridad 107 7.2.2.4.4 Beneficios por Colaboración 108 7.2.2.4.5 Beneficios por Entrega de Armas 108 7.2.2.4.6 Beneficios Jurídicos 109 7.2.2.4.7 Beneficios Socioeconómicos 109 7.2.2.4.8 Beneficio Educativo 109 7.2.2.4.9 Beneficio Económico 109 7.2.2.4.10 Seguros 110 7.2.2.4.11 Servicios Especiales 110 7.2.2.4.12 Empleo 110 7.2.2.4.13 Delegaciones 110 7.2.3 ORGANIZACIONES PARAMILITARES 111

7.2.3.1 Principales Antecedentes 111

7.2.3.2 Antecedentes y Objetivo del Decreto 128 de 2003 114

7.2.3.3 Desarrollo del Programa de Reincorporación a la Vida Civil de las

Personas Alzadas en Armas 116

7.2.3.3.1 Primera Etapa 116

7.2.3.3.2 Segunda Etapa 116

7.2.3.3.2.1 Atención Humanitaria 117

7.2.3.3.2.2 Salud 117

7.2.3.3.2.3 Educación Formal y no Formal 117

7.2.3.3.2.4 Seguridad 117

7.2.3.3.2.5 Jurídica 117

7.2.3.3.2.6 Atención Psicosocia l 118

7.2.3.3.2.7 Sistema de Información 118

7.2.3.3.2.8 Descentralización 118

8. ANÁLISIS DE LA RED SOCIAL INSTITUCIONAL QUE BRINDA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CAUSADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO 124 9. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN REINSERTADA CON DISCAPACIDAD CAUSADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO, ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO URIBE 135

9.1 PLAN NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1998 – 2002 138

9.1.1 Principios 138

9.1.2 Características del Plan 139 9.1.3 Estrategias Comunes 140

9.1.3.1 Cambiaremos la Visión Actual de la Discapacidad por la Cultura de la

Igualdad 140

9.1.3.2 Igualdad de Oportunidades y Recursos 141

9.1.3.3 Afectamos pero También Somos Afectados por Todo el Conjunto

Social 141

9.1.3.4 Los Gobernadores y Alcaldes Liderarán el Plan en sus Territorios 141

9.1.3.5 Las Entidades Territoriales y las Corporaciones Públicas y Privadas

son Co responsables 142

9.1.3.6 Las Redes Territoriales de Apoyo Serán Consolidadas 142

9.1.3.7 Eficacia y Eficiencia en la Utilización de Todos los Recursos 142

9.1.3.8 La Responsabilidad es de Todos los Actores de la Sociedad 143

9.1.3.9 La Red Territorial 143

9.1.4 Propósito 143 9.1.5 Objetivo General 143 9.1.6 Objetivos Específicos De Las Áreas De Acción 144

9.1.6.1 Prevención 144

9.1.6.2 Educación 145

9.1.6.3 Integración Laboral y Social 147

9.1.6.4 Accesibilidad, Espacio Físico, Comunicaciones y Transporte 148

9.1.7 Líneas Estratégicas 148

9.1.7.1 La Descentralización Será la Columna Vertebral del Plan 148

9.2 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2003 – 2006 154

9.2.1 Marco Conceptual 155

9.2.2 Principios Orientadores 161

9.2.2.1 Igualdad 162

9.2.2.2 Solidaridad y Corresponsabilidad 162

9.2.2.3 Descentralización y Participación Social 162

9.2.2.4 Equidad 163

9.2.3 Organización Institucional 163

9.2.4 Información 165

9.2.5 Programas y Líneas de Acción 166

9.2.5.1 Prevención y Reducción del Riesgo 167

9.2.5.2 Mitigación 168

9.2.5.3 Superación 169

10. ENFOQUE METODOLÓGICO 176 11. PROPUESTA METODOLÓGICA DE INTERVECIÓN DESDE LA GERENCIA SOCIAL CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN UN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO INTERNO 178 11.1 INTERVENCIÓN EN LA RED PRIMARIA 180 11.1.1 Escenario Individual y Familiar 180 11.1.2 Escenario Grupal 181 11.2 INTERVENCIÓN EN LA RED SECUNDARIA 181 11.3 INTERVENCIÓN EN LA RED INSTITUCIONAL 182 12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: UNA MIRADA DESDE LA GERENCIA SOCIAL 185 12.1 Discapacidad por el Conflicto Armado Interno 185

12.2 Conflicto Armado Interno en Colombia 188

12.3 Proceso de Reinserción 189

12.4 Red Social Institucional 191

12.5 Proyección Metodológica de la Gerencia Social 193

12.6 Políticas Públicas de Atención en Salud 198

ANEXOS 205 BIBLIOGRAFÍA 243

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO

INTERNO EN COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA

LA POBLACIÓN REINSERTADA CON DISCAPACIDAD

ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO

URIBE

LINETH SOCHA HERNÁNDEZ

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FACULTAD DE POSGRADOS

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL Bogotá, D.C

2.006

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO

INTERNO EN COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LAS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA

LA POBLACIÓN REINSERTADA CON DISCAPACIDAD

ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO

URIBE

LINETH SOCHA HERNÁNDEZ

ENSAYO TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO

DE ESPECIALISTA EN GERENCIA SOCIAL

TUTOR MAURICIO HERNÁNDEZ

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FACULTAD DE POSGRADOS

PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL Bogotá, D.C

2.006

LISTA DE ANEXOS

Pág. Anexo

1. Manual para el proceso de dejación voluntaria e individual de armas. Requisitos para acceder a los beneficios de la ley 418 de 1997. Procedimientos para acceder al programa de dejación de armas.

205

Anexo 2.

Procedimiento de desmovilización y reincorporación a la vida civil de miembros de organizaciones armadas al margen de la ley.

210

Anexo 3.

Plataforma estratégica de los temas especiales del Programa de Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior y Justicia .

211

Anexo 4.

Duración total de las etapas del proceso de reinserción. 217

Anexo 5.

Etapas del proceso de reinserción. 218

Anexo 6.

Pasos para la resolución de la situación jurídica de un desmovilizado voluntario.

219

Anexo 7.

Discapacidad de guerra y naturaleza de la lesión en exguerrilleros y exmilitares. Discapacidad de guerra y agente de la lesión en exguerrilleros y exmilitares. Discapacidad de guerra y parte del cuerpo afectada en exguerrilleros y exmilitares.

220

Anexo 8.

Discapacidad de guerra, depresión, ansiedad y alcoholismo en exguerrilleros y exmilitares. Discapacidad de guerra y estrés postraumático en exguerrilleros y exmilitares. Síntomas del estrés postraumático en exguerrilleros y exmilitares.

223

Anexo 9.

Consecuencias laborales de la discapacidad de guerra en exguerrilleros y exmilitares. Tipo de rehabilitación recibida por los exguerrilleros y exmilitares.

237

Anexo 10.

Guía de Entrevista. 241

Anexo 11.

Esquema Integral de intervención. 242

BIBLIOGRAFÍA v AGUIRRE DÁVILA, Eduardo. Representaciones Sociales. Universidad

Nacional Abierta a Distancia. UNAD. Facultad de Ciencias Sociales y

Humanas. Bogotá, D.C., noviembre de 1999. 159 páginas.

v ALCALDÍA SOCIAL DE MEDELLÍN, Gerencia Social: Hacia una

Conceptualización Entorno a la Gerencia Social, En: Hacia un Nuevo

Modelo de Gestión. Medellín, 1.997.

v ANDERSON, Ralph y CARTER, Irl. La Conducta Humana en el Medio

Social Enfoque Sistémico de la Sociedad. Editorial Gedisa. Primera Edición,

enero de 1994, Barcelona, 356 páginas.

v ARCILA A., Gonzalo. Violencia Simbólica y Complejidad. Intervención

realizada en el marco de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava

Edición en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Bogotá

D.C., abril 12 a junio 30,4 páginas.

v BARRERO CUÉLLAR, Edgar. Apuntes para una Conferencia sobre

Psicología Social de la Guerra Escenarios. Guerras e Ideologías.

Intervención realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –

UNAD – en el marco de la Cátedra Libre. Ignacio Martín Baró. Octava

Versión. Bogotá, D.C., abril 12 a junio 30 de 2002, páginas 1-13.

v BITÁCORA. El Programa para la Reinserción en 1998 en: Programa para la

Reinserción. Red de Solidaridad Social Bitácora No. 5. Santafé de Bogotá,

mayo de 1996. páginas 5-11.

v BOBBIO, Norberto. Estado, Gobierno y Sociedad. Por Una Teoría General

de la Política. Fondo de Cultura Económica.

v BOUTHOUL, Gastón. La guerra. Barcelona. Oikos-tau, 1971.

v BUSTAMANTE, GUILLERMO. Violencia Simbólica y Complejidad.

Intervención realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –

UNAD en el marco la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava Edición,

Bogotá, D.C., abril 12 a junio 30 de 2.002, páginas 5 – 14.

v BRICEÑO P., Alberto y TORDOYA L., Norma. Pensamientos

Seleccionados Palabras Que Guían. Octava Edición, Diciembre 1.997. 384

páginas.

v CAICEDO, Jaime. Representaciones Sociales de la Guerra. Intervención

realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD en el

marco de la Cátedra Libre. Ignacio Martín Baró. Octava Versión, Bogotá,

D.C., abril 12 a junio 30 de 2002, páginas 1-7.

v CASTAÑO H., Bertha Lucía. Violencia Socio-política en Colombia.

Recuperación en la Salud Mental de las Víctimas. Corporación AVRE,

Santafé de Bogotá, abril de 1997, 73 páginas.

v CASTAÑO H., Bertha Lucía. Individuo, Trauma y Sociedad. Intervención

realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD en el

marco de la Cátedra Libre. Ignacio Martín Baró. Octava Promoción. Bogotá,

D.C., abril 12 a junio 30 de 2002, páginas 1-3.

v CASTELLANOS, Beatriz y Otras. Redes Sociales Naturales. Un Modelo de

Trabajo para el Servicio Social. Editorial LUMEN-HUMANITAS, Mar del

Plata, Argentina, septiembre de 1998, 197 páginas.

v CASTRO, María Clemencia y DIAZ, Carmen Lucía. Guerrilla. Reinserción y

Lazo Social o Más Allá de la Violencia Catálogo Bibliográfico. Universidad

Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de

Psicología, Grupo de Psicoanálisis, Bogotá, D.C., junio de 2001, 77

páginas.

v CASTRO, María Clemencia y DIAZ, Carmen Lucía. La Reinserción

Renuncias y Reconstrucciones en Arcanos 2 Boletín Informativo de la

Corporación Nuevo Arco Iris, Santafé de Bogotá, agosto -noviembre de

1998, páginas 12-14.

v CASTRO, María Clemencia y Díaz, Carmen Lucía. Guerrilla, Reinserción y

Lazo social. Editorial Almudena, 1997, Bogotá, D.C., 190 páginas.

v CLAUSWITZ, Karl Von. De la guerra. Barcelona. Editorial Labor, 1992.

v CONFEPAZ - Federación Colombiana de Organizaciones y Personas que

Trabajan con Discapacitados Víctimas del Conflicto Armado para la

Prevención, Rehabilitación, la Reconciliación y la Paz. Directorio Nacional

de Instituciones que brindan atención a personas con discapacidad por

guerra. Primera Edición, Bogotá, D.C., junio de 2002, 164 páginas.

v Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia

Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES Social.

Política Pública Nacional de Discapacidad. Versión Aprobada Bogotá, D.C.,

26 Julio de 2004, 36 páginas.

v CHADI, Mónica. Redes Sociales en el Trabajo Social. Espacio Editorial,

Buenos Aires, Primera Edición 2000, 161 páginas.

v DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Lo que Usted Debe Saber Sobre el Derecho

Internacional Humanitario. 17 páginas.

v DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Diagnóstico del

Programa de Reinserción en Colombia: Mecanismos para Incentivar la

Desmovilización Voluntaria Individual. 65 páginas.

v ESTUPIÑAN, Jairo. Individuo, Trauma y Sociedad. Intervención realizada

en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el marco de la Cátedra

Libre. Ignacio Martín Baró. Octava Promoción, Bogotá, D.C., abril 12 a junio

30 de 2002, páginas 4-10.

v GARAY, Luis Jorge. Construcción de una Nueva Sociedad. Publicado por

Tercer Mundo Editores. Bogotá, D.C., 1999.

v GAVIRIA VÉLEZ, José Obdulio. Sofismas del Terrorismo en Colombia.

Editorial Planeta, Enero de 2005. 284 páginas.

v GILMODÉS, Pierre. El Ejército Colombiano Analiza la Violencia. Publicado

en Pasado y Presente de la Violencia en Colombia. Fondo Editorial

CEREC. Serie Historia Contemporánea No. 5. Primera Edición, julio de

1986, páginas 305-332.

v GÓMEZ BUENDÍA, Hernando. La Violencia Contemporánea en Colombia.

Un Punto de vista Liberal. Publicado en Democracia, Proceso de Paz en

Colombia. Un Debate desde la Academia Ediciones Uninorte, 2000.

Barranquilla, páginas 379-390.

v GÓMEZ E., Jairo H. Las Representaciones Sociales de la Guerra.

Intervención realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –

UNAD en el marco de la Cátedra Libre. Ignacio Martín Baró. Octava

Promoción, abril 13 a junio 30 de 2002, Bogotá, D.C., páginas 1-8.

v Gobernación de Caldas. Dirección Seccional de Salud Comité Intersectorial

Departamental de Apoyo a la Discapacidad Sistema de Seguridad Social.

La Población con Discapacidad en el Sistema de Seguridad Social en

Salud. Segunda Edición, 2000, 15 páginas.

v HENAO A., Diego F. Comunicación y Redes Sociales. Universidad Nacional

Abierta y a Distancia – UNAD. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Primera Edición, 1998, Santafé de Bogotá, 183 páginas.

v HENAO, Idelfonso. El Poder de lo Simbólico. Reconstruir el Imaginario de

Proyecto de Vida en la Reincorporación Social del Exguerrillero. En

Bitácora Revista del Programa para la Reinserción, Bogotá No. 4, octubre

de 1997, páginas 24-30.

v JOTINICO VEGA, Aldemar y BUITRAGO RUEDA, Oscar A. Estudio

Descriptivo Discapacidad Física, Psicológica y Laboral Causada por el

Conflicto Armado CONFEPAZ, Primera Edición, Bogotá, D.C., 2001, 60

páginas.

v KISNERMAN, Natalio. Pensar el Trabajo social. Una introducción desde el

Construccionismo LUMEN-HUMANITAS, 265 páginas.

v KLIKSBERG, Bernardo. Hacia una Gerencia Social Eficiente. Algunas

Cuestiones Claves. En: Políticas Públicas y Gestión Social: Una Mirada

desde la Gerencia Social. Alcaldía de Medellín, 1.997. Páginas 129-140.

v LONDOÑO, Rocío. Del Ejército Popular de Liberación (EPL) a Esperanza,

Paz y Libertad. Entrevista con Bernardo Gutiérrez. En Cuadernos por la

Democracia, Bogotá, D.C., No. 3, julio de 1991, páginas 37-38.

v MALZTEMAN PELTA, Daniel C. Apoyo Comunitario en Salud Mental. Una

Guía para Implementar Programas Comunitarios de Salud Mental en

Sociedades en Desarrollo. Biblioteca Nacional Montevideo, 1991, 278

páginas.

v MARIN, Luis Fernando. Sujeto, Resistencia y conexión de Sentido,

Intervención realizada en la Universidad Nacional abierta y a Distancia –

UNAD en el marco de la Cátedra Libre Martín Baró, Octava Versión,

Bogotá, D.C., abril 12 a junio 30 de 2002, páginas 1-13.

v MARTÍN BARÓ, Ignacio. Psicología Social de la Guerra: Trauma y Terapia.

UCA Editores, El Salvador 1990. 247 páginas.

v MATERAZZI, Miguel Ángel. Salud Mental. Una Propuesta de Prevención

Permanente Paidós, Buenos Aires, Argentina. Primera Edición, 1991, 132

páginas.

v MICHELLI, Dena y STRAW, Alison. Desarrollo Eficaz de Redes en una

semana. Panorama Editorial Primera Edición Español, 1998, 95 páginas.

v MONTENEGRO, Armando y POSADA, Carbo E. Violencia en Colombia.

Alfa omega Bogotá D.C., Primera Edición, mayo 2001, Libros de Colombia,

52 páginas.

v MÜNKLER, Hefried. Las Guerras del Siglo XXI. En: Análisis Político No. 51,

Bogotá, mayo-agosto 2004, páginas 3-11.

v MUÑOZ, María Victoria. La Gerencia Social como Soporte de las

Relaciones Estado-Sociedad Civil frente al Desarrollo. En: Memorias del

Seminario Internacional: La Gerencia Social como Desafío para el

Desarrollo, Universidad de la Salle. Bogotá, 1.997. Capítulo I.

v NIÑO, Avelino. Individuo. Trauma y Sociedad Intervención realizada en el

marco de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava Edición en la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Bogotá, D.C., abril 12 a

junio 30, páginas 11-16.

v PÉREZ, Juan F. En torno a la noción de violencia: Una visión desde el

Psicoanálisis. Universidad de Antioquia Medellín, 1993.

v PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. La Desmovilización de las

Autodefensas: Un caso de Estudio. Cátedra Konrad Adenauer de

Comunicación y Democracia, Bogotá, Abril de 2004. 92 páginas.

v Presidencia de la República, Constitución Política de Colombia 1991, 197

páginas.

v Presidencia de la República de Colombia. Plan Nacional de Atención a las

Personas con Discapacidad 1999-2002, 72 páginas.

v Presidencia de la República de Colombia Ley No. 3617 de febrero de 1997,

Discapacidad Ley para una Oportunidad, 37 páginas.

v Presidencia de la República de Colombia. Plan Nacional de Rehabilitación

Programas de Reinserción. Informe de Gestión 1990-1994, 93 páginas.

v QUESADA v., Gustavo A. Propuesta Utópica para una Paz Esquiva,

Intervención realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –

UNAD en el marco de la Cátedra Libre, Ignacio Martín Baró. Octava

Edición, Bogotá, D.C., abril 12 a junio 30 de 2002, páginas 1 – 14.

v REINA DE ZULUAGA, Julia. Gerencia Social: Nuevo Paradigma en la

Formación Profesional. Universidad de Antioquia. Medellín, 1.997.

v ROMERO S., Marco A. Tendencias del conflicto armado e iniciativas de

paz. Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Santafé de

Bogotá, D.C., diciembre 18 de 1998.

v SABOGAL, Melquisedec. Crisis social Agraria, narcóticos y guerra. Informe

observatorio sobre las drogas.

v SÁNCHEZ G., Gonzalo. Los Estudios sobre la Violencia. Balance y

Perspectivas Publicada en Pasado y Presente de la violencia en Colombia.

Fondo Editorial CEREC Serie Historia Contemporánea No. 5. Primera

Edición, julio de 1986, páginas 11-30.

v SANZ, Pedro. Las claves de los conflictos.

v Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad y

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Revista Enlace en Red: Congreso

Iberoamericano de las Personas con Discapacidad, números 7-8 mayo

2005. 67 páginas.

v SIGMUND, Freud. De guerra y muerte Temas de actualidad (1915) Obras

Completas Tomo XIV. Buenos Aires Amorrortu, 1976.

v SIGMUND, Freud. ¿Por qué la guerra? (Einstein y Freud) (1933 [1932])

Obras Completas Tomo XXII. Buenos Aires. Amorrortu, 1976.

v SIGMUND, Freud. Psicología de las masas y análisis del yo. Amorrortu,

1976.

v SOCHA H., Lineth. Reconstrucción del proyecto de vida de un

excombatiente: Un significante, un sentido e implicaciones subjetivas.

Bogotá, D.C., diciembre de 2001.

v SOLARTE, Guillermo. No ha pasado Nada. Una Mirada a la Guerra

Entrevistas de Guillermo Solarte, TM Editores Misión Rural UCA Primera

Edición, octubre de 1998, 332 páginas.

v STEINER, Claudia. El EPL: Reinserción Política y Social Publicada en

Cuadernos por la Democracia, Bogotá No. 3, julio de 1991, páginas 15-36.

v VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. La Relación entre Política y Violencia en

Colombia. Publicado en Políticas y Armas Al Inicio del Frente Nacional.

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas

y Sociales, Segunda Edición, 1996, páginas 30-35.

v VARGAS VELÁSQUEZ, Alejo. Las Políticas Públicas entre la Racionalidad

Técnica y la Racionalidad Política. En: El Estado y las Políticas Públicas.

Almudena Editores. Bogotá. Capítulo II.

v VARGAS V., Alejo. Antecedentes el Conflicto Armado en Colombia,

Publicado en Democracia Proceso de Paz en Colombia, Un Debate desde

la Academia Ediciones Uninorte, 2000, Barranquilla, páginas 3-16.

v VARGAS V., Alejo y RUBIO S. Rocío. Desmovilización y Reinserción de Ex

Combatientes: ¿Transición Hacia…?. En. Conflicto y Seguridad

Democrática en Colombia. Temas Críticos y Propuestas. FUNDACIÓN

SOCIAL. Páginas 189-258.

11

ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN

COLOMBIA Y SU RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN

EN SALUD PARA LA POBLACIÓN REINSERTADA CON DISCAPACIDAD

ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO URIBE

“La historia nos ha enseñado que basta uno

para fomentar la crisis, pero conservar la paz

requiere el esfuerzo de todos.”

Willy Brandt

INTRODUCCIÓN

Es pertinente tener en cuenta que este trabajo es la continuación o la segunda

parte de una investigación que realicé en el año 2002 denominada “Expresiones

del Conflicto Armado Interno en las Familias de los Excombatientes: El caso de los

Reinsertados y Militares en Retiro con Discapacidad Causada por el Conflicto

Armado Interno”, en la cual la investigación se centró en el núcleo familiar de 2

exguerrilleros amnistiados y de 2 militares en retiro que prestaron el Servicio

Militar como Soldados Voluntarios.

Esta investigación fue abordada desde el Enfoque Sistémico que permitió realizar

la identificación y caracterización de las expresiones del Conflicto Armado interno

en sus familias; a través del estudio de caso.

Por esta razón, esta segunda parte tiene significativos avances los cuales en esta

ocasión serán retroalimentados y ampliados a partir de la perspectiva de las

Políticas Públicas y la Gerencia Social, que abre la posibilidad de integrar y

articular de forma coherente y pertinente una temática que socialmente toma

relevancia en el contexto actual del país.

12

A partir de esta perspectiva que brinda la Gerencia Social desde el ámbito de la

Políticas Públicas, el presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis del

contexto del Conflicto Armado Interno en Colombia y su relación con las Políticas

Públicas de Atención en Salud para la Población Reinsertada con Discapacidad,

durante la administración Andrés pastrana y Álvaro Uribe.

Un desarrollo comparativo de la Políticas Públicas de Atención para los

Reinsertados con Discapacidad causada por el Conflicto Armado interno, en el

escenario político, social y económico de estas administraciones, las cuales sin

lugar a dudas, presentan marcadas e importantes diferencias en el marco de

Políticas Públicas para la Paz.

Así mismo, en este contexto realizar un análisis crítico y propositivo de la Red

Social Institucional que ha venido prestando atención a esta población, como

expresión de dichas Políticas Públicas en el sector salud principalmente.

Finalmente, desde el compromiso social y político que debe representar para la

Gerencia Social en el campo de la Administración Pública y de las Políticas para el

sector social, en particular para los Reinsertados (Guerrilleros y Paramilitares),

proponer sugerencias para estas políticas y presentar una propuesta metodológica

de intervención integral para esta población desde la Gerencia Social con un

Enfoque Sistémico y de Redes Sociales en el marco de una atención en salud

mental en un escenario de Conflicto Armado interno .

13

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

La actual situación de Conflicto Armado Interno o Conflicto Armado sin carácter

internacional por la que atraviesa Colombia de acuerdo con el artículo 3° común

de los Convenios de Ginebra de 1949, puede ser identificada y caracterizada

como una situación problema en el marco de coyunturalidad social, política y

económica; ya que claramente se definen los actores, escenarios, factores

intervinientes, las causas, expresiones o manifestaciones en niveles e

intensidades diversas, los contextos macro y micro que inciden determinando la

temática en mención.

En el planteamiento de este tema es importante destacar que la situación y el

contexto de Conflicto Armado interno o Conflicto Armado sin carácter

internacional; al que se ha hecho mención hasta el momento encuentra su

expresión en tres tipos de Conflicto Armado Interno que son el de carácter

estructural, coyuntural y residual o sucia1; los cuales cada uno posee los

componentes de una situación problema y que debido a la complejidad del Estado

y la sociedad colombiana éstos desdibujan sus fronteras o límites conjugándose y

entremezclándose entre sí.

La primera encuentra su expresión en el desempleo, la pobreza, la deslegitimación

del Estado, la ilegalidad y el narcotráfico. La coyuntural en el desplazamiento

forzoso interno, el secuestro, la desaparición forzada, las masacres colectivas y

selectivas, el conflicto armado interno colombiano, el fortalecimiento o

modernización del crimen organizado y el incremento de la delincuencia común.

1 Esta conclusión se plantea a partir de los desarrollos y avances de la primera investigación y los cuales veremos más adelante y que en este trabajo se ratifican y se complementan bajo la óptica de la actual Política de Seguridad Democrática. Estos avances conceptuales y de reflexión han sido construcciones permanentes no sólo motivadas por un interés académico sino por un interés altamente personal y humano en mi formación como profesional y como ciudadana colombiana.

14

Por último, la residual manifestada en la paulatina y agudizada descomposición

social a través de la prostitución, la drogadicción, los menores infractores, el

habitante de la calle, las enfermedades de transmisión sexual (ETS), el SIDA,

entre otras.

En el Conflicto Armado Interno estructural y coyuntural, claramente se identifican

tres tipos de actores. Los actores pasivos que pueden ser por omisión o

receptores, los actores invisibilizados que son los estratégicos ubicados en puntos

neurálgicos de la lógica del Conflicto Armado interno y, los “olvidados o

abandonados” por el Estado y la insensibilidad social a causa de las condiciones

estructurales al interior de Colombia y por último, los actores activos que hacen

parte de las acciones y estrategias directas del Conflicto Armado interno (actores

militares armados); al igual que aquellos sectores que desde el espacio de lo

político y lo social abogan por la salida política negociada del conflicto.

Básicamente los actores militares armados que actúan y participan en el Conflicto

Interno colombiano son: En el Derecho Internacional y en el Derecho Internacional

Humanitario es el Estado, que incluye a sus fuerzas armadas y policiales, el que

se considera como una de las partes en el conflicto armado, los Paramilitares y las

Organizaciones Guerrilleras

Difícilmente se aceptará en la doctrina jurídica que las fuerzas militares armadas,

por si solas, sean una de las partes en el conflicto armado, pues dejaría por fuera

a otras fuerzas estatales como las policiales y a los organismos de seguridad.

Sin lugar a dudas al interior de las Organizaciones Guerrilleras y Paramilitares se

construye y moviliza un modo o estilo particular de vida de sus dirigentes militares,

sus ideólogos políticos y sus combatientes de base; quienes como colectivo y

como individuos su paso y su experiencia en el Conflicto Armado interno los marca

de manera profunda.

15

Estas huellas son de carácter subjetivo y que sumadas a los diferentes factores

externos posicionan a estos sujetos individual y colectivamente ante el Estado y

ante la sociedad de manera particular; puesto que en el momento en que “deciden

retirarse” de sus organizaciones la mirada sobre ellos adquiere un matiz de

señalamiento, juzgamiento y persecución permanente, situación de la cual su

familia no escapa.2

Vale la pena tener en cuenta que el Derecho Penal vigente en la mayor parte de

los países sanciona o castiga la rebelión o insurrección o subversión como una

conducta contraria a los regímenes constitucionales democráticos y liberales. Por

lo tanto, no es sólo que la sociedad los excluya, también los persigue y castiga.

La atención prestada por parte del Estado y la sociedad colombiana frente a los

procesos de reinserción de ex militantes de los Grupos Guerrilleros; no ha

trascendido desde sus políticas aquella mirada en la cual lo más importante es el

"desarme o dejación de armas"; ya sea bajo la modalidad colectiva con la firma de

acuerdos de paz o la individual y voluntaria. Este es el caso de los acuerdos de

paz de la década de los noventa.

Para el caso actual de los Paramilitares que se encuentran en proceso de

negociación las políticas de reinserción en esencia no han cambiado como lo

analizaremos posteriormente. Se persiste en la idea militar de desarmar al

enemigo pero, ¿qué sucede con el futuro de estas personas y la de sus familias,

en una realidad que no les garantiza la sostenibilidad social y financiera de las

propuestas y proyectos acordados durante el proceso de negociación? y que

2 SOCHA H., Lineth. “Expresiones del Conflicto Armado Interno en las Familias de los Excombatientes: El caso de los Reinsertados y Militares en Retiro con Discapacidad Causada por el Conflicto Armado Interno”. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Trabajo Social. Departamento de Trabajo Social. Bogotá, D.C., 2002. Página 25.

16

además los castiga con sanciones penales: privación de la libertad, pago de

indemnizaciones a sus víctimas, etc.…?.

Es imperativa la necesidad de dar realmente solución a los problemas

estructurales del país; porque mientras no sea realidad una sociedad más justa y

equitativa en sus diversos beneficios, lo único que se le puede garantizar a la

población de reinsertados con discapacidad causada por el Conflicto Armado

interno, es pasar a hacer parte de esa gruesa capa de la sociedad altamente

vulnerable y que en este caso agudizaría su condición social y económica

específicamente.

Ni el Estado ni la sociedad en su conjunto se han detenido a pensar y a actuar de

forma más integral, articulada y proyectiva con respecto a dicho proceso; puesto

que en la búsqueda de reconstruir y porque no de deconstruir política, social,

económica y culturalmente a Colombia, el proyectar y planear la atención frente a

este grupo poblacional a largo plazo posibilitaría las condiciones para una paz

integral a partir de Políticas Públicas para esta población y otras de la sociedad

colombiana.

Cada uno de estos sujetos retornan a un medio aún más paradójico y conflictivo

en donde se conjugan toda una diversidad de problemáticas; que sumadas a las

secuelas o huellas psicológicas y físicas particularizan significativamente el

posicionamiento de estos sujetos en la sociedad y la mirada de ésta sobre ellos,

en un contexto fuertemente marcado por la búsqueda de la reconciliación y la paz.

Aún persisten las acciones encaminadas a lo jurídico y lo económico pero, ¿qué

sucede con la discapacidad física, psicológica y laboral causada por el Conflicto

Armado Interno de los desmovilizados en un marco integral de salud mental? De

17

poco y nada sirven los procesos de reinserción jurídicos, económicos, sociales y

políticos sino se tienen en cuenta el estado completo de salud de estos sujetos

para tener de nuevo una posibilidad de un proyecto de vida distinto a los

escenarios y oficios propios del Conflicto Armado Interno.

Según Alberto Cuellar, Director de la Corporación Guayacán de Desmovilizados

con Discapacidad, Minusvalía y Limitaciones Físicas – CORPOGUAYACÁN, 205

miembros de los grupos insurgentes que se reinsertaron a la vida civil, en el marco

de los acuerdos de paz de 1991, presentan discapacidad causada por acciones

bélicas.3

Llama la atención que pese al papel central que desempeña los miembros de las

Fuerzas Armadas como es el caso de los soldados en la confrontación directa de

orden militar, se menciona acerca de ellos en las fases preliminares de

reclutamiento y entrenamiento de las estrategias y técnicas del Conflicto Armado

Interno, también durante su actuación en el período de tiempo que perdure los

enfrentamientos armados, sin embargo, ¿qué sucede con ellos después?, ¿qué

pasa con su vida individual y familiar?, ¿qué posibilidades le brinda la Institución

Militar cuando por causa del Conflicto Armado Interno ha sufrido algún tipo de

discapacidad?, ¿cuáles son sus posibilidades reales de sostenimiento

económico?.

Para los exguerrilleros y exparamilitares con discapacidad psicológica, física y

laboral originada por su participación en el Conflicto Armado Interno colombiano;

las cuales cada una de ellas tienen diversidad de manifestaciones, no son

abordadas aún desde una política que contemple este tipo de discapacidad en su

3 BUITRAGO R., Oscar Ashley y JUTINICO V., Aldemar. Discapacidad Física, Psicológica y Laboral causada por el conflicto Armado. Estudio descriptivo. Bogotá, D.C., 2001. Página 15.

18

dimensión e impacto integral sobre el desenvolvimiento y movilidad social de esta

población.

En las actuales condiciones del país las Políticas Públicas de Atención para los

reincorporados de las Organizaciones Paramilitares, ¿qué características

tendrán?, ¿si podrán garantizar opciones de vida óptimas en medio de la crítica

situación por la que atraviesa el país, los sectores populares y la caída inminente

de la clase media colombiana?

El Ministerio de Defensa informó que entre 1992 y 1994, 98 miembros de

las Fuerzas Armadas murieron por causa de minas antipersonal (15% del

total de las muertes ocurrieron en combate) y 254 fueron heridos, en

ambos casos el 78% de las víctimas eran soldados.

Para Oscar Buitrago, Director de la Federación Colombiana de

Organizaciones y Personas que Trabajan con los Discapacitados

Víctimas del Conflicto Armado – CONFEPAZ, la discapacidad por el

Conflicto Armado interno no solamente es causada por minas

antipersonal, también es generada por explosivos, armas largas, armas

corto punzantes, sobre-esfuerzo físico y psicosis.

En el caso de los militares discapacitados, una vez terminada la

rehabilitación física, psicológica o profesional su grado de discapacidad

es calificado por una junta médica, si el grado de discapacidad alcanza el

75% la persona es pensionada por el Ministerio de Defensa, pero si no

supera el 25% la persona es indemnizada. En ambos casos los

discapacitados no tienen posibilidades viables de una integración

19

psicosocial y laboral efectiva, en particular para los soldados que

representan la mayoría de los discapacitados al interior del Ejército.

En cuanto a los exguerrilleros indultados, carecen de pensión y su

rehabilitación física no ha terminado, pues ésta depende de la renovación

anual del convenio entre el Programa para la Reinserción del Ministerio

del Interior y las entidades de salud que los atienden: Hospital San Juan

de Dios y Seguro Social, este convenio se terminó en 1999. La

integración psicosocial y laboral de estas personas muestra resultados

ínfimos por falta de recursos financieros y programas integrales que

tengan continuidad.4

El derecho a la salud de los reinsertados como lo expresa el anterior estudio

descriptivo es significativamente preocupante; pues el Hospital San Juan de Dios

ha sido cerrado debido a la grave crisis por la que está pasando este sector, el

Seguro Social con su progresivo proceso de privatización ha generado

traumatismos en la atención a sus usuarios. Todo este escenario en medio de los

innegables estragos y talanqueras de la Ley 100 de 1.993 sobre el Sistema

General de Seguridad Social.

Es evidente que para ninguno de estos dos grupos existe la relevancia requerida

por parte del Estado, de sus instituciones y de la sociedad en su conjunto. El

Estado y sus instituciones o sistemas como el de salud que tiene la

responsabilidad de abordar la situación de discapacidad aún no la aborda desde el

contexto del Conflicto Armado interno que indudablemente por largo tiempo ha

definido la estructura y la dinámica del país; afectando de forma significativa su

salud mental no sólo a nivel individual sino comunitaria, familiar y social.

4 Ibid., página 15.

20

El fortalecimiento por una lectura integral del Conflicto Armado Interno en

Colombia hace un llamado a los estudios o aportes para que la aborden bajo esta

perspectiva, a abrir las miradas y a abarcar crítica y propositivamente a todos y a

cada uno de sus actores; puesto que la polarización, el juzgamiento, el

señalamiento, la calificación de víctimas y victimarios pone al Estado y a la

sociedad en su totalidad una venda que no le permite identificar, ver y actuar más

allá de la idea o percepción que circula peligrosamente por los medios masivos de

comunicación con claros intereses políticos y económicos, e incluso, de tipo

ideológico.

Por ello, es fundamental observar lo que se podría denominar las dos caras de la

moneda del Conflicto Armado Interno colombiano, porque aunque

permanentemente de una u otra forma tanto el Estado como la sociedad del país

le haga el quite a su responsabilidad frente a esta situación o lo que es peor aún,

asuma posiciones y tome decisiones que agudizan cada vez más los diferentes

escenarios macro y micro del Conflicto Armado Interno.

Como se ha mencionado insistentemente la salud mental en un contexto de

Conflicto Armado interno debe ser contemplada desde un enfoque integral de sus

componentes, factores y actores de nivel individual, grupal, familiar, comunitario y

social que vislumbre modalidades o propuestas de intervención profesional e

institucional con dicha característica. Esto se define desde el marco de las

Políticas Públicas.

En esta dirección apunta el trabajo, a continuar con estudios de esta clase y a

contribuir a la difusión pública de la problemática con propósitos de prevención y

sensibilización de la Red Social Institucional con el objeto de planear,

implementar, ejecutar y evaluar acciones prioritarias e integradas propias de la

formulación de una Política Pública en el marco del Conflicto Armado Interno en

Colombia, una Política de Salud, de Reinserción y por ende de otras de índole

21

social, con elementos determinantes como la discapacidad originada por el

Conflicto Armado Interno, situación que puede llegar a manifestarse en doble vía.

En el rompimiento y deterioro del tejido social o por el contrario, en el origen de

nuevas redes y el fortalecimiento de las ya existentes para el caso de los

reinsertados.

Una de las limitaciones de este trabajo se relaciona con las políticas del actual

gobierno que para el caso de los reincorporados de las Organizaciones

Paramilitares se encuentran en proceso de negociación y de construcción, razón

por la cual en este aspecto puntual queda la puerta abierta a continuar con la

discusión y con la construcción de nuevas y mejores alternativas.

Sin embargo, los elementos de análisis contextuales permiten realizar análisis

colaterales y con proyección de acuerdo con el avance de este proceso,

permitiendo así aportar hacia un futuro consideraciones a tener en cuenta en

dichas políticas.

Las preguntas de investigación que orientan y sustentan este trabajo son:

v ¿Cuáles son las principales características, diferencias e implicaciones

sociales, políticas y económicas de las Políticas Públicas para la población

reinsertada con discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno

durante la administración de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe?

v ¿Cuál es el impacto de la Red Social Institucional que atiende a la

población e mención?

22

v ¿Cuáles deben ser las principales características metodológicas de la

propuesta de intervención desde la Gerencia Social para brindar atención a

esta población?

23

2. CONTEXTUALIZACIÓN

La situación actual de Conflicto Armado interno por la que atraviesa nuestro país

se ha caracterizado por su carácter continuo, escalonado, recrudecido y

degradado de sus estrategias y en consecuencia, en el permanente

involucramiento tanto involuntario como voluntario5 de los diferentes grupos o

sectores de la sociedad a su estructura y dinámica propia, que enmarcados en las

esferas de lo social, lo político, lo económico, lo cultural y lo ambiental

problematizan aún más las expresiones del Conflicto Armado Interno en una

sociedad como la colombiana.

Sin lugar a dudas hablar de Conflicto Armado Interno tiene significativas

implicaciones tanto académicas como profesionales; pero con gran relevancia en

el trato que le brinda el Estado y el Gobierno de turno a través de las diferentes

Políticas Públicas, e incluso, la evidente influencia que puede llegar a tener en la

actitud de la sociedad civil organizada y no organizada sobre esta situación de

interés general.

Una de estas implicaciones alude a la exigencia Estatal y Gubernamental a dar

respuesta de alguna manera a la diversidad de expresiones sociales, políticas y

económicas particularizadas que origina la situación de Conflicto Armado Interno

en el país y que es complejizada por el contexto de la Globalización.

Lo anterior significa que la denominación de Conflicto Armado Interno es una

expresión que califica la dimensión actual de violencia, de conflicto, de la situación

social, política y económica del país en la cual se identifican actores, escenarios y

5 Dentro del escenario del Conflicto Armado Interno en Colombia el involucramiento involuntario lo refiero a los diferentes grupos o sectores de la sociedad que no hacen parte directa en la confrontación armada como actores militares y, al involucramiento voluntario a quienes por diferentes razones o motivaciones se integran a las filas del Ejército Colombiano, Organizaciones Guerrilleras o Paramilitares que en la dinámica y en la estructura del Conflicto Armado Interno; se perfilan como actores militares armados.

24

expresiones de la misma. Ésta es fuertemente determinada por factores como por

la pobreza, el desempleo, la intervención extranjera y el tipo de explicaciones que

se desarrollen en torno al Conflicto Armado Interno, éstas pueden ser de carácter

social político, económico o religioso en algunos casos.

Es importante tener presente que el desarrollo y el análisis de esta temática se

realiza en el marco de dos acontecimientos relevantes: uno de carácter nacional y

otro de carácter internacional. El primero, la presencia de Álvaro Uribe Vélez como

presidente de Colombia con toda su política de Seguridad Democrática luego de la

administración de Andrés Pastrana calificada como débil y totalmente permisiva

frente a la Guerrilla y los Paramilitares en particular.

Esta notable y determinante condición del cambio de administración, es sin duda

alguna un factor crucial en el rumbo que adquiere el tratamiento o abordaje que

desde en nivel central del poder se le otorgue como es en este caso al Conflicto

Armado Interno y a cada una de sus dimensiones.

Dentro de las dimensiones del Conflicto Armado Interno encontramos las Políticas

Públicas que de alguna manera buscan brindar atención a los actores militares

armados como uno de los caminos hacia la búsqueda y la construcción de la paz.

Estas políticas evidentemente son distintas en su formulación y ejecución en los

gobiernos tanto de Pastrana como de Uribe; puesto que su visión y abordaje del

Conflicto Armado Interno en el país son claramente diferentes.

Por consiguiente, para el caso concreto de la población reinsertada (Ex

guerrilleros y Paramilitares) con discapacidad causada por el Conflicto Armado

25

Interno6, su situación social ha sido distinta en al marco de los gobiernos centrales

en mención.

El segundo acontecimiento es la ratificación en el poder de la política de Guerra

contra el Terrorismo del Gobierno Norteamericano; en cabeza de George Bush en

contra de los países que representan una amenaza para sus intereses.

Una relación directa con la política de Guerra de Estados Unidos, la constituye el

Plan Colombia y el Plan Patriota que brindan apoyo financiero para la compra de

armas y el fortalecimiento de la institución militar de nuestro país, como una de las

estrategias para incrementar y fortalecer las acciones del Conflicto Armado interno

con un marcado énfasis bélico.

Estos dos acontecimientos marcan pautas determinantes tanto para el de orden

global como para la colombiana, una de estas pautas se presenta desde el

lenguaje, es decir, la forma como se nombran y señalan a los actores y sus

acciones en este escenario, por ejemplo, se hace mención reiterada y enfática por

parte de los medios de comunicación y de los gobiernos del mundo, a terroristas y

actos de terrorismo que en ocasiones son sobredimensionados y satanizados de

tal manera; que todos los miembros de una cultura terminan siendo señalados y

perseguidos alrededor de todo el planeta.

Es preciso hasta cierto punto considerar que se hace alusión al término de

Conflicto Armado Interno en un momento de coyuntura nacional e internacional en

todos sus escenarios y expresiones posibles.

Una mirada retrospectiva de la historia socio-política del país desarrollada

ampliamente por diversidad de estudios7, refleja de manera abierta y con toda 6 Hago referencia a esta población con discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno, en la medida en que su discapacidad ya sea física o psicológica, ha sido generada o ha sido resultado del enfrentamiento directo armado como actor militar en el escenario del Conflicto Armado Interno colombiano.

26

claridad la agudización y complejización del Conflicto Armado Interno en el país;

puesto que su estructura y su dinámica permea e involucra sin distinción alguna a

la población en general.

Dando paso así a que las condiciones para un Desarrollo Social y Humano

Integral en un contexto o situación de Conflicto Armado Interno; se vean afectadas

y fragmentadas hasta el punto en que el conjunto de la sociedad desde un

enfoque integral de la misma, no tenga garantizada las condiciones más “óptimas,

adecuadas y mínimas” para su desarrollo, desenvolvimiento y movilidad social en

la cual el bienestar físico, biológico, psicológico, emocional y social constituyen los

componentes centrales que lo articulan, lo estructuran y lo dinamizan en los

espacios micro y macro de la sociedad y el Estado colombiano.

Es precisamente en este punto donde la Gerencia Social desempeña una función

de responsabilidad política determinante para que su aporte sea efectivo en la

posibilidad de construir colectivamente un mejor futuro para la sociedad

colombiana.

Es en el escenario de la Políticas Públicas donde la Gerencia Social debe tener

participación activa, responsable, crítica y propositiva y para el caso especial de

los reinsertados con discapacidad originada por el Conflicto Armado Interno, una

garantía de mejores condiciones de vida bajo la condición de una particular

discapacidad.

Es en la familia, en el individuo, en las comunidades, en la diversidad de grupos,

en las colectividades y por supuesto en lo social donde los efectos y las

expresiones del Conflicto Armado Interno adquieren matices de elevada

importancia que orientan y determinan las acciones o decisiones del Estado y de

7 Entre los cuales se podrían destacar Alejo Vargas Velásquez, Álvaro Tirado Mejía, Bertha Lucía Castaño, Jorge Luis Garay, Marco A. Romero, entre otros.

27

sus representantes frente a ésta. “[...] Lo social es una producción humana que se

modifica a través del tiempo. Es proceso y es producto, por lo tanto su naturaleza

es histórica, propia de una cultura y una sociedad.

Y es también la necesidad biológica de vivir en compañía, de estar con los otros.

[...]”8

Es en el espacio de lo social , de las relaciones entre las personas donde fluyen

variedad de significantes y significados en torno al Conflicto Armado Interno

colombiano; constituyendo así el escenario en el cual a través de las relaciones,

de las interacciones e intercambios de complejo orden (real – simbólico e

imaginario), la actitud de los colombianos problematiza con mayor fuerza la

situación de Conflicto Armado Interno o por el contrario, asume una posición y una

mirada distinta que abre la posibilidad de transformar y orientar otras vías de

“solución” diferentes a la identificación con la violencia, la aniquilación, la

destrucción o el desconocimiento absoluto de los otros.

Además, en el espacio de lo social se encuentra inserta la salud mental como una

de las expresiones del proyecto de desarrollo y como producto también de un

proceso histórico que para nuestro caso ésta se ha visto marcada, influida y

determinada por una serie de sucesos violentos aparentemente olvidados por la

sociedad pero que al realizar una observación un poco más exhaustiva identifico y

caracterizo que este olvido tiene tres expresiones.

Por una parte, alude a un olvido o a un borramiento intencional y estratégico de

ciertos grupos del Estado y de la sociedad, para quienes el Conflicto Armado

Interno constituye una actividad productiva y rentable a expensas de los costos y

expresiones sociales, económicas y políticas que representa. Por otra, la excusa o

8 KISNERMAN, Natalio. Pensar el Trabajo Social: Una Introducción desde el Construccionismo. Editorial Lumen Humanitas. Páginas 135 – 36.

28

el pretexto perfecto para recrudecer las acciones bélicas y militares sin restricción

y contemplación alguna.

En nuestro país se olvida por conveniencia pero no se perdona, se vive atado a

una cadena en la que permanentemente se pasa la cuenta de cobro y este

comportamiento se refleja en todos y en cada uno de los espacios de la

cotidianidad de los colombianos.

La última expresión de dicho olvido es la apatía, la invisibilidad e insensibilidad

social manifestada en el encapsulamiento propio o particular de cada quien en su

cotidianidad diaria, delegando su responsabilidad como ciudadano a los

representantes del Gobierno y a su mandatario central, quienes han demostrado

que sus acciones no han sido las más adecuadas para la sociedad del común y

sobre todo para las comunidades y los territorios focos de enfrentamientos

directos y armados del Conflicto Armado interno. En un Conflicto Armado Interno siempre hay varias partes, como mínimo dos. En

el Conflicto Armado Interno que hay en Colombia hay dos partes claramente

diferenciadas y enfrentadas: El Estado —opresor, terrorista, oligárquico, fascista y

dictatorial— por una parte, y el Movimiento Insurgente —narcoterrorista,

bandolerizado y desfazado— por la otra, y según las mutuas calificaciones que se

dan entre ambas partes.

En este orden de ideas es pertinente preguntarse por la responsabilidad

humanitaria del Movimiento Insurgente —en cuanto parte en el Conflicto Armado

Interno— en relación con los guerrilleros heridos, enfermos, mutilados, sicóticos

que se producen entre ellos; pues sin lugar a dudas la responsabilidad política y

humanitaria que implica hacer parte directa en los enfrentamientos armados, hace

un llamado público a la crítica política y humanitaria en relación con la población

discapacitada que produce los movimientos insurgentes al margen de la ley.

29

Es preciso que asuman su responsabilidad en el marco de una paz integral no

sólo para quienes han causado daño, sino para quienes también como

combatientes experimentan los rigores de su paso por el conflicto armado. La

responsabilidad no es exclusividad del Estado sino por el contrario es un asunto

que también les atañe y los implica directamente.

Por ejemplo, durante el gobierno de Andrés Pastrana se dio la Zona de Despeje

como escenario físico, territorial y político para el proceso de negociación con la

Organización Guerrillera de las FARC, dando prioridad así en este escenario a

este actor armado bajo condiciones particulares de negociación, que difieren con

las del actual gobierno.

En esta administración se focalizó la atención en las FARC con evidentes

acciones permisivas como la suspensión de órdenes de captura, la libre

movilización no controlada de sus integrantes al interior del territorio despejado, la

débil acción estatal y militar; lo cual originó su fortalecimiento económico y militar

basado en las actividades relacionadas con el narcotráfico.

En cambio, en el actual gobierno el proceso se ha orientado a las Organizaciones

de las Autodefensas y Paramilitares con un espacio territorial despejado pero con

la aparente proclama de acción militar, judicial y penal en contra de los integrantes

de estas organizaciones, acompañado paradójicamente del recrudecimiento

desigual y diferenciado de las acciones militares tanto en contra de la Guerrilla

como de las Autodefensas y los Paramilitares, además, de las reformas

propuestas y otras ya puestas en marcha al Estado y a la administración de la

justicia (proyecto de Alternatividad Penal, Estatuto Anticorrupción, entre otros).

A ello se suma que desafortunadamente en la opinión pública del común de la

gente, la actual situación de Conflicto Armado interno se ha reducido a la aparente

sensación de seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional, sin tener en

30

cuenta que una Política Nacional de Paz debe ser integral y conjugar un proyecto

de desarrollo más viable, productivo y competitivo en todos los niveles y que

expanda de forma más equitativa los beneficios de la Globalización.

La influencia de los medios de comunicación y la manipulación de los gremios

económicos han sido definitivas, le han vendido a la sociedad en general una

visión magnificada y falsa de la actual política de Defensa y Seguridad

Democrática que evidentemente no nos defiende a todos, por el contrario nos

ataca, la seguridad no es posible hacerla realidad con la democracia de por medio

y lo más preocupante es que esta política va en clara contravía con el Estado

Social de Derecho en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho

Internacional Humanitario.

Tan sólo estas primeras diferencias entre las Políticas relacionadas directamente

con el tratamiento dado a la situación de Conflicto Armado interno de los dos

gobiernos en mención, son la evidencia de la magnitud que representa para una

sociedad y un Estado el cambio de administración y en el caso especial de los

reinsertados con discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno en su

participación directa como actores armados, este hecho ha marcado

particularidades en su condición social, política y económica en el marco de

Políticas Públicas para la paz.

En el campo concreto de la Políticas Públicas encontramos el sector salud, el cual

juega un papel central para la atención de la población mencionada; ya que ésta

representa una red de apoyo permanente para quienes han visto de una u otra

forma afectada su salud física y psicológica.

Es por ello que se hace necesario conocer y evaluar la red social institucional que

desde el Estado y las diferentes organizaciones formales y no formales brindan

atención a esta población; puesto que ésta representa un escenario donde se

31

concretan las Políticas Públicas relacionadas no sólo con la salud sino con la

atención que presta o no el Estado a dicha población en el marco de la situación

de Conflicto Armado interno.

Al respecto, la Gerencia Social debe asumir el papel de diseñar un modelo de

atención con un enfoque de Salud Integral para esta población, que trascienda la

rehabilitación física e individual a la rehabilitación conjunta con la familia en

primera instancia como la red de apoyo más importante y además, la

reconstrucción y el fortalecimiento constante de redes de apoyo comunitarias e

institucionales que logren garantizar un mejor nivel y una mejor calidad de vida

para la población en mención y sus familias.

Este proceso se hace posible a través del análisis crítico, reflexivo y sobre todo de

carácter propositivo que desde la Gerencia Social se logra realizar en torno a la

realidad colombiana y a las Políticas Públicas de los gobiernos de turno,

abriéndose la ruta a nuevas y/o mejores alternativas.

En un contexto de Conflicto Armado interno como el nuestro de una u otra forma

todos somos productores y receptores recíprocos de las particulares y diversas

expresiones de ésta desde una perspectiva integral de la misma.

El asumir una actitud de víctimas y victimarios polariza y obstaculiza la posibilidad

de comenzar de una vez por todas la formación de sujetos, personas, ciudadanos,

comunidades, grupos, individuos, colectivos y sociedades capaces de reconocer,

aceptar y comprender las consecuencias tanto de sus acciones como de sus

omisiones para así crear y fortalecer la capacidad creativa y propositiva de todos

los que nos encontramos inmersos en este contexto, es decir, la diversidad de

representantes y actores del Estado, el Gobierno, las instituciones y la sociedad

en su totalidad.

32

Es imperativo reconocernos y actuar como promotores y defensores de los

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pero ello mediado

por el cumplimiento eficaz y responsable de nuestros deberes como ciudadanos y

actores sociales y políticos.

Dentro de las perspectivas que abordan descriptiva y analíticamente el Conflicto

Armado Interno en Colombia se identifican y caracterizan los siguientes actores de

carácter militar: El Ejército Colombiano (conformado por sus grupos y organismos

de Seguridad del Estado), Las Organizaciones Guerrilleras y los Grupos

Paramilitares principalmente. El ejército es apenas una parte de la fuerza pública

del Estado. No actúa por sí sólo, ni lo hace de manera autónoma. Es apenas un

órgano del régimen político y actúa con dependencia de las clases dominantes en

los aspectos económico y político. Claro está que las demás Fuerzas de

Seguridad del Estado, también se encuentran involucradas y ejercen acciones

militares de acuerdo a sus rangos de competencia.

Las acciones bélicas entre estos actores en las áreas rurales han venido

originando el constante desplazamiento forzoso no sólo interno puesto que ya se

han presentado algunos casos hacia fronteras con países limítrofes. Estas

comunidades y sus familias se constituyen en receptoras directas de dichos

enfrentamientos militares que sumado a las difíciles condiciones de nivel y calidad

de vida, estas poblaciones afrontan una cruda y preocupante situación.

Ante esta situación Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s), Instituciones

Estatales y otros grupos con sus respectivos planes, programas, proyectos y

acciones puntuales (acciones terapéuticas individuales – grupales, familiares,

entre otras) han logrado de alguna manera atender y dar respuesta al

desplazamiento y a otras problemáticas que de éste se derivan. Sin embargo, aún

bajo las condiciones actuales del país no es posible trabajar en el espacio de la

prevención.

33

Hoy por hoy, se puede identificar a la población civil como un actor en doble vía,

es decir, como receptor directo e indirecto de las expresiones del Conflicto Armado

Interno pero también como reproductor de las estrategias de Conflicto Armado

interno que se implementan a través de la política de Defensa y Seguridad

Democrática del actual gobierno; en donde se involucran a los campesinos de

diferentes regiones del país como soldados regulares e informantes;

contradiciendo por completo algunos de los principios del Estado Social de

Derecho y la garantía de dar cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario y

a los Derechos Humanos como función social inherente al Estado.

El contexto de Conflicto Armado Interno determinado por las esferas mencionadas

anteriormente, complejizan y agudizan con mayor fuerza la actual situación

nacional, local, regional e internacional; puesto que sin duda alguna estos cuatro

ámbitos son estructuradores y dinamizadores de las diferentes relaciones que se

establecen al interior de una sociedad a nivel social, político y económico

principalmente.

La sociedad y el Estado como un sistema interconectado e interdependiente, hace

que las decisiones que se tomen en alguno de sus subsistemas o esferas afecten

directa y determinantemente a las otras. Una decisión política redunda en lo social

y en lo económico inevitablemente, más aún, cuando se trata de Políticas

Públicas.

La crisis social se agudiza, las posibilidades de empleo en las regiones rurales se

ven casi borradas, el desplazamiento a las ciudades aumenta los cordones de

miseria, el acceso a los diferentes servicios sociales se ve notoriamente

restringido y en otros casos se presta con evidentes fallas de calidad y cobertura,

la inversión extranjera es esquiva ante la falta de garantías de seguridad, la

inversión social en salud y en educación pasa a ocupar un segundo plano, las

34

garantías para el ejercicio de las libertades democráticas en algunas partes del

territorio nacional no es posible ejercerlas y en otros lugares se encuentran

supeditadas y en manos de los grupos insurgentes, la violación a los Derechos

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario es de carácter sistemático.

Son en estos niveles en los cuales la multiplicidad de causas, factores, actores,

escenarios, tiempos, expresiones y efectos logran dar cuenta de cómo el contexto

de Conflicto Armado interno puede a través de dos vías introducir significativas

transformaciones o cambios o de lo contrario, obstaculizar y detener procesos al

interior de la sociedad.

Estas posibles modificaciones y estancamientos adquieren particularidades

dependiendo del proceso histórico y cultural del un Estado y una sociedad

determinada, incluso, de la etapa histórica actual por la que esté atravesando.

Este último elemento de análisis es fundamental tenerlo presente en este tipo de

abordajes y temáticas; ya que constituye desde una perspectiva histórica uno de

sus pilares centrales permitiendo comprender la dinámica de dichos cambios y

estancamientos.

Para el caso de Colombia identifico y caracterizo a grosso modo estas dos vías:

La primera, la sociedad y el Estado se organizan en torno a la situación de

Conflicto Armado interno para apoyarla o hacer parte de ella directa o

indirectamente o, para rechazarla o repudiarla por medio de organizaciones

sociales de base, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), actividades de

protesta, creación y fortalecimiento de nuevas organizaciones, propuestas de

proyectos de ley unas de orden punitivo y paliativo y, otras de reparación o

restauración social y moral.

35

Por ejemplo, cuando la sociedad se estructura bajo las condiciones y parámetros

propios del contexto de Conflicto Armado interno las decisiones y acciones

Estatales adquieren una serie de particularidades que se evidencian en el

acontecer diario del país . Entre las cuales se destacan las siguientes:

v La intervención social del Estado se dirige enfáticamente a la post-atención

de las consecuencias del Conflicto Armado Interno porque la crisis de

legitimidad que caracteriza a nuestro Estado colombiano, no garantiza las

posibilidades y condiciones para trabajar en el área de la prevención.

v La intervención social del Estado se ve reducida significativamente; puesto

que ésta se encuentra supeditada y condicionada a la dinámica del

Conflicto Armado Interno .

v Además de verse afectada la economía perjudicando las principales

actividades económicas consideradas como motoras de ésta, se ve

obligada y sujeta a responder a las exigencias o demandas de inversión y

de gasto que el Conflicto Armado Interno requiere para sostenerse sin

importar cual sea su causa y el costo social que ello representa.

En los anteriores aspectos se resalta las decisiones del Estado en un escenario de

Conflicto Armado, sin embargo, es preciso aclarar que la misma situación o

condición aplica para los demás actores, sin perder de vista que éste “es un

enfrentamiento continuo y sostenido entre dos o más partes que recurren a la

fuerza para dirimir la controversia suscitada por la oposición entre sus voluntades,

intereses o puntos de vista”.9

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Lo que Usted debe saber sobre el Derecho Internacional Humanitario. Página 4.

36

Tanto las actividades económicas macro como las micro paulatinamente se han

venido envolviendo en la lógica del Conflicto Armado Interno haciendo de éstas los

engranajes que dan movimiento a una economía de Conflicto Armado interno.

A ello se suma que el Estado prioriza la inversión y el presupuesto a sus

Instituciones Militares y Fuerzas Armadas, generando así una situación paradójica

en la cual el Estado es partícipe y responsable directo en la agudización del

Conflicto Armado ; ya que en su afán de contrarrestarlo y exterminarlo se sumerge

como Estado y arrastra a la sociedad en general a esta situación y condición; no

sólo como enfrentamiento, confrontación o lucha armada sino también generando

otros escenarios de Conflicto Armado interno tan complejos como la urbanización

del mismo.

Entre éstos tenemos el urbano donde el Conflicto Armado Interno de pandillas

cobra gran fuerza y relevancia, los actores de la lucha armada se trasladan

estratégicamente a los centros urbanos ubicándose en diferentes sectores de la

sociedad permeando la cotidianidad de barrios completos, involucrando y

afectando la vida comunitaria, grupal, colectiva, social, individual y familiar de sus

habitantes.

En este escenario, los niños y los jóvenes constituyen el grupo poblacional más

“llamativo y propicio” para ser de algún modo parte del Conflicto Armado Interno

que se podría denominar urbano.

Otro escenario lo constituye el Sistema Penitenciario y Carcelario que en su in-

terior vive las más paupérrimas condiciones de vida y la permanente violación a

los Derechos Humanos. Es central resaltar que allí se encuentran y congregan en

37

un modo o estilo particular de vida diversidad de actores directos e indirectos10 de

los diferentes espacios y expresiones del Conflicto Armado Interno en Colombia.

A partir de lo anteriormente planteado, se logra destacar que en un proceso de

retroalimentación estos escenarios son en gran parte la manifestación del contexto

general de Conflicto Armado interno y viceversa; porque el sistema estatal y social

en su conjunto es cambiante, dinámico y determinante entre sí.

La segunda vía de expresión del Conflicto Armado Interno alude a una

desestructuración hasta el punto de plantearse y aceptar la necesidad de re-valuar

cada una de las prácticas sociales, políticas, económicas, estatales,

gubernamentales, institucionales y cotidianas; teniéndose así que enfrentar a

profundas paradojas o contradicciones propias e inherentes al proceso de

formación histórica de un Estado y una sociedad.

El Conflicto Armado interno en nuestro país constituye y representa tanto un

producto como un productor de un proceso histórico que por más de cinco

décadas ha marcado y determinado las representaciones sociales11 existentes en

torno a la sociedad colombiana.

Sin embargo, es pertinente recordar que una de las principales características de

un Estado y de su sociedad es que éstas son mutables y en esta misma medida

10 Los actores directos son aquellos que con sus acciones otorgan forma, contenido y movilidad al Conflicto Armado Interno, por ejemplo, el narcotráfico como fuente central de financiación. Los actores indirectos son aquellos que se pueden considerar como expresiones de esa gran maquinaria que caracteriza al Conflicto Armado Interno en Colombia y que finalmente terminan siendo colaboradores o partículas integrantes de dicha máquina, por ejemplo, los grupos de delincuencia común, las pandillas y los pequeños traficantes de droga y armas. 11 “[...] fenómeno social a partir del cual se construyen las representaciones individuales. Al trascender a los individuos particulares, forman parte de la cultura de una sociedad. [...]”. DURKHEIM, Emilio. Representaciones Individuales y Representaciones Colectivas, en Revista de metafísica y de moral, No. 4, páginas 273 – 302. París, 1898. “[...] son pensamientos constituidos y pensamientos constituyentes porque no sólo reflejan la realidad, sino que informan sobre los rasgos de la sociedad en la que se han formado [...]”. IBAÑEZ, Tomás. Representaciones Sociales. Teoría y Método, incluido en Psicología Social Construccionista. Universidad de Guadalajara, México, 1994. Página 216.

38

(aunque paulatina y lentamente); dichas representaciones sociales han venido

experimentando variaciones de re-construcción y de-construcción de las mismas;

exigiendo así a los diferentes paradigmas y enfoques teórico-conceptuales,

metodológicos y axiológicos articular e integrar la variedad de perspectivas de

abordaje a cerca del Conflicto Armado Interno; para lograr una mirada más integral

de ésta y desarrollar estrategias de intervención que den respuestas y alternativas

viables de transformación en las cuales cada uno de los sujetos individual y

colectivamente sean miembros activos.

Las representaciones sociales según los desarrollos y aportes de Durkheim e

Ibáñez; leídos bajo óptica del Conflicto Armado Interno en Colombia cumplen

funciones claves entre las cuales se destacan:

v El conocimiento socialmente construido y compartido frente al contexto de

Conflicto Armado interno .

v La mirada particular de comprender, interpretar, actuar y posicionarnos ante

el Conflicto Armado Interno y sus actores.

v Contribuyen a configurar la realidad, a producir efectos y procesos sociales

v Legitiman el orden social establecido

v Conforman las identidades personales y sociales

v Configuran y expresan las características de los grupos.

Estas funciones innegablemente dan forma y movimiento al Conflicto Armado

Interno en el país ubicando a sus participantes, discursos y acciones de modo

particular, entonces, hay variedad de representaciones sociales al interior del país

39

pero también existen desde “afuera – el exterior” a cerca de la situación de

Colombia y paradójicamente multiplicidad de representaciones sociales tantas

como actores, causas, consecuencias, expresiones, escenarios, temporalidades,

contextos, entre otros, hay alrededor del Conflicto Armado Interno colombiano.

Sobre la mirada del exterior y más exactamente de los actores internacionales,

dichas representaciones toman fuerza en la medida que legitiman la intervención

extranjera en los asuntos de carácter nacional; los cuales finalmente se

convierten de interés internacional ya que los diversos conflictos por los que

atraviesan países como el nuestro y otros del Medio Oriente, representan un punto

de atención prioritaria para países como Estados Unidos.

La Política de Defensa y Seguridad Democrática es el más claro reflejo de la

política de Guerra declarada de los Estados Unidos en Colombia y con mayor

fuerza después de los atentados a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre de

2002, éstas símbolo del poderío económico y financiero de esta potencia. Por

supuesto que este acontecimiento va unido a una serie de sucesos alrededor del

mundo.

Esta multiplicidad de representaciones sociales en el marco de la pluralidad

origina que contradictoria y problemáticamente coexistan bajo la modalidad de

conflicto, violencia y Conflicto Armado interno, prolongada variedad de modos o

estilos de vida; unos de acuerdo a los parámetros y ordenes sociales pre –

establecidos, otros emergentes y controversiales que ponen entre dicho los

modelos tradicionales o conservadores aún reproducidos por el Estado y la

sociedad a través de las relaciones propias que la constituyen.

A ello se suma que “posiblemente” en un futuro halla un “acuerdo” sobre el

Conflicto Armado Interno en Colombia y que junto con sus diferentes modalidades

de ejercicio y expresión deben cesar o acabar definitivamente, pero así como

40

existe diversidad de representaciones sociales sobre el Conflicto Armado Interno

en sí; también las hay a cerca de las vías o caminos de solución.

Dicha diversidad de propuestas difieren la una de la otra, de un actor a otro y ello

se encuentra determinado por la relevancia de su posición en el Conflicto Armado

Interno y por la experiencia individual y grupal. Basta con revisar y analizar los

discursos de la sociedad civil12, el Ejército, la Guerrilla, los Paramilitares, los

partidos políticos, los reinsertados, los militares en retiro, grupos universitarios o

académicos, sindicatos, ONG´s, intelectuales, escritores, periodistas, entre otros;

cada quien habla y propone una salida al Conflicto Armado Interno según su visión

y experiencia directa e indirecta como individuo, grupo o sociedad.

Las consideraciones generales abordadas anteriormente, presentaron de manera

global las categorías de análisis que orientan este trabajo y que buscan dar

cumplimiento a los objetivos planteados.

12 Considero a la sociedad civil como aquella que no constituye ni representa un actor militar armado dentro del escenario del Conflicto Interno. La sociedad civil se ve involucrada por los actores militares armados.

41

3. JUSTIFICACIÓN

Son cinco las razones centrales que sustentan la realización de este trabajo en el

escenario de la Gerencia Social y las Políticas Públicas.

La primera, es la emergente situación actual y coyuntural por la que atraviesa el

país y la cual hace un llamado imperativo a la construcción conjunta e integral de

alternativas de estudio e intervención en torno al Conflicto Armado Interno y a sus

actores militares armados, como ciudadanos colombianos y lo que esto debe

representar para un Estado Social de Derecho.

Constituye un compromiso y una responsabilidad social, política, profesional, ética

y moral de todos aquellos a los que nos preocupa y compete como ciudadanos y

como profesionales la formulación y ejecución de Políticas Públicas de un país en

situación de Conflicto Armado interno.

La segunda, es la importancia de trabajar no sólo con las víctimas directas del

Conflicto Armado Interno sino también planear, ejecutar y evaluar desde las

Políticas Públicas un trabajo conjunto con otros grupos poblacionales o actores

que de una u otra manera estructuran y dinamizan el Conflicto Armado Interno

colombiano.

Entre ellos están los actores o sujetos desvinculados y los militares en retiro, dos

grupos que adquieren características y dimensiones de movilidad social muy

particulares en nuestro contexto de Conflicto Armado Interno. Para el caso

específico de los militares en retiro se requiere un estudio o una investigación

particularizada.

Mi interés académico, investigativo y profesional por este grupo se origina y

fortalece porque considero que una situación y un contexto de Conflicto Armado

42

Interno exige ser dimensionado y comprendido en sus dos caras o rostros, o de lo

contrario, se realizaría una lectura polarizada y extremista de víctimas y victimarios

sin atender a la complejidad de esta situación socialmente problemática y de un

alto grado de prioridad de atención.

Estos sujetos en un primer momento se configuraban como “victimarios y

productores de actos de Conflicto Armado interno y barbarie”, en el caso de los

reinsertados en nombre de una causa y una lucha justa. Los miembros de las filas

del Ejército en nombre del Estado y la seguridad nacional. En segunda instancia,

está el paso de la vía armada a la vida civil de los reinsertados con toda su

diversidad de implicaciones subjetivas, familiares, comunitarias, colectivas,

sociales, políticas, económicas y jurídicas. Además, su responsabilidad

humanitaria como generador de población discapacitada.

Sobre los militares en retiro poco y nada se menciona de su verdadero papel en

este Conflicto Armado interno, por ejemplo se escucha hablar de ellos en tiempo

de elecciones y de reinados de belleza a través de la televisión como “pantallazo y

propaganda” visitándolos en los hospitales, clínicas o centros de rehabilitación. En

otros casos los que ocuparon altos cargos en la institución militar se lanzan a la

política para ahora “jugarle y apostarle” al Conflicto Armado Interno desde este

escenario.

La tercera razón refiere a la coherencia en mi proceso de formación académica y

profesional como Trabajadora Social y en la actualidad como especialista en

Gerencia Social, especialización que me ha brindado herramientas metodológicas

y de análisis del contexto nacional e internacional con el fortalecimiento de una

mirada integral de mi entorno.

43

Con una actitud y disposición abierta, crítica, reflexiva y propositiva permanente a

cambios teórico – conceptuales y metodológicos que enriquezcan y fortalezcan mi

proceso integral de formación profesional y humana.

La cuarta, es el aporte a las instituciones que a nivel Distrital atienden y trabajan

con estos sujetos de forma individual e igualmente con sus familias. Este aporte

constituye sugerencias, recomendaciones y propuestas de carácter evaluativo,

crítico y propositivo con el objetivo de originar y afianzar las redes de apoyo.

La quinta razón porque representa un medio y un espacio para continuar sacando

a la luz pública que el Conflicto Armado Interno colombiano es mucho más que el

conflicto armado, que todos como sociedad sin importar nuestra condición o

posición social por elección voluntaria, involuntaria, directa e indirecta nos

encontramos inmersos en él, que nuestras acciones y omisiones innegablemente

tienen sus consecuencias.

Como ciudadanos de deberes y derechos hacemos parte de un colectivo, de un

grupo, de una familia y de una comunidad en donde los hilos menos esperados de

las redes sociales, comunitarias, familiares e institucionales se pueden romper o

sufrir cambios definitivos y determinantes para todos nosotros y ante ello no

podemos dar la espalda.

La reiterada mención de una Política Pública con un Enfoque Integral de Salud

Mental en un contexto de Conflicto Armado Interno como el colombiano, responde

ante todo a un interés académico y profesional particular, de retomar con toda la

pertinencia social, metodológica y disciplinar que implica para la Gerencia Social

su relación con el área de la salud mental.

El contemplar desde un enfoque integral la salud mental que transcienda de lo

individual, clínico y médico a lo familiar, comunitario y al espacio de las relaciones

44

humanas, el Gerente Social tiene un enriquecedor espacio de intervención ya que

su perfil en el trabajo individual, familiar, comunitario y laboral le posibilita

integrarse y dinamizar procesos en el área de salud mental pues ésta se

encuentra en todos y cada uno de dichos espacios.

La pertinencia social de este tipo de abordaje se encuentra referida a la exigencia

de atender al llamado a la crítica situación social por la cual atraviesa la gran

mayoría de la población colombiana, originada y expresada por el Conflicto

Armado Interno al interior del país y la cual afecta notoriamente la salud mental y

el desenvolvimiento social de los colombianos, entre ellos se encuentran los

reinsertados y los exmilitares como una población con un alto grado de

vulnerabilidad.

Ello requiere que metodológica y disciplinarmente la Gerencia Social, además de

fortalecer sus propios escenarios de intervención, de nuevo incluya en su

formación académica las categorías y elementos de análisis inherentes al proceso

de la salud mental que pueden llegar a ser abordados; pues esto le permite con

mayor criterio y firmeza el trabajo interdisciplinario con profesionales como

médicos, enfermeras, psiquíatras, entre otros del área de la salud.

Del proceso de formación académica, profesional y de nuestra actitud o

posicionamiento depende que nuestro aporte e intervención en la salud mental

desde las Políticas Públicas sea reconocido, valorado y cualificado por los

profesionales en mención y por la población en general. En este caso el trabajo

específico con los reinsertados con discapacidad causada por el Conflicto Armado

Interno.

45

4. OBJETIVOS GENERALES

v Realizar un análisis del contexto del Conflicto Armado Interno en Colombia

y su relación con las Políticas Públicas de Atención en Salud para la

población Reinsertada con Discapacidad, durante las administraciones de

Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

v Realizar un análisis crítico y propositivo de la Red Social Institucional que

brinda apoyo a la población en mención.

v Realizar una propuesta metodológica de intervención integral para esta

población desde la Gerencia Social con un Enfoque Sistémico de Salud

Mental en un Contexto de Conflicto Armado interno.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

v Identificar y caracterizar las principales diferencias e implicaciones

sociales, políticas y económicas de las Políticas Públicas de Atención en

Salud para la población reinsertada con discapacidad causada por el

Conflicto Armado Interno, durante los gobiernos de Andrés Pastrana y

Álvaro Uribe.

v Identificar y describir los programas de atención y estrategias de

intervención de la Red Social Institucional que brinda atención a la

población en mención.

v Realizar el análisis y evaluación previa de los aportes elaborados durante

el desarrollo de la temática para elaborar la propuesta metodológica de

intervención desde la Gerencia Social con un Enfoque Integral de Salud

Mental en un Contexto de Conflicto Armado interno.

46

6. ALGUNAS PERSPECTIVAS SOBRE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN

COLOMBIA

Alrededor de la situación de Conflicto Armado interno y del país se han realizado

estudios o investigaciones que desde diversidad de perspectivas logran dar cuenta

de la complejidad social, económica, política e histórica que ha venido

estructurando y dinamizando de modo particular al Estado y a la sociedad

colombiana en su conjunto.

Algunas de estas perspectivas son las de carácter histórico, estructural y

coyuntural que aborda la situación de Conflicto Armado interno a partir de

elementos y análisis propios de cada una. Sin embargo, dada la complejidad de

escenarios, actores y expresiones del Conflicto Armado Interno en Colombia estos

elementos o componentes analíticos se conjugan y entrecruzan entre sí; revelando

su interconexión e influencia recíproca en los espacios macro y micro de la

sociedad y del Estado.

A continuación se presentan los aportes o desarrollos más relevantes de la

perspectiva histórica, de la coyuntural y la estructural de algunos autores

consultados acerca del Conflicto Armado Interno en Colombia.

6.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA

Esta perspectiva se caracteriza principalmente por retomar los acontecimientos

sobre el Conflicto Armado Interno que durante la historia del país han delineado

gran parte de su vida social y política; que enriquecida con un abordaje

retrospectivo y prospectivo sobre el devenir histórico de Colombia; permite

evidenciar las continuidades y discontinuidades del Conflicto Armado Interno que

por un lado la han agudizado y por otro, han obstaculizado los intentos de una

proceso de negociación política.

47

Hay diferentes e importantes autores que elaboran y desarrollan su lectura del

Conflicto Armado Interno a partir de dichas características, uno de estos

reconocidos autores es Alejo Vargas Velásquez quien también con elementos de

tipo histórico construye su mirada en torno a esta temática; conjugando los

contextos nacionales, regionales, locales internacionales con su ya conocidos

aportes a la relación entre política-poder-violencia y guerrillas.

El gran aporte de este autor es que además de presentar hechos históricos

relevantes desde una óptica crítica, analítica y reflexiva, reinterpreta y

redimensiona con sentido no sólo la dimensión histórica sino también la coyuntural

y la estructural con una proyección propositiva a una salida de la situación de

Conflicto Armado interno .

En palabras de Alejo Vargas:

[...] lo que podríamos denominar esas raíces históricas que nos explican

no sólo el conflicto armado, sino la multiplicidad de violencias que

atraviesa nuestra sociedad, y también para reivindicar la tesis de la

naturaleza política de la violencia asociada al conflicto armado entre

guerrilla y Estado, que es la única razón ética y política que explica por

qué esta violencia es posible resolverla de manera negociada. [...]13.

Las organizaciones guerrillas armadas a lo largo de la historia han jugado

un papel fundamental en la estructura y la dinámica del Conflicto Armado

Interno en el país; materializando la relación mencionada anteriormente

entre política y violencia: “[...] en el caso colombiano podríamos señalar

que la relación entre política y violencia ha sido bastante persistente en el

13 Publicado en Democracia, Proceso de Paz en Colombia: un debate desde la Academia Editor Roberto González. Ediciones Uninorte. Barranquilla, Colombia, 2000. p. 3

48

largo plazo. Por eso de alguna manera podríamos afirmar que las

guerrillas que surgen en los años sesenta, y que son la matriz actual del

conflicto armado, son si se quiere, herederas de una larga tradición en la

relación entre política y violencia en Colombia [...]”14.

Dentro de una lectura integral y articulada del Conflicto Armado Interno en el país

este autor hace mención a elementos de orden externo e interno que se pueden

considerar como intervinientes y desencadenantes del surgimiento de las

guerrillas comienzos de los años sesenta.

Los externos como la Guerra Fría, la Revolución Cubana y Ruptura Chino

soviética y los internos como los remanentes de las guerrillas liberales,

surgimiento de una nueva izquierda marxista distintas al Partido Comunista

tradicional, el Frente Nacional, la radicalización política de sectores juveniles

especialmente universitarios, el renacer del problema agrario y la radicalización

de sectores sindicales, el sindicalismo petrolero.

A veces se olvida que las luchas campesinas por la tierra en los años 20, 30 y 40

del siglo pasado son el antecedente directo del surgimiento del movimiento obrero

y campesino que es la base de la guerrilla. La violencia política de los años 50 fue

también contra los comunistas, socialistas, sindicalistas y el pueblo liberal, más

que contra los oligarcas liberales a quienes Laureano Gómez y los conservadores

consideraron siempre iguales o “peores” que los mismos comunistas.

En estos escenarios de lo externo y lo interno son dos los grandes procesos que

dan origen a los grupos guerrilleros en Colombia:

[...] Un proceso primariamente político que se entrecruza a posteriori o

simultáneamente, con dinámicas sociales y regionales que le aportan el 14 Ibid., p. 5.

49

tejido social en el cual se implantan y desarrollan. Es lo que podríamos

denominar la violencia política que busca transformarse en revolucionaria,

y es un proceso en el cual prima la decisión política de iniciar una larga

marcha hacia la construcción de un acto militar alternativo al Estado, que

lo confronte y le dispute su influencia política y, eventualmente, lo

sustituya. En esta primera categoría ubicaríamos claramente los casos

del ELN, el EPL y posteriormente del M-19.

El segundo, en el cual sería ubicable el caso de las FARC, hace

referencia a aquellos procesos primariamente ligados a dinámicas

sociales y regionales que se han desarrollado, básicamente, por la

defensa de formas de organización social y del territorio y que, en forma

paulatina, se transforman y entrecruzan con dinámicas cuyos referentes

son políticos nacionales. Son, por así decirlo, modalidades iniciales de

autodefensa que, progresivamente, se convierten en proyectos políticos

de carácter nacional; allí podríamos decir que es a partir de formas de

violencia más de carácter comunitario que se transforman en

modalidades de acción revolucionaria [...]15.

Como se mencionó con anterioridad dada la complejidad y características del

Conflicto Armado Interno en país, la perspectiva histórica se ve significativamente

enriquecida por la perspectiva estructural y coyuntural, la cual denota la

agudización de la situación de Conflicto Armado interno , la aparición de actores y

escenarios que movilizan y problematizan con mayor fuerza las condiciones

políticas, sociales y económicas en Colombia.

15 Ibid., p. 13.

50

6.2 PERSPECTIVA ESTRUCTURAL Y COYUNTURAL

Luis Jorge Garay en su libro Construcción de una Nueva Sociedad16 identifica

cuatro frentes de la crisis; en donde las diferentes problemáticas sociales,

económicas y políticas principalmente encuentran vías de expresión. Estos frentes

son:

6.2.1 Subordinación de lo Público

Entendida como la subordinación de lo público a favor de intereses privados

privilegiados y excluyentes que han adquirido poder político, económico, cultural y

social; por medios tanto legítimos como ilegítimos.

La marcada ausencia del sentido de lo público ha ido permeando la forma de

proceder, en comportamiento y la conducta de los ciudadanos, privilegiando

intereses individuales sobre el llamado “Bien Común”.

6.2.2 Deslegitimación del Estado

Hace referencia al resquebrajamiento de funciones y responsabilidades básicas e

inalienables de un Estado Democrático, algunas de ellas son:

• Garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos

• Propender por la preservación del orden instituido en el ordenamiento

político y social.

• Velar por la integridad territorial

16 Publicado por Tercer Mundo Ed itores. Bogotá, D.C., 1999.

51

• Asegurar la prevalecía de la ley en derecho y el monopolio en la aplicación

de la justicia.

6.2.3 Pérdida de convivencia ciudadana

Se caracteriza básicamente por:

• Ruptura de las reglas básicas de convivencia

• Creciente uso de la fuerza, la coacción y el poder de unos grupos

poderosos sobre otros grupos de la población.

• Deterioro de comportamientos y conductas en los diferentes niveles de

relación e intercambio social (ciudadano-ciudadano, ciudadano, Estado,

ciudadano-sociedad).

• Violación a normas, procedimientos y disposiciones jurídicas y políticas

establecidas.

6.2.4 Conflicto armado, ilegalidad y narcotráfico

Constituyen una triada indisoluble en directa relación con las actividades de los

grupos armados al margen de la ley como la guerrilla y los paramilitares; que a

través del narcotráfico financian el aparato del Conflicto Armado Interno y permean

la conducción de las acciones políticas, económicas y culturales de la sociedad

colombiana.

Revisemos otros aportes teóricos y conceptuales en torno al concepto de Conflicto

Armado interno elaborados por autores como Karl Van Clausewitz, Sigmund

52

Freud, Edgar Barrero Cuellar y Jairo H. Gómez E.17, quienes plantean

características generales de una Conflicto Armado interno como en el caso de los

dos primeros autores y, los dos últimos a partir del ámbito internacional llegan al

contexto colombiano.

“[...]el Conflicto Armado Interno es, en consecuencia, un acto de fuerza para

imponer nuestra voluntad al adversario [...]”18. De esta definición se pueden

resaltar los siguientes elementos:

• La fuerza (física) como medio un golpe con duración

• la imposición de la voluntad al otro como el objetivo

• La configuración de un adversario o enemigo el Conflicto Armado Interno

nunca es un acto aislado.

• No existe límite para la aplicación de dicha fuerza

• El propósito de la acción militar es desarmar al enemigo acción militar de

carácter continuo.

En este mismo orden de ideas Clausewitz identifica lo que él denomina acciones

recíprocas en el contexto de Conflicto Armado interno, a saber:

ACCIÓN PRECÍPROCA DEFINICIÓN

Primera

Cada adversario fuerza la mano del otro y esto

redunda en acciones recíprocas teóricamente

ilimitadas. Esta es la primera acción recíproca

que se presenta y el primer extremo.

17 Clausewitz fue un General Prusiano (1780-1831) que desde su formación y experiencia militar teorizó sobre las situaciones de guerra de su época. Freud con sus aportes y desarrollos psicoanalíticos aborda esta temática. Barrero Cuellar es Psicólogo social y profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Jairo Gómez es profesor de la Universidad Distrital del Seminario de Didáctica de Ciencias Sociales. 18 CLAUSEWITZ, Karl V. Del. Editorial Labor. Barcelona, 1992. P. 12.

53

Segunda

Mientras no haya derrotado a mi adversario debo

temer que él pueda derrotarme. Ya no soy, pues,

dueño de mi mismo, sino que él fuerza mi mano

como fuerzo la suya. Esta es la segunda acción

recíproca que conduce a un segundo extremo.

Tercera

Nuestro adversario procede del mismo modo y

surge así entre nosotros una nueva puja que

desde el punto de vista de la teoría pura lleva

una vez más a un punto extremo. Esta es la

tercera acción recíproca que se encuentra y el

tercer extremo19.

En el espacio de lo político este autor afirma que: “[...]el Conflicto Armado Interno

no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una

continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios

[...]”20. Esta afirmación nos remite a:

• El objetivo político aparece en un primer plano

• El objetivo político como una causa del Conflicto Armado Interno

• El objetivo político se alcanza a través de la acción militar

• El propósito político es el objetivo y el Conflicto Armado Interno el medio.

Para Freud a quien se le puede considerar un visionario alrededor de diferentes

temas entre éstos el del Conflicto Armado Interno; nos dice en el marco de la

Primera Conflicto Armado interno Mundial que ésta es: más sangrienta ,

devastadora, cruel, encarnizada, inmisericorde, trasgresora de todas las

restricciones del Derecho Internacional, perfeccionada, poderosa y arrasadora.

19 Ibid, p. 15-17. 20 Ibid., p. 37.

54

Lo interesante de estas características es que son expresadas21 por Freud más o

menos entre marzo y abril de 1915, unos seis meses después del estallido de la

Primera Conflicto Armado interno Mundial, características que en la actualidad

estructuran y dinamizan el Conflicto Armado Interno en Colombia y por supuesto

en el resto del mundo.

Bajo la perspectiva Psicosocial se identifican tres características psicosociales del

Conflicto Armado Interno; retomadas por Jairo Gómez a partir de los trabajos de

Martín Baró.

Estas tres características propuestas por Martín Baró se presentan y

representan socialmente de diferente manera en los países que se

encuentran en Conflicto Armado interno. Por ejemplo, si bien es sabido

y comprobado que la utilización de la violencia no es atribuible ni a

pulsiones destructivas, personalidades psicópatas o a una maldad

demoníaca sino simplemente a su valor instrumental en una

determinada situación para la consecución de lo que se pretende, los

actos violentos pueden ser utilizados por los imagólogos para identificar

la razón, el diálogo o el consenso y promover representaciones sociales

que incorporan a su núcleo figurativo cualesquiera de esas tres causas o

las tres.

Para el caso de la polarización, entendida como “el desquiciamiento de

los grupos hacia extremos opuestos”, la representación social alcanza

unos niveles de ontologización y naturalización de ese objeto llamado

Conflicto Armado interno que desvirtúan completamente su verdadera

naturaleza al punto que las personas, los hechos y las cosas ya no 21 Estos planteamientos de Freud se encuentran en sus dos ensayos “La desilusión provocada por el Conflicto Armado Interno y Nuestra actitud hacia la muerte”, publicados en De Conflicto Armado interno y Muerte Temas de Actualidad (1915). Obras Completas Tomo XIV. Buenos Aires. Amorrortu, 1976. P. 275 – 303.

55

miden por lo que son en sí, sino por si son nuestras o de ellos y por lo

que representan a favor o en contra para la confrontación,

desvaneciéndose de esta forma la base de la interacción cotidiana; los

valores dejan de tener vigencia colectiva, e incluso se pierde la

posibilidad de apelar a un “sentido común” ya que son los mismos

presupuestos de la convivencia los que se encuentran sometidos a

juicio.

Finalmente, la mentira como característica del Conflicto Armado Interno

constituye uno de los dispositivos sociales que más desestructura el

campo de representación. En efecto, esa mentira que va desde la

corrupción de las instituciones hasta el engaño intencional del discurso

público, pasando por la mentira recelosa y paranoide con la que la

mayoría de las personas tiende a encubrir sus opiniones y opciones,

impide que los contenidos de las representaciones sociales se

consoliden y organicen en núcleos figurativos estructurados. “La mentira

ha llegado a impregnar de tal manera nuestra existencia, que

terminamos por forjarnos un mundo imaginario, cuya única verdad es

precisamente que se trata de un mundo falso” en palabras de Martín

Baró. De esta forma, la mentira genera una representación falseada de

la representación social circulante, la información es asimilada de

manera sesgada, recortada, las actitudes se fracturan, se escinden; el

pensamiento se colapsa y llega a pensarse de manera tanto lógica que

la violencia es la única solución al problema de la misma violencia, lo

cual, como diría Fouché, eso, más que un crimen, es una estupidez22.

22 GÓMEZ, Jairo. Las Representaciones Sociales del Conflicto Armado Interno. Intervención realizada en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD en el marco de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava Promoción, abril 13 a junio 30 de 2.002. Bogotá, D.C., p. 3.

56

Una propuesta desde la Psicología Social refiere algunas características del

Conflicto Armado Interno globalizada convertida en imaginario y representación

social:

• Es el primer Conflicto Armado interno Mundial única en la historia de

la humanidad: gracias al desarrollo científico y tecnológico puesto al

desarrollo de la carrera armamentista.

• Tiene un carácter imperialista en la medida que busca el control físico

y psicológico de la totalidad humana.

• Es un Conflicto Armado interno contra enemigos invisibles: ilusiones

ópticas, imaginarios y representaciones, Ej. Terrorismo.

• Es un Conflicto Armado interno eminentemente psicológico que actúa

con mecanismos como la esquizofrenia, el miedo y la paranoia.

• Es el Conflicto Armado Interno de las víctimas civiles: en la Primera

Conflicto Armado interno tan sólo el 20% de las víctimas fueron

civiles, hoy las cifras alcanzan el 80%.

• Es el Conflicto Armado Interno de las representaciones sociales:

Ø Naturalización de la violencia: se instala en nuestro cuerpo

Ø Enraizamiento social: penetra todos los espacios cotidianos: los

hechos, los discursos y los deseos.

57

Ø La justificación moral: es buena o mala dependiendo de donde se

ubique el sujeto en el plano de las relaciones de poder: “los rivales

se contemplan en un espejo ético, que invierte las mismas

características y las mismas valoraciones, hasta el punto de que

lo se les reprocha a ellos como defecto se alaba en nosotros

como virtud.

Ø La estructuración cognoscitiva: determina las formas de pensar,

actuar e interrelacionarse a través de múltiples lenguajes. Este

proceso tiene un doble carácter: a) manifiesto: por medio de la

normatividad jurídica, y b) latente: interdicciones simbólicas que

transmiten herencias culturales de forma no consciente.

Ø Lo simbólico ideologizado: red de significaciones e imaginarios

sociales designados y valorados por relaciones de poder

• Es un Conflicto Armado Interno por el control psicológico total:

persuasión, sugestión y coerción.

• Es una Conflicto Armado interno de la deshumanización total:

máquinas deseantes

• Es una Conflicto Armado interno contra la memoria: encubrir con

nuevas imágenes las atrocidades del pasado.

Estas son apenas algunas de las características del Conflicto Armado Interno

psicológica a la que por años nos han venido acostumbrando. Veamos ahora los

efectos psicosociales que ella genera en el contexto colombiano. Para ello se

58

tiene en cuenta la teoría de las representaciones sociales, en tanto mecanismo de

estructuración psicológica.

Ø La exacerbación del prejuicio como mecanismo de valoración: en

el proceso de la vida cotidiana el sujeto incorpora unos esquemas de

significación que regulan sus formas de pensar respecto a los otros.

El problema radica en que dichos esquemas están designados y pre

codificados por relaciones de poder. Quien tiene el poder impone su

forma de pensar. De esta forma, “los prejuicios son representaciones

distorsionadas de la realidad que se constituyen con anterioridad a la

experiencia”, imposibilitando al sujeto la construcción de esquemas de

pensamiento mucho más complejos. Primer síndrome: es más fácil

operar con prejuicios que tener que pensar.

Ø Esquematización y polarización ideológica: incapacidad de

aceptación de opiniones contrarias a la suya. Pobreza intelectual y

dificultad para la construcción de tejido social en medio de la

diversidad y la complejidad. Se prefiere la desaparición del otro antes

que confrontarlo con la razón y el argumento. Segundo síndrome:

incapacidad comunicativa y asunción de la fuerza para resolver los

conflictos.

Ø Anomia naturalizada y justificada: las personas deciden aislarse

voluntariamente de todo lo que sucede a su alrededor. Sólo frente a

hechos que involucren sus intereses individuales asumen posiciones

transitorias pero pusilánimes. Léase por ejemplo el caso de la

llamada sociedad civil colombiana frente al fenómeno del secuestro.

Tercer síndrome: indiferencia evasiva y cómplice que perpetúa las

relaciones del poder.

59

Ø La memoria: con la institucionalización de la mentira u ocultamiento

sistemático de la realidad se va tejiendo también un manto de olvido

en nuestro aparato cognoscitivo. Cuarto síndrome: vivimos de

mentiras y olvido.

Ø La deshumanización y degradación de la condición humana: los

rituales del Conflicto Armado interno que se practican sobre el cuerpo

y la mente del sujeto instalan una nueva concepción de la condición

humana, donde los referentes de significación que nos dejó la

modernidad, se transforman en nuevos valores para la

postmodernidad.

Ø Sentimiento de angustia y pesimismo permanente: lo que hace

unos años era una reflexión filosófica sobre la existencia humana, hoy

es praxis cotidiana. Hay un nuevo existencialismo: la lucha física y

psicológica por la existencia. Quinto síndrome: el hombre de barro:

frágil por fuera y vacío por dentro.

Ø Destrucción de la subjetividad: el Conflicto Armado Interno

psicológico está dejando la subjetividad totalmente fragmentada a

partir de la instalación de un sentimiento permanente de soledad e

instantaneidad en las relaciones sociales.

Ø Impotencia dedestructurante: “tengo un silencio de manos

apretadas en el alma. Tengo un dolor de impotencias que me

aplasta” Impaglione. Se han creado unos referentes de significación

que estructuran pequeñas parcelas cognoscitivas.

Ø Aislamiento extremo de lo social comunitario: el sentimiento de

miedo y desconfianza permanente hacen que el sujeto se refugie en

60

espacios cada vez más reducidos y restringidos. Esto opera para lo

psicológico y lo social23.

En esta revisión grosso modo a cerca de las principales concepciones y

características del Conflicto Armado Interno; proporciona elementos que permiten

ser tenidos en cuenta para abordar la crítica situación del país como un Conflicto

Armado interno que no sólo reúne sino que entrecruza y conecta componentes

sociales, políticos y económicos con componentes de tipo militar. Por ejemplo:

Sin desconocer que en la mayoría de las Conflicto Armado internos se

mueven fundamentalmente intereses y órdenes de tipo político, social y

cultural, cabe resaltar el papel que juega en el Conflicto Armado Interno

actual en Colombia el orden económico. En efecto, desde las batallas

independentistas, los sangrientos Conflictos Armados Internos Civiles

decimonónicos, el Conflicto Armado Interno de los Mil Días con la que

iniciamos el siglo veinte, hasta la llamada época de la violencia, las

órdenes directrices del Conflicto Armado Interno fueron político-

partidistas, cultural-religiosos y social-institucionales. No obstante, es en

el Conflicto Armado Interno actual que se libra donde los intereses se

muestran casi con un objetivo único: el poder económico, el cual, a

diferencia de las otras Conflicto Armado internos, garantiza el ejercicio

del poder total.

El orden económico en el Conflicto Armado Interno se expresa de múltiples

maneras: en el narcotráfico que es su mayor combustible y quien obtiene mayores

réditos de su inversión, en el Ejército que obtiene la mayor tajada del presupuesto

nacional, en la Guerrilla y en los Paramilitares quienes a través del secuestro, el

23 BARRERO, Edgar. Apuntes para una Conferencia sobre Psicología social del Conflicto Armado Interno: Escenarios, Conflicto Armado internos e Ideologías. Intervención realizada en el marco de la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava Promoción en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, abril 12 a junio 30 de 2.000. Bogotá, D.C., p. 10 – 13.

61

boleteo, en la extorsión y el tráfico de armas incrementan sus arcas y su pie de

fuerza a ritmos inconcebibles en otros renglones de la economía nacional, en los

medios de comunicación que mantienen sus altos “rating” de sangre con costosas

inversiones de la empresa privada24.

Dentro de las categorías teóricas y conceptuales de análisis que permiten

comprender en su dimensión holística las implicaciones de un contexto de

Conflicto Armado Interno, está representada por las diferentes perspectivas

alrededor de ésta. Dichas concepciones sin duda alguna inciden en las decisiones

que se tomen en torno a las Políticas Públicas Sociales de Atención para la

población militar armada implicada.

Hasta este punto se ha caracterizado las perspectivas del Conflicto Armado

Interno desde el punto de vista del Estado y las Organizaciones Guerrilleras

principalmente. Por ello, es pertinente además tener en cuenta el punto de vista de

las estructuras Paramilitares que hoy por hoy, son los actores principales de

discusión y de atención del actual gobierno bajo la criticada pero a la vez apoyada

Política de Seguridad democrática.

6.3 PERSPECTIVA PARAMILITAR

Sobre el fenómeno Paramilitar en el país existen estudios que abordan a partir de

diversos enfoques el surgimiento y el desarrollo militar, político y económico de

este actor, el cual ha significado para la historia colombiana un papel decisivo en

la configuración de los escenarios políticos y sociales centralmente.

En términos generales el Paramilitarismo “se define como una actividad de género

subversivo, que nació para lucha en contra de la guerrilla, bajo parámetros de 24 GÓMEZ, Jairo. Las Representaciones Sociales del Conflicto Armado Interno. Intervención realizada en la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Octava Promoción en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, abril 13 a junio 30 de 2.002. Bogotá, D.C., p. 7

62

ideología propia. Se basa en lucha armada, criterio de inconformidad por el

cambio y toma de poder en algunas regiones del país con proyectos de progreso

social. La primera condición para el surgimiento del Paramilitarismo es la debilidad

estructural del Estado Colombiano para imponer a las élites regionales un marco

de conductas democráticas para la resolución del conflicto social.”25

El surgimiento y el escalonado fortalecimiento de las Organizaciones Paramilitares

en zonas de conflicto cruzado con la Guerrilla y las Fuerzas Armadas, han

otorgado una compleja estructura y dinámica del Conflicto Armado Interno,

originando así una creciente crisis al interior de la sociedad colombiana.

De las acciones Paramilitares se logra identificar una serie de consecuencias,

entre las cuales se destacan las siguientes:

• La acción de grupos paramilitares, en regiones donde actúa la guerrilla ha

cambiado el escenario y la dinámica de confrontación armada del país.

• Creación de grupos insurgentes con autonomía con respecto del Estado

• Origen de territorios armados donde el Estado no puede actuar sino como

cómplice de sistemas de justicia privada.

• La justicia aplicada no individualiza responsabilidades, sino que se aplica a

sustitutos de los culpables, para crear terror en la población.

25 CEPEDA C., Iván. Pacto de Lealtades e Impunidad. En: Actualidad Colombiana, Página 7.

63

• Desestabilización de la propiedad agraria, que obliga a los campesinos

abandonar sus tierras y a emigrar a la ciudad, creando una mayor

desintegración social en las grandes urbes.

• Las tierras abandonadas pasan a ser posesionadas por la guerrilla y

paramilitares, apoyados por los grandes terratenientes.

• Creación de bandolerismo como forma de violencia que primó el deseo de

venganza y la redistribución económica que dejaban las incursiones de la

guerrilla, era producto de la acumulación de tensiones sociales y el

acostumbramiento de una vida violenta bajo el bandolerismo. Se

degeneraron los ideales políticos.

• El ejército y la policía se encuentran involucrados en la práctica de

atropellos a los derechos humanos de la población a muchos de sus

integrantes, hasta llegar a la cúpula que traza las estrategias.

• Las guerrillas han perdido sus bases de apoyo entre las poblaciones

sometidas a la agresión paramilitar y han sido obligadas a convertirse casi

exclusivamente en aparatos militares, que luchan para sobrevivir, como

milicias armadas y pierden contacto con el sentido político de la lucha

popular.

• Las características económicas favorables en el país se consolidaron

monopolios, gran oferta de mano de obra por el desplazamiento de

campesinos a la ciudad, la inversión y concesión a países extranjeros;

situación que repudiaban los movimientos sociales.

64

Es evidente e imperante la necesidad que el Estado y la sociedad colombiana

definan y proyecten Políticas Públicas de Paz de carácter integral, que incluyan

políticas sociales de atención en las distintas áreas de servicios e instancias

institucionales y, por supuesto de reinserción de los actores militares armados en

cada una de sus expresiones y espacios sociales, políticos y económicos.

Estas políticas deben ir articuladas e integradas a las condiciones locales,

regionales y nacionales donde las expresiones del Conflicto Armado Interno son

vividas día a día por los colombianos.

En el marco de los procesos de paz concretados hasta el momento por medio de

la firma de acuerdos; se ha dado paso al proceso de reinserción de quienes en

particular han conformado las filas de agrupaciones guerrilleras armadas. En el

siguiente capítulo se profundiza en este tipo de proceso y los diferentes espacios

que lo constituyen para tal fin.

65

7. A CERCA DE LOS PROCESOS DE REINSERCIÓN

Colombia ha presentado a lo largo de su historia una serie de procesos de

reinserción de miembros que hicieron parte de Organizaciones Armadas al

Margen de la Ley. Estos mismos procesos han sido el reflejo de las condiciones

políticas, sociales y económicas por las que ha atravesado el país y que día a día

lo ubican en una situación altamente agudizada y paradójica.

Para continuar con el desarrollo del tema sobre las Políticas Públicas de Atención

en Salud para la población Reinsertada con Discapacidad Originada por el

Conflicto Armado Interno, es pertinente revisar las principales características y

componentes que han estructurado y dinamizado dichos procesos.

Cada uno de los procesos de reinserción ha tenido particularidades de acuerdo al

gobierno que los ha liderado, este es el caso de los que se llevaron en alguna

medida en la administración de Andrés Pastrana con las Organizaciones

Guerrilleras en particular con las FARC y, los que actualmente se están dando con

las Organizaciones Paramilitares y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Por esta razón, se debe hacer claridad que los procesos de reinserción, el marco

jurídico e institucional presenta algunas diferencias entre los gobiernos de

Pastrana y Uribe.

Durante la presidencia de Pastrana fue notable la orientación por asumir desde los

diálogos de paz la búsqueda de la reinserción de la Guerrilla en particular, bajo los

lineamientos jurídicos e institucionales diseñados e implementados en su período,

sus principales características y componentes fueron:

66

7.1 ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA ARANGO 1998-2002

7.1.1 Ministerio del Interior

La institución del Estado más representativa y que tenía bajo su responsabilidad

en este gobierno los procesos de reinserción, fue el Ministerio del Interior el cual

mediante el Decreto 2546 del 23 de diciembre de 1999 (vigente hasta la fecha) es

reestructurado y, en su artículo 28 hace mención a la Dirección General para la

Reinserción (DGR), que contará con autonomía financiera y en tal virtud, la

ordenación del gasto de su presupuesto de inversión corresponderá al Director

General para la Reinserción.

7.1.1.1 Misión

Ser la organización modelo, para la desmovilización, la reinserción, la convivencia,

por su experiencia y conocimientos, alternativa óptima de cultura de paz, de

reconciliación y generación de un nuevo país, fundamentado en los principios del

desarrollo humano y social sostenible.

Cumplir con la vinculación plena del desmovilizado a la civilidad, con respeto y

dignidad, mediante la generación de desarrollo, bienestar y calidad de vida para él,

su familia, la población entorno y la comunidad.

Asegurar, con eficacia operativa, el crecimiento y posicionamiento de la entidad,

gestión de los recursos, desarrollo integral y equitativo de los colaboradores,

servicio a la comunidad.

Cumplir las directrices gubernamentales, los compromisos con el Estado, con la

sociedad y con la preservación y cuidado del medio ambiente.

67

7.1.1.2 Objetivo General En su carácter de identidad gubernamental, dar cumplimiento a las directrices y

políticas de la Presidencia y del Ministerio del Interior, en relación a la reinserción,

desmovilización, dejación de armas, ejecución de proyectos y programas para

empleo, ingreso, bienestar social, educación, salud, para los actores de la paz,

para las comunidades y demás grupos objetivos.

Formular, diseñar, promover, implementar y ejecutar políticas, programas y

proyectos de reconciliación, generación de Cultura de Paz, convivencia,

cumplimiento de potenciación de los acuerdos de paz actuales y futuros.

Para el logro de este objetivo, la DGR cuenta con un equipo interdisciplinario

comprometido en el fortalecimiento de los procesos de participación, gestión,

concertación, desarrollo, coordinación institucional de valores y referentes de

Cultura de Paz, propiciadores de mecanismos y escenarios pedagógicos para la

tramitación pacífica de los conflictos.

7.1.1.3 Objetivos Específicos v Orientar cultura de paz, convivencia, reconciliación y civilidad estables

v Contribuir al desarrollo integral con equidad, justicia social y proyección

v Promover políticas y acciones de convivencia, reinserción, reconciliación, a

través de la participación, la concertación, los valores y referentes de la

cultura de paz.

v Propiciar y canalizar modelos, tecnologías y escenarios pedagógicos y de

desarrollo alternativo, en la tramitación no violenta de los conflictos.

68

v Actuar en los procesos democráticos a través del ejercicio político de la

educación participativa y en escuelas para la democracia.

v Promover e impulsar políticas públicas y programas para el cumplimiento

de los acuerdos de paz y la atención a los desmovilizados, a través de

mecanismos éticos y legales.

v Liderar en municipios y regiones las políticas de paz, la acción

administrativa y la gestión social.

v Acompañar y dinamizar el contenido de los acuerdos y de los proyectos de

cambio institucional en la región.

v Generar proyectos económicos sólidos, como aplicación de las políticas de

empleo del gobierno.

v Atender a las víctimas de la confrontación, a las comunidades, a los grupos

más vulnerables, entre los que se encuentran discapacitados, huérfanos,

viudas, niños del Conflicto Armado Interno y los nuevos actores

incorporados de la civilidad.

7.1.1.4 Funciones de la Dirección General para la Reinserción

ü Coordinar y dirigir toda la acción del Estado conducente a desarrollar el

programa de reinserción creado por el Gobierno para los miembros de

grupos guerrilleros que se desmovilicen y hagan dejación de las armas.

ü Asesorar al Ministerio del Interior en el análisis de las distintas situaciones

que se relacionen con la Reinserción.

69

ü Coordinar bajo las instrucciones e indicaciones que le imparta el Ministro

del Interior las actividades de las distintas entidades vinculadas al proceso

de reinserción.

ü Orientar los estudios y las asesorías que se requieran para el desarrollo del

proceso de reinserción.

ü Supervisar y presentar informes permanentes al Ministro sobre la marcha

de las acciones que se adelanten en desarrollo del plan de reinserción.

ü Coordinar todas las actuaciones locales y nacionales que realicen los entes

encargados de ejecutar los planes y programas de reinserción.

ü Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la

dependencia.

7.1.1.5 Grupo Objetivo

• Los desmovilizados

• Sus núcleos familiares

• Sus organizaciones sociales y políticas

• Las comunidades sociales y políticas

• Las comunidades de su entorno

• Los niños del Conflicto Armado Interno

• Las mujeres cabeza de familia

• Los desplazados y los segregados

• La población altamente vulnerable

• Las comunidades en general.

70

7.1.1.6 Prioridades

• Construcción de cultura de paz y de reconciliación

• Desescalamiento de la confrontación armada

• Transformación de la mentalidad excluyente del país

• Impulso a educación, como un proceso democrático

• Construcción de opciones diferentes a l Conflicto Armado Interno

• Desarrollo de caminos para no regresar a las armas

• Sensibilizar al país de los logros de la reinserción

• Visualizar futuros y escenarios promisorios.

7.1.1.7 Programas Ø Atención al desmovilizado

ü Seguridad social: salud y pensiones

ü Grupos especiales: discapacitados, viudas y huérfanos, desplazados

amenazados.

ü ONG´s desmovilizados: construcción de redes, institucionalidad

ü Seguridad para la paz: política de seguridad, logística y mantenimiento

ü Proyectos productivos: urbanos-agrarios, vivienda-modelo.

Ø Reconciliación

ü Derecho-deber de la paz: participación activa y ciudadana, política-no

retorno a las armas.

ü Educación: ciudadana, niños desmovilizados, básica, media y superior

ü Territorial: fondos de paz y reinserción

71

ü Comunicaciones: volumen, documentación

ü Internacional: divulgación, proyectos y planes.

Ø Soluciones en el Desarrollo ü Reconstrucción de las comunidades afectadas

ü Programas de salud, educación, bienestar

ü Generación de empleo y de ingresos

ü Programas de desarrollo económico sostenible.

Ø En lo Humano

ü Reconstrucción de lo valores individuales

ü Garantía de la seguridad personal

ü Devolver la confianza, la integridad, el respeto

ü Dar sentido de pertenencia, de reconocimiento, de valor.

Ø En lo Social

ü Reconstrucción del tejido social

ü Construir y fortalecer la acción grupal

ü Generar las condiciones propicias para el retorno

ü Estructurar programas contributivos al desarrollo sostenible.

7.1.1.8 Estrategias v Contribución en la construcción de un nuevo País

v Máxima divulgación de la Dirección General para la Reinserción

v Ejercicios políticos locales, regionales y nacionales

v Democracia desmovilizada y participante

72

v Normatividad institucional

v Fortalecimiento del talento y los recursos internos

v Competitividad para el desarrollo social y para la economía de mercado

v Generación de iniciativas nacionales, locales y regionales, a favor de la paz,

de la reconciliación y de la necesidad de un desarrollo integral.

v Crecimiento educativo y formación de ciudadanos para la paz

v Transferencias educativas, culturales, tecnológicas

v Negociación, como cultura de paz, convivencia y reconciliación

v Trabajo interinstitucional, gubernamental, social, empresarial

v Alianzas estratégicas, nacionales e internacionales

v Fortalecimiento ONG´s, de los desmovilizados y trabajadores por la paz.

7.1.1.9 Delegaciones

ZONAS ANTIOQUIA ZONAS URABÁ – CÓRDOBA - SUCRE

ZONAS BOLÍVAR–ATLÁNTICO–MAGDALENA– GUAJIRA

ZONAS CÉSAR-NORTE DE SANTANDER-SANTANDER

ZONAS CUNDINAMARCA-BOGOTÁ-TOLIMA-META-BOYACÁ

ZONAS QUINDÍO-RISARALDA-VALLE ZONAS CAUCA-NARIÑO-PUTUMAYO ZONAS HUILA-CAQUETÁ

Como se ha hecho mención, es claro que en el escenario de los pasados intentos

de diálogos de paz de Pastrana con las Organizaciones Guerrilleras en la tan

criticada Zona de Distensión, los procesos de reinserción tuvieron una marcada

orientación hacia estas organizaciones.

73

Por ello, sin la intención de desconocer que por lo general los lineamientos de los

procesos de reinserción se conciben para que las diferentes Organizaciones

Armadas al Margen de la Ley se acojan a ellos, la influencia del entorno social,

político y económico define diferencias entre éstos.

Con el objeto de continuar con el desarrollo de este trabajo bajo la óptica de los

Gobiernos de Pastrana y Uribe, es relevante realizar un planteamiento

comparativo de los procesos de reinserción que se llevaron a cabo en cada uno de

sus gobiernos; pues ello brinda herramientas de comprensión de las Políticas

Públicas de cada uno de estos presidentes frente a la paz y a la atención en salud

de los actores militares que han hecho parte en la confrontación armada.

Por las razones expuestas anteriormente, se hace hincapié a los procesos de

reinserción de la Guerrilla durante la permanencia de Pastrana en el poder y, de

los procesos de reinserción con los Paramilitares y las Autodefensas que se están

llevando a cabo con el actual gobernante del país, aclarando una vez más, que sin

la pretensión de desconocer o excluir que bajo estas dos administraciones los

procesos de reinserción han contemplado a las diversas organizaciones armadas

al margen de la ley.

7.1.2 ORGANIZACIONES GUERRILLERAS26

Los procesos de reinserción en el contexto de Conflicto Armado interno en el país

se remontan a los acuerdos o firmas de paz de años anteriores entre el Gobierno y

agrupaciones armadas. Entre éstas tenemos a: El Movimiento 19 de Abril (M-19),

Ejército Popular de Liberación (EPL), Partido Revolucionario de los Trabajadores

(PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame en la década de los noventa.

26 Ver Anexo1. La Ley 418 de 1.997 fue una de las más representativas durante el gobierno de Andrés Pastrana y en el desarrollo de este trabajo constituye el referente más inmediato sobre el que se basa los principales componentes de la reinserción de la guerrilla durante su período presidencial.

74

En el primer semestre de 1994 el 9 de abril, en Flor del Monte, Municipio

de Ovejas, Departamento de Sucre, se suscribió con la corriente de

Renovación Socialista (CRS), el Acuerdo Político final; el 26 de mayo, en

Medellín se suscribió con las Milicias Populares del Pueblo y para el

Pueblo, las Milicias del Valle de Aburra y las Milicias Metropolitanas, el

Acuerdo para la convivencia Ciudadana, y el 30 de junio, en Cañaveral ,

municipio de Turbaco, Bolívar se suscribió con el Frente Francisco

Garnica, de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar el Acuerdo

Político final, de dejación de armas y reincorporación a la vida civil27.

Estos procesos de reinserción son unos de los más significativos y que

sin duda alguna han incidido o determinado transformaciones y

estancamientos en el orden político, social, económico y jurídico a nivel

nacional. Dichos órdenes en gran medida han ido configurando desde el

gobierno lo que actualmente se conoce como el Programa de

Reinserción de la Consejería Presidencial para la Política Social. Es en

este marco en el que se define en primera instancia la reinserción

económica, social, política y jurídica. Veamos en que consiste cada una

de ellas y sus principales características.

7.1.2.1 Reinserción Económica

Hace referencia a la “destinación de recursos para el funcionamiento, puesta en

marcha y desarrollo de proyectos productivos que garantizarán a los

desmovilizados condiciones decorosas de supervivencia en su tránsito a la vida

civil”28.

27 Presidencia de la República. Plan Nacional de Rehabilitación Programa de Reinserción. Informe de Gestión 1990 – 1994. Santafé de Bogotá, D.C., agosto de 1994. Página 91. 28 Ibid., página 19.

75

Esta reinserción económica además de constituirse por proyectos productivos

también se caracteriza por Asignación de Créditos, Esquemas de Asistencia

Técnica, Convenios Ínter administrativos Departamentales, Programas de

Refinanciación, Reestructuración del Crédito como forma de Refinanciación,

Acceso al Servicio Público29, programa de dotación de tierras, Adjudicación de

Predios a Desmovilizados y el Subprograma de Capacitación y Desarrollo Social

Campesino.

7.1.2.2 Reinserción Social

La reinserción social de los desmovilizados se ha entendido, desde el proceso

mismo de las negociaciones y desde la redacción de los Acuerdos, como el

conjunto de estrategias y programas dirigidos a atender y resolver los aspectos

relacionados con el crecimiento personal del desmovilizado, incluyendo los

esfuerzos para restablecer y mantener su salud física y mental, las acciones de

capacitación y de desarrollo intelectual, la recreación, los programas de

capacitación ciudadana y de promoción y educación en derechos humanos30.

Este tipo de reinserción está conformada por: Programas de Educación, Programa

Educativo para la Paz y la Reconciliación Nacional, Programa Etno-Educativo para

la Reinserción en el Departamento del Cauca, Programa Educativo para los

desmovilizados del eje Cafetero, Programa pedagógico Universidad Tecnológica

de Pereira, promoción del Ingreso de los Desmovilizados a la Educación Superior,

Programas de Educación No formal, Plan Educativo en Derechos Humanos,

Programa de Formación Ciudadana, Programa de Educación para la Mujer

Desmovilizada, Programas de Atención en Salud, Programa de Atención a

Discapacitados Físicos, Programa de Atención Psicosocial, Plan Nacional de

29 Es la posibilidad de ingresar laboralmente a entidades del sector público a través del decreto 1933 del 27 de noviembre de 1993. 30 Ibid., p. 38

76

Asistencia Técnica a Programas de Vivienda de Interés Social ejecutados por

Desmovilizados.

7.1.2.3 Aspectos Jurídicos

La amnistía y el indulto son considerados componentes del proceso de paz y

reinserción, mecanismos utilizados por los Estados de Derecho, para dar solución

a los problemas generados por la acción de grupos armados de oposición, que

deterioran la base de la convivencia en la sociedad.

Se define la amnistía como la institución procesal-penal originada en la

constitución y la ley, cuyo otorgamiento es privativo de la rama legislativa

del poder público, por medio de la cual, y en presencia de graves

motivos de conveniencia pública y social, se hace desaparecer el

carácter ilícito de ciertos hechos políticos, con lo cual la acción penal, la

posible condena y las consecuencias que se derivan de ellos, dejan de

tener vigencia punitiva.

El indulto, como la amnistía, es una institución procesal penal que no

proviene de la rama jurisdiccional del poder público, sino del poder

político –Congreso o Estado- y opera sobre la remisión de la pena que

se ha impuesto por medio de sentencia condenatoria que tenga la

categoría de “cosa juzgada”. No es general sino individual y cobija

solamente delitos políticos, con la advertencia que deja vigente para los

agraciados, la satisfacción de los daños y perjuicios causados con la

infracción. Tanto el indulto como la amnistía, concedida o aplicada por

el Presidente de la República, requieren leyes que los regulen y precisen

en desarrollo de la facultad otorgada por la Constitución nacional31.

31 Ibid., p.78.

77

7.1.2.4 Reinserción Política

Se encuentra directamente relacionada con el ejercicio del poder y la política por

un medio “distinto” a las armas, con la participación en los múltiples niveles del

Estado y el gobierno colombiano.

Con el concurso de representantes de las organizaciones

desmovilizadas, el país se hizo a una nueva Constitución, surgida del

consenso, de la participación múltiple de diversos sectores de la

sociedad colombiana, que en ejercicio pluralista, sin precedentes en la

historia política colombiana, conciliaron posiciones y entregaron los

principios definitivos para la convivencia pacífica y el desarrollo

democrático.

Los grupos desmovilizados han contado con una representación

significativa en el Congreso de la República, en las Asambleas

Departamentales y en los Consejos Municipales, han tenido participación

en la Rama Ejecutiva.

Por la vía de la participación de los desmovilizados en los Consejos

Municipales de Rehabilitación se pudo orientar la inversión de recursos

en el mejoramiento de la cobertura y la calidad de los acueductos, las

vías de acceso a los municipios beneficiarios de los recursos del fondo

de Paz, la educación básica, los programas de salud y recreación; se

fortalecieron los procesos de participación comunitaria, el desarrollo

microempresarial y cooperativo.

La participación de los desmovilizados en los Consejos Regionales y

Municipales de Rehabilitación, les ha permitido reconocer el potencial

78

que dichos consejos tienen para el ejercicio político, pero, al mismo

tiempo, para la práctica de los principios democráticos que ellos mismos

ayudaron a plasmar en la Constitución de 1991. Los Consejos

Municipales de Rehabilitación han formado de los desmovilizados,

verdaderos líderes locales, con gran capacidad de influencia sobre el

desarrollo de los municipios en los que antes hacían presencia por la vía

armada32.

Durante el proceso de reinserción de los exguerrilleros surgieron algunas

organizaciones o iniciativas que en cierta medida los representa o agrupa y

constituye en primera instancia un puente de comunicación entre ellos, el

Estado y otras instituciones que trabajen o apoyen a la población

reinsertada.

A nivel Distrital se destacan las siguientes organizaciones No

Gubernamentales (ONG´s):

ü CORPOGUAYACÁN – Corporación Guayacán de Desmovilizados y

Limitaciones Físicas.

ü PROGRESAR – Conformada por reinsertados del EPL

ü COMPAZ – Compañía para la Paz, constituida por reinsertados del M-19

ü SOL Y TIERRA – Fundada por reinsertados indígenas del Movimiento

Quintín Lame

ü CORPADEZ – Corporación para la Paz, constituida por reinsertados del

PRT 32 Ibid., p.9.

79

ü Corporación Sor Teresa de Calcuta – brinda asesoría jurídica y orientación

psicológica. Apoya económicamente para alimentación, alojamiento y

transporte

ü NUEVO ARCO IRIS

ü UNAVIDA – Unión Nacional de Organizaciones de Vivienda para la Paz

ü OPV – Organizaciones Populares de Vivienda.

Conociendo a groso modo algunos de los planes, programas, proyectos o

actividades planeadas y ejecutadas hasta el momento por estas organizaciones33

se puede resaltar que éstas cumplen dos grandes e importantes funciones:

• Constituyen una vía de interlocución entre la población de reinsertados y el

Estado principalmente ya que como es de conocimiento el Estado no puede

otorgar dineros públicos a un particular, en consecuencia las

organizaciones promueven y facilitan hasta cierto punto dicha tramitología.

• Debido a su razón de ser y a la naturaleza de su fundación estas

organizaciones buscan promover y fortalecer procesos de organización

social y política dentro del escenario de la legalidad y legitimidad

propugnada por el o rden preestablecido culturalmente.

Por ejemplo NUEVO ARCO IRIS fundada en marzo de 1976 trabaja en dos áreas:

una en Derechos Humanos – Paz y Convivencia y otra en Desarrollo Económico.

La primera orientada a una política que promueva fuerzas de resistencia pacífica y

33 Esta información fue obtenida a través de un recorrido institucional realizado para tal fin con entrevistas a algunas de las personas que hacen parte de las organizaciones en mención.

80

la segunda con propuestas de proyectos productivos para los reinsertados y sus

familias (asistencia técnica, recursos económicos y acompañamiento).

ARCO IRIS tiene sedes en quince ciudades del país y se define como orientador,

ejecutor del proceso de reinserción y promotor de formas de organización popular.

Una particularidad de esta organización es que trabaja conjuntamente con el

Partido del Socialismo Democrático el cual tiene a su cargo proyectos de vivienda

caracterizadas por considerasen procesos de organización social y comunitaria de

autogestión que buscan identificar la problemática de la falta de vivienda en las

regiones de los desmovilizados a través de la gestión – dirección y ejecución de

dichos proyectos bajo la responsabilidad de la OPV y UNAVIDA.

Frente a estas organizaciones es pertinente tener presente las siguientes

consideraciones:

Ø En la actual situación del país estas organizaciones corren el riesgo de

desaparecer debido a su dependencia económica para financiar los

proyectos productivos y para poder brindar el apoyo que los reinsertados y

sus familias requieren.

Ø Bajo el manto de la administración Álvaro Uribe y sus políticas contra

insurgentes, agudiza el señalamiento y persecución hacia esta población

obstaculizando el trabajo realizado hasta la actualidad y el proyectado al

futuro; puesto que no existen las garantías necesarias.

Ø La discapacidad por el Conflicto Armado Interno, la atención individual, la

participación de la familia y la comunidad alrededor de esta problemática no

es abordada integral y articuladamente por estas instituciones, ya que es

evidente el énfasis realizado en la reinserción socio-económica de esta

población. Se han presentado significativos avances frente a la

81

discapacidad por Conflicto Armado interno representado por CONFEPAZ y

CORPOGUAYACÁN.

7.1.3 PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS

Durante los últimos cinco años se ha observado un aumento significativo en el

número de desmovilizados individuales, provenientes no sólo de las

Organizaciones Guerrilleras vigentes, como las FARC-EP y el ELN, sino también

de las Grupos de Autodefensa ilegales, como lo señala el siguiente gráfico.

Número de Desmovilizados Voluntarios Reportados por la Dirección General

de Reinserción - DGR

1998-2001

Desde 1999 se han contabilizado cerca de 909 entregas a la Fuerza Pública, 753

de ellas al Ejército Nacional (cabe anotar que los desmovilizados se pueden

presentar ante cualquier autoridad civil, militar o eclesiástica).

82

Desmovilizados Recibidos por la Fuerza Pública

1999-2002

Un aspecto preocupante es la importante participación de menores de edad en la

población desmovilizada individual, lo cual sugiere que los grupos armados

ilegales han venido incrementando el reclutamiento de niños y niñas para sus filas.

Es relevante tener presente que la problemática puntual del proceso de

desmovilización y de reinserción de los menores de edad, en cada uno de los

gobiernos en mención, sigue teniendo connotaciones particulares ya que para esta

población el abordaje asume otras dimensiones y rumbos.

En este trabajo se abordó con mayor énfasis la población adulta en términos

generales, sin embargo, no hay que desconocer que las Políticas Públicas

representan el marco general de las acciones y decisiones del Estado frente a una

situación social determinada y que éstas al mismo tiempo, deben ser de carácter

83

flexible con la finalidad de particularizarlas de acuerdo al grupo poblacional a

desmovilizarse y reinsertarse.

Ha sido en los dos gobiernos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el ente

institucional que ha venido asumiendo el reto y la responsabilidad de atender a la

población menor de edad en este tipo de procesos.

Población Atendida por el ICBF

1997-2001

La DGR atendió directamente a los miembros de nueve Movimientos Guerrilleros

que firmaron acuerdos de paz con el gobierno nacional:

84

Adicionalmente, durante los últimos cuatro años, la DGR ha atendió 2.505

desmovilizados voluntarios individuales. El conjunto de estos procesos durante la

última década ha permitido la dejación de armas de aproximadamente 7.300

personas, quienes conjuntamente con sus familiares, alcanzando una población

atendida de 25.000 personas.34

7.1.3.1 Caracterización de la Población Desmovilizada

Para este estudio sólo fue posible obtener información de los desmovilizados

atendidos por el programa del Ministerio de Defensa para el año 2000, datos

reseñados en el informe “Programa para la Dejación Voluntaria e Individual de

Armas”. La Dirección General para la Reinserción del Ministerio del Interior que

tiene a su cargo la atención de la mayoría de los desmovilizados, no dispone a la

fecha de un estudio que identifique los perfiles socioeconómicos de la población

que ha recibido en el programa.

34 Cada vez es mayor el número de menores de edad que se desvinculan de los grupos armados en conflicto, a tal punto que en 1998 el 6% de quienes se desmovilizaban eran menores y para 2001 esta proporción alcanza el 25%.

85

Sin embargo, se puede suponer que el número de desmovilizados incluidos en el

estudio del Ministerio de Defensa (316), es representativo del total de población

desmovilizada reportada para el año 2000 por la DGR (795), exactamente un

39,7%. Los resultados de este diagnóstico se resumen así:

a. Edad del desmovilizado: El 44% de los desmovilizados tienen edades entre

los 13 y los 17 años, mientras que los mayores de 17 son el 56%. Es decir que

casi la mitad de la población que se desmovilizó en el 2000 era menor de edad.

b. Edad de ingreso a la guerrilla: EL 82% del total de los desmovilizados de

2000 entraron a la guerrilla entre los 10 y 17 años; es decir, que el reclutamiento

de menores de edad para las filas de la subversión es una práctica común en los

últimos años.

c. Sexo: Se puede apreciar que la mayoría de los desmovilizados son hombres

(92%).

d. Nivel de escolaridad: La mayoría de los desmovilizados (84%) ni siquiera ha

completado la primaria; un 8% no presenta ningún nivel de escolaridad. El 8%

restante ha alcanzado el séptimo grado de educación media.

e. Estado civil: El 88% de los desmovilizados son solteros, mientras que el resto

se encuentran en unión libre.

f. Razón del ingreso a la guerrilla: Entre las causas más frecuentes se

encuentran el reclutamiento forzoso con un 20%; el gusto por las armas y el

uniforme representa el 20%, promesas (remuneración económica y buen trato)

(16%), elección como forma de vida (12%) y miedo o retaliación a hechos

cometidos por autodefensas o Fuerzas Militares (10%).

86

g. Causa de la desmovilización: Las principales causas expresadas por los

desmovilizados son el maltrato (37%), la falta de remuneración económica (19%),

privación de la libertad (17%) y la falsas promesas (16%).

h. Departamento donde se da la entrega: Los departamentos en los cuales se

han realizado un mayor número de entregas son Santander (28%), Norte de

Santander (12%), Antioquia (10%) y Putumayo (7%).

i. Conocimiento del programa de reinserción: En el 86% de los casos el

desmovilizado afirmó no conocer el programa de reinserción.

j. Desmovilizados por grupo insurgente: La mayoría los desmovilizados (83%)

provienen de las FARC-EP.

k. Existencia o no de hijos: El 92% de los desmovilizados no tienen hijos.35

Perfil del Desmovilizado Promedio

35 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Diagnóstico del Programa de Reinserción en Colombia: Mecanismos para Incentivar la Desmovilización Voluntaria Individual. Página 6 y 7.

87

7.1.3.2 Factores que llevan a los Subversivos a Desmovilizarse

En la actual coyuntura del conflicto existen muchos aspectos que generan

incentivos en los miembros de grupos armados ilegales para dejar las armas, sin

embargo, dos de ellos se consideran fundamentales: los riesgos contra la

integridad personal y la falta de remuneración económica.

Un miembro de un grupo subversivo está expuesto a riesgos tales como ser dado

de baja por la Fuerza Pública o ser capturado en operaciones militares. El temor a

dichas situaciones es una de las causas que llevan a los guerrilleros a abandonar

las filas de la subversión. Sin embargo, tal decisión conlleva otra serie de riesgos

adicionales tales como caer en poder de uno de los grupos a los que se enfrenta

(diferente al Estado) o ser asesinado por el grupo al que pertenece.

El riesgo de muerte al que se expone una persona depende, entre otros factores,

de la actividad laboral que realiza. En el caso de los integrantes de los grupos

subversivos este riesgo se debe, principalmente, a los combates que sostienen

contra la Fuerza Pública y otro grupo enemigo (en el caso de la Guerrilla, las

Autodefensas36 y viceversa).

El análisis del perfil poblacional y demográfico de quienes se integran a los

procesos de reinserción, es una herramienta de trabajo y de planeación

fundamental a la hora de definir el presupuesto para la puesta en marcha de las

Políticas Públicas en sus diversos niveles de ejecución.

36 Los riesgos de muerte relacionados con enfermedades u otras causas distintas a la participación en combates no se tienen en cuenta. Además sólo se consideran los riesgos de combate contra la Fuerza Pública, porque no se dispone de cifras sobre dados de baja en confrontaciones con grupos de autodefensas.

88

7.1.3.3 Ejecución Presupuestal de los Programas para la DGR 1990-1999

89

Durante el gobierno de Pastrana (1998-2002) la DGR ejecutó $113.256 millones

(pesos de 2002). En estos recursos el programa de Desarrollo Empresarial tuvo la

mayor participación, con un 27%, representado en una inversión cercana a los

$30.043 millones. Le siguió en su orden el programa de Educación, con un 10%,

Seguridad Social y Grupos especiales con una participación de 8%. Por otra parte,

los gastos de funcionamiento de la Dirección ascendieron al 13% del total del

presupuesto ejecutado por la entidad en el periodo.37

Ejecución Presupuestal de la Dirección General de Reinserción

1998-2002

(Millones de pesos de 2001)

Observando este gráfico se identifica claramente que los primeros tres años la

ejecución presupuestal tuvo un aumento, ello pudo haberse encontrado

relacionado con las expectativas que generó el proceso de paz al comienzo del

gobierno de Pastrana y las expectativas sociales y políticas que éste generó en el

37 Ibid,. P. 16.

90

país, sin embargo, también se dio paso a la desilusión y a la incredulidad como

respuesta a las condiciones que se fueron tejiendo en torno a este proceso.

En consecuencia, los recursos económicos directamente se vieron afectados.

Gastos por Entidades Programa de Reinserción

1998-2002

Recursos Destinados por el ICBF

Para la Atención de Menores Desvinculados del Conflicto

(Millones de pesos de 2001)

En noviembre de 1999 se dio inicio a una experiencia piloto en atención

especializada para esta población. En el año 2000 se estructura el programa con

91

capacidad para 40 cupos en los Centros de Atención Especializada, con una

inversión de $262.4 millones. El ICBF cuenta con 6 de estos centros en diferentes

regiones del país, 3 de ellos financiados por Cooperación Internacional donde se

han ido atendiendo a 792 jóvenes.

En el caso del Ministerio de Defensa recibió recursos del Fondo de Seguridad y

Convivencia (FONSECON) por un valor de $2.800 millones distribuidos entre los

años 2000 y 2001.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante 1998 y 2001 a

través de este programa protegió a 81 personas con 170 escoltas y 13 detectives,

para ello se ejecutaron $11.823 millones.

En resumen, los gastos del gobierno nacional para atender la problemática de los

reinsertados durante el período 1990 –2002 fue de $217.188 millones, durante el

último cuatrienio se han invertido $131.736 millones.38

7.1.3.4 Balance General de los Proyectos Productivos

Vale la pena anotar que las características y condiciones de la población

desmovilizada colectiva de los acuerdos de paz, son distintas a las de los

desmovilizados individuales que se han acogido al decreto 1385 de 1994. En este

punto es prudente aclarar que los proyectos de los desmovilizados de dichos

acuerdos, y los que se acogieron al decreto 1385 de 1994 se han desarrollado en

escenarios muy diferentes, básicamente por dos razones:

• El perfil de los desmovilizados: los integrantes de grupos como el M-19 y el

EPL contaban con algún tipo de formación académica, en muchos casos

38 Ibid,. P 17-19.

92

universitaria, mientras que los desmovilizados individuales que han

abandonado los grupos armados, provenientes en su mayoría de las FARC,

son de origen campesino con muy bajo nivel de escolaridad.

• Las condiciones económicas del país: La economía colombiana ha

experimentado una recesión en el último cuatrenio, caracterizada por altos

niveles de desempleo, restricción del crédito y baja demanda agregada, lo

cual ha generado condiciones poco propicias para la formación y

supervivencia de microempresas.39

Sin embargo, el programa de proyectos productivos que en su momento se ofreció

a los desmovilizados de los acuerdos de paz como alternativa para su reinserción

socioeconómica, es en esencia el mismo que se brinda hoy a los desmovilizados

individuales, pero con algunas modificaciones.

Para ello, es necesario analizar los proyectos productivos que llevan más tiempo

funcionando, es decir, los proyectos de los desmovilizados de los acuerdos de paz

firmados en la década de los noventa.

Dos estudios han analizado la situación actual de los proyectos económicos de los

desmovilizados. El primero, es un estudio de diagnóstico realizado para el caso de

los proyectos de desmovilizados de los acuerdos de paz de los noventa en

noviembre de 200040; el segundo, es un informe de gestión preparado por una

consultoría contratada por la DGR, para los proyectos desarrollados en el periodo 39 “De las Armas a la Democracia”, Evaluación de los Programas de Reinserción de los Grupos Insurgentes Desmovilizados desde la Administración Betancur hasta el Presente. Perspectivas ante el actual Proceso de Paz.; Ministerio del Interior, Instituto Luis Carlos Galán para el Desarrollo de La Democracia; Bogotá, diciembre de 2000. Director del Proyecto, Carlos Eduardo Jaramillo. Tomo II, Capítulo Sexto, “El Proyecto Educativo en el Programa de Reinserción”, Fernando Hernández Valencia, páginas 173 a 207. 40 “Diagnóstico Integral de los Proyectos Productivos Urbanos y Predios, y Proyectos Productivos Agropecuarios de la Población Desmovilizada”, Resumen Ejecutivo presentado por el consultor Richard Borman Ballesteros Puentes a la DGR en noviembre de 2000.

93

abril 2001 – febrero de 2002 sobre los proyectos de los desmovilizados del decreto

1385.41

El Informe de diagnóstico de la consultoría contratada por la DGR para proyectos

desarrollados por desmovilizados de acuerdos de paz: proyectos colectivos

urbanos y agropecuarios, evaluó una muestra de 277 proyectos. En la siguiente

gráfica se muestra la distribución de estos proyectos entre urbanos y

agropecuarios:

Clasificación de los Proyectos Productivos en Urbanos y Agropecuarios

Fuente DGR

41 “Informe complementario de actividades”, presentado por el consultor Richard Borman Ballesteros Puentes a la DGR en febrero de 2002.

94

Clasificación de los Proyectos Productivos Urbanos

Fuente DGR

Clasificación de los Proyectos Productivos Urbanos

Fuente DGR

95

De los 277 productivos diagnosticados, 125 (45,1%) se clasificaron como no

exitosos, es decir, que no funcionaron o se cerraron o se liquidaron.

En ese estudio se señalan algunas de las dificultades que han experimentado los

proyectos productivos de los desmovilizados de los acuerdos de paz. Las

siguientes son algunas de ellas:

• Cambio de modelo económico: a la inexperiencia de los desmovilizados en

el desarrollo de proyectos productivos se agregó el efecto de la apertura

económica sobre la pequeña y mediana empresa en el país, la cual no

estaba preparada para entrar a competir en un mercado globalizado. Esto

llevó a la desaparición de muchas empresas, dentro de las cuales se

incluyeron las de los desmovilizados.

• Recesión a partir de la segunda mitad de la década de los noventa: la

contracción de la demanda afectó la estabilidad del sector real, lo que

ocasionó la quiebra de numerosas empresas pequeñas y medianas.

• Baja capacidad financiera: el monto de los créditos otorgados a los

desmovilizados para poner en marcha los proyectos no era suficiente para

el establecimiento de empresas sólidas y sostenibles.

• Apoyo insuficiente: no existió una instancia que se encargara de ofrecer

capacitación, asesoría y acompañamiento a los desmovilizados, de manera

continua y sistemática, para contrarrestar la inexperiencia empresarial y la

falta de formación teórica y técnica de esa población.

• Dificultades de interacción con el entorno: el hecho de ser excombatientes

dificultó la aceptación por parte de la sociedad civil, que los miraba con

desconfianza.

96

• Inseguridad personal y familiar: hechos de violencia como asesinato,

desaparición y desplazamiento, han afectado a los desmovilizados y sus

familias, y por tanto, el buen funcionamiento de los proyectos.

• Ausencia de estudios de factibilidad: la mayoría de los proyectos no

contaron con estudios de factibilidad concretos en cuanto a

comercialización, distribución y operación empresarial.

• Inexistencia de planes indicativos: no existieron mecanismos que

permitieran que los proyectos productivos aprovecharan las redes y

cadenas productivas ya existentes en los mercados locales y regionales, lo

que implicó la ausencia de economías de escala.

• Ineficacia de los intermediarios ONG´s: en la percepción de los

desmovilizados, el manejo que se dio a los recursos a través de ONG´s no

resultó eficiente.

• Altos gastos de funcionamiento: Se considera alto el gasto de

funcionamiento del Programa y su estructura operativa, comparativamente

con lo invertido en financiación de proyectos.

Por otra parte, dentro los proyectos “exitosos”, los que tienen una mayor

participación son: los predios agropecuarios con un 41,2%, los proyectos

dedicados a prestación de servicios con un 23,5%, los de comercio con un 16,6%

y los de industria con un 14,1%.42

42 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, op., cit., p. 35-36.

97

Clasificación de los Proyectos Productivos Exitosos

Fuente DGR

Otra de las características que se analizaron en los proyectos productivos es su

tamaño, clasificándolos en empresas familiares (sólo familiares laborando),

microempresas (hasta 5 trabajadores), pequeñas empresas (de 6 a 10

trabajadores), medianas empresas (de 11 a 50) y grandes (más de 51). Los

resultados muestran que la mayoría de los proyectos productivos son empresas

familiares (45,3%), microempresas (24,6%) y pequeñas empresas (14,6%). Las

empresas de más de 10 de trabajadores sólo participan con un 14%.

En el conjunto de proyectos y predios productivos se encuentra un total de 1.649

socios o asociados, propietarios o copropietarios, de los cuales el 65,7% (1.083)

son desmovilizados. Los demás socios (541) son personas naturales o jurídicas.43

43 Ibid,. P. 37.

98

El Informe de diagnóstico de la consultoría contratada por la DGR: desmovilizados

individuales (decreto 1385), la DGR contrató una consultoría externa con el

propósito de prestar asesoría a los desmovilizados del decreto 1385 en la

elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos productivos. Según los

resultados del informe diagnóstico de la consultoría contratada por la DGR, en el

periodo comprendido entre abril de 2001 y febrero de 2002, se presentaron un

total de 36544 proyectos, a los cuales se les ofreció asesoría en 8 fases, como se

muestra en el siguiente cuadro:

Proyectos atendidos para el periodo 2001-200245

De los 171 proyectos que se encontraban en la etapa de seguimiento, 68 fueron

cerrados, es decir el 18,6% del total de los proyectos. De los 365 proyectos que

iniciaron la etapa de sensibilización, sólo 267 llegaron a la etapa de

implementación, es decir el 73%. El restante 27% ha experimentado dificultades

en la formulación y aprobación. Así mismo sólo se le hace seguimiento al 46% del 44 Este número corresponde al total de proyectos productivos presentados por los desmovilizados en el periodo abril 2001 – febrero 2002. 45 Vale la pena aclarar que la aprobación final de los proyectos es responsabilidad de la DGR, razón por la cual no se incluyen proyectos aprobados dentro del cuadro No 1 que muestra las actividades desarrolladas por la consultoría; sin embargo, el número de proyectos implementados que aparece en el cuadro, es una buena aproximación del número de proyectos aprobados.

99

total de los proyectos, que equivale al 64% los proyectos que se han

implementado. Luego un 36% de los proyectos que se implementaron no han

tenido un adecuado seguimiento.46

Recursos Invertidos en Proyectos Productivos 2000-2002

Dado que los proyectos de los desmovilizados del Decreto 1385 llevan poco

tiempo de funcionamiento no es posible determinar cuántos de ellos resultan

exitosos o cuántos de ellos cierran y por tanto no se podría determinar la cantidad

de recursos que se pierden en proyectos con alta probabilidad de desaparecer.

Sin embargo, para tener una idea de dicha cifra, se puede asumir el supuesto que

la tasa de cierre (45,1%) encontrada por el informe diagnóstico mencionado en la

fuente No.1, así como las condiciones que ocasionaron dicha tasa permanecen

constantes para los proyectos de los desmovilizados del decreto 1385, entonces

se esperaría que 164 proyectos de los 365 iniciados entre 2001 y 2002, dejen de

funcionar, lo que implicaría una pérdida aproximada de $3.825 millones47. Sin

46 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, op., cit., p. 38. 47 Este escenario se puede considerar como “optimista”, si se tienen en cuenta factores como que muchos de los proyectos de los desmovilizados de acuerdos de paz eran asociativos, lo que representaba un mayor capital inicial para el negocio y la distribución del riesgo entre varios socios; además, dicha población contaba con un mejor nivel académico que los desmovilizados del decreto 1385, lo que sugeriría que tenían mejores perspectivas de éxito que estos últimos.

100

duda esta situación sugiere que el programa de proyectos productivos posee

debilidades que deben ser corregidas para evitar pérdidas de recursos como la

descrita.

Para identificar las debilidades del programa se utilizó: el estudio realizado por

Carlos Franco (1999) “Apuntes a la reinserción económica; diez años de

sobrevivencia a la crisis de la economía y de la paz”, publicado en el libro “De las

armas a la democracia”. En este artículo, Franco realiza una descripción y un

diagnóstico del proceso de reinserción socioeconómica de los desmovilizados de

acuerdos de paz e incluye los resultados de una encuesta aplicada a una muestra

de 548 desmovilizados, en la cual indaga sobre los problemas y deficiencias del

programa y sobre las causas del fracaso de los proyectos que emprendieron48.

Los resultados de la encuesta aplicada por Franco indican que las principales

causas para el fracaso de un proyecto productivo son:

Causas del Fracaso de los Proyectos Productivos

48 Desafortunadamente no se ha realizado un ejercicio similar con los desmovilizados del decreto 1385, por lo reciente de esos proyectos, sin embargo, las experiencias y opiniones de los desmovilizados de acuerdos de paz respecto al programa se pueden considerar como válidas, al momento de hacer un análisis crítico del programa de proyectos productivos.

101

Según lo anterior, el 47,8% de los fracasos tienen un origen común: la inadecuada

formación teórica y técnica de los desmovilizados en administración empresarial y

las deficiencias en la asesoría que se les debía brindar en la formulación e

implementación del proyecto.

Sin embargo, existen otros factores que no fueron referenciados en la anterior

encuesta, pero que también inciden en el éxito de los proyectos productivos:

1. No existen plazos límites en el proceso de formulación y aprobación de

proyecto. Por su parte la DGR tampoco dispuso de un tiempo límite para la

aprobación del proyecto y la gestión del desembolso de los recursos. Estas

deficiencias tuvieron dos consecuencias:

ü Demora en la puesta en marcha de los proyectos y, por tanto, la

generación de recursos propios por parte de los desmovilizados para su

sostenimiento, lo que se traduce en mayores gastos del programa de

reinserción para atender esta población.

ü Le restó posibilidades al desmovilizado para formalizar su proyecto

traduciéndose en la pérdida de oportunidades de negocio para el

desmovilizado.

2. Los desmovilizados utilizaron una parte del dinero que se les entregó para

financiar el proyecto en gastos personales y de sostenimiento. Esto implica la

reducción del capital inicial del proyecto.

3. Se tiende a suponer que todos los desmovilizados están en capacidad y tienen

la disposición de poner en marcha una empresa y conducirla de manera que

crezca y se consolide. No cabe duda de que algunos de ellos cumplen con dichos

requisitos, prueba de ello es el porcentaje de proyectos productivos que aún

102

funcionan (la consultoría contratada por DGR afirma que el porcentaje de éxito de

los proyectos productivos de desmovilizados de acuerdos de paz es del 54,9%).

Además, dado que un porcentaje importante de dichos proyectos son asociativos

o colectivos, su éxito también podría atribuirse al grado de cohesión y lazos de

amistad que se tenían desde el grupo subversivo, así como las ayudas

económicas representadas en inyecciones de capital (repotenciación de los

proyectos). Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de las desmovilizaciones

se dan individualmente, y las circunstancias propias de cada desmovilizado

pueden ser muy distintas a las de los demás.

4. El programa de proyectos productivos no ha utilizado alternativas de impulso a

la productividad que fortalezcan este tipo de proyectos, como por ejemplo los

instrumentos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)

que el Gobierno ha creado y que ofrece a través del respectivo Ministerio y las

entidades adscritas.

El componente de proyectos productivos hace parte de las políticas y de los

diferentes lineamientos que se determinan para los procesos de reinserción, como

una de las alternativas centrales para dar paso a la integración a la sociedad como

ciudadanos (as) con movilidad social y económica principalmente.

Sin embargo, es uno de los aspectos que presenta mayor dificultad y tropiezos a

la hora de brindar las garantías y las condiciones necesarias a la población

reinsertada; ya que las características propias de esta población y la situación del

país durante los dos gobiernos no son las más alentadoras y propicias para

asegurar el éxito de este tipo de reinserción.

103

Sin lugar a dudas, los procesos de reinserción deben ir acompañados de una

transformación social, política y económica en la cual tanto el Estado como la

sociedad en sus diversas expresiones son los protagonistas principales.

No basta con estructurar procesos institucionales para la formulación y ejecución

de proyectos productivos presentados por la población en procesos de reinserción,

puesto que las posibilidades reales de éxito y de sostenibilidad entran en choque o

en contravía con las con la compleja estructura y dinámica del Estado Colombiano

y de su sociedad.

La disponibilidad y ejecución presupuestal destinada a este tipo de procesos se

encuentra sujeta a los intereses y a la voluntad política de turno, para nadie es un

secreto que esta situación es la muestra más diciente de la desestructuración y el

quiebre permanente del Estado Colombiano, condición que agudiza la posibilidad

de encontrar un derrotero político acorde a los contextos reales del país.

Por otra parte, no existen trabajos rigurosos de seguimiento y comparativos de las

cifras en cuanto a la población objetivo a reinsertarse y la realmente reinsertada, e

igualmente, sobre un análisis de las condiciones actuales de vida laboral,

económica y social, tan sólo se encuentran estadísticas de carácter general.

El estudio y el seguimiento riguroso de casos sobre este tipo de procesos no se

llevan a cabo con la pertinencia que lo requiere; ya que en el caso de los procesos

de reinserción de la década de los noventa, el balance general se realiza de

manera grupal, los casos individuales se relegan a un segundo plano y cada

proceso de desmovilización y de reinserción asume características y rumbos

distintos. Todo ello, dependiendo del tipo de organización, de las condiciones de

negociación, las características poblacionales y demográficas de la población

objetivo, entre otras.

104

7.2 ADMINISTRACIÓN ALVARO URIBE VÉLEZ 2002 - 2006

En la actual administración al igual que en la de Pastrana, continúa siendo el

Ministerio del Interior y de Justicia (éste último fusionado y adjunto), el que se

encuentra liderando los actuales procesos de reinserción que como se ha hecho

mención, es evidente que éstos son con un claro énfasis hacia las Organizaciones

Paramilitares y de Autodefensas dadas las características y condiciones que ha

pautado este gobierno.

7.2.1 Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las

Personas y Grupos Alzados en Armas

Por medio del Decreto 1262 del 26 de abril de 2004, se crea una Comisión

Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos

Alzados en Armas.

En su artículo 2º, la Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil

de las Personas y Grupos Alzados en Armas se integrará de la siguiente manera:

• El Ministro del Interior y de Justicia, quien la presidirá

• El Ministro de Defensa Nacional

• El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

• La Secretaría Técnica de la comisión será ejercida por el Secretario

General del Ministerio del Interior y de Justicia.

En su artículo 3º establece los siguientes objetivos para esta comisión:

105

1. Servir de espacio de coordinación y orientación superior, de políticas,

planes, programas y propuestas que contribuyan al desarrollo de los

programas y actividades de reincorporación.

2. Promover respecto de las competencias de cada una de las entidades

participantes, la adopción de estrategias y medidas estructurales que de

manera articulada, apoyen los objetivos de los programas y actividades

de reincorporación.

3. Establecer de manera articulada, planes, estrategias, políticas y

programas que potencien el ejercicio de la participación ciudadana en

actividades de apoyo a las medidas que se adopten en el marco de los

programas y actividades de reincorporación.

4. Facilitar el seguimiento y evaluación de la gestión de las entidades y

sectores participantes en las actividades de los programas y actividades

de reincorporación.

7.2.2 Programa Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos

Alzados en Armas del Ministerio del Interior y Justicia 49

7.2.2.1 Misión

Facilitar la reincorporación a la sociedad de los ciudadanos que abandonan las

armas, a través del diseño e implementación de programas, planes y proyectos

que contemplen la formación integral y dinámica de la persona y de la sociedad a

la cual se va a reincorporar haciendo gran énfasis en el acompañamiento

psicoafectivo y la sostenibilidad de sus proyectos de vida.

49 Este programa ha determinado un procedimiento o esquema general para el proceso de reinserción. Ver Anexo 2.

106

7.2.2.2 Visión

Ser líderes en la generación e implementación de estrategias encaminadas a la

construcción de procesos de reincorporación a la sociedad, de personas que

voluntariamente abandonen las armas, para que logren ser ciudadanos libres,

autónomos y capaces de asumir de manera responsable su vida personal y social;

contribuyendo así a la solución política de la amenaza terrorista.

7.2.2.3 Objetivos

• Garantizar la protección inmediata en seguridad social al desmovilizado y

su núcleo familiar.

• Ofrecer atención humanitaria dirigida a los grupos poblacionales

relacionados de manera directa con el proceso de reinserción.

• Facilitar el desarrollo de una actividad económica que garantice al

desmovilizado su sustento.

• Coordinar la ejecución e implementación de esquemas de seguridad para

los desmovilizados.

• Consolidar las organizaciones productivas desarrolladas por los

desmovilizados en su proceso de reinserción, a través de un proyecto

productivo.

• Diseñar e implementar programas de capacitación tendientes a generar

procesos productivos y sociales que garanticen la incorporación de los

desmovilizados a la sociedad.

• Promover la vinculación de la comunidad internacional en el desarrollo del

programa.

• Debilitar a los Grupos Armados del conflicto interno consolidando una

estrategia de contrainsurgencia enmarcada en DDHH y el DIH.

• Adelantar estudios con la población desmovilizada que permitan

caracterizar diferentes variables involucradas en el conflicto. (Factores de

107

ingreso, Causas de desmovilización, Perfiles de los desmovilizados,

caracterizaciones por regiones geográficas y grupos armados).

• Coordinar con las diferentes autoridades e instituciones las acciones

tendientes a facilitar el buen desarrollo de los programas y procesos

encaminados a garantizar de manera segura y digna la reincorporación de

los desmovilizados a la vida civil sin debilitar su tejido social.

• Diseñar, implementar y evaluar los programas que consoliden los proyectos

de vida de las personas reincorporadas.

7.2.2.4 Temas Especiales50

Para abordar cada uno de los temas especiales se encuentran establecidos una

serie de servicios. El principal servicio del Programa para la Reincorporación a la

Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas es ejecutar la Política de

reincorporación a la vida civil. La cual consiste en:

7.2.2.4.1 Documentos

El Ministerio del Interior y de Justicia realiza los trámites para entregar al

desmovilizado la libreta militar, la cédula de ciudadanía y el certificado de

antecedentes judiciales.

7.2.2.4.2 Salud

El desmovilizado y su grupo familiar reciben servicios de salud a través de la red

hospitalaria, para lo cual basta con la certificación expedida por el Ministerio de

Defensa Nacional. Una vez certificado por el Comité Operativo para la Dejación de

las Armas, CODA, puede acceder a los beneficios contemplados en el Régimen

Subsidiado de Seguridad Social en Salud, con el siguiente grupo familiar: el (la)

50 Para algunos de estos temas especiales el Programa de Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas del Ministerio del Interior y Justicia, ha definido una plataforma estratégica que apoya la gestión de cada uno de estos componentes del programa. Ver Anexo 3.

108

cónyuge o el compañero (a) permanente, los padres, los hijos y los hermanos

menores y/o mayores discapacitados.

El Ministerio del Interior y de Justicia tramita ante el Ministerio de Seguridad Social

la consecución de los cupos necesarios para brindar acceso a este beneficio.

7.2.2.4.3 Protección y Seguridad

El Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior y de Justicia, según

corresponda, coordinan con el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y

la Policía Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al

desmovilizado o reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto

último fuese necesario.

7.2.2.4.4 Beneficios por Colaboración

El desmovilizado que voluntariamente desee hacer un aporte eficaz a la justicia

entregando información conducente a evitar atentados terroristas, secuestros o

que suministre información que permita liberar secuestrados, encontrar caletas de

armamento, equipos de comunicación, dinero producto del narcotráfico o de

cualquier otra actividad ilícita realizada por organizaciones armadas al margen de

la ley, de conformidad con las disposiciones legales vigentes o la captura de

cabecillas, recibirá del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación económica

acorde al resultado, conforme al reglamento que expida este Ministerio.

7.2.2.4.5 Beneficios por Entrega de Armas

El desmovilizado que haga entrega de armamento, munición, explosivos y armas

de destrucción masiva recibirá del Ministerio de Defensa Nacional una bonificación

económica, conforme al reglamento que expida este Ministerio.

109

7.2.2.4.6 Beneficios Jurídicos

De conformidad con la ley, tendrán derecho al indulto, suspensión condicional de

la ejecución de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la

instrucción o la resolución inhibitoria, según el estado del proceso, los

desmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen

de la ley, respecto de los cuales el Comité Operativo para la Dejación de las

Armas, CODA, expida la certificación de que trata el numeral 4 del artículo 12 del

Decreto 128 de 2003.

7.2.2.4.7 Beneficios Socioeconómicos

Una vez expedida la certificación del Comité Operativo para la Dejación de las

Armas, CODA, el Ministerio del Interior y de justicia, realiza una valoración

integral del reincorporado con el fin de determinar su programa de beneficios

socioeconómicos.

7.2.2.4.8 Beneficio Educativo

El reincorporado podrá iniciar o continuar su capacitación en educación básica,

media, técnica o tecnológica o en oficios semicalificados para dar empleabilidad

en las instituciones educativas que para tal fin establezca el Ministerio del Interior

y de Justicia. Igualmente, este programa comprende la educación del

desmovilizado en un esquema de valores humanos y sociales, compatibles con los

deberes y derechos del ciudadano proclamados en nuestra Constitución Política.

7.2.2.4.9 Beneficio Económico

El Ministerio del Interior y de Justicia, previa evaluación de factibilidad, autoriza

que el programa aporte recursos para el desarrollo de proyectos de inserción

económica para los reincorporados. Para tal efecto, esta entidad reglamenta y fija

110

las características, condiciones y montos de los aportes que se reconozcan. Este

proyecto no podrá ser refinanciado en ningún caso.

7.2.2.4.10 Seguros

El Ministerio del Interior y de Justicia adquiere un seguro de vida para el

reincorporado, con vigencia de un (1) año y una cobertura de quince (15) salarios

mínimos mensuales legales vigentes.

7.2.2.4.11 Servicios Especiales

A los discapacitados reincorporados se les suministra soportes mecánicos y

tratamientos de rehabilitación cuando no sean prestados por el Régimen

Subsidiado.

7.2.2.4.12 Empleo

El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en coordinación con el Ministerio del

Interior y de Justicia, crea una bolsa de empleo y contratación que vincula al

mercado laboral a los reincorporados que se acojan al presente decreto. Para este

efecto, entra en relación con los gremios económicos y las distintas empresas del

sector productivo o de servicios de la economía.

7.2.2.4.13 Delegaciones

Se encuentran delegaciones en las siguientes ciudades:

Pasto (Nariño), Cali (Valle), Neiva (Huila), Montería (Córdoba) y Medellín

(Antioquia).

111

7.2.3 ORGANIZACIONES PARAMILITARES

7.2.3.1 Principales Antecedentes

El Gobierno Nacional, a través del decreto 128 de 2002, estableció apoyo en

materia de salud para los desmovilizados y sus familias, al igual que protección y

solución jurídica a través del Ministerio del Interior. Este decreto también

contempla apoyo económico para la creación de microempresas y la posibilidad

de validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida por el Sena.

Además de estos beneficios, el Gobierno anunció, a través del decreto 2767 de

2004, que quienes se acojan a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria,

con la justicia o la Fuerza Pública, entregando información que permita evitar o

esclarecer delitos, podrán recibir una bonificación económica, acorde con el

resultado de dicha colaboración.

Los desmovilizados que entreguen material de Conflicto Armado interno,

intendencia, comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes, insumos y

maquinaria para la producción de drogas ilícitas, o cualquier otro elemento que

facilite a los grupos armados al margen de la ley el desarrollo de actividades

ilícitas, también recibirán una bonificación económica.

Se entregará igualmente una bonificación económica a quienes, de manera

voluntaria, deseen desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública.

El decreto aclara que los beneficios los podrán recibir todos aquellos nacionales

que individualmente y por decisión voluntaria51, abandonen los grupos armados al

51La desmovilización individual del Programa para la reincorporación tuvo como antecedentes la desmovilización de insurgentes producto de los acuerdos de paz celebrados durante del década del 90. Las leyes 35 de 1984, 77 de 1989 y 104 de 1993, con las cuales se establecieron los beneficios jurídicos y socioeconómicos cubrían a aquellas personas desmovilizadas en grupo, quienes lo hacían individual y voluntariamente tenían derecho solamente a la reducción de la pena si colaboraban con la justicia.

112

margen de la ley. Estos deberán demostrar además a criterio del Gobierno

Nacional, su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores de edad

quedan excluidos de cualquier forma de colaboración con la Fuerza Pública.

Sólo con la expedición del Decreto 1385 de 1994 se comenzó a abrir espacio para

los insurgentes que decidieran deponer las armas en forma individual y voluntaria,

creando un comité (CODA) para verificar la pertenencia a las organizaciones

armadas. Además especificaba que podían recibir beneficios socioeconómicos en

la medida que lo permitiera su situación jurídica.

En el año de 1997 la Ley 418 recoge el contenido de la Ley 104/93 y parte del

Decreto 1385/94, normas que aún hoy, con las modificaciones implementadas por

la ley 782 de 2002 y la entrada en vigencia del Decreto 128 de 2003 rigen en esta

materia.

En 1999 fue creado el Programa de Desmovilización con el propósito de permitir a

los miembros de las organizaciones armadas ilegales desmovilizarse de manera

individual sin esperar a que se inicie un proceso de paz formal. Desde la posesión,

se Uribe se ha tomado la decisión de renovar y fortalecer este Programa,

haciéndolo pieza clave de la Política de Seguridad Democrática.

Este propósito se tradujo en la expedición del Decreto 128 del 22 de enero de

2003 que permite que los miembros de las organizaciones armadas al margen de

la Ley se acojan al Programa. Con el Decreto 128 de 2003, reglamentario de la

Ley 418 de 1997 y 782 de 2002, se establecieron claramente dos etapas dentro

del programa para la reincorporación a la vida civil: La de desmovilización a cargo

del Ministerio de Defensa Nacional y la de Reincorporación propiamente dicho a

cargo del Ministerio del Interior y de Justicia.

113

El Gobierno actual ha propuesto ofrecer las condiciones y garantías básicas para

que los actores armados al margen de la ley se reincorporen de manera individual

y colectiva a la vida civil, al tiempo que se fomente el pluralismo y la participación

ciudadana, como elementos determinantes para facilitar la recuperación de la

gobernabilidad y la legitimidad y así lograr la consolidación del Estado

Comunitario, como el principal derrotero de la actual administración del Estado

colombiano.

En esa perspectiva, se han propuesto las líneas de acción planteadas por la

Comisión Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y

Grupos Alzados en Armas, que recogen las características propias de esta

población y faciliten de manera integral su inserción a la vida social y productiva

del país como la propuesta que lidera la actual administración52, con la finalidad de

facilitar a los desmovilizados mecanismos que les permitan incorporarse a un

proyecto de vida de manera segura y digna.

Desde los inicios de su administración, el actual gobierno ha hecho pública su

intención de dejar abiertas las puertas a una negociación con aquellos que se

decidan a participar en la vida democrática, con la condición de que cumplan un

completo y estricto cese de hostilidades que disminuya la violencia y asegure el

respeto a los derechos humanos.

Por ello, la consigna de este Gobierno es: Urgencia para el cese de hostilidades,

paciencia para la desmovilización y el desarme. Quienes se reintegren a la

sociedad y la vida democrática tendrán todas las garantías para ejercer la política

que merece el disidente dentro de la democracia.

52 La ejecución de este Programa se justifica en el diagnóstico y en las soluciones propuestas en el Objetivo de Seguridad Democrática de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2.002 – 2.006 Hacia un Estado Comunitario.

114

En cuanto a los niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto, el Programa del

actual Gobierno tiene como objetivo contribuir a la reconstrucción de una ruta de

vida por fuera del Conflicto Armado Interno , en el marco de la garantía de los

derechos del niño, la construcción de ciudadanía, democracia, perspectiva de

género, con un enfoque de inserción social y corresponsabilidad, para lo cual

cuenta con ayuda internacional y nacional dándosele prioridad a este aspecto.

7.2.3.2 Antecedentes y Objetivo del Decreto 128 de 2003

La Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782

de 2003, consagró unos instrumentos para asegurar la vigencia del Estado Social

y Democrático de Derecho, y garantizar la plenitud de los derechos y libertades

fundamentales reconocidas en la Constitución Política y en los Tratados

Internacionales aprobados por Colombia.

La anterior disposición establece que las personas desmovilizadas bajo el marco

de acuerdos con las organizaciones armadas al margen de la ley o en forma

individual podrán beneficiarse, en la medida que lo permita su situación jurídica,

de los programas de reincorporación socioeconómica que para el efecto

establezca el Gobierno Nacional.

Dispone la misma ley, que en el ejercicio de las mismas facultades no podrá

menoscabarse el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la

distribución de competencias establecidas en la Constitución y las leyes y en su

aplicación se tendrá siempre en cuenta el propósito del logro de la convivencia

pacífica.

El Decreto 128 de 2003 reglamenta y desarrolla tales instrumentos legales,

precisando los procedimientos y los organismos que deben llevarlos a cabo para

hacer posible y realizable la desmovilización y la reincorporación a la sociedad civil

115

de las personas que abandonen individualmente los grupos armados alzados en

armas.

En este decreto, se definen los instrumentos para asegurar la vigencia del Estado

Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y

libertades fundamentales reconocidas en la Constitución Política y en los Tratados

Internacionales aprobados por Colombia.

El Gobierno Nacional deja establecido el propósito del decreto y allí se consigna

que se hace preciso fijar condiciones, que de manera precisa y clara, permitan

establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para

acceder a los beneficios socioeconómicos, una vez iniciado el proceso de

reincorporación a la vida civil como consecuencia de la desmovilización voluntaria.

El Decreto 128 de 2003, también establece otra serie de beneficios preliminares y

establece la competencia que de acuerdo a la ley y a la constitución tienen las

entidades a cargo de las cuales se encuentra la función de otorgarlos, de esta

manera, por ejemplo, en materia de beneficios de protección y seguridad, el

Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior, según corresponda,

coordinarán con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía

Nacional, las medidas necesarias para brindar seguridad tanto al desmovilizado o

reincorporado como a su grupo familiar, en los casos en que esto último fuese

necesario.

De conformidad con el Artículo 21 del Decreto 128 de 2003, por medio del cual se

reglamenta la Ley 418 de 1997, los beneficios socioeconómicos de que trata este

Decreto sólo podrán concederse por una sola vez a cada persona y están

condicionados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones que este Decreto y

los Ministerios del Interior y Defensa Nacional determinen y se perderán cuando

culmine el proceso de reincorporación a la vida civil, cuando lo abandone el

116

reincorporado o en los demás casos que señale el reglamento que para el efecto

deberá expedir cada Ministerio.

7.2.3.3 Desarrollo del Programa de Reincorporación a la Vida Civil de las

Personas Alzadas en Armas53

En términos generales el programa se desarrolla en dos etapas54:

7.2.3.3.1 Primera Etapa

Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), a cargo del

Ministerio de Defensa Nacional, el cual comienza con la presentación de la

persona ante la autoridad más cercana y termina cuando el Comité Operativo para

la Dejación de Armas (CODA) luego de realizar un proceso de verificación, decide

si la persona puede o no acceder a los beneficios del Programa.

Esta etapa implica la atención humanitaria del desmovilizado e incluye alojamiento

y alimentación, transporte, vestuario, atención en salud física, psicológica y

seguridad.

7.2.3.3.2 Segunda Etapa

Denominada “Programa de Reincorporación a la Vida Civil de las Personas

Alzadas en Armas” a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia. El Programa

tiene una duración aproximada de dos años, con los siguientes componentes:

7.2.3.3.2.1 Atención Humanitaria

53 Ver Anexo 4. 54 Ver Anexo 5.

117

La cual contempla la atención de las necesidades básicas de los desmovilizados y

sus familias, lo cual incluye la ubicación en albergues, vestido, alimentación y

transporte.

7.2.3.3.2.2 Salud

El plan de reincorporación incluye la vinculación a la Red Pública Hospitalaria

cuando ingresan al Programa del Ministerio de Defensa, y al Régimen Subsidiado

en Salud una vez se asignan los cupos por parte del Consejo Nacional de

Seguridad Social en Salud.

7.2.3.3.2.3 Educación formal y no formal

Se prestan servicios en distintas áreas: Elaboración de proyecto de vida,

educación básica, capacitación en oficios semicalificados, formación productiva y

apoyo a proyectos productivos.

7.2.3.3.2.4 Seguridad

Se les cobija bajo esquemas de seguridad de acuerdo al nivel de riesgo del

ciudadano.

7.2.3.3.2.5 Jurídica

Se les apoya y asesora en los aspectos legales, a fin de que puedan

reincorporarse a la vida civil y ejercer todos sus derechos55.

55 Al respecto, se han determinado una serie de etapas por las cuales el reincorporado debe pasar para dar solución a su situación jurídica de acuerdo a la normatividad legal vigente y que regula este componente. Ver Anexo 6.

118

7.2.3.3.2.6 Atención psicosocial

Apoyo psicológico a las personas que por motivo de sus experiencias en el

Conflicto Armado Interno y cambios en su situación de vida, requieren de este

apoyo emocional.

7.2.3.3.2.7 Sistema de Información

Con los componentes de seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa en su

conjunto y los proyectos derivados, a fin de contar con información de calidad para

la efectiva toma de decisiones y el seguimiento requerido.

7.2.3.3.2.8 Descentralización

Hace referencia a la descentralización del Programa y de las responsabilidades, a

través de alianzas entre el gobierno central, regional y la sociedad civil.

Durante las administraciones de Pastrana y de Uribe, además de encontrar la

marcada diferencia en la orientación de los procesos de reinserción de los grupos

armados al margen de la ley, situación en la que con claridad se refleja el manejo

político dado por cada uno de ellos dentro de sus respectivos Planes de Gobierno

y las políticas diseñadas para tal efecto, se logra identificar diferencias de forma y

de fondo en las diversas Políticas Públicas de Atención para la reinserción o

reincorporación, e igualmente, para la tan anhelada consecución de la paz en el

país.

Desde el inicio del gobierno de Pastrana las expectativas de los colombianos

giraron en torno a la fallida visión social con la que este gobernante abordó la

búsqueda de la paz, los procesos de reinserción y en general la administración del

119

país, lo cual terminó en la agudización del contexto de Conflicto Armado interno y

en el fortalecimiento militar y financiero de las Organizaciones Guerrilleras. En

consecuencia, a su vez el escalonamiento de la estructura Paramilitar y de las

Autodefensas.

En los dos gobiernos el Ministerio del Interior y actualmente fusionado con el de

Justicia, ha sido la instancia que se ha determinado como el eje diseñador de la

Política Pública para el desarrollo y ejecución de los planes, programas y

proyectos de reinserción.

Es de resaltar que con el actual presidente se integra de forma más directa al

Ministerio de Defensa en estos procesos, lo cual considero que es de vital

importancia compartir y asumir responsabilidades desde los diferentes frentes del

Estado, más aún cuando desde este Ministerio también se materializa la Política

de Seguridad Democrática.

Ya sea desde la Dirección General para la Reinserción o desde la Comisión

Intersectorial para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos

Alzados en Armas, como las dependencias encargadas de llevar a cabo la

ejecución de estas políticas, en ambos casos en esencia se conservan los cuatro

(4) componentes centrales que estructuran y ponen en marcha los procesos de

reinserción, a saber son:

• La Reinserción Social

• La Reinserción Política

• La Reinserción Económica

• Los Aspectos Jurídicos

En este último aspecto, la Ley 211 del 21 de junio de 2005, pauta profundas

diferencias entre la anterior administración y la actual, ya que el componente de

120

reparación a las víctimas por parte de quienes regresan a la vida civil después de

haber cometido diversos delitos políticos y de lesa humanidad en algunos casos,

tiene en vilo a toda la sociedad colombiana. Es una discusión que se desarrolla

entre la sanción moral, la aplicación formal de la justicia, el perdón y la impunidad.

Reiterando una vez más la idea relacionada con el manejo que cada uno de los

gobiernos en mención ha dado a este tipo de procesos y todo lo que ello implica

para el país y sus habitantes, la Política Social para la Paz de Pastrana y la

Política de Seguridad Democrática de Uribe es otro ejemplo más de continuar

consolidando gobiernos transitorios y no de construir verdaderamente un Estado

colombiano de todos, por todos y para todos.

Teniendo en cuenta otro aspecto, considero muy valioso y pertinente el hecho de

diferenciar entre desmovilizado y reinsertado, ya que es claro que la dejación y

entrega voluntaria de las armas, representa tan sólo el primer escalón de una

larga escalera que hay que recorrer y que del éxito o fracaso de esta trayectoria

depende en gran parte el futuro de todos los colombianos después del Conflicto

Armado Interno.

El Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de las Personas y Grupos

Alzados en Armas que se está ejecutando bajo el gobierno de Álvaro Uribe,

considero que se encuentra concebido de forma un poco más integral y aterrizada;

puesto que es evidente que presenta avances muy significativos pero a la vez

altamente discutidos por diferentes sectores de la sociedad nacional e

internacional.

Estos avances, son en alguna medida respuesta a las falencias y equivocaciones

de procesos anteriores. Sin embargo, aún persisten y se agudizan las críticas

condiciones sociales y económicas que originan una vez más serios y profundos

tropiezos para quienes desean retornar a la vida civil.

121

El reto de la sociedad y del Estado colombiano en su conjunto, es lograr garantizar

las mejores y más óptimas condiciones de calidad de vida y de nivel de vida para

todos sus ciudadanos, incluyendo por supuesto a la población reinsertada porque

mientras esta condición no sea una realidad concreta y permanente, todo y cada

uno de los intentos e iniciativas al respecto se vendrán una vez más al suelo, e

igualmente, la credibilidad, legitimidad y el apoyo nacional e internacional.

En este orden de ideas y en aras de continuar con el desarrollo de este trabajo,

considero que es preciso realizar una mención especial relacionada con los

Militares en Retiro y que sufren algún tipo de discapacidad, puesto que el caso

específico de este grupo no se habla de un proceso de reinserción con las

connotaciones que le son propias a las Organizaciones Guerrilleras y

Paramilitares.

La valoración y las representaciones sociales que legitiman las acciones de los

Miembros de las Fuerzas Militares Armadas Colombianas, se encuentran

enmarcadas en la legitimidad y respaldadas por la ley.

Sin embargo, no hay que peder de vista que los militares retirados también en

alguna medida al dejar de prestar sus servicios a la institución militar, a causa de

algún tipo y grado de discapacidad, se ven avocados a enfrentar una nueva

situación de recuperación y sostenimiento económico de sus familias. Esta

situación es un poco más crítica para quienes no ocuparon altos rangos militares y

peor aún si de acuerdo a la decisión de la Junta Médica su discapacidad no

amerita la pensión sino una indemnización.

En el marco de Políticas Públicas de Atención en Salud, las Fuerzas Militares

Armadas Colombianas tienen un Régimen Especial para sus miembros y en el

caso de los discapacitados, define una serie de acciones y programas que son

122

liderados y desarrollados principalmente por sus distintas instancias y

dependencias.

Lo concerniente en estos casos, es lograr identificar si dichas acciones son de

carácter integral y conducentes al desenvolvimiento social de quienes por

diferentes motivaciones y circunstancias hicieron parte de algunas de las fuerzas

armadas del Estado y en la actualidad, sufren discapacidad por su participación

directa en las acciones de Conflicto Armado interno en el país.

Considero que bajo la perspectiva integral de la paz, la institución militar debe

asumir esta responsabilidad que en alguna medida puede considerarse como una

reparación y resarcimiento moral con quienes expusieron su vida en nombre y

representación de su país y cuya actuación, ha representado huellas en su cuerpo

y en su mente.

En definitiva, también es necesario Políticas Públicas de Atención para los

Militares Discapacitados, pues finalmente, ellos son parte del capital humano que

ha tenido que asumir el alto costo social del Conflicto Armado Interno en nuestro

país.

A 16.579 asciende el número de desmovilizados de los grupos armados ilegales

en los tres años de Gobierno del Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez,

informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el Programa de Atención Humanitario al Desmovilizado,

individualmente han hecho dejación voluntaria de sus armas 7.781 integrantes de

estas organizaciones, mientras que de manera colectiva se han desmovilizado

8.798 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

123

La entidad precisó que entre los desmovilizados individualmente se encuentran

3.894 miembros de las FARC, 2.592 de los Grupos Paramilitares, 1.075 del ELN y

220 de grupos disidentes.

Así mismo, en este grupo de personas aparecen 1.425 menores de edad y 1.076

mujeres.

A propósito del tema, el director del Programa de Reinserción del Ministerio del

Interior y de Justicia, Juan David Ángel, reveló que para el presente año el

Gobierno nacional tiene un presupuesto para desmovilización y reincorporación a

la vida civil de cerca 200 mil millones de pesos.56

Con toda seguridad pese a las dificultades que hace aproximadamente un mes se

presentaron en el proceso de desmovilización y reinserción con los frentes de las

Organizaciones Paramilitares, estas estadísticas tienden a aumentar; puesto que

para antes de finalizar este año, en el mes de diciembre ya se tiene programada la

entrega de armas de 2.000 hombres más de estas organizaciones, cumpliéndose

de esta manera la meta puesta por la actual administración y su equipo asesor.

56 RADIO CALI 95.5 FM 08/09/2005.

124

8. ANÁLISIS DE LA RED SOCIAL INSTITUCIONAL QUE BRINDA

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD CAUSADA POR EL

CONFLICTO ARMADO INTERNO

De acuerdo al Directorio Nacional de Instituciones57 que brindan atención a

personas con discapacidad por Conflicto Armado interno en la capital, existen

treinta y cuatro (34) instituciones entre públicas y privadas que atienden esta

población.

La información registrada sobre las instituciones en dicho directorio son nombre,

servicios que presta en el área de rehabilitación física, psicosocial, laboral,

recreación, deportes, otros servicios, publicaciones, dirección teléfono, fax y

correo electrónico.

Es de vital importancia aclarar que en el trabajo de campo ejecutado para la

investigación no fue posible acceder a los programas , planes y proyectos como tal

de cada institución; incluso como fue expresado por el Capitán (r) Oscar Buitrago

Presidente de CONFEPAZ en el foro sobre discapacidad por Conflicto Armado

interno en Antioquia realizado en Medellín el 5 de julio, en el directorio nacional

publicado por ellos fa ltaron instituciones por registrar porque algunas de ellas no

permitieron o no accedieron a compartir y difundir la información a través de este

directorio, aludiendo diversos motivos.

Para continuar con el abordaje crítico y propositivo reiterado una vez más y desde

la Gerencia Social, a continuación el análisis de la red social institucional consiste

en revisar más detenidamente los servicios generales ofrecidos por las 57 Esta publicación fue realizada con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Ejecutada por CONFEPAZ a cargo de su Directora de Comunicaciones Patricia Marín Pinilla.

125

instituciones para la discapacidad por Conflicto Armado interno de acuerdo al

directorio nacional58. Y, de esta manera identificar sus debilidades y fortalezas

sobre la atención específica a la población son discapacidad originada porel

Conflicto Armado Interno .

Como se mencionó en la ciudad de Bogotá funcionan treinta y cuatro (34)

instituciones unas públicas y otras privadas. Éstas son:

ü Asociación Colombiana para el Desarrollo de Personas con Discapacidad

“ASCOPAR”

ü Beneficencia de Cundinamarca

ü Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos “CIPS”

ü Comité Paralímpico Colombiano “C.P.C.”

ü Corporación Colombiana de Trabajo Voluntario

ü Corporación General Gustavo Matamoros D´Acosta

ü Corporación Guayacán de Desmovilizados con Discapacidad, Minusvalía y

Limitaciones Físicas “CORPOGUAYACÁN”

ü Corporación para el Desarrollo Social de Colombia “CODESCOL”

ü Disnet Agencia de Prensa

ü Estructurar Limitada

ü Fondo Nacional de Ahorro

ü Fundación Granahorrar

ü Fundación Norte – Sur

ü Fundación Proyecto Tecno

ü Fundación Prorehabilitación “TELETON”

ü Fundación Saldarriaga Concha

58 La información específica de cada institución se encuentra en el directorio nacional, resultado del trabajo exclusivo de CONFEPAZ. Por ello si se desea tener mayor conocimiento al respecto consultar dicho directorio.

126

ü Gobernación de Cundinamarca Secretaría de Cundinamarca “S.S.C.”

ü Hospital El Tunal E.P.S.

ü Instituto de Adaptación Física y Educativa “IDAFE”

ü Instituto de Adaptación Laboral “IDEAL”

ü Instituto Distrital de Recreación y Deporte “I.D.R.D.”

ü Secretaría Distrital de Salud Bogotá

ü Sociedad Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación “SOMER”

ü Trabajadores Limitados Físicos de Colombia “TRAFICOL”

ü Hospital Simón Bolívar III Nivel Empresa Social del Estado

ü Hospital Militar Central

ü Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”

ü Ministerio de Comunicaciones

ü Ministerio de Educación

ü Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

ü Red de Solidaridad social

ü Fondo de Solidaridad y Garantía Administrado por el Fisalud Consorcio

Fiduciario “FOSYGA”.

Para este trabajo, La Federación Colombiana de Organizaciones y Personas que

Trabajan con Discapacitados Víctimas del Conflicto Armado para la Prevención, la

Rehabilitación, la Reconciliación y la Paz “CONFEPAZ”, representó el recurso

institucional central que apoyó y facilitó su realización, por ello se hace una

mención especial a su trabajo.

¿Qué es CONFEPAZ?

CONFEPAZ es una organización privada sin ánimo de lucro fundada el 18 de julio

de 1999 por el Capitán (r) Oscar Buitrago rueda, a quien una mina antipersonal le

127

amputó una pierna y Alberto Cuellar Ibáñez, ex guerrillero amnistiado, quien sufrió

heridas en su rostro por arma de fuego.

A partir de este hecho real de Reconciliación y Paz de sus fundadores,

CONFEPAZ se ha transformado en una organización que agrupa a ex militares y

exguerrilleros amnistiados con discapacidad por causa del conflicto armado que

vive Colombia.

OBJETIVOS DE CONFEPAZ

v Desarrollar acciones y políticas dirigidas a la reconciliación y la paz entre

actores en conflicto.

v Brindar asesoría para la rehabilitación física, psicosocial y laboral de

excombatientes y pobladores civiles con discapacidad causada por el

Conflicto Armado Interno .

v Sensibilizar a la sociedad Colombiana sobre la incidencia de la

discapacidad por Conflicto Armado interno y sus consecuencias.

v Investigar y difundir la información necesaria para la formulación de

programas y políticas de atención a personas con discapacidad por

Conflicto Armado interno .

128

LOGROS

v CONFEPAZ es miembro del Comité Consultivo Nacional de las Personas

con Discapacidad, creado a través de la Ley 361 de 1997.

v Con asistencia financiera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

CONFEPAZ realizó entre enero y junio de 2001, un estudio descriptivo

sobre discapacidad física, psicológica y laboral causada por el conflicto

armado, del cual se publicaron 2000 ejemplares.

v CONFEPAZ ha difundido su experiencia de reconciliación y paz a través de

entrevistas y reportajes realizados por medios de comunicación nacional e

internacional como Caracol TV, audiovisuales, RCN Radio, El Tiempo, El

Espectador, CNN en Español, New York Times, Washington Post, Miami

Herald.

v Entre noviembre de 200 y junio de 2002 y con el apoyo de la Agencia

americana para el Desarrollo Internacional - USAID - de los Estados Unidos

y la Organización Internacional para las Migraciones - OIM -, CONFEPAZ

realizará un estudio sobre discapacidad por Conflicto Armado interno en

Antioquia y una campaña de difusión que hará visible la iniciativa que

representa la reconciliación entre los excombatientes de dos lados del

conflicto.

La lectura analítica de los servicios proporcionados por las instituciones a nivel

Distrital que de acuerdo a su perfil y naturaleza abordan la discapacidad causada

129

por el Conflicto Armado Interno , connotan las siguientes características

identificadas principalmente en seis áreas de servicios, a saber:

1. Rehabilitación física conformado por:

Ø Remisión a otras instituciones

Ø Consulta médica externa

Ø Medicina general y especializada

Ø Rehabilitación cardiaca, prepotésica, protésica y en actividades la vida

cotidiana

Ø Diagnóstico

Ø Hospitalización

Ø Urgencias

Ø Terapia ocupacional, física y de lenguaje

Ø Tratamientos y fisioterapias de baja, medio y alta complejidad

Ø Tratamientos y procedimientos quirúrgicos (amputación)

Ø Cirugía plástica, general y vascular

Ø Neurología

Ø Urología

Ø Ortopedia

Ø Fisiatría

Ø Fonoaudiología

Ø Odontología

Ø Reumatología

Ø Gastroenterología

Ø Entrega de ayudas técnicas (prótesis)

Ø Nutrición.

130

Esta área de servicio como su nombre lo indica, está claramente orientada a la

recuperación de la dimensión física – del sistema anatómico y biológico de

quienes en acciones bélicas han sufrido algún tipo de daño en su cuerpo, como

es el caso de exguerrilleros y ex militares59.

La naturaleza de la lesión y la parte del cuerpo afectado es muy diversificada,

razón por la cual se hace necesaria la intervención de las diferentes ramas de la

medicina en la rehabilitación física.

El daño ocasionado por los agentes de la lesión en los dos grupos tiene relación

directa con el daño físico, pues las armas y diversidad de artefactos y objetos

empleados en las estrategias y técnicas militares son propias de la dinámica y

estructura del Conflicto Armado Inte rno en Colombia.

2. Rehabilitación Psicosocial:

Ø Manejo de duelo

Ø Trabajo Social

Ø Visitas domiciliarias

Ø Psiquiatría

Ø Psicología

Ø Grupos de autogestión

Ø Actividades de manejo del tiempo libre

Ø Asesorías de formación integral.

59 Para mayor información ver Anexo 7. Las tablas o cuadros estadísticos presentados a partir de este punto hacer parte exclusiva de los resultados por CONFEPAZ en el Estudio Descriptivo sobre Discapacidad Física, Psicológica y Laboral Causada por el Conflicto Armado.

131

Los anteriores campos de intervención son tan sólo algunos de los que

constituyen la perspectiva psicosocial, sin embargo, es prioritario hacer mayor

énfasis en la terapia individual, familiar y grupal ya que éstas según la información

consignada en el directorio nacional sólo son brindadas por el Comité

Internacional para el Desarrollo de los Pueblos “CIPS”.

También se presenta esta situación para el espacio comunitario, puesto que éste

no es contemplado por la gran mayoría de las instituciones a excepción por la

gobernación de Cundinamarca Secretaría de Salud de Cundinamarca que “[...] por

medio de una estrategia pedagógica se intenta integrar a la comunidad para lograr

que cada ciudadano colabore en el mejoramiento de la calidad de vida de las

personas con discapacidad [...]”60. Por consiguiente, no se concibe la proyección

sostenible en la reconstrucción y en el fortalecimiento de redes familiares y

comunitarias.

Dentro de la rehabilitación psicosocial se encuentra las consecuencias

psicológicas de la discapacidad, al respecto las estadísticas61, de alguna forma

logran dimensionar, sacar a la luz pública y reconocer las implicaciones en el

proyecto de vida de exguerrilleros y militares en retiro.

La depresión, la ansiedad, el alcoholismo y el estrés postraumático son las

consecuencias más frecuentes que en el orden psicológico presentan los dos

grupos, con la preocupación de que éstas adquieren múltiples expresiones que

alteran y afectan su vida individual y familiar. En consecuencia, su

desenvolvimiento social se ve notoriamente estancado.

60 MARÍN PINILLA, Patricia. Directorio Nacional de Instituciones que brindan atención a Personas con discapacidad por Conflicto Armado interno. Ejecutado por CONFEPAZ. Primera Edición, Bogotá, D.C., junio de 2.002. p. 34. 61 Ver Anexo 8.

132

3. Rehabilitación Laboral y Capacitación62

Ø Talleres, capacitaciones y cursos en diferentes áreas – artes y oficios

Ø Proyectos asociativos, productivos y terapéuticos

Ø Remisión de hojas de vida y ubicación laboral

Ø Análisis del perfil laboral

Ø Talleres en el campo agrícola, industria, servicios, comercio

Ø Asesoría – orientación jurídica y en actividades deportivas

Ø Educación primaria, secundaria, profesional, técnica y tecnológica

Ø Educación formal y especial

Ø Sensibilización y prevención (Derechos Humanos y Derecho Internacional

Humanitario)

Ø Cursos de sistemas (básico e intermedio) y de telemercadeo

Ø Formulación de Proyectos

Ø Gerencia Social

Ø Fortalecimiento institucional

Ø Finanzas

Ø Mercadeo social

Ø Negociación y fuentes de cooperación internacional para proyectos sociales

Ø Asistencia técnica en ejecución de proyectos

Ø Desarrollo empresarial.

Es innegable el abanico de posibilidades existentes para los procesos de

capacitación, pero éstos evidentemente van en contravía de las oportunidades

reales y productivas de empleo para esta población. La situación generalizada de

desempleo se complica con mayor fuerza para los exguerrilleros y paramilitares

reinsertados, pues la estigmatización o señalamiento social cierra cualquier

oportunidad para ellos; viéndose obligados a depender en gran parte de los

frágiles proyectos económicos por parte del Estado y sus instituciones respectivas. 62 Los talleres y capacitaciones se brindan de acuerdo al perfil de cada institución.

133

En el caso de los exmilitares se ejecutan actividades de capacitación y talleres en

el Batallón de Sanidad del Ejército del Distrito, pero no existe por parte del Ejército

programas de acceso laboral. La discapacidad de este grupo es valorada por una

junta médica, si alcanza el 75% otorga pensión y sino supera el 25% hay

indemnización, esto significa que pese a estas dos “soluciones”, la capacidad

productiva se ve seriamente trastocada y estancada.

Las tablas estadísticas63 expresan la relación inherente entre el tipo de

discapacidad física y laboral, puesto que de acuerdo a la primera discapacidad, la

posibilidad de ejercer otra vez una actividad de trabajo es definida.

Para finalizar, los cuadros estadísticos64 acerca del tipo de rehabilitación recibida

tanto por exguerrilleros como militares retirados, muestran una marcada tendencia

a prevalecer la rehabilitación física.

Es una prioridad inmediata un enfoque integral de salud mental en un escenario

de Conflicto Armado interno, que conjugue y articule la rehabilitación en el marco

de lo físico, lo psicológico y lo ocupacional en el cual la familia y la comunidad

constituyan redes de apoyo eficientes y eficaces para la problemática de la

discapacidad por Conflicto Armado interno y su incidencia en estos escenarios.

Por supuesto la demanda social de los directamente afectados al Estado, a todos

y a cada uno de quienes de algún modo con sus acciones y actitudes

problematizan aún más la situación de Conflicto Armado interno del país y que se

encuentran relacionados con esa problemática. Aquí se incluye a las instituciones

del Estado que frente a la agudización y entrecruzamiento de las problemáticas de

63 Ver Anexo 9. 64 Ibid., p. 37 y 47.

134

la sociedad Colombia se han visto de principio a fin evocadas a atenderlos desde

una serie de políticas públicas desarticuladas y frágiles de diversos sectores, es

decir, obstaculizando alternativas de transformación y solución, las cuales hacen

un llamado a la responsabilidad social compartida.

Se hace imperante la necesidad de contextualizar y articular las acciones

institucionales de atención de la red social, a un marco de Políticas Públicas

claras, definidas e integrales en salud, como un aporte real a la paz del país en el

cual la discapacidad originada por el Conflicto Armado Interno en sus actores

militares armados, sea la materialización de una Política de Estado, resultado del

reconocimiento e integración del compromiso, la voluntad social y política de los

colombianos

Ya es hora de asumir que en Colombia existe un particular tipo de discapacidad,

expresión y producto de una serie de enfrentamientos armados que cada vez se

incrementan más y que en la actualidad son auspiciados por el Plan Colombia y el

Plan Patriota, además, de la marcada incidencia de la Política de Seguridad

Democrática del Presidente Álvaro Uribe que dentro de otras cosas ha hecho

agudizar las acciones bélicas y por ende, aumentar el número de muertos y

heridos de cada actor militar implicado.

135

9. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN

REINSERTADA CON DISCAPACIDAD CAUSADA POR EL CONFLICTO

ARMADO INTERNO

ADMINISTRACIÓN ANDRÉS PASTRANA Y ÁLVARO URIBE

Realizada la mirada crítica y propositiva frente a la red social institucional que

presta apoyo a las personas con discapacidad, es pertinente una revisión a grosso

modo del marco constitucional y legal que respalda las acciones emprendidas por

las instituciones mencionadas en el capítulo anterior.

Esta revisión permite tener en cuenta factores que pueden o no promover un

mayor impacto social por parte de la red institucional sobre la problemática de la

discapacidad en Colombia particularmente, determinando y evaluando si es

contemplada más específicamente con todas sus implicaciones sociales la

discapacidad por Conflicto Armado interno.

En los artículos 13, 47, 54 y 6865 de la Constitución Política de Colombia de 1991,

se “[...] reconocen en consideración a la dignidad que le es propia a las personas

con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales

para su completa realización personal y su total integración social y a las personas

con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias. [...]”66.

Con la expedición de la Ley 361 de 1997 sobre discapacidad se establecen

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras

disposiciones.

65 Estos mismos artículos inspiran los principios de la Ley No. 361 del 7 de febrero de 1997. 66 Congreso de la República. Ley No. 361 febrero 7 de 1997. Presidencia de la República. Santa Fe de Bogotá, D.C., 1999. P. 2.

136

También se compromete a garantizar y velar porque en su ordenamiento jurídico

no se discrimine a las personas por circunstancias económicas, físicas, psíquicas,

sensoriales y sociales.

Orienta que las ramas del poder público pongan a disposición los recursos

necesarios para garantizar los derechos que asisten a las personas con

discapacidad, siendo su obligación desarrollar acciones preventivas y brindar

cuidados médicos y psicológicos, habilitación y rehabilitaciones adecuadas,

educación apropiada, orientación e integración laboral. Para estos efectos están

obligados a participar la administración central, el sector descentralizado, las

administraciones departamentales, distritales y municipales, y todas las

corporaciones públicas y privadas del país.

Las personas con limitación deben aparecer calificadas como tales en el carné de

afiliado al sistema de Seguridad en Salud, ya sea al régimen contributivo o

subsidiado. Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el

grado de limitación moderada, severa o profunda de la persona y servirá para

identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley. Sin

embargo, esta parte de la ley no se cumple cabalmente, a lo sumo las personas

con discapacidad se afilian a una entidad de salud, pero difícilmente el grado de

discapacidad ha sido determinado o tenido en cuenta.

A través de esta Ley se constituyó el Comité Consultivo Nacional de las Personas

con discapacidad, como asesor institucional para el seguimiento y verificación de

la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la

integración social del limitado. Dicho comité tiene carácter permanente y está

coordinado por una Consejería Presidencial designada para tal efecto.

137

Así mismo el comité, tiene como función velar por el debido cumplimiento de las

disposiciones y principios establecidos en esta Ley y debe promover las labores

de coordinación interinstitucional conformando grupos de enlace sectorial, demás

entidades y organismos que se estime conveniente vincular67.

Con el objeto de llevar a cabo una lectura crítica y comparativa de los Planes

Nacionales de Atención a las Personas con Discapacidad en los gobiernos de

Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, se hace mención a los principales capítulos

contenidos en dichos planes. 68.

Ello permite tener elementos y criterios de análisis que posteriormente serán

tenidos en cuenta; puesto que del diseño e implementación de los planes en

mención, se define el impacto social sobre la población discapacitada por las

acciones armadas en el escenario de las Políticas Públicas de Atención en Salud,

con una mirada integral que hace parte de las Políticas Públicas para la Paz,

políticas que ninguno de los gobiernos ha logrado consolidar.

Es pertinente realizar una lectura crítica de los lineamientos y acciones de

atención en salud para la población discapacitada que se estipulan en los Planes

Nacionales de Atención, para así poder identificar y determinar si se aborda la

particularidad de la discapacidad por Conflicto Armado interno, más aún teniendo

en cuenta que los enfrentamientos armados son más hostiles y contundentes y, a

la vez, en el actual gobierno las cifras estadísticas de reincorporados van cada vez

en mayor aumento y con la presencia de algún tipo de discapacidad.

67 BUITRAGO y JUTINICO, op., cit., p. 19 – 20. 68 Para mayor información se recomienda consultar estos planes y, adicionalmente: Acuerdo No. 72 de agosto de 1997, Acuerdo No. 74, Acuerdo No. 23, resolución 03997 octubre de 1996, Resolución No. 03165 septiembre de 1996, Ley 60 de 1993: Artículos 2, 3, 4 y 21 (Numerales 2 y 7), Ley 10 de 1990 Artículo 4, Ley 10 de 1993 en su totalidad pero en particular los Artículos 13, 47, 49, 54, 152, 153, 157, 257 y la cartilla dirigida especialmente a la población con discapacidad en el Sistema de Seguridad Social en Salud.

138

9.1 Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1998 – 2002

El Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1998 - 200269 el

definía la discapacidad como:

“[...] toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia de la capacidad

de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera

normal para un ser humano en su contexto social. Refleja las

consecuencias de las deficiencias en el rendimiento funcional de la

actividad cotidiana de la persona: en la ejecución de las tareas, aptitudes y

conductas. Puede ser transitoria o definitiva, reversible, progresiva o

regresiva. Segundo, la deficiencia como toda pérdida o anormalidad de

una estructura o función psicológica, mental, fisiológica o anatómica;

tercero, la minusvalía como situación desventajosa para una persona

determinada, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad para

el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de edad,

sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Es por tanto, la pérdida

o limitación de las oportunidades para participar de la vida en comunidad

[...]”70.

9.1.1 Principios

v El Plan se funda en los principios de tolerancia, igualdad y respeto a la

diferencia.

69 Ministerio de Salud, Educación, Cultura y Otros. Plan Nacional de Atención a las personas con Discapacidad. Bogotá, D.C., 1999. 70 Ibid., p. 19.

139

v De manera general el Plan se guía por el respeto de los derechos

fundamentales del individuo y el reconocimiento a los derechos sociales,

económicos, culturales y del ambiente establecidos por la Carta

Constitucional.

v En particular el Plan se propone destacar a la tolerancia, la igualdad y el

respeto a la diferencia, como principios esenciales de la convivencia

ciudadana e instrumentos fundamentales para construir el destino colectivo

de nuestra Nación.

9.1.2 Características del Plan

v Transectorialidad en la política pública de la discapacidad

v El Plan se apoya en el compromiso político establecido en la Ley 361/97,

que ordena la intervención activa de todos los niveles competentes de la

administración y en la participación co-responsable de las ONG´s

involucradas en el tema de Discapacidad.

v La atención a la discapacidad debe estar incluida en el plan de desarrollo

de cada gobierno territorial.

v La característica esencial de su concepción es la transversalidad de la

política pública, de tal manera que todos los sectores involucrados deben

responder por la atención de las personas con discapacidad, incorporando

para ello los recursos necesarios del gasto público en las áreas de su

competencia.

v El sentido transversal del Plan frente a las personas con limitaciones,

determina la definición de líneas de acción y estrategias de intervenciones

140

generales y comunes, como criterios para orientar la inversión en los planes

de desarrollo sectorial y regional, de acuerdo a las responsabilidades que

tienen las entidades territoriales.

v El plan es de carácter intersectorial, interinstitucional y descentralizado, lo

cual facilita la articulación de acciones comunes.

v El desarrollo del plan tendrá la participación de los diferentes sectores,

instituciones y niveles administrativos, en concordancia con sus

competencias y la participación del sector privado, con un compromiso

descentralizador, dentro del marco de una política pública que sensibilice a

la sociedad con relación a la necesidad del reconocimiento de los derechos

de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

9.1.3 Estrategias Comunes

9.1.3.1 Cambiaremos la Visión Actual de la Discapacidad por la Cultura de la

Igualdad

Ellas corresponden a propuestas de gestión referidas a la manera como se

organizan o administran en forma equitativa, los recursos nacionales y territoriales

disponibles.

Existe un gran número de instituciones, organizaciones, fundaciones y personas

que no renuncian a invertir en el optimismo y en la esperanza, con la certeza de

que los colombianos somos más futuro que presente.

141

9.1.3.2 Igualdad de Oportunidades y Recursos

En la medida en que todos los ciudadanos enfrentemos con decisión y en forma

preactiva la solución de los problemas que aquejan a los más vulnerables,

contribuiremos a que nuestra sociedad ofrezca las oportunidades en igualdad de

condiciones.

La responsabilidad social surge de la conciencia creciente de que todas nuestras

decisiones tienen un efecto que va más allá de nuestras propias organizaciones.

Somos hilos de esa telaraña social, pero también somos tejedores de la misma.

9.1.3.3 Afectamos pero También Somos Afectados por Todo el Conjunto

Social

Por eso debemos eliminar las prácticas discriminatorias, así como los obstáculos

sociales y ambientales que existe, para que a las personas en condiciones de

debilidad manifiesta se les brinde la comprensión, el afecto y los demás apoyos

complementarios que requieren para hacer real y efectiva la equidad, de manera

que puedan acceder a los servicios y a la vida social, económica y cultural.

9.1.3.4 Los Gobernadores y Alcaldes Liderarán el Plan en sus Territorios

Esa equidad se materializa en la distribución territorial de las oportunidades y los

recursos, y está orientada a la satisfacción de las necesidades especiales, en

función de indicadores de ubicación geográfica, prevalencia, severidad,

pronóstico, y pertenencia a grupos de alto riesgo, así como a la oferta y calidad de

los servicios, pertenencia y racionalidad de la inversión.

142

9.1.3.5 Las Entidades Territoriales y las Corporaciones Públicas y

Privadas son Co responsables

La ley 361/97 establece que las distintas administraciones, tanto del orden

nacional como territorial, incluirán en sus planes de desarrollo económico y social,

programas y proyectos que permitan la financiación y el desarrollo adecuado de

las distintas disposiciones contenidas en la Ley y con la participación de las

corporaciones públicas y privadas del país.

9.1.3.6 Las Redes Territoriales de Apoyo Serán Consolidadas

Este Plan es el instrumento mediante el cual se concreta el conjunto de acciones,

estrategias, espacios, recursos y tiempos que se emplearán para desarrollar la

Red de Apoyo Territorial, a través del cual se brinde la atención con calidad a la

población en riesgo y a aquella con discapacidad y minusvalía. En este orden de

ideas, es responsabilidad de todos los sectores y actores involucrados, fortalecer

la gestión social de las organizaciones que agrupan a las personas con

discapacidad y a las de padres de familia.

9.1.3.7 Eficacia y Eficiencia en la Utilización de Todos los Recursos

Una vez aprobado el Plan, éste debe concretarse en programas de acción

territorial a través de las Redes, de tal manera que se cuantifiquen los objetivos a

lograr, se especifiquen las actividades que desarrollen los objetivos, el

presupuesto estimado para llevarlos a cabo, al igual que los responsables de la

financiación, la coordinación, la ejecución de las mismas, y los indicadores de

gestión que permitan su seguimiento.

143

9.1.3.8 La Responsabilidad es de Todos los Actores de la Sociedad

La Administración Nacional: Desarrollará aquellas medidas que son de su

competencia. Cofinanciará proyectos que considere básicos hasta alcanzar unos

mínimos que garanticen la equidad territorial. También financiera y/o desarrollará

estudios e investigaciones, estadísticas e indicadores, así como la formación de

profesionales que desde distintas áreas, promuevan la integración social de las

personas con discapacidad. Las normas y los lineamientos, al igual que la edición

y difusión de material documental, son responsabilidades suyas. Por último,

realizará el seguimiento y control en coordinación con las Redes Territoriales.

9.1.3.9 La Red Territorial

El Plan de Acción propuesto por cada Red asegurará la coordinación transversal

que garantice la coherencia y la continuidad de las intervenciones. De igual

manera atenderá la coordinación vertical entre los distintos niveles administrativos

que tienen competencias compartidas en la atención a la discapacidad.

9.1.4 Propósito

Garantizar la dirección y el control de las medidas eficaces para el seguimiento

permanente de la ejecución de acciones, que permitan desarrollar una política

pública en co-responsabilidad del Estado y la Sociedad Civil.

9.1.5 Objetivo General

Mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, por medio de la

prevención, así como atendiendo el fortalecimiento y la ampliación de los servicios

existentes, facilitando su acceso, calidad y cobertura. De igual manera, se busca

estimular intersectorial, interinstitucional mente, la extensión y consolidación de las

144

redes territoriales y sociales de apoyo para la atención a la discapacidad, que

permitan el desarrollo de una cultura de convivencia y respeto a los derechos

fundamentales.

9.1.6 Objetivos Específicos de las Áreas de Acción

9.1.6.1 Prevención

• Reducir la frecuencia de discapacidad para moverse, comunicarse,

ocuparse y relacionarse social y productivamente en todos los grupos de

edad.

• Descender el número de recién nacidos prematuros o con malformaciones

congénitas.

• Disminuir la aparición de trastornos del desarrollo o de discapacidades en

niños, niñas y adolescentes.

• Reducir el número de personas con discapacidad por causas prevenibles

de la violencia.

• Evitar las discapacidades por causa de los accidentes de tránsito, de

trabajo y ocupacionales.

• Establecer programas para reducir la incidencia de enfermedades crónicas

• Reducir las causas de discapacidad mediante el diseño, manufactura y

elaboración de elementos ortésicos y de línea blanda.

• Habilitación y Rehabilitación

145

• Detectar, evaluar, atender y brindar el apoyo tecnológico rápida y

oportunamente y mantener el máximo de autonomía personal en todos los

grupos de edad.

• Detectar y atender precozmente a los niños y niñas con trastornos del

desarrollo o malformaciones congénitas.

• Ofrecer a los adolescentes los apoyos que precisen para el desarrollo de

sus capacidades.

• Ofrecer oportunidades ocupacionales y laborales a la población

económicamente activa con discapacidad.

• Sostener el máximo de autonomía personal y apoyar al grupo familiar y

social de las personas con discapacidad severa.

• Ofrecer oportunidad de independencia y autonomía mediante el diseño,

manufactura y elaboración de elementos ortésicos y de línea blanda.

9.1.6.2 Educación

• Garantizar en forma gradual que todas las personas con limitaciones

accedan, permanezcan y se promocionen en condiciones de igualdad, en el

servicio público educativo.

• Asegurar a todos los colombianos con necesidades educativas especiales

una educación de calidad con condiciones de igualdad.

146

• Superar toda forma de discriminación y corregir factores de inequidad que

afectan el sistema educativo en la atención de la población con

discapacidad.

• Garantizar a las personas con necesidades educativas especiales la

igualdad de oportunidades en materia de educación ofreciendo los recursos

personales, materiales y tecnológicos requeridos.

• Facilitar las ayudas técnicas que cubran las necesidades educativas y

laborales.

• Integración Familiar y Social

• Generar procesos participativos y comunitarios para potencializar redes de

apoyo familiar e institucional.

• Ofrecer servicios comunitarios de ayuda domiciliaria de complementación y

apoyo temporal del cuidado familiar.

• Garantizar las ayudas técnicas necesarias para facilitar la atención por

parte de la familia y en comunidad.

• Fortalecer los servicios de información, orientación y formación de las

familias de las personas con discapacidad y minusvalía.

• Facilitar el acceso, diseño y manufactura de los avances tecnológicos para

la integración social y familiar de las personas con discapacidad.

147

• Fortalecer las organizaciones comunitarias que permitan la identificación de

líderes y la capacitación de personas e instituciones que se conviertan en

forjadores de la gestión social en su territorio.

9.1.6.3 Integración Laboral y Social

• Mejorar el acceso a los servicios de rehabilitación profesional y fomentar la

reubicación laboral de las personas rehabilitadas profesionalmente en las

empresas afiliadas al S.G.R.P.

• Asegurar una recuperación profesional de calidad, que responda a las

capacidades de las personas, al mercado laboral territorial y a las

exigencias cambiantes de las ocupaciones.

• Estimular la recuperación e integración laboral ante las prestaciones

económicas.

• Crear los estímulos necesarios para facilitar que las empresas vinculen a la

población con discapacidad.

• Incluir ayuda técnicas y tecnología de punta

• Accesibilidad al deporte, recreación, cultura y turismo

• Impulsar el acceso de las personas a programas deportivos, recreativos y

culturales.

• Hacer accesibles los programas a las personas con discapacidad severa

definitiva institucionalizadas o en el domicilio.

148

• Promover el turismo social

• Facilitar el diseño de ayudas técnicas que permitan la competitividad

deportiva y la recreación en igualdad de oportunidades para las personas

con discapacidad.

9.1.6.4 Accesibilidad, Espacio Físico, Comunicaciones y Transporte

• Promover la igualdad de oportunidades en el acceso y uso de la vivienda

• Facilitar una amplia gama de alojamientos alternativos

• Facilitar la utilización normalizada del tránsito y el transporte públicos

• Eliminar progresivamente las barreras de acceso a las comunicaciones, al

espacio urbano y público.

9.1.7 Líneas Estratégicas

9.1.7.1 La Descentralización será la columna vertebral del Plan

• En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la descentralización es

la columna vertebral del Plan de Atención a la Población con Discapacidad.

De esta manera todas las líneas estratégicas que lo componen estarán

orientadas a consolidar esa organización administrativa de origen

constitucional.

• La Red de Solidaridad Social coordinará en el nivel territorial, el

cumplimiento de este esfuerzo descentralizador, para lograr en la instancia

149

departamental y municipal, la integración alcanzada a nivel nacional por los

diferentes sectores involucrados en el diseño de este Plan.

Como complemento a lo anterior, las áreas de acción sectorial se dirigen en igual

sentido, buscando consolidar la descentralización en el país.

Las siguientes líneas, incluidas en la síntesis del Plan en el cuadro que se

presenta a continuación, constituyen el marco de referencia que permite a los

responsables sectoriales y territoriales ajustar los recursos y las decisiones de la

comunidad a las soluciones de la problemática local:

El Plan comprende ocho líneas estratégicas que atraviesan transversalmente los

sectores comprometidos. Éstas son:

ü Sistema de Información

ü Planeación, Oferta De Servicios Y Desarrollo Tecnológico

ü Asistencia Técnica

ü Comunicación y Cultura

ü Cooperación Técnica

ü Investigación

ü Reglamentación y Protección Jurídica

ü Evaluación y Seguimiento.

El estudio descriptivo realizado por CONFEPAZ sobre Discapacidad Física,

psicológica y laboral por el Conflicto armado frente a los lineamientos

constitucionales y legales reseñados anteriormente afirma que 71:

71 BUITRAGO Y JUTINICO, Op., cit., p. 20 – 22.

150

Para el antiguo Ministerio de Salud 72, los estudios epidemiológicos

realizados en nuestro país para analizar la morbilidad de la población, no

consideran las consecuencias de las enfermedades en términos de

deficientes y discapacidades. Los registros y la información estadística

acumulada sobre mortalidad y morbilidad, generalmente no determinan la

prevalecía de las discapacidades, lo cual impide que sobre esa base se

definan acciones de promoción y prevención, la satisfacción de la

demanda de los servicios de rehabilitación o la situación de las personas

con discapacidad en su contexto social.

De otra parte, el Ministerio de Salud también señala la inexistencia de un

contexto teórico a partir del cual se pueda valorar el impacto de las

contingencias y los factores de riesgo que se presentan en la vida

cotidiana de las personas en cada asentamiento humano y que afecta

drásticamente el desempeño cotidiano y por ende la productividad

individual, familiar y social territorial.

Así mismo sostiene que es necesario definir los aspectos que afectan la calidad de

vida de los discapacitados, sobre los cuales es urgente desarrollar actividades

preventivas que tengan en cuenta las bases culturales que permiten, propician y

mantienen los comportamientos discriminatorios hacia estas personas,

obstaculizando el desarrollo de su dignidad.

Se requiere, entonces, introducir cambios culturales hacia la construcción de unas

relaciones más democráticas que faciliten a las personas con discapacidad

72 Ministerio de Salud. Lineamientos para la promoción, protección de la salud y prevención en el Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. Material en computador distribuido en el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Discapacidad. Santa Fe de Bogotá, D.C., 2000.

151

desarrollar sus potencialidades y así desempeñar un papel social acorde con sus

condiciones.

En el documento Colombia y las minas antipersonal73 el establecer la cantidad de

víctimas mutiladas o muertas por causa de minas antipersonal en Colombia es

una tarea de enormes dimensiones, en un país donde alrededor de cien mil

artefactos de este tipo están sembradas y donde los municipios afectados se

suman más de un centenar, aproximadamente el 15% del territorio nacional.

También se dice que para el análisis se debe considerar que se cuenta con una

precaria red de información y los datos que arroja no son útiles para calcular el

número de personas que resultan con algún tipo de discapacidad por causa del

conflicto armado.

El documento muestra que el sistema de información basado en la Organización

Mundial de la Salud – OMS, no contempla la amputación de miembros por heridas

con armas de fuego o artefactos explosivos.

Más adelante señala que ningún centro de salud, hospital o clínica de Colombia

cuenta con medios para obtener información sistematizada sobre la discapacidad

de Conflicto Armado interno. De manera que mucha información valiosa se pierde

y las víctimas desaparecen, dificultando su rehabilitación física y emocional, su

reintegración social y laboral y la indemnización para quienes pagan el precio de

una Conflicto Armado interno que no les pertenece.

73 Ministerio de Comunicaciones, Embajada de Canadá y UNICEF Colombia. Colombia y las minas antipersonal – sembrando minas cosechando muerte. UNICEF. Bogotá, D.C., 2000.

152

Así mismo, en el documento se afirma que el número de víctimas de minas

antipersonal en Colombia es aproximadamente de 732, entre las que se cuentan

58 niños, pero no especifica el período de tiempo durante el cual ocurrieron los

sucesos.

A continuación, dicen que las minas no reconocen la diferencia entre un civil y un

combatiente, un niño o un adulto, un hombre o una mujer y que los dolores físicos

que acompañan a las víctimas de las minas antipersonal son tan intenso y

profundos como las heridas psicológicas que los acompañarán por siempre. Las

secuelas son tan intensas que la mayoría de ellos piensan en el suicidio como la

única opción para aliviar los dolores físicos y psicológicos.

Según Francisco Ortega74 representante de la Organización de Revolucionarios

Discapacitados – ORD y la Asociación de Discapacitado de la Resistencia

Nicaragüense – ADRN, el Conflicto Armado Interno de los ochenta en Nicaragua,

llamada así porque duró los diez años de esa década, dejó un estado de

destrucción casi apocalíptica: la economía retrocedió 30 años, el 40% de la

población sufrió desplazamiento, ocurrieron 60.000 muertes y entre 20.000 y

40.000 personas quedaron discapacitadas.

En esta costosa lección se aprendió que el Conflicto Armado Interno es un largo,

difícil e inútil camino que niega el presente, empeña el futuro y sobretodo sacrifica

vidas humanas.

74 ORTEGA, Francisco. En dis / abilitá e Cooperazione. Atti del Covegno, roma 8 – 9giugno 199. Zowart, Roma, 2000.

153

Los discapacitados por acusa directa del Conflicto Armado Interno se agrupan en

dos grandes entidades: la ORD cuyos miembros pertenecieron a las fuerzas

revolucionarias sandinistas y la ADRN la cual está conformada por personas que

fueron adversas a la revolución.

Ambos organismo aglutinan a 18.000 personas. Existen varios miles más

organizadas en otras asociaciones y muchas otras no están organizadas. Aún no

se conoce con exactitud el número de personas con discapacidad por causa del

Conflicto Armado Interno .

Estas personas cuando se vincularon o los vincularon, tanto a las fuerzas

regulares como irregulares, tenían entre 14 y 18 años, niños y jóvenes

campesinos, estudiantes, hijos de obreros y trabajadores adolescentes que

estaban formándose para la vida tanto física como psicológicamente.

Abruptamente este proceso se interrumpió siendo sustituido por un proceso

deformante como es el Conflicto Armado Interno .

Las secuelas del Conflicto Armado Interno en los individuos y las sociedades son

aplicables a la experiencia nicaragüense: el estrés del Conflicto Armado Interno, el

estrés post-traumático, los deficientes o nulos procesos de rehabilitación, una

sociedad no preparada para recibir a los discapacitados, sin preparación o

capacitación laboral para reintegrarse a la vida civil, sin educación formal o

informal más que la militar, sin facilidades de acceso a medios auxiliares (sillas de

ruedas, prótesis, bastones), fueron comunes denominadores en los miembros de

estas organizaciones.

Por la magnitud del problema no hubo un verdadero proceso de rehabilitación.

Los discapacitados como pudieron, principalmente en el seno de la familia, fueron

154

realizando una especie de rehabilitación basada en la comunidad, aunque más

que un proceso de rehabilitación ha sido un verdadero proceso de adaptación y

sobrevivencia. En estas condiciones, muchos de ellos optaron por la resignación,

por el alcohol, por las drogas, algunos por la mendicidad; otros han sido llevados a

la demencia o la delincuencia.

Ante esta terrible situación dichas organizaciones retoman, como guía, el

Programa de Acción Mundial para personas con discapacidad, reafirmado por la

Asamblea General de la ONU, el cual plantea igualdad de oportunidades,

participación plena en las actividades económicas y sociales, al igual acceso a la

salud, educación y servicios de rehabilitación.

9.2 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2003 – 200675

Uno de los puntos de partida que diferencia claramente la Política Pública

Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad de los gobiernos de

Pastrana y Uribe, es el enfoque desde el cual se concibe y se aborda la

problemática de la discapacidad; puesto que es evidente que en la actual política

se propone de manera más clara un componente social de carácter integral el cual

se fundamenta en acciones familiares, grupales y comunitarias con

responsabilidad permanente de la red social conformada por todas y cada una de

las instancias del Estado y la sociedad.

75 De acuerdo a la Dirección General de Promoción Social Grupo Apoyo Familiar Especial del Ministerio de la Protección Social, las normas más relevantes y vigentes en el actual gobierno relacionadas con la población desmovilizada y su acceso a los servicios de salud son: Los Acuerdos 138/03, 244/03, 253/03, 262/04, 270/04, 275/04. Resolución 01451/04, 004151/04, 004367/04 y el Decreto 1283/96.

155

9.2.1 Marco Conceptual

Los componentes de prevención, mitigación y superación son los ejes que

articulan y dinamizan la actual política.

El concepto de discapacidad ha evolucionado desde una perspectiva

biomédica76hacia una visión más amplia y de carácter social (integración social)

que involucra el entorno, la sociedad y la cultura77. El problema de discapacidad

no es una enfermedad o atributo de la persona, esta condición incluye elementos

que se relacionan con la presencia de prácticas, factores sociales y culturales

negativos que limitan la integración social de las personas, que afectan el

reconocimiento, el desarrollo de las capacidades y funcionalidades como

individuos pertenecientes a la sociedad.

Esta situación menoscaba la capacidad económica de la familia (aumentando la

vulnerabilidad de la misma) al tener ésta que disponer de mayores recursos en la

manutención y cuidados de una persona potencialmente productiva, que no lo es

debido a factores sociales y culturales.

Lo anterior amplía el espectro de la solución de la problemática; por tanto, se

requiere un enfoque que permita integrar el ambiente social, cultural y familiar a la

reducción y superación de la problemática, exigiendo con ello acciones colectivas

y cambios sociales.

76 Este modelo biomédico considera la discapacidad como un problema del individuo afectado causado principalmente por un problema de salud o enfermedad, el cual es superado por medio de la atención y el apoyo de los avances tecnológicos. 77 Ésta se enfoca en los problemas de integración social de las personas con discapacidad. Así la discapacidad no es sólo un problema del individuo o de la familia, sino que esta definida por un sinnúmero de condiciones ambientales, económicas y culturales.

156

Esta política plantea los enfoques del Manejo Social del Riesgo78(MSR) y del

Sistema de Protección Social (SPS) que permiten replantear las áreas

tradicionales sobre las cuales se ha venido desarrollando el tema de la

discapacidad. El enfoque del MSR79se basa en la idea que todas las personas,

hogares y comunidades son vulnerables a diferentes riesgos, centra sus

herramientas más allá de los instrumentos que permiten manejar adecuadamente

el riesgo, promoviendo la disposición a asumirlos y proporcionar apoyo a quienes

son más pobres.

Se soporta en tres niveles de manejo del riesgo (informal, mercado y público); tres

estrategias para abordar el riesgo: reducción del riesgo (prevenir, promover),

mitigación del riesgo (asegurar contra la contingencia), y superación (atender,

equiparar oportunidades, habilitar y rehabilitar); y la organización y coordinación

de la acción conjunta y articulada de diferentes actores (personas, hogares,

comunidades, ONG`s, niveles de gobierno y organizaciones internacionales).

En consecuencia, para los fines de la presente política, se considera a la condición

de discapacidad y al riesgo de padecerla, como el conjunto de condiciones

ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden

afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o social en algún

momento del ciclo vital.

Es decir, la discapacidad tiene una dimensión superior a la de un problema de

salud individual, y por tanto afecta al individuo en relación con su familia y en su

integración social. La discapacidad no necesariamente es una desventaja; es la

78 Holzmann y Jorgensen. “Manejo Social del Riesgo: Un nuevo Marco Conceptual para la Protección Social y más Allá”. Documento de trabajo No. 0006. Banco Mundial, febrero de 2000. 79 El MSR se enfoca en el hogar y las familias, se fundamenta en la participación de la sociedad civil, el sector privado y el Estado.

157

situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo que

genera tal condición80.

La reducción de la condición de discapacidad y del riesgo de padecerla, superan

la acción sectorial y territorial, lo que señala la importancia de generar estrategias

transversales y coordinadas que involucren a los diferentes ámbitos y sectores en

su prevención, mitigación y superación.

En cuanto a la prevención, se busca impulsar procesos individuales y colectivos

con el fin de evitar la aparición de la condición de discapacidad (reducir la

probabilidad de ocurrencia de los riesgos asociados a tal condición). La

construcción de entornos protectores exige la transformación de los hábitos,

actitudes y comportamientos, personales y colectivos.

Por tanto, las políticas, estrategias e intervenciones, de corte transversal, deben

apuntar a la reducción de los factores de riesgo, no sólo asociados al estado de

salud individual, sino frente a riesgos relacionados con la situación nutricional; el

aprendizaje, el desarrollo de capacidades y habilidades laborales; los riesgos

ocupacionales; eventos y situaciones sociales, como el embarazo de

adolescentes81; la violencia82; el conflicto armado83; la accidentalidad84 y las

barreras para la integración social y productiva en el entorno social y cultural.

80 RÄDDA BARNEN, Save the Children Swedish. Los derechos de los/as Niños/as con Discapacidades, ¿Cómo se monitorea el progreso?, Art. No. 96-1046, Estocolmo, Diciembre de 1996. 81 La fecundidad en adolescentes se ha incrementado al pasar de tasas de 80 por mil mujeres (10-14 años antes de la encuesta ENDS-2000) a 85 por mil mujeres (0-4 años antes de la encuesta ENDS-2000). Cabe señalar que al comparar el periodo 5-9 años antes de la ENDS de 2000 (97 por mil mujeres), la tasa disminuyó. PROFAMILIA, Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá D.C., 2000. 82 El 47% de los dictámenes por lesiones personales son por violencia común y el 30% por violencia intrafamiliar. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Diciembre de 2002. 83 La mayoría de personas con discapacidad derivada del conflicto armado son de escasos recursos económicos. El conflicto causa discapacidad física, psicológica y laboral, que afecta a los excombatientes y a

158

Desde esta perspectiva, la discapacidad se constituye en un riesgo social.

De otra parte, la mitigación hace referencia a las estrategias utilizadas para reducir

el impacto o repercusión del evento, en el individuo y la familia, en caso de que el

riesgo se materialice entre aquellos individuos y grupos sociales especialmente

vulnerables. Los sistemas de pensiones, de riesgos profesionales, y de salud a

través del aseguramiento son las principales estrategias y acciones en este

sentido. Las estrategias y acciones de mitigación se establecen antes de que el

evento ocurra.

Las estrategias de superación son las dirigidas a disminuir o superar el impacto

generado por la materialización del riesgo sobre la persona, la familia o la

comunidad. Ante los eventos negativos, éstos y el Estado actúan de diferente

forma con el fin de otorgar instrumentos que les permitan recuperar su condición

inicial o aliviarla ante los hechos irreparables.

Esto incluye, entre otros, mecanismos que procuran la igualdad de condiciones en

términos de lograr la mayor autonomía posible en las actividades que conforman

el quehacer cotidiano de las personas, integración social; lo cual tendrá a su vez

un efecto positivo y protector en las familias con personas con discapacidad. Estas

estrategias funcionan una vez se produce el evento.

Con relación a la integración social y exclusión, las personas con discapacidad y

sus familias tienen el derecho a que se remuevan las cargas desproporcionadas sus familias. Estas personas y familias son segregadas y excluidas. Discapacidad por Conflicto Armado interno en Antioquia, Estudio descriptivo. OIM-CONFEPAZ y USAID. Agosto 2002. 84 En Colombia hay un muerto cada 83 minutos, un herido cada 11 minutos. Las muertes disminuyeron el 3.1% y los heridos en un 8.1% en 2001. El índice de accidentalidad para 2001 fue del 5.57 por mil habitantes y el de mortalidad fue de 14.7 por 100 mil habitantes. Fondo de Prevención Vial: www.fonprevial.org.co.PDF/Est2001Resu/AccCol2001Res.pdf

159

que les impiden integrarse cabalmente a la sociedad, pero también tienen el deber

de participar, de no autoexcluirse, de considerar que son parte activa de la

sociedad y de superar el imaginario de que la discapacidad es un fuero con el que

sólo se exigen beneficios y asistencia del Estado, haciendo prevalecer supuestos

"derechos adquiridos" sin ejercer deberes.

En este orden de ideas, la estigmatización negativa, la imputación de inferioridad,

el imaginario de la sociedad y de la persona con discapacidad, deben ser

superadas por la persona, la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado.

En conclusión, el enfoque sobre discapacidad ha evolucionando hacia la

integración social de quienes la padecen, en el marco de una protección social

que garantice a toda la población (no sólo a grupos poblacionales específicos) la

igualdad de oportunidades, las herramientas para el manejo del riesgo y las

intervenciones para superar situaciones de crisis.

Es evidente que las estrategias expuestas no son excluyentes entre si. Es decir,

existen superposiciones y fronteras entre ellas, por lo cual habrá acciones que a la

vez previenen y mitigan, mitigan y superan, o reducen y superan.

Según la Ley 361 de 1997, el órgano responsable de la coordinación

interinstitucional es el Comité Consultivo Nacional85(la Secretaría Técnica estaba

en cabeza del Ministerio de Salud), que a su vez está coordinado por una

Consejería Presidencial. En el período 2000-2003, por Decreto Presidencial 206

de 2000, la coordinación del Comité Consultivo Nacional fue asignada a la

Consejería Presidencial de Política Social, hoy Consejería de Programas

Especiales (CPE).

85 De acuerdo con la Ley 361 de 1997, el Comité tiene el carácter de cuerpo asesor institucional para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas.

160

Si bien la coordinación técnica interinstitucional para la formulación de política se

realizó, ésta se ejecutó bajo un esquema institucional diferente. Dadas las

debilidades institucionales, la responsabilidad fue asumida por la CPE que

finalmente coordinó, dinamizó y potenció la formulación de la política pública a

través de la conformación de comités técnicos y grupos de enlace sectoriales86.

Igualmente, la Red de Solidaridad Social en alianza estratégica con la CPE como

instancias de la Presidencia de la República, por corresponsabilidad planteada en

el Plan de Atención en Discapacidad 1999–2002 y el Documento CONPES 3144

de 2001, coordinó y brindó acompañamiento técnico e impulsó la creación y

fortalecimiento de instancias territoriales para la Discapacidad (Redes de Apoyo

Territorial para la Discapacidad y Comités Técnicas Departamentales) en 25

departamentos.

La presente política se enmarca en el contexto de la protección y el manejo social

del riesgo. Por tanto, contempla estrategias para que las personas, las familias, las

organizaciones no gubernamentales, el Estado, la sociedad y sus instituciones,

puedan prevenir el riesgo, mitigar y superar la materialización del mismo, como

también reducir la vulnerabilidad a la discapacidad, protegiendo el bienestar de la

población y su capital humano. Para ello, bajo un marco de corresponsabilidad, es

necesario identificar los riesgos, diseñar e implementar intervenciones para evitar

la discriminación y exclusión social.

86 La construcción de los lineamientos de política se concertó con cerca de 2000 personas, los ministerios sectoriales y organizaciones no gubernamentales y representantes de las diferentes asociaciones y federaciones de personas con situación de discapacidad. Se elaboró el manual operativo y la metodología para la fo rmación de política pública en discapacidad.

161

Para ello se hacen necesarias estrategias que:

Ø Promuevan comportamientos favorables en la sociedad que generen

actitudes positivas respecto a la discapacidad y la igualdad de

oportunidades, la inclusión e integración social (acceso a bienes y servicios,

al mercado laboral, seguridad social, protejan los derechos humanos, entre

otros).

Ø Fomenten la participación de la comunidad en la prevención, mitigación y

superación (habilitación y rehabilitación integral) de la situación de

discapacidad.

Con la presente política, además de fortalecer las estrategias de superación que

caracterizan los principales avances alcanzados, se enfatiza la necesidad de

diseñar y desarrollar otras para prevenir, reducir y mitigar los riesgos durante el

ciclo vital. De esta manera será posible disminuir la vulnerabilidad de los

individuos y las familias y la probabilidad de que el riesgo se materialice.

9.2.2 Principios Orientadores

Los principios que orientan la política frente a la situación de discapacidad se

enmarcan en los derechos fundamentales, económicos, culturales, colectivos y del

ambiente, que consagra la Constitución Política de 1991 y son consecuentes con

los principios del Sistema de Protección Social, los cuales se constituyen en los

instrumentos con que el Estado procura garantizarlos87.

El propósito es crear condiciones que permitan a las personas, familias y

comunidad en riesgo y en condición de discapacidad, un mejor goce o ejercicio de

87 CONPES 3144 de 2001.

162

los derechos, deberes y libertades que les asisten. Específicamente, la política se

regirá por los siguientes principios:

9.2.2.1 Igualdad

La igualdad abarca la equiparación de oportunidades para quienes se encuentran

en condición de discapacidad, buscando eliminar la discriminación y promover la

integración y el acceso a bienes y servicios, al mercado laboral, la formación

ocupacional, la educación, el sistema de seguridad social integral, la vivienda, el

transporte, las comunicaciones, la información y la justicia, entre otros.

9.2.2.2 Solidaridad y Corresponsabilidad

La política requiere de la participación del Estado, los actores sociales y

económicos, la comunidad, la familia y las personas. Se hace necesaria la acción

conjunta para la construcción de una cultura basada en el reconocimiento

recíproco que contribuya a la prevención de las formas de discapacidad

prevenibles, así como a su detección temprana, intervención, mitigación y

superación.

9.2.2.3 Descentralización y Participación Social

Es necesario el fortalecimiento de la autonomía local, de acuerdo con las

competencias, responsabilidades y recursos disponibles, en el marco de la Ley.

En el mismo sentido, es necesario mantener y fortalecer la intervención por parte

de la sociedad civil en la organización y gestión, así como en la fiscalización y

control social de las ejecutorias públicas y privadas, sobre el riesgo y situación de

discapacidad.

163

9.2.2.4 Equidad

Para las personas en condiciones de pobreza, bajo nivel de escolaridad, sin

cobertura en el Sistema Integral de Seguridad Social, los habitantes de las zonas

rurales, los trabajadores informales, la población adulta mayor y menores de 1

año, y aquella expuesta a situación de violencia y conflicto armado, todos los

riesgos asociados con la discapacidad son mucho mayores, así como su

vulnerabilidad, respecto al resto de la población.

Por lo tanto, mejorar la información sobre su situación y las condiciones de acceso

y la calidad de los diferentes servicios sociales contribuirá a superar la inequidad

existente y la consecución de un mayor impacto de la política.

Las siguientes estrategias desarrollan y aplican los principios de política

señalados. Las estrategias y acciones están orientadas a crear el diseño

institucional adecuado, a objetivar, prevenir, reducir, mitigar y superar la situación

de discapacidad en el país, mediante una acción concertada entre la sociedad

civil, el sector privado y el Estado.

Para el desarrollo de la política se requiere de una organización institucional y de

la obtención de información adecuada para la toma de decisiones en los diferentes

niveles de gobierno, como elementos claves de soporte a la acción directa para

transformar la situación de discapacidad. La implementación de las políticas y

estrategias, se debe realizar en concordancia con las competencias y

responsabilidades establecidas en la ley para los diferentes actores.

9.2.3 Organización Institucional

El marco institucional permite, entre otros aspectos, establecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la formulación, implementación, seguimiento y

164

evaluación de la política. Cobra mayor importancia ante la heterogeneidad, la

descentralización, la diferenciación ins titucional y la participación ciudadana.

Con el propósito de adecuar los actuales mecanismos de formulación e

implementación de la política pública de discapacidad se hace necesaria una

modificación a la Ley 361 de 1997. En este orden de ideas, la organización

institucional se debe fundamentar en los siguientes aspectos:

ü El Ministerio de la Protección Social, debe constituirse en el ente que lidere

el diseño e implementación de la política y sirva de articulador de los

diferentes sectores e instituciones comprometidos con ésta.

ü El Consejo Nacional de Discapacidad operar como instancia política de

representación de los actores del orden Nacional y local, públicos y

privados, teniendo como propósito establecer recomendaciones para la

formulación y adecuada implementación de la política.

ü Formalizar una instancia técnica interinstitucional para la formulación y

gestión coordinada de la política y del plan de acción, conformada por los

Ministerios de la Protección Social y sus entidades vinculadas y adscritas,

Educación y sus entidades vinculadas y adscritas, Comunicaciones,

Transporte, Cultura, Desarrollo, Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, los coordinadores de los Grupos de Enlace Sectorial, el

Departamento Nacional de Planeación y el DANE.

ü Desarrollar espacios y mecanismos de articulación y coordinación,

nacionales y locales, acordes con las competencias y responsabilidades

territoriales, necesarios para facilitar la ejecución, seguimiento y evaluación

de la política.

165

La Consejería Presidencial de Programas Especiales mediante un proceso de

empalme concertado con el Ministerio de Protección Social durante el año 2003,

trasladó su competencia de coordinación del Comité Consultivo Nacional al

Ministerio de la Protección Social. Así, pasará a constituirse en una instancia de

apoyo en la articulación y coordinación interinstitucional hasta que se produzca la

reforma de la Ley 361 de 1997.

9.2.4 Información

Si bien las recomendaciones de Naciones Unidas orientan sobre la medición de la

discapacidad, la gran mayoría de los países de América han empleado el enfoque

de la deficiencia, posiblemente porque la respuesta es más directa por parte del

informante. No obstante, esta tendencia evoluciona hacia un enfoque ecológico,

donde la identificación de las restricciones en la participación toma importancia,

involucrando diferentes dimensiones: corporal, personal, familiar y social88.

El cambio de enfoque responde a la evolución del concepto de discapacidad

incorporado en la nueva Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), a la importancia de hacer objetivos los

riesgos asociados a discapacidad y en consecuencia, a la corresponsabilidad

social que deben asumir los agentes públicos y privados en su prevención y

control.

Así que no basta obtener datos sobre personas con deficiencias, sino que es

necesario complementarlos con información contextual, incluyendo la familia y el

ambiente social e institucional en el cual se desenvuelve la persona y la familia

afectada, para comprender la situación de discapacidad y diseñar estrategias que

88 ONU. Compendio de Datos sobre los Impedidos. Serie Y No. 4, New York, 1990 y Manual de Elaboración de Información Estadística para Políticas y Programas Relativos a Personas con Discapacidad, New York, 1997.

166

permitan construir una política pública más eficaz frente al riesgo y la condición de

discapacidad.

Por lo tanto, la organización institucional antes mencionada propenderá por el

avance en la obtención de información adecuada y comparable, de tal forma que

se transformen sus bases y sistemas de información con unidad de criterio.

Corresponde al DANE, en coordinación con el Ministerio de la Protección Social,

prestar la asistencia técnica necesaria para adelantar dicho proceso y constituirse

en el generador y proveedor principal de información sobre discapacidad,

acogiendo los parámetros internacionales sugeridos, buscando una unificación del

lenguaje y de los sistemas de información tanto internos como interinstitucionales.

9.2.5 Programas y Líneas de Acción

Los programas que se enmarcan en la superación de la situación de discapacidad,

apuntan a reducir la potencial repercusión en caso de materializarse el riesgo, y

procuran contrarrestar la exclusión social y favorecer la integración del individuo y

la familia.

Se debe tener en cuenta que las estrategias en forma general se articulan y

superponen, y que pueden a su vez vislumbrarse de la siguiente forma:

Ø Reducción (Prevención)

Ø Reducción-Mitigación (Promoción y Prevención, por ejemplo vinculada a

Empresas Promotoras de Salud, Administradoras Régimen Subsidiado y

Administradoras Riesgos Profesionales).

Ø Reducción- Superación (Equiparación de Oportunidades)

167

Ø Mitigación (Aseguramiento de la población ante riesgos)

Ø Mitigación-Superación (Rehabilitación de Base Comunitaria y Preparación

de cuidadores).

Ø Superación (Recuperación ante el impacto).

9.2.5.1 Prevención y Reducción del Riesgo

Para este componente las acciones se dirigen a la detección e identificación

oportuna de los factores de riesgo personal y social relacionados con

discapacidad. Las intervenciones deben contribuir a la objetivación del riesgo por

parte de las personas, familias y comunidad y a la modificación de prácticas

culturales y hábitos de vida no favorables.

El énfasis en este tipo de intervenciones permitirá un mejor manejo social del

riesgo mediante el desarrollo de instrumentos informales, de mercado y desde el

Estado, para reducir la vulnerabilidad y el efecto potencial de los eventos críticos

sobre las personas y las familias.

Las principales fuentes de riesgo para discapacidad se concentran en el individuo

y la familia (idiosincráticos), su impacto se ve afectado por la correlación de

riesgos en los propios individuos (covarianza) o con otros riesgos (acumulados), lo

cual señala la importancia de que las estrategias para su manejo, no deban

restringirse a un solo tipo de riesgo o contexto.

168

Las líneas de acción para la reducción de riesgos incluyen:

Ø Promoción y fomento de condiciones de vida para que las personas,

familias y comunidades asuman estilos de vida saludables y se identifiquen

y modifiquen los factores y comportamientos que generen riesgos, a través

de estrategias de información, educación y comunicación.

Ø Diseño, aplicación y difusión de instrumentos para el registro y vigilancia de

factores de riesgo y protectores y de la condición de discapacidad.

Ø Promoción del acceso oportuno a los servicios de protección social y

educación, para la detección y atención temprana de la condición de

discapacidad; así como divulgación entre los diferentes actores

institucionales y comunitarios de las pautas pertinentes para la detección

temprana, con énfasis en la población infantil.

9.2.5.2 Mitigación

Se refiere a las estrategias utilizadas para reducir el impacto o repercusión del

evento en caso de que se materialice el riesgo. El fortalecimiento del Sistema de

Seguridad Social Integral (aseguramiento en salud, pensiones y riesgos

profesionales), así como la incorporación de instrumentos que protejan frente

situaciones coyunturales (protección del ingreso y del capital humano acumulado,

mecanismos sociales de protección y ayuda mutua, subsidios temporales

focalizados), como parte del Sistema de Protección Social, a la luz del manejo

social del riesgo, se constituyen en elementos fundamentales que contribuyen a

reducir o eliminar el impacto de la morbilidad, la mortalidad y la situación de

discapacidad.

169

Las líneas de acción para la mitigación de riesgos incluyen:

Ø Continuar la ampliación de la cobertura de la Seguridad Social en

Pensiones y en Salud (a través de los Regímenes Contributivo y

Subsidiado) para la población general.

Ø Incentivar la incorporación de la población trabajadora informal e

independiente al Sistema de Riesgos Profesionales.

Ø Desarrollar instrumentos de control de la evasión de aportes y de la

afiliación a la seguridad social, que involucren la objetivación del riesgo por

la sociedad y las ventajas de los mecanismos y alternativas de

aseguramiento.

Ø Diseñar, desarrollar y promover instrumentos informales deseables, de

mercado y desde el Estado, cuando sea necesario, que ofrezcan protección

a las familias frente a riesgos asociados a discapacidad como consecuencia

de situaciones de crisis.

9.2.5.3 Superación

Estas estrategias son dirigidas a superar los efectos generados por la

materialización del riesgo sobre la persona, la familia o la comunidad, para

recuperar en mayor o menor medida su condición inicial.

Adicionalmente, procuran la equiparación de oportunidades y la modificación del

imaginario social e individual sobre la discapacidad, que posibiliten la adecuada

integración social y económica de los afectados. En tal sentido, la rehabilitación

basada en la comunidad constituye una alternativa importante para lograr este

propósito.

170

Las líneas de acción para la superación de riesgos incluyen:

Ø Fomentar los procesos de participación y organización comunitaria para la

transformación del imaginario social cultural en torno a la discapacidad.

Para el efecto, es necesario promover y potenciar el papel de las

organizaciones que trabajan en la prevención de riesgos y en la atención y

equiparación de oportunidades para las personas en situación de

discapacidad.

Ø Identificar las barreras de acceso y las prácticas institucionales de

discriminación con el fin de establecer mecanismos que propicien su

eliminación. En el mismo sentido, se divulgarán las recomendaciones de la

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de

discriminación contra las personas con discapacidad. Los planes y

programas institucionales de las entidades públicas de todos los niveles

territoriales tendrán en cuenta los preceptos contenidos en esta Convención

(Ley 762 de 2002)89.

Ø Promover y dar reconocimiento público a las organizaciones sociales y

entidades que adopten e implementen prácticas institucionales que

contribuyan a eliminar la discriminación y promuevan el acceso de las

personas con discapacidad a los bienes y servicios que ofrecen.

Ø Establecer condiciones para que las personas con condición de

discapacidad tengan acceso, permanencia y promoción en el servicio

educativo.

89 OEA. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. Junio 7 de 1999, Ciudad de Guatemala, Guatemala .

171

Ø Fomentar la participación productiva mediante el establecimiento y

aplicación de mecanismos e instrumentos que incentiven la actualización y

capacitación de la fuerza laboral de las personas con discapacidad y otros

miembros de su hogar, trascendiendo al ámbito profesional.

Ø Promover la aplicación de la normatividad existente para la eliminación de

barreras de acceso físico y funcional a espacios públicos, sitios turísticos,

con particular énfasis en los terminales y transporte público,

establecimientos educativos y de salud, entidades públicas prestadoras de

servicios, escenarios deportivos, parques y zonas recreativas y culturales y

proyectos y programas de vivienda de interés social.

Ø Promover el desarrollo, adaptación e implementación de tecnologías y

medios que posibiliten a las personas con discapacidad el acceso a la

información y la comunicación.

Ø Diseñar e implementar estrategias de intervención que permitan monitorear

la habilitación, acreditación y gestión de los prestadores de servicios de

rehabilitación, en el marco de los nuevos estándares de calidad definidos

por el Ministerio de la Protección Social.

Ø Mejorar la oportunidad en el acceso y la calidad en los servicios de

habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad y sus

familias, soportados en enfoques de base comunitaria.

Las acciones se dirigen a fortalecer la capacidad de los servicios y de las

comunidades y articularlos para intervenir efectiva y oportunamente en la situación

de discapacidad. Para tal fin, se promoverá la organización y fortalecimiento de

redes de servicios integrales, incorporando normas técnicas para la atención,

172

estrategias y metodologías de participación comunitaria, y el desarrollo de

instrumentos que posibiliten el acceso a ayudas técnicas que contribuyan a

mejorar la capacidad de desempeño autónomo de las personas con discapacidad

y su productividad.

Al revisar cada una de las Políticas Nacionales de Atención para la Población con

Discapacidad del país, propuestas durante la administración de Andrés Pastrana y

la actual con la Presidencia de Álvaro Uribe, se logra encontrar puntos importantes

de convergencia y divergencia que han definido en este aspecto características

del acontecer de la vida política y social colombiana; puesto que la atención en

sus diversos niveles de esta población representa un componente esencial en la

proyección de alternativas que sean significativas como respuesta social.

Es innegable la determinante influencia que permanentemente tiene el contexto

social, político y económico por el cual se encuentre atravesando en un momento

determinado el país, que en este caso en particular ha marcado para esta política

profundas transformaciones como expresión de las cambiantes condiciones del

sistema societal y estatal.

Considero que en términos generales las dos políticas están bien planteadas, e

incluso, se complementan entre sí en aspectos como los relacionados con la

promoción, divulgación y respeto a los Derechos Humanos de la población

discapacitada, con un especial énfasis en el derecho a la igualdad.

Otro aspecto en el que convergen estas dos políticas se encuentra relacionado

con el escenario de la Descentralización como elemento potenciador de

oportunidades que logre articular las redes sociales de atención para la población

discapacitada. Sin embargo, los rezagos paternalistas que aún hacen presencia

en los entes territoriales han generado estragos en las potencialidades de dicho

mecanismo.

173

En la política de Pastrana se aborda y se contempla la discapacidad desde una

perspectiva más que todo médica y no se aborda la especificidad de ésta asociada

al contexto de conflicto y enfrentamientos armados, menos aún articulada a los

actores armados con discapacidad y en proceso de reinserción a la vida civil, lo

cual representa que en este gobierno no se contempló las implicaciones y

expresiones sociales que de tiempo atrás se han venido agudizando para esta

población.

Es de resaltar que en la actual política de Uribe se ha dado un paso gigantesco en

reconocer desde ésta a la discapacidad como un problema de relevancia social y

a su vez, priorizar el acceso y la atención en salud para la población reinsertada,

sin perder de vista las dificultades que ello les ha representado.

En este orden de ideas, la intencionalidad de la política en este aspecto abre la

posibilidad de crear y fortalecer espacios y mecanismos contundentes para la

construcción y la consolidación en el marco de Políticas Públicas Integrales para la

Paz.

Esta política reconoce y ubica el Conflicto Armado Interno en el ámbito de lo

macro como un espacio social de alta probabilidad y generador de discapacidad,

lo cual exige de manera inmediata acciones concretas y la intervención del Estado

como actor directo de generador de violencia.

En las dos políticas no de logra aún vislumbrar con mayor claridad las

posibilidades de participación real y efectiva de la sociedad, que trascienda de la

intervención en las mesas de trabajo a un aporte comunitario en red que prepare y

forme a ciudadanos y ciudadanas con la capacidad de asumir con propiedad el

liderazgo de este tipo de procesos en conjunto, con el Estado y sus instancias

gubernamentales.

174

El componente sobre el Manejo Social del Riesgo contenido en la política de la

administración actual, es un elemento nuevo en la medida que desde su

concepción busca interrelacionar la prevención, la mitigación y la superación de la

discapacidad desde lo macro y lo micro de sus orígenes y consecuencias.

Además, representa una respuesta ante la situación social mundial que requiere

tener en cuenta con mayor prioridad los riegos del hoy para contrarrestar con

mayor efectividad y eficiencia los del mañana.

Sin duda alguna, uno de los mayores retos para una sociedad en la que

culturalmente su idiosincrasia se ha caracterizado por su desinterés por la

prevención y la elección por la post atención de las víctimas, es precisamente

aunar esfuerzos en torno a este componente.

La prevención de la discapacidad causada por las acciones armadas y su

diversidad de estrategias militares paso por la prevención del Conflicto Armado

Interno y la consecución de la paz.

Es pertinente tener la mirada sobre la correspondencia o no que se presente entre

las políticas y sus respectivos Planes Operativos; ya que se hace necesario

evaluar cada uno de los componentes que ponen en marcha su ejecución, con la

finalidad de garantizar la coherencia y la pertinencia entre sí. Para realizar los

ajustes necesarios oportunamente y evitar en alguna medida las contradicciones

propias entre lo planteado y lo ejecutado, situación que refleja la pugna entre la

Racionalidad Política y la Racionalidad Técnica, propuesta y desarrollada por Alejo

Vargas.

Otro de los mayores desafíos del Estado y la sociedad colombiana en aras de la

tan anhelada paz que por varias décadas se ha escabullido y en otros casos de ha

disfrazado de fallidos intentos de diálogo, es lograr diseñar y fortalecer una Política

175

de Paz que integre desde lo social, lo político y lo económico una Política de

Reinserción y de Salud, en la cual la discapacidad originada porel Conflicto

Armado Interno en los excombatientes de grupos al margen de la ley, el derecho a

un nivel y a una calidad de vida óptimas y favorables para su desenvolvimiento

social sean los hilos conductores de estas políticas.

Ante el recrudecimiento y el escalonamiento del Conflicto Armado Interno en

nuestro país y en el resto mundo, la humanidad entera está avocada a un cambio

de actitud profundo, a reconocer crítica y propositivamente a las víctimas del

Conflicto Armado Interno discapacitadas; como una población altamente

vulnerable que necesita una respuesta social y estatal conjunta con un alto grado

de compromiso y voluntad política de todos los gobiernos.

El abordaje crítico y reflexivo que se ha propuesto a cerca de las Políticas de

Reinserción y de Salud para la Población con Discapacidad bajo la óptica del

escenario de confrontación armada durante las administraciones de Pastrana y

Uribe, constituye tan sólo uno de los acercamientos propuestos alrededor de estos

temas y de este tipo de discapacidad, que sin lugar a dudas se ha ido

configurando como una problemática de alta relevancia social y en una prioridad

en la agenda del Estado colombiano.

Continúa la puerta abierta para enriquecer y retroalimentar este y otros trabajos

que desde la academia y el ejercicio profesional, buscan hacer un aporte ante la

evidente crisis nacional y mundial que cada vez cobra más víctimas y fortalece los

escenarios de Conflicto Armado interno .

176

10. ENFOQUE METODOLÓGICO

Este trabajo ha sido abordado desde el Enfoque Sistémico de la sociedad, que

permite realizar el análisis de las Políticas Públicas de Atención a la población

reinsertada con discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno en nuestro

país, bajo los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.

A partir de los aportes teórico-conceptuales y metodológicos de la Gerencia Social

y del Trabajo en Red, se ha realizado el análisis crítico y propositivo a la Red

Social Institucional que brinda atención a esta población, identificada y descrita

ésta para dicho objetivo. Además, elaborar la propuesta metodológica de

intervención integral desde la Gerencia Social a partir del trabajo en la red

primaria, secundaria e institucional frente a la salud mental como un aporte a las

Políticas Públicas.

Las fuentes primarias han sido: las entrevistas y la observación; las fuentes

secundarias los textos, documentos e informes institucionales y consultas por

Internet.

El proceso metodológico a seguir para el desarrollo de este trabajo ha sido el

siguiente:

Elaboración de los Componentes Teórico-Conceptuales: conformado por la

revisión, consulta, selección, lectura y sistematización del apoyo bibliográfico

que sustenta y orienta este trabajo.

177

Trabajo de Campo: contactos institucionales con CONFEPAZ principalmente,

para la realización de algunas entrevistas y si es posible con otras

organizaciones.

Realización de las Entrevistas: realización de dos (2) entrevistas

semiestructuradas90 en CONFEPAZ, una al Presidente de esta organización

que es militar en retiro y al Director Ejecutivo que es Exguerrillero amnistiado,

discapacitados por su actuación en el enfrentamiento directo armado, con el

objetivo de conocer su visión a cerca del tema a tratar en este trabajo y articular

sus aportes al desarrollo del mismo.

Evaluación de la Red Social Institucional: se ha realizado con base en la

lectura crítica y descriptiva de las instituciones que se encuentran registradas

en el directorio nacional de instituciones que buscan brindar apoyo a esta

población.

Análisis Comparativo de las Políticas Públicas: es el capítulo central del

trabajo; ya que representa uno de los objetivos generales. Se realiza con base a

la lectura previa de los documentos necesarios para ello.

Propuesta Metodológica de Intervención Integral: este último componente

del trabajo, se hizo a partir de la lectura y el análisis de los diferentes aportes y

desarrollos metodológicos de la Gerencia Social y del Trabajo en Red.

90 Para realizar estas entrevistas se elaboraría una guía previa con las respectivas preguntas. Ver Anexo 10.

178

11. PROPUESTA METODOLÓGICA DE INTERVENCIÓN DESDE LA

GERENCIA SOCIAL CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN

UN CONTEXTO DE CONFLICTO ARMADO INTERNO91

La problemática de la discapacidad por el Conflicto Armado Interno ha sido

abordada y analizada desde un Enfoque Sistémico de la sociedad, que proyecta

claramente una intervención dirigida en su estructura y dinámica hacia esta misma

dimensión. Por ello, se propone una Gerencia Social en Red que se fundamenta

en el marco teórico – epistemológico de la Teoría General de los Sistemas.

Se plantea una propuesta metodológica de intervención desde la Gerencia Social

con un Enfoque Integral de Salud Mental en un Contexto de Conflicto Armado

interno, con la finalidad de reconocer y abordar la discapacidad por Conflicto

Armado interno, como una categoría central en este trabajo que incluye sin

discriminación ni distinción alguna a que bando armado se ha pertenecido.

La siguiente propuesta de intervención se basa principalmente en algunos de los

trabajos e investigaciones más importantes a cerca del trabajo en redes sociales92.

Para dar inicio a un trabajo en red es relevante realizar un diagnóstico social de

ésta, el cual a parte de identificar los diferentes recursos con los que cuenta cada

red consiste en potencializarlos, fortalecerlos y movilizarlos permanentemente en

un trabajo paralelo con la evaluación de los recursos y la intervención directa.

Esta evaluación permite determinar cuales recursos son útiles y de esta manera

dar paso a la articulación y fortalecimiento de las redes de apoyo primaria,

secundaria e institucional. Estos recursos son de carácter económico o financiero,

material o logístico y humano, éste último, hace referencia a los grupos que 91 Ver Anexo 11. 92 Redes Sociales en el Trabajo Social de Mónica Chadi, Redes Sociales Naturales: Un Modelo de Trabajo para el Servicio Social de Beatriz Castellanos, Comunicación y Redes Sociales de Diego Henao y otros.

179

conforman y dinamizan el tejido social y, al resultado de las interacciones e

intercambios entre cada uno de éstos.

Sin lugar a discusión, todos y cada uno de los recursos conjugados entre sí

representa un mayor impacto social sobre la atención de una problemática

determinada, sin embargo, esta propuesta de intervención hace énfasis en las

relaciones que juegan un papel central en los procesos de expansión y

funcionalidad de las redes; ya que en el espacio de las relaciones humanas nacen

las redes de apoyo y posicionan a los individuos, familias, grupos, comunidades y

colectividades como actores que entretejen o rompen las redes de apoyo

(dependiendo de la situación) que existente a su alrededor.

Es relevante tener presente que el proceso de intervención directo en cada red

abre y consolida la posibilidad constante de trabajar en todas y cada una de las

áreas del quehacer profesional de la Gerencia Social, proyectando un trabajo en

red lo cual significa articular e integrar las funciones entre sí de la red social

primaria, secundaria e institucional con actuaciones de tipo extensivo.

Lo anterior exige el reconocimiento crítico y propositivo de los espacios y

funciones comunes o compartidas que hay entre las redes, y que de forma

extensiva (más no saturada) deben ir ordenando la red progresivamente a una

auto-organización expresada en la co-participación y co-responsabilidad de los

actores de las redes consideradas como apoyo.

La intervención propiamente dicha en cada red propone básicamente las acciones

que caracterizan la intervención de la Gerencia Social, bajo la lupa de la

problemática de la discapacidad por Conflicto Armado interno de los reinsertados.

180

11.1 INTERVENCIÓN EN LA RED PRIMARIA93

La intervención en la red primaria se compone de tres niveles de intervención:

11.1.1 Escenario Individual y Familiar

En el escenario familiar es necesario planear, ejecutar, evaluar y hacer

seguimiento de caso en atención individual dirigida centralmente a los reinsertados

y ex militares con discapacidad por Conflicto Armado interno, con el componente

nuclear de representar en esta atención espacios terapéuticos de escucha de re-

significación de la experiencia vivida durante el Conflicto Armado Interno, del

afrontamiento de la discapacidad y del replanteamiento de su proyecto de vida

individual en el escenario de la cotidianidad y donde la familia constituye el soporte

afectivo más representativo.

En la atención familiar se plantea trabajar en forma conjunta en la actitud o

posición de los miembros de la familia frente a la situación de quien sufre la

discapacidad y de las herramientas con las que ésta dispone para hacer frente a

dicha situación.

Así como se replantea el proyecto individual en la misma medida sucede con el

familiar por ello, el Gerente Social debe asumir un papel orientador que promueva

dentro del ritmo propio de cotidianidad, condiciones de calidad y nivel de vida de

cada familia, la identificación por parte de ésta de la búsqueda y puesta en marcha

de los posibles caminos de afrontamiento y, posteriormente de re-acomodamiento

individual y familiar. Al igual que la atención individual, la familia conforma un

espacio terapéutico de suma importancia.

93 Las redes primarias componen la suma de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o define como diferenciadas de la masa anónima.

181

11.1.2 Escenario Grupal

A nivel grupal la formación de grupos de apoyo, dirigidos y orientados por un

equipo de trabajo interdisciplinario, fortalece el componente de escucha

terapéutico e igualmente, permite el reconocimiento mutuo de pares frente a una

comunidad diversa ante la cual como sujetos de derechos pueden demandar

respeto y solidaridad proactiva compartida.

Estos grupos de apoyo serán más significativos si están constituidos por

reinsertados y ex militares porque dentro del proceso de recuperación integral está

el perdón y la reconciliación, con aquellos que en el contexto del Conflicto Armado

Interno se configuraban como el enemigo y quienes en la actualidad tienen y

comparten varias cosas en común, una de ellas su situación de discapacidad.

11.2 INTERVENCIÓN EN LA RED SECUNDARIA94

Es la extensión del trabajo en la red primaria en el espacio de la comunidad y de lo

grupal, en pro del mejoramiento de la calidad de vida de esta población con

acciones participativas en torno a la problemática en mención. A ello se suma la

promoción de intercambios directos e indirectos entre la red secundaria de

servicios, beneficios, propuestas, entre otras.

La realización de diferentes actividades lúdico – culturales y recreativas no sólo

entre los integrantes del grupo, sino constantemente con proyección hacia lo

familiar y lo comunitario con contenidos de integración y reflexión, da paso a la

intervención comunitaria.

94 Las redes sociales secundarias hacen referencia a las relaciones entabladas en el macro sistema.

182

La red secundaria como sistema intermedio e interlocutor del conjunto de las

relaciones sociales, hace un llamado y una demanda social por parte de esta

población, de sus familias y de quienes nos encontramos desde lo profesional, lo

ético y moral interesados en este tipo de situación socialmente problemática, a

hacer parte de la solución y no de la agudización de la situación de los

discapacitados por Conflicto Armado interno y de sus familias, ellas como el

referente y soporte más cercano e inmediato.

Es prioritario que cada localidad identifique y contemple dentro de sus propuestas

a esta población creando, facilitando, activando y ordenando canales de

comunicación con las diferentes instancias del Estado.

La comunidad debe sensibilizar y sensibilizarse frente a la discapacidad porque su

rechazo agudiza la situación social y económica de los reinsertados en particular,

su apoyo y su reconocimiento promueven o facilita escenarios de apoyo familiar y

por supuesto de carácter comunitario.

11.3 INTERVENCIÓN EN LA RED INSTITUCIONAL95

Se esboza a manera de sugerencias críticas y propositivas a cerca de la

intervención que lleva a cabo la red social institucional que brinda atención a los

discapacitados por el Conflicto Armado Interno, analizada con anterioridad en uno

de los capítulos del trabajo destacando los siguientes componentes y acciones

centrales:

95 Las redes institucionales se definen como organizaciones gestadas y constituidas para cumplir con objetivos específicos, que satisfagan necesidades particulares del sistema usuario; necesidades que son puntuales y deben ser canalizadas dentro de organismos creados para tales fines.

183

Involucrar directamente a la población discapacitada por el Conflicto

Armado Interno en la presentación de propuestas con respecto a esta

problemática.

La problemática debe ser abordada o atendida por un equipo de trabajo

interdisciplinario caracterizado por la especialización (delimitación, respeto

y reconocimiento por las competencias profesionales e institucionales) pero,

mucha atención, en un marco de acciones comunes en pro del

cumplimiento de las metas compartidas, complementarias y en la

ampliación de recursos.

Los canales de comunicación entre la red institucional deben crear y facilitar

procesos de retroalimentación de los trabajos y acciones institucionales que

eviten la saturación innecesaria de los servicios de apoyo de las instituciones y

generen fragmentaciones el interior de la red.

Toda intervención y quehacer profesional exige un papel y un referente ético

que en el caso del Gerente Social alude a:

Un cambio de actitud dentro y entre el ámbito de la red institucional que

trascienda la relación de usuario o cliente y profesional.

El Gerente Social debe ser operativo, hábil, innovador, abierto al

cambio, con una observación de la problemática que le brinde la posibilidad

de una intervención amplia e integradora de lo macro y lo micro.

Un perfil y una actitud multifacética que en un proceso recíproco de

enseñanza y aprendizaje le permita Inter, multi y transdiciplinariamente

accionar, aprovechar y optimizar los recursos de cada una las redes.

184

El auto-reconocimiento de ser actor y hacer parte constitucional del

entramado del tejido y de las redes sociales.

Para concluir, la conquista incansable de intervenciones en la formulación,

planeación, ejecución, implementación, evaluación y seguimiento de Políticas

Públicas y Sociales que para esta problemática son en el sector salud.

La esfera de la salud desde un enfoque integral de la misma y la dimensión

esencial del trabajo como desarrollo y desenvolvimiento productivo del hombre,

son indudablemente los espacios que demandan desde lo individual, lo familiar y

comunitario un trabajo intenso en red.

185

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: UNA MIRADA DESDE LA

GERENCIA SOCIAL

Las siguientes conclusiones y recomendaciones hacen parte del recorrido teórico-

conceptual y metodológico realizado para este trabajo. Se presentan agrupadas

por unidades temáticas las cuales fueron los hilos conductores del ensayo.

12.1 Discapacidad Originada por el Conflicto Armado Interno

La discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno constituye tan sólo

una de las múltiples consecuencias del Conflicto Armado Interno al interior de

la sociedad colombiana.

Este tipo de discapacidad no tiene distingo alguno de edad, sexo o religión y en

las acciones bélicas y militares no se contempla si se es guerrillero, militar,

paramilitar, civil o policía.

La discapacidad por Conflicto Armado interno representa una situación

socialmente problemática; puesto que ésta cuando no es atendida eficaz y

eficientemente por la red social institucional, los discapacitados como los

reinsertados y ex militares se ven ante el llamado repentino de asumir, re-

construir y fortalecer otro tipo de redes sociales de apoyo.

La discapacidad originada por el Conflicto Armado Interno no sólo afecta la

dimensión física sino también la psicológica y el desempeño laboral de quien la

padece y, en el marco de la actual situación del país sus críticas expresiones

no dan espera.

186

Los discapacitados por Conflicto Armado interno conforman un grupo

poblacional que hasta ahora está empezando a ser reconocido por las

instituciones que de alguna manera ha venido atendiendo en general la

problemática de la discapacidad, pero aún no se delinean con claridad

acciones puntuales de atención que se estructuren desde el marco de Políticas

Públicas de Atención y para la Paz.

Organizaciones como CONFEPAZ, ha demostrado que la discapacidad por

Conflicto Armado interno ha sido el motor de nuevos e importantes procesos

organizativos en la conformación de redes de apoyo, ello significa que esta

población hace parte central de la solución. Lo más significativo y que llama la

atención es el ejemplo de paz / reconciliación que CONFEPAZ le está

demostrando al país, cuando un Exguerrillero amnistiado y un Capitán Retirado

del Ejército, decidieron unirse para trabajar por una causa común: los

discapacitados por Conflicto Armado interno, creando y fortaleciendo día a día

espacios terapéuticos en donde la mirada y el reconocimiento mutuo como

personas y como ciudadanos con los cuales se comparten aspectos en común,

es el punto de partida para hacer parte de un proceso integral de paz en

Colombia.

La expresión discapacidad por Conflicto Armado interno, etimológicamente

nace en el marco de la búsqueda del reconocimiento de un tipo de

discapacidad muy particular, consecuencia palpable del Conflicto Armado

Interno en el país, registrada en el cuerpo y en la mente de los actores militares

armados.

Ante el actual gobierno son numerosas las inquietudes y expectativas que

rodean el planteamiento y el desarrollo de las políticas y acciones de la

administración nacional en representación de Álvaro Uribe Vélez frente al

Conflicto Armado Interno, pero más exactamente, en relación directa con los

187

actuales discapacitados por Conflicto Armado interno, sus familias y los actores

militares armados, en lo particular considero un panorama de incertidumbre y

duda.

La discapacidad por Conflicto Armado interno debe ser sin duda alguna tema

central de debate de actuales y futuros procesos de paz.

Aún las estadísticas que se manejan en el país sobre discapacidad son de

carácter muy general, no se identifica ni se categoriza la discapacidad

ocasionada por los enfrentamientos militares armados entre sus actores. Por

esta razón, el estudio descriptivo realizado por CONFEPAZ es un trabajo

significativo en la medida que logra mostrar las particularidades de este tipo de

discapacidad, la cual es adquirida bajo circunstancias de evidente presión y

hostilidad tanto física como psicológica.

Sin duda alguna, el aumento y el fortalecimiento del pie de fuerza han

aumentado las acciones y enfrentamientos armados entre las Fuerzas Militares

del Estado y las Organizaciones al Margen de la Ley, en consecuencia el

número de muertos y de heridos de parte y parte, también se ha incrementado.

La forma como el Estado en representación de sus Fuerzas Militares Armadas

difunde la información sobre sus “triunfos”, presentando número de heridos en

combate y de dados de baja, considero que ello resta e incluso, borra la

importancia de los efectos sociales que dichas acciones han tenido a lo largo

de la historia colombiana sobre quienes en carne propia han vivido las

atrocidades de estos combates, independientemente del bando al que

pertenezcan.

En total acuerdo con el pensamiento de CONFEPAZ “el Conflicto Armado

interno tiene graves consecuencias sobre los combatientes, sus familias y la

188

sociedad, y cualquier estrategia para evitar que la discapacidad causada por

acciones bélicas se transforme en un problema generalizado pasa por un

enfoque de prevención del Conflicto Armado Interno y por la solución política

negociada del conflicto interno que vive Colombia: La principal acción

preventiva de la discapacidad causada por el Conflicto Armado Interno es el

logro de la paz”.

12.2 Conflicto Armado Interno en Colombia

Una lectura crítica de la situación de Conflicto Armado interno en el país

requiere una mirada integradora de la responsabilidad (por acción o por

omisión) del Estado, los actores armados y la sociedad en general, expresión

de la historia y la cultura colombiana, además, por supuesto, de las

problemáticas coyunturales emergentes producto de los procesos históricos

nacionales, locales regionales y globales.

Sin la intención de desconocer la importancia de los diferentes estudios sobre

el Conflicto Armado Interno en Colombia, mientras que no se cambie con la

actitud de indiferencia e insensibilidad social que caracteriza a la gran mayoría

de los colombianos, la utilidad de estos estudios se verá perdida.

Mientras que la voluntad política del Estado y de cada uno de sus

representantes no vuelque sus intenciones a favor del bien e interés general, la

real posibilidad de la paz en el país, se verá obstaculizada por la permanente

presencia de la bipolaridad.

12.3 Proceso de Reinserción

189

El proceso de reinserción debe ser también de carácter integral, es decir, que

aborde lo individual, lo familiar, lo político, lo jurídico, lo social, lo económico y

lo comunitario. La desmovilización que se considera como la acción voluntaria

de dejación a desarme de armas es tan sólo un primer paso, ésta debe ser

superada y pasar a un proceso real de reinserción en las diferentes instancias

de la sociedad y en las garantías del ejercicio y el cumplimiento tanto de

deberes como de derechos de quienes hacen parte de este proceso.

Aunque los ex militares con discapacidad por Conflicto Armado interno vivieron

esta experiencia, para ellos no se plantea un proceso de reinserción; puesto

que en el país este proceso está concebido para quienes actúan en la

clandestinidad, Sin embargo, se hace necesario para los militares en retiro

discapacitados que desde la institución militar, se les consolide y garantice

proyectos y alternativas de sostenibilidad económica más sólidas y duraderas

con mayor énfasis para quienes no logran la pensión. Finalmente, como

responsabilidad y respuesta social de la institución militar, es su deber resarcir

y recompensar a sus miembros.

Otro tema central en futuros procesos de paz que debe ser abordado en todas

sus dimensiones, es el replanteamiento de los proyectos que estructuran la

reinserción de quienes hicieron parte de las filas de organizaciones armadas al

margen de la ley.

Es de vital importancia tener en cuenta que con toda seguridad

estadísticamente pueden llegar a ser muy alto el número de miembros

desmovilizados (dejación voluntaria de armas) de grupos armados al margen

de la ley pero en realidad, ¿cuántas de estas personas llegan a reinsertarse en

todo sentido de nuevo a nuestra sociedad?

190

Para nadie es desconocido que los procesos de reinserción requieren de un

alto grado de inversión social, razón por la cual estas políticas deben ir

acompañadas por una gestión de financiación presupuestal de carácter

internacional.

Es necesario fortalecer los procesos de descentralización de los programas de

reinserción, con el fin de ser más eficientes y eficaces en la implementación de

los programas a nivel nacional y regional.

Abordar la temática y las dificultades que son propias de los procesos de

reinserción de grupos al margen de la ley en un país como Colombia, el cual

históricamente se ha caracterizado por la fuerte influencia y determinación de

los intereses políticos y económicos, hace que dichos procesos sean cada vez

más complejos. Por ejemplo, es claro que durante la administración de Andrés

Pastrana el proceso de reinserción en el marco de los fallidos diálogos de paz,

se enfocaron a las Organizaciones Guerrilleras de las FARC y el ELN con

reconocimiento político en aquel período y, en el caso del actual presidente, es

evidente la orientación hacia las Organizaciones Paramilitares y de las

Autodefensas.

De la exitosa reinserción de quienes abandonaron las filas guerrilleras y

paramilitares depende en buena medida que se logre la paz.

La diferencia entre hacer bien esta reincorporación y hacerla mal es crucial

para definir cómo será el país después del Conflicto Armado Interno. . Lo que

el gobierno tiene realmente que demostrarle a la insurgencia y a la sociedad es

que la vida civil tiene oportunidades, no para ser un pobre más entre los

pobres. El reto de la reinserción es demostrar que se saca gente del Conflicto

Armado Interno para convertirlos en ciudadanos de primera.

191

Colombia tiene una experiencia de más de 15 años en reinserción, pero el

proceso con los paramilitares es tan peculiar que todo parece estarse haciendo

de nuevo con el método de ensayo-error y tratando de hacer camino al andar.

Pero, de todas las desmovilizaciones hechas hasta ahora esta es la que

representa mayor riesgo y suscita mayor escepticismo.

Es vital establecer desde un comienzo el límite de tiempo relacionado con la

duración del proceso de reinserción; puesto que éste no debe por ningún

motivo convertirse en asistencialismo permanente. Ello se logra con Políticas

Públicas claras y realizables que garanticen el desenvolvimiento social de los

colombianos en general y un aporte efectivo al desarrollo integral del país.

12.4 Red Social Institucional

Pese al funcionamiento de instituciones que brindan servicios de atención a

discapacitados, la especificidad de la discapacidad por Conflicto Armado

interno aún no es abordada con los componentes metodológicos que apunten

directamente a esta experiencia.

El lento o paulatino reconocimiento por parte del Estado y de sus instituciones,

origina que éstas pese a los esfuerzos realizados frente a esta problemática no

logren los resultados y el impacto social esperado. No cuentan con el respaldo

y el aval de políticas públicas que posibiliten programas integrales de

rehabilitación, a ello se suma, la dificultad de canalizar recursos económicos,

materiales y humanos, deber y responsabilidad del Estado como actor y

promotor directo del Conflicto Armado Interno en Colombia.

Las acciones de atención en salud para los reinsertados con discapacidad

originada por su actuación directa en los enfrentamientos armados en el país,

192

deben estar respaldadas, contempladas y articuladas en un marco de Políticas

Públicas de Atención en Salud y a su vez en un marco de Políticas Públicas de

Paz integrales, en las cuales el derecho al trabajo, a la recreación, al deporte, a

la vivienda, a la educación, a la alimentación, al vestido, a la libre expresión,

entre otros derechos, sean parte constitutiva de estas políticas.

El trabajo coordinado y articulado de la red social institucional es una exigencia

ineludible que representa un recurso potencial a la hora de emprender

acciones con verdadero impacto social, pues por ejemplo en el caso de los

reinsertados se encuentran niños(as), jóvenes, mujeres y hombres de

diferentes rangos de edades. Por ello, las acciones institucionales deben

considerar factores como este y otros de gran relevancia.

La actualización permanente de la base de datos en el caso de la población

reinsertada y sus familias, debe representar una herramienta potencializadora

de decisiones acertadas que le permitan al Régimen Subsidiado poner en

marcha de manera oportuna el proceso de aseguramiento en salud.

Unos canales adecuados de comunicación entre la red social institucional que

atiende las diferentes expresiones de los procesos de reinserción en lo local,

regional y nacional, permite que tanto a nivel institucional como la población

objeto de las acciones de atención, tengan conocimiento en doble vía sobre los

programas y beneficios y, a su vez puedan acceder a ellos.

Para poder garantizar y llevar a cabo un trabajo en red, es indispensable

conocer todos y cada uno de los programas y proyectos que implementa cada

una de las instituciones y organizaciones del Estado y privadas, pues este

previo conocimiento, permite por un lado sensibilizar y socializar a todos los

actores involucrados en este proceso para que así ellos puedan orientar más

clara y oportunamente a la población y, por otro lado, continuar en la búsqueda

193

incansable de lograr un trabajo coordinado y articulado que potencialice las

fortalezas y oportunidades de la red social en su conjunto y que no se continúe

presentando la ya acostumbrada rivalidad institucional caracterizada por la

consecución de un contrato o convenio interadministrativo.

En la estructura y en la dinámica institucional, es pertinente organizar

dependencias o áreas específicas de atención para la población objetivo y sus

problemáticas, con la finalidad de garantizar calidad y oportunidad en los

servicios establecidos y evitar la duplicidad de los mismos al interior de las

instituciones y a su vez entre la red social.

12.5 Proyección Metodológica de la Gerencia Social

Es necesario realizar estudios a nivel nacional acerca de la discapacidad por

Conflicto Armado interno en otras regiones y departamentos del país, ya que la

preocupante e imparable exposición o generalización deel Conflicto Armado

Interno está afectando considerablemente a los actores militares armados y a

la población en general.

Es prioritario enfoques de intervención que rompan con los esquemas que

conciben la discapacidad como inutilidad absoluta y desarrollar unos que

permitan (re) potencializar la productividad individual, familiar, grupal y

comunitaria bajo la promoción, protección de los derechos sociales, políticos y

económicos de quienes son ciudadanos con deberes y derechos.

El trabajo multidisciplinario es base fundamental para la construcción de

enfoques diferentes a los asistencialistas que, además de potencializar las

capacidades de esta población los haga partícipes – constructores y ponentes

de sus propias propuestas, pues nadie más que ellos mismos tienen

194

conocimiento de sus demandas y necesidades. Este trabajo de base requiere

del apoyo estatal, social e institucional como parte de su rehabilitación integral.

La búsqueda de diferentes medios de publicación o divulgación que develen la

problemática de la discapacidad por Conflicto Armado interno, permiten que la

sociedad en general se acerque a ella y la sensibilización haga parte del

proceso de responsabilidad social compartida.

A parte de apoyar y promover estudios como el realizado por CONFEPAZ, es

urgente la iniciación de una sistematización de la diversidad de información y

datos recopilados por algunas instituciones como el Batallón de Sanidad del

Ejército y las Fuerzas Armadas (Ejército – Armada – Fuerza Aérea y Policía)

con el objetivo de conformar un conjunto de información integrada y

actualizada.

Dentro del proceso de reinserción y rehabilitación integral, se encuentra la

vinculación y ubicación laboral de la población discapacitada, para hacer

realidad este obje tivo la participación del sector público y privado es esencial.

Consolidar una reflexión crítica y propositiva de un enfoque integral de salud

mental en situación de Conflicto Armado interno, apoya y fortalece todos y

cada uno de los esfuerzos realizados por diversidad de organizaciones

gubernamentales y privadas; puesto que hasta el momento se ha comenzado a

dimensionar a cabalidad las implicaciones emocionales, culturales, sociales y

económicas del Conflicto Armado Interno sobre la salud mental de una

sociedad.

El fortalecimiento (más no saturación) de las redes sociales de apoyo

progresivamente forma ciudadanos y comunidades más organizadas, que les

permite con mayor criterio y responsabilidad enfrentar sus problemáticas y a la

195

vez administrar y gestionar proyectos y demandas a nivel nacional, regional,

local e internacional.

Un enfoque sistémico de la sociedad abre un abanico de posibilidades frente a

la lectura y abordaje desde lo académico y lo profesional, porque éste

proporcionan elementos que articula e interconecta la diversidad de

escenarios, factores intervinientes, actores y problemática que la define e

igualmente, la conformación en complejas relaciones de red.

Es necesario realizar investigaciones de este tipo con perspectivas de género,

ya que de acuerdo con el Estudio Descriptivo sobre Discapacidad Física,

Psicológica y Laboral causada por el Conflicto Armado realizado por

CONFEPAZ, en el caso de exguerrilleros hay un 19% de mujeres y en ex

militares un 2%. Ello da cuenta de la participación o actuación de la mujer en

el Conflicto Armado Interno y que sin lugar a dudas bajo el lente de la

problemática de la discapacidad, adquiere matices y características

particulares para su vida individual y familiar.

La búsqueda de financiamiento y de recursos económicos de carácter

internacional, hace parte de las estrategias de fortalecimiento de la red social

institucional pública y privada que presta servicios a la población en mención.

El trabajo en red trae consigo un gran reto que es lograr encontrar el verdadero

sentido de este tipo de intervención social, es decir, primero encontrar la

esencia – el motor – el hilo conductor que paute y enlace la interconexión en

forma y dinámica de cada una de las redes y, segundo, articularlas e

integrarlas sin perder de vista las debilidades (disfuncionalidades) propias de

cada red; ello se va superando paulatinamente en un proceso de actuaciones

extensivas de la organización de la red (cambio 1) a una evolución hacia una

más funcional (cambio 2).

196

El perfil académico y profesional del Gerente Social para una intervención en

red hace un llamado al dinamismo, a la innovación, al cambio y al carácter

multifacético.

Bajo la misma mirada que se desarrolló cada uno de los componentes

centrales del ensayo, se plantea la propuesta de intervención desde la

Gerencia Social en Red que es abordada desde el marco teórico-

epistemológico de la Teoría General de los Sistemas, proyectada de forma

articulada e integrada en donde las redes se estructuran y se dinamizan en

espacios o áreas de trabajo en las cuales la Gerencia Social por su naturaleza

y perfil, históricamente ha logrado importantísimos aportes.

El recorrido conceptual, analítico y comparativo realizado por los conceptos de

Conflicto Armado interno , reinserción y planes de atención en salud para la

población discapacitada desde la mirada integral que brinda la Gerencia Social,

permite tener con claridad el primer lugar un panorama general, las fortalezas y

debilidades de la problemática en mención y, en segundo lugar la comprensión

histórica y holística de la situación del país.

Se debe sensibilizar a servidores públicos, entes territoriales, sector privado

(gremios y empresa privada), sociedad civil y comunidad internacional, con el

objeto de integrar nuevos actores a los procesos de reinserción, partiendo de

las necesidades actuales de los programas.

Con la finalidad de garantizar la transparencia y el conocimiento público de la

temática en mención, difundir de forma amplia, clara y oportuna tanto las

decisiones que se proyectan tomar como de los documentos resultados de los

distintos debates.

197

Con la finalidad de garantizar que el impacto de las decisiones y lineamientos

que se definen desde el gobierno nacional, se implementen en lo local y lo

regional, se debe revisar y evaluar las competencias que lo entes territoriales

tienen frente a la prestación de los servicios de salud y otras responsabilidades

que les atañe con relación a los procesos de reinserción; ya que el impacto de

una Política Pública debe reflejarse a lo largo y ancho del territorio nacional.

Un diagnóstico actualizado de la situación real y de las diversas características

de los procesos de reinserción y de su población objetivo, constituye una

herramienta de intervención central a la hora de tomar decisiones y diseñar

Políticas Públicas acordes y acertadas.

La intervención de la Gerencia Social debe garantizar la promoción, el

fortalecimiento y la puesta en marcha de mecanismos de control en sus

diferentes niveles, para que el espacio de atención a esta población no se

convierta una vez más en la oportunidad para la corrupción en sus ya

conocidas modalidades.

Se plantea una propuesta metodológica de intervención desde la Gerencia

Social con un Enfoque Integral de Salud Mental en un Contexto de Conflicto

Armado interno, con la finalidad de reconocer y abordar la discapacidad por

Conflicto Armado interno, como una categoría central en este trabajo que

incluye sin discriminación ni distinción alguna a que bando armado se ha

pertenecido; pues en la construcción de la paz todos somos co responsables y

partícipes de este hecho.

12.6 Políticas Públicas de Atención en Salud

198

Este trabajo no pretende en ningún momento plantear generalizaciones o

inferencias absolutas acerca de la problemática de la discapacidad por

Conflicto Armado interno y sus expresiones en la sociedad colombiana. Se

busca un acercamiento o aproximación que logre sacar a la luz pública esta

problemática y quitarle el velo que hasta ahora la ocultaba a los ojos del

Estado y la sociedad.

En términos generales, los planes nacionales de atención a la población

discapacitada de las administraciones de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, se

encuentran bien concebidos, claro está, de acuerdo a las diferentes políticas

de sus respectivos gobiernos. Sin embargo, es evidente que cada uno es el

resultado de una Política de Gobierno y no de una Política de Estado, es en

este aspecto donde precisamente radica las principales falencias y quiebres de

los fallidos intentos de construir y consolidar políticas públicas de carácter

social en el país.

Es preciso diseñar políticas públicas y acciones de diferente nivel antes y no

después de la reinserción, pues con el objeto de lograr desde un inicio el éxito

de este tipo de procesos, se hace necesario garantizar con anterioridad

condiciones sociales, políticas y económicas sólidas, de lo contrario, esta

población llegaría a sumarse a la gruesa capa de colombianos con difíciles

condiciones de vida por la caótica situación por la que hace ya un largo tiempo

viene atravesando el país.

Es evidente las notorias diferencias entre las Políticas Públicas en Salud para

la Atención de la Población Discapacitada del país en los gobiernos de

Pastrana y Uribe, pues ellas son la expresión de las diferentes condiciones

internas y externas que las rodeaban. Las más relevantes son:

199

MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Los riesgos y eventos negativos se atienden individualmente.

La atención de riesgos y eventos negativos se enfoca al hogar o grupo familiar.

Privilegia el sistema público en el manejo del riesgo.

Se fundamenta en la participación del Estado, la sociedad civil y el sector privado. Integra las medidas informales y de mercado.

Fragmentada como componentes y se concibe a partir de programas y no de riesgos.

Busca articular la Protección Social en un sistema y se concibe a partir de fuentes de riesgos y estrategias.

En países pobres la reducción de riesgos es un gasto superfluo; sólo cuando se concretan en eventos negativos se invierte algo para superarlos.

La visión integral del individuo y de los riesgos permite diseñar proyectos integrales de prevención, mitigación y superación.

La mitigación de riesgos sólo es accesible para individuos que tienen capacidad de ahorro o empleo formal.

La eficacia de la mitigación depende de:

• La integración de ésta con las estrategias de reducción y superación.

• El manejo bajo una óptica social del riesgo, donde sean responsables las instituciones sociales y las del Estado.

La asistencia social entiende la solidaridad como caridad.

La red articulada de Protección Social actúa por solidaridad, entendida como responsabilidad del otro.

Las redes de Protección Social sólo deben impulsarse en caso de crisis profunda.

La red de Protección Social y el Sistema de Protección Social, funciona en todos los tiempos, con el fin de satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables crónicos o pobres, vulnerables transitorios y en circunstancias especiales.

Se debe crear un mecanismo que logre garantizar el paso del reinsertado del

Régimen Subsidiado como población especial que recibe servicios de salud a

la atención como ciudadano, ello como parte del proceso integral de

reinserción a la vida civil.

Las acciones de atención en salud en algunos casos debe ser extendida y/o

trasladada a los albergues donde transitoriamente vive la población

reinsertada, pues es necesario potencializar y aprovechar este espacio en

beneficio del proceso de reinserción como un escenario de acciones de

200

prevención, formación y reconciliación individual, grupal y comunitaria. En otros

casos, será necesario para quienes son discapacitados de Conflicto Armado

interno ser atendidos allí o remitidos a los centros de atención o rehabilitación

pertinentes e incluso, al retornar a sus lugares de origen garantizar que tanto el

reinsertado como su familia puedan acceder a los servicios de salud y de esta

manera completar su proceso de recuperación integral en salud.

Se hace necesario ampliar el tiempo de cobertura de la carta de atención en

salud para la población en proceso de reinserción, puesto que se ha visto que

los 3 meses no son suficientes para dar cumplimiento satisfactorio a este

proceso.

Las Políticas Públicas de Atención en Salud y en general las diferentes

políticas por sectores que requiere la atención integral de la población

reinsertada del país, deben ser apoyadas por mecanismos y organizaciones de

Cooperación Internacional, que promuevan acciones en diversos órdenes y

logren en alguna medida garantizar la sostenibilidad de estos procesos,

además, que represente una vía que muestre a la comunidad internacional la

situación real del país en todas y cada una de sus dimensiones.

Es prioritario que el Régimen Subsidiado en Salud continúe asumiendo el reto

y la responsabilidad que implica la atención a la población reinsertada y a sus

familias, representando este un aporte social a la paz del país. El asumir este

proceso le exige que como es de conocimiento público al Régimen Subsidiado,

realizar ajustes en su estructura y dinámica organizacional en beneficio al

derecho a la salud de todos los colombianos que a través de este régimen

acceden a los servicios médicos y hospitalarios.

Es pertinente identificar y particularizar en el marco de las Políticas Públicas en

Salud las acciones, programas y proyectos de acuerdo al grupo poblacional a

201

atender, lo cual requiere un esquema de abordaje que responda a las

características, demandas y necesidades de cada uno de los grupos

poblacionales.

Las Políticas Públicas Sociales para los diferentes sectores y problemáticas

reconocidas como socialmente relevantes, son sin duda alguna el reflejo del

enfoque y de los intereses de la administración de turno. De esta condición no

se exceptúan los lineamientos diseñados para los procesos de reinserción y es

allí donde se expresa la idea equivocada y persistente de continuar

administrando el país con Políticas de Gobierno y no con Políticas de Estado,

originando permanentemente rupturas con un alto costo social para los

colombianos.

Debido a la complejidad que a lo largo de la historia ha caracterizado el

acontecer político, social y económico del país, en el cual el rol de la mujer ha

trascendido de lo privado a lo público, surge la necesidad que el caso de las

Políticas Públicas de Atención en Reinserción y Políticas Sociales, éstas

posean una clara Perspectiva de Género, pues es evidente la participación de

la mujer en el Conflicto Armado Interno.

Las Políticas Públicas para la atención de la población y de la temática en

mención, debe contemplar un componente de comunicación y de información

claro, veraz y oportuno que en el caso particular de los excombatientes,

conozcan no sólo los posibles beneficios sino también los riesgos y dificultades

que su decisión puede representar para su vida individual y familiar.

En algunos casos cada una de las Políticas de Atención además de ser

integrales, deben ser extensivas a las familias sobre todo en los casos

especiales de protección, seguridad e incapacidad permanente.

202

Se realiza un recorrido general por las Políticas Públicas de Atención que se

determinan desde los procesos de reinserción a la población excombatiente de

los grupos al margen de la ley, e igualmente, se hace un énfasis especial en

las Políticas Públicas en Salud tanto para la población reinsertada

discapacitada, por la categoría de abordar desde la Gerencia Social y la

Administración Pública, una particular discapacidad como la que es causada

por la actuación directa en lo enfrentamientos militares en un escenario de

confrontación armada.

Uno de los avances más significativos que se plantean en la actual Política

Pública Nacional de Discapacidad, se encuentra relacionado con el

reconocimiento desde la misma de la discapacidad como problema social y en

el cual el enfoque dirigido al Manejo Social del Riesgo, posiciona el Conflicto

Armado Interno en el escenario de lo macro y con un alto grado de

vulnerabilidad de quienes por diferentes circunstancias se encuentran allí. Por

consiguiente, exige que las acciones de atención en salud se encuentren

enfocadas hacia esta misma dirección.

Es importante estar alerta y llevar a cabo un seguimiento sobre esta política,

pues es necesario que ésta trascienda de la atención netamente médica y de

la afiliación el Régimen Subsidiado, a una política integral de rehabilitación e

integración a la sociedad con la participación conjunta del Estado y la sociedad

del país a través del trabajo en redes sociales, tanto para la población en

general con discapacidad y en particular para la población reinsertada que

lleva registrada en su cuerpo y en su mente las secuelas y su paso por el

Conflicto Armado Interno .

Las ONGs, las Entidades Gubernamentales y las Cooperaciones

Internacionales, deben intervenir en la atención a la población con

discapacidad en el contexto del Conflicto Armado Interno del país, porque no

203

es tan sólo los actores militares armados los afectados en su salud por las

confrontaciones y enfrentamientos bélicos, sino también la población en

general lo cual se traduce en la configuración de una problemática de alta

relevancia social y política que implica la decisión y la actuación del Estado y

de la Sociedad desde sus diferentes frentes y dimensiones.

La discapacidad debe tener no sólo la definición de la política, sino también las

condiciones de la decisión de actuar con armas en forma ilegal, porque el

definir que todo lo que sucede como producto, efecto o impacto del Conflicto

Interno es responsabilidad del Estado o de la Sociedad, entonces, ¿en dónde

queda la responsabilidad individual?.

Es claro que este trabajo representa una invitación abierta a continuar

realizando este tipo de abordajes y aportes desde la Gerencia Social con sus

diversos e importantes frentes de trabajo; ya que la construcción del

conocimiento sobre la sociedad, el Estado y sus problemáticas sociales es de

carácter permanente y dinámico.

Es pertinente y fundamental resaltar que el tipo de temas y problemáticas

abordadas en el desarrollo de este trabajo, el Derecho Internacional

Humanitario y los Convenios o Tratados Internacionales, son sin lugar a dudas,

escenarios y actores que juegan un papel determinante a la hora de poner en

marcha esta clase de Políticas Públicas en nuestro país.