suplemento alma mater n° 340

1N° 340 • Medellín, julio 23 de 2013

N° 340 Medellín, julio 23 de 2013 SISTEMA DE COMUNICACIONES • DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y PRENSA

Hace cuatro meses permanece en predios del campus de la Universidad de Antio-quia un grupo de niños y adultos que se declararon víctimas del megaproyecto

Hidroituango. Desde entonces las directivas univer-sitarias han adelantado una serie de gestiones para que las autoridades correspondientes atiendan los requerimientos de esa población no solo por las pre-carias condiciones en las que se encuentra, sino tam-bién por las dificultades que genera esta situación en el normal desarrollo de las actividades de la comuni-dad universitaria y de la institución.

La causa de quienes desde el 20 de marzo de este año ocupan el viejo coliseo de la Alma Máter ha despertado la solidaridad de un sector de los univer-sitarios, pero también el malestar de otra parte de la comunidad que se ha visto directa o indirectamente afectada por la presencia prolongada de personas pro-venientes de distintas localidades del departamento.

Según el vicerrector General, John Jairo Arboleda Céspedes, en un primer momento los ocupantes so-licitaron que se les permitiera amanecer en el cam-

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2 N° 340 • Medellín, julio 23 de 2013

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA • Rector Alberto Uribe Correa • Departamento de Información y Prensa • Bloque 16 oficina 336 • Teléfonos 2195023 y 2195026 • [email protected]

pus con el compromiso de que reanudarían su marcha para adelantar, en el parque de los Pies descalzos y frente al edificio inteligente de EPM, un movimiento de protesta por el proyecto hidroeléctrico en juris-dicción del municipio de Ituango. Dos días des-pués, con el concurso de la Universidad que les facilitó los medios para transportarse, se ubica-ron en otros lugares de la ciudad.

En la segunda fase, observa el directivo, después de Semana San-ta y sin mediar diálogo alguno, varios grupos de personas ingresaron a la Universidad y ocuparon otra vez el coliseo hasta el día de hoy.

“Somos conscientes —dice Arboleda Céspe-des— de que se trata de una población vulnera-ble, que la situación es difícil, que rebasa las posibilidades de la Uni-versidad, que no es lugar adecuado para la perma-nencia de estas personas y que se perjudica enor-memente las actividades misionales y los contra-tos vigentes con la firma constructora del coliseo nuevo que debe demoler la antigua edificación”.

El directivo insiste en que la situación des-borda las capacidades y las competencias de la Universidad, trastoca el diario vivir de los uni-versitarios, obstaculiza las actividades recreo-deportivas de la comu-nidad universitaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos

por la institución con la sociedad, y compor-ta riesgos para la salud tanto de los niños y adultos que ocupan el coliseo como para los estudiantes, docentes y empleados.

GestionesAnte tales circunstan-

cias, reitera el vicerrec-tor General, la Univer-sidad desde el principio puso en conocimiento de las distintas autorida-des competentes los he-

chos —el municipio de Medellín, las Empresas Públicas de Medellín, EPM, la gobernación, la personería de Medellín, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Cruz Roja, De-rechos Humanos, etc.—.

Así, por ejemplo, en comunicaciones diri-gidas al secretario de Gobierno de Antioquia Santiago Londoño Uri-be, a la secretaria gene-ral de Antioquia Clara Luz Mejía Vélez, al pro-curador Regional David Alonso Rodas Salguero, al personero de Medellín Rodrigo Ardila Vargas, el rector Alberto Uribe Correa les solicitó que integraran una comisión “encargada de dialogar con las 328 personas que desde el día sábado permanecen en las insta-laciones de la Universi-dad de Antioquia en pro-testa de las obras de la hidroeléctrica Ituango, con la finalidad de lograr acuerdos que permitan el desplazamiento de estas personas de las ins-talaciones de la entidad, toda vez que a la fecha están interviniendo con las labores académicas y de extensión”.

El secretario de Go-bierno de Antioquia en-cargado, Esteban Mesa García, en respuesta a dicha solicitud, mani-festó al rector que la comisión ya existía, la misma que, dijo, se reu-nió el 22 de marzo en las instalaciones de Coran-tioquia, en una reunión en la que participaron Isabel Cristina Zuleta y cuatro representantes

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más de la Corporación Ríos Vivos con el se-cretario de Gobierno del Departamento Santiago Londoño, el comunica-dor Sergio Valencia y representantes de EPM.

Por otro lado, en co-municación dirigida al entonces director gene-ral del ICBF, Diego An-drés Molano Aponte, el rector Uribe Correa le solicitó a la entidad que valorara “la situación en la que se encuentran más de treinta niños en el coliseo universitario, en compañía de sus fa-miliares, y a quienes por limitaciones y con-diciones no aptas es im-posible proporcionarles el bienestar y el am-biente favorable para su desarrollo”.

La petición, precisó el Rector, fue formulada en consideración a que el ICBF coordina el Sis-tema Nacional de Pro-

tección de la Infancia, y a la luz del precepto constitucional que con-sagra la defensa y pro-tección de los derechos de los niños, los cuales prevalecen sobre cual-quier interés.

Por su parte, Luz Pa-tricia Correa Madrigal, directora técnica de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, solicitó al rector los datos de las personas que ocuparon el coliseo de la Univer-sidad con la intención de “avanzar en el proceso de censo que se viene reali-zando en el marco de la ley 1448 de 2011 (Vícti-mas y restitución de tie-rras)”, y habida cuenta de que se trata, precisa-mente, “de las personas que están solicitando su ingreso al registro único

de víctimas a través de la declaración de un hecho victimizante de despla-zamiento forzado de ca-rácter masivo”.

“Huelga decir —pre-cisó la funcionaria— que sin esta información no es posible dar la debi-da observancia a las res-ponsabilidades legales del ente territorial”.

Censo difícilEn respuesta a la soli-

citud de la Unidad Mu-nicipal de Atención y Reparación a Víctimas la directiva universitaria señaló que desde el 20 de marzo de 2013, fecha de ingreso de las perso-nas, para la Universidad “ha sido imposible ob-tener el registro o censo de las mismas, toda vez que cuando lo hemos in-tentado éstas se niegan a suministrar tal informa-ción, aduciendo proble-mas de seguridad, amén

de que alegan que no es competencia nuestra, y sí lo es de la Secretaría de Gobierno de Mede-llín y de la Personería Municipal”.

En relación con la so-licitud al ICBF, la coor-dinadora encargada del Grupo de Protección de esa entidad, Mónica Mabel Sánchez Cada-vid, manifestó a las di-rectivas universitarias que se le informó a la coordinadora del Cen-tro Zonal Nororiental para que adelantara las acciones respectivas, y que ésta a su vez de-signó una Defensoría de Familia para constar el estado de cumplimiento de derechos de los niños allí albergados, “reali-zándose visita el día 24 de mayo de 2013, sin lograr una verificación real por la negativa de las personas para sumi-nistrar la información y

Foto Juan Andrés Álvarez Castaño


menos aún establecer el número de niños, niñas y adolescentes”.

Sin embargo —añadió Sánchez Cadavid—, “el equipo interdisciplinario observó que la población menor de edad se encon-traba con sus familias en condiciones poco favo-rables, en particular la preparación y suministro de los alimentos.”

En la misma misiva, la coordinadora encarga-da del Grupo de Protec-ción del ICBF informó a las directivas univer-

sitarias que se acordó en la reunión del Sub-comité de Prevención y Protección del Comité de Justicia Transicional del Municipio de Me-dellín que la Personería de Medellín tomaría las declaraciones respecti-vas y las remitiría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para su va-lidación, y que, además, la Unidad de Atención a las Víctimas levantaría el censo para, de esta

manera, definir las com-petencias institucionales en relación con la pro-blemática.

No obstante —acla-ra—, “sólo se tuvo conocimiento de los avances hasta el 19 de junio, fecha en la que convocaron a reunión extraordinaria a las ins-tituciones integrantes de dicho Comité, donde se expusieron las incon-sistencias encontradas en el levantamiento del censo. De igual forma, los participantes reite-

raron la prevención por parte de la población albergada para suminis-trar la información, im-pidiendo la intervención oportuna de cada una de las instituciones.”

Agrega la funciona-ria que el 26 de junio de 2013 se cumplió otra reunión extraordinaria del Subcomité de Pre-vención y Protección para analizar la situación de dicha población y dar cuenta de las actuacio-nes adelantadas por cada

una de las instituciones responsables, “conclu-yéndose nuevamente la negativa de la población frente a la atención que le compete no sólo al ICBF, sino a las demás insti-tuciones del SNARIV-Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.”

En vista de lo anterior —informa Sánchez Ca-david—, el Subcomité aprueba la realización de una visita no anuncia-da, para la verificación de manera conjunta con

Personería, Unidad de Atención a Víctimas, Procuraduría General de la Nación y el ICBF, para establecer las con-diciones de vulneración y adelantar así las accio-nes pertinentes.”

Por último, concluye que en la visita interins-titucional el 29 de junio de 2013, tampoco se lo-gró “la verificación del estado de cumplimiento de derechos de los ni-ños, niñas y adolescen-tes, por persistir la re-

sistencia de las personas frente al quehacer insti-tucional y para suminis-trar la información.”

Ante todas las difi-cultades presentadas y las relacionadas con la salida e ingreso de quie-nes desde hace más de 120 días ocupan el vie-jo coliseo, el Consejo Académico exigió el estricto cumplimiento de los horarios para en-trar al campus. Los días ordinarios hasta las 10 de la noche, el sábado hasta las 4 de la tarde y

los domingos y festivos hasta la 1 de la tarde.

Así mismo, en comu-nicación dirigida al Go-bernador de Antioquia y presidente del Consejo Superior Universitario, al Alcalde de Medellín, al Gerente General de EPM y a la Directora encargada del ICBF, el Consejo Académico pidió que, mediante un trabajo conjunto entre las instituciones, se re-suelva prontamente la situación.



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Medellín, 19 de julio de 2013

DoctorSERGIO FAJARDO VALDERRAMAGobernador de Antioquia Presidente del Consejo Superior UniversitarioDoctorANIBAL GAVIRIA CORREAAlcalde de MedellínDoctorJUAN ESTEBAN CALLE RESTREPOGerente General de EPMDoctoraADRIANA MARÍA GONZÁLEZ MAXCY-CLAK Directora encargada del ICBFMedellín

Cordial saludo:

En la última sesión del Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, la Corporación reflexionó y debatió la problemática que se ha presentado en la ciudadela universitaria a raíz de la toma del an-tiguo coliseo universitario por parte de un grupo de personas que afirman provenir de la región norte del departamento, y que realizan diferentes protestas y reclamos frente a la ejecución del proyecto de cons-trucción de la represa Hidroituango. Al respecto, considera el Consejo Académico que es pertinente exponer ante ustedes las siguientes consideraciones:

El pasado 20 de marzo un grupo de campesinos, compuesto por hombres, mujeres, damas en estado de embarazo, niños, y personas de la tercera edad, que, según afirmaron en su momento, venían en pro-ceso de movilización desde el norte de Antioquia con el fin de dar a conocer sus inconformidades y sus reclamos a las autoridades departamentales y muni-cipales, llegaron a las instalaciones de la ciudadela universitaria, ingresaron sin autorización, y solicita-ron que transitoriamente se les permitiera el aloja-miento por lo menos durante dos días más ante la imposibilidad de tener otro albergue transitorio para dar continuidad a su proceso de movilización.

Es importante indicar que la movilización y el ingre-so a la Universidad por parte de estas personas fueron

acompañados por organizaciones de derechos humanos y por funcionarios de la Personería de Medellín.

Ante esta solicitud, la Institución les manifestó, y les dejó en claro, que el campus no disponía de con-diciones para la pernocta y alojamiento de ellos, y que, además, no era responsabilidad de la Institución dar satisfacción a esta solicitud. No obstante, dichas personas insistieron en albergarse transitoriamente por dos días en el antiguo coliseo, con el compromi-so de retirarse luego del campus.

Partiendo de la buena fe de quienes hicieron este compromiso, y ante una situación dramática desde el punto de vista humanitario por las condiciones en las que se encontraban, especialmente los niños, las mu-jeres en embarazo y algunos ancianos, las directivas universitarias aceptaron la pernocta con el compro-miso de que en dos días se debían retirar del lugar. Desde este momento, la Universidad comunicó la si-tuación a las secretarías de Gobierno Departamental y Municipal, y solicitó su intervención y su apoyo. El retiro de los campesinos, de las instalaciones del coliseo, se cumplió el día viernes 22 de marzo en las horas de la noche.

El día 5 de abril, la Universidad programó una cátedra pública con el senador Iván Cepeda sobre el derecho de las víctimas del conflicto armado, cátedra a la que asistió un gran número de las per-sonas que en su momento se alojaron en el coliseo y, después de terminada dicha cátedra, estas perso-nas se dirigieron al campus, al que ingresaron sin autorización alguna, se tomaron el antiguo coliseo y se instalaron en el mismo.

En esta segunda ocasión no existió ningún diá-logo, comunicación o petición de parte de estas personas, a las directivas de la Universidad; se trató de una toma de hecho, con expresiones soli-darias de sectores estudiantiles y gremiales. Ante esta situación, las directivas universitarias remi-tieron sendas cartas a las autoridades correspon-dientes, para solicitar su pronta intervención y su ayuda en la solución de este conflicto.

Somos conscientes de que, durante este tiempo, diversas personas que representan a la Alcaldía de Medellín, a Empresas Públicas de Medellín y a la Gobernación de Antioquia, se han reunido con los líderes de este grupo, sin concretar un acuerdo en-tre las partes. Se ha realizado una audiencia pública con presencia de dos senadores de la República: Iván Cepeda y Wilson Arias, y del Secretario de Gobier-


no Departamental. Igualmente han hecho presencia organismos humanitarios, como la Cruz Roja y el Dapard, además del interés constante de otras enti-dades, como la Personería de Medellín.

Las directivas universitarias hemos intentado sortear con prudencia esta realidad, procurando la menor afectación posible a las actividades acadé-micas, entendiendo el drama humanitario de niños y de otras poblaciones en condición de vulnera-bilidad albergados en el coliseo, esperando que por medio del diálogo que se ha tenido con las autoridades se alcance una solución, y, ante todo, evitando que una medida de fuerza genere como consecuencia un cierre del campus.

Sin embargo, ya han transcurrido más de cien días sin que exista una solución a la vista, con el agravan-te de que durante este tiempo se han producido he-chos que generan alarma y preocupación, de los cua-les exponemos algunos por considerar fundamental que ustedes los conozcan:

Existe un número significativo de niños que desde hace cien días habitan un espacio que no ofrece las condiciones mínimas para una estadía permanente en un ambiente de dignidad. Además preocupa su desescolarización y la exposición a posibles situa-ciones de mendicidad.

Según manifestaciones de integrantes de la co-munidad universitaria, algunas de las personas que se alojan en el antiguo coliseo consumen sustancias alucinógenas e ingieren licor, aun en presencia de los menores de edad que los acompañan.

El lugar en el que se encuentran alojados no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, como se les ha manifestado a ellos muchas veces, además de que se tiene programada la demolición de ese edi-ficio precisamente por las dificultades estructurales que ostenta. Es de anotar que la Universidad no dis-pone de ningún espacio a donde los pueda trasladar. Además, no es su función constitucional y legal ser-vir de albergue.

Desde el año pasado la Universidad inició la cons-trucción de un nuevo coliseo, obra que en este mo-mento se encuentra suspendida ante la imposibilidad de continuar con las ejecuciones proyectadas, lo cual genera, entre otros perjuicios, el desplazamiento y la cancelación de procesos de formación, de entrena-miento y de representación deportiva, dirigidos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Más de tres mil de nuestros deportistas se ven pri-vados de la posibilidad de practicar sus disciplinas deportivas; en este sentido nuestra propia comunidad se siente desplazada.

Las personas alojadas en el antiguo coliseo están recurriendo a la mendicidad, en aulas de clase y en sitios públicos, y realizan ventas informales como

mecanismo para proveerse el sustento económico durante su estadía en ese lugar.

No existen condiciones de salubridad en el anti-guo coliseo, como se dejó constancia en un informe de la Secretaría de Salud de Medellín, en el que, ade-más, se evidencia que, al no darse un manejo adecua-do de residuos sólidos, se incrementa la presencia de animales transmisores de enfermedades, como ratas, cucarachas, zancudos y moscas.

Frente a este complejo panorama, el Consejo Aca-démico manifiesta que la Universidad constituye un bien académico, cultural y científico que no puede quedar a merced de quien se la quiera tomar para rei-vindicar sus intereses. La Universidad pertenece a la sociedad, pero esta condición no otorga una patente para que cualquier persona la utilice o se apropie de sus espacios sin reconocer las reglas y las autorida-des instituidas precisamente para salvaguardar este bien y garantizar que cumpla con su misión de edu-cación superior.

El Consejo Académico reivindica a la Universidad de Antioquia como un espacio para la búsqueda del conocimiento, para la formación de profesionales, para la preservación y difusión de la cultura, para la formación y el entrenamiento deportivo, para el debate de los problemas sociales, económicos y po-líticos, inclusive para la expresión política no vio-lenta; pero cuando estas funciones no se cumplen, la Universidad pierde su razón de ser, y la función social que tanto predica se ve disuelta en un discurso que confunde la solidaridad con la perpetuación de la indigencia que arrebata la dignidad a quienes pre-cisamente se quiere socorrer, porque los mantiene en situación miserable.

Por las anteriores razones, pedimos a ustedes que, mediante un trabajo conjunto entre las instituciones, se resuelva prontamente esta situación que causa se-rios perjuicios a la Universidad, y que, al prolongar-se, aumenta la complejidad y disminuye la posibili-dad de una solución serena.

Atentamente,

ALBERTO URIBE CORREAPresidenteConsejo Académico

LUQUEGI GIL NEIRA SecretarioConsejo Académico

CC. Procuraduría Regional de AntioquiaDefensoría del Pueblo

Consideraciones del Consejo Académico sobre la ocupación del coliseo


Medellín, 12 de julio de 2013SeñoresCONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIOUniversidad de AntioquiaMedellín

Asunto: EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD RESPECTO A LA OCUPACIÓN DEL COLISEO DEPORTIVO POR PARTE DE PARTICULA-RES QUE PROTESTAN POR EL PROYECTO HIDROITUANGO.

“Se ha explicado por la jurisprudencia que la liber-tad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a comunicar a otros el pro-pio punto de vista y las informaciones u opiniones, como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos o noticias, libremente y sin interferencias. Sobre este punto se ha precisado que para el ciudadano es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, como el del legítimo derecho a difundir la propia.” (Sentencia T-1037/2010 Honorable Corte Constitucional)

Cordial saludo,En uso del derecho fundamental a la libre expre-

sión, estipulado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, entendiendo que es un derecho inalienable, imprescriptible e inviolable nos permiti-mos expresar las siguientes situaciones respecto a la ocupación actual del coliseo universitario:

1. La Universidad de Antioquia es una institución de orden académica, donde los procesos misionales de investigación, docencia y extensión son priorita-rios; como institución pública nos compromete a todos a cuidarla, protegerla y velar por su conservación. La ocupación actual atenta contra estos principios, dado que entorpece las actividades de bienestar universitario de las personas ejecutoras, beneficiadas y protagonistas ya que desplaza e impide el acceso a un espacio en par-ticular como lo es el coliseo deportivo bloque 27.

En comunicación dirigida al Consejo Superior Universitario, un grupo de universitarios expresan inconformidad por la

ocupación del coliseo universitario por parte de personas que se declaran víctimas del megaproyecto Hidroituando

2. La presente ocupación atenta contra el principio de universalidad del Sistema de Bienestar Universi-tario estipulado en el Acuerdo Superior Universitario 173 de 2000, el cual establece:

“Universalidad. La comunidad universitaria po-drá acceder, sin discriminación, a los programas y servicios de bienestar universitario, según la norma-tividad de la institución.” Actualmente ningún inte-grante de la comunidad universitaria puede acceder a programas deportivos al interior de la Dirección de Bienestar por esta problemática, tales como gimna-sia, escalada, entre otros, y en los pocos que pueden lo hacen con muchas restricciones de orden locativo, en seguridad, técnico, ambiental, que ya han gene-rado incidentes laborales que pusieron en riesgo la integridad de varias personas (incidente ocurrido en el mes de mayo y reportado con el video probatorio


al Comité Paritario de Salud Ocupacional).

3. Atenta contra la po-lítica de Bienestar Uni-versitario [que] “busca-rá mejores condiciones para el desarrollo inte-gral de los miembros de la comunidad uni-versitaria, orientadas a elevar la calidad de vida de sus miembros, al cul-tivo de la armonía con los semejantes, y al res-peto por el medio que los rodea...” (Acuerdo Superior Universitario 173 de 2000).

4. Hemos evidencia-do problemáticas de orden sanitario, de salud, de población de alto grado de vulnerabilidad como la de sujetos de derecho en primera infancia, niños en edad escolar por fuera de las aulas que a bien le de-ben corresponder en la escuela o colegio; todo eso evidenciado en brotes de gripa, niños deambulando semidesnudos en zonas verdes y en la calle circunva-lar en muchos casos sin el cuidado de adulto alguno.

5. Particularmente a nosotros como practicantes del arte marcial del karate do nos impide el acceso a la práctica en condiciones dignas, técnicamente aceptables, con la disponibilidad de horarios que den respuestas a las necesidades requeridas, ya que actualmente se comparte un espacio improvi-sado con judo y aikido.

6. La práctica del karate do, judo y aikido se de-sarrolla en el segundo piso del bloque 22, en el área de tenis de mesa, contiguo a las oficinas de Cartera, Tesorería y otras, un espacio en el cual interrumpi-mos las labores de los funcionarios por la dinámica de estos deportes que son ruidosos, de naturaleza po-tente y de concentración, afectando el clima laboral y la salud mental, generando situaciones de estrés.

7. Expresamos nuestro pesar y rechazo por esta toma de un espacio público por parte de particulares sin que las administraciones gubernamentales como la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, así como las Empresas Públicas de Medellín hayan tomado medidas efectivas que resuelvan esta proble-mática que es completamente ajena a la Universidad.

8. Expresamos nuestro pesar y rechazo por el bajo perfil con el que se ha manejado esta situación en los medios de comunicación, la ausencia de pronuncia-miento por parte del Consejo Superior Universitario, y en especial por el señor Gobernador de Antioquia como cabeza del máximo estamento del Alma Máter, patrimonio de todos los antioqueños en la adminis-tración Antioquia la más educada.

9. Exigimos una solución expedita ante esta gra-vísima situación, con el ánimo de evitar las acciones legales ante la Procuraduría General de la Nación para establecer las responsabilidades a las que haya lugar por omisión frente a la toma de un bien público por parte de particulares.

Sin otro particular,(Siguen firmas)




Más de 3.500 u s u a r i o s de los ser-vicios e

instalaciones deportivas en la ciudad universi-taria se han visto afec-tados debido a la ocu-pación del coliseo por parte campesinos que protestan por el proyec-to Hidroituango desde hace cuatro meses. La situación ha imposibili-tado garantizar que se presten adecuadamente los diferentes servicios, hecho que ha derivado en la suspensión defini-tiva de algunos cursos formativos como levan-tamiento de pesas, gim-nasia, porrismo y muro escalada. Así mismo, en algunas disciplinas tales como gimnasio y mul-tifuncional se registra una deserción de hasta un 70% de practicantes debido a las condiciones en que han terminado las instalaciones deportivas.

“Nos hemos visto obligados a entrenar en situaciones precarias y a tener que soportar olores bastante desagradables, inhalar el humo prove-niente de los fogones de los campesinos, en-trenar a puerta cerrada, y otras situaciones más, que poco a poco podrían desatar un problema de salud pública entre no-sotros”, expresó el equi-po de levantamiento de pesas en una comunica-ción dirigida a Bienestar Universitario y al De-partamento de Deportes.

Por su parte, el grupo de practicantes de karate do, judo y aikido mani-festó su inconformidad en una carta al Consejo Su-perior universitario en la cual, además de las con-

diciones sanitarias para los deportistas, se refiere a los riesgos que corren los mismos campesinos: “Observamos problemá-ticas de población de alto grado de vulnerabilidad (…) todo esto eviden-ciado en brotes de gripa, niños deambulando semi-desnudos en zonas verdes y en muchos casos sin el cuidado de adultos”.

Algunas de las alter-nativas adoptadas para remediar el impacto de la ocupación en los en-trenamientos y prácticas deportivas han consistido en la utilización de es-pacios alternos como la pista atlética, el estadio, las canchas de los bajos del Metro, algunos corre-dores y salones de la Fa-

cultad de Artes, con las consecuencias propias que de ello se derivan.

En el bloque 22, por ejemplo, en el área de-dicada al tenis de mesa, hay tal congestión con las prácticas de karate do, ai-kido y judo, que los mis-mos deportistas advierten sobre el riesgo para el clima laboral y la salud mental de los empleados que trabajan en las ofici-nas de cartera y tesorería, contiguas a ese lugar.

En el caso de las acti-vidades a las que se les ha asignado algún esce-nario en la Ciudadela de Robledo el problema consiste en la dificultad de desplazamiento de los estudiantes o empleados que participan de ellas.

“Se gestionaron espa-cios alternos por fuera de la Universidad con el Inder de Medellín, pero no se logró una respues-ta positiva dada la espe-cificidad de este tipo de escenarios y el alto costo de la póliza exigida por la Alcaldía de Mede-llín”, informa Bienestar Universitario.

Otro espacio deportivo seriamente afectado por la situación es el nuevo coliseo, cuya construc-ción incluía por parte del contratista la demolición de las instalaciones ac-tualmente ocupadas. “La demolición tendrá que esperar porque el con-trato con la constructora debió ser suspendido el 12 de abril con una fecha de reinicio aún descono-cida”, aclara Mauricio Londoño Vélez, director de Gestión Logística e Infraestructura.

Para Juan Francisco Medina, miembro del Departamento de Depor-tes, en las condiciones actuales existe un riesgo inminente para la parti-cipación de las delega-ciones universitarias en los eventos deportivos de los que tradicionalmente hace parte la Universidad y que se desarrollarán en los próximos meses: juegos regionales Ascún, competencias en las di-ferentes ligas deportivas, juegos nacionales uni-versitarios de estudiantes y los juegos nacionales de empleados. “La ocu-pación del coliseo y de la zona deportiva no solo ha perjudicado a los de-portistas, y a los campe-sinos mismos. Es la co-munidad universitaria en general la que se ha visto afectada”.

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Los campesinos que ocupan el coliseo desde el 20 de mar-

zo, y que se han decla-rado desplazados por la construcción de Hidroi-tuango, provienen de los municipios de la zona de influencia del megapro-yecto: Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Valdivia, Briceño, Ya-rumal, Peque, Buriticá, Sabanalarga, Liborina, Olaya y Santa Fe de An-tioquia. Ellos compren-den el impacto negativo que su presencia ha ge-nerado en la comunidad universitaria aunque sus líderes manifiestan de manera enfática que no abandonarán la protesta hasta que los responsa-bles de la obra acepten negociar con ellos.

“Hemos venido a re-clamarle al Estado. Hi-droituango nos desalojó por medio de la fuerza pública. Tenemos dere-cho a reclamar las pla-yas donde trabajamos. Nosotros queremos que no nos vendan el río”, dice Ovidio Areiza, uno de los líderes del grupo, quien admite que desde su llegada a la Universi-dad han encontrado apo-yo, especialmente por parte de un sector de los estudiantes, pero que así mismo saben que algu-nos piden su desalojo.

“Nos reclaman que hemos traído a los niños, pero es que muchos de nosotros no tenemos con quién dejarlos”, declara Mábel Méndez de Ituan-go, madre de dos niños, quien recuerda que en los primeros días de su estadía estudiantes de la

Facultad de Medicina les ayudaron a recolectar me-dicinas y que algunos en-fermos han sido acogidos por la clínica León XIII de la IPS universitaria.

Además de la preocu-pación por las condicio-nes sanitarias y de salu-bridad, la convivencia con los protestantes ha generado varios con-flictos que van desde el desplazamiento de los deportistas hasta el sur-gimiento de rumores que se han esparcido gracias a las redes sociales y, según los mismos cam-pesinos, a los medios de comunicación que no han sabido contar su his-toria. Desde ingresos no autorizados a la piscina y la supuesta extracción de oro de una brecha en los terrenos aledaños al estadio, que según ellos

surgió de una demostra-ción que quisieron hacer de cómo se barequea, hasta la creación de una fábrica de trapeadoras. “Cuando llueve este co-liseo se inunda y por eso hicimos varias trapeado-ras”, aclara Carlos Echa-varría, minero habitante de Toledo.

“Hay rumores tam-bién de que hemos crea-do ventas informales,” comenta Rosa Angélica Mazo, de Briceño; “lo que pasa es que un com-pañero se puso a vender confites aquí adentro a nosotros mismos para costearse los cigarrillos. Pero no siguió desde que armaron el alboroto”.

Respecto de los se-ñalamientos según los cuales las personas que llegaron en marzo han sido relevadas por otros campesinos, Leonel Mu-ñoz, otro de los líderes explica que debido a las condiciones precarias, algunas personas se han enfermado, razón por la cual el grupo ha decidido enviarlos temporalmente adonde sus familiares en los barrios de la ciudad: “Pero los mismos que vinimos somos los que estamos aquí actualmen-te”, asegura Muñoz.

Reconocen que ha existido una buena rela-ción con el personal de vigilancia de la Universi-dad y desmienten el ase-dio de la fuerza pública: “la fuerza pública no nos ha atacado… nos senti-mos tranquilos… donde no tenemos las garantías para reclamar nuestros derecho es en nuestro propio territorio…”Fo

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“Bendito seas entre todas las mujeres”, es así como le dicen a don Ramón Hernández, úni-co hombre que asiste al Programa de Proyección Pedagógica, PPP, que agrupa a 50 mujeres de la tercera edad. El proyecto, que celebró sus 35 años el 13 de julio, es produc-to de la solidaridad y em-peño de Jorge Luis Páez, profesor jubilado del Ins-tituto de Educación Físi-ca de la Universidad de Antioquia.

En 1978, cuando Páez tenía a su cargo la asig-natura Juegos básicos y predeportivos, motivó a sus alumnos a que apli-caran la teoría del curso. Fue así como aprendices y profesor comenzaron a desarrollar actividades con madres gestantes, niños en estimulación, jóvenes y adultos.

En 2005, fecha de su jubilación, Jorge Luis evidenció que los vincu-lados al programa eran, en su mayoría, adultos mayores. Así, en la ac-tualidad, el grupo está conformado por mujeres que van desde los 50 has-ta los 85 años de edad. Cada semana se reúnen para hacer aeróbicos, ab-dominales, ejercicios de elasticidad y de fuerza, eso sí, de acuerdo con la capacidad de cada quien, aclara. “No solo es sudar por sudar sino que tienen un sentido social y cultu-ral. Ellas mismas organi-zan una natillera y se ce-lebran los cumpleaños”, cuenta Páez.

Programa de Proyección Pedagógica cumple 35 años

Todos los sábados sin falta, a las ocho de la mañana comienza la clase, aunque desde las siete está listo el gru-po entero reunido en la oficina, mejor conocida como la cafetería de de-portes donde, entre tin-to y charla, se preparan para la actividad.

El profesor cuenta que en ocasiones les ha tocado librar algunas ba-tallas para no permitir que el programa se aca-be. “El deseo vehemente de servir, la decisión y la perseverancia, el sentido

social y el espí-ritu universita-rio del profesor Páez y de sus colaboradores lograron que el PPP sobrevi-viera a épocas difíciles como el prolongado

cierre de la Universi-dad en 1980”, afirma Grimaldo Oleas, tam-bién profesor jubilado.

Este programa, abier-to para quien “tenga muy buena voluntad y motivación”, ha recibido menciones honoríficas por parte de la Rectoría, el Consejo Superior Uni-versitario y el Instituto de Educación Física; así mismo también cuenta con reconocimientos de entidades como la Cá-mara de Representantes e Indeportes Antioquia. Sin embargo para Paéz

la satisfacción está en que además de la felici-dad que les causa asistir al programa a las “cu-chachas”, como les lla-ma, la “actividad física les ha servido para re-ducir tantas pastillas que tenían que consumir”.

El proyecto se sostie-ne con los $70.000 pesos semestrales que debe pa-gar cada integrante, no obstante, Páez resalta el apoyo que ha recibido de algunas dependencias. “Si bien estos estímulos contribuyen a fortalecer el espíritu solidario, con-sidero de suma impor-tancia que el programa se institucionalice como parte de las actividades oficiales de extensión de la Universidad de Antio-quia”, opina Oleas. Páez, por su lado, tiene la ilu-sión y la voluntad de ce-lebrar junto a su grupo los 50 años del Programa en 2028, eso sí, dice en medio de una carcajada, “por si acaso estamos”.

Jorge Páez

Por SARA GIRALDO MAESTREFo

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El rector de la Universidad de Antioquia, Alberto Uribe Co-rrea, y el director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Juan Luis Isaza Londoño, invitan al acto de entrega de la de-claratoria de bienes de interés cultural del ámbito nacional al conjunto arquitectónico de San Ignacio y a la Ciudad Univer-sitaria, que se realizará el próximo viernes 26 de julio de 2013, a las 11:00 a.m., en el Paraninfo del Edicio de San Ignacio.

La Agenda Cultural llega a su nú-mero doscientos, lo cual no deja de ser un gran mérito, dada la corta vida y el incierto destino que acompañan, casi sin excepción, a las publicaciones periódicas en nuestro país (y quizás en muchos otros). Para la edición 200 la Agenda invitó a varios escritores a participar con un texto literario origi-nal, en lo posible atinente al número al que llega la revista, pero no siempre ocurrió de esa manera dada la obvia dificultad que ello significa…

El Departamento de Extensión Cultural de la Vicerrectoría de Extensión, con el apoyo de la Casa de la Música, Fundación EPM, hará un acto especial para celebrar la permanencia de la Agenda Cultural, el jueves 25 de julio de 2013, a las 6:00 de la tarde, en el salón principal N°. 2 de la Casa de la Música.

Agenda Cultural, 200 ediciones

suplemento alma mater n° 340

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