solicitud de expediente administrativo...i.- hechos probados: para el dictado de la presente...
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R-DCA-0466- 2017
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las ocho horas cuarenta y ocho minutos del treinta de junio del dos mil diecisiete.---
Recurso de apelación interpuesto por GESTIONADORA INTERNACIONAL SERVICREDITO
S.A. en contra del acto de adjudicación dictado en la Licitación Pública No. 2016LN-000022-
DCADM promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la
“Contratación de Servicios de Gestión de Cobro de Cuentas Declaradas por el Banco como
operaciones Castigadas y/o Estimadas al 100%, recaído en favor del Consorcio Resuelva-GPG
(modalidad entrega según demanda), por cuantía inestimable.---------------------------------------------
RESULTANDO
I. Que la empresa GESTIONADORA INTERNACIONAL SERVICREDITO S.A. presentó en
tiempo el 20 de marzo del año en curso, recurso de apelación en contra del acto de
adjudicación dictado en la Licitación Pública No. 2016LN-000022-DCADM promovida por el
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de Servicios de
Gestión de Cobro de Cuentas Declaradas por el Banco como operaciones Castigadas y/o
Estimadas al 100%, recaído en favor del Consorcio Resuelva-GPG (modalidad entrega según
demanda). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Que por medio de auto de las once horas treinta minutos del veintiocho de marzo del año en
curso, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al consorcio adjudicatario, las
cuales fueron atendidas en tiempo, por medio de escritos agregados al expediente de recurso
de apelación. La atención de la presentación en tiempo de estas audiencias, se basa en lo
indicado en el resultando XI de esta resolución-----------------------------------------------------------------
III. Que por medio de auto de las trece horas del veintiuno de abril del año en curso, se otorgó
audiencia especial a la empresa apelante, y al consorcio adjudicatario, las cuales fueron
atendidas en tiempo, por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación.--
IV. Que por medio de auto de las once horas del once de mayo del año en curso, se otorgó
audiencia especial a la Administración, para que se refiriera a la acreditación de requisitos
cartelarios por parte de los abogados asignados al proyecto de la apelante y del consorcio
adjudicado, así como el cumplimiento de requisitos del Jefe de Cobro y Supervisora, del
consorcio adjudicado. La audiencia fue atendida en tiempo por medio de escritos agregados al
expediente de recurso de apelación.--------------------------------------------------------------------------------
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V. Que por medio de auto de las trece horas del veintidós de mayo del año en curso, se otorgó
audiencia especial a la Administración, para que se refiriera a la forma precisa en que determinó
el cumplimiento de requisitos cartelarios, de parte de los abogados asignados por el proyecto,
tanto de la apelante como del consorcio. La audiencia fue atendida en tiempo por medio de
escritos agregados al expediente de recurso de apelación.--------------------------------------------------
VI. Que por medio de auto de las ocho horas treinta minutos del veinticinco de mayo del año en
curso, se otorgó audiencia especial a la apelante y al consorcio adjudicado, para que
manifestaran lo pertinente respecto de las respuestas de audiencias especiales brindadas por la
licitante, lo cual fue atendido en tiempo por ambas partes, por medio de escritos agregados al
expediente de recurso de apelación. -------------------------------------------------------------------------------
VII. Que por medio de auto de las siete horas treinta minutos del treinta y uno de mayo del año
en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante y se comunicó a las partes la
prórroga del plazo que tiene esta División para resolver el presente recurso de apelación. La
audiencia otorgada fue atendida en tiempo, por medio de escrito agregado al expediente de
recurso de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. Que por medio de auto de las catorce horas treinta minutos del cinco de junio del año en
curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, lo cual fue atendido en tiempo
por ambas partes, por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación.-------
IX. Que por medio de auto de las siete horas treinta minutos del trece de junio del año en curso,
se otorgó audiencia especial a la apelante y al consorcio adjudicado, y a la Administración, lo
cual fue atendido en tiempo por ambas partes, por medio de escritos agregados al expediente
de recurso de apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------
X. Que por medio de auto de las once horas del veinte de junio del año en curso, se otorgó
audiencia final de conclusiones, las cuales fueron atendidas por todas las partes en tiempo, por
medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación. ------------------------------------
XI. Que con ocasión de un desprendimiento importante de material en el piso 8 del edificio
principal de la Contraloría General de la República, que obligó al desplazamiento de
funcionarios, mediante resolución R-DC-24-2017 del 28 de marzo del 2017, emitida por el
Despacho de la Señora Contralora, se resolvió lo siguiente: "(...) Suspender para efectos de
cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de Contratación Administrativa
únicamente el día 29 de marzo de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día 30 de
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marzo siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones ingresadas antes del día 29
de marzo de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se presenten ese mismo día. Por
otra parte, procurando que el traslado de los funcionarios no genere ningún perjuicio a los
administrados la suspensión igualmente resultará aplicable a los plazos con que cuentan los
administrados para atender diferentes gestiones que se encuentren en trámite en la División de
Contratación Administrativa (....)".-----------------------------------------------------------------------------------
XII. Que una vez reparados los daños e instaladas las estaciones de trabajo se requiere
nuevamente el traslado de los funcionarios de la División de Contratación Administrativa y todo
el equipo electrónico (faxes, impresoras, equipo de cómputo) al piso 8 de la Contraloría
General, lo cual impediría que esta División prestara las labores habituales para la atención de
las gestiones el día 23 de junio de dos mil diecisiete siete. Por lo tanto, por medio de resolución
RC-52-2017 del 22 de junio del 2017 emitida por el Despacho de la Señora Contralora, se
resuelve suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende este
División únicamente el día 23 de junio de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día 26
de junio siguiente, suspensión que opera tanto para las gestiones ingresadas antes del día 23
de junio de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se presenten ese mismo día. --------
XIII Que por lo expuesto en los resultandos XI y XII, la presente resolución se tiene por emitida
en plazo, habiéndose observado durante su tramitación todas las prescripciones
constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.--------------------------------------------------------
CONSIDERANDO
I.- Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por acreditados los
siguientes hechos de interés:1) La apelante aportó en oferta listado de experiencia de la
Licenciada Amanda Pérez Hernández, según folio 916 del expediente administrativo que indica:
Nombre de la Empresa
/Institución Servicio realizado Periodo
Persona a
contactar
Número de
teléfono
Bufete AG-Legal Asistente Legal Agosto 2007-Julio 2009 Socio MSC. Gonzalo
Gutiérrez Acevedo (506)22257-0006
Juzgado Penal de Pavas
III Circuito Judicial
de S.J.
Auxiliar Judicial
Interino
Nombramiento 11 meses
Periodo Julio 2009
Juez Juan José Solano
III Circuito Judicial
San José
2295-3000
Juzgado Especializado
de Cobro II Circuito Judicial
de S.J.
Auxiliar Judicial
Interino
Nombramiento 6 meses
Periodo Setiembre 2011
Jueza Gabriela Campos
II Circuito Judicial de S.J. 2247-9000
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Municipalidad de Tibás
Asistente Legal y
Analista de
Licitaciones y
Contrataciones
Públicas a.i.
Nombramiento Octubre
2013-Febrero 2014
Proveedor
Municipal Lic. Fernando Barquero
Cordero
2240-0777
Municipalidad de Escazú Abogada a.i.
de la Proveeduría
Permiso de Suplencia
por vacaciones Periodo
Enero-Febrero 2015
Licda. Laura Cordero
Méndez
Proveedora Institucional
a.i.
2207-8500
Bufete Pérez Salazar
y Abogados
Socia Abogada
y Notaria Pública Diciembre 2012-Actualidad
Licda. Vera Violeta
Salazar Rojas,
Abogada Socia
89208173
Gestionadora Internacional Servicrédito S.A
Abogada de Planta y Jefe del
Departamento de
Cobro
Mayo 2015-Actualidad Licda. Evelyn
Vargas Madrigal 2283-4444
Banco Popular
Jefe del
Departamento de
Notificaciones
Notariales
del Banco Popular
Mayo 2016- actualidad
Licda. Evelyn Vargas
Madrigal/
Licda.
Dayanara Rojas Chaves
2283-4444
2) En el expediente administrativo consta listado de experiencia de la Licenciada Pérez
Hernández, en donde refiere experiencia en las siguientes entidades financieras: Banco
Popular, Puesto Desempeñado: Servicio de Asesoría en materia de cobro judicial- (Bufete
Pérez Salazar & Abogados), desde 2013 -2015. Banco Popular, puesto desempeñado Jefa del
Departamento de Cobro Judicial-(Gestionadora Internacional Servicrédito) desde 2015 a la
actualidad (se entiende al 19 de enero de 2017 fecha en que firma el listado). Mutual Alajuela,
puesto desempeñado servicio de asesoría en materia de cobro judicial-(Bufete Pérez Salazar &
Abogados) desde 2013 a la actualidad (se entiende al 19 de enero de 2017 fecha en que firma
el listado).Credix, puesto desempeñado, servicio de asesoría en materia de cobro judicial-
(Bufete Pérez Salazar & Abogados) desde 2013-2015. Credix puesto desempeñado, Jefa de
Departamento de Cobro Judicial -Gestionadora Internacional Servicrédito, desde 2015 a la
actualidad (se entiende al 19 de enero de 2017 fecha en que firma el listado) (ver folio 1473 al
1474 del expediente administrativo). 3) Que la apertura de ofertas de este concurso, se llevó a
cabo el 22 de noviembre de 2016, según consta a folio 1271 del expediente administrativo. 4)
En el folio 1460 del expediente administrativo consta documento suscrito por el Señor Jhonny
Villalobos Barrantes, Jefe de Crédito y Cobro de Credix World S.A. que en lo que interesa
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indica: “...La Licda Amanda José Pérez Hernández, cédula (...) ha brindado ha nuestra
representada a través de los servicios de Outsourcing que Gestionadora Internacional
Servicrédito S.A. (...) nos brinda Servicios de Asesoría en Materia de Cobro Judicial,
Asistencia Legal en Procesos Judiciales tramitados en Sede Judicial y recuperación de créditos
por medio de las negociaciones Extrajudiciales, análisis en la segmentación de las Carteras de
Cobro, Autenticaciones de escritos judiciales y extrajudiciales dentro de los procesos
Monitorios, redacción de escritos, Perfilación, segmentación y diagnóstico de Carteras de Cobro
para dicha entidad Financiera, colaboración mensual en el manejo de cuentas de cobro de difícil
recuperación desde el mes de octubre de 2013 y hasta el día de hoy 17 de enero de 2017
para un total de 3.4 años de servicio (...)”. 5) La empresa apelante, presentó en oferta
currículo vitae de la Licenciada Amanda Pérez Hernández, en el cual se indica que ingresó a
laborar en la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito S.A. en el mes de mayo de 2015
hasta la actualidad (se entiende a la fecha de apertura de ofertas) y que de mayo 2015 a marzo
2016 reporta labores en asesoría y análisis de contrataciones administrativas y licitaciones
públicas del departamento comercial, y del mes de marzo 2016 a la actualidad (se entiende a la
fecha de apertura de ofertas), como Jefe del Departamento de Cobro Judicial (ver folios 926 y
927 del expediente administrativo). En esa misma hoja de vida, se observa referencia de
experiencia en el Bufete Pérez Salazar & Abogados desde diciembre de 2012 a la actualidad
(se entiende a la fecha de apertura de ofertas), y funciones de cobro judicial, pero no se detalla
que se hayan prestado a alguna entidad financiera (ver folio 926 del expediente administrativo).
6) En folios 1383 y 1384 del expediente administrativo, consta carta-documento emitido por el
Licenciado Roberto Suárez Castro que indica en lo que interesa destacar: “...Que Suarez y
Asociados es un Bufete ubicado en Grecia (...) Principalmente nos hemos especializado en los
servicios de cobro judicial y hemos brindado servicios y le seguimos brindando servicios a
entidades públicas y privadas, así como Financieras. Tales como: Banco Popular (...) El señor
Jesús Osvaldo Rojas Oconor fue Abogado Asociado del Bufete y laboró dentro del mismo
desde el mes de setiembre del año 2010 hasta el mes de Octubre de 2013, y fue el encargado
del manejo del Departamento de Cobro Judicial, del Bufete Suarez y Asociados, abarcando las
instituciones dichas teniendo a su cargo en calidad de abogado asociado del Bufete bajo mi
supervisión (...)”. 7) Que el Licenciado Jesús Osvaldo Rojas Oconor, declara bajo juramento
entre otros: Puesto Abogado Director (...) Empresa donde Laboró: Bufete Suarez y Asociados,
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Servicio Realizado Cobro Judicial y Extrajudicial: Banco Popular (...) Entidad atendida Banco
Popular y Desarrollo Comunal. Periodo Desempeñado Setiembre 2008- Octubre de 2013 (ver
folios 1390 y 1389 del expediente administrativo). 8) En el expediente administrativo consta
declaración jurada del consorcio adjudicado, que en oferta indicó: “... El suscrito, José David
Zúñiga Chinchilla, (...) En atención al punto 2.4.2.2 del cartel, Corporation Global Professional
Group S.A. DECLARA BAJO JURAMENTO (...) a nombre propio y en representación del
Consorcio RESUELVA-GPG, declara bajo fe de juramento que el personal propuesto para los
puestos de Jefe de Cobro y Supervisor cuentan con la experiencia mínima de 3 años en la
ejecución de labores de cobro administrativo y cobro judicial para el Banco Nacional de Costa
Rica, de forma indirecta por medio del Bufete González González, de acuerdo con el siguiente
resumen: PUESTO JEFE DE COBRO-Nombre de Funcionario Ronald González González,-
Profesión Abogado y Notario, -Carné Colegio de Abogado: No 7149- Empresa donde laboró
Bufete González González,-Servicio Realizado Cobro Judicial-Jefe de Unidad-Entidad atendida:
Banco Nacional de Costa Rica –Periodo Desempeñado 1995 a 2015-Persona de Referencia:
Lic. Francisco Martín Martínez Madrigal-Puesto Gerente Banco Nacional-correo electrónico:
[email protected]éfono: 8813-2391. Puesto Supervisor: Nombre de Funcionario Karla
García Naranjo - Profesión Abogado y Notario, -Carné Colegio de Abogado: No 20209-
Empresa donde laboró Bufete González González,-Servicio Realizado Cobro Judicial-
Supervisora de la Unidad-Entidad atendida: Banco Nacional de Costa Rica –Periodo
Desempeñado 2013 a 2015-Persona de Referencia: Lic. Francisco Martín Martínez Madrigal-
Puesto Gerente Banco Nacional-correo electrónico: [email protected]éfono (...)”, (ver
folios 1153 y 1154 del expediente administrativo). 9) Que el consorcio adjudicado presentó junto
con su oferta documento firmado por Francisco Martín Martínez Madrigal, en su condición de
Gerente Agencia Santa María de Dota, que indica: “:.. hago constar que el Licenciado González
Calderón prestó sus servicios como parte integrante del Bufete González y González, tanto en
la parte notarial como asesor externo y como notario externo, también lo hizo como abogado
asesor del cobro judicial, en la confección de las demandas, seguimiento de las mismas hasta
su fenecimiento de esta agencia, labor que por más de 15 quince años llevo a cabo, de manera
muy satisfactoria. (...) 01 de noviembre de 2016...cualquier referencia teléfono 88132391 correo
[email protected]...”, ver folio 1155 del expediente administrativo. 10) En el currículo vitae de
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la Licenciada Karla García Naranjo, no se refiere experiencia laboral obtenida en un Bufete
denominado González y González (ver folio 1161 al 1164 del expediente administrativo. ----------
II. Sobre la legitimación y fondo: El artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación
Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona
que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el
análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no
del estudio de los argumentos en que las apelantes apoyan sus recursos. En el caso particular,
se tiene que las ofertas de la apelante y la del consorcio adjudicado, fueron elegibles, por lo que
a efectos de emitir esta resolución y por la relación que se presenta entre la legitimación de la
recurrente y el fondo de los alegatos planteados en contra de la oferta del adjudicatario,
corresponde analizar ambos aspectos de manera conjuntamente. A) Alegatos en contra de la
apelante: i) Incumplimientos del Abogado asignado al proyecto. El consorcio
adjudicatario manifiesta en audiencia inicial en contra de la apelante, que según requisitos de
admisibilidad del cartel, se debían exponer las calidades y experiencia del abogado propuesto
para el proyecto. Que la apelante en los folios 924 al 928 del expediente administrativo, aporta
currículo vitae de la Licenciada Amanda José Pérez Hernández, abogada propuesta. Que en
ese currículo se señala que inició labores en la empresa Gestionadora Internacional
Servicrédito, S.A. en mayo del año 2015, y trabajó desde esa fecha hasta marzo del 2016 en la
siguiente labor: Asesoría y análisis de contrataciones administrativas y licitaciones públicas en
el Departamento Comercial: Especialista en contratación administrativa, confección de ofertas,
revisión y estudio de carteles, análisis del objeto contractual y las respectivas especificaciones
técnicas. Subsanación de ofertas, interposición de recursos, solicitud de aclaraciones al cartel,
objeciones, manejo en el trámite de depósitos de garantías de cumplimiento y participación.
Aperturas. Redacción de escritos y solicitudes legales, proceso de presentación de ofertas en
contratación administrativa a través de los distintos portales en línea." Que de ello se extrae
que de mayo 2015 a marzo 2016, trabajó en actividades muy diferentes a las que el Banco
licitó. Que en ese mismo currículo se indica que desde marzo de 2016 a la actualidad labora en
el Departamento de Cobro Judicial de esa sociedad. Que entonces dicha licenciada a la fecha
de apertura del concurso, posee 8 meses de experiencia en labores de recuperación de créditos
por medio de negociación extrajudicial o en la vía judicial, no cumpliendo con los 3 años de
experiencia que pide el cartel, punto 2.4.2.3. Añade el consorcio que ese mismo currículo vitae
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indica que de diciembre 2013 a la actualidad, la licenciada labora en el Bufete Pérez Salazar &
Abogados, como socia abogada y Notaria pública, realizando las siguientes actividades:
Representación legal en procesos judiciales, extrajudiciales, procesos de conciliación judicial y
extrajudicial, procesos en materia laboral, materia civil, materia de familia, materia de tránsito,
impugnaciones de boletas de infracción, materia contencioso administrativo y civil de hacienda,
contratación administrativa, monitorios arrendatarios y de cobro judicial, pensiones alimentarias,
medicas cautelares, recursos de amparo, habeas corpus, incidentes judiciales, escritos legales
en general." Manifiesta entonces el adjudicatario que es clara la afirmación de la abogada
sobre su actividad profesional, al limitarse a exponer con absoluta certeza su gestión; pero que
su ejercicio profesional no se enmarca dentro de las condiciones de admisibilidad establecidas
por el cartel punto 2.4 del pliego, y específicamente en su apartado 2.4.2.3, donde se indica que
"El oferente deberá mantener al menos un Abogado asignado al proyecto, con al menos 3 años
de experiencia profesional y conocimientos en Cobro en Instituciones Financieras, para lo cual
deberá de presentar la siguiente información: Experiencia de al menos 3 años en la
recuperación de créditos por medio de negociación extrajudicial o en la vía judicial." Manifestó el
consorcio que de la lista aportada por la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito,
ninguna de las referencias de experiencia de la abogada en la gestión de cobros, cumple con
los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel, refiriendo entonces lo siguiente: Que la
del Bufete AG-Legal no es válida porque está fuera del rango de los últimos 5 años dispuesto
por el cartel, y sucede lo mismo con la del Juzgado Penal de Pavas III Circuito Judicial de San
José. Que en cuanto a la experiencia en Juzgado Especializado de Cobro II Circuito Judicial de
S.J., Municipalidades de Tibás y de Escazú no es válida porque no son empresas financieras.
Que la experiencia en Bufete Pérez Salazar & Abogados, no es válida, pues no le ha brindado
servicios a ninguna entidad financiera. Que la experiencia en Gestionadora Internacional
Servicrédito, S.A. no es válida, porque no cuenta con la experiencia de al menos 3 años en la
recuperación de créditos por medio de negociación extrajudicial en la vía judicial a entidades
financieras, como lo solicita el punto 2.4.2.3 del cartel. Que la experiencia en Banco Popular,
no es válida por cuanto no trabaja para ese Banco ya que no es la Jefe del Departamento de
Notificaciones Notariales de esa entidad. Sobre las subsanaciones hechas por la apelante en
sede administrativa, expone la recurrente que aquella subsana de forma extemporánea el 19 de
enero de 2017, una enmienda a la oferta y con relación al punto 2.4.2.3 del cartel, aportando
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nuevo listado de experiencia de la licenciada Pérez Hernández, exponiendo nuevas referencias.
Para el adjudicatario, no se deben valorar estas nuevas referencias, no obstante, hace estas
observaciones sobre ellas: Banco Popular - Servicio de Asesoría en materia de cobro
judicial (Bufete Pérez Salazar & Abogados) desde 2013 - 2015: Refiere el consorcio
adjudicatario que es nueva referencia y que no era viable ofrecerla. Que hicieron indagación
por sus medios para determinar si ese bufete firmó algún contrato por servicios de asesoría en
materia de cobro judicial durante el plazo de 2013 al 2015 con el Banco Popular, o si la Licda.
Amanda José Pérez Hernández lo ha hecho a su nombre. Que al respecto el Banco Popular
indicó: “... Hemos recibido en esta División de Contratación Administrativa del Banco Popular y
de Desarrollo Comunal nota mediante la cual la empresa que usted representa solicita se le
informe si el despacho "BUFETE PEREZ SALAZAR Y ABOGADOS". ha sido contratado en
algún procedimiento de contratación en los últimos cinco años, para promover gestiones de
cobro administrativo o judicial del Banco Popular. Igualmente solicita se le informe si la
Licenciada AMANDA JOSÉ PÉREZ HERNÁNDEZ, portadora de la cédula de identidad 1-1218-
0946, ha sido contratada en algún procedimiento promovido por esta Institución en los últimos
cinco años, para promover gestiones de cobro administrativo o judicial del Banco Popular. Al
respecto, debo manifestarle que acorde a su consulta efectuada en el Sistema Integrado de
Contratación Administrativa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, al día de hoy no se
tiene registrada contratación alguna mediante la cual se formalizara relación contractual ni con
BUFETE PEREZ SALAZAR Y ABOGADOS ni con la Licenciada AMANDA JOSÉ PÉREZ
HERNANDEZ." Afirma el adjudicatario que entonces no se pude asignar la experiencia del
Bufete Pérez Salazar & Abogados, ya que nunca estuvo contratado por el Banco Popular, y
nunca se brindó ese servicio. Banco Popular - Jefa del Departamento de Cobro Judicial -
(Gestionadora Internacional Servicrédito) Desde 2015 - actualidad. Señala el consorcio que
a pesar que la empresa apelante certifica que la Licda. Pérez Hernández tiene experiencia
como Jefa del Departamento de Cobro Judicial de su empresa desde el año 2015, según su
currículo vitae, la Licda. Pérez Hernández ingresó a laborar en Gestionadora Internacional
Servicrédito, S.A. en mayo de 2015, en el área de Asesoría y Análisis de Contrataciones
Administrativas y Licitaciones Públicas del Departamento Comercial; y hasta marzo de 2016
pasó a trabajar como Jefe del Departamento de Cobro Judicial. Que por esto el plazo de
experiencia en gestiones de recuperación de cartera morosa corre a partir de marzo del 2016
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que es cuando inició labores en el área de cobro judicial. Que entonces no se cumple con el
plazo de 3 años de experiencia requerido en cartel como punto de admisibilidad. Mutual
Alajuela - Servicio de Asesoría en materia de Cobro Judicial - (Bufete Pérez Salazar &
Abogados) Desde 2013 - actualidad. Menciona el consorcio que indagaron y que entonces su
representante se presentó en las oficinas centrales de la Mutual Alajuela, conversó con la Licda.
Adriana Zelaya Agüero, Jefe del Departamento de Cobro, contacto directo que propone la
apelante. Que ante la pregunta de si existe contrato entre esa Mutual Alajuela y la empresa
Bufete Pérez Salazar y Abogados para la gestión del cobro de su cartera morosa, le
contestaron no conocerlos, y que definitivamente no tienen ningún tipo de contrato con la
Mutual Alajuela. El consorcio remite a ANEXO 2 de su respuesta de audiencia inicial que
corresponde a una declaración jurada que se realizó ante notario público, exponiendo en detalle
el resultado de la consulta directa, y enuncia además aportar copia del correo que le remitió la
Licda. Adriana Zelaya Agüero, donde se reafirma lo expuesto. CREDIX - Servicio de Asesoría
en materia de Cobro Judicial (Bufete Pérez Salazar & Abogados) Desde 2013 – 2015 y
CREDIX - Jefa del Departamento de Cobro Judicial (Gestionadora Internacional
Servicrédito) Desde 2015 -actualidad. El consorcio adjudicatario expone que sobre estos
últimos dos aportes de referencia, (Nos. 4 y 5) de la empresa CREDIX, la apelante incumple
abiertamente las disposiciones del artículo 83 del RLCA por ser aportes extemporáneos de
experiencia y son aspectos de admisibilidad. Adiciona que mediante oficio recibido en la
División de Contratación Administrativa del Banco licitante el 18 de enero de 2017, suscrito por
el Ing. Yin Ho Cheng Lo, representante legal de Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A.,
en atención a la solicitud de aclaración requerida por el Banco Popular mediante oficio AGAC-
51-2017, expone lo siguiente: En relación con el punto 2.4.2.3 del pliego cartelario donde data
que la profesional propuesta debe contar con que el oferente, deberá mantener al menos un
Abogado asignado al proyecto, con al menos 3 años de experiencia profesional y conocimientos
en Cobro en Instituciones Financieras, para lo cual presentamos la siguiente certificación de
dicha experiencia. Para este punto la misma se aclara dentro del Anexo Número Dos (No. 02):
Certificación de Experiencia." Que como anexo 2 aportan oficio remitido por la empresa
CREDIX WORLD, S.A., donde certifican lo siguiente: "La Licda. Amanda José Pérez
Hernández, cédula de identidad 1-1218-0946. ha brindado a nuestra representada, a través de
los servicios de Outsourcing que Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A. cédula jurídica
11
número tres - uno cero uno - tres seis cuatro tres nueve siete, nos brinda Servicios de Asesoría
en Materia de Cobro Judicial, Asistencia Legal en los Procesos Judiciales tramitados en Sede
Judicial y recuperación de créditos por medio de negociaciones Extrajudiciales, análisis en la
segmentación de las Carteras de Cobro, Autenticaciones de escritos judiciales y extrajudiciales
dentro de los procesos Monitorios, redacción de escritos, Perfilación, segmentación y
diagnóstico de Carteras de Cobro para dicha entidad financiera, colaboración mensual en el
manejo de cuentas de difícil recuperación, desde el mes de octubre de 2013 y hasta el día de
hoy 17 de enero 2017, para un total de 3.4 años de servicio." Que fue claro el Sr. Johnny
Villalobos Barrantes, al expresar que la Licda. Pérez Hernández, ha brindado sus aportes a
través de los servicios Outsourcing contratados a Gestionadora Internacional Servicrédito.
Recuerda entonces que la Licda. Pérez Hernández expresa que ingresó a laborar en la
empresa Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A. en mayo de 2015 hasta la actualidad.
Enuncia entonces el adjudicatario que en virtud de ese hecho histórico inmodificable, la
experiencia que certifica el Lic. Johnny Villalobos de la empresa Credix, debe enmarcarse al
tiempo exacto que la Licda. Pérez Hernández, ha laborado en la empresa Gestionadora
Internacional Servicrédito, S.A., y no al momento de suscribir el contrato de servicios
Outsourcing con dicha empresa, pues para esa fecha, ella no trabajaba allí. Concluye entonces
el adjudicatario que no cumple con el plazo mínimo de tres años de experiencia puntos 2.4.2.3 y
2.4.2.4 del cartel, y por lo tanto no es válida. Agregó que mediante oficio DGC-ARI-0125-2017
de fecha 03 de febrero de 2017, suscrito por la Jefe del Área Recuperación e Incobrables del
Banco Popular, la MBA Dayanara Rojas Chaves, consta al folio 1532 del expediente
administrativo criterio sobre esos nuevos aportes de experiencia, y concluye: "En relación a
subsanaciones solicitadas a la oferta No. 2 presentada por la empresa Gestionadora
Internacional Servicrédito, S.A., de la revisión realizada resulta lo siguiente: En cuanto al inciso
2.4.2.3. se solicita subsanar condiciones del personal, sobre experiencia del Abogado, Empresa
Gestionadora presenta declaración jurada con la cual se cumple a satisfacción lo solicitado en
la subsanación." Agrega el consorcio adjudicado que para reforzar su posición y lo expuesto
hasta este momento, la Jefe del Área de Recuperación Incobrables, MBA Dayanara Rojas
Chaves, mediante oficio No. DGC-ARI- 0299-2017 del 09 de Febrero de 2017, emite su
recomendación técnica e informa a la División de Contratación Administrativa del Banco Popular
que: "... las ofertas que cumplen con las condiciones técnicas solicitadas en el pliego cartelario
12
No.2016LN- 0000022-DCADM, son las ofertas presentadas por Gestionadora Internacional
Servicrédito, S.A., y Corporation Global Professional Group, S.A. GPG RESUELVA." Que no
obstante lo anterior, previamente, al momento de realizarse el estudio de cumplimiento de las
ofertas por parte de la División de Contratación Administrativa, el Lic. Sergey Bolaños suscribe
el oficio No. CBP-Al que consta a los folios 1548 al 1562 del expediente administrativo y en lo
que respecta al análisis de la oferta de la empresa apelante había manifestado a folio 26 de su
escrito (Folio 1550 vuelto del expediente administrativo), lo siguiente: "2. Concluido el análisis
de la Oferta No.2 (GESTIONADORA INTERNACIONAL S.A.) se tiene las siguientes
observaciones: En relación con la abogada propuesta en cumplimiento al punto 2.4.2.3 deberá
demostrar que la misma cuenta con 3 años de experiencia profesional y conocimientos en
Cobro, así como 2 años de experiencia en la recuperación de créditos por medio de
negociación extrajudicial o en la vía judicial, ambas experiencias en Instituciones Financieras.
La anterior información se solicitó mediante el oficio AGAC-51-2017. En atención a las
subsanaciones la empresa presenta escrito en respuesta a las mismas, por lo que una vez
revisada esta documentación se tiene que la misma cumple reglamentariamente cuanto a la
parte técnica le corresponderá al área técnica emitir el criterio técnico correspondiente, el cual
será abordado en el respectivo informe para la presente contratación. Señala entonces el
consorcio que del anterior análisis realizado por el analista del Departamento de Proveeduría
del Banco, se concluye: Que nunca se abordó desde el criterio técnico el elemento citado por el
Lic. Sergey Bolaños, referente al incumplimiento de los tres años de experiencia profesional en
cobro de la abogada del proyecto presentada por la empresa Gestionadora Internacional
Servicrédito, S.A.. Que en ese mismo estudio suscrito por el Lic. Sergey Bolaños, al folio 10 de
su escrito (Folio 1558 vuelto del expediente de la Licitación), al momento de realizar el análisis
de las condiciones de admisibilidad del cartel, expuso en relación con el Punto. 2.4.2.3, que la
oferta de GESTIONADORA INTERNACIONAL SERVICRÉDITO, S.A.: "Folio 927. El abogado
propuesto no cuenta con los 3 años de experiencia profesional y conocimientos en Cobro en
Instituciones Financieras" Advierte entonces el consorcio, que desde un primer momento el
Banco Popular conocía que la empresa apelante no aportó la experiencia del abogado del
proyecto que obligaba el cartel en los puntos 2.4.2.3 y 2.42.4, y que se constituía expresamente
como "Condiciones de Admisibilidad", tal y como lo definía previamente el punto 2.4 del cartel y
agregó que el criterio indicado por el analista de la División de Contratación Administrativa, en
13
su entender fue analizado de buena fe por el área técnica del Banco Popular, y considera que
se creyó en lo expuesto en la declaración jurada presentada por Gestionadora Internacional
Servicrédito S.A., sobre el punto 2.4.2.4 del cartel, sin entrar a valorar las condiciones legales
que esas modificaciones causaban en la plica de la hoy recurrente; así como tampoco se
analizó el fondo de los nuevos elementos presentados para analizar la experiencia. El
consorcio adjudicatario al atender audiencia especial sostiene que la Licenciada Pérez
Hernández no cumple con el plazo de 3 años de experiencia, que el banco es omiso en la
comparación de la experiencia de la abogada propuesta contra las normas del cartel. Que el
banco no hizo revisión minuciosa y asumió que la información de los folios del 916, 1473 al
1475 es correcta. La Administración al atender audiencia inicial, respecto de la licenciada
Amanda Pérez abogada propuesta por la sociedad apelante, indicó en lo conducente: Que en
cuanto a la experiencia del Abogado propuesto por el recurrente (Licda. Amanda José Pérez
Hernández), se dio el mismo trato que al abogado propuesto por el adjudicatario, que dentro de
su currículo vitae folio 926 y 927 del expediente administrativo textualmente ese cita:
“...Encargada del departamento de notificación notariales Proyecto Banco Popular y Desarrollo
comunal; manejo de base de operaciones que mantienen un proceso monitorio o bien un
ejecutivo simple dentro de la materia de cobro judicial. Asesoría y consultoría para el manejo de
bases de cobro, segmentaciones y priorizaciones por estrategia enfocada al recupero de activa
de las obligaciones de la parte demandada del proceso. Estudio de los parámetros de
embargabilidad de los procesos de cobro judicial, definición de parámetros y solicitud de
embargos preventivos como medio de garantía de pago, entre ellos bienes muebles, inmuebles
y cuentas bancarias. Perfilación del tipo de estrategia que se definirá para llevar a cabo la
notificación, ya sea administrativa, judicial o notarial, que se puede emplear en las diferentes
asignaciones de cuentas dadas por la administración...” Añadió el Banco que en folio 1473 del
expediente administrativo la recurrente subsana la lista requerida en el punto 2.4.2.3; de dicha
lista de empresas las referencias que se aceptaron fueron las del puesto desempañado como
asesora en Materia de Cobro Judicial (Bufete Pérez Salazar & Abogados) a Banco Popular y a
la Mutual Alajuela, (folio 194 del expediente de recurso de apelación), quedando evidenciado
que la licenciada no realizó funciones de abogado director, situación que fue obviada por el
Banco porque el requisito esencial de admisibilidad era experiencia en cobro para realizar
funciones de asesor y no para llevar casos como abogado director. Para el banco, ambas
14
empresas están en igualdad de condiciones y cumplen con esta condición. La Administración,
al atender audiencias especiales y ante requerimientos precisos efectuados por esta División,
informó inicialmente respecto de la Licenciada Amanda Pérez: Aporta listado visible en folios
916, 1474-1475(folios 359 vuelto del expediente de recurso de apelación), para afirmar que se
acredita con el mismo la experiencia de dicha licenciada, pues la experiencia requerida no es
como abogado director de procesos judiciales, o que haya tramitado de forma directa los
procesos de cobro, sino asesoría legal para realizar el análisis de la cartera que se asigne a la
empresa previo a efectuar su recuperación, y que con eso se consideraría que cumple el cartel,
dado ese razonamiento para puntos 2.4.2.3 y 2.4.2.4. Posteriormente, en audiencia especial
atendida a folio 372 del expediente de recurso de apelación, el Banco menciona que dicha
licenciada cuenta con la experiencia requerida, tomando en consideración los puestos
desempeñados en Gestionadora Internacional Servicrédito, empresa que ha brindado los
servicios al Banco Popular en la recuperación de cartera 100% estimada y dentro de los
servicios prestados se ha conocido las funciones desempeñadas por ella dentro de dicha
empresa. Reitera que el cartel únicamente establece como requisito para acreditar la
experiencia del abogado, aportar un listado de empresas para las cuales el personal ha
brindado el servicio y que no se hizo una revisión minuciosa de su experiencia como tal. Se
asumió que la información brindada en los folios 916, 1474, 1473 y 1475, en relación a la
experiencia de la Licenciada Pérez Hernández y a los años brindando el servicio de asesoría en
materia de cobro a través del Bufete Pérez Salazar en especial a Mutual Alajuela y Credix
(entidades financieras) desde el año dos mil trece al dos mil dieciséis (año de la apertura de la
oferta), por lo que se consideró como tres años de experiencia los períodos indicados en folio
1473 es decir desde el 2013 a la actualidad para la referencia del Banco Popular, para las
referencia de Mutual Alajuela y Credix desde el 2013 a la actualidad y tomando en cuenta que
en el cartel no se estableció que debería indicarse el día y mes, se tomó por años completos en
cuanto al análisis y se tuvo la información suministrada como cierta. En otra audiencia el Banco
expuso a esta División (ver folio 477 .del expediente de recurso de apelación) que en cuanto al
cómputo de los tres años de experiencia de la licenciada Pérez Hernández, que ella contaba
con la experiencia requerida, tomando en consideración el puesto desempeñado en
Gestionadora Internacional Servicrédito, en el año 2016 la cual como empresa ha brindado los
servicios al Banco Popular en la recuperación de cartera 100% estimada y dentro de los
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servicios prestados se ha conocido las funciones desempeñadas por ella dentro de dicha
empresa. Sigue indicando el Banco que se asumió que la información brindada en los folios
916, 1474, 1473 y 1475, como cierta y que en relación a la experiencia profesional de al menos
tres años y conocimientos en cobro en instituciones financieras de dicha licenciada, se
consideró su experiencia tomando en consideración el servicio de asesoría en materia de cobro
a través del Bufete Pérez Salazar en especial a Mutual Alajuela (periodo 2013 al dos mil
dieciséis año de la apertura de la oferta ) y Credix (entidades financieras) desde el año dos mil
trece al dos mil dieciséis (año de la apertura de la oferta ), y tomando en cuenta que en el cartel
no se estableció que debería indicarse el día y mes, se tomó por años en cuanto al análisis y se
tuvo por acreditada la información suministrada. Aclaró el Banco que no se consideró la
referencia del Banco Popular para el cómputo de los tres años. En cuanto a cómo, se determinó
la experiencia en la recuperación de créditos por medio de negociación extrajudicial o en la vía
judicial, en audiencia especial el Banco manifestó nuevamente no haber hecho ninguna revisión
minuciosa, asumió como cierta la información de folios anteriores, y folio 1460, y las referencias
asociadas con Mutual Alajuela y Credix, ver folio 490 del mismo expediente de recién cita. La
apelante, al atender audiencia especial, refirió que la Licenciada Amanda Pérez Hernández, sí
cuenta con la experiencia mínima de 3 años con Instituciones Financieras; y esa experiencia
versa sobre la prestación de Servicios Legales de Asesoría en Materia Legal y en Cobro
Judicial, aún y cuando dicha profesional no es la contratista directa ni del Banco Popular ni de la
Mutual. Añade que esa licenciada ha sido su abogada, pues dicha profesional es la abogada
especialista en cobro de la sociedad recurrente, y que su función profesional la ha
desempeñado desde el año 2013 hasta la fecha, tanto como profesional independiente (socia
del Bufete Pérez-Salazar contratado por la apelante), brindando servicios de asesoría en
materia legal y en materia de cobro para los proyectos de cobranza que se les adjudicaron por
Banco Popular, así como por Mutual Alajuela. Adicionan que desde mayo del 2015 actúa en su
condición de abogada de planta y Jefa de los Departamentos de Cobro -en planilla- de
Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A. La sociedad apelante menciona entonces que es
contratista de ambas entidades financieras y fue contratada para la prestación de servicios
similares a los de la licitación de marras. La apelante alega que debe contratar el personal
respectivo, y que dentro de ese personal, se cuenta la Licenciada Amanda Pérez Hernández,
que durante los primeros dos años les brindó los servicios desde su Bufete, como profesional
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en el ejercicio liberal de su profesión (2013-2015) y posteriormente la integró la recurrente en su
planilla desde mayo del 2015 y hasta el presente. Aclaró la apelante que en cuanto a la Licda.
Pérez Hernández no tiene reparo en aceptar- en que incurrieron en error al redactar la
referencia de que dicha licenciada laboraba para el Banco y que lo que se pretendió acreditar -y
así lo aclaran, es que dicha función la ha ostentado dentro de la empresa, Gestionadora
Internacional Servicrédito, S.A. En cuanto a los contratos del bufete de cita, o de la licenciada
Pérez Hernández con Banco Popular o la Mutual de Alajuela, señala la recurrente que no
existen esos contratos, que no tienen reparo en reconocerlo; pero agregan que los contratos
que sí existen son los formalizados entre dicho Banco y entre la Mutual Alajuela y la sociedad
Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A., que es una empresa con un giro comercial
orientado precisamente a brindar servicios como los que se pretenden contratar en el proceso
de marras, y que como esa persona jurídica requiere de personas físicas para brindarlos, en su
caso la profesional responsable del cobro judicial ha sido, es y seguirá siendo la Licda. Pérez
Hernández. La apelante, al atender nueva audiencia especial mencionó que el Banco Popular
admite conocer las funciones desempeñadas por dicha Licenciada en favor de la hoy apelante.
Sostiene la sociedad Gestionadora Internacional Servicrédito S.A., que ha brindado esos
servicios para la entidad licitante, habiendo resultado adjudicataria en su momento de la
licitación promovida al efecto, y que desde febrero del 2013 y hasta la fecha, dicha profesional,
en su condición personal, primero desde su Bufete y después en la planilla de la sociedad, ha
fungido como la abogada que ha permitido cumplir con las obligaciones contractuales, no sólo
con el Banco Popular, sino además con Mutual Alajuela y con Credix World S.A., con quienes
también mantienen relación contractual donde se le brindan servicios de cobro que incluye el
análisis en la segmentación de las carteras de cobro administrativo y judicial. Para efectos de
acreditar que cumple con el cartel y tiene la experiencia mínima requerida (3 años), la cual
debió adquirir en los cinco años anteriores a la fecha de apertura de la presente Licitación (entre
el 22 de Noviembre del 2011 y el 22 de Noviembre del 2016), aporta cuadro visible en el folio
468 del expediente de recurso de apelación, acreditando que dicha licenciada tiene 3 años y
cuatro meses de experiencia. Criterio de la División: Como primer aspecto, se debe indicar
que el cartel del concurso indicó como requisito para el Abogado del Proyecto, lo siguiente: “...
2.4.2.3 El oferente. deberá mantener al menos un Abogado asignado al proyecto, con al menos
3 años de experiencia profesional y conocimientos en Cobro en Instituciones Financieras, para
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lo cual deberá de presentar la siguiente información: (...) Experiencia de al menos 3 años en la
recuperación de créditos por medio de negociación extrajudicial o en la vía judicial...”. Por su
parte, el numeral 2.4.2.4 indica en lo conducente: Para comprobar la experiencia del abogado el
oferente deberá de presentar un listado de las empresas para las cuales el personal ha
brindado el servicio, la cual deberá de contener la siguiente información: Nombre de la
empresa, Servicio realizado, Periodo Persona a contactar, Número de teléfono. Nota: la
experiencia deberá de haberse realizado en los últimos 5 años anteriores a la fecha de apertura
de esta licitación...”, (ver folio 215 del expediente administrativo). De lo anterior se desprende
que la acreditación de la experiencia se hacía con la presentación de un listado que tuviera la
información mencionada, pero además se desprende que el listado debería referir las empresas
para las cuales se ha brindado el servicio, de donde se entiende sin que esto implique una
interpretación auténtica del cartel, que era experiencia adquirida directamente por el abogado
ofrecido en sus funciones, y no necesariamente por medio de terceros que lo hubiesen
contratado o por la figura de outsourcing, posibilidad que sí se ve claramente establecida en el
cartel para el Jefe de Cobro Judicial y el Supervisor, según punto 2.4.2.2 (folio 216 vuelto del
expediente administrativo). No obstante lo anterior, de las mismas manifestaciones del Banco y
de las empresas apelante y consorcio adjudicado, esta División ha podido observar que la
experiencia que ha valorado la licitante para acreditar experiencia del Abogado asignado al
proyecto, se relaciona no necesariamente con su experiencia personalmente adquirida, sino con
la que se hayan podido adquirir por medio de relación laboral con Bufetes, o por medio de
contrataciones con sociedades de hecho o de derecho, conforme se expondrá en este apartado
y en el análisis de la experiencia del Licenciado Jesús Rojas Oconor. Si bien esta actuación o
valoración en tesis de principio podría estar al margen del cartel, y podría declararse que se
trata de ofertas inelegibles por no acreditar la experiencia conforme la letra justa de cartel,
siendo que desprende este órgano contralor que el Banco licitante ha aplicado en igualdad de
condiciones para ambas empresas participantes, la acreditación de experiencia por medio de
terceros(entiéndase bufetes, sociedades u otros), se considera que esa forma de valoración fue
avalada por la Administración, decisión que resulta de su exclusiva responsabilidad. Las
alegaciones manifestadas por el consorcio adjudicado en contra de la experiencia de la Licda.
Amanda Pérez Hernández, se han enfocado en indicar que no se cumple el periodo de tres
años de experiencia, no sin antes advertir, como se ha resumido supra, por qué en su criterio
18
ninguna de las referencias brindadas en oferta o por medio de subsanación administrativa se
comprueba el cumplimiento del requisito cartelario. Expuesto esto, tendríamos que indicar que
la empresa apelante, cumple en su oferta al presentar un listado para acreditar la experiencia
de la Licda. Amanda Pérez Hernández conforme lo pidió el pliego de condiciones, y con lo cual
pretende acreditar los requisitos que pide el cartel, entre ellos incluso los tres años de
experiencia adquirida en los últimos 5 años anteriores a la fecha de apertura de ofertas (ver
hecho probado 1). Posteriormente por medio de subsanación en sede administrativa, presenta
nuevo listado de experiencia tal y como consta en hecho probado 2. El Banco licitante, fue
enfático en sus respuestas de audiencias especiales, que no ha realizado una revisión
minuciosa de las referencias brindadas, sino que más bien ha tenido como cierta la información
que se le ha suministrado, indicando esto, entre otras respuestas en el folios 372 vuelto, 477
vuelto, y 490 todos del expediente de recurso de apelación. Además, la licitante en un primer
momento al atender audiencia inicial, indicó en su escrito que las referencias aceptadas fueron
las de Banco Popular y Mutual Alajuela, indicando en lo que interesa destacar: “...en folio 1473,
la recurrente subsana la lista requerida en el punto 2.4.2.3; de dicha lista de empresas las
referencias que se aceptaron fueron las del puesto desempañado como asesora en Materia de
Cobro Judicial (Bufete Pérez Salazar & Abogados) a Banco Popular y a la Mutual Alajuela, por
lo que de igual manera ha quedado evidenciado que la Licda. Amanda tampoco realizó
funciones de ABOGADO DIRECTOR, situación que fue obviada por esta Administración por
cuanto tal y como se indicó líneas atrás, el requisito esencial de admisibilidad era experiencia
en COBRO para realizar funciones de asesor y no para llevar casos como abogado director...”,
(ver folio 194 del expediente de recurso de apelación). Posteriormente la misma Administración
licitante ante insistentes audiencias especiales otorgadas por esta División mencionó: “... Se
determinó como parte de la experiencia solicitada que la licenciada Perez Hernandez contaba
con la experiencia requerida, tomando en consideración el puesto desempeñado en
Gestionadora Internacional Servicrédito, en el año 2016 la cual como empresa ha brindado los
servicios al Banco Popular en la recuperación de cartera 100% estimada y dentro de los
servicios prestados se ha conocido las funciones desempeñadas por ella dentro de dicha
empresa, aunado a lo anterior el cartel únicamente establece como requisito para acreditar la
experiencia del abogado el aportar un listado de empresas, para las cuales el personal ha
brindado el servicio, pero ciertamente siendo que la finalidad del cartel como tal no es la
19
asesoría legal y la función del abogado dentro del pliego cartelario es tendiente a la
segmentación estratégica de la cartera de cobro para procurar su recuperación, no se hizo una
revisión minuciosa de su experiencia como tal, solamente se asumió que la información
brindada en los folios 916, 1474, 1473 y 1475, como cierta. En ese mismo orden de ideas y
aunado a lo anteriormente expuesto, en relación a la experiencia profesional de al menos tres
años y conocimientos en cobro en instituciones financieras de la licenciada Perez Hernandez,
se consideró su experiencia tomando en consideración el servicio de asesoría en materia de
cobro a través del bufete Perez Salazar en especial a Mutual Alajuela (periodo 2013 al dos mil
dieciséis año de la apertura de la oferta ) y Credix (entidades financieras) desde el año dos mil
trece al dos mil dieciséis (año de la apertura de la oferta ), y tomando en cuenta que en el cartel
no se estableció que debería indicarse el día y mes, se tomó por años en cuanto al análisis y se
tuvo por acreditada la información suministrada, cabe aclarar que no se consideró la
referencia del Banco Popular para el computo de los tres años...”, (ver folio 477 frente y
vuelto del expediente de recurso de apelación), resaltado no pertenece al original. De lo
anterior, entiende esta División que para la acreditación del requisito cartelario de experiencia
bastaron para el Banco dos referencias que son las que se proceden a analizar descartando las
propias relacionadas con la licitante, por indicarlo el mismo Banco de esa manera. Se advierte
primeramente que la apertura de ofertas de este concurso, fue efectuada el 22 de noviembre
del 2016 (ver hecho probado 3) y el cartel fue claro en enunciar que la experiencia tenía que
ser de un periodo de tres años, pero obtenida dentro de los últimos cinco años anteriores a la
fecha de apertura de ofertas. En ese sentido, si dicha apertura se realizó 22 de noviembre de
2016, los últimos cinco años corren hacia atrás máximo al 22 de noviembre de 2011, y en ese
rango de periodo, es que se debe de contabilizar la experiencia del abogado propuesto,
independientemente que el cartel no pidiera que el listado de experiencia precisara
puntualmente fechas de inicio o fechas de finalización, sino solo periodo, pues la letra del cartel,
es por sí misma suficiente para marcar el rango de tiempo. Por lo tanto, si bien tenemos que la
referencia de experiencia de la Licda. Pérez Hernández en Mutual Alajuela a través del Bufete
Pérez Salazar & Abogados señala periodo desde el 2013 al 2015, y podría cumplir entonces el
periodo de tres años que señala el cartel considerando dichos años como años completos, no
se puede desconocer que el consorcio adjudicado, ha hecho imputaciones en contra de esa
referencia, indicando entre otros que indagaron y se presentaron en las oficinas centrales de la
20
Mutual Alajuela, conversando con la Licda. Adriana Zelaya Agüero, Jefe del Departamento de
Cobro, contacto directo que propone la apelante. Además, presentan documento de
comparecencia del señor José David Zúñiga Chinchilla que dice rendir declaración jurada que
lo que interesa indicó: “....conversé con la Licda. Adriana Zelaya Agüero, Jefa del Departamento
de Cobro de esa Mutual, y ante mi pregunta directa si el Bufete Pérez Salazar & Abogados ha
sido contratado en esa Institución para brindar servicios en materia de cobro desde el año 2013
hasta la actualidad, me contestó enfáticamente que no los conoce, y que definitivamente ese
Bufete no tiene ningún contrato con la Mutual Alajuela. Igualmente pregunté si la abogada
Licda. Amanda José Pérez Hernández posee algún tipo de contrato para gestionar el cobro de
esa Mutual en ese mismo plazo, y enfáticamente me contestó que no lo tiene y nunca lo ha
tenido...”, ( ver folio 225 del expediente de recurso de apelación). Ante afirmaciones como la
anterior, se puede destacar que la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito al atender
audiencia especial indicó en lo que interesa resaltar: “...Licda. Amanda Pérez Hernández (...)
Dicha profesional sí cuenta con la experiencia mínima de 3 años con Instituciones Financieras;
y esa experiencia versa sobre la prestación de Servicios Legales de Asesoría en Materia Legal
y en Cobro Judicial, aún y cuando dicha profesional no es la contratista directa ni del Banco
Popular ni de Mutual Alajuela (...) no es la contratista directa de dichas instituciones financieras,
(...) sí ha sido nuestra abogada; (...) dicha profesional es la abogada especialista en cobro de mi
representada; y lo cierto es que su función profesional la ha desempeñado desde el año 2013
hasta la fecha, tanto como profesional independiente (socia del Bufete Pérez-Salazar
contratado por mi representada), brindándonos Servicios de Asesoría en Materia Legal y en
materia de Cobro, para los proyectos de cobranza que se nos adjudicó por parte del Banco
Popular así como de Mutual Alajuela; y como dato a precisar, desde mayo del 2015 actúa en su
condición de Abogada de Planta y Jefa de los Departamentos de Cobro -en planilla- de
Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A. Mi representada efectivamente es contratista de
ambas Entidades Financieras y fue contratada para la prestación de servicios similares a los de
la licitación que nos ocupa; esto es, se trata de una empresa cuyo giro comercial está enfocado
precisamente a brindar los Servicios de Cobranza incluyendo el Cobro Judicial, que interesan
(...)”, (ver folio 343 del expediente de recurso de apelación). Es menester entonces indicar que
lo manifestado en esa respuesta de Gestionadora Internacional S.A., se queda ahí, en su mera
afirmación, pues con dicha audiencia no aportó a esta División ningún documento que pueda
21
acreditar la experiencia obtenida por Amanda Pérez Hernández tanto como profesional
independiente en su condición de socia del Bufete Pérez-Salazar contratado por Gestionadora
Internacional S.A. ni tampoco en su condición de profesional contratada y en planilla de dicha
sociedad, en ambos casos ante la Mutual de Alajuela. Tampoco se acreditó con documentación
la condición de contratista que alega tener la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito
S.A. ante la Mutual, para sustentar su dicho. Entonces no se observa ninguna prueba
contundente ante esta División que demuestre efectivamente que la Licenciada Pérez
Hernández, tenga experiencia en la recuperación de créditos por medio de negociación
extrajudicial o en la vía judicial, conforme lo pide el cartel y ante la Mutual de Alajuela, sea por
medio del Bufete en mención o por medio de la empresa Gestionadora Internacional
Servicrédito S.A. siendo entonces que la experiencia indicada en el listado detallado en el
hecho probado 2, al menos ante la Mutual de Alajuela no puede ser verificada con certeza de
parte de este órgano contralor. En consecuencia, se considera no se ha desvirtuado con prueba
contundente la comparecencia de José David Zúñiga Chinchilla descrita, o prueba que permita
comprobar la experiencia que se dice tiene la Licda. Pérez Hernández, obtenida en la entidad
financiera Mutual Alajuela, pues la licitante respecto de la misma solo indicó: “... siendo que
dentro de los folios indicados en el punto de referencia (224 al 226) corre agregada una
declaración jurada en relación con información no veraz, consideramos que de confirmarse por
parte de la Contraloría General de la República lo indicado en la misma, procedería a excluir la
oferta presentada por GESTIONADORA INTERNCIONAL SERVICREDITO S.A....”,(ver folio
504 vuelto del expediente de recurso de apelación). En otro orden de ideas, en cuanto a la
experiencia referenciada y obtenida en Credix World, el consorcio adjudicatario refirió en su
respuesta de audiencia inicial sobre la misma y referimos en lo conducente, que la Licda. Pérez
Hernández inició labores en la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A. en mayo
del año 2015, y trabajó desde esa fecha hasta marzo del 2016 en la siguiente labor: Asesoría y
análisis de contrataciones administrativas y licitaciones públicas del Departamento Comercial:
Especialista en contratación administrativa, confección de ofertas, revisión y estudio de carteles,
análisis del objeto contractual y las respectivas especificaciones técnicas. Subsanación de
ofertas, interposición de recursos, solicitud de aclaraciones al cartel, objeciones, manejo en el
trámite de depósitos de garantías de cumplimiento y participación. Aperturas. Redacción de
escritos y solicitudes legales, proceso de presentación de ofertas en contratación administrativa
22
a través de los distintos portales en línea. Que de ello se extrae que de mayo 2015 a marzo
2016, trabajó en actividades muy diferentes a las que el Banco licitó. Que en ese mismo
currículo se indica que desde marzo de 2016 a la actualidad labora en el Departamento de
Cobro Judicial de esa sociedad. Que entonces dicha licenciada a la fecha de apertura del
concurso, posee 8 meses de experiencia en labores de recuperación de créditos por medio de
negociación extrajudicial o en la vía judicial, no cumpliendo con los 3 años de experiencia que
pide el cartel, punto 2.4.2.3. Además refirió que mediante oficio recibido en la División de
Contratación Administrativa del Banco licitante el 18 de enero de 2017, suscrito por el Ing. Yin
Ho Cheng Lo, representante legal de Gestionadora Internacional Servicrédito, S.A., se expuso:
"...La Licda. Amanda José Pérez Hernández, cédula de identidad 1-1218-0946. ha brindado a
nuestra representada, a través de los servicios de Outsourcing que Gestionadora Internacional
Servicrédito, S.A. cédula jurídica número tres - uno cero uno - tres seis cuatro tres nueve siete,
nos brinda Servicios de Asesoría en Materia de Cobro Judicial, Asistencia Legal en los
Procesos Judiciales tramitados en Sede Judicial y recuperación de créditos por medio de
negociaciones Extrajudiciales, análisis en la segmentación de las Carteras de Cobro,
Autenticaciones de escritos judiciales y extrajudiciales dentro de los procesos Monitorios,
redacción de escritos, Perfilación, segmentación y diagnóstico de Carteras de Cobro para dicha
entidad financiera, colaboración mensual en el manejo de cuentas de difícil recuperación, desde
el mes de octubre de 2013 y hasta el día de hoy 17 de enero 2017, para un total de 3.4 años de
servicio." Precisó entonces el consorcio que el Señor. Johnny Villalobos Barrantes, expresó
que la Licda. Pérez Hernández, ha brindado sus aportes a través de los servicios Outsourcing
contratados a Gestionadora Internacional Servicrédito, recordando a su vez que la Licda. Pérez
Hernández ingresó a laborar en esa empresa en mayo de 2015 y que la experiencia que
certifica el Lic. Johnny Villalobos debe enmarcarse al tiempo exacto que la Licda. Pérez
Hernández ha laborado en la empresa de referencia y no al momento de suscribirse el contrato
de servicios outsourcing. Ante los anteriores alegatos, esta División destaca que efectivamente
en el folio 1460 del expediente admirativo, consta carta-documento suscrito por el Señor Jhonny
Villalobos Barrantes, Jefe de Crédito y Cobro de Credix World S.A. que en lo que interesa
indica: “...La Licda. Amanda José Pérez Hernández, cédula (...) ha brindado ha nuestra
representada a través de los servicios de Outsourcing que Gestionadora Internacional
Servicrédito S.A. (...) nos brinda Servicios de Asesoría en Materia de Cobro Judicial,
23
Asistencia Legal en Procesos Judiciales tramitados en Sede Judicial y recuperación de créditos
por medio de las negociaciones Extrajudiciales, análisis en la segmentación de las Carteras de
Cobro, Autenticaciones de escritos judiciales y extrajudiciales dentro de los procesos
Monitorios, redacción de escritos, Perfilación, segmentación y diagnóstico de Carteras de Cobro
para dicha entidad Financiera, colaboración mensual en el manejo de cuentas de cobro de difícil
recuperación desde el mes de octubre de 2013 y hasta el día de hoy 17 de enero de 2017
para un total de 3.4 años de servicio (...)”., (ver hecho probado 4). Por su parte, en la oferta
de la empresa apelante, se observa currículo vitae de la Licenciada Pérez Hernández que
informa que ingresó a laborar en la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito S.A. en el
mes de mayo de 2015 hasta la actualidad (se entiende a la fecha de apertura de ofertas) y que
de mayo 2015 a marzo 2016 reporta labores en asesoría y análisis de contrataciones
administrativas y licitaciones públicas del departamento comercial, y del mes de marzo 2016 a
la actualidad (se entiende a la fecha de apertura de ofertas), como Jefe del Departamento de
Cobro Judicial, (ver hecho probado 5). Por lo expuesto, se tiene que si la Licenciada ingresó a
laborar con la sociedad apelante en planilla en el mes de mayo de 2015, no es posible que la
experiencia que los servicios que ella haya podido haber prestado a Credix World S.A. por
medio de Gestionadora Internacional Servicrédito(outsourcing) daten antes del 2015, porque en
la misma audiencia final reconoce la empresa apelante que Pérez Hernández, es la abogada de
su empresa desde el año 2013, pero primero por medio de outsourcing, y luego integrada en
planilla (ver folio 542 del expediente de recurso de apelación). Si se podría entender que si
ingresó a laborar con esa sociedad apelante en planilla desde el mes de mayo de 2015, hasta el
momento de apertura de ofertas como lo refiere currículo, o hasta el mes de enero de 2017
como lo dice la carta-documento, el plazo según lo razonado líneas atrás que se puede
computar es desde mayo de 2015 y hasta el mes de noviembre de 2016 fecha de apertura de
plicas. No obstante, la misma hoja de vida de Amanda Pérez Hernández, indica que fue hasta el
mes de marzo de 2016 que realizó actividades en cobro judicial (ver hecho probado 5), por lo
que desde ese plazo al mes de noviembre del mismo año día de apertura de ofertas, se puede
entender computados como meses completos en favor de la oferente, un máximo de 9 meses,
tal y como lo mencionó el consorcio adjudicado, y las labores antes de marzo de 2016 por no
ser en labores de cobro judicial no deberían considerarse. En consecuencia, considera esta
División que la experiencia referida ante la empresa Credix World S.A. no parece cumplir con el
24
plazo de tres años que refiere el cartel, sin dejar de advertir que la experiencia se obtiene según
se dice en la misma carta por medio de un outsourcing, figura que el cartel nunca reguló
expresamente para el abogado del proyecto, pero que como se expuso, el Banco en tesis de
principio la avaló para los oferentes. No omite manifestar esta División que tampoco sería válida
en principio la experiencia que se menciona para la Licda. Amanda Pérez Hernández ante
Credix World S.A. por medio del Bufete Pérez Salazar y Asociados (ver hecho probado 2) por
cuanto en la carta de aquella sociedad, nunca se menciona siquiera servicios recibidos de parte
de Amanda Pérez Hernández por medio de ese Bufete (ver hecho probado 4), ni se ha
comprobado con prueba fehaciente contrato de outsourcing entre la apelante y el Bufete de cita.
Tampoco sería contable la experiencia de dicha Licenciada ante el Banco Popular por medio del
mismo bufete y referida en hecho probado 2, porque el mismo Banco lo que ha reconocido es la
experiencia que ha obtenido Pérez Hernández por las labores que ha prestado a ese Banco
pero únicamente a través de Gestionadora Internacional Servicrédito S.A. sin mencionar el
Banco el Bufete, recordando que el licitante señaló a esta División: “...Se determinó como parte
de la experiencia solicitada que la licenciada Perez Hernandez contaba con la experiencia
requerida, tomando en consideración el puesto desempeñado en Gestionadora Internacional
Servicrédito, en el año 2016 la cual como empresa ha brindado los servicios al Banco Popular
en la recuperación de cartera 100% estimada y dentro de los servicios prestados se ha
conocido las funciones desempeñadas por ella dentro de dicha empresa...”, (ver folio 477 del
expediente de recurso de apelación), esto aunado además a tres hechos que son: que la
licitante indicó que las referencias al Banco Popular no fueron computadas para el plazo de los
tres años ver mismo folio 477 que indica: “...cabe aclarar que no se consideró la referencia
del Banco Popular para el computo de los tres años...”, al hecho de que existe una carta
emitida por el mismo Banco, en la que se indica: “....acorde a consulta efectuada en el Sistema
Integrado de Contratación Administrativa (SIAC) mismo donde se registran las contrataciones
adjudicadas por la División de Contratación Administrativa (...) al día de hoy no se tiene
registrada contratación alguna mediante la cual se formalizara relación contractual ni con
BUFETE PEREZ SALAZAR Y ABOGADOS ni con la Licenciada AMANDA JOSE PEREZ
HERNANDEZ ..”, ( nota es emitida el 17 de abril de 2017 por Lic. Maykel Vargas García, Jefe
División Contratación Administrativa y por Lic. Luis F. Bejarano Espinoza, Jefe Unidad de
Contratos, ambos del Banco Popular de Desarrollo Comunal, (ver folio 223 del expediente de
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recurso de apelación) y al hecho de que en el currículo vitae de la Licenciada Pérez si bien se
refiere experiencia en cobro judicial en el Bufete Pérez Salazar & Abogados desde diciembre de
2012 a la actualidad (se entiende a la fecha de apertura de ofertas), no se reporta haber
realizado funciones de cobro judicial para alguna entidad financiera, según hecho probado 5. En
consecuencia, por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este apartado, se
declara parcialmente con lugar este punto, por cuanto no se tiene certeza que la abogada del
proyecto propuesta por la empresa apelante, posea tres años de experiencia profesional y
conocimientos en cobro en Instituciones Financieras por medio de negociación extrajudicial o en
la vía judicial, pero resulta factible desde el punto de vista legal que la licitante, -ante la
anulación del acto de adjudicación que se dictará en la parte dispositiva de la presente
resolución, verifique por sus propios medios y condiciones y considerando además las
referencias brindadas de contacto para ello, si la Licenciada Amanda Pérez Hernández, tiene la
experiencia que requiere el cartel en todos sus presupuestos de forma y de fondo ante la
entidad financiera Mutual Alajuela, sea que la tenga por medio de Labores con el Bufete Pérez
Salar o por medio de la empresa Gestionadora Internacional Servicrédito S.A., siendo que no es
suficiente que indicara a esta División con referencia a la comparecencia presentada por José
David Zúñiga y lo en ella declarado, que “... dentro de los folios indicados en el punto de
referencia (224 al 226) corre agregada una declaración jurada en relación con información no
veraz, consideramos que de confirmarse por parte de la Contraloría General de la República lo
indicado en la misma, procedería a excluir la oferta presentada por GESTIONADORA
INTERNCIONAL SERVICREDITO S.A....”, (ver folio 504 vuelto del expediente de recurso de
apelación), pues la verificación no compete a este órgano contralor. Igual podría determinar si
dicha Licenciada tiene experiencia ante el Banco Popular razonando en cualquier caso y
motivando la acreditación si se cumplen o no todos los puntos del cartel. De las indagaciones
que realice podrá determinar lo que en derecho corresponda respecto de la oferta de la
apelante. En otras palabras, el análisis expuesto no parte ni así debe interpretarse, de una
suerte de confirmación o no por parte de este Despacho, de la experiencia que ha sido tratada
de justificar para la señora Amanda Pérez, lo que ha querido dejar en evidencia, es que de la
documentación aportada no existe una trazabilidad y congruencia entre la diferente
documentación aportada en relación con el pliego cartelario, aspecto que le corresponderá a
ese Banco determinar, pues en criterio de este Despacho no puede ser suficiente que
26
simplemente sus alegatos en este proceso, se hayan limitado a remitir al cumplimiento de un
cuadro con información presentado desde oferta, sin siquiera haber efectuado un esfuerzo por
confirmar o no lo que en este se indicó, motivo por el cual el análisis que ha efectuado este
órgano en relación con el contenido de los documentos de experiencia de la citada profesional,
son exclusivamente con la intención de evidenciar las incongruencias o ambigüedades de
estos, labor que corresponderá como se dijo a la licitante, confirmar o descartar.---------------------
B) Alegatos en contra del consorcio adjudicatario. i) Incumplimientos del Abogado
asignado al proyecto. La apelante señala que el consorcio adjudicado, incumple condiciones
de admisibilidad de la oferta, exponiendo en su escrito, lo que regla el numeral 2.4 del cartel y
agregando además que en el punto 2.4.2 "CONDICIONES DEL PERSONAL", se regularon los
requerimientos mínimos de experiencia que debían cumplir las posiciones clave dentro del
concurso, a saber: Jefe de Cobro o Gerente de Cobro, Supervisor del Proyecto y al Abogado.
Expone entonces que en la página 29/78 de la oferta del consorcio adjudicado, cotejable a folio
1239 del expediente (se entiende el administrativo), aquel ofrece como abogado del proyecto al
Licenciado Jesús Osvaldo Rojas Oconor, incorporado al Colegio de Abogados carné No.14818.
Agrega la apelante, que según cartel, debía cumplir con las cláusulas 2.4.2.3 a 2.4.2.6, las
cuales transcribe en su recurso (ver folio 4 del expediente de recurso de apelación). Que indicó
el consorcio estar de acuerdo con lo requerido en el apartado 2.4.2.4 y remiten a anexo
Declaración Jurada. Expone la recurrente que se contestó el cartel de parte del consorcio punto
por punto, pero no en la versión definitiva, pues a la cláusula 2.4 se le adicionó el apartado
2.4.2.6 mediante Enmienda 1 (publicada en La Gaceta No. 219 del 15 de noviembre del 2016);
y el consorcio no incluyó el apartado 2.4.2.6 en su plica. Que su oferta salta del 2.4.2.5 al 2.4.3.
Que para el puesto de abogado, se aportaron anexos, en ellos un conjunto de declaraciones
juradas, y se ubica la hoja de vida del abogado propuesto (folios 1143 al 1145 del expediente
administrativo); y concretamente a folio 1144, se puede leer: "Empresa: Bufete Suarez y
Asociados Puesto. Abogado y Notario Junior Funciones: Trabajo por servicios profesionales,
este bufete le da servicios al Banco Nacional...además (sic) brindo también servicios al Banco
Popular. Esto en todos los temas, notariado y cobro judicial..." Expone la recurrente que en folio
1142 del mismo expediente, agregan un cuadro con el listado de empresas requerido por la
cláusula 2.4.2.4; y para cumplir con lo requerido en la cláusula 2.4.2.3 (esto es, acreditación de
experiencia únicamente con Instituciones Financieras), de los bancos atendidos, únicamente se
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cita al Banco Popular; y como empresa, invariablemente figura Suárez y Asociados. Alega que
por subsanación del 11 de enero del año en curso, (oficio AGAC-55-2017 visible en folio 1344
del expediente administrativo), el consorcio adjudicatario aportó un documento de subsanación
en cuyos puntos cuarto y quinto, aluden al puesto de abogado, indicando que agregan copia de
su título y declaración jurada de dicho profesional, haciendo constar que cuenta con más de 3
años de experiencia en cobro judicial. La recurrente cita que en anexo 6 de dicho documento
aclaratorio, se agrega declaración jurada del abogado propuesto, en la que presenta nuevo
currículo, donde indica que su puesto es de "Abogado Director" en el Bufete Suárez y
Asociados; y de las distintas referencias de los beneficiarios de sus servicios, únicamente el
Banco Popular califica como institución financiera (folios 1387 a 1390 del expediente
administrativo). Que en esa declaración aparece el Lic. Roberto Suárez Castro como
"propietario" (se entiende del Bufete); y el período en que habría adquirido la experiencia, entre
2010 y 2013. Que además de la declaración jurada, se agrega carta del Lic. Suárez Castro
(fechada el 16 de enero del 2017), en la cual explica que en su Bufete, se han especializado en
los servicios de cobro judicial; con entidades financieras, menciona que le han prestado
servicios al Banco Popular. Añade que Jesús Osvaldo Rojas Oconor fue abogado asociado del
Bufete y laboró dentro del mismo desde el mes de setiembre del año 2010 hasta el mes de
octubre del 2013, y fue encargado del manejo del Departamento de Cobro Judicial. Enuncia
entonces la apelante en cuanto a la prestación con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal,
que el concurso que se promovió por ese Banco fue la licitación Pública No.2007LN-000024-
PCAD "Contratación de Servicios Profesionales para Cobro judicial", y en ella no participó el
Bufete Suárez & Asociados, sino que el oferente a título personal y en su condición de
profesional fue el Lic. Roberto Suárez Castro. Que con este licenciado se formalizó contrato, y
es él quien puede invocar experiencia, y esta no puede trasladarse a un profesional en derecho
-cualquiera que este sea- por el hecho de haber laborado en el Bufete del abogado que por sus
condiciones personalísimas -y especiales atributos profesionales-, presentó oferta, resultó
recomendado, adjudicado y contratista de la licitación promovida. Que distinto es si el Bufete se
hubiese apersonado en esa condición como oferente y, conforme a las reglas de la mencionada
Licitación Pública hubiese sometido a la evaluación del Banco Popular al Licenciado Jesús
Osvaldo Rojas Oconor como abogado director. Concluye la apelante indicando que dicho
licenciado, no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad para el personal, estipulados
28
por la licitante, concretamente para desempeñarse en el puesto clave de abogado regulado en
los apartados 2.4.2.3, 2.4.2.4, 2.42.5 y 2.4.2.6 de la cláusula 2.4 del cartel, pues no cuenta con
experiencia válidamente acreditada de al menos tres años en cobro en instituciones financieras.
Como prueba de sus manifestaciones, la apelante remite al anexo 1 de su recurso, donde
incluso refiere se comprueba que el Bufete de cita, no tiene contratación alguna registrada. La
apelante al atender audiencias especiales conferidas, se refiere a los documentos aportados
por el consorcio adjudicado al responder audiencia inicial, en concreto el anexo 3 de dicha
respuesta, por medio de los cuales se pretende acreditar la experiencia del Licenciado Rojas
Oconor dentro de los procesos de cobro citados en dicha documentación, y dice que se trata de
un rol asumido por aquel como notificador como bien se desprende -por ejemplo- del simple
cotejo del documento que se agrega con número de folio 000244, documento en el cual se
evidencia que el Notificador Notarial no es la misma persona que actúa en su condición de
Abogado dentro de los Procesos; por lo tanto, el Lic. Oconor, en calidad de Notario, no podría
participar como litigante en dichos procesos, pues se estaría, en criterio de la apelante,
violentando su investidura como auxiliar imparcial de los poderes públicos en su figura de
notificador, hecho que desvirtúa la llana pretensión de querer demostrar la experiencia
requerida, pues tales documentos más bien confirman que el profesional responsable o
Abogado Director de los mismos, era el Lic. Suárez Castro. Que Osvaldo era el Notificador
Notarial y son roles muy disímiles. Alegó además la apelante en otra audiencia especial, -folios
464 al 466 del expediente de recurso de apelación-, que el Licenciado Rojas Oconor, no cumple
con el periodo de tres años de experiencia, alegando que el cartel dispuso que aquella se debió
haber adquirido dentro de un periodo de 5 años anteriores a la fecha de apertura de ofertas,
rango que expone corre del 22 de noviembre de 2011 al 22 de noviembre de 2016, fecha de
apertura de ofertas. En su criterio, dicho licenciado ostenta 1 año 11 meses de experiencia,
confirmando en incumplimiento, todo lo cual sustenta en folio 468 del expediente de recurso de
apelación. La Administración al atender audiencia inicial menciona que para el Lic. Rojas
Oconor, propuesto por el consorcio adjudicado, se acreditó lo siguiente: currículo vitae del
profesional pues el consorcio cumplió con lo establecido en el cartel, y esto se cumple a folios
1145 y 1389 del expediente administrativo: licenciatura en Derecho, copia del título en folio
1393 mismo expediente. Estar incorporado al colegio profesional respectivo aportado en folio
1386 mismo expediente. Que en cuanto a la experiencia de al menos tres años en la
29
recuperación de créditos por medio de negociación extrajudicial o en la vía judicial, para
demostrar la experiencia del abogado, presentó un listado de empresas tal según lo pide el
cartel a las cuales le ha brindado el servicio. Que ese listado contenía el nombre de la empresa
cliente, servicio realizado, periodo, persona a contactar y teléfono, mostrándose además que
dicho servicio fue brindado en los últimos cinco años anteriores a la fecha de apertura de esta
licitación. Añade el Banco que en cuanto a este requisito se tomó en consideración el listado
visible al folio 1142 del expediente de cita, y lo indicado en los folios 1384 y 1383. Expone el
Banco que el cartel no exige que la experiencia se demuestre a partir de servicios prestados a
3 entidades financieras, y que tampoco solicita como parte de la experiencia, haber fungido
como abogado director de procesos judiciales cobratorios tal y como se indica en el recurso.
Enuncian que la Administración estimó como válida la experiencia profesional y conocimientos
en cobro en instituciones financieras según el período requerido cartelariamente por lo que el
profesional sí cumple con experiencia en cobro en instituciones financieras. Adiciona el Banco
que el cartel punto 2.4.2.5 establece que el papel que debe desempeñar el abogado dentro de
la licitación es de asesor legal y se dan por satisfechos con la información presentada por el
adjudicatario en cumplimiento del punto 2.4.2.3 y 2.4.2.4. No comparte que se interprete tener
que ser abogado director para aceptar la experiencia, pues para el cartel es que tenga
experiencia en cobro en instituciones financieras y además el cartel no solicitó un mínimo de
entidades, con sólo la acreditación del listado la empresa adjudicataria cumplió a cabalidad.
Mencionó además la Administración, que el pliego cartelario debe entenderse en forma integral,
es decir nunca en el cuerpo del cartel se exigió que el abogado debía tener experiencia como
abogado director, si no que las diferentes cláusulas que lo componen se consideren
complementarias entre sí, de modo que se integre y complemente cada uno de los distintos
elementos y apartados que conforman un cartel de licitación. Que por eso, en atención de lo
expuesto por la recurrente en cuanto a la experiencia del abogado Jesús Osvaldo Rojas, misma
que no se puede ser considerada según indica, por cuanto la experiencia es a título personal
del Lic. Roberto Suarez Castro el cual es adjudicatario en la Licitación Pública promovida por el
Banco Popular, No. 20071-N-000024-PCAD (profesionales en Cobro Judicial) se aclara a este
órgano Contralor, que se está ante dos servicios totalmente diferentes, primero por cuanto para
la licitación del 2007 el objeto es la contratación de servicios profesionales en materia de cobro
judicial, es decir para esa licitación sí se necesitaba un abogado director para llevar las
30
demandas correspondientes; y para la licitación de marras, lo que se pretende es contar con los
servicios para localizar a los deudores, fiadores y/o codeudores de las operaciones declaradas
como "castigadas y/o estimadas al 100% y que para el personal propuesto (abogado) es de
asesor legal, debido a que debe realizar el análisis de la cartera que se le asigne a la empresa,
y la mayoría son operaciones de crédito que se encuentran en cobro judicial, para que se
realice un análisis legal de las mismas previo a efectuar su recuperación. El Banco declara el
cumplimiento de la adjudicataria a partir de la declaración jurada que se aportó con la oferta, la
cual evidencia el cumplimiento de esta condición y no a partir de la experiencia que se pueda
acreditar como parte del equipo de trabajo que atendió el servicio contratado por el Banco
Popular según Licitación Publica 24-2007. La Administración al atender audiencias especiales,
y ante requerimientos precisos efectuados por esta División informó respecto del Licenciado
Rojas Oconor lo siguiente: Que el cartel solo pidió aportar un listado de empresas, para las
cuales el personal ha brindado el servicio y que al realizar el análisis de la oferta se consideró
que la finalidad del cartel como tal no es la asesoría legal, y la función del abogado dentro del
pliego cartelario es tendiente a la segmentación estratégica de la cartera de cobro para procurar
su recuperación. Que no se hizo revisión minuciosa de su experiencia y se asumió que la
información brindada en los folios 1145, 1390, 13891 1388 y 1387, en relación a la experiencia
del licenciado Rojas Oconor y a los años brindando el servicio de asesoría en materia de cobro
a través del bufete Suarez y Asociados al Banco Popular (entidad financiera) del año 2008 al
2013 esto visible al folio 1389, es cierto. Que esa información se brinda bajo la fe de juramento
y en ese mismo contexto cabe indicar que el período de años de experiencia fue valorado por
año, es decir sin considerar el día y mes esto debido a que en el cartel no se estableció que
debería indicarse los mismos, considerándose como valido el periodo de los tres años pese a la
inconsistencia en las fechas de prestación del servicio, ya que por un lado se indica que brindo
servicios al Banco Popular del 2008 al 2013 (ver folio 1389) y por otro lado en folios 1384 y
1383 donde corre agregada carta del señor Roberto Suarez Castro que especifican las
funciones desempeñadas por el Licenciado Rojas Oconor para el Bufete Suarez y asociados, se
indica el periodo del 2010 al 2013. Expone el Banco que ambos casos se cumple con la
cantidad de años solicitados como experiencia mínima y que es menester indicar que esta carta
visible a folio 1384 y 1383 es la que el Banco licitante consideró para acreditar que el licenciado
de cita, en su condición personal, tiene la experiencia que pide el requisito del cartel
31
mencionado. Añadió la Administración que los trabajos realizados datan de setiembre 2010 a
octubre del 2013, pero que para el Banco, cualquiera que sea el periodo que se considere, el
mismo cumple con los tres años de experiencia solicitado en pliego cartelario. Apela al principio
de buena fe, alegando que las actuaciones de las partes bajo el mismo, estén caracterizadas
por normas éticas claras, donde prevalezca el interés público sobre cualquier otro en ese
sentido, y por ello el Banco en atención a la información suministrada por los oferentes, se dio
por satisfecho en cuanto a la experiencia desempañado por cada Abogado propuesto. Al
atender otra audiencia especial, indicó: “... En cuanto a lo solicitado sobre el abogado Jesús
Osvaldo Rojas Oconor, tomando en consideración los folios indicados en la presente audiencia,
en relación al punto uno, consideramos importante reiterar que el análisis de la oferta se
consideró que la finalidad del cartel como tal no es la asesoría legal y la función del abogado
dentro del pliego cartelario es tendiente a la segmentación estratégica de la cartera en razón del
estado procesal y en ese sentido se razonó en cuanto a los documentos aportados en los folios
arriba mencionados que el licenciado Rojas Oconor tiene experiencia en la recuperación de
créditos en la vía judicial ya que él tramitaba la notificación de expedientes judiciales, acción
que consideramos coadyuva en la recuperación de créditos, que es el objetivo de la presente
contratación...”, (ver folio 489 frente y vuelto del expediente de recurso de apelación). El
consorcio adjudicatario expone que el cartel tiene requisitos puntuales: Que el oferente
deberá mantener al menos un abogado asignado al proyecto, por lo que ofrecieron al Lic.
Jesús Osvaldo Rojas Oconor, quien cuenta con más de 14 años de experiencia profesional.
Que debía tener conocimientos en cobro en Instituciones financieras, y que dicho licenciado
cuenta con amplia experiencia en labores profesionales de cobro, y específicamente en
instituciones financieras, referenciando algunas de ellas en los documentos que aportaron
desde un primer momento junto con oferta, ejemplo Banco Popular, Banco Nacional; además
de que se referenció en el currículo vitae visible en folio 1144 del expediente administrativo.
Agregan que el Licenciado de cita, actualmente trabaja de forma independiente con Alvarado y
Bonilla, S.A., por lo que, según anexo tres de la respuesta de audiencia inicial, aportan copias
certificadas de algunas gestiones de cobro desarrolladas por el profesional en labores de cobro,
anexo que muestra los servicios profesionales en cobro que ha brindado el abogado propuesto
en el rango de fechas solicitadas por el Banco Popular. Que el currículo vitae del Licenciado,
está a folios 1143 y 1145 del expediente administrativo. Que en cuanto a la experiencia en
32
labores profesionales de cobro en instituciones financieras, menciona que la recurrente está
tratando de confundir al exponer en apelación que la experiencia del abogado propuesto no es
válida porque trabaja en el Bufete Suarez y Asociados, y ese Despacho no posee contrato con
el Banco Popular, sino otro de sus socios el Lic. Roberto Suarez Castro. Por esto añade el
consorcio adjudicado, que el cartel, para la forma de acreditar la experiencia del abogado del
proyecto, nunca indicó que el que se someta a este negocio debe haber obtenido un contrato
con una institución financiera, simplemente solicita presentar un listado de las empresas para
las cuales el profesional ha brindado el servicio, y así se hizo. Que se debía citar al menos una
(porque no se indicó un mínimo) en la cual el profesional tuviese "conocimientos en cobro en
instituciones financieras", pero no tenía que ser contratista de gestiones de cobro, o abogado
directo y tener conocimientos en cobro en Instituciones Financieras" de al menos tres años en la
recuperación de créditos por medio de negociación extrajudicial o en la vía judicial. Que para
comprobar la experiencia del abogado, el oferente debía presentar un listado de las empresas
para las cuales el personal ha brindado el servicio, indicando la lista: Nombre de la empresa,
servicio realizado, periodo, persona a contactar y número de teléfono, experiencia en los
últimos cinco años anteriores a la fecha de apertura de la licitación. Que el cartel no ahondó en
qué tipo de acciones o actos debía haber realizado el abogado propuesto para que se
acreditara su experiencia, lo que dice únicamente el punto 2.4.2.3 del cartel, es conocimientos
en cobro en instituciones financieras. Señala entonces el consorcio que para dar soporte a su
posición, sobre la abundante experiencia del Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor en
conocimientos de cobro en instituciones, remiten al anexo 3 de su respuesta de audiencia
inicial, que refiere copias de expedientes y trámites que aquel como abogado ha presentado en
diferentes juzgados del país, atendiendo casos relacionados con gestiones de cobro, las cuales
sustentan abundantemente el acto de adjudicación dictado a su favor. Al atender otra
audiencia especial, refiere que toda la información dada por el Banco es correcta, basada en
aportes de documentos del expediente administrativo. Añade que la licitante pudo
complementar su respuesta con los documentos aportados al proceso de apelación para mejor
proveer, indicando que para dimensión correcta del muestreo de casos aportados para acreditar
la experiencia resumen en el folio 403 del expediente de recurso de apelación, los documentos
que dan respaldo a la experiencia, remite al cuadro visible en el folio de cita, en el que destaca
servicios prestados a las Instituciones Financieras Banco Popular y ScotiaBank, detallando que
33
el servicio prestado ha sido de notificación de embargos de proceso monitorio de cobro, en las
fechas del 8 de febrero al 2012 y al 2 de julio de 2015. Criterio de la División: Como primer
aspecto a destacar, se reitera lo que indica el cartel como requisitos del abogado asignado al
proyecto, el cual en lo que interesa destacar dispuso: “...2.4.2.3 El oferente deberá mantener al
menos un Abogado asignado al proyecto, con al menos 3 años de experiencia profesional y
conocimientos en Cobro en Instituciones Financieras, para lo cual deberá de presentar la
siguiente información: Curriculum vitae Licenciatura en Derecho, comprobable mediante copia
del título. Incorporado al Colegio Profesional respectivo, al día con sus obligaciones y que se
encuentre habilitado para ejercer la profesión. Para esto deberá adjuntar una certificación
original expedida por el Colegio Profesional respectivo, con no más de un mes de emitida.
Experiencia de al menos 3 años en la recuperación de créditos por medio de negociación
extrajudicial o en la vía judicial. 2.4.2.4 Para comprobar la experiencia del abogado el oferente
deberá de presentar un listado de las empresas para las cuales el personal ha brindado el
servicio, la cual deberá de contener la siguiente información: (...) Nota: la experiencia deberá de
haberse realizado en los últimos 5 años anteriores a la fecha de apertura de esta licitación...”,
(ver folio 215 del expediente administrativo). Destacado lo anterior, ante audiencia especial
efectuada por este órgano contralor para que la Administración licitante se refiriera en
específico a la acreditación de dichos requisitos por parte del Licenciado Jesús Osvaldo Rojas
Oconor, se tiene que el Banco licitante manifestó en lo conducente: “... En relación a la
información solicitada del abogado Jesús Osvaldo Rojas Oconor, debemos reiterar en que el
análisis de la oferta se inspiró en que el cartel únicamente establece como requisito para
acreditar la experiencia del abogado el aportar un listado de empresas, para las cuales el
personal ha brindado el servicio y aunado a esto a la hora de realizar el análisis de la oferta se
consideró que la finalidad del cartel como tal no es la asesoría legal y la función del abogado
dentro del pliego cartelario es tendiente a la segmentación estratégica de la cartera de cobro
para procurar su recuperación, por este motivo no se hizo una revisión minuciosa de su
experiencia como tal solamente se asumió que la información brindada en los folios 1145,
1390, 1389 1388 y 1387, en relación a la experiencia del licenciado Rojas Oconor y a los años
brindando el servicio de asesoría en materia de cobro a través del bufete Suarez y Asociados al
Banco Popular (entidad financiera) del año 2008 al 2013 esto visible al folio 1389, es cierto,
máxime en el entendido de que dicha información se brinda bajo la fe de juramento y en ese
34
mismo contexto cabe indicar que el período de años de experiencia fue valorado por año, es
decir sin considerar el día y mes esto debido a que en el cartel no se estableció que debería
indicarse los mismos, considerándose como valido el periodo de los tres años pese a la
inconsistencia en las fechas de prestación del servicio, ya que por un lado se indica que
brindo servicios al Banco Popular del 2008 al 2013 (véase en ese sentido el folio 1389) y
por otro lado en el folio 1384 y 1383 donde corre agregada carta del señor Roberto
Suarez Castro que especifican las funciones desempeñadas por el licenciado Rojas
Oconor para el bufete Suarez y asociados, se indica el periodo del 2010 al 2013, pero en
ambos casos se cumple con la cantidad de años solicitados como experiencia mínima,
resulta menester indicar que esta carta visible a folio 1384 y 1383 es la que el Banco
licitante considero para acreditar que el licenciado de cita, en su condición personal,
tiene la experiencia que pide el requisito del cartel mencionado. Es importante aclarar tal y
como se indicó en el párrafo anterior a este Órgano Contralor que a pesar de que hay una
contradicción entre la fecha del servicio indicado en Curriculum del Lic. Rojas Oconor
(setiembre 2008 a octubre del 2013) y la nota del Bufete Suarez y Asociados en la que indica
que la fecha de prestación de los trabajos realizados este abogado data de setiembre 2010 a
octubre del 2013, sin embargo para el Banco cualquiera que sea el periodo que se considere el
mismo cumple con los tres años de experiencia solicitado en pliego cartelario Nos permitimos
indicar, que cuanto el principio de buena fe, el cual refiere que en cuanto a los trámites de las
licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera
como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde
las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde
prevalezca el interés público sobre cualquier otro en ese sentido, es que el Banco en atención a
la información suministrada por los oferentes, se dio por satisfecho en cuanto a la experiencia
desempañado por cada Abogado propuesto...” (ver folios 373 al 374 del expediente de recurso
de apelación, el resaltado es nuestro). De lo anterior entiende esta División, que el Banco está
avalando la experiencia del Licenciado Rojas Oconor basada en el análisis de su currículo vitae,
declaración jurada, y en especial atención a la carta-documento visible a folio 1383 y 1384 a
partir de la cual, se destaca la experiencia de dicho abogado y sus labores en el Bufete Suárez
y Asociados y por las trabajos efectuados ante la entidad financiera Banco Popular. Aunado a lo
anterior, se entiende de lo que informa la Administración, que sí ostenta una experiencia por un
35
periodo de tres años conforme lo pide el cartel. Se entiende además que para la licitante, los
tres años se acreditan, independientemente de que se tome el periodo del 2008 al 2013 (según
documento de folio 1389 del expediente administrativo) o el periodo de 2010 a 2013, según
folios 1384 y 1383 del mismo expediente, correspondiendo este último a carta del señor
Roberto Suárez Castro que especifican las funciones desempeñadas por el licenciado Rojas
Oconor para el Bufete Suarez y Asociados. Sobre el particular, es preciso reiterar que la
apertura de ofertas de este concurso, fue efectuada el 22 de noviembre del 2016 (ver hecho
probado 3 ) y el cartel fue claro en precisar, que la experiencia tenía que ser de un periodo de
tres años, pero obtenida dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de apertura de
esta licitación tal y como se expuso supra. En ese sentido, si la apertura de ofertas fue el 22 de
noviembre de 2016, los últimos cinco años corren hacia atrás máximo al 22 de noviembre de
2011, y en ese rango de periodo, es que se debe de contabilizar la experiencia del abogado
propuesto. Así, siendo que la carta del Licenciado Roberto Suárez que se entiende fue la
utilizada por la licitante para acreditar los requisitos de cartel, junto con su currículo vitae y por
los trabajos efectuados para la entidad financiera Banco Popular, se tiene que para el
Licenciado Jesús Osvaldo Rojas Oconor se referencia claramente que laboró en el Bufete
Suárez y Asociados del mes de setiembre de 2010 hasta el mes de octubre de 2013 (ver hecho
probado 6 ). Por lo tanto, el único periodo que se puede computar para determinar sus tres años
de experiencia, es el que corre del mes de noviembre de 2011 al mes de octubre de 2013,
fecha en que dejó de prestar servicios en dicho Bufete. En ese periodo no se contabilizan en un
total de 3 años, siendo que del mes de noviembre de 2011 -aun considerando el mes en su
totalidad, al mes de octubre de 2013 –también considerado todo el mes- hay un total de 24
meses, que no equivalen a tres años. Por lo anterior, no se comparte la posición del Banco
licitante de que dicho abogado cumple con el requisito cartelario de contar con tres años de
experiencia obtenida en los últimos cinco años anteriores a la apertura de plicas, a partir de la
información que precisa el Banco haber considerado en su análisis, deviniendo innecesario
entrar a analizar las contradicciones de fechas de inicio de labores del Licenciado Rojas en el
Bufete en mención, que van, primeramente de setiembre de 2008 a octubre de 2013, y de
setiembre a 2010 a octubre de 2013, según hechos probados 6 y 7 porque con cualquiera de
ellas, la fecha límite de 22 de noviembre de 2011 no varía. Lleva razón entonces la apelante, en
cuanto a que el Licenciado Rojas Oconor, por esta acreditación de experiencia, no evidencia
36
contar con tres años conforme lo pide el cartel, advirtiendo esta División, que al igual que en el
caso de la Licenciada Pérez Hernández, la experiencia se pretendió acreditar por medio de
terceros ( labores prestadas por medio de un Bufete) y no en condición personal, aval que
como se expuso, queda bajo exclusiva responsabilidad del Banco, por no preverlo
expresamente el Banco de esa manera en su cartel. En cuanto a las nuevas referencias de
experiencia presentadas por el consorcio adjudicatario al atender audiencia inicial, por medio de
las cuales pretende como hecho histórico, acreditar experiencia en cobro judicial obtenida por
el Licenciado Rojas Oconor, y que se refiere básicamente a la participación que ha tenido en
notificación de resoluciones judiciales en procesos como monitorios y ante entidades financieras
(ver anexo 3 del expediente de recurso de apelación folios 228 al 278), procede indicar
primeramente que el consocio las aporta considerando que con las mismas se detallan
gestiones de cobro desarrolladas por el profesional en labores de cobro, y muestra los servicios
profesionales en cobro que ha brindado el abogado propuesto en el rango de fechas solicitadas
por el Banco Popular, esto entendemos también a fin de acreditar que tiene tres años de
experiencia en cobro judicial. Sobre el particular es menester indicar que las copias de los
documentos aportados detallan actuaciones básicamente notariales del Licenciado Rojas
Oconor en procesos de cobro judicial desarrollados en los años del 2013 al 2015, indicando
entre otros la información suministrada y referimos en lo conducente: PROCESO MONITORIO,
ACTOR: BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL EN EL JUZGADO DE COBRO DE
MENOR CUANTIA Y CONTRAVENCIONAL DE GRECIA, auto del 21 de enero de 2013, en
donde se indica: “...Notifíquese esta resolución al (los demandado(s) (...) Para estos efectos se
designan a JESUS OSVALDO ROJAS OCONOR...”, (ver folio 228 al 230 del expediente de
recurso de apelación), PROCESO EJECUCION HIPOTECARIA, ACTOR: BANCO POPULAR Y
DESARROLLO COMUNAL EN EL JUZGADO DE COBRO DE MENOR CUANTIA Y
CONTRAVENCIONAL DE GRECIA, auto del 21 de enero de 2013, en donde se indica:
Notifíquese esta resolución al (los) demandado(s) (...) Para estos efectos se designan a JESUS
OSVALDO ROJAS OCONOR...”, (ver folio 232 al 235) del expediente de recurso de apelación.-
PROCESO MONITORIO, ACTOR: BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL EN EL
JUZGADO DE COBRO DE MENOR CUANTIA Y CONTRAVENCIONAL DE GRECIA, auto del 5
de diciembre de 2012, en donde se indica: Notifíquese esta resolución al (los demandado(s) (...)
Para estos efectos se designan a JESUS OSVALDO ROJAS OCONOR...”, (ver folio 238 al 240
37
del expediente de recurso de apelación).- PROCESO MONITORIO, ACTOR: BANCO
POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL EN EL JUZGADO DE COBRO DE MENOR CUANTIA
Y CONTRAVENCIONAL DE GRECIA, auto del 12 de julio de 2012, en donde se indica:
Notifíquese esta resolución al (los demandado(s) (...) Para estos efectos se designan a JESUS
OSVALDO ROJAS OCONOR...”, (ver folio 242 al 245 del expediente de recurso de apelación).-
Constancia de notificación notarial efectuada por Jesús Osvaldo Rojas Oconor, en proceso
monitorio promovido por SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A, efectuada el 22 de octubre de
2013, ver folio 253 del expediente de recurso de apelación. Constancia de notificación notarial
efectuada por Jesús Osvaldo Rojas Oconor, en proceso monitorio promovido por SCOTIABANK
DE COSTA RICA S.A, efectuada el 22 de mayo de 2015, (ver folio 256 del expediente de
recurso de apelación). La apelante conforme se expuso, señaló en lo conducente que la
información de anexo 3 de respuesta de audiencia inicial, pretende acreditar la experiencia del
Licenciado Rojas Oconor dentro de los procesos de cobro citados en dicha documentación,
pero alega que se trata de un rol asumido por aquel como notificador como bien se desprende -
por ejemplo- del simple cotejo del documento que se agrega con número de folio 000244,
documento en el cual se evidencia que el Notificador Notarial no es la misma persona que actúa
en su condición de Abogado dentro de los Procesos; por lo tanto, en su criterio el Lic. Rojas
Oconor, en calidad de Notario, no podría participar como litigante en dichos procesos, pues se
estaría, en criterio de la apelante, violentando su investidura como auxiliar imparcial de los
poderes públicos en su figura de notificador, hecho que desvirtúa la llana pretensión de querer
demostrar la experiencia requerida, pues tales documentos más bien confirman que el
profesional responsable o Abogado Director de los mismos, era el Lic. Suárez Castro. Indicando
que el citado profesional era el Notificador Notarial y son roles muy disímiles. Expuesto lo
anterior, esta Contraloría General indica que si bien de la información de anexo 3 citado, se
podría tener en tesis de principio computada experiencia en un periodo de tres años, se dio
audiencia al Banco Licitante para que indicara si esas funciones desarrolladas por Rojas
Oconor que oscilan entre los años 2013 y 2015 son las requeridas como experiencia según el
cartel y para el abogado asignado al proyecto. El Banco licitante de manera muy breve indicó:
“... En cuanto a lo solicitado sobre el abogado Jesús Osvaldo Rojas Oconor, tomando en
consideración los folios indicados en la presente audiencia, en relación al punto uno,
consideramos importante reiterar que el análisis de la oferta se consideró que la finalidad del
38
cartel como tal no es la asesoría legal y la función del abogado dentro del pliego cartelario es
tendiente a la segmentación estratégica de la cartera en razón del estado procesal y en ese
sentido se razonó en cuanto a los documentos aportados en los folios arriba mencionados que
el licenciado Rojas Oconor tiene experiencia en la recuperación de créditos en la vía judicial ya
que él tramitaba la notificación de expedientes judiciales, acción que consideramos coadyuva
en la recuperación de créditos, que es el objetivo de la presente contratación...”, (ver folio 489
vuelto del expediente de recurso de apelación). De esta manifestación de la licitante se extrae
que el Banco cataloga las acciones desplegadas por Rojas Oconor como actos de notificación
de expedientes judiciales, siendo ello en su criterio una coadyuvancia en la recuperación de
créditos. No obstante, en criterio de esta División, ese análisis se queda corto pues no motiva ni
explica la licitante, por qué se considera esa información como una coadyuvancia en
notificación de expedientes judiciales como ella misma lo califica, en el sentido que ello pueda o
deba equipararse al hecho de tener experiencia profesional y conocimientos en cobro en
Instituciones Financieras, y en la recuperación de créditos por medio de negociación
extrajudicial o en la vía judicial, que son básicamente los presupuestos que quedaron
manifiestamente expresos en la letra de cartel en el punto 2.4.2.3. Por lo tanto, considera este
órgano contralor, que el Banco no ha acreditado como se debe, que Rojas Oconor tenga
experiencia como la requerida en el pliego, a partir de la información del anexo 3 que consta a
folios 228 al 278 del expediente de recurso de apelación. Tampoco lo hace el consorcio
adjudicatario, que más allá de presentar las copias de los documentos y explicar que detallan
gestiones de cobro desarrolladas por Rojas Oconor en labores de cobro y muestra los servicios
profesionales en cobro que ha brindado el abogado propuesto, no hizo ningún desarrollo para
demostrar que equivalen las actividades desarrolladas por aquel, a la experiencia que pide el
cartel. En consecuencia, en criterio de esta División, procede declarar parcialmente con lugar
el recurso en este punto, por cuanto, primeramente con la experiencia brindada en sede
administrativa conforme lo dicho en esta resolución, no se demostró que el Licenciado Rojas
Oconor contara con tres años de experiencia en cobro judicial conforme lo dicho en el cartel, y
por cuanto con la experiencia reportada pensada como hecho histórico ante esta División en
sede de apelación, si bien se puede en tesis de principio computar actuaciones efectuadas del
año 2013 al 2015, no se ha logrado acreditar de manera motivada y razonada por parte
principalmente del Banco que las mismas se enmarquen dentro de los supuestos precisos del
39
cartel, motivo por el cual deberá llevar a cabo una labor de revisión y verificación de toda esa
información para fundamentar debidamente y de frente al pliego cartelario, si es posible extraer
de ella el mínimo de experiencia requerida, analizando además desde el ámbito jurídico, si las
actuaciones realizadas por este profesional efectivamente pueden computarse de esa forma.
Por lo anterior, ante la anulación del acto de adjudicación que se dictará en la parte dispositiva
de esta resolución, bien puede la licitante realizar -como se indicó- las indagaciones pertinentes
a efectos de motivar con la debida claridad y explicación que el caso lo amerita, si las
actuaciones desplegadas por Rojas Oconor denominadas por el mismo Banco como
notificaciones de expedientes judiciales, corresponden efectivamente al tipo de experiencia que
pide el cartel y razonar todas sus valoraciones, teniendo en cuenta dentro de las mismas lo
dicho por la apelante al atender audiencia especial que refirió: “... es claro que el cartel no ha
pretendido reconocer experiencia a partir de actividades de coadyuvancia; y si así fuere, se
estaría incurriendo en una flagrante irregularidad pues un profesional que funja como Notario
Público, debe manifestarse imparcial en sus actuaciones, lo que equivale a decir que el Lic.
Rojas Oconor no podría tener interés legal y parcial en la tramitación de una recuperación de un
Crédito en Vía Judicial para el Banco Popular, ya que con esto se estaría violentando la
investidura que le cobija como notario público (precisamente por estar desplegando la función
de notificación notarial dentro de los procesos judiciales). Concretamente con esto se estaría
transgrediendo el acuerdo firme dado por la Dirección Nacional de Notariado del 2017 resuelto
en los siguientes términos: "(...) la consulta planteada sobre el terna "Alcances del Acuerdo
2015-016- 009 en cuanto a la participación del abogado director de un proceso judicial en la
elaboración de un Acta Notarial que se aporta como prueba documental": a)...b) Determinar que
el abogado director que presente como prueba documental, un acta elaborada por él en su
calidad de notario, tiene un claro interés en las resultas del proceso, y por ende, compromete el
principio de imparcialidad que rige su función como notario; por lo tanto, debe abstenerse de
utilizar esa acta como prueba documental en el proceso judicial que dirige, siendo conteste con
la línea de pensamiento expresada por este Consejo en Acuerdo 2015-016-009 del 18 de junio
de 2015...”, (ver folios 512 y 513 del expediente de recurso de apelación) y determinar también
que las actuaciones arrojan tres años de experiencia dentro del periodo del mes de noviembre
2011 al 22 de noviembre de 2016, conforme lo ha explicado esta División. De lo que indague o
de las conclusiones a las que arribe, determinará lo que en derecho corresponda, respecto de la
40
oferta del consorcio y del procedimiento de contratación en general. ii) Incumplimientos del
Jefe de Cobro Judicial y del Supervisor. La apelante expone que lo que se regula en el
apartado 2.4.2.6 -que se agregó vía Enmienda 1 al cartel-, reviste especial trascendencia en
este caso, pues según aquel, únicamente entratándose del abogado propuesto, el pliego
admitió que no necesariamente "... debe trabajar con el oferente al momento de presentar su
obra, por lo que si no es parte de su planilla, deberá presentar junto con la oferta carta de
compromiso del abogado propuesto manifestando que en caso de resultar adjudicatario, se
compromete a la prestación de los servicios...”. Enuncia que el consorcio adjudicado interpretó
incorrectamente los alcances de ese apartado 2.4.2.6, y apersonó dentro del concurso a dos
abogados más, para desempeñar los puestos de Jefe de Cobro y Supervisora, "acogiéndose" a
la posibilidad que brindó el cartel exclusivamente para el puesto de abogado, es decir que no
fueran empleados incluidos en la planilla de la empresa. Que entonces, el Jefe de Cobro -Lic.
Ronald Eduardo González Calderón-, y la profesional que desempeñaría el puesto de
Supervisora Licda. Karla García Naranjo-, se han apersonado con sendas cartas de
compromiso (folios 1160 y 1166 del expediente administrativo), lo que asevera que ninguno de
ellos está en la planilla de las empresas que integran el consorcio al momento de ofertar. Para
la apelante, conforme la cláusula 2.4, apartado 2.4.2.1, el oferente deberá acreditar en su oferta
que cuenta con un Jefe de Cobro o Gerente de Proyecto y con un Supervisor, requerimiento
este que a partir de lo que luego se agregó vía enmienda -apartado 2.4.2.6-, sólo admite una
interpretación, cual es que al requerirse que el oferente cuente con un Jefe de Cobro y con un
Supervisor, que sean sus empleados, forman parte de su organización y por supuesto estar
incluidos en sus planillas. Que por lo expuesto, se debe descalificar la oferta. Otro
incumplimiento que señala la recurrente, relacionado con estos profesionales, es que conforme
al cartel punto 2.4.2.2, tanto el Jefe de Proyecto como el Supervisor (que en este caso es
Supervisora), deben contar con experiencia mínima de 3 años en cobro administrativo o judicial
para instituciones financieras o empresas de tarjetas de crédito y además, conforme a lo ahí
regulado, y para comprobar la información pertinente, el oferente debe aportar una declaración
jurada emitida por su representante legal en la cual deberá indicar (..) nombre de la empresa a
la cual le brindó el servicio, puesto desempeñado, período en el cual se desempeñó en el
puesto y referencia de cada una de estas empresas. Para la apelante, la declaración jurada del
representante legal sólo tiene sentido -y validez-, si lo que se declara está referido,
41
precisamente, a empleados de la empresa y no a profesionales ajenos a la organización.
Añade entonces que el representante legal del consorcio rinde declaración jurada sobre
profesionales ajenos a su organización. Que en los folios 1153 y 1154 del expediente
administrativo, se lee: “Corporation Global Professional Group S.A. (...) declara bajo la fe de
juramento que el personal propuesto para los puestos de Jefe de Cobro y Supervisor cuentan
con la experiencia mínima de 3 años en la ejecución de labores de cobro y judicial para el
Banco Nacional de Costa Rica, de forma indirecta por medio del Bufete González y González
(...)Jefe de Cobro Ronald González González (sic; en realidad el segundo apellido es Calderón)
(...) Empresa dónde laboró: Bufete González y González , Servicio realizado Cobro Judicial -
Jefe de Unidad Entidad atendida: Banco Nacional de Costa Rica...". Expone que a lo anterior se
adiciona que el período desempeñado sería entre 1995 y 2015 y que la persona de referencia
sería el Lic. Francisco Martín Martínez Madrigal, Gerente Banco Nacional, de quien se aporta su
dirección de contacto. Agregó la apelante que para la Licenciada Karla García Naranjo
(propuesta para Supervisora) se indica que la empresa donde laboró sería el Bufete González
González; que el servicio realizado fue "Cobro Judicial -Supervisora de Unidad-, la entidad
atendida fue el Banco Nacional, entre los años 2013 y 2015 y se menciona también al Lic.
Francisco Martín Martínez, como persona de referencia. Para la recurrente es cuestionable que
un representante legal de una empresa formule aseveraciones -bajo la gravedad de juramento-
respecto de profesionales ajenos a dicha organización. En posición de la recurrente, ninguno de
los dos profesionales citados ha acreditado objetiva y correctamente que cuentan con la
experiencia con el Banco Nacional de Costa Rica. Que en el caso de Ronald Eduardo González
Calderón, para poder reconocerle experiencia se debe demostrar que él los brindó directamente
pero que en la declaración jurada rendida por el representante legal de GPG, se advierte que la
experiencia la habría adquirido "indirectamente", a través del Bufete González González, y que
eso sería posible si ese Bufete hubiese prestado los servicios al Banco Nacional, y lo hubiera
propuesto a él como el profesional responsable de esas tareas de cobro (esto es, si
efectivamente hubiera fungido como ese "Jefe de Unidad" a que se hace mención en la misma
declaración), y que el Bufete fue contratista del Banco, pero no es así. Alega que en la carta
firmada por Francisco Martín Martínez Madrigal de folio 1155 del expediente administrativo,
dicho señor lo hace en condición de Gerente de la Agencia de Santa María de Dota, realizando
una manifestación respecto de la prestación de servicios por parte de don Ronald Eduardo
42
González Calderón, pero también como parte del Bufete González y González. Que esa carta
le asigna a dicho profesional rol de asesor externo y como notario externo y agrega que se
desempeñó como abogado asesor del cobro judicial y que lo ha hecho por más de 15 años de
manera satisfactoria, pero no refiere la carta si dicho profesional fue el responsable o no de la
prestación de servicios, ni si fue la persona que en su momento evaluó dicha entidad para
atribuirle el contrato respectivo. Alega la recurrente, que por medio de documento del Banco
Nacional, que refiere aportar con su recurso, se señala que el Bufete en mención no aparece
siquiera registrado en el sistema de la Proveeduría del Banco Nacional; y en cuanto al
Licenciado Ronald Eduardo González Calderón sí aparece como contratista del Banco, de la
Licitación Pública No. 2008LN-000024-01, pero para desempeñarse como Notario Externo. El
apelante alega que en cuanto a la carta del Señor Gerente del Banco, se les informó que no se
puede “ ... avalar la misma por cuanto no tenemos conocimiento, por ello la Proveedora General
del Banco Nacional la licenciada Lorena Herradora Chacón es la autorizada para brindar
certificaciones de servicios a nuestros proveedores...” y que el Licenciado Mario González
Porras, quien fuera padre del Licenciado González Calderón, fue contratado mediante Concurso
de Antecedentes denominado "Contratación de Servicios Profesionales en Abogacía No.04-
1986 de la Junta Directiva, en ese tanto, habida cuenta que se hacía referencia a una
prestación "indirecta" a través del Bufete González y González, por lo que interesaba tratar de
establecer si más bien quien había sido seleccionado -en su condición de profesional
independiente- era don Mario, aspecto que para la apelante se corrobora por medio de la
respuesta del Banco Nacional. En cuanto a la licenciada Karla Rebeca García Naranjo, refiere
la apelante que al margen de haber laborado -o prestado sus servicios- en dicho Bufete, es
claro que su participación ahí no le permite atribuirse válidamente experiencia en la condición
pretendida - supervisora de cobros- para el Banco Nacional, pues dicho Bufete -como quedó
demostrado nunca ha sido contratista de dicha entidad financiera. Concluye indicando que dado
que se trata de requisitos de admisibilidad, dichos incumplimientos conlleva a la ineludible
descalificación de la oferta el Consorcio adjudicatario. La Administración expone que la
recurrente alega que a la cláusula 2.4 se le adicionó el apartado 2.4.2.6 mediante Enmienda 1
(publicada en La Gaceta No. 219 del 15 de noviembre del 2016); y lo cierto es que del simple
cotejo de la página 29 en referencia, el consorcio no incluyó este apartado inicialmente en su
oferta. Refiere entonces el Banco citando los artículos 66 y 80 del Reglamento a la Ley de
43
Contratación Administrativa (RLCA) que dentro de la oferta se acredita el elemento establecido
cartelariamente para cumplir con este punto, no fue necesario solicitar subsanación para aclarar
este aspecto. Que el consorcio en el folio 1141, presenta la carta de compromiso del abogado
en el cual se compromete a que en caso de resultar adjudicada la oferente, se incorporaría a la
planilla de RESUELVA. Que se cumple el requisito y se atiende la enmienda de cartel. Que la
recurrente interpreta el cartel a su conveniencia pues aquel no tiene como obligación que el jefe
de cobro y el supervisor sean parte de la planilla del oferente, más bien en el punto 2.4.2.2 es
claro que el requisito puede ser cumplido también a través de una empresa outsourcing. Que en
cuanto a la relación con el punto 2.4.2.2 el cual indica que un representante del consorcio
declara de la experiencia del jefe de cobro y la supervisora siendo ellos ajenos a su
organización, exponen que la literalidad del cartel indica que "...Para comprobar dicha
información el oferente deberá de aportar una declaración jurada emitida por su representante
legal..." de tal manera que para el análisis se consideró que con dicha declaración cumple con
lo solicitado, según folios 1153 y 1154. Que no es del todo cierto que por no pertenecer a la
planilla, la oferente desconozca sobre la experiencia que estos poseen, máxime si el oferente
realizó un acercamiento con esto profesionales para proponerlos como parte del equipo de
trabajo en caso de resultar adjudicatario. Que en cuanto a lo indicado sobre la experiencia
"indirecta" del Licenciado González Calderón, refieren que el análisis de la oferta presentada
por Consorcio Resuelva-GPG, se realizó tomando en consideración la literalidad del cartel el
cual establece en el punto 2.4.2.2 ".... o bien a través de una empresa de servicio outsourcing"
por lo que se consideró la experiencia como válida. En cuanto a la carta emitida por el Gerente
de la agencia de Santa María de Dota del Banco Nacional de Costa Rica, el área técnica
consideró que la condición del puesto que desempeña el señor Francisco Martín Martínez
Madrigal, le permitió conocer la labor que realizaba el Licenciado González Calderón como
parte integrante del Bufete González y González. Que por lo dicho, se mantiene el análisis
técnico realizado y por ende sostiene el cumplimiento técnico de la adjudicataria en este
aspecto. En cuanto a la afirmación de que si le consta al representante legal de GPG la
experiencia de los licenciados Ronald Eduardo González Calderón y Karla García Naranjo,
expone el Banco que se tomó la declaración no a título personal sino como representante legal
de GPG, tal y como consta en el dicha declaración jurada, siendo que en esa condición pierde
relevancia la edad que ostentaba el firmante para el año 1995, lo cual efectivamente no tiene
44
relevancia de frente al elemento acreditado, así las cosas queda acreditado nuevamente el
cumplimiento de la hoy adjudicataria en este punto. El consorcio adjudicatario señala que la
apelante se excede al interpretar el cartel e incorporar una condición que nunca se solicitó. Que
el cartel no pide expresamente que la experiencia del Jefe de Cobro o Gerente del Proyecto, y
del Supervisor, debe haberse cumplido en la empresa o empresas licitantes. Tampoco que los
profesiones estén en "planilla" de la ofertante. Señala que es factible, y es una práctica
empresarial cotidiana, preparar una propuesta considerando incorporar al equipo de trabajo, en
caso de ganar el concurso, a los mejores profesionales. Añade que anexaron a la plica, cartas
de compromiso, por medio de "Declaración Jurada", suscritas por los profesionales Lic. Ronald
González Calderón, y la Licda. Karla García Naranjo, donde declaran bajo la gravedad del
juramento que se comprometen a incorporarse a la planilla de Corporation Global Professional
Group S.A. (GPG), a los puestos de Jefe de Cobro y Supervisora de Cobro, respectivamente,
en caso de que se adjudique. Que el Banco Popular en ningún momento solicitó que la
declaración jurada que debe aportar el representante legal de la empresa licitante sobre la
experiencia de los profesionales propuestos para los puestos de Jefe de Cobro y Supervisor de
Cobro, se debe realizar única y exclusivamente si ambos trabajan con ellos al ofertar. Que el
Banco deja abierta la posibilidad de que ambos puestos sean cubiertos por personal que haya
trabajado en labores de cobro administrativo o judicial para Instituciones Financieras o
empresas de tarjetas de crédito, ya sea como empleado directo o bien a través de una empresa
Outsourcing y en todo caso también podría darse cumplir la experiencia con una combinación
de ambas. Por ello, considera que esa apertura del cartel, el criterio del apelante sobre que la
declaración jurada requerida en el punto 2.4.2.2 del cartel, opera únicamente cuando el
personal haya realizado las labores que sustentan la experiencia solicitada por el Banco
Popular estando en planilla de la empresa oferente, es una interpretación absolutamente
antojadiza y absurda. En cuanto a los resultados de una gestión que realizaron directamente en
la Proveeduría del Banco Nacional, donde se brinda una respuesta muy somera de las labores
que efectivamente realizó el Bufete González & González, remite el consorcio a declaración
jurada brindada por el Lic. Ronald González, según anexo 4 de respuesta de audiencia inicial,
advirtiendo a su vez que aporta soporte documental que comprueba la experiencia que han
tenido en múltiples labores relacionadas con la gestión de cobro administrativo y judicial para
Instituciones Financieras, tanto de dicho Licenciado como de la Licda. Karla García Naranjo.
45
Concluye indicando que el punto 2.4.2.2 del cartel, debe versar en relación directa con el
objeto contractual, es decir, sobre la localización de deudores, y la recuperación total o parcial
de los montos adeudados, ya sea a través de la cancelación total del cliente o el
refinanciamiento y/o arreglo de pago. Criterio de la División: Como punto de partida de este
criterio, se transcribe los requisitos que pidió el cartel para el Jefe de Cobro judicial y el
Supervisor. Así el punto 2.4.2.2 del cartel dispuso: El Jefe de Cobro o Gerente del Proyecto y
el Supervisor deberán contar con experiencia mínima de 3 años en la ejecución de labores de
cobro administrativo o judicial para instituciones Financieras o empresas de Tarjetas de Crédito
como empleado directo o bien a través de una empresa de servicio outsourcing, de los cuales al
menos 1 de ellos en forma continua deberán corresponder a puestos de Gerente de Cobro, Jefe
de Cobro o Supervisor de Cobro, según corresponda. Para comprobar dicha información el
oferente deberá de aportar una declaración jurada emitida por su representante legal, en la cual
deberá indicar lo siguiente: Nombre de la empresa a la cual le brindó el servicio, Puesto
desempeñado, Período en el cual se desempeñó en el puesto Referencia en cada una de estas
empresas...”. (ver folios 214 vuelto y 215 del expediente administrativo). De lo anterior, no
puede extraer esta División que el Jefe de Cobro Judicial o Supervisor que propusiera un
oferente, tenían que formar parte de su planilla. Tampoco ello se puede desprender del punto
2.4.2.6. mismo pliego de condiciones ni bajo ninguna interpretación, por lo que afirmaciones que
así lo desprendan de parte de la recurrente no son compartidas por este órgano contralor.
Mucho menos se considera que la declaración jurada que debe rendir el oferente solo sea
viable rendirla si ese personal está en su planilla, esto se considera más bien una apreciación
propia de quien recurre, pero no de disposición cartelaria específica. Estas apreciaciones de
este órgano contralor aplican tanto para los alegatos hechos relacionados con el Lic. Ronald
González Calderón, como las imputaciones que en esa misma línea pretendan alcanzar a la
Licda. Karla García Naranjo. Ahora bien, entrando a analizar los requisitos del cartel para este
eventual personal, se observa que la oferta del consorcio adjudicatario, aporta la declaración
jurada que pide el pliego y en ella se indica, -respecto del Lic. Ronald González Calderón
persona ofrecida como Jefe de Cobro Judicial- lo siguiente: “...El suscrito, José David Zúñiga
Chinchilla, (...) En atención al punto 2.4.2.2 del cartel, Corporation Global Professional Group
S.A. DECLARA BAJO JURAMENTO (...) a nombre propio y en representación del Consorcio
RESUELVA-GPG, declara bajo fe de juramento que el personal propuesto para los puestos de
46
Jefe de Cobro y Supervisor cuentan con la experiencia mínima de 3 años en la ejecución de
labores de cobro administrativo y cobro judicial para el Banco Nacional de Costa Rica, de forma
indirecta por medio del Bufete González González, de acuerdo con el siguiente resumen:
PUESTO JEFE DE COBRO-Nombre de Funcionario Ronald González González,- Profesión
Abogado y Notario, -Carné Colegio de Abogado: No 7149- Empresa donde laboró Bufete
González González,-Servicio Realizado Cobro Judicial-Jefe de Unidad-Entidad atendida: Banco
Nacional de Costa Rica –Periodo Desempeñado 1995 a 2015-Persona de Referencia: Lic.
Francisco Martín Martínez Madrigal-Puesto Gerente Banco Nacional-correo electrónico:
[email protected]éfono: 8813-2391. -Puesto Supervisor: Nombre de Funcionario Karla
García Naranjo - Profesión Abogado y Notario, -Carné Colegio de Abogado: No 20209-
Empresa donde laboró Bufete González González,-Servicio Realizado Cobro Judicial-
Supervisora de la Unidad-Entidad atendida: Banco Nacional de Costa Rica –Periodo
Desempeñado 2013 a 2015-Persona de Referencia: Lic. Francisco Martín Martínez Madrigal-
Puesto Gerente Banco Nacional-correo electrónico: [email protected]éfono (...)”, (ver
hecho probado 8). En esta declaración se aprecia que contiene en tesis de principio, toda la
información que pidió el cartel, punto 2.4.2.2. Además, se observa que con la oferta el
consorcio adjudicado en sede administrativa aportó una carta-documento suscrita por el Señor
Francisco Martín Martínez Madrigal, en su condición de Gerente de Agencia Santa María de
Dota del Banco Nacional de Costa Rica que indica: “:..hago constar que el Licenciado González
Calderón prestó sus servicios como parte integrante del Bufete González y González, tanto en
la parte notarial como asesor externo y como notario externo, también lo hizo como abogado
asesor del cobro judicial, en la confección de las demandas, seguimiento de las mismas hasta
su fenecimiento de esta agencia, labor que por más de 15 quince años llevo a cabo, de manera
muy satisfactoria. (...) 01 de noviembre de 2016... cualquier referencia teléfono 88132391 correo
[email protected]...”., ver hecho probado 9. Si bien reconoce esta División que el medio
para acreditar la experiencia era por medio de una declaración jurada, brindada por el oferente
según punto 2.4.2.2. del cartel, no se puede pasar por alto que la empresa apelante ha hecho
una serie de cuestionamientos relacionados con la información brindada en aquella,
precisamente en cuanto al Bufete por medio del cual, se brindaron en tesis de principio los
servicios al Banco Nacional, conforme lo detallado en el resumen anterior. Se tiene entonces
ante este hecho que la declaración jurada refleja información muy similar a la dada en la carta-
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documento transcrita, pero la apelante entre otros alegatos, cuestiona que para poder
reconocerle experiencia a Ronald Eduardo González Calderón, se debe demostrar que él los
brindó directamente pero que en la declaración jurada rendida por el representante legal de
GPG, se advierte que la experiencia la habría adquirido "indirectamente", a través del Bufete
González González, y añade que eso sería posible si ese Bufete hubiese prestado los servicios
al Banco Nacional, y lo hubiera propuesto a él como el profesional responsable de esas tareas
de cobro (esto es, si efectivamente hubiera fungido como ese "Jefe de Unidad" a que se hace
mención en la misma declaración), y si el Bufete fue contratista del Banco. Si bien no comparte
esta División la posición de la recurrente de que la experiencia no podía ser presentada o
adquirida de manera indirecta, pues más bien del cartel este órgano contralor desprende es
posibilidad, al indicar el pliego“...experiencia mínima de 3 años en la ejecución de labores de
cobro administrativo o judicial para instituciones Financieras o empresas de Tarjetas de Crédito
como empleado directo o bien a través de una empresa de servicio outsourcing...”, (ver folio 214
vuelto y 215 del expediente administrativo), sí se debe tomar en cuenta que la recurrente aportó
con su apelación, documento en copia emitido en tesis de principio por el Banco Nacional de
Costa Rica, que podría contrariar o no sustentar la declaración jurada emitida por el consorcio, y
por qué no, la misma carta emitida por el Señor Francisco Martín Martínez Madrigal -Gerente
Agencia Santa María de Dota de ese Banco. La documentación del Banco Nacional de Costa
Rica (nota en formato físico y no digital, suscrita en principio por Alejandra Trejos Céspedes
Supervisora Operativa de la Proveeduría General, Dirección General de Infraestructura y
Compras del Banco), indica y referimos en lo conducente, que el BUFETE GONZALEZ Y
GONZALEZ, no se encuentra registrado en el sistema de la Proveeduría del Banco Nacional de
Costa Rica (ver folio 147 frente del expediente de recurso de apelación). Además indica la nota
que en cuanto a la carta extendida por el Gerente de la Sucursal de la Agencia Santa María de
Dota “...no podemos avalar la misma por cuando no tenemos conocimiento, por ello la
Proveedora General del Banco Nacional la licenciada Lorena Herradora Chacón es la
autorizada para brindar certificaciones de servicios a nuestros proveedores...”, (ver folio 147
frente del expediente de recurso de apelación). Transcrito lo anterior, si bien la declaración
jurada afirma que la experiencia de Ronald González Calderón, se obtuvo en ese Bufete (ver
hecho probado 8) y que era por medio de declaración jurada del oferente que le bastaba al
licitante según cartel se le acreditase la experiencia, ello no se puede quedar ahí cuando la
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recurrente cuestiona la información y presenta dudas razonables sobre la certeza de la
información brindada. En este caso, el Banco Nacional de Costa Rica, según documento
aportado por la apelante expone que ese Bufete no se encuentra registrado en la Proveeduría
del Banco tal y como se expuso. Además, si bien entiende esta División era deber del apelante
gestionar lo pertinente con la Licenciada Lorena Herradora para que se avalara o no la carta del
Gerente de cita, (lo cual no demuestra haber hecho), lo cierto del caso, es que en los
argumentos de la recurrente, se presenta una duda razonable respecto de si efectivamente un
Bufete con ese nombre ha brindado servicios al Banco Nacional, lo cual tampoco parece haber
sido verificado por el Banco licitante. Tampoco se puede verificar que el mismo sea una
sociedad de hecho tal y como lo indica el Licenciado González Calderón en sede contralora,
aportando declaración jurada en la que reconoce que ese bufete funciona bajo esa condición al
indicar que: “...el Bufete González es una sociedad de hecho (...) y prestó los servicios al Banco
Nacional de Costa Rica durante más de 25 años iniciando en el año 1986 (...) atendía las
siguientes agencias (...) Agencia San Juan Sur, Agencia de Frailes, Agencia de Santa María de
Dota y la Sucursal de San Marcos de Tarrazú, y por más de 20 años lo hizo como único asesor
tanto en notariado como en cobro judicial (...)”, (ver folios 280 y 281 del expediente de recurso
de apelación). En consecuencia, si bien se puede tener por acreditado que la declaración jurada
y la carta de cita le atribuyen a dicho licenciado más de 3 años de experiencia en labores de
cobro judicial, no se ha acreditado con contundencia ante esta División que efectivamente el
Bufete haya prestado servicios para el Banco Nacional, mucho menos que el mismo se trate de
una sociedad de hecho, tal y como la declara el Abogado, y por ende que González Calderón
efectivamente por esa sociedad de hecho y como integrante de la misma, haya obtenido la
experiencia que se alega tener, por los servicios prestados ante ese Agencia del Banco
Nacional, pues si bien su misma declaración jurada alega tener experiencia en otras Agencias
(ver folios 280 y 281 expediente de recurso de apelación), de ninguna otra agencia hay carta-
documento que se refiera a ello. Entonces, ante la duda razonable expuesta se declara
parcialmente con lugar el recurso en este extremo, lo que permite que ante la anulación del
acto de adjudicación que se dictará en la parte dispositiva de la presente resolución, bien puede
el Banco licitante, verificar por los medios que considere pertinente si el Bufete de cita, prestó
servicios en dicha Agencia, si se trata de una sociedad de hecho o de derecho, y por ende si el
Licenciado González Calderón tiene a través de los servicios prestados en esa agencia en
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particular, experiencia de más de tres años en la ejecución de labores de cobro administrativo o
judicial para instituciones Financieras o empresas de Tarjetas de Crédito como empleado
directo o bien a través de una empresa de servicio outsourcing, de los cuales al menos 1 de
ellos en forma continua deberán corresponder a puestos de Gerente de Cobro, Jefe de Cobro o
Supervisor de Cobro, según corresponda, y ante esa entidad financiera, por servicios prestados
en su condición personal o por medio de terceros o outsourcing por permitirlo de esa forma el
mismo cartel punto 2.4.2.2, tarea en la cual se puede obtener cierta información a través de la
intervención de la Licenciada Lorena Herradora Proveedora del Banco Nacional, o del mismo
Señor Francisco Martín Martínez Madrigal, quien suscribió la carta-documento de experiencia
en su condición de Gerente Agencia Santa María de Dota, y brindó correo electrónico y medio
telefónico para poder ser contactado para referencias, los que coinciden con la declaración
jurada del consorcio. (ver hechos probados 8 y 9), así como documentos de folios 283 al 296
expediente de recurso de apelación, procediendo luego de la tarea determinar y motivar el
cumplimiento o no de los requisitos pedidos en cartel conforme en derecho corresponda lo
pertinente en cuanto a la oferta del consorcio adjudicado y del procedimiento de licitación en sí.
Por otra parte, y en cuanto a la Supervisora ofrecida por el consorcio, Licda. Karla García
Naranjo, resulta de total aplicación para su caso, las dudas relacionadas al hecho de si
efectivamente se puede acreditar que la experiencia que se le pretende acreditar, se obtuvo por
labores prestadas de manera indirecta al Banco Nacional de Costa Rica por medio del Bufete
González González, esto por cuanto como se expuso, no se ha acreditado de manera
fehaciente que dicho Bufete (haya realmente brindado servicios ante dicho Banco, ni se ha
verificado que se trata efectivamente de una sociedad de hecho que prestó servicios al Banco.
Se añade demás que la declaración jurada hecha por el consorcio para acreditar la experiencia
de la Licda. García Naranjo (ver hecho probado 9), indica que ella laboró en el Bufete González
González, haciendo servicios de Cobro Judicial-Supervisora de la Unidad y la entidad atendida
fue el Banco Nacional de Costa Rica en el periodo desempeñado 2013 a 2015 (ver hecho
probado 8), no obstante para dicha licenciada no se aportó en oferta por ejemplo, carta-
documento emitida por el Gerente de Agencia Santa María de Dota que permitiese a esta
División corroborar el periodo declarado, lo que resulta ser un tema relevante por cuanto dicha
Licenciada en su currículo vitae no refiere siquiera haber laborado en un Bufete de ese nombre
según se detalla en el hecho probado 10, aunado a que sí se declara por el consorcio que las
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labores las desempeñó en el periodo 2013-2015 (ver hecho probado 8), pero aquel lo que
presentó fue copia certificada de un contrato de servicios suscrito entre los socios fundadores
del Bufete González y González y la Licenciada García Naranjo, suscrito en fecha de noviembre
de 2012 (ver folios 318 al 320 del expediente de recurso de apelación), sin demostrar que el
mismo estuviere vigente y con ello poder comprobar a su vez que comprende los periodos
2013-2015 que enuncia la declaración, ni mucho menos se acredita que al momento de
presentarlo ante ese órgano contralor seguía vigente, presunción que bajo ningún escenario
debe hacer esta División. Además de lo expuesto, es menester acotar en cuanto a la
información que aporta el consorcio en respuesta de audiencia inicial para comprobar la
experiencia de la Licda. Karla Naranjo, (ver folios 298 al 316 del expediente de recurso de
apelación), que muchos de los folios ni siquiera mencionan a dicha profesional (ver ente otros
los folios 298,305,307,309 a 311, y en los que la mencionan, reflejan actuaciones solo en el año
2015 (ver folios 299, 300, 303, 304, 313), pero no reflejan actuaciones ejecutadas en un periodo
que abarque tres años, y se trata, de actos muy similares a los detallados para Jesús Osvaldo
Rojas Oconor, de actuaciones de notificación, y aún y cuando el Banco las avala al indicar “...
En torno a este punto es importante indicar que tomando en consideración los folios indicados
en la presente audiencia, así como lo solicitado en la literalidad del cartel, en relación al punto
dos, se consideró que los documentos contenidos en la oferta acreditaban que la licenciada
García Naranjo cumplió con los requisitos de experiencia establecidos en el cartel en relación a
la ejecución de labores de cobro administrativo o judicial para instituciones Financieras, en este
caso se consideró que la experiencia se adquirió a través de una empresa de servicio
outsourcing sea el bufete Gonzalez Gonzalez, en el cual la licenciada ejerció de forma continua
el puesto de Supervisor de Cobro...”, (ver folio 489 vuelto y 490 del expediente de recurso de
apelación), no acreditan tres años de experiencia en servicios prestados por medio del Bufete
de cita para el Banco Nacional que fue lo declarado, precisiones que hacemos sin que
signifique que esta Contraloría General está afirmando que las acciones efectuadas por García
Naranjo, que refieren más que todo a notificaciones, equivalgan a la experiencia que pide el
cartel para el puesto de Supervisor, lo cual precisamente deberá verificar esa Administración.
En consecuencia, si bien se emitió una declaración jurada que acredita que dicha Licenciada
tiene tres años de experiencia en labores de cobro judicial, ante la duda razonable en cuanto a
si dicha Licenciada obtuvo esa experiencia ante la entidad financiera llamada Banco Nacional
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de Costa Rica en la sucursal dicha y si fue obtenida por medio de servicios dados a ese Banco
a través del Bufete González y González, tal y como lo dice la declaración jurada (ver hecho
probado 8), (sea ese Bufete sociedad de hecho o de derecho, lo que no se ha acreditado aún),
se declara parcialmente con lugar el recurso, lo que permite que ante la anulación del acto de
adjudicación que se dictará en la parte dispositiva de esta resolución, bien puede el Banco
licitante, verificar por los medios que considere pertinente si dicha Licenciada tiene experiencia
en más de tres años en la ejecución de labores de cobro administrativo o judicial para
instituciones Financieras o empresas de Tarjetas de Crédito como empleado directo o bien a
través de una empresa de servicio outsourcing, de los cuales al menos 1 de ellos en forma
continua deberán corresponder a puestos de Gerente de Cobro, Jefe de Cobro o Supervisor de
Cobro, según corresponda, y ante esa entidad financiera, por servicios prestados en su
condición personal o por medio de terceros o outsourcing por permitirlo de esa forma el mismo
cartel punto 2.4.2.2. Pudiendo además acreditar que las labores se dieron en el periodo 2013-
2015 como lo dice la declaración, debiendo acreditarlo con el razonamiento debido. Asimismo,
puede acreditar si las actuaciones hechas por La Licda. Karla García Naranjo detalladas en
folios 298 al 316 del expediente de recurso de apelación, se encausan en los presupuestos de
experiencia del punto 2.4.2.2. del cartel, pero tomando en cuenta si demuestran tres años de
labores en la forma pedida en el cartel, procediendo luego de la tarea a determinar lo que en
derecho corresponda, respecto de la oferta del consorcio y del procedimiento mismo de
contratación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la
Constitución Política, 84, 85, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 190, y 191
de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar, el recurso de apelación
interpuesto por GESTIONADORA INTERNACIONAL SERVICREDITO S.A. en contra del acto
de adjudicación dictado en la Licitación Pública No. 2016LN-000022-DCADM promovida por
el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de Servicios de
Gestión de Cobro de Cuentas Declaradas por el Banco como operaciones Castigadas y/o
Estimadas al 100%, recaído en favor del Consorcio Resuelva-GPG (modalidad entrega según
demanda). Por las razones indicadas en la presente resolución, se anula el acto de
adjudicación dictado. 2) Realice el Banco las verificaciones respectivas a efectos de
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determinar lo que en derecho corresponda respecto de las ofertas de la apelante y el consorcio
adjudicado. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da
por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE---------------------------------------------------------------
Allan Ugalde Rojas Gerente de División
Marlene Chinchilla Carmiol Edgar Herrera Loaiza Gerente Asociada Gerente Asociado Estudio y Redacción: Kathia Volio Cordero KVC/apus NN: 07439 (DCA-1371-2017) NI: 7319,7588, 9364,9473,10256,10465,11903,12743,12770,13109,13146,13466,1407414820,14869,14888 15609 G:2017001449-1 y 2