situacion de los derechos humanos en venezuela provea 2011-2012

Publicación anual del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)Edición y Distribución: ProveaDepósito legal: PP198904CS38ISSN: 0798-2879RIF: J-00309122-7Caracas, 18 de Abril de 2013.

Ilustración de portada y contraportada: Jesús Cossio

Fotografías internas:Derechos Económicos, Sociales y CulturalesDerecho a un Ambiente Sano: PROVEA; Derecho a la Alimentación: Mercal; Derecho a la Educación: Agencia Venezolana de Noticias (AVN); Derechos Labo-rales: PROVEA; Derecho de los Pueblos Indígenas: Francisco Elías Prada; Derecho a la Salud: AVN ; Derecho a la Seguridad Social: AVN; Derecho a la Tierra: Rainforest Radio; Derecho a la Vivienda: AVN.Derechos Civiles y PolíticosDerecho al Asilo y Refugio: Servicio Jesuita a Refugiados (SJR); Derecho a la Integridad Personal: PROVEA; Derecho a la Justicia: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ; Derecho a la Libertad de Expresión: Lapatilla.com ;Derecho a la Libertad Personal: AVN; Derecho a la Manifestación: PROVEA ; Derecho a la Participa-ción: Lapatilla.com ; Derecho de las Personas Privadas de Libertad: Tal Cual; Derecho a la Seguridad Ciudadana: AVN; Derecho a la Vida: Diario El Venezolano; Gestiones ante Organismos Internacionales: Organización de Estados Americanos (OEA); Organismos Nacionales de DDHH: Provea.

Diagramación y montaje: Uraima Guerra y Sergio González.Digitalización: Sergio González.Impresión: Ediciones Dulia.

Equipo de InvestigaciónBalance: Pilar Desirée González y Rafael Uzcátegui.Contexto: Marino Alvarado y Rafael Uzcátegui.Encarte Especial: Raúl Cubas y Rosario Quiroga.Derechos Económicos, Sociales y CulturalesDerecho a un Ambiente Sano: Jorge Padrón, geógrafo y Coordinador General de la Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai.Derecho a la Educación: María Isabel Bertone, educadora.Derechos Laborales: Marino Alvarado, abogado y Oscar Murillo, comunicador social.Derecho de los Pueblos Indígenas: Minerva Vitti, periodista y activista en Derechos Humanos.Derecho a la Salud: Joli D´Elia , sociológo, especialista en derecho a la salud, y Elianne Benavides, sociólogo.Derecho a la Seguridad Social: María de la Esperanza Hermida, historiadora y activista en derechos humanos.Derecho a la Tierra: Raúl Cubas, activista en Derechos Humanos.Derecho a la Vivienda: Rafael Uzcátegui, sociólogo y comunicador alternartivo.Derechos Civiles y PolíticosDerecho al Asilo y Refugio: Ma. Valentina Pacheco, periodista y defensora de derechos humanos.Derecho a la Integridad Personal: África Matute, abogada.Derecho a la Justicia: Yael Bello, abogada.Derecho a la Libertad de Expresión: Andrés Cañizalez, investigador.Derecho a la Libertad Personal: Rubén Romero, abogado.Derecho a la Manifestación: Marco Antonio Ponce, Coordinador General del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y profesor de la UCV.Derecho a la Participación: Lexys Rendón, activista y comunicadora alternativa.Derecho de las Personas Privadas de Libertad: Neelie Pérez, criminóloga e Investigadora del Instituto de Ciencias Penales UCV.Derecho a la Seguridad Ciudadana: Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) y Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).Derecho a la Vida: Josbelk González, socióloga.Gestiones ante Organismos Internacionales: María Daniela Rivero, abogada.Organismos Nacionales de DDHH: Mariengracia Chirinos, periodista.

Asistentes de Investigación: Pilar Desirée González, Paola Salcedo, Raxzenit Hurtado y Génesis Sánchez.Equipo corrector: Marino Alvarado, Rafael Uzcátegui, Raúl Cubas, Clara Linares, María de la Esperanza Hermida, Paola Salcedo, Pilar Desirée González e Inti Rodríguez.

Provea agradece a todas las personas, organizaciones e instituciones que hicieron aportes a las investigaciones.

PatrociniosFundación Open Society InstituteUnión EuropeaKatholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V./Misereor

Tienda Honda a Puente Trinidad, Bulevar Panteón, Parroquia Altagracia, Edif. Centro Plaza Las Mercedes, P.B. Local 6, Caracas, VenezuelaApartado Postal 5156, Carmelitas 1010-ATeléfonos: (58) 212-860.66.69 / 862.53.33 / 862.10.11Sitio web: http://www.derechos.org.veTwitter:@_proveaE-mail: investigació[email protected]

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos

A Sabino Romero: Cacique Yukpa

asesinado el 03.03.13 quien defendió con entereza

y dignidad los derechos de los pueblos indígenas,

particularmente el derecho a una adecuada

demarcación de tierras y contra la explotación minera

destructora del hábitat y la naturaleza.

Al padre Acacio Belandria:

quien falleció el 09.12.12 consagrado a defender

los derechos de los más humildes, sobreponiéndose

a las amenazas constantes de funcionarios del Estado

e irregulares en la frontera colombo-venezolana.

ÍndicePrólogo ....................................................................................................................... 7I. Contexto y balance ......................................................................................................13Contexto ....................................................................................................................15Balance de la situación de derechos humanos ............................................................27II. Situación de los derechos humanos ..............................................................................47Derechos Económicos, Sociales y CulturalesDerecho a la alimentación .........................................................................................49Derecho a un ambiente sano .....................................................................................67Derechos a la educación ............................................................................................93Derechos laborales ..................................................................................................125Derechos de los pueblos indígenas ...........................................................................147Derecho a la salud ...................................................................................................169Derecho a la seguridad social...................................................................................205Derecho a la tierra ...................................................................................................221Derecho a la vivienda...............................................................................................241Informe Especial15 años sobre DDHH: “Inclusión en lo social, exclusión en lo político” ....................... i-ciDerechos Civiles y PolíticosDerecho al asilo y refugio .........................................................................................269Derecho a la integridad personal .............................................................................283Derecho a la justicia .................................................................................................297Derecho a la libertad de expresión e información .....................................................315Derecho a la libertad personal .................................................................................331Derecho a la manifestación pacífica .........................................................................345Derecho a la participación ........................................................................................357Derechos de las personas privadas de libertad ..........................................................375Derecho a la seguridad ciudadana ...........................................................................397Derecho a la vida .....................................................................................................417III. Respuestas organizativas .........................................................................................435Organizaciones nacionales de derechos humanos ....................................................437Gestiones ante organismos internacionales ..............................................................451IV. Propuestas y exigencias ...........................................................................................463V. Anexos ...................................................................................................................473

Prólogo

“¿Seguro que las leyes de los alijunas –los criollos– no son para fregar a los indígenas?”, preguntó muy sorprendido Ángel, un wayuu, habitante de Paraguaipoa, cuando hace ya más de un par de décadas asistía a un curso básico en derechos humanos en Maracaibo. Él no sabía que estos derechos son universales, para todos y todas. ¡Fue un descubrimiento! Los derechos humanos son universales y no son para “fregar” a nadie, aunque alguien deba responder por ellos. Ese descubrimiento de Ángel, expresado tan claramente, contribuyó a sembrar en nosotros un aprendizaje fundamental en aquella eta-pa de los Monitores Populares en Derechos Humanos: no se puede suponer que todo el mundo sabe que los derechos humanos son universales, que no admiten discriminación.

Lo anterior se dice fácil: “universales”. Esta característica es realmente una revelación para los más vulnerables, y es también una especie de “mandato” que debe guiar a los defensores de los derechos humanos porque, si son “uni-versales”, su disfrute y su defensa están por encima de los colores de piel –y de franela–, por encima de las historias –de las víctimas y de los defensores– e incluso, de los afectos y simpatías que podamos tener. Segunda lección básica: el trabajo en derechos humanos supone educación y acción de mano extendida en el cuerpo de un pulpo, para que sirva a todos y todas.

Dentro de esa universalidad de beneficiarios de los derechos humanos hay sectores de la población que merecen especial atención, pues han estado his-tóricamente excluidos: los más pobres, las mujeres, los niños y niñas, los indí-genas… y más recientemente, los desempleados, los privados de libertad, los enfermos de sida… pues la exclusión acumulada hace que esos sectores de la población no siempre expresen su sufrimiento ante la violación de un derecho, ya sea porque se han acostumbrado y ven “normal” que se viva sin ellos, o ya sea porque no resulta fácil hacerse visibles.

El trabajo por derechos humanos va a requerir entonces de datos “duros”, que indican tendencias, y de datos “blandos”, que se vuelven duros por los dramas que esconden. Las lupas son necesarias. Los niños y niñas en edad de educación inicial de Brisas del Orinoco, a orillas del río del mismo nombre en San Félix, no van a salir a protestar a la calle por la falta de cupos en su comu-nidad, tampoco van a ir a la CVG a exigir que den la autorización para ampliar

la actual escuela. Sus madres, a costa de su escaso tiempo, se mueven como un remolino para encontrar ese cupo. Hay leyes que los protegen, pero no hay po-líticas públicas eficaces que vuelvan esas leyes efectivas. La “lupa” tiene que ponerse a veces en casos concretos, “datos blandos”, porque para esas madres, las estadísticas nacionales –datos “duros”– dicen poco. Además, ciertamente, la cobertura escolar de esta etapa es francamente insuficiente. Añádase que la infancia dura poco. En breve al niño y a la niña se les pasa el tiempo y si no cubrieron el preescolar, entrarán a primer grado con desventajas que arrastra-rán probablemente toda su vida y tendrán menos herramientas para conocer y defender sus derechos.

Caso parecido, al otro lado de Ciudad Guayana, en la comunidad Core 8, la señora Ana y sus vecinas: decenas de adolescentes esperan por un cupo para entrar en un liceo prometido por la Gobernación del estado Bo-lívar desde septiembre de 2012; acabó el año y el local no lo terminan. Son datos blandos muy duros, más aun porque provienen de una región que posee oro, bauxita, mineral de hierro, varias centrales hidroeléctricas…. pero no hay recursos para preescolares y liceos. Estos datos recuerdan que por omisión también se peca.

La injusticia en derechos humanos no está “repartida” de manera equitativa, las cifras estadísticas hacen que parezca así, pero en la realidad no lo es. Para eso sirve mucho el trabajo pequeño, que recoge estos casos concretos.

Hay otros casos en los que, aunque hay conciencia del derecho, a las víc-timas no les resulta fácil expresarlo públicamente con la insistencia requerida. Hablamos del caso de los yekuanas, fieles guardianes de la cuenca del Alto Caura, una de las pocas cuencas vírgenes que quedaban en América Latina. Ellos no pueden bajar a Ciudad Bolívar o a Caracas con frecuencia para hacer llegar su grito de angustia por el mercurio que se incrementa en sus ríos, antes transparentes y ahora en camino de contaminarse a causa de la inescrupulosa explotación de oro, ante la mirada complaciente de las autoridades –no sé por qué se les dice “competentes” porque su incompetencia es evidente.

La defensa de los derechos humanos requiere, pues, de datos duros y de datos blandos. Las miradas ampliadas y desprejuiciadas, academia, universi-dades, investigadores, miradas desde “helicópteros”, deben acompañarse con las realizadas con las lupas: el caso concreto, con nombres e historias propias. A las ONG y a los comunicadores sociales les toca este trabajo: elaborar un “facebook” –“libro de rostros”– para visibilizar esa galería de víctimas detrás de las estadísticas, y también la galería de héroes que nunca estarán en el Pan-teón Nacional, como el cacique Sabino, del pueblo yukpa –hay que llorar tu muerte anticipada–, o el padre Acacio Belandria, verdadero ejemplo defensor

de los derechos de todos en las fronteras, muerto en un accidente de tránsito en diciembre de 2012; también de esos otros héroes y heroínas de trabajo calla-do, como las señoras Lisbeth, Elsy, Érika y Adela, peleando por los derechos de los niños de todos en esa comunidad que se refresca con las brisas del río Orinoco, y muchas otras más, porque está claro: ¡madre hay más de una! Per-sonas que han hecho de la defensa de los derechos humanos una actitud de vida.“Enredar” a todos estos actores y actrices es labor también de las ONG y de los medios de comunicación. Eso potencia el trabajo y la esperanza.

La meta última de todo este “facebook” de derechos humanos no es la confrontación, aunque la lucha, las denuncias, generen confrontaciones de in-tereses, después de todo a nadie le agrada que le recuerden sus obligaciones; pero el fin no es la confrontación sino el disfrute de los derechos necesarios para vivir con dignidad. Tampoco es la confrontación el objetivo de los infor-mes de PROVEA. Esos informes, especie de historia de la relación entre el Estado venezolano y los ciudadanos. Ya lo dijo Rubén González, sindicalista de Guayana, en el prólogo de la pasada edición: “Nuestra meta común es la de poder vivir en un país donde los derechos y oportunidades sean para todos y para todas”. ¡Claro, Rubén, esa es la meta! El informe pudiera servir también de guía al Estado para evitar que se reediten páginas con los mismos datos. También es una invitación a los ciudadanos a trabajar por sus derechos. Los datos, duros o blandos, no se publican para paralizar a la gente, ni siquiera para llorar; los datos –al igual que el llanto de las víctimas– sirven para ver mejor por dónde hay que caminar.

Hace años, buscando un respaldo del Evangelio para la educación de la ciudadanía, me acordé de ésta: “Levántate, toma tu camilla, anda” (Mt, 9,5). No pretende este prólogo ser una hojita parroquial, pero las palabras de Jesús me siguen inspirando: hay que tomar la camilla del “no es mi problema”, o la camilla de “no hay nada qué hacer”, la camilla de la desesperanza. Y hay que ponerse a andar, junto a muchos, para que los derechos humanos sean de todos y todas.

Termino estas líneas ayudada de Benjamín González Buelta, sacerdote je-suita con muchos años viviendo en islas del Caribe, no pasando vacaciones sino trabajando en medio de comunidades populares, acompañando sus luchas y agrandando su “facebook”. Su oración o poema “Todos” invita a mirar más allá de nuestro círculo acostumbrado. La polarización política, las nuevas ex-clusiones de nuestro país, son contrarias a las luchas por los derechos de todos y todas. Quiero, pues, volver a los primeros párrafos: la no discriminación urgente para diluir la polarización existente, para propiciar el acercamiento en favor de la convivencia fraterna.

Hay otras poblaciones que simplemente requieren ayuda para hacer vi-sibles sus derechos porque están lejos de las tecnologías y concentraciones ciudadanas. Los yekuanas, pueblo indígena del Alto Caura, cuenca que era virgen y que ahora está amenazada por los buscadores de oro y otras riquezas, ya denuncian que hay mercurio en el agua de sus antes transparente ríos; no pueden bajar a cada rato de sus comunidades para expresar su rabia y dolor ante su territorio, antes libre de contaminación, que se les está yendo. De ahí la necesidad de las “lupas”, de los altavoces, de las organizaciones de mano extendida que convierten en suyas las causas, inicialmente de otros, pero que tendrían que ser causas de muchos también.

La “apropiación” del conocimiento sobre derechos humanos, sobre los ca-minos para defenderlos, sobre su utilidad para toda la sociedad –si cabe esa palabra–, es algo por lo que PROVEA ha luchado desde que nació, puesto que “sin víctima” no hay caso.

El que todos y todas, sin discriminación, podamos disfrutar de los dere-chos humanos es un sueño. Sabemos que hoy no es así, pero habrá que tra-bajar para que pueda ser, como dice una vieja canción. Sería algo bueno para todos, no como se interpreta a veces, que se lucha por los derechos humanos para pelear, para vengarse. No es la venganza la que alimenta a un defensor, es la justicia; ni siquiera es la legalidad, puesto que hay leyes injustas. En El Salvador, antes de la guerra civil, monseñor Arnulfo Romero mencionaba que había una ley que exigía a los campesinos como requisito para organizar-se que supieran leer y escribir; eso en un país con alto grado de analfabetismo era legal, pero era injusto.

TodosSomos una mirada/que se encuentra a sí misma/en otros ojos,Manos en el aire/que se afirman y descansan/en otras manos.

El amor y el juego/el adorno y las palabras/no son el fruto/de seres solitarios.¡“Tú” y “yo” en la distancia justa/que nos distingue/y nos une originales!

Nos acostumbramos/al rostro y a la ausencia/a los ademanes y los pasos/de un pequeño grupo,Entrelazamos los brazos/en un círculo seguro/

Creamos un “dentro” cálido/y un fuera al descampado/y nos atrevemos a decir/“nosotros”.El “nosotros” de la misma gente/del mismo credo/del mismo vino/de los mismos cantos/

Nos encierra sutil/en su cáscara estéril.¡Ese “nosotros” tiene que abrirse a lo innombrable!

El aroma de los cedros/la línea del horizonte/La claridad del mediodía/y el soñar humano/

No vuelven su rostro/ni revelan todo su secreto/cuando alguien les llama:“mío”, “tuyo”, “nuestro”.¡Su nombre es: “todos”! *

*Benjamín González Buelta (2009). Tiempo de crear, polaridades evangélicas, Sal Terrae, pág. 145

Si lo anterior es verdad, un informe de derechos humanos no busca como fin la confrontación con el Estado –último responsable de los derechos huma-nos puesto que es administrador de la justicia y de los recursos de todos–, sino que es una especie de historia de las relaciones entre un Estado determinado y los ciudadanos. Trabajar por los derechos humanos –que son de todos y para todos– dignifica, incluso si se pierden casos.

Luisa Pernalete Educadora y Activista en Derechos Humanos

Ciudad Guayana, marzo 2012

Contexto

13enero - diciembre 2012

IContexto yBalance de situación

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Derechos a una vivienda adecuada

PROVEA Informe Anual

Contexto


Contexto

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Contexto


La situación de los derechos humanos du-rante 2012 registrada en el presente Infor-me tuvo como escenario al menos cinco

situaciones que acapararon el protagonismo en la opinión pública y tuvieron diferentes ni-veles de impacto en la satisfacción de los de-rechos humanos. La primera fue la realización de elecciones nacionales y regionales, el 7 de octubre y el 16 de diciembre respectivamen-te. La segunda fue la evolución del estado de salud del presidente Hugo Chávez y las res-puestas institucionales. La tercera, el reimpul-so de la lucha contra la pobreza; yseguida por la denuncia por parte del Estado de la Con-vención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Finalmente, la profundización de la economía extractiva en el país generó resisten-cias en las comunidades indígenas, que fueron protagonistas de varias importantes acciones de exigibilidad de derechos en el período.

Elecciones nacionales y regionalesLa dinámica sociopolítica venezolana du-

rante 2012 estuvo supeditada a la realización de las elecciones nacionales previstas para el 07.10.12. Desde muy temprano, un año an-tes del evento electoral, el presidente Chávez anunció la conformación de una alianza polí-tico partidista para promover su candidatura para la reelección en la primera magistratura, iniciando con ello su campaña electoral. Por su parte, las fuerzas partidistas opositoras rea-lizaron elecciones primarias para la selección de sus candidaturas nacionales y regionales el 12.02.12, contando con una participación de 3.040.449 personas, 17% del padrón electoral.

A pesar del irregular inicio de la campaña electoral meses antes de lo estipulado por el

Consejo Nacional Electoral (CNE), el 30.06.12, el entusiasmo de los diferentes actores políti-cos profundizó la tendencia diagnosticada por PROVEA acerca del respaldo a la vía democrá-tica de la participación en elecciones para re-solver antagonismos de manera pacífica e insti-tucional, dejando definitivamente en el pasado la estrategia insurreccional y golpista que fue avalada por un sector de los grupos políticos opositores entre 2002 y 2004. Este respaldo al sistema electoral se extendió al propio árbitro, el CNE. Como lo expresó el Centro Carter en su informe sobre los comicios, “la confianza de los ciudadanos se vio fortalecida debido a los repetidos llamados a la ciudadanía a concu-rrir a las urnas por parte de ambos candidatos, así como por la amplia participación de repre-sentantes de los partidos políticos, tanto en los preparativos previos a las elecciones como en las auditorías del sistema automatizado de vo-tación programadas por el CNE”1.

Pese a que –como lo sostiene la historia-dora Margarita López Maya– se cumplió con el derecho a la pulcritud y transparencia en los resultados, y en general con el secreto del voto y la voluntad de los electores, el CNE rei-tera la tendencia a la falta de independencia que caracteriza a la actual institucionalidad democrática del país. De los cinco rectores activos en 2012, cuatro, incluyendo su presi-denta, están vinculados, con distintos niveles de solidaridad, al gobierno de Chávez y uno a la oposición. Esta politización, en opinión del Centro Carter, ayuda a explicar el esca-so entusiasmo con el cual el CNE abordó las denuncias de ventajismo oficial, así como las inconsistencias en sus acciones para exigir el cumplimiento del reglamento electoral.

1. Centro Carter: Informe Final. Misión de Estudio del Centro Carter. Elecciones Presidenciales Venezuela, 7 de octubre de 2012.

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PROVEA denunció cómo, de manera abierta, diferentes ministerios e instituciones utilizaron recursos públicos para promover la reelección del presidente Chávez, y en menor medida la candidatura de Capriles. Varias de-nuncias realizadas por empleados públicos aseguraban que eran obligados a asistir a even-tos proselitistas. Además del empleo ilegal de recursos del Estado para actividades de cam-paña y movilización de votos, el ventajismo se expresó en el uso discrecional de los medios de comunicación estatales y del gasto público legal de una manera que puede interpretarse como parte de la campaña electoral. Sobre la cobertura realizada por los medios de comu-nicación, un estudio del Centro Carter reveló que si bien la difusión de los medios impresos era equilibrada, la proyección a través de los medios televisados públicos era negativa para Capriles en 78% y positiva para Chávez en 95%, proporciones que se repitieron en el sis-tema de radiodifusión pública2. Otro elemento tiene que ver con la figura del “presidente-candidato”3, lo cual le permitió al presidente Chávez desplegar una serie de iniciativas de gasto social que diferentes analistas vincula-ban con la promoción de la opción oficialista en el contexto electoral. Una de ellas fue la ejecución de la Gran Misión Vivienda Vene-zuela (GMVV), en donde no sólo el Presidente

encabezaba la entrega de casas a las familias beneficiadas, sino que fueron creados roles especiales para que sus candidatos regionales adjudicaran personalmente las viviendas en eventos de los cuales no era posible distinguir si eran actos oficiales o del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)4.

A pesar de que parte de la estrategia oficial fue la “repolarización” de la campaña electo-ral5, hubo evidencias de que la misma no al-canzó los niveles de 2002 y 2006. Con la ex-cepción de seis casos de hostigamiento contra el comando de campaña opositor, incluyendo uno en el que murieron dos simpatizantes6, du-rante el desarrollo de la campaña se registra-ron pocos hechos de violencia de la magnitud de campañas anteriores. El día de las eleccio-nes en general transcurrió de manera pacífica y con una participación superior a 80% del padrón electoral. Sin embargo, diferentes pro-fesionales de medios de comunicación, tanto públicos como privados, fueron agredidos cuando intentaban cubrir actos proselitistas, reiterando la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e infor-mación en el país.

El 16.12.12 se realizaron nuevos sufragios para elegir a 24 mandatarios regionales, donde la oposición perdió el control de importantes

2. Ídem. En medios televisados privados la cobertura positiva para Chávez fue de 48% y para Capriles de 59%. En radios privadas la cobertura positiva para Chávez fue de 48% y para Capriles de 47%.

3. Esta figura es legitimada en una decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia –ratificada por la Sala Constitucional–, en julio de 2006, cuando admitió que “los funcionarios que estén aspirando a la reelección no tendrán que cesar sus cargos, pero sí tendrían que hacerlo quienes aspiren a una posición pública distinta”.

4. Ejemplos de ello fue la designación de Francisco Arias Cárdenas, candidato a la Gobernación del Zulia, como Coordinador del Órgano Superior de Vivienda y Hábitat regional y de Luis Reyes Reyes como Pre-sidente de la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara).

5. La estrategia del PSUV, según instrucciones del presidente Chávez, eran las “3R”: reunificación, repoli-tización y repolarización [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve/article/instalados-comandos-de-campa%C3%B1-carabobo-en-las-22-parroquias-del-distrito-capital>

6. Noticias24 [en línea] <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/128635/mueren-dos-dirigentes-politicos-durante-una-caravana-en-barinas/>

Contexto


estados: Zulia, Carabobo, Táchira y Nueva Esparta, conquistando el movimiento boliva-riano 21 de las 24 gobernaciones. Estos resul-tados electorales locales son los mejores ob-tenidos por el movimiento bolivariano desde 1998, con lo que relegitimó su propuesta de construcción de un nuevo modelo de Estado diferente al establecido por la CRBV: el Es-tado Comunal. Sin embargo, el movimiento bolivariano posee problemas de convocatoria cuando éstas no son encabezadas por el propio Hugo Chávez. La reducción del voto oficialis-ta fue notoria comparada con la elección na-cional de octubre: 3.337.638 sufragios menos. Con respecto a los anteriores comicios regio-nales, realizados en 2008, la opción oficialista sacó 264.872 votos menos (siendo 576.885 los nuevos votantes incorporados al registro electoral). Esta situación por un lado puede generar dilemas políticos futuros para el boli-varianismo, pero por otro es una oportunidad democrática para la creación de un liderazgo nuevo dentro de la opción oficialista.

En resumen, si bien el ventajismo elec-toral violenta el derecho a la igualdad y a la participación ciudadana; la masiva afluencia electoral registrada en el año 2012 a su vez es una muestra de ejercicio del derecho a la participación, el cual fue garantizado por las autoridades.

La enfermedad del Presidente Chávez

En mayo de 2011 el presidente Chávez sus-pendió una gira por Brasil, Cuba y Ecuador aludiendo un “dolor en la rodilla”. Un mes después se anunció que debió ser operado de urgencia en La Habana a causa de un “absce-so pélvico”. A finales de mes el propio primer mandatario confirma los rumores que indi-caban que padecía cáncer, sin dar mayores

detalles sobre su dolencia. La envergadura de la enfermedad presidencial se mantuvo como un secreto de Estado. Además de la opacidad de la información, fue el propio Presidente el responsable de la banalización de su enfer-medad. En diversas ocasiones entre junio de 2011 y agosto de 2012 afirmó que había sanado del cáncer, y para demostrarlo realizó apariciones públicas donde ponía a prueba su capacidad de resistencia física. Diversas evidencias sugerían que Hugo Chávez atrave-saba la fase terminal de un cáncer invasivo, razón suficiente para retirarse de la esfera pública. El Presidente disminuyó al máximo sus apariciones públicas en la campaña elec-toral y no fue sino hasta el 8 de diciembre, una semana antes de las elecciones regiona-les, cuando anunció que debía enfrentar una nueva y delicada intervención quirúrgica, pidiendo que ante cualquier hecho sobreveni-do sus seguidores hicieran Presidente al hasta ese momento vicepresidente de la República, Nicolás Maduro. La decisión de tratar la mayor parte de la enfermedad presidencial fuera del país fue una señal de poca confianza en el sistema público nacional de salud que el presidente Chávez había administrado desde 1999. Por otro lado, con la motivación de padecer la enfermedad, el Ejecutivo Nacional no promovió una política pública para pacien-tes con cáncer.

Si bien la lógica política aconsejaba que el chavismo debía preparar las condiciones para un relevo ante la ausencia del líder, lo cier-to es que los mensajes institucionales fueron permanentemente contradictorios. El discurso oficial sugería que Hugo Chávez transitaba por una lenta recuperación de su operación y que una vez restablecida su salud volvería a Venezuela a ejercer labores de gobierno.

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Finalizado 2012 los voceros del Ejecutivo Nacional mantenían al país en una situación de incertidumbre sobre la posibilidad de que el presidente reelecto se pudiera juramen-tar, aspecto importante porque implicaría activar los mecanismos establecidos por la Constitución tanto para la falta temporal como absoluta.

La ausencia del presidente Chávez para su juramentación se produjo. La misma estaba pautada por mandato constitucional para el 10.01.13. Tal circunstancia generó una polé-mica a nivel político y social que fue zanjada por la Sala Constitucional del TSJ mediante sentencia de fecha 09.01.13, donde interpretó el artículo 231 de la Carta Magna. En la deci-sión se afirmó que “no debe considerarse que la ausencia del territorio de la República con-figure automáticamente una falta temporal (…) no es necesaria una nueva toma de po-sesión en relación al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo”, por lo que el Poder Ejecutivo “seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa”7. Asimismo se estipulaba que el Presidente podía jura-mentarse posteriormente ante el TSJ8. En un comunicado, el Foro por la Vida argumentó que dicha interpretación violaba el texto de la Carta Magna, contradiciendo sentencias de la propia Sala Constitucional y generando un precedente de inestabilidad institucional que

terminaba afectando diferentes dimensiones de la vida nacional. La coalición de organiza-ciones de DDHH indicó que el procedimien-to correcto era reconocer la falta temporal del presidente electo Hugo Chávez, designar al presidente de la Asamblea Nacional (AN) como Presidente encargado por un plazo de 90 días, prorrogables por 90 días más, luego de lo cual la AN debería decidir si había una falta absoluta9.

Hasta cuando esto se escribe se desconoce un reporte médico oficial que describa que tipo de enfermedad padeció el presidente Chávez y cuál fue su evolución que terminó con quitarle la vida. En diferentes momentos voceros del alto gobierno respondían ante las preguntas por el estado de salud del primer mandatario que sus detalles eran parte de su intimidad, un dé-bil argumento para justificar la opacidad de una información que debido a su trascendencia era de interés público. La ausencia de información pertinente y confiable sobre el estado de salud del presidente violentó el derecho a la infor-mación y, finalmente, la vigencia del estado de derecho. El manejo de la información, asimis-mo, era evidencia de un estilo de gobernar, a espaldas de casi la mitad del país, excluyente e insostenible en el tiempo. El gobierno que sal-ga electo en las elecciones nacionales del 14 de abril de 2013 tiene la oportunidad de abrir ca-nales de diálogo con todos los sectores del país, revirtiendo la tendencia estatal de exclusión por razones políticas.

7. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constitucional. Sentencia del 09.01.13 [en línea] <http://bit.ly/ZI4T2l> Consulta del 27.03.13.

8. En momentos en que el presente Informe estaba en su etapa final, el 05.03.13, falleció el Presidente de la República, Hugo Chávez. Asumió como Presidente encargado el Vicepresidente Nicolás Maduro Moros y se convocó a un proceso electoral para elegir al Presidente el 14.04.13.

9. Foro por la Vida [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2013/01/10/foro-por-la-vida-ante-los-hechos-asociados-a-la-juramentacion-del-presidente-para-el-nuevo-periodo-presidencial/>

Contexto


Un salto regresivo en la protección de los derechos

Coherente con su actitud de desconocer y rechazar el sistema internacional de protec-ción de los derechos humanos, el 10.09.12 el Gobierno venezolano denunció la Conven-ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH)10. Desde 2002, difundiendo incon-gruencias y mentiras, el presidente Chávez y otros altos funcionarios del Estado iniciaron una campaña de desprestigio contra la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)11. Hasta 2008 el Gobierno mantenía un nivel de respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); sin embargo, a raíz de la sentencia del tribunal internacional sobre el caso del despido de los exjueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administra-tivo mediante la cual ordenó reintegrarlos al Poder Judicial e indemnizarlos, empezó igual-mente a descalificarla12. Así, Comisión y Cor-te pasaron a ser parte de permanentes ataques apelando a grotescas manipulaciones de datos, sentencias y pronunciamientos públicos de los dos organismos.

Las organizaciones de derechos humanos agrupadas en la coalición Foro por la Vida, además de calificar de regresiva la decisión

del Gobierno respaldada por otros poderes del Estado13, consideraron que era una medi-da inconstitucional. En tal sentido presenta-ron ante el TSJ una acción de inconstitucio-nalidad. Las organizaciones argumentaron que “en virtud del principio de progresividad en materia de derechos humanos, un tratado sobre derechos humanos con jerarquía cons-titucional no podría denunciarse mediante la enmienda, la reforma o incluso una asamblea nacional constituyente, ya que significaría una regresión inaceptable de una protección más favorable. Por ello, una vez incorporado un tratado relativo a derechos humanos al bloque de la constitucionalidad, como es el caso de la CADH, el mismo sólo podrá ser denunciado –en los casos en que proceda conforme al de-recho internacional y al derecho constitucio-nal– siguiendo para ello los procedimientos de modificación o de creación de una nueva Constitución (…) el acto impugnado, consti-tuye una franca violación al artículo 31 cons-titucional, al disminuir y en su caso excluir ar-bitrariamente el derecho de todas las personas a solicitar y obtener ante la CIDH y en su caso ante la Corte IDH, la tutela internacional judi-cial efectiva ante la violación de los derechos reconocidos en la CADH”14.

10. Mediante nota oficial diplomática de fecha 06.09.12, identificada con el Nº 000125, emanada del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, suscrita por el canciller Nicolás Maduro Moros, por instrucción directa del Presidente Hugo Rafael Chávez. La decisión de denunciar la CADH fue anunciada por el Presidente en una alocución nacional en cadena de radio y televisión el 25.07.12.

11. El Gobierno reiteradamente ha difundido la versión de que la CIDH apoyó a quienes dieron el golpe de estado en 2002 y que no procesó medidas cautelares solicitadas a favor del presidente Chávez, denuncias falsas que contrarrestan documentos de la época.

12. A esa política de confrontar y descalificar a la Corte y la Comisión contribuyó la sentencia de fecha 18.12.08 de la Sala Constitucional del TSJ, mediante la cual declaró inejecutable la sentencia de la Corte IDH y ade-más exhortó al Ejecutivo Nacional a denunciar la CADH.

13. La decisión de denunciar la CADH fue apoyada por la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez; la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz; la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales; los demás integrantes de la Sala Constitucional y la Directiva de la AN.

14. Escrito presentado ante la Sala Constitucional del TSJ por organizaciones defensoras de derechos huma-nos e individualidades el 27.09.12.

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La denuncia de la CADH fue un acto arbitra-rio que al final afectará a los más pobres, siem-pre con menos posibilidades de obtener justicia. Es una medida antipopular, conservadora y que favorece las violaciones a los derechos humanos al debilitar los mecanismos de protección. Pero la conducta regresiva del Gobierno fue mucho más allá. Intensificó su ofensiva contra el sistema interamericano de protección buscando aliados en países como Ecuador y Bolivia15, con lo cual los efectos negativos contra los más pobres tras-cienden las fronteras. Esa ofensiva consistió en promover reformas con el propósito de debilitar el accionar de la CIDH principalmente en lo que tiene que ver con la capacidad para dictar medidas cautelares y disminuir su labor de protección, pero además buscando acabar con las dos instancias. Esa posición la expresó con toda nitidez Germán Saltrón, representante del Estado ante los organis-mos internacionales de protección. Refiriéndose al Sistema Interamericano de Derechos Humanos expresó: “Ha demostrado su falta de efectividad, su falta de transparencia y efectividad. Lo que te-nemos es que crear otros organismos de DDHH para garantizar en el hemisferio los derechos hu-manos pero sin EEUU y Canadá”16.

La actitud antisistema interamericano de protección la complementó el Gobierno con su negativa a cumplir con las sentencias de la Cor-te IDH en todos sus aspectos y con los acuerdos amistosos suscritos, salvo el caso Viasa17.

En ese contexto de intensificación de la ofensiva contra las instancias interamericanas se produce el 15.03.12 en Ginebra la última

sesión sobre el Examen Periódico Universal (EPU) relacionado con Venezuela. Ya en la etapa previa realizada el 07.10.11 el Gobier-no había aceptado 95 de las recomendacio-nes realizadas por los Estados, rechazado 38 y dejado en suspenso 16, sobre las cuales se pronunciaría en la sesión de marzo. En esa oportunidad negó la recomendación que rhi-ciera Brasil de trabajar un Plan Nacional de Derechos Humanos, e igualmente las referidas al cumplimiento de las decisiones de organis-mos internacionales de protección.

Como una manera de reivindicarse en ma-teria de derechos humanos, ante su actitud de denunciar la CADH, el gobierno de Venezue-la optó por postularse para ser integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-nes Unidas. Propósito que logró18. Queda por evaluar si mantendrá una actitud positiva para promover los derechos humanos en el mundo y garantizar mejoras efectivas en el país. Es una oportunidad que tiene, tanto de corregir desaciertos como de sumar aprendizajes que puedan ser adecuadamente aplicados en Vene-zuela para promover y proteger los derechos humanos. Por sus antecedentes no somos op-timistas, pero dejamos el beneficio de la duda y estaremos prestos a apoyar toda iniciativa positiva que se adelante.

Otro acontecimiento importante ocurrió para la vigencia de los derechos humanos. Venezuela ingresó como miembro pleno al Mercado Común del Sur (Mercosur). Se pro-dujo precisamente en un momento complejo

15. La Cancillería venezolana se convirtió en un bastión para la diplomacia antisistema interamericano suman-do gobiernos de distintas ideologías,pero principalmente a los países agrupados en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

16. TELESUR: Germán Saltrón: “CIDH está parcializada contra Gobierno de presidente Chávez” [en línea] <http://bit.ly/IIYUzC> Consulta del 19.03.13.

17. En el caso jubilados de Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima (VIASA) existe un acuerdo amistoso que se suscribió en 2005, que el gobierno ha venido cumpliendo de manera efectiva.

18. El 12.11.12 Venezuela resultó elegida con 154 votos para ser parte del Consejo para el período 2013-2016. Ese año que concluye su mandato, casualmente el país debe presentar su segundo Examen Periódico Universal.

Contexto


de descalificación por parte del Gobierno de los organismos internacionales de derechos humanos y de las organizaciones de la socie-dad civil. Pese a ello, por lo menos en público, los gobiernos de los Estados Parte se notaron complacientes. No hubo una posición crítica frente a la conducta del Gobierno venezo-lano de denunciar la CADH, que implicaba ponerse de espaldas a lo establecido en tér-minos normativos y compromisos políticos por el Bloque Regional. La propia CADH ha sido incorporada a la normativa del Bloque. Sin embargo, Mercosur tiene establecido un conjunto de instituciones que podrían actuar a futuro como contrapeso ante el Gobierno ve-nezolano. Ya que los contrapesos de los Pode-res Públicos Nacionales están cooptados y son absolutamente complacientes con el Ejecutivo Nacional, pudiese el bloque regional actuar como muro de contención ante tendencias antidemocráticas que comprometan la promo-ción y protección de los derechos humanos. El Estado venezolano está obligado a cumplir con el Protocolo de Ushuaia sobre compromi-sos democráticos19. Dicho Protocolo reafirma la importancia de las instituciones democráti-cas para el desarrollo y consolidación del pro-ceso del Mercosur. La vigencia de tales insti-tuciones es condición esencial para la vigencia de los derechos humanos. Igualmente tiene obligaciones frente al Protocolo de Asunción sobre Derechos Humanos. En él se reafirman las obligaciones asumidas por los Estados en las convenciones sobre derechos humanos y se reconoce el carácter universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos20.

Se avanzó de nuevo en la lucha contra la pobreza

Con satisfacción observamos los datos de 2012 en materia de pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde 2010 veníamos advirtiendo una desaceleración en los resultados de la lucha contra la pobreza. Datos exclusivamente oficiales e información de organismos internacionales así lo confirma-ban. Entre el segundo semestre de 2009 y el segundo semestre de 2011 la pobreza sólo bajó 0,2%, a pesar de los altos ingresos petroleros y el incremento del número de misiones. Peor aún, del segundo semestre de 2011 al primer semestre de 2012 la pobreza aumentó 0,7%. Sin embargo, la buena noticia fue que en un lapso de seis meses, del primero al segundo semestre de 2012, la pobreza bajó significati-vamente seis puntos porcentuales al pasar de 27,2% a 21,2%. Este salto se asemeja al logra-do en 2005, cuando en sólo un año bajó 9,1%. Muy probablemente el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela21, la Misión Saber y Trabajo22 y la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela23 hayan incidido en la baja signi-ficativa de la pobreza en 2012. Sin embargo, esa afirmación debe relativizarse cuando se analiza, por ejemplo, el comportamiento del empleo en ese mismo año.

Las cifras del INE indican que durante 2012 el desempleo bajó sólo 0,4%, al pasar de 7,8 en el segundo semestre de 2011 a 7,4 en el segundo semestre de 2012. De finales de 2011 al primer semestre de 2012 el desem-pleo creció, pero en el segundo semestre bajó.

19. Secretaría Mercosur. Protocolo de Ushuaia [en línea] <http://bit.ly/ii1oXv> Consulta del 22.02.13.20. Secretaría Mercosur. Protocolo de Asunción [en línea] <http://bit.ly/mDnB2z> Consulta del 22.02.13.21. Creada el 02.05.11.22. Creada mediante el Decreto Ley Nº 9.047, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15.06.12.23. Decreto Nº 8.694 del 08.12.11, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.819 del 13.12.11.

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Las expectativas creadas en cuanto a que con la GMVV y la Misión Saber y Trabajo bajaría sig-nificativamente el desempleo no se cumplieron ni siquiera en el propio sector de la construcción.

Es importante destacar que los resultados de la baja de la pobreza en Venezuela se corresponde con una tendencia positiva de reducción de la po-breza en América Latina, según la Comisión Eco-nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Informe Panorama Social de América latina 201224. La pobreza e indigencia en América Lati-na continuaron disminuyendo, con lo que las tasas actuales son las más bajas observadas en los tres últimos decenios. Si bien en el período más recien-te la pobreza no se redujo en todos los países de la región, en la mayoría retrocedió. El incremento de la renta entre los pobres se ha debido princi-palmente a un aumento de los ingresos laborales, en línea con lo que se había venido registrando en los últimos años. Siete países exhibieron caídas en sus tasas de pobreza: Paraguay (-5,2 puntos), Ecuador (-3,7 puntos), Perú (-3,5 puntos), Colom-bia (-3,1 puntos), Argentina (-2,9 puntos), Brasil (-2,0 puntos por año entre 2009 y 2011) y Uru-guay (-1,9 puntos). En estos países la indigencia también se redujo de manera apreciable.

En el Informe se indica que la pobreza en Venezuela creció: “A su vez, la República Boli-variana de Venezuela registró un leve incremento de sus tasas de pobreza e indigencia, de 1,7 y 1,0 puntos porcentuales, respectivamente”, datos que coinciden con las cifras del INE. Sin embargo, como ya dijimos, en el segundo semestre de 2012 se logró una baja significativa, lo cual probable-mente reflejará la Cepal en su Informe 2013.

El Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) indica que en el país continúan me-jorando otros índices sociales relacionados con la lucha contra la pobreza y por una vida digna, como el aumento de la esperanza de vida, que se ubica en 74,6 años, y el incremento de la ex-pectativa de años de escolaridad a 14,425.

Pero, como lo hemos afirmado en otras oportunidades, las mejoras sociales indiscu-tibles no pueden llevarnos a concluir que la población venezolana disfruta de adecuadas condiciones de vida. Junto a esos avances perviven situaciones que afectan de mane-ra negativa a los habitantes del país. Según información oficial de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Inte-rior y Justicia, en 2012 se produjeron 16.072 homicidios, lo cual significó un aumento de 14% sobre los ocurridos en 2011. Así la tasa delictiva nacional en 2012 fue de 54 homici-dios por cada 100 mil habitantes; sin embargo, tenemos zonas del país, como el estado Mi-randa, donde la tasa de homicidios se ubica en 84 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los niveles de violencia afectan directamente el disfrute de otros derechos, principalmente derechos sociales. Los espacios para la recrea-ción se van achicando por temor a ser víctima del delito. Educadores que abandonan escue-las en zonas populares por el deseo de preser-var su vida; transportes públicos que reducen sus horas de servicio en las zonas más pobres de las principales ciudades, sumando más in-convenientes a los pobres. Se sumó a ello una grave crisis en los servicios públicos de salud26 y en el servicio eléctrico.

Los avances son significativos. Los défi-cits también. El reto como país es seguir avan-zando. A esa progresividad apostamos.

24. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): Informe Panorama Social de América Latina 2012 [en línea] <http://bit.ly/Tsi6Yq> Consulta del 20.03.13.

25. Este índice, de acuerdo al informe, se mantiene estancado desde 2010.26. Ver en este Informe el capítulo Derecho a la salud.

Contexto


Se profundiza extractivismo como modelo desarrollista para el país

El Programa Patria (PP), iniciativa de go-bierno formulada por el presidente Chávez hasta 2019, ha propuesto continuar con la ten-dencia de profundización del extractivismo como modelo de desarrollo para el país. El PP indica que “nuestro ingreso nacional se sus-tenta en el desenvolvimiento de la actividad petrolera” (apartado 1.3), expresando en su objetivo nacional 3.1 la consolidación del país como “potencia energética mundial” y anun-ciando el aumento de la producción de crudo para 2019 de seis millones de barriles diarios (MMBD) (3.1.1.1) y de gas, para el mismo año, de 11.947 millones de pies cúbicos dia-rios (MMPCD) (3.1.1.2). Cabe destacar que la primera cifra se alcanzaría con una producción extensiva de la Faja Petrolífera del Orinoco, la cual debería aportar 4 MMBD (3.1.2.1) con la participación de las seis empresas mixtas presentes en la Faja. Las líneas maestras di-señadas por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) para la construcción de infraestruc-tura para la exportación energética regional al mercado mundial se encuentran presentes: un terminal de aguas profundas en el estado Sucre (3.1.2.7) y la expansión de la red de po-liductos (3.1.6.1) y gasoductos (3.1.6.3.), así como los diferentes “distritos motores de de-sarrollo” descritos (3.4.6).

El PP garantiza a futuro el mantenimiento de los convenios operativos con las empresas trasnacionales del ramo: profundizar las alian-zas políticas y económicas con aquellos países con posicionamiento geoestratégico favorable

(3.1.14.2). Además de gas e hidrocarburos también se expresa la voluntad de ampliar la

extracción de todo tipo de minerales (3.1.15), ubicando y certificando reservas minerales en sitios donde las comunidades indígenas habían expresado su rechazo a los proyectos, como Bolívar y la Sierra del Perijá (3.1.15.2. hasta 3.1.15.8). La extracción de carbón, coltán y otros minerales se hará con la participación de trasnacionales en las empresas mixtas, en las cuales el Estado poseerá 55% (3.1.15.9).

Este modelo contradice la voluntad am-bientalista y sustentable expresada en el PP, el cual sugiere que se debe “garantizar el uso y aprovechamiento racional, óptimo y soste-nible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza” (5.1) y “contener las causas y reparar los efectos del cambio climático” (5.4).

Las consecuencias de la voluntad política de promover grandes proyectos de minería, soslayando sus consecuencias sociales y am-bientales, originaron durante 2012 diferentes conflictos que tuvieron a las comunidades in-dígenas como principales protagonistas. En el estado Zulia familias yukpas se movilizaron, ocupando fincas ganaderas para presionar por celeridad en el proceso de demarcación y en-trega de territorios indígenas, mandato consti-tucional en deuda desde 1999. Las expectati-vas generadas sobre su derecho a la tierra y el estancamiento de las gestiones de la Comisión Nacional de Demarcación han creado condi-ciones para el aumento de la conflictividad y la violencia en la zona, que tuvo como resul-tado seis indígenas muertos durante el año. Al otro lado del país, en el sector Amanaimü del Alto Paragua, en el estado Bolívar, alrededor de 500 indígenas de 13 comunidades desarma-ron y detuvieron a 19 efectivos militares que ejercían de manera ilegal la minería y como

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represalia por los malos tratos del Ejército contra las comunidades originarias. Alexis Romero, cacique de la comunidad, fue dete-nido y acusado por la justicia militar de “ata-que al centinela” y “sustracción de armas de la Fuerza Armada”, y dejado en libertad tras ser indultado irregularmente por el Presiden-te de la República. Sin embargo, se mantiene contra él la medida de presentación periódi-ca en tribunales. El procesamiento en justicia militar viola el artículo 261 de la CRBV que expresamente establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Esta estrategia de criminali-zación de la protesta fue aplicada a otros cinco capitanes indígenas pemones y cinco dirigen-tes sindicales durante 2012.

Además de la paralización en la titulariza-ción de tierras indígenas y la negativa a res-petar el precepto constitucional que faculta a las comunidades originarias de legislar según sus propias tradiciones, un segundo proble-ma tiene que ver con la contaminación de los suelos, el agua y el aire a consecuencia de los procesos industriales extractivos. Un ejem-plo de esta situación es la comunidad Kariña de Tascabaña, en el estado Anzoátegui, cuya principal fuente de agua está contaminada por

emisiones de gas metano residuales de pozos petroleros. La comunidad resiste sorteando diferentes presiones pues, como PROVEA ha corroborado en visita a la comunidad, sus ha-bitantes tienen temor de que la denuncia de la contaminación genere represalias de PDVSA, quitando los beneficios que la estatal ha veni-do brindando al poblado.

Una tercera situación, no menos dramá-tica, es el impacto cultural y económico que supone la existencia de yacimientos cerca de las comunidades indígenas. Ante la erosión de los suelos, mermando la producción de los conucos, y la contaminación de las aguas, li-mitando la pesca, las minas aparecen como la única fuente estable de ingresos económicos que además permitirá el acceso simbólico a la civilización mediante el consumo.

La alta dependencia de una economía ren-tista petrolera atenta contra el desarrollo de una economía diversificada, ecológica y autosus-tentable, lo que continuará obstaculizando el disfrute cabal de otros derechos, como el de la alimentación. Cifras oficiales estimaron que du-rante 2011 hubo un aumento de 12% respecto a la cantidad de alimentos importados en 2010.

Derechos económicos, sociales y culturales

47enero-diciembre 2012

IISituaciónde losderechoshumanos

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Derecho a la alimentación





El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la pobla-ción; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumi-dor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la produc-ción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnoló-gica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.

Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

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El Estado venezolano continúa realizando esfuerzos para garantizar y proteger el de-recho a la alimentación. Las políticas pú-

blicas desarrolladas por el Estado y destinadas a la distribución y comercialización de alimen-tos a precios subsidiados de alcance masivo; la adopción de medidas destinadas a proteger los precios de los alimentos y garantizar su acce-sibilidad, y la puesta en marcha de un plan de producción agrícola que pretende –a mediano plazo– aumentar la producción nacional de alimentos, han alcanzado importantes y sig-nificativos avances en la realización del dere-cho, que presentan un balance positivo respec-to de la garantía del derecho a la alimentación, sin que desaparezcan los signos de alerta que hemos señalado en años anteriores.

Existe consenso entre los organismos in-ternacionales encargados de monitorear la lu-cha contra el hambre y el Gobierno nacional, en que Venezuela ha alcanzado la Meta del Milenio establecida por las Naciones Unidas para la lucha contra el hambre y la desnutri-ción. Las cifras ubican a nuestro país con un índice de desnutrición por debajo de 5% y en general, los valores que miden el suministro dietético promedio, la prevalencia de la des-nutrición, la intensidad del déficit alimentario o la prevalencia de insuficiencia de alimentos muestran resultados positivos para nuestro país. Según el Programa de las Naciones Uni-das para el Desarrollo (PNUD), en la realiza-ción del derecho a la alimentación ha habido avances que, aunque no son suficientes, son un paso hacia su plena realización si se superan algunas deficiencias en la implementación de las políticas públicas del sector.

Los temas que demandan mayor atención para la garantía del derecho a la alimentación son los relativos a la escasez de alimentos, a la alta dependencia de las importaciones de

alimentos, y la relación entre la inflación y el costo de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN), que supera el salario mínimo legal, y que está levemente por debajo del ingreso mí-nimo legal (que incluye salario mínimo y tic-ket de alimentación). El Índice de Escasez de Alimentos cerró el año en 16%; sin embargo, seis productos registraron un Índice de Esca-sez grave, por encima de 40%, y nueve se ins-cribieron en el Índice de Escasez significativa, es decir, entre 21% y 40%.

Se requiere atender de manera prioritaria los problemas de obesidad antes de que ésta se convierta en un problema severo de salud pública; emprender una campaña de buenos hábitos alimentarios y dieta balanceada; con-trolar los índices de inflación y adecuar cabal-mente el ingreso mínimo al costo de la CAN, y disminuir la dependencia de las importaciones para asegurar la sostenibilidad de los logros alcanzados, continúan siendo desafíos.

Contexto internacional y derecho a la alimentación

Para facilitar la comprensión de la reali-dad agroalimentaria de Venezuela durante el período de estudio, resulta útil repasar el con-texto internacional y regional en esta materia. Según cifras arrojadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y de acuerdo al segui-miento realizado en el período 2010-1012, en América Latina hay 49 millones de personas (8,3% de la población de la región) que tie-nen una ingesta de alimentos inferior al mí-nimo necesario, lo que supone (en relación al período de estudio anterior que abarca 2007-2009) una reducción de tan solo un millón de las personas que padecen hambre en la región, indicando una desaceleración de la tendencia a la reducción del hambre. La FAO adjudica este fenómeno a la crisis cíclica mundial que

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tuvo inicio en 2008 y que ha aumentado en un millón el número de personas que padecen hambre en el mundo1.

De acuerdo al mismo Boletín de la FAO: “En Suramérica en tanto, si bien los niveles de subnutrición tienden a ser inferiores a los observados en otras subregiones, se concen-tra el mayor número de personas que padecen hambre de la región. Países como Paraguay y Bolivia son los principales afectados, con cerca de 25% de su población con niveles de ingesta calórica bajo los requerimientos míni-mos. En el otro extremo, países como Argenti-na, Chile, Uruguay y Venezuela presentan ni-veles bajo 5% y Guyana se encuentra apenas por sobre este umbral. (…) Asimismo, Brasil, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y México han continuado implementando medidas referi-das al abastecimiento de alimentos mediante los programas de carácter permanente que mantienen en dicho campo; mientras que en cuanto a precios, destaca el incremento en los precios fijados al productor del maíz, el arroz y el café en Venezuela”.

De acuerdo al informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 en América Latina y el Caribe, la producción de alimentos y el abastecimiento en la región son suficientes; sin embargo, 49 millones de personas de los sectores más vulnerables no cuentan con recursos suficientes para adquirir los alimentos y son las que padecen hambre en la región. En los últimos años la tendencia apunta a una disminución sostenida del ham-bre en América Latina (entre 2004 y 2006 el número de personas afectadas por el hambre

alcanzaba los 54 millones; en 2007-2009 era de 50 millones, y en 2010-2012 es de 49 mi-llones de personas), lo que indica que en el último bienio se ha producido una desacele-ración aunque se mantiene la tendencia a la reducción, a un ritmo menor. Esta circunstan-cia se corresponde con la desaceleración del crecimiento económico mundial, que tiene sus efectos en la región.

La FAO reconoce los esfuerzos realiza-dos por los gobiernos latinoamericanos en la lucha contra el hambre y la pobreza, seña-lando el incremento del gasto público social y las inversiones en infraestructura que han contribuido a la disminución de la pobreza a pesar de que aún se mantienen altos niveles de desigualdad2.

Frente a esta situación, como referíamos anteriormente, organismos internacionales, tanto multilaterales como privados (PNUD, FAO, CEPAL y la Unidad de Investigación de The Economist, entre otros) hacen un balance satisfactorio para Venezuela en materia agroa-limentaria y de garantía del derecho a la ali-mentación, aunque identifican signos de alerta en algunos aspectos.

Déficit nutricionalExiste concordancia en el análisis que

hacen los organismos internacionales multi-laterales y el Estado venezolano respecto de la situación del déficit nutricional en nuestro país, que ubica a Venezuela con índices altos y satisfactorios en este particular. De acuerdo al informe El Estado de la Inseguridad Alimen-taria en el Mundo 2012, la FAO certifica que

1. Boletín Trimestral de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Julio a septiembre de 2012 [en línea] <http://www.rlc.fao.org/es/temas/hambre/precios/trimestral/2012-3>

2. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012 en América Latina y el Caribe [en línea] <http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2012/panorama.pdf>



la suficiencia del suministro dietético prome-dio en Venezuela pasó de 110% en 1990-92 a 129% en 2010-12, lo que supone un incremen-to de 17,27% en 10 años3. De acuerdo a este mismo informe y durante el mismo período, el suministro de proteína promedio aumentó 28% al pasar de 63 gramos/persona/día (gr/p/d) a 81gr/p/d.

En cuanto a la Prevalencia de Subnutrición y de acuerdo a lo establecido por la FAO (Op. Cit.), Venezuela tiene un índice por debajo de 5. Este índice forma parte de los indicadores mediante los cuales las Naciones Unidas miden el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para la reducción del hambre en el mundo. Las cifras concuerdan con las suministradas por el Estado venezolano; de acuerdo a datos publi-cados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el documento Indicadores Básicos de Salud, 1990-2011, de abril de 2012, la desnu-trición infantil en menores de cinco años se re-dujo en 62,3%, al pasar de 7,7 en 1990 a 2,9 en 20114. Estas circunstancias hacen que nuestro país haya alcanzado la meta correspondiente a la reducción del hambre en el mundo al arrojar 3,9% en el índice de desnutrición y 3,2% el dé-ficit nutricional en niños5.

Por otra parte, de acuerdo con el PNUD6, el indicador peso/edad de desnutrición global muestra cinco etapas para el período 1990-

2007, caracterizadas de la siguiente manera: “En 1990-1994 una significativa disminución de 7,7% hasta 4,5%; en 1995-1998 un retro-ceso y aumento hasta 5,3%; en 1999-2001 una disminución hasta 4,4%, y a partir de 2002 nuevamente un discreto ascenso hasta 4,8%. En 2007, después de una disminución, la des-nutrición se ubicó en 4,19%”.

Para 2008, el informe Cumpliendo las Metas del Milenio, publicado en 2010, refiere que el país ha disminuido a 3,7% la cantidad de niños y niñas menores de cinco años con bajo peso. Por su parte, la Comisión Económi-ca para América Latina y el Caribe (CEPAL) reafirma que la proporción de la población ve-nezolana por debajo del nivel mínimo de con-sumo de energía alimentaria es menor a 5%7.

Otros organismos, aunque no oficiales, dan cuenta de este importante avance. El informe Índice Global de la Seguridad Ali-mentaria 2012, que realiza la Unidad de Inte-ligencia de The Economist y que analiza un total de 105 países, ubica a Venezuela en el lugar 41, con una calificación de 61,6 puntos en una escala de 100.

Obesidad En 2010 más de tres millones 300 mil ni-

ños menores de cinco años en América Latina sufren de sobrepeso y obesidad, de ellos dos

3. Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2012. January 24, 2013 [en línea] <www.fao.org/publi-cations/sofi/food-security-indicators/es/

4. Instituto Nacional de Estadística (INE) [en línea] <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=46#>

5. Ministerio de Comunicación e Información. Venezuela de Verdad [en línea] <http://www.venezuelade-verdad.gob.ve/?page_id=27966>

6. PNUD: Objetivos de Desarrollo del Milenio en Venezuela [en línea] <http://www.pnud.org.ve/content/view/176/169/>

7. CEPAL. Perfil Nacional Social [en línea] <http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/perfilesNacionales.asp?idioma=e>

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millones se encuentran en América del Sur. De acuerdo al Informe de la FAO Panorama de la Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2012: “En la mayor parte de los países la obesidad en adultos es superior a 20 %, es decir que una de cada cinco personas adultas es obesa”. Según se desprende de este informe, Venezuela tiene una tasa de obesidad de 31%.

Situación alimentariaEn materia agrícola comercial, el informe

de la FAO8 apunta que los aranceles para las importaciones del sector están muy cerca a la media mundial. En el caso de la infraestructu-ra para almacenar y transportar los alimentos al mercado, el estudio señala que Venezuela está cerca del promedio global; y con respecto a establecimientos para almacenar cosechas, considera que el país cuenta con instalaciones por encima del promedio mundial. En relación al gasto público destinado para investigación y desarrollo del sector agrícola, se reseña un porcentaje alto que alcanza 37,5%. El informe identifica variables negativas como la infraes-tructura vial y portuaria, y alerta sobre la ines-tabilidad política del país que pudiera incidir en la continuidad de los programas sociales que posibilitan la garantía del derecho.

Consumo de alimentos En lo concerniente a la suficiencia del sumi-

nistro dietético promedio, la FAO9 apunta que en el período 2010-2012 este indicador es de

126% para el conjunto de América Latina y de 129% para Venezuela, mientras que la media mundial para el mismo período es de 121%. En el mismo informe, la FAO señala que la intensi-dad del déficit alimentario en Venezuela era de 85 en el período 1990-1992 y se redujo consi-derablemente, ubicándose en 16 para el período 2010-2012. En América Latina las cifras son de 85 y 54, respectivamente. Mientras que en lo referente a la prevalencia de insuficiencia de alimentos en el lapso 1990-1992, el índice para América Latina es de 20,7 y para Venezuela es de 21,3. La reducción ha sido significativa para el período 2010-2012, ubicándose en 14,5 para la región y en 6,4% para Venezuela.

Las cifras oficiales del Gobierno venezo-lano suministradas por el INE10 señalan que la disponibilidad energética en la dieta del venezolano pasó de 2.202 calorías en 1998 a 3.182 calorías en 2011, lo que indica un incremento de 980 calorías, equivalente a 44,5% en 13 años.

El 17.11.12 el ministro para la Alimenta-ción, Carlos Osorio, declaró en una entrevista televisiva11 que 98% de la población venezola-na puede comer tres veces al día y que en Ve-nezuela se ha logrado incrementar en 80% el acceso a los alimentos y 74% a los productos de la canasta básica. De acuerdo con Osorio, la ingesta de proteínas entre los venezolanos pasó de 29,7 gramos diarios a 47,6 gramos en los últimos trece años.

8. Índice Global de Seguridad Alimentaria de 2012 [en línea] <www.foodsecurityindex.eiu.com>, citado en <http://www.el-nacional.com/economia/Venezuela-mundial-seguridad-alimentaria-mejorar_068393261.html>

9. FAO: Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2012. January 24, 2013 [en línea] <www.fao.org/publications/sofi/food-security-indicators/es/>

10. INE [en línea] <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=83&Itemid=46#

11. AVN: Venezuela es un país con seguridad alimentaria plena [en línea] <http://www.minci.gob.ve/2012/11/venezuela-es-un-pais-con-seguridad-alimentaria-plena/> Consulta del 15.02.12.



En lo referente a la comercialización de alimentos, que garantiza el acceso a los mis-mos, el ministro Osorio señaló que al inicio de la Misión Alimentación, en 2003 se beneficia-ban de este programa social un promedio de 494 mil personas, y ya para 2012, a través de toda la red de distribución, se atiende a más de 16 millones 500 mil venezolanos. Sin embar-go, 2% de la población come dos veces al día y 0,4% una vez o menos.

La directora ejecutiva del Instituto Nacio-nal de Nutrición (INN), Marilin Di Luca, re-dundó en estas afirmaciones al declarar que: “Hoy la mayoría de los venezolanos come más de tres veces al día. Hemos venido incremen-tando las calorías que consume el pueblo (…) eso significa que los sistema de vigilancia y los sistemas estadísticos pueden concluir que Venezuela es un país con seguridad alimenta-ria plena”. Y añadió que en Venezuela “… no hay un problema de desnutrición como pro-blema de salud pública”12.

En octubre de 2012, el Coordinador Resi-dente de las Naciones Unidas y Representante Interino de la FAO en Venezuela, Alfredo Mis-sair, declaró: “La FAO aprueba y reconoce la dedicación del Estado venezolano en el tema de alimentación”. El representante de la FAO certificó los logros del Gobierno venezolano en la reducción de la pobreza y la garantía del acceso a la alimentación a las personas más vulnerables; admitió que en la última década los venezolanos comen más y mejor gracias a los programas de agricultura familiar, agri-cultura urbana y periurbana, cosecha de peces, ferias a cielo abierto y la cadena de comer-

cialización de alimentos del Estado que han permitido que los venezolanos tengan acceso a productos de primera necesidad. “El gobier-no (…) ha hecho unos avances notables en la disminución de la desnutrición”. En estas de-claraciones Missair informó que la FAO apo-ya a los Ministerios de Agricultura y Tierras (MAT) y Alimentación (Minal) en mejorar la logística, seguimiento y control de los proce-sos de cosecha, almacenamiento, distribución y comercialización de los alimentos de prime-ra necesidad, y recomendó que el INN conti-núe el proceso de formación y capacitación a las comunidades para la elaboración e ingesta de alimentos de manera correcta13.

Inflación y costo de los alimentosEl aumento sostenido de la inflación es uno

de los parámetros que emite signos de alerta en cuanto a la garantía del derecho a la alimen-tación. La inflación en Venezuela, calculada a partir del Índice Nacional de Precios al Consu-mo (INPC), cerró 2012 en 20,1%, 7,5 puntos por debajo del 27,6% que se registró en 2011, una cifra que, aunque bajó, sigue siendo alta respecto al promedio de la región, que ronda 5%. En el cuadro siguiente observamos la va-riación porcentual inflacionaria a lo largo del año. El cuadro refleja que, salvo en marzo, ju-nio, julio y agosto, el índice del rubro alimen-tos y bebidas no alcohólicas está por encima del índice general. Esto se hizo más patente en diciembre, cuando el índice general se ubicó en 3,5, mientras que el índice del rubro ali-mentos y bebidas no alcohólicas llegó a 6 en el mismo mes, lo que supone una diferencia de 2,5 por encima.

12. MINCI [en línea] <http://www.minci.gob.ve/2012/11/venezuela-es-un-pais-con-seguridad-alimentaria-plena/>

13. Entrevista a Alfredo Missair [en línea] <http://www.panorama.com.ve/portal/app/vista/imp_dn.php?id=39175> En: Panorama, 18.10.12.

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14. Descifrado [en linea] <http://www.descifrado.com/2012/11/economia/canasta-alimentaria-supera-4-000-bs/>15. INE [en linea] <http://www.ine.gov.ve/documentos/Economia/CanastaNormativaAlimentaria/pdf/In-

formeCanastaAlimentaria.pdf>

Cuadro N° 1Índice nacional de precios al consumidor. Variaciones porcentuales

Indices de precios al consumidor Jun 2012 May 2012 Abr 2012 Mar 2012 Feb 2012 Ene 2012 (nacional)

Índuce general 1,4 1,6 0,8 0,9 1,1 1,5

Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,8 1,7 1,2 0,5 1,2 2,0

Alimentos 0,8 1,8 1,1 0,5 1,2 2,0

Bebidas no alcohólicas 0,9 1,5 2,7 0,5 1,0 1,9 Dic 2012 Nov 2012 Oct 2012 Sep 2012 Ago 2012 Jul 2012

Índuce general 3,5 2,3 1,7 1,6 1,1 1,0

Alimentos y bebidas no alcohólicas 5,7 3,2 2,6 1,9 0,5 0,2

Alimentos 6,0 3,3 2,8 2,0 0,4 0,2

Bebidas no alcohólicas 2,3 1,4 1,1 2,0 1,4 0.5Fuente: BCV.

En su informe de fin de año, el BCV señaló que en diciembre de 2012 los precios crecie-ron 3,5%. Aunque la variación permitió una desaceleración de la tasa anual con respecto a 2011, la cifra se mantuvo en dos dígitos al cierre del ejercicio.

Comportamiento de la Canasta Alimentaria Normativa (CAN) De acuerdo a un informe publicado por

el Centro de Documentación y Análisis So-cial de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) y reseñado por el informa-tivo digital Descifrado.com14, en octubre de 2012 la canasta alimentaria familiar alcanzó los 4.054,13 bolívares, lo que supone un in-cremento de 123,24 bolívares con respecto a la del mes anterior (3,1%) y casi el doble del salario mínimo, que se encuentra en 2.047,52 bolívares. Según cita el medio: “La variación anualizada del costo de la canasta alimenta-ria para el período octubre 2011 a octubre 2012 es 18,4%, 629,84 bolívares, 30,8% de un salario mínimo (…) El déficit del salario mí-

nimo es de 2.006,61 bolívares, 49,5% del cos-to de la cesta. (…) se requieren dos salarios mínimos para cubrir el precio de la canasta”.

No obstante, los datos aportados por el INE15 difieren de los presentados por el Cen-das. Como puede apreciarse en el cuadro si-guiente, que recoge el valor de la CAN por mes desde 2008, el INE ubica la correspon-diente a octubre de 2012 en 1.936,98 bolívares y en 2.085,22 bolívares la referida a diciem-bre; en cualquier caso, también por encima del salario mínimo, aunque siempre muy distante de la cifra calculada por el Cendas.

En lo relativo a los productos de mayor consumo que componen la CAN, el patrón para el primer semestre de 2012 se presenta tal y como lo muestra el cuadro a continua-ción, indicando una ingesta basada en car-bohidratos, con poca proteína animal y con ausencia de vegetales, granos y verduras, lo que indica la necesidad de emprender una campaña pública de dieta balanceada y bue-nos hábitos alimentarios.



Según Elías Eljuri, presidente del INE16, “para el último mes del año pasado (2012) la variación del Sub-Grupo Alimentos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 6,0%. Esta variación intermensual observada se ex-plica principalmente por el aumento en el valor de los siguientes rubros: pan de trigo (27,4%); tomate (23,11%); huevos de gallina, cartón de 12 unidades (13,03%); cebolla (12,5%); carne de pollo (12,09%); harina de maíz precocida (7,96%); azúcar (6,13%) y café con una varia-ción de 5,74%. De igual manera, en diciembre el precio del kilo de harina de maíz pasó de 4,06 bolívares a 5,93 bolívares, lo que representa un incremento de 46%. En el caso del kilo de arroz, aumentó de 5,62 bolívares hasta 7,20 bo-

Cuadro N° 2Valor de la canasta alimentaria normativa por año según mes.

Período 2008-2012. Monto en bolívares

Carne de pollo 84,52

Harina de maíz 80,39

Arroz 65,55

Plátano 55,57

Carne de res 49,39

Pasta alimenticia 45,63

Azúcar 45,25

Pan de trigo 43,16

Lechosa 42,80

Cambur 40,78Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Producto Gramos

Cuadro N° 3Productos de la canasta alimentaria

con mayor consumo aparente diario por persona.1° semestre del 2012

16. Elías Eljuri: Canasta básica se ubicó por debajo del sueldo mínimo. Radio Mundial [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Banco Central de VenezuelaNota: Incluye diez áreas metropolitanas del país: Caracas, Maracaibo, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Ciudad Guayana, Maturín, Mérida, San Cristóbal, Barcelona-Puerto La Cruz y un dominio denominado “Resto nacio-nal” conformado por 72 localidades entre ciudades medianas, pequeñas y áreas rurales del país.Nota 2: Los montos de enero-abril 2010 fueron rectificados, ya que se habla calculado el valor de la pasta de un kilogramo y la Canasta requiere es la de 500 gr. Se rectificó el monto nacional y de Caracas.Nota 3: El Indice Nacional de Precios al Consumidor para el grupo Alimentos a diciembre 2012 fue de 6,0% con una acumulada de 24,3%

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lívares, lo que implica un aumento de 28,1%. El ajuste del precio del kilo de café fue de 24,2% al pasar de 37,56 bolívares a 46,66 bolívares. Estos precios entraron en vigencia a partir del 29.11.12 (Gaceta 43093). Pero al mismo tiem-po, agregó el presidente del INE, es importante señalar que hubo disminuciones de precios sig-nificativas; entre las cuales destacan las expe-rimentadas por los rubros: mayonesa (-6.25%); patilla (-5.42%), leche pasteurizada (-4,27%); sal (-3,17%) y otras frutas como el melón y la piña, las que tuvieron variaciones negativas de 3,17% y 2,58% respectivamente”.

En la nota reseñada, el presidente del INE declaró que si se suma al salario mínimo el tic-ket de alimentación, el ingreso mínimo legal para diciembre de 2012 se ubica en 3.004 bo-lívares, cantidad superior a los 2.085 bolívares de la CAN.

Producción e importación de alimentosEn lo que se refiere a la producción de ali-

mentos, la mayoría de los rubros registraron crecimiento con respecto al año anterior; sin embargo, están lejos de recuperar los niveles de 2007, cuando la producción tuvo su mejor mo-mento, y de las metas planteadas en los planes trazados para 2012 por el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras (MPPAT).

En lo que se refiere a la producción de pro-ductos agrícolas, y de acuerdo a datos sumi-nistrados por la Federación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro)17, el año presentó crecimiento en casi todos los rubros con respecto a 2011, pero se evidencia un decreci-miento si se compara con la producción de 2007. Tal y como se desprende de la tabla siguiente, estamos lejos de cubrir los requerimientos de

consumo; salvo en los rubros pimentón y naran-jas, en el resto de los rubros no se cubren las ne-cesidades de consumo. No obstante, en el año se experimentó un crecimiento de 7,9% en la pro-ducción de arroz, que alcanza sólo para cubrir 58% del consumo interno. El maíz experimentó un crecimiento exiguo de 0,7%, mientras que el sorgo creció 27% con respecto a 2011. La caña de azúcar recibió una fuerte inversión pública y se produjeron 6.100.000 toneladas (que cubren sólo 40% del consumo nacional), lo que supo-ne un crecimiento de 2,5% con respecto a 2011, pero lejos de alcanzar las 8.962.000 de toneladas producidas en 2007. La producción de cebollas y tomates creció 40% y, aunque notable, sólo alcanza para cubrir 50% de las necesidades, lo que obliga a que importemos 95% de la pasta de tomate que consumimos. La producción de pimentón disminuyó ligeramente, sin embargo es suficiente para cubrir los requerimientos de consumo. La producción de papá creció 300% y el café 9%. Se experimentó un excedente de producción de naranjas y la producción de las oleaginosas de ciclo corto (girasol y ajonjolí) re-gistra un estancamiento.

Esta situación llevó a Fedeagro a afirmar que “2012 no fue precisamente un año agrí-cola relevante en cuanto resultados, no hubo contingencias climáticas severas como en años anteriores salvo en algunas zonas de los Llanos Occidentales donde el drenaje de ríos y caños está colapsando la producción agrí-cola; en el año 2012 prevalecieron políticas y acciones que limitaron el crecimiento sosteni-do del sector que en correspondencia con los planes elaborados por el Ejecutivo se quedan muy lejos de las metas y objetivos fijados. En general, en 2012 la mayoría de los rubros que monitoreamos registraron crecimientos con

17. Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios. Informe 2012. Balance Agrícola de Fedea-gro 2012 [en línea] <http://www.fedeagro.org/detalle3.asp?id=1534>



respecto a la producción de 2011; no obstante es importante referir, por una parte, que estos resultados estuvieron muy por debajo del Pro-grama Integral de Desarrollo Agrícola, for-mulado por el MAT para ese año, y por otra, que los volúmenes de producción de 2012, en general, son significativamente inferiores a los

18. Balance Agrícola de Fedeagro 2012 [en línea] <http://www.fedeagro.org/detalle3.asp?id=1534>

Cuadro N° 4Estimados de producción correspondientes al 2012

(toneladas)

Fuente: Fedeagro(*) Demanda de maíz blanco (1.400.000 Ton), maíz amarillo (2.500.000 Ton).(**) La producción es en caña de azúcar y su relación es: 1.000 kg de caña = 80 kg de azúcar.(***) Cifra en quintales.(1) Las empresas ABA demandan 2.500.000 Ton entre sorgo y maíz amarillo. De esto, 1,67 % es sorgo.(2) En grasas necesitamos 720.000 ton/año y sólo producimos 139.232 Ton (18%). Prod. girasol = 7,68% del total necesario de grasas).

registrados en 2007. Como consecuencia de esta situación sigue la dependencia de las im-portaciones, además ha aumentado conside-rablemente la vulnerabilidad alimentaria del país, producto del mayor poder adquisitivo de la población y el estancamiento de los precios sometidos a controles y regulaciones”18.

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Superficie sembrada y cosechada La superficie sembrada de alimentos en

el país se redujo en 7,8%, pasando de 2.432 millones de hectáreas en 2010 a 2.243 mi-llones de hectáreas en 2011. La producción agrícola y el valor de la producción tuvieron un rendimiento poco estable y poco satisfac-torio. Según el MPPAT, siete rubros tuvieron retrocesos: caña de azúcar (-10,68%), pepino (-11,52%), berenjena (-5,63%), palma aceitera (-1,97%), soya (-24,24%) y maíz (-15,16%). Un mejor comportamiento tuvieron en 2011 los renglones pecuarios y pesqueros: la pro-ducción de leche creció 11,6%, el sector bovi-no subió 3,49% y el porcino, 9,13%19.

A pesar de la cuantiosa inyección de re-cursos financieros que el MPPAT desembolsó en 2011, que totalizó Bs. 15.285 millones, el área sembrada disminuyó en 7,8% y 15 rubros cayeron respecto de 201020. Al menos 15 de 50 rubros sufrieron una contracción en sus áreas de siembra. Los casos más graves fue-ron los terrenos cultivados de maíz (-21%), soya (-10,6%), caña de azúcar (-8,9%), cacao (-,4%) pepino (-48%) y remolacha (-38,5%).

Por otra parte, la producción agrícola y el valor de la producción tuvieron un rendimien-to poco estable y poco satisfactorio. La crisis se reflejó en la caída de los volúmenes de ali-mentos cosechados, pues de esos 50 rubros, siete tuvieron retrocesos en 2011: caña de azúcar (-10,68%), pepino (-11,52%), beren-jena (-5,63%), palma aceitera (-1,97%), soya (-24,24%) y maíz (-15,16%), según las cuentas oficiales. Un mejor comportamiento tuvieron

en 2011 los renglones pecuarios y pesqueros: la producción de leche creció 11,6%; el sector bovino subió 3,49%; el porcino, 9,13%; el ca-prino aumentó 0,32% y el ovino cerró el año con un incremento de 4,46%, según el MAT. Los rubros pesqueros repuntaron en 44%21.

El precio de los productos agrícolas se dis-paró 35% en 2012. De acuerdo a datos prove-nientes del BCV, en 2012 el precio de los pro-ductos agrícolas aumentó 35,2% en relación al 15,4% de 2011; incluso, sólo en diciembre registran un salto de 11%. Así, la producción de arroz, maíz y sorgo creció levemente en 2012, mientras que la producción nacional de cereales (arroz, maíz y sorgo) creció 4% res-pecto al año anterior. De acuerdo a cifras su-ministradas a través de las redes sociales por el ministro del Poder Popular para la Agricul-tura y Tierras, Juan Carlos Loyo, la produc-ción de maíz, tanto blanco como amarillo, fue de 2,16 millones de toneladas en 2012, lo que supone un aumento de apenas 2,11% respecto a las 2,11 millones de toneladas registradas en 2011. La producción de arroz paddy se incre-mentó en 9,4% durante 2012, pues se cose-charon 924 mil 666 toneladas al tiempo que la zafra de 2011 fue de 845 mil 254 toneladas del cereal. Según cifras oficiales del MPPAT, en 2012 se produjeron en el país 506 mil 222 toneladas de sorgo, lo que significa un creci-miento de sólo 3% respecto a 2011, cuando se cosecharon 491 mil 478 toneladas22.

En cuanto a la importación de alimentos, Venezuela continúa siendo un importador neto de alimentos, lo cual significa que la soberanía

19. Ver: Capítulo Derecho a la Tierra, en este Informe.20. Ídem.21. Ídem.22. EL IPAF EN LÍNEA. Órgano divulgativo del Instituto de Políticas Agrícolas de Fedeagro. Boletín Nº 77.

2da quincena diciembre 2012/1era quincena enero 2013 [en línea] <http://www.fedeagro.org/detalle6.asp?id=1490>



alimentaria del país es débil. Aunque el go-bierno nacional ha conseguido salvaguardar, de momento, la seguridad alimentaria por me-dio de la importación de alimentos, es de hacer notar que este procedimiento no es sostenible ni a mediano ni a largo plazo sin afectar nega-tivamente la producción nacional.

En los últimos doce años el país ha au-mentado las importaciones considerablemen-te, con dos picos altos en 2003 y en 2007 y 2008. La caída de 2009 y 2010, con respecto a 2008, obedeció al comportamiento de los precios internacionales. En la década de los 90 las importaciones agroalimentarias pasa-ron de representar 10% de las importaciones totales en promedio, y en los tres últimos años, las importaciones agroalimentarias su-peraron 16%23.

Por su parte, el Gobierno afirma que la situación respecto de las importaciones de alimentos ha mejorado. De acuerdo a decla-raciones del Presidente de la República de septiembre de 2012, las importaciones de ali-mentos en nuestro país representaban menos de 30% del consumo nacional24. En ese mismo sentido, el ministro Osorio declaró que “en 1999, sólo 51% de los alimentos que consu-mían los venezolanos eran producidos en el país; y 49% eran importados. Actualmente, más de 70% de los alimentos que se consumen en nuestro país provienen de la producción nacional primaria; y en el peor de los casos, sólo importamos 30% de los alimentos. Esto

quiere decir que Venezuela ha disminuido las importaciones de alimentos en 39%”25.

Aunque algunos portavoces, tanto del Eje-cutivo Nacional como del sector agrícola priva-do, ostentan un discurso que reconoce la nece-sidad de un acercamiento entre ambos sectores, el establecimiento de un diálogo entre el sector estatal/gubernamental y el sector productivo privado continúa siendo materia pendiente a fin de disminuir los altos niveles de dependencia de las importaciones de alimentos y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país. Las visiones opuestas de ambos actores en lo refe-rente a las políticas agroalimentarias continúan dificultando el diálogo y alejando el consenso. Por un lado, el gobierno enfoca su acción ha-cia la implantación de un modelo que socialice la producción, distribución y comercialización de los alimentos. Por otro lado, buena parte del sector agroindustrial privado ve en este enfo-que una amenaza a sus márgenes de ganancia, puesto que entiende que la socialización de la producción supondría una disminución en sus beneficios.

Escasez de alimentosEl Índice de Escasez General en diciembre

de 2012 fue de 16%. De acuerdo a los datos aportados por el BCV, en enero de 2012 el Índice de Escasez de Alimentos se ubicó en 16,2%, en junio se encontraba en 11,7%. En lo relativo al indicador de diversidad de pro-ducto, éste apuntó 173,2% a finales del primer semestre de 201226.

23. Ver: Capítulo Derecho a la Tierra, en este Informe.24. Presidente de la República Hugo Chávez, en declaraciones a Telesur [en línea] <http://www.telesurtv.

net/articulos/2012/09/12/gobierno-venezolano-afirma-que-importacion-de-alimentos-descendio-en-menos-de-30-1666.html>

25. Venezuela de Verdad [en línea] <http://www.venezueladeverdad.gob.ve/?p=11835>26. INE [en línea] <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=131&Ite

mid=16>

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De acuerdo a cifras del BCV publicadas por la prensa nacional en enero de 201327, el año anterior cerró con seis rubros con escasez grave (por encima de 40%) y nueve rubros con escasez significativa (entre 21% y 40%); cuatro productos experimentaron escasez leve (entre 11% y 20%) y 14 productos registraron escasez normal (1% y 10%).

Los rubros que cerraron con un indicador de escasez grave fueron la harina de maíz pre-cocida (43,3%,), la harina de trigo (76,8%), los aceites de girasol (61%), de maíz (56,8%) y de mezcla vegetal (67,1%), y el azúcar (78,1%).

La escasez significativa se registró en el po-llo (21,5%), muslos, pechuga y alas (33,3%); el jamón de pierna (36,6%), el queso blanco (29,7%), el queso guayanés (21,5%.), la leche en polvo (33,2%), la leche líquida (22,1%) y el café (34,9%).

El nivel de escasez afectó la mortadela (15,29%), las sardinas enlatadas (16,5%), el queso amarillo (18,7%) y el arroz en todas sus variedades (11,2%).

Entre los alimentos que arrojaron escasez normal destacan quesos, pastas, embutidos, enlatados, huevos y salsas. De los 33 produc-tos que monitorea el BCV, la salsa de tomate fue el que tuvo menor escasez en diciembre, con 1%28.

El ÍIndice General de Escasez para 2012 se ubicó en 16,2%, que de acuerdo a los paráme-tros establecidos se corresponde con un grado

leve de escasez (entre 11% y 20%); sin embar-go, algunos productos de la CAN superaron 40% de escasez al cierre de 2012, porcenta-je que se corresponde con un índice grave de escasez. Esta situación puede explicarse por varios factores, entre ellos las distorsiones de la economía venezolana; por un lado, las difi-cultades del sistema cambiario (buena parte de los productos que conforman la CAN son im-portados y se adquieren con divisas) y por otra parte, los precios de los productos de la CAN regulados por la Ley de Costos y Precios Jus-tos, que permite márgenes de ganancias que no pueden superar 205 y 30%. (Los productos de primera necesidad cuyos precios están re-gulados son los que suelen escasear).

Otra razón que explica la escasez son las compras nerviosas de los consumidores. En este sentido, el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, expresó que en el país la situación está lejos de ser una escasez que provoque hambruna, aunque reconoció que el problema es recurrente, pero sin llegar a ser terminal y que no es necesario hacer compras nerviosas que estimulan la escasez29.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Manuel Cipriano Heredia, solicitó al gobierno revisar los costos de producción para establecer ga-nancias mínimas, pero coincidió con Botti en que “…hay escasez de productos básicos de la alimentación venezolana porque la gente compra el doble de lo que necesita, pero tam-bién por otros factores”30.

27. El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/economia/130118/bcv-reporto-que-seis-rubros-cerraron-2012-con-escasez-grave>

28. Ídem. 29. Jorge Botti: “Las compras nerviosas acentúan la escasez”. Informe 21 [en línea] <http://informe21.com/

economia/fedecamaras-las-compras-nerviosas-acentuan-la-escasez>30. Ganaderos piden a Gobierno revisar juntos causas del desabastecimiento. Informe 21 [en línea] <http://

informe21.com/economia/ganaderos-piden-a-gobierno-revisar-juntos-causas-del-desabastecimiento>



Sin embargo, según el vicepresidente para el Área Productiva del Gobierno, Ricardo Me-néndez, el desabastecimiento de algunos ali-mentos de consumo masivo obedece a que el sistema de distribución fue sobrepasado por una “sobredemanda”. “Por presiones, llamé-moslas mediáticas (...), se elevó la sobrede-manda en más de 30 % sobre los sistemas de distribución”, lo que ocasionó desabasteci-miento31.

El presidente del INE, Elías Eljuri, aseguró que en el país no existe una situación grave de escasez de alimentos, pues el índice se si-túa en 16,3%, y pronosticó que aun llegando a 20% no se podría hablar de un escenario gra-ve. Para Eljuri, en el mercado lo que escasea son las marcas de ciertos productos, pero no el producto32.

Políticas alimentariasEntre las fortalezas de Venezuela señala-

das en el Índice de la Seguridad Alimentaria se encuentran los programas sociales del Go-bierno, que garantizan tanto el acceso a los alimentos a la población de escasos recursos como la lucha contra la desnutrición. La can-tidad de kilocalorías por día también es bien evaluada, así como la oferta de alimentos y el suministro. Tanto en la cantidad de alimentos disponibles en Venezuela como en el gasto por hogar en alimentos, el país está cercano al promedio mundial. El acceso a financiamiento para los productores del campo es superior a la media global y la cartera obligatoria de la banca también ha incrementado la asignación de recursos al agro.

A pesar de que los resultados globales de evaluación del derecho a la alimentación (ac-cesibilidad, consumo y disminución del défi-cit nutricional) son positivos, desde el primer semestre de 2011 se observa una tendencia a la baja en los hogares que se adhieren a los programas sociales de alimentación imple-mentados por el gobierno nacional. De acuer-do a datos suministrados por el INE33 y como se observa en la tabla siguiente, en el primer semestre de 2012, 52,70% de los venezolanos compraron al menos un producto en la red Mercal; 12,22% pertenecen a los estratos I,I I y III; 31,05 se ubican en el estrato IV, y 9,42 en el estrato V. En el primer semestre de 2011 el total de personas que adquirieron al menos un producto en la red Mercal fue de 57,97%, lo que supone una disminución de poco más de cinco puntos porcentuales en un año. Ese movimiento a la baja, aunque discreto, puede apreciarse en todos los estratos. Aunque esta merma es muy poco significativa, el Ejecuti-vo Nacional debe hacer un seguimiento a este cambio de comportamiento, que permita de-terminar las razones que lo explican y tomar los correctivos que eviten un retroceso, espe-cialmente en los estratos IV y V.

Los programas de distribución y comer-cialización de alimentos que forman parte de la Misión Alimentación (Mercal, Pdval, Mer-cados a cielo abierto, etc.) se complementan con otros programas dirigidos a garantizar el derecho a la alimentación. Entre éstos se en-cuentran las Casas de Alimentación, que están en funcionamiento desde marzo de 2004 bajo la responsabilidad de la Fundación Programa

31. Ganaderos piden a Gobierno revisar juntos causas del desabastecimiento. Informe 21 [en línea] <http://informe21.com/economia/ganaderos-piden-a-gobierno-revisar-juntos-causas-del-desabastecimiento>

32. Elías Eljuri, entrevista en Telecentro [en línea] <http://telecentrocanal11.com/index.php/noticias/236-elias-eljuri-asegura-que-en-venezuela-no-existe-escasez-de-alimentos>

33. INE [en línea] <http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=490&Itemid=38;tmpl=component>

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de Alimentos Estratégicos (Fundaproal); su objetivo es disminuir los índices de pobreza extrema y ampliar el acceso a los alimentos a la población más vulnerable. En 2004 este programa alcanzó la cantidad de 350 millones de platos servidos y en el primer semestre de 2012 registró un acumulado de 3.553 millones de platos servidos en el lapso de ocho años, de acuerdo a declaraciones de Zoraida Ramírez, presidenta de Fundaproal34. En la actualidad, estas casas brindan alimentación 900 mil ve-nezolanos aproximadamente.

Según una información publicada por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), en el primer trimestre de 2012, la red Mercal distribuyó un total de 54.860 toneladas de alimentos de la canasta alimentaria a diver-sos programas sociales adelantados por el Gobierno Nacional35.

De acuerdo con un informe elaborado por la red Mercal, hasta el 31.03.12 proporcionó

34. Noticias 24 [en línea] <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/132462/casas-de-alimentacion-le-dan-de-comer-a-900-mil-venezolanos/>

35. AVN [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/mercal-ha-distribuido-este-a%C3%B1o-m%C3% A1s-54000-toneladas-alimentos-programas-sociales>

1.682 toneladas de alimentos a 20 centros pe-nitenciarios y 1.292 a 559 Centros de Diag-nóstico Integral (CDI). También hasta esa fecha entregó 11.420 toneladas a 5.018 Casas de Alimentación para elaboración de almuer-zos y meriendas que son entregados de forma gratuita a personas de escasos recursos y en situación de calle, así como a personas de la tercera edad, embarazadas y niños.

De la misa forma, la cadena de distri-bución –creada el 22 de abril de 2003– ha entregado 34.653 toneladas de alimentos al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual garantiza desayuno, almuerzo y me-rienda en los centros de educación inicial y escuelas bolivarianas donde se imparten hasta ocho horas académicas. Por otra parte, entregó 135 toneladas de alimentos a 20 co-medores populares y cocinas comunitarias; 273 toneladas de productos a 25 hospitales; 5.396 toneladas de alimentos a 602 refugios que albergan a familias perjudicadas por las

Cuadro N° 5Hogares que compran al menos un producto en la red Mercal, según estrato social

Segundo semestre 2010 - Primer semestre 2012

Estrato Social Total (%) Total (%) Total (%) Total (%)

Total 6.956.611 100,00 6.963.602 100,00 7.040.837 100,00 7.076.893 100,00

Total que adquiere en la red Mercal 3.791.370 54,50 4.036.922 57,97 3.884.670 55,17 3.729.660 52,70

Estrato I, II y III 927.880 13,34 989.426 14,21 992.047 4,09 865.133 12,22

Estrato IV 2.186.654 31,43 2.274.394 32,66 2.205.790 31,33 2.197.545 31,05

Estrato V 676.836 9,73 773.102 11,10 686.833 9,75 666.982 9,42

Total que no adquiere en la red Mercal 3.165.241 45,50 2.926.680 42,03 3.156.167 44,83 3.347.233 47,30

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

2010 2011 2011 2012 Segundo semestre Primer semestre Segundo semestre Primer semestre



precipitaciones hasta que sean reubicadas en viviendas dignas y cómodas, así como nueve toneladas a 19 Centros de Formación Socia-lista de la Gran Misión Saber y Trabajo.

Seguimiento a los desafíos señalados por el PNUD• Desarrollar el Plan Nacional de Nutrición

para lograr la soberanía nacional alimen-taria. El Trompo de los Alimentos es una herramienta creada por el Instituto Na-cional de Nutrición (INN) y que podría perfilarse como asomo incipiente del Plan Nacional de Nutrición.

• Fortalecer los conocimientos técnicos de nutrición en las comunidades. La crea-ción del Diplomado en Gestión Social y Nutrición de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, perteneciente al INN, y que está dirigido, entre otros, a líderes comunitarios es un paso importan-te en este sentido.

• Garantizar la accesibilidad a los alimentos y fomentar las estrategias de capacitación para el trabajo. Todos los programas deri-vados de la Misión Alimentación apuntan a afrontar este desafío. La Misión Saber y Trabajo es un aporte a la consecución de este objetivo.

• Instrumentar nuevas líneas de fortificación de alimentos, suplementación de nutrien-tes y formulación de nuevos alimentos es-tratégicos. Hay incipientes y espasmódicas acciones en este sentido que no están fuer-te y adecuadamente sustentadas.

• Incorporar en los programas de estudio del sistema de educación formal la Guía de Apoyo para la Formación de Hábitos Ali-mentarios Saludables. No ha sido posible hacer seguimiento a esta guía que ya existe y que fue redactada conjuntamente por el Ministerio de Educación y Deporte, el Mi-nisterio de Salud y el INN.

• Aprobar y vigilar el cumplimiento de la Ley de Protección a la Lactancia Materna. Esta Ley está vigente desde septiembre de 2007. El Estado ha regulado la producción y comercialización de leche de fórmula y obligado a los productores a adecuar el etiquetado. Se han creado siete Bancos de Leche y existen campañas de promoción de la lactancia materna en los hospitales públicos. Se ha adecuado la legislación la-boral para fomentar la lactancia materna; sin embargo, se hace necesario reglamen-tar la Ley, a fin de permitir su aplicación eficaz y establecer los mecanismos legales para sancionar a quienes la infrinjan.

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Derecho a un ambiente sano

Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un am-biente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos eco-lógicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios éticos regulará la materia.

Es una obligación del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de con-taminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos de con-formidad con la ley.


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En materia ambiental, 2012 es un año refe-rencial en Venezuela. Doce meses durante los cuales ocurrieron acontecimientos de

impacto ecológico y social que trascendieron la opinión pública como pocas veces sucede en el país, tal como en 1997 y1998, cuando surgieron protestas y acciones legales con-tra el tendido eléctrico en la Gran Sabana, la Apertura Petrolera, la contaminación del Lago de Maracaibo por crudo vertido del tanquero Nissos Amorgos y el decreto minero en la Re-serva Forestal de Imataca1.

De esta manera, en el período se presen-taron una serie de hechos que de nuevo po-nen en la mira lo ambiental en el país. Entre ellos resaltan: el derrame petrolero en el río Guarapiche, estado Monagas; la explosión de una de las refinerías petroleras más importan-tes del país, la de Amuay, en el estado Falcón; la contaminación del embalse Pao Cachinche (estado Carabobo) y la preocupación de la so-ciedad valenciana afectada por la mala calidad del agua que consumen; el incremento de ga-ses tóxicos y la acumulación de coque petro-lero en el Complejo Petrolero, Petroquímico e Industrial José Antonio Anzoátegui (o Jose), y los vertidos de hidrocarburos en Tascabaña, Freites, Anaco, Jose y en otros sitios del es-tado Anzoátegui; el levantamiento precipitado de un urbanismo sin planificación urbana en la Gran Caracas, con su secuela de impactos en la fase inicial con la intervención de espacios públicos y la ubicación de concreteras, focos de polución del aire de la capital; y la contami-nación mercurial en la cuenca del Caura (esta-do Bolívar), afectando ecosistemas y la salud de los indígenas y demás pobladores.

La mayoría de las situaciones anteriores no son nuevas, pero ante la falta de políticas am-

bientales efectivas sus secuelas aumentan y se agravan, reiterando la necesidad de repensar el modelo de desarrollo en el país.

Resalta en 2012 la poca respuesta insti-tucional en la supervisión y aplicación de las normativas, las limitaciones en el acceso a la información oficial y la politización de los te-mas ambientales neurálgicos, específicamente en los casos graves antes señalados y en par-ticular en aquellos relativos a los siniestros petroleros, en los cuales las instituciones que deberían velar por el cumplimiento del orden jurídico ambiental asumen, en la práctica, la vocería de la industria estatal.

Durante el período fue poco lo avanzado en la ruta hacia el desarrollo sostenible y la puesta en práctica del derecho a un ambien-te sano, tal como lo consagra la Constitución. Sin embargo, en el balance se debe conside-rar que el Estado realizó algunas acciones en esa dirección, tales como: ejecución de obras hidráulicas; mejoramiento en el sistema de información geográfica del Ministerio del Ambiente, con respaldo de imágenes sateli-tales y acceso público; nueva Ley Penal del Ambiente; inclusión de temas ambientales a nivel curricular dentro del sistema educativo escolarizado; actuación de la Fiscalía en un número significativo de casos menores pe-nales ambientales; fortalecimiento de mesas técnicas de agua, y la reparación de algunas infraestructuras en los parques nacionales, entre otras obras civiles. No obstante, quedan intactos problemas estructurales cuya solución es fundamental para entrar en el camino de la sostenibilidad. Uno de ellos es el mal manejo de los desechos sólidos, tópico que fue lo más denunciado en los medios de comunicación impresos en el país dentro de la temática.

1. Ver PROVEA: Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual octubre 1997-septiembre 1998. Caracas, 1998.

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Marco normativo y jurisprudenciaFue aprobada una nueva Ley Penal del

Ambiente2 que entró en vigencia el 01.08.12, norma que consta de 110 artículos, una dis-posición derogatoria y dos disposiciones finales. En esta ley se tipifican 26 nuevos delitos que, integrados a los anteriores con-templados en la ley de 1992, suma un total de 73 delitos ambientales.

En la ley se agruparon varios tipos pena-les que estaban dispersos en normas como la Ley de Bosques y Gestión Forestal, la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Pe-ligrosos y la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica. Asimismo incorpora a distintos organismos en la materia penal ambiental, ya que pasan a ser auxiliares de la Fiscalía, como órganos de investigaciones penales, los funcionarios de los ministerios del Ambiente, Agricultura y Tierras, Salud, Petróleo y Mi-nas, Vivienda y Hábitat, Transporte Terrestre, Transporte Acuático y Aéreo y del Instituto Nacional de Parques.

En esta nueva normativa se produce un avance en materia sancionatoria en cuanto a la posibilidad de aplicar la suspensión con-dicional de medidas privativas de libertad, sustituyéndose las penas al imputado por el resarcimiento del daño ocasionado al am-biente mediante sanciones alternativas, tales como la siembra de árboles o el cumplimien-to de servicios comunitarios ambientales, tal

como lo reza el artículo 29 relativo a Bene-ficios Procesales3. Es decir pasa a ser, según lo denominan los especialistas, una Ley con efecto reparador. También establece procedi-mientos que ayudan a que se tomen decisio-nes de manera expedita en cuanto a medidas precautelativas requeridas para eliminar un peligro, interrumpir los daños ambientales o a las personas o evitar las consecuencias degradantes del hecho que se investiga, tal como lo estable el artículo 8.

Por otra parte, la Ley se aprecia compleja con diversos tópicos de difícil aplicación y con cierto sesgo hacia los sectores privados, presentando un contenido de estilo reglamen-tario que hace énfasis en tipificar penas –78 de los 110 artículos– de actividades capaces de deteriorar el ambiente o los recursos na-turales apuntando constantemente hacia la responsabilidad de la persona natural o jurí-dica. En algunos casos se establecen meca-nismos drásticos y discutibles en su legitimi-dad, como lo que se plantea en el artículo 11, Reglas de Aplicabilidad de Sanciones, en su numeral 3 que dice: “Independientemente de la responsabilidad de las personas jurídicas, los propietarios o propietarias, presidentes o presidentas, administradores o administra-doras responderán penalmente por su par-ticipación culpable en los delitos cometidos por sus empresas”.

Hay varios aspectos en la Ley que deberían ser evaluados, como el artículo 39, Contraven-

2. Gaceta Oficial 39.913 del 02.05.12.3. El artículo 29 de la Ley Penal del Ambiente reza lo siguiente: “Beneficios Procesales. Para el otorgamiento de

los beneficios previstos en el Código Orgánico Procesal Penal u otras leyes de similar naturaleza, el juez o jueza, además de los requisitos allí establecidos, deberá imponer como condición la realización de las medidas ambientales necesarias para interrumpir el daño, hacer cesar sus consecuencias lesivas y restaurar o reordenar el ambiente; y si el delito fuere de peligro y no se hubiere producido un daño, la ejecución de servicios ambientales a la comunidad, de acuerdo a su formación y habilidades y la asistencia obligatoria a cursos, talleres o clases de educación y gestión ambiental”.



ción de Planes de Ordenación del Territorio en Zonas Montañosas, que establece penas ma-yores que el artículo 38, Contravención de Planes de Ordenación del Territorio, por in-cluir las zonas montañosas a pesar que tal ele-mento técnico ambiental, que resulta en agra-vante, no está contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente ni en otra norma en la materia.

Pero llama más la atención lo siguiente: que del título III, De los Delitos contra el Am-biente, capítulo VIII, Delitos contra la Calidad Ambiental, sección primera: envenenamiento, contaminación y demás acciones capaces de alterar la calidad de las aguas, se establecen en el artículo 89, Vertidos de Hidrocarburos, dos medidas atenuantes. Reza:

“(…) La pena será rebajada hasta en una tercera parte cuando:

1.- El vertido haya tenido por finalidadevitar una avería grave capaz de poner en peligro la seguridad de las personas o la protección del ambiente o salvar la vida humana en el mar.

2.- El escape de hidrocarburos o mezcla de hidrocarburos provenga de una ave-ría o pérdida imprevisible e imposible de evitar, si después de ocurrir la avería o descubrir la pérdida fueron tomadas to-das las medidas para impedir, detener o reducir la pérdida de hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos y limitar sus consecuencias nefastas”.

Es decir, se pauta una consideración espe-cial que no ocurre con el resto de los delitos tipificados en esta Ley, a pesar de la larga his-toria venezolana en derrames petroleros y del grave impacto ambiental que éstos ocasionan. Tal flexibilidad con la materia de hidrocarbu-

ros es parte de la caracterización de la políti-ca ambiental actual venezolana, la cual no ha sido efectiva ni se ha hecho justicia en los ca-sos relacionados con la industria petrolera es-tatal y en especial con los derrames petroleros.

A otra escala, a nivel municipal, entró en vigencia el 14.06.12 la ordenanza que regula el uso de las bolsas plásticas en el municipio Carirubana, estado Falcón, siendo ésta una de las normas pioneras en la materia en Venezue-la que derivan en un aporte importante para ayudar a disminuir patrones de consumo no amigables con el ambiente y reducir el volu-men de desechos sólidos.

Políticas y medidas adoptadas por el Estado

En consideración de la Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), se tienen los siguientes datos de ese año en cuanto a políticas y medi-das ambientales:

Derecho al agua potable• Continuación del sistema de acueducto

Winka, en el estado Zulia, con el sumi-nistro de 130 litros por segundo desde el sector Nueva Lucha hacia los centros po-blados de San Rafael y Santa Cruz, muni-cipio Mara, beneficiando a 44.000 habi-tantes, invirtiéndose 7.851.894 bolívares. Implicó la construcción de una planta po-tabilizadora con capacidad de tratamiento de 3.600 l/s.

• Reconstrucción del embalse Manuelote, en el estado Zulia, mejorando el servicio de agua potable para una población estimada en 427.292 familias, con una inversión de 98.941.062 bolívares.

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• Rehabilitación y ampliación de la planta po-tabilizadora Clavellinos, en el estado Nueva Esparta; ampliación y puesta en marcha del sistema de abastecimiento de agua potable del Moriche, municipio Tucupita, estado Delta Amacuro, y construcción del acueduc-to de la población de Los Guires, en esa enti-dad, en el marco del proyecto Abastecimien-to de Agua Potable y Saneamiento en los estados Anzoátegui, Nueva Esparta, Mona-gas y Sucre, beneficiando a 110.000 familias, con una inversión de 51.517.205 bolívares.

• Reparación de la presa Las Canalitas, dentro del sistema de embalse Turimiqui-re, en el estado Sucre, permitiendo mejo-rar la capacidad de almacenamiento y ga-rantizar el abastecimiento de agua potable a 437.808 familias, con una inversión de 6.696.700 bolívares.

• Ejecución de obras de ingeniería hidráulica que permitieron mejorar la calidad del ser-vicio de agua potable en varios sectores de la península de Macanao, en el Estado Nue-va Esparta, beneficiando a 4.000 familias, con una inversión de 3.791.271 bolívares.

• Mejoramiento del servicio de agua potable a la población Chaguaramas mediante la rehabilitación de la estación de bombeo El Bostero, estado Guárico, beneficiando a una población de 13.000 habitantes, con una inversión de dos millones de bolívares.

• Incorporación de 500 litros por segundo al sistema Turimiquire para aumentar el su-ministro de agua potable a Cumaná y pe-nínsula de Araya, en el estado Sucre, y a la Isla de Margarita en Nueva Esparta.

• Incorporación de 200 litros por segundo de agua potable al Sistema Chuparipal, Carú-pano, estado Sucre.

• Acceso directo al servicio de agua pota-ble a los habitantes del sector El Dividive del municipio Miranda del estado Trujillo, mediante la construcción de una línea de aducción de agua potable de 956 metros lineales, beneficiando a 6.000 habitantes, con una inversión de 551.279 bolívares.

• Rehabilitación de 541 metros lineales de colectores de aguas servidas en los mu-nicipios Sosa y Cruz Paredes del estado Barinas, beneficiando a una población de 28.200 personas, con una inversión de 809.198 bolívares.

• Mejoramiento de las condiciones de sa-lubridad de los habitantes de La Guaira e Higuerote, en los estados Vargas y Mi-randa, mediante la rehabilitación de dos estaciones de bombeo de aguas servidas, beneficiando a 95.000 personas, con una inversión de 12.255.327 bolívares.

• Habilitación de la estación de bombeo Pla-ya Verde, Catia La Mar, estado Vargas.

• Rehabilitación del colector principal Tana-guarena, desde la E/B Tanaguarena II hasta el sector Las Juanitas en el municipio Ca-raballeda, estado Vargas.

• Continuidad en la prestación del servicio de agua potable en Caracas, Distrito Capi-tal y el Litoral del estado Vargas, mediante la colocación de 4.370 metros de tubería de acero en distintos tramos, beneficiando a 70.000 habitantes, con una inversión to-tal de 19.716.180 bolívares.

• Continuidad en la prestación del servicio de agua potable, mediante conducción y dotación a los municipios Carrizal, Cúpira, Machurucuto y Páez del estado Miranda, beneficiando a 16.636 habitantes, con una inversión de 1.696.991 bolívares.



• Interconexión de los Sistemas Tuy II, III y IV, mediante la rehabilitación de 2,31 kiló-metros de tubería, la construcción de 9 Km de vialidad de acceso y el túnel de desvío a la presa Cuira, los cuales servirán para desviar las aguas del río Cuira y permitir la construcción de la presa, con una inversión de 103.313.517 bolívares.

• Mejoramiento del servicio continuo de agua potable en el acueducto metro-politano de Caracas (Plan Agua 2011), mediante la ejecución de obras de aducción y distribución, beneficiando a 77.191 habitantes, con una inversión de 88.475.260 bolívares.

• Disminución del aporte contaminante a la bahía de Cumaná a través de la sustitución de 569 metros de tubería de impulsión de acero, desde la estación de bombeo Cai-güire hacia la planta de tratamiento Punta Baja, Cumaná, estado Sucre, con lo que se evita la descarga directa a la fosa de Caria-co en la bahía de Cumaná, con una inver-sión de 2.399.971 bolívares, beneficiando a 350.000 habitantes.

• Rehabilitación de la red de recolección de agua servida en Barcelona, estado Anzoá-tegui, mediante la sustitución de tramos derrumbados u obstruidos de la red, bene-ficiando a 61.000 habitantes, con una in-versión de 10 millones de bolívares.

• Mejoramiento de la capacidad hidráulica y de transporte del colector emisario a la estación de bombeo El Guapo, municipio Sucre, Cumaná, estado Sucre, mediante la construcción de 87,60 metros y relocaliza-ción del mismo, evitando desbordamiento de aguas servidas en el sector de la ciudad al oeste del río Manzanares, con una inver-

sión de 1.600.023 bolívares, beneficiando a 130.500 habitantes.

• Aumento de 50 litros por segundo de la producción de agua y disminución de la turbidez a 2 NTU en el municipio Bolívar, estado Anzoátegui, a través de la rehabili-tación y optimización de la unidad filtrante Nº 6 de la planta de potabilización con-vencional José Antonio Anzoátegui, be-neficiando a 165.000 habitantes, con una inversión de 1.175.406 bolívares.

• Incremento en la cobertura de agua potable en 94% en los estados Carabobo, Aragua y Cojedes, mediante la recuperación de un caudal de 70 litros por segundo, entre la estación de bombeo red media y la esta-ción de bombeo Castillito, beneficiando a 5.788.798 habitantes, con una inversión de 1.680.000 bolívares.

• Reparación de 20 fugas en las tuberías de los sistemas de Camatagua-Taguay y la planta de tratamiento Zuata-San Sebastián de los Reyes y San Casimiro, en el Siste-ma Regional del Centro, con una inversión 1.293.119 bolívares.

• Recuperación de la infraestructura para la distribución del servicio de recolección de las aguas servidas en los municipios Eze-quiel Zamora, José Félix Ribas y Santiago Mariño, de los estados Cojedes y Aragua, beneficiando a 150.500 habitantes, con una inversión de 159.342 bolívares.

• Aumento de la cobertura de agua potable a 93,22% y de recolección de aguas servidas a 64,82%, mediante la potabilización y dis-tribución de 172 millones de m3 de agua, destinados a satisfacer la demanda de los habitantes del estado Falcón; y limpieza

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• Rehabilitación de los sistemas de recolec-ción de aguas servidas, mediante el man-tenimiento a colectores y bocas de visita en los diferentes sistemas, beneficiando a una población de 348.886 habitantes de los municipios San Fernando, San Juan de Pa-yara, Pedro Camejo y Achaguas en el es-tado Apure, así como en Puerto Miranda, Camaguán y Calabozo, estado Guárico, con una inversión de 625.979 bolívares.

• Incremento en la cobertura de 91% en agua potable y 85% en recolección de aguas servidas, a través de la operación, mante-nimiento y custodia de la infraestructura hidráulica del estado Guárico, benefician-do a una población de 802.540 habitantes, con una inversión de 24.799.512 bolívares.

• Mejoras en los servicios de agua potable y saneamiento en todos los municipios del estado Guárico, a través de la ampliación y la rehabilitación de los sistemas de acue-ductos y aguas servidas, beneficiando a una población de 676.731 habitantes, con una inversión 16.694.599 bolívares.

• Producción de 150 millones de metros cú-bicos al año, de agua potable las 24 horas al día, bajo normas de calidad estándar, mediante la operación, mantenimiento y reparación de las infraestructuras de los sistemas de abastecimiento de agua po-table, beneficiando a una población de 1.144.849 habitantes del estado Táchira, con una inversión de 45.438.571 bolívares.

• Culminación de los tanques de abasteci-miento de 400 mil, 200 mil y 73 mil litros de la urbanización de Sueño Dorado, mu-nicipio Cárdenas, estado Táchira.

• Construcción de captación desarenador y aducción del acueducto río Zúñiga, muni-cipio San Cristóbal, estado Táchira.

con hidrojet a 130.700 ml de colectores y sustitución de 12.000 ml de colectores de diferentes diámetros en todo el estado Falcón, beneficiando a unos 939.532 habi-tantes, con una inversión de 270.626.067 bolívares.

• Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable del eje estación de bombeo Alí Primera-Los Taques, municipios Cari-rubana y Los Taques del estado Falcón.

• Construcción del sistema de acueducto y colector emisario del complejo habitacio-nal Velita V, en Santa Ana de Coro, muni-cipio Miranda del estado Falcón.

• Ampliación de los sistemas de agua pota-ble y recolección de aguas servidas para el urbanismo Indian Tucanica, sector Anti-guo Aeropuerto, municipio Silva del esta-do Falcón.

• Adecuación de los servicios de agua po-table y de los sistemas de colectores de aguas servidas de varios sectores de los municipios Los Taques y Carirubana, es-tado Falcón, en convenio de cooperación con PDVSA.

• Ejecución de seis proyectos de ampliación de redes de agua potable y aguas servidas, perforación, rehabilitación y equipamiento de pozos, beneficiando a 2.981.583 habitan-tes de los municipios Maracaibo, San Fran-cisco, Mara, Miranda, Machiques de Perijá y Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, con una inversión de 27.736.566 bolívares.

• Rehabilitación y sustitución de tuberías en las redes de distribución de agua po-table en los diferentes sistemas atendidos, beneficiando a una población de 226.979 habitantes en el municipio San Fernan-do, estado Apure, con una inversión de 839.406 bolívares.



• Mejoras a los sistemas de recolección de aguas servidas del estado Táchira, bene-ficiando a una población de 952.662 ha-bitantes, con una inversión de 1.139.532 bolívares.

• Incremento de la participación ciudadana en la solución de problemas en materia de agua potable y saneamiento en sus comu-nidades mediante la ejecución proyectos comunitarios, beneficiando a una pobla-ción de 99.483 habitantes, con una inver-sión de 10.297.666 bolívares.

Sin embargo, más allá de la ejecución de dichas obras hidrológicas por parte del Mi-namb, muchos centros poblados del territorio nacional tienen deficiencias en el suministro de agua, con cortes por sectores y restricciones por horas y por días, debido a distintas causas que van desde problemas en el abastecimiento del líquido en los embalses, períodos de se-quías asociados a cuencas hidrográficas apor-tantes cuyos bosques no han sido suficiente-mente protegidos, hasta fallas en las tuberías, en los sistemas de bombeo y en la infraestruc-tura en general. Tal realidad en el servicio del agua potable la sufre una parte significativa de la población venezolana, no obstante la fuente ministerial refiere que la cobertura en el servi-cio de agua potable llegó a 96 % para 20124.

Dentro de las razones de la deficiencia en el acceso al agua hay un factor geográfico que influye, y es que en Venezuela la población está concentrada en la región Centro Norte Costera mientras que los recursos hídricos

más valiosos se localizan al sur del territo-rio, donde están los principales ríos: Orinoco, Apure, Caura, Caroní, Arauca, Ventuari, Aro, Cuchivero. Cada vez más la tendencia del Estado es captar cursos de agua de la cuen-ca del Orinoco para que surtan del líquido a las grandes ciudades, como viene ocurriendo con el río Guárico y su aporte a los embalses que proveen a Caracas. Esto implica grandes distancias de traslado, lo cual repercute en el costo de las obras y su mantenimiento, y en el consumo y dependencia de energía.

A esto se suma lo que tiene que ver con las condiciones físico-químicas y microbio-lógicas del agua para consumo del público venezolano. Ha sido tan polémico el tema de los resultados del tratamiento de las aguas po-tables en el país que han surgido movimientos sociales que tienen como misión luchar para obtener mejor calidad del vital líquido. Tal es el caso de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua, en el estado Carabobo, que viene denunciando que las características del agua del embalse Pao Cachinche no son apropiadas para el consumo de la población, especialmente a raíz de la puesta en funciona-miento del trasvase desde el Lago de Valencia.

Tratamiento de desechos sólidos • Terminación de la obra de conversión de

vertedero a relleno sanitario en El Limón, municipio Guaicaipuro, estado Miranda, y puesta en funcionamiento, proyectado para procesar 1 millón 200 mil toneladas de desechos sólidos al año, generados por

4. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente: Minamb invirtió más de 178 millones de bolívares en estructuras hidráulicas [en línea] <http://www.minamb.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=5687:balance-memoria-y-cuenta-2012-minamb-invirtio-mas-de-178-millones-de-bolivares-en-estructuras-hidraulicas-caracas-210113-prensa-minamb-para-consolidar-la-cobertura-de-96-del-servicio-de-agua-potable-a-la-poblacion-venezolana-el-ministerio-del-p&catid=35:notas-de-prensa&Itemid=99> Consulta del 22.01.13.

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este proceso que inició Minamb y continuó la Fiscalía se ordenaron medidas precaute-lares de desalojo inmediato de los desechos acumulados a esta empresa contratista de la Alcaldía de Chacao; situación que debe enmarcarse dentro del conflicto de polariza-ción política existente en Venezuela, dado que desde 2006 a los municipios capitalinos distintos al municipio Libertador se les im-pide llevar sus desechos sólidos a la planta de transferencia Las Mayas.

Conservación de cuencas, ríos y lagos

• Desarrollo de proyectos de recuperación de áreas puntuales degradadas por la acti-vidad minera en el estado Bolívar mediante la realización de actividades de reforesta-ción y conservación de suelos, benefician-do a los habitantes de Manareken, La Lapa Norte y Sur de la cuenca del río Caroní, con una inversión de 1.058.183 bolívares. La cuenca hidrográfica del Caroní está considerada como la más importante del país a nivel estratégico, dado que es la que aporta agua a la represa hidroeléctrica de Guri, fuente de electricidad para más de 70 % del territorio nacional.

• Ejecución de 13 proyectos socio producti-vos indígenas de la cuenca del río Caroní, en el marco del programa manejo sustenta-ble de los recursos naturales de esa cuen-ca, beneficiando a 892 familias de comu-nidades indígenas, con una inversión de 1.665.428 bolívares.

• Ejecución de obras para la rehabilitación de canalizaciones, colectores marginales y taludes, como parte de la ejecución del proyecto Saneamiento Integral del Río Guaire, beneficiando a 168.000 familias del área metropolitana de Caracas, con una inversión de 58.989.427 bolívares.

la población de los Altos Mirandinos. La obra se inició en julio de 2010 y se inau-guró en octubre de 2011, y contempló la construcción de fosas, lagunas de lixivia-dos (líquidos producidos por la basura) y áreas administrativas.

• Terminación y puesta en funcionamiento del relleno sanitario Brisas de Mosoco, estado Aragua, beneficiando aproximada-mente 60 mil habitantes de los municipios San Sebastián de los Reyes y San Casimi-ro. Dentro de la obra se construyó una fosa creada para recibir 42 toneladas de basu-ra diarias durante cinco años. Cuenta con una capacidad de 115 mil metros cúbicos y un sistema de tuberías que tiene como fin transportar los lixiviados allí generados hasta una laguna contigua.

• Ejecución de obras para el saneamiento ambiental del sitio de disposición final de desechos sólidos San Vicente, municipio Girardot, estado Aragua. No obstante, di-cho vertedero sigue siendo uno de los prin-cipales focos de contaminación de esa en-tidad especialmente en materia de emisión de gases tóxicos y dioxinas.

• Ejecución de obras de saneamiento y con-versión a relleno sanitario del vertedero La Alcabala, municipio Colón del estado Zulia.

• De los dos rellenos arriba citados y el saneamiento de los dos vertederos se beneficiaron un total de 501.252 habi-tantes, con una inversión en el año de 29.122.393 bolívares.

• Desalojo de 19.000 toneladas de desechos sólidos domésticos, mediante la apertura de un procedimiento administrativo sancio-natorio a la empresa Inversiones Sabenpe, C.A., en la carretera Petare-Santa Lucía, municipio Sucre del estado Miranda. En



• Generación de información por parte del Instituto para el Control y la Conserva-ción de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam) sobre las características ambien-tales y evolución del sistema ecológico e hidrográfico del lago de Maracaibo y su cuenca, en los estados Zulia, parte de Mérida, Trujillo y Táchira, mediante eva-luaciones de la calidad del agua, aire, sedi-mento, biota y otros. Dicha información se ha utilizado para la planificación, control, asesoramiento y orientación a la comuni-dad vecina al Lago.

• Recolección por parte del Iclam de 1.631.577 datos de información pluviomé-trica, con la finalidad de conocer el com-portamiento de las lluvias, para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. En este sentido se recabaron 10.286 datos en la ciudad de Maracaibo, 463.160 datos en la costa oriental del lago de Maracaibo, 495.150 datos en el sur del lago de Mara-caibo, 118.994 datos en la subcuenca del río Limón, 217.718 datos en la subcuenca del río Grita y 326.269 en la Sierra de Perijá.

• Recolección por parte del Iclam de 8.022 metros cúbicos de lemna y desechos só-lidos en las riberas del lago de Maracai-bo (municipios Maracaibo, Catatumbo y La Cañada de Urdaneta), beneficiando a 2.426.262 habitantes, con una inversión de 5.920.999 bolívares.

• Ejecución por parte del Iclam de 1.155 evaluaciones ecotoxicológicas en los mu-nicipios Maracaibo y San Francisco, es-tado Zulia. Realización de 137 espirome-trías, correspondientes al estudio clínico epidemiológico en las comunidades con problemas de salud generados por el uso indiscriminado de plaguicidas y gallinaza en los estados andinos.

• Ejecución por parte del Iclam de cinco evaluaciones de riesgos de salud deriva-dos de problemas ambientales en la cuenca del lago de Maracaibo, en los municipios Lobatera, Ayacucho, Michelena, Ureña y Colón, en el estado Táchira.

• Determinación por parte del Iclam de la presencia de plaguicidas órgano-clorados, órgano-fosforados y carbamatos, a través del proyecto Evaluación Fisicoquímica y Bacteriológica de la Cuenca del río La Grita, estado Táchira, así como en el agua de consumo (potable) de los acueductos.

• Determinación por parte del Iclam de la existencia de contaminación bacteriana en el agua que consumen las comunida-des vecinas al Lago de Maracaibo en los sectores Chino Grande, parroquia Maria-no Parra León, y Piedra del Sol III, vía La Concepción, municipio Jesús Enrique Losada del estado Zulia. Según el balan-ce de su gestión 2011, informaron al ente responsable que no puede ser usada como agua potable.

• Realización por parte del Iclam de 139 evaluaciones orientadas a determinar el tipo, concentración y cantidad de conta-minantes: aportados por efluentes indus-triales o domésticos (89 evaluaciones); manejo de los residuos tóxicos y peligro-sos (24 evaluaciones); estimación del tipo y cantidad de contaminantes atmosféricos emitidos (17 evaluaciones); sustentación de expedientes ante el Ministerio Público (6 evaluaciones) y diagnóstico ambiental de las industrias (3 evaluaciones). Se brin-dó asesoría y orientación para dar cumpli-miento a las normativas ambientales en el tratamiento de aguas residuales. Del total, 96 evaluaciones fueron realizadas en el es-tado Zulia y 43 en el estado Táchira.

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• Digitalización de 160.905 documentos, correspondiente a la producción intelec-tual del Iclam, colección bibliográfica, tra-bajos de grado e informes de pasantía iden-tificados, documentación del sistema sobre la base de 835 informes técnicos y cientí-ficos, entre otros. Esto permite consolidar la base de datos corporativa y brindar un mejor servicio de información a las comu-nidades. Durante 2011 se superó la meta establecida de un millón de documentos digitalizados (2009 a 2011).

• Realización de obras de saneamiento del río Orituco mediante la culminación de la planta de tratamiento de aguas servidas de Altagracia de Orituco, estado Guárico, beneficiando a una población de 85.000 habitantes, generando 45 empleos direc-tos y 180 indirectos, con una inversión de 17.857.143 bolívares. Ahora, es importan-te que el Estado ejecute lo pertinente al mantenimiento técnico de esta planta de tratamiento y en sí de todos los sistemas de tratamiento que existen en el país, ya que muchos dejan de funcionar al poco tiempo por esta grave carencia nacional.

Conservación y preservación de ambientes naturales y biodiversidad

• Articulación institucional entre el Ministe-rio del Poder Popular para la Defensa y el Minamb, con el fin de establecer una ges-tión conjunta en la Base Científico Naval Simón Bolívar en el Refugio de Fauna Sil-vestre Isla de Aves.

• Liberación de 57.255 tortuguillos de espe-cies quelonias de agua dulce, 7.826 tortu-guillos de especies marinas y 106 ejempla-res de caimán del Orinoco. Se realizaron 56 censos poblacionales de flamencos y otras

aves asociadas a 14 humedales marino-cos-teros. En el Refugio de Fauna Silvestre Isla de Aves se hizo el marcaje de 307 tortugas verdes, registro de 652 nidadas y de 55.420 tortuguillos recién nacidos.

• Reforestación a nivel nacional de 8.558 hectáreas (ha) de terreno, mediante la siembra de 5.969.475 de plantas, de un total de 6.318.120 nuevos árboles produ-cidos, con una inversión de 15.572.032 bolívares. En este punto se debe hacer la acotación que esa superficie reforestada es poco significativa si se compara con la tasa de deforestación de Venezuela, de 288.000 ha de bosque al año5, o la superficie de bos-ques afectados anualmente por los incen-dios que sobrepasa las 100 mil ha.

• El Instituto Nacional de Parques (Inpar-ques) ejecutó jornadas especiales de refo-restación, con un total de 1.153 ha en los parques nacionales del Distrito Capital y de los estados Carabobo, Mérida, Aragua, Anzoátegui y Táchira.

• A través de Compañía Nacional de Refores-tación (Conare) se recuperaron 641 ha afec-tadas por las operaciones de PDVSA Oriente, Ayacucho, Centro-Sur y Occidente, mediante la reforestación de 190 ha, el mantenimiento de 451 y la producción de 253.308 plantas, beneficiando a 603.000 habitantes a nivel na-cional, con una inversión de 13.092.943 bo-lívares. Implicó lo siguiente: Reforestación de 50 ha en el estado Monagas; reforestación de 20 ha y el mantenimiento de 255 ha en el estado Anzoátegui; reforestación de 20 ha y mantenimiento de 15 ha en los estados Falcón, Lara y Trujillo; reforestación de 100 ha y mantenimiento de 181 ha en los estados Barinas, Táchira y Guárico.

5. FAO: Estado de los bosques en el mundo 2012 <http://www.fao.org/docrep/016/i3010s/i3010s.



• Mantenimiento y estabilización de taludes en 6,13 ha afectadas por la construcción de lagunas de tratamiento de aguas servidas, mediante la utilización de 735.600 plántu-las de vetiver, en Las Calderas del estado Falcón, beneficiando a 150.000 habitantes, con una inversión de 187.988 bolívares.

Educación ambiental e incorporación de la ciudadanía a labores de prevención

• El Minamb realizó a nivel nacional 300 talleres de capacitación en el contexto del proceso de conformación de la Red de Vi-gilantes Voluntarios del Ambiente (Redvi-va), con participación de 2.043 personas y 93 facilitadores-multiplicadores.

• Ejecución del proyecto de formación en conservación de suelos y aguas, orientado a las escuelas rurales, mediante prácticas agroecológicas de conservación de suelos y aguas, tales como canteros de lombricul-tura y compost, y establecimiento de vi-veros y huertos escolares y reforestación, en los estados Yaracuy, Aragua, Barinas, Lara, Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchi-ra y Trujillo, beneficiando a 2.316 familias, generando 24 empleos, con una inversión de 1.434.918 bolívares.

• Actualización del Programa de Forma-ción en Educación Ambiental a través de la consulta del documento a nivel nacional y capacitación de 7.625 personas en los estados Bolívar, Amazonas, Nueva Espar-ta y Falcón, con el objeto de concienciar y sensibilizar a los integrantes de las co-munidades, operadores turísticos, consejos comunales, docentes y estudiantes de tu-rismo sobre la importancia del patrimonio natural y cultural.

• En el marco del proyecto Canaima Educa-tivo se elaboraron seis actividades digita-

lizadas para el aprendizaje, con los temas ambientales: Diversidad Biológica, Nues-tra Relación con el Ambiente, El Bosque y su Relación con el Agua, Recorriendo los Parques de Venezuela, Los Caminos del Agua y Cuencas Hidrográficas, los cuales serán incorporados al sistema edu-cativo venezolano.

• Incorporación del programa educativo am-biental El Agua en Nuestras Vidas al de-sarrollo curricular venezolano a través del eje integrador ambiente salud integral y al Proyecto Canaima, y la incorporación de 4.500 escuelas bolivarianas para un total de 1.644.442 escolares a nivel nacional.

• Atención a 2.483 escuelas, 14.068 ni-ñas y niños, 3.324 docentes y 230 ser-vidores públicos a nivel nacional, como parte del Programa Niñas y Niños por un Ambiente Sano, infundiendo valores ambientales a niñas y niños que les per-mita interactuar con su comunidad en la solución de problemas en función de la conservación ambiental.

• Realización del VII Intercambio Nacional de Experiencias Ambientales en el Esta-do Monagas, con la participación de 500 niñas y niños y la asistencia de docentes, representantes y funcionarios de otras ins-tituciones. Como producto de esto se hi-cieron 22 intercambios estadales de Expe-riencias Ambientales Niñas y Niños por un Ambiente Sano.

• Se realizaron talleres de formación en la siguiente materia ambiental: Diagnóstico ambiental participativo, vetiver como al-ternativa socio ambiental y planificación participativa, artesanías con materiales de desechos. Se atendió a 10.580 personas de comunidades organizadas, grupos ambien-tales, voceros y voceras de los consejos co-

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munales y demás iniciativas organizativas a nivel nacional.

• Capacitación de 200 supervisores ambien-tales de la industria petrolera, como ins-pectores de la gestión socio ambiental, en los estados Zulia, Monagas y Falcón.

• Dentro del contexto de la Misión Ár-bol se conformaron 1.065 comités con-servacionistas con sectores educativos, militares y organizaciones comunitarias a escala nacional. Las funciones de los comités conservaciones se centraron en recolección de semillas, producción de plantas, reforestaciones y mantenimiento de las plantaciones.

• A través de la Fundación de Educación Ambiental se elaboraron materiales edu-cativos en el área ambiental tales como: la agenda ecológica 2012 Sale El Sol, Cartilla Ecológica I y II, divulgación del proyecto El Ambiente en las Manos de los Niños y Niñas, afiches ambientales con in-formación sobre cambio climático, agua, diversidad biológica, calentamiento global y otros, beneficiando a toda la población, con una inversión de 661.984 bolívares.

• Se desarrollaron programas de formación y educación a través de jornadas educa-tivo ambientales, talleres y el convenio entre el Colegio Universitario de Caracas y Fundambiente, beneficiando a 2.026 niños, niñas y adolescentes, 30 adultos mayores y 45 alumnos de pregrado, con una inversión de 197.315 bolívares. Asi-mismo ejecución de cuatro jornadas de-nominadas La Fiesta Ambiental.

• Inparques ayudó a sensibilizar en materia de educación ambiental a 1.237.860 per-sonas entre estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, a

través del desarrollo de programas comu-nitarios realizados en áreas protegidas y unidades educativas.

• Edición, publicación y distribución de re-vistas: Serie Educación, Participación y Ambiente Nº 4, y Aprende, juega y cuida tu ambiente; desplegable Somos Ambiente y La Tierra planeta de agua; y el Manual de Lombricultura.

• Edición, publicación y distribución del at-las Áreas Protegidas de Venezuela, tomos II y III; desplegables Somos Ambiente Nº 7, Manejo integral de desechos y residuos Nº 8 y Embalses de Venezuela; guía Ma-nejo de Riesgos; manuales Vetiver para la conservación ambiental y Uso de las plan-tas; y el libro Geotemas.

Control y planificación• Conformación de la plataforma tecnoló-

gica denominada Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica, basada en la información referente a las es-pecies que habitan en el país. Esta platafor-ma está disponible al público en el portal web http://www.portal.diversidadbiologi-ca.info/ para el colectivo en general a nivel nacional. Permite la generación de mapas de áreas estratégicas para la conservación, mapas de distribución de especies amena-zadas, endémicas y potencialmente apro-vechables con miras a prever las medidas de mitigación ante el impacto del cambio climático, entre otra cartografía temática.

• Elaboración del Sistema de Información Geográfica de las Especies Exóticas en Ve-nezuela (Sigvee) vinculado al Sistema Ve-nezolano de Información sobre Diversidad Biológica.

• Creación de una unidad de gestión de per-misos y autorizaciones dentro del Minamb,



con el objeto de tramitar de manera más eficiente permisos, evaluaciones, trámites y otorgamiento de licencias en materia de diversidad biológica.

• Evaluación por parte del Iclam de la cali-dad del aire de los municipios Maracaibo, San Francisco, Cabimas y La Cañada de Urdaneta, impactados por la presencia de partículas suspendidas totales (PTS), las cuales superan los niveles permisibles por la normativa (Decreto 638), afectando la calidad de vida de la población. Se obtu-vieron 478 datos acerca de partículas tota-les suspendidas, dióxido de nitrógeno, sul-furo de hidrógeno, dióxido de azufre, entre otros; además se evaluaron las emisiones de 40 vehículos de transporte pesado.

• De acuerdo a la fuente oficial existe una disminución de los pasivos ambientales peligrosos del país debido a la “transfron-terización” de 2.232,79 toneladas de dese-chos peligrosos como cenizas y escorias de vanadio, catalizadores gastados y baterías de Cd-Ni.

• Realización por parte del Minamb de 118 inspecciones técnicas en cuanto al tema de desechos peligrosos, y 8 actas de precinto.

• Inscripción a nivel nacional de 720 empre-sas manejadoras de sustancias, materiales y desechos peligrosos en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (Rasda), en las actividades de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final.

• Participación de funcionarios de Minamb en cuatro eventos internacionales en el con-texto de convenios de Seguridad Química (Basilea, Estocolmo, Rotterdam y SAICM) establecidos para la gestión de los produc-

tos químicos y de los desechos peligrosos a nivel nacional, como son plaguicidas obso-letos, bifenilos policlorados y catalizadores contentivos de metales pesados, escoria y ceniza de vanadio, entre otros.

• Optimización de la expedición de autoriza-ciones para el comercio de sustancias ago-tadoras de la capa de ozono, mediante la automatización del sistema de licencia de conformidad con el Decreto Nº 4.335 y el Protocolo de Montreal, beneficiando a los organismos de control tales como Seniat, Instituto Nacional de Estadística y Guar-dería Ambiental, entre otros, y a las casas comercializadoras de gases refrigerantes.

• Capacitación de 435 profesionales de la Guardia Nacional y técnicos de refrige-ración para el reconocimiento y manejo adecuado de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).

• Fortalecimiento de la unidad del Minamb responsable del tema de los contaminantes orgánicos persistentes (COP) en capacita-ción y sensibilización de la comunidad en general y personas encargadas de formular políticas con miras a reducir su impacto a la salud y al ambiente. Actualización del inventario nacional de los COP, conforma-ción de una línea base nacional en el marco del sistema integrado de información con el fin de permitir el intercambio efectivo entre las instituciones involucradas con este tema.

• Evaluación bacteriológica por parte del Minamb de 374 playas, promedio anual, con el fin de proporcionar información so-bre la aptitud sanitaria de los litorales cos-teros, evitando así posibles afectaciones a la salud de los usuarios, beneficiando a 14 millones de habitantes entre población costera, visitantes y turistas.

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• Dotación de equipos y herramientas para ser entregados a 750 brigadistas foresta-les, pertenecientes a 56 grupos voluntarios que operan en la prevención y extinción de incendios forestales en áreas de atención prioritarias a nivel nacional, con una inver-sión de 340.000 bolívares, beneficiando a la población en general.

• Generación, procesamiento y difusión de información meteorológica oportuna y confiable, a través de la emisión de 38.706 boletines meteorológicos a nivel nacional, con la finalidad de tomar medidas ante la ocurrencia de eventos climatológicos, con una inversión de 9.224.933 bolívares.

• Instalación del Sistema de Recepción de Satélite Geonet Cast y desarrollo de un producto de imagen de satélite con el pro-pósito de contar con herramientas tecnoló-gicas actualizadas en materia de meteoro-logía que permitan alertar a la población, preservar sus vidas y bienes, a través de información oportuna y confiable para los pronósticos meteorológicos. Con una in-versión total de 429.003 bolívares.

• Consolidación de la información diaria y mensual, correspondiente a 40 años, incluyendo tanto información históri-ca como la generada actualmente por el Instituto Nacional de Meteorología e Hi-drología (Inameh), a fin de actualizar el Banco Nacional de Datos Hidrometeo-rológicos, beneficiando a toda la pobla-ción del país, mediante una inversión de 723.238 bolívares.

• Fortalecimiento de las telecomunicaciones mediante el mantenimiento de las unidades de enlace del Sistema Nacional de Meteo-rología e Hidrología (Sinameh), con una inversión de 1.521.603 bolívares.

• Ampliación de la red de estaciones hidro-lógicas, lo cual permitirá la obtención de información hidrológica necesaria para la planificación efectiva del uso del recurso hidrológico superficial en el país. Con una inversión acumulada de 1.458.300 bolívares.

• Actualización del conocimiento del com-portamiento hidráulico y de las capaci-dades de acuíferos, mediante estudios de exploración y generación de datos hidro-geológicos para localizar sitios potencia-les, en el aprovechamiento por fuente de agua subterránea para abastecimiento a las comunidades, riego agrícola, en el sector industrial y de servicios, con una inversión de 1.498.189 bolívares.

• Actualización de la información geográ-fica y cartográfica sobre ubicación de te-rrenos, condiciones físicas y tipología de las edificaciones en 59 centros poblados en todo el país, para lo cual se elaboraron 3.735 ortofotomapas, con una inversión de 42.946.805 bolívares.

• Desarrollo e implementación de la mapo-teca digital, para manejo de información geo-espacial catastral, enmarcado en el sistema nacional de catastro, el programa nacional de catastro y el sistema de infor-mación geográfica catastral, con una inver-sión de 32.414.622 bolívares.

Fiscalía General de la RepúblicaDentro del balance ambiental de 2012 es

necesario contemplar la actuación del Minis-terio Público (MP) como órgano garante de los derechos ambientales que en Venezuela tienen rango constitucional. Dicha evaluación se hace considerándo las noticias publicadas en los medios de comunicación recopiladas durante el año y la información reseñada en la página web de la institución.



En general la Fiscalía ha venido trabajando lo relativo a las sanciones en materia ambiental enfocándolo para que las personas infractoras puedan resarcir el daño causado, apoyándose en la nueva Ley Penal del Ambiente, lo cual es un importante avance para el país. El MP, en su página web, tiene notas de prensa de una diversidad de casos llevados por la institución que, de acuerdo a la Dirección de Defensa In-tegral del Ambiente y Delito Ambiental, para el primer semestre de 2012 tenía 3.646 actos conclusivos en materia ambiental, de los cua-les 839 fueron acusaciones5. La mayoría de los expedientes son de personas naturales que vio-laron la Ley en casos tales como: tala de uno o varios árboles sin autorización, extracción de grava u otro mineral no metálico sin per-miso, construcción de un muro de contención con tubos dentro del mar, generación de ruidos molestos denunciada, tenencia irregular en su vehículo de uno o varios ejemplares de fauna silvestre, pesca dentro de ríos en parques na-cionales o aprovechamiento ilícito de especies forestales en veda, entre otros.

Si bien se puede considerar positivo los procedimientos antes descritos, es inexplica-ble la ausencia del MP en los casos ambien-tales más graves y destacados durante el pe-ríodo: no salen en sus notas institucionales ni los voceros de la Fiscalía lo mencionan a pesar de ser notitia criminis o incluso ser noti-ficados por organismos como la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, en el caso específico del derrame petrolero en el río Gua-rapiche, o por personas que se sienten afecta-

das, como en el caso de la calidad de agua del embalse Pao Cachinche.

Además de las investigaciones y sanciones que debería aplicar el MP como una forma de prevenir que no se repitan hechos similares, no ha existido, por ejemplo, en el caso de Petró-leos de Venezuela Sociedad Anónima (PDV-SA) políticas claras y transparentes ante cada suceso de contaminación ni se ha indemnizado a las personas afectadas.

Hay que acotar que de seis fiscalías am-bientales con competencia nacional que había para finales de 2012 sólo quedaron cinco, de acuerdo a lo consultado por PROVEA direc-tamente en el MP. Hace falta restituir esa fis-calía, dada la generación de un sinnúmero de expedientes ambientales y los múltiples temas que ocupan a los fiscales regionales.

Por otra parte, los funcionarios del MP han dictado talleres de formación en prevención y denuncia de delitos ambientales y sobre te-mas ecológicos como reciclaje, protección del agua, preservación de bosques, tratamiento de desechos sólidos y otros relacionados con los valores ambientales, dirigido a comuni-dades educativas, consejos comunales y otras organizaciones. Asimismo han organizado distintas actividades de reforestación y otras acciones enmarcadas en la educación ambien-tal. Para agosto de 2012 habían realizado más de 80 charlas ambientales a 3.586 niños y ni-ñas. También llevan adelante un plan de reci-claje a través de las distintas fiscalías y como consecuencia de las medidas alternativas que

6. Ministerio Público: MP presentó en el primer semestre del año 3.646 actos conclusivos en materia ambiental [en línea] <http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/curriculum;jsessionid=0764F8B8BC1298F24F85FA9E67C97A19?p_p_id=101_INSTANCE_lh5H&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&_101_INSTANCE_lh5H_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_lh5H_urlTitle=mp-presento-en-el-primer-semestre-del-ano-3-646-actos-conclusivos-en-materia-ambiental&_101_INSTANCE_lh5H_type=content&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fayuda%2F127> Consulta del 02.12.12.

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contempla la Ley Penal del Ambiente, hasta agosto de 2012 se habían realizado 96 refo-restaciones y se obtuvieron 2.635 plantas de diferentes especies para su posterior siembra6.

Situación del derecho al ambiente sano

Protección a la TierraSegún la Dirección de Bosques adscrita

al Minamb, en Venezuela se ha disminuido la tendencia en el avance de la deforestación, de 288.000 ha/año para la década 1990-2000 a 151.800 ha/año para la década 2000-2010. Por otra parte, se ha venido aumentando la super-ficie forestal, gracias a la implementación de la Misión Árbol, que ha plantado 9. 312 ha, de las cuales 6. 344 ha son para uso protector, 2.755,93 ha para uso agroforestal y 213 para uso comercial7.

Dicha fuente oficial plantea que, gracias a la política ambiental implementada por el Es-tado venezolano, en la actualidad se extraen menos árboles producto del aprovechamiento forestal por las limitaciones impuestas por la nueva fórmula de cubicación de volumen ro-llizo y el establecimiento de diámetros míni-mos de “cortabilidad” basados en la dureza de la madera de las especies; se incorporan más semillas al bosque por la obligatoriedad de seleccionar más y mejores árboles semilleros, aunado a la incorporación de variables am-bientales a través de estudios de impacto am-biental y sociocultural en los planes de mane-jo forestal, la sustitución de permisos anuales por planes de manejo forestal simplificado, la veda de especies en peligro de extinción como la caoba y la incorporación de miles de perso-

nas organizadas en comités conservacionistas en la Misión Árbol para establecer plantacio-nes forestales en áreas degradadas.

Con base en esta apreciación se estima que los registros de pérdida de bosques pudieran estar en el orden de 140 a 98 mil ha por año, lo cual representa aproximadamente entre 0,3 y 0,2% de la cobertura boscosa (49,6 millones de ha), debido a diferentes causas, como in-cendios forestales (según la Dirección de Vi-gilancia y Control del Minamb, sólo por esta causa en 2004 se perdieron 79 mil ha), por actividades mineras y agrícolas permisadas y extracción ilegal de madera, entre otras.

Hay que tener en cuenta que las principales superficies boscosas de Venezuela se encuen-tran al sur del Orinoco, especialmente dentro de figuras legales de régimen especial como las reservas del Caura, Imataca, La Paragua y Sipapo, así como en los parques nacionales Parima Tapirapecó, Canaima, Jaua Sarisariña-ma y Serranía La Neblina, en los lotes bosco-sos San Pedro y en otras áreas de régimen es-pecial de protección de cuencas hidrográficas. Buena parte de estas áreas especiales están siendo sometidas desde hace un tiempo por la presión de los mineros ilegales, en el caso de Imataca y La Paragua desde hace por lo menos 25 años, pero en el caso del Caura desde 2006. La intervención de los mineros que buscan oro implica contaminación mercurial, defo-restación y sedimentación. Así pues, las áreas deforestadas por minería en el estado Bolívar han venido en aumento año tras año.

Por otro lado, las reservas forestales al norte del Orinoco están muy intervenidas, en especial por acciones agrícolas y ganaderas,

7. Ídem.8. UNFF: Informe nacional al Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques en su décimo período

de sesiones. Venezuela [en línea] <http://www.un.org/esa/forests/pdf/national_reports/unff10/VENEZUELA.pdf> Consulta del 02.12.12.



previa venta ilegal de madera. Tanto en 2011 como en la actualidad ha habido una alta pre-sión sobre la Reserva de Caparo que junto a la de Ticoporo son las últimas sobrevivientes de los llanos occidentales, pero que en los úl-timos 10 años muestran altos niveles de de-forestación sin control de ningún ente estatal. Caparo ha logrado conservar un relicto de aproximadamente 14.000 ha de las 174.484 ha que tenía la reserva cuando se creó en 1961, de las cuales 7.000 ha corresponden a man-chas de bosque disperso y las otras 7.000 ha han estado resguardadas por la Universidad de Los Andes (ULA) desde 1970; no obstante, vienen denunciando que si no se produce una actuación de gestión y guardería ambiental por parte del Estado éstos desaparecerán también. Los voceros de la ULA dan la cifra del pano-rama: sólo entre 2002 y 2004 desaparecieron 70 mil ha producto de depredadores con moto-sierras y sin vigilancia de la Guardia Nacional que por lo menos antes realizaba operativos8.

Protección del aireUna de las principales limitaciones al de-

recho que tienen los ciudadanos a disponer de un aire limpio son los vehículos automotores, responsables de la mayor generación de gases dañinos a la salud humana y demás seres vivos a nivel urbano, incluyendo algunos gases cau-santes del efecto de invernadero, en especial dióxido de carbono (CO2) y monóxido de car-bono (CO). Por lo tanto, la principal medida de protección que se lleva a cabo en las ciuda-des del mundo son los controles de las fuentes móviles de contaminación del aire.

De acuerdo a lo publicado por el Minamb9, en 2012 se inspeccionaron 868 vehículos en los operativos de fuentes móviles ejecutados por el Gobierno Nacional en diferentes esta-dos del país con el propósito institucional de disminuir las emisiones de gases contaminan-tes y garantizar un ambiente más sano. Acti-vidades que se hicieron en conjunto entre el Minamb, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), la Guardia Nacional Boliva-riana y entes regionales.

De acuerdo a la Dirección de Calidad Ambiental del Minamb, el objetivo de estos operativos es exigir a los conductores contro-lar los gases tóxicos del parque automotor, en cumplimiento de los parámetros establecidos en las Normas sobre Emisiones de Fuentes Móviles10 y lo previsto en la Ley Orgánica del Ambiente, y sancionar a quienes exceden esos límites.

Según las fuentes oficiales, estos operati-vos se realizan generalmente cuatro veces al año en las principales autopistas, carreteras y en los terminales terrestres; a su vez van unidos a una campaña de concientización. Se evalúa a carros particulares, transporte público y de carga pesada, utilizándose un instrumento denominado opacímetro que detecta los nive-les de monóxido de carbono (CO), hidrocar-buros y otros gases.

En contraste, y con el fin de dar una visión amplia del tema, es importante referir que el parque automotor venezolano ha adquirido un volumen significativo, el cual contaba para 2008 con 5.218.940 vehículos, de acuer-

9. El Universal: Caparo, el último bosque. 21.10.12, pág. 4-4. 10. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente: Operativos durante el año 2012. Gobierno Bolivariano

inspeccionó emisiones de gases en más de 800 vehículos [en línea] <http://www.minamb.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=5727:gobierno-bolivariano-inspeciono-emisiones-de-gases-en-mas-de-800-vehiculos-&catid=35:notas-de-prensa&Itemid=99> Consulta del 31.01.13.

11. Decreto N° 2673 del 19.08.98, publicado en Gaceta Oficial 36.532 del 04.09.98.

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do con un estudio realizado en la ULA11, in-dicando que por cada 5,4 habitantes había un carro. Hoy en día esa cifra se ha incrementa-do con el crecimiento poblacional y de ingre-sos económicos en sectores sociales, en un contexto de bonanza de una economía basada en la renta petrolera. Ante este panorama se requiere ejecutar un control estricto, masivo y eficiente de las emisiones de gases que ge-neran automóviles, motos y vehículos de car-ga pesada, incluyendo gandolas, camiones, autobuses y busetas que en conjunto consti-tuyen el foco principal de contaminación del aire de Caracas y demás ciudades del país. En vista del problema y de lo numeroso de las fuentes móviles se debería realizar man-comunadamente el control con participación de entes nacionales y alcaldías, bajo la coor-dinación del Minamb.

Además, la circulación de este volumen automotor ha afectado el tráfico de las ciuda-des venezolanas, obligando a sus habitantes a pasar varias horas de la semana en colas en las calles y menos tiempo en sus hogares o en actividades de recreación, aumentando el estrés y el cansancio. Agréguese que el transporte colectivo es deficitario, tanto en autobuses y busetas como el Metro (en el caso de Caracas) con rutas sobrecargadas de pasajeros, pocas unidades y asientos disponi-bles. Por ello ha disminuido las condiciones ambientales urbanas, donde está concentrado casi 90% de la población del país, y por ende ha aumentado el desmejoramiento de la cali-dad de vida de las personas.

Protección de la fauna y floraDe acuerdo con la organización no gu-

bernamental Vitalis, en su análisis ambiental realizado en función de una encuesta con ex-pertos12, en 2012 se produjo un debilitamiento del trabajo de guardería ambiental y de vigi-lancia y control, con pocos operativos visibles que pudieran servir de ejemplo para contro-lar el comercio ilegal de flora y fauna en las carreteras y en las grandes ciudades. Esto se agravó con situaciones como las invasiones en áreas protegidas, el desarrollo de proyectos urbanísticos sin las evaluaciones de impacto ambiental y la extracción de biodiversidad en las áreas naturales.

Persisten el comercio ilegal de animales y plantas silvestres, especialmente en carreteras tales como la de San Felipe-Morón (estados Yaracuy y Carabobo), Barlovento (estado Mi-randa), Chichiriviche (estado Falcón), Clari-nes-Píritu (estado Anzoátegui), el Delta del Orinoco y el estado Bolívar.

Gestión de residuos sólidosEn este año analizado, el problema de la ba-

sura fue lo más denunciado en los diarios de Ve-nezuela en materia de ambiente. Tal interpreta-ción se desprende de un análisis de 552 noticias publicadas tanto en la prensa nacional como en la regional y recopiladas durante 2012. De ese total, 43,3 % (239 noticias) corresponde al tema de la basura (ver cuadro anexo).

Hay graves problemas en todo el territo-rio nacional con la recolección y disposición

12. Mundo Universitario, Vol. X (1), 38-48, 2012. Lílido N. Ramírez I. El Parque Automotor en la República Bolivariana de Venezuela 1990-2011, Estratos Medios de la Población y Elecciones 2012. <http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/34668/1/articulo4.pdf>

13. Vitalis: Situación ambiental de Venezuela 2012 [en línea] <http://es.scribd.com/doc/122431942/Situacion-Ambiental-de-Venezuela-2012> Consulta del 29.01.13.



final de los desechos. Las denuncias reflejan que pese a que la Ley de Gestión Integral de la Basura entró en vigencia en 201113, se si-guen utilizando sin control técnico centenares de vertederos y botaderos de residuos sólidos que sobrepasaron su capacidad de carga. Mu-chos presentan quemas en su interior producto de la combustión de los gases allí generados y además percolan los suelos sus lixiviados o mezcla de líquidos corrosivos producidos en la acumulación de basura con elementos or-gánicos y sustancias inorgánicas. Todo esto da como resultado contaminación del aire con ga-ses causantes del efecto de invernadero, como el metano14 y el dióxido de carbono, más ce-nizas y dioxinas, combinación tóxica que es señalada como responsable de enfermedades respiratorias, distintos trastornos en la salud e incluso cáncer.

Algunos gases que se liberan en estos sitios transportan sustancias químicas presentes en solventes, diluyentes de pinturas y plaguici-das, entre otros compuestos orgánicos volátiles considerados peligrosos. A la vez, como conse-cuencia de la filtración de lixiviados, hay pre-sencia de metales pesados y distintas sustancias químicas en aguas, ecosistemas cercanos y en la cadena trófica asociada, incluyendo las co-munidades humanas que de allí se surten. Ahí coexisten comunidades que viven de la venta de lo que recogen en estos sitios; reciclan, pero sin las mínimas condiciones sanitarias.

Se estima un número aproximado de 1.000 sitios de disposición de residuos sóli-dos en el país, de los cuales 311 son conside-rados como vertederos, pero menos de cinco

de estos han sido gestionados adecuadamente a manera de rellenos sanitarios. Actualmente el número ha bajado a uno, La Bonanza, en vista del cumplimiento de sus lapsos operati-vos y la mala administración.

En este año se evidenció una vez más que en el país no hay políticas públicas efectivas de incentivo a la reducción de los desechos sólidos. Éstas deben incluir programas insti-tucionales obligatorios de reciclaje, con edu-cación ambiental masiva y promoción de la debida separación y agrupación de residuos en los hogares y locales en general. Son pocas las alcaldías que tienen algún tipo de programa de reciclaje, como Chacao, Sucre, Baruta, Los Salias y Libertador, pero se ejecutan sin que formen parte de una política integral que vaya sustituyendo el aseo urbano convencional por otro sistema en el que se aprovechen las mate-rias primas resultantes y se reduzca la carga de basura a los sitios de disposición final.

Se estima en cerca de 13% el volumen de material reciclado del total de residuos sóli-dos que se producen en el país, de acuerdo a experticia de un empresario del reciclaje de plásticos15, lo cual se realiza principalmente dentro de los vertederos de basura. En me-nor volumen se hacen recolectas promovidas por organizaciones de la sociedad como Eco-click, Chacao Limpio, Por la Caracas Posible y el Circuito Universidad de los Andes para el Manejo de los Desechos (Ciulamide). En 2012, Ecoclick organizó cuatro jornadas en aproximadamente 40 centros de acopio de organizaciones vecinales y ONG ubicadas en su mayoría en Caracas.

14. Gaceta Oficial 6.017 Extraordinario del 30.12.10.15. El metano es un gas altamente inflamable y explosivo. Tiene un potencial de calentamiento global de 23,

según <http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/248.htm> Es 23 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2). Los vertederos son una de las mayores fuentes de emisión de metano creadas por el hombre.

16. Ramiro Rosell, comunicación personal. 13.12.12.

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Casos ambientales emblemáticos ocurridos durante 2012

Derrame petrolero en el río GuarapicheEl 29.01.12 se publica en un periódico de

Monagas: “Vecinos denuncian derrame de pe-tróleo”16. Se trataba de pobladores de la co-munidad de Morichalito, en los alrededores de Maturín, que denunciaban la presencia de flui-dos petroleros en los patios de sus viviendas y algunos mencionaron que en diciembre de 2011 las tuberías se desbordaron y afectaron morichales y una laguna. Su exigencia con-sistía en que “el personal de Ambiente hiciera una inspección”.

Casi una semana después, el sábado 04.02.12 cerca de las 6 am, explotó una tubería de crudo ubicada en las afueras del Complejo Operacional Jusepín, perteneciente a PDVSA. El petróleo duró más de 15 horas vertiéndose y drenando hasta el curso de agua más cercano, el río Guarapiche, de acuerdo con la informa-ción que se fue recabando minuto tras minu-to por los medios de comunicación, las redes sociales y posteriormente por integrantes de la Comisión de Ambiente de la AN. Del lado de las instituciones implicadas, el Minamb y PDVSA, se estableció un hermetismo comu-nicacional mientras que se activaba un plan de emergencia. Aproximadamente a las 6:40 pm del mismo día, la hidrológica regional Aguas de Monagas decidió cerrar las tres bombas que se disponen en el río Guarapiche para evi-tar que el líquido contaminado ingresara a la planta potabilizadora que surte de agua a Ma-turín y otras poblaciones de Monagas.

Desde el inicio del siniestro los voceros ofi-ciales no dieron cifras de la cantidad de crudo

derramado y al verse presionados por la opi-nión pública, se gestó una confrontación ver-bal trasladándose un asunto de interés nacional al plano de la polarización política. El plan de emergencia para recoger el crudo derramado, ejecutado por PDVSA con el apoyo del Mi-namb, se inició de manera irregular ya que se emplearon personas de la zona para trabajar en la operación de limpieza y no se tomaron me-didas mínimas de protección a su salud, per-mitiendo que entraran al río Guarapiche des-provistos de trajes protectores y llenaran sus cuerpos de petróleo. De manera que se incum-plió con los procedimientos establecidos en planes de contingencia de cualquier empresa del ramo y las pautas contempladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT).

Ante la decisión del gobierno regional de mantener cerrada la planta potabilizadora para evitar la contaminación del agua con hidrocar-buros, se genera una crisis política con el Go-bierno Central. A la vez se produce desabas-tecimiento del líquido, que hizo insostenible mantener un plan de contingencia con uso de camiones cisternas.

El volumen derramado fue estimado en 60 mil barriles, según el presidente, para la fecha, de la Comisión de Ambiente de la AN17. Ci-fras menores dan los voceros del Minamb y de PDVSA.

Por otra parte, se afectó en el suministro de agua a aproximadamente 600 mil personas de esa entidad por varias semanas.

Algunos aspectos resaltantes del caso se pueden resumir así:

• Se generó un impacto ambiental sobre en el río Guarapiche, el caño Francés y los

17. Vecinos denuncian derrame de petróleo. En: La Prensa de Monagas, 29.01.12, pág. 4.18. El Nacional: 600 mil personas afectadas por el derrame en Monagas. 12.02.12, pág. 8.



manglares que hay a lo largo de éstos. Por otro lado, se requiere evaluar a corto, me-diano y largo plazo los efectos del derrame sobre el río San Juan, la Reserva Forestal Guarapiche y el Golfo de Paria, donde des-embocan todas estas aguas.

• Por la información recabada y por el tiem-po de duración del derrame hay suficientes evidencias para presumir que no funcionó el Plan de Contingencia. Hubo impericia y negligencia en el manejo del accidente. Además es urgente hacer una evaluación exhaustiva del estado de las tuberías, vál-vulas y demás piezas utilizadas en estos sis-temas petroleros, ya que se han presentado varios siniestros en la industria en Monagas y Anzoátegui, tal como el ocurrido en Mori-chalito, el cual debió servir de alerta.

• La zona la militarizaron y se restringió el acceso a la información; sólo se permitió la prensa oficial, lo cual niega el derecho a la información de cualquier ciudadano, más allá de su creencia política.

• Hasta la fecha no se sabe de la existen-cia de un procedimiento penal ambiental abierto por la Fiscalía en contra de PDVSA de manera que se haga justicia con base al derecho que tienen los ciudadanos mona-guenses a un ambiente sano, se investigue a fondo las causas del derrame, se esta-blezcan las responsabilidades penales, se realice un estudio de evaluación ambiental detallado y se tomen las medidas requeri-das para resarcir el daño.

Problemática minera en la cuenca del CauraA partir del año 2000 se viene denunciando

desde Maripa, en el bajo Caura, la presencia de mineros provenientes de distintas zonas del estado Bolívar como Imataca, el Caroní, La

Paragua e incluso El Callao, Ciudad Bolívar y el vecino estado brasilero de Roraima. Des-de entonces y progresivamente cada vez peor el turno de la destructiva actividad de extrac-ción aurífera le toca a la cuenca del río Caura irrespetando bosque, río, diversidad biológi-ca y culturas ancestrales con sus secuelas de contaminación y extinción producidas por la deforestación, remoción de sustratos y uso de mercurio (azogue) como amalgama del mine-ral que contamina directamente a los mineros que lo manejan o pasa posteriormente a la ca-dena trófica, incluyendo al mismo ser humano, como metilmercurio o mercurio orgánico que tiene propiedades de bioacumulación.

La superficie de la cuenca del Caura abarca 45.336 Km2 (4.533.600 ha), siendo la tercera cuenca más grande del país. Como parte de su ordenamiento territorial contiene cinco áreas bajo régimen de administración especial que cubren buena parte de su superficie, especí-ficamente: la Reserva Forestal del Caura, el Parque Nacional Jaua Sarisariñama, el Monu-mento Natural Sierra de Maigualida, el Mo-numento Natural Ichún Guanacoco y la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar.

La minería desatada en ese territorio desde 2006 no ha podido ser frenada hasta la fecha por el Ejército, que desde hace aproximada-mente tres años viene ejecutado una gran ope-ración militar denominada Plan Caura con el propósito de combatir la extracción mineral ilegal en esa cuenca y en otras regiones del estado Bolívar. La situación actual no sólo es grave para los distintos ecosistemas presentes en el Caura y su riqueza en biodiversidad, que es objeto permanente de extracción y cacería por parte de los garimpeiros; la minería ilegal ya se constituyó en una amenaza a los hábi-tats de comunidades indígenas de las etnias Yekuana y Sanema que están cercanas al río y

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a los focos donde explotan el oro y en algunos casos también madera.

De acuerdo a información publicada en la prensa nacional, desde agosto de 2012 la Fun-dación La Salle, la Universidad de Oriente y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre divulgaron los resultados de un tra-bajo científico hecho en la cuenca: 92% de las mujeres indígenas que fueron estudiadas, de un total de 152, tienen un alto nivel de mer-curio en su cuerpo. Durante la investigación que se realizó a solicitud de la organización indígena Kuyujani, se analizaron los cabellos de 152 mujeres y niñas de tres comunidades Yekuana y dos Sanema que habitan a las ori-llas de los ríos Caura y su afluente el Erebato, donde se ha incrementado la minería ilegal en los últimos años. La muestra representó 12,9% de la población total referida, 1.174 personas. Se seleccionaron a las mujeres en este estudio debido a que son más vulnerables y además el largo de sus cabellos permitía determinar la exposición de mercurio desde años atrás. La conclusión fue que casi todas ellas, 92 %, ex-ceden la cantidad permisible de mercurio en el cuerpo humano que de acuerdo a la Orga-nización Mundial para la Salud es de dos mi-ligramos por kilo. También la investigación determinó que las mujeres embarazadas están en riesgo de tener hijos con desórdenes neuro-lógicos debido a que 36,8% posee más de 10 miligramos por kilo de mercurio en su cuer-po. “La exposición temprana al metilmercurio (…) en humanos es una situación preocupante debido a que el desarrollo prenatal del siste-ma nervioso central es muy susceptible a este neurotóxico”, indica el trabajo18.

Desde que salieron publicados los resulta-dos de este estudio, Kuyujani, con el apoyo de otras organizaciones como el Centro de Inves-tigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) y PROVEA, ha llevado la información a distin-tas instancias del Estado, incluyendo minis-terios y la Fuerza Armada, con el fin de que se adopten medidas adecuadas en el asunto, ayuden a solventar la problemática socio-am-biental descrita e impidan que continúen las actividades ilegales de los mineros en el Cau-ra, sin resultados favorables hasta la fecha. Se debe agregar que incluso en los dos últimos años ha habido cierta confrontación entre in-dígenas y militares del Plan Caura asentados en Maripa, agravando el panorama. A CIEV han llegado denuncias de indígenas del Caura que manifiestan que “la zona se encuentra a merceddelasmafiasdeloro,losefectivoscas-trenses y una delincuencia nunca antes vista en la cuenca”19.

La explosión en la Refinería de Amuay, estado FalcónEl 25.08.12 se produjo una explosión en la

Refinería de Amuay, localizada en la costa oc-cidental de la Península de Paraguaná, estado Falcón. La explosión ocasionó 26 fallecidos y 90 heridos20.

Según información de PDVSA, se originó una fuga de olefinas en el Bloque 23 del área de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de la Refinería Amuay, perteneciente al Centro de Refinación Paraguaná (CRP), lo cual creó una nube de gas que debido a las condi-ciones ambientales no se dispersó y al hacer contacto con una fuente de ignición produjo

19. Fabiola Zerpa: Comunidades indígenas del Caura están contaminadas con mercurio. En: El Nacional, Caracas, 13.08.12, pág. C-6.

20. El Progreso: Complicidad castrense minimiza efectividad del Plan Caura. Ciudad Bolívar, 16.10.12, pág. 30.21. Ministerio Público: Ministerio Público reforzó equipo que investiga explosión en refinería de Amuay

<http://bit.ly/Vj8mRN> Consulta 14.02.13.



una explosión y posterior incendio, afectando nueve tanques de almacenamiento de naftas y gasolinas, así como una esfera de olefinas.

Amuay es uno de los complejos de refina-ción petrolera más grandes del mundo, per-teneciente a PDVSA. De acuerdo a la infor-mación obtenida en la prensa, la explosión se debió inicialmente a la fuga de gas propano en el bloque 23 de almacenamiento del CRP. Casi una hora después se da otra explosión, deri-vada presuntamente de los gases acumulados por la fuga que ocasionó una onda expansiva de gran magnitud, trayendo como consecuen-cia graves daños a las estructuras vecinas y al Destacamento Nº 44 de la Guardia Nacional. El ministro de Petróleo y Minería y presiden-te de PDVSA, Rafael Ramírez, declaró que la causa de las explosiones fue la formación de una nube de gas tras una fuga.

Más adelante informaron que fueron afec-tados nueve tanques de la zona del bloque 23 de almacenamiento por fuertes llamas que se instalaron en los tanques 200, 203 y 204, sien-do este último apaciguado el 28.08.12 en ho-ras de la mañana, luego de que se consumiera en su totalidad el contenido del tanque.

Al cabo de unas horas controlaron el in-cendio y paralelamente se llevaron los heridos para el hospital Calles Sierra de Punto Fijo y al hospital Coromoto de Maracaibo. La Fiscalía inició de inmediato una investigación, desig-nando un equipo de expertos de la Unidad de Criminalística de dicho organismo.

Algunos expertos en materia petrolera y de refinería señalan que hubo impericia en el manejo del Plan de Contingencia. Al igual que se denuncia que la refinería no ha recibido su-ficiente mantenimiento.

En este caso queda pendiente, al igual que en el siniestro de Jusepín, Monagas, la investi-gación en materia penal ambiental, aunque no hay ninguna señal de que la Fiscalía ni el Mi-namb estén actuando en ese sentido. Ante un siniestro de esa magnitud, donde se generaron gases y sustancias químicas, es fundamental que el organismo del Estado responsable del ambiente exija a PDVSA que realice los es-tudios de impacto ambiental requeridos para evaluar el estado de los ecosistemas en la costa oeste de Paraguaná y en el Golfo de Venezuela.

Urbanismo sin planificación urbana en CaracasEn agosto de 2011 se ejecutaron, en el marco

de la Gran Misión Vivienda Venezuela, construc-ciones para fines residenciales en varios centros poblados del país, entre ellos la capital de país, sin la debida planificación en cuanto a servicios públicos y sin considerar las ordenanzas muni-cipales. En el centro de Caracas, específicamen-te en el Paseo José María Vargas, el Ejecutivo intervino para construir un conjunto residencial destinado a personas que se encuentran en refu-gios debido a las contingencias generadas por las lluvias. Si bien es correcto que el gobierno construya viviendas para atender a las personas que se encontraban en refugios, los proyectos habitacionales no pueden ejecutarse prescindien-do de los espacios públicos en la ciudad como ocurrió con el Paseo Vargas, donde se demolió un campo deportivo, de los pocos que existían en el área, y además se eliminaron numerosos ár-boles21. Se ejecutó un urbanismo que irrespeta el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) legal-mente establecido y que no considera variables tales como el incremento drástico en la demanda de servicios públicos tales como agua potable, aguas servidas, luz, aseo urbano y otros.

22. Javier Brassesco: Comenzaron talas de árboles en espacios del Paseo Vargas. El Universal http://bit.ly/pgM6uT> Consulta 14.02.13.

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Otros casos que continuaron sobresaliendo en 2012• Las inundaciones de vecindades en los esta-

dos Aragua y Carabobo por el crecimiento de las aguas servidas en el Lago de Valencia.

• Casos como el de la denominada Ciudad Caribia, en el estado Vargas , que no sólo la establecieron dentro de una Zona Protecto-ra, sino que sus estructuras se emplazan en un área montañosa atravesada por la falla geológica de Tacagua22. Es decir, se cons-truyó el urbanismo en una zona sísmica sin considerar el ordenamiento territorial y el debido estudio de impacto ambiental, cuyos aspectos geológicos son determinantes.

• La degradación de la mayoría de los ríos y quebradas, fuera de los parques na-

cionales, al norte del Orinoco que están siendo contaminados por la descarga de aguas servidas.

• Los lodos rojos y demás pasivos ambienta-les que se generan y acumulan como dese-chos de las industrias básicas de Guayana contaminando el ambiente en general, la salud de trabajadores y habitantes, y en es-pecial a los ríos Caroní y Orinoco.

• La contaminación de una parte importante de la línea de costa venezolana, en especial la correspondiente al Litoral Central, esta-do Vargas, siendo objeto de descargas en camiones de basura general y escombros, además de ser receptor del drenaje direc-to de aguas servidas, infringiéndose así la Ley de Zonas Costeras.

23. En el complejo urbanístico Ciudad Caribia, ubicado en el sector Camino de los Indios, en el Distrito Capital, se pretende construir 20.000 viviendas donde habitarían unas 100 mil personas para el año 2018.



Derecho a la educación

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función in-declinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades... La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática...

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanen-te, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligato-ria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado uni-versitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformi-dad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas...

Artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

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Entre los aspectos positivos que pode-mos destacar este año se encuentra que la modalidad de Atención Conven-

cional de la educación inicial (que concentra alrededor de 73% de la población escolar en edades de 3 a 5 años) creció 2,2% en las de-pendencias oficiales y 3,3% en las privadas, para un crecimiento global de 2,5%. Sin em-bargo, tomado en su conjunto (Atención Con-vencional y No Convencional), la matrícula de este nivel sufrió un revés en tanto descendió 3% su crecimiento interanual, lo cual frena la tendencia que venía en crecimiento. Como agravante, el descenso fue de 4,2% en el sector oficial, porque en el privado creció 3,3%.

Para el segmento de educación media (1° a 3er año) veníamos señalando una disminu-ción de su ritmo de crecimiento por tres perío-dos consecutivos. En el actual tuvo una recu-peración de 0,6%, más acentuada en el sector oficial (1,5%), y un decrecimiento de 1,8% en las dependencias privadas.

También como positivo se constata que el segundo segmento de educación media (4° a 6° año) tuvo un incremento interanual de 3,0% (2,9% en las dependencias oficiales y 3,4% en las privadas). Considerando toda la década, el incremento fue de 89,2% (96,4% para las ofi-ciales y 74,7% para las privadas).

Hubo un aumento de 1,3 años en la escola-ridad promedio de Venezuela, lo que significa

un incremento de 16,6% en la década. Tam-bién como un signo positivo, y a diferencia del lapso pasado, hay mayor equidad en la escolaridad promedio lograda, ya que no hay ninguna entidad federal que tenga más de un año de diferencia con el promedio nacional, mientras que hace una década en esa situación estaban cuatro entidades. Todo lo cual confor-ma un cuadro de progreso pero también refleja inequidades en el país, máxime cuando estas cifras son promedios y no indican cuáles son los sectores sociales con menor escolaridad promedio, que suelen ser los sectores con ma-yor vulnerabilidad.

Durante el período la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-cia y la Cultura (UNESCO) dio a conocer el Informe 2012 de Seguimiento a la Educación Para Todos (EPT) titulado “Los jóvenes y las competencias. Trabajar con la educación”1.

El Informe amplía el Índice de Desarrollo Educativo (IDE)2, incluyendo para su medi-ción el Índice de Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI)3.

Venezuela se ubica entre los países con AEPI medio (0,881) y respecto del IDE (0,951) se ubica en el puesto 58 dentro de los países con IDE alto (0,951). Y su IDE amplia-do es de 0,9374. Todo lo cual indica un cla-ro progreso respecto del Informe EPT 2011, cuando el país se ubicó en el puesto 745.

1. UNESCO 2012: Informe de Seguimiento a la Educación Para Todos. Los jóvenes y las competencias. Trabajar con la educación.

2. El IDE ampliado es la media aritmética de cinco componentes, de los cuales la AEPI es el quinto. Los cuatro restantes son: la enseñanza primaria universal, la alfabetización de adultos, la paridad entre los sexos y la supervivencia en 5° grado de primaria. En: UNESCO 2012. Op. Cit. Pág. 353.

3. Compuesto por: Tasa de sobrevivencia de niños menores de 5 años; Niños menores de 5 años que no padecen retrasos del crecimiento de forma moderada ni grave y Tasa de escolarización a la edad adecuada de los niños de 3 a 7 años.

4. UNESCO 2012. Op. Cit. Pág.354.5. El Informe EPT 2012 tiene cifras actualizadas hasta 2010 y el Informe EPT 2011 sólo contenía datos

hasta 2008.

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Respecto de la exclusión educativa, para las edades de entre 3 y 5 años la exclusión sería todavía de aproximadamente 475.591 personas (menor a las 499.605 señaladas en el lapso pasado); para las edades de 6 a 11 años se ubica en 122.074 (menos que los 128.742 del lapso pasado); de 12 a 14 años estarían fuera del sistema educativo 157.005 personas (cifra mayor a las 128.890 del año pasado); y en el segmento de 15 a 17 años es de 680.846 (menor a las 716.679 del período anterior). En suma, entre las edades de 3 a 17 años falta-ría por incluir aproximadamente 1.435.516 personas, lo que representa una disminución interanual de 2,7%, continuando la tendencia decreciente de la misma, lo que es sin dudas un dato positivo6. Como contracara debe seña-larse que los déficits mayores se ubican en las edades de 3 a 5 años (brecha de 27,8%) y en las edades entre 15 a 17 años (brecha de 41,3%).

Respecto del porcentaje de docentes que no tienen título docente, éste viene descen-diendo positivamente desde hace cinco años pues pasó de 22% a 19,2%; luego a 15,4%, después a 13,8%, para ubicarse en este pe-ríodo en 9,9%. Sin embargo, si se analiza esta realidad en todo el ámbito nacional, se observa que 11 entidades federales (al igual que en el lapso anterior, aunque no siempre las mismas) tienen porcentajes más altos de títulos no docentes. Repiten entidades federa-les como Delta Amacuro, Amazonas, Mérida, Cojedes, Nueva Esparta y Sucre con cifras que duplican y más la media nacional. Situa-ción que conforma un cuadro de inequidad y donde debieran centrarse esfuerzos para re-vertir esta situación.

Respecto del género, 107.766 docentes son varones (21,4%) y 395.474 mujeres (78,6%), lo que habla de una “feminización de la edu-cación”, situación que se considera negativa como se explica más adelante.

En relación con la educación primaria, lue-go de tres períodos de disminución de su cre-cimiento interanual se constata en este período un leve aumento de 0,2%, pero como dato ne-gativo no se logra compensar la pérdida en tér-minos absolutos sufrida desde 2006-07 cuan-do el nivel tuvo 3.521.139 alumnos (la más alta de la década) y ahora tiene 3.435.421. En diez años disminuyó 0,2%. En el nivel oficial el crecimiento fue de 0% por lo cual tampoco pudo recuperar los 3.000.606 alumnos que te-nía en 2000-01 (la cifra más alta de la década), pues ahora tiene 2.829.565. La disminución en diez años fue de 5,7%. Por el contrario, res-pecto de las dependencias privadas hubo un crecimiento interanual de 1% y a lo largo de la década hubo un crecimiento de 19,6%.

La matrícula de educación especial tam-bién tuvo un decrecimiento de 6,5%, aun cuando la cifra de este período (205.478) es la segunda de la década después de la máxima lograda en el período pasado.

El Sistema de Indicadores Sociales de Ve-nezuela (SISOV) tiene un retraso de por lo menos un período7 en relación con los indica-dores de Inversión Pública en Educación, con lo cual nos privamos de poder hacer análisis confiables y válidos respecto de los mismos. Ello no obsta para señalar que la ausencia de cifras es en sí misma un dato negativo, pues impide saber si el descenso en la inversión que señalamos en el lapso pasado (siempre

6. Errata: la cifra global el año pasado fue ubicada en 1.570.622, cuando debía ser 1.473.916.7. Las últimas cifras publicadas son de 2010. Consulta del 24.02.13.



basándonos en estas cifras oficiales) se ha re-cuperado o no.

Asimismo el país continúa sin tener un Sistema Nacional de Evaluación de los Apren-dizajes que permita estudiar la aceptabilidad de la educación lograda, una de las caracterís-ticas esenciales del derecho.

Situación del derecho8 Disponibilidad del derecho a la educación9 Disponibilidad de establecimientos educativos

Tomando en cuenta los datos de las Esta-dísticas Educacionales correspondientes a la Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE)10, el país cuenta con 26.591 planteles11, lo que significa un crecimiento interanual de 1,5% respecto del lapso anterior, confirmándose

la tendencia al crecimiento señalada en el período anterior (ver Cuadro N° 1). Desde el año escolar 2003-04 (cuando comenzamos a tomar en cuenta este indicador) hasta el presente (ocho lapsos) el incremento ha sido de 8,5%. Este signo es positivo pero aún in-suficiente, en tanto, como lo señalan otros indicadores, el crecimiento interanual debe ser mayor para poder albergar progresiva-mente a toda la población en edad escolar. Además hay que tener en cuenta que en el lapso 2006-07 ya se había alcanzado una ci-fra cercana a la actual (26.561).

Respecto de la dependencia (oficial y pri-vada) se mantiene una proporción similar a la de lapsos anteriores (82,9% y 17,1% respecti-vamente). En cuanto a la subvención estatal, del total de planteles privados 18,5% de ellos la recibe, 3% más que en el lapso anterior.

8. El monitoreo toma como referencia las cuatro características de la educación como derecho humano y las obligaciones estatales que se derivan de las mismas, a saber: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Las definiciones de estas características se indican en los apartados correspondientes. Para el establecimiento de los indicadores que aparecerán a continuación se tomaron en cuenta, además de los anteriores capítulos sobre el derecho a la educación de los respectivos informes anuales, los siguientes trabajos: PROVEA: Marco teórico-metodológico sobre el derecho a la educación (disponible en: www.derechos.org.ve) y DEFENSORÍIA DEL PUEBLO COLOMBIA: Serie DESC. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la luz del derecho a la educación.

9. Disponibilidad: “Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.” NACIONES UNIDAS. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Observación General Nº 13. Párrafo 6.

10. Ministerio del Poder Popular para la Educación. Estadísticas Educacionales 2011. MEMORIA Y CUENTA 2011. TOMO II: MEMORIA. V – CXXXVI – N° CXXXII. Caracas, 2012. Versión PDF.

11. MPPE. Op. Cit. Cuadro I.1.13. Planteles y Centros de Educación inicial, primaria y media por nivel educativo según dependencia.

98



Año Total Oficiales % Privados % Variación interanualescolar Oficiales Privados

2003-04 24.518 20.211 82,4 4.307 17,6

2004-05 25.245 20.873 82,7 4.372 17,3 3,3 1,5

2005-06 25.835 21.444 83,0 4.391 17,0 2,7 0,4

2006-07 26.561 22.175 83,5 4.386 16,5 3,4 (0,1)

2007-08 26.025 21.569 82,9 4.456 17,1 (2,7) 1,6

2008-09 25.845 21.551 83,4 4.294 16,6 (0,1) (3,6)

2009-10 26.197 21.736 83,0 4.461 17,0 0,9 (3,9)

2010-11 26.521 22.051 82,9 4.540 17,1 0,9 (3,9)Fuente: Cálculos propios con datos de Estadísticas Educacionales, años correspondientes. Para el año escolar 2010-2011: Estadísticas Educacionales 2011, Cuadro I.1.13. Paréntesis indican cifras negativas.

Cuadro N° 1Planteles oficiales/privados. Años escolares 2003-2004 al 2010-2011

Desde hace cuatro lapsos, las Estadísticas Educacionales incluyen un cuadro que desglo-sa los planteles según proyectos y/o progra-mas bolivarianos (ver Cuadro y Gráfico N° 2)

Un análisis de estos datos nos indica ten-dencias disímiles. Por un lado, desde el pe-

ríodo 2007-08 hasta el presente 2010-11, los Preescolares Bolivarianos y las Escuelas Bolivarianas han tenido incrementos signifi-cativos. Los primeros crecieron en 36,6% y las segundas en 38,7%. Por el contrario, los Simoncitos, si bien continúan creciendo, se mantienen muy por debajo del período origi-

Gráfico N° 1Proporción de planteles oficiales y privados.

Años escolares 2003-2004 al 2010-2011

Fuente: Elaboración propia con datos del cuadro N° 1.



nal de referencia, lo que inclina a pensar que hubo un cambio en la contabilización respecto del comienzo. Lo mismo sucede con los Li-ceos Bolivarianos, que también aumentaron en este lapso pero aún están 38% por deba-

jo que en el período 2007-08; respecto de las Escuelas Técnicas Robinsonianas, en este pe-ríodo están muy cerca de la cifra del período 2007-2008. Para este lapso no se aportan datos sobre el ítem “Plan Emergente Bolivariano”.

Proyectos/ Años escolares

Programas 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Simoncitos 970 552 604 695

Preescolares 3.879 4.086 4.486 5297

Bolivarianos

Escuelas Primarias Especial Total Primarias Especial Total Primarias Especial Total Primarias Especial Total

Bolivarianas 4.770 223 4.993 4.841 211 5.052 5.495 254 5.749 6.574 352 6.926

Plan 312 43 46 S/D

Emergente

Liceos 2.880 1.337 1.549 1.784

Bolivarianos

Escuelas 258 178 226 253

Técnicas

Robinsonianas

Total 13.292 11.248 12.660 14.955Fuente: Estadísticas Educacionales 2008: Cuadro I.1.13. Pág. 1047. Año 2009: Cuadro I.1.12. Planteles por proyecto y/o pro-grama bolivariano según entidad federal. Años 2010 y 2011: Cuadro I.1.16. Planteles por proyecto y/o programa bolivariano según entidad federal.

Cuadro N° 2Planteles por proyectos y programas.


Gráfico N° 2Planteles por proyecto y/o programa. Evolución años escolares 2007-2008 al 2009-2010

Fuente: Elaboración propia

100



Los planteles urbanos siguen constituyen-do 45,2% del total de planteles y los rurales 54,8%. El incremento interanual es de 1,4% para los primeros y de 1,6% para los segundos.

Por segundo año consecutivo, las estadísti-cas educacionales ofrecen cifras desagregadas respecto de dos grupos poblacionales históri-camente discriminados: los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. Celebramos esta continuidad y los datos en sí mismos, en tanto permiten evaluaciones más pertinentes acerca de la concreción de los derechos de es-tos grupos poblacionales. (Los datos referidos a planteles según estas características se ob-servan en los Cuadros N° 4 y 5).

Una de las condiciones que pueden favo-recer la inclusión educativa y la prosecución escolar es que existan planteles en número suficiente como para poder permanecer en un mismo plantel sin tener que cambiar a otro a medida que se avanza en los ciclos educati-vos (inicial, primaria, media). En tal sentido, hemos señalado en anteriores informes las inequidades existentes. Para el lapso pasado pudimos establecer (porque las estadísticas educacionales ofrecían esos datos) que mien-tras en el sector privado 10,6% de estableci-mientos ofrecía primaria y media completa, en

las oficiales esta proporción descendía a sólo 1%. Respecto de los tramos inicial, primaria y media completa, los ofrecían 25,7% de los es-tablecimientos privados y sólo 3,2% de los ofi-ciales. Mejor situación presentaba la educación oficial para cursar inicial y primaria en un solo establecimiento, pues 39% de ellos las ofrecía, mientras que en las privadas este porcentaje se reducía a 22,3%. Estas cifras no pueden actua-lizarse para este período pues las estadísticas globalizan cifras sin establecer estos desgloses.

Año escolar Total Urbanos % Variación Rurales % Variación interanual interanual

2004-05 25.245 12.963 51,3 12.282 48,7

2005-06 25.845 13.758 53,2 6,1% 12.077 46,7 -1,7%

2006-07 26.561 14.540 54,7 5,7% 12.021 45,3 0,5%

2007-08 26.025 12.201 46,9 -16% 13.824 53,1 15%

2008-09 25.845 11.609 44,9 -4,9% 14.236 55,1 3,0%

2009-10 26.197 11.850 45,2 2,1% 14.347 54,8 0,8%

2010-11 26.597 12.019 45,2 1,4 14.572 54,8 1,6%Fuente: Cálculos propios con datos de las Estadísticas Educacionales de los años correspondientes. Para el año escolar 2010-2011: Estadísticas Educacionales 2011. Cuadro VIII.3. Planteles y centros por nivel educativo según medio geográfico y dependencia. Paréntesis indican cifras negativas.

Cuadro N°3Planteles urbanos/rurales. Años 2004-2005 al 2010-2011

Gráfico N°3Disponibilidad de establecimientos educativos

según niveles escolares (ámbito oficial y privado). Año escolar 2010-2011

Fuente: Elaboración propia



De todas formas, podemos observar (ver Gráfico N° 3) cómo disminuye drásticamente la dispo-nibilidad de establecimientos educativos para la educación media, siendo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece la obligatoriedad desde la educación inicial hasta la media incluida. En el ámbito pri-vado disminuye desde la educación inicial.

Según declaraciones de la ministra del Poder Popular para la Educación (MPPE) Maryann Hanson, “durante 2013, el Gobierno Bolivaria-no inaugurará 2.800 Simoncitos, 250 escuelas primarias y 450 liceos en todo el territorio na-cional”12, que corresponderían al número de instituciones que según la ministra hacen falta de acuerdo con la proyección de la población

12. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información [en línea] <http://www.minci.gob.ve/2013/01/construiran-2-800-nuevos-simoncitos-250-escuelas-y-450-liceos-durante-2013>. Consulta del 24.02.13.

Problema reportado/ Año escolar 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2012

Agua potable, falta de 13 18 6 7 6 5 6 20 14 8

Aguas servidas 13 14 13 15 11 9 8 17 7 25

Ausentismo docente o 4 9 1 0 4 0 4 8 4 4

falta de docente

Baños y/o pozos sépticos, 3 6 13 16 4 5 8 3 7 9

falta de

Clases en sitios inadecuados 10 15 9 1 14 5 10 19 11 8

Construcción paralizada 23 24 19 18 23 21 8 62 32 29

Cupos, necesidad de nuevos 1 2 2 2 1 2 0

Escuelas cerradas 1 10 3 4 7 2 5 6 3 3

Estructura nueva, 10 11 15 16 21 30 22 13 4 6

necesidad de

Hacinamiento 39 46 12 22 16 4 13 11 10 10

Infraestructura en general 116 99 109 82 127 69 80 284 90 82

Inseguridad 51 35 19 29 25 15 18 43 30 36

Irregularidades 3 1 2 6 4 0 2 2 6 1

administrativas

Mantenimiento, falta de 50 93 40 42 8 3 30 15 68 45

Materiales y equipos, falta de 3 62 6 7 8 2 5 7 57 9

Microhorario 4 4 3 2 1 4 11 2 1 4

(2 o 3 horas diarias)

Obras nuevas con graves 3 - - 3 5 2 2 2 4 0

defectos

Otras 24 29 3 3 22 12 9 25 19 4

TOTAL 384 387 273 274 308 190 243 540 369 279Fuente: PROVEA: registro hemerográfico.

Cuadro Nº 4Problemas en las escuelas. Denuncias aparecidas en prensa

Años escolares 2001-2002 a 2012

102



sobre la base del XIV Censo Nacional de Po-blación y Vivienda.

En relación con las denuncias aparecidas en prensa acerca de planteles que reportaron durante el período algunos o varios problemas que incidieron negativamente en el normal desenvolvimiento de las tareas educativas, continúa el descenso en el número de denun-cias. Durante 2012 se situaron en 279 (24,3%

menos que en el lapso anterior). Las princi-pales denuncias se concentran en déficits en la infraestructura en general, falta de manteni-miento y problemas de inseguridad.

Accesibilidad de la educación13

La matrícula escolar (número de alumnos inscritos en cada uno de los niveles del siste-ma educativo) permite apreciar la accesibili-dad de la población a este derecho. En primer


Gráfico N° 4Evolución del registro de denuncias de prensa sobre escuelas con problemas

Período 2002-2003 al año calendario 2012

13. “b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geo-gráfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibili-dad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñan-za primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita”. Op. Cit.



14. Desde hace dos lapsos las cifras se presentan de acuerdo al nuevo diseño curricular, dividiéndose los niveles educativos en: educación inicial, educación primaria (1° a 6° grado) y educación media.

15. Incluye la Atención Convencional (también llamada educación formal) y la Atención No Convencional, parte de la cual la desarrolla el Servicio Autónomo de Atención Integral a la Infancia (Senifa). Estos datos aparecen desglosados en las estadísticas educacionales a partir de 2003-04. Por eso la serie abarca sólo ocho años hasta el presente.

Año escolar Total Variación Oficial Variación Privada Variación interanual interanual interanual

2003-04 1.266.048 1.107.315 158.733 2004-05 1.343.446 6,1 1.167.866 5,5 175.580 10,62005-06 1.355.373 0,9 1.163.682 (0,4) 191.691 9,22006-07 1.425.431 5,2 1.214.700 4,4 210.731 9,92007-08 1.443.031 1,2 1.206.982 (0,6) 236.049 12,02008-09 1.535.359 6,4 1.285.875 6,5 249.484 5,72009-10 1.563.117 1,8 1.303.480 1,4 259.637 4,12010-11 1.516.472 (3,0) 1.248.308 (4,2) 268.164 3,3

Fuente: Cálculos propios con datos de Estadísticas Educacionales, años correspondientes. Para el período 10-11: Estadísti-cas Educacionales 2011. Cuadro I.1.1.2 Matrícula educativa por dependencia según nivel educativo y modalidad. Paréntesis indican cifras negativas.

Cuadro N° 5Matrícula total de Educación Inicial (oficial y privado)

Años 2003-2004 al 2010-2011


Gráfico N° 5Evolución de la matrícula total del nivel inicial (oficial y privada). Años 2003-2004 al 2009-2010

lugar, debe hacerse un análisis según los dis-tintos niveles del sistema educativo14, ya que hay diferencias significativas en los mismos y si se consideraran sólo las cifras globales se podrían invisibilizar algunas realidades.

Educación inicial15

Tomada en su conjunto, la matrícula de este nivel sufrió un revés en este período en tanto su crecimiento interanual descendió 3%, lo cual frena la tendencia que venía en creci-

104



Año escolar Matrícula Variación interanual Total Oficial Privada Total Oficial Privadal2000-01 835.074 678.985 156.089 2001-02 863.364 704.202 159.162 3,4 3,7 22002-03 882.095 730.183 151.912 2,2 3,7 (4,6)2003-04 914.920 756.187 158.733 3,7 3,6 4,52004-05 974.958 799.378 175.580 6,6 5,7 10,62005-06 1.010.946 819.255 191.691 3,7 2,5 9,22006-07 1.047.811 837.448 210.363 3,6 2,2 9,72007-08 1.074.270 841.621 232.649 2,5 0,5 10,62008-09 1.138.990 889.506 249.484 6,0 5,7 7,22009-10 1.141.819 882.182 259.637 0,2 (0,8) 4,12010-11 1.169.805 901.641 268.164 2,5 2,2 3,3

Fuente: elaboración propia con datos Estadísticas Educacionales 2109: Cuadro II.1.1.Matrícula de Educación inicial atendidos en forma convencional por dependencia. Años 2000-01 al 2009-10. Versión digital en Excel. Paréntesis indican cifras negativas.

Cuadro N° 7Matrícula de educación inicial convencional según dependencia (oficial y privada). Años 2000-2001 al 2010-2011

Año escolar Convencional ANC Senifa Total Variación (no convencional) interanual

2003-04 756.187 69.304 281.824 1.107.315 2004-05 799.378 78.832 289.656 1.167.866 5,52005-06 819.255 86.165 289.900 1.195.320 2,42006-07 837.448 98.124 279.496 1.215.068 1,72007-08 841.621 123.476 245.285 1.210.382 (0,4)2008-09 889.506 155.437 240.932 1.285.875 6,22009-10 882.182 161.034 260.264 1.303.480 1,420010-11 901.641 144.273 202.394 1.248.308 (4,2)

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Educacionales, años correspondientes. Para el período 2010-11: Esta-dísticas Educacionales 2011. Cuadro I.1.1.2 Matrícula educativa por dependencia según nivel educativo y modalidad. Parén-tesis indican cifras negativas.

Cuadro N° 6Matrícula total del nivel inicial oficial Años 2003-2004 al 2010-2011

miento. Como agravante, el descenso fue de 4,2% en el sector oficial, porque en el privado creció 3,3% (ver Cuadro N° 7 y Gráfico N° 5).

Si analizamos solamente las dependencias oficiales, se observa que la disminución se ha dado en la Atención No Convencionl (ANC) y en el Servicio Autónomo de Atención Integral a la Infancia (Senifa), y el crecimiento en la Atención Convencional no logra compensar esta disminución (ver Cuadro N° 8).

La modalidad de Atención Convencional concentra alrededor de 73% de la población escolar en edades de 3 a 5 años. Por esta mag-nitud, la analizamos en forma diferencial. Decíamos en el lapso pasado que había habi-do un retroceso de 0,8% en las dependencias oficiales y que esperábamos que éste fuera circunstancial y no se transformara en tenden-cia. Positivamente, este año las dependencias oficiales crecieron 2,2% y las privadas 3,3% para un crecimiento global de 2,5%, lo cual celebramos (ver Cuadro N° 7 y Gráfico N° 6).



16. Relación entre el número total de niños matriculados en un grado o nivel de enseñanza, independientemente de su edad, dividido por la población del grupo de edad que corresponde oficialmente a este grado o nivel.

17. Relación entre el número de niños matriculados en un grado o nivel y que pertenecen al grupo de edades que corresponde oficialmente a ese grado o nivel dividido por el total de la población del mismo grupo.

Año Tasasescolar General Neta2000-01 50,5 49,42001-02 52,2 51,52002-03 53,3 52,32003-04 55,1 49,42004-05 58,6 51,72005-06 60,6 54,62006-07 62,4 55,82007-08 63,6 56,22008-09 90,2 * 69,82009-10 91,3 70,82010-11 88,8 71,4

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Edu-cacionales 2011: Cuadro 1.2.5. Tasa bruta de escolaridad por nivel educativo y género, y Cuadro 1.2.6. Tasa neta de escolaridad por nivel educativo y género.

Cuadro N° 8Tasas de Educación Inicial


Fuente: elaboración propia con datos del cuadro N° 7.

Gráfico N° 6Evolución de la matrícula de Educación Inicial Convencional

Años 2001-2002 al 2010-2011

Total

Oficial

Privado

Por último, tendremos en cuenta otros indi-cadores que permiten apreciar también la inclu-sión educativa, pues son comparaciones entre la población estimada en una edad escolar y la matriculada en el nivel correspondiente; son las tasas de escolaridad: la tasa bruta (también lla-mada tasa general)16 y la tasa neta17.

En este sentido y para este nivel ha habi-do un descenso de la tasa general (de 91,3% a 88%) pero un incremento de la tasa neta que pasó de 70,8% a 71,4%, lo cual significa, tal como lo señalábamos antes, que hubo dismi-nución del crecimiento global del nivel pero un incremento de los niños entre 3 y 5 años de edad que están en el nivel correspondiente a su edad (ver Cuadro N° 8).

106



18. Desde el período escolar 2007-08 pasa a tener esta denominación. En el anterior diseño curricular se llamaba 1ª y 2ª etapa de educación básica (1° a 6° grado).

19. Cálculos propios sobre la base de las Estadísticas Educacionales 2011. Cuadro III. 3 Matrícula de educación primaria según entidad federal.

Año escolar Total Variación Oficial Variación Privada Variación interanual interanual interanual

2000-01 3.423.480 2.927.578 495.902 2001-02 3.506.780 2,4 3.000.606 2,5 506.174 2,12002-03 3.443.847 (1,8) 2.952.241 (1,6) 491.606 (2,9)2003-04 3.449.579 0,2 2.968.108 0,5 481.471 (2,1)2004-05 3.449.290 0,0 2.962.507 (0,2) 486.783 1,12005-06 3.452.062 0,1 2.953.134 (0,3) 498.928 2,52006-07 3.521.139 2,0 2.976.275 0,8 544.864 9,22007-08 3.439.199 (2,3) 2.887.757 (3,0) 551.442 1,22008-09 3.432.592 (0,2) 2.846.496 (1,4) 586.096 6,32009-10 3.428.351 (0,1) 2.828.681 (0,6) 599.670 2,32010-11 3.435.421 0,2 2.829.565 0,0 605.856 1,0

Fuente: Elaboración propia con Estadísticas Educacionales 2011. Cuadro III.1. Matrícula de educación primaria por depen-dencia. Paréntesis indican cifras negativas.

Cuadro N° 9Matrícula de educación primaria (oficial y privada)


Educación primaria18

Luego de tres períodos de disminución de su crecimiento interanual se constata en este período un leve aumento de 0,2% que no logra compensar la pérdida en términos absolutos sufrida desde 2006-07, cuando el nivel tuvo 3.521.139 alumnos (la más alta de la década) y ahora tiene 3.435.421. En diez años dismi-nuyó 0,2%. En el nivel oficial el crecimiento fue de 0% por lo cual tampoco pudo recuperar los 3.000.606 alumnos que tenía en 2000-01 (la cifra más alta de la década), pues ahora tie-ne 2.829.565. La disminución en diez años fue de 5,7%. Por el contrario, respecto de las de-pendencias privadas hubo un crecimiento in-teranual de 1% y a lo largo de la década hubo un crecimiento de 19,6% (ver Cuadro N° 9).

Por otro lado, si se analiza la matrícula de educación primaria según grados de estudio (ver Cuadro N° 10) se observa a lo largo de

la década una disminución de la cantidad de alumnos de 1°, 2° y 3° grado de 12,%, 6,6% y 2,0% respectivamente. Y un incremento de 3,4%, 4,5% y 4,3% para 4°, 5° y 6° grado res-pectivamente.

Si añadimos al análisis el decrecimiento de la matrícula de educación primaria por entidad federal, se constata que en 13 entidades federales a lo largo de la década la matrícula ha decrecido. En algunas significativamente. Ellas son: Ara-gua (10,3%), Apure (4,4%), Barinas (3,5%), Ca-rabobo (4,9%), Cojedes (2,6%), Distrito Capital (10,4%), Falcón (6,8%), Guárico (7,7%), Méri-da (11,8%), Portuguesa (5,5%), Sucre (10,2%), Táchira (2,2%) y Trujillo (3,13%)19.

Esta realidad del nivel se refleja en la tasa neta de escolaridad que, a pesar de que creció 0,3 puntos respecto del período anterior, está prácticamente igual a la tasa de hace diez años (0,2 puntos de diferencia). (Ver Cuadro N°11).



Este dato debe convertirse en una señal de alarma a fin de que el Estado indague en sus causas y busque las soluciones pertinentes.

Educación media20

Para este segmento de educación media (1° a 3er año) veníamos señalando una disminu-ción de su ritmo de crecimiento por tres perío-dos consecutivos. En el actual tuvo una recu-peración de 0,6%, más acentuada en el sector oficial (1,5%) y un decrecimiento de 1,8% en las dependencias privadas. Por lo mismo, dis-minuyeron ambas tasas de escolaridad (gene-ral y neta). Como tendencia, a lo largo de la década y tomada en su conjunto, tuvo un cre-cimiento de 13,4%: 8,5% en las dependencias oficiales y 29% en las privadas (ver Cuadros N° 12 y N° 13).

Año Tasa de escolaridaescolar General* Neta

2001-02 107,2 96,8

2002-03 105,2 96,1

2003-04 105,3 94,1

2004-05 105,3 93,2

2005-06 105,3 94,1

2006-07 106,9 95,5

2007-08 103,9 90,8

2008-09 103,3 92,3

2009-10 102,7 92,9

2010-11 102,4 93,2Fuente: Elaboración propia con datos Estadísticas Educa-cionales 2011: Cuadro 1.2.5. Tasa bruta de escolaridad por nivel educativo y género, y Cuadro 1.2.6. Tasa neta de esco-laridad por nivel educativo y género.* Cifras por encima de 100 indican que hay escolares cursan-do un nivel que no corresponde a su edad.Puede indicar, entre otras causas, rezago a consecuencia de la repitencia.

Cuadro N° 11Tasas de educación primaria (1º a 6º grado)


AÑOESCOLAR TOTAL Grado de estudio PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO

2000-01 3.423.480 666.205 595.178 582.277 559.045 531.176 489.5992001-02 3.506.780 667.110 628.142 600.140 563.065 537.880 510.4432002-03 3.443.847 639.208 611.501 606.747 562.775 525.394 498.2222003-04 3.449.579 631.282 599.173 602.062 580.943 535.950 500.1692004-05 3.449.290 618.707 596.805 592.436 578.118 553.872 509.3522005-06 3.452.062 623.351 585.847 589.448 569.936 553.553 529.9272006-07 3.521.139 640.054 611.498 591.666 579.909 557.193 540.8192007-08 3.439.199 607.995 605.812 590.603 559.994 547.838 526.9572008-09 3.432.592 593.781 596.288 602.880 571.477 540.216 527.9502009-10 3.428.351 594.579 585.895 596.407 580.632 547.809 523.029

2010-11 3.435.421 582.971 586.855 588.431 582.368 562.044 532.572Fuente: Estadísticas Educacionales 2011. Cuadro III.2 Matrícula de educación primaria por grados de estudio.

Cuadro N° 10Matrícula de educación primaria por grado de estudio

Año escolar 2000-2001 al 2010-2011

20. En el anterior diseño curricular era tercera etapa de básica (7° a 9° grado) más educación media (4° a 5° o a 6° año). Cuando los datos lo permiten conservamos los análisis por separado, porque dejan apreciar mejor evoluciones que han sido históricamente diferentes.

108



do toda la década, el incremento fue de 89,2% (96,4% para las oficiales y 74,7% para las pri-vadas), lo cual a todas luces es un resultado significativamente positivo para este segmen-to educativo y etáreo, que se refleja también en la mejoría de las tasas bruta y neta a lo largo de la década (ver Cuadros N° 16 y 17).

El Gráfico N° 6 es un resumen de las tasas netas de escolaridad para las edades de 3 a 5 años, de 6 a 11, de 12 a 14 y de 15 a 17 años. Respecto de la educación inicial y de la edu-cación media de 4° a 6° año, la tendencia es claramente creciente. Respecto de la etapa de educación media (1° a 3er año), se desarrolló también una tendencia creciente que disminu-yó en este período. Y respecto de la educación primaria, se mantiene aproximadamente en las mismas tasas, aun cuando no se logra superar la tasa de 93,4 obtenida en el año 2001-02.

Otra forma general de apreciar la inclu-sión/exclusión educativa es determinar cuán-

Año Tasa de escolaridaescolar General* Neta2000-01 75,7 52,52001-02 81,1 57,22002-03 82,9 59,52003-04 85,2 62,52004-05 86,9 62,02005-06 87,9 66,12006-07 89,7 68,12007-08 90,4 67,52008-09 90,6 69,52009-10 90.4 73,12010-11 89,4 67,9

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Educacionales 2011: Cuadro I.1.4. Matrícula de educación inicial, primaria y media por grado y año de estudio según edad, y Proyecciones Población Instituto Nacional de Esta-dística (INE) Censo 2001.

Cuadro N° 13Tasas de educación media (1º a 3er año) Años escolares 2000-2001 al 2010-2011

Respecto del segundo segmento de educa-ción media (4° a 6° año) tuvo un incremento interanual de 3,0% (2,9% en las dependencias oficiales y 3,4% en las privadas). Consideran-

Año escolar Total Oficial Privada Variación Variación Variación interanual interanual interanual Oficial Privada Total

2000-01 1.221.729 926.845 294.884 2001-02 1.311.421 995.376 316.045 7,3 7,4 7,22002-03 1.342.598 1.027.638 314.960 2,4 3,2 (0,3)2003-04 1.383.891 1.069.447 314.444 3,1 4,1 (0,2)2004-05 1.408.490 1.081.864 326.626 1,8 1,2 3,92005-06 1.433.717 1.089.008 344.709 1,8 0,7 5,52006-07 1.463.314 1.093.592 369.722 2,1 0,4 7,32007-08 1.475.525 1.087.828 387.697 0,8 (0,5) 4,92008-09 1.479.550 1.071.093 408.457 0,3 (1,5) 5,42009-10 1.478.355 1.063.359 414.996 (0,1) (0,7) 1,6

2010-11 1.487.396 1.079.832 407.564 0,6 1,5 (1,8)Fuente: Elaboración propia con Estadísticas Educacionales 2011: Cuadro IV.2. Matrícula de educación media por año de estudio; IV.6.1. Matrícula de educación media por año de estudio según entidad federal. Dependencia oficial; y IV.6.3. Matrí-cula de educación media por año de estudio según entidad federal. Dependencia privada. Paréntesis indican cifras negativas.

Cuadro N° 12Matrícula de educación media (1° a 3er año) según dependencias (oficial y privada)




Año escolar Total Oficial Privada Variación Variación Variación interanual interanual interanual Oficial Privada Total

2000-01 456.078 311.360 144.718 7,9 9,7 4,1

2001-02 499.706 347.936 151.770 9,6 11,7 4,9

2002-03 512.371 361.344 151.027 2,5 3,9 (0,5)

2003-04 569.615 412.612 157.003 11,2 14,2 4,0

2004-05 619.898 447.187 172.711 8,8 8,4 10,0

2005-06 671.140 482.332 188.808 8,3 7,9 9,3

2006-07 711.305 510.721 200.584 6,0 5,9 6,2

2007-08 748.689 533.441 215.248 5,3 4,4 7,3

2008-09 772.871 543.952 228.919 3,2 2,0 6,4

2009-10 776.580 541.596 234.984 0,5 (0,4) 2,6

2010-11 799.997 557.091 242.906 3,0 2,9 3,4Fuente: Elaboración propia con Estadísticas Educacionales 2011: Cuadro IV.2. Matrícula de educación media por año de estudio; IV.6.1. Matrícula de educación media por año de estudio según entidad federal. Dependencia oficial. y IV.6.2. Matrí-cula de educación media por año de estudio según entidad federal. Dependencia privada. Paréntesis indican cifras negativas.

Cuadro Nº 14Matrícula de educación media (4° a 6° año) según dependencias (oficial y privada)

Años 2001-2002 a 2010-2011

Año Tasa de escolaridaescolar General Neta

2001-02 32,4 25,5

2002-03 30,8 24,4

2003-04 33,8 26,9

2004-05 36,2 28,8

2005-06 41,1 33,3

2006-07 43,6 35,9

2007-08 45,9 37,8

2008-09 47,4 39,4

2009-10 47,7 39,7

2010-11 48,5 40,9Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Edu-cacionales 2011: Cuadro I.1.4. Matrícula de educación inicial, primaria y media por grado y año de estudio según edad, y Pro-yecciones Población INE Censo 2001.

Cuadro N° 15Tasas de educación media (4° a 6° año)Años escolares 2001-2002 al 2010-2011

blación para 2010 con la matrícula educativa por edades, independientemente del nivel edu-cativo en que esté la persona.

Con este cálculo general, para las edades de entre 3 y 5 años la exclusión sería todavía de aproximadamente 475.591 personas (menor a las 499.605 señaladas en el lapso pasado); para las edades de 6 a 11 años se ubica en 122.074 (menos que las 128.742 del lapso pasado); de 12 a 14 años estarían fuera del sistema educativo 157.005 personas (cifra mayor a las 128.890 del año pasado), y en el segmento de 15 a 17 años es de 680.846 (menor a las 716.679 del período an-terior). En suma, entre las edades de 3 a 17 años faltaría por incluir aproximadamente 1.435.516 personas, lo que representa una disminución interanual de 2,7%, continuando la tendencia decreciente de la misma, lo que es sin dudas un dato positivo. Como contracara debe señalarse que los déficits mayores se ubican en las edades de 3 a 5 años (brecha de 27,8%) y en las edades entre 15 a 17 años (brecha de 41,3%).

tas personas están en el sistema educativo sin considerar si la edad que tienen corresponde o no al nivel en que deberían estar. En tal senti-do, el Gráfico N° 7 compara los datos de po-

110



Gráfico N° 7Evolución de las tasas netas de escolaridad por edades

Años 2000-2001 al 2009-2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INE: Proyecciones de Población Censo 2001 y Estadísticas Educacionales 2010.

Fuente: Elaboración propia con datos del INE: Proyecciones de Población Censo 2001, y Estadísticas Educacionales 2011. Cuadro I.1.4. Matrícula de educación inicial, primaria y media por grado y años de estudio.

Gráfico N° 8Inclusión educativa por edades

Año escolar 2009-2010



Tal como señalamos al comienzo, duran-te el período UNESCO dio a conocer el In-forme 2012 de Seguimiento a la Educación Para Todos (EPT) titulado “Los jóvenes y las competencias. Trabajar con la educación”21.El informe amplía el Índice de Desarrollo Edu-cativo (IDE), incluyendo para su medición el Índice de Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI).

Venezuela se ubica entre los países con AEPI medio (0,881) y respecto del IDE (0,951) se ubica en el puesto 58 dentro de los países con IDE alto (0,951). Y su IDE amplia-do es de 0,93722. Todo lo cual indica un cla-ro progreso respecto del Informe EPT 2011, cuando el país se ubicó en el puesto 7423.

21. UNESCO 2012. Op. Cit.22. UNESCO 2012. Op. Cit. Pág. 354.23. El Informe EPT 2012 tiene cifras actualizadas hasta 2010 y el Informe EPT 2011 sólo contenía datos

hasta 2008.

inscritos en la Misión Robinson I y II y tam-bién los egresados en ambas, lo cual resulta lógico ya que en la medida en que se van cum-pliendo las metas para las cuales fueron dise-ñadas (enseñar a leer y escribir a adultos no alfabetizados) la cifra de inscritos y egresados debe ir disminuyendo. También disminuyeron los inscritos en la Misión Robinson III, pero aumentaron en la Misión Ribas. Reiteramos que estas cifras, que no presentan desagrega-dos según otras variables ni se contrastan con metas previas, impiden sacar otras conclu-siones pertinentes y válidas. Tampoco se han realizado evaluaciones cualitativas oficiales acerca de los logros de estos aprendizajes, y las privadas que se efectuaron fueron reseña-das en anteriores informes.

Matrícula de educación universitariaLas cifras de la página web del Ministerio

del Poder Popular para la Educación Universi-taria (MPPEU) se ofrecen hasta 2008 y ya fue-ron reseñadas en Informes anteriores. Sin em-bargo, una publicación del INE publica cifras hasta 2010 citando como fuente al MPPEU, confirmándose la tendencia creciente señalada en el período pasado (ver Cuadro N° 18).

No discriminación en el acceso a la educación

En relación con la discriminación por razo-nes socioeconómicas, uno de los indicadores a tener en cuenta es la escolaridad promedio de la población. Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV) (ver Cuadro N° 19), para el segundo semestre de 2011 la escolaridad promedio se ubicaba en 9,40 años (9,04 para los varones y 9,76 para

País Puesto IDE mundia Alto

IDECuba 16 0,989Argentina 43 0,970México 48 0,962Trinidad y Tobago 49 0,962Panamá 51 0,959Venezuela 58 0,951

Fuente: UNESCO. Informe EPT 2012. Pág. 354

Cuadro N° 16Posición de Venezuela entre otros países

de la región según IDE Informe Unesco Educación para Todos 2011

Misiones educativas El Cuadro N° 17 muestra las cifras ofreci-

das por las estadísticas educacionales acerca de estas políticas públicas de inclusión educa-tiva. Tal como se observa, disminuyeron los

112



Años Matrícula Crecimiento interanual2001 900.006 2002 1.014.006 12,7 %2003 1.056.878 4,2 %2004 1.170.392 10,7 %2005 1.418.303 21,2 %2006 1.813.970 27,9 %2007 2.015.140 11,1 %2008 2.109.331 4,7 %2009 2.120.231 0,5 %2010 2.293.914 8,2 %

Fuente: INE. Indicadores Educativos 2000-01 al 2010-11, según datos del MPPEU.

Cuadro N° 18Matrícula de educación universitaria en

pregrado y postgrado2000-2010

Semestre Masculino Femenino Total2° 2002 8,23 8,65 8,442° 2003 8,29 8,77 8,532° 2004 8,35 8,81 8,582° 2005 8,62 9,16 8,892° 2006 8,77 9,47 9,122° 2007 8,87 9,62 9,252° 2008 9,01 9,85 9,432° 2009 9,30 10,24 9,782° 2010 8,85 9,59 9,232° 2011 9,04 9,76 9,40Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales de Vene-zuela (SISOV) [en línea] <www.sisov.mpd.gob.ve> Consulta del 17.02.13.

Cuadro N° 19Años de escolaridad promedio

de la población mayor de 15 años2° semestre 2002 al 2° semestre 2011

24. Diseñada para enseñar a leer y escribir a adultos no alfabetizados.25. Diseñada para logar el 6° grado de escolaridad primaria a adultos egresados de la Misión Robinson I.26. Creada con la “finalidad de difundir y establecer el hábito de la lectura, para el reforzamiento y actualización

de temas políticos, económicos, sociales y culturales de interés nacional” [en línea] <http://www.misionrobinson.me.gob.ve>. Consulta del 29.10.09.

27. “Es un programa social implementado por el Gobierno Nacional cuyo objetivo es reinsertar dentro de un sistema educativo y productivo a todas aquellas personas que no culminaron sus estudios de la tercera etapa de educación media y diversificada, para que obtengan su título de bachiller integral avalado por el Ministerio de Educación y Deportes” [en línea] <http://www.misionribas.gov.ve> Consulta del 29.10.09.

AÑOS ESCOLARESMISIÓN EDUCATIVA 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11Robinson I24 (inscritos) 1.371.595 1.493.211 1.548.511 69.748 95.485 43.069 14.829 8.763Robinson I (egresados) 1.314.790 1.482.543 1.534.267 28.360 56.027 26.334 27.474 17.681Robinson II25 (inscritos) 1.261.793 1.452.542 1.542.931 167.109 403.732 325.406 297.833 326.851Robinson II (egresados) m 0 327.390 64.299 73.500 56.453 93.471 104.690Robinson III26 m 0 m 72.496 48.021 26.123 19.985 16.927Misión Ribas27 672.405 763.177 1.041.114 1.207.076 1.297.332 432.902 425.067 429.875

Fuente: Estadísticas Educacionales 2011. Cuadros I.M.1, I.M.2, I.M. 3 y I.M.4 sobre Misión Robinson I, II, III y Ribas res-pectivamente. Notas del original: Las cifras de las Misiones Robinson I, II y III fueron suministradas por el MPPE Fundación Robinson, y las de la Misión Ribas por el Ministerio de Energía y Petróleo, Fundación Misión Ribas.m: información no disponible.

Cuadro Nº 17Misiones educativas. Años escolares 2003-2004 al 2010-2011



28. UNESCO. Op. Cit. Pág. 133.29. Ídem.

Escolaridad promedio 2° semestre 2° semestre

2002 2011Amazonas 7,19 9,31 29,5Anzoátegui 8,5 9,54 12,2Apure 6,78 9,05 33,5Aragua 8,42 10,03 19,1Barinas 7,09 9,12 28,6Bolívar 8,7 10,02 15,2Carabobo 8,72 9,75 11,8Cojedes 7,44 9,13 22,7Delta Amacuro 8,22 9,88 20,2Distrito Capital 9,19 10,34 12,5Falcón 7,7 9,21 19,6Guárico 7,04 8,62 22,4Lara 7,38 8,68 17,6Mérida 7,67 9,07 18,3Miranda 8,62 9,75 13,1Monagas 7,49 9,32 24,4Nueva Esparta 8,33 9,49 13,9Portuguesa 6,95 8,79 26,5Sucre 6,99 8,65 23,7Táchira 7,61 9,3 22,2Trujillo 6,94 8,66 24,8Vargas 8,38 9,72 16,0Yaracuy 7,32 9,06 23,8Zulia 7,92 8,97 13,3Venezuela 8,06 9,4 16,6Fuente: Elaboración propia con datos del SISOV. Años de escolaridad promedio de la población según entidad federal [en línea] <www.sisov.mpd.gob.ve>. Consulta del 18.12.13.

Cuadro N° 20Años de escolaridad promedio

de la población mayor de 15 años según entidad federal

Comparación 2° semestre 2002 con 2° semestre 2011

Entidad Federal % Incremento

las mujeres), mejorando respecto del lapso pa-sado pero sin superar la más alta de la década que fue 9,78 en el segundo semestre de 2009.

El Cuadro N° 2O permite obtener algunas conclusiones. Por un lado, un aumento de 1,3

años en la escolaridad promedio de Venezuela, lo que significa un incremento de 16,6% en la década. También como un signo positivo, y a diferencia del lapso pasado, hay mayor equi-dad en la escolaridad promedio lograda ya que no hay ninguna entidad federal que tenga más de un año de diferencia con el promedio na-cional, mientras que hace una década en esa situación estaban cuatro entidades.

Todo ello conforma un cuadro de progre-so pero también refleja inequidades en el país, máxime cuando estas cifras son promedios y no indican cuáles son los sectores sociales con menor escolaridad, que suelen ser los sectores con mayor vulnerabilidad.

Respecto de la discriminación por género, en el Cuadro N° 21 se pueden observar las diferencias en las tasas netas de escolaridad según esta variable. Para la educación inicial la brecha se está haciendo mayor a favor de las mujeres y lo mismo ocurre en la educa-ción media. La brecha es bastante menor (pero existe) en la educación primaria, siempre a fa-vor de las niñas. El mencionado informe EPT 2012 señala que “entre los países sobre los que se cuenta con datos, la tasa de escolarización de los niños es menor que la de las niñas en 64% de los países de América Latina y el Ca-ribe […]. En la República Bolivariana de Ve-nezuela, […] por ejemplo, se han mantenido las mismas características durante un decenio”. 28 El mismo Informe sostiene que “el entorno esco-lar puede promover el distanciamiento de los varones jóvenes. En algunos países en donde hay una disparidad entre los sexos inversa en cuanto a la escolarización o a los resultados suele haber más maestras que maestros en los establecimientos de enseñanza secundaria. […] Es posible que la falta de modelos de con-ducta masculinos en la educación perjudique a

114



AÑO EDUCACIÓN INICIAL EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN MEDIAESCOLAR TOTAL Masculino Femenino TOTAL Masculino Femenino TOTAL Masculino Femenino

2001-02 48,5 47,9 49,1 93,4 93,1 93,8 57,5 53 62,2

2002-03 49,2 48,7 49,6 91,9 91,6 92,2 58,9 54,5 63,4

2003-04 59,3 58,9 59,7 92,2 91,9 92,6 61,7 57,4 66,2

2004-05 61,8 61,4 62,3 91,6 91,2 92 63,5 59,1 67,9

2005-06 63,8 63,5 64,2 91,9 91,8 92,1 66,6 62,3 71,1

2006-07 66,4 66,1 66,6 92,9 92,9 93 68,8 64,5 73,3

2007-08 65,8 65,4 66,2 90,8 90,7 90,9 70 66 74,1

2008-09 69,8 68,6 71,1 92,3 92,3 92,4 71,7 68,0 75,6

2009-10 70,8 68,4 73,4 92,9 92,8 92,9 72,1 68,3 76,0

2010-11 71,4 69,0 73,9 93,2 93,1 93,3 73,3 69,6 77,3Fuente: Estadísticas Educacionales 2011. Cuadro I.2.6 Tasa neta de escolaridad por nivel educativo y género.

Cuadro N° 21Tasa neta de escolaridad por nivel educativo y género

Año escolar 2001-2002 al 2010-2011

Cuadro N° 22Matrícula indígena de educación primaria y secundaria según entidad federal

Dentro de su entorno geográfico. Año escolar 2009-2010

ENTIDAD Educación primaria Educación mediaFEDERAL Total general Total general

Año 2009-10 Año 2010-11 Año 2009-10 Año 2010-11Venezuela 36.505 135.025 19.161 44.539Amazonas 2.523 13.969 1.500 6.416Anzoátegui 289 2463 4 985Apure 867 2.893 245 384Bolívar 4.217 13.680 1.851 2.955Delta Amacuro 7.315 8.422 497 1.009Mérida 27 27 80 s/dMonagas 114 1.167 134 282Sucre 589 1.488 14.850 1.240Zulia 20.564 90.916 19.161 31.268

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Educacionales 2010 y 2011. Cuadro I.3.1. Matrícula indígena de educa-ción primaria por género y años de estudio según entidad federal dentro de su entorno geográfico y I.3.2. Matrícula indígena de educación media por género y años de estudio según entidad federal dentro de su entorno geográfico. Notas del original: 1) El total general corresponde al total por sexo y al total de la suma de los grados de estudio. 2) La infor-mación presentada en este cuadro está incluida en el nivel correspondiente.



ramos que en sucesivos informes se estabilice una data que haga posible análisis con dichas características.

Por condición de salud y/o necesidades especiales

La matrícula de educación especial tuvo un decrecimiento de 6,5%, aun cuando la ci-fra de este período (205.478) es la segunda de la década después de la máxima lograda en el período pasado (ver Cuadro N° 23).

los varones”.29 Cabe señalar que no tenemos datos desagregados para Venezuela de número de docentes de enseñanza media por género, pero sí globales. En tal sentido, 78,6% del cuerpo docente pertenece al género femenino, lo que sería un factor a tener en cuenta.

En relación con las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las estadísticas educacio-nales vuelven a ofrecer cifras este año. Cele-brábamos en el período pasado esta desagre-gación que ocurría por primera vez porque, decíamos, permitía evaluar las tendencias y su evolución. Sin embargo, al comparar las mis-mas categorías para ambos períodos hemos detectado incoherencias en las cifras que nos hacen pensar más bien en déficits en la reco-lección o en la clasificación de los datos. El Cuadro N° 22 muestra la población indígena dentro de su entorno geográfico para ambos períodos. Se observa un crecimiento signifi-cativo, pero por solo poner dos ejemplos, es difícil pensar que la cifra de cuatro alumnos en educación media en el estado Anzoátegui haya crecido en sólo un período a 985. O que la cifra de 27 en educación primaria para el es-tado Mérida permanezca inalterada en ambos períodos (ver Cuadro N° 22).

Respecto de la población afrodescendien-te, las incoherencias son aún mayores, ya que el año pasado se hablaba para la educación primaria de un total de 1.468.15130, cifra que este año se ubica en 70.58831, lo cual impide sacar conclusiones válidas y confiables. Espe-

30. Ver: Estadísticas Educacionales 2010. Cuadro I.4.1. Matrícula afrodescendiente de educación primaria por género y años de estudio según entidad federal. Versión digital en Excel.

31. Ver: Estadísticas Educacionales 2011. Cuadro I.4.1. Matrícula afrodescendiente de educación primaria por género y años de estudio según entidad federal. PDF.

32. “c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13)”. Op. Cit.

Año Crecimientoescolar General Interanual %

2000-01 86.108 26,8

2001-02 97.545 13,3

2002-03 101.577 4,1

2003-04 140.797 38,6

2004-05 167.267 18,8

2005-06 182.102 8,9

2006-07 190.036 4,4

2007-08 174.200 (8,3)

2008-09 192.621 10,5

2009-10 207.265 7,6

2010-11 205.478 (6,5)Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Edu-cacionales 2011. Cuadro VI. 2. Matrícula de educación espe-cial según entidad federal. Paréntesis indican cifras negativas.

Cuadro N° 23Matrícula de educación especial

Años escolares 2001-2002 a 2010-2011

Aceptabilidad de la educación32

En relación con los docentes, para el pe-ríodo escolar 2010-11 hubo 503.240 docentes, 1,8% más que en el lapso pasado, continuando

116



una tendencia creciente. Con respecto a la situación del cargo, 56% son titulares (en el período pasado lo eran 55,2%), 31,7% son interinos y 12,3% están clasificados como “otros” (sin especificarse en qué consiste la categoría). Desde el período 2006-07, cuan-do PROVEA comenzó a hacer seguimiento a este indicador, las cifras han oscilado en-tre 51,7% para dicho período a 56% actual, siendo la cifra más alta (58,5%) la que se logró en 2007-08. Como lo hemos reiterado en todos estos años, el hecho de que aproxi-madamente 44% de los docentes no tengan estabilidad en su cargo afecta sus derechos laborales, así como puede incidir en la aceptabilidad de la educación impartida.

Otro indicador relacionado es el que se refiere a la idoneidad de los docentes según su capacitación. En tal sentido, el porcen-taje de los que no tienen título docente vie-ne descendiendo positivamente desde hace cinco años, pues pasó de 22% a 19,2%; lue-go a 15,4%, después a 13,8%, para ubicarse en este período en 9,9%.

Sin embargo, si se analiza esta realidad en todo el ámbito nacional, se observa que 11 entidades federales (al igual que en el lapso anterior, aunque no siempre las mis-mas) tienen porcentajes más altos de títulos no docentes. Repiten entidades federales como Delta Amacuro, Amazonas, Mérida, Cojedes, Nueva Esparta y Sucre, con cifras que duplican y más la media nacional. Situa-ción que conforma un cuadro de inequidad y donde debieran centrarse esfuerzos para revertir esta situación (ver Cuadro N° 24)

RepitenciaComo puede observarse en el Cuadro N°

28, estas tasas tuvieron una leve recupera-

Entidad federal %Delta Amacuro 30,2Amazonas 24,5Mérida 21,0Cojedes 20,9Nueva Esparta 20,3Sucre 17,2Bolívar 14,9Anzoátegui 13,8Guárico 11,3Barinas 11,2Falcón 10,6Venezuela 9,9

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Edu-cacionales 2011.Cuadro VII.2. Personal docente por dependencia según en-tidad federal y título

Cuadro N° 24Entidades federales con títulos no docentes por

encima de la media nacional Año escolar 2010-2011

Años Primaria SecundariaEscolares 1° a 3° año 4° año

2000-01 7,8 11,9 6,5

2001-02 7,4 11,0 5,3

2002-03 7,4 10,4 5,6

2003-04 6,8 9,8 4,9

2004-05 6,1 8,8 4,4

2005-06 5,0 5,6 2,4

2006-07 3,3 3,8 1,7

2007-08 3,5 5,6 2,5

2008-09 3,7 5,8*

2009-10 3,6 5,6Fuente: Estadísticas Educacionales, Memoria y Cuenta 2011. Cuadro I.2.3. Tasa de deserción, prosecución y repitencia. *A partir de este año las Estadísticas Educacionales no traen las tasas desglosadas por ciclos de este período.

Cuadro N° 25Tasa de repitencia educación primaria y secundaria

Años 2000-2001 al 2009-2010



ción, para ubicarse en 3,6% para la educa-ción primaria y 5,6% para la educación me-dia en su conjunto.

En el blog del Programa para la Promo-ción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL)33 se señala que “el Consejo Australiano para la Inves-tigación Educativa (ACER) publicó el do-cumento titulado Resultados de PISA Plus 2009: El desempeño de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias de 10 participantes adicionales, donde se pre-sentan los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) para los países que participaron en la segunda ronda de exámenes. Los nuevos participantes incluyen dos sistemas educa-tivos de América Latina: Costa Rica y el estado Miranda, de Venezuela” . Se agrega: “Es importante tomar en cuenta que Miran-da-Venezuela34 no cumplió con los estánda-res de PISA en cuanto a tasa de respuestas de las escuelas, […] por lo que se advierte interpretar los resultados de estos sistemas educativos con reservas35, por lo que el país sigue con un déficit importante respecto de saber cuál es el estado de los aprendizajes logrados por sus estudiantes, sea a través de pruebas diseñadas en el país o participando en competencias internacionales.

Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “una política de impacto en materia educativa es el Proyec-

33. El PREAL es un proyecto conjunto del Diálogo Interamericano en Washington DC y la Corporación de Investigaciones para el Desarrollo (CINDE) en Santiago de Chile.

34. PREAL [en línea] <http://blogdepreal.org/2011/12/23/los-resultados-de-los-10-nuevos-participantes-del-pisa-2009-ya-publicados/>. Consulta del 24.02.13.

35. “d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”. Op. Cit.

36. Mide la evolución del sistema educativo; refiere a la cantidad de matrícula que avanza de un grado a otro.37. UNESCO: Op. Cit. Pág. 265.

to Educativo Canaima, que ha logrado en su primera fase la distribución de 743 mil computadoras en escuelas nacionales, esta-dales y privadas, siendo considerado como el pilar fundamental en la construcción de la alfabetización tecnológica”36.

Adaptabilidad de la educación37

Permanencia en el sistema educativo: prosecución escolar38

Las cifras del Cuadro N° 26 indican una recuperación de las tasas de prosecución, tanto en educación primaria (es la cifra más alta de la década) como en media. Aunque en educación media las cifras son globales, sin distinguir los años o ciclos dentro del mismo como se hacía anteriormente, lo cual impide analizar en qué grados (o años) se produce el mayor abandono a fin de enten-der las causas y buscar soluciones.

Según el referido Informe UNESCO-EPT 2012, Venezuela se encuentra en el Grupo 3, integrado por países con “tasa de matrícula mediana y buena progresión: ac-ceso equilibrado a los distintos niveles de enseñanza. […] aunque no han alcanzado la meta de la enseñanza universal”37. Sin embargo, el informe también señala que “la enseñanza técnica y profesional representa una pequeña proporción de la matrícula en el primer ciclo de la enseñanza secundaria38”, y entre los países con esta característica se en-cuentra Venezuela.

118



Hay que tener en cuenta también que la prosecución no es igual para los distintos sec-tores socioeconómicos. Suele ser menor para los “estratos D y E de nuestra población estu-diantil. La deserción en la educación privada en Venezuela es prácticamente inexistente. De modo que en educación media existe una doble desigualdad. La primera en el déficit de cobertura. Hay pocos liceos y la escasez afecta a los más pobres, que deben trasladarse desde su lugar de residencia a liceos mucho más ale-

jados que la escuela donde cursaron primaria. Y la segunda es que en ese nivel la deserción es siete veces superior a la de primaria”38.

El investigador señala otra dificultad: “En nuestro país, en las escuelas oficiales se inscri-ben casi exclusivamente alumnos de los estra-tos sociales D y E. Según estimaciones para el estado Miranda, los alumnos provenientes de estos estratos representan 90% de la matrícula. Por el contrario, los alumnos de los colegios privados provienen en 89% de los sectores A, B y C. En síntesis, la escuela venezolana no es un lugar de encuentro para los diversos estra-tos sociales. Los alumnos más desfavorecidos socio-económicamente se encuentran siempre entre similares y lo mismo sucede con los es-tratos más favorecidos. Tenemos pues un sis-tema de segregación educativa”39.

Inversión en educación Tal como indicáramos al comienzo del ca-

pítulo, el SISOV tiene un retraso de por lo me-nos un período en relación con los indicadores de Inversión Pública en Educación, con lo cual nos privamos de hacer análisis confiables y válidos respecto de los mismos. Ello no obsta para señalar que la ausencia de cifras es en sí misma un dato negativo, pues impide saber si el descenso en la inversión que señalamos en el lapso pasado (siempre basándonos en estas cifras oficiales) se ha recuperado o no.

38. Ídem.39. HERRERA, Mariano: Desigualdad y segregación educativa. 16.09.12 [en línea] <http://www.

marianoherrera.org>. Consulta del 25.02.13.

Años Primaria MediaEscolares 1° a 3° año 4° año2000-01 91,8 76,5 82,52001-02 88,8 74.0 78,72002-03 90,9 78,2 85,72003-04 91,6 79,6 83,42004-05 92,3 81,5 85,12005-06 95,0 85,5 87,72006-07 92,7 87,7 89,72007-08 94,8 86,4 88,52008-09 94,6 85,2*2009-10 95,5 87,0

Fuente: Estadísticas Educacionales 2011. Cuadro I.2.3. Tasa de deserción, prosecución y repitencia. *A partir de este año las Estadísticas Educacionales no traen las tasas de educación media desglosadas por años como en períodos anteriores.

Cuadro N° 26Tasas de prosecución en educación

primaria y media Años 2000-2001 al 2010-2011



En noviembre de 2011 UNICEF publi-có un documento titulado Violencia escolar en América Latina y el Caribe. Superficie y fondo01. En la introducción se señala: “Para la mayoría de los niños y las niñas en Amé-rica Latina y el Caribe, la escuela representa el espacio donde pasan el mayor tiempo de su vida cotidiana. La función central de la escuela es educar, enriquecer y proteger a sus estudiantes, en un ámbito de respeto y ejercicio de los derechos de todos. Sin em-bargo, aún hay escuelas donde se registran dinámicas que vulneran los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo, se siguen reportando casos de castigos corporales, así como de maltrato emocional y abuso sexual. También se ob-serva una tendencia creciente del acoso en-tre pares –agravado por el uso del internet– e inclusive de agresiones de estudiantes (sobre todo varones) y, en algunos casos, de padres contra maestros y autoridades educativas. […]. Sólo a través de políticas públicas de protección y restitución de derechos se podrá reducir la incidencia del castigo físico, del abuso sexual y del acoso en las escuelas y en la sociedad en su conjunto”02 .

El trabajo consta de dos partes divididas en varios capítulos. Uno de ellos reseña la situación legal actual del castigo corporal en América Latina y el Caribe, mostrando los argumentos que sustentan la importancia de su prohibición legal, en especial los de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos. Venezuela y Costa Rica son los úni-cos dos países de América Latina y el Caribe que tienen expresamente prohibido por ley el castigo corporal [en casa, en la escuela,

en el procedimiento penal (como parte de la sentencia y como medida de disciplina) y en los centros de protección]03, lo cual es alta-mente positivo.

Sin embargo, como bien plantea el docu-mento, “el discurso de los derechos humanos está generalizado, mientras que las actitudes y prácticas muchas veces lo objetan. Así, se deriva una incoherencia grave entre el com-portamiento que se demanda de los niños, niñas y adolescentes y las acciones de los adultos, que envían un mensaje confuso e incoherente”04.

Asimismo, en su informe sobre la situación de los derechos de la niñez, la delegación en Venezuela de UNICEF reporta que “el país ha avanzado en la implementación de varias po-líticas y estrategias para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, ha puesto en funcionamiento 164 tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes a ni-vel nacional y creó en 2008 la Misión Niños y Niñas del Barrio, con el objeto de brindar protección integral a niños, niñas y adolescen-tes en situación de calle, de riesgo, institucio-nalizados y trabajadores. No obstante, existen varios desafíos en esta materia. La violencia urbana continúa afectando a niños, niñas y adolescentes. La tasa de homicidios de niños, niñas y adolescentes se incrementó entre 2006 y 2008 en 13,2%, representando la principal causa de muerte de los adolescentes varones de entre 15 y 19 años. En 2006, 4.858 niños y adolescentes murieron de forma violenta. Para 2008 esta cifra se elevó a 5.920. En cuanto a otras formas de violencia contra los niños, ni-ñas y adolescentes, las cifras reportadas por el

Violencia en instituciones educativas

120



CICPC en 2007 indican que 3.000 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de agresiones en ese año, la mayoría tenían entre 14 y 17 años y casi la mitad eran niñas y adolescentes”05.

Oscar Misle, director de los Centros Co-munitarios de Aprendizaje (Cecodap), opina que “uno de los temas que más nos afectan como sociedad es que la violencia ya es una forma de relacionarse y vincularse, los con-flictos se resuelven agrediendo al otro. En Cecodap, donde trabajamos con 70 institutos educativos públicos y privados de Caracas, durante mucho tiempo pensamos que la vio-lencia era más común en los sectores popula-res porque había exclusión, pobreza y falta de oportunidades, y ésta era una respuesta a la frustración. Desde hace cuatro años cambió la percepción cuando de manera sistemática recibimos solicitudes de instituciones priva-das que están preocupadas por el problema de la violencia. […] En los talleres que hacemos frecuentemente, a los que asisten aproxima-damente 60 adolescentes por sesión, les hace-mos la pregunta de si han tenido la oportuni-dad de ver un arma, no en manos de policías ni guardias, y más de la mitad dice que sí. Frecuentemente hay un tío, un vecino, un pri-mo o el papá que las usa. Las armas ya no son lejanas para los niños y jóvenes venezolanos y, al verlas con asiduidad, consideran que es una ventaja y no un riesgo tenerlas. […] Hay que ver el mensaje que dan los muchachos que se unen a pandillas o grupos armados. Son manipulados a través de la oferta sim-bólica de formar parte de algo que les brinda lo que la sociedad no les da: reconocimiento, la posibilidad de sentirse que participan. Si además el joven siente soledad y abandono es presa fácil para que cualquier grupo, va-liéndose de las faltas de oportunidades que

el muchacho tiene de sentirse ciudadano, le haga una oferta que lo va a visibilizar. Ahí hay que ser acuciosos: el riesgo en el que es-tán los niños y jóvenes de ser utilizados en una sociedad violenta” .

Un caso paradigmático de contradicción entre lo que plantean las leyes venezolanas y algunos reglamentos disciplinarios es el ocurrido en la Universidad Nacional Experi-mental de las Artes (Unearte).

El “Reglamento disciplinario para los estudiantes ” establece tres tipos de faltas: leves, moderadas y graves. Las dos últimas son castigadas con suspensión e incluso con la expulsión del estudiante, y por razones de espacio, nos centraremos en ellas.

Son ejemplos de faltas moderadas: “No informar a las autoridades correspondientes de las faltas o irregularidades que observen”; “Efectuar exhibiciones impúdicas”; “Profe-rir murmuraciones en descrédito de las au-toridades, de otras personas o de sus propios compañeros”, y “Provocar peticiones colec-tivas a las autoridades de la universidad, sin haber agotado las vías regulares con la admi-nistración”.

Son ejemplos de faltas graves: “Ofender la moral y las buenas costumbres dentro y fuera de la Unearte”; “Manifestar pública-mente opiniones que puedan entrañar perjui-cios a los intereses del país”; “Comprometer la disciplina o crear dificultades a las autori-dades de la Unearte”; “Hacer declaraciones falsas, no fundamentadas ni autorizadas por los Consejos Académico y Directivo sobre la Unearte, a los medios de comunicación social públicos o privados (prensa, radio y TV), nacionales, regionales o extranjeros; así como las emitidas por Internet, cable o



mensajería celular”; “Irrespetar, ofender o provocar a las autoridades de la Unearte”; “Firmar reclamos colectivos, arrogándose la representación de sus compañeros ante cual-quier autoridad de la Unearte”, y “Publicar documentos oficiales sin autorización de los Consejos Académico y Directivo”.

Como se evidencia, un reglamento de tal naturaleza coarta la libertad de expresión, el derecho a la manifestación, la defensa de in-tereses colectivos y la contraloría social de los estudiantes a sus autoridades. Además de propiciar un uso arbitrario y abusivo de la autoridad institucional, atenta contra el le-gítimo derecho a la participación en la vida estudiantil de jóvenes y adultos.

En abril de 2011 PROVEA recibió una

llamada telefónica de la rectora de Unearte, Emma Elinor Cesín, para conversar sobre los cuestionamientos de inconstitucionalidad del régimen disciplinario estudiantil. En la reunión, la rectora reconoció las irregulari-dades y se comprometió a iniciar un proceso de consulta, con la participación de los estu-diantes, con el objetivo de modificarlo, para el cual invitaría a PROVEA. Desde esa fecha, PROVEA ha enviado diferentes comunica-ciones institucionales para reiterar el apoyo a compatibilizar las normas con una visión de derechos humanos, las cuales a diferencia de la experiencia anterior no tuvieron respues-ta. Cuando este capítulo se escribe no sólo el reglamento no ha sido modificado, sino que PROVEA continúa recibiendo denuncias de estudiantes afectados por expulsión por fal-tas que no ameritarían esa penalización.

1. UNICEF: Violencia escolar en América Latina y el Caribe. Superficie y fondo. Panamá, noviembre 2001. PDF.

2. Ídem. Presentación. Pág. 7. 3. Ídem. Cuadro 1: Progreso de la prohibición de toda clase de violencia corporal en América Latina.

Pág. 35.4. Ídem. Introducción. Pág. 18. 5. UNICEF VENEZUELA. Situación de los derechos de la niñez [en línea] <http://www.unicef.org/

venezuela/spanish/overview_4200.htm>. Consulta del 25.02.13. 6. Oscar Misle: “Las armas ya no son lejanas para los niños y jóvenes venezolanos”. El Nacional,

05.02.12. 7. Disponible en: UNEARTE [en línea] <http://www.unearte.edu.ve/reglamentos.html>.

122



La Resolución 058 y la creación del Consejo Educativo

El 16.10.12 se publicó en Gaceta Oficial la Resolución 058 emanada del MPPE que “es-tablece la normativa y procedimiento para el funcionamiento del Consejo Educativo01”.

La resolución es larga en su contenido y engorrosa en su redacción, por lo que presen-taremos sólo algunos artículos de la misma y una evaluación global.

La Disposición Transitoria 2 establece que “la presente resolución estará sujeta a revisión, evaluación y modificación en el período de un año, a los fines de su perfeccionamiento”, por lo que esperamos que la participación y el de-bate social contribuyan efectivamente a ello. Contiene también una disposición derogatoria de una serie de instrumentos legales vigentes hasta el momento02.

El propósito de la resolución es “democrati-zar la gestión escolar, con base en el modelo so-ciopolítico de la democracia participativa y pro-tagónica establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)”.

El objeto de la norma es “regular y desa-rrollar los principios, valores y procesos que garanticen una gestión escolar articulada, coordinada e integrada del Consejo Educativo en las instituciones educativas del subsistema de educación básica, de acuerdo a lo estableci-do en los principios y preceptos constituciona-les de la República Bolivariana de Venezuela. Además, regula la planificación, ejecución, se-guimiento, control, supervisión y evaluación de los diversos planes, programas, proyectos, actividades y servicios en el marco del Estado Docente y la Política Pública del Estado vene-zolano, sustentados en el humanismo social y en la doctrina bolivariana”.

Por definición, el Consejo Educativo es “la instancia ejecutiva, de carácter social, de-mocrática, responsable y corresponsable de la gestión de las políticas públicas educativas en articulación inter e intrainstitucional y con otras organizaciones sociales en las institucio-nes educativas. Ella es concebida como el con-junto de colectivos sociales vinculados con los centros educativos en el marco constitucional y en las competencias del Estado Docente. Sus integrantes actuarán en el proceso educativo de acuerdo con lo establecido en las leyes que rigen el Sistema Educativo Venezolano, fun-damentada en la doctrina de nuestro Liberta-dor Simón Bolívar” (Art. 4).

El Consejo Educativo “está conformado por padres, madres, representantes, respon-sables, estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores administrativos, obreros y obre-ras de las instituciones educativas, desde la educación inicial hasta la educación media ge-neral y media técnica y todas las modalidades del subsistema de educación básica. También podrán formar parte de la comunidad educa-tiva las personas naturales y jurídicas, voce-ros y voceras de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas” (Art. 5).

Son órganos constitutivos del Consejo Educativo “los Comités de Madres, Padres, Representantes y Responsables; Académico; Seguridad y Defensa Integral; Comunicación e Información; Ambiente, Salud Integral y Alimentación; Educación Física y Deportes; Cultura; Infraestructura y Hábitat Escolar; Es-tudiantes; Contraloría Social y, de otros que se consideren pertinentes, siempre y cuando su conformación sea impar. Así como, la directi-va de la institución educativa, la cual tiene un solo voto en el proceso de decisión que defina esta instancia, desde la educación inicial hasta



la educación media y todas las modalidades en el Subsistema de Educación Básica. Asi-mismo, pueden formar parte de esta instancia las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes organizaciones co-munitarias vinculadas con las instituciones educativas (Art. 20 de la LOE 2009). (Art. 7).

Y se le atribuyen 19 funciones, que se multiplican, pues a cada órgano constitutivo se le señalan numerosas funciones adiciona-les, a saber: Consejo Estudiantil: 8 funciones; Comité de Madres, Padres, Representantes y Responsables: 7 funciones; Comité Académi-co: 7 funciones; Comité de Comunicación e Información: 7 funciones; Comité de Seguri-dad y Defensa Integral: 9 funciones; Comité de Ambiente, Alimentación y Salud Integral: 9 funciones; Comité de Deportes y Educación Física: 8 funciones; Comité de Cultura: 10 funciones; Comité de Infraestructura y Hábi-tat Escolar: 7 funciones; Comité de Contra-loría Social: 8 funciones. Para un total de 72 funciones. Muchas de esas funciones son, por ejemplo, presentar informes, a veces, cada tres meses.

A juicio de PROVEA, todo lo señalado conforma un entramado burocrático que lejos de facilitar y promover la participación, pue-de entorpecerla y hacerla más rígida. En este sentido, los Centros Comunitarios de Apren-dizaje (Cecodap) reconociendo que “la LOP-NNA establece que el Estado, las familias y la sociedad son corresponsables en la defensa y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, los Consejos Educa-tivos y la Asamblea Escolar pueden represen-tar un espacio de participación que valdría la pena aprovechar [ya que] un centro educativo se fortalece en la medida que su comunidad asume su rol socio educativo y se involucra en la identificación y solución de los proble-mas que las afectan03”. También señalaron

que “consagrar los Consejos Educativos como instancias ejecutivas y de gestión puede con-llevar a hacer más compleja y burocrática la dinámica escolar y que a los efectos prácticos sean instancias inoperativas que no ajusten a los ritmos propios de los centros educativos y a las realidades de los y las estudiantes, como por ejemplo en situaciones de violencia esco-lar, que exige acciones oportunas, urgentes y que no se pueden postergar04”.

Por otra parte, les preocupa que se atribuya a los Consejos Educativos “funciones propias del proceso pedagógico, como por ejemplo, la evaluación de programas, planes y proyectos educativos. Estas atribuciones requieren ser definidas con mayor claridad y se debe tener presente que el proceso pedagógico exige de formación y de condiciones metodológicas y estratégicas que promuevan del desarrollo in-tegral y garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Entre otros puntos ad-vierten que “no es suficiente que en el texto de la Resolución se enuncien un conjunto de términos que sustentan doctrinalmente una política educativa, como por ejemplo ‘mo-delo sociopolítico’, ‘educación ciudadana’, ‘nuevos ciudadanos’, ‘doctrina bolivariana’; es necesario desarrollar los contenidos de es-tos términos para evitar interpretaciones que generen temores, resistencias, dudas o proble-mas que generen tensiones, especulaciones, hostilidades, que más allá de resolver, agudi-cen aun más los problemas de convivencia en los centros educativos”.

Para PROVEA es preocupante también que en la Resolución se señale explícitamente que la “directiva de la institución educativa, […] tiene un solo voto en el proceso de de-cisión que defina esta instancia” [el Consejo Educativo], lo cual puede conducir al des-medro de esta figura esencial en el proceso

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educativo. Al respecto, la profesora Nacarid Rodríguez señala que “todas las innovacio-nes destinadas a incentivar la escolaridad y mejorar los resultados escolares en todos los países del mundo que priorizan la educación, consideran que el docente es vital para el logro de esos propósitos, y que la dirección escolar debe estar en manos de personas selecciona-das y preparadas especialmente para su ejer-cicio05”.

Consideramos también que la excesiva derivación de funciones en la comunidad edu-cativa puede contribuir a fortalecer las inequi-dades sociales en lugar de disminuirlas. Lo hemos sostenido desde los años cuando criti-cábamos las políticas neoliberales: las escue-las más pequeñas y con grandes dificultades o insertas en comunidades discriminadas, ante tal trama de procedimientos y responsabili-dades pueden resultar desfavorecidas frente

a aquellas que manejan más recursos, sean económicos o de tipo simbólico o culturales. Además, una resolución con tal detalle de ór-ganos, funciones y obligaciones, impuestos de antemano a través de un instrumento rígido, contradice uno de los contenidos del derecho humano a la educación que es la adaptabili-dad, expresada por el Comité de DESC de Na-ciones Unidas en los siguientes términos: “La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”06. El espíritu de la Resolución 058 puede buscar esos fines, pero la engorrosa trama que crea puede termi-nar contradiciéndolos.

1. Gaceta Oficial N° 40.029 del 16.10.12.2. Se deroga la Resolución N° 751 de fecha 10 de noviembre de 1986, publicada en la Gaceta

Oficial de la República de Venezuela N° 33.598, del 14 de noviembre de 1986, la Resolución N° 114 de fecha 19 de febrero de 1987, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 33.672 de fecha 06 de marzo de 1987 y la Resolución 1.675, de fecha 31 de octubre de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.327 de fecha 05 de noviembre de 1997. Igualmente se deja sin efecto cualquier disposición o norma que contradiga lo dispuesto en la presente Resolución.

3. CECODAP: Posición de Cecodap ante creación de Consejos Educativos. Comunicado. 4. Ídem.5. RODRÍGUEZ, Nacarid: Resolución 058. Reflexiones pedagógicas. Para la Red EPT-Venezuela.6. NACIONES UNIDAS. COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTU-

RALES. Observación General Nº 13.



Derechos laborales

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obte-ner ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes…

El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo… Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intan-gibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales… Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad…

Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autoriza-ción previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes… Los promotores o promotoras y los o las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de inamovilidad laboral…

Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la huelga…

Artículos 87, 88, 89, 91, 95 y 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

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Derechos laborales




Durante 2012 se produjeron varios aconte-cimientos importantes que afectaron los derechos laborales de los y las trabaja-

doras del país. Tras varios años de espera, el Ejecutivo Nacional reformó la Ley Orgánica del Trabajo (LOT). Dicha reforma se realizó violando el mandato constitucional de consul-ta pública. Se impuso una normativa laboral que tiene artículos favorables a la satisfacción de derechos y otros, por el contrario, afectan derechos tales como a huelga, convención co-lectiva y libertad sindical. Los trabajadores y trabajadoras del sector público vieron una vez más conculcado su derecho a negociar con-venciones colectivas; se realizó un aumento de salario mínimo ejecutado en dos lapsos, incremento que no garantiza un salario sufi-ciente para atender las necesidades básicas; la inamovilidad laboral fue objeto de una nueva prórroga, el desempleo descendió y el sector formal de la economía se fortaleció con res-pecto al sector informal. Persistió el problema del asesinato de sindicalistas y desde el Estado se continuó criminalizando la protesta laboral y el ejercicio de la libertad sindical.

Derecho al trabajo y a la estabilidad laboral

La Población Económicamente Activa (PEA) al cierre de 2012 creció con respecto a 2011. Cifras del Instituto Nacional de Estadís-tica (INE)1 revelan que en diciembre de 2012 la PEA fue de 13.739.312 personas (64,9%), mientras que en el mismo periodo del año pre-vio alcanzó a 13.531.528 personas (64,5%), cifra que muestra un aumento en términos ab-solutos de 207.784 personas.

El INE resaltó que por género se evidenció el incremento de 180.224 hombres, mientras

que por grupos de edad no se muestran cam-bios estadísticamente significativos.

La PEA es definida por el ente oficial como aquella integrada por todas las personas de 15 años y más con disposición y disponibilidad para trabajar durante la semana anterior a la realización de la entrevista.

La mayor parte de la población activa del 2012 tuvo trabajo. De acuerdo con el INE, 12.932.816 personas (94,1% de la población activa) realizaban “alguna labor” al concluir el año, cifra que permite observar un aumento de la tasa de ocupación con respecto al cierre de 2011, cuando la población ocupada era 0,7% menor y se ubicaba en 12.646.379 personas.

El aumento del nivel de empleo tiene rela-ción con el incremento de la dinámica econó-mica nacional, de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del Banco Central de Venezuela (BCV).

El organismo estatal define la población ocupada como aquella integrada por personas de 15 años y más de edad, de uno u otro géne-ro, “que declaran haber trabajado con o sin remuneración, por lo menos una hora, duran-te la semana anterior a la realización de la entrevista”.

La tasa de ocupación al cierre de 2012 fue la mayor a lo largo del año, lo que también se considera habitual pues coincide con una mayor generación de puestos de trabajo por la temporada navideña.

Mientras la tasa de ocupación creció, el desempleo descendió. El INE precisó que en diciembre de 2012 la población desocupada fue de 806.496 personas (5,9%), mientras que en diciembre de 2011 fue de 885.149 personas

1. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Indicadores globales de la fuerza de trabajo, según sexo [en línea] <http://www.ine.gov.ve/> Consulta de febrero de 2013.

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Derechos laborales


(6,5%), de modo que hubo una disminución de 78.653 personas (0,7%).

El ente resaltó que en la población desocu-pada se observa una disminución de 74.065 personas en la categoría de 25 a 44 años.

Tasa de ocupaciónEl desempleo registrado en diciembre de

2012 fue la tasa más baja desde que el INE retomó su medición mensual, en 1999. De hecho, el año había iniciado con una tasa de desocupación de 10,3%, que rozó 7% a partir de mayo y descendió a 6% desde noviembre.

“Este es otro indicio relevante de que la economía venezolana está en auge, debido a la política económica y social orientada a la sa-tisfacción de las necesidades de la población y no del capital. Ciertamente, esto es posible por el nuevo uso del ingreso petrolero, en inversión productiva, misiones sociales de salud, alimen-tación, educación, protección social y vivienda, entre otros, que permite que los miembros de la clase trabajadora contribuyan con su aporte laboral al desarrollo nacional”, expresó el pre-sidente del INE, Elías Eljuri2.

El 08.01.12, el presidente de la República, Hugo Chávez, lanzó la Misión Saber y Traba-jo “dirigida fundamentalmente a las 880 mil personas que se encuentran cesantes o que buscan trabajo por primera vez”3. De acuerdo con el primer mandatario nacional, el progra-ma social generará tres millones de puestos de trabajo en los próximos siete años.

Para el Ejecutivo, la Faja Petrolífera del Orinoco, en el oriente del país, será determi-nante en la generación de empleos por los pro-yectos productivos en marcha.

Según analistas laborales, el programa so-cial fue una estrategia populista para captar votos en un año de elecciones presidenciales. El investigador del Centro Gumilla, Nelson Fréitez, manifestó que no es posible generar empleo estable, bien remunerado y protegido si no se cristaliza un proceso de generación de empresas rentables, sustentables, con de-sarrollo tecnológico y mercados para colocar sus productos4.

También en 2012, el Ejecutivo Nacional mantuvo la política de eliminación de la ter-cerización e incorporación del personal inhe-rente y conexo a la nómina fija de las estata-les, a tono con los preceptos de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

En el caso de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se anunció la incorpora-ción de 4.607 tercerizados a la nómina. Hasta mayo de 2012, 4.135 tercerizados habían fir-mado los contratos que los acreditaban como trabajadores fijos, beneficio que además signi-ficó un aumento salarial de 20% a 30%5.

Ocupación por géneroEn relación a la ocupación por género,

7.829.229 eran hombres del total de pobla-ción ocupada a diciembre de 2012. Las ci-

2. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA: Tasa de desocupación se ubicó en 6,4% [en línea] <http://bit.ly/Wce75v> Consulta del 09.03.13.

3. Juan Lugo y Yuleidys Hernández: Presidente lanzó Misión Saber y Trabajo. Ciudad Caracas, 09.01.12.4. María Ramírez Cabello: Políticas públicas de empleo no han logrado puestos de trabajo estables. Correo del Caroní,

11.01.12.5. Janet Queffelec Padrón: Pasarán a la nómina de Corpoelec 4.607 trabajadores tercerizados. Correo del Orinoco,

09.05.12.



fras muestran un alza en el empleo masculino de 203.307 hombres.

El ente resalta además que hubo una mi-gración importante de hombres al sector for-mal. Entre diciembre de 2011 y el mismo mes de 2012 se evidencia el incremento de 426.277 hombres ocupados en el sector formal.

Para diciembre de 2012, de cada 13 per-sonas empleadas 7 eran hombres y 5 mujeres, relación que evidencia un aumento leve en el empleo femenino.

Cifras del INE resaltan que las mujeres son las que tienen mayor acceso al sector for-mal, aunque la oferta laboral para las féminas en el mercado nacional sea baja6. “El INE denota que las venezolanas se están prepa-rando académicamente más que los varones; y es por ello que ganan puestos de trabajo formales. A pesar de ello, apenas 1,4% de las mujeres con trabajo son dueñas, jefas o di-rectivas de empresas”7.

Segmentación del empleoEn lo que respecta al trabajo formal e in-

formal, de acuerdo con el INE, la población ocupada en el sector formal8 aumentó 2,8% en 2012, pues en diciembre del año pasado alcan-zó a 7.503.251 personas (58%) mientras que en el mismo mes de 2011 se ubicó en 6.985.856 personas (55,2%), de modo que hubo mayor inserción en el sector formal de la economía.

El empleo en el sector informal descendió al mismo ritmo, pues la población ocupada en la informalidad9 pasó de 5.660.523 personas en diciembre de 2011 a 5.428.791 personas en el mismo mes de 2012, con lo cual 231.732 venezolanos salieron de la informalidad.

Dentro de las categorías del sector infor-mal destaca la disminución de los trabajadores por cuenta propia no profesionales.

El presidente del INE, Elías Eljuri, señaló que el análisis de la evolución de la composi-ción del empleo formal-informal sigue ratifi-cando “que la evolución del empleo continúa marchando hacia la consolidación de las actividades económicas que generan mayor cantidad de empleos y más estabilidad para los trabajadores”.

Precisó que en diciembre de 1999 el empleo formal se encontraba en 45% de la ocupación, mientras que en diciembre de 2012 se halla en 58%, “lo cual constituye un incremento de 13 puntos porcentuales. Viceversa, en diciembre de 1999 el empleo informal se ubicaba en 55% del total, mien-tras que en diciembre de 2012 se ubica en 42% de la ocupación”.

“La reducción de la ocupación informal también resulta relevante cuando se evalúa entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012: 231.732 trabajadores. En este mismo lapso se

6. Glexys Pastrán C.: Mujeres sólo ocupan 39% de los puestos de trabajo. Últimas Noticias, 04.05.12.7. Ídem.8. Según el INE, se considera que una persona está ocupada en el sector formal cuando labora en empresas

que tienen cinco personas empleadas o más, tanto del sector público como del sector privado. También se incluye a los trabajadores por cuenta propia profesionales universitarios.

9. De acuerdo con el INE, los trabajadores del sector informal son aquellas personas que laboran en empresas con menos de cinco personas empleadas (incluido el patrono), servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia no profesionales (tales como vendedores, artesanos, conductores, pintores, carpinteros, buhoneros, etc.) y ayudantes o auxiliares que no son remunerados y que trabajan 15 horas o más semanalmente.

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Derechos laborales


incorporaron 517.395 trabajadores a la ocu-pación formal, lo cual apunta a la mejora del ingreso de los hogares”10.

El funcionario resaltó que en el campo del empleo formal, los asalariados del sector privado formal se incrementaron en 155.573 personas (4,4%) y en el sector público en 143.842 (5,8%). Además, hubo una reducción de los trabajadores por cuenta propia de 222.612 personas.

Aclaró además que el empleo considerado informal no significa necesariamente empleo en condiciones precarias, “ni está reducido a la categoría de buhoneros”. Para diciem-bre –dijo– formaban parte del sector informal 1.358.498 asalariados, “una parte importan-te de los cuales utiliza tecnología moderna y cumple con la normativa socio laboral, entre otras condiciones favorables”.

Indicó que la Ley del Instituto Nacional de Seguros Sociales fue modificada para que los trabajadores por cuenta propia puedan cotizar a la seguridad social y tener derecho a pensio-nes de vejez.

Pese a la baja de la informalidad entre 2011 y 2012, el ramo carente de empleos estables y salarios fijos ha subido 24,4% al pasar de 4,5 millones de personas en diciembre de 1999 a más de 5,6 millones al cierre de 2011, según cifras del INE11.

La informalidad no está excluida del sector estatal. Distintas denuncias a lo largo de 2012

dieron cuenta de la falta de estabilidad social de las madres procesadoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE), quienes carecen de salario, seguro social, utilidades y presta-ciones, entre otros beneficios.

“Un grupo de procesadoras prepara desa-yuno, almuerzo y merienda por Bs. 40 diarios (800 al mes). Otras perciben 20 bolos por co-cinar sólo el almuerzo. La mayoría está en el PAE desde hace ocho años, cuando comenzó”, aseguró Yulizma Delgado, quien es madre pro-cesadora en la escuela Menca I de Guarenas12.

Inamovilidad laboralEl Ejecutivo mantuvo su política de res-

guardo de la estabilidad en el trabajo y fue prorrogada la inamovilidad laboral13, con lo cual se extendió la medida implementada en mayo de 2002 para evitar el despido injustifi-cado de los trabajadores.

La última extensión de la inamovilidad la-boral introduce algunas especificaciones adi-cionales, como la eliminación del techo de tres salarios mínimos para gozar del beneficio y la posibilidad de denunciar el despido sin justa causa ante la Inspectoría del Trabajo en los 30 días siguientes al hecho.

De acuerdo con el decreto en su segundo artí-culo, los trabajadores amparados por la prórroga no podrán ser despedidos, desmejorados ni tras-ladados sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción14.

10. INE: La tasa de desocupación disminuyó hasta 5,9% [en línea] <http://bit.ly/XJDfR4> Consulta 09.03.13.11. Katiuska Hernández: La informalidad subió 24,4% durante el gobierno de Chávez. El Nacional, 10.01.12.12. Irama Delgado: Como peón de brega tratan a madres procesadoras. Últimas Noticias, 02.02.12.13. Gaceta Oficial N° 39.828, del 26.12.11.14. El artículo 3 del decreto de inamovilidad laboral señala que en caso de que el trabajador protegido sea des-

pedido o desmejorado sin justa causa, o trasladado sin su consentimiento, “podrá denunciar el hecho dentro de los treinta (30) días continuos siguientes ante la Inspectora o Inspector del Trabajo de la jurisdicción, y solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida”.



Independientemente del salario que deven-guen, gozarán de la inamovilidad laboral los trabajadores a tiempo indeterminado a partir de los tres meses al servicio de un patrono; los contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato o, en el caso de que el contrato sea para una labor u obra determinada, mientras no haya concluido la totalidad o la parte de la misma que constituya su obligación.

Se mantuvo como en años anteriores que quedan exceptuados del beneficio de inamo-vilidad los trabajadores que ejerzan cargos de dirección o de confianza, y así como los tem-poreros, ocasionales o eventuales.

“La estabilidad de las funcionarias y los funcionarios públicos se regirá por las nor-mas de protección contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública”, agrega el artículo 6.

Otra de las añadiduras del decreto de ina-movilidad que estuvo vigente durante 2012 fue que en caso de que un trabajador protegido fuera despedido, trasladado o desmejorado “y exista el temor fundado de que se ocasionen daños al trabajador o a su familia, las Inspectoras o Inspectores del Trabajo podrán ordenar como medida preventiva, de conformidad con la letra b) del artículo 223 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la reincorporación o la restitución de la situación jurídica infringida por el tiempo que dure el procedimiento, así como el restablecimiento pleno del salario devengado y demás beneficios previstos en la ley”15.

El decreto fija que al patrono que desacate la orden de reenganche definitivamente firme de un trabajador protegido por la inamovilidad laboral especial prevista “se le impondrán las sanciones previstas en la ley”.

El especialista en Derecho del Traba-jo, Domingo Salgado, aseguró que pese a las intenciones del Ejecutivo de garantizar la estabilidad laboral, “las instancias del Trabajo se encuentran colapsadas, en de-trimento de las solicitudes efectuadas por patronos y trabajadores”16.

“Hay un excesivo número de causas que no permite pronta respuesta de estos funcio-narios (…) En el estado Lara sólo existen dos Inspectorías del Trabajo para conocer de to-das las solicitudes de reenganche y pago de salarios caídos”17.

Tanto en el sector público como en el privado, las solicitudes de reenganche estu-vieron a la orden del día. En mayo de 2012, 25 extrabajadores de la cadena Lidotel Ho-tel Boutique exigieron su reenganche por supuestos despidos injustificados, luego de conformar un sindicato18.

También en el quinto mes del año, traba-jadores de Alimentos Kellogg’s denunciaron el despido de 80 empleados, atribuido a la inseguridad jurídica y escasez de divisas. Los afectados solicitaron el reenganche y el pago de salarios caídos19.

En el sector público, 150 trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)

15. En este caso, señala el artículo 5 del decreto, la trabajadora o el trabajador deberá consignar pruebas suficientes que constituyan presunción grave de la existencia de la relación de trabajo y que se encuentra dentro de los supuestos de inamovilidad laboral previstos en el decreto.

16. Haydeluz Cardozo: Urge revisar instancias del trabajo. El Informador, 02.01.12.17. Ídem.18. Nelleidys Moreno Jaimez: 25 ex trabajadores exigen reenganche laboral. El Carabobeño, 18.05.12.19. Gabriela Espinoza: Trabajadores denunciaron despidos injustificados. El Carabobeño, 29.05.12.

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Derechos laborales


protestaron en el Distrito Capital en reclamo por despidos injustificados, supuesto aco-so laboral e incumplimiento en el pago de la cotización del Seguro Social Obligatorio y demás beneficios. “Nos están botando como quieren”, comentó uno de los trabajadores en protesta, Jesús SALAZAR20.

Los incumplimientos laborales y la falta de respuesta de las autoridades del Trabajo se repitieron con fuerza en las estatales de Guayana, principalmente en las industrias del sector aluminio.

Seis despedidos de la estatal CVG Ferro-minera Orinoco permanecieron 213 días en el portón principal de la industria para exigir su reenganche. La actuación de la Inspectoría en el caso fue altamente cuestionada21.

En junio, la Central Bolivariana de Tra-bajadores Socialistas de Venezuela de la Ciu-dad, el Campo y la Pesca denunció al Insti-tuto de Salud Pública del estado Bolívar por el despido de 197 trabajadores del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar22, en violación de la LOTTT.

Derecho al salario y a una remuneración justa

Al cierre de 2012 la inflación se ubicó en 20,1%, de acuerdo con el BCV, una baja con respecto a 2011 cuando cerró en 27,6%. Ese mismo año, el Ejecutivo Nacional autorizó un aumento fraccionado del salario mínimo

(SM) de 32,25%, que sólo beneficia a los tra-bajadores que en la escala salarial perciben el ingreso mínimo oficial, 60% de la población formal aproximadamente23.

Con las ponderaciones estadísticas, el BCV reportó que el Índice de Remuneración de los Asalariados (IRE) registró una variación acu-mulada de 23,6% a nivel general; 26,9% en el sector privado y 17,2% en el sector gobierno.

Destaca el ente que durante el último trimestre de 2012 el precio relativo del IRE respecto al Índice Nacional de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas (INPC-AMC), “mostró una caí-da de 3,2% puntos porcentuales, al pasar de 89,3% a 86,1%, en consecuencia con la aceleración que reflejó el INPC en el último trimestre de 2012”.

El año pasado el Ejecutivo siguió la misma fórmula de los años previos, al elevar el sala-rio en dos partes, la primera de 15% a partir del 1 de mayo y la segunda parte de 15% el 1 de septiembre.

Con este ajuste, el SM subió de Bs. 1.548,22 a Bs. 2.047,51, un monto que de acuerdo con estudios privados y oficiales es insuficiente para cubrir la canasta alimentaria24.

No obstante, la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de Venezuela de la Ciudad, el Campo y la Pesca celebró el ajuste de 32,25% y señaló que con el salario de Bs.

20. Jesús Alberto Yajure: Protestan en obras de Misión Vivienda. Últimas Noticias, 01.06.12.21. Clavel A. Rangel Jiménez: Despedidos de Ferrominera levantan “carpa de la dignidad”. Correo del Caroní. 14.12.12.22. César Noriega Ramos: Ya van 197 despedidos en Hospital Ruiz y Páez. Correo del Caroní, 14.06.12.23. Pacífico Sánchez: El 60% de la población formal percibe salario mínimo. El Impulso, 15.04.12.24. Ídem. Froilán Barrios, integrante del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y Sindicato

(Fadess) y del Movimiento Laborista, precisó que la población beneficiada por el incremento del salario mínimo suma 3,9 millones de trabajadores del sector público y privado y dos millones de pensionados. El presidente Hugo Chávez por su parte señaló al momento de anunciar el aumento que cuatro millones de venezolanos perciben salario mínimo; de este número, 1,7 millones corresponden a la nómina estatal.



2.047 más el bono de alimentación “los vene-zolanos tendrían el salario mínimo más alto de Latinoamérica”25.

También en mayo de 2012, el Ejecutivo Nacional ajustó el salario de los funcionarios y obreros de la administración pública26. “En el caso de los funcionarios los aumentos osci-lan entre 9% y 45,5%, dependiendo del grupo y rango de sueldo mensual”27. En este caso, el menor incremento (9%) lo percibe el gru-po de los profesionales universitarios tipo III. Asimismo, el Ejecutivo acordó un incremento de entre 10% y 28,9% en el tabulador general de salarios para el personal obrero público28.

La Canasta Alimentaria Normativa cal-culada por el INE se ubicó en diciembre de 2012 en Bs. 2.085,2229, por encima del sala-rio mínimo con el cual la familia venezolana debe cubrir también gastos por servicios, sa-lud, educación y transporte, entre otras cate-gorías. “La Canasta Alimentaria Normativa es un indicador estadístico que tiene por objeto determinar el costo mensual de un conjunto de alimentos que cubren la totalidad de los requerimientos nutricionales, toma en cuenta los hábitos de consumo de la población vene-zolana, las disponibilidades de la producción nacional y el menor costo posible”30.

El INE precisó que en 2012 la variación acumulada de la canasta alimentaria fue de 19,75%, menor a la acumulada en 2011 de 27,01%.

El presidente del INE, Elías Eljuri, deses-timó el alza al señalar que el crecimiento en el precio de la canasta “no es tan significati-vo en el presupuesto familiar como gustan de afirmar los opinadores de oficio, debido a que el ingreso mínimo legal (conformado por el salario mínimo legal más el ticket de alimen-tación) alcanzó en el mismo mes de diciembre de 2012, Bs. 3.004”, además de que en prome-dio trabajan dos personas por hogar.

Los cálculos privados, sin embargo, tam-bién revelan el limitado poder adquisitivo del salario mínimo. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezola-na de Maestros (Cendas-FVM) explicó que el costo de la canasta alimentaria en diciembre de 2012 fue de Bs. 4.573,65, de modo que se requieren 2,2 salarios mínimos para cubrirla.

La cesta de alimentos, precisa el estudio, subió 28,5% en el período diciembre 2012/di-ciembre 2011. La variación equivale a 1.014,81 bolívares, 49,6% de un salario mínimo.

La canasta básica familiar, por su par-te, se ubicó en diciembre de 2012 en Bs. 9.388,03 y se requieren 4,6 salarios míni-mos para cubrir su costo. El Cendas precisa que si dos miembros de la familia aportan al menos un salario mínimo cada uno (Bs. 2.047,52 x 2 = Bs. 4.095,04), la cantidad resultante sólo cubre 43,6% del costo de la canasta básica familiar.El déficit entonces es de Bs. 5.292,99 (56,4%).

25. Manuel López: Venezuela tendrá el salario mínimo más alto de América Latina. Correo del Orinoco, 10.04.12.26. Gaceta Oficial Nº 39.922 del 15.05.12.27. Yaneth Fernández: Ajustan entre 9 y 45% sueldos de trabajadores públicos. El Universal, 17.05.12.28. Ídem.29. Al cierre de 2012, la ciudad con la canasta alimentaria normativa más costosa es Maracaibo, en donde

se cotiza en 2.416,36, seguida de Caracas (Bs. 2.257,09), Maracay (Bs. 2.139,39) y Ciudad Guayana (Bs. 2.056,09). En contraste, la ciudad con la canasta más económica al finalizar 2012 fue Mérida, en donde costaba Bs. 1.397,18.

30. INE: Fichas Técnicas [en línea] <http://www.ine.gov.ve/fichastecnicas/preciosyconsumo/fichacanasta.htm> Consulta de febrero de 2013.

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Derechos laborales


Derecho a la convención colectivaEl derecho a negociar convenciones colec-

tivas fue parcialmente garantizado. Persistió la afectación de este derecho principalmente en las grandes empresas del Estado y en la admi-nistración pública, principalmente la adminis-tración centralizada.

La información oficial indica que durante 2011 se garantizó la negociación de 452 con-venciones colectivas que permitieron benefi-ciar a 742.647 trabajadores y trabajadoras, de las cuales 131 correspondieron al sector pú-blico31. Se facilitó la negociación colectiva de 196 pliegos de peticiones o reclamos introdu-cidos por trabajadores, llegándose a la conci-liación en 162 de ellos, de los cuales 32 fueron del sector público32.

Se logró homologar 452 convenciones co-lectivas, con lo cual se ampararon y beneficia-ron de manera directa 742.647 trabajadores y trabajadoras. Entre las convenciones más des-tacadas del sector público y privado que llega-ron a término y fueron homologadas resaltan:

Del sector público: Convención colecti-va del sector Educación, con la cual queda-ron amparados 575 mil maestros y maestras, profesores y profesoras a nivel nacional; con-vención colectiva de la empresa PDV-Gas Comunal, con la cual se ampararon 7.600 trabajadores y trabajadoras; convención co-lectiva de la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) la cual amparó a 12.664 trabajadores y trabajadoras; convención colec-tiva unificada de los trabajadores y trabajado-ras de la Alcaldía del Municipio Libertador,

amparando a 4.286 trabajadoras y trabajado-res; y la convención colectiva de la Compañía Anónima Metro de Caracas, la cual amparó a 8.100 trabajadores33.

De las más importantes en el sector priva-do tenemos: Convención colectiva de Pepsi-cola Venezuela, C.A., que amparó a 344 traba-jadores y trabajadoras; convención colectiva del Banco Venezolano de Crédito S.A., am-parando a 1.665 trabajadores y trabajadoras a nivel nacional; convención colectiva de Ban-ca Nacional de Crédito, C.A., que amparó a 1.461 trabajadores y trabajadoras; convención colectiva de Industrias de Artes Gráficas, am-parando a 4.591 trabajadores y trabajadoras; convención colectiva del Servicio Panameri-cano, con la cual se beneficiaron 4.554 trabaja-dores y trabajadoras; convención colectiva de la rama Industria Químico Farmacéutica, que amparó a 17 mil trabajadores; y la convención colectiva de la empresa Coca Cola Femsa de Venezuela, S.A., que amparó a 1.253 trabaja-dores a nivel nacional.

La homologación de este conjunto de con-venciones constituye una minoría con rela-ción a la cantidad de convenciones vencidas. Persistió la negativa de discutir convenciones en grandes y mediano centros de producción bajo control del Estado, así como en entes de la administración centralizada y descentraliza-da. Es el caso de la discusión del V Contrato Marco de la Administración Pública, cuyo an-teproyecto fue consignado ante la Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público, en julio de 200834. En la Si-derúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro”, tras

31. MPPTRASS: Memoria y Cuenta 2011. Exposición General. Versión digital.32. Ídem.33. Ídem.34. Aporrea: Trabajadores públicos exigen discusión del contrato marco ya [en línea] <http://bit.ly/129Eyvj> Consulta

del 02.02.13.



persistentes protestas por parte de los trabaja-dores, se instaló el 05.09.12 la mesa de nego-ciación de la nueva convención colectiva, la cual a diciembre de 2012 no había concluido35.

El retardo en la discusión de convenciones también ha afectado a otras empresas básicas tanto en Guayana como en distintos sectores del país, como CVG Alcasa, CVG Venalum, CVG Carbonorca y la Corporación Venezola-na de Guayana entre otras. A su vez la Comi-sión Intergremial Nacional de Profesionales del Sector Salud integrada por once gremios36 exigió el 07.07.12 al Ejecutivo Nacional la discusión de un nuevo proyecto de convención colectiva de trabajo para dicho sector37.

Los trabajadores universitarios, a pesar de constantes movilizaciones, paros y huelgas, no lograron durante el período que se firmara la convención que ampara a quienes trabajan en el sector de las universidades públicas del país. El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (Sinatraucv), Eduar-do Sánchez38, señaló que el Gobierno quiere firmar un contrato colectivo de espaldas al gremio, ya que no convoca a los sindicatos con mayor representación del sector39.

Es importante destacar que desde 2004 hay un descenso en el número de convenciones colectivas homologadas por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (MPPTRASS). Mientras ese año fueron homologadas 834 convenciones colectivas, de 2005 a 2011 el promedio anual fue de 51840.

Ante la negativa en entes del Estado a dis-cutir las convenciones, la dirigencia sindical se pronunció de diversas maneras. Marcela Máspero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete)41, expresó que la con-tratación colectiva “es un problema que se presenta en todo el territorio nacional”, res-ponsabilizando de la situación a la “tecnobu-rocracia”42. Por su parte Froilán Barrios, del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato (Fadess), indicó que el problema abarca todo el territorio nacional y que de 13.493.721 personas activas económi-camente, solamente 2.200.000 tienen contrato colectivo y 1.600.000 son del sector público43.

Orlando Chirino, de la Corriente Clasis-ta, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-Cura), expresó: “Eso de que este es el gobier-no que más contratos discute es una mentira

35. Tras el reclamo público por parte de trabajadores al presidente Hugo Chávez cuando realizaba un acto oficial en el estado Bolívar, se ordenó iniciar la discusión de la convención colectiva. Desde 2010 se encon-traba paralizada la discusión del nuevo convenio.

36. Los gremios que integran la comisión son: Bioanalistas, Psicólogos, Odontólogos, Farmacéuticos, Nutri-cionistas, Enfermeros(as), Fisioterapeutas, Terapistas Ocupacionales, Fonoaudiólogos, Trabajadores So-ciales y Citotecnólogos.

37. La Comisión Intergremial Nacional de Profesionales del Sector Salud desde 2010 inició un diálogo con el Ejecutivo Nacional sin que se hayan producido avances importantes.

38. UCVNOTICIAS: Eduardo Sánchez: “No descartamos la paralización de las universidades del país” [en línea] <http://bit.ly/W1efG5> Consulta del 18.02.13.

39. Una de las intromisiones constantes del Ministerio en la vida sindical es negociar convenciones con sindi-catos de menor representación, violando así la Ley Orgánica del Trabajo.

40. Cálculos propios a partir de información de la Memoria y Cuenta del Mpptrass.41. La Unete es una corriente sindical pro gobierno que ha reivindicado en el discurso la autonomía de las

organizaciones sindicales y cuestionado la no discusión de convenciones en el sector público.42. Manuel Rubén Trujillo: Sindicatos reclaman pasivos laborales. Últimas Noticias, 18.09.12, Pág. 23.43. Ídem.

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Derechos laborales


gigante, los empleados públicos tienen siete años sin discutir su contrato marco, y en las empresas básicas los contratos tienen entre dos y cinco años vencidos. Como todos sabe-mos, Venezuela es el país con la inflación más alta de América Latina, y cada año que se re-trasan las discusiones de contrato equivale a desmejorar en 25% o 30% los salarios de los trabajadores, un ajuste silencioso que supera a lo que están haciendo los gobiernos capita-listas de Europa ante la crisis”44.

Las violaciones se realizaron tanto en en-tes nacionales o empresas del Estado como en entidades adscritas a gobernaciones o alcal-días: trabajadores de la Alcaldía del Munici-pio Zamora, estado Miranda45; trabajadores de la termoeléctrica El Palito, estado Carabobo46; trabajadores educacionales adscritos a la Go-bernación del Estado Miranda47; trabajadores de la empresa nacionalizada Agropatria48.

Uno de los casos más emblemáticos de violaciones a las convenciones colectivas es el ocurrido en la industria petrolera. Además del retardo para iniciar la discusión para la convención 2011-2013, está la manera como se discrimina políticamente a un sector de la dirigencia sindical y de los trabajadores. La

directiva de la empresa no reconoció a una parte de la directiva de la Federación Unita-ria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) legítimamente electa por los y las trabajadoras49. Junto al incumplimiento reite-rado de cláusulas de la convención que esta-ba vigente, la empresa discutió y negoció la nueva convención solamente con la parte de la directiva que simpatiza con el gobierno50. Dicha situación generó malestar en un sector importante de trabajadores de esta rama de producción51. Según los denunciantes, una vez más patronos del sector público imponen convenciones apoyándose en sindicalistas que hipotecan los intereses de los trabajadores por la afinidad a un partido político52.

Opinión distinta expresó Will Rangel, pre-sidente de la Futpv, quien dijo que “luego de largas reuniones y conversaciones, se consoli-daron varios beneficios para elevar la calidad de vida de sus trabajadores”53.

La ineficiencia y descoordinación entre el Mpptrass y el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas (MPPPF) se ha convertido en una traba en los procesos para la discusión y homologación de las con-venciones colectivas en el sector público. El

44. LACLASE.INFO. El gobierno tiene una política de no discutir ni cumplir los contratos colectivos del sector público [en línea] <http://bit.ly/OAPCc6> Consulta del 11.02.13.

45. Dignora Zea: Sindicato de trabajadores de Zamora exige beneficios. La Voz, 13.07.12.46. Oglis Clisanchez: Sindicato denuncia violaciones contractuales. Notitarde, 16.08.12.47. La Voz: Suteem denuncia incumplimiento de la contratación colectiva. 16.07.12, Pág. L35.48. Esta empresa se denominaba Agroisleña y una vez expropiada el 04.10.10 pasó a denominarse Agropatria.49. Una política del Estado en esta empresa es desconocer a la dirigencia sindical que es crítica al gobierno,

además de mantener una constante campaña de descrédito usando medios gubernamentales.50. LACLASE.INFO: Trabajadores petroleros rechazan convención [en línea] <http://bit.ly/ZBq8nf> Con-

sulta del 07.02.13.51. Lo ocurrido en la industria petrolera se ha producido en otras discusiones de convenciones en el sector

público, donde se excluye del debate a sindicalistas críticos al gobierno nacional.52. La convención fue firmada el 20.07.12 con el rechazo de una parte de la junta directiva excluida de las

negociaciones y sectores laborales inconformes al considerar que perdieron beneficios.53. CORREO DEL ORINOCO: Petroleros venezolanos firmaron contrato colectivo 2011-2013 [en línea] <http://bit.

ly/O3JBkG> Consulta del 07.01.13.



artículo 444 de la LOTTT establece que para que el Inspector del Trabajo convoque a la discusión debe recibir un informe preceptivo del MPPPF sobre la disponibilidad de recur-sos que indique lineamientos específicos. Un ejemplo de ello ocurrió con la convención colectiva de la empresa Siderúrgica del Ori-noco (Sidor)54.

El Comité de Libertad Sindical de la Or-ganización Internacional del Trabajo (OIT) al emitir informe provisional sobre el caso Nº 2.827 presentado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capa-citación y Educación Socialista (Sintrainces) indicó: “Recuerda al Gobierno que el artículo 4 del Convenio núm. 98 establece que debe-rán adoptarse medidas adecuadas a las con-diciones nacionales, cuando sea necesario, para estimular el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo y que el retraso excesivo registrado en la negociación del proyecto de convención colectiva constitu-ye una violación del artículo 4 del Convenio, especialmente grave al ser el empleador una institución pública que debe velar por el res-peto de los principios de la libertad sindical y de la negociación colectiva”55.

Libertad sindicalComo ha ocurrido en la última década, la

garantía de la libertad sindical se viene vio-lando principalmente en el sector público. Si bien no puede afirmarse que en Venezuela no existe libertad sindical, hay que subrayar que

cada vez se cometen más violaciones y se di-versifican las medidas hostiles contra las y los trabajadores que ejercen funciones sindicales.

Cada año, desde diversas instituciones del Estado, se implementan medidas que afectan de manera directa e indirecta el ejercicio de la libertad sindical. Apertura de procesos pena-les, medidas cautelares dictadas por tribunales que impiden a sindicalistas acercase a sitios de trabajo, sentencias que imponen condiciones a los integrantes de directivas sindicales, des-pidos injustificados, hostigamiento policial, amenazas contra su integridad, descalificación pública de la actividad sindical y negación de permisos sindicales, entre otras.

Esas medidas se implementan paralelo a que se permite el registro de nuevas organi-zaciones sindicales. Según el MPPTRASS, en 2011 se registraron 242 nuevas organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores56.

En el periodo se registran varias situacio-nes de violación a la libertad sindical perpe-tradas principalmente por funcionarios del sector público. Algunas son continuidad de políticas que se vienen aplicando hace varios años, otras son medidas novedosas que se su-man para en conjunto configurar un andamiaje de medidas y prácticas que afectan a los y las sindicalistas al ejercer sus funciones.

El no respeto al fuero sindical despidien-do a sindicalistas sin realizar el procedimien-to previo en las inspectorías continuó siendo una de las prácticas para afectar la labor de los sindicalistas. Dicha práctica va acompañada del no cumplimiento de órdenes de reengan-

54. Clavel Rangel: La discusión contractual en Sidor se empantana. En: Correo del Caroní [en línea] <http://bit.ly/VFKZlP> Consulta del 17.01.13.

55. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: 364º Informe del Comité de Libertad Sindi-cal. Ginebra 15.06.12.

56. MPPTRASS: Memoria y Cuenta 2011. Exposición General. Versión digital.

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Derechos laborales


che emanadas de las inspectorías del trabajo. Es el caso de cinco sindicalistas despedidos del Hospital Clínico Universitario de Caracas, quienes esperan se cumpla con la providencia administrativa del MPPTRASS que ordena su reenganche57. Uno de los sindicalistas se vio obligado a interponer una acción de amparo constitucional contra el Hospital, logrando que el Tribunal Sexto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropo-litana de Caracas dictara sentencia firme de reenganche y pago de salarios caídos a favor del trabajador58.

El impedir a través de medida judicial que los trabajadores realicen actividades y que los sindicalistas se acerquen a los centros de tra-bajo es otra de las modalidades que se han ido instaurando para impedir la libertad sindical.

El Juzgado Superior Agrario de las Cir-cunscripciones de los estados Aragua y Ca-rabobo otorgó una “Medida Autónoma Inno-minada Especial Agraria de Protección a la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria” a la empresa del Estado Agropatria. La empresa solicitó al tribunal una medida de protección con la finalidad de hacer cesar cualquier ame-naza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, en razón de las presuntas para-lizaciones de las actividades de producción. El juez, bajo el argumento de proteger la sobera-nía alimentaria, ordenó a todos las y los tra-

bajadores “abstenerse de abandonar, cerrar, disminuir o realizar cualquier actividad que pueda generar paralización, ruina, desme-joramiento o destrucción de forma directa o indirecta a las actividades de producción de insumos, agroquímicos agrícolas, servicios, transporte así actividades administrativas del Grupo Agroisleña, C.A.”59.

La sentencia constituye un grave prece-dente que violenta el derecho a la huelga y criminaliza la protesta pacífica. Una vía rápida e inconstitucional de prohibir el ejercicio del derecho a la huelga y otras maneras pacíficas de exigir derechos.

Otra actuación irregular del Poder Judicial se produjo cuando el Tribunal Cuarto de Jui-cio Laboral declaró con lugar una acción de amparo interpuesta por un grupo de trabaja-dores contra la directiva del sindicato Sutra-carbonorca. Alegaron los trabajadores que se obstaculizaba su inscripción en el sindicato. Según la directiva sindical, la acción judicial presuntamente fue promovida por la gerencia de la empresa y el gobernador del estado Bolí-var. Se estaría así instrumentalizando el Poder Judicial con fines políticos para incidir en la toma de decisiones de un sindicato60.

Otro caso de afectación a la libertad sindi-cal ocurrió con la medida adoptada por la Di-rección de Salud del estado Aragua de prohibir a la dirigencia sindical ingresar al hospital y realizar cualquier actividad de protesta61.

57. Aporrea: Ante desacato del Hospital Universitario, tribunal dictó sentencia firme de reenganche a trabajador [en línea] <http://bit.ly/VGp9i2> Consulta del 07.01.13.

58. TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARA-CAS. Sentencia de fecha 30.11.12. ExpAP21-O-2012-000118.

59. Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Aragua y Carabobo. Juez Héctor Benítez Cañaz. De fecha 11.11.12. Exp. Nº 2012-0199.

60. Clavel Rangel: Tribunal ordena afiliación de trabajadores a Sutracarbonorca. Correo del Caroní, 31.05.12, Pág. 2.3.4.61. Mercedes Carrillo: Prohíben la entrada de sindicalistas al hospital Benítez. El Siglo, 11.05.12, Pág. B9.



Una modalidad de la cual no se tenía co-nocimiento fue la puesta en práctica presunta-mente por la gerencia de la empresa del Estado Venezolana de Aluminio (Venalum), de accio-nes de espionaje contra la dirigencia sindical de la empresa. Aparentemente se instalaron microcámaras para observar la actividad en la sede del sindicato. Los sindicalistas presenta-ron la denuncia en el Ministerio Público.

Sindicalistas y académicos además expre-saron preocupaciones sobre el efecto negativo a la libertad sindical y el derecho a la huelga de normas de la LOTTT.

En este período se agregó un elemento nuevo a la criminalización de la actividad sin-dical: el uso de la justicia militar para encarce-lar a sindicalistas y seguirles juicio.

En agosto la justicia militar se aplicó a cin-co sindicalistas en el estado Táchira, quienes después de permanecer encarcelados durante varias semanas en el Departamento de Proce-sados Militares de la Cárcel de Santa Ana fue-ron liberados bajo régimen de presentación62.

El sindicalista Rubén GONZÁLEZ, secre-tario general del Sindicato Ferrominera del Orinoco, continuó siendo procesado en tribu-nales de la ciudad de Caracas, donde fue ra-

dicado el juicio63. A la fecha de redacción del informe estaba sometido a régimen de presen-tación cada 30 días en un tribunal de Puerto Ordaz. La audiencia de apertura al juicio había sido suspendida cinco veces. A pesar de la cri-minalización por parte de las autoridades de la actividad del sindicalista, éste fue reelecto por los trabajadores.

“Un perseguido político y sindical, enjui-ciado para sacarlo de la calle y sobre todo de la empresa Ferrominera, pudo más que todo el poderío del Estado, que la presión ejercida contra los trabajadores para que no lo reeli-gieran al frente del sindicato…”64.

El gobierno continúa sin ejecutar las reco-mendaciones realizadas por la OIT para que conceda libertad plena al sindicalista Rubén González y proceda a indemnizarlo por los da-ños y perjuicios causados65.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT tramitó la queja presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacio-nal de Capacitación y Educación Socialista (Sintrainces)66 y emitió un informe provisio-nal67 donde expresa:

“1118. El Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado informaciones concretas sobre

62. El juez militar del Tribunal Militar Undécimo de Control del estado Táchira ordenó la privación de libertad acusándolos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada, artículos 502 y 505 del Código Orgánico de Justicia Militar, y violación de zonas de seguridad establecidas en la Ley de Seguridad de la Nación. Los sindicalistas participaron en una movilización en las cercanías del Fuerte Murachí exigiendo pago de salarios retasados a una empresa que construye viviendas en esa zona militar.

63. PROVEA: Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2010-septiembre 2011. Pág. 117. Caracas, 2012.

64. Vladimir Villegas: Gobierno fue repudiado en Ferrominera. El Nacional, 31.07.12, Pág. B7.65. En el 358 Informe del Comité de Libertad Sindical en 2010, la OIT le expuso al Estado venezolano que

los hechos imputados contra este dirigente no justifican su detención provisional o arresto domiciliario desde septiembre de 2009; pidió al Gobierno que se le libere sin demora en espera de la sentencia y que sea debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos.

66. La queja fue presentada el 07.12.10 e identificada como caso Nº 2827. 67. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: 364º Informe del Comité de Libertad Sindi-

cal. [en línea] <http://bit.ly/LbxFk9> Ginebra, 15.06.12.

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los hechos que habrían motivado los despidos de dos sindicalistas (ulteriormente reintegra-dos) ni sobre los procedimientos disciplinarios emprendidos contra otros dos dirigentes o sindi-calistas. El Comité recuerda el principio de que ningún trabajador o dirigente sindical debería ser objeto de procedimientos sancionatorios o medidas perjudiciales en razón de su afiliación a actividades sindicales legítimas, y pide al Go-bierno que envíe observaciones detalladas sobre el procedimiento de despido emprendido contra estos dos dirigentes sindicales y los hechos que habrían dado origen al mismo”68.

Durante el período cinco quejas fueron presentadas por organizaciones sindicales ante el Comité69.

Dirigentes sindicales y académicos se encuentran entre quienes afirman que en la LOTTT existen normas que atentan contra la libertad sindical, el derecho a la convención colectiva y el derecho a huelga. La dirigente sindical de Unete, Marcela Máspero, manifes-tó que el registro obligatorio que se impone a los sindicatos en el Registro Nacional de Or-ganizaciones Sindicales legitima el control del Estado sobre los sindicatos70.

El académico Francisco Iturraspe indicó que “haber plasmado en la Ley como requi-sito que los sindicatos, federaciones y confe-deraciones realicen elecciones por la base, es contradictorio con el principio de representa-tividad inherente a los sindicatos, por lo que estima que se atenta contra la estabilidad de la institucionalidad gremial”71.

Derecho a huelgaAun cuando la CRBV garantiza el derecho

a la huelga, en el período se continuó restrin-giendo su ejercicio. Por vías legales se mantie-ne la negación del derecho a la huelga y cada vez es más riesgoso para los sindicalistas con-vocar a la paralización de actividades.

Es uno de los derechos donde se ha mon-tado progresivamente un andamiaje jurídico para restringir su ejercicio e imponer penas de cárcel para quienes se atrevan a desafiar la normativa72.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT insiste en exhortar al gobierno nacional a re-formar la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artículo 139.

68. Ídem.69. Iván FREITES y Jorge KOHURI, del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasí-

feros y Conexos del Estado Falcón (SUTPGEF); Johan GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario de Re-clamos del Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros de Tía Juana del Estado Zulia (SOEPTJ); JOSÉ BODA, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV); Movimiento de Trabajadores Organizados de los Medios Audiovisuales de Venezuela (Motormav) y tra-bajadores del diario VEA. En este diario de tendencia oficialista los y las trabajadoras fueron despedidos cuando intentaron organizar un sindicato. La empresa se ha negado a cumplir órdenes de reenganche ordenadas por la Inspectoría del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.

70. El Universal, 10.0512, pág. 1-8.71. Jesús Hurtado: Encienden las alarmas por amenazas a la libertad sindical. El Mundo, 22.0512, pág. 9.72. Ese andamiaje jurídico antihuelga está constituido por leyes tales como: Ley especial en defensa popular

contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios (2007); Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios (2008); Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002), y Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (2012).



El 07.05.12 entró en vigencia la Ley Orgá-nica del Trabajo, los Trabajadores y Trabaja-doras (LOTTT). La anterior Ley Orgánica del Trabajo fue reformada sin garantizar la partici-pación y el protagonismo de los trabajadores. Tras 12 años de mora legislativa, el Ejecutivo Nacional desestimó un interesante proceso que adelantó la fracción parlamentaria del Partido Comunista, que teniendo la presidencia de la Comisión de Asuntos Sociales consultó a di-versos sectores sociales y políticos. La reforma la elaboró el Ejecutivo a puerta cerrada .

Son diversas las opiniones sobre el conte-nido de esta reforma. Para un sector importante de la dirigencia sindical la reforma mejora los derechos de las y los trabajadores, y no tienen observaciones al contenido. Otros reivindi-can la reforma como progresiva, sin embargo consideran que existen artículos que afectan la libertad sindical, el derecho a la convención colectiva y el derecho a huelga. Otro sector la califica como regresiva.

Desde la perspectiva de PROVEA, la LOTTT contiene artículos que fortalecen de-rechos ya conquistados, otros restablecen dere-chos cercenados, y una serie de artículos aten-tan contra derechos garantizados por la CRBV.

Fortalece el concepto de salario, mejora lo referente a la estabilidad laboral, forta-lece el fuero sindical, reafirma la reducción progresiva de la jornada laboral, amplía de-rechos de las mujeres en estado de gravidez, en situación pre y posnatal, así como para quienes adoptan; incorpora el acoso sexual como motivo justificado de renuncia, pero también de despido; consolida lo referente a los procuradores del trabajo, asume la terce-rización como fraude al trabajo. Se eliminó el denominado “salario de eficacia atípica”, que afectaba las prestaciones del trabajador.

Deja claro que el salario integral es el salario a considerar para el pago de las prestaciones sociales y establece el pago de intereses por mora en la cancelación. Mejora el pago de los días feriados y del bono vacacional. Aumenta el pago de utilidades a 30 días mínimo. Impo-ne la obligatoriedad de dos días de descanso contínuo para el trabajador en la semana.

La ley restablece la retroactividad de las prestaciones, una conquista que le fue arreba-tada a los trabajadores en la reforma de 1997. Una deuda social que el gobierno había prome-tido y la cumplió. Además lleva la prescripción para su exigencia a diez años.

La ley sin embargo establece una serie de normas que tienen que ver con la libertad sin-dical, convención colectiva y derecho a huelga que son preocupantes. Algunas expresamente son regresivas, otras por la manera como están redactadas se prestan a interpretaciones que li-mitan el ejercicio de derechos.

Se impone a las organizaciones un régi-men estatutario que les resta autonomía a los trabajadores para decidir de qué manera se organizan, lo cual está reñido con el principio de libertad sindical. Si bien algunas normas apuntan a democratizar la vida sindical y ge-nerar transparencia que pudieran impactar de manera positiva, la excesiva discrecionalidad que se otorga a los inspectores del Trabajo y la rigurosidad de algunos formalismos pudie-se tener efectos contrarios. Se crea el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales.

En materia del derecho a huelga se suma-ron obstáculos a los que ya existían. El ins-pector del trabajo es facultado para “admitir” el pliego conflictivo. De esta manera, de ser un funcionario tramitador del proceso legal, termina facultado para restringir el ejercicio

LOTTT

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73. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: 364º Informe del Comité de Libertad Sindi-cal. [en línea] <http://bit.ly/LbxFk9> Ginebra, 15.06.12.

74. OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL: Venezuela: Violencia sindical e impunidad en 2012 [en línea] <http://bit.ly/YewV2g> Consulta del 23.02.13.

75. A la fecha de elaboración de este informe se encontraban en libertad bajo régimen de presentación periódica.76. Ver en este Informe en el capítulo Derecho a la Justicia: derecho al juez natural.

1. La disposición transitoria cuarta, numeral 3º de la CRBV establecía que la Asamblea Nacional dentro del primer año a partir de su instalación debería proceder a reformar la Ley Orgánica del Trabajo.

2. Cuando faltaban menos de dos meses para que fuese dictada la Ley por el Presidente de la República, la Comisión Presidencial redactora realizó algunas consultas.

del derecho, puesto que un pronunciamiento negativo de admisibilidad significará negar el derecho a la huelga. Este funcionario es un mero tramitador, no una instancia calificadora de situaciones de incumplimiento de condi-ciones colectivas de trabajo que el sindicato, sujeto del derecho a la libertad sindical, es el que puede demandar su mejora o cumpli-miento, según el caso.

La convención colectiva se ve igualmente afectada por normas que en apariencia son pro-gresivas, pero que llegan a afectar las posibili-dades de negociación. Además que se ratifica y complejiza el informe que debe emitir el mi-nisterio con competencia en materia de finanzas para definir las posibilidades económicas de una convención suscrita en el sector público, se im-pone la condición de que se haya garantizado la renovación sindical para discutir la convención,

lo cual puede traducirse en un retraso conside-rable que afecte la calidad de las condiciones de trabajo y de vida del trabajador.

Uno de los aspectos más polémicos es el referente a los Consejos de Trabajadores, los cuales se reglamentarán por una ley especial. Para algunos sindicalistas y académicos la finalidad de establecer los Consejos es debi-litar las organizaciones sindicales. Otros sin embargo consideran que, al contrario, podrán coexistir e incluso contribuir a fortalecer la acción sindical. En nuestra opinión la figura en sí de los Consejos de Trabajadores no tie-ne por qué rivalizar ni debilitar los sindicatos. Pero todo dependerá de las competencias que se les asignen por ley y la manera como se organizarán. La ley debe ser aprobada luego de una amplia consulta a las organizaciones sindicales del país.

“El Comité urge al Gobierno a que tome las medidas necesarias para la modificación del artículo 139 de la Ley para la Defensa de las Personas a efectos de que no se aplique a los servicios que no son esenciales en el sen-tido estricto del término y de que en ningún caso se impongan sanciones penales en casos de huelga pacífica. El Comité pide al Gobier-no que lo mantenga informado al respecto”73.

En 2012 se realizaron en total 2.256 pro-testas laborales. En el Distrito Capital y en los

estados Bolívar y Zulia fue donde hubo mayor número de protestas desarrolladas por las y los trabajadores. Agosto fue el mes de mayor can-tidad, con 22574.

Por el ejercicio del derecho a parar la produc-ción, como ya anotamos, cinco sindicalistas fue-ron encarcelados y sometidos a juicio militar75. Se les aplicó la Ley de Seguridad de la Nación76.

En el sector privado los trabajadores de Tromson de Venezuela, empresa contratista de Pepsicola, mantuvieron por varias sema-



nas una huelga exigiendo pago de deudas77. El 12.12.12 trabajadores de la empresa Ferromi-nera del Orinoco paralizaron sus actividades exigiendo el reenganche de seis trabajadores despedidos y una bonificación por retraso de la discusión de la convención colectiva78.

Una de las amenazas al derecho a la huel-ga lo constituye la creación en las fábricas de las llamadas milicias obreras. Estas milicias actuarían como cuerpos organizados de esqui-roles frente a una situación de paralización de actividades. Pudiesen ser usadas como fuerza de choque por algunos patronos para enfrentar a los sindicatos79.

Una de las modalidades para organizar a los milicianos es a través de cooperativas, a cuyos miembros se les asignan labores en las empresas como a cualquier trabajador pero no tienen los mismos beneficios.

“Son 2.500 personas y llevan siete años en once cooperativas militares de seguridad que custodian las entradas y salidas de todas las instalaciones petroleras en el Zulia. Les pro-metieron entrar a la empresa, ser ficha blan-ca, pero no han cumplido. Durante los últimos cinco años de trabajo denuncian irregulari-dad en el pago de su salario, trabajar bajo

contratos condicionados y no recibir ningún beneficio de ley. Sólo perciben su salario”80.

Violencia en contexto sindicalLa violencia entre y contra trabajadores y

trabajadoras sindicalizados continuó dejando secuelas de muerte y luto en muchas familias. La impunidad e indolencia del Estado ante es-tos hechos sigue favoreciendo que se repitan, se complejice el fenómeno y se extienda.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante 2012 fueron asesinados 77 trabajadores o dirigen-tes sindicales en diversos hechos de violencia que enfrentaron a sindicalistas o terceros que actuaron contra afiliados a sindicatos81. Según el informe de esta organización, la mayor can-tidad de asesinatos ocurrieron en enero, cuan-do se registraron 13 homicidios82. Y la región donde se produjo la mayor cantidad de homi-cidios fue el estado Anzoátegui, seguido de Aragua y Bolívar.

Tal como lo advertimos en el informe pa-sado, los niveles de violencia y degradación se incrementan. Los asesinatos con múltiples impactos de bala, dentro de las casas y delante de las familias son cada vez más comunes. En

77. AGENCIA VENEZOLANA DE NOTICIAS: Trabajadores tercerizados de Polar cumplieron este vier-nes dos semanas en huelga [en línea] <http://bit.ly/UYwzbT> Consulta del 23.01.13.

78. CONFLICTO.VE: Bolívar: Trabajadores de Ferrominera activan huelga. Piden reenganche de trabaja-dores despedidos en 2011 y reivindicaciones laborales [en línea]<http://bit.ly/S4jxOT> Consulta del 23.01.12.

79. Existiendo experiencias del uso por parte de gerentes de empresas públicas de consejos comunales para enfrentar protestas sindicales, muy posiblemente estos grupos de combatientes realizarán esa misma labor pero con más fuerza y autoridad.

80. Yrmana Almarza: Mensaje para el Presidente. Diario La Verdad [en línea] <http://bit.ly/NeIVPZ> Consulta del 23.01.13.

81. OBSERVATORIO VENEZOLANO DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL: Venezuela: Violencia sindical e impunidad en 2012 [en línea] <http://bit.ly/YewV2g> Consulta del 23.02.13.

82. No todos los homicidios son de dirigentes sindicales. Muchos trabajadores no sindicalizados mueren en circunstancias relacionadas con la venta de cupos de empleo. De los asesinatos de sindicalistas muy pocos pueden considerarse defensores de los derechos de los trabajadores.

144

Derechos laborales


esas circunstancias también son asesinados o heridos familiares. Aumentan los casos de se-cuestro, tortura y posterior asesinato.

Un ejemplo de la saña con la que se ac-túa lo constituye el asesinato del sindicalista Douglas José GUEVARA (36) en la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, el 28.03.12. El sin-dicalista se trasladaba en un vehículo con su hermano e hijos menores a quienes llevaría a la escuela cuando desde una moto en marcha dispararon una ráfaga dando muerte al sindi-calista e hiriendo a uno de sus hijos83.

La disputa entre mafias conformadas en sindicatos o en alianza con ellos por la dis-puta en la venta de puestos de trabajo sigue siendo el motivo principal. Pero no todos los casos tienen que ver con una desviación en el ejercicio de la actividad sindical. Aunque mucho menos, algunos de los sindicalistas o trabajadores asesinados lo fueron presunta-mente porque mantenían una actitud conse-cuente en la defensa de los derechos de las y los trabajadores.

La extorsión a constructores es otra de las modalidades de violencia y corrupción que se ha ido consolidando. El sindicalista Orlando Chirino señala: “Las mafias arma en mano cobran ‘vacunas’ a los constructores para que puedan realizar sus obras, más otro tanto cuando las finalizan”84.

A ese contexto se suma la violencia pro-movida y organizada desde entes del Estado usando recursos y personal para agredir a sin-

dicalistas. Es caso del uso de personas ajenas a los centros de producción o trabajadores de las empresas para enfrentar por métodos violen-tos a los sindicalistas legítimamente elegidos.

La dirigencia sindical del país continúa siendo indiferente ante el fenómeno de la vio-lencia. Salvo contadas declaraciones públicas condenando los hechos y presentando algunas denuncias en la OIT, no ejerce un reclamo efectivo y continuo para que se investiguen los hechos y se tomen medidas que permitan reducir los asesinatos.

Para la Defensoría del Pueblo el proble-ma no existe. Es asombrosa la indiferencia de esta institución ante los frecuentes atentados a la vida en el campo sindical. Nada dice su In-forme Anual. Nada declara la Defensora. No se promueve ninguna iniciativa frente a las insti-tuciones del Estado para que se investiguen los homicidios. La omisión de la Defensoría contri-buye a que el problema persista y se desarrolle.

En 2007 desde el MINPPTRASS y en coor-dinación con el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (MPP-PRIJ) se adelantó la iniciativa de instalar una mesa de trabajo donde participaron algunos sin-dicatos, cámaras de la construcción, el Ministe-rio Público. La acción sirvió para comenzar un diálogo y explorar medidas; sin embargo, no se le dio continuidad85. Se anunciaron en su opor-tunidad medidas que nunca se cumplieron.

En 2012 se adelantaron algunas iniciati-vas locales con la finalidad de discutir, anali-

83. Donny González: Sicarios mataron de 7 tiros a un sindicalista en Anaco. El Tiempo [en línea] < http://bit.ly/HlAcDB> Consulta del 11.01.13.

84. Fabiana Culshaw: Mafias sindicales cobran vacunas a los constructores. El Mundo Economía y Negocios. 25.01.12. Pág.8.

85. Para ese momento el ministro del Trabajo era José Ramón Rivero, quien venía del mundo sindical y tomó la iniciativa de convocar estas mesas de trabajo. Sin explicación alguna, no se convocaron más reuniones.



zar y adoptar medidas para reducir la violen-cia sindical. Ese fue el caso de las mesas de diálogo instaladas en Ciudad Guayana86. El coronel (EJ) Julio César Fuentes, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Bolívar, expresó: “El mayor índi-ce de asesinatos de sindicalistas ocurrió en 2005 con 14 y en 2007 con 15”87. Por su par-te Héctor Dalí, presidente del Frente Único de Trabajadores de la Construcción, indicó: “Estamos dispuestos a dar todo por el todo. Solicitamos a la GNB crear un portón único de empleo en el estado Bolívar en el cual vayan los aspirantes a laborar en el sector construcción y así bajar hechos ilícitos en la zona”88.

En el estado Anzoátegui, ante varios ase-sinatos de sindicalistas ocurridos en enero, se creó una comisión interinstitucional con parti-cipación de organismos policiales, el Ministe-rio Público y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de adoptar medidas que permitieran investigar y sancionar los crímenes89.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT continúo exhortando al Estado venezolano a investigar a los autores materiales e intelec-tuales, si los hubiese, de los asesinatos contra sindicalistas90.

Salud y seguridad laboralInformación oficial indica que se benefi-

ció a 907.779 trabajadoras y trabajadores con el proceso de gestión preventiva de Salud y Seguridad en el Trabajo, como resultado de 5.795 Inspecciones Generales, 643 Inspeccio-nes Integrales y 53.443 Atenciones Integrales efectuadas en las Direcciones estadales de Sa-lud de los Trabajadores (Diresat)91. El Institu-to Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) es el organismo rector en la materia y según dicho ente, se realizaron 17.998 actividades de promoción en materia de salud y seguridad laboral.

Igualmente cinco operativos, con los cuales se verificaron las condiciones sociolaborales de 11.429 trabajadoras y trabajadores del cam-po venezolano y sus familias, quienes fueron atendidos a través de las actividades desplega-das entre marzo y noviembre en la Zona Sur del Lago que comprende los municipios Alberto Adriani, Obispo Ramos de Lora y Andrés Be-llo (Mérida), Colón y Francisco Javier Pulgar (Zulia); el municipio Rómulo Gallegos (Apu-re) y Las Mercedes del Llano (Guárico), con las cuales se inspeccionaron 528 Unidades de Producción Agraria (UPA) de baja, mediana y alta intensidad92. Consideramos muy positivos

86. En 2011 en el estado Carabobo se vivió la experiencia de mesas de diálogo para atender la problemática de violencia sindical, sin embargo no hubo continuidad en 2012.

87. Scarlet Soto: En 50% han disminuido los asesinatos de sindicalistas en Guayana. Correo del Orinoco, 07.02.12, Pág. 10.

88. Ídem.89. César Batiz: Muerte y miedo deja guerra por un empleo. Últimas Noticias, Suplemento En Domingo. 12.02.12. 90. “El Comité lamenta que en su respuesta el Gobierno no facilite informaciones sobre la evolución de los procedimientos judicia-

les e investigaciones sobre el homicidio cualificado de los dos delegados sindicales mencionados y sobre si han sido detenidos los dos acusados y una vez más espera firmemente que las autoridades judiciales dictarán sentencia contra los autores materiales cuya culpabilidad sea constatada y en su caso contra los autores intelectuales y los cómplices. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto”. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: 364º Informe del Comité de Libertad Sindical [en línea] <http://bit.ly/LbxFk9> Ginebra, 15.06.12.

91. MPPTRASS: Memoria y Cuenta 2011. Exposición General. Versión digital.92. Ídem.

146

Derechos laborales


estos operativos considerando los altos niveles de explotación histórica a los y las trabajado-ras en el campo venezolano, principalmente en zonas de frontera. Estos operativos, además de sus resultados concretos, sirven como mensaje de advertencia a los patronos para que cumplan sus obligaciones con el personal asalariado.

El Inpsasel mantiene una mora significa-tiva con los y las trabajadoras para realizar las calificaciones del origen ocupacional de la enfermedad y accidente, así como para dicta-minar el grado de discapacidad. Estos retrasos, que a veces se prolongan por años, afectan di-rectamente al trabajador, quien se ve limitado para ejercer las acciones que le garanticen una justa indemnización que compense la ausencia de salud y la ausencia parcial o total, tempo-ral o permanente de la capacidad para un libre desempeño laboral93.

Para avanzar en la solución de esta proble-mática el instituto desarrolló varios operativos

especiales en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Vargas, así como en la Zona Metro-politana de Caracas94.

Un caso emblemático de esta mora lo constituye el retardo que tuvo por más de dos años el Inpsasel para dar las primeras califica-ciones al personal afectado por la intoxicación masiva ocurrida en 1983 en el Hospital José Antonio Vargas, sector La Ovallera, Maracay, estado Aragua95.

Es importante destacar que las cifras más actualizadas que reporta el Inpsasel sobre ac-cidentes laborales son de 2010. Según el Ins-tituto, la mayor cantidad de accidentes que fueron reportados en 2010 ocurrieron por con-tacto con agente material cortante, punzante, duro o rugoso (21,4%), seguidos por golpea-dos por objetos (21,2%) y la menor cantidad de accidentes por quedar sepultado, envuelto o inmerso en líquidos, gases o partículas en suspensión (0,2%)96.

93. Tres personas afectadas en el accidente químico ocurrido en el Hospital La Ovallera en Maracay en 1983 tuvieron que ejercer diversas acciones para presionar al INPSASEL a que se pronunciara sobre calificación del origen ocupacional de la enfermedad que padecen, sin que a la fecha de redacción de este informe hubiesen obtenido respuesta.

94. INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES: Inpsasel rea-lizó Operativo Especial de Atención Integral en materia de salud ocupacional [en línea] <http://bit.ly/NZHNxH> Consulta del 26.02.13.

95. PROVEA: Intoxicados Hospital La Ovallera [en línea] < http://bit.ly/GBtdWj> Consulta del 26.02.13.96. INPSASEL: Accidentes laborales formalizados ante Inpsasel según tipo de accidente. Año 2010. [en línea] <http://

bit.ly/YkFo3T> Consulta del 26.02.13.



Derecho de los pueblos indígenas

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida…

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto…

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades…

Artículos 119, 121 y 123 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

148

Derechos de los pueblos indígenas




Durante el periodo que cubre este Informe, de enero a diciembre de 2012, fue cons-tante la vulneración de los derechos de

los pueblos y comunidades indígenas, a pesar de que en Venezuela ese reconocimiento se consagra en el marco jurídico nacional e inter-nacional1. En total “52 leyes [que] reivindican indirectamente los derechos de los pueblos indígenas y seis instrumentos [que] los benefi-cian directamente”2.

El nombramiento, en octubre de 2012, de Aloha Núñez como nueva ministra de Pue-blos Indígenas, no ha mostrado indicios de progresividad en los derechos. Al cierre de este informe se mantiene en mora la demar-cación de tierras, a pesar de que el 12.10.11 el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, anunció la entrega de nuevos títulos colectivos, el pago de bienhechurías a los ter-ceros y el cronograma de demarcación para 20123; y que por otra parte hubo una leve activación de la Comisión Nacional de De-marcación y de las comisiones regionales, y varias reestructuraciones.

Todo lo anterior hacía pensar en una con-versión de la voluntad política al servicio de los pueblos originarios; pero no fue así, y se constata que por un lado van las declaraciones políticas y por otro la práctica política.

Continuaron los conflictos por tierras in-dígenas especialmente en la Sierra de Perijá, donde han sido asesinados varios yukpas; las denuncias por presencia de mineros ilegales

que han generado conflictos, como la deten-ción de indígenas (caso de La Paragua, estado Bolívar), los casos de contaminación mercu-rial en El Caura, estado Bolívar; y la presunta masacre de yanomamis a manos de garimpei-ros denunciada en agosto de 2012, hecho que si bien fue desmentido por el Gobierno dejó dudas por informaciones contradictorias sur-gidas en el estado Amazonas y en Brasil.

Desde el punto de vista normativo se mantiene sin aprobar el Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Espe-cial Indígena con el Sistema de Justicia, y se reconoce el buen trabajo realizado por la Defensa Pública Nacional, que cuenta con defensores indígenas.

En el ámbito de salud, se reportan casos de indígenas waraos del estado Monagas afec-tados por el virus de hepatitis B y denuncias por la falta de insumos médicos en los Ser-vicios de Atención y Orientación al Indígena (SAOI). También existen denuncias de indíge-nas que están muriendo por contaminación del agua, mala asistencia en los partos y en mayor proporción por el VIH. En general se consultó a varias organizaciones indígenas y personas que trabajan sobre el terreno para obtener es-tas informaciones.

Es importante señalar que a pesar de que la Dirección de Salud Indígena, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud, concedió información, no compartió cifras alegando que eran de uso interno; una vez

1. Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999); Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) (2005); ratificación por parte del actual Gobierno del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2001) y de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2007).

2. Aporrea [en línea] <http://www.aporrea.org/actualidad/n147352.html> Consulta del 27.09.11.3. Correo del Orinoco [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/wp-content/uploads/2011/10/

CO761.pdf> Consulta del 15.01.13.

150



más se evidencia la dificultad en el acceso a la información pública, especialmente en el tema de salud.

Como novedad reportamos las discusiones que se están dando para unificar propuestas en torno a la incorporación de la medicina tradi-cional y complementaria al sistema público nacional de salud. Se aprobó el proyecto de Ley de Educación Indígena; se mantiene en mora la creación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas y del Consejo de Idiomas Indígenas; y no hay avances en la conforma-ción del Consejo Artesanal Indígena ni en la creación del Fondo de Desarrollo Social Inte-gral de los Artesanos y Artesanas Indígenas.

Una medida positiva es que la Universidad Indígena de Venezuela, ubicada en el Tauca, estado Bolívar, fue reconocida oficialmente como tal mediante el Decreto Presidencial Nº 8631 del 29.11.11.

Derechos territoriales y ambientales

DemarcaciónPersiste la falta de implementación efecti-

va de la demarcación y la correspondiente titu-lación de los territorios indígenas. En nuestro informe anterior reportábamos que “de acuer-do a fuentes oficiales a octubre de 2009, sólo se han otorgado 40 títulos que benefician a 73 comunidades ubicadas en Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, de seis pueblos indígenas (Kariña, Pumé, Jivi, Cuiva, Warao y Yukpa). Esto significa que en once años de vigencia de la CRBV, sólo se ha

demarcado aproximadamente 2,4% de los te-rritorios de los pueblos y comunidades indí-genas del país, quedando pendiente 97,6% de las demarcaciones”4.

En mayo de 2012, la en ese entonces mi-nistra del Poder Popular para los Pueblos Indí-genas (Minpi), Nicia Maldonado, informó que “hasta el momento se han otorgado 43 títulos. Hay 1,7 millones de hectáreas en manos de los pueblos indígenas en este momento”. De acuerdo a sus declaraciones, de 2009 a 2012 sólo se entregaron tres títulos más. Pero, tal como lo señalamos en nuestro informe ante-rior, esta política no pasó de ser “delimitacio-nes realizadas en comunidades individuali-zadas y con extensiones de tierras limitadas, razón por la cual algunos expertos han califi-cado las mismas como verdaderas entregas de parcelas o lotes de tierras”5.

Por otro lado, “los casos donde se han de-sarrollado propuestas de demarcaciones colec-tivas respetuosas de la unidad territorial (…) han sido negadas o rechazadas informalmente en su tramitación”6. Y en los casos de las “de-marcaciones individuales por comunidades, no se han reconocido tierras en extensión suficien-te, se han reducido los linderos y se ha buscado beneficiar y reconocer derechos a terceros ocu-pantes de hábitat y tierras indígenas”7.

Sin embargo, desde octubre de 2011 hasta agosto de 2012 se hizo notoria la activación de la Comisión Nacional de Demarcación del Há-bitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas (CND), y las Comisiones Regiona-les de Demarcación (CRD).

4. Ídem. Pág. 58.5. Ídem. Pág. 57.6. Ídem. Pág. 62.7. Ídem. Pág. 63.



En octubre de 2011, el presidente Hugo Chávez aprobó la ocupación inmediata de 25 predios en territorio yukpa, que suman 15.808 hectáreas, para adjudicarlos a las comunidades indígenas de las etnias yukpa ubicadas en el occidente del país en la frontera con Colom-bia. “Estoy ordenando crear un equipo para una nueva Misión que tiene que ver con el socialismo indo-venezolano”, dijo el primer mandatario nacional8.

En acto público del 12.10.11 se informó sobre el cronograma de delimitación de tie-rras indígenas aprobado por el Presidente de la República, según el cual “el 15.12.11 se entregarán tierras yukpa y barí en Zulia; en Anzoátegui al pueblo kariña, y en Monagas a seis comunidades warao. En abril de 2012 a 40 comunidades de Monagas; 22 comuni-dades kariña de Anzoátegui; 32 sectores en Sucre, y 11 comunidades en Apure. En agosto de 2012 se delimitarán tierras en Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar”9.

El 15.11.1110 se nombraron los nuevos miembros que conformarían la CND; y del mismo modo se empezaron a instalar las

CRD en distintos estados del país11. La nueva CND quedó constituida por representantes de diversos entes del Estado12. Los representan-tes indígenas fueron elegidos por el Minis-terio de Pueblos Indígenas, y en el acto de instalación no hubo presencia de las organi-zaciones indígenas.

Según la ministra Nicia Maldonado, la tarea sería recoger las solicitudes de todas las comu-nidades, abrir el expediente, sustanciarlo, apro-barlo y entregarlo a la Procuraduría General de la República para luego otorgar la titulación a las comunidades indígenas. Este trabajo debía estar listo antes de agosto de 2012. El 05.03.12, en Gaceta Oficial 39.876, se publica una nue-va reestructuración de la Comisión Nacional del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comu-nidades Indígenas. La resolución indica la con-formación de una representación de alto nivel, integrada por diez ministerios13. Se define una representación de 20 pueblos indígenas presen-tes en nueve regiones.

Así, desde inicios de 2012 continuaron las promesas de demarcación y con éstas la apli-cación del cronograma anunciado en octubre

8. Agencia Venezolana de Noticias [en línea] <http://www.abn.info.ve/node/81727> Consulta del 12.10.11.9. Queffelec Padrón, J. Gobierno Bolivariano ocupó 25 predios en la sierra de Perijá. En: Correo del Orinoco, 13.10.11.10. Correo del Orinoco [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/mediante-una-

resolucion-vicepresidencia-instalada-comision-nacional-demarcacion-habitat-y-tierras-pueblos-indigenas/> Consulta del 11.1.13.

11. Gaceta Oficial 39.800 del 15.11.11.12. Un presidente (Vicepresidente de la República), un secretario ejecutivo (Ministerio de Pueblos Indígenas),

un secretario técnico (Ministerio del Ambiente), la representación institucional de alto nivel (Ministerios de Pueblos Indígenas, Ambiente, Educación, Defensa, Cultura, Agricultura y Tierras, Comunas y Protección Social, Industrias Básicas y Minería) y 20 representantes indígenas como voceros, principales y suplentes, de los estados con población indígena (Anzoátegui, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Apure, Amazonas, Trujillo, Bolívar y Zulia).

13. La asamblea mencionada estará conformada por los ciudadanos Aloha Núñez Gutiérrez, Zonia del Carmen Rivas, Enrique Arias Guédez, Alexis Hernández Rivero, Tatiana Jiménez Torres, Yoel Edmundo Morales, Juan Carlos Rey González, Ihanara González Hernández, Edwin Rojas Mata y Ángel Parra Yarza.

14. Argenis Rivas Noriega: Gobierno bolivariano demarcará 25 comunidades indígenas en Anzoátegui. En:

152



de 2011. Por ejemplo, en Anzoátegui la CND se reunió para juramentar al equipo regional y se estableció que durante la primera etapa del proceso se delimitarían 25 comunidades in-dígenas, situadas en 12 de los municipios del estado14. También agregaron que de cumplirse la meta establecida, en abril de 2012 llegarían a 40 comunidades demarcadas, lo que repre-senta 90% de la población originaria asentada en la entidad, perteneciente a las etnias kariña y cumanagoto.

En mayo de 2012, el entonces vicepre-sidente de la República, Elías Jaua, notificó que en total han sido demarcadas 76.054,68 hectáreas y serán devueltas a sus “dueños ancestrales”. En la reunión se aprobaron seis expedientes para seis comunidades in-dígenas: La Medanía y Pachaquito, del pue-blo cumanagoto en el estado Anzoátegui; Dawaja, Boca de Tigre y Morichal Largo, del pueblo warao en el estado Monagas, y la comunidad Santa Bárbara de Cunaviche, del pueblo pumé en el estado Apure15.

En nuestro informe anterior publicábamos que ninguna de las demarcaciones realizadas

hasta 2009 beneficiaba a los pueblos indígenas de los estados Bolívar y Amazonas. Esta situa-ción tuvo un leve cambio en 2012, cuando en enero la CRD de Bolívar señaló que existen 35 solicitudes de demarcación de tierras indí-genas, de las cuales aspiran atender 16 para mediados de 2012, que vendrán a beneficiar entre 200 y 350 comunidades indígenas16. La demarcación sería en los territorios de las co-munidades pemón, piaroa y kariña asentadas en los municipios Heres, Sucre, Sifontes, Gran Sabana, Cedeño y Angostura.

En agosto de 2012 el Gobierno Nacional entregó títulos de tierras colectivas a las co-munidades de Pana-Pana, Camurica y Palma-rito, del estado Bolívar. La entrega total fue de 23 títulos para varias comunidades indígenas pertenecientes al pueblo kariña17.

Pero estos avances no fueron del todo trans-parentes, especialmente en el estado Amazo-nas. Ese mismo mes la Coordinación de Orga-nizaciones Indígenas de Amazonas18 hizo un pronunciamiento en el cual expresó su preocu-pación “por la forma apresurada y sin consulta efectiva a los pueblos y comunidades indígenas

Correo del Orinoco, 17.01.12.15. Jaua dijo que se entregarán 76 mil hectáreas a pueblos indígenas. En: La Voz, 05.05.12, pág. 3.16. Carolina Maffia: Estudian 16 expedientes para demarcación y titularidad de tierras indígenas. En: Correo

del Caroní, 21.01.12, pág. B-3.17. Syndibeer Fuentes: Comunidades indígenas agradecen al Gobierno Nacional por otorgamiento de tierras.

En: El Progreso, 29.08.12, pág. 6.18. Representados por la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), la Organización

Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS), la Organización Ye’kuana del Alto Ventuari (KUYUNU), la Organización Indígena JiviKalievirrinae (OPIJKA), la Organización Yanomami (HORONAMI), la Organización Mujeres Indígenas de Amazonas (OMIDA), la Organización de Comunidades Indígenas Huôttuja del Sector Parhuaza (OCIUSPA), la Asociación de Maestros Piaroa (MadoyaHuarijja), la Organización Piaroa del Cataniapo “Reyö Aje”, la Organización Indígena de Río Negro (UCIABYRN), la Organización Hoti de Caño Iguana, la Organización Piaroa de Manapiare, la Organización Ye’kuana del Alto Orinoco (KUYUJANI Originario) y el Movimiento Político Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas (PUAMA).



afectados, en que se están llevando a cabo las aprobaciones de informes técnicos sin tomar en cuenta las propuestas de autodemarcación presentadas por varios pueblos indígenas, las cuales han llevado a la reducción arbitraria de la superficie autodemarcada y generado con-flictos entre los propios indígenas”19.

Indicaron que “el caso más grave recien-te es el del pueblo Hoti del estado Amazonas, que ha visto reducida la superficie de su auto-demarcación en 42,2% en el informe técnico aprobado por la Comisión Regional de De-marcación el día jueves 02.08.12. En efecto, de un total de 368.944 hectáreas solicitadas, la Comisión Regional sólo aprobó 213.579,47 hectáreas, reduciendo el área de la solicitud presentada y sin tomar en cuenta los criterios científicos y técnicos que la sustentaban, ex-presados por el personal del Instituto Vene-zolano de Investigaciones Científicas (IVIC) como asesores del proyecto.

“Es importante destacar que la propuesta que reduce la superficie de su hábitat no ha sido consultada previamente y por los medios adecuados, ya que el pueblo Hoti se encuentra en particulares condiciones socio-culturales y geográficas, afectando su unidad y continui-dad territorial”.

A pesar de las dificultades presentadas y la desidia del Estado al no agilizar las demar-caciones, los pueblos indígenas y sus organi-zaciones no se han desmotivado, y continúan organizándose y adelantando sus autodemar-caciones para avanzar en esos derechos que ya les han sido reconocidos.

Conflictos por tierrasLos artículos 23 y 46 de la Ley Orgánica

de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) obligan a la CND a pagar a los terceros las bienhechurías de sus fundos. Además, el artí-culo 41 obliga al Estado a no realizar ni per-mitir desalojo alguno de sus tierras en disputa mientras dure el proceso de demarcación.

En el caso del pueblo yukpa, a pesar de que se entregaron títulos de propiedad colectiva el 12.10.09 y en diciembre de 2011, no se pagaron las bienhechurías de las haciendas que queda-ron dentro de estos territorios demarcados.

Esta ineficacia por parte del Estado vene-zolano se tradujo en hechos de sangre y en ataques a este pueblo ubicado en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia.

Cabe recordar que el 19.12.11 fue asesina-do el indígena yukpa Darío Segundo GARCÍA FERNÁNDEZ (32), primo de Alexander Fer-nández Fernández, hecho en el cual resultaron heridos los hermanos mestizos yukpa-wayuu de Alexander Fernández Fernández: Alberto FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (20) y Gerardo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (19); uno de ellos ha quedado inválido a causa de las heri-das recibidas ese día20.

El 14.04.12 asesinaron a Wilfrido ROME-RO y Lorenzo ROMERO RAMOS en el sector ganadero Gil Blas, aledaño al parcelamiento La Estrella. La Sociedad Homo Et Natura pre-suntamente denunció que este hecho había sido perpetrado por sicarios ganaderos de la hacien-da de Reinaldo Soto con armas de guerra21. Una

19. La Guarura [en línea] <http://laguarura.net/2012/08/11/pronunciamiento-de-la-coordinacion-de-organi zaciones-indigenas-de-amazonas-coiam> Consulta del 10.01.13.

20. Aporrea [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/a147158.html> Consulta del 11.01.13.21. Aporrea [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/a141989.html> Consulta del 11.01.13.

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22. En 2009 a la señora Guillermina también le asesinaron a su entonces pareja Ever García.23. Aporrea [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/a142206.html> Consulta del 11.01.13.24. Aporrea [en línea] <http://www.aporrea.org/desalambrar/n208616.html> Consulta del 11.01.13.25. Aporrea [en línea] <http://www.aporrea.org/ddhh/a147158.html> Consulta del 11.01.13.26. Gastón Fernández: Ordenan captura de cacique Sabino Romero. En: La Verdad, 18.10.12, pág. 4.27. Las demandas eran: 1. El pago de las bienhechurías de las haciendas y parcelas que quedaron dentro

de su lindero este y noreste a partir de los títulos de propiedad colectivas entregados por el Gobierno el 12 de octubre de 2009 y 2011 respectivamente; 2. La ampliación de sus tierras en su lindero este y noreste de tal manera que se incluyan la hacienda Medellín y los parcelamientos. Las Flores y La Estrella, entre otras; 3. Derecho a la vida y a gozar de la protección jurídica que le brinda el Estado venezolano a cualquier ciudadano del país, y 4. El derecho de ser consultados por el Minpi para nombrar una autoridad en su territorio.

Bajo la anterior modalidad Carmen Fer-nández Romero, cacica de Kuse, denunció el asesinato de tres de sus hijos durante el perído.

Otra alerta se encendió el 15.10.12, cuan-do los yukpas del Yaza iniciaron una toma de recuperación del predio conocido como Medellín, ubicado dentro de la autodemarca-ción de tierras yukpas. En el hecho resultaron heridas 12 personas, entre ellas dos mujeres indígenas: Zenaida ROMERO (20) y Leticia ROMERO (60).

También en octubre de 2012 se reanimó el hostigamiento contra el cacique Sabino Ro-mero a través del diario La Verdad. Desde sus páginas se le califica como ladrón de ganado y desestabilizador de la paz de las comunida-des; incluso publicaron que el Ministerio de Interior y Justicia había ordenado su captura26, hecho que resultó ser falso.

Todos estos acontecimientos hicieron que un grupo de más de 50 yukpas se tras-ladara a Caracas el 07.11.12 con una serie de exigencias27.

Por otra parte, Romero aseguró que lo es-tipulado en los tres títulos de tierra entrega-dos por el presidente Hugo Chávez el pasado 15.11.11 aún no se ha cumplido. “El título de la tierra claro que se ha entregado, pero no

de las víctimas era el yerno del cacique Sabi-no Romero, esposo de Guillermina Romero22, quien narra desconsolada que “ellos estaban no más cazando báquiros porque tenemos hambre. Y los mataron, están ahí no más como perros tirados en el monte”23.

El otro ataque ocurrió el 23.06.12, cuando fueron asesinados Alexander FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José Luis FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y Leonel ROMERO, indíge-nas de la etnia yukpa, en el parcelamiento Las Flores, en la Sierra de Perijá, estado Zulia. El mismo lugar donde ocurrieron los asesinatos del 19 de diciembre 2011. Alexander había es-tado detenido junto con el cacique yukpa Sa-bino Romero entre 2010 y 2011, debido a los conflictos suscitados en la lucha por las tierras indígenas24. En menos de un año ya habían sido asesinados seis indígenas, sin que hasta el momento se hayan determinado judicialmente los responsables de dichos asesinatos y ata-ques contra comunidades yukpa.

Sin embargo, existen denuncias de que en todos los crímenes presuntamente se han utilizado armas cortas y largas (incluso fu-siles Kalashnikov), así como que en algunos casos los victimarios actúan encapuchados, por lo que se presume sean sicarios contra-tados por algunos sectores económicos de la región de Perijá25.



se ha cumplido, porque el ganadero todavía vive en el territorio de nosotros, y todavía hay esa masacre en nuestra comunidad (…) El presidente Chávez entregó 250 millardos de bolívares destinados a la cancelación de las haciendas, pero [eso] no se ve”28.

La movilización yukpa hasta Caracas se rea-lizó en un autobús desde la Sierra de Perijá, pero fueron interceptados en varias alcabalas prolon-gando un viaje de máximo 11 horas a 30 horas29. En una de las alcabalas del estado Carabobo fue retenido uno de los jóvenes indígenas, Cristóbal FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, bajo el argu-mento de que tenía antecedentes penales.

Fernández fue llevado a una cárcel del estado Zulia, mantenido esposado durante dos días sin comer y sometido a sesiones de reconocimiento por parte de los ganaderos de la zona, quienes afirmaban que era un pe-ligroso criminal30.

Conflictos por concesiones y construcción de infraestructura minera

Caso La ParaguaEn el sector Amanaimü en el Alto Para-

gua, estado Bolívar, fue desalojada una mina explotada por indígenas pemón, y en el lugar se instaló un puesto militar cuyos efectivos tomaron el control de la explotación en bene-

ficio propio. El 28.10.11, 500 indígenas de 13 comunidades desarmaron y detuvieron por va-rios días a 19 efectivos militares31.

Jorge Pérez, capitán general del sector 5 de la Gran Sabana, denunció que los milita-res “usan el uniforme y el armamento para atropellar a los indígenas y exigir el pago de ‘vacuna’, alrededor de 30 gramos de oro semanales”32.

Los militares que habían sido encontrados en la actividad ilícita fueron liberados, cuando el 30.10.11, el jefe del Comando Estratégico Regional, Henry Rangel Silva, y la ministra de los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, negociaron la liberación de los funcionarios. Rangel Silva negó que hubiese conflicto entre la Fuerza Armada y los indígenas33.

En enero de 2012 la Fiscalía Militar detu-vo a cuatro capitanes indígenas de La Para-gua por este caso: Norberto PINTO, capitán de la comunidad KurunPupai; Julio GON-ZÁLEZ, capitán de Yuwaei Merú; Ramón MUJICA, de Karunken, y Alexis ROMERO, primer líder indígena de la comunidad Mu-sukpa. Todos estaban siendo imputados por delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela.

La vocería de la Coalición de Organizacio-nes de Derechos Humanos de Venezuela, Foro por la Vida, rechazó la “criminalización” de

28. Ídem. 29. Para conocer todo lo que sucedió durante esas 30 horas, nombres de las alcabalas donde fueron detenidos

y el trato dado a los indígenas por los distintos organismos públicos visitados en la capital visita este link: <http://ruptura.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2242:del-obsceno-operativo-militar-montado-contra-hermanos-yukpas&catid=40:indianidad&Itemid=64>

30. Enrique Meléndez: “Defenderemos nuestras tierras” En: La razón, 11.11.12, pág. 5.31. El Mundo Indígena 2012: Informe del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA),

pág. 133.32. El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/economia/111101/mineros-indigenas-denunciaran-

actos-ilegales-de-militares> Consulta del 11.01.13.33. MaisdulinYounis: “Militares arrestan a otro capitán indígena”. En: Correo del Caroní, 23.01.12, pág. B-3.

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34. 18 ONG rechazan enjuiciamiento militar de indígenas. En: El Nacional, 25.01.12, pág. 1-6.35. En una extraña decisión, el capitán Alexis Romero recibió la notificación de un indulto presidencial a pesar

de no estar condenado, pero a su vez quedó sometido a régimen de presentación periódica en tribunales.36. Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_wrapper&view

=wrapper&Itemid=174&id_articulo=196071&catid=68> Consulta del 11.01.13.37. El Mundo Indígena: Informe del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA),

pág. 133.38. APIVEN [en línea] <http://apiven.com/index.php/-prensa/176-el-ministro-de-defensa-vinculo-a-los-

lideres-indigenas-del-estado-que-han-estado-protestando-en-contra-del-plan-caura-con-las-mafias-del-oro-en-la-region> Consulta del 12.01.13.

39. Natalie García: Indígenas responsabilizan a la FANB de minería ilegal. En: Correo del Caroní, 21.03.12, pág. B3.

munidades y a los miembros de Kuyunü que defienden su territorio37.

El 21.03.12 los indígenas del municipio Gran Sabana respondieron a las acusaciones que realizara el ministro de Defensa para ese entonces, Henry Rangel Silva38, al vincularlos con “mafias del oro”, y reiteraron sus denun-cias en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que presuntamente sería la responsable de permitir la minería ilegal. La misiva estaba avalada por Jorge Pérez, capitán general del sector 5; Jorge Gómez, capitán ge-neral de Santa Elena de Uairén; Juan González, capitán general del sector 7, y Juvencio Gómez, capitán de la comunidad de Kumarakapay39.

Minería en El Caura y contaminación mercurialDurante 2012 las organizaciones ecologis-

tas hicieron un llamado al Estado para com-batir la contaminación mercurial en El Cau-ra (estado Bolívar), lucha relacionada con el control de la minería ilegal, amenaza para el hábitat de las comunidades próximas como las etnias ye’kuana y sanema en el Caura.

Meses atrás, la Fundación La Salle, la Uni-versidad de Oriente y la Sociedad para la Con-servación de la Vida Silvestre divulgaron los resultados de un estudio: 92% de las mujeres

la protesta, así como el procesamiento en la justicia militar34.

Hacia finales de enero Norberto PINTO, Julio GONZÁLEZ y Ramón MUJICA fue-ron dejados en libertad con régimen de pre-sentación cada 20 días. Por su parte, Alexis Romero recibió medida de presentación cada 15 días, pese a que había sido liberado por un indulto presidencial35.

César Cedeño, abogado defensor de los indígenas, explica que “el indulto se presta a confusión, primero porque éste se concede cuando hay una sentencia firme, y segundo porque la notificación, la boleta de excarcela-ción, llega a nombre de un funcionario de la zona de procesados militares de La Pica y no proveniente de la Fiscalía Militar, como debió haber sido”36.

En noviembre de 2011 la Organización ye’kuana del Alto Ventuari (Kuyunü) denun-ció ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Armada Nacional la presencia de varias dragas en el caño Asita del Alto Ven-tuari, estado Amazonas. En diciembre se im-plementó un operativo militar, con actuación de la Fiscalía, que resultó en el desalojo de los mineros. En el sitio quedó instalado un pues-to militar de resguardo, pero algunos mineros continúan en la zona, amenazando a las co-



indígenas de la muestra estaban contaminadas con mercurio, en niveles superiores a los míni-mos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. La investigación ha sido solicitada por la organización Kuyujani40.

Alejandro Lanz, director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), plantea que “la contaminación mer-curial es más grave de lo que mucha gente se imagina. Si no se ataca a tiempo esta peligro-sa situación, no dudaría en afirmar que dentro de poco tengamos en esta ciudad ―Guaya-na― una legión de enfermos mentales, afecta-dos del sistema nervioso, enfermos del tracto respiratorio, por nombrar algunas”41.

Por su parte, Ramón Tomedes, presiden-te de la organización indígena Medewadi, sostiene que la minería sigue en auge hacia el río Yuruani, en el Alto Caura. Los mine-ros ingresan por Maripa (municipio Sucre) y por La Paragua (municipio Angostura). Los equipos usualmente son introducidos a los bosques por esta ruta, ya que carece de controles. Mientras esto ocurre, los funciona-rios castrenses, que sí están en los puestos de control en Maripa y Alto Caura, arrecian sus pesquisas contra los indígenas y dejan pasar a los mineros después del cobro de una supues-ta “vacuna”, lo que es considerado como una agresión para las etnias42.

Pero los indígenas no sólo están expuestos al mercurio, también lo están a padecimientos característicos de los ambientes mineros como

la sífilis, el VIH (Enfermedades de Transmi-sión Sexual ETS), el tráfico de drogas, el palu-dismo y la tuberculosis.

René Bros, un sacerdote proveniente del sur de Francia que ha permanecido durante décadas en el Alto y Bajo Caura, advierte de la indiferencia gubernamental ante esta situa-ción. “No se hace nada, ni siquiera preven-tivo, en Maripa (municipio Sucre) hay sífilis, hay sida, y tememos que eso entre fuerte a las comunidades indígenas. Me preocupa que na-die se haya movido, que nadie busque hacer estudios porque sólo lo del mercurio preocu-pa, y si tomamos en cuenta lo demás es peor. El peligro es latente”43.

Denuncia sobre masacre de indígenas yanomamisOtro hecho que conmocionó a la opinión

pública fue la presunta masacre de indígenas yanomamis, denunciada el 27.08.12 en un co-municado emitido por un conjunto de organi-zaciones agrupadas en la Coordinación de Or-ganizaciones Indígenas de Amazonas (Coiam).

En el documento informaron que el hecho ocurrió en julio de 2012 en la comunidad de Irotatheri, municipio Alto Orinoco, y que fue cometido por mineros ilegales provenientes de Brasil (garimpeiros).

Recordemos que en 2009 se informó a va-rios órganos del Estado que las comunidades de Momoi y Hokomawe fueron víctimas de violencia física, amenazas, uso de mujeres

40. Correo del Caroní [en línea] <http://www.correodelcaroni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=174&id_articulo=216120&catid=55> Consulta del 12.01.13.


42. Conflicto Ve [en línea] <http://www.conflictove.org.ve/pueblos-indigenas/denuncias-indigenas-desatan-represalias-militares-en-el-caura-reportaje-de-natalie-garcia.html> Consulta del 12.01.13.


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y contaminación del agua por mercurio con saldo de varios yanomami muertos, y éstos no tomaron medidas efectivas para desalojar a los garimpeiros44.

En la presunta masacre de los yanomamis habría muerto un número indeterminado de personas, con tres sobrevivientes en una comu-nidad (shabono) de aproximadamente 80 indí-genas yanomami, la cual fue quemada y agre-dida con armas de fuego y explosivos, según testimonios de los sobrevivientes y testigos que se trasladaron a la comunidad de Parima “B” entre el 15 y el 20 de agosto de 2012, donde transmitieron el trágico testimonio a miembros de la organización Horonami y autoridades ve-nezolanas de la 52ª Brigada del Ejército y el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET)45.

La noticia salió en todos los medios del país46, incluso la organización Survival Inter-national y Brasil se pronunciaron al respecto pidiendo que se hicieran las investigaciones pertinentes; este país brindó su colaboración.

Marcos de Oliveira, coordinador adjunto del programa Río Negro del Instituto Socio Ambiental del Brasil, informó que un sobre-viviente de la masacre de Irotatheri llegó a un shabono yanomami en el lado de Brasil ―lla-mado Onkiola― para recibir ayuda médica47.

Por su parte, la investigación realizada por el Ministerio Público y el Ministerio de Pueblos Indígenas estuvo plagada de dudas48, incluso con denuncias de que la comisión ofi-cial no llegó al lugar de los hechos y que estu-vieron en la supuesta comunidad de Irotatheri sólo diez minutos49. Finalmente, los voceros del Gobierno Nacional informaron al país que el hecho denunciado era falso.

PROVEA recomendó al Estado venezo-lano cumplir con el acuerdo amistoso fir-mado en 1993 con la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos, en el cual, tras el asesinato de 16 indígenas en la región Haximú, se comprometió a garantizar la integridad de todos los miembros de este pueblo autóctono50.

44. PROVEA [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2012/08/29/pronunciamiento-de-las-organizaciones-indigenas-del-amazonas-sobre-masacre-de-yanomami> Consulta del 12.01.13.

45. Ídem.46. Conflicto Ve [en línea] Seguimiento informativo sobre masacre de indígenas yanomamis: <http://www.

conflictove.org.ve/derechos-humanos/masacre-yanomami-seguimiento-informativo.html> Consulta del 11.01.13.

47. Aliana González: Sobreviviente de masacre buscó ayuda en Brasil. En: El Nacional, 01.09.12, pág. C-4.48. La comisión oficial (donde también participaron Luis Shatiwe y Eliseo Silva por parte de Horonami),

luego de llegar a la comunidad donde sus habitantes dijeron “yo soy irotatheri”, quedó con dudas sobre si en realidad habían llegado a Irotatheri. Es muy posible que Irotatheri sea un gentilicio usado por los yanomamis de varias comunidades. Otra fuente de duda vino de otro yanomami que los estaba guiando (y que conocía la comunidad Irotatheri) y cuando llegaron al sitio les dijo que no conocía esa comunidad ni a esos yanomamis. La intención era que la comisión continuara todo lo posible con el recorrido para salir de las dudas, pero una vez que Nicia Maldonado declaró desde Irotatheri que todo había sido una falsa alarma, se dio por concluida la investigación de la comisión. (Con información de Aime Tillet, integrante del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba).

49. Edgar López: “Sólo 10 minutos estuvo comisión oficial en la supuesta Irotatheri”. En: El Nacional, 29.09.12, pág. C-6.

50. Felipe González: “Insisten en pedir investigación sobre masacre de yanomamis”. En: Notitarde, 04.09.12, pág. 17.



En opinión de Aime Tillett, integrante del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Ama-zonía Wataniba, el Gobierno habría cerrado el expediente del caso. “Luego los yanomamis levantaron un informe con lo que vieron du-rante el recorrido de la comisión oficial, in-cluyendo abundantes evidencias de la presen-cia de minería ilegal en la zona recorrida, y lo remitieron a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. A su vez, solicitaron una reunión con distintas instituciones, que debía convocar la Defensoría en Amazonas. También solicitaron un derecho de palabra ante la Comisión de Pueblos Indígenas de la AN. Nadie respondió. Finalmente introduje-ron una nueva solicitud de investigación en la Fiscalía sobre la presencia de mineros ile-gales en el Alto Ocamo, pero tampoco pasó nada”, afirmó Tillett.

Sistema Hidráulico Yacambú-QuíborEn nuestro informe anterior, Situación

de los Derechos Humanos en Venezuela. In-forme Anual Octubre 2010-Septiembre 2011, señalamos que el 08.06.11 se hicieron públi-cas denuncias sobre el desalojo de la pobla-ción indígena del Volcán Yacambú debido a la construcción del Sistema HidráulicoYacam-bú-Quíbor, en el estado Lara. El objetivo era reubicarlos en una finca llamada La Estancia. Para aquel momento ya 100 de las 389 fami-lias habían sido desalojadas.

En julio de 2012 se confirmó que luego de 241 años, las tierras donde se asienta el pro-yecto del Sistema Hidráulico son territorios indígenas, por lo que deben aplicarse derechos omitidos que se encuentran en los pactos inter-nacionales de derechos humanos de los pue-

blos indígenas y en todas las leyes que prote-gen a los habitantes ancestrales.

El diputado Guillermo Palacios añadió que “se evidenció la irregularidad por parte de la gerencia del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor, donde echa por tierra la figura de arreglo amigable por ser demostrada coac-ción, amenaza, torturas, presidio, entre otros, por lo que los avalúos pagados tienen vicios de consentimiento de derecho civil y vicios de libertad de derechos internacionales indíge-nas”. Explicó que por esta razón se deberían reestructurar las indemnizaciones, agregando los daños morales para saldar la deuda social a la que fueron sometidas más de 15 mil perso-nas en esta entidad.

En una carta abierta a la empresa encargada de realizar la represa de Yacambú-Quíbor las organizaciones que hacen vida política en el estado Lara manifiestan su preocupación por los señalamientos hechos a la señora Claudia Torres, representante del pueblo indígena Ga-yón, a quien acusan de recibir dinero de parte del sistema hidráulico. En opinión de las orga-nizaciones esto crea un ambiente de zozobra e inseguridad física a Torres: “La preocupación que tenemos es que no queremos que a nues-tros camaradas indígenas del estado Lara les ocurra lo mismo que les está sucediendo a los indígenas yukpas del estado Zulia, liderados por el cacique Sabino Romero”51.

En atención a la escasa presencia política de los pobladores indígenas de esta entidad, en marzo de 2012 se creó la Asociación de Comunidades Indígenas del estado Lara, cuyo objetivo será luchar por los derechos de los principales descendientes de los pobladores primigenios de la región52.

51. Blog Pro Defensa de la Educación [en línea] <http://indigenasvenezolanos.blogspot.com/2012/03/indigenas-venezolanos-defienden-sus.html> Consulta del 12.1.13.

52. José Miguel Gil: “Indígenas de Lara defenderán sus derechos”. En: El Impulso, 25.03.12, pág. B-7.

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Derecho a la salud y al desarrollo social

Se conoció que en julio de 2012, especia-listas de la Unidad de Infectología del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (Hum-nt) realizaron una jornada en las comunidades de Mosú, Masiguare y Daguaja del estado Mo-nagas, donde encontraron a waraos afectados por el virus de la hepatitis B, una enfermedad incurable que sólo se controla con antirretro-virales y se previene con vacunas. De las 76 personas a quienes les tomaron muestras, al menos 24 tenían el virus; y de éstas 19 pade-cen de hepatitis B moderada y 5 tienen hepa-titis B aguda53.

Esta jornada sirvió para evidenciar que la causa del incremento ha sido la falta de cam-pañas de vacunación y jornadas de orientación en las comunidades. Sólo 92 personas de las comunidades indígenas de Monagas han sido vacunadas contra la hepatitis B durante el pri-mer semestre de 2012, según informó el epide-miólogo regional Luis Jiménez.

También dijo que en julio de 2012 plani-ficaron trabajos de supervisión en zonas indí-genas del municipio Maturín, para cuantificar quién ha cumplido con el esquema de vacuna-ción del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), que contempla vacunas como la penta-valente, que protege de la hepatitis B, difteria, tosferina, influenza tipo B y tétanos54.

El tema de la salud indígena también se encuentra relacionado con la “desorganiza-

ción interinstitucional”, así lo explica Dalia Herminia Yánez, coordinadora de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano Grupo Parlamentario Vene-zolano, y coordinadora de la organización Red Ambiental de las Mujeres Indígenas Warao.

Yánez dijo que “en Delta Amacuro esta-mos en estado de emergencia por dos cues-tiones fundamentales: mientras más sacan pe-tróleo el agua se está contaminando más y al contaminarse el río nosotros perdemos peces y el agua ya no es consumible como antes, lo cual crea una dependencia hacia una purifica-dora de agua que no llega y entonces tenemos que consumir el agua contaminada del río”55.

Denunció que en Caño Mánamo y Peder-nales ya las aguas no son de consumo humano. “El río Orinoco está cerrado, eso no tiene cir-culación y si el petróleo mueve mucho la sal allá, ésta va subiendo hacia donde estamos nosotros. Hay un beneficio, no lo dudamos; pero nosotros no podemos callarnos, el petró-leo está contaminando”.

Lo anterior desencadena vómitos, diarrea y fiebre en los indígenas waraos, específica-mente en la zona de Pedernales: “Nosotros vimos que 11 personas murieron entre agosto y septiembre [2012], incluso un niño se había muerto ese día cuando yo llegué”56. Yánez también informó que no existe servicio de agua potable y que en octubre de 2012 hubo una epidemia donde los indígenas presentaban los mismos síntomas.

53. La Prensa de Monagas [en línea] <http://www.laprensademonagas.info/Articulo.aspx?aid=91142> Consulta del 12.01.13.

54. La Prensa de Monagas [en línea] <http://www.laprensademonagas.info/Articulo.aspx?s=3&aid=91256> Consulta del 12.01.13.

55. Entrevista concedida por Dalia Herminia Yánez, coordinadora de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano Grupo Parlamentario Venezolano, el 25.01.13.

56. Dalia Herminia Yánez, entrevista citada.



En la zona de Los Pijiguaos, en el munici-pio Cedeño del estado Bolívar, Yánez comen-tó que hay indígenas de las etnias jivi, eñepa y mapoyo que están contaminados de mercurio, y hay niños indígenas que están naciendo con deformidades congénitas.

En el Bajo Delta, donde están presentes indígenas de la etnia warao, a pesar de que existen ambulatorios médicos, la diputada señaló que hay casos de indígenas con VIH, pero que no manejan las cifras exactas de los decesos. También se han detectado casos de tuberculosis.

Uno de los peores hechos es el relaciona-do con las mujeres indígenas que se dirigen al Hospital Central de Delta Amacuro para dar a luz. “Ya han muerto varias compañeras, les hacen cesáreas y si tienen parto natural les dejan gasas en la matriz y poco a poco van muriendo las mujeres indígenas”57.

“No hay una unidad de instituciones para que el Ministerio de Pueblos Indíge-nas, el ente rector que ejecuta las políticas públicas, determine su plan de acción. Las instituciones no se ponen de acuerdo en qué vamos a trabajar en conjunto, eso ha aca-rreado que estos indígenas mueran (…) Los que rigen la institución no tienen sensibili-dad humana, aun siendo indígenas. El Pre-sidente nos dio esos derechos y nosotros no los estamos ejerciendo”58.

En el caso de la tuberculosis, Ricardo Gre-nat, jesuita que tiene 12 años trabajando con

indígenas de la etnia Kariña en Tumeremo, es-tado Bolívar, informa que desde que él se en-cuentra en la localidad ha detectado 78 casos, de los cuales dos personas murieron. Desde entonces han muerto pocos indígenas y sólo se detectó un caso durante 201259.

Una de las comunidades donde se encon-traron indígenas con tuberculosis es La Refor-ma, a 10 kilómetros de Tumeremo.

Grenat, quien es coordinador de la Misión Kariña, proyecto que trabaja con los indígenas en los ámbitos de educación y salud, cuenta que al principio era muy difícil abordar esta enfermedad con los indígenas, porque las ins-tituciones los querían encerrar y eso va contra su cultura.

Sin embargo, si buscamos cifras encontra-mos que el índice más alto de tuberculosis en Venezuela está entre indígenas warao, con 450 casos en cada 100 mil personas. Es más de 11 veces mayor al promedio latinoamericano (40 casos en cada 100 mil personas)60.

Ninfa Tividor, coordinadora general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas, informó que en el Alto Orino-co, especialmente en el eje carretero del muni-cipio Atures, se presentaron casos de paludis-mo y dengue en las comunidades yanomamis. “Esto se dio principalmente en la temporada de sequía de los ríos y en algún momento Ho-ronami solicitó una comisión interinstitucio-nal para que atendieran los casos”61. Mani-festó que no maneja cifras sobre estos casos.

57. Ídem.58. Ídem.59. Entrevista concedida por Ricardo Grenat, jesuita y coordinador de la Misión Kariña, el 29.01.13.60. Periódico El Libertario [en línea] <http://periodicoellibertario.blogspot.com/2012/02/salud-indigena-

amazonica-en-situacion.html> Consulta del 25.01.13.61. Entrevista concedida por Ninfa Tividor, coordinadora general de la Organización Regional de Pueblos

Indígenas del Amazonas, el 30.01.13.

162



En relación con el Proyecto Cacique Nigale, que a través de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio del Poder Popular para la Salud promueve la formación intercultural de indíge-nas en la carrera de Medicina en la Universi-dad Experimental Rómulo Gallegos (UNERG), existen 176 estudiantes activos de los estados Amazonas, Apure, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas y Zulia.

El proyecto inició en 2009 y su visión, una vez egresados los estudiantes, es contar con personal médico indígena que haga pre-sencia en su comunidad de origen, para así evitar la mortalidad en los estados con pre-sencia indígena.

Erika Romero, coordinadora nacional del Proyecto Cacique Nigale, comenta que a pe-sar de los esfuerzos existen debilidades que muchas veces hacen que estos estudiantes deserten: “Al principio hubo chicas que no estuvieron bien orientadas y salieron emba-razadas, entonces tuvieron que irse; algunos chicos no se adaptaron al sistema, estaban lejos de sus familias, sus culturas, otros tie-nen problemas de alcohol (…) Pero hay otros que han salido a flote”62.

Otro punto es el tema de la manutención, ya que el Ministerio del Poder Popular para la Salud sólo les otorga 1.100 bolívares mensua-les lo cual no les alcanza para subsistir, entre

otras cosas, porque la carrera de Medicina es muy costosa. En este caso “se le solicita ayuda a la gobernación con bolsas de comida, equi-pos médicos, alojamiento, para que los mu-chachos no deserten”, añade Romero.

En cuanto al Servicio de Atención y Orientación al Indígena (SAOI) , persistió la denuncia que transmitimos en nuestro infor-me pasado sobre la falta de insumos médicos en el SAOI ubicado en el Hospital Universi-tario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas.

La doctora Jacqueline González, coordina-dora del Servicio de Atención y Orientación al Indígena (SAOI) del Hospital Ruiz y Páez del estado Bolívar, informó que en 2011 fueron atendidos más de 2.200 casos, y este 2012 las cifras van en aumento pues el número de asis-tencia diaria oscila entre 50 y 60 pacientes64.

González destacó que para optimizar la atención se tiene previsto abrir otros SAOI en los hospitales Héctor Nouel Joubert y Uyapar, donde por ahora sólo cuentan con facilitado-res. Violeta Guaruya, coordinadora del ser-vicio en el hospital Raúl Leoni de Guaiparo, señaló que durante 2011 atendieron a más de mil pacientes por el equipo de facilitadores bi-lingües en Caroní y en 2012 aumentaron las cifras de asistencia diaria con un aproximado de 10 pacientes65.

62. Entrevista concedida por Erika Romero, coordinadora nacional del Proyecto Cacique Nigale, el 29.01.13.63. Los SAOI tienen por objeto la atención personalizada, orientación, asesoramiento y acompañamiento al

paciente indígena con calidad, eficiencia y pertinencia cultural y lingüística, a través de equipos multiétnicos y multidisciplinarios, cuyo elemento fundamental son los facilitadores interculturales bilingües. Ministerio del Poder Popular para la Salud. 2010: Resolución Nº 089 del 03.06.10. Caracas. Gaceta Oficial 39.445 del 14.06.10.

64. Ministerio del Poder Popular para la Salud [en línea] <http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=993:mpps-promueve-la-atencion-de-calidad-y-el-respeto-a-los-indigenas&catid=1:ultimas-noticas&Itemid=18> Consulta del 12.01.13.

65. Ídem.



Sobre la Ley de salud anunciada por el Parlamento Indígena, voceras y voceros de distintas comunidades indígenas se reunieron, en agosto de 2012, en el estado Anzoátegui, para debatir y unificar propuestas en torno a la incorporación de la medicina tradicional y complementaria al sistema público nacional de salud.

“La idea es presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional”, manifestó el dipu-tado indígena Esteban Argelio Pérez. Subrayó que el proyecto es debatido en los diferentes pueblos indígenas de toda Venezuela, y será presentado ante el Legislativo en 2013. “La aprobación de un marco legal garantizará que el Estado venezolano reconozca todos nuestros métodos curativos y tradicionales, y que estos también se apliquen en los hospitales y ambu-latorios de la nación”, expresó Pérez66.

También se realizó el primer Seminario de Medicina Tradicional y Alternativa en el que participaron habitantes de las comunidades indígenas del estado Anzoátegui, así como representantes de los estados Delta Amacuro, Monagas, Bolívar y Sucre. “Contabilizamos la asistencia de 150 personas, provenientes de varios poblados ancestrales”, apuntó el dipu-tado del Parlatino Raúl Tempo67.

Resaltó el parlamentario que esta activi-dad se efectuó a principios de 2012 en el esta-do Amazonas y en octubre se llevaría a cabo en el estado Zulia. “La idea es que sigamos debatiendo el proyecto de ley que presentare-

mos el año entrante ante la AN. Igualmente, prevemos elevar nuestras propuestas a ins-tancias internacionales”68.

Desplazamiento de indígenas El 12.03.12 militantes del movimiento

Pro Rescate por Bolívar denunciaron la dra-mática situación de 33 indígenas procedentes de Amazonas (11 de ellos niños) que estaban viviendo en el botadero municipal de Ciudad Bolívar, estado Bolívar69.

El Instituto Autónomo Indígena de ese es-tado posee un albergue, a las afueras de Ciu-dad Bolívar, para los indígenas que se dirigen a la capital para tratamiento médico. También existe un albergue ubicado en Hueco Lindo, dirigido por la organización Kuyujani70.

En Anzoátegui indígenas de la etnia warao, en su mayoría niños y mujeres procedentes de Delta Amacuro, deambulan por las calles en situación de indigencia. Pernoctan en los asen-tamientos improvisados en las orillas del río Neverí, en Barcelona71.

Al otro lado del país, muchos yukpas de la Sierra de Perijá, estado Zulia, se desplazan al estado Lara. A pesar de que la Subcomisión de Pueblos Indígenas de la AN y el Instituto Mu-nicipal de Desarrollo Social (Imdes) los han regresado a su lugar de origen, ellos poco a poco se devuelven a Barquisimeto.

“Los yukpas son un tema de nunca aca-bar, ya no sabemos qué hacer porque según

66. Entorno Inteligente [en línea] <http://www.entornointeligente.com/articulo/1302117/El-Parlamento-Indigena-presentara-ley-sobre-salud-17082012> Consulta del 12. Consulta del 12.01.13.

67. Ídem.68. Ídem.69. Ángel Díaz: Denuncian estado deplorable de etnia. En: El Luchador, 12.03.12, pág. 3.70. Ídem.71. Nathalia Guzmán y Doryel Salazar: Diputado propone crear comisión para solucionar éxodo indígena. En: El

Tiempo, 23.08.12, pág. 3.

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su cultura viven como nómadas y en las ca-lles; hasta casas les hemos ofrecido y no las aceptan”, afirmó Dilcia Mendoza, presidenta del Imdes72.

Resulta urgente atacar las causas estructu-rales de estos desplazamientos, ya que muchas veces en sus hábitats ancestrales, plagados de terceros, los indígenas viven entre el hambre y las masacres. Al huir a las ciudades la situa-ción lejos de mejorar se agrava.

Derecho a la educaciónEn mayo de 2012 la Comisión Permanente

de los Pueblos Indígenas de la AN aprobó el proyecto de Ley de Educación Indígena, ins-trumento legal que se propone establecer los parámetros para la complementación de los conocimientos y saberes ancestrales de las co-munidades originarias, con el modelo educati-vo establecido en el país.

El presidente de esta comisión parlamenta-ria, diputado José Luis González, explicó que una vez sea realizado el estudio de impacto económico, se consignará ante la Secretaría de la AN para que sea sometida a primera discu-sión por la plenaria del parlamento.

“El modelo recoge el concepto de la edu-cación propia, de la educación intercultural bilingüe, también hace referencia a los be-neficios de los docentes indígenas, el recono-cimiento de estos docentes, conocedores del

mundo de la cosmovisión indígena”, explicó el diputado González73.

Esteban Argelio Pérez, presidente del Par-lamento Indígena Venezolano, Grupo Parla-mentario Venezolano, informó que está pre-vista la consulta con los docentes de la zona, así como con los ancianos y chamanes, en torno al proyecto de Ley. El propósito de las consultas es diseñar mecanismos que permitan difundir estos conocimientos en la escuela74.

Estas jornadas de consulta continuaron en noviembre de 2012 en los estados Apu-re, Delta Amacuro, Sucre, Zulia y Monagas, como el mecanismo idóneo mediante el cual los miembros de las comunidades origina-rias de distintos estados del país están ejer-ciendo su derecho a la participación y rea-lizan propuestas para el proyecto de Ley de Educación Indígena75.

El 29.11.11 se reconoce oficialmente la Universidad Indígena de Venezuela (UIV), ubicada en el caño Tauca, estado Bolívar, mediante Decreto Presidencial Nº 8.631 pu-blicado en Gaceta Oficial 39.81076. En la UIV actualmente están presentes ocho pueblos in-dígenas: Huottuja, Pemón, Jivi, Warao, Pumé, Eñepa, Shiriana y Ye’kuana. Los alumnos son seleccionados por sus propias comunida-des por sus capacidades para la organización política en pro de la defensa de los derechos colectivos y el currículo de la universidad se

72. Aixa Alonzo: IMDES busca acuerdo con yukpas para su retorno. En: El Informador, 29.08.12, Pág. 5-A.73. Asamblea Nacional [en línea] <http://www.asambleanacional.gov.ve/index.php?option=com_content

&view=article&id=41007%3Aaprobado-en-primera-discusion-proyecto-de-ley-de-educacion-para-los-pueblos-indigenas&catid=1%3Alatest-news&Itemid=246&lang=es> Consulta del 12.01.13.

74. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información [en línea] <http://www.minci.gob.ve/2012/08/09/indigenas-realizan-consultas-para-aprobacion-de-ley-de-educacion/> Consulta del 12.01.13.

75. Agencia Venezolana de Noticias [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/comunidades-ofrecen-propuestas-sobre-ley-educaci%C3%B3n-ind%C3%ADgena> Consulta del 12.01.13.

76. Gaceta Oficial 39.810 [en línea] <http://www.pgr.gob.ve/dmdocuments/2011/39810.pdf> Consulta del 12.01.13.



construye en torno a estos tres ejes: cultural, concientización y productivo77.

Posteriormente el 03.07.12, en Gaceta Oficial 39.957, se designó a los miembros del Consejo Directivo Provisional de la UIV. De acuerdo al artículo 2 de este decreto, es-tas personas ejercerán de forma colegiada la autoridad académica y administrativa de la Universidad, hasta tanto el Ministerio del Po-der Popular para la Educación Universitaria apruebe y promulgue el Reglamento de Orga-nización y Funcionamiento de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca78.

En el Informe octubre 2008-septiembre 2009 señalamos que pareciera haber voluntad política para la creación del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas79. Transcurridos cuatro años no se ha creado y tampoco se ha materia-lizado el Consejo de Idiomas Indígenas como instancia consultiva del primero. Pese a que el Título IV de la Ley de Idiomas Indígenas, con las Disposiciones Transitoria, Derogatoria y Final establece un lapso no mayor de un año para su creación. No obstante existen idiomas que se encuentran en estado crítico, tal es el caso de los idiomas Baniva y Baré, los cuales son pocas las familias que aún los hablan en el contexto del hogar y comunitario.

También informábamos sobre la entrada en vigencia de la Ley de Artesanos y Artesa-nas Indígenas, cuya normativa tiene por objeto garantizar los derechos de los artesanos y arte-sanas indígenas así como proteger, fomentar, promover, garantizar y fortalecer la actividad artesanal indígena en todas sus fases, a fin de

lograr su bienestar integral y de sus familias. Sin embargo, en lo correspondiente a la con-formación del Consejo Artesanal Indígena en los ámbitos nacional, estadal y municipal, y a la creación del Fondo de Desarrollo Social In-tegral de los Artesanos y Artesanas Indígenas, no se ha evidenciado mayor avance.

En términos generales se constata que se dan avances en materia legislativa pero hay grandes dificultades para la aplicación de esas normas.

Justicia indígenaEn nuestro informe anterior señalamos

que la AN realizaba un esfuerzo por discutir y aprobar el Proyecto de Ley de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena con el Sistema Judicial Nacional, que permitiría de-sarrollar el artículo 260.

El artículo 260 de la Constitución Nacional de 1999 reconoció por primera vez la coexis-tencia de los sistemas normativos indígenas con el sistema jurídico nacional, mediante la jurisdicción indígena como mecanismo al-terno y formal de justicia, en los siguientes términos: “Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábi-tat instancias de justicia con base en sus tra-diciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y pro-cedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema ju-dicial nacional”80.

77. Ídem.78. Gaceta Oficial 38.957 del 03.07.12.79. Provea: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual octubre 2008-septiembre 2009.

Pág 126.80. Colmenares Ricardo: Desarrollo de la jurisdicción especial de los pueblos indígenas y los mecanismos

de coordinación con el sistema judicial nacional. En: BELLO, Luis Jesús et al (Comp.): El Estado ante la sociedad multiétnica y pluricultural. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) y Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Venezuela, pág. 236.

166



El 04.12.12 José Luis González, presiden-te de la Comisión de Pueblos Indígenas de la AN, informó que para el primer periodo legis-lativo de 2013 se estima presentar ante la AN este proyecto de ley.

Por su parte, el diputado Esteban Argelio Pérez explicó que no será una ley aplicable en todo el territorio nacional “sino que (de ser aprobada) se coordinará con la adminis-tración de justicia ordinaria (…) En Vene-zuela existen unas 40 comunidades indígenas y cada una de ellas tiene sus formas de admi-nistración de justicia, por ello la necesidad de lograr esta ley, que es la que garantiza-rá el reconocimiento al derecho histórico de nuestros pueblos originarios, establecidos en nuestra Constitución” 81.

Los pueblos y comunidades indígenas también tienen derecho a exigir justicia me-diante la protesta pacífica. Y deben ser toma-dos en cuenta sus usos y costumbres, desta-cando que para protestar se movilizan como una unidad familiar que incluye a sus niños, niñas y adolescentes.

Lo anterior guarda relación con el proceso judicial realizado contra el Programa Venezo-lano de Educación-Acción en Derechos Hu-manos (PROVEA) y la organización Socie-dad Homo et Natura, por apoyar una protesta indígena yukpa frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El 21.07.10 un grupo de indígenas yukpas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, se con-gregaron a las afueras del TSJ para exigir que el cacique yukpa Sabino Romero y Alexander Fernández fueran juzgados por sus propias leyes, como lo establece el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y no en tribunales ordina-rios como había ocurrido hasta aquel momento.

Como consecuencia de esta movilización, el 27.07.10 fue introducida una acción de protección por el abogado Ramón Liscano, actuando en su carácter de Fiscal Centésimo Sexto (106º) del Mi-nisterio Público, a favor del grupo de niños, niñas y adolescentes que formaban parte de la concen-tración a las afueras del TSJ. El fiscal solicitó que los niños, niñas y adolescentes fueran devueltos al “ambiente propio de su cultura” y que se esta-bleciera la responsabilidad de la Sociedad Homo et Natura y de PROVEA por el presunto trasla-do ilícito de los niños, niñas y adolescentes a los fines de ser utilizados en una protesta en la cual no tenían un interés legítimo, llegando incluso a afirmar su utilización como “escudos humanos” entorpeciendo así las actividades del TSJ82.

Sin duda esta acusación presentada por la Fiscalía es contraria al texto constitucional (artículo 11983) e igualmente contraria a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indíge-nas, la cual en su artículo 8684 establece el “de-recho a la cultura propia”.

81. Agencia Venezolana de Noticias [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/estiman-presentar-ley-jurisdicci%C3%B3n-especial-ind%C3%ADgena-ante-pr%C3%B3ximo-a%C3%B1o> Consulta del 12.01.13.

82. El Libertario [en línea] <http://periodicoellibertario.blogspot.com/2013/01/a-juicio-provea-y-sociedad-homo-et.html> Consulta del 23.01.13.

83. “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”.

84. “El Estado reconoce y garantiza el derecho que cada pueblo y comunidad indígena tiene al ejercicio de su cultura propia, expresando, practicando y desarrollando libremente sus formas de vida y manifestaciones culturales, fortaleciendo su identidad propia, promoviendo la identidad propia, promoviendo la vitalidad lingüística de su idioma, preservando su propia visión del mundo, profesando sus religiones, creencias y cultos, así como conservando y protegiendo sus lugares sagrados y de culto”.



Además no es la primera vez que el pue-blo yukpa exige sus derechos y se moviliza como unidad familiar con sus niños, niñas y adolescentes, quienes también hacen parte de la problemática que afecta al grupo social al que pertenecen.

En opinión de PROVEA, en el fondo es una demanda no contra dos organizacio-nes, sino contra el pueblo yukpa y todos los pueblos indígenas del país, pues se pre-tende generar un precedente judicial que afectaría a todos los pueblos indígenas en

sus procesos de exigibilidad de derechos. Desde una visión que se aleja totalmente de la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas, se pretende sentenciar de qué manera deben y pueden exigir sus derechos los indígenas en Venezuela.

Al cierre de este Informe, la Sociedad Homo et Natura y PROVEA introdujeron las contestaciones de la demanda de la Fiscalía y las pruebas correspondientes, incluidos los testigos que se presentarán en el juicio a reali-zarse el 07.02.13.

168





Derecho a la salud

La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la cali-dad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de sanea-miento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios suscritos y ratificados por la República.


170

Derecho a la salud




El derecho a la salud, durante 2012, conti-nuó presentando situaciones preocupantes en medio de avances estatales para su ga-

rantía. Como elementos positivos se registra la presentación ante la Asamblea Nacional (AN) del Anteproyecto de Ley contra la Mala Praxis en Salud, el cual concibe el ejercicio de la me-dicina como la prestación de un servicio públi-co, independientemente si el mismo se realiza en instituciones públicas o privadas.

En junio de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió una demanda de protec-ción interpuesta por la Defensoría del Pueblo, ordenando la prohibición de los llamados im-plantes PIP, su retiro y reemplazo, así como el suministro de información a los y las afecta-das. Acciones similares fueron tomadas contra los productos y tratamientos estéticos que no contaban con permiso sanitario.

Destaca la creación del Sistema Integral de Atención Médica de Urgencia (SIAMU) con el objetivo de prestar las 24 horas del día un servi-cio gratuito de traslado de pacientes en el Dis-trito Capital, extendiéndose a los estados Vargas y Miranda, contando para ello con 17 ambulan-cias. Otra iniciativa positiva fue la creación del Sistema Público Nacional de Atención y Trata-miento de las Adicciones (SNTA). En el interior del país se inauguraron nuevos Centros de Aten-ción Integral (CDI), llegando al número 554 de los 600 programados desde 2004.

Un aspecto negativo del período lo cons-tituye la mora de 12 años sin haber promul-gado la Ley Orgánica de Salud. La Sala Constitucional del TSJ declaró sin lugar la acción judicial de omisión legislativa intro-ducida por PROVEA y otras cuatro organi-zaciones de derechos humanos, que intenta-ba que el Poder Judicial ordenara a la AN

la promulgación de la ley. A esta situación se añade la descomposición institucional del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), siendo éste el rector y órgano res-ponsable de garantizar la atención sanitaria en todo el territorio nacional.

El análisis de las tendencias en el período sugieren que el sistema sanitario de Venezuela adolece de una organización que responda de manera eficaz y oportuna a las necesidades de salud; la infraestructura es insuficiente y son am-plios los déficits de servicios, camas y personal médico; frecuentemente fallan los procesos de abastecimiento de insumos y medicamentos; y son débiles los programas de vigilancia sanita-ria y epidemiológica, por lo que la información es desactualizada y presenta altos niveles de sub registro. El Ejecutivo, en lugar de resolver los apremiantes problemas que subsisten en el sis-tema público de salud, ha preferido abrir cuotas de atención en el sector privado a través de nego-ciaciones y la aplicación de medidas punitivas. Frente a esta situación la población se encuentra, por la vía de los hechos, ante una progresiva pri-vatización de los servicios de salud en el país. Esto lo demostraría el hecho que el financia-miento privado en salud continúa siendo mayor que el público, como lo revelan los datos dispo-nibles, así como a la expansión de los centros de salud privados debido a su alta demanda.

En 2012, las denuncias registradas en la base de datos de Provea sobre los proble-mas que enfrenta la población en los centros de salud, fueron cuatro veces más altas que en anterior. El número de denuncias pasó de 245 entre octubre 2010 y octubre 20111, a 1.074 entre enero y diciembre de 2012. De estas denuncias, 90% procedieron de los centros asistenciales públicos y 84% de los establecimientos hospitalarios.

1. Una proyección hasta diciembre 2011 a partir del promedio mensual de denuncias hubiese totalizado 326.

172

Derecho a la salud


Medidas del Poder LegislativoSin Ley Orgánica de SaludHan pasado 12 años sin haber promulgado

la Ley Orgánica de Salud que dicta la Consti-tución, y en la cual deberían estar claramente establecidos los objetivos y la estructura de un sistema público nacional de salud, las normas que lo rigen, así como las garantías institucio-nales y judiciales sobre los bienes y servicios que deben satisfacer las necesidades de la población en materia sanitaria2. El 22.07.09, PROVEA y otras cuatro organizaciones de derechos humanos introdujeron ante el Tribu-nal Supremo de Justicia (TSJ) una acción por omisión legislativa, la cual fue admitida diez meses después, el 03.06.113. Un año más tar-de, la Sala Constitucional del TSJ declaró sin lugar la acción judicial, cuyo objetivo era que el Poder Judicial ordenara a la AN la promul-gación de la ley.

Sin la formalización de una ley, el Estado ignora los mandatos constitucionales dirigi-dos a resolver los problemas de rectoría, frag-mentación, bajo desempeño, escaso financia-miento e inequidad del sistema público de salud. Además, la ausencia de una ley coloca a la población en general y a los grupos con necesidades de inmediata atención, en condi-ciones más vulnerables frente a las interpre-taciones o manipulaciones que puede hacer

el Estado respecto a la manera de garantizar la protección del derecho a la salud; así como deja al Poder Judicial sin instrumentos jurídi-cos concretos para ejercer una tutela efectiva de este derecho. En su último informe publi-cado del año 2011, la Defensoría del Pueblo recomendó a la AN “impulsar para el 2012 el proyecto de Ley Orgánica de Salud”4, pero dicha recomendación no fue considerada por la AN durante este año.

La Subcomisión de Salud de la AN infor-mó que será en 2013 cuando se discutirán la Ley de Salud y la Ley del Sistema Público Nacional de Salud, siguiendo los principios del artículo 84 de la Constitución, donde reza “…para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestio-nará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguri-dad social, regido por los principios de gra-tuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad”. No obs-tante, los representantes del Partido Socia-lista Unido de Venezuela (PSUV) en la Sub Comisión, descartaron la descentralización como uno de los principios constitucionales considerados, cuyo objetivo es reducir la in-equidad del sistema y profundizar la partici-pación social en las decisiones relacionadas con la salud5.

2. La disposición transitoria sexta de la Constitución estableció que la AN, en un lapso de dos años a partir de su instalación, debería legislar sobre todas las materias relacionadas con la Constitución, y el derecho a la salud es una de ellas.

3. Estas organizaciones fueron: PROVEA, Convite, Fundación Reflejos de Venezuela, Acción Solidaria (Ac-sol) y Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi). Provea, 07.06.10 [en línea]<http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=4340>

4. Defensoría del Pueblo: Informe Anual 2011, pág. 121.5. Oswaldo González: Comisión de Desarrollo Social legislará en salud, régimen de pensiones y consejos

de trabajadores. AN. 28.02.13 [en línea] <http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/192>



Anteproyecto de Ley contra la Mala Praxis en SaludEn octubre de 2012, el diputado Juan Bau-

tista Pérez presentó a la Subcomisión de Sa-lud de la AN, el Anteproyecto de Ley contra la Mala Praxis en Salud, como consecuencia del “incremento en las denuncias de la mala praxis médica en el país”, atribuido en su ex-posición de motivos al “mayor conocimiento del pueblo sobre sus derechos”.

En su artículo 1, establece como objeto de la ley: desarrollar las “normas que rijan la conducta que deben asumir todos los pro-fesionales de la salud desde Instituciones Médicas y médicos (y otros profesionales de la salud como odontólogos, bioanalistas, radiólogos) hasta enfermeras y auxiliares6, que confluyan en la atención del paciente, a los fines de salvaguardar la integridad física y mental del mismo, así como garantizar la observancia de los procedimientos por profe-sionales de la salud, con fundamento en sus principios médicos, así como la tipificación de los delitos que se derivan de la mala praxis en salud y las sanciones que deberán aplicar-se a quienes infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al paciente humano”.

El anteproyecto concibe el ejercicio de la medicina como la prestación de un servicio pú-blico, independientemente de si éste se presta en instituciones públicas o privadas. Además, desarrolla los artículos del Código Orgánico Penal que son aplicables a la penalización de la mala praxis médica, entre ellos: los artículos 409 y 420, en los cuales se tipifica como delito la muerte de una o varias personas por “impru-

dencia o negligencia, impericia en el ejercicio de una profesión, arte o industria, o inobser-vancia de reglamentos, órdenes o instruccio-nes”, penado con prisión de seis meses a cinco años. Destaca que el Ministerio Público (MP) sería el órgano competente para conocer de las denuncias por mala praxis médica u otra cir-cunstancia que produzca una lesión, muerte de un paciente o el menoscabado de sus derechos o intereses en los procesos jurisdiccionales, de acuerdo con la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del MP.

Al respecto, el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS) del MPPS, realizó durante 2012 actividades de inspec-ción en clínicas privadas a fin de actualizar sus registros, renovar permisos y otros do-cumentos legales. En esta tarea se detectó que 25% de las clínicas registradas en el MPPS no tenían sus documentos en regla. Otra irregularidad que se encontró fue la contratación de personal médico recién gra-duado, sin haber cumplido el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, según el cual todo médico graduado debe realizar una pasantía de un año en ambulatorios pú-blicos, para ejercer la profesión en un centro de salud público o privado. Por este motivo el SACS abrió procedimientos administrati-vos a 50 clínicas en 2011.

Medidas del Poder JudicialAcción del Ministerio Público en casos de mala praxisDurante 2012 continuaron las acciones

del MP ante los casos de mala praxis, aunque todavía no existen cifras oficiales que per-

6. Destacado nuestro.

174

Derecho a la salud


mitan evaluar su magnitud y tendencia7. Las denuncias publicadas en prensa indican un incremento asociado principalmente a casos de cirugía estética en comparación con años anteriores. Un caso en particular, en el cual el MP intervino con urgencia, fue el de la Magis-trada del TSJ, Ninoska Queipo Briceño, quien falleció en octubre a causa de complicaciones después de haberse practicado una cirugía es-tética. Por este hecho, el MP imputó a cuatro médicos antes de finalizar el año por delitos de lesiones intencionales gravísimas y homicidio culposo8. A raíz de ello, el MP y el MPPS ini-ciaron una investigación que llevó a practicar 15 allanamientos en centros estéticos, en los cuales se decomisaron implantes mamarios sin el debido permiso sanitario9.

Sin embargo, desde hace cinco años los familiares de víctimas que integran el Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS) vienen esperando sentencias de parte de los órganos judiciales en relación con varios ca-sos de mala praxis en centros de salud públi-cos. Ante la diligente actuación del MP en el caso de la magistrada Queipo, estos familiares elaboraron un comunicado en el cual solicita-ron al MP dar un trato igualitario y actuar con la debida celeridad en referencia a sus casos.

Este Comité también reconoció la relevancia de la Ley contra la Mala Praxis que discute la AN, pero observando que “la mala praxis es un hecho que ocurre tanto en las institucio-nes públicas como privadas10 de nuestro país y lo cual consideramos importante sea tenido en cuenta a los fines de la elaboración de la ley que actualmente se discute”11.

Acción del MP por muertes de recién nacidos en hospitalesDurante 2012 también aumentó el número

de recién nacidos fallecidos en los hospitales públicos. Fueron particularmente graves las muertes de varios neonatos en el Hospital Ge-neral de Maracay (estado Aragua), el Hospital Central de San Cristóbal (estado Táchira) y la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (esta-do Carabobo), que ameritó la acción de la AN y del MP en la realización de investigaciones y coordinar con el MPPS, la constitución de juntas interventoras en los hospitales. De nin-guno de estos casos se han hecho público los resultados de las investigaciones, ni tampoco las sanciones a los responsables.

• En el Hospital de Maracay, fallecieron en pocos días 15 recién nacidos12 con bajo peso al nacer13, por hacinamiento

7. A través de una solicitud de PROVEA en 2008, se conoció que hasta esa fecha el Ministerio Público inves-tigaba 627 casos por presunta mala praxis médica a nivel nacional, siendo los estados con más casos: Dis-trito Capital con 197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida con 28.

8. Imputados 4 médicos por muerte de magistrada Queipo. El Carabobeño, 11.12.12 [en línea] <http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/47762/imputados-4-mdicos-por-muerte-de-magistrada-queipo->

9. Ministerio Público realizará 15 allanamientos a centros estéticos. El Universal, 26.11.12 [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121126/ministerio-publico-realizara-15-allanamientos-a-cen-tros-esteticos>

10. Subrayado nuestro.11. Comité de Observación del Servicio de Salud (COSS) [en línea] <http://cossvenezuela.blogspot.com/se>12. Denuncian muerte de siete neonatos en el HCM. El Aragüeño, 05.02.12 [en línea] <http://www.elaragueno.com.

ve/region/articulo/15950/denuncian-muerte-de-siete-neonatos-en-el-hcm>13. Suben a 15 bebés fallecidos en Hospital de Maracay. Últimas Noticias, 10.02.12 [en línea] <http://www.ultimas-

noticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/suben-a-15-bebes-fallecidos-en-hospital-de-maracay.aspx>



y contaminación bacteriana14. El Cen-tro Comunitario del Aprendizaje por los Derechos de los Niños y la Adolescen-cia (Cecodap) exigió a todos los entes involucrados investigar las muertes y sancionar a los responsables, así como garantizar el derecho a la vida y el desa-rrollo integral de todos los niños que aún continuaban hospitalizados15.

• En el Hospital Central de San Cristóbal, fallecieron durante un fin de semana 14 neonatos por derrames pulmonares y pa-ros respiratorios en la Unidad de Cuida-dos Intensivos Neonatal. Los familiares denunciaron el hecho al MP por sospechar la posibilidad de una contaminación bacte-riana16. El Director del hospital manifestó que entre los meses de enero y mayo17 fa-llecieron 113 neonatos, 50% por falta de controles médicos de las madres, 52% por bajo peso al nacer, y 25% por ser hijos de

madres adolescentes o mujeres con emba-razos riesgosos18.

• En la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Te-jera (CHET), el cual fue re-centralizado por el Ejecutivo en 200919, los diputados del Consejo legislativo del estado Carabo-bo y varias madres denunciaron ante el MP la muerte de 119 neonatos entre los me-ses de enero y abril de 2012. Las causas fueron atribuidas a la contaminación bac-teriana en la Unidad de Cuidados Intensi-vos y en el área de Pediatría, y también a las condiciones de insalubridad del centro asistencial. El Ministerio realizó la inves-tigación de los casos20 y el MPPS nombró una junta interventora por tres meses21. El Director del hospital reconoció la muerte de 14 neonatos y de otros 16 contaminados con bacterias22. Las madres solicitaron el establecimiento de responsabilidades civi-les, penales y administrativas23.

14. Erika Guillén/Pedro Pablo Peñaloza: AN investigará la muerte de 11 bebés en hospital de Maracay. El Universal. Regiones, 08.02.12.

15. Cecodap: Responsables de muertes de 13 recién nacidos deben ser sancionados. El Carabobeño, 10.02.12 [en línea] <http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/6998/cecodap-responsables-de-muertes-de--13-re-cien-nacidos-deben-ser-sancionados>

16. Mariana Duque/Florantonia Singer: Investigan muertes de otros 14 neonatos en Táchira. Últimas Noticias, 10.02.12 [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/investigan-muertes-de-otros-14-neonatos-en-tachira.aspx>

17. Denuncian muerte de 4 recién nacidos en Hospital de San Cristóbal. El Universal, 25.06.12 [en línea] <http://caracas.eluniversal.com/nacional-y-politica/120625/denuncian-muerte-de-4-recien-nacidos-en-hospital-de-san-cristobal>

18. Daniel Suárez: Aseguran que muerte de 4 neonatos en Táchira no fue culpa de los médicos. Últimas Noticias, 27.06.12, pág. 4.19. Marianela Rodríguez: Gobierno ordenó intervención del Hospital Central de Valencia. El Universal, 23.04.12 [en

línea] <http://internacional.eluniversal.com/nacional-y-politica/120423/gobierno-ordeno-intervencion-del-hospital-central-de-valencia>

20. Marianela Ágreda Armas: MinSalud intervino Hospital Central de Valencia por muerte de neonatos. El Carabobeño, 09.02.12, pág. D-1.

21. Min-Salud intervino la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Correo del Orinoco, 24.04.12, pág. 9.22. María Gabriela Pérez: Familiares denuncian contaminación por bacterias en pediatría de la Chet. Notitarde, 02.08.12, pág. 2.23. Marianela Rodríguez: Denuncian muerte de 119 neonatos en Hospital de Valencia. El Universal, 14.04.12 [en

línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120414/denuncian-muerte-de-119-neonatos-en-hospital-de-valencia>

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Derecho a la salud


Acción del TSJ en el caso de las prótesis PIPEn el campo estético se presentó otra si-

tuación de riesgo para 16 mil mujeres vene-zolanas con prótesis de mamas de la marca PIP francesa (Poly Implant Prothése, en sus siglas en inglés) luego que en diciembre de 2011 Francia emitiera una alerta sanitaria de-bido a sus condiciones defectuosas. La Mi-nistra de la Salud, Eugenia Sader, explicó que las prótesis habían tenido permiso sanitario hasta 2010, fecha hasta la cual se vendieron unas 33 mil en el país24.

Unas 2 mil mujeres afectadas crearon su propia fundación a fin de unirse a la demanda internacional contra la empresa fabricante y solicitaron a la AN la remoción y sustitución gratuita de las prótesis en Venezuela para los casos más urgentes25. Al mismo tiempo, con apoyo de la Alianza Nacional de Consumido-res y Usuarios (ANAUCO) se trabajaron es-trategias para lograr la sustitución de los im-plantes con aseguradoras y clínicas privadas26.

Por su parte, en junio de 2012, el TSJ ad-mitió una demanda de protección de derechos e intereses colectivos interpuesta por la Defen-soría del Pueblo y ordenó: a) la prohibición de colocar implantes PIP, así como de cualquier otro no autorizado por el MPPS; b) el retiro y

reemplazo de las prótesis a las aseguradoras, médicos cirujanos y clínicas privadas27; c) el suministro de información a las pacientes so-bre la marca de implantes mamarios colocados a la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva; d) la realización de chequeos y exámenes gratuitos a las clínicas privadas; y e) al MPSS, el registro de quienes portan pró-tesis mamarias marca PIP y la elaboración de protocolos y procedimientos para las personas y los médicos cirujanos. El MPPS procedió en los últimos meses del año a censar a las perso-nas afectadas28 y tomó la medida de programar cirugías en el Hospital Clínico Universitario para las que estuvieran en situación de riesgo o sin recursos para sustituir los implantes29.

Medidas del Poder Ejecutivo Atención paliativa a los problemas de los hospitales públicosEl MPPS, como lo ha hecho en los últimos

años, dirigió sus políticas “a impulsar y con-solidar la nueva institucionalidad del Sistema Público Nacional de Salud basado en Barrio Adentro como eje integrador”30. Esta políti-ca contrasta con la extrema debilidad de los hospitales y ambulatorios públicos, que cons-tituyen la principal red de atención del sistema sanitario, y con la suspensión de actividades en más del 50% de los módulos de atención

24. Florantonia Singer: 33 mil implantes PIP se vendieron en el país. Últimas Noticias, 13.01.12 [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/33-mil-implantes-pip-se-vendieron-en-el-pais.aspx>

25. Florantonia Singer: Caso de prótesis PIP se discutirá en AN. Últimas Noticias, 25.01.12, pág. 2.1. 26. Florantonia Singer: Anauco propone plan para cambio de prótesis PIP. Últimas Noticias, 29.02.12 [en línea]

<http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/anauco-propone-plan-para-cambio-de-pro-tesis-pip.aspx>

27. TSJ [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=9360>28. Florantonia Singer. En 15 días podrían comenzar cirugías de cambio de PIP. Últimas Noticias, 25.07.12 [en línea]

<http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/en-15-dias-podrian-comenzar-cirugias-de-cambio-de-.aspx>

29. El Clínico evaluará a mujeres con lolas chimbas. Últimas Noticias, 24.03.12, pág. 2.30. Ministerio del Poder Popular para la Salud. Memoria y Cuenta 2011. Pág. 13.



primaria de la Misión Barrio Adentro desde 2009. Frente al declive de la atención sanitaria en el país, durante 2012 las autoridades sani-tarias se ocuparon de hacer diligencias para atender las necesidades más urgentes de los hospitales31, sin lograr impactos en los proble-mas estructurales del sector.

Este año, el MPPS entregó nuevamente recursos extra presupuestarios a 156 hospita-les, para intentar solventar el déficit de finan-ciamiento público en materia de salud. Infor-mó también que continuaban efectuándose reuniones trimestrales con los directores de hospitales, a fin de “mantener la rectoría y el control de los centros de salud”, lo cual evi-dencia la ausencia de un sistema nacional pú-blico de salud, que funcionen de manera inte-grada, coordinada y descentralizada, como lo dicta la Constitución32. El MPPS abrió tam-bién nuevos servicios en varios hospitales de Caracas33, pero crecieron de manera alarman-te las denuncias por falta de insumos y déficit de médicos. Además, las conversaciones ini-ciadas en 2011 con organizaciones de la base médica de los hospitales públicos no conti-nuaron este año. Se había acordado mantener una Mesa de Diálogo con participación de re-presentantes del Ejecutivo y de las Socieda-

des Médicas, para trabajar en la solución de los problemas de infraestructura y dotación médica-quirúrgica, seguridad hospitalaria, déficit de recursos humanos, deudas, salarios y homologaciones del personal, contratación colectiva y elecciones gremiales34.

Hacia el interior del país se inauguraron nuevos Centros de Atención Integral (CDI), llegando al número 554 de los 600 progra-mados desde 2004, Centros de Alta Tecnolo-gía (CAT) y Salas de Rehabilitación Integral (SRI); estos centros pertenecen a la Misión Barrio Adentro A pesar de ello, la poca efi-cacia, calidad y transparencia que existe en la red de Barrio Adentro es denunciada en el último informe de gestión de la Contraloría General de la República que determinó que 1.235 obras de CDI, las cuales comenzaron a construirse entre 2005 y 2009, se paralizaron por retrasos en la entrega de recursos y fallas de control interno en la adjudicación y super-visión de las obras35. La meta del MPPS para 2012 era acelerar la terminación de 17 hos-pitales cuyas obras comenzaron en el 2006, usando material prefabricado comprado a una empresa turca. De acuerdo con el Minis-terio, 10 de estos hospitales tenían un avance superior a 70%.

31. PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual octubre 2010-septiembre 2011. Capítulo Derecho a la salud.

32. MPPS entregó recursos a 156 centros de salud de todo el territorio nacional. MPPS, 28.05.12 [en línea] <http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1512:mpps-entrego-recursos-a-156-centros-de-salud-de-todo-el-territorio-nacional&catid=1:ultimas-noticas&Itemid=18>

33. Destacan: un nuevo servicio materno-fetal en la Maternidad Concepción Palacios, el área de nefrología del Hospital Vargas, la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Miguel Pérez Carreño, el servicio de ginecología del Complejo Hospitalario Dr. José Ignacio Baldó “El Algodonal” y una Unidad de Urgencias en el Hospital de Niños Dr. J. M. de Los Ríos. El IVSS también inauguró una nueva área de hospitalización en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito.

34. PROVEA, Informe Anual 2010-2011.35. Pedro Pablo Peñaloza: 1.235 obras de Barrio Adentro II se encuentran paralizadas. El Universal, 02.04.12

[en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120402/1235-obras-de-barrio-adentro-ii-se-encuentran-paralizadas>

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Derecho a la salud


Sin embargo, en julio de 2012, un grupo de ingenieros y arquitectos presentaron graves denuncias a la Contraloría sobre la construc-ción de 6 hospitales tipo IV36 de la Misión Ba-rrio Adentro37, que estaban siendo doblemen-te contabilizados en los fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) –provenientes del Fondo Chino- y en los del Fondo Nacional de Desarrollo Econó-mico y Social (Fonden). Por otro lado, según informe de la Comisión Permanente de Finan-zas y Desarrollo Económico de la AN, hasta 2011 ninguno de los proyectos había avanzado más de 15% en su ejecución física38.

Tarifas preferenciales para funcionarios en clínicas privadasEn 2011 se suscribió una Alianza Interins-

titucional por la Salud (AIS) entre 11 organis-mos de la administración pública39 para fijar un baremo de precios a clínicas privadas. La aplicación de este instrumento representaba en ese momento una reducción de 34% del gasto público destinado a la compra de servicios de

hospitalización, cirugía y maternidad para 4.4 millones de funcionarios. Adicionalmente, el MPPS dictó una medida que congeló los pre-cios de proveedores de salud y de clínicas pri-vadas en todo el territorio nacional, mientras se evaluaban los costos y las causas de la infla-ción en este sector, en el marco de un Decreto-Ley dictado por el Presidente de la República sobre Costos y Precios Justos en julio de 2011, con el objeto de regular los bienes y servicios, costos y precios de todos los agentes econó-micos privados. La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales Privados (AVCH) infor-mó que, de haber acuerdo con los precios del baremo, sus ajustes posteriores se negociarían con la Superintendencia de Costos y Precios Justos (Sundecop)40.

Para 2012 pertenecían a la AIS 18 orga-nismos públicos que firmaron un Convenio de Prestación de Servicios Médico-Hospitalarios con la AVCH, luego de seis meses de nego-ciación en el que se acordaron precios estan-darizados de ciertos servicios para la atención de 6 millones de funcionarios y sus familiares,

36. Estos son: el Hospital General y Materno-Infantil de Apure, el Hospital General y Toxicológico de Barinas, el Hospital General y Gastroenterológico de Mérida, el Hospital General y Urológico de Guárico, el Hos-pital Cardiológico de Adultos y el Centro Nacional del Cáncer, trasladado de Miranda al Distrito Capital.

37. Janet Yucra: Denuncian doble pago en obras de Barrio Adentro IV. NotiTarde, 10.07.12 [en línea]<http://www.notitarde.com/Seccion/Denuncian-doble-pago-en-obras-de-Barrio-Adentro-IV/2012/07/09/119841>

38. Abrahán Carvajal: Denunciaron chanchullos en obras de hospitales. Últimas Noticias, 07.07.12 [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/denunciaron-chanchullos-en-obras-de-hospitales.aspx>

39. Entre estas organizaciones públicas se encuentran: Banco Central de Venezuela (BCV), Banco Industrial de Venezuela (BIV), Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV), Petróleos de Venezuela (PD-VSA), los Ministerios de Educación, Relaciones Exteriores y Justicia; la Alcaldía del Municipio Vargas, la Fábrica Nacional de Cemento, el Instituto Nacional de Salud Agrario Integral y Petroquímica de Vene-zuela.

40. Este Decreto-Ley crea un Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios que controla los precios y ganancias “excesivas” en proporción a las estructuras de costo de los bienes que se producen o comer-cializan; y establece criterios “justos” de intercambio. La Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP) es el órgano rector en el cual deben inscribirse todos los agentes económicos, así como sus bienes y servicios, y los costos y precios de cada uno.



en diez Clínicas Tipo I del Área Metropolitana de Caracas41. Este convenio comenzó a regir en marzo de 2012 y se acordó extenderlo pro-gresivamente a todo el país a través de las 207 clínicas afiliadas a la AVCH42. El convenio fijó tarifas preferenciales para los funcionarios únicamente en los servicios de hospitalización, emergencia, quirófano y terapia intensiva43.

El surgimiento de este tipo de negociacio-nes revela que, más allá del interés de la AIS en regular la medicina privada, las garantías de protección del derecho a la salud han resultado debilitadas, lo cual sus mismos representantes reconocen44: “…los usuarios afrontan conse-cuencias luego de que se agotan las pólizas de seguro, por lo que cuando se alcanza el límite de cobertura, son expulsados sin ningún mi-ramiento y deben trasladarse a instituciones públicas, donde no existen condiciones para ser atendidos de forma adecuada”45. Como ejemplo, en junio de 2012, el Hospital Clíni-cas Caracas anunció la modernización de sus servicios como consecuencia del fabuloso in-cremento de su demanda a raíz del convenio: “El servicio de emergencia en el Hospital de Clínicas Caracas observó un incremento de 300% en su demanda, por lo que decidió reno-var el sistema de atención. Para modernizar-lo, implementará un novedoso sistema similar al de los bancos para que los pacientes pue-

dan conocer cuántas personas tienen adelan-te y cuáles son los tiempos de espera, según la gravedad de la urgencia. La demanda del servicio aumentó debido a la situación hospi-talaria pública y también a consecuencia de la alianza interinstitucional que se firmara con las clínicas privadas”46.

Prohibición de tratamientos estéticos de alto riesgo para la saludEl MPPS, la Defensoría del Pueblo y el

Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) extendieron comunicaciones a comienzo del año a los medios impresos, para exhortarlos a no publicar productos y tratamientos esté-ticos sin permiso sanitario, su uso en lugares no adecuados, así como ofertas de servicios sexuales47. El MPPS también puso a disposi-ción un servicio telefónico gratuito (el 0212 4080000) para recibir denuncias sobre irre-gularidades en tratamientos estéticos, el cual recibió en 2011 unas 866 llamadas. Asimismo, la Dirección de Contraloría Sanitaria imple-mentó inspecciones en establecimientos de es-tética y belleza. En uno de estos operativos se cerraron seis locales de 24 visitados, por falta de permisos sanitarios. En varias clínicas esté-ticas se encontró además el uso de ácido hia-lurónico, un producto costoso que sólo debe ser aplicado por médicos48.

41. Estas clínicas son: Hospital de Clínicas Caracas, Centro Clínico de Caracas, Clínica Loira, Clínica La Flo-resta, Centro Médico Docente La Trinidad, Clínica Metropolitana, Clínica Ávila, Urológico San Román, Clínica Leopoldo Aguerrevere y Clínica Santa Sofía.

42. Samantha Aretuo: Funcionarios públicos pagarán menos en clínicas. Últimas Noticias, 03.03.12, pág. 4.43. Se fijaron precios estándares de la siguiente manera: el primer día de hospitalización a un costo de Bs 2.300,

la emergencia Bs 1.242, la primera hora de quirófano Bs 4.750 y la terapia intensiva Bs 4.700.44. AlS salud denuncia cobro excesivo en clínicas privadas. Venezuela Al Día, 14.11.12 [en línea] <http://venezuela-

aldia.com/2012/11/alsalud-denuncian-cobro-excesivo-en-clinicas-privadas/>45. Subrayado nuestro.46. Atención de emergencias en clínica privada aumentó 300%. El Universal, 18.06.12 [en línea] <http://www.eluni-

versal.com/vida/120618/atencion-de-emergencias-en-clinica-privada-aumento-300>47. Min−Salud prohibirá a medios publicitar productos sin registro sanitario. Correo del Orinoco, 25.01.12, pág. 5.48. Min-Salud cerró 6 estéticas en Caracas. El Universal, 01.02.12, pág. 2.1.1.

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Derecho a la salud


En marzo de 2012 un grupo de 300 mu-jeres afectadas por inyecciones de biopolíme-ros49 exigió al MPPS una vigilancia y control sanitario más eficaz en referencia a la comer-cialización y uso de estas sustancias50. El Di-rector de Contraloría Sanitaria del MPPS, Di-vis Antúnez, informó que hasta 2011 habían recibido 800 denuncias de estos casos.

Finalmente, en noviembre de 2012, el MPPS dictó la Resolución Nº 15251 que pro-híbe el uso y aplicación de sustancias de rellenos en tratamientos con fines estéticos (biopolímeros, polímeros y otros afines52). En dicha resolución se expresa que estos productos representan un riesgo para la salud por sus efectos adversos, graves y potencial-mente letales53 y se prohíbe su producción, distribución, elaboración, reconstrucción, reacondicionamiento, posesión o tenencia, importación y comercialización en estable-cimientos de salud públicos y privados, así como en barberías, peluquerías, salones de belleza, salones de cosmetología, gimnasio, centros de adelgazamiento, centro de masa-jes, spa y hoteles. También se prohibió su promoción a través de medios de comunica-ción social y su publicidad dentro o fuera de centros de estética y otros establecimientos.

Sistema Integral de Atención Médica de Urgencia (SIAMU)

Cabe destacar positivamente que, en 2011, la Fundación Barrio Adentro –adscrita al MPPS– creó el Sistema Integral de Atención Médica de Urgencia (SIAMU) con el objetivo de prestar un servicio gratuito de traslado de pacientes las 24 horas en el Distrito Capital. En febrero de 2012 el servicio se extendió a los estados Vargas y Miranda, contando con 17 ambulancias, que son solicitadas a través del número telefónico 0800-Siamu-00 (0800-74268-00). El sistema recibe entre 160 y 200 llamadas al mes. Tres de las ambulancias son de cuidados neonatales, cinco de soporte avanzado y las restantes de soporte básico. Es-tas ambulancias sólo pueden ser despachadas cuando está garantizado el cupo hospitalario o el estudio solicitado (resonancia magnética, rayos x, tomografía, entre otros).

El sistema también traslada a pacientes que son dados de alta, desde cualquier centro asistencial, público o privado, hasta su lugar de residencia. Además, existen funcionarios del SIAMU en 16 hospitales, maternidades y CDI. A través del SIAMU se pueden solicitar cupos en hospitales y citas para exámenes es-

49. Las historias de algunas de estas personas se publicaron en un blog denominado “No a los Biopolímeros” [en línea] <http://noalosbiopolimeros.blogspot.com>

50. Florantonia Singer: Piden detener venta de biopolímeros. Últimas Noticias, 17.03.12 [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/piden-detener-venta-de-biopolimeros.aspx>

51. Publicada en Gaceta Oficial N° 40.065, del 05.12.12.52. Son sustancias de relleno como geles o particulados, biopolímeros, polímeros, colágenos (de origen hu-

mano y animal), ácido hialurónico (de origen natural, biotecnológico o sintético con fines estéticos), ácido poliláctico, acrilamidas, poliacrilamidas, polimetilmeta crilatos y sus derivados, polivinil pirrilidona y/o sus derivados, parafina, hidroxiapatitas de calcio, silicona y siloxanos, polixiloxanos, dextrano, sephadex, y sus mezclas, entre otras. Se aplican mediante inyección, aguja u otro sistema, para modificar la anatomía con fines de estética y plástica; para corregir arrugas, pliegues y otros defectos de la piel; para aumento de pómulos, labios y glúteos, o para corregir o realzar distintas zonas corporales.

53. Entre los daños que causa se encuentran: rechazo al producto, cambio de textura de la piel, alergias, nó-dulos, granulomas, infecciones, migración del producto hacia otras partes del cuerpo, translocación de la sustancia, edema, atrofia, trombo embolismo, necrosis de tejido muscular, graso y piel en los casos severos, así como malformación de la masa muscular y piel al momento de su extracción.



peciales. Mensualmente el SIAMU canaliza 57 cupos en hospitales y 190 estudios espe-ciales. En el 2013, esperaban la asignación de más ambulancias de un lote de 69 compradas a la República de Argentina54.

Sistema Público Nacional de Atención y Tratamiento de las Adicciones (SNTA)Otra iniciativa positiva adelantada por el

MPPS en 2011 fue la creación del SNTA55, en el cual participan la Fundación José Félix Ribas (Funda-Ribas), la Oficina Nacional An-tidrogas (ONA) y la Misión Bolivariana Negra Hipólita. El MPPS informó que en Venezuela se estimaba la existencia de 220 mil personas afectadas por el consumo activo de drogas ilícitas, indicando que el SNTA se había lo-grado atender entre 2011 y 2012 unas 35 mil personas56. El sistema cuenta con 176 centros en varias partes del país, entre los cuales se encuentran: Consultorios de Orientación Fa-miliar (COF), Centros de Especialidades de Atención Médica para el Control y Tratamien-to de los Pacientes Ambulatoria (CEPA) y Comunas Terapéuticas de Tratamiento (CTS). El SNTA es una adaptación del modelo imple-mentado en Cuba, país que ha aportado perso-nal y ayuda técnica para los tratamientos. La directora de Inclusión Social de Funda-Ribas, María Dolores Espinoza, manifestó que du-rante 2012 se había logrado incluir familiar y socialmente a 500 personas atendidas por

el SNTA con apoyo de los Grupos de Apoyo Mutuo Socialista (GAMS) constituidos por grupos de voluntarios egresados del sistema57.

Financiamiento de la saludMagnitud del financiamiento en saludEn comparación con otros países de la re-

gión, el financiamiento en salud de Venezuela continúa teniendo un importante rezago. Por varios años su magnitud ha estado por debajo del promedio de la región y en proporciones inferiores a lo que invierten países cercanos. De acuerdo con las últimas estadísticas sanita-rias mundiales publicadas en el anuario de la OMS (Organización Mundial de la Salud), en 2008 el gasto en salud de Venezuela represen-taba 5,4% del PIB, mientras que Cuba gastaba 12% del PIB. En 2009, última cifra publicada en estas estadísticas, países como Argentina y Colombia aumentaron sus gastos en 2 puntos, mientras que el crecimiento de Venezuela fue apenas de 0,6. Por otra parte, mientras que el gasto público de países como Argentina, Co-lombia y Cuba supera 70% del total, el Estado venezolano cubre solamente 40%. En térmi-nos per cápita, Venezuela es el que gasta me-nos en salud de todos los países mencionados. Para 2009, el gasto en salud del país se situaba en 275 dólares por persona. En Cuba fue de $623, en Argentina de $488, en Chile de $382 y en Brasil de 320 dólares.

54. Sistema de ambulancias de Min-Salud cubre Distrito Capital, Vargas y Miranda. Correo del Orinoco, 27.04.12, pág. 2-1.

55. Entes del SNTA están trabajando articuladamente para prevenir consumo de drogas. Prensa Fundaribas, 16.08.12 [en línea]<http://www.fundaribas.gob.ve/paginaweb/index.php/noticias/nacionales/387-entes-del-snta-estan-trabajando-articuladamente-para-prevenir-consumo-de-drogas>

56. Sader calcula que 220 mil personas son adictas a drogas ilícitas. El Universal, 21.11.12 [en línea] <http://www.eluniversal.com/vida/121121/sader-calcula-que-220-mil-personas-son-adictas-a-drogas-ilicitas>

57. Ramón Filipino: Fundaribas realizó encuentro de Grupos de Ayuda Mutua Socialista (GAMS). Prensa Fundaribas, 19.12.12 [en línea] <http://www.fundaribas.gob.ve/paginaweb/index.php/noticias/nacionales/506-fun-daribas-realizo-encuentro-de-grupos-de-ayuda-mutua-socialista-gams>

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Derecho a la salud


Comportamiento del financiamiento público en saludEl financiamiento destinado al MPPS en la

Ley de Presupuesto 2012 fue de 18.496,2 mi-llardos de bolívares58. Esta asignación repre-senta un leve incremento nominal de 19% res-pecto a 2011, cuando la cifra fue de 15.459,1 millardos59. Asimismo, equivale a un aumento de 5% en términos reales, situación diferen-te a la del año pasado donde el presupuesto aumentó en 17% respecto a la inflación. En términos globales, las asignaciones al MPPS han venido decayendo, de 1,6% del PIB en 2008 a 1,4% del PIB en 2011, según lo re-gistra el propio Ministerio de Planificación y Finanzas en las leyes de presupuesto. De este presupuesto depende el sistema público de salud que transfiere el MPPS a los 24 es-tados del país, 12 de los cuales administran estos fondos de manera descentralizada. En diciembre de 2012 se conoció que la Ley de Presupuesto 2013 asignó al MPPS un total de 21.193,5 millardos de bolívares, lo que repre-senta un aumento nominal de 14,6% respecto a lo asignado en 2012.

El presupuesto en salud que maneja el MPPS y los gobiernos estadales, no es el único gasto que hace el Estado en materia sanitaria. El gasto público total en salud o gasto sectorial en salud, según cálculos publicados por Silvia Salvato con base en cifras oficiales, se encuentra por el orden de 3% del PIB. Por lo tanto, las otras asignacio-nes que el Estado hace, tienen un tamaño equiva-lente al presupuesto del sistema público de salud en su conjunto. El análisis de su desagregación, de acuerdo con los datos de 2009 que aporta Sal-vato, indica que 17,2% se destina a prestaciones de salud, pagadas a través de diversas partidas presupuestarias de las instituciones de la admi-nistración pública; 19,4% a las contribuciones del Seguro Social, que corresponde pagar a los organismos públicos en su condición de patro-nos; 42,9% a los gastos de los servicios del sis-tema público de salud; y 20,6%, a la compra de servicios médicos privados para funcionarios. Antes, el Estado pagaba estos servicios a través de empresas aseguradoras privadas. En 2010 se creó un sistema de aseguramiento estatal, en el que los recursos se asignan a fondos autoadmi-nistrados por los organismos públicos.

58. República Bolivariana de Venezuela: Proyecto de Ley para el Ejercicio Fiscal 2011. Exposición de Motivos, pág. 132.

59. ONAPRE: Presupuestos 2009 y 2010, Exposición de Motivos.

Cuadro N° 1Comparaciones de gasto público en salud

entre países seleccionados Gasto total en salud Gasto del gobierno Gasto per cápita del gobierno

País (%PIB) (% gasto total en salud) en salud (US$)

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Argentina 7,4 9,5 71,3 88,4 435 488

Brasil 8,4 8,8 44.0 43,0 317 320

Chile 7,5 8,4 44,0 47,6 335 382

Colombia 5,9 7,6 83,9 71,1 266 278

Cuba 12,0 12,1 95,5 92,7 642 623

Venezuela 5,4 6,0 44,9 40,0 268 275

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011 y 2012.



Características del financiamiento público en saludEl financiamiento de la salud en Vene-

zuela presenta serios desequilibrios, desde el punto de vista de los objetivos que garantizan el derecho a la salud. En primer lugar, el fi-nanciamiento privado en salud sigue siendo mayor que el público, lo que demuestra que buena parte de la población paga los costos de atención de su propio bolsillo. En segun-do lugar, el financiamiento público destinado a los centros sanitarios de acceso gratuito ha ido decreciendo, mientras que ha subido el que se destina a los centros privados, en los que se paga para recibir atención. La expansión de las clínicas privadas se debe, por una parte, a una caída progresiva del financiamiento públi-co que deteriora los servicios; y por otra, a un mayor uso de este financiamiento por parte del

Cuadro N° 2Composición del gasto total en salud 1999-2010 (% PIB)

Año Gasto público en salud % Consumo individual Transferencias Gasto nacional PIB (1) hogares en salud % PIB (2) en salud de instituciones en salud privadas sin fines de lucro (2)

1999 2,5% 3,2% 0,2% 6,0%

2000 2,6% 3,0% 0,2% 5,9%

2001 3,0% 3,3% 0,2% 6,5%

2002 3,4% 3,2% 0,2% 6,8%

2003 2,5% 3,4% 0,2% 6,1%

2004 3,2% 3,0% 0,2% 6,3%

2005 2,6% 2,8% 0,1% 5,6%

2006 3,7% 2,9% 0,1% 6,8%

2007 4,5% 3,3% 0,1% 7,9%

2008 3,1% 3,0% 0,2% 6,3%

2009 2,5% 3,0% 0,2% 5,7%

2010 2,5% 3,0% 0,2% 5,7%

Promedio 3,0% 3,1% 0,2% 6,3%

Fuente: SALVATO, Silvia y Eduardo Añez: Financiamiento en salud. Integrar más que dividir. Ponencia pre-sentada en el Encuentro de Organizaciones Sociales. UCAB, marzo 2012. (1) Cifras SISOV. (2) Elaborado con base en cifras de BCV.

Estado para comprar servicios a los centros asistenciales privados.

Además, el financiamiento público es frag-mentado, al estar dividido en numerosos fondos y partidas de salud. Es insuficiente e ineficaz, de-bido a que no se asigna ni se ejecuta conforme a las necesidades de salud sino por cuotas fijas, que aumentan cada año en la misma propor-ción. Es por otro lado inequitativo, ya que 40% del gasto público protege preferencialmente a los funcionarios y a sus familiares, que repre-sentan 20% de la población y además están con-tabilizados dentro del 10% que es beneficiaria del IVSS. Con el 60% restante se financian las necesidades del otro 80% de la población, 60% de la cual no posee ningún seguro público ni privado. Por lo tanto, la mayoría debe buscar atención en los hospitales y ambulatorios públi-cos, o en las instituciones de salud no lucrativas.

184

Derecho a la salud


Al respecto, Salvato y Añez indican: “…con-trario a lo que dicta la Constitución, el finan-ciamiento de la salud en Venezuela ha sido fragmentado, insuficiente e inequitativo. Los problemas de fraccionamiento del sistema –agravados en los últimos años– y la ausencia de un modelo universal, efectivo y eficaz de atención a la salud, han creado fuertes dis-torsiones y limitaciones en lo que se refiere a cantidades, distribución y asignación de los fondos disponibles, trayendo como conse-cuencia un grave debilitamiento de los servi-cios que presta el sector público y el aumento del gasto de los hogares en servicios del sec-tor privado60.

Sistema Público de SaludCondiciones generalesEn Venezuela, según cifras publicadas por

el MPPS, el sistema público de salud cuenta en la actualidad con 220 hospitales públicos (pe-diátricos, materno-infantiles, dermatológicos, oncológicos, cardiológicos y maternidades) en 19 estados del país61. Estos establecimientos concentran el 70% de las camas disponibles, calculadas en unas 19.026 en funcionamien-to62. Igualmente pertenecen a este sistema 557

ambulatorios públicos urbanos (307 del I nivel de atención63 y 250 del II nivel de atención y especialidades médicas64), así como un número indeterminado de centros rurales que prestan medicina básica o simplificada en poblados pe-queños o de difícil acceso. Actualmente, 40% de los hospitales y ambulatorios públicos están directamente administrados por el MPSS y 60% se encuentra bajo la administración descentrali-zada de 15 Gobernaciones de Estado. Por otro lado, el IVSS dispone de 21 hospitales en 14 estados del país, así como de 50 ambulatorios y 2 Centros Especializados en 21 estados65.

Un tercer sistema público está constituido por 3.524 módulos de atención primaria66 de la Misión Barrio Adentro, coordinados por la Mi-sión Médica Cubana, de los cuales más de 50% se encuentran inoperativos67, y 554 Centros de Atención Integral (CDI)68 que coordina la Fun-dación Barrio Adentro del MPPS. A este siste-ma también pertenecen 12 Clínicas Populares69, 581 Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y 33 Centros de Alta Tecnología (CAT)70. A nivel comunitario el MPPS reporta la existencia de 2.718 Comités de Salud (CS)71 que apoyan ac-tividades de promoción de la salud en los mó-dulos de atención primaria de Barrio Adentro.

60. SALVATO, Silvia y Eduardo Añez: Financiamiento en salud. Integrar más que dividir. Ponencia presentada en el Encuentro de Organizaciones Sociales (EOS). UCAB, marzo 2012.

61. MPPS: Memoria y Cuenta 2010, pág. 14.62. MPPS: Memoria y Cuenta 2011, pág. 81.63. Ídem, pág. 13.64. MPPS: Memoria y Cuenta 2010. pág. 14.65. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales [en línea] <http://www.ivss.gob.ve/Localizacion-Centros-

de-Salud>66. MPPS: Memoria y Cuenta 2008, pág. 13.67. Las cifras sobre la cantidad de módulos y sus actividades son reportadas por la Misión Médica Cubana. 68. MPPS: CDI número 554 ofrece instalaciones modernas con equipos de alta tecnología. 08.06.12. [en

línea]<http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1610:cdi-numero-554-ofrece-instalaciones-modernas-con-equipos-de-alta-tecnologia&catid=1:ultimas-no-ticas&Itemid=18>

69. MPPS: Memoria y Cuenta 2011, pág. 78.70. Ídem, pág. 271.71. Ídem, pág. 15.



Nº Categoría Número % de denuncias

1 Disponibilidad 554 52

2 Calidad 222 21

3 Accesibilidad 208 19

4 Aceptabilidad 90 8

Total 1.074 100

Fuente: Base de datos de Provea.

Cuadro N° 3Denuncias sobre el Sistema Sanitario

por criterios de desempeño

El sector privado de salud, por su parte, cuenta con 457 centros de salud lucrativos, que poseen 5.144 camas disponibles; 91% de éstos son clínicas y hospitales con menos de 60 camas y 36% están ubicados en el Distrito Capital. Se-gún datos aportados por el Dr. Pedro Del Mé-dico, en Venezuela existen cerca de 5.000 ins-tituciones privadas de salud lucrativas, de las cuales 400 pueden considerarse clínicas72. De éstas, 207 están afiliadas a la AVCH73.

Denuncias sobre la situación del Sistema Público de SaludEn 2012, las denuncias registradas en la

base de datos de Provea sobre los problemas que enfrenta la población en los centros de salud, fueron cuatro veces más altas que en el año anterior. El número de denuncias pasó de 245 entre octubre 2010 y octubre 2011, a 1.074 entre los meses de enero y diciembre de 2012. 90% de estas denuncias procedieron de los centros asistenciales públicos y 84% de los establecimientos hospitalarios. Continuaron las denuncias sobre la falta de insumos básicos y medicamentos, el insuficiente personal médi-co y el mal estado de la infraestructura, en los cuales se concentró el 50% de las denuncias reportadas en 2011. Pero adicionalmente en el 2012, subieron de manera significativa las de-nuncias relacionadas con la escasez de insumos médico-quirúrgicos y la falta de equipos médi-cos. En este sentido, las garantías del derecho a la salud siguen severamente comprometidas por la pérdida cada vez mayor de la disponibi-lidad de servicios de salud financiados por el Estado, los cuales han dejado de operar o han suspendido sus programas de atención por falta de médicos, insumos de toda clase y equipos.

72. David Fernández: Aplicarán baremo de precios a todas las instituciones sanitarias privadas del país. Agencia EFE. 21.07.11. [en línea] <http://economia.noticias24.com/noticia/70950/aplicaran-baremo-de-precios-a-todas-las-instituciones-sanitarias-privadas-del-pais>

73. AVCH, Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. [en línea] <http://www.avch.org.ve/directorio>

En el caso particular de los hospitales, se produjo un aumento de 400% en el nú-mero de denuncias y éstas se distribuyeron más uniformemente en una mayor cantidad de aspectos. Los que fueron objeto de ma-yores de denuncias este año fueron la falta de insumos médico-quirúrgicos, de equipos operativos y de camas, así como las obras inconclusas, la insalubridad, el cierre de servicios y la insuficiencia presupuesta-ria. En el caso de los ambulatorios y los Centros de Atención Integral (CDI), las de-nuncias subieron en 150% y, al igual que en los hospitales, comprendieron un gran número de aspectos, entre los cuales son relevantes: la falta de mantenimiento, los problemas con aguas servidas, la insalubri-dad, las fallas en el suministro de agua, las obras inconclusas, el cierre de servicios, la insuficiencia presupuestaria y la falta de personal de enfermería.

Debilidades reportadas por el MPPSLas denuncias recogidas en la base de da-

tos de PROVEA coinciden con las debilidades reportadas por el MPPS y las Gobernaciones

186

Derecho a la salud


Nº Problema denunciado Número de denuncias Oct. 2010 - Oct. 2011 Ene. - Dic. 20121 Falta de insumos básicos y medicamentos 57 1302 Falta de personal médico 37 893 Problemas de infraestructura 25 614 Fallas en el aire acondicionado 21 455 Falta de insumos médico quirúrgicos 13 856 Mal estado de ambulancias o falta de disponibilidad 14 537 Mala praxis médica 9 348 Inseguridad 10 259 Falta de equipos médicos u obsoletos 11 8210 Falta de mantenimiento 4 6111 Obras inconclusas 7 5812 Falta de camas o hacinamiento 4 5713 Aguas servidas 6 1214 Fallas de electricidad 4 2315 Insalubridad 3 4516 Malos tratos por parte del personal de salud 3 1617 Cobro o solicitud de insumos 2 5018 Cierre de servicios 2 3519 Falta de agua 2 3020 Insuficiencia presupuestaria 2 4021 Falta de personal de enfermería 3 3422 Horario incompleto de prestación de servicios 1 9 Total 245 1.074

Fuente: Base de datos de Provea. Ver pie de página 1.

Cuadro N° 4Denuncias sobre problemas en hospitales, ambulatorios y CDI

de Estado, entre los que destacan74: la ausencia de una organización integrada del sistema; las deficiencias en materia de abastecimiento de in-sumos; los recurrentes recortes de presupuesto; el amplio déficit de personal médico; la escasez de vacunas y medicamentos; las limitaciones de espacio por los retrasos en la conclusión de obras; y los impedimentos para la prevención y la vigilancia epidemiológica por la falta de me-dios de transporte. El MPPS señala también en sus indicadores hospitalarios una abrupta caí-da del porcentaje de ocupación de camas hos-

pitalarias entre los años 2010 y 2011 -de 71% a 59%, así como de personas atendidas en las áreas de emergencia de los hospitales públicos –de 23.284 a 18.740. Este significativo descen-so, más que indicar una mejora en las condicio-nes de salud, es otra señal de los graves proble-mas que presentan los hospitales.

Déficit de atención hospitalariaLa ONG Convite publicó en 2012 un es-

tudio sobre la ocurrencia de muertes innece-sarias, prematuras y sanitariamente evitables

74. MPPS. Memoria y Cuenta 2011.



Nº Problema denunciado Número de denuncias Oct. 2010 - Oct. 2011 Ene. - Dic. 2012 N° % N° %

1 Falta de insumos básicos y medicamentos 43 24 109 12

2 Falta de personal médico 25 14 77 9

3 Problemas de infraestructura 14 8 47 5

4 Fallas en el aire acondicionado 14 8 36 4

5 Falta de insumos médicos quirúrgicos 13 7 78 9

6 Mal estado de ambulancias o no disponibilidad 11 6 23 3

7 Mala praxis médica 9 5 50 6

8 Inseguridad 7 4 20 2

9 Falta de equipos médicos u obsoletos 6 3 75 8

10 Falta de mantenimiento 4 2 48 5

11 Obras inconclusas 4 2 46 5

12 Falta de camas o hacinamiento 4 2 57 6

13 Aguas servidas 4 2 17 2

14 Fallas de electricidad 3 2 8 1

15 Insalubridad 3 2 35 4

16 Malos tratos por parte del personal de salud 3 2 16 2

17 Cobro o solicitud de insumos 2 1 43 5

18 Cierre de servicios 2 1 32 4

19 Falta de agua 2 1 22 2

20 Insuficiencia presupuestaria 2 1 34 4

21 Falta de personal de enfermería 2 1 27 3

22 Horario incompleto de prestación de servicios 1 1 5 1 Total 178 100 905 100


Cuadro N° 5Denuncias sobre problemas en hospitales públicos

(MIPSE) a través del seguimiento a la pren-sa nacional y local. Las MIPSE son aquellas muertes en las que las personas hubieran podi-do ser salvadas si el sistema sanitario hubiera intervenido en forma oportuna y adecuada. En este estudio se encontró que en 2011 se habían denunciado 279 MIPSE en nueve estados del país (87% por “ruleteo” o ir a varios centros

de salud sin obtener atención, 23% por trasla-do a un centro de salud fuera del estado, 17% por falta de atención médica oportuna, una vez ingresado al establecimiento, 19% por causas asociadas a los actos médicos y 2% por con-taminación bacteriana dentro de las unidades de atención). 91% de las MIPSE ocurrieron en centros de salud públicos75.

75. Convite AC: Muertes Sanitarias en Venezuela. Estudio de denuncias sobre muertes producidas por fallas del siste-ma sanitario con base en registros de prensa 2008 y 2011 [en línea] <http://www.conviteac.org.ve/publi.php?tit=Muertes%20Sanitarias%20en%20Venezuela%202008%20y%202011&in=238>

188

Derecho a la salud


Nº Problema denunciado Número de denuncias Oct. 2010 - Oct. 2011 Ene. - Dic. 2012 N° % N° %

1 Falta de insumos básicos y medicamentos 14 21 21 12

2 Falta de personal médico 12 18 12 7

3 Problemas de infraestructura 11 16 14 8

4 Fallas en el aire acondicionado 7 10 9 5

5 Falta de insumos médicos quirúrgicos 3 4 7 4

6 Mal estado de ambulancias o no disponibilidad 4 6 11 7

7 Mala praxis médica 0 0 3 2

8 Inseguridad 5 7 5 3

9 Falta de equipos médicos u obsoletos 3 4 7 4

10 Falta de mantenimiento 3 4 13 8

11 Obras inconclusas 2 3 11 7

12 Falta de camas o hacinamiento 0 0 1 1

13 Aguas servidas 1 1 6 4

14 Fallas de electricidad 0 0 4 2

15 Insalubridad 0 0 10 6

16 Malos tratos por parte del personal de salud 1 1 0 0

17 Cobro o solicitud de insumos 0 0 3 2

18 Cierre de servicios 0 0 7 4

19 Falta de agua 0 0 8 5

20 Insuficiencia presupuestaria 0 0 6 4

21 Falta de personal de enfermería 0 0 7 4

22 Horario incompleto de prestación de servicios 1 1 4 2 Total 67 100 169 100


Cuadro N° 6Denuncias sobre problemas en ambulatorios públicos y CDI

A través de un reportaje realizado por El Universal sobre varios hospitales de la capital, se encontró que en un hospital público de Ca-racas la espera por cama puede tomar 15 días y para una operación el promedio de espera es de tres meses. En la Maternidad Concepción Palacios existen nueve médicos intensivistas cuando debería haber 14; en el Hospital Clí-nico Universitario no hay suficientes médicos residentes en la emergencia; en el Hospital Pé-

rez de León sólo hay un médico residente en medicina interna y debería haber ocho; en el Hospital de Coche el déficit de médicos es casi de 50% y la falta de personal de enfermería sólo permite utilizar tres de seis camas en la unidad de cuidados intensivos; en el Hospital J. M. de los Ríos se necesitan 12 intensivistas y sólo trabajan seis. Además en este hospital faltan hematólogos, anestesiólogos, oncólo-gos y pediatras76. En otro estudio realizado por

76. Javier Brassesco: A 5.713 camas asciende el déficit en la capital. El Universal, 19.08.12 [en línea] <http://www.eluniversal.com/caracas/120819/a-5713-camas-asciende-el-deficit-hospitalario-en-la-capital>



Falta de integración de los organismos de salud por no aprobación de la Ley de Salud y no existencia del Sistema Público Nacional de Salud.

Dificultades en la rectoría en el contexto de un sistema de salud fragmentado.

Ausencia de Normas de Clasificación de establecimientos que integre y homologue los establecimientos del Primer Nivel de atención de la Red Convencional y de Barrio Adentro, que sustituya la ya caducada clasificación de 1983.

Ausencia de información relacionada con las condiciones, características y funcionamiento de los establecimientos del primer nivel de atención.

Debilidades en los canales de comunicación y flujo de información tanto central y regional para la gestión efectiva y evaluación del impacto de las actividades realizadas.

Ausencia de información relacionada con las condiciones, características y consumo de insumos en la red ambulatoria convencional.

Ausencia de manuales de procedimientos para la gestión de suministros de insumos tanto del nivel central y regional.

Debilidades en los canales de comunicación y flujo de información tanto central y regional para la gestión efectiva y evaluación del impacto de las actividades realizadas.

Aumento del tiempo requerido en la ejecución de las compras debido a la gestión de transferencias presupuestarias por discrepancias en las partidas aprobadas y lentitud en los procesos administrativos.

Disponibilidad presupuestaria insuficiente para cubrir la demanda total de insumos requeri-dos por la red ambulatoria adscrita al Ministerio de Salud.

Ausencia de un plan de suministro integrado para el Sistema Público Nacional de Salud.

Reconducción presupuestaria que aumentan los déficits de recursos para el funcionamiento de programas y servicios.

Insuficiencias en las partidas de gastos de funcionamiento.

Elevación de costos de materiales médico-quirúrgicos y productos farmacéuticos, conside-rando que la mayoría son importados.

Amplio déficit de médicos residentes, especialistas, técnicos y enfermeras en ambulatorios urbanos y hospitales. Las áreas con mayor déficit de especialistas son: Anestesiología, Neonatología, Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, Cardiología Infantil, Bioanalistas, Hemodinamia, Rehabilitación, Urología y Radiología.

Elevada cantidad de ambulatorios rurales sin médicos.

Gran número de empleados y obreros en condiciones de jubilación e incapacidad.

Limitación para cumplir los compromisos laborales en los diferentes niveles de atención.

Cuadro N° 7Obstáculos reportados por el MPPS y estados en la gestión del sistema público de salud

Organización del Sistema

Gestión de Insumos

Presupuesto

Personal

190

Derecho a la salud


Espacios físicos limitados para la atención, por remodelación de infraestructura en algunos centros hospitalarios y ambulatorios.

Servicios Escasa dotación de insumos básicos y médico-quirúrgicos, medicamentos e inmo-biliario en los establecimientos de salud.

Obsolescencia y descomposición de equipos médicos en los establecimientos de salud.

Déficit de material biológico que provocó la reducción de la cobertura de inmunizaciones para las vacunas de rotavirus, antimarílica, pentavalente, BCG y antipolio oral.

Extensión territorial, malas condiciones de las vías y difícil acceso a zonas rurales.

Déficit de vehículos en Distritos Sanitarios y programas de salud para realizar penetracio-nes, supervisiones y visitas, ejecutar actividades de vigilancia y control epidemiológico, y resolver los problemas de salud comunitarios.

Continuación Cuadro N° 7Obstáculos reportados por el MPPS y estados en la gestión del sistema público de salud

Infraestructura

Prevención y vigilancia epidemiológica

Fuente: MPPS. Memoria y Cuenta 2011

la ONG Convite sobre la equidad sanitaria, y publicado en septiembre de 2012, se visitaron 356 centros asistenciales en el Distrito Capi-tal y los estados Vargas y Miranda, donde se entrevistó a 3.034 usuarios y 359 trabajadores de la salud77. En este estudio se hallaron las siguientes debilidades de los centros de aten-ción sanitaria:

• 62% presentan problemas generales de infraestructura. Además, 40 centros se en-contraban en reparación y 69 presentaban necesidades de ampliación.

• 39% tenían problemas de suministro de agua potable, 26% de electricidad y 28% de iluminación. En 22% se planteaba que la disposición de desechos sólidos era in-suficiente y 8% no poseía ningún sistema de disposición. En 27% de los centros la recolección de desechos era deficiente y en 36% faltaban materiales de limpieza.

• 51% no contaba con servicios de alimen-tación y 57% tampoco con comedores para el personal. Además, 46% no tenía teléfonos públicos, 28% no poseía servicio de seguridad y en 27% de los centros este servicio era deficiente.

• 47% reportó déficits de vacunas, 37% pre-sentaba deficiencias de insumos básicos. En 35% existían fallas de medicamentos y en 25% se reportó que faltaban guantes y mascarillas.

• 53% no posee ambulancias, 23% no cuenta con camillas y en 21% de los centros éstas son insuficientes.

• 40% de los hospitales públicos reportó tener quirófanos en funcionamiento y para 63% el número de camas disponible es insufi-ciente. En cambio, 61% de las clínicas pri-vadas contaba con quirófanos operativos.

77. Convite AC: Equidad en salud. Resultados de evaluación de centros de salud (septiembre 2012). Observancia y exigibi-lidad comunitaria de la equidad y la participación en el derecho a la salud [en línea] <http://www.conviteac.org.ve/publi.php?tit=Observancia%20y%20Exigibilidad%20Comunitaria%20de%20la%20Equidad%20y%20la%20Participaci%C3%B3n%20en%20el%20Derecho%20a%20la%20Salud&in=236>



• 65% de los trabajadores de salud no se encuentran amparados por contratación colectiva, 58% manifestaron que la liber-tad gremial y sindical es restringida, 50% expresaron que los sueldos son insuficien-tes, 25% opinaron que falta formación. En 16% de los centros se había retirado per-sonal en el último año, siendo mayor en el caso de enfermeras (56%) que en el de médicos (34%).

Desde 2009, la IV Encuesta de Gasto y Presupuesto Familiar levantada por el Ban-co Central de Venezuela (BCV) y el Insti-tuto Nacional de Estadística (INE) arrojó que 26,3% de la población había requerido servicios de salud en los últimos tres meses del año. Pese a que el sistema público de salud posee una mayor capacidad arquitec-tónica que las clínicas privadas, las perso-nas están acudiendo con mayor frecuencia a estas últimas y a los CDI, que a los hos-pitales y ambulatorios públicos. Según da-tos de la AVCH, el aumento de la demanda hacia las clínicas privadas mantiene a este sector en colapso. El director ejecutivo de la AVCH, Cristino García, afirmó que “38% de la población del país, más de 10 millones de personas, ha pasado a atender-se en las clínicas, cuando éstas deberían servir de apoyo a los hospitales y atender solo a 10 o 12% de la población. Esto im-plica un colapso porque el sector privado no tiene infraestructura para soportar tan-ta gente”78. En 1998, 5% de las consultas médicas se hacían en las clínicas privadas, hoy representan 38%, y más del 60% de la población no tiene los recursos económicos para encontrar auxilio en ellas.

78. Valentina Ovalles: Sector privado de salud colapsado. El Universal, 24.09.12 [en línea] <http://www.eluniversal.com/caracas/120924/sector-privado-de-salud-colapsado>

Establecimiento de salud % de personas

Clínica o consultorio privado 27

Centros de Diagnóstico Integral de Barrio Adentro 22

Hospital público 15

Ambulatorio 11

Servicio odontológico privado 6

Hospital del Seguro Social 6

Servicio odontológico de Barrio Adentro 5

Clínica popular 2

Servicio médico del trabajo 1

Jornada móvil de salud 1

Misión Milagro 0

Misión Sonrisa 0

Medicina no convencional 0

Otros 2

Fuente: BCV. IV Encuesta de Gasto y Presupuesto Familiar 2009.

Cuadro N° 8Asistencia a centros de salud

por tipo de establecimiento

Déficit de médicosLa reducción del número de médicos en el

sistema público de salud estaba en un rango de 30 a 50% hasta 2011. Éstos han ido renun-ciando a los servicios por los bajos salarios y la negativa del Estado a discutir nuevas con-trataciones colectivas. Además las vacantes en postgrados de medicina alcanzaban entre 25% y 30%, particularmente en las especialidades de Medicina Interna, Pediatría, Medicina Crítica, Neonatología, Psiquiatría, Nefrología, Obste-tricia y Ginecología, Traumatología, Cardiolo-gía, Gastroenterología y Neumonología.

Después que el Estado graduó a unos 8.000 Médicos Integrales Comunitarios (MIC) cur-santes del Programa Nacional de Formación

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Derecho a la salud


en Medicina Integral Comunitaria de la Es-cuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en convenio con Cuba, en 2012 éstos fueron incorporados a internados rotatorios en los cen-tros del sistema público de salud79. El MPPS pidió a los médicos de los hospitales evaluar el desempeño de estos médicos y apoyar su forma-ción en la práctica médica. En el Hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Ca-tia, los médicos entregaron al director del hos-pital un escrito en el que expusieron su preocu-pación por la falta de preparación de los MIC: “…tienen deficiencias en el diagnóstico de an-ginas, infartos, insuficiencias cardíacas, diabe-tes, apendicitis, traumatismos, entre otros”. La directora de la Escuela Vargas de Medicina de la UCV a su vez manifestó que “No es razona-ble que unos médicos que ya están graduados tengan que ser tratados como estudiantes. En los hospitales se está haciendo una mezcla de internado rotatorio con labor asistencial y eva-luación, como si fueran de pregrado”80. Al res-pecto, el decano de la Facultad de Medicina de la UCV dijo: “…esta formación de médicos fue hecha para hacer atención primaria en salud, que es la que hacen ambulatorios en la comu-nidad (…) para eso fue creado”81.

Desabastecimiento de medicamentosEl desabastecimiento de medicinas al-

canzó niveles críticos en todos los renglones farmacéuticos durante 2012. Desaparecieron

entre 20% y 25% de los medicamentos consu-midos en el mercado nacional y las farmacias y droguerías tuvieron fallas de inventario de hasta 15 días82. Dado que más de 70% de los medicamentos son importados, la situación de escasez se agudizó por la aplicación de nuevos controles y mayores restricciones en el acceso a las divisas y por los retrasos en las aduanas para la nacionalización de las medicinas, tan-to en sus presentaciones comerciales como en los principios activos que se usan para producirlas en el país83. La escasez fue esta vez más pronunciada en medicinas utilizadas para la diabetes, la epilepsia y los trastornos de la tiroides84, así como fallaron los analgési-cos, antibióticos y sueros85. En consecuencia, “las personas con diabetes debieron encargar compras a otros estados para cubrir la nece-sidad de dos inyecciones por día, con un costo de Bs. 100”86. Las personas con VIH, que reci-ben tratamientos antirretrovirales del MPPS87, y los pacientes psiquiátricos atendidos en 67 clínicas que dependen del financiamiento que les otorga el IVSS88, fueron sectores severa-mente afectados por el desabastecimiento.

Ante los continuos reportes de escasez, el Servicio Autónomo de Contraloría Sani-taria (SACS) del MPPS inició un operativo de inspección en farmacias y droguerías de todo el país para verificar y garantizar la distribución de los medicamentos. A pesar

79. Se integraron 316 médicos integrales al sistema público de salud de la entidad. Correo del Orinoco, 12.01.12, pág. 13. 80. Beatriz Cruz Salazar: En el Hospital José Gregorio Hernández firman un manifiesto. El Universal, 03.02.12, pág. 3-2. 81. Valentina Ovalles R.: Las fallas de presupuesto se reflejan en menos médicos. El Universal, 01.10.12.82. Falta de medicamentos se la pone difícil a diabéticos. Últimas Noticias, 19.01.12, pág. 2.1.83. Lexander Loaiza Figueroa: Reportan hasta 25% de escasez de remedios. Últimas Noticias, 26.01.12, pág. 2.1 84. Andreína Castillo: Medicamentos para la diabetes y la tiroides siguen agotados. El Aragüeño, 27.05.12. 85. Lexander Loaiza Figueroa: Reportan hasta 25% de escasez de remedios. Últimas Noticias, 26.01.12, pág. 2.1 86. Falta de medicamentos se la pone difícil a diabéticos. Últimas Noticias, 19.01.12.87. Oscar Medina: Tanto por hacer. El Universal, 29.01.12 [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-

politica/120129/vih-tanto-por-hacer>88. Delia Meneses: Falta de medicamentos complica cuadros de pacientes psiquiátricos. El Universal, 30.01.12, pág. 3-5.



del trabajo del SACS, la escasez continuó durante todo el año89.

Las Cámaras de Farmacia reportaron que los funcionarios de las aduanas no acataban las especificaciones del MPPS: “La aduana tiene una interpretación propia de las cosas. Ella parece que no respetara al Ministerio de Salud, que es quien emite los registros farmacéuticos. Cuando llega un producto al país ellos (la aduana) no pueden interpretar si es alimento u otra cosa, ellos tienen que acatar la disposición del Ministerio”. Por otra parte, fueron suspendidos códigos aran-celarios de componentes de medicamentos que no se producen en el país y la Sundecop comenzó la regulación de precios a todas las medicinas, sin consultar a los productores ni revisar las estructuras de costos90. Tam-bién se manifestaron retrasos en los permi-sos otorgados por la Dirección de Drogas y Cosméticos del Servicio Autónomo de Con-traloría Sanitaria del Ministerio de Salud. El presidente de la Cámara Nacional de Medi-camentos Genéricos y Afines, Jorge Rivas, solicitó al MPPS agilizar los procesos de control de medicamentos91.

Restricciones de acceso a la información hospitalariaEn varios casos se reportaron prácticas de

obstaculización al ejercicio de la denuncia por parte de familiares, trabajadores de la salud y organizaciones de base; y la negación de ac-ceso de los medios de comunicación social a

los centros hospitalarios para obtener informa-ción. En estas acciones participaron vigilan-tes privados, policías nacionales y estadales, Milicias Bolivarianas, Consejos Comunales y Brigadas de Salud, quienes cumplen funcio-nes de custodia de los hospitales para asegurar las instalaciones, equipos e insumos. Como lo reporta el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) en 2012 se documentaron diez ca-sos de limitaciones a la cobertura informativa de los medios en centros hospitalarios. En dos de estos casos se produjeron detenciones ar-bitrarias de periodistas, y en uno se destruyó equipo y material informativo.

Prevención, control y tratamiento de enfermedades

El MPPS hace seguimiento a 73 enfer-medades de notificación obligatoria, cu-yas cifras se publican semanalmente en el Boletín Epidemiológico. Durante 2012 se atendieron 62 millones de personas en los establecimientos de salud del país, afecta-das en mayor proporción por infecciones respiratorias agudas en la población menor de siete años (3.266.482), amigdalitis aguda (2.078.699), fiebre (1.487.792), rinofaringitis aguda (1.247.350), diarreas en niños de cin-co años y más (1.048.577), bronquitis aguda (953.984) y bronquiolitis aguda en menores de dos años (70.741). Entre estas afecciones, destaca el aumento de las amigdalitis y las bronquitis agudas, que subieron en 28% y 22% respectivamente, entre 2011 y 2012.

89. MPPS inspecciona distribución de medicamentos para diabéticos. Ciudad CCS, 08.02.12 [en línea] <http://www.ciudadccs.info/?p=258864>

90. Ender Marcano: Denuncian que aduana retrasa el suministro de medicamentos. El Universal, 04.01.12 [en lí-nea] <http://www.eluniversal.com/economia/120104/denuncian-que-aduana-retrasa-el-suministro-de-medicamentos>

91. Maidolis Ramones Servet: Desaparecieron los medicamentos para pacientes diabéticos. Panorama, 10.02.12, pág. 2.

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Asimismo, durante 2012 tuvieron signi-ficativos repuntes los brotes de tosferina, cu-yos casos aumentaron en 92%, así como se elevaron los casos sospechosos de sarampión (37%), rubéola (23%) y la hepatitis B (9%), que constituyen enfermedades prevenibles por vacuna. También aumentaron los casos del dengue en 56% (4% de tipo hemorrágico); las enfermedades producidas por el meningococo (meningitis o sepsis meningocócica) en 50%, y la meningitis bacteriana en 22%. Además se incrementaron en proporciones relevantes las enfermedades causadas por vectores (moscas y mosquitos) como la leishmaniasis (36%), la leptospirosis (24%) y la tuberculosis (5%) que afecta los pulmones. Igualmente siguieron aumentando los casos de infección por VIH (12,5%) y el número de personas con enfer-medades asociadas al VIH/Sida (18%).

Desde 2011 tiene presencia en Venezue-la la gripe AH1N1. En 2011 se reportaron 15.872 casos de influenza, de los cuales 43 fueron confirmados de AH1N1. En 2012 se notificaron otros 13.167 casos de influenza, confirmando 14 de AH1N1. No obstante, a fi-

nales de 2012, el MPPS admitió la existencia de casos significativos de un nuevo brote de influenza estacional AH3N2. De acuerdo con los datos aportados por la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, el virus fue adquirido por 565 personas generando un in-cremento de 56% en el número de casos92.

VacunaciónEl Programa Ampliado de Vacunación

(PAI) del MPPS ha presentado en los últimos años una reducción preocupante de sus capaci-dades para alcanzar los estándares internacio-nales de vacunación, los cuales deberían estar cercanos a 95% de cobertura de las poblaciones objetivo. De acuerdo a lo recogido por las Aler-tas Epidemiológicas de la Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, en el país existen elevados porcentajes de municipios con bajas coberturas de vacunación según las esta-dísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En particular “45 municipios tienen coberturas muy bajas, en los estados Barinas, Monagas, Delta Amacuro, Guárico, Táchira, Amazonas y Portuguesa…”93.

92. Influenza en Venezuela 2011 y primera semana de 2012. Alerta Epidemiológica Nº 221. Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, 28.01.12. Pág. 2.

93. Sarampión Importado. Alerta Epidemiológica Nº 232. Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela, 22.05.12.

Cuadro N° 9Casos de enfermedades de notificación obligatoria (2001 y 2012)

Enfermedades Nº casos Peso % Variación % 2011 2012 2011-2012

Infecciones respiratorias agudas (no específicas) 3.160.339 3.266.482 5,3 3,4

Amigdalitis aguda 1.624.284 2.078.699 3,4 28,0

Fiebre 1.246.136 1.487.792 2,4 19,4

Rinofaringitis aguda 1.211.304 1.247.350 2,0 3,0

Diarreas en niños de cinco años y más 988.824 1.048.577 1,7 6,0

Bronquitis aguda 779.473 953.984 1,5 22,4

Bronquiolitis aguda en menores de dos años 62.653 70.741 0,1 12,9

Fuente: MPPS. Boletín Epidemiológico Nº 52, del 23 al 29 de diciembre de 2012.



El total de dosis aplicadas entre 2005 y 2010 cayó en 32%, debido principalmente al descenso de la producción de vacunas en el país, situación sobre la cual llamaron la aten-ción el Dr. José Félix Oletta, de la Red de Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezue-la, y el Dr. Jorge Díaz Polanco, del Observa-torio Venezolano de Salud (OVS), quienes se-ñalaron que el número de vacunas producidas por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” descendió en 96% durante la última década, pese a que el Estado financió la cons-trucción de una planta que hasta 2012 no había sido inaugurada. “En 1998 la institución produ-jo 7,5 millones de dosis inmunizadoras contra enfermedades como tétanos, difteria, hepatitis y rabia, entre otras. En 2011 fueron produci-dos sólo 213.000 biológicos, como consta en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Salud”94.

En un año el número de dosis de vacu-nas aplicadas aumentó apenas 10% –de 16.718.832 en 2010 a 18.372.248 en 2011–, de acuerdo con los datos publicados por el MPPS en su Memoria y Cuenta del 2011. Este leve aumento no logró frenar nuevas caídas en las dosis de las vacunas Antihe-patitis B y Antineumococo (que protege de neumonía, otitis y meningitis, entre otras enfermedades), ambas con una reducción de 14%. Tampoco detuvo el descenso de las dosis aplicadas de la vacuna Pentavalente(la cual previene enfermedades como la difte-ria, la tos ferina, el tétanos, la hepatitis B y las infecciones que produce la haemophilus influenzae tipo B), con un descenso de 2%; y las dosis de la vacuna Trivalente Viral, la cual protege del sarampión, las paperas y la rubéola, que bajó en 1%.

94. L.M.G: Denuncian descenso en producción de vacunas. El Nacional, 29.08.12, pág. C-3.

Cuadro N° 10Enfermedades de notificación obligatoria (2001 y 2012)

Enfermedades Nº casos Variación % 2011 2012 2011-2012

Tosferina 621 1.192 91,9

Dengue 30.172 47.113 56,1

Enfermedad meningocócica 20 30 50,0

Sarampión sospechoso 286 391 36,7

Dengue hemorrágico 1.419 1.931 36,1

Leishmaniasis 1.057 1.441 36,3

Meningitis meningocócica 32 41 28,1

Leptospirosis 328 406 23,8

Rubéola sospechosa 571 700 22,6

Meningitis bacteriana 474 577 21,7

Enfermedad por VIH/Sida 1.644 1.942 18,1

Infecciones de VIH 1.446 1.627 12,5

Hepatitis tipo B 1.092 1.200 9,9

Hepatitis tipo A 3.492 3.803 8,9

Hepatitis no específica 8.033 8.549 6,4

Tuberculosis 3.292 3.449 4,8

Fuente: MPPS. Boletín Epidemiológico Nº 52, del 23 al 29 de diciembre de 2012.

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Derecho a la salud


95. MPPS: Memoria y Cuenta 2011, pág. 164.

Cuadro N° 11Dosis de vacunación aplicadas (2010 y 2011)

Tipo de vacuna Variación 2010 2011 Variación 2005-2010 2005-2010

Triple Bacteriana (difteria, tosferina y tétanos) -75 144.579 212.193 47

Antipolio oral -37 2.125.773 2.235.745 5

Antihepatitis B -40 2.933.067 2.514.032 -14

Antihaemophilus/Influenzae tipo B -96 - - -

Pentavalente 49 2.079.159 2.045.086 -2

Trivalente Viral (sarampión, paperas y rubéola) 35 887.532 876.676 -1

Antimarílica (fiebre amarilla) -91 527.860 609.051 15

Toxoide -30 - 3.706.221 -

BCG (tuberculosis) 4 558.680 572.912 3

Antisarampión/Rubéola -87 - - -

Antirrotavirus 181 660.081 839.482 27

Antimeningocócica 129 - 2.069 -

Td (adulto) 549 - - -

Antinfluenza (gripe) 881 2.655.025 4.196.025 58

Antineumococo 23 Valente -10 280.044 239.678 -14

AH1N1 - 90.376 323.078 257

Totales -32 16.718.832 18.372.248 10

Fuente: MPPS. Memoria y Cuenta 2011.

Aumentaron en cambio las dosis de la Antinfluenza o vacuna contra la gripe, que se incrementó en 58%; las de Triple Bacteriana, que protege contra la difteria, la tosferina y el tétanos, subiendo a 47%; las de la vacuna An-tirrotavirus, para prevenir las diarreas graves que produce la gastroenteritis, aumentando en 27%; y las de Antimarílica o vacuna con-tra la fiebre amarilla, que se incrementó en 15%. Además se aplicaron 3.706.221 dosis de Toxoide, 2.069 dosis de la vacuna Antime-ningocócica y se aumentaron las dosis de la vacuna contra la AH1N1 de 90.376 a 323.078.

En cuanto a las coberturas de vacunación, se mantuvieron los mismos porcentajes alcan-zados hasta 2010, los cuales se encuentran por debajo de las metas recomendadas internacio-nalmente. Además, el aumento de 10% en las

cantidades de dosis de vacunas aplicadas no significó un mayor número de población ob-jetivo vacunada, de acuerdo con el esquema obligatorio que debe cumplir el PAI todos los años. Por el contrario, bajó el porcentaje de vacunación de la BCG (contra la tuberculosis y la meningitis), que se les coloca a todos los bebés recién nacidos; disminuyeron también las coberturas de la vacuna Antirrotavirus, que deben recibir todos los niños menores de un año, y la Triple Viral, la cual necesitan to-dos los niños que hayan cumplido un año. No obstante, el MPPS reportó en su Memoria y Cuenta 2011 que en los operativos de vacuna-ción durante ese año se había priorizado la po-blación ubicada en municipios que registraron coberturas menores de 80% en 2010, a fin de iniciar o completar sus esquemas95.



Esquemas Grupo de edad

Cuadro N° 12Porcentaje de personas vacunadas (2010 y 2011) según esquema nacional obligatorio

Vacuna % Personas % Personas vacunadas 2010 vacunadas 2011

BCG 92% 90%

Hepatitis B 73% 73%

Antinfluenza 14% 16%

Antirrotavirus 48% 47%

Pentavalente 77% 78%

Antipolio oral 73% 75%

Antimarílica 47% 48%

Triple Viral 79% 78%

Antinfluenza 16% 16%

Antineumococo 10% 12%

Toxoide tetánico y diftérico 32% 34%

Antihepatitis B - -

Menores de 1 año

Esquema para Niños de 1 año

Esquema del Niño, Adolescente, Adulto y Adulto Mayor

Fuente: Fuente: MPPS. Memoria y Cuenta 2010 y 2011.

Esquema Básico Recién nacido para Niños menores de 1 año

Estados 2011 % 2012 % Situación del año

Amazonas 3.162 6,9 4.706 9,2 Seguridad

Anzoátegui 43 0,1 61 0,1 Éxito

Apure 35 0,1 54 0,1 Seguridad

Barinas 6 0,0 2 0,0 Seguridad

Bolívar 39.300 85,8 44.150 86,5 Epidemia

Carabobo 1 0,0 2 0,0 Epidemia

Delta Amacuro 2.013 4,4 922 1,8 Alarma

Guárico 8 0,0 7 0,0 Seguridad

Monagas 82 0,2 23 0,0 Éxito

Sucre 1.022 0,0 988 0,0 Seguridad

Táchira 0 2,2 1 1,9 Seguridad

Zulia 152 0,3 134 0,3 Seguridad

Total 45.824 100,0 51.050 100,0

Fuente: MPPS. Boletín Epidemiológico Nº 52, del 23 al 29 de diciembre de 2012. Pág. 16.

Cuadro N° 13Estados con casos de malaria (2011 y 2012)

Malaria

La malaria o paludismo –enfermedad pro-ducida por parásitos del género Plasmodium– alcanzó la cifra record de 51.050 casos en 2012, lo que representa un aumento de 11% respecto a 2011, cuando ocurrieron 45.824 casos. Unos

1.524 casos de los reportados en 2012 fueron importados de Colombia y Guyana. La entidad del país más afectada por la malaria sigue sien-do el estado Bolívar, en el cual están concen-trados 96% de los casos, así como los estados Amazonas y Delta Amacuro, los cuales presen-tan las incidencias parasitarias más elevadas

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Derecho a la salud


del país. Durante 2012, los estados Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Sucre, Táchira y Zulia se consideraron en condiciones de “seguridad”, mientras que el estado Bolívar estuvo todo el año en condiciones de “epidemia”96.

Los boletines epidemiológicos del MPPS no reportan cifras de personas fallecidas por malaria, aunque la Red de Sociedades Científi-cas Médicas de Venezuela reportó en su Alerta Epidemiológica Nº 231 que entre 2000 y 2009 fallecieron 215 personas por esta causa. Esto se considera una falla grave de la vigilancia epide-miológica: “El Boletín Regional de Malaria da cuenta de un solo fallecido, pero un experto del estado Bolívar denunció que durante el mes de marzo de 2010, ocho indígenas fallecieron por paludismo en el Alto Caura, casos que no fueron contabilizados por las autoridades locales”97.

Durante una década, entre 1992 y 2003, los casos de malaria se mantuvieron por debajo de los 20 mil al año. A partir de 2004 aumentó a 30 mil casos, subiendo hasta 40 mil en 2010, sin disminuciones significativas hasta el pre-sente. Las causas que ha recogido la Red de Sociedad Científicas Médicas de Venezuela en documentos técnicos oficiales, nacionales e internacionales, son las siguientes:

1. Insuficiente personal profesional, técni-co y operativo con formación en el área malárica.

2. Cambios climáticos que incrementan los vectores de transmisión de la enfermedad.

3. Elevado desplazamiento de población ha-cia áreas de exploración y explotación mi-nera de difícil acceso.

4. Actividades de vigilancia epidemiológica incompletas y evaluaciones inconsistentes.

5. Deterioro generalizado de los medios de transporte para la vigilancia, prevención y control de la malaria.

6. No ejecución del Programa de Promoción y Educación para la Salud Ambiental en las áreas de transmisión.

7. Fallas en la administración y dosificación de los tratamientos antimaláricos.

8. Falta de asignación de recursos para planes y programas de atención a enfermedades vectoriales.

Salud materno infantilEn 2012, aumentaron de forma preocu-

pante las muertes infantiles y se mantuvie-ron sin cambios las maternas. Los Boletines Epidemiológicos del MPPS revelan que los casos de muertes maternas siguen ocurriendo sin variaciones significativas en el país, pese a los esfuerzos que hacen las maternidades públicas y privadas. Se produjeron 377 casos en 2011 y 368 en 2012. La gran cantidad de embarazos sin controles prenatales es una de las principales causas de estas muertes. La mayoría de las muertes maternas sucedieron en mujeres de 20 a 29 años de los estados Zulia, Distrito Capital, Bolívar, Carabobo, Anzoátegui y Aragua. Las muertes infantiles, en cambio, aumentaron en 19%. De 5.878 casos en el 2011, subieron a 7.009, los ca-sos en 2012. Los Boletines Epidemiológicos señalan que la mortalidad neonatal (de 0 a 27 días) concentró 71% del total de las muertes infantiles, siendo sus principales causas la

96. MPPS: Boletín Epidemiológico Nº 52 del 23 al 29 de ddiciembre de 2012. 97. Continúa situación epidémica de la malaria en Venezuela. Alerta Epidemiológica Nº 231. Red de Sociedades

Científicas Médicas Venezolanas. 21.04.12. Pág. 5.



sepsis neonatal, la neumonía, la prematuridad y las enfermedades de la membrana hialina98.

La debilidad del sistema sanitario es una de las razones de estas muertes. En referen-cia a los recién nacidos que fallecieron en el Hospital General de San Cristóbal en el es-tado Táchira, el director del Hospital, Joel Contreras, afirmó que “…50% de los casos obedecieron a falta de controles médicos por parte de las madres; en 52% se evidenció que las madres no tuvieron una alimentación adecuada por lo que los niños nacieron con un peso menor a los dos mil 500 gramos, y en 25% de esos casos las madres eran adoles-centes o señoras de edades en las cuales los embarazos son riesgosos”99.

Por otro lado, la alta frecuencia de muer-tes de neonatos obedece al déficit de médi-cos especialistas en cuidados neonatales, así como al mal estado y hacinamiento de áreas de neonatología de los hospitales públicos. En agosto de 2012, la diputada regional del estado Táchira, Nellyver Lugo, denunció que las muertes de recién nacidos en el Hospital General de San Cristóbal habían aumentado en más de 100% (de 116 a 237 casos) durante el lapso de un año. De acuerdo a las investi-gaciones efectuadas, se determinó que “…los laboratorios bacteriológicos y las áreas de aislamiento no funcionan de la manera ade-cuada, por lo que las condiciones no son las más aptas para atender a los pacientes. Dijo además que existe hacinamiento en las áreas infantiles (…). Lugo apuntó que (…) no exis-ten neonatólogos suficientes para atender la demanda del principal centro de salud del es-tado Táchira, que además atiende a personas

de Barinas, Alto Apure, Mérida, Sur del Lago de Maracaibo y del Departamento Norte de Santander de Colombia”100.

Salud y VIHSegún cifras del MPPS, en Venezuela exis-

ten más de 40 mil personas con VIH que de-ben tomar en forma permanente una combina-ción o coctel de medicamentos para proteger su vida y mantener un buen estado de salud. Éstos se denominan Tratamiento Antirretrovi-ral de Alta Eficacia (TAR). Pero, como lo re-portan las organizaciones de la sociedad civil, por cuarto año consecutivo continuaron fa-llando los inventarios y los procesos de com-pra, distribución y entrega de los TAR, gene-rando frecuentes y prolongadas interrupciones en la toma de los tratamientos, con el riesgo de que éstos pierdan su eficacia. El suministro de los TAR es responsabilidad del Programa Nacional de Sida/ITS del MPPS y obligación del Estado venezolano según varias sentencias del TSJ emitidas entre los años 1999 y 2002101.

Años Mortalidad % Mortalidad % materna infantil

2005 351 100,0 5.084 100

2006 356 1,4 6.104 20,1

2007 200 -43,8 4.745 -22,3

2008 288 44,0 5.085 7,2

2009 363 26,0 5.083 0,0

2010 330 -9,1 5.839 14,9

2011 377 -2,5 5.878 -0,2

2012 368 -2,4 7.009 19,2

Fuente: Boletines Epidemiológicos Semanales del MPPS. Semana 52. Datos Acumulativos.

Cuadro N° 14Número de muertes maternas e infantiles (2005-2011)

98. MPPS: Boletín Epidemiológico Nº 52, del 23 al 29 de diciembre de 2012. Pág. 25.99. Daniel Suárez: Exculpan a médicos por muerte de neonatos. Últimas Noticias, 27.06.12. Pág. 4.100. Daniel Suárez: Este año han fallecido 237 bebés en San Cristóbal. Últimas Noticias, 29.08.12, pág. 4.101. Foro por la Vida/Acción Solidaria: Es hora de unir esfuerzos para proteger a las personas con VIH. Tal Cual,

03.03.13, pág. 22.

200

Derecho a la salud


Así como existen fallas frecuentes en el suministro de medicamentos, persisten otras deficiencias que se derivan de la ausencia de políticas eficaces para atender la problemáti-ca del VIH. Las pocas estadísticas nacionales disponibles indican que continúa la expansión de los casos de VIH en un rango estimado de 10 mil a 15 mil casos anuales. Por su ritmo de incidencia, en Venezuela se estima una preva-lencia de 200 mil personas con VIH; la mayo-ría no han sido diagnosticadas, lo que obedece a la inexistencia de campañas públicas de al-cance nacional dirigidas a la promoción de las pruebas de detección. Tampoco existen instru-mentos jurídicos y políticas públicas efectivas que protejan a las personas de las prácticas discriminatorias a las cuales son expuestas en los propios servicios de salud, instituciones educativas y sitios de trabajo.

Por otra parte, de ser diagnosticadas, no existen en el país suficientes servicios ni el personal de salud especializado para la aten-ción adecuada de las personas con VIH y, una vez que tienen tratamiento médico, son esca-sos los centros que realizan pruebas para el se-guimiento de sus condiciones de salud. La si-tuación de precariedad del Programa Nacional de Sida/ITS, aunado a la de los establecimien-tos hospitalarios y ambulatorios públicos, tie-ne mayores repercusiones negativas para las personas que viven con VIH.

Al respecto, la ONG Acción Ciudadana contra el Sida, expuso en una declaración pública: “No hay campañas de prevención

ni hay un sistema eficaz de atención y tra-tamiento. A eso hay que sumar la situación general del sector salud. En el Programa Na-cional de Sida apenas hay cuatro personas, y la Ministra los desalojó de su sede para me-ter a damnificados. Las compras de medica-mentos se hacen en el último momento. Eso abre la puerta a procesos de compra poco transparentes en los mercados internaciona-les, debido a que la emergencia implica que se pase por encima de normas y licitaciones. Explica también el vaivén de fármacos de marca, genéricos y copias que conforman el cóctel antirretroviral, que están recibiendo los pacientes y que cambia de un mes a otro sin mayores consideraciones”102.

En julio de 2012, 74 ONG con trabajo en VIH dirigieron una carta al Presidente de la República, solicitando su urgente intervención para frenar las frecuentes y cada vez mayores deficiencias de las políticas del MPPS en ma-teria de VIH. El presidente de la Organización Stop VIH, Jhonatan Rodríguez, aseguró que Venezuela “…pasó de ser un país ejemplo en la lucha contra el VIH/sida, por su programa de suministro de medicamentos, a ser el país con más desabastecimiento en América Latina entre los años 2010-2011”103. En dicha carta, las ONG calificaron de “sostenida y acentua-da la falta de respuesta del MPPS al VIH, ha-ciendo cada vez más frágiles las condiciones de salud de las personas con VIH y arriesgán-dose a que haya una expansión incontrolable de la epidemia”104. En este sentido, la ONG

102. Oscar Medina: Tanto por hacer. El Universal, 29.01.12 [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120129/vih-tanto-por-hacer>

103. Jennifer Hrastoviak: ONG exigen al Presidente de la República intervenir en la Respuesta Nacional al Sida. Prensa de la Organización Stop VIH [en línea] <http://www.stopvih.org/noticias/ong-exigen-al-presidente-de-la-republica-intervenir-en-la-respuesta-nacional-al-sida/>

104. Carta Pública al Presidente de la República de las ONG en VIH [en línea] <http://amavidazulia.wor-dpress.com/2012/07/25/carta-publica-al-presidente-chavez-sobre-la-situacion-del-vih-en-venezuela/>



Acción Solidaria y las organizaciones de VIH del país realizaron un llamado de atención al MPPS para solventar esta situación a la mayor brevedad posible.

Trasplante de órganosEn octubre de 2011, la AN sancionó la

positiva Reforma a la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos105. Esta reforma fue una ini-ciativa popular de personas y organizaciones de la sociedad civil a fin de aumentar el nú-mero de donaciones de órganos en el país. En referencia a ello, la doctora Carmen Luisa Milanés, coordinadora del Programa de Do-nación y Trasplante del MPPS, señalaba en un documento que “…el éxito de la actividad de trasplante es una consecuencia de muchos factores interrelacionados, pero quizás el más determinante es el incremento en las tasas de donación. La actividad de trasplante aumen-ta en la medida en que hay órganos y tejidos disponibles para ser trasplantados”106. En este mismo documento, la Dra. Milanés indicaba que en Venezuela funcionan 21 centros de trasplante, la mayoría financiados por el MPP, y desde 2001 se cuenta con un Sistema de Pro-cura de Órganos y Tejidos (SPOT) cuya ejecu-ción está a cargo de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV)107 bajo la supervisión y control del MPPS108.

Esta modalidad de trabajo le permitió al Estado desarrollar una estructura profesional altamente capacitada y especializada en pro-veer de órganos y tejidos para trasplantes. El sistema ofrece actividades de educación, así como un número telefónico gratuito –0800 Donante (0800 3662683)– para atender nece-sidades de información de la comunidad mé-dica y de la población en general. En este sen-tido, una de las principales disposiciones de la ley –que entró en vigencia el 25 de noviembre de 2012– es que acepta, además de la dona-ción expresa o informada109, la donación “pre-sunta” con la cual se permite la extracción con fines terapéuticos de órganos, tejidos y células de personas fallecidas y mayores de edad, a no ser que éstas hayan manifestado su negativa a ser donantes110. En esos casos, el personal del SPOT solicita a la familia su testimonio sobre la última voluntad del fallecido. Esta disposi-ción no aplica para menores de edad, en cuyo caso son los padres o tutores los que deben au-torizar la donación.

Aunque, con la aprobación de la reforma a la ley de trasplantes, el número de donaciones ha ido aumentando vertiginosamente, en Vene-zuela todavía es muy baja la donación volun-taria de órganos y tejidos. El estándar interna-cional establece como cifra óptima obtener 65 donantes por un millón de habitantes cada año, siendo aceptable entre 30 y 40 donantes po-

105. Publicada en Gaceta Oficial Nº 39.808 del 25.11.11.106. Donación y trasplante de órganos y tejidos en Venezuela. Estado actual. Dra. Carmen Luisa Milanés,

Coordinadora del Programa de Donación y Trasplante del MPPS. Febrero 2011.107. ONTV [en línea] <http://www.ontv-venezuela.org/>108. Resoluciones Nº 27 del 29.01.01 (Gaceta Oficial Nº 37.135 del 06.02.01) y Nº 578 del 15.09.03 (Gaceta

Oficial Nº 37.778 del 18.09.03).109. Cuando el donante en vida deja constancia de su voluntad a la donación en documentos expresos o por

otro medio, inclusive el verbal, a sus familiares o a una persona designada legalmente.110. Artículo 27: “…Toda persona mayor de edad, civilmente hábil, a quien se le haya diagnosticado la muerte, se pre-

sumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario”.

202

Derecho a la salud


a los informes presentados ante organismos internacionales por el Estado y con base a las denuncias efectuadas por familiares de perso-nas con trastornos mentales, a través de la prensa nacional y la Defensoría del Pueblo. Las mayores deficiencias se concentran en la atención psiquiátrica (…). Aunado a ello, en el país aún no se concreta una propuesta de ley que promueva y proteja los derechos de las personas con problemas de salud men-tal, la cual se viene planteando desde 1997, cuando se presentó a la AN un primer pro-yecto de Ley de Protección de los Pacientes Psiquiátricos”113.

En 2012, nuevamente los familiares de cinco mil pacientes psiquiátricos, organizados en comités, reclamaron al IVSS el mal estado de la infraestructura psiquiátrica y la escasez de medicamentos en 67 residencias socio-asis-tenciales donde éstos están recluidos y que de-

tenciales. En el país existe en promedio de 1,5 donaciones por millón de habitantes111. Hasta 2011 había una lista de 1.500 personas espe-rando por trasplante de riñón112 y otras 1.500 personas esperaban por trasplante de córneas. Las causas de esta situación son: la escasa in-formación que maneja la comunidad médica y la población; el efecto inhibitorio de informa-ciones no ciertas; el desconocimiento de los aspectos legales, y las pocas asignaciones en el presupuesto público para actividades edu-cativas. Los resultados son los fallecimientos evitables, los altos costos como consecuencia de la prolongación de tratamientos y el dete-rioro de la calidad de vida de los pacientes.

Salud mentalTodos los años PROVEA ha venido insis-

tiendo en que el Estado preste debida atención a la ausencia de una política pública de salud mental en el país. Hasta ahora no existen es-tadísticas nacionales sobre la situación de las personas que sufren problemas mentales, ni tampoco se cuenta con cifras oficiales de per-sonas atendidas y hospitalizadas en los cen-tros psiquiátricos disponibles. Solamente, a través de las denuncias que hacen familiares y ONG, se conoce de algunos hechos o eventos que revelan la existencia de una situación par-ticularmente severa.

El informe anual de la Defensoría del Pueblo de 2011 dio especial atención a las ca-rencias del MPPS en cuanto a salud mental, señalando: “Para la atención de la población con trastornos mentales, el MPPS cuenta con un Programa Nacional desde 2003. Sin em-bargo, desde su creación los avances en la materia no han sido los esperados, conforme

111. ONTV: Situación Actual de Donaciones [en línea] <http://www.ontv-venezuela.org/articulo-situacion-actual>

112. Unos 1.500 pacientes esperan por trasplante de riñón en el país. Últimas Noticias, 29.02.12, pág. 2.1.

Años Trasplantes Financiados con recursos públicos Nº %

2002 208 178 85,6

2003 145 113 77,9

2004 202 185 91,6

2005 232 219 94,4

2006 273 237 86,8

2007 345 288 83,5

2008 278 226 81,3

2009 259 200 77,2

2010 263 203 77,2

2011 298 213 71,5

Total 2.503 2.062 82,4

Fuente: Organización Nacional de Trasplante de Ve-nezuela (ONTV).

Cuadro N° 15Trasplantes de riñón en Venezuela



penden del financiamiento de este organismo. También exigieron renovar el contrato con es-tas residencias, vencido desde mayo de 2011, y mejorar la calidad de atención. Los familia-res expusieron que “los que están en estos ho-gares pagaron su Seguro Social y ahora que lo necesitan porque están viejos o con problemas mentales se les ignora”. Por otra parte, “las re-sidencias necesitarían un aumento de al menos 40% para prestar un servicio óptimo, tomando en cuenta una inflación de 27%. El resultado es que se deteriora la calidad de atención que reciben las personas. Se compra menos comi-da y disminuye el personal”. Adicionalmente, ante el desabastecimiento de medicinas se les exige retirar a los pacientes por la dificultad para controlarlos. Sobre esta situación explicó un familiar: “Su función debería ser atenderlo

y no obligarlo a salir. La solución que me da el IVSS es recluirlo en una clínica en Yaracuy. Mandarlo a Yaracuy es abandonarlo”114.

A esto se añade el déficit de médicos es-tudiando en los postgrados de Psiquiatría. “Apenas tres aspirantes para 20 cupos fue el resultado del primer concurso de posgrado, periodo 2012-2013, para la especialidad de Psiquiatría. La situación no resulta nueva, pues para 2011-2012 fueron cinco los can-didatos para 25 cargos ofertados, y en años anteriores fue solo uno quien se postuló”. Los directivos del Hospital Psiquiátrico El Peñón revelaron que solamente pueden atender a 20 pacientes hospitalizados, de una capacidad de atención para 50, si tuvieran suficiente perso-nal médico115.

113. Defensoría del Pueblo: Informe Anual 2011. Marzo 2012, págs. 110-111.114. Delia Meneses. Falta de medicamentos complica cuadros de pacientes psiquiátricos. El Universal, 30.01.12, pág. 3-5. 115. Valentina Ovalles R.: Atención psiquiátrica mengua por falta de personal. El Universal, 18.11.12 [en línea] <http://

www.eluniversal.com/caracas/121118/atencion-psiquiatrica-mengua-por-falta-de-personal>

204

Derecho a la salud




Derecho a la seguridad social

Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades ca-tastróficas, discapacidad, necesidades especiales, ries-gos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra previsión social.


206





Durante el presente período se produjeron algunas medidas tendentes a incrementar la población pensionada y jubilada del

país. Una de ellas fue el decreto 8.6941, dictado por el Ejecutivo Nacional para incorporar un mayor número de personas beneficiarias tanto de las pensiones por vejez como de las otras indemnizaciones previstas en las contingencias amparadas por la Ley del Seguro Social. Bajo la denominación de Gran Misión En Amor Mayor Venezuela, este decreto se destinó a amparar personas adultas mayores sin capacidad contri-butiva o en estado de pobreza. El contenido de sus definiciones implica una diferencia respec-to a otras políticas públicas en la materia: no se trata de un programa excepcional y temporal. Sin embargo, el sistema de seguridad social de Venezuela sigue muy distante de cumplir con el principio constitucional de la universalidad.

En el caso de la atención a la salud, hubo algunos avances en materia de medicamentos de alto costo y enfermedades de la población. En cuanto a los mandatos de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), la Asamblea Nacional (AN) continúa en mora al no promulgar las leyes del subsistema de salud y de pensiones. Adicionalmente, la acción ju-

dicial ejercida por PROVEA ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el caso de la ley de pensiones y con el objeto de lograr el cese a esta omisión legislativa, fue declarada inadmi-sible2. Por otra parte, sigue pendiente materia-lizar la institucionalidad que crea la LOSSS.

Con el incremento relativo de 147.274 per-sonas como nuevas beneficiarias de pensiones por vejez3, Venezuela demuestra durante el período una variación positiva en la cobertura de la seguridad social, al menos en uno de sus aspectos. Esta cifra resulta de sumar la canti-dad de personas incorporadas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en virtud de haber cumplido los requisitos previs-tos en la Ley, y el número de nuevas beneficia-rias y beneficiarios derivados de la aplicación de los decretos 7041 y 70424. El otorgamiento de la pensión de vejez por haber cumplido los requisitos establecidos en la Ley del Seguro So-cial equivale a 139.333 personas, mientras que por la aplicación de los decretos 7041 y 7042 la población incorporada es de 7.236 personas. Además, por la aplicación del decreto 8.6945, estas acciones del Ejecutivo Nacional lograron masificar de manera extraordinaria y coyuntu-ral la pensión de vejez durante 2012.

1. Decreto Nº 8.694 del 08.12.11, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.819 del 13.12.11. 2. Ver capítulo Derecho a la justicia. En él se encuentra una reseña y análisis detallado de las diferentes accio-

nes efectuadas por PROVEA ante el TSJ y demás instancias nacionales e internacionales, antes y después de este pronunciamiento del máximo tribunal de la República.

3. Diario Últimas Noticias, listados de pensionados y pensionadas, varias páginas, en las ediciones de las fe-chas siguientes: 25.09.2011; 23.10.11; 20.11.11; 18.12.11; 22.01.12; 19.02.12; 18.03.12; 22.04.12; 22.05.12; 24.06.12; 22.07.12; 20.08.12; 23.09.12; 21.10.12; 18.11.12, y 16.12.12. Las cifras contenidas en la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (MPPTRASS) correspon-diente al último cuatrimestre de 2011 se analizan por separado.

4. Decreto Nº 7041 del 30.04.10, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.422 del 12.05.10; Decreto Nº 7042 del 30.04.10, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.414 de la misma fecha. Ambos decretos tienen carác-ter excepcional y temporal y están dirigidos, respectivamente, a trabajadores y trabajadoras que hubieren desempeñado sus labores en la ciudad, el campo y/o en actividades pesqueras y que no hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social para obtener el beneficio de pensión de vejez.

5. Las cifras netas de nuevas personas incorporadas por aplicación de este Decreto se manejan con base a las publicaciones de prensa del IVSS, pues al cierre de la redacción de presente capítulo no se había obtenido la Memoria y Cuenta del MPPTRASS correspondiente a 2012.

208



PROVEA registró que la población ex-cluida del disfrute de pensiones por vejez se ubicaba en 2.400.000 personas durante el pe-ríodo anterior6. Para determinar la cantidad de inclusiones alcanzadas en el lapso al que corresponde el presente Informe se conside-ró la información publicada por el IVSS en la prensa nacional entre septiembre de 2011 y diciembre de 2012, y la Memoria y Cuen-ta de 2011 emanada del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social (MPPTRASS). Sin embargo, los datos emiti-dos por estas fuentes no coinciden. El IVSS no lleva un registro de personas pensionadas que sea confiable, transparente y accesible –al menos en su portal Web–, aunque sí publicó en la prensa nacional listados mensuales con la identidad de las nuevas personas pensiona-das. Las cifras indicadas en estos avisos no concuerdan entre sí y tampoco se correspon-den con las indicadas en la referida Memoria y Cuenta del MPPTRASS. Según los datos pu-blicados por el IVSS en la prensa nacional, se habría incorporado 6,1% de la población con derecho a este beneficio7, es decir, las 147.274 personas indicadas al inicio del presente capí-tulo. Pero si se toman los datos de la Memoria y Cuenta del MPPTRASS de 2011, el porcen-taje de inclusión es de 8,5%, lo que equivale a 195.721 nuevas personas con pensiones. La información obtenida de las fuentes referidas se resume a continuación, en los cuadros 1 y 2.

Según estas mismas publicaciones del IVSS, la población pensionada por vejez ha-bría crecido en 2012 a un ritmo mayor.

6. PROVEA: Informe anual 2010-2011: “…De la cantidad equivalente a 2.400.000 de personas excluidas, no se alcanzó siquiera 100.00 incorporaciones”.

7. Diario Últimas Noticias, listados de pensionados y pensionadas, varias páginas, en las ediciones de las fechas siguientes: 25.09.11; 23.10.11; 20.11.11; 18.12.11; 22.01.12; 19.02.12; 18.03.12; 22.04.12; 22.05.12; 24.06.12; 22.07.12; 20.08.12; 23.09.12; 21.10.12; 18.11.12, y 16.12.12.

8. Ídem.

Cuadro N° 1Nuevas personas pensionadas por vejez

septiembre 2011-diciembre 2012

Fecha de publicación Por cumplir Por aplicación aviso del IVSS requisitos regulares del Decreto 7401

25.09.11 11.974 1.401

23.10.11 10.541 1.459

20.11.11 7.997 1.576

18.12.11 8.561 1.402

22.01.12 5.795 No hay datos

19.02.12 5.751 708

18.03.12 6.567 690

22.04.12 11.413 No hay datos

22.05.12 11.514 No hay datos

24.06.12 7.143 705

22.07.12 8.071 No hay datos

20.08.12 8.144 No hay datos

23.09.12 9.619 No hay datos

21.10.12 8.602 No hay datos

18.11.12 8.916 No hay datos

16.12.112 8.722 No hay datosFuente: Listados publicados por el IVSS en el diario Últimas Noticias8.

Estos datos del IVSS difícilmente pueden ser auditados. Tampoco es factible verificar la certeza de las diferentes cifras que presentó el presidente del IVSS en distintas declaracio-nes de prensa ofrecidas a lo largo del período. Adicionalmente, diversos voceros y voceras de varios organismos involucrados en la im-plementación del registro de personas adultas mayores o en el trámite de pensiones por vejez para cultores populares, en el marco de la eje-cución de los decretos 5.316 y 5.370 (Adulto Mayor y Amas de Casa, respectivamente), han



9. (*) Primera cifra publicada por el IVSS como total de personas pensionadas a nivel nacional y que corres-ponde al inicio del período del presente Informe. A partir de este mes, sigue una suma sucesiva de nuevas incorporaciones.

10. (**) Se contrastó la cifra con el dato anterior más próximo. 11. Ídem.12. Correo del Orinoco, 11.01.12, pág. 9; 10.02.12, pág. 8; 01.03.12, pág. 9; y El Universal, 01.06.12.13. MPPTRASS: Memoria y Cuenta 2011, pág. 110.

Cuadro N° 2Personas pensionadas por vejez septiembre 2011-diciembre 2012

Fecha de publicación Por cumplir Incremento neto Por aplicación Incremento neto aviso del IVSS requisitos regulares del Decreto 7401

25.09.11 1.889.046 (*)9 - 54.395 (*) -

23.10.11 No hay datos - 80.789 26.394

20.11.11 1.910.619 21.573 82.365 1.576

18.12.11 1.919.180 8.561 83.767 1.402

22.01.12 2.045.548 12.368 No hay datos -

19.02.12 2.044.187 1.361 87.625 3.858(**)10

18.03.12 2.063.422 19.235 87.229 396

22.04.12 2.080.718 17.296 No hay datos -

22.05.12 2.111.575 30.857 No hay datos -

24.06.12 2.172.301 60.726 88.499 1.270 (**)

22.07.12 2.176.602 4.301 No hay datos -

20.08.12 2.211.975 35.373 No hay datos -

23.09.12 2.258.447 46.472 No hay datos -

21.10.12 2.314.272 55.825 No hay datos -

18.11.12 2.364.305 50.033 No hay datos -

16.12.112 2.436.306 72.001 No hay datos -

Total 435.982 Total 34.896Fuente: Listados publicados por el IVSS en el diario Últimas Noticias11.

hablado de cantidades disímiles de beneficia-rios y beneficiarias, como es el caso del Mi-nisterio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPPCPS), el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MPPA) y el Ministerio del Po-der Popular para la Cultura (MPPC)12.

La información contenida en la Memoria y Cuenta del MPPTRASS indica que: “Para el año 2011, el Instituto Venezolano de los Segu-

ros Sociales otorgó un total de 195.721 nuevas pensiones, logrando alcanzar para el mes de diciembre un total de 1.916.618 pensionados y pensionadas, que sumando la nómina del mes de enero que se cancela por adelantado en el mes de diciembre alcanza a 1.926.503 pensionados y pensionadas por las diferentes contingencias amparadas por la Ley del Se-guro Social, así como por los Decretos 5.316, 5.370, 7.401 y 7.402; con una inversión de Bs. 37.211.039.220,72”13.

210



14. En Venezuela existen otros regímenes regulatorios de pensiones por vejez y jubilación establecidos en reglamentos, normas y resoluciones de varios organismos públicos, como el Tribunal Supremo de Justicia, las Universidades, las Fuerza Armada y el Fondo de Pensiones de los empleados públicos. Estos regímenes especiales establecen montos de asignación dineraria muy diferentes en su modo de cálculo y generalmente superior al previsto en la Ley del Seguro Social, cuya base es el salario mínimo nacional. Por eso, una per-sona pensionada por la Ley del Seguro Social regularmente percibe una cantidad menor que la pensionada a través de un régimen de jubilación proveniente del sector público.

15. MPPTRASS: Memoria y Cuenta 2011, pág. 110.16. Ídem17. Correo del Orinoco, 11.01.12, pág. 9, y 10.02.12, pág. 8.

Cuadro N° 3Personas cubiertas por la seguridad social

2011

Diferentes contingencias amparadas por la Ley del Seguro Social

Vejez 1.406.230

Invalidez 178.899

Sobrevivencia 213.785

Incapacidad 13.774

Programas excepcionales y temporales

Decreto 7.401

Cotizaciones incompletas 84.662

Decreto 7.402

Campesinos y campesinas 19.805

Decreto 5.316

Adulto mayor en desamparo 93.950

Decreto 5.370

Amas de casa adultas mayores 12.974

Convenios bilaterales 6.891

Fuente: Memoria y Cuenta del MPPTRASS15.

continuidad al Decreto Presidencial N° 5.316, Adulto Mayor, de fecha 30-04-2007, el cual establece un programa excepcional y tempo-ral, a personas venezolanas o extranjeras, mayores de 70 años de edad; manteniendo activos hasta el año 2011 un total de 93.950 beneficiarios a los cuales se les ha cancela-do la cantidad total de Bs. 1.141.368.632,21. Igualmente se mantuvo la aplicación del De-creto Presidencial N° 5.370, Ama de Casa, de fecha 30-05-2007, a mujeres mayores de 65 años de edad, venezolanas o extranjeras (con residencia ininterrumpida en el país por un lapso no menor de 10 años), manteniendo activas hasta el año 2011 un total de 12.974 beneficiarias a quienes se les canceló la can-tidad de Bs. 264.307.993,95. (…) El Instituto realizó pagos correspondientes a prestaciones dinerarias a corto plazo (indemnizaciones diarias), a un total de 9.008 beneficiarios de prestaciones por incapacidad temporal de tipo ambulatorio, hospitalización, y reposos Pre y Postnatal, a través del sistema de pago directo al beneficiario, con un monto total cancelado de Bs. 31.190.652,40; es importante destacar que los reposos cancelados por hospitaliza-ción y ambulatorios se originaron por enfer-medad común, maternidad, accidente de tra-bajo, accidente común y enfermedades”16.

Por su parte, el MPPCPS, entidad que ha coadyuvado al registro de personas beneficia-rias de las pensiones por vejez y por mater-nidad en la población femenina adolescente17,

El siguiente cuadro resume los datos so-bre población pensionada, publicados por el MPPTRASS en su Memoria y Cuenta 2011. La información se clasificó de acuerdo al tipo de contingencia cubierta por la Ley del Seguro Social y a los diversos decretos vigentes para otorgamiento de las pensiones en Venezuela14:

La inversión del IVSS por concepto de am-paro a las diferentes contingencias cubiertas por la Ley del Seguro Social, más la aplica-ción de los decretos 7.401 y 7.402, fue de Bs. 35.805.362.594,56, según la Memoria y Cuen-ta del MPPTRASS. “Del mismo modo se dio



según declaraciones de sus voceros en el esta-do Anzoátegui, tuvo participación en la ejecu-ción de los planes destinados a brindar segu-ridad social a la población en el marco de la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela y de la Misión Hijos de Venezuela18. En este sen-tido es preciso observar que la convergencia desarmonizada de diferentes organismos del Estado en la gestión de los programas y planes tendentes a implementar políticas públicas en materia de seguridad social, cuyos voceros y voceras brindan declaraciones a la prensa en las que exponen una variedad de cifras tanto de personas beneficiarias como de montos pre-supuestarios invertidos, dificulta el monitoreo y la auditoría de las medidas adoptadas y de las acciones realizadas19.

Decreto 3.694: Gran Misión En Amor Mayor Venezuela

El Ejecutivo Nacional implementó desde diciembre de 2011 y durante 2012 la Gran Mi-sión En Amor Mayor Venezuela, mediante el Decreto Nº 8.694, con Rango, Valor y Fuerza de Ley20, destinado a amparar personas adul-tas mayores sin capacidad contributiva o en estado de pobreza. De acuerdo al artículo 7° de este decreto, se transfirió al IVSS la nómi-na de pensiones de vejez que se cancelaba a través del Instituto de los Servicios Sociales (INASS), correspondiente a las 105.600 per-

sonas adultas mayores beneficiarias de la asig-nación equivalente a 60% del salario mínimo nacional, regulada en el artículo 39 de la Ley de los Servicios Sociales.

El decreto mantiene a su vez la vigencia de los decretos 5.316 y 5.37021, destinados a beneficiar a adultos mayores y a amas de casa que no cubran el número mínimo de cotiza-ciones previstas en la Ley del Seguro Social, y en el último aparte del señalado artículo 7° del decreto se indica el universo beneficiado por el decreto Nº 5.316, ubicándolo en 100 mil personas. La transferencia nominal entre organismos incrementa la población pensio-nada a cargo del IVSS, pero no significa que haya nuevas personas pensionadas. También mediante el Decreto-Ley Nº 8.694 se niveló al salario mínimo nacional el monto cancelado por concepto de pensión de vejez asignada a las personas sin capacidad contributiva o en situación de pobreza.

Por ser calificado por el gobierno nacional como uno de los programas con mayor im-pacto social en el período, especial mención y desarrollo se otorga al análisis de la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela dentro de la Memoria y Cuenta del MPPTRASS. Esta política pública de seguridad social incluye la implementación de varias líneas de trabajo22: 1.- Rumbo a la universalidad del derecho a la

18. Decreto Nº 8.626 del 22.11.11, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.819 del 13.12.11.19. La totalización del número de personas beneficiarias de las pensiones de vejez se obtuvo sumando las ci-

fras mensuales publicadas por el IVSS en la prensa nacional. Estas cantidades incluían a personas favoreci-das por la aplicación del Decreto Nº 7.041 como por el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley. El Decreto estableció que serían favorecidas con la pensión de vejez las personas que habiendo cumplido la edad de rigor no hubieren alcanzado el número de 750 aportes, siempre que tuvieran 700 cotizaciones, asumiendo el Estado venezolano la diferencia.

20. Gaceta Oficial Nº 39.819 del 14.12.11.21. Decreto Nº 5.316 del 25.04.07, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.673 del 30.04.07. Decreto Nº 5.370,

publicado en Gaceta Oficial Nº 38.694, del 30.04.07. 22. Decreto Nº 8.694 del 08.12.11, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.819 del 13.12.11.

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pensión: destinado a las personas que viven en hogares con ingresos inferiores al salario mí-nimo nacional; 2.- Programa para facilitar el acceso al sistema financiero, destinado a brin-dar ventajas preferenciales en programas o mi-siones dirigidas a la distribución de alimentos, medicinas, bienes o servicios, incluyendo pla-nes turísticos y recreativos, mediante la tarjeta En Amor Mayor Venezuela; 3.- Programa para el turismo social y la recreación; 4.- Programa de valores patrios, para rescatar, identificar y compartir conocimientos, saberes, y 5.- Pro-grama especial de salud con énfasis en la aten-ción de personas que se encuentran en situa-ción de pobreza.

Refiere la Memoria y Cuenta del MPP-TRASS que “entre las primeras acciones de la Gran Misión En Amor Mayor Venezuela, rela-cionadas al programa de trabajo denominado Rumbo a la Universalidad del Derecho a la Pensión, se dio inicio en los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital al Registro Nacional de Adultas y Adultos Mayores que viven en ho-gares cuyos ingresos son inferiores al salario mínimo, el cual contó al 30 de diciembre con 81.095 personas adultas mayores registradas. Para dicho registro se activaron 163 centros de registro y 360 puntos de registro; y que a partir de enero 2012 se hará extensivo al resto de los estados del país”23.

Según las proyecciones del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), fundamentadas en cifras preliminares del cen-so 2011, el grupo etario de adultos mayores en Venezuela representa 9% del total de la población, lo que equivale, sólo en 2012, a 2.774.786 personas24. Por lo tanto, existe un

importante número de venezolanos y venezo-lanas excluidos de la pensión por vejez, que pudiera acrecentarse durante los próximos años dada la prolongación de la expectativa de vida. Ahora bien, si se toman las cifras de personas pensionadas por vejez emanadas de la Memoria y Cuenta del MPTRASS y no las cifras publicadas en la prensa nacional por el IVSS, es decir, si se opta por el número de 195.721 nuevas pensiones de vejez otorgadas en 2011, según el MPPTRASS, y el total na-cional manejado por la misma fuente, equiva-lente a 1.926.503 personas pensionadas para el mismo año; aún faltaría incluir a más de 500 mil personas para alcanzar en términos de co-bertura 9% de la población adulta mayor del país actualmente.

Al análisis de este déficit de personas am-paradas se debe sumar el ritmo de crecimien-to de la Población Económica Activa (PEA), que no es proporcional al aumento del empleo digno en el país. Ello ocasiona la exclusión de un amplio porcentaje de trabajadores y traba-jadoras que no cotizan al sistema de seguri-dad social y la evasión de responsabilidades por parte de entidades de trabajo no regis-tradas o patronos y patronas que incumplen la ley. Estas disparidades afectan el carácter contributivo del sistema de seguridad social, pues disminuye la recaudación por concepto de cotizaciones y aportes patronales, lo que se traduce en una debilidad que afecta su sosteni-bilidad financiera.

Resulta especialmente vulnerable el man-tenimiento de una política de inclusión progre-siva respecto a la pensión de vejez y cobertura de otras contingencias, así como la permanen-cia en el tiempo de las prestaciones dinerarias

23. MPPTRASS: Memoria y Cuenta 2011, pág. 112.24. Anitza Fréitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB. En: El Na-

cional, 27.02.12, pág. C-6.



ya otorgadas mediante programas excepciona-les o temporales cuya administración queda a cargo del IVSS. La seguridad social venezola-na tiene su principal fuente de financiamiento en la renta petrolera, y de allí que la promoción del principio de solidaridad intergeneracional, la transparencia en el manejo de sus fondos y la progresividad de sus beneficios no cuentan con una garantía estable.

LegislaciónA pesar de que el Gobierno alcanzó un

aumento relativo en pensiones de vejez, ello no responde a la implementación de una le-gislación coherente, que articule y mejore la variedad de decretos y de regímenes especia-les existentes en el sector público para otor-gar esta prestación. Por lo tanto, el aumento parcial del número de personas que disfrutan pensiones de vejez en Venezuela tiene el ries-go de no brindar estabilidad y progresividad al disfrute de este derecho. De hecho, desde 2002 Venezuela tiene pendiente la promulga-ción de una ley reguladora del subsistema de pensiones y que eficazmente garantice la co-bertura de la seguridad social a las diferentes contingencias establecidas en el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). El aumento relativo de la población pensionada en 2012 por vía de decretos presidenciales pudiese estar relacio-nado con la circunstancia de la realización de dos procesos electorales en el mismo año, uno para escoger al Presidente de la República y el otro, a los gobernadores de Estado.

Al menos desde 2006, el trámite y otor-gamiento de las pensiones de vejez y de otras asignaciones a las que tiene derecho la pobla-

ción conforme a lo establecido en el artículo 86 de la CRBV han contado con la sucesiva promulgación de decretos dictados por el Eje-cutivo Nacional, mientras la AN mantiene la omisión legislativa del Régimen Prestacional de Pensiones ordenado por la LOSSS hace más de una década. A continuación una sinop-sis de los decretos dictados:

Inconstitucionalidad por omisión legislativa del Régimen Prestacional de Pensiones

Se desarrollaron durante el período y bajo los parámetros del litigio estratégico en dere-chos humanos, una serie de acciones de exigibi-lidad y otras de carácter judicial para lograr un pronunciamiento oportuno por parte del TSJ en la causa que cursaba en la Sala Constitucional desde el 27.05.10, cuando PROVEA presentó un recurso por inconstitucionalidad en virtud de la mora legislativa de la AN para legislar sobre el Régimen Prestacional de Pensiones25. La in-actividad del máximo tribunal del país por más de dos años en relación a pronunciarse sobre la admisibilidad de este recurso representa un re-traso judicial injustificado y la vulneración del derecho de acceso a la justicia.

PROVEA ejerció además una acción de amparo contra el retardo de la Sala Constitu-cional del TSJ, que fue presentado el 01.02.12. En este caso, la mencionada Sala del TSJ deci-dió el 19.03.12, con ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, con base al siguien-te argumento: “No es posible el ejercicio de la acción de amparo constitucional contra las decisiones u omisiones del Tribunal Supremo de Justicia” y en consecuencia, se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional26.

25. Expediente Nº 2010-0530 según la nomenclatura de la Sala Constitucional.26. Véase texto completo de la sentencia recaída en el expediente 12-01699, contentivo de la causa de ampa-

ro constitucional intentado por PROVEA. TSJ [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mar-zo/326-19312-2012-12-0169.html> Consulta del 27.02.13.

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4.269 06.02.06 38.377 del 10.02.06

5.316 25.04.07 38.673 del 30.04.07

5.370 30.05.07 38.694 del 30.05.07

8.694 08.12.11 39.819 del 13.11.11

Cuadro N° 4Decretos reguladores del acceso a la pensión de vejez y otras asignaciones por seguridad Social

Decreto Fecha Gaceta Oficial Objeto

Establecer un programa excepcional y temporal para garantizar el disfrute de las pensiones por vejez a cargo del IVSS a asegurados con 60 años y a asegu-radas con 55 años de edad, y que tengan acredita-das 700 cotizaciones, asumiendo el Estado el aporte correspondiente hasta alcanzar el número mínimo de cotizaciones exigidas por la Ley de Seguro Social.

Establecer un programa excepcional y temporal para que el MPPTRASS y el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social, a través de sus entes adscritos, conjunta y coordinadamente, registre, califique y certifique a 100 mil personas, venezolanas o extranjeras, mayores de 70 años de edad, residentes en el territorio nacional y que se encuentren en situación de desamparo familiar, ca-rencia de medios de subsistencia, habitación, disca-pacidad diagnosticada, dependencia de otra perso-na con escasos recursos económicos o que sea jefe o jefa de familia en estado de necesidad, a fin de otorgarles una asignación pecuniaria periódica equi-valente a 60% del salario mínimo nacional, mientras el estado de necesidad perdure

Establecer un programa excepcional y temporal para que el IVSS identifique y registre en su nómina de asegurados, a 50 mil mujeres mayores de 65 años de edad, venezolanas que vivan en el territorio na-cional o extranjeras con residencia ininterrumpida en el país por un lapso no menor de diez (10) años, de-dicadas a oficios del hogar, desprovistas de atención y protección familiar, carentes de vivienda propia, que presenten algún impedimento físico que limite su actividad cotidiana, con dependencia económica de otra persona o que sean sostén del hogar y con personas bajo su dependencia.

Amparar de manera permanente a personas adul-tas mayores sin capacidad contributiva o en estado de pobreza; transferir al IVSS la nómina de pensio-nes de vejez que cancela el INASS, que incluye las 105.600 personas adultas mayores beneficiarias de la asignación equivalente a 60% del salario mínimo nacional, regulada en el artículo 39 de la Ley de los Servicios Sociales (decreto 5.316); mantener la vigencia de los decretos 5.316 y 5.370, nivelando al salario mínimo nacional el monto cancelado por concepto de pensión de vejez asignada a las perso-nas adultas mayores sin capacidad contributiva o en situación de pobreza.



Posteriormente, el 28.05.12, PROVEA realizó una acción de protesta frente a la sede del TSJ para exigir de los magistrados, espe-cialmente de la Sala Constitucional, un pro-nunciamiento sobre la causa. Esta actividad, organizada bajo el lema de “Cumpleaños in-feliz”, tuvo una amplia cobertura mediática a nivel nacional, lo que permitió denunciar la lentitud del sistema de administración de justicia venezolano en este tipo de casos que involucran el derecho humano de millones de personas27. Luego, el 19.09.12, PROVEA interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el TSJ por su violación del derecho a la justicia efectiva ante la falta de pronun-ciamiento respecto a la acción por omisión legislativa y por no amparar a la población frente a los abusos de otras instancias del Po-der Público, especialmente la AN. PROVEA en su escrito a la CIDH expresó que por parte del Estado se había producido “la violación de los derechos humanos a las garantías ju-diciales de un plazo razonable en atención al debido proceso, la protección judicial efectiva y derecho a contar con una decisión fundada sobre el fondo del asunto, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos (CADH)”. Igualmente argumentó “la violación de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos, en los términos pautados por los artículos 1.1 y 2 de la misma Convención, violaciones producidas antes que la República Bolivariana de Venezuela iniciara el trámite de denuncia de la Convención”28.

Finalmente, el 19.12.12, con ponencia de la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño,

el TSJ se pronunció declarando el decaimien-to del objeto de la acción intentada, “…lo que hace inoficioso darle trámite a la presente causa”. Esta decisión se sustenta en los decre-tos 8.921 y 8.922, publicados en la Gaceta Ofi-cial N° 39.912, del 30.04.12, que son actos del Ejecutivo Nacional dictados dos años después de la demanda de omisión legislativa. En su decisión, el TSJ señaló que “en efecto, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, crea el Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas, el cual tiene como propósito ‘(…) garantizar a las perso-nas contribuyentes, las prestaciones dinera-rias que le correspondan, de acuerdo a las contingencias amparadas por este Régimen y conforme a los términos, condiciones y alcan-ces previstos en esta Ley y demás leyes que las regulan’ (ex artículo 61 de la Ley Orgánica mencionada). De tal forma que, la Asamblea Nacional fijó en dicha Ley Orgánica los aspec-tos medulares de ese régimen Prestacional y la estructura orgánica encargada de ejecutar tales competencias (Vid. Artículos 61 al 78 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad So-cial). Sin embargo, los aspectos concretos de este subsistema, cuentan con una regulación específica dictada, no por la Asamblea Na-cional, sino por el ciudadano Presidente de la República, quien legisló sobre lo peticionado. En atención a ello, hay que considerar que las normas con fuerza, valor y rango de ley, según sea el caso, dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad legislativa delegada, constituyen, al igual que las normas dictadas por el órgano del Poder Público Nacional titular de la potestad legislativa (Asamblea Nacional), mandatos jurídicos subordinados a las normas y principios constitucionales y,

27. <http://centraldenoticiavenezuela.blogspot.com/2012/02/provea-el-tsj-debe-pronunciarse-sobre.html> Consulta del 27.02.13.

28. Escrito presentado por PROVEA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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por tanto, tienen igual valor normativo que la ley en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico (Vid. Sentencia de esta Sala Constitu-cional N° 840 del 19 de junio de 2012, caso: José Rafael García García). De este modo, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, establece concretamente las condiciones y re-quisitos de edad y de servicio, semanas coti-zadas, así como la base de cálculo del monto de la pensión de jubilación o de vejez corres-pondientes, en sus artículos 27, 28, 29, 30 y 31, que, como se insiste, dota de operatividad legal el derecho a la pensión de jubilación o vejez, previsto en el artículo 86 de la Consti-tución de la República Bolivariana de Vene-zuela. Otros aspectos complementarios de la pensión de vejez son recogidos en el Decreto N° 8.922, mediante el cual se dicta la Refor-ma Parcial del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, cuyos artículos 162 y 163 regulan lo concerniente al otorgamiento de la pensión de vejez extraordinaria –en casos en los cuales no se cumpla con las condiciones de edad y tiempo de servicio, pero que el ase-gurado cumpla con sus labores en un lugar insalubre o que causen una vejez prematura– y el reajuste de la misma”29.

Lamentablemente, los Magistrados de la Sala no se informaron en detalle sobre el con-tenido de los decretos 8.921 y 8.922, ya que si bien introducen una reforma parcial a la Ley del Seguro Social y su Reglamento General, tal modificación no se refiere al régimen prestacio-nal de pensiones ni a los artículos citados en la sentencia. Muy por el contrario. En el caso del decreto 8.921, versa sobre la reforma de los ar-tículos 6° y 7° de la Ley del Seguro Social para

reducir el número de semanas cotizadas que se toman en cuenta para calcular el aporte men-sual que deben hacer al IVSS los y las trabaja-doras que dejen de prestar servicios bajo rela-ción de dependencia con una entidad de trabajo, patrono o patrona, y se acojan a la modalidad de continuidad facultativa. Por su parte, el decreto 8.922 reforma los artículos 7° y 8° del Regla-mento General de la Ley del Seguro Social para incorporar nuevas condiciones de afiliación al IVSS, para los trabajadores y trabajadoras no dependientes, que consisten en determinar el monto equivalente a 13% de su remuneración, como cotización mensual. Lo que sí resulta novedoso es que el nuevo artículo 8° del Re-glamento consagra la posibilidad de afiliarse al IVSS para los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en asociaciones cooperativas, entidades gremiales y organizaciones sociales, y fija el régimen de cotización en 9% para la figura legal que asume la condición de emplea-dor y 4% para el trabajador o trabajadora. La innovación de esta reforma puntual es la inclu-sión de cooperativas y organizaciones sociales como entidades de trabajo con obligaciones si-milares a la figura del empleador respecto de sus trabajadores y trabajadoras.

Sigue pendiente para la AN la promulga-ción de una legislación de organice la institu-cionalidad del sistema de la seguridad social, y que articule y desarrolle los derechos estable-cidos en el artículo 86 de la CRBV, superan-do la dispersión que caracteriza las políticas públicas materializadas a partir justamente de decretos como los analizados en el Cuadro Nº 4 del presente capítulo, que sí guardan rela-ción con el régimen prestacional de pensiones pero que han sido manejados de una forma

29. Véase el texto completo de la sentencia recaída en el Expediente Nº 10-0530, contentivo de la causa por omisión legislativa de la AN respecto al régimen prestacional de pensiones. TSJ [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1770-191212-2012-10-0530.html>



discrecional y selectiva por parte del Ejecutivo Nacional, hecho que conspira contra la posibi-lidad de garantizar la estabilidad y progresivi-dad en el disfrute del derecho.

Previo a la decisión de la Sala Constitu-cional, el 05.12.12, PROVEA también acudió ante el Poder Moral Republicano –presidido para ese momento por Gabriela Ramírez, De-fensora del Pueblo–, a objeto de solicitar una investigación a la Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Luisa Estela Morales Lamuño, en virtud del retardo judi-cial y la falta de pronunciamiento respecto a la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa del régimen prestacional de pensio-nes. Para el momento de redacción del presen-te Informe se esperaba aún pronunciamiento del Poder Moral.

Institucionalidad del Seguro SocialRespecto a la atención integral gratuita y

universal en hospitales y ambulatorios del IVSS, la Memoria y Cuenta del MPPTRASS informa que se realizaron 12.092.891 consultas médicas durante 2011, distribuidas a razón de 6.134.518 consultas ambulatorias y 5.865.827 consultas hospitalarias. Igualmente, la Memoria refiere que se brindó asistencia a un total de 743.202 pacientes que padecen diversas enfermedades catastróficas, tales como cáncer, esclerosis, ar-tritis, déficit hormonal de crecimiento, anemias, insuficiencia renal, hepatitis y Gaucher. A estas personas se les proporcionaron 22.327 unida-des de medicamentos en forma gratuita, con una inversión de Bs. 5.215.723.130.

En el período se prosiguió e incrementó parcialmente el Programa de Medicamentos de Alto Costo y Alto Valor Terapéutico, ins-talándose en Caracas y en el estado Zulia,

sendas farmacias para distribuir medicamen-tos para afecciones de alto riesgo, mientras se mantuvo el plan de abastecimiento desarrolla-do a través de la red de farmacias del IVSS, con 61 establecimientos ubicados en hospita-les y ambulatorios adscritos al organismo, en los estados Miranda, Vargas, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Así mismo, el IVSS ejecu-tó programas de salud que se traducen en la atención de un promedio mensual de 11.274 pacientes con insuficiencia renal crónica, en las 91 unidades extrahospitalarias con las que cuenta el IVSS en el territorio nacional.

Adicionalmente, la Memoria y Cuenta del MPTRASS informa que la atención médica también se brindó a través de 17 unidades que pertenecen a diferentes fundaciones y asocia-ciones, 17 unidades de hemodiálisis intrahos-pitalarias y 14 unidades adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). Des-de el punto de vista de la población beneficia-ria, la Memoria del órgano rector del trabajo y la seguridad social indica que el IVSS brindó atención a “1.680 pacientes (promedio men-sual) con discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas que requieren educación especial, a través de las 22 Unidades Educa-tivas que mantienen convenios con el Instituto (…) 4.114 pacientes (promedio mensual) ge-riátricos, custodiables, psiquiátricos y HIV, que se encuentran en las 67 Unidades Socio Asistenciales que mantienen convenios con el Instituto”30. En cuanto a la infraestructura, la Memoria refiere que para optimizar la operati-vidad de los ambulatorios, hospitales, centros de educación inicial y oficinas administrativas adscritas al Instituto se ejecutaron “376 obras y 800 mantenimientos”31.

30. MPPTRASS: Memoria y Cuenta 2011.31. Ídem.

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Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo

En cuanto al sistema de prevención y pro-tección en materia de salud y seguridad la-borales, el MPPTRASS indicó que en 2011 se crearon 8.728 nuevos Comités de Salud y Seguridad Laboral, para un total de 52.153 comités registrados a nivel nacional. Por su parte, se registra la elección de 29.146 nue-vos delegados de prevención alcanzando una cifra total consolidada de 169.744 delegados a nivel nacional.

Con respecto a la protección especial a los derechos de los trabajadores y trabajado-ras agrícolas, la Memoria y Cuenta del MP-TRASS indica avances en la institucionaliza-ción del Plan de Inspección Integral Agrario (PIIA), la atención a 11.429 trabajadores y tra-bajadoras que se desempeñan en 528 Unida-des Productivas Agrarias. Según la fuente, la

implantación de este plan posibilita detectar, corregir y/o establecer ordenamientos para la corrección de incumplimientos en las condi-ciones de trabajo, de seguridad y salud labo-rales, y de las normativas de seguridad social.

Respecto a los componentes de la seguri-dad social asociados a la concepción del uso productivo del tiempo libre y al descanso, el MPPTRASS registra un fortalecimiento de los servicios turísticos, recreacionales y de-portivos, debido a la atención de 1.916.165 trabajadores y trabajadoras, incluyendo sus familias, mediante planes culturales, depor-tivos y recreativos de turismo social en las instalaciones hoteleras del Instituto Nacional de Recreación y Turismo (INCRET), con los que se benefició a 5.562 hijos e hijas de tra-bajadores, trabajadoras, comunidades y re-fugiados, específicamente del estado Vargas, con 11 planes vacacionales.

Hasta la entrega del presente Informe, PROVEA mantiene cuatro casos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, por afectación al derecho a la seguridad social. Durante este período PROVEA ha intercambiado comu-nicaciones con la CIDH orientadas a avanzar en la resolución de los casos, a saber: jubi-lados y pensionados de Viasa, jubilados del Ministerio de Educación y jubilados de la CANTV. Así mismo, la petición relacionada con la omisión legislativa de la AN para dic-tar la Ley de Pensiones.

Tal y como se refleja en Informes ante-riores, en el caso de jubilados y pensiona-dos de Viasa el Estado viene cumpliendo

lo fundamental del Acuerdo Amistoso, que es el pago de las pensiones de jubilación. Sin embargo, persiste el incumplimiento de otros compromisos asumidos, los cuales no poseen carácter económico. Ello dificulta la posibilidad de llegar a una solución amisto-sa. En este sentido, recordamos: 1) El reco-nocimiento público del Estado venezolano, a través de un remitido en un diario de cir-culación nacional, sobre su responsabilidad internacional por haber violado a las perso-nas jubiladas de la empresa Venezolana In-ternacional de Aviación Sociedad Anónima (Viasa) los derechos de propiedad privada, seguridad social y protección judicial esta-blecidos en la Convención Americana y en la Declaración Americana; 2) Realizar un

Casos en organismos internacionales



programa especial de televisión en el canal oficial de mayor cobertura a nivel nacional en homenaje al jubilado fallecido Jesús Ma-nuel Naranjo, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensio-nados de Viasa, en reconocimiento a la perse-verancia de las personas jubiladas en la lucha por sus derechos, y 3) Realizar un programa de televisión educativo en donde se den a co-nocer los derechos y beneficios que asisten a las personas jubiladas en la República Boliva-riana de Venezuela. Hasta el cierre del presen-te Informe queda pendiente el cumplimiento de dichas propuestas. Para tal fin, PROVEA dirigió comunicaciones a la Secretaría de la CIDH para que conmine al Estado, a través de la Cancillería, a honrar los acuerdos sus-critos en el marco de la CADH.

En el caso de los jubilados del Ministerio de Educación, existe un retardo injustificado por parte la CIDH para decidir la solicitud de PROVEA sobre un pronunciamiento de admisibilidad y fondo del asunto, que reme-die la dilación desde 2006. Por su parte, la

representación del Estado venezolano ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tampoco ha contribuido para adelantar una solución por mecanismos de conciliación, a pesar de la reiterada soli-citud de los peticionarios. Su actuación se ha limitado a consignar copias de las planillas donde aparecen jubilados cobrando unos montos por concepto de jubilación, ignoran-do el contenido principal de la petición. El Estado venezolano no ha expresado ninguna voluntad para adelantar un diálogo que per-mita explorar un acuerdo amistoso en el caso. El caso se mantiene en estado de trámite a la espera de pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad por parte de la CIDH.

Jubilados CANTV. La petición presenta-da por los jubilados de la CANTV en 2009 se mantiene en estado de trámite a la espera de pronunciamiento de admisibilidad o inadmi-sibilidad por parte de la CIDH. El Estado ve-nezolano no ha expresado ninguna voluntad para adelantar un diálogo que permita explo-rar un acuerdo amistoso en el caso.

220





Derecho a la tierra

El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fo-mentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra me-diante la dotación de obras de infraestructura, insumos, crédi-tos, servicios de capacitación y asistencia técnica…

El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dis-pondrá de lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, resca-tando la tierra de vocación agrícola. Los campesinos o campe-sinos tienen derecho a la propiedad de la tierra…


222

Derecho a la tierra




Durante el período que cubre el presente informe, los datos suministrados por la Memoria y Cuenta del Ministerio del

Poder Popular para Agricultura y Tierra (MP-PAT), así como los provenientes de otros orga-nismos oficiales y del sector privado, reiteran lo afirmado anteriormente por PROVEA: “Las políticas implementadas por el gobierno na-cional y sus resultados no han logrado cam-biar el modelo que se pretende cambiar y el que se pretende crear no ha revertido hasta ahora la dependencia externa en materia de alimentos, lo que reitera las dudas sobre la viabilidad de las políticas oficiales”1 (relacio-nadas con la tierra y su desarrollo productivo).

Durante el 2011, el Instituto Nacional de Tierras (INTI) continuó con el proceso de rescate y regularización de tierras, recupe-rando 174 predios que abarcan una superficie de 214.726,05 hectáreas (ha); se otorgaron 31.268 instrumentos agrarios para la regu-larización de una superficie de 871.283,79 ha, habiéndose rescatado 214.726,05 ha. En-tre 2003 y 2011, el INTI procedió a rescatar 5.753.264 ha, regularizó 5.859.087,76 ha y entregó 178.547 instrumentos agrarios. Hasta 2010, sobre un total de 147.279 instrumentos agrarios otorgados por el INTI, las cartas agra-rias representaban 62%, las declaraciones de permanencia 28% y los títulos de adjudicación el 10% restante.

Los recursos destinados al presupuesto del MPPAT de 2011 alcanzaron Bs. 2.724.988.955, que sumados a los Bs. 4.052.380.462,38 co-rrespondientes a créditos adicionales aproba-dos por la Asamblea Nacional (AN) totaliza-ron Bs. 6.777.369.417,38. Esto significa que

los recursos se incrementaron nominalmente en el orden de 84% respecto a 2010. Adicio-nalmente, como resultado de implementarse a principios de 2011 la Gran Misión Agro Vene-zuela, la AN aprobó un crédito complementa-rio por el orden de los Bs. 9.456.801.957

A pesar de la magnitud de recursos finan-cieros gubernamentales y del crédito des-tinado por la banca pública y privada para aumentar la producción nacional, Venezuela continúa siendo un importador neto de alimen-tos. Según la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), en 2011 sus importaciones totalizaron 6.305 millones de dólares, lo que representa un alza de 12% respecto a 2010.

Por una combinación de factores se pro-dujo una reducción de la superficie sembra-da de alimentos en todo el país, que pasó de 2.432 millones de ha en 2010 a 2.243 millo-nes en 2011, lo que representa un descenso de 7,8%. La producción agrícola y el valor de la producción tuvieron un rendimiento poco estable y poco satisfactorio. Según el MP-PAT, siete rubros tuvieron retrocesos: caña de azúcar (-10,68%), pepino (-11,52%), beren-jena (-5,63%), palma aceitera (-1,97%), soya (-24,24%) y maíz (-15,16%). Un mejor com-portamiento tuvieron en 2011 los renglones pecuarios y pesqueros: la producción de leche creció 11,6%, el sector bovino subió 3,49% y el porcino, 9,13%.

Destaca la decisión tomada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-ticia (TSJ) que desaplicó los artículos 471-a y 472 del Código Penal, en aquellos casos en donde se observe un conflicto entre particula-res devenido de la actividad agraria.

1. PROVEA: Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe Anual octubre 2010-septiembre 2011. Caracas, 2011. Pág. 201.

224

Derecho a la tierra


Continuó la violencia en el campo, con ca-torce nuevos casos de dirigentes campesinos asesinados por participar y defender el proce-so de rescate y regularización de tierras; nueve de ellos en 2011 y cinco en 2012.

Políticas públicas de regularización y distribución de tierras

Según la Memoria y Cuenta del MPPAT correspondiente a 2011, el INTI rescató 174 predios, abarcando una superficie total de 214.726,05 ha, distribuidas a nivel nacional; y regularizó 871.283,79 ha mediante la entrega de 31.268 instrumentos agrarios, benefician-do de forma directa a 45.000 familias.

El presente cuadro da cuenta del resultado del proceso de rescate y regularización de tierras desde febrero de 2003 hasta diciembre de 2011.

En resumen, entre 2003 y 2011, el INTI procedió a rescatar 5.753.264 ha, regularizó 5.859.087,76 ha y entregó 178.547 instrumen-tos agrarios.

En esta oportunidad, las estadísticas ofi-ciales presentan nuevamente inconsistencias

en relación con el total de tierras rescatadas y regularizadas. Por una parte, el MPPAT no ofrece la totalización de tierras rescatadas y regularizadas, falla que se presenta desde 2007 y 2008, en el caso de las rescatadas y re-gularizadas, respectivamente. Y por otra parte, el expresidente del INTI, general Luis Motta Domínguez, informó en una entrevista perio-dística que “… hasta la fecha (septiembre de 2012) van 8,1 millones de ha (regularizadas) (…) y se han rescatado más de 3 millones de ha”, lo que no concuerda con informaciones anteriores del propio MPPAT y del INTI2.

Preocupa a PROVEA que estas incon-sistencias no hayan sido resueltas hasta el presente, por cuanto la transparencia y sol-vencia de las estadísticas son fundamentales para la revisión ordinaria de las políticas en esta materia.

Cabe destacar que hasta 2010, la Memoria y Cuenta del MPPAT discriminaba la infor-mación referente a los distintos instrumentos agrarios, pero ello no sucede en la información oficial correspondiente al período de 2011, donde sólo se señala que se hizo entrega de

2. Katiuska Hernández: Aquí no hay ninguna amenaza ni cacería de brujas con las tierras. En: El Nacional, 26.09.12, pág. E-7.

Cuadro N° 1Resultados provisorios del proceso de rescate y regularización de tierras

según el MPPAT (2003-2011) Total hectáreas Total hectáreas Cartas agrarias Declaratorias Títulos

rescatadas regularizadas de permanencia de adjudicación

2003-2010 2003-2010 2003-2010 2003-2010 2003-2010

5.538.537.95 4.987.803,97 91.004 41.866 14.409

2011 2011 2011 2011 2011

214.726,05 871.283,79 S/I S/I S/I

5.753.264 5.859.087,76 S/I S/I S/I

Fuente: MPPAT: Memoria y Cuenta 2011 y cálculos propios utilizando la Memoria y Cuenta de 2011.Para 2011 el INTI entregó 31.268 instrumentos agrarios.



31.268 “instrumentos agrarios”. Vale destacar que hasta 2010, sobre un total de 147.279 ins-trumentos agrarios otorgados por el INTI, las cartas agrarias representaban 62%, las decla-raciones de permanencia 28% y los títulos de adjudicación el 10% restante.

La no discriminación, en la Memoria y Cuenta de 2011, del tipo de instrumentos agra-rios otorgados afecta la posibilidad de analizar su evolución en el tiempo. En este sentido, el INTI ha privilegiado las cartas agrarias y las declaratorias de permanencia por sobre los tí-tulos de adjudicación, reivindicando su opción por mantener la propiedad de la tierra resca-tada en manos del Estado y no de los campe-sinos y productores, como fue el caso de la anterior reforma agraria llevada a cabo en la década de los años 60.

El no contar los campesinos y producto-res con la titularidad de la propiedad afecta la seguridad de la tenencia de la tierra, que implica los derechos de tenencia y sus garan-tías. Los títulos de adjudicación son el único instrumento de regularización que garantiza la propiedad de la tierra al campesino o pro-ductor, pudiendo éste ejercer los derechos de vender, enajenar y traspasar la tierra de su propiedad. Uno de los problemas que con-frontan los campesinos y productores que no pueden demostrar la adjudicación o pro-piedad de las tierras es que no acceden a los créditos de la banca, problema que se aborda más adelante en este capítulo.

En relación con la efectividad de la lucha contra el latifundio emprendida por el INTI a partir de la promulgación de la Ley de Tierras

y Desarrollo Agrícola (LTDA) en 2002, los resultados del Censo Agrícola 1997-2007 revelaron que luego de diez años de “refor-ma agraria bolivariana” la concentración de la tierra sigue estando en pocas manos, ya que 1% de las unidades de producción de más de mil ha concentran 40% de la superfi-cie agrícola, mientras que 70% de las unida-des de menos de 20 ha representan 5% de la superficie agrícola.

Esta injusta realidad ha sido reconocida por el titular del MPPAT, Juan Carlos Loyo, quien en abril de 2011 afirmó: “Si bien hemos establecido una estrategia clara y firme fren-te al latifundio, también es cierto que nues-tro país tiene unos niveles de concentración de la tierra que ameritan que esta lucha se mantenga y sea sostenida, para que más per-sonas tengan acceso a la tierra”3. Este reco-nocimiento, luego de diez años de “reforma agraria bolivariana”, pone en entredicho la efectividad y eficiencia de la gestión pública en esta materia.

Los resultados de las políticas de “comba-te al latifundio” no han tenido mayor impac-to sobre la fuerza laboral ocupada en labores agrícolas, que sigue disminuyendo progre-sivamente. Cabe recordar que el VII Censo Agrícola Nacional ubicó el pico más alto de ocupación en 2005, con 1.090.708 personas ocupadas; a partir de allí se observa una ten-dencia decreciente de la ocupación laboral agrícola, ubicándose en 2011 en 980.4000 personas; mientras que para el mismo año la población rural representa 10% de los habitan-tes del país, para 2002 era de 12,9% 4.

3. Ileana García Mora: Cerrar ‘revolución agraria’ implicaría revisar 15 millones de hectáreas. En: El Mundo, 17.10.12, pág. 6.

4. Estadísticas de Fedeagro publicadas en sitio web del Banco Central de Venezuela.

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Derecho a la tierra


Estas cifras son realmente preocupantes si se tiene en cuenta que, según las proyecciones de población realizadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), la población rural segui-rá disminuyendo, ubicándose en 8,8%, 7,7%, 6,8%, 5,9% y 5,2%, para los años 2015, 2020, 2025, 2030 y 2035, respectivamente.

Debido proceso y rescate de tierras

Durante el período que cubre el presen-te informe, PROVEA tuvo conocimiento de denuncias sobre acciones de rescate de tierras realizadas por el INTI al margen de la legalidad vigente. Este accionar irregular del INTI pone en entredicho la justeza de las directrices constitucionales y las políti-cas destinadas a acabar con el fenómeno del latifundio en el país.

A continuación presentamos los siguientes casos para llamar la atención de las autorida-des nacionales, a fin de que el INTI enmarque sus acciones en el respeto al debido proceso, a la propiedad y la participación de las personas afectadas por sus decisiones.

En el anterior informe denunciamos la actuación inconsistente del INTI en relación a los procedimientos de rescate y regulariza-ción de tierras en fincas ubicadas en los es-tados Mérida y Zulia, que fueron ocupadas militarmente. Cabe señalar que en el caso de las 45 fincas rescatadas en el estado Zu-lia, en el primer trimestre de 2011 el INTI anunció haber revisado medidas de rescate de 15 predios que eran propiedad de pequeños y medianos productores. Sin embargo, según

la Asociación de Ganaderos del Municipio Colón (Aganaco), las fincas se mantienen bajo la medida administrativa de rescate de tierras que se aplicó el 17 de diciembre de 2010, sin que hasta la fecha la medida haya sido revertida definitivamente. Esto hace que los propietarios no puedan solicitar créditos bancarios para invertir en la producción, de-bido a que legalmente esas unidades de pro-ducción están envueltas en un procedimiento administrativo ejecutado por el Ejecutivo.

En esta oportunidad, a fines del mes de ju-lio de 2012, nuevamente se presentaron proce-dimientos de rescate en el estado Zulia (espe-cíficamente en el municipio Colón de la zona del Sur del Lago de Maracaibo), resultando afectadas dos fincas de 654 ha denominadas Agropecuaria Caño Blanco y Agropecuaria Las Lomas. En opinión de los propietarios de estas fincas, la medida adoptada por el INTI es incorrecta debido a que en el cartel de noti-ficación se identifica a una sola finca, cuando “son dos empresas con razón social diferente, directiva y acciones separadas”5 y además, en la inspección para constatar la ociosidad de las tierras a rescatar, el INTI “no contabi-lizó los semovientes, sólo se concentraron en la extensión de tierras. No tomaron en cuen-ta la productividad de las fincas, que tienen 70 años con la familia Parra Virla”6. Ambas fincas están dedicadas a la ganadería (carne y leche) y al cultivo de palma y plátano.

Por su parte el INTI, a través de la Oficina Regional de Tierras, afirmó que “lo que está ocurriendo en Caño Blanco y Las Lomas es sólo un acto administrativo, no se tiene plan-

5. Angie Contreras: Aplican medidas de rescate a fincas en el Sur del Lago. En: El Universal, 04.08.12, pág. 1-8.

6. Ídem.



teado el rescate de tierras hasta el momento (…) es una medida administrativa por la exis-tencia de 654 ha de tierra ociosas…”7.

En estos casos el problema reside en que no se respetan los procedimientos y lapsos estable-cidos en la LTDA, lo que conlleva a situaciones de confrontación entre los afectados y las autori-dades. En este ambiente se han producido tomas de fincas, algunas avaladas por funcionarios del INTI y otras desautorizadas oportunamente, lo que ha generado un clima de inseguridad jurí-dica que ha sido denunciado por organizaciones gremiales independientes pero también por otras afines al gobierno nacional. En esto coinciden la Federación Bolivariana de Ganaderos (Fegaven) y la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (Confagan), ambas identificadas con las políticas gubernamentales, y gremios críticos de la gestión gubernamental como la Confede-ración de Asociaciones de Productores Agro-pecuarios (Fedeagro) y Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).

Al respecto, según el Observatorio Vene-zolano de la Propiedad, los rescates de tierras alcanzaron las 1.911propiedades entre 2003 y 2010, como se puede apreciar en el siguiente Cuadro N°2.

Por otra parte, según la misma fuente, las expropiaciones en el mismo lapso suma-ron 252. Sobre el particular, el presidente de Fedenaga, Manuel Cipriano Heredia, afirma: “Calculamos que ni el 5% han sido pagadas. Algunos casos puntuales fueron reconocidas porque se trata de productores agropecuarios respaldados por empresas extranjeras, como las haciendas que eran de la compañía ingle-sa Vestey, que recibieron el pago”8.

Esta situación de no pago de las tierras expropiadas o rescatadas por parte del Estado convierte a estas acciones en una clara acción de confiscación que no está contemplada en el ordenamiento legal venezolano.

En relación al número de predios afectados e indemnizados y los montos presupuestados para pagarlos oportunamente, en la Memoria y Cuenta 2011 del MPPAT se informa que: “Con respecto a los remanentes del ejercicio fiscal 2010 se señala (…) indemnización de ocho casos de venezolanos de ascendencia española por aplicación de la Ley de Tierras remanente 2010 por Bs. 495.980”9. Esta información ofi-cial confirma la denuncia de Fedenaga sobre la discriminación de los nacionales en el pago de las tierras afectadas por la Ley de Tierras.

Cuadro N°2Cantidad de predios rescatados

(2003-2010) 2003/2005 2006 2007 2008 2009 2010

278 500 126 194 432 381

Fuente: Observatorio Venezolano de la Propiedad con información del INTI y MINCI.

7. Sergio Villasmil: Directora del Inti Sur del Lago: Es una medida administrativa por tierras ociosas. En: La Verdad, 08.08.12, pág. 6.

8. Katiuska Hernández: Ni 5% de las fincas intervenidas o rescatadas han sido pagadas. En: El Nacional, 07.11.02, pág. N-5.

9. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA AGRICULTURA Y TIERRAS: Memoria y Cuenta 2001. Pág. 764.

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Derecho a la tierra


Adicionalmente, en la referida Memoria y Cuenta se destaca que en el denomina-do “Convenio Cuba-Venezuela, proyecto agrícola integrales introducción a la geo-mática” las acciones centralizadas dieron los siguientes resultados: “Se afectaron e indemnizaron 11 lotes de tierras en los es-tados Aragua, Barinas, Portuguesa, Táchi-ra, Vargas, Zulia y Yaracuy, por un monto de Bs. 27.971.769”10. En este caso se in-fiere que se ha privilegiado el pago de la indemnización a campesinos o productores afectados por proyectos de interés del go-bierno nacional.

Políticas de financiamiento agrícola y asesoramiento técnico

Los recursos destinados al presupues-to del MPPAT de 2011 alcanzaron los Bs. 2.724.988.955, que sumados a los Bs. 4.052.380.462,38 correspondientes a créditos adicionales aprobados por la AN, totalizaron Bs. 6.777.369.417,38. Para 2010, el presupuesto ordinario se ubicó en Bs. 2.221.721.002 y los créditos adiciona-les sumaron Bs. 1.451.652.784, para un to-tal general de Bs. 3.673.373.786. Esto sig-nifica que los recursos asignados en 2011 se incrementaron nominalmente en el orden de 84%, respecto a 2010. Vale recordar que al principio de 2011 se aprobó la Gran Misión Agro Venezuela, para la cual la AN aprobó un crédito por Bs. 9.456.801.957.

Por su parte, el INTI recibió para el presente año fiscal una asignación presu-puestaria inicial de Bs. 234.842.655, des-tinándose para las acciones centralizadas

un monto de Bs. 190.157.146 y para los proyectos Bs. 44.685.509. Además, la AN aprobó cuatro créditos adicionales, para un presupuesto modificado del orden de los Bs. 268.775.734. A ello hay que sumar Bs. 1.447.960 aprobados para financiar la Comisión Intergubernamental Cuba-Vene-zuela, y Bs. 100 millones para afrontar la contingencia natural ocurrida en el Sur de Lago (estado Zulia), recursos aprobados por la Administración Financiera de Crédi-tos Adicionales (SAFCA) y el Fondo Simón Bolívar, respectivamente. Adicionalmente, el remanente del ejercicio fiscal 2010 fue de Bs. 71.241.889.

En síntesis, los recursos financieros asignados al INTI en 2011 totalizaron Bs. 407.532.504, mientras que en 2010 suma-ron Bs. 512.656.784, lo que representa una disminución en términos nominales de 21%.

Para el ejercicio económico 2012, el MPPAT prevé ejecutar un proyecto de presupuesto inicial aprobado de Bs. 2.933.646.251, distribuido de la siguiente forma: para las acciones centralizadas Bs. 1.764.447.809 proyectos ordinarios Bs. 1.146.861.886 y proyectos por Ley Espe-cial de Endeudamiento Bs. 22.336.556. Según el propio ministerio, “dicho monto aprobado es deficitario en un 71%, según la propuesta presentada por el ministerio en el 2011, el cual se efectuarán todas las acciones necesarias para obtener los recur-sos faltantes para el buen funcionamiento de la Misión Agro Venezuela, el plan bienal y otros planes a ejecutar”11.

10. Ídem. Pág. 771. Decreto presidencial N° 709, según punto de cuenta 183.09, de fecha 09.11.09, Ga-ceta Oficial 39.318 de fecha 01.12.09 y aplicación de punto de cuenta N° 174-10 de fecha 10-.10.10, respectivamente.

11. MPPAT: Memoria y Cuenta 2001. Pág. 52.



En relación al financiamiento agrícola de la banca pública, la Memoria y Cuenta 2011 da cuenta de un aumento significativo del fi-nanciamiento público agrícola.

Del total del crédito público, el Banco Agrícola de Venezuela (BAV) asignó Bs. 2.167.386.527, para un total de 29.186 cré-ditos que beneficiaron a 29.207 productores, cubriendo una superficie de 328.389 ha. Por su parte el Fondo para el Desarrollo Agrícola de Venezuela (Fondas) asignó Bs. 3.886.522.468, para un total de 95.049 créditos que benefi-ciaron a 103.866 productores, cubriendo una superficie de 577.896 ha. La distribución por entidades federales se puede apreciar en los siguientes cuadros N°4 y N°5 tomados de la Memoria y Cuenta 20011 del MPPAT.

En síntesis, el financiamiento público otor-gó 124.235 créditos en 2011, beneficiando a 133.073 productores y cubriendo una superfi-cie de 906.285 ha.

La situación del crédito agrícola en la ban-ca comercial ha venido evolucionando posi-tivamente en cuanto al volumen del financia-miento hacia el sector, como se puede apreciar en el Cuadro N°6 el financiamiento al sector viene incrementándose progresivamente des-

Cuadro N° 3Total créditos otorgados con recursos de la banca pública según sector. 2009-2010

Bolívares Variación (%) 2009 2010

Vegetal 4.713.033.108 1.926.324.164 145%

Animal 808.411.399 429.869.844 88%

Forestal 15.139.512 -100%

Pesquero 206.270.423 17.228.016 1097%

Otros 326.194.074 17.060.171 1812%

Total 6.053.909.005 2.405.621.707 152%

Fuente: MPPAT / Banco Agrícola de Venezuela (BAV) / Fondo para el Desarrollo Agrícola de Venezuela (Fondas).

de 2003, y en 2011 el incremento respecto de 2010 ha sido de 42%.

Orientación y desarrollo de la producción agropecuaria

En 2011 se profundizó la implementa-ción de la política agraria que tiene al Esta-do como agente económico activo en toda la cadena agroalimentaria, aprobando el go-bierno nacional la creación en enero de 2011 de la Gran Misión Agro Venezuela (GMAV). Esta misión tiene seis ejes dinamizadores: lucha contra el latifundio, financiamiento, asistencia integral al productor, infraestruc-tura, abastecimiento de insumos, tecnología y comercialización. En una primera etapa se procedió al registro en todo el territorio na-cional de productores, campesinos y pesca-dores, dando como resultado la inscripción de 682.125 personas.

Según el MPPAT, al cumplirse un año del inicio de la GMAV se había regularizado la tenencia de la tierra de 36.000 productores y se recuperó un millón de ha de tierras con vo-cación agrícola. En relación al financiamiento directo, la GMAV otorgó Bs. 6.848.557.4431, para un total de 35.299 financiamientos a tra-vés de la banca pública social, la banca pú-

230

Derecho a la tierra


blica universal y la banca privada, beneficiando a 234.349 productores, para una superficie de 906.625 ha12.

En relación a los principales indicadores re-lacionados con la producción agropecuaria (par-ticipación del PIB agrícola en el PIB nacional, evolución de las importaciones de alimentos, superficie cosechada y volumen cosechado), en 2011 los resultados no fueron alentadores, y con-trastan con el cuantioso apoyo financiero destina-do por el gobierno nacional.

Según Fedeagro, la evolución del PIB agrícola desde 2008 ha sido como se muestra en el Cuadro N° 7.

Cabe precisar que en los últimos diez años se registró un crecimiento del Producto Interno Bru-

12. MPPAT: Cosechando Conciencia. Edición N° 34. 06.02.12 [en línea] <http:// http://www.mat.gob.ve/>

Cuadro N° 4 Evolución anual de la Cartera Agrícola (miles de bolívares)

2003-2011Institución 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bancaribe 681.745 1.157.305 2.129.140 3.260.898 4.635.784 6.029.549 9.533.190 13.967.356 21.633.673

0 0 0 0 0 6.361.945 23.766.136 32.776.980 29.805.369

Banesco 1.320.799 1.935.572 3.994.276 9.247.593 13.822.250 26.582.026 39.244.959 54.997.137 73.576.840

Corp Banca 399.391 705.503 1.035.334 1.539.153 2.843.906 5.282.294 8.849.714 14.902.925 20.525.303

Exterior 727.983 1.289.956 2.310.021 3.353.456 4.961.480 7.979.536 10.631.139 17.130.861 25.400.967

Mercantil 2.326.224 4.029.589 7.614.822 10.863.830 18.854.542 24.865.532 33.722.565 48.419.021 70.149.741

1.375.614 1.907.577 3.616.533 4.020.978 5.632.512 8.922.032 14.542.947 23.879.401 33.838.720

Otros 2.393.821 4.876.303 9.429.199 17.080.335 33.053.293 47.243.702 61.680.585 68.019.663 99.219.196

Provincial 1.725.235 3.530.698 6.168.708 8.618.067 13.070.515 21.254.701 32.481.200 44.478.602 62.884.495

Venezuela 1.916.086 3.443.931 6.907.995 9.192.940 12.869.381 20.218.475 26.176.802 32.240.698 60.840.941

TOTAL 12.866.898 22.876.434 43.206.028 67.177.250 109.743.663 174.739.792 260.629.237 350.812.644 497.875.245

Fuente: SUDEBAN*(*) A partir de julio de 2009, el Banco de Venezuela, debido a su nacionalización, se registra como Banco del Es-tado. En FEDEAGRO: [en línea] <http://www.fedeagro.org/cartera/carterames.asp> Consulta del 29.12.12.

Banco Agrícola de Venezuela

Occidental de Descuento

to (PIB) agrícola, que pasó de 1.803 millones en 1988 a 2.330 millones de bolívares en 2010. En la actualidad no se cuenta con las cifras correspon-dientes a 2011; a pesar de que el BCV anunció que en el transcurso de 2012 presentaría desagregadas las cifras del PIB agrícola, esto no ha sucedido, por lo que este importante indicador aún aparece agregado al PIB de restaurantes y hoteles, lo que impide hacer un seguimiento de este indicador.

Ejemplo de la variabilidad de cifras sobre el valor del PIB agrícola es el análisis realizado en 2005 por el Centro de Inversiones de la Organi-zación de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), a solicitud de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en el que se afirma: “La produc-ción agrícola representa una fracción reducida del PIB en comparación a otros países andinos y



de América Latina. Desde la década de los 80 se ubica en alrededor del 5% con una leve tendencia a la disminución. Sin embargo, dada la impor-tancia de la producción agroindustrial y el peso de la agricultura moderna, ella genera amplios encadenamientos. De acuerdo al estudio del IICA sobre la real contribución de la agricultura a la economía, la agricultura ampliada puede llegar a representar alrededor del 21% del PIB”13.

Por otra parte, Venezuela continúa siendo un importador neto de alimentos, estrategia que no es sostenible ni a mediano ni a largo plazo, pues ello significa llevar a la ruina la producción na-cional de alimentos. Las importaciones se han cuadruplicado en los últimos doce años, con un significativo impulso desde 2003 y un espectacu-lar salto en 2007 y 2008. La caída de 2009 y 2010 con respecto a 2008 obedeció al comportamien-to de los precios internacionales. De representar 10% de las importaciones totales en promedio en la década del 90, en los tres últimos años las importaciones agroalimentarias superaron 16%. En términos per cápita, se pasó de $76 en 1998 a $203 en 2010. En 2008, las importaciones de alimentos per cápita alcanzaron los 276 dólares.

Las estadísticas de Cadivi registran que en 2011 las importaciones de alimentos represen-

tan 6.305 millones de dólares, magnitud que se traduce en un alza de 12% respecto a 2010. Esta cifra se encuentra por debajo del récord de 2008, cuando las compras de alimentos en el exterior alcanzaron la suma de 7.577 millones de dólares.

Cabe señalar que, según el BCV, para 2012 las importaciones sección “agrícola vegetal y animal” sumaron un monto de 4.691 millones de dólares, lo que representa 12,4% del total de im-portaciones y un aumento de 93,4% respecto del mismo lapso de 2011.

Producción y superficie sembradaA pesar de la cuantiosa inyección de re-

cursos financieros que el MPPAT desembolsó en 2011, que totalizó Bs. 15.285 millones, el área sembrada disminuyó en 7,8% y 15 rubros cayeron, respecto de 2010. Según la propia Memoria y Cuenta 2011 de MPPAT, el total de la inversión ejecutada por los “Programas y proyectos de los entes adscritos” alcanzó los Bs. 15.285.744.266, 135% más que la inver-sión ejecutada en 2010, que sumó la cantidad de Bs. 6.515.495.438.

Esta crisis se tradujo en la reducción de 7,8% de la superficie sembrada de alimentos en todo el país, que pasó de 2.432 millones de

13. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: Venezuela: Nota de análi-sis sectorial Agricultura y Desarrollo Rural. FAO [en línea] <http://www.fao.org/docrep/012/ak170s/ak170s00.htm> Consulta del 29.01.13.

Cuadro N° 5PIB por Clase de Actividad Económica

(miles de bolívares de 1997) * 2008 2009 2010 2011

CONSOLIDADO 58.332.493 56.022.729 55.263.967 58.011.931

Actividades Petroleras 7.017.983 6.471.709 6.483.185 6.593.389

Actividades no Petroleras 44.626.260 43.435.281 42.790.211 44.963.119

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca

Resto 1 y 2/¨** 3.392.894 3.437.824 3.388.573 3.398.714

Fuente: Fedeagro/BCV. ** PIB agrícola aún aparece agregado al PIB de restaurantes y hoteles.

232

Derecho a la tierra


ha en 2010 a 2.243 millones de ha en 2011, lo que representa un descenso de 7,8%.

Como se puede apreciar en el Cuadro N°8, al menos 15 de 50 rubros sufrieron una contracción en sus áreas de siembra. Los casos más graves fueron los terrenos cultivados de maíz (-21%), soya (-10,6%), caña de azúcar (-8,9%), cacao (-5,4%) pepino (-48%) y remolacha (-38,5%).

Por otra parte, la producción agrícola y el valor de la producción tuvieron un rendimien-to poco estable y poco satisfactorio. La crisis se reflejó en la caída de los volúmenes de ali-mentos cosechados, pues de esos 50 rubros, siete tuvieron retrocesos en 2011: caña de azúcar (-10,68%), pepino (-11,52%), beren-jena (-5,63%), palma aceitera (-1,97%), soya (-24,24%) y maíz (-15,16%), según las cuentas oficiales. Un mejor comportamiento tuvieron en 2011 los renglones pecuarios y pesqueros: la producción de leche creció 11,6%; el sector bovino subió 3,49%; el porcino, 9,13%; el ca-prino aumentó 0,32% y el ovino cerró el año con un incremento de 4,46%, según el MAT. Los rubros pesqueros repuntaron en 44%.

Llama la atención que rubros relaciona-dos con la asistencia técnica a los productores como los de Servicios Agrícolas (-10,99), Pre-paración de Tierras (ha, -9,89), Nivelación de Tierras (ha, -11,82) y Control de Plagas (ha, -18,07) presenten cifras negativas, cuando se supone que deberían haber crecido por el apo-yo a ese rubro por parte de la GMAV.

Por otra parte, según el MPPAT, entre las dificultades enfrentadas en 2011 desta-can los problemas de insumos agrícolas para la producción, presupuestos insuficientes, recursos entregados con retardos (muchos destinados a inversiones en procesos pro-ductivos) y las demoras en el cumplimiento

de obligaciones de pago a proveedores de obras, bienes y servicios por el cambio en la fuente de financiamiento del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) a la Oficina Nacional del Tesoro. Al respecto, PROVEA es de la opinión de que la existencia de “pre-supuestos insuficientes” no puede ser alega-da por el MPPAT como una dificultad, pues está probado que en 2011 se dispuso de 84% más de recursos que en el año anterior.

En relación a la identificación de las posi-bles causas que expliquen los magros resulta-dos de las políticas públicas en materia agrí-cola y pecuaria, a pesar de la prioridad que ha tenido la materia en las políticas públicas del gobierno nacional, PROVEA coincide con el diagnóstico realizado en su oportunidad por los técnicos de la FAO y de la CAF, citados anteriormente y que se incluyen en el Anexo N° 3 de este Informe14.

Desarrollo normativo y jurisprudencial

Actividades legislativasDurante el período analizado la actividad

legislativa relacionada con el derecho a la tierra fue mínima. Efectivamente la AN sólo aprobó en 2011 la Ley Especial de Endeuda-miento Complementaria para el Ejercicio Fis-cal 2011, que le permitió al Ejecutivo nacional disponer ese año de 45 mil millones de bolíva-res adicionales, para invertir en las misiones Vivienda Venezuela, Agro Venezuela y Traba-jo; específicamente el artículo 2 establece un monto de diez mil millones de bolívares (Bs. 10.000.000.000,00) para la GMAV.

Por su parte, el Ejecutivo Nacional apro-bó el Decreto Ley Nº 8.012, denominado Ley de Atención al Sector Agrícola, dictado el

14. Para PROVEA, el estudio que data de 2006 guarda plena vigencia con la realidad de 2011.



Cuadro N° 6Superficie cosechada según productos.

2011 Superficie VariaciónProductos (ha) % 2011 2010 2011-2010

Total General 2.243.114 2.432.943 -7,8

Cereales 1.027.360 1.292.346 -20,5

Arroz 165.334 180.454 -8,4

Maíz 630.015 799.712 -21,2

Granos Leguminosos 91.912 58.608 56,8

Arveja 415 469 -11,5

Textiles y Oleaginosas 248.422 229.919 8,0

Soya 36.601 40.949 -10,6

Raíces y Tubérculos 131.608 105.442 24,8

Apio 2.871 4.764 -39,7

Frutas 266.951 264.572 0,9

Plátano 45.565 49.721 -8,4

Hortalizas 103.700 98.570 5,2

Ajo 1.262 1.961 -35,7

Berenjena 459 523 -12,2

Coliflor 622 924 -32,7

Pepino 846 1.630 -48,1

Remolacha 973 1.583 -38,5

Vainita 552 1.661 -66,7

Zanahoria 10.421 10.677 -2,4

Café, Cacao, Caña Azúcar,Tabaco 373.160 383.487 -2,7

Cacao 54.679 57.790 -5,4

Caña de azúcar 119.164 130.805 -8,9

Fuente: MPPAT. Cuadro modificado por PROVEA, tomado de la Memoria y Cuenta del MPPAT 2011, págs. 871 y 872. Resaltado los rubros que decrecieron la producción en 2011 respecto de 2010.

27.01.11 y publicado en la Gaceta Oficial N° 39.603, que tuvo vigencia hasta el 30.06.12.

Destaca positivamente que entre los bene-ficiarios se encuentren aquellas personas natu-rales y jurídicas que producen bienes o servi-cios con aprovechamiento sobre la propiedad de un tercero, siempre que cuenten con la autorización del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Cabe recordar que la LTDA contempla

la prohibición de la tercerización de la tierra, por lo que este reconocimiento como benefi-ciarios a estos productores es una acción posi-tiva del legislador.

Con posterioridad, el 23.05.12, el Ejecu-tivo Nacional publicó en Gaceta Oficial Nº 39.928 el Decreto Nº 8.684 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Atención al Sector Agríco-la, que deroga el anterior y que tiene vigencia

234

Derecho a la tierra


Cuadro N° 7Valor y producción agrícola, pecuaria y piscícola según productos.

2011 Producción Valor Bruto de la producción Variación (toneladas) Miles de Bs. a precios de 1997 % 2011 2010 2011 2010 2011-2010

Sector Agrícola 5.335.991 5.099.276 4,64

Característicos 5.211.251 4.978.920 4,67

Vegetal 2.843.421 2.881.514 -1,32

Cereales 3.454.442 3.692.249 449.169 481.463 -6,71

Maíz 2.117.710 2.496.207 283.879 334.617 -15,16

Granos y leguminosas 94.772 73.039 27.036 21.195 27,56

Textiles y Oleaginosas 758.105 737.514 110.029 105.302 4,49

Palma aceitera 438.526 447.360 73.063 74.535 -1,97

Soya 49.777 65.702 7.347 9.697 -24,24

Raíces y tubérculos 1.604.849 1.249.421 227.296 183.262 24,03

Frutas 3.035.474 2.552.762 362.513 319.314 13,53

Plátano 304.971 316.851 33.861 35.180 -3,75

Berenjena 6.456 6.841 725 768 -5,63

Pepino 15.252 17.238 1.408 1.592 -11,52)

Café, Cacao, Caña Azúcar, Tabaco 8.236.226 9.204.900 1.367.083 1.508.239 -9,36

Caña de azúcar 8.134.111 9.107.078 1.223.777 1.370.160 -10,68

Animal 2.021.623 1.787.906 13,07

Carne conejo (t) 116 367 -68,39

Huevos fértiles (miles de unidades) 355.211 408.937 24.410 28.102 -13,14

Pesquero 286.418 192.398 136.090 94.506 44,00

Marítimos 257.087 177.410 123.494 86.775 42,32

Camarón 5.855 11.580 5.333 10.547 -49,44

Pargo 1.595 4.553 2.122 6.058 -64,97

Rayado 163 1.423 90 787 -88,55

Mejoras 85.971 80.584 6,69

Servicios agrícolas 98.958 111.172 -10,99

Preparación de tierras (ha) 508.214 563.969 32.017 35.530 -9,89

Nivelación (ha) 28.320 32.115 396 450 -11,82

Control plagas (ha) 1.395.255 1.703.050 41.286 50.393 -18,07

No característicos 124.740 120.357 3,64

Elaborados 169.981 161.459 124.740 120.357 3,64

Fuente: MPPAT. Cuadro modificado por PROVEA, tomado de la Memoria y Cuenta del MPPAT 2011, Págs. 868- 870. Resaltados los rubros que decrecieron la producción en 2011 respecto de 2010.



hasta el 31.12.12. De esta manera se atendie-ron nuevas emergencias naturales que afec-taron a los productores y se continuó con el apoyo a las misiones, en especial a la GMAV.

Jurisprudencia agrariaDurante 2011 destaca la decisión tomada

por la Sala Constitucional del TSJ en relación con “la causa distinguida con el número JP21-P-2007-006551, seguida a los ciudadanos MAR-TÍN JAVIER JIMÉNEZ y RAFAEL CELESTINO BELISARIO, por ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, extensión Valle de La Pas-cua, quienes fueron condenados por la comisión de los delitos de invasión, perturbación violenta de la posesión de bienes inmuebles e incendio, a cumplir la pena de diez (10) años y seis (6) meses de prisión”15.

La Sala Constitucional del TSJ dio lugar al avocamiento solicitado por el abogado Eduar Enrique Moreno Blanco, quien había argumen-tado al solicitarlo que “(…) la presente solicitud de avocamiento, se basará fundamentalmente en el orden público constitucional controvertido contenido en sus artículos 2, 26 y 49, que supone privar a un campesino de su libertad mediante la equívoca solicitud de juzgamiento proferida ile-galmente por el Ministerio Público de tramitarle un juicio con la aplicación de leyes penales. Lo que no se corresponde con su condición humana de agricultor”16.

En definitiva, el TSJ fundamenta su decisión de avocarse al conocimiento de la causa expo-niendo que: “La Sala al advertir en el presente

caso la posible transgresión del orden público constitucional, en el marco de los principios fun-damentales que informan el derecho al debido proceso, a la correcta aplicación de las leyes, y en lo que concierne a la adecuación típica, con-cebida como el proceso mediante el cual una conducta o comportamiento humano, encuadra dentro de un tipo penal determinado, función esta que le es propia al juzgador a quien atañe el conocimiento del caso en concreto, con el obje-to de evitar decisiones arbitrarias que coloquen en entredicho la imagen del Poder Judicial, en aras de preservar el derecho a la tutela ju-dicial efectiva, con la finalidad de determinar, efectivamente, la posible vulneración al orden jurídico constitucional, y con el objeto de evitar criterios jurisprudenciales contradictorios en el presente caso, se avoca a su conocimiento. Así se decide”17.

El TSJ analizó los hechos y concluyó que “la resolución de los conflictos surgidos entre particulares relacionada con la actividad agra-ria corresponde resolverlas a la jurisdicción especial agraria, si de ellas se derivan las insti-tuciones propias del derecho agrario, y seguirse a través del instrumento legal que lo regula, por lo que, pretender encuadrar el supuesto de hecho correspondiente a conflictos entre campesinos, derivados de la actividad agroproductiva en los supuestos legales previstos en los tipos penales de invasión y perturbación violenta de la pose-sión” (Subrayado nuestro).

Asimismo, la sentencia del TSJ desapli-ca los artículos 471-a y el artículo 472 (Ver Anexo N° 4) del Código Penal, aduciendo que: “al verificarse que el artículo 471-a y

15. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: Sala Constitucional. Sentencia N° 1881 del 08.12.11. Expedien-te Nº 11-0829 [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/1881-81211-2011-11-0829.html> Consulta del 29.01.13.

16. Ídem.17. Subrayado nuestro.

236

Derecho a la tierra


18. Destacado nuestro.19. TSJ ordenó despenalizar delito de invasión [en línea] <http://www.juanjoseortega.com/blog/noticias-

inmobiliarias/594-tsj-ordeno-despenalizar-delito-de-invasion-.html≥ Consulta del 12.01.13.

el artículo 472, ambos del Código Penal, que contienen los tipos penales de invasión y de perturbación a la posesión pacífica, no hacen distinción en cuanto a los casos en los cua-les las acciones que se presuman delictivas, versen sobre la disputa de bienes destinados a la actividad agraria o que pudieran pre-sumirse de vocación agrícola –en cuyo caso deben excluirse de los supuestos configura-tivos del tipo, pues en tal caso, los hechos objeto del proceso resultarían atípicos– y en consecuencia, se desprenda la falta de competencia material (ratione materiae) del juez penal, por lo que se entienden normas contrarias al deber de tipificación suficiente y a la garantía del debido proceso, estable-cido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con-tentivo, a su vez, del principio de legalidad y del derecho a ser juzgado por los jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales –49.6 y 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela–, aunado a la necesidad de generar seguridad jurídica en la interpretación del ordenamien-to jurídico, esta Sala Constitucional, en uso de la potestad prevista en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desaplica por control difuso de la constitucionalidad los artículos 471-a y 472 del Código Penal Venezolano, en aque-llos casos en donde se observe un conflicto entre particulares devenido de la actividad agraria, conforme a las previsiones estable-cidas en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, resultando aplicable el procedimiento ordinario agrario estable-cido en el Capítulo VI del texto legal men-cionado y competente para conocer en estos

supuestos los juzgados de primera instancia agraria, teniendo el presente fallo carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas de este TSJ”18.

El TSJ evidencia que los hechos por los cuales fueron juzgados y condenados los ciu-dadanos Rafael BELISARIO y Martín Javier JIMÉNEZ no revisten carácter penal, en lo que respecta a los supuestos de invasión y per-turbación violenta de la posesión pacífica. Fi-nalmente, la Sala Constitucional del TSJ tomó la siguiente decisión, que sentó un precedente que generó un debate entre juristas y sectores de opinión. (Ver anexo N° 5)

En relación a la sentencia, las opiniones son controvertidas. El exjuez Jesús Ollarves subrayó que el dictamen de la Sala Constitu-cional, de acuerdo al artículo 335 de la Cons-titución, tiene efecto general. “Esta es una sentencia de obligatorio cumplimiento para los jueces y fiscales de la República. De esta forma se configura una suerte de legislación oscura porque el Poder Legislativo es quien puede legislar, derogar normas y crear deli-tos. Se acentúa la inseguridad jurídica, se vio-la el principio constitucional a la propiedad privada y hace que este sea ahora un derecho por alcanzar”, explicó Ollarves19.

En opinión del abogado Alberto Arteaga, la decisión de la Sala Constitucional “contempla que cuando se trata simplemente de un litigio o de una controversia sobre bienes destinados a la actividad agraria, como lo ha sido el caso concreto, no son aplicables los dispositivos contemplados en los artículos del Código Pe-nal que sancionan las invasiones y la perturba-ción pacífica de la posesión (artículos 471-A y



472), sino las disposiciones de la Ley de Tierras (…) por lo señalado, la Sala no ha desaplica-do en general las disposiciones penales sobre invasiones, sino que ha dictaminado que en el caso concreto los hechos no revisten carácter penal y no son aplicables las disposiciones del Código Penal”20. Queda claro para Arteaga, que la Sentencia es sólo aplicable a casos re-feridos al sector agrario y no a la propiedad en general, por lo que no es aplicable a la vivienda o propiedades comerciales o industriales o de otro tipo, como argumentaron en un principio voceros de sectores opositores a las políticas agrarias del Ejecutivo Nacional.

Para PROVEA, la sentencia de la Sala Constitucional es un precedente importante que da garantía a todo el sector agrícola y pe-cuario que se ha visto afectado por múltiples conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, que ha dejado un sinnúmero de afecta-dos. Cabe esperar que, como la Sentencia del TSJ tiene carácter vinculante, su aplicación ayude a desprocesar a miles de campesinos que han sido afectados por decisiones judi-ciales que PROVEA ha caracterizado como “criminalización judicial”. Para 2009, más de 1.500 campesinos se encontraban afectados, lo que llevó al Frente Nacional de Campesi-nos y Pescadores Socialistas Simón Bolívar a denunciar y solicitar ante el TSJ y a la Fisca-lía General de la República, el sobreseimiento de los campesinos victimizados por ocupar tierras en apoyo al proceso de rescate de las mismas promovido por el INTI. Vale recordar las afirmaciones Joel Pineda, vocero del men-cionado frente campesino, quien explicó: “En

la mayoría de los casos son medidas que se aplican por supuesta invasión de propiedad privada y terminan criminalizando la lucha del campesino y éste termina entonces presen-tándose en los tribunales cada ocho días como un vulgar delincuente”21. La Fiscalía General de la República y los tribunales agrarios tie-nen la palabra; miles de familias campesinas esperan justicia.

Violencia y conflictividad social en el campo

Durante el período enero-diciembre de 2011, PROVEA registró un total de ocho casos que afectaron a 23 campesinos. Cinco campe-sinos fueron asesinados producto del accionar de agentes no estatales bajo la modalidad del sicariato por encargo y tres por el Ejército; por otra parte, cinco campesinos fueron detenidos arbitrariamente por efectivos policiales del estado Zulia cuando reclamaban el rescate de tierras improductivas; cuatro heridos y otros cinco fueron víctimas de amenazas.

En el anterior Informe dimos cuenta de los asesinatos ocurridos hasta septiembre de 201122 de los dirigentes campesinos Yoel TORRES y Joaquín GAMBOA, ambos del Movimiento Campesino Jirajara; de Silvino GARCÍA MATA, de Valles del Tuy, y de Víc-tor FLORES BELLO, miembro de la Coordi-nadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora23.

Finalizando 2011 fueron asesinados Alfre-do Rafael HERNÁNDEZ COLMENARES, dirigente del Movimiento Agrario Sin Tierra del estado Lara, y Rolando BRIZUELA, di-

20. Alberto Arteaga: [en línea] <http://www.dinero.com.ve/index.php/articulos/pais/2555-defienden-pena-por-invasiones> Consulta del 22.01.13.

21. PROVEA: Informe Anual octubre 2010-septiembre 2011. Caracas, 2011. Pág. 193.22. A partir del presente Informe Anual, el período de cobertura comprende el año calendario de enero a

diciembre, a diferencia de los anteriores que comprendía los meses de octubre a septiembre. En esta opor-tunidad presentamos las estadísticas de 2011 y de 2012.

23. PROVEA: Ídem. Pág. 223.

238

Derecho a la tierra


rigente del Frente Revolucionario Bolívar y Zamora, del estado Barinas. El 13.12.11 apa-reció, luego de seis días de haber sido secues-trado, el cuerpo sin vida de Hernández Col-menares en el sector Matarere, presentando signos de tortura y un disparo en la cabeza. Según activistas del Movimiento Agrario Sin Tierra, los asesinos dejaron un mensaje de in-timidación muy claro, ya que colgaron de una rama la gorra que identificaba a la víctima con la organización campesina a la que pertene-cía. Brizuela fue asesinado el 17.11.11 en el asentamiento La Arenosa, donde desarrollaba sus actividades en pro del rescate de tierras, por lo que había sufrido presión y amenazas de la policía estadal, que llegó en una oportu-nidad a sembrarle drogas con la finalidad de desprestigiarlo.El caso más grave aconteció en la reserva San Camilo del Alto Apure (estado Apure) cuando efectivos del Ejército abatie-ron a tres campesinos e hirieron a otros cuatro, a los quienes presentaron como delincuentes “robaganado”, el 22.11.20. Esta acción em-prendida por el Batallón de Caribe “Sucre”, al mando del coronel Ángel Serdeño Armas, fue inmediatamente desmentida por activistas de derechos humanos, dirigentes campesinos y militantes del PSUV. Nelson Guerrero, di-rigente del Frente Nacional Campesino Eze-quiel Zamora, quien es hermano de Javier GUERRERO, uno de los ejecutados por el comando militar, indicó que “los uniformados llegaron a la casa de una familia campesina encapuchados disparando a diestra y sinies-tra sin respetar ni siquiera a los niños que se encontraban en la casa”24. Por su parte, Her-nán Luis González, vocero del Círculo de Lu-cha Popular por los Derechos Humanos Jorge

Eliécer Nieves, de Guasdualito, denunció que el coronel Serdeño Armas tiene 37 denuncias en la Fiscalía, por lo cual llamó a la reflexión a los organismos competentes que con su in-acción favorecen la impunidad y la repetición de masacres en la región. Braulio Márquez, vocero del Autogobierno de la Ciudad Comu-nal Socialista Simón Bolívar y miembro de la dirección parroquial del PSUV, condenó los hechos e hizo un llamado a los órganos com-petentes afirmando que “no es posible que en revolución y proceso de transición al socialis-mo ocurran hechos similares a los ocurridos en Yumare, El Amparo y Cantaura”25.

Cabe destacar que desde 2000 hasta 2012, PROVEA ha registrado el asesinato de 120 campesinos en conflictos relacionados con la tenencia de la tierra; ocurriendo la mayor cantidad de asesinatos durante 2005, cuando se contabilizaron 55. Por otra parte, según los registros de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, desde 1997 hasta finales de 2011 se han registrado 33 asesinatos de defensores de derechos a la tierra en Venezuela26. Durante 2012, PROVEA registró cinco casos que afec-taron a 15 campesinos. Cinco campesinos fue-ron asesinados por sicarios no identificados, tres fueron heridos también por sicarios y siete fueron detenidos y maltratados por la Guardia Nacional (GN).

Destaca durante 2012 la actuación irre-gular de efectivos de la GN pertenecientes al DF-32, con sede en la población de Santa Bárbara de Zulia, quienes el 12.08.12 detu-vieron y maltrataron a siete campesinos que estuvieron cuatro días protestando en las ad-yacencias de la hacienda Bolívar para exi-

24. Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora: Nuevos antecedentes sobre hechos ocurridos en la reserva San Camilo del Alto Apure. Prensa CRBZ, 26.11.11. Mímeo.

25. Ídem.26. Son defensores del derecho a la tierra todos aquellos que ostentan cargos directivos o son dirigentes de

organizaciones campesinas activas en la defensa de este derecho.



gir la presencia del ministro de Tierra, Elías Jaua, solicitando la adjudicación de dos mil hectáreas de tierras ubicadas en el sector El Manguito, de la parroquia Urribarrí. Aytop Longaray, abogado defensor de los campe-sinos, denunció que estas personas fueron detenidas bajo engaño y golpeadas. Expli-có que sus defendidos fueron llamados por la GN para presuntamente conversar, llegar a un acuerdo y levantar la manifestación, “y cuando fueron llamados para conversar en relación con los acuerdos fueron detenidos en lugares diferentes al sitio del suceso y gol-peados por funcionarios de la GN”27.

En 2012 fueron asesinados por acción im-pune del sicariato los siguientes campesinos: José RIOS PICHARDO, José Luis FERNÁN-DEZ FERNÁNDEZ, Leonel ROMERO, Wil-frido ROMERO y Lorenzo ROMERO, todos en el estado Zulia.

La situación de impunidad de las viola-ciones a los derechos humanos en Venezuela es una problemática estructural. Resalta que, a pesar de los reiterados reclamos realizados por diversas organizaciones campesinas y de derechos humanos, la mayoría de los casos no han sido esclarecidos, por lo que permanecen en la impunidad.

En opinión del diputado Braulio Álvarez (Psuv/Yaracuy) esto se debe a que “hay esce-narios, tanto en la Fiscalía General de la Re-pública como en los tribunales del país, en los

que aún operan fuertes mafias. Por esa razón continúan impunes los asesinatos de más de 260 líderes campesinos”28.

En relación a la atención de las víctimas del sicariato, el MPPAT, a través de la Funda-ción Tierra Fértil, continuó brindando su apo-yo a este sector afectado por la violencia. Du-rante 2011 se asignaron 1.250 becas escolares para los hijos de las víctima de sicariato, 322 ayudas médico asistenciales, 30 ayudas para la adquisición, construcción y remodelación de viviendas; 285 ayudas para la dotación de mobiliario, equipos de línea blanca, artefactos electrodomésticos, herramientas, equipos y utensilios; 450 ayudas de dotación de medi-cinas, equipos y utensilios médicos, agrícolas, educativos, deportivos y vehículos, y 30 asis-tencias para la formación integral29.

La inseguridad también sigue afectando a propietarios y productores agrícolas. Se-gún Fedeagro, el problema se ha agravado puesto que “la inseguridad en el campo ve-nezolano viene tomando otras consecuen-cias, ya no sólo se atenta contra los bienes de los agricultores y pobladores de la zona rural, sino que la agresividad demostrada por los delincuentes nos ha obligado a dejar de trabajar en horas nocturnas por protec-ción a la vida de nuestros trabajadores y la de nosotros mismos”30.

Según Fedenaga, durante 2012 se produje-ron 16 secuestros de productores agropecua-

27. La Verdad: Campesinos de Hacienda Bolívar denuncian maltrato de la GN. Sergio Villasmil. 20.08.2012. [En línea] <http://www.laverdad.com/economia/9410-campesinos-de-hacienda-bolivar-denuncian-mal-trato-de-la-gn.html> Consulta del 22.01.2013

28. Noticias24. [En línea]: <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/96504/braulio-alvarez-denuncia-que-en-la-fiscalia-y-los-tribunales-aun-operan-fueres-mafias/> Consulta del 13.01.2013

29. MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE AGRICULTURA Y TIERRAS: Memoria y Cuenta 2001. Pág. 74.

30. Fedeagro: Propuestas contra la inseguridad en el campo venezolano [en línea] <http://www.fedeagro.org/detalle.asp?id=1271> Consulta del 12.01.13.

240

Derecho a la tierra


rios, de los cuales cinco fueron en el Zulia, tres en Mérida, tres en Lara, dos en Barinas, dos en Táchira y uno en Portuguesa.

Ante esa realidad la organización de pro-ductores presentó a las autoridades una serie de propuestas, entre las que destaca la siguien-te: “Creación de Consejos de Seguridad Es-tadales formados por representantes de los

diferentes sectores de la sociedad, incluyendo quien represente o agrupe a los consejos co-munales, gremios, sindicatos, colegios pro-fesionales, cuerpos de seguridad del Estado, Poder Judicial y la Fiscalía; con reuniones periódicas para concentrar los reclamos de cada sector y ejercer la contraloría o segui-miento a los mismos”31.

31. Ídem.



Derecho a la vivienda

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, se-gura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones fami-liares, vecinales y comunitarias.

La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las fami-lias y garantizará los medios para que éstas, y especial-mente las de escasos recursos, puedan acceder a las polí-ticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.


242





Durante el período analizado la satisfac-ción del derecho estuvo caracterizada principalmente por la ejecución de la

Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que si bien ha evidenciado fallas en su desplie-gue y no ha proporcionado información acerca de sus resultados de manera pública, confiable y transparente, demostró que con voluntad política el Ejecutivo Nacional podía mejorar sus resulta-dos en la construcción de viviendas. Las diferen-tes instituciones dentro de la GMVV pusieron el mayor énfasis en aumentar el número de vivien-das construidas y entregadas a los beneficiarios; sin embargo, comienzan a denunciarse fallas en los inmuebles que sugieren que no se ha cumpli-do con todas las características que describen a una vivienda como “digna”, entre ellas, los títu-los de propiedad de las casas. PROVEA insiste que las políticas públicas en materia de vivienda –y en particular la GMVV– deben superar el en-foque cuantitativista y viviendista, sustituyéndo-lo por una visión sustentable de producción del hábitat como un proceso participativo e integral. El disfrute del derecho al hábitat digno implica alcanzar gradualmente el equilibrio territorial, la incorporación de la población a la produc-ción dentro de los planes de desarrollo de la nación, la participación social en los procesos de conformación del hábitat como proceso de conformación cultural, la adecuación e invul-nerabilidad de los asentamientos por eventos naturales, la cobertura de equipamiento comu-nitario e infraestructura de servicios, así como la calidad ambiental de seguridad estructural y de condiciones higiénicas de la vivienda.Por cuarto año consecutivo, el Informe de Gestión de la Contraloría General de la República hace énfasis en las fallas del Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih). Las observaciones del ente reafirman las preocupaciones expresadas por

PROVEA acerca de la ausencia de procesos de acompañamiento técnico a las obras de sus-titución de viviendas realizadas por el llama-do Poder Popular: “Tal situación no permite determinar si los proyectos cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para su financiamiento. Asimismo, se determinaron debilidades de control interno en lo que res-pecta a la documentación que respalda las operaciones financieras, en virtud de que se realizaron pagos por la totalidad de Bs. 1,78 millones, los cuales carecen de los soportes demostrativos de los conceptos que generaron el pago. De igual manera, prevalecieron de-ficiencias en cuanto a los procedimientos de seguimiento y supervisión en la ejecución de los proyectos, toda vez que la instalación de uno de los proyectos socioproductivos se encuentra en estado de abandono (…)”1.

La situación de violencia e inseguridad existente en el país ha sumado nuevos proble-mas a los ya existentes. Durante el período se registraron 12 personas asesinadas en los re-fugios para damnificados en el Área Metropo-litana de Caracas. Además, PROVEA recibió diferentes denuncias sobre la existencia de una “mafia de invasores” que, aprovechando el mecanismo legítimo de ocupación de terrenos baldíos y viviendas en construcción para pre-sionar a las autoridades, invaden propiedades para después venderlas a terceros.

Persiste la dificultad de acceso a la infor-mación pública en materia habitacional y la negativa institucional de establecer diálogos sobre políticas de vivienda con sectores aje-nos al llamado movimiento bolivariano. La ausencia de información confiable convierte en inauditable, por parte de la Contraloría So-cial, a la GMVV.

1. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Informe de Gestión 2011 [en línea] <http://www.cgr.gob.ve/informes_gestion.php?Cod=026> Consulta del 15.01.13.

244



Déficit habitacionalLos resultados básicos del Censo 20112,

difundidos por el Instituto Nacional de Esta-dística (INE), estimaron en 8.230.140 el nú-mero de viviendas existentes en el país, de las cuales 84,6%, es decir 6.962.698 viviendas, estaban ocupadas, mientras que 15,4%, es de-cir 1.267.441 casas, se encontraban en “otra situación”: uso ocasional, en construcción o desocupadas. Del total, 8.211.059 viviendas serían de tipo familiar, mientras que 5.384 se-rían de tipo colectiva3. De la cifra de viviendas familiares, 76,7% serían quinta, casaquinta o casa; 13.8% apartamento; 9,1% rancho; 0,3% refugio o casa de vecindad, y 0,1% vivien-da indígena. Según el INE, 27% del total de casas ocupadas, es decir 2.222.137 vivien-das, habrían sido construidas después del año 20014. Esta es una cifra curiosa, pues arrojaría que el promedio de construcción entre 2001 y 2011 sería de 222.213 viviendas anuales, lo cual sobrepasa con generosidad las cifras ofi-ciales disponibles. Por otro lado, la consulta del servicio Redatam5 del INE arroja que el promedio de personas por vivienda es de 3,9 y el promedio de hogares por vivienda en el país es de 1,03. Según el Censo 2011, los es-tados que más tienen casas tipo rancho6 son

Zulia (106.971), Carabobo (63.306), Miranda (61.470), Lara (60.262) y Aragua (48.178). Por su parte, los estados que menos tendrían viviendas tipo rancho son Amazonas (4.440), Nueva Esparta (4.485), Vargas (4.858), Mé-rida (6.472) y Delta Amacuro (6.805). Las cifras estiman en 233.239 la cantidad de vi-viendas desocupadas y en construcción a nivel nacional, y en 719.888 las viviendas con fa-milias viviendo en situación de hacinamiento. Otro dato peculiar es que el INE afirma que existen 619.524 hogares con déficit según ca-lidad de la vivienda, una cifra menor de las 747.206 casas tipo rancho diagnosticadas en la desagregación de las viviendas de tipo fami-liar ocupadas. Por otra parte, 632.892 hogares tendrían déficit de servicios. Es de señalar que las cifras del censo no ofrecieron datos sobre la situación del déficit habitacional.

Estas cifras contrastan con las presentadas por José María de Viana y Ángel Alayón en su estudio “Vivienda en Venezuela: un problema con solución”7, realizado para la Asociación Venezolana de Ejecutivos. 7,56 millones de venezolanos requerirían de vivienda, lo que implica la existencia de un déficit aproxima-do de dos millones de unidades habitaciona-les. Cada año, solo por el crecimiento de la

2. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Resultados Básicos Censo 2011 [en línea] <http://www.ine.gov.ve> Consulta del 01.02.13.

3. Según el INE, una vivienda colectiva es definida como: “Local o conjunto de locales destinados para el alojamiento de un grupo de personas sin vínculos familiares que, en general, hacen vida en común por razones de salud, enseñanza, religión, disciplina, trabajo u otras causas. A efectos censales, se incluyen también en esta categoría las pensiones, residencias estudiantiles y hoteles donde residan personas en forma permanente, viviendas colectivas institucionales, prisiones, cuarteles, asilos, conventos, residencias de trabajadores, hospitales, etc., y establecimientos análogos”.

4. Incluye viviendas de autoconstrucción, viviendas construidas por el sector privado y las construidas por el sector público.

5. Software REDATAM desarrollado por CELADE (División de Población de la CEPAL de Naciones Unidas).6. En su glosario, el INE no nos aclara lo que entiende por viviendas tipo rancho [en línea] <http://www.ine.

gov.ve/censo/glosario/glosario.asp?IdTermino=R#>7. Ángel Alayón y José María de Viana: “Vivienda en Venezuela: un problema con solución”. Asociación Ve-

nezolana de Ejecutivos [en línea] <http://www.ave.org.ve/articulo-caso-vivienda> Consulta del 15.01.13.



población, se suman al déficit 118.000 nuevas viviendas. Si se quisiera eliminar el déficit en 15 años, se deberían construir anualmente, a partir de este año, 275 mil viviendas, así como urbanizar 3.832 hectáreas de terreno anual-mente. Solo por el crecimiento vegetativo de la población en Venezuela deberían construir-se 320 viviendas nuevas por día: una vivienda cada cinco minutos de forma ininterrumpida durante las 24 horas de todos los días del año. Según los investigadores, del total de venezo-lanos necesitados de vivienda, hay un estima-do de 2,15 millones que viven en ranchos. El resto habita en condiciones de hacinamiento en otras viviendas.

La estimación del déficit habitacional en dos millones de viviendas es suscrita por la Cámara Venezolana de Construcción (CVC)8. Según esos datos, para 2011 había necesidad de dos millones de viviendas, lo que se traduciría en que 8,8 millones de venezolanos y venezo-lanas no poseen vivienda propia, calculando un promedio de 4,4 personas por casa. El gremio sostiene que 1,3 millones de inmuebles nece-sitarían mejoras o reparaciones, por lo que un aproximado de 5,7 millones de personas vivi-rían en inmuebles en mal estado. Según Juan Francisco Jiménez, presidente de la CVC, “de cada dos venezolanos uno no tiene alojamien-to adecuado o vive arrimado o hacinado, o en ranchos o albergues de alta precariedad”.

Con el objetivo de construir el Sistema Na-cional de Catastro para ejecutar programas so-ciales en diversas áreas prioritarias para el de-

sarrollo del país, desde enero de 2012 se puso en marcha el registro de inmuebles en 183 municipios del país. Según informó el pre-sidente del Instituto Geográfico de Venezue-la Simón Bolívar, Sergio Rodríguez, la meta para 2012 era levantar información catastral de un millón 50 mil inmuebles, proyectando registrar 6.500.000 inmuebles en los 335 mu-nicipios del país en un lapso de cuatro años, aproximadamente. Explicó el funcionario que el Sistema Nacional de Catastro priorizaría los sectores urbanos o ciudades del país con el propósito de obtener información básica para avanzar en programas sociales como la GMVV, planificación urbana y planes de se-guridad, “así como para impulsar y fortalecer la construcción del Estado comunal”9. Dife-rentes informaciones registraban el avance del plan en diferentes estados del país; sin embar-go, al cierre de este capítulo ninguno de los or-ganismos responsables había difundido cifras nacionales que permitieran ponderar el nivel de cumplimiento.

Soluciones habitacionalesLa presentación de los resultados de la

gestión del Minvih en su Memoria y Cuenta sigue realizándose con fallas metodológicas, de manera confusa, con inconsistencias y sin la rigurosa discriminación necesaria de los da-tos para poder realizar comparaciones de los avances y retrocesos respecto a los períodos anteriores. En esta oportunidad, por primera vez, los datos fueron agrupados según los de-nominados cinco vértices de la GMVV10.

8. Carmen Sofía Alfonzo: 8,8 millones de venezolanos no tienen vivienda propia. En: El Nacional, 14.03.12, pág. B-4.9. Agencia Venezolana de Noticias: Está en marcha Plan Nacional de Catastro en 183 municipios del país [en línea]

<http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/esta-marcha-plan-nacional-catastro-183-municipios-pais/> Consulta del 15.01.13.

10. Los cinco vértices de la GMVV son: Pueblo Organizado, Terrenos, Materiales, Ejecutores y Financiamiento.

246



El Minvih aseguró que durante el primer año de ejecución de la misión todos los ejecu-tores lograron construir 146.022 viviendas11; sin embargo, la desagregación es confusa y no advierte que por primera vez el Estado inclu-ye las cifras del sector privado dentro de las viviendas adjudicadas por las políticas públi-cas. En el vector “Ejecutores” el informe de gestión 2011 afirma que la institución logró culminar 33.942 viviendas y que 106.921 con-tinuaban en plena ejecución. Por otra parte se estima en 4.193 la cantidad de viviendas ter-minadas de urbanismos retrasados a cargo de las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV); 5.477 las unidades habitaciones de complejos privados expropiados por el Ejecu-tivo, y 5.050 las casas finalizadas por conve-nios internacionales. La suma de las anteriores da 48.662 viviendas.

A continuación la Memoria y Cuenta deta-lla: “Las Comunidades Organizadas, a través de sus Consejos Comunales, que han podido ejecutar en el marco del Programa Transfor-mación Integral del Hábitat (TIH) y el Progra-ma Sustitución de Rancho por Vivienda (SUVI) son más de 35% del total de las viviendas cons-truidas durante el ejercicio 2011”13. El 35% de 146.022 viviendas son 51.107,7 casas, cifra ne-bulosa de la que no existe mayor detalle adicio-nal en todo el Informe del Minvih, por lo que no es posible constatar si corresponden a viviendas

nuevas o remodelación de ya existentes. Para poder contrastar este número debemos revisar la Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y la Protec-ción Social12, la cual estipula en 40.509 las SUVI financiadas y, literalmente, “en ejecución en el país”, sin especificar si las casas estaban terminadas o no.

Por otra parte el coordinador del Órgano Superior de Vivienda y Hábitat (OSVH), Ra-fael Ramírez, en enero de 2012 había divulga-do que las cifras de viviendas construidas en 2011 por el “poder popular” mediante el pro-grama SUVI eran 47.410 casas14. ¿Cuál de las tres cifras es la correcta? Esta no es la única cifra disímil entre el Minvih y el OSVH. En la misma declaración Ramírez sostuvo que la ci-fra total de viviendas construidas durante 2011 fueron 146.714 viviendas, 692 casas más que las reportadas en la Memoria y Cuenta del mi-nisterio. Sin embargo, la propia cifra difundi-da por el ministro Ramírez tampoco es consis-tente. El 31.12.11 el presidente Chávez afirmó que la cifra de viviendas construidas y entre-gadas durante el año era de 144.06115, 1.961 casas menos que la divulgada por el Minvih y 2.653 menos que la señalada por Ramírez.

Tomemos la cifra de 48.662 casas construi-das por el Estado, desprendida de la Memoria y Cuenta del Minvih, y 51.108 construidas por el “poder popular”, lo cual daría 99.770 casas,

11. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT: Memoria y Cuenta 2011. Pág. 19.

12. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCION SOCIAL: Memo-ria y Cuenta 2011. Pág. 22.

13. Ídem.14. AVN: Más de 68% de las viviendas construidas en 2011 fueron edificadas por el sector público [en línea]

<http://www.avn.info.ve/contenido/m%C3%A1s-del-68-viviendas-construidas-2011-fueron-edificadas-sector-p%C3%BAblico> Consulta del 15.01.13.

15. Prensa Presidencial: Año 2011 cierra con 144 mil 61 viviendas construidas y entregadas [en línea] <http://www.chavez.org.ve/temas/noticias/ano-2011-cierra-144-mil-61-viviendas-construidas-entregadas/#.UR_4bh26dc0> Consulta del 15.01.13.



a las cuales habría que sumar las 5.050 rea-lizadas en convenios internacionales: 104.820 viviendas en total. Y aunque la Memoria y Cuenta no revela cuántas construyó el sector privado, tomemos la cifra de 146.022 vivien-das para restarle la cantidad anterior, 104.820 unidades. El resultado es de 41.202 viviendas construidas por el sector privado.

PROVEA solicitó institucional y formal-mente la información sobre las viviendas construidas y entregadas en la GMVV; sin embargo, no recibió ningún tipo de respuesta.

Como estrategia alternativa, levantó una base de datos propia, sustentada en el seguimiento hemerográfico de cuatro medios de comunica-ción estatales y dos medios de comunicación privados16, la cual le permite contrastar las cifras emanadas por las fuentes oficiales. El 27.12.12 Rafael Ramírez anunció que “el Go-bierno Bolivariano ha construido 200 mil 80 casas y apartamentos en lo que va de año, lo cual representa el 100 % de la meta prevista17. Si a estos hogares le sumamos las 146.718 entregadas en 2011, podemos decir que des-de que empezó la GMVV se han adjudicado

16. Los medios fueron El Universal, portal web del Ministerio de Vivienda y Hábitat, diarios Últimas Noticias, VEAy Correo del Orinoco, y el portal web de la Agencia Venezolana de Noticias. PROVEA consideró que al ser la política pública de mayor jerarquía, todas sus adjudicaciones serían ampliamente difundidas por la prensa oficial.

17. Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería: GMVV alcanza el 100% de la meta establecida para 2012 [en línea] <http://www.menpet.gob.ve/noticias.php?option=view&idNot=2658> Consulta del 15.01.13.

Gráfico N°1Viviendas construidas por el Estado en Venezuela. 1999-2011

Fuente: Memoria y Cuenta del Minvih.

27.118

39.843

30.306

19.442

8.069 8.766

51.184

33.867

61.512

20.852 23.649

15.516

104.820

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Viviendas construidas por el Estado en Venezuela

Viviendas

248



18. Ibídem.19. AVN: Zulia fue el estado con más viviendas construidas durante 2011 y 2012 [en línea] <http://www.avn.info.

ve/contenido/zulia-fue-estado-m%C3%A1s-viviendas-construidas-durante-2011-y-2012> Consulta del 15.01.13.

346.798 viviendas”, representando 99% de la meta establecida para el período 2011-2012, explicó Ramírez.

Según el funcionario; 72% de las cons-trucciones (250.537) fueron realizadas por el sector público, 36% (135.385) las edificó el poder popular y el otro 28% (96.261) el sector privado, equivaliendo a 24 millones de metros cuadrados de construcción. “En 20 meses se han hecho 480 viviendas diariamente, 20 vi-viendas cada hora y una vivienda cada tres minutos, si esto no es una revolución, no sé qué cosa será”, aseveró Ramírez, y resaltó que para la conclusión de esas viviendas se han in-vertido 98 mil millones de bolívares en estos dos años, “lo cual es una cifra extraordinaria; de hecho, este año el crecimiento del sector construcción fue de 16,8% del PIB”18.

Las cifras levantadas por PROVEA son diferentes. Desde el 1 de mayo –fecha en que registramos la primera adjudicación dentro del marco de la GMVV– hasta el 31 de diciembre de 2011, PROVEA contabilizó 23.588 vivien-das entregadas, cifra considerablemente me-nor que las 146.718 viviendas anunciadas por el Gobierno Nacional. Por su parte, durante todo 2012 PROVEA registró 87.203 viviendas entregadas, un importante 73% más que en el período anterior. Sin embargo, esta cifra con-tinúa siendo 43,6% menor a la indicada ofi-cialmente por el OSVH, cuya cifra habla de 200.080 viviendas. En total, el Gobierno afir-mó haber construido en 20 meses de la GMVV un total de 346.798 viviendas. PROVEA, en cambio, contabilizó 110.791 casas; es decir, 68% menos que las cifras oficiales. Mientras el Gobierno informó haber entregado en pro-

medio 568.5 viviendas diarias en 20 meses, PROVEA tan solo contabilizó en el mismo lapso 181.6 viviendas adjudicadas por día.

De acuerdo a la data levantada por PRO-VEA, en 20 meses de la GMVV las cinco en-tidades donde se entregaron mayor cantidad de viviendas fueron Zulia con 14,49% del total de entregas; Aragua con 11,52%, Bari-nas con 8,03%, Distrito Capital con 6,67% y por último Miranda recibió 6,55% de las ad-judicaciones. Sin embargo, el OSVH aseve-ró que las entidades donde se construyeron mayor número de viviendas fueron Zulia, Miranda, Anzoátegui, Falcón y Carabobo19. Las afirmaciones oficiales de nuevo tienen problemas con la calculadora. Si se suman las cifras reveladas de construcción por Es-tado la cifra es de 344.242, una cantidad 2.556 menos que las 346.798 viviendas que habían dicho haber construido.

La opacidad es la norma del proceso de adjudicación de viviendas en la GMVV. Las instituciones no han revelado la lista de per-sonas beneficiarias, y aunque se estableció que las familias damnificadas serían prio-ridad en las asignaciones, después de 300 mil casas entregadas la situación de familias habitando refugios como consecuencia de las lluvias persiste. La falta de información pública, accesible, oportuna y transparen-te sobre los urbanismos planificados, los tiempos de ejecución, la erogación presu-puestaria y sus beneficiarios ha convertido a la GMVV en inauditable y refractaria a la Contraloría Social, uno de los mecanismos para la construcción de una democracia par-ticipativa y protagónica, violando de esta



manera el artículo 62 de la Constitución20. La falta de información pública afecta prin-cipalmente a las familias sin vivienda, ge-nerando condiciones para el surgimiento de irregularidades administrativas de todo tipo. Como lo afirma la organización Transparen-cia Venezuela en un reciente informe: “La falta de información y reglamentos claros y conocidos crea riesgos de que se extorsione o manipule a personas para ‛subirlas en la lista’ o decidir discrecionalmente a quién sí y a quién no se le asigna vivienda”21.

La meta de construcción para 2013 fue establecida en 380 mil viviendas; “para ello están garantizados los insumos bási-cos requeridos”, según declaraciones de Rafael Ramírez22.

El Ejecutivo Nacional ha mantenido el énfasis otorgado a los convenios con otros países para la disminución del déficit ha-bitacional. La Memoria y Cuenta 2011 del Minvih establece que por los convenios in-ternacionales firmados en años anteriores se logró concluir 5.050 viviendas distribuidas entre desarrollos llevados adelante con paí-ses como China, Brasil y Belarús. En 2011 se firmaron importantes acuerdos en la mate-ria, que abarcan la construcción de más de 50

mil viviendas a nivel nacional con empresas provenientes de Rusia, China, Belarús, Irán, Portugal, España, Brasil y Turquía23.

Durante el período no se registraron avances importantes en la construcción de los llamados “kits de vivienda uruguayos”. Como se recordará, a comienzos de 2006 se firmó un convenio con Uruguay que in-cluía el suministro de casas prefabricadas para atender a personas damnificadas. Para ello se destinaron 206,93 millardos de bo-lívares para la instalación de 12.000 kits, a un costo promedio de la época estimado en 17,2 millones de bolívares24, una cifra que se redujo posteriormente a 8.000 kits. En 2009 la Contraloría General de la República reveló que sólo se habían construido 11 viviendas de dicho convenio25. De manera genérica la Me-moria y Cuenta 2011 del Minvih informó que los kits se estarían instalando en los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Delta Amacu-ro, Guárico, Apure, Nueva Esparta, Trujillo, Mérida, Amazonas, Cojedes y Zulia, y en Los Roques y La Orchila. Para ello se ha-brían recibido materiales para 6.500 vivien-das, de los cuales 3.500 son kits completos. Según el informe de gestión, se habría lo-grado instalar, desde la firma del convenio en 2006, un total de 848 viviendas.

20. “La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

21. Transparencia Venezuela: Análisis de riesgos de corrupción e integridad en Gran Misión Vivienda Vene-zuela [en línea] <http://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2013/01/4.Adjudicaci%C3%B3n-y-Tranferencia-GMVV.pdf> Consulta del 12.01.13.

22. Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería: GMVV alcanza el 100% de la meta establecida para 2012 [en línea] <http://www.menpet.gob.ve/noticias.php?option=view&idNot=2658> Consulta del 15.01.13.

23. MINVIH: Memoria y Cuenta 2011. Pág. 21.24. PROVEA: Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe Anual octubre 2007-septiembre

2008. Caracas, 2007. Pág. 223.25. Contraloría General de la República: Informe de Gestión 2009 [en línea] <http://www.cgr.gob.ve/infor-

mes_gestion.php?Cod=026> Consulta del 15.09.10.

250



Diferentes beneficiarios han denunciado la poca calidad de la vivienda resultante del kit uruguayo. 38 familias damnificadas reu-bicadas en la urbanización Santiago Mariño de la población La Vecindad, en el municipio Gómez del estado Nueva Esparta, denuncia-ron el acelerado deterioro de la estructura de las viviendas: “Las paredes son de drywall y las losas se han agrietado y hundido (…) las constantes lluvias han dañado la estruc-tura”26. Las familias han recibido amenazas de desalojo si denuncian la situación a los medios de comunicación.

Al otro lado del país, en el sector Moscú I de la UD-139, en San Félix, estado Bolí-var, Maritza Carreño, vocera del consejo co-munal “El árbol de las tres ramas” y benefi-ciaria de una de las 40 casas levantadas con el kit uruguayo, denunció que “las viviendas son casi de cartón” y que después de una ba-lacera en el sector los disparos atravesaron las paredes de toda la casa. “Nosotros le exi-gimos al gobierno que nos asegure esas ca-sas, que les pongan mallas y que les echen cemento, y también queremos que refuercen las ventanas”. También aseguró que cada vez que llueve se les inundan las vivien-das27. En ambos casos se denunció la falta de servicios en el urbanismo y la deficiente calidad del asfaltado de sus calles.

Recursos empleados por el Estado para las soluciones habitacionales

La Memoria y Cuenta 2012 del Minvih afirma que para el período 2011-2013 fue asignado un presupuesto por el orden de los 57 mil millones de bolívares para la construc-ción de 286.180 viviendas28. Según el infor-me de gestión, durante 2011 al propio Minvih le fueron aprobados recursos por un total de Bs. 29.696.793.970 para la construcción de 142.478 viviendas en 2011, 2012 y 2013. De estos recursos asignados, en 2011 se logró ejecutar Bs.11.024.493.421, 37% del total. Durante este período se aprobaron en total siete créditos adicionales para la GMVV por un monto de Bs. 7.114,23 millones: tres diri-gidos al Minvih, uno al Ministerio de Rela-ciones Interiores y Justicia, uno para Energía y Petróleo, uno para Industrias Básicas y Mi-nería, y uno a la Vicepresidencia de la Repú-blica, que corresponden a pagos de personal por construcción de vivienda.

Por otra parte, en la Ley de Presupuesto 2012 al Minvih le fueron asignados recursos por Bs. 2.648.954.03329. Según la jerarquía por montos recibidos, el ente nacional de vivienda es el 18º organismo que más recibe presupues-to para su funcionamiento, descendiendo tres puestos respecto al período anterior, cuando se ubicaba en el 15º lugar30.

26. Dexcy Guédez: Casas uruguayas son un fiasco para los damnificados. En El Nacional, 12.08.12, pág. C-9.27. Patricia Campos: Casas uruguayas no cumplieron expectativas de los beneficiados. En: Nueva Prensa de Guayana,

04.08.12, Pág. B-7. 28. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAT: Memoria y Cuenta 2011.

Pág. 18.29. Oficina Nacional de Presupuesto: Ley de Presupuesto 2012 [en línea] <http://www.ocepre.gov.ve/infor-

macion/Ley_2012/Ley2012.html> Consulta del 15.01.13. 30. PROVEA: Informe Anual octubre 2010-septiembre 2011. Caracas, 2002. Pág. 69.



País Empresa Meta Ubicación

Cuadro N°1Convenios internacionales

Fuente: Memoria y Cuenta 2011 del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat.

Belarús BZS 10.000 viviendas Fuerte Tiuna, municipio Libertador del Distrito Capital; Belzarubezhstroy Guarenas, municipio Plaza, y Guatire, municipio Zamora, ambas en el estado Miranda.

Belarús BZS 3.000 viviendas Sectores de Santa Inés y la Zona Industrial de Barinas, Belzarubezhstroy estado Barinas.

Belarús BZS 4.448 viviendas Base Aérea Libertador, Palo Negro, Maracay (Addendum) Belzarubezhstroy

Belarús S/I 2.540 viviendas Proyecto Guasimal, municipio Girardot , estado Aragua.

China CITIC International 13.034 viviendas Fuerte Tiuna, municipio Libertador, Distrito Capital. Contracting

China S/I 20.000 viviendas 7.376 viviendas en El Arsenal y Palmasola; 2.220 viviendas en Marizapa, Caucagua, estado Miranda, donde se está dando inicio a la nueva Ciudad Caucagua. En terrenos de la hacienda La Mora, La Victoria, estado Aragua, se inició la construcción de 1.800 viviendas. Y 5.360 viviendas que se ejecutan en Pal- masola, Barinas, estado Barinas.

Irán Kayson Company 10.008 viviendas Yucatán, municipio Iribarren, estado Lara, 4.464 viviendas. Comunivares, municipio San Felipe, estado Yaracuy, 2.520 viviendas), y Ciudad Ambrosio Plaza, municipio Valencia, estado Carabobo, 3.024 viviendas.

Irán Kayson Company 7.000 viviendas Sector Ciudad Caribia, municipio Libertador, Distrito Capital, como parte del gran proyecto Ciudad Caribia.

Federación N/I 10.000 viviendas Sector de Fuerte Tiuna, municipio Libertador, Distrio. Capital. Rusa

Portugal N/I 12.512 viviendas Tres localidades en Valles del Tuy, estado Miranda.

Turquía SUMMA 1.488 viviendas Sector Playa Grande, municipio Vargas, estado Vargas

España Essentium 3.264 viviendas Sector El Triplex, Santa Teresa del Tuy, municipio Indepen- dencia, estado Miranda.

Brasil S/I ¿486 viviendas? Polo Urbano de Desarrollo Endógeno “Fuerte Cayaurima”, Ciudad Bolívar, municipio Heres, estado Bolívar.

Uruguay S/I 8.110 Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Delta Amacuro, Guárico, Apure, kits de viviendas Nueva Esparta, Trujillo, Mérida, Amazonas, Cojedes y Zulia, y en Los Roques y La Orchila.

252



En el Informe de Gestión y Resultados 2011 de PDVSA se publicó que la compañía estatal de petróleos había realizado un aporte a la GMVV por el orden de los 4.010 millones de dólares31.

A diferencia de años anteriores, el Siste-ma Integrado de Indicadores Sociales de Ve-nezuela (Sisov), dependiente del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finan-zas, no actualizó en su sitio web las cifras correspondientes a la inversión pública en vivienda para 2011, lo cual obstaculizó en el presente informe la comparación de los in-dicadores sobre gastos según porcentaje del PIB y según inversión social, así como el gasto en vivienda por habitante.

Seguridad jurídica de la vivienda

El 07.09.12 el ministro para la Vivienda, Ricardo Molina, explicó que hasta la fecha en todo el país se habían entregado 249 mil 368 viviendas con doble titularidad: una mul-tifamiliar que garantiza la propiedad del be-neficiario sobre el terreno donde se asienta la construcción, y el segundo título para amparar la “Propiedad Familiar”, que se otorga a la familia al recibir su vivienda. En su discurso Molina destacó que durante su gestión se esta-blecieron estas dos formas de título de propie-dad que garantizan la tenencia de una vivienda a la familia. En este sentido, aseguró que cada

grupo familiar obtiene ambos títulos cuando adquiere un techo a través de la GMVV32. Similar aseveración había hecho el vicepresi-dente, para ese entonces, Elías Jaua tres meses antes, cuando estableció en 217.379 los títulos de propiedad de viviendas entregados33.

Sobre estas afirmaciones no existen los soportes adecuados en la información oficial difundida. En la Memoria y Cuenta 2011 del Minvih, sin suministrar una cifra sobre títulos de propiedad entregados, se afirma en el apar-tado dedicado al vértice terrenos: “Se adelantó la Ley del Régimen de Propiedad de las Vi-viendas de la Gran Misión Vivienda Venezue-la, instrumento que ha permitido y permitirá en el futuro garantizar la propiedad de los inmuebles a las familias, incluso antes de que las mismas sean concluidas. De esta manera, se fortalece el concepto de propiedad familiar, y se establece un sistema a través del cual las familias tienen asegurado su futuro”34.

El 06.04.11 entró en vigencia, bajo el Nº 8.143, el Decreto con Rango, Valor y Fuer-za de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Vene-zuela34. Su artículo 4 establece que “el Estado garantiza el derecho de propiedad familiar y multifamiliar, como manifestaciones concre-tas del derecho de propiedad constitucional-mente establecido”. Sin embargo, el cuerpo normativo no establece el plazo para que las familias reciban sus títulos de propiedad, ni

31. Petróleos de Venezuela, S.A: Presentación de Gestión y Resultados de PDVSA durante el año 2011 [en línea] <http://www.pdvsa.com/> Consulta del 15.01.13.

32. Difunde la verdad: Presentación de Gestión y Resultados de PDVSA durante el año 2011 [en línea] <http://www.difundelaverdad.org.ve/portada/mision-vivienda-garantiza-propiedad-de-la-vivienda-a-beneficiarios/#.USFUrB26dc0> Consulta del 15.01.13.

33. AVN: 217 mil 379 familias han recibido la propiedad de sus viviendas vía habilitante. Minvih [en línea] <http://www.minvih.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1050:217mil-379-fami-lias-han-recibido-la-propiedad-de-sus-viviendas-via-habilitante&catid=39:noticias-mppvh&Itemid=73>

34. MINVIH: Memoria y Cuenta 2011. Pág. 17.35. Gaceta Oficial N°6021 Extraordinario del 06.04.11.



tampoco las sanciones a las cuales deberán enfrentarse los funcionarios que no garanticen el derecho de propiedad en tiempo razonable.

Sobre esta situación, la única referencia en la Memoria y Cuenta 2011 es la firma con 3.016 familias de compromisos de pago y protocolización de 730 documentos de com-pra-venta en coordinación con la oficina del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) del estado Zulia, en el marco del Plan Piloto de Cobranza y Regularización de la Propiedad de la Vivienda, el cual tiene por objeto “re-gularizar la situación financiera y legal de la tenencia de la tierra y de la propiedad de 45.000 viviendas a nivel nacional, así como protocolizar e iniciar el proceso de cobranza de tales viviendas construidas, financiadas y asignadas desde el año 1999 al 2008 por el Estado venezolano”36.

En ninguna parte del informe de gestión se hace referencia a los títulos de propiedad de las 99.770 viviendas construidas y adjudica-das por el Estado durante 2011. El monitoreo

hemerográfico de los medios estatales ha re-gistrado noticias dispersas: el 02.03.12, 125 familias recibieron títulos de propiedad en Aragua37; el 02.05.12 se realizó una jornada de entrega de propiedad de 1.064 viviendas del desarrollo urbanístico Cacique Tiuna en Cara-cas38; el 10.05.12 Rafael Ramírez declaró, sin especificar la cantidad, que se entregarían tí-tulos de propiedad en Apure, Bolívar, Caracas y Zulia39; el 17.05.12 en la comunidad Brisas de Ayacucho, sector El Caro, parroquia Juse-pín del municipio Maturín, fueron entregadas 11 viviendas con títulos de propiedad40; el 28.08.12 se hizo entrega de 60 títulos de apar-tamentos a familias beneficiarias en el com-plejo habitacional Santa Rosa Plaza III, en el sector Las Tres Letras del municipio Tomás Lander, en el estado Miranda41.

Diferentes notas del sitio web del Minvih revelan que no hay sincronización entre entre-ga de títulos de tierras y de viviendas, estas últimas anunciadas para ser concedidas en un futuro indeterminado42. En contraste, se regis-

36. MINVIH. Op. cit.37. AVN: Familias aragüeñas reciben títulos de propiedad de viviendas[en línea] <http://www.minvih.gob.

ve/index.php?option=com_content&view=article&id=839%3Afamilias-araguenas-reciben-titulos-de-propiedad-de-viviendas&catid=45%3Amision-vivienda-venezuela&Itemid=54> Consulta del 15.01.13.

38. Karen Ramírez: Gobierno bolivariano sigue beneficiando a familias refugiadas. Minvih [en línea] <http://www.minvih.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=957:gobierno-bolivariano-si-gue-beneficiando-a-familias-refugiadas&catid=39:noticias-mppvh&Itemid=73> Consulta del 15.01.13.

39. Leah Carlson: 1.023 viviendas se entregan hoy en Apure. Minvih [en línea] <http://www.minvih.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=973:gmvv-1023-viviendas-entregan-en-apure&catid=39:noticias-mppvh&Itemid=73> Consulta del 15.01.13.

40. Carolina Rodríguez: 434 familias estrenan residencia en Monagas. Minvih [en línea] <http://www.min-vih.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=973:gmvv-1023-viviendas-entregan-en-apure&catid=39:noticias-mppvh&Itemid=73> Consulta del 15.01.13.

41. Fundación Misión Hábitat: FMH entregó 160 títulos de propiedad de viviendas en Ocumare del Tuy. Minvih [en línea] <http://www.minvih.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1156:fmh-entrego-160-titulos-de-propiedad-de-viviendas-a-familias-de-ocumare-del-tuy&catid=39:noticias-mppvh&Itemid=73> Consulta del 15.01.13.

42. Minvih en [en línea] <http://www.minvih.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1105:la-comunidad-indigena-del-zulia-se-beneficio-con-28-viviendas-&catid=39:noticias-mppvh&Itemid=73> y <http://www.minvih.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1005%3Agmvv-responde-a-852-familias-en-anzoategui&catid=45%3Amision-vivienda-venezuela&Itemid=54> Consulta del 15.02.13

254



traron durante el período denuncias por parte de familias que habían recibido viviendas sin títulos de propiedad43. En una visita realizada por PROVEA a un urbanismo de la GMVV ubicado en Montalbán, Caracas, cuyas fami-lias solicitaron mantenerse en el anonimato, se confirmó que sus moradores no poseían los títulos de propiedad de los apartamentos. Los entrevistados afirmaron que estaban viviendo en el inmueble “en período de prueba”, según los funcionarios de vivienda, por lo que no de-seaban hacer pública ninguna denuncia acerca de la falta de papeles de propiedad.

Sobre las novedades en el marco jurídico nacional de protección al derecho a la vivien-da tenemos la Ley Contra la Estafa Inmobilia-ria, que fue promulgada el 30.04.1244. Durante la discusión en plenaria parlamentaria, el di-putado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, destacó que el documento jurídi-co, constituido por 45 artículos más sus dispo-siciones finales y transitorias, persigue regu-lar y castigar los casos que guarden relación con la estafa inmobiliaria, fraude en compras programadas y ordenamiento urbano para la construcción de viviendas. También señaló que la ley sancionada tiene que ver con el ordenamiento urbano para la construcción de viviendas, lo que remite el tema al caso de las prácticas ilegales por parte de algunas cons-tructoras privadas que, luego de construir los inmuebles, éstos carecen de los servicios bá-sicos (agua, luz, sistema de cloacas, brocales,

accesibilidad, etc.), así como irregularidades en métodos de pagos o financiamiento45.

Entre otras disposiciones de esta ley, el ar-tículo 6 crea la Dirección General del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat (DGSNVH); el artículo 7 ordena la creación de un registro nacional de constructores y contratistas; el ar-tículo 9 estipula la prohibición de comenzar las construcciones hasta no tener los permisos legales y establece la aprobación de la DGS-NVH; el artículo 14, que la construcción no puede exceder los 24 meses a partir de la firma del contrato de preventa; el artículo 26, que por cada día de retraso en la obra el construc-tor indemnizará al comprador con dos unida-des tributarias, y el artículo 34 determina que no puede iniciarse una obra hasta que no se encuentren garantizados los servicios básicos.

Representantes de los sectores privados de la construcción han sido críticos de la ley. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), consideró que la misma es altamente punitiva, protege a un solo sector y acaba con la activi-dad de la construcción privada. “Ya el nombre de la ley pareciera que solo regulara la situa-ción de estafa cuando no es así, esto era lo que debió llamarse la Ley de Preventa Inmo-biliaria”. Aseguró que la ley interviene la acti-vidad en la preventa inmobiliaria, creando un organismo con un régimen especial distinto al de la Ley de Relación Urbanística: “Les quitan las competencias a los municipios en materia

43. Por ejemplo [en línea] <http://www.eluniversal.com/caracas/121028/en-mare-abajo-otorgaron-vivien-das-pero-no-su-propiedad> y http://www.6topoder.com/venezuela/clez-denuncia-presuntas-irregulari-dades-en-la-mision-vivienda-de-la-entidad/ Consulta del 15.02.13

44. Gaceta Oficial 39.912 del 30.04.12. Págs. 393.071-393.076 [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LeyesOrganicas/47.-GO_39912.pdf> Consulta del 15.01.13.

45. Asamblea Nacional: Sancionada Ley contra la Estafa Inmobiliaria [en línea] <http://www.asambleana-cional.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=36903%3Asancionada-ley-contra-la-estafa-inmobiliaria&catid=1%3Alatest-news&Itemid=246&lang=es> Consulta del 15.01.13.



urbanística, con este organismo que se crea”. Orta explicó que este organismo ejercerá la regulación, administración, supervisión, ins-pección y sanción por parte del Estado a las constructoras, promotoras y sus representan-tes, “prácticamente quitan todas las funciones que ejercían los municipios y se las dan a esta nueva dirección”46.

Acerca de las expropiaciones de edifica-ciones y terrenos por causa de utilidad públi-ca y social para la construcción de complejos habitacionales, PROVEA ha reiterado que son adecuadas siempre y cuando los procedi-mientos de expropiación se ajusten a la ley y la Constitución, se indemnice de manera justa y se pague a los afectados de manera oportu-na. Sin embargo, persisten las denuncias que sostienen el incumplimiento de estos criterios. Durante el mes de junio la Alcaldía de Liberta-dor anunció el pago de dos expropiaciones en Catia realizadas en 2009: Mueblería La Cam-pagna y Electrodomésticos Mendoza47. 154 expropiaciones ejecutadas en la misma época continúan esperando el pago48.

Calogero Alotto, vocero de los comer-ciantes en el centro de Caracas, desmintió que los afectados por las expropiaciones ha-yan recibido dinero por sus antiguas propie-dades, afirmando que en las reuniones con la Procuraduría General de la República y la Oficina Presidencial para Planes y Proyectos

Especiales se había presentado un arreglo que desconocía 76% del valor de las propie-dades. Según sus declaraciones, este acuerdo no ofrece cifras anticipadas del justo pago, y sólo después de la firma el expropiado recibi-ría la notificación de la cantidad a percibir49. El ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco Sesto, afirmó que los propietarios y las pro-pietarias de terrenos expropiados “tienen la inversión completa porque el Estado sí paga por los terrenos”. Según el funcionario, éstos son objeto de un acuerdo amistoso y pagados por el Ejecutivo Nacional al precio actual. No obstante, en su declaración no estableció los plazos en los cuales los cancelarían50.

Por otra parte, como se recordará, el 30.10.11 el presidente Hugo Chávez anunció que, tras recibir denuncias sobre demoras en la construcción de urbanismos privados, or-denaba la expropiación de seis complejos ur-banísticos, así como la ocupación temporal de ocho urbanismos habitacionales y la prohibi-ción de enajenar, vender y gravar sobre otros 1951. El 28.11.12 el titular del Minvih, Ricardo Molina, sostuvo que el tema de los urbanis-mos intervenidos “se ha tornado complejo, pero se ha ido resolviendo”. Anunció que de las 23 mil viviendas que están ubicadas en los desarrollos habitacionales intervenidos, cerca de 16 mil estaban “casi concluidas”. Ante las protestas y reclamos de algunos copropieta-

46. El Sol de Margarita: Ley contra Estafa Inmobiliaria acaba con el sector privado [en línea] <http://www.elsoldemargarita.com.ve/site/99418/ley-contra-la-estafa-inmobiliaria-acaba-con-el-sector-privado> Con-sulta del 15.01.13.

47. Alcaldía de Caracas cumple cabalmente con la ley de expropiaciones [en línea] <http://www.caracas.gob.ve/?p=3466> Consulta del 15.01.13

48. Jorge Hernández: “Voté por un sueño y tuve una pesadilla”. En El Universal, 22.06.12, pág. B-1.49. Arlynne Hernández: Expropiados piden precio justo por sus terrenos. En Últimas Noticias, 29.09.12,

pág. 4.50. Vanessa Davies: Terrenos recuperados por la GMVV son pagados a sus dueños a precio actual. En: Co-

rreo del Orinoco, 13.10.12, pág. 9. 51. PROVEA: Informe Anual octubre 2010-septiembre 2011. Caracas, 2002. Pág. 671.

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rios de estos urbanismos, debido al retraso, el ministro enfatizó que las intervenciones y ex-propiaciones “son un problema multifactorial, pues primero fue tomar la obra, lograr que avance, llegar a acuerdos con la banca para que las instituciones financieras se compro-metieran a culminarlas. Y esto nos ha llevado su tiempo”52.

Continúa la situación de indefinición acer-ca de los 188 edificios alquilados que fueron expropiados en Caracas en 2006 por el enton-ces alcalde Juan Barreto para, presuntamente, vendérselos a las familias arrendatarias, una medida que generó muchas expectativas. Ro-berto Orta, presidente de la Apiur, comentó que los propietarios de estos inmuebles con-tinúan sin recibir su pago53.PROVEA realizó el monitoreo de 128 casos de ocupaciones de terrenos baldíos e inmuebles en el ámbito nacional, acciones que involucraron por lo menos a 8.659 familias. Esta cifra representa un aumento de 103% respecto al período an-terior, cuando se habían diagnosticado 63 ca-sos de ocupaciones. Por su parte, la cantidad de familias involucradas en estas acciones de exigibilidad de derechos aumentó en 41,3%, pues para el informe anterior se habían conta-bilizado 6.124 familias involucradas. Del total de acciones, 26,5% (34 casos) corresponden a la modalidad ocupaciones de inmuebles, mientras que 73,4% (94 casos) se ubican en la modalidad intervención de tierras baldías. Estos porcentajes reiteran la tendencia a que la mayoría de acciones de ocupación se realizan sobre terrenos baldíos y no sobre inmuebles, estos últimos con mayor protagonismo en los medios de comunicación. Los estados con más

casos de ocupaciones fueron Miranda, con 25 casos (19,5%); y Anzoátegui y Zulia con 19 casos cada uno (14,8%). Por otra parte el im-portante aumento de casos registrados sugiere las altas expectativas, por parte de las comuni-dades sin techo, de ver satisfecho su derecho a la vivienda ante los anuncios de la ejecución de la GMVV.

Respecto a los desalojos, PROVEA cons-tató por lo menos 65 casos de desalojos forzo-sos de terrenos e inmuebles en construcción en el ámbito nacional, 75,6% más que en el pe-ríodo anterior, cuando se detectaron 37 casos. Esos procedimientos afectaron a por lo menos 3.202 familias y dejaron un saldo de 175 de-tenidos, 121% más que en el período anterior, cuando hubo 79 detenidos.

Disponibilidad de serviciosEl sitio web del Sisov no ha actualizado

sus cifras sobre disponibilidad de servicios en las viviendas desde el 2010. Por otra parte, en los sitios webs del Ministerio del Poder Popu-lar para la Energía Eléctrica o de Corpoelec no existen publicados informes de gestión desde ese mismo año.

En una declaración de prensa el ministro de Ambiente, Alejandro Hitcher, afirmó que la cobertura nacional del agua potable es de 96% de la población, mientras en las zonas urbanas la cobertura asciende a 99% y hasta 100%.

Para alcanzar esta cobertura, durante los últimos 13 años se aumentó el nivel de trata-miento de las aguas y se rehabilitaron plan-tas potabilizadoras. “También se repararon líneas de bombeo para lograr 90% de con-

52. Beatriz Caripa: Edificios intervenidos van encaminados. En Últimas Noticias, 28.11.12, pág. 27. 53. 6to. Poder: Investigación: 211 expropiaciones a viviendas efectuó el Ejecutivo durante el 2011 [en línea]

<http://www.6topoder.com/venezuela/politica/investigacion-211-expropiaciones-a-viviendas-efectuo-el-ejecutivo-durante-el-2011/> Consulta del 15.01.13.



fiabilidad en los principales acueductos del país. De hecho, de los 21.000 litros de agua por segundo que se reciben en Caracas y los Altos Mirandinos sólo 0,5 m³ no provienen de las bombas”54. En el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) no hay infor-mación detallada sobre la cobertura del servi-cio de agua a las viviendas; sin embargo en el documento Resultados Básicos Censo 2011 se establece que del total del servicio de agua en viviendas 90,5% se abastece por acueduc-to o tubería; 4,8% por camión cisterna; 1,3% por “otros medios” (sin especificar); 1,2% por caño o quebrada; 1% pozo o manantial; 0,6% pila pública; 0,4% aljibes o jagüeyes, y 0,2% por lago o laguna55.

En otra declaración de prensa, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Héctor Navarro, aseguró que “actualmente, 98% de la población disfruta del servicio de electricidad, del cual 95% se beneficia del Sistema Interconectado Nacional; mientras que el 3% restante goza del servicio gracias a otros sistemas aislados, como los solares y eó-licos que están siendo instalados en el país”. Según el funcionario, Venezuela en cuanto a cobertura del servicio eléctrico estaría entre los primeros lugares de América Latina: “En Venezuela es difícil encontrar un poblado, re-lativamente grande, que no cuente con ener-gía eléctrica de alguna manera, ya sea solar, eólica o energía llevada con bidones de com-bustibles o interconectadores; situación que contrasta con algunas naciones de Latinoa-mérica donde todavía existen sectores que se alumbran con velas”56.

Un informe de la Federación de Trabajado-res de la Industria Eléctrica de Venezuela (Fe-traelec), difundido el 08.11.12, da cuenta de las irregularidades presentes en la prestación del servicio eléctrico, la cual califican como “crisis”: “78% de los transformadores tienen un factor de utilización superior a 50% (22% con factor de utilización superior a 80%) que indica pérdida de capacidad firme disponi-ble de energía, condición ésta que restringe la posibilidad de hacer mantenimientos sin la suspensión parcial del servicio. Sobre el resto de los componentes la indisponibilidad se encuentra entre 68% y 93% (…) Con este panorama, se dificulta y/o imposibilita la eje-cución de planes de mantenimiento preventivo y correctivo, sustitución de equipos, división de sectores (...) atender fallas y eventos en líneas de transmisión (conductores despren-didos, puentes abiertos, cadenas de aislado-res desprendidas, torres con un alto grado de deterioro y socavamiento), despejes no selec-tivos por obsolescencias de los esquemas de protección, sistemas de puesta a tierra inade-cuados, servicios auxiliares con un alto grado de deterioro (…) No menos preocupante es el caso de Distribución: de las 402 subesta-ciones de distribución, 32% (127) exceden su vida útil (35 años); y de los 3.811 circuitos, 44% exceden valores permitidos de cargabi-lidad. Esta situación de sobrecarga sostenida de los componentes de distribución, como cír-culo vicioso, genera interrupciones cada vez más frecuentes, que sumado a incapacidad de ejecutar divisiones por sectores por la falta de materiales, aceleran el desgaste y deterioro,

54. Jorge Rivas: Agua potable llega a 96% de la población venezolana [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve/article/agua-potable-llega-96-de-la-poblaci%C3%B3n-venezolana> Consulta del 15.01.13.

55. INE: Resultados básicos Censo 2011. Pág. 27.56. Carolina Pérez: Navarro: “En Venezuela es difícil encontrar un poblado que no cuente con energía eléctrica”, Venezuela

de Verdad [en línea] <http://www.venezueladeverdad.gob.ve/?p=39732> Consulta del 15.01.13.

258



recortando su vida útil, y por consiguiente afectando la continuidad y calidad del servi-cio”57. El informe establece que hay un déficit de 6.262 trabajadores en las diferentes fases de prestación del servicio.

Este diagnóstico es corroborado por la permanencia de las denuncias acerca de la interrupción del servicio eléctrico en diferen-tes ciudades del interior del país. El 08.06.12 un grupo de vecinos de Encontrados, muni-cipio Catatumbo del estado Zulia, intentaron incendiar la sede de Corpoelec tras protestar contra los apagones en la región58. En Higue-rote, municipio Brion del estado Miranda, el 25.09.12 se realizó un cacerolazo después que la comunidad fue afectada con la suspensión del servicio por 11 horas. Voceros de la Cá-mara de Comercio de Brion denunciaron que los constantes apagones estropeaban aparatos eléctricos y que “nadie respondía por eso”59. Otro cacerolazo fue realizado el 20.09.12 en Aragua de Barcelona y Cantaura, estado An-zoátegui, por las constantes interrupciones del suministro eléctrico60.

Gastos soportablesSegún la Memoria y Cuenta 2011 del Min-

vih, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), a través del Fondo de Ahorro para

la Vivienda (FAOV), otorgó 17.929 créditos para adquisición de vivienda a nivel nacional, beneficiando a igual número familias, con una inversión de 2.513.946.210 bolívares. Igual-mente, aprobó el otorgamiento de 6.532 sub-sidios directos habitacionales, por un monto de Bs. 194.085.00061. Estas cifras representan una importante disminución respecto al perío-do anterior, cuando el FAOV otorgó créditos a 24.474 familias y fueron subsidiadas 12.060 familias62. Esta cifra reitera que el énfasis en el marco de la GMVV es en la construcción y entrega de viviendas. En la Gaceta Oficial 39.997 del 31.08.12 se publicó una resolución conjunta de la Superintendencia de Institucio-nes del Sector Bancario y el Banavih, en la cual se reforma la Ley de Bancos permitiendo que las instituciones puedan otorgar créditos por hasta 100% del costo de la vivienda prin-cipal63. Anteriormente, sólo se permitía dar créditos hasta por 85% del valor del inmueble.

El Ejecutivo aumentó el porcentaje que deben destinar los bancos obligatoriamente al sector hipotecario, de 12% a 15%64. Se dicta-minó que 66% de ese nuevo total obligatorio es para la construcción de viviendas. Para la adquisición de viviendas ahora se dará 26% de toda la cartera obligatoria. De 66% destinado a la construcción, 45% debe dividirse en: 40%

57. Fetraelec: Informe del servicio eléctrico y la crisis. Visión desde los trabajadores [en línea] <http://www.aporrea.org/media/2012/11/informe_del_servicio_ult_ver.pdf> Consulta del 15.01.13.

58. Sergio Villasmil: Intentan quemar sede de Corpoelec en Zulia. La Verdad, 08.06.12, pág. 59. 59. Yarimar Fernández: Apagón de 11 horas generó cacerolazo en Higuerote. En Últimas Noticias, 27.09.12, pág. 18.60. Evaristo Marín: Protestan con cacerolas por cinco horas sin luz. En Últimas Noticias, 21.09.12, pág. 3.61. MINVIH: Memoria y Cuenta 2011. Pág. 21.62. MINVIH: Memoria y Cuenta 2010 [en línea] <http://www.asambleanacional.gov.ve/index.

php?option=com_content&view=article&id=34718%3Agran-mision-vivienda-venezuela-ha-cumplido-94-de-la-meta-para-agosto&catid=333%3Agenerales&Itemid=248&lang=es> Consulta del 15.09.11.

63. Gaceta Oficial 39.997 del 30.08.12. Págs. 396.165 [en línea] < http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Agos-to/3082012/3082012-3510.pdf#page=2>

64. Gaceta Oficial 39.890 del 23.03.12. Págs. 396.165 [en línea] < http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Mar-zo/2332012/2332012-3392.pdf#page=7



para hacer viviendas de Bs. 300.000, que serán adquiridas por familias con ingresos entre tres y seis salarios mínimos; otro 35% a viviendas de hasta Bs. 400.000, para familias con in-gresos mensuales mayores a seis y menores o iguales a ocho salarios mínimos, y el otro 25% para viviendas de hasta Bs. 500.000 para fa-milias con ingresos mensuales mayores a ocho y menores o iguales a 15 salarios mínimos65. Los cambios dejaron por fuera a las familias que ganan menos de tres salarios mínimos66.

A comienzos de 2012 se denunció que los aportes mensuales obligatorios de los trabaja-dores para vivienda administrados por el Ba-navih no estaban siendo transferidos a otras instituciones bancarias, lo cual impedía que fueran utilizados por las personas para remo-delar o comprar una vivienda. La denuncia afirmaba que esa situación había comenzado en 200867. Meses después se informó que en tres de los seis principales bancos del país ha-bían empezado a fluir, aunque de manera pau-latina, los créditos hipotecarios con recursos del Banavih68. En diciembre se volvió a infor-mar que el Banavih estaba otra vez en mora con la entrega de los subsidios69. Aunque el monto máximo para los créditos aumentó de Bs. 270.000 a Bs. 300.000, esta cantidad era insuficiente para comprar un inmueble en el mercado primario o secundario, cuyo prome-dio superaba los Bs. 500.00070.

En otra situación relacionada, trascendió que para octubre la cuota de créditos estimada por las autoridades, debido a la alta demanda, se había cumplido, por lo que las entidades bancarias no estaban recibiendo más solicitu-des. La imposibilidad de acceder a los benefi-cios de la Ley de Política Habitacional gene-raba pérdidas para los peticionarios, quienes para una próxima solicitud tendrían que trami-tar nuevamente certificaciones, avalúos y de-más documentos relacionados con la vivienda que pretenden adquirir. Sólo la certificación de gravámenes tiene un costo de 800 bolívares, mientras que el avalúo del inmueble demanda una inversión promedio de Bs. 1.400. La vali-dez de la mayoría de los documentos expira a los 30 días71.

El 24.02.12, en Gaceta Oficial 39870 fue difundida la Resolución mediante la cual se publica el Programa Especial de Finan-ciamiento para la Adquisición de Viviendas Arrendadas “Ahora es mi techo”. Éste bene-ficia a las personas que viven en calidad de arrendatarios por un período mínimo de 10 años en alrededor de 100 inmuebles ubicados en los municipios Libertador del Distrito Ca-pital y los municipios Sucre, Baruta y Chacao del estado Miranda. Este subsidio directo ha-bitacional será de 30% en base al valor de la vivienda, al tomar como referencia máxima de 270 mil bolívares72.

65. Carjuan Cruz Lopenza: Más platica de la banca para la Gran Misión Vivienda. En Últimas Noticias, 27.03.12, pág. 16.

66. Carjuan Cruz Lopenza: Por fuera el crédito para casa a los más pobres. En Últimas Noticias, 28.03.12, pág. 20.67. Carjuan Cruz: Los ahorros hipotecarios están presos en el Banavih desde hace tres años. En: El Mundo, 12.02.12,

págs. 5-7.68. Beatriz Caripa: Poco a poco salen créditos para casas. En: Últimas Noticias, 22.06.12, pág. 23.69. Mayela Armas: Se registran atrasos en entrega de subsidios habitacionales. En: El Universal, 20.12.12, pág. 1-10.70. Aixa Alonzo: Volvieron los créditos pero no alcanzan para las casas. En: El Informador, 09.07.12, pág. 4-A.71. Haydeluz Cardoso: Suspenden créditos bancarios para vivienda. En: El Impulso, 29.10.12, pág. B-1.72. Gaceta Oficial 39.870 del 24.02.12. Pág. 391.603. [en línea] < http://www.asambleanacional.gov.ve/index.

php?option=com_docman&task=doc_details&gid=3901&Itemid=250&lang=es> Consulta del 15.01.13.

260



La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, vigente desde noviembre de 2011, establece en su artí-culo 76 que todos los arrendadores, arrendata-rios, administradoras de inmuebles y personas con necesidad de vivienda deben inscribirse en la Superintendencia Nacional de Arrenda-miento (Sunavi). En marzo de 2012 la Red Metropolitana de Inquilinos solicitó pública-mente un balance del trabajo realizado por la Sunavi. Según información suministrada por la superintendenta Carmen Cecilia Morantes, hasta el 13.03.12 el organismo llevaba regis-trados 5.211 inquilinos, 2.619 propietarios de inmuebles alquilados, 15 organizaciones de inquilinos y 191 empresas inmobiliarias ad-ministradoras, atendiendo un promedio de 600 personas por semana73.

El Movimiento de Inquilinos propuso, a su vez, una sala situacional para involucrar al llamado Poder Popular en las jornadas de inscripción de inquilinos y arrendatarios, a efectuarse durante las siguientes semanas en distintas parroquias caraqueñas74. Sin embar-go, la propuesta no se cristalizó. Diferentes denuncias señalaron que Sunavi era un orga-nismo ineficaz para realizar las tareas que le habían sido encomendadas. En mayo, la Red Metropolitana de Inquilinos hizo público el informe “Sobre la problemática actual de la

Sunavi”, en donde se describía la falta de es-tructura organizativa interna, la ausencia de un plan operativo anual, así como la incapacidad y desorden administrativo en la asignación, distribución y manejo de fondos públicos. Asimismo, denunciaban que la persona que estaba en el cargo de superintendente nacio-nal, Carmen Cecilia Morantes, había realiza-do siete viajes no laborales al exterior en seis meses75. El 10.06.12 Morantes fue sustituida por la Dra. Ana Marina Rodríguez, miembro de la Red Metropolitana de Inquilinos76. El 05.11.12 la nueva superintendenta confirmó que aún no habían sido instaladas las oficinas del Sunavi en todo el país77.

El 16.04.12 mediante Gaceta Oficial 39.903, Sunavi extendió la prórroga de con-gelamiento de los montos de cánones a ser cobrados por concepto de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. La nueva providencia tiene una duración de seis me-ses78. La medida de congelación de alquileres se ha prorrogado semestralmente desde 2003. El 19.10.02 la Sunavi decidió no dar continui-dad a la medida de congelación de los alquile-res debido a que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda establece que no podían cobrarse cánones de arrendamiento diferentes a lo establecido por el órgano rector79. La medida generó reaccio-

73. Beatriz Caripa: Gobierno ha registrado 5.211 inquilinos. En: Últimas Noticias, 14.03.12, pág. 26. 74. Beatriz Caripa: Poder Popular entra a censo de inquilinos. En: Últimas Noticias, 22.03.12, pág.22.75. José Portillo Lugo: Caso Superintendencia Nacional de Arrendamiento: Cuando la inmoralidad infiltra la iniciativa hu-

manista revolucionaria [en línea] < http://frentedeinquilinos.blogspot.com/2012/05/caso-superintendencia-nacional-de.html> Consulta del 15.01.13

76. Red Metropolitana de Inquilinos: Designan a Ana Rodríguez Superintendenta Nacional de Vivienda [en línea] <http://inquilinos.blogspot.com/2012/07/designan-ana-rodriguez-superintendente.html>

77. El Nacional: Sunavi admite casos de inquilinos que subarriendan. En Red Metropolitana de Inquilinos [en línea] <http://inquilinos.blogspot.com/2012/11/sunavi-admite-casos-de-inquilinos-que.html>

78. Gaceta Oficial 39.903 del 16.04.12. Pág. 392.758. [en línea] < http://www.pgr.gob.ve/dmdocu-ments/2012/39903.pdf> Consulta del 15.01.13.

79. Red Metropolitana de Inquilinos: Comunicado a la opinión pública de Sunavi [en línea] < http://inquili-nos.blogspot.com/2012/10/comunicado-la-opinion-publica-de-sunavi_20.html> Consulta del 15.01.13.



nes encontradas dentro de las organizaciones de inquilinos del país. Maglene Sierralta, de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos, consi-deró que era absurdo “regular los cánones de alquiler sin que antes se hayan establecido los parámetros, como el valor de reposición”80. El 20.11.12 en la Gaceta Oficial 40.054 se difun-dió la resolución del Minvih con la metodo-logía para establecer el valor del metro cua-drado. La fórmula incluye cinco parámetros: dimensiones del inmueble, depreciación (an-tigüedad), vulnerabilidad sísmica, ubicación geográfica de la vivienda y el valor de reposi-ción (metro cuadrado), la última variable que faltaba y que finalmente fue aprobada por el despacho de Vivienda y Hábitat, con la partici-pación de los colectivos de inquilinos.

La metodología publicada contiene seis ta-blas. Allí se detalla la puntuación que colocará la Sunavi a cada inmueble. Esta puntuación, que está en una banda de entre 57 y 444 pun-tos, será la que usará el organismo para valorar las condiciones de las viviendas81.Voceros de la red Metropolitana de Inquilinos apoyaron que el monto de los arrendamiento, según la nueva metodología, no se determine por los servicios que se presten en la zona82. Este de-talle fue rechazado, en cambio, por voceros del sector privado, argumentando que un in-mueble ubicado en el centro de Caracas no po-

día cotizarse al mismo valor que uno ubicado en Guatire. Luis Emilio Vegas, dueño de una inmobiliaria, declaró que “es primordial para valorar un inmueble la zona, porque se toma en cuenta la calidad de los servicios, el urba-nismo y las condiciones generales”83.

Según cifras de la Asociación de Propieta-rios de Inmuebles Urbanos (Apiur), el alqui-ler de inmuebles para viviendas ha caído 95% en los últimos nueve años, y la mayor caída, (-45%) se reportó en 201184.

Condiciones de habitabilidadPROVEA monitoreó durante el período

diferentes denuncias sobre mala calidad de construcción en urbanismos entregados por el Ejecutivo Nacional. El caso emblemático lo constituyeron los edificios de la urbaniza-ción Betania I, en Tomás Lander, Charallave, estado Miranda, donde comenzaron a presen-tarse grietas desde el sismo del 12.09.09. Enoé RONDÓN, afectada, explicó que en la zona residen 1.368 familias en torres de cuatro pi-sos. Según su testimonio, las paredes tienen grietas, los frisos se caen a pedazos y las ce-rámicas de los pisos están levantadas. Además denunció que carecen de módulo de salud, es-cuelas, liceos, alumbrado público y servicio de recolección de basura85. Otro caso en Chara-llave lo constituyó el edificio Nº 3 de la vereda

80. Beatriz Caripa: Inquilinos frenan liberación de alquileres. En: Últimas Noticias, 09.11.12, pág. 26.81. Gaceta Oficial 40.054 del 20.11.12. Pág. 397.917 [en línea] < http://www.pgr.gob.ve/dmdocu-

ments/2012/39903.pdf> y http://www.indepabis.gob.ve/publico/gacetasoficiales/indepabis-gacetasofi-ciales-20121120-40054.pdf Consultas del 15.01.13.

82. Arian Briceño: Inquilinos aplauden que el alquiler no se fije por zona. En: Últimas Noticias, 24.11.12, pág. 16.83. Beatriz Caripa: Alquiler “bajo cuerda” será más caro. En: Últimas Noticias, 29.11.12, pág. 22.84. Gabriela Iribarren: Alquiler de inmuebles ha caído 95% en nueve años. En: Últimas Noticias, 18.07.12, pág. 21.85. Maurin Hernández: Cual galleta se parten bloques de Betania I. En: Últimas Noticias, 30.03.12, pág. 17.

262



6 de la urbanización Ciudad Miranda, cuyas dos torres se han venido inclinando provocan-do el agrietamiento de los apartamentos86.

Las denuncias también se refieren a edifi-cios de construcción más reciente. En la Terra-za D de Ciudad Caribia, ubicada en La Guaira, estado Vargas, cerca de Caracas, la fachada de la estructura fue desprendida por el viento87. Un informe confidencial realizado por la Fun-dación Misión Hábitat y la Vicepresidencia de Desarrollo Territorial, al cual tuvo acceso el diario Últimas Noticias, detectó 1.311 pro-blemas en 56 edificios supervisados. El docu-mento señala que las fallas más comunes son filtraciones en griferías, techos y fachadas; reparaciones en las juntas de las paredes mon-tadas con el material conocido como drywall; grietas en los frisos, y problemas en la plome-ría de los apartamentos. El informe indica que eso es consecuencia de un “inadecuado diseño de fachadas que dificulta acoplar los paneles de fibrocemento a la estructura, lo cual genera grietas que permiten la percolación de fluidos al interior de la vivienda”. Además, se agrega que “para agilizar el tiempo de construcción y diversificar los materiales, se introdujo fibro-cemento y cartón yeso para fachadas y áreas internas”. Según la nota periodística, tras una reunión el 19.04.12 se acordó tomar medidas entre las cuales destacan “no utilizar fibro-cemento en zonas húmedas en futuras cons-

trucciones y volver al método constructivo tradicional basado en bloques y suprimir la utilización de drywall en las caras internas de las fachadas y paredes de las viviendas, para lo cual se utilizará fibrocemento”88.

El ministro de Estado para la Transforma-ción Revolucionaria de la Gran Caracas deses-timó las denuncias, afirmando que los materia-les utilizados eran “de primera calidad”: “La gente puede tener confianza en que el acero, el cemento y los agregados que se emplean, además de los polímeros que vienen de la in-dustria petroquímica, son de lo mejor”89.

Viviendas en situación de riesgo y damnificados

Entre marzo y mayo de 2011 hubo 12 muer-tos y 10.000 personas afectadas por las lluvias, principalmente en los estados occidentales90. En diciembre del mismo año las lluvias arro-jaron un saldo de ocho personas fallecidas y 4.799 viviendas afectadas, de las cuales 1.096 son viviendas colapsadas, según información del ministro del Interior, Tareck el Aissami91.

Sobre las personas en situación de damni-ficadas, el informe de gestión 2011 del Minvih informó que “se atendieron oportunamente las solicitudes de materiales de albergues y refu-gios, conformadas por alimentos y bebidas, sábanas, camas, utensilios de cocina, por un monto de Bs. 1.108.220,41”92. Por su parte la

86. MIP_TUY Agencia: Se inclina peligrosamente edificio 3 de Ciudad Miranda. En: La Voz, 01.02.12, pág. 9. 87. Emily Avendaño: Usaron material inadecuado para fachada de edificio. En: El Nacional, 05.06.12, pág. C-2.88. Gabriela Rojas: Abundan reparaciones en Ciudad Caribia. En: Últimas Noticias, 05.06.12, pág. 3.89. Vanessa Davies: Francisco Sesto: Materiales usados en la GMVV son de primera calidad. En: Correo del Ori-

noco, 04.09.12, página 8.90. Humberto Márquez: Lluvias cobran la improvisación a Venezuela. En: IPS Noticias [en línea] < http://

ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98311> Consulta del 15.01.13.91. AFP: Suman ocho muertos en una semana en Venezuela [en línea] < http://noticias.univision.com/

america-latina/venezuela/article/2011-12-10/muertos-lluvias-venezuela#ixzz2Lye1IVVz> Consulta del 15.03.13.

92. MINVIH: Memoria y Cuenta 2011. Pág. 78.



Memoria y Cuenta 2011 de la Vicepresidencia de la República informó que 10.472 familias, un tercio de la población refugiada inicial-mente ha salido de su situación de refugiada y obtenido una vivienda. 22.427 familias, para la fecha, se encontrarían en situación de refu-gio93. Una cifra diferente fue proporcionada el 26.02.12 por el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, quien estimó en 13.000 las familias que habitaban en refugios94. El 02.07.12 el coordinador nacional de la Comi-sión Presidencial para Refugios Dignos, gene-ral Ramón Viña, indicó que para la fecha en el país existían 660 refugios en los que había 24.237 familias y 107.410 personas. Los re-fugios estaban distribuidos en 17 estados del país, y la mayor concentración de personas se ubicaba en el Distrito Capital, con 16.346 fa-milias; Miranda, 3.460 familias; Vargas, 2.056 personas, y Zulia con 449 familias95.

Durante el período se registraron diferen-tes denuncias acerca de irregularidades en los refugios. Familias trasladadas al refugio Euroven, ubicado en el corazón de la zona industrial de Maturín, en Guarenas, denun-ciaron que el inodoro que utilizan dos adultos y cuatro niños no funcionaba desde hace más de dos meses y no contaba con suministro de agua. Yesenia HURTADO aseguró que la falta de aseo en el lugar era responsable de la irrup-ción de manchas y hongos en el cuerpo de sus hijos. Según aseveraron, hicieron una protesta

para exigir mejoras, tras la cual como retalia-ción no les suministraron alimentos durante un mes96. En otra denuncia, habitantes del refugio que funciona en un edificio de Intevep, en la Zona Industrial de El Tambor, denunciaron que en cuatro meses habían sido víctimas de seis robos por personas que habitaban en la edificación97. La erosión de la convivencia en-tre las familias damnificadas ocasionó diferen-tes escenas de violencia en los refugios, con saldo de 12 personas asesinadas en el período. En un comunicado el Centro Comunitario de Aprendizaje por los derechos de los niños y la adolescencia (Cecodap) condenó el asesinato de adolescentes en los refugios: “La violencia que se vive dentro de los refugios constituye una grave violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes que compromete su desa-rrollo integral y bienestar”98.

Asequibilidad de la viviendaEn el vértice Pueblo Organizado, la Me-

moria y Cuenta 2011 del Minvih apunta como logro el haber “ejecutado la primera fase del Registro Nacional de Vivienda, actividad que se extendió durante varios meses en tres oleadas diferentes (…) Una vez concluida, se dio inicio a la segunda fase, que consiste en visitas casa por casa de todas las fami-lias que se registraron”. No registra informa-ción más específica sobre este punto, y hasta la fecha de esta investigación no se habían

93. VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Memoria y Cuenta 2011 [en línea]<http://www.derechos.org.ve/documentos-oficiales/memoria-y-cuenta-2011/> Consulta del 15-02-13.

94. Juan Ramón Lugo: Misión En Amor Mayor llegó a los refugios. En: Ciudad Caracas <http://www.ciudadccs.info/wp-content/uploads/270212.pdf>

95. D’yahana Morales: Comisión de refugios dignos entregará 20.015 viviendas antes de fin de año. En: Correo del Ori-noco, 02.07.12, pág. 7.

96. Dignora Zea Fernández: En el refugio “Euroven” pasan mil calamidades. En La Voz, 17.05.12, pág. 15. 97. Ronald Peñaranda: Choros tienen de sopita al refugio de Intevep. En Ultimas Noticias, 21.04.12, pág. 13. 98. Globovisión: Cecodap: Violencia en refugios es una violación a los derechos de los niños y sus familias [en línea] <

http://www.codigovenezuela.com/2012/07/noticias/pais/cecodap-violencia-en-refugios-es-una-viola-cion-a-los-derechos-de-los-ninos-y-sus-familias> Consulta del 15.01.13

264



hecho públicos los resultados. El informe de gestión del Minvih señala que en el 2011 comenzaron a conformarse las Asambleas de Viviendo Venezolanos (AVV), “grupos de familias organizados a partir de necesida-des similares de localización de viviendas”. Hasta el 31.12.11 se habían conformado un total de 2.234 asambleas; sin embargo, fue-ron pocas las noticias sobre la actividad de esta modalidad durante 2012, lo que parece reiterar la debilidad de las organizaciones sociales cuando son creadas desde el Esta-do. Por otra parte, este informe menosprecia a otras figuras organizativas promocionadas por el propio Ejecutivo. En el documento se describen las Organizaciones Comunitarias de Vivienda (OCV) como una “figura creada por el neoliberalismo para que los gobiernos no asumieran su responsabilidad ante el pro-blema de la vivienda”.

El solapamiento de las organizaciones co-munitarias se confirma al consultar la Memo-ria y Cuenta 2011 del Ministerio de Comunas y Protección Social, según el Minvih uno de los organismos que coordina las Asambleas de Viviendo Venezolanos. Comunas reporta que “los miembros de las comunidades se han or-ganizado en Brigadas Socialistas de Trabajo, las cuales participan en el proceso de cons-trucción de viviendas, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a partir de la au-toconstrucción como estrategia de acción”. Asimismo informa que se realizaron 892 acompañamientos a 327 consejos comunales a nivel nacional, de acuerdo a las actividades: 149 acompañamientos a consejos comunales referido a la autoconstrucción de sus vivien-das, enmarcados estos proyectos en el Plan de Transformación Integral del Hábitat dentro de la GMVV. De igual forma este despacho in-

Fuente: Datos propios de PROVEA.

Fecha Estado Refugio Nº Víctimas Víctimas

20.02.12 Capital Hipódromo 1 Juan Carlos FUENTES (23)

10.10.12 Capital Ciudad Tiuna 1 Luis Ramón MERCADER (21)

22.01.12 Miranda Edificio Bancor 1 Jeimy Carolina MAZA (17)

13.07.12 Capital Torre El El Chorro 1 Hiriam ROJAS

15.07.12 Capital Che Guevara, Antímano 3 César Jonathan FUENTES ARVELO (17), Yeimison José ROA LOMBANA (16), Yousneiker ARROYO (17)

10.08.12 Capital Antigua fábrica 1 Guillermo CARRILLO (22) de leche La Silsa funcionario de la Policía Nacional

26.12.12 Capital La Ciudad de Dios 2 José Gregorio ALARCÓN TONA (33), Gerson ECHENIQUE

17.05.12 Capital Refugio ubicado entre 2 José Luis VALLES (23), las esquinas de Salas S/I y Caja de Agua

Cuadro N°2Personas asesinadas en refugios del área metropolitana



formó que el INCES brindó su apoyo al Go-bierno Nacional, direccionando su oferta for-mativa a las diferentes comunidades que han sido afectadas por las tragedias ocurridas en el país durante 2010, ofreciendo la formación en los centros de refugio organizados por el Go-bierno Nacional y en los nuevos urbanismos que se han establecido, así como a los parti-cipantes que integran las Brigadas Socialistas de Trabajo del Ejército Productivo, quienes participan en el proceso de construcción de viviendas, en el marco de la GMVV. De esta manera 13.667 son egresados de la formación impartida a los damnificados ubicados en los refugios, 76.464 son egresados de la forma-ción impartida a los brigadistas de la GMVV y 3.012 son egresados de la formación impartida en los nuevos urbanismos. En ninguna parte del informe de gestión se menciona la figura de las AVV99. Cosa similar ocurre con la revi-sión del informe de gestión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, la tercera institución responsable de las AVV.

Por otra parte, el Informe de Gestión 2011 en vivienda también habla de la conformación de 65 Comités de Tierras Urbanas (CTU), sin mayores detalles.

Adecuación culturalPROVEA ha continuado monitoreando los

avances del proyecto de viviendas construidas con policloruro de vinil (PVC), denominadas “Petrocasas”. Como se recordará, PROVEA

y la Fundación Aguaclara solicitaron en 2009 que el TSJ obligara al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a difundir información, de manera pública, sobre los componentes de construcción de las Petrocasas, debido a los señalamientos sobre su presunta toxicidad. El órgano de administración de justicia senten-ció100 que el ente ministerial ya había dado res-puesta a través de Pequiven mediante la publi-cación, en enero de 2011, de un texto mediante el cual se afirma que el PVC no es tóxico para los habitantes de las viviendas ni para los tra-bajadores que las construyen101. PROVEA consideró que esta forma de responder por parte del TSJ fue inadecuada, violando el ar-tículo 51 de la Constitución que establece que una petición a los funcionarios públicos debe responderse de manera oportuna y adecuada. Además del tiempo transcurrido, PROVEA realizó en su acción una serie de preguntas que no están respondidas en el aludido texto.

Las evidencias sugieren que el proyecto Petrocasas ha venido retrocediendo respec-to al impulso anunciado desde su creación. Como se recordará, el 27.07.07 se inauguró la primera fábrica en el país y se prometió la construcción de 18.000 viviendas anuales102. El 06.01.12 se adjudicaron 20 Petrocasas en el urbanismo Dios Todopoderoso, ubicado en el municipio Guacara del estado Carabobo103. El 09.03.12 fueron entregadas 450 Petrocasas de las 1.045 que componen el urbanismo ubicado en el sector Boca de Río, al sur de Valencia, es-

99. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y LA PROTECCIÓN SOCIAL: Memoria y Cuenta 2011. Pág. 78.

100. TSJ: Sentencia 2009-0092 [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Agosto/01061 -3811-2011-2009-0092.html> Consulta del 02.10.11.

101. Disponible en <http://www.pequiven.com/pqv/index.php?option=com_content&view=article&id=241:petrocasa&catid=35:petroquimicadevenezuela>

102. PROVEA: Informe Anual octubre 2006-septiembre 2007. Caracas, 2002. Pág. 238.103. Pequiven: Beneficiarios de Dios Todopoderoso recibieron Petrocasas [en línea] <http://www.pequiven.

com/pqv/index.php?option=com_content&view=article&id=347:petrocasa&catid=1:latest-news> Consulta del 15.02.13.

266



tado Carabobo104. Otra entrega fue realizada el 17.08.12 en la comunidad Los Lanceros, Puer-to Cabello, estado Carabobo105. El 09.08.12 se informó de la inauguración de la fábrica de Petrocasas Ventanas Guacara I, con capacidad de construir 800 ventanas diarias106. Esta sería la cuarta fábrica de Petrocasas instalada en el país, siendo las otras las de la zona industrial El Nepe, de Guacara, en el estado Carabobo; zona industrial El Tigre, y Biruaca, sector Las Araguatas, vía Achaguas, Parque Industrial Bi-ruaca, en el estado Apure107.Si el nivel de toxi-cidad del PVC en la construcción de viviendas puede ser objeto de discusión, es incontrover-tible sin embargo que las casas prefabricadas

de dicho material vulneran la adecuación cul-tural, uno de los componentes del derecho a la vivienda adecuada. Según las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de hábitat, los materiales de construcción utilizados deben responder a la identidad cultural y a la diversi-dad de sus habitantes108. En este sentido se con-tinúan registrando anuncios de construcción de Petrocasas en hábitat caracterizados por el uso de otro tipo de materiales y arquitecturas tradi-cionales. El 20.12.12 el vicealmirante Armando Laguna Laguna, jefe de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, anunció que se construirían 65 Petrocasas en el archipiélago de Los Roques109.

104. Adana Morillo: Entregadas Petrocasas a habitantes de Boca de Río. En: El Siglo, 09.03.12, pág. 9.105. El Carabobeño: Entregadas 104 Petrocasas en Los Lanceros de Puerto Cabello [en línea] <http://www.

el-carabobeno.com/impreso/articulo/28185/entregadas-104-petrocasas-en-los-lanceros-de-puerto-cabe-llo> Consulta del 15.02.13

106. AVN: Nueva fábrica de Petrocasas en Carabobo es la más moderna de Venezuela [en línea] <http://www.el-carabobeno.com/impreso/articulo/28185/entregadas-104-petrocasas-en-los-lanceros-de-puerto-cabello> Consulta del 15.02.13.

107. Comunicaciones Pequiven: Presidente de la Petroquímica: Petrocasa tiene 4 fábricas operativas que gene-ran viviendas y bienestar al pueblo [en línea] <http://www.aporrea.org/actualidad/n211612.html> Con-sulta del 15.02.13.

108. PROVEA: Derecho Humano a la Vivienda Adecuada. Marco Teórico-Metodológico Básico. Caracas, 2005, Pág. 28.

109. Prensa RNV: El socialismo llegó al Gran Roque [en línea] <http://www.rnv.gob.ve/index.php?option =com_content&view=article&id=4019%3Ael-socialismo-llego-al-gran-roque&Itemid=74> Consulta del 15.02.13.

Insistentemente PROVEA ha categori-zado las acciones de ocupación de terrenos baldíos e inmuebles en construcción como acciones de exigibilidad de derechos. Asi-mismo, sostenemos que las mismas están enmarcadas en el ejercicio de la protesta pacífica, por lo que hemos solicitado a las autoridades abandonar el enfoque crimi-nalizador, debido a que un alto porcentaje

obedecen a acciones desesperadas por parte de familias sin techo para obtener una res-puesta de las instituciones. Sin embargo, el monitoreo del derecho ha revelado que exis-ten dos modalidades de ocupaciones. Unas son realizadas de manera espontánea por familias que han agotado los mecanismos institucionales y ocupan terrenos baldíos o viviendas en construcción para exigir un

Mafias y ocupaciones



espacio de interlocución. Una segunda mo-dalidad la constituyen acciones promovidas por personas que se lucran con la necesidad de un techo propio y quienes posteriormente negocian con terceros la venta de terrenos, casas o apartamentos.

Durante el período PROVEA recibió denuncias de habitantes de apartamentos en el centro de Caracas que aseguraban que grupos de motorizados armados intentaban invadir sus propiedades o cobrarles para pro-tegerlos de otros supuestos invasores.

A solicitud de PROVEA, los residentes de una ocupación en el centro de Caracas –quienes pidieron mantener su anonimato– levantaron un informe confidencial de las condiciones en que habitaban el lugar. Se-gún el documento, el inmueble fue invadido el 08.08.08 a plena luz del día, violentando la puerta principal con palancas “patas de cabra”. El edificio posee una estructura tipo pensión, con una planta baja, dos pisos y un sótano, para un total de 54 habitaciones: 8 individuales y 46 matrimoniales. A las per-sonas que participaron en la invasión les fueron otorgadas habitaciones sin costo. El resto fueron vendidas a precios que han os-cilado entre 3.000 y 20.000 bolívares. Apar-te, todos los inquilinos pagan el servicio de agua, factura que es dividida entre las 54 habitaciones, a lo cual hay que sumarle el monto para cancelar una deuda acumulada con Hidrocapital de Bs. 14.000. Los “encar-gados del inmueble” han redactado una serie

de normas de convivencia: la puerta se cie-rra a las 11 pm; prohibición de uso de batas y shorts, peleas dentro de las habitaciones, niños en los pasillos a partir de las 10 pm, niños con llaves, hombres sin camisa en los pasillos, botar basura en la puerta principal y pasillos; ingerir bebidas alcohólicas en la puerta; alto volumen de televisión y equipos de sonido; asistencia obligatoria a las reu-niones y jornadas de limpieza general; pago puntual de los servicios. Según el testimo-nio, el que no cumpla con alguna de las nor-mas es sancionado con una “x” y aquel que tenga tres es desalojado.

Según el informe los “encargados del inmueble” son parte de una banda que usa-ría la invasión como centro de operación de diferentes delitos, como el tráfico de estupefacientes y billetes falsificados. Dos miembros del grupo administrador del in-mueble se encuentran cumpliendo conde-nas de privación de libertad. A finales de 2011 se registró un intercambio de disparos con miembros de otra banda por el control del inmueble. Solamente tres de las fami-lias habitantes del inmueble se encuentran registradas en la GMVV.

En el informe los habitantes expresaron a PROVEA que “los encargados tratan a los inquilinos de una forma grosera y al-tanera, como si estuviéramos viviendo en una prisión. Como las familias no tenemos adónde vivir, soportamos las humillaciones de ellos”.

268



Derechos civiles y políticos


Derecho al asilo y refugio

La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho al asilo y refugio.


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En el presente capítulo se estudiará el com-portamiento del Derecho Humano al Re-fugio en el período que va de enero 2012

a diciembre 2012. Es obligatorio para el aná-lisis de este derecho, por la incidencia directa que tiene, conocer cuáles han sido los cambios que se han dado en el desarrollo del conflicto armado colombiano, a lo interno y fuera de sus fronteras, en este período; así como las relaciones entre Venezuela y el vecino país. Siendo estos factores fundamentales para el desplazamiento de personas dentro del territo-rio neogranadino y de hombres y mujeres que atraviesan sus fronteras para resguardar sus vi-das, convirtiéndose en refugiados o Personas con Necesidad de Protección Internacional (PNPI). Por lo antes expuesto, se describirán cuáles son las cifras actuales que manejan el Estado venezolano y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de personas que han solicitado el estatuto de refugiados y refugia-das en suelo venezolano y las que aún no lo han hecho. Además se estudiará el funcionamiento del órgano encargado de decidir las solicitudes de refugio, como lo es la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR); así como el ac-ceso y goce a los diferentes derechos de estas personas. Por último se analizarán las cifras y tendencias de los venezolanos que han solici-tado asilo en otros países.

Situación en Colombia y su relación con Venezuela en la zona fronteriza

A pesar de los diálogos de paz empren-didos por el Estado colombiano y las Fuer-

zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante 2012, persiste el conflicto armado y Colombia sigue soportando la crisis humanitaria más fuerte del continente.

La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la Región Andina, Francesca Fontanini1, expresó que según cifras oficiales existen cuatro millones de desplazados inter-nos por causa del conflicto colombiano; sin embargo, esta cifra es más elevada, según di-ferentes ONG, entre ellas la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) que dice que producto del conflicto armado existen 5 millones 800 mil desplaza-dos internos.

La representante del ACNUR también comentó que existen aproximadamente 400 mil personas que han atravesado las fronteras colombianas huyendo del conflicto armado, evidenciado así que las consecuencias huma-nitarias no sólo afectan a ese país sino a toda la región.

Durante el período estudiado en este ca-pítulo, continúa la misma dinámica del con-flicto colombiano expresada en el informe anual octubre 2010 a septiembre 20112. Sin embargo, como ya fue mencionado, desde mediados de octubre de 2012 se instaló una mesa de diálogo y negociación entre el Esta-do colombiano y las FARC3, que contó con el apoyo del Estado venezolano y el cubano. La primera fase de las negociaciones para buscar la paz en Colombia se llevó a cabo

1. El Espectador: Colombia: cuatro millones de desplazados y 400 mil refugiados [en línea] <http://www.elespecta-dor.com/noticias/nacional/articulo-354148-colombia-cuatro-millones-de-desplazados-y-400-mil-refugia-dos> Consulta del 23.07.12.

2. Ver PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe Anual octubre 2010-septiem-bre 2011, pág 258.

3. El Espectador: Ambiente “cordial” entre Gobierno y Farc horas antes de abrir proceso de paz [en línea] <http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-381833-ambiente-cordial-entre-gobierno-y-farc-horas-antes-de-abrir-proc>. Consulta del 20.10.12.

272



en la ciudad de Oslo, en Noruega. Durante esta primera parte se evidenció lo complejo de estas negociaciones, ya que ambas partes estuvieron inflexibles en sus puntos.

Las FARC pidieron que se declare el cese al fuego, a lo cual el Gobierno colombiano respondió que sólo lo hará cuando se firme el acuerdo final. Los representantes de la guerri-lla manifestaron estar dispuestos “a acuerdos parciales para disminuir el impacto del con-flicto sobre la población civil”.

La segunda fase de la mesa de negociones se llevó a cabo en La Habana, Cuba, a me-diados de noviembre y las partes negociaron cinco puntos: el problema agrario, la partici-pación política, el fin del conflicto, el narcotrá-fico y la situación de las víctimas4.

Al momento de culminar este capítulo las negociaciones continúan. La mayoría de los colombianos aprueban esta mesa de diálogo y la ven como un camino tangible hacia la paz; sin embargo, diversos analis-tas colombianos no son tan optimistas, mu-chos comentan que la paz no llegará sólo por el diálogo con las FARC, dicen que se debe tomar en cuenta los espacios dejados por los grupos paramilitares “desmoviliza-dos” y tomados por las llamadas Bandas Criminales (Bacrim) que se han ido forta-leciendo y madurando como grupos de nar-cotraficantes organizados que se enfrentan unos con otros por el dominio del territorio.

“Luego de cinco años largos, los reductos paramilitares que dejó la desmovilización han encontrado una nueva manera de operar, menos visible, menos política, pero no menos sanguina-ria ni efectiva. Las Bacrim están alcanzando su etapa de madurez y en poco tiempo será necesa-rio ponerles un nuevo apelativo. Además, ya no tienen remilgos ideológicos, por lo que cada vez encontrarán más afinidades comerciales con los frentes guerrilleros. Pero el Gobierno sigue pre-sentando la reducción en el índice de homicidio nacional como una muestra inapelable de que todo va bien”, Pascual Gavieria, columnista del diario colombiano El Espectador5.

Con respecto a las relaciones entre Colom-bia y Venezuela, en el período analizado se puede destacar un clima cordial entre ambos gobiernos, siendo las negociones de paz (apo-yadas por el Gobierno venezolano) y las de-portaciones de ciudadanos colombianos vin-culados con el narcotráfico los mayores puntos a resaltar dentro de la agenda binacional.

Diferentes elementos evidencian la pre-sencia de diferentes Bacrim en los estados fronterizos de Táchira y Zulia6, así como la presencia de grupos guerrilleros colombianos como las FARC y el ELN en el estado Apure7; también se sigue observando el fortalecimien-to de los grupos guerrilleros venezolanos de izquierda denominados Fuerza Bolivariana de Liberación Nacional (FBLN) y Fuerzas Pa-trióticas de Liberación Nacional (FPLN) en el estado Apure y los llanos centrales del país8.

4. Al momento de redactar el presente Informe las negociaciones se volvieron a retomar en La Habana el 15.01.13, donde fueron entregadas más de 546 propuestas ciudadanas, agrupadas en 11 publicaciones y recogidas por la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional.

5. Pascual Gaviria: Diálogos de guerra. En: El Espectador, 13.11.12 [en línea] <http://www.elespectador.com/opinion/columna-386834-dialogos-de-guerra> Consulta del 20.11.12.

6. Entrevista a pobladores. Se reserva la confidencialidad por razones de seguridad 7. Ídem. 8. Ídem.



En enero de 2012 en el estado Táchira efec-tivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) capturaron a cinco hombres, presuntamente per-tenecientes a la banda criminal “Los Rastrojos”, que opera en ese estado9. El general Richard Ló-pez, jefe del Comando Regional Nº 1, explicó que se trataba de dos ciudadanos colombianos y tres venezolanos, uno de ellos menor edad. Este mismo mes los medios de comunicación reseñaron enfrentamientos entre los grupos irre-gulares “Los Urabeños” y “Los Rastrojos” en la localidad de Ureña, estado Táchira10, para tomar el control de la extorsión y el narcotráfico en la zona. En total hubo cuatro fallecidos en estos hechos, de los cuales dos fueron identificados como ciudadanos colombianos, uno venezolano y el último no fue identificado.

A principios de marzo de 2012, el Jefe re-gional de Defensa Integral de Occidente, Euse-bio Agüero, informó al canal del Estado Vene-zolana de Televisión (VTV), la muerte de dos militares venezolanos en un enfrentamiento con un grupo irregular cerca de la localidad de Rubio, estado Táchira11. El militar no indicó de qué grupo violento se trataba, sólo dijo que “luego del enfrentamiento los miembros de este grupo huyeron a territorio colombiano”.

Diferentes artículos del periodista Eligio Rojas, del diario Últimas Noticias, retrataron la presencia de los grupos irregulares FBLN

y FPLN en el estado Apure, donde se narra que esta guerrilla venezolana cuenta con 500 miembros armados12. Según el periodista, es-tos datos fueron obtenidos de un informe rea-lizado por la 92° Brigada de Caribes con sede en Guasdualito, estado Apure.

“Los militares recabaron información so-bre estructura y arsenal de estos dos grupos irregulares: recientemente compraron 600 granadas de mano al Cartel de La Guajira; poseen una escuela para combatientes, tie-nen dividido el Alto Apure en nueve ‘Teatros de Operaciones de Resistencia’; actúan en 11 ‘Casas Bases’ distribuidas en las orillas del río Uribante –usadas para guarecerse y plani-ficar cobros de vacuna–, y además son dueños de una imprenta en Guacas de Rivera (Apure) y una radio en Chorrosquero: Bolívar Vive, dial 96.5”, dice el artículo.

El mismo periodista narra en otro artícu-lo que “Los Boliches copiaron la misma es-tructura del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera colombiana fundada en 1964. Es así que tienen una Co-mandancia General encabezada por el jefe supremo Jerónimo Paz y cinco comandantes más”13. En la publicación se comenta que al ser consultada la Fiscal General de la Repúbli-ca sobre la investigación de este tema dijo que no se estaba llevando a cabo.

9. NotiCaracas: Capturaron a 5 sujetos posibles miembros de “Los Rastrojos” en Táchira [en línea] <http://www.noti-ciascaracas.com.ve/2012/01/23/capturaron-5-sujetos-posibles-miembros-de-los-rastrojos-en-tachira/> . Consulta del 02.02.12.

10. Noticias Clic: Guerra de Bacrim colombianas ensangrenta a Venezuela [en línea] >http://www.noticiasclic.com/guerra-urabenos-y-rastrojos-en-venezuela>. Consulta del 02.02.12.

11. Noticias24: Mueren dos militares venezolanos en enfrentamiento con guerrilleros en la frontera [en línea] <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/96137/extraoficial-mueren-dos-militares-venezolanos-en-enfrenta-miento-con-guerrilleros-del-eln-en-la-frontera/>. Consulta del 23.05.12.

12. Últimas Noticias: Guerrilla criolla tiene 500 personas armadas [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/guerrilla-criolla-tiene-500-personas-armadas.aspx> Consulta del 16.03.12.

13. Últimas Noticias: Guerrilla criolla “hija” del ELN [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/guerrilla-criolla--hija--del-eln.aspx> Consulta del 16.03.12.

274



Se sigue observando la vinculación de ni-ños, niñas y adolescentes con los diferentes grupos irregulares que hacen vida en la fron-tera colombo-venezolana14. “Las organizacio-nes irregulares tienen sus campos de entre-namiento entre El Nula y Las Bocas del Río Viejo; según informes de inteligencia militar, Boliches enrolan a menores para ‘guerra de resistencia’.

De acuerdo a informes elaborados por or-ganismos de inteligencia militar, la captación de menores para alimentar las filas de esa es-pecie de ‘guerrilla criolla’ la realizan en las comunidades donde ellos tienen influencia; esto es, nueve zonas de resistencia con 11 ‘Casas Bases’ distribuidas en el Alto Apure, Barinas y Táchira”, se comenta en el artículo.

También en marzo fue deportado por auto-ridades venezolanas el ciudadano colombiano Deyler Enrique Romero, alias “Caliche”, pre-sunto jefe del ELN, quien fue aprehendido en el estado Zulia luego de un año de investiga-ciones conjuntas entre la Policía de Colombia y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-cional (SEBIN)15.

Durante la Cumbre de la Unión de Nacio-nes Suramericnas (UNASUR), el ministro de la Defensa, general Henry Rangel Silva, anun-ció la captura de Marco Aurelio Vera Ferrer, alias “Macuto”, un jefe de la banda criminal

14. Últimas Noticias: Enrolan a menores para “guerra de resistencia” [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/enrolan-a-menores-para--guerra-de-resistencia-.aspx>. Consulta del 20.03.12.

15. Barinas 2012: Llega a Colombia presunto jefe del ELN detenido y deportado desde Venezuela [en línea] <http://www.barinas2012.net/2012/03/04/llega-a-colombia-presunto-jefe-del-eln-detenido-y-deportado-desde-venezuela/> Consulta del 20.06.12.

16. Panorama: Capturan a jefe de “Los Rastrojos” en Táchira [en línea] <http://www.panorama.com.ve/portal/app/vista/detalle_noticia.php?id=16348> Consulta del 21.06.12.

17. Noticias 24: Venezuela indaga supuesta presencia de guerrilla en su territorio [en línea] <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/109912/venezuela-indaga-supuesta-presencia-de-guerrilla-en-su-territorio/> Consulta del 20.06.12.

colombiana “Los Rastrojos”, en la localidad de La Fría, estado Táchira. “Nosotros estamos plenamente convencidos de que la colabora-ción con el Gobierno colombiano y venezola-no den el elemento fundamental para marcar la diferencia y así va a ser posible derrotar estas bandas criminales”, dijo16.

El 21.05.12 se produjo un enfrentamien-to entre fuerzas castrenses colombianas y las FARC, cerca de la frontera con Venezuela. El resultado de este enfrentamiento fue la cifra fatal de 12 militares colombianos muertos17. Según las autoridades colombianas, los gue-rrilleros huyeron hacia territorio venezolano. Ante esta denuncia el Presidente de la Repú-blica, Hugo Chávez, dijo que: “Hemos lle-gado a todos los sitios donde el gobierno de Colombia, las fuerzas militares de Colombia nos pasaron una información, de unas coor-denadas donde según ellos… pudiera haber campamentos de la guerrilla o grupos irregu-lares”; sin embargo, no reveló los resultados de la investigación.

De igual modo el presidente Chávez, en el marco de estos acontecimientos, expresó: “Ratificamos nuestra posición, no vamos a permitir incursión militar de ninguna na-turaleza en territorio venezolano. Nosotros no apoyamos a la guerrilla colombiana… No podemos permitir que nos inmiscuyan



en un conflicto que no es nuestro. Si pode-mos ser útiles para un proceso de paz en Colombia, aquí estamos a la orden, pero no para la guerra”18.

Días después, el ministro para la Defensa, general en Jefe Henry Rangel Silva, informó que después de diversas investigaciones ha-bían resultado detenidas diez personas y que se debía seguir investigando para establecer su vinculación con el ataque19.

En mayo los ministros de Relaciones Ex-teriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunieron en Caracas para analizar el tema de la seguri-dad fronteriza a raíz del ataque cometido en una zona limítrofe por las FARC20.

En un informe elaborado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Crimi-nalísticas (CICPC) para la puesta en marcha de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela se revela que las llamadas “bandas criminales” o Bacrim operan en por lo menos tres munici-pios del estado Táchira y se explica con dete-nimiento su accionar21.

En noviembre fueron deportados Daniel

18. Correo del Orinoco: Ataque de la guerrilla deja varios muertos en frontera colombo-venezolana [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ataque-guerrilla-deja-varios-muertos-frontera-colombo-vene-zolana/> Consulta del 20.06.12.

19. Globovisión: Van 10 detenidos por ataque guerrillero en frontera colombo-venezolana [en línea] <http://globovision.com/articulo/van-10-detenidos-por-ataque-guerrillero-en-frontera-colombo-venezolana> Consulta del 20.06.12.

20. Noticias 24: Alcalde colombiano asegura que ataques guerrilleros en la frontera provienen de Venezuela [en línea] <http://www.noticias24.com/internacionales/noticia/41589/alcalde-colombiano-asegura-que-ataques-guerrilleros-en-la-frontera-provienen-de-venezuela/> Consulta del 12.08.12.

21. Reportero 24: Cicpc culpa a bandas “binacionales” por violencia [en línea] <http://www.reportero24.com/2012/07/tachira-cicpc-culpa-a-bandas-binacionales-por-violencia/> Consulta del 10.08.12.

22. Últimas Noticias: Venezuela entregó al “Loco” Barrera [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noti-cias/actualidad/sucesos/venezuela-entrego-a-el-loco-barrera.aspx> Consulta del 10.12.12.

23. Nuevo Arcoiris: La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela. Editorial Random House Mondadori, Bogotá, 2012.

Barrera, “JJ” Cifuentes y otros dos ciudadanos requeridos por las autoridades colombianas. Es-tos individuos eran arduamente buscados en Co-lombia por su vinculación con el narcotráfico22.

Según el libro La Frontera Caliente entre Colombia y Venezuela, publicado por la ONG colombiana Nuevo Arcoiris, la violencia en la zona ha aumentado exponencialmente en los últimos años, dando como resultado más de 30 mil homicidios y el establecimiento de dife-rentes bandas criminales que se mueven entre los dos países23.

Políticas del Estado venezolano respecto a la problemática fronteriza

Sigue siendo una deuda del Estado vene-zolano la promulgación de la Ley Orgánica de Fronteras, que fue anunciada por el Presidente Chávez en 2009. Sin la discusión y aprobación de esta ley la frontera venezolana tendrá mayo-res posibilidades de ser vulnerable a la incur-sión de grupos irregulares y por ende se dificul-tará “garantizar la seguridad de las personas en las zonas fronterizas y resguardarlas de la actuación de los grupos armados al margen de la ley que operan en la zona y ejercen actos de

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violencia (extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas, reclutamiento de niños, niñas y ado-lescentes, tráfico de estupefacientes, etc.)”24.

Sin embargo, durante el periodo analizado se han evidenciado diferentes acciones con-cretas y coyunturales en cuanto al resguar-do de la frontera y el respeto de la soberanía nacional. Luego de los hechos ocurridos en mayo de 2012 entre militares colombianos y las FARC en la frontera colombo-venezolana, el Presidente de la República, Hugo Chávez, ordenó que se reforzara la vigilancia aérea en los puntos fronterizos25.

El ministro Rangel Silva dijo que ac-tualmente se están ejerciendo “las acciones correspondientes para que ninguna fuerza armada de cualquier naturaleza, que no sea nuestra Fuerza Armada Bolivariana, esté pre-sente en el territorio venezolano”. También se concretó el envío de unos 3.000 efectivos a zo-nas fronterizas para fortalecer la seguridad26.

Número de Personas con Necesidad de Protección Internacional y Refugiadas

Según el representante del ACNUR, Mo-hamet Alwash, hasta diciembre de 2012 en Venezuela existían 200 mil Personas con Ne-

cesidad de Protección Internacional (PNPI)27.

El ACNUR informó que hasta principios de 2012 un total de 17.369 personas habían solicitado el estatuto de refugiadas y refugia-dos; de ellos, aproximadamente 2.900 lo han obtenido28. De igual modo, la agencia de las Naciones Unidas comunicó que la tasa de re-conocimiento ha aumentado de 13% a 20%29.

Por su parte el presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR), Ylde-fonso Finol, expresa que 98% de las personas que solicitan ser refugiadas en Venezuela pro-vienen de Colombia, 68% son campesinos y más de 25 mil solicitaron ante la CNR el esta-tuto de refugiado, de los cuales más de cuatro mil obtuvieron esa condición30.

Cabe destacar que las cifras menciona-das son de personas y no de casos, dentro de un caso puede haber seis personas del mismo grupo familiar. Hasta julio de 2012 se habían registrado 9.464 casos ante la CNR, de los cuales 1.091 fueron aprobados31.

“Pareciera que la tasa de reconoci-miento es baja, pero la mayoría de las per-sonas son migrantes económicos. A la hora de recibir los casos la Comisión (CNR) no puede hacer preelegibilidad, porque esta-

24. Ver PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2010 -septiem-bre 2011. Pág. 260.

25. Correo del Orinoco: Ataque de la guerrilla deja varios muertos en frontera colombo-venezolana [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ataque-guerrilla-deja-varios-muertos-frontera-colombo-vene-zolana/> Consulta del 20.06.12.

26. Noticias 24: Venezuela indaga supuesta presencia de guerrilla en su territorio [en línea] <http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/109912/venezuela-indaga-supuesta-presencia-de-guerrilla-en-su-territorio/> Consulta del 20.06.12.

27. Entrevista concedida por Mohamet Alwash, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), el 22.01.13.

28. Últimas Noticias, 23.06.12, Pág. 2.29. Correo del Orinoco, 23.06.12, Pág. 4.30. Entrevista concedida por Yldefonso Finol, presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados, el

25.01.12.31. Cifras aportadas por la CNR en comunicación enviada a PROVEA.



32. Yldefonso Finol, entrevista citada.33. Cifras aportadas por ACNUR en comunicación enviada por correo electrónico a PROVEA. 34. Mohamet Alwash, entrevista citada.35. Yldefonso Finol, entrevista citada.36. Cifras aportadas por la CNR en comunicación enviada a Provea.37. CNR: Informe de Gestión 2012. Diciembre 2012.38. Ídem.39. CNR: Informe de Gestión 2012. Diciembre 2012.40. Yldefonso Finol, entrevista citada.

Estados Número

Apure 141

Táchira (2011) 441

Zulia 583

Caracas 151

Total 1.316

Fuente: Comisión Nacional para los Refugiados (CNR).

Cuadro N° 2 Casos nuevos recibidos por la CNR

en 201237

Estados

Apure 123

Caracas 492

Táchira 421

Zulia 260

Total 1.296


Cuadro N° 3 Documentos provisionales de refugio elaborados

por la CNR en 201238

Solicitudes de refugio 9.464

Casos aprobados 1.091

Casos negados 4.966

Casos cerrados 1.667


Cuadro N° 1Estadísticas de la Comisión Nacional

para los Refugiados desde su creación hasta julio de 2012 (expresadas en casos)36

Casos en estudio para decisión hasta julio de 2012 1.740

ríamos violando los derechos de estas per-sonas”32, comenta Finol al preguntársele por la tasa de reconocimiento.

Según cifras del ACNUR, durante 2012 se registraron 1.561 solicitudes (casos) de refugio acompañadas por esta organización. De igual modo otorgaron asistencia legal a 7.168 personas33.

Tanto el representante del ACNUR34 como el presidente de la CNR35 coinciden en que las cifras de personas provenientes de Colombia, víctimas del conflicto, se mantuvieron con res-pecto al año anterior, ratificando así que éste es un conflicto expulsor “por cuentagotas”, no como otros conflictos armados donde pobla-dos enteros atraviesan una frontera para bus-car la paz.

Funcionamiento de la CNREn el informe de gestión 2012 de la CNR

se expresa que “en el año 2012 se sumó un estimado de 1.300 nuevas solicitudes, de las cuales 99% son de personas con ciudadanía colombiana. El restante 1% se trata de los llamados extracontinentales, básicamente de algunos países de Asia y África”39.

El presidente de la CNR, Yldefonso Finol, informó que “hasta la fecha existen muy pocos casos con retrasos de respuestas, esto quiere decir que la Comisión está prácticamente al día”40. Según el funcionario, esto responde a la celeridad e importancia que se le ha dado

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en la CNR a todas las solicitudes de refugio, que en muchos casos esperaban desde 2004; respetando de esta forma lo establecido en el artículo 17° de la Ley Orgánica de Refugiadas, Refugiados, Asiladas y Asilados (LORRAA) sobre los lapsos del procedimiento, donde se establece que la Comisión resolverá la solici-tud en un lapso de 90 días calendarios.

También se debe destacar que en mayo de 2012 se llevó a cabo la Primera Reunión Nacio-nal para los Refugiados, encuentro donde parti-ciparon 35 entes del estado, como lo fueron los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Justicia, Educación, Salud, Deportes y Cultura; la Defensoría del Pueblo; el Ministe-rio Público; la Asamblea Nacional; el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería; el Instituto Autonómo Consejo Na-cional de Derechos del Niño, Niña y Adoles-cente, y el Acnur.

“Ydelfonso Finol, presidente de la Comi-sión Nacional para los Refugiados, afirma que la actividad es una iniciativa para perfeccionar el sistema de protección de los derechos huma-nos, ‘forma parte de los compromisos anuncia-dos por la República Bolivariana de Venezuela en la reunión ministerial de las Naciones Uni-das en diciembre pasado en Ginebra, donde afirmamos que estableceríamos esta coordina-ción nacional interinstitucional’.

Resalta que en Venezuela se ha desarro-llando ampliamente el sistema de inclusión en materia de salud y educación sin ningún tipo de discriminación, ‘es un viejo anhe-lo de la CNR poder establecer unas pautas

comunes de manejo de las políticas que de-sarrollan todas las instituciones del Estado en pro de la protección de los derechos de la población refugiada’”41.

Durante el periodo analizado la CNR lle-vó a cabo 15 jornadas especiales de registro de solicitudes en los estados fronterizos y en otros que también son sensibles a ser recep-tores de PNPI, como lo son Trujillo, Mérida, Falcón, Bolívar y otros. Aunado a esto se rea-lizaron 12 jornadas especiales para la elabora-ción de informes y de esta manera poder dar respuesta a las solicitudes recibidas42.

Es importante destacar las 42 actividades de sensibilización y formación que se reali-zaron en 2012, “actividades de formación en materia de derecho de refugiados y refugia-das, beneficiando a cerca de 2.100 personas, incluidos funcionarios militares, policiales y de inmigración”43.

En el Informe de Gestión 2012 de la CNR puede leerse: “Particular aporte hemos con-solidado al otorgar el estatus de refugiadas a personas víctimas de la violencia sexual, vio-lencia de género o violencia contra la mujer, cada una de ellas más repudiables. Esta con-quista de nuestra visión garantista y progresi-va de los derechos humanos nos ha permitido darle protección efectiva a mujeres víctimas de acoso, amenazas y maltrato; así como a personas que por pertenecer a la sexodiver-sidad se han convertido en objetivos militares de grupos reaccionarios de derecha, como los paramilitares colombianos, por ejemplo”44.

Sin embargo, tanto el ACNUR como las

41. YVKE Mundial: Refugiados en Venezuela tienen garantizados sus deberes y derechos [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve/article/refugiados-en-venezuela-tienen-garantizados-sus-deberes-y-dere-chos> Consulta del 09.11.12.

42. Yldefonso Finol, entrevista citada.43. CNR: Informe de Gestión 2012. Diciembre 201244. Ídem.



diferentes ONG consideran que a pesar de los avances realizados por la CNR se sigue tenien-do la deuda de firmar la Declaración de Car-tagena, donde se evidencia un concepto más amplio del término Refugiado. Según la direc-tora del ACNUR para América, Marta Juárez, en Venezuela sí se está usando la Declaración de Cartagena, pero espera que pronto se vea en la legislación de nuestro país45.

De igual modo el representante del ACNUR en Venezuela sigue haciendo un lla-mado al Estado venezolano para que aplique y suscriba la Convención de 1951 y la Con-vención sobre el Estatuto de los Apátridas de 195446.

El presidente de la CNR responde que se ha ampliado “la visión restringida del refu-gio, que vincula el hecho sólo a fenómenos de carácter eminentemente político. Para ello también nos hemos valido de documentos sub-sidiarios como la Declaración de Cartagena, que si bien no tienen un carácter vinculante en la legislación nacional, sirven de referente para dar cobertura a casos provenientes de zonas en conflicto, con presencia de violencia generalizada y violaciones masivas de los de-rechos humanos, como ocurre en algunas re-giones de la República de Colombia”47.

Al preguntársele por qué los solicitantes de refugio deben trasladarse hasta Caracas para que se les otorgue la cédula luego de que se les ha aprobado su solicitud de refugio, respon-

dió que el planteamiento de cedular a las y los refugiados en las ciudades fronterizas donde residen, ya se realizó al Saime y que se está a la espera de su implementación. De esta forma los costos de traslado disminuirán para las y los refugiados48.

En el Informe de Gestión 2012 de la CNR puede leerse: “Dejamos constancia en este informe de gestión de las dificultades que he-mos tenido para conseguir sedes propias para nuestras oficinas fronterizas, en los tres casos (de las oficinas fronterizas) dependemos de unos espacios prestados por las respectivas gobernaciones, y ninguno cumple los reque-rimientos mínimos de nuestro trabajo, que implica atención al público y realización de entrevistas confidenciales”49.

De igual modo, Finol informó que durante 2013 se llevará a cabo el plan especial “Aca-cio Velandria s.j.”, donde se dará reapertura a 1.200 casos que fueron negados hasta este año, para volver a estudiarlos de una forma más objetiva50.

45. Últimas Noticias, 23.06.12, Pág.2.46. Mohamet Alwash, entrevista citada.47. Yldefonso Finol, entrevista citada.48. Yldefonso Finol, entrevista citada.49. CNR: Informe de Gestión 2012. Diciembre de 201250. Yldefomso Finol, entrevista citada.

Total de casos reconocidos 449

Total de personas beneficiadas 1.182

Total de casos negados 3.818

Total de casos decididos 4.267Fuente: Comisión Nacional para los Refugiados (CNR).

Cuadro N° 4 Estadísticas de 2012 de la CNR51

280



Situación de los derechos humanos de los solicitantes de refugio y refugiados

Muchas veces el tema de integración de las personas solicitantes de refugio y de las y los refugiados reconocidos por el Estado venezo-lano depende de su acceso y goce de los dere-chos fundamentales, por lo tanto es de suma importancia analizar cómo ha sido el acceso y goce de estas personas del derecho al trabajo, a la vivienda, educación, alimentación, salud o libre tránsito, entre otros.

Al respecto, con motivo del Día Mundial del Refugiado, las organizaciones Hebre de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados HIAS, Cáritas de Venezuela y el Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela emitieron el siguiente pronunciamiento: “Luego de 11 años de entra-da en vigencia de la Ley Orgánica sobre Re-fugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas (LORRAA), las personas refugiadas permane-cen invisibles en Venezuela, lo que hace que les sea más difícil de confrontar la exclusión y denegación de sus derechos basados en las dificultades para obtener un documento de identidad; no tenerlo conlleva a que las de-más necesidades fundamentales de subsisten-cia como el empleo, la educación y la vivienda no sean efectivamente alcanzadas.

Por otro lado, para que la integración de las y los refugiados en Venezuela sea definitiva es preciso que, más allá de cubrir esas necesi-dades básicas, puedan acceder en igualdad de

condiciones y tener efectivo goce de sus dere-chos humanos. Así, se valora como necesario y urgente trabajar en la elaboración de una agenda de políticas dirigidas a la población refugiada como base en un proceso incluyente con las y los solicitantes de refugio, refugia-dos/as, reconocidos/as, organismos estatales e interestatales y las organizaciones de la so-ciedad civil que trabajamos de la mano con la población refugiada en Venezuela” Comu-nicado de prensa, con motivo del Día Mundial del Refugiado 2012, de las organizaciones HIAS, Cáritas de Venezuela y el Servicio Je-suita a Refugiados Venezuela52.

En mayo de 2012 se llevó a cabo la prime-ra CNR, donde participaron diferentes entes gubernamentales e intergubernamentales, para establecer estrategias y acuerdos concretos que beneficien, con su implementación, a las y los refugiados reconocidos o a las y los que se encuentran esperando una respuesta por parte del Estado venezolano53.

De igual modo, en diciembre de 2012, el ACNUR y la Defensoría del Pueblo firmaron un plan de trabajo para el año siguiente que “contempla esfuerzos conjuntos en el fortale-cimiento de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos de los refugiados/as y solicitantes de esta condición en el país”54. Parte de los acuerdos puntuales de este plan de trabajo será la formación de funcionarios/as de la Defensoría en todas sus dimensiones, así como también intercambio y cooperación entre las dos instituciones.

51. CNR: Informe de Gestión 2012, diciembre 2012 52. HIAS, CÁRITAS DE VENEZUELA Y SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS VENEZUELA. A 61

años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados: avances y desafíos. (Comunicado de prensa). Caracas, 22.06.12.

53. YVKE Mundial: Refugiados en Venezuela tienen garantizados sus deberes y derechos [en línea] <http://www.radiomundial.com.ve/article/refugiados-en-venezuela-tienen-garantizados-sus-deberes-y-dere-chos>. Consulta del 09.11.12.

54. La Nación, 05.12.12, Pág. A8.



Según el Servicio Jesuita a los Refugiados Venezuela uno de los principales problemas de las personas solicitantes de refugio es que no existe una política de certificación de los estu-dios de los niños, niñas y adolescentes de esta población: “Los NNA provenientes de Colom-bia que han huido de graves violaciones a sus derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario no tienen acceso efectivo a la educación, si bien constitucional-mente se reconoce como un derecho universal y existen directrices del Ministerio de Educación y Zonas Educativas para que puedan acceder a las instituciones educativas, también debe incluirse el derecho a obtener los certificados y documentos habilitantes que demuestren la aprobación del grado académico”55.

Desde noviembre de 2012 en el estado Tá-chira comenzó a implementarse el “Pasaporte de Transeúnte Social”, donde más de 2.500 niños, niñas y adolescentes provenientes del vecino país se vieron beneficiados y podrán tener sus certificados de estudios. Esta es una iniciativa del Saime y la Zona Educativa de este estado56.

Sin embargo, en el resto de los estados –tanto fronterizos como en la región capital– no existen políticas concretas para garantizar la certificación de estudios de los NNA.

Desde PROVEA hacemos un llamado a las autoridades competentes para seguir este tipo de iniciativas y establecer mecanismos eficientes para que se garantice la certificación de los estudios de los NNA en situación de re-fugio y solicitantes de refugio.

En cuanto al derecho al trabajo, muchos solicitantes expresan que a pesar de contar con el documento provisional no pueden gozar de sus derechos laborales. “¿Por qué yo tengo que cobrar a través de otros si soy yo la que está trabajando? No es justo que no tenga Se-guro Social o Ley de Política porque el docu-mento provisional no es respetado”57.

Tanto el ACNUR como las ONG ofrecen microcréditos de apoyo familiar y laboral para apoyar la subsistencia de estas personas y fa-cilitar de esta forma la integración a las comu-nidades receptoras58. De igual modo, el presi-dente de la CNR expresa que existe el apoyo de parte del Banco del Pueblo Soberano para el otorgamiento de créditos con la sola presen-tación del documento provisional59.

A pesar de los talleres de capacitación im-partidos tanto por la CNR como por el ACNUR y el SJR Venezuela a efectivos castrenses y po-liciales, se siguen presentando abusos por parte de éstos, en los diferentes puntos de control, ha-cia los/las solicitantes de refugio al presentar el documento provisional, violando de esta forma el derecho al libre tránsito. Un factor influyente en estos acontecimientos es el alto grado de ro-tación en los puntos fronterizos. “Muchas veces hemos sido víctimas de abuso de efectivos mili-tares porque no conocen qué es un refugiado y menos el documento provisional”60.

Con respecto al derecho a la salud, ali-mentación y vivienda, el presidente de la CNR expresa: “Todas y todos nuestros soli-citantes de refugio pueden acceder a Barrio

55. SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS VENEZUELA. Ante un mundo herido, un corazón hospitala-rio. (Comunicado de prensa). Caracas, 20.06.12.

56. Diario Los Andes: Saime entregará pasaportes a más de dos mil estudiantes extranjeros residentes en Tá-chira [en línea] <http://diariodelosandes.com/content/view/207810/105975/> Consulta del 10.01.13.

57. Entrevistas a pobladores. Se reserva la confidencialidad por razones de seguridad.58. Correo del Orinoco, 09.12.12, Págs. 18/19.59. Yldefonso Finol, entrevista citada.60. Entrevistas a pobladores. Se reserva la confidencialidad por razones de seguridad.

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Adentro, Mercal y Misión Vivienda sin trámi-tes engorrosos; este Gobierno les garantiza todos sus derechos”61.

Venezolanos solicitantes de asilo en el exterior

Según la publicación Annual Flow Report de la Oficina de Estadísticas de Inmigración del Department of Homeland Security de Estados Unidos, publicada en mayo de 2012, los ciu-dadanos/as venezolanos conforman la segunda población que solicita asilo en el país del norte de América (ver cuadro 5)62. Las cifras publica-das en este reporte reflejan que 1.107 personas solicitaron este estatuto en 2011.

De igual modo la organización Venezola-nos Perseguidos Políticos en el Exilio (Vep-

pex) asegura que “…solo en el estado de Flo-rida (Estados Unidos) hay 7.000 venezolanos en condición de perseguidos políticos, entre los que tienen un asilo político aprobado y los que están en trámite… A escala internacional hay unos 16.000 refugiados políticos que se encuentran en España, Panamá, Perú, Costa Rica, Colombia, Canadá y México”63.

Desde 2002 unos 8.600 venezolanos reci-bieron el asilo en Estados Unidos; algunos dicen que son en promedio tres por día, mientras Cana-dá también venía siendo un destino para las y los venezolanos que sentían que eran perseguidos en su país de origen. Mientras en Estados Uni-dos cada año aumenta la cantidad de solicitudes aceptadas, en Canadá ocurre lo contario: en 2010 este país otorgó el estatuto a 20 venezolanos64.

Country of nationality 2011 2010 2009 Number Percent Number Percent Number PercentTotal 24,988 100.0 21,056 100.0 22,219 100.0China, People’s Republic 8,601 34.4 6,678 31.7 6,159 27.7Venezuela 1107 4.4 648 3.1 585 2.6Ethiopia 1,076 4.3 1,086 5.2 1,111 5.0Egypt 1,028 4.1 531 2.5 482 2.2Haiti 878 3.5 833 4.0 1,006 4.5Nepal 749 3.0 638 3.0 665 3.0Russia 663 2.7 548 2.6 492 2.2Eritrea 640 2.6 358 1.7 431 1.9Colombia 538 2.2 592 2.8 1,005 4.5Guatemala 484 1.9 464 2.2 508 2.3All other countries, including unknown 9,224 36.9 8,680 41.2 9,775 44.0

Note: Data exclude follow-to-join asylees.Source: U.S. Department of Homeland Security, Refugee, Asylum, and Parole System (RAPS) and Executive Office for Immigration Review.Fuente: Oficina de Estadísticas de Inmigración del Department of Homeland Security de Estados Unidos.

Cuadro N° 5Affirmative and Defensive Asylees by Country of Nationality: Fiscal Years 2009 to 201165

(Ranked by 2011 country of nationality)

61. Yldenfonso Finol, entrevista citada.62. OFICINA DE ESTADÍSTICAS DE INMIGRACIÓN DEL DEPARTMENT OF HOMELAND SE-

CURITY DE ESTADOS UNIDOS. Annual Flow Report. Mayo 2012.63. El Tiempo, 03.10.12, Pág. 16.64. Carlos Subero: Tres venezolanos por día se asilan en EEUU. En: El Mundo, 23.10.12, pág. 24.65. OFICINA DE ESTADÍSTICAS DE INMIGRACIÓN DEL DEPARTMENT OF HOMELAND SE-

CURITY DE LOS ESTADOS UNIDOS. Annual Flow Report. Mayo 2012.



Derecho a la integridad personal

Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral (…) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima (…) tiene derecho a la rehabilitación.

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto de-bido a la dignidad inherente al ser humano (…)

Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inme-diato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza… El hogar doméstico, el domicilio, y todo recinto pri-vado de persona son inviolables. No podrán ser allanados, sino mediante orden judicial…

Artículos 44, 46 y 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

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Durante este período PROVEA registró un total de 103 denuncias de casos de vio-laciones al derecho a la integridad per-

sonal1, con un saldo de 333 víctimas indivi-dualmente contabilizadas. Es importante tomar en cuenta que existen más víctimas respecto al número de denuncias contabilizadas porque en algunos casos nos encontramos frente a varias víctimas afectadas por la vulneración. De igual forma en algunas de las denuncias no se iden-tifica el número de lesionados o lesionadas sino que se habla de un colectivo o grupo afectado. Los datos enunciados, comparados con el perío-do anterior, cuando se registraron 116 denuncias, con 247 víctimas individualizadas, denotan un aumento significativo de 34, 81% en las víctimas de violaciones al derecho a la integridad perso-nal. Un preocupante elemento a destacar es el in-cremento en el número de víctimas de todas las diferentes violaciones que abarca este capítulo, es decir que se revirtió la tendencia de los años anteriores en que más bien el número de vícti-mas había ido disminuyendo progresivamente.

Este aumento en el número de casos se presenta de la siguiente manera en los cinco

patrones estudiados: el patrón tortura aumen-tó considerablemente en 110%, con 42 vícti-mas identificadas en 23 casos, más del doble que el número de víctimas en la investigación anterior; el patrón de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes2 también presentó un incremento de 116% con relación al perío-do 2010-2011, identificándose 162 víctimas individuales; el número de heridos aumentó en 118,51%, con 59 víctimas, 32 más que el año anterior; allanamientos ilegales presenta el menor aumento, 7,14%, con 30 víctimas frente a las 28 del período precedente; final-mente, amenazas u hostigamientos aumentó en 100%, pasando de 20 víctimas en el perío-do anterior a 40 casos en el actual.

De las 333 víctimas individualmente identi-ficadas en el período que abarca la investigación, se pudo conocer el género de 205, lo que repre-senta 61,56%. De esas 205 víctimas, 68,29% son del género masculino (140) y 31,70% del género femenino (65). Al igual que en años anteriores, se sigue manifestando una gran di-ferencia numérica entre la cantidad de víctimas de género masculino y las de género femenino.

1. El derecho a la integridad personal se analiza tomando en cuenta cinco patrones de violación: tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; heridos; allanamientos ilegales y amenazas u hostigamientos. Se considerará que un caso es de tortura cuando un funcionario público inflige de manera intencional a una persona dolores o sufrimientos graves (físicos o mentales) para obtener información, confesión bajo coacción o la inculpación de terceros en hechos punibles. De igual manera, se entiende por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes aquellos ocasionados con el propósito de castigar a la persona, intimidarla, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, siempre y cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o anuencia. Como casos de heridos se consideran aquellos en que los daños a las personas han sido causados haciendo uso de armas de fuego, peinillas u otros instrumentos que puedan ocasionar daño físico, cuando éstos son utilizados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado haciendo un uso desproporcionado o innecesario de la fuerza. Así mismo, se entienden como allanamientos ilegales aquellos realizados sin que medie una orden escrita expedida por un juez de control o que acontecen en situaciones que no puedan ser justificadas como la única manera de impedir la ocurrencia de un hecho punible. Finalmente, en el patrón de amenazas u hostigamiento se recogen todos aquellos casos en que un funcionario público actúa intencionalmente con el propósito de provocar un temor fundado de riesgo para la vida de las personas o para su integridad física o moral, así como para su libertad y seguridad personales.

2. No se contabilizan aquellos casos colectivos donde no hay víctimas individualizadas, ya que el criterio en este patrón mide individualidades afectadas.

286



Fue posible determinar la edad de 75 de las víctimas, 25,52% del total de las contabi-lizadas individualmente, encontrando que 38 de ellas se encuentran entre 0 y 18 años, lo que representa 50,66% del total de víctimas con edad identificada. De igual forma encon-tramos 23 víctimas en la categoría de 19 a 30 años, lo que representa 30,66% del total de víctimas con edad identificada. Finalmente en-contramos 14 víctimas en la categoría de ma-yores de 30 años, representando 18,66% del total de víctimas con edad identificada. En 63 casos fue posible determinar el tipo de lesión

ocasionada como consecuencia de la violación del derecho a la integridad, siendo los golpes la lesión más común, al igual que en el perio-do anterior, registrando 33 casos (52,38%), se-guida de las heridas con armas de fuego, con 8 casos (12,69%), descargas eléctricas con 7 casos (11,11%); asfixias con 6 casos (9,52%) y un caso específico de asfixia mecánica con bolsa. En el resto de los casos las lesiones se vinculan con batazos, cachazos con armas de fuego, patadas, amordazamientos, quemadu-ras y aplicación de sustancias químicas (gas pimienta o paralyzer)5.

En varios de los casos se registra más de un tipo de lesión sufrida.

En el período de la investigación, de los cuerpos de seguridad conocidos en Venezue-la6, los de ámbito nacional tienen responsa-

3. La razón por la cual la suma de las víctimas de cada patrón difiere del total de víctimas señalado anteriormente obedece a que en algunos casos las personas fueron víctimas de más de una forma de violación del derecho a la integridad física, y para efectos del análisis aquí presentado cada patrón fue desagregado.

4. Para información detallada sobre esta cifra, remitirse al capítulo Derecho a la manifestación del Informe de PROVEA 2012.

5. Compuesto químico que irrita los ojos hasta el punto de causar lágrimas, dolor e incluso ceguera temporal. 6. En Venezuela se determinó la existencia de 126 cuerpos de seguridad, según el estudio realizado en 2006

por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL): 24 policías estadales (incluida la Policía Metropolitana), 95 policías municipales, dos policías nacionales (una judicial y otra política), cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Actualmente en Venezuela se cuenta con 144 cuerpos de policía, contando a la Policía Nacional Bolivariana y el resto de Policías estadales y municipales.

Patrón ene.-dic. 20124

Heridos en manifestaciones 195Fuente: Elaboración propia. Base de datos de PROVEA (ca-pítulo Derecho a la manifestación).

Cuadro N° 2Heridos en contexto de manifestaciones pacíficas

Patrón3 Oct. 07 Oct. 08 Oct. 09 Oct. 10 Ene.-Dic. % Sept. 08 Sept. 09 Sept. 10 Sept. 11 2012 aumento disminución

Torturas 13 15 36 20 42 110%

Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 573 427 350 75 162 116%

Heridos 12 16 101 27 59 118,51%

Allanamientos ilegales 23 29 45 28 30 7,14%

Amenazas u hostigamiento 26 21 29 20 40 100%Fuente: Elaboración propia. Base de datos de PROVEA.

Cuadro N° 1Casos denunciados de violación al derecho a la integridad personal



bilidad determinada, ya sea individual o en conjunto con otros organismos o cuerpos, en 52 casos del total de 103 reportados en este periodo, lo cual representa 50,48% del total. Al igual que en el periodo anterior, destaca nuevamente este año la actuación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Cri-minalísticas (CICPC); sin embargo, en este in-forme encontramos que el organismo de segu-ridad del Estado con más casos de violación al derecho a la integridad personal es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 24 casos, y 15 casos para el CICPC, incluyendo aquéllos en los que actuaron conjuntamente con algún otro cuerpo de seguridad del Estado.

En lo que respecta a la GNB, en casi la totalidad de los casos se registra que las víc-timas fueron vulneradas en zonas fronterizas del país. Algunos ejemplos reflejan que las zonas donde se concentran los casos son la Guajira, en el estado Zulia; el estado Táchira y el estado Bolívar. Esta situación evidencia, entre otras cosas, la falta de preparación que

tienen los funcionarios y las funcionarias de la GNB para la realización de actividades de control y seguridad ciudadana. Por ello se hace indispensable iniciar un proceso de asistencia técnica y reforma estructural de este organismo de seguridad del Estado, tal y como se inició el año pasado con el CICPC. La GNB debe ser retirada por completo de todas las tareas de seguridad ciudadana que son propias de los cuerpos policiales civiles de proximidad, ya que la GNB no está prepa-rada para este fin. Para 2012 no se observaron avances en la Comisión Interministerial para unificar criterios de actuación entre la FANB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), co-misión ésta creada en junio de 2011 y que estaba integrada conjuntamente por repre-sentantes del Estado y representantes de la sociedad civil organizada.

Con relación a la PNB, encontramos que para este periodo registra dos denuncias, dis-minuyendo el número de tres registradas en el periodo anterior.

Las policías de ámbito regional o poli-cías estadales fueron señaladas como res-ponsables de 17 casos (16,50%). La policía regional que registra el mayor número de denuncias es la del estado Bolívar, con un total de seis casos (5,82%), lo que significa un cambio con relación a lo expresado en el informe del periodo anterior, donde el cuer-po de policía estadal más denunciado era la Policía del Estado Miranda. La Policía del Estado Bolívar es seguida por la del estado Anzoátegui, con un total de tres denuncias (2,91%). En tercer lugar se encuentran las policías de Aragua, Lara y Zulia, con un total de dos casos cada una (1,94%). Final-mente encontramos a los cuerpos de policía de los estados Yaracuy y Vargas, con un caso cada uno (0,97%).

Tipo de lesión Nº de casos %

Golpes 33 52,38%

Herida por arma de fuego 8 12,69%

Descargas eléctricas 7 11,11%

Asfixias 6 9,52%

Patadas 2 3,17%

Batazos 1 1,58%

Cachazos 1 1,58%

Amordazamiento 1 1,58%

Quemaduras 1 1,58%

Ahogamiento 1 1,58%

Asfixia mecánica con bolsa 1 1,58%

Sustancias químicas 1 1,58%Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Provea.

Cuadro N°3Tipos de lesiones más comunes

(sobre 63 casos)

288



Las policías municipales fueron señala-das en 27 casos de los reportes registrados (26,21%), incluyendo un caso en el que actua-ron conjuntamente con otro cuerpo de segu-ridad del Estado (la GNB). El mayor número de acusaciones recae sobre la Policía del Mu-nicipio Caroní con seis denuncias (5,82%). En segundo lugar se encuentra la Policía del Muni-cipio Libertador con cuatro denuncias (3,88%). Al igual que en los dos periodos anteriores, la Policía del Municipio Libertador se encuentra entre los primeros lugares de las policías muni-cipales, lo cual invita a que sea prontamente re-visada la actuación de este cuerpo policial para que sea depurado y adecuado a los estándares del nuevo modelo policial.

Por último, la actuación de acciones con-juntas arrojó dos denuncias (1,94%), en las cuales se vieron involucrados la GNB (dos casos), el CICPC (un caso) y la Policía Muni-cipal de Iribarren en el estado Lara (un caso).

En dos casos los denunciados resultaron ser otros funcionarios, tales como custodios peni-tenciarios y la Milicia Nacional Bolivariana.

Reiteramos que el Estado venezolano si-gue en mora frente al establecimiento de un marco legal y normativo que permita prevenir y sancionar adecuadamente los casos de viola-ciones contra el derecho a la integridad perso-nal. Sin embargo, destacamos como un aspec-to positivo que la Asamblea Nacional (AN) haya empezado a trabajar en la redacción de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la cual fue aprobada en primera discusión el 12.06.12. Las garantías al derecho a la integridad personal exigen que el Parla-

Ambito N° Casos %

Nacionales 52 50,48% GNB 24 23,30 %CICPC 15 14,56 %FANB (Ejército) 8 7,76 %PNB 2 1,94 %SEBIN 1 0,97 %Custodios penitenciarios 1 0,97 %Milicia 1 0,97 %

Regionales 17 16,50%Bolívar 6 5,82 %Anzoátegui 3 2,91 %Aragua 2 1,94 %Lara 2 1,94 %Zulia 2 1,94 %Yaracuy 1 0,97 %Vargas 1 0,97 %

Municipales 27 26,21%Caroní 6 5,82 %Libertador 4 3,88 %Cabimas 2 1,94 %Lander 2 1,94 %Sotillo 2 1,94 %Acevedo 1 0,97 %Bolívar (Anzoátegui) 1 0,97 %Casacoima 1 0,97 %Cristóbal Rojas 1 0,97 %Freites 1 0,97 %Iribarren 1 0,97 %Juan José Mora 1 0,97 %Lagunillas 1 0,97 %Miranda (Zulia) 1 0,97 %Plaza 1 0,97 %Urdaneta 1 0,97 %

Acciones conjuntas* 2 1,94% GNB - CICPC 1 0,97 %GNB - Mun. Iribarren 1 0,97 %

(*) Las acciones conjuntas se evidencian en este recuento, pero se le suma cada caso al cuerpo policial respectivamente involucrado en su cuenta individual.Fuente: Elaboración propia. Base de datos de PROVEA.

Cuadro N°4Discriminación por cuerpo de seguridad7

Nº total de cuerpos involucrados identificados8: 31 en 103 casos

7. Existen casos en los que las víctimas aseguran que se trataba de cuerpos de seguridad del Estado, pero no lograron identificar el organismo. Esos casos se computan como denuncias, pero no se le suman a ningún cuerpo de seguridad.

8. Incluidos organismos no policiales de carácter nacional denunciados.



mento sancione finalmente esta importante ley y se le otorgue carácter orgánico.

Es importante recordar que en nuestro país, además del mandato constitucional expresado en los artículos 44, 46 y 47, Venezuela suscri-bió y ratificó la Convención Internacional con-tra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por lo cual se debió adecuar desde ese momento la legislación in-terna a los acuerdos internacionales asumidos. De la misma forma, en 2011 nuestro país sus-cribió el Protocolo Facultativo a la Conven-ción contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, compro-metiéndose así a dar cumplimiento de las obli-gaciones establecidas en ese instrumento de derecho internacional.

Destacamos el trabajo realizado por diver-sas organizaciones de la sociedad civil organi-zada que insisten en la solicitud de aprobación de una ley que prevenga y sancione la tortura,

cumpliendo el mandato constitucional. Una de estas organizaciones es la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización de derechos hu-manos que desde hace 28 años atiende casos de víctimas de abusos policiales y militares en Venezuela. Esta ONG señaló en un comunica-do de fecha 12.06.12, los diferentes aspectos que el Poder Legislativo debe tomar en cuenta al momento de sancionar una ley que preven-ga y castigue la tortura:

“Concretamente, al Poder Legislativo pedimos:

1. Presentar para su discusión al gobierno nacional, a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad organizada en general, el anteproyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Sanción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-nos y Degradantes, en el marco del cum-plimiento del mandato constitucional con el cual la Asamblea Nacional se encuentra en mora desde el año 2000.

2. Ratificar el Protocolo Facultativo de laConvención Contra la Tortura.

3. Reformar el Código Penal para garantizar la inclusión de un capítulo sobre delitos y faltas contra los derechos humanos, así como el establecimiento de la no prescrip-ción de las responsabilidades penales y civiles del autor o autora de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa hu-manidad,ylatipificacióndelosdelitosdetortura, trato cruel y trato degradante.

4. TipificarcomodelitosenelCódigoPenal,la tortura y las amenazas a testigos con el

Ámbito Nº de casos %

Nacional 63 54,31

Regional 25 21,55

Municipal 28 24,13

Ámbito Nº de casos %

Nacional 52 50,48

Regional 17 16,50

Municipal 27 26,21Fuente: Elaboración propia. Base de datos de PROVEA.

Cuadro N°5Nº de casos según el ámbito de los organismos

denunciados 2010-2011

Nº de casos según ámbito de los organismos denunciados 20129

9. La diferencia en porcentajes que puede evidenciarse en la sumatoria responde a la existencia de los casos por procedimientos policiales conjuntos, los cuales se computan a cada organismo policial por separado, razón por la cual un mismo caso puede contabilizarse en dos ámbitos distintos o a más de un organismo involucrado.

290



10. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Comunicado a la AN del 12.06.12 [en línea] <www.redapoyo.org.ve>

objeto de garantizar el enjuiciamiento de las funcionarias y los funcionarios involu-cradas e involucrados.

Esperamos, igualmente, que cuando este proyecto de ley sea sometido a consulta pública sean tomadas en cuenta las opi-niones de las víctimas de tortura y sus familiares”10.

En lo que respecta a la creación de meca-nismos concretos y permanentes de reparación integral a las víctimas, en 2012 se ordenó la creación de la Gran Misión A Toda Vida Vene-zuela, la cual es una política integral del Esta-do venezolano para disminuir las situaciones asociadas al delito. Esta misión se encuentra estructurada en seis vértices, de los cuales uno de ellos, el vértice cinco, está dirigido a la creación de un sistema nacional de aten-ción integral a víctimas de violencia grave e intencional, el cual se materializará, en primer lugar, con la creación de un registro nacional de víctimas, para luego promover iniciativas de reparación y rehabilitación a quienes se encuentran en esa situación. Es importante destacar que al hablar de reparación, ésta debe entenderse abarcando los siguientes elemen-tos: determinación, búsqueda y sanción de los culpables; justicia; garantías de no repetición e indemnización a las víctimas.

Tortura Se registraron un total de 18 casos con 42

víctimas de tortura en el período enero-di-ciembre 2012. De este número pudimos iden-tificar que, en un universo de 38 víctimas, en este patrón a las que fue posible identificar su género hay 33 hombres (86,84%) y 5 mujeres (13,15%).

Nº de víctimas Período de tortura

Oct. 1999 - Sept. 2000 21Oct. 2000 - Sept. 2001 37Oct. 2001 - Sept. 2002 17Oct. 2002 - Sept. 2003 30Oct. 2003 - Sept. 2004 58Oct. 2004 - Sept. 2005 31Oct. 2005 - Sept. 2006 19Oct. 2006 - Sept. 2007 11Oct. 2007 - Sept. 2008 17Oct. 2008 - Sept. 2009 16Oct. 2009 - Sept. 2010 36Oct. 2010 - Sept. 2011 20Ene. 2012 - Dic. 2012 42

Fuente: Elaboración propia. Base de datos de Provea.

Cuadro N°6Casos denunciados de tortura

Si bien presentamos menos casos de tor-tura que en el período anterior, aumentó sig-nificativamente (más del doble) el número de víctimas por tortura, lo que enciende alarmas sobre la situación de los cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país y la formación de estos funcionarios y funcionarias en materia de derechos humanos. La existencia de 42 víc-timas de tortura representa un número inquie-tante en cualquier Estado democrático, y más especialmente en nuestro caso que vivimos en un Estado social de derecho y de justicia, cuya Carta Magna impulsa políticas públicas de disminución de las desigualdades y garantías de respeto a los derechos humanos.

Respecto a la participación de organismos del Estado, cuatro cuerpos de seguridad a ni-vel nacional y seis a nivel municipal fueron reportados como causantes de las torturas denunciadas en los 18 casos registrados. Los cuerpos de seguridad nacionales aparecen en 11 de los 18 casos, lo que representa 61,11%.



Los cuerpos de seguridad municipales abar-can 33,33% con seis casos de los 1811. Encon-tramos en primer lugar a la GNB y al Ejército, con cuatro casos cada uno. En segundo lugar aparece el Cuerpo de Policía Nacional Boliva-riana (CPNB), con dos casos. Tal y como se-ñalamos en el año anterior, preocupa enorme-mente que la PNB esté entre las denunciadas por tortura, ya que siendo un cuerpo policial recientemente creado y bajo principios de de-rechos humanos, no debería registrar este tipo de denuncias. Habrá que revisar con un poco más de fuerza los mecanismos disciplinarios a estos funcionarios y funcionarias.

Destacamos un caso colectivo de tortu-ra, el cual fue el primer caso de violación a la integridad personal recibido por PROVEA en 2012, ejecutado por funcionarios de la Policía del Municipio Miranda, en el estado Zulia, contra 11 pescadores de la localidad.

11. En algunos casos las víctimas denunciaron el hecho de la tortura pero no lograron identificar el cuerpo de seguridad responsable, por lo cual se contabiliza en la cifra total, pero no se le suma a ningún cuerpo de seguridad.

12. PROVEA [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2012/01/16/torturados-11-pescadores-por-la-policia-de-municipio-miranda-estado-zulia/>

Las torturas fueron llevadas a cabo en las mis-mas instalaciones de la sede policial. Narran los pescadores que durante seis horas fueron apaleados y sometidos a asfixia. “Nos llena-ron la boca con papel, nos amordazaron con tirro, nos metieron las cabezas en bolsas, las amarraron en el cuello casi ahorcándonos y entonces empezaron a coñacearnos por la boca del estómago, las costillas y la nuca”. En la denuncia se detalla que “con las botas del uniforme policial pisaron los órganos ge-nitales y dedos de los jóvenes pescadores. La asfixiabrutaly lacasimuertedeunode lospescadores detuvo la brutalidad policial. Los familiares de las víctimas, en las afueras del recinto, vieron llegar la ambulancia médica del Cuerpo de Bomberos del municipio a la sede de los Polimiranda para el desagravio cómplice de las consecuencias médicas de la torturadeaquelexcesopolicialcometido”12.

No existe una versión oficial de este cuer-po de policía sobre los hechos aquí narrados.

Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

En el período estudiado el patrón de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes es el que presenta el mayor número de casos y de víctimas del capitulo Integridad personal. Se manifiesta un aumento de 29,6% con respecto al período anterior, pasando de 125 víctimas individualizadas a 162 en 59 casos, es decir, hay menos casos que en el período anterior, pero hay más víctimas.

Se mantiene la tendencia histórica registra-da en cuanto a la identidad de género de las

Ambito N° Casos %

Nacionales 11 61,11% GNB 4 22,22%FANB (Ejército) 4 22,22%PNB 2 11,11%CICPC 1 5,55%

Municipales 6 33,33%Caroní 2 11,11%Miranda (Zulia) 1 5,55%Libertador 1 5,55%Cabimas 1 5,55%Iribarren 1 5,55%


Cuadro N°7Discriminación por cuerpo de seguridad

Nº total de organismos involucrados: 9 en 18 casos

292



víctimas, siendo los hombres los más afecta-dos en un universo de 128 víctimas en este pa-trón a las que fue posible identificar su género: 88 hombres (68,75%) y 40 mujeres (31,25%).

De las 162 víctimas de tratos o penas crue-les, inhumanos o degradantes, encontramos que se pudo identificar el factor etario de 57 víctimas, de las cuales 32 se encuentran en la categoría de menores de 18 años (56,14%), en el rango entre 19 y 30 años encontramos 17 víctimas (29,82%) y ocho víctimas mayores de 30 años (14,03%).

Bajo este patrón fueron denunciados e identificados 21 cuerpos de seguridad, in-cluyendo en uno de los casos a custodios penitenciarios.

De estos casos encontramos que fueron denunciados cinco cuerpos de seguridad del ámbito nacional, siendo responsables de 32 casos del total de este patrón, es decir 54,23%. El principal cuerpo de seguridad nacional más denunciado por tratos crueles, inhumanos y

degradantes es la GNB con 17 casos, a dife-rencia del año pasado en que la encontrába-mos en el segundo lugar. El CICPC, que en el período anterior se encontraba punteando el número de casos de este patrón, en este perío-do se encuentra en el segundo lugar con siete casos. Las policías estadales fueron señaladas como las responsables de 10 casos (16,94%), destacando al igual que en el informe ante-rior la Policía del Estado Bolívar con cinco casos (8,47%), seguida por las policías de los estados Anzoátegui, Vargas, Yaracuy, Zulia y Lara, con un caso cada una.

Como caso significativo de trato o pena cruel, inhumano o degradante podemos citar uno que no ha sido contabilizado en las cifras por no poder individualizar a las víctimas, pero que es importante dejar plasmado en este informe para llamar la atención sobre el patrón utilizado ante las autoridades naciona-les. Se trata del caso ocurrido en el aeropuerto de Guanare, en el estado Portuguesa13, donde fueron desalojadas 300 familias que se en-contraban habitando terrenos pertenecientes al aeropuerto. Este desalojo se produjo por funcionarios adscritos a la Brigada de Orden Público de la Policía del Estado Portuguesa, en medio de uso indebido de armas de fuego y bombas lacrimógenas. No se puede identificar específicamente el número de víctimas afecta-das, pero se maneja una cifra de 300 familias que habitaban estos espacios; familias en las cuales había niños y niñas, quienes también se vieron afectados por estos hechos14.

HeridosEl número de heridos denunciados en el

período aumentó casi el doble con relación al período anterior, presentándose 40 víctimas en 14 casos, que contrastan con las 20 víctimas en 27 casos del año anterior. El tipo de lesión más

Período Nº de víctimas Oct. 2000-Sept. 2001 342 Oct. 2001-Sept. 2002 500 Oct. 2002-Sept. 2003 254 Oct. 2003-Sept. 2004 491 Oct. 2004-Sep. 2005 503 Oct. 2005-Sept. 2006 1394Oct. 2006-Sept. 2007 692Oct. 2007-Sept. 2008 573Oct. 2008-Sept. 2009 427Oct. 2009-Sept. 2010 350Oct. 2010-Sept. 2011 125Ene. 2012-Dic. 2012 162

Fuente: elaboración propia. Base de datos de Provea.

Cuadro N°8Nº de víctimas de penas o tratos crueles,

inhumanos o degradantes Comparación últimos 12 años



comúnmente denunciado es el relacionado con heridas de bala, lo cual ratifica la importancia del establecimiento de la Secretaría Técnica Permanente de Desarme, Armas y Municiones, ya que la Comisión Presidencial para el Con-trol de Armas, Municiones y Desarme culminó su mandato en diciembre de 2012. Para que se cree esta Secretaría Técnica es fundamental que la AN le dé prioridad en la Agenda Legislativa al proyecto de la ley desarme propuesto por esta Comisión Presidencial.

Un caso que permite ilustrar un poco estas cifras es el ocurrido en la Alta Guajira en el es-tado Zulia en mayo de 2012, cuando un grupo de personas de la etnia Wayúu, denunciaron que sus familiares fueron heridos de bala por efectivos del Ejército. Este hecho se produjo, presuntamente, porque los funcionarios del Ejército acusaban a los cuatro wayúu de llevar armas en el vehículo en donde viajaban. Dos de los ciudadanos wayúu recibieron los disparos, a uno le rozó la cabeza y al otro se le alojó en uno de los glúteos. Los y las integrantes de esta etnia denunciaron éste y otros hechos similares, ya que no se trata de situaciones aisladas sino de una constante el hecho de verse afectados y agredidos por funcionarios de la FANB. Varias de las denuncias de casos contabilizados en este capítulo se registraron en esta zona fronteriza15.

En este patrón, al igual que en los otros estudiados, los hombres siguen siendo las víctimas más frecuentes. Se logró determi-nar el género de 26 de ellas, de las cuales 19 corresponden a hombres (73,07%) y siete a mujeres (26,92%).

Nueve fueron los cuerpos de seguridad se-ñalados bajo este patrón. Del total de 14 casos,

13. El Informador, 20.03.12.14. Más información sobre desalojos realizados de manera violenta y la cantidad de familias afectadas en el

capítulo Derecho a la vivienda, en este informe.15. Versión Final, 15.05.12, pág. 22.

ocho involucraron a los cuerpos de seguridad de ámbito nacional, sumando 57,14% de los ca-sos denunciados. Con tres casos reportados, las policías de ámbito regional registraron 21,42% del total de casos. Las policías de ámbito local fueron denunciadas igualmente en tres ocasio-nes, lo que representa 21,42% del total.

Es importante destacar que en este patrón de heridos no se contabilizan en el capítulo Derecho a la integridad personal, las vícti-mas de heridas en contextos de manifestacio-nes públicas, por lo cual al revisar el capítulo Derecho a la manifestación pacífica, se podrá constatar la cifra de heridos en estos escena-rios de protestas o manifestaciones.

Amenazas y hostigamientos En el período enero 2012-diciembre 2012

se registraron 15 casos de amenazas u hosti-gamientos con 40 víctimas, lo que implica un aumento del doble de víctimas respecto al pe-riodo anterior.

Ambito N° Casos %

Nacionales 8 57,14% GNB 3 21,42%CICPC 2 21,42%FANB (Ejército) 3 14,28%

Regionales 3 21,42%Bolívar 1 7,14%Lara 1 7,14%Zulia 1 7,14%

Locales 3 21,42%Caroní 1 7,14%Juan José Mora 1 7,14%Libertador 1 7,14%




294



Ambito N° Casos %

Nacionales 8 53,33% GNB 4 26,66%CICPC 2 13,33%FANB (Ejército) 1 6,66%SEBIN 1 6,66%

Regionales 4 26,66%Anzoátegui 2 13,33%Bolívar 1 6,66%Aragua 1 6,66%

Municipales 3 20,00%Acevedo 1 6,66%Bolívar (Anzoátegui) 1 6,66%Freites 1 6,66%




De las 40 víctimas, se logró identificar el género de 28, de las cuales 17 son hombres (60,71%) y 11 mujeres (39,28%), lo que deja nuevamente a los hombres como víctimas más vulnerables de este tipo de violaciones.

Un total de diez cuerpos de seguridad del Estado fueron señalados por amenazas u hosti-gamiento. En ocho de los 15 casos se denuncia a organismos de ámbito nacional, lo que repre-senta 53,33% de los casos; entre estos cuerpos destacan la GNB y el CICPC, con cuatro y dos casos respectivamente. En lo que respecta a las policías estadales, la más denunciada es la de Anzoátegui, con dos casos.

Un caso interesante dentro de este patrón es el denunciado en Puerto Cabello, estado Carabobo, por Carlos Robles, delegado de Pre-vención de la Empresa Dianca, quien relató la persecución de la que ha sido víctima por par-te de funcionarios de la Gerencia de Recursos

Humanos de la estatal, quienes presuntamente han mandado hasta su casa a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para amedrentarlo, por denunciar las malas condiciones de trabajo en el astille-ro. Según denunció la víctima, esta situación sucede con otros delegados de Prevención y miembros del sindicato del astillero, quienes también han denunciado las irregularidades que suceden en Dianca16.

Allanamientos Por último se contabilizaron entre enero y

diciembre de 2012, 27 casos de allanamiento sin orden judicial frente a 28 del período an-terior, lo que representa una disminución de 3,57% en el número de casos con un total de 59 víctimas, frente a las 71 víctimas identifica-das el año pasado; con ello se mantiene la ten-

16. El Carabobeño, 17.05.12, pág. D-2.

Ambito N° Casos %

Nacionales 14 51,85% CICPC 8 29,62%GNB 5 18,51%FANB (Ejercito) 1 3,70%

Regionales 6 22,22%Anzoátegui 3 11,11%Aragua 1 3,70%Bolívar 1 3,70%Lara 1 3,70%

Locales 7 25,92%Sotillo 2 7,40%Lander 2 7,40%Libertador 1 3,70%Lagunillas 1 3,70%Cabimas 1 3,70%


Cuadro N°11Discriminación por cuerpo de seguridad Nº total de cuerpos involucrados: 12 en 27 casos



dencia decreciente registrada por este patrón en los últimos cuatro años.

Doce cuerpos de seguridad del Estado fueron señalados por haber practicado allana-mientos ilegales. De los 27 casos registrados, 14 (51,85%) son responsabilidad de cuerpos de seguridad de ámbito nacional actuando individual o colectivamente con otros orga-nismos, destacando la actuación del CICPC en ocho de ellos (29,62%), manteniéndose el CICPC en el primer lugar de la tabla. Los organismos de seguridad del ámbito regional fueron reportados en seis casos (22,22%), en los que destaca la Policía del Estado Anzoá-tegui con tres casos (11,11%) del total repor-tado bajo este patrón de violación al derecho a la integridad personal. Se registraron siete

17. La Voz de Guarenas, 26.06.12, pág. 42.

casos en los cuales se denuncia a policías mu-nicipales (25,92%).

En el patrón de allanamientos destacare-mos el caso en el que se denuncia a funcio-narios del CICPC. En Santa Teresa del Tuy, estado Miranda, varios ciudadanos denun-ciaron que son acosados por efectivos de la policía científica, quienes presuntamente en varias oportunidades han allanado sus vivien-das sin orden de un tribunal, y durante estas situaciones también los han agredido física-mente con golpes. Los funcionarios alegan que buscaban a un joven de la familia a quien responsabilizan de un crimen; sin embargo, no ofrecen más datos a las víctimas del por-qué de la forma como se realizan estos alla-namientos ilegales17.

296



Al igual que en el informe anterior, se-ñalamos que si bien quisiéramos aportar a este informe la cifra de denuncias procesa-das por los diferentes Cuerpos de Policía, lo cual permitiría ampliar y contrastar la in-formación aquí expresada, el acceso a esta data no es de carácter público. Respecto al Ministerio Público, sigue resultando impo-sible determinar el número exacto de delitos que se procesan en los patrones evaluados en este capítulo. En el Informe Anual 2012 del Ministerio Público se señala que recibieron 8.227 casos de violación a los derechos fun-damentales (derechos humanos), en los 58 despachos fiscales que tienen competencia en esta área. Sin embargo no especifica qué violación puntual se da en cada caso.

Al igual que el año anterior, se reitera al Ministerio Público la importancia de discri-minar la data de delitos procesados para po-

der hacer un análisis de cuáles son los princi-pales problemas que se deben enfrentar para construir un mejor Estado social, de derecho y de justicia.

Asimismo, el Informe Anual 2011 de la Defensoría del Pueblo señala haber recibi-do un total de 6.714 denuncias, quejas y/o peticiones en la sumatoria de casos de de-rechos civiles y de derechos políticos, que son los que revisten un especial interés para este capítulo.

En el presente informe se han conta-bilizado también los casos atendidos por la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, especiali-zada en la atención integral de personas víctimas de abusos policiales o militares, específicamente en los derechos de vida, integridad, seguridad y libertad personal, e inviolabilidad del hogar .

Dificultades de acceso a la información pública

1. Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ONG con 26 años en Venezuela atendiendo casos de abusos policiales o militares, específicamente torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, des-apariciones forzadas y allanamientos ilegales [en línea] <www.redapoyo.org.ve>.



Derecho a la justicia

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efec-tiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará la justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, in-dependiente, responsable, equitativa y expedita, sin dila-ciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.


298





Durante el período la administración de justicia continuó funcionando de mane-ra tal que afecta negativamente la satis-

facción de los derechos, favorece la impuni-dad, debilita los contrapesos institucionales y fortalece su no credibilidad por parte de los ciudadanos y ciudadanas. En ese mar-co, se reafirmó la política de debilitamiento de la independencia del Poder Judicial (PJ), que continúa sin dar muestras de una obje-tiva separación de poderes. Entre los meses enero-diciembre de 2012, en 92,5% de los casos estudiados, en los que se interpusieron pretensiones ante el PJ contra las actuaciones del Presidente de la República, la Asamblea Nacional (AN), la Contraloría General de la República (CGR), el Consejo Nacional Elec-toral (CNE) y la Fiscalía General de la Repú-blica (FGR), fueron declaradas sin lugar o no se produjo pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto al declararse inadmisibili-dad o terminación del procedimiento, lo que no contribuye a fortalecer el control ciuda-dano sobre el ejercicio del poder y aleja las instituciones del pueblo.

En el presupuesto ordinario se mantuvo sobre 2% la asignación presupuestaria al Sis-tema de Administración de Justicia (SAJ), tal como lo establece la Constitución.

Persiste la falta de celeridad procesal en los juicios. Al igual que en el período anterior, el retardo procesal de las causas es considera-ble, especialmente en materia penal, motivan-do protestas y autosecuestros por parte de la población privada de libertad.

Independencia del Poder JudicialAmenazas a la independencia judicialLas decisiones del Tribunal Supremo de

Justicia (TSJ) que no se atienen a la Constitu-ción y favorecen las posiciones gubernamen-tales, siguen siendo una constante.

Igualmente, las actuaciones o declaracio-nes de funcionarios/as del TSJ, FGR, Defen-soría del Pueblo (DP), que reflejan falta de independencia del SAJ con respecto al Poder Ejecutivo se mantienen. La magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, presidenta del TSJ, en el Discurso de Apertura del Año Judicial 2012 señaló que se adecuó la planificación del PJ al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, Proyecto Nacional Simón Bolívar (nueva ética socialista)1. Asi-mismo, el magistrado de la Sala Constitucio-nal y director de la Escuela Nacional de la Magistratura, Arcadio Delgado Rosales, en su discurso en la Apertura del Año Judicial 2012 defendió la teoría del “Estado Total” del ju-rista Carl Schmitt (incluido en los llamados juristas del horror del régimen nazi), en el cual no hay diferencias entre la sociedad civil y mi-litar, y donde en la política no hay rivales sino enemigos a los cuales se puede eliminar2.

En 2012, la Sala Plena continuó deses-timando peticiones de antejuicio contra el Presidente de la República, y solicitando que los venezolanos/as que pidan que se abra un antejuicio de mérito contra el Presidente de la República sean investigados penalmente si

1. Tribunal Supremo de Justicia [En línea] <www.tsj.gov.ve>2. Juan Francisco Alonso. “Construcción del socialismo no choca con la Constitución”. En: El Universal, 02.02.12,

pág. 1-5.

300



no fundamentan debidamente su acusación, y remite copias certificadas de la sentencia al Presidente para que éste ejerza las acciones penales que le parezcan correspondientes.

Al igual que en el período anterior, se con-tinúa utilizando a los funcionarias/os judicia-les como instrumento de intimidación3 contra las personas que realicen acciones de protesta, destacando las acciones tomadas contra pe-riodistas y líderes de oposición4, estudiantes, trabajadores y miembros de organizaciones sindicales5.

En Guayana, 72 trabajadores se encuentran procesados penalmente por ejercer su derecho a la manifestación pacífica, siendo un caso emblemático el de Rubén GONZÁLEZ, se-cretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera)6.

Asimismo, se observó represión por parte del MP contra denunciantes de la mala calidad del agua, siguiendo órdenes del Presidente de la República7, no sólo investigando penalmen-te a las personas que efectuaron dichas denun-cias, sino que además solicitó una medida cau-telar que fue aprobada por el PJ8.

En cuanto a la justicia militar, se cono-cieron los casos del teniente Adhemar VÁS-QUEZ, quien se encuentra detenido por los delitos de deserción y contra el decoro, sin embargo, él señala que su detención obedece a que denunció hechos de corrupción dentro de la Guardia Nacional9; y el caso del mayor Milton REVILLA, sentenciado a seis años de prisión por delitos contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional, luego de haber realizado denuncias de irregularidades en la institución castrense10.

En este mismo sentido hemos realizado un análisis con el fin de determinar cuáles de las decisiones del TSJ, en las que se ejer-ció algún recurso en contra del Presidente de la República, la AN, la CGR, el CNE y la FGR, han sido declaradas con lugar y cuáles sin lugar. Para ello se han escogido las de-cisiones reseñadas en la página web del TSJ –partiendo del supuesto de que se publican las que tienen mayor interés para la institu-ción– y hemos realizado una clasificación de las mismas, de acuerdo a los criterios utili-zados por el TSJ. Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 1.

3. Alicia de la Rosa. La justicia es “instrumento eficaz de amedrentamiento”. En: El Universal, 25.03.12, pág. 1-4.

4. INFORME ANUAL 2011. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 06.06.12. Exigen cese de causas penales contra siete diputados de Unidad. En: El Universal, 11.08.12, pág. 1-4.

5. María Hernández. Tribunal ordenó el cese a la protesta en Venalum. En: Nueva Prensa de Guayana, 30.03.12, pág. A.2; María Alejandra H. Zambrano: “Medida cautelar hacia Susprotas no cumple el previo proceso”. En: Nueva Prensa de Guayana, 11.05.12, pág. A-2; Clavel A. Rangel Jiménez: Tribunal ordena afiliación de trabajadores a Sutracarbonorca. En: Correo del Caroní, 31.05.12, pág. A-5.

6. Clavel A. Rangel Jiménez: Gobierno se niega a modificar ley que restringe derecho a la protesta. En: Co-rreo del Caroní, 22.07.12, pág. A5.

7. María Alessandra Matute: Fiscalía investiga a quienes alertan sobre calidad del agua. En: El Impulso, 22.03.12, pág. 7.

8. Vanessa Davies: Fiscal: Medida cautelar sobre el agua no restringe el derecho a la información. En: Correo del Orinoco, 23.03.12, pág. 2.

9. El teniente que buscaron silenciar. En: 6to. Poder, 06.05.12, pág. A.11.10. Seis años por espionaje. En: El Universal, 18.03.12, pág. 4-4.



Del cuadro que precede se observa que sólo en 7,14% de las decisiones del TSJ los recursos fueron declarados con lugar, y sólo en los casos contra el CNE y la CGR, porque en los casos contra el Presidente de la Repú-blica, AN y FGR, ni uno sólo fue declarado con lugar. Por otra parte, 32,14% fue declara-do sin lugar, es decir, no procedió la petición de quien se sintió amenazado en su derecho. Sólo en 39,28% de las decisiones el TSJ ha realizado un pronunciamiento de fondo. En 60,71% de las decisiones, el TSJ se ha referido sólo a aspectos de forma. En consecuencia, el TSJ, de manera directa al declarar sin lugar los recursos, o de manera indirecta al no pronun-ciarse sobre el fondo, ha evadido poner límites al ejercicio de los poderes públicos, desnatu-ralizando de esta manera su rol de garante de los derechos de la ciudadanía frente a esos po-deres y de factor de contrapeso institucional.

Un caso resaltante fue la desestimación realizada por la Jueza 8ª de Control de Cara-

cas, a solicitud del MP, de la denuncia reali-zada por los familiares del fallecido luchador social Franklin Brito, por el traslado forzoso del cual fue objeto a un Hospital Militar don-de falleció11.

De acuerdo a estudio realizado por Jorge Kiriakides, 77,76% de las acciones de amparo en contra de la Administración Pública son re-chazadas, y existe una disminución de decisio-nes en materia de amparo (en 2007 se decidie-ron 219 casos, y en el primer trimestre de 2011 apenas 43), lo que implica que cada vez se uti-liza menos el amparo para enfrentar excesos en el ejercicio del Poder Público12. Un ejemplo de ello es el amparo interpuesto por Espacio Públi-co en contra del Ministerio de la Mujer, por no otorgar información sobre los planes que se han diseñado para reducir los índices de violencia de género, el cual fue negado13.

Otro elemento, que a nuestro juicio pone en riesgo la independencia del PJ, es el con-tinuo proceso de reestructuración. La AN

11. Edgar López: Fiscalía y Tribunales se niegan a investigar muerte de Brito. En: El Universal, 18.02.12, pág. 2.12. Edgar López: Rechazan 77% de amparos contra el Gobierno. En: El Nacional, 23.06.12, pág. 2.13. Niegan amparo de Espacio Público contra Min-Mujer. En: Notitarde, 30.05.12, pág. 18.

DecisiónOrganismo Inadmisible Con lugar Sin lugar Improcedente Incompetencia Improponible Terminado el Total

para conocer procedimiento

Presidentede la República 0 0 4 0 0 0 2 6

AN 6 0 5 0 0 0 0 11

CGR 1 2 4 0 0 0 15 22

CNE 6 2 5 0 0 0 4 17

FGR 0 0 0 0 0 0 0 0

Total absoluto 13 4 18 0 0 0 21 56

Total porcentual 23,21% 7,14% 32,14% 0% 0% 0% 37,5% 100%

Fuente: www.tsj.gov.ve. Cálculos propios.

Cuadro N° 1Tendencia de las decisiones del TSJ en recursos contra el Presidente de la República, AN, CGR, CNE y FGR.

Período de estudio: 2012

302



prometió entregar al Poder Ejecutivo un tra-bajo sobre la reforma judicial en febrero de 201214, mas el contenido del mismo no se ha hecho público.

La Comisión Nacional del Sistema de Justicia creada mediante la Ley del Sistema de Justicia, publicada en Gaceta Oficial (GO) 39.276 el 01.10.09, con el objeto de generar políticas para el funcionamiento del sistema de justicia, no ha sesionado ni una vez15.

La Corte Disciplinaria Judicial comen-zó a procesar a los jueces que han cometido faltas o delitos en el sistema judicial16, y se designó como jueces disciplinarios para atender el procedimiento de destitución contra la jueza María AFIUNI, a ex dipu-tados del Partido Socialista Unido de Vene-zuela (Psuv)17.

El ex magistrado Eladio APONTE APON-TE, destituido por el Consejo Moral Republi-cano por supuesta vinculación con el presunto traficante de drogas Walid MAKLED, denun-ció públicamente que aquellos jueces/as que no cumplían los favores solicitados por fun-

cionarios del gobierno eran removidos del car-go18. Dichas declaraciones produjeron como consecuencia no la apertura de investigacio-nes, sino la destitución de jueces relacionados con Aponte Aponte19.

En la rotación anual de jueces penales en Caracas, establecida en el Código Or-gánico Procesal Penal (COPP), se observó que los tribunales en donde se llevan jui-cios políticos siempre quedan a cargo de un mismo grupo de funcionarios/as, incluso algunos/as no fueron rotados/as de tribu-nal, y otros/as, que no tenían 12 meses en el tribunal, fueron removidos y colocados en otros juzgados. De acuerdo al abogado José Luis TAMAYO, esto trajo como con-secuencia que 250 juicios deban realizarse nuevamente desde el principio20.

En enero de 2012, Human Rights Watch publicó su Informe Anual21, señalando que desde 2004 hay una ausencia de control judi-cial que permite que el Estado viole los de-rechos de los/as ciudadanos/as. La Fiscal Ge-neral rechazó las declaraciones contenidas en dicho Informe22.

14. Douglas Bolívar: AN ofreció entregar al Ejecutivo trabajo adelantado sobre la reforma judicial. En: Correo del Orinoco, 01.02.12, pág. 4.

15. Eligio Rojas: Sigue congelada la Comisión de Justicia. En: Últimas Noticias, 25.02.12, pág. 22.16. AVN. Inician proceso a jueces que han cometido delitos o faltas. En: Últimas Noticias, 10.06.12, pág. 24.17. Exdiputados del Psuv serían “jueces disciplinarios” en caso de María Lourdes Afiuni. En: Notitarde,

20.09.12, pág. 18.18. Aponte Aponte: Juez que no ejecutaba favores era removido del cargo. En: Últimas Noticias, 19.04.12,

pág. 22.19. Ricardo Márquez y Eligio Rojas: Destituyen a jueces vinculados con Aponte. En: Últimas Noticias,

28.04.12, pág. 18.20. Diana Lozano Perafán: Jueces penales de Caracas fueron rotados de forma irregular. En: El Nacional,

28.01.12, pág. 4.21. Informe Mundial 2012. Human Rights Watch (HRW). Enero, 2012.22. AVN: “Es Inaceptable el informe de HRW sobre Venezuela” [en línea] http://www.avn.info.ve/conteni-

do/ortega-d%C3%ADaz-considera-inaceptable-informe-human-rights-watch-sobre-venezuela> Consul-ta del 15.01.13.



Asignación del presupuesto. Autonomía financiera y suficiencia de recursosSe mantiene la asignación presupuestaria

no menor a 2% del presupuesto ordinario na-cional para el SAJ, según el artículo 254 de la Constitución.

Durante los últimos 10 años la evolución del presupuesto se expresa como se muestra en el Cuadro Nº2.

La evolución del porcentaje del presupues-to en relación al presupuesto ordinario se pre-senta en el Cuadro Nº3.

En 2012 la asignación del presupuesto au-mentó con respecto a 2011, pero disminuyó en cuanto al porcentaje que representa del presu-puesto nacional.

El PJ realizó una serie de ajustes a la escala de sueldos de sus trabajadores, mas no indica el detalle de esos ajustes23.

Asimismo, continúa la carencia de una política destinada a registrar, desde los pro-pios tribunales, las necesidades reales y a es-tablecer prioridades.

Por otra parte, permanece el sistema de información ubicado en la web del TSJ, que se llama “Plan Vitrina 2012 Transparencia del Poder Judicial”24, destinado a ver cómo se está administrando el presupuesto otorga-do al SAJ sin incluir la Dirección Ejecuti-va de la Magistratura (DEM) ni la Defensa Pública. Detalla la asignación presupuesta-ria, y tiene indicadores sobre la ejecución, eficiencia y distribución presupuestaria y la asignación anual, pero la información es tan general que no es posible para el ciudadano común, saber cómo se está realizando la eje-cución presupuestaria.

23. Datos tomados de las palabras de Luisa Estella Morales en el Discurso de Apertura del Año Judicial 2012 [en línea: www.tsj.gov.ve].

24. [En línea www.tsj.gov.ve].

Año TSJ MP Total

2003 680.018,70 229.742,10 909.761,10

2004 742.020,032 250.965,63 992.985,66

2005 1.381.326,70 343.814,50 1.725.141,20

2006 1.891.296,85 521.549,30 2.412.846,15

2007 2.744.553,57 710.722,29 3.455.275,86

2008 3.255.911,08 794.214,40 4.050.125,48

2009 4.381.180,10 1.081.873,22 5.463.053,32

2010 3.682.426,65 1.023.545,94 4.705.972,59

2011 4.728.012,80 1.371.839,21 6.099.852,01

2012 6.518.799,68 1.752.499,22 8.271.298,91

Fuente: Leyes de Presupuesto 2003 al 2012. Total: Elaboración y cálculos propios.

Cuadro N° 2Presupuesto por organismo Año Total Presupuesto % SAJ

2003 909.761,10 2,19

2004 992.985,663 2,00

2005 1.725.141,20 2,49

2006 2.412.846.15 2,67

2007 3.455.275.86 3,00

2008 4.050.125,48 2,94

2009 5.463.053,32 2,60

2010 4.705.972,59 2,95

2011 6.099.852,01 2,98

2012 8.271.298,91 2,77

Fuente: Leyes de Presupuesto de 2003 a 2012. Total: elaboración y cálculos propios.

Cuadro N° 3Porcentaje del presupuesto del SAJ

en el Presupuesto Ordinario de la Nación

304



En 2011, el PJ alcanzó 99,02% de ejecu-ción presupuestaria, lo que permitió optimizar la labor jurisdiccional adecuando las infraes-tructuras judiciales25. En 2012, el PJ alcanzó 99,53% de ejecución presupuestaria26.

Carrera judicialNo se produjeron mayores avances en cuan-

to a la carrera judicial y la realización de los concursos de oposición; ha sido una constante la denuncia sobre la inconstitucionalidad de es-tos procesos de ingreso a la carrera judicial27.

El TSJ designó suplentes para los siete magistrados/as cuyo período constitucional venció, en vez de iniciarse un proceso de se-lección y designación por parte de la AN28.

Por otra parte, hubo un incremento de 65,8% en las inscripciones en el “Programa en Gerencia Judicial”, a cargo de la Escuela Nacional de Magistratura conjuntamente con la Universidad Bolivariana, certificando la Escuela Nacional de la Magistratura a 599 as-pirantes que participarán en los concursos de oposición para ingresar al PJ29.

Mediante la Resolución N° 2012-0018 del 27.06.12, la Sala Plena creó el Instituto de Investigaciones y Postgrado para jueces/as y demás funcionarios/as judiciales30.

Justicia expeditaEl retardo procesal es uno de los más

graves problemas que presenta el SAJ en Venezuela31. En materia penal, la situación es aguda32.

El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que para 2011 había 48.262 internos, teniendo el sistema penitenciario una capa-cidad real de 16.000 plazas. Señala que hay nueve centros carcelarios con medidas de pro-tección dictadas por la CIDH. De los internos, 63% tienen procesos penales activos y 31% cuentan con sentencia firme33.

Igualmente, continúan las protestas y manifestaciones en los centros penitencia-rios, lo cual ha llevado en 2012 a la clausura de los penales La Planta y Cárcel de Coro, y en 2013 el de Uribana, con la muerte de 63 personas34.


26. Discurso de Apertura del Año Judicial 2013, transmitido en vivo por el canal Venezolana de Televisión el 21.01.13.

27. Ver PROVEA: Informe anual octubre 2006-septiembre 2007. Caracas, 2007.28. TSJ nombró magistrados suplentes sin tener esa facultad. En: El Carabobeño, 29.12.12, pág. A-8.29. Palabras de Luisa Estella Morales en el Discurso de Apertura del Año Judicial 2012 [en línea: www.tsj.gov.

ve].30. J. Alonso: El TSJ creó un centro de estudios de cuarto nivel para los jueces. En: El Universal, 19.07.12,

pág. 1-6.31. Aun cuando se han realizado reformas progresivas en el área procesal, tanto en materia penal como en la

justicia de niños, niñas y adolescentes, el SAJ no ha podido resolver el problema estructural del retardo procesal inexcusable.

32. Marien Daniela Sierra: Madres denuncian retardo procesal en El Rodeo II. En: La Voz, 04.06.12, pág. 15.33. Informe Anual 2011. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 06.06.12; Informe Anual

2012. Observatorio Venezolano de Prisiones. 34. Al cierre de este informe se produjo una situación de uso excesivo de la fuerza en esta cárcel que dejó

como saldo total 62 presos y un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana muertos.



Los Tribunales Móviles se constituyeron como sedes de los tribunales itinerantes en los centros penitenciarios Rodeo I, Rodeo II y Yare I, celebrando audiencias preliminares que contribuyeron con la celeridad procesal35.

El 15.06.12 se publicó en la GO 6.078 Ex-traordinario el Decreto N°9.042 del Presiden-te de la República, mediante el cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo carácter orgánico fue ratificado por la Sala Constitucional mediante sentencia N°795 del 15.06.12, a pesar de que en sentencia N°1.744 del 09.08.07 había señalado que sólo la AN podía dictarlo36. Las reformas más importan-tes del COPP son la creación de juzgados de control municipales37, los cuales juzgarán de-litos penados con ocho años o menos, con la obligación de dejar en libertad a los imputados mientras dura el proceso, sin garantía de eje-cución de una futura condena; se eliminó la figura de los escabinos, que representaban la participación de la comunidad en los procesos penales; se eliminó el derecho a la víctima de ser informada del desarrollo de los procesos penales38, y se estableció que el imputado tie-ne derecho a negarse a asistir al juicio39. Fue una reforma regresiva que viola la Constitu-

ción al desconocer el derecho del procesado a ser oído, el derecho a la presunción de inocen-cia y el principio de participación ciudadana, entre otros40.

Se afecta el acompañamiento de las organi-zaciones de derechos humanos a las víctimas.

Se eliminó la posibilidad de que las víc-timas deleguen el ejercicio de sus dere-chos en una asociación de protección o ayuda a las víctimas, estableciendo que podrán delegar sus derechos sólo en la Defensoría del Pueblo o en el Ministerio Público, impidiendo la par-ticipación de organizaciones no guber-namentales en la atención a las vícti-mas. Asimismo, esta reforma elimina la posibilidad de que las organizaciones sociales presenten querellas en casos de violación de derechos humanos, de-recho adquirido con anterioridad en aras de la transparencia y el respeto absoluto a los derechos humanos41.

En 2011 los tribunales recibieron 922.493 casos y resolvieron 760.230; específicamente en materia penal se dictaron 455.236 senten-cias. El TSJ dictó 7.394 sentencias, 21,45% más que en 2010, siendo la Sala de Casación


36. Juan Francisco Alonso. En 2007 el TSJ dijo que solo la AN podía reformar el COPP. En: El Universal, 09.07.12, pág. 1-4.

37. Javier Ignacio Mayorca. TSJ avaló en dos días el COPP enviado por Chávez. En: El Nacional, 16.06.12, pág. 2. D.B; “Fiscal sostiene que municipalización de la justicia reducirá la impunidad. En: Correo del Orinoco, 27.06.12.

38. Edgar López. “Reforma del COPP aumenta control político de la justicia”. En: El Nacional, 17.06.12, pág. 14.

39. ER. “Es un derecho negarse a asistir al juicio. En: Últimas Noticias, 20.06.12, pág. 26.40. UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO. Centro de Derechos Humanos. Impacto del nuevo

Código Orgánico Procesal Penal en Derechos de Procesados y Privados de Libertad. (En línea) < http://bit.ly/MUB8zi> 23.06.12

41. RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ. Se insta a la Asamblea Nacional a restituir derechos de las víctimas (en línea) <http://bit.ly/MDM5wn> Consulta 20.02.13

306



Social la que recibió mayor cantidad de causas (1.626) y la Sala Constitucional la que decidió mayor cantidad de causas (2.007)42. En 2012 los tribunales recibieron 1.003.567 causas y dictaron 782.473 sentencias43. Cabe destacar que en materia penal hay 2.357 expedientes contra funcionarios del CICPC44.

En 2012, de acuerdo a la información suministrada por el TSJ, ingresaron en to-tal 6.660 causas y han sido decididas 7.362, siendo la Sala Político Administrativa la que recibió y decidió mayor cantidad de causas. Dichas cifras nos indican que tanto los tribu-nales como el TSJ acumulan casos de años an-teriores que deciden en un año distinto al que ingresaron. Hay que destacar que las referidas decisiones incluyen pronunciamientos de no admisibilidad, los cuales constituyen un alto porcentaje45.

El retraso procesal también se observa en la Sala Constitucional; un ejemplo de ello es la demanda por omisión legislativa interpuesta por PROVEA contra la AN por no haber apro-bado una Ley de Seguridad Social de acuerdo al mandato constitucional. Frente a la ausen-cia de pronunciamiento sobre su admisión, se

interpuso un amparo contra la Sala Constitu-cional por violación del derecho a la tutela ju-dicial efectiva46; se solicitó la apertura de una averiguación disciplinaria en contra de la pre-sidenta del TSJ47, y se interpuso una denuncia ante la Comisión IDH48.

Otro caso es el de los afectados por el Lago de Valencia, quienes tienen seis años con una sentencia a su favor que no ha sido ejecutada49.

En el caso de los jubilados de Viasa, en el cual desde hace 14 años 280 pilotos comenza-ron a luchar para que les pagaran lo que habían ahorrado desde 1980, el TSJ después de dos años ratificó la sentencia favorable de un Juz-gado Superior50.

El Foro Penal Venezolano exigió respuesta sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Gestión Comunal51.

Espacio Público exigió respuesta el sobre recurso interpuesto contra la reforma del Re-glamento Interior y de Debates de la AN52.

Ahora bien, en el caso de “El Caracazo”, se imputó a Virgilio Ávila, exgobernador de Ca-racas, y sólo se ha acusado a seis personas53. Según la Fiscal General de la República, Luisa

42. Datos tomados de las palabras de Luisa Estella Morales en el Discurso de Apertura del Año Judicial 2012 [En línea: www.tsj.gov.ve].

43. Discurso de Apertura del Año Judicial transmitido en vivo por el canal de televisión Venezolana de Tele-visión el 21.01.13.

44. Eligio Rojas. 2.357 expedientes penales contra agentes. En: Últimas Noticias, 27.03.12, pág. 25.45. [en línea] www.tsj.gov.ve.46. MAGM: PROVEA interpone demanda contra Sala Constitucional. En: El Impulso, 02.02.12, pág. B.7.47. ONG PROVEA denunciará a magistrada Morales. En: Notitarde, 15.12.12, pág. 19.48. Juan Francisco Alonso: Por denegar justicia acusan al TSJ ante la CIDH. En: El Universal, 20.09.12, pág. 1-5.49. YUV: TSJ rechazó por 4ª vez conciliación para afectados por el Lago. En: El Carabobeño, 17.03.12, pág.

D-3; Yamis Urbano Valencia: Por sexta vez TSJ no responde a afectados de Mata Redonda. En: El Ca-rabobeño, 09.05.12, pág. D-1.

50. IRR: Iberia obligada a devolver ahorro a pilotos de Viasa. En: El Mundo, 13.04.12, pág. B7.51. Exigen respuesta al recurso contra Ley de Gestión Comunal. En: Notitarde, 31.10.12, pág. 23.52. J. Alonso: Instan a Sala Constitucional a revisar el Reglamento de la AN. En: El Universal, 21.11.12, pág. 1-2.53. Eligio Rojas: Sólo seis acusados por “El Caracazo”. En: Últimas Noticias, 24.02.12, pág. 24.



Ortega Díaz, se revisaron 340 causas relaciona-das y se instruyeron 336 investigaciones54. Sin embargo, los familiares de las víctimas agrupa-dos en la organización no gubernamental Cofa-vic señalan que no han recibido justicia55.

En el caso de “El Amparo” sólo se ha cum-plido con el pago de las indemnizaciones y re-paraciones materiales a los afectados y la pu-blicación del fallo en la GO. Tres años llevan familiares de las víctimas solicitando una reu-nión con la Fiscal General de la República56.

En el caso de la “Masacre de Cantaura” se continuó con las exhumaciones y la investi-gación sobre los presuntos responsables57; la Defensoría del Pueblo editó un libro58, y las víctimas solicitan que se acelere la investiga-ción de los hechos59.

El caso de los alimentos de Pdval, en el que fueron hallados 1.196 contenedores en Puerto Cabello cargados con alimentos en des-composición, ha sido conocido por dos jueces

de control y tres de juicio; en menos de un año se ha diferido 13 veces; los imputados están en libertad y dos laboran en Pdvsa60.

En cuanto a la Comisión de la Verdad establecida por la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998, quince meses después de entrada en vigencia no se había juramentado por cuanto faltaba que algunas instituciones del Estado desig-naran a representantes para poder realizar la juramentación formal ante la AN61. Mientras que la Fiscal General señala que continúan las investigaciones62.

Garantías procesalesLa Comisión IDH otorgó medidas de pro-

tección a Marianela SÁNCHEZ y a Humberto PRADO, coordinadora jurídica y coordinador general, respectivamente, del Observatorio Venezolano de Prisiones63.

54. Redacción CO-MP: Fiscal General aseguró que continuarán investigaciones sobre el Caracazo. En: Correo del Orinoco, 24.02.12, pág. 9.

55. Luis Carías: A 23 años de El Caracazo familiares de las víctimas aún piden justicia. En: El Carabobeño, 28.02.12, pág. A10.

56. En reiteradas comunicaciones enviadas a la Fiscal General se le ha solicitado le conceda una audiencia a los familiares de las víctimas y a los dos sobrevivientes, sin que hayan recibido respuesta alguna.

57. La Fiscalía sin embargo mantiene su negativa a investigar al actual diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Roger Cordero Lara, quien admitió en declaraciones públicas haber participado en el bombardeo realizado por la fuerza aérea, al campamento guerrillero del Frente Américo Silva al cual pertenecían las víctimas.

58. Eligio Rojas: Defensoría editó libro sobre masacre de Cantaura. En: Últimas Noticias, 27.10.12, pág. 22.59. Nancy Mastronardi: Piden al MP acelerar investigación sobre masacre cometida en Cantaura en 1982. En:

Correo del Orinoco, 26.09.12, pág. 8.60. Ileana García Mora: Llega el séptimo juez del caso de los alimentos de Pdval. En: El Mundo, 16.05.12, pág.

8; Ileana García Mora: Tribunal de Justicia analiza anular juicio del caso Pdval. En: El Mundo, 26.02.12, pág. 7.

61. Alexander Escorche Caña: Instituciones deben designar a representantes para poder instalar Comisión de la Verdad. En: Correo del Orinoco, 01.03.12, pág. 2.

62. Al momento de redactar este informe se juramentó la comisión, el 27.02.13.63. FB. CIDH otorga medidas de protección para coordinadora jurídica del OVP. En: EC, 03.10.12, pág. D-7.

308



La Corte IDH ordenó al Estado venezola-no adecuar los calabozos del SEBIN64.

El PJ desestimó el contenido de las medi-das cautelares dictadas por la Corte IDH a fa-vor de la directora de la organización Control Ciudadano, Rocío SAN MIGUEL65.

En cuanto al juicio de los excomisarios por los hechos del 11.04.02, se le negó la medida humanitaria a Iván SIMONOVIS, que había sido solicitada por la defensa de-bido a su grave estado de salud (osteoporosis severa, cinco hernias, dos discos de columna fracturados y síndrome del túnel carpiano)66. Posteriormente, dicho Juzgado le ordenó al SEBIN que trasladara a SIMONOVIS a una clínica para que le practicaran los exámenes médicos necesarios para establecer si se le otorga la medida humanitaria67.

En relación con la jueza María Lourdes AFIUNI, el 02.03.11 la Corte Interamericana levantó las medidas provisionales dictadas a su favor. Sin embargo, la CIDH señala que a lo largo de 2011 no fue informada sobre si se le proporcionó un tratamiento médico ade-cuado68. Se le extendió por dos años más la medida privativa de libertad. En noviembre de

2012, casi tres años después de iniciada la in-vestigación penal, se iniciaron las audiencias para el debate entre las partes, a las cuales la jueza se ha negado a asistir. Se declaró inad-misible un amparo solicitado para poder tras-ladarla urgentemente por razones médicas69. AFIUNI, en un libro elaborado por el perio-dista Francisco Olivares, aseguró que fue abu-sada sexualmente mientras se encontraba en prisión, denuncia que ha sido rechazada por la ministra del Poder Popular para los asunto Pe-nitenciarios, Iris Valera70. El abogado defensor de Afiuni, José Amalio Graterol, fue detenido durante 11 días por obstrucción a la justicia, se le otorgó libertad bajo fianza con medida de presentación, y el MP solicitó que se dic-tara sentencia condenatoria71. La Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas72, al igual que el Grupo de Trabajo de la Organi-zación de Naciones Unidas sobre la detención Arbitraria73, Amnistía Internacional74 y Human Right Foundation75 solicitaron la libertad de la jueza. El caso de AFIUNI es emblemático en cuanto a lo que significa criminalizar el uso de instancias internacionales de protección y sus esfuerzos para que las resoluciones y senten-cias se cumplan en el país.

64. Juan Francisco Alonso: La Corte IDH ordena al Estado adecuar los calabozos del SEBIN. En: El Universal, 23.07.12, pág. 1-2.

65. Tribunal niega protección a Rocío San Miguel. En: El Impulso, 22.03.12, pág. B-6; Yamis Urbano Valencia: MP no ha cumplido con protección dictada por CIDH para San Miguel. En: El Carabobeño, 22.09.12, pág. A-10.

66. Negada medida humanitaria al comisario Iván Simonovis. En: Notitarde, 28.06.12, pág.17.67. D.L.P. Hija de Simonovis pidió a Chávez sensibilizarse. En: El Nacional, 22.11.12, pág. 2.68. INFORME ANUAL 2011. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 06.06.12.69. Ricardo Márquez: Inadmisible amparo solicitado para Afiuni. En: Últimas Noticias, 15.03.12, pág. 22.70. Felipe González Roa: Tribunal da inicio a juicio sin presencia de Afiuni. En: Notitarde, 29.11.12, pág. 19.71. MP pidió sentencia condenatoria para Graterol. En: El Nacional, 19.12.12, pág. 3.72. Diana Lozado Perafán: Juristas argentinas exigen libertad de la jueza Afiuni. En: El Nacional, 20.01.12, pág. A-2.73. ONU pide libertad de Afiuni. En: El Mundo, 08.03.12, pág. 2.74. Amnistía Internacional también exige la liberación de Afiuni. En: El Carabobeño, 08.03.12, pág. A9.75. Aseguran que Afiuni es una “prisionera de conciencia del Presidente”. En: El Universal, 05.05.12, pág. 1-4.



Ser juzgado por el juez naturalEn el estado Táchira, cinco dirigentes sin-

dicales fueron detenidos por la Fuerza Arma-da y acusados de ultraje al centinela, ultraje a la Fuerza Armada y violación a la soberanía nacional, al liderar una protesta en un espacio considerado zona de seguridad. Los sindica-listas trabajaban para una empresa privada con-tratada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, para la construcción de viviendas en el Fuerte Murachí, que se encuentra en terrenos milita-res, y reclamaban pago de salarios atrasados76. Fueron enviados a la Cárcel de Santa Ana, esta-do Táchira, y sometidos a juicio militar77.

Fue denunciado que se detuvo al conduc-tor de transporte público Villy Ramón GÓ-MEZ en una alcabala móvil en Santa Elena de Uairén, sometiéndolo a un juicio militar y confinándolo en la cárcel de La Pica, en el es-tado Monagas78.

En Ciudad Guayana, seis capitanes indí-genas pemones fueron detenidos por orden de la Fiscalía Militar y juzgados por un Tri-bunal Militar en relación con los hechos del 25.10.11, en los que 15 comunidades desarma-

ron a 23 soldados que presuntamente ejercían minería ilegal en La Paragua y cometían exce-sos contra los aborígenes79. El capitán pemón Alexis ROMERO, en una extraña y asombro-sa decisión, fue indultado por el Presidente de la República cuatro días después de haber sido trasladado a la cárcel de La Pica y sometido a régimen de presentación en tribunales80.

Acceso a la justiciaEn 2011, se designaron 1.392 jueces, que no

son nuevos jueces ni nuevos tribunales, sino que la sustitución obedece a permisos, licen-cias y ausencias por vacaciones, entre otras81.

En 2011, el programa Tribunales Móvi-les alcanzó 28.214 actuaciones de asesoría y elaboración de documentos, experimentando un incremento de 162,9% en relación a 2010. Asimismo, se inauguraron tribunales con com-petencia en violencia contra la mujer; circuitos de protección de niños, niñas y adolescentes; tribunales agrarios en los estados Amazonas, Apure, Aragua (Turmero), Anzoátegui (El Ti-gre), Portuguesa y Nueva Esparta, y juzgados superiores estadales contencioso administrati-vos en los estados Amazonas y Sucre82.

76. Estefanía Todisco: Obreros protestantes en Táchira continuarán detenidos 45 días más. En: Correo del Caroní, 24.08.12, pág. A4.

77. Para el momento de redactar el presente informe los sindicalistas estaban sometidos a régimen de pre-sentación cada 15 días en tribunales-militares. Tanto el caso de los sindicalistas como de los indígenas pemones constituyen precedentes del uso de la justicia militar para criminalizar la exigibilidad de derechos.

78. William Pérez: Declaran “persona no grata” al comandante del destacamento de frontera N° 84 de la GNB. En: El Progreso, 20.01.12, pág. 37.

79. Clavel Rangel: Otros 3 indígenas detenidos por orden de Fiscalía Militar. En: El Nacional, 29.02.12, pág. C-10.80. En Venezuela el presidente puede indultar sólo si la persona ha sido condenada. La ley le da la facul-

tad de sobreseer causas en la justicia militar, que no fue la decisión adoptada. Pero además, puesto en libertad por acto administrativo del Presidente, fue sometido a régimen de presentación periódica en tribunales militares.

81. Datos tomados de las palabras de Luisa Estella Morales en el Discurso de Apertura del Año Judicial 2012 [en línea] <www.tsj.gov.ve>

82. Ídem.

310



El 03.05.12 se publicó en la Gaceta Oficial 39.913 la Ley Orgánica de la Jurisdicción Es-pecial de la Justicia de Paz Comunal, mediante la cual se le otorga facultad a los jueces de paz comunales para casar y divorciar83, fija plazos precisos para la resolución de conflictos, y se centraliza dicha figura al establecer que de-penden del TSJ y el CNE84.

Ministerio PúblicoEn el Informe Anual 2012 del MP se seña-

la que hay 776 despachos fiscales. En 2011, de un total de 230 nombramientos realiza-dos 64 son fiscales provisorios, 161 fiscales auxiliares interinos, 2 fiscales suplentes y 3 fiscales superiores, sin realizar ningún tipo de concurso85. De acuerdo al informe de di-cho organismo, en 2012 ingresaron 627.833 denuncias. Se realizaron 78.165 imputacio-nes, de las cuales 1.300 están relacionadas con derechos fundamentales. Dicho informe refleja una disminución tanto en los juicios penales como en las imputaciones en com-paración con 201086.

En relación con el Plan contra el Fraude, Estafa y Usura en su modalidad de vivienda se logró el inicio de 1.136 casos, imputando a 933 personas.

Se inauguró la Oficina Nacional de Pro-tección de Víctimas, Testigos y demás suje-tos procesales87.

En 2011, 91,8% de los casos investigados por el MP quedaron impunes, 71% concluye-ron en sobreseimiento, en 8,2% se realizaron acusaciones y 20,5% fueron archivados por falta de pruebas88.

Defensoría del Pueblo (DP)La Defensoría continuó siendo un orga-

nismo pasivo frente a graves violaciones a los derechos humanos en el país, evadiendo cual-quier confrontación con el Ejecuto Nacional y autoridades regionales progobierno. Salvo acciones aisladas en vía judicial o administra-tiva, la omisión frente a abusos de poder fue una constante.

En el Informe Anual 2011, presentado por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2012, señala que ese año se recibieron 31.962 de-nuncias, de las cuales 39,11% son sobre vio-laciones a derechos humanos y 56,95% sobre materias varias.

El 11.01.11 la Defensoría solicitó la nuli-dad de los artículos 502, 503, 504 y 538 del Código Penal, por cuanto considera que cri-minalizan a las personas por el solo hecho de ser mendigos.

El TSJ declaró con lugar la demanda de protección de derechos colectivos y difusos interpuesta por la Defensoría del Pueblo por los daños realizados por empresas promotoras de viviendas a las familias de los edificios 9,

83. Florantonia Singer: Jueces de paz comunales podrán casar y divorciar. En: Últimas Noticias, 04.05.12, pág. 2.84. Delia Meneses: “Los jueces de paz ahora dependemos del TSJ y del CNE”. En: El Universal, 08.09.12,

pág. 3-2.85. INFORME ANUAL 2011. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 06.06.12.86. Eligio Rojas: Fiscalía registró bajón en juicios celebrados. En: Últimas Noticias, 31.03.12, pág. 22; Juan

Francisco Alonso: Arteaga: Fiscal confirma que la justicia ha sido pervertida. En: El Universal, 03.04.12, pág. 1-4.

87. Inauguran Oficina Nacional de Protección de Víctimas. En: El Nacional, 07.06.12, pág. C-8.88. Angélica Lugo: 91,8% de los delitos investigados por Fiscalía en 2011 quedó impune. En: El Nacional,

30.03.12, pág. 4.



10, 11, 12 y 13 de la primera etapa del conjun-to residencial Terrazas de La Vega89.

CIDH y el PJ venezolanoEl gobierno venezolano rechazó las reco-

mendaciones efectuadas en el Examen Perió-dico Universal de Derechos Humanos, espe-cíficamente aquellas sugerencias hechas para mejorar el PJ90.

En su Informe 2011, la CIDH expresa su preocupación por los elementos que señala-mos a lo largo del presente capítulo, que re-flejan violaciones del derecho a la justicia por parte del Estado venezolano.

Persiste la posición del Estado de desco-nocer las sentencias dictadas por la CIDH,

alegando que las sentencias deben ser inter-pretadas de acuerdo a las normas internas de los países91.

El Presidente de la República solicitó al Consejo de Estado que evaluara la salida de Ve-nezuela de la CIDH por cuanto es un ente par-cializado contra el país92, ante lo cual la ONU expresó que sería una situación muy grave para el país93, lo cual ha sido señalado también por distintos países miembros de la OEA94, así como por varias ONG95, la sociedad civil vene-zolana96 y especialmente por víctimas de viola-ciones de derechos humanos97.

La CIDH señaló que de 1.658 denuncias de violaciones de DDHH cometidas en la re-gión, sólo 40 fueron contra Venezuela, siendo

89. TSJ ordena demoler cuatro edificios de Terrazas de La Vega. En: El Nacional, 19.12.12, pág. C-4.90. Las recomendaciones rechazadas fueron: Tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia e

independencia en los nombramientos de los fiscales y funcionarios judiciales (Australia); Abolir la practica de utilizar el sistema judicial para silenciar a los críticos del gobierno, reforzar la independencia del poder judicial mediante el aumento del apoyo institucional y material para el sistema de justicia y poner fin a la provisionalidad de los nombramientos judiciales (Israel); Investigar las denuncias de injerencia del poder ejecutivo en la toma de decisiones judiciales (Estados Unidos); Reforzar la independencia del poder judicial y poner fin a la provisionalidad de los nombramientos judiciales, y derogar las disposiciones de la Ley del Tribunal Supremo que socavan la independencia judicial (Eslovaquia); Derogar las practicas de amenaza a testigos y familiares de las victimas de violación de derechos humanos, y los ataques a los abogados que introducen recursos judiciales en respuesta a las violaciones de los derechos humanos (Israel).

91. Juan Francisco Alonso: CIDH: Soberanía no es excusa para incumplir tratados firmados. En: El Universal, 28.03.12, pág. 1-2.

92. Vanessa Davies: Vicepresidente aseguró que la CIDH no garantiza derechos humanos. En: Correo del Orinoco, 02.05.12, pág. 2.

93. Juan Pablo Arocha: ONU: Salida de Venezuela de la CIDH sería “muy grave”. En: La Verdad, 05.05.12, pág. 3.94. Reyes Theis: Plantearan en la OEA respaldo al sistema de derechos humanos. En: El Universal, 05.09.12, pág. 1-2.95. Diana Lozado Perafán: 22 ONG rechazan salida de Venezuela de la CIDH. En: El Nacional, 12.05.12, pág. 3;

La CIDH, su importancia y vigencia en el contexto venezolano. En: Correo del Caroní, 17.05.12, pág. A4.96. Juan Francisco Alonso: “El Gobierno quiere dejarnos sin protección internacional”. En: El Universal, 09.05.12,

pág. 1-4.97. Felipe González Roa. “Solicitan a Chávez no retirar Venezuela de CIDH. En: Notitarde, 11.05.12, pág. 16; “La

CIDH ha sido nuestra salvación”. En: El Impulso, 11.05.12, pág. B7; Víctimas solicitaron a Chávez mantener el país en la CIDH. En: El Tiempo, 11.05.12, pág. 10; Edgar López: Víctimas y 215 académicos piden a Chávez desistir de retiro de la CIDH. En: El Nacional, 11.09.12, pág. 2.

312



éste el 10° país, y solo admitió cinco, 12,5% de las denuncias98. Sin embargo, en julio de 2012, el Presidente de la República ratificó su decisión de retirar a Venezuela de la CIDH99, lo cual se concretó el 10.09.12, cuando las autoridades venezolanas denunciaron la Con-vención Americana de Derechos Humanos, lo que implica que al cumplirse un año Ve-nezuela quedará fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos100. La denuncia de la Convención signifi-có un acto regresivo en materia de derechos humanos, contrario a la Constitución, que establece el principio de la progresividad, y debilita la protección de las víctimas, prin-cipalmente las más vulnerables que tienen siempre mayores obstáculos para acceder a los órganos de administración de justicia101.

Organizaciones de derechos humanos e indi-vidualidades introdujeron ante la Sala Cons-titucional del TSJ una acción de nulidad por inconstitucionalidad del acto de denuncia. La impugnación se fundamentó en la violación por parte del Gobierno Nacional de las nor-mas y principios constitucionales relativos a la jerarquía y supremacía constitucional de los tratados sobre derechos humanos, el de-recho de petición internacional para el am-paro de los derechos humanos, los requisitos y límites constitucionales de los estados de excepción, los derechos humanos como prin-cipio rector de las relaciones internacionales del Estado venezolano y la progresividad de los derechos humanos consagrados en los ar-tículos 23, 333, 339, 31, 152 y 19, respectiva-mente, de la Constitución102.

98. Cifras de la Comisión desmienten discurso oficial. En: El Universal, 06.05.12, pág. 1-4; Lidia Díaz-Cardiel y Janeth Gutiérrez: Venezuela: el décimo país con más denuncias en CIDH. En: Panorama, 12.05.12, pág. P-1.

99. Chávez ratificó el retiro de Venezuela de la CIDH. En: Notitarde, 25.07.12, pág. 16.100. DLP: 40 ONG piden reconsiderar salida de la Corte IDH. En: El Nacional, 20.09.12, pág. 3.101. FALTA 102. Escrito presentado ante el TSJ suscrito entre otras organizaciones por el Comité de Familiares de las Víc-

timas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), la Vicaría de Derechos Humanos, el Observatorio Venezolano de Prisiones, Acción Solidaria, Espacio Público, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y académicos como Carlos Ayala Corao, Pedro Nikken y Rafael Chavero.

El 31.12.12 la plenaria de la AN aprobó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Finan-ciamiento al Terrorismo. El instrumento le-gal, que consta de 89 artículos, busca, según las notas de prensa institucionales, “prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar” los delitos del crimen organizado y el finan-ciamiento a actos terroristas, como lo indi-ca su artículo 1, y de esta manera reforzar la

política de seguridad del Estado venezolano. “Esta ley ya existía. Lo que estamos incor-porando son 25 artículos nuevos y estamos reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada”, dijo en declaraciones transmitidas por VTV el dipu-tado socialista Andrés Eloy Méndez1.

La definición de “acto terrorista” es al-tamente discrecional y puede promover po-

Aprobada Ley contra el Terrorismo



1. Agencia Venezolana de Noticias: Sancionada reforma de Ley contra la Delincuencia Organizada y Financia-miento al Terrorismo [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/sancionada-reforma-ley-contra-delincuencia-organizada-y-financiamiento-al-terrorismo>. Consulta del 15.01.13.

2. Gaceta Oficial 39.912 del 30.04.12, pág. 393.057 [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LeyesOrganicas/47.-GO_39912.pdf>

tenciales violaciones a los DDHH: “Es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebi-damente a los Gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstener-se de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamenta-les, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacio-nal” (Art. 4). Según la ley, un acto terrorista puede hacerse: atentado contra la vida de una persona que pueda causar la muerte o contra su integridad física; secuestrando o tomando rehenes; causando “destrucciones masivas a instalaciones o lugares públicos y propiedad privada”; apoderándose de aviones, barcos y cualquier transporte público, e incluso mer-cancías; fabricando, teniendo, comprando, transportando, suministrando o utilizando armas de fuego, biológicas y químicas; li-berando sustancias peligrosas o provocan-do incendios, inundaciones o explosiones “cuyo efecto sea poner en peligro vidas hu-manas”, y “perturbando o interrumpiendo” el suministro de agua, electricidad u otro re-curso natural.

Otro concepto peligroso es el estableci-do para “delincuencia organizada”: “Acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de come-ter los delitos de la presente ley…”2 (Art. 4). Un grupo calificado de “delincuencia orga-

nizada” es penalizado tanto por los delitos de esta ley como los establecidos por el Có-digo Penal, en cuyo caso las sanciones serán incrementadas en la mitad de la pena aplica-ble. Preocupan las “circunstancias agravan-tes” de los delitos de “delincuencia organiza-da” (Art. 29): utilizando personas mayores o indígenas, simulación de ser funcionario público, el uso de medios informáticos que alteren los sistemas de información; contra vehículos militares, colectivos o de transpor-te público; contra sedes de servicio público o empresas del Estado; contra altos funcio-narios públicos y gobernadores; “valiéndose de una relación de confianza” y para exigir libertad y canje de prisioneros. Por todas las anteriores la pena se incrementa un tercio, y si suman varias, el doble.

La ley antiterrorista también penaliza las huelgas en los centros productivos y el boicot: “Quien en cualquier forma o grado obstruya, retrase, restrinja, suprima o afecte el comercio o industria por medio de violen-cia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo delictivo organizado, será castigado con pri-sión de ocho (8) a diez (10) años” (Art. 50). Cierres de calles, tomas de establecimientos e instituciones, quema de cauchos, huelgas y boicots, protestas indígenas y de la ter-cera edad, grafitis y pintas contra edificios públicos, entre otros, son calificados, según esta ley, como actos terroristas. La normati-va suma un nuevo y peligroso ordenamiento jurídico a las leyes que han venido criminali-zando la protesta popular en el país.

314





Derecho a la libertad de expresión e información

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y res-ponsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rec-tificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes….


316





En Venezuela durante el 2012 se registraron incidentes de diversa magnitud que im-pactaron negativamente el ejercicio pleno

del derecho a la libertad de expresión e infor-mación. Se trata en realidad de una tendencia que PROVEA ha constatado a lo largo de los últimos años, que si bien no constituye una si-tuación límite genera un marco poco favorable para el libre flujo de informaciones y opinio-nes. Por la naturaleza de las labores profesio-nales de periodistas y medios de comunica-ción, en este informe se hace énfasis en estos actores como parte sustantiva de una de las dimensiones de este derecho; la otra cara está en los ciudadanos y su necesidad de acceder a información plural sobre los diversos aconte-cimientos que sean de su interés. A partir de las interpretaciones parciales y parcializadas de los actores políticos, institucionales y me-diáticos, la sociedad venezolana sigue contan-do con una lectura polarizada del derecho a la libertad de expresión e información, que poco contribuye a comprender la complejidad del tema y las responsabilidades de unos y otros en garantizar y ejercer la libertad de expresión e información.

Un repaso de los principales hechos acon-tecidos en el ejercicio de este derecho en Ve-nezuela arroja algunas líneas generales sobre las cuales nos detendremos en este capítulo del Informe Anual de PROVEA. Tal vez lo más sintomático sea la permanencia de he-chos de violencia, de diverso calibre y con-secuencias, contra periodistas en el ejercicio de sus funciones tanto por agentes estatales como por actores privados, sin que el Estado cumpla con su deber de prevenir, investigar y sancionar hechos de tal naturaleza. La inac-ción de un ente como la Fiscalía General de la

República también quedó en evidencia pues-to que se registraron diversas denuncias y so-licitudes de protección ante ese despacho, sin que se conocieran –al menos públicamente– acciones específicas para resguardar el dere-cho a la libertad de expresión e información. Altos funcionarios gubernamentales conti-nuaron durante 2012 con la práctica ya regis-trada con anterioridad de estigmatizar el rol de medios y periodistas de las empresas pri-vadas del sector. Otra tendencia preocupan-te del año fue el cierre paulatino de medios radioeléctricos, especialmente estaciones de radios regionales, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sin que hubiese un marco administrativo que garantice la transparencia en la adjudicación y cese de las concesiones, con lo cual se acre-cienta una acción discrecional por parte de este organismo oficial.

En términos metodológicos conviene precisar que para elaborar este capítulo se hizo una recopilación amplia y exhaustiva de los hechos reseñados por medios impre-sos de todo el país. A partir de estos datos se llevó adelante una lectura analítica global de las principales tendencias y sucesos; sin em-bargo, no se presentan en esta oportunidad cuadros estadísticos. Existen en el país dos organizaciones no gubernamentales –Es-pacio Público y el capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)– que han desarrollado una experticia específica en esa área1 y cuyos informes son recomendados si se desea profundizar en la situación de este derecho en el país.

Una lectura longitudinal de los informes anuales de PROVEA en la última década deja

1. Espacio Público [en línea] <http://espaciopublico.org> y el capítulo venezolano del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) [en línea] <http://ipys.org.ve>

318



en evidencia que los hechos de violencia, de diversa magnitud y consecuencias, contra periodistas y medios de comunicación han pasado a tener una lamentable recurrencia. Como en muchas otras situaciones que aten-tan contra derechos humanos en Venezuela, un factor determinante que incide en la mul-tiplicación de tales sucesos es la ausencia de sanciones para los responsables, que a su vez va de la mano de investigaciones débiles o inexistentes. A lo largo del 2012 se regis-traron situaciones de agresión, maltrato o vejaciones contra comunicadores, mientras que hubo una manifestación preocupante de ataques con armamento contra sedes de me-dios de comunicación, hechos estos últimos que se concentraron principalmente en el estado Zulia.

Patrones de violaciones a la libertad de expresión

En este período se registraron 99 viola-ciones al derecho a la libertad de expresión, lo cual reflejó un aumento de 30,2% de las agresiones con respecto a los datos reflejados en el Informe anterior, cuando se registraron 76 violaciones.

Según se observa en el Cuadro Nº 1, las ac-ciones que afectan la libertad de expresión más recurrentes en este período, al igual que en el anterior, continúan siendo las agresiones físicas y verbales. Éstas se dan en el contexto de la co-bertura de noticias en la calle, como protestas, marchas, concentraciones y ruedas de prensa, y afectan principalmente a los equipos reporteri-les (periodistas, fotógrafos y camarógrafos) de medios de comunicación privados.

Después de las agresiones a la integridad personal, los actos de intimidación son las violaciones más comunes, con 21,1% de los casos, manteniéndose la tendencia diagnosti-cada para años anteriores. La intimidación son todos aquellos actos que buscan causar mie-do en los comunicadores para así impedir el trabajo periodístico. Estas acciones van desde detenciones sin orden judicial, cuentas de re-des sociales hackeadas e inspecciones no esti-puladas por la ley, hasta amenazas con el uso de la fuerza policial2.

Como una novedad estadística se encuen-tra que para el período hubo un importante

2. La privacidad de las personas, y específicamente de las comunicaciones, es un derecho humano funda-mental, como lo señala el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar este derecho: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Las tecnologías de la información plantean retos importantes para los Estados en esta materia, y es por ello que muchos han buscado consagrar este derecho. Por otra parte, en 2011 la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano.

Agresión física y verbal 26 27%

Intimidación 21 21%

Ataque a medios 11 11%

Censura previa 9 9%

Restricciones administrativas 7 7%

Situaciones de autocensura 7 7%

Persecución judicial 5 5%

Amenazas 5 5%

Hostigamiento 5 5%

Restricciones por vía legal 3 3%

Total 99 100Fuente: Elaboración propia con datos de Provea

Tipo de violación Total %

Cuadro N° 1Violaciones a la libertad de expresión por tipo



incremento de los ataques a medios de comu-nicación, subiendo del octavo al tercer puesto como la violación más importante, con 11% del total. Estos ataques se registraron mayo-ritariamente en el interior del país, cuando sedes de medios de comunicación fueron ata-cadas con artefactos incendiarios o armas de fuego. En opinión de PROVEA este tipo de ataques forma parte de un contexto de ame-nazas para el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, creando con ello condiciones favorables para la ge-neración de situaciones de censura previa, que continúan registrándose entre las mayo-res violaciones al derecho, con 9% del total. En este renglón se incluyen todas aquellas acciones por parte de agentes estatales que prohíben previamente la publicación de in-formación, como órdenes judiciales que im-piden la circulación de un medio o la difusión de cierto tipo de información; las situaciones en que autoridades niegan el acceso a actos o sedes oficiales en virtud de la posición polí-tica del medio, y las acciones policiales para eliminar imágenes o videos tomados por los reporteros gráficos y camarógrafos.

Las restricciones administrativas, con 7% del total, mantienen un lugar importante den-tro de las principales violaciones al derecho en el país, y dejan como resultado el cierre definitivo o temporal de los medios de co-municación afectados por estas medidas o la imposición del pago de multas millonarias por parte de funcionarios del Ejecutivo nacional, regional o municipal. Desde 2010 se han ob-servado numerosas decisiones por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en este ámbito y esa tendencia se mantiene en el último año. Las restricciones administrativas dejaron como saldo en este pe-ríodo nueve emisoras de radio cerradas.

ResponsablesEn este período el mayor responsable de

los casos de violación al derecho a la liber-tad de expresión fue la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 21% del total. Estos agentes militares son señalados por incautar material periodístico y por obstaculizar el ac-ceso al lugar donde se produce la noticia. En segundo lugar se encuentran los funcionarios administrativos del Ejecutivo, con 17%; se-guidos del Poder Judicial, con 14%. El Poder Judicial continúa con acciones que limitan la libertad de expresión, como el inicio de in-vestigaciones penales, privativas de libertad de directores de medios, medidas dirigidas a cerrar temporalmente medios de comunica-ción o censurar la publicación de cierto tipo de información.

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 14 21%

Funcionarios administrativos del Ejecutivo 11 17%

Poder Judicial 9 14%

Ejecutivo Regional 8 12%

Plan República 4 6%

Autoridades municipales 3 5%

CICPC 3 5%

Asamblea Nacional 3 5%

Ejecutivo Nacional 3 5%

Ministerio Público 1 2%

Policías Regionales 1 2%

SEBIN 1 2%

Policía Nacional Bolivariana 1 2%

Consejo Nacional Electoral 1 2%

Total 63 100%Fuente: Elaboración propia con datos de Provea

Responsable Total %

Cuadro N° 2Violaciones a la obligación de respeto al derecho

a la libertad de expresión por victimario

320



Con respecto a los casos donde se señala a particulares como responsables de generar obstáculos al trabajo periodístico, en el Cua-dro Nº 3 se evidencia que en la mayoría de los casos (47%) no se ha identificado al agresor o los agresores. Por su parte, los civiles simpati-zantes del Gobierno Nacional aparecen como los causantes de 32% de las situaciones. Estas personas acuden en grupos a actos públicos tanto del Gobierno como de la oposición; una vez allí hostigan verbalmente, y en algunos casos físicamente, a los periodistas presentes. Los particulares simpatizantes de los partidos de oposición han agredido a periodistas de los medios de comunicación públicos, alcanzando 21% de los casos.

3. El Estado se encuentra en la obligación de establecer mecanismos para proteger y garantizar la seguridad de periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación.

4. Andrés Paravisini: Periodistas del SNMP señalan que Capriles ataca al gremio [en línea] <http://www.ciudadccs.info/?p=291555>

acciones para coartar la libertad de expresión. Juntos representan 88% de las 81 personas afectadas en el último año. Ellos son quienes enfrentan con mayor frecuencia agresiones fí-sicas y detenciones arbitrarias, por el hecho de que son fácilmente reconocidos por portar sus equipos de trabajo. Destaca que la mitad de las víctimas son periodistas de medios no estata-les de comunicación.

Seguidamente están dirigentes políticos de oposición, quienes constituyen 2,4% de los agredidos. Además se encuentran periodistas de medios de comunicación oficiales, quienes también son agredidos cuando están cubrien-do eventos noticiosos que se desarrollan en la calle. Ellos constituyen 9% de los agredidos.

El 14.05.12 trabajadores del Sistema Na-cional de Medios Públicos (SNMP) realizaron una movilización para denunciar agresiones a periodistas durante coberturas de la campaña electoral opositora. Harim Rodríguez, integran-te del Movimiento por el Periodismo Necesario (MPN), señaló que en lo que iba de 2012 se han documentado siete ataques contra el SNMP4. La Asamblea Nacional (AN), en el Acuerdo en Condena a las Agresiones a Periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos y Comu-nicadores Alternativos Comunitarios por Parte del Comando de Campaña del Candidato Hen-rique Capriles Radonski, detallaron las agre-siones contra periodistas de medios oficiales. El 12.03.12, en el estado Zulia, fueron agredi-dos Fidel Madroñero, reportero de Catatumbo Televisión, y su camarógrafo por partidarios del partido Un Nuevo Tiempo; en Aragua el 16.03.12 fue agredida la periodista Llafrancis

Personas desconocidas /por identificar 16 47%

Particulares simpatizantes del oficialismo 11 32%

Particulares simpatizantes de la oposición 7 21%

Total 34 100%Fuente: Elaboración propia con datos de Provea.

Responsable Total %

Cuadro N° 3Violaciones a la obligación de protección

según victimario3

Las víctimasEn este capítulo se incluye como víctimas a

todas aquellas personas que buscan, procesan y difunden información u opiniones a través de los medios de comunicación públicos, pri-vados y comunitarios. Según el Cuadro N°4, que clasifica a los afectados según su profe-sión, son los y las periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios de comunicación pri-vados quienes se vieron más afectados por las



Colina presuntamente por el diputado por Pri-mero Justicia, Richard Mardo; en Caracas el 22.03.12 fue agredido un equipo reporteril de Ávila TV, sin identificar, en un acto proselitista en la Plaza Brion de Chacaíto; el 23.03.12 fue agredido el comunicador Pedro Carvajalino en la cobertura de la Memoria y Cuenta del alcal-de Antonio Ledezma; el 23.03.12, en el estado Táchira, fue agredida la periodista Carolina Za-pata por el equipo de seguridad de la campaña electoral opositora; el 10.05.12 fue agredido el camarógrafo de Ávila TV, Carlos Llanos, y despojado de su equipo de trabajo; el 19.05.12 la periodista de la Agencia Venezolana de No-ticias, Patricia Soto, fue desalojada de mane-ra violenta cuando intentaba cubrir un evento electoral; el 22.05.12 la periodista Geovanina Guillén recibió golpes y patadas cuando inten-taba cubrir una actividad electoral en el estado Guárico. En dicho acuerdo la AN rechazó las agresiones, realizó un llamado de atención a la candidatura de Henrique Capriles y exhortó a las autoridades a impedir la repetición de este tipo de agresiones5. Marcos Hernández, pre-sidente de la organización Periodistas por la Verdad, anunció que de continuar las agresio-nes convocarían a un boicot informativo de las actividades del candidato Capriles6.

Además de periodistas y dirigentes polí-ticos, en este período 32 medios de comuni-cación se vieron afectados por acciones para restringir la difusión de información. De éstos, 31 pertenecen al sector privado, tal como se refleja en el cuadro Nº 5, aunque algunos po-seen una línea editorial progubernamental. En este cuadro sólo se incluye a los medios que sufrieron restricciones directas.

Agresiones físicas y hostigamiento verbal

Otro caso tuvo lugar el 03.03.12 en San Cristóbal, estado Táchira, cuando la periodista Luz Dary DEPABLOS, corresponsal del canal de noticias Globovisión, intentó dar cobertura a un acto político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el cual se encontra-

Periodista de medio privado 40 49%

Reportero gráfico de medio privado 11 14%

Conductor de programa de opinión (radio/TV) 9 11%

Camarógrafo de medio privado 7 9%

Camarógrafo de medio oficial 4 5%

Periodista de medio oficial 3 4%

Columnista de periódico privado 2 2,4%

Dirigente político de oposición 2 2,4%

Caricaturista de medio privado 2 2,4%

Periodista de medio digital privado 1 1%


Tipo de violación Total %

Cuadro N° 4Violaciones a la libertad de expresión

por tipo de víctima

Periódicos privado 20 63%

Canal de TV privado 8 25%

Emisora de radio privada 2 6%

Medio digital privado 1 3%

Organización no gubernamental 1 3%


Medio de comunicación afectado Total %

Cuadro N° 5Medios de comunicación afectados

5. Gaceta Oficial Nº 39.928 [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/gaceta/Mayo/2352012/2352012-3435.pdf#page=2> Pág. 393.660.

6. Prensa Periodistas por la Verdad: ONG Periodistas por la Verdad propondrá boicot al candidato Capriles Radonski [en línea] <http://www.aporrea.org/medios/n204962.html>

322



reciben los pacientes que han sufrido acci-dentes viales. Cuando entrevistaban a una paciente hospitalizada fueron abordados por dos uniformados, quienes les conminaron a ir al departamento de seguridad. El jefe de seguridad del hospital, Javier González Avi-lés, ordenó mantener retenidos a estos perio-distas por supuestamente “violentar las nor-mas”; les confiscaron todos los equipos que portaban (incluso sus teléfonos celulares) y los obligaron a desnudarse para revisarles sus partes íntimas9. Carlos Rotondaro, director del Instituto Venezolano de los Seguros So-ciales (IVSS), al cual está adscrito el hospital Pérez Carreño, anunció una investigación. Asimismo los periodistas acudieron ante la Fiscalía General y formalizaron una denuncia sobre estos hechos.

Durante 2012, si bien siguió siendo Cara-cas, la capital del país, el punto donde ocurrió el mayor número de hechos que afectaron la libertad de expresión e información, hubo dos estados en los que se presentaron recurrente-mente situaciones igualmente preocupantes por su impacto negativo en el libre flujo de informaciones y opiniones.

En Maracaibo, estado Zulia, en un corto período de tiempo ocurrieron tres hechos de violencia dirigidos contra medios locales. El 28.05.12 fue lanzada una granada contra la sede del diario QUÉ PASA. Juan Luis Urriba-rrí, jefe de redacción, indicó que el artefacto explosivo sólo causó daños a las instalacio-nes y que no se registraron lesionados10. De

ba el ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami. De acuerdo con el testimonio de la comunicadora, después de pasar varios cor-dones de seguridad con su credencial del ca-nal, intentó colocar el micrófono identificado con el logotipo de Globovisión y entonces fue atacada por simpatizantes del partido guber-namental. “Me rompieron la blusa, me rasgu-ñaron la espalda y las piernas (…) nadie hizo nada, ni siquiera los efectivos de seguridad que estaban en la tarima”, relató Depablos7. El 22.03.12 en Caracas, cuando culminaba un acto de rendición de cuentas del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, el periodis-ta del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Pedro CARVAJALINO, fue agredido por el dirigente opositor Lorent Saleh, quien lo golpeó en los genitales8.

IntimidaciónLos actos de intimidación buscan infundir

temor en quienes ejercen un periodismo críti-co de la gestión gubernamental.

El 08.02.12 efectivos de la Milicia Boli-variana que custodiaban las instalaciones del hospital Miguel Pérez Carreño, en Caracas, mantuvieron retenidos por casi cuatro horas a los periodistas del diario Últimas Noticias, Abrahán CARVAJAL y Jesús GARCÍA. Los comunicadores habían convenido con el doc-tor Julio Di Pasquale, director de Traumato-logía de ese centro hospitalario, en una visita profesional para hacer un trabajo periodístico sobre los tratamientos de rehabilitación que

7. Lorena Evelyn Arráiz: Agreden a periodista durante acto en respaldo a El Aissami. En: El Universal. 04.03.12, pág. 1-6.

8. D’yahana Morales: Agredido reportero de VTV durante rendición de cuentas de Ledezma. En: Correo del Orinoco, 23.03.12, pág. 3.

9. Wilmer Poleo Zerpa: Milicia vejó a periodistas de la Cadena Capriles. En: Últimas Noticias, 09.02.12, p. 4.10. Últimas Noticias: Lanzaron una granada en el diario Qué Pasa. En: Últimas Noticias, 29.05.12, p. 26.



acuerdo con el director del periódico, Gas-tón Guisantes, la acción fue en represalia por la línea editorial de Qué Pasa, la cual respalda la gestión del gobierno del presi-dente Hugo Chávez11.

El 29.05.12, en tanto, sujetos desconocidos desde un vehículo en marcha dispararon repe-tidas veces contra la sede de CATATUMBO TV, igualmente un medio zuliano y alineado políticamente con el gobernante PSUV. “Esta-mos llegando a situaciones peligrosas, ya esto no sólo es maltrato a los periodistas, es ataque a los medios aliados del gobierno”, sostuvo Francisco Arias Cárdenas, coordinador regio-nal del PSUV y en ese momento candidato a la Gobernación del Zulia12. Una semana después, el 04.06.12, fue atacada a tiros la sede del dia-rio VERSIÓN FINAL, un medio con una lí-nea crítica al gobierno, con sede en la capital zuliana. La representante regional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Nikary Gon-zález, pidió que la fiscalía designara un fiscal especial para investigar estos tres hechos y que se le hiciera seguimiento a la investiga-ción, “así no habrá impunidad”13. Pese a la gravedad de los hechos, hasta donde han in-formado las autoridades, las investigaciones no avanzaron más allá de su fase preliminar.

Hechos ocurridos en otros dos estados contra sedes de medios también reflejan una situación poco favorable para el trabajo pe-riodístico fuera de la capital venezolana. El 20.03.12 fue atacada a tiros la fachada del

diario NUEVO DÍA del estado Falcón, que ya había enfrentado un caso similar en junio de 201014. El 10.07.12 desde un automóvil en marcha se lanzó un artefacto explosivo con-tra la sede de LA COSTA, en Puerto Cabello, estado Carabobo. El hecho no causó lesiones pero sí daños materiales, ya que se incendió por completo un vehículo destinado a labores profesionales15. Ambos hechos tuvieron lugar en horas de la noche, lo que hace presumir que no se pretendía provocar víctimas; sin embargo, no pueden minimizarse.

Censura previaSi en Zulia hubo unos patrones relativa-

mente similares en los casos denunciados, en el estado Barinas se reflejó una situación de mayor complejidad en la medida en que a lo largo del año se evidenciaron hechos de diversa naturaleza, pero que al vérseles en su conjunto, tal como lo hizo el CNP local, ponían de relieve la existencia de un clima poco favorable para informar de forma libre. El 07.03.12 fue sacado del aire el programa “Esta mañana”, que la periodista Laure NI-COTRA transmitiera por lapso de cinco años en TELELLANO, una vez que asumió una nueva directiva identificada con el gobierno nacional16. “Me cerraron el espacio sin previo aviso, de manera abrupta”, sostuvo la comu-nicadora. En otro caso, tras denunciar la exis-tencia de una red de corrupción en la Alcaldía de Barinas, se inició una investigación contra

11. Yajaira Iglesias: Qué Pasa mantendrá su línea editorial pese al atentado del lunes. En: Correo del Orinoco, 30.05.12, p. 12.

12. Yajaira Iglesias: Desconocidos dispararon 14 veces contra sede de Catatumbo TV. En: Correo del Orinoco, 31.05.12, p. 11.

13. Ana Karolina Mendoza: Atacan a tiros la sede del diario Versión Final. En: La Verdad, 05.06.12, p. 5.14. Notitarde: Atacado a tiros el diario Nuevo Día del estado Falcón. En: Notitarde, 21.03.12, p. 14.15. Tibisay Romero: Atacaron vehículo del diario La Costa. En: El Nacional. 12.07.12. p. C-6.16. El Nacional: Sacaron del aire programa de TV. En: El Nacional. 08.03.12. p. 2.

324



los periodistas de La Prensa de Barinas. Estela TAMY, jefa de redacción, Dimas MEDINA, periodista de la fuente política, y Omar ARÉ-VALO, abogado del medio, debieron presen-tarse ante el Servicio Bolivariano de Inteligen-cia (SEBIN) el 27.03.1217.

Dos meses después, el 01.06.12, el secre-tario del CNP en Barinas, Tarquino González, acudió en Caracas a diversas instancias tales como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para denunciar el clima de intimida-ción que se respiraba en el estado. Citó Tar-quino el caso de cómo las presiones sobre La Prensa de Barinas parecieron rendir sus fru-tos, pues se dejó de publicar en las páginas de este impreso los artículos de opinión de Jesús GONZÁLEZ CAZORLA y de Omar ARÉVA-LO, junto a la desaparición del programa tele-visivo de Laure Nicotra ya reseñado18. Final-mente, un caso de agresión completa el cuadro preocupante reflejado a lo largo de 2012 en ese estado llanero. Funcionarios de la GNB despojaron de su cámara fotográfica y borra-ron las imágenes del reportero gráfico Huanis ALFARO, del diario De Frente. El 01.08.12 el fotógrafo había dado cobertura a una situación donde un grupo de personas habían sido some-tidas como rehenes por unos delincuentes en una biblioteca pública, tras un hecho delicti-vo. Este hecho no tuvo consecuencias pero los efectivos arremetieron contra Alfaro19.

En Ciudad Guayana, estado Bolívar, el 09.05.12 se impidió el acceso de periodistas a

17. Walter Obregón: Investigan a periodistas del diario La Prensa de Barinas. En: El Universal. 28.03.12. p. 1-2.18. Cecilia Caione: CNP Barinas denunció agresiones ante Fiscalía. En: Últimas Noticias. 02.06.12. p. 18.19. IPYS Venezuela [en línea] < http://ipys.org.ve/alerta?id=2937> Consulta del 01.03.13.20. Correo del Caroní: Prohíben acceso a periodistas del Hospital Dr. Raúl Leoni. En: Correo del Caroní.

10.05.12. p. 4.21. El Diario de Guayana: Milicia toma represalias contra medios de comunicación. En: El Diario de Guayana, 04.08.12,

pág. 31.22. La Nación: Impidieron el acceso al lugar a periodistas de La Nación. En: La Nación, 11.08.12, pág. A-3.

las instalaciones del hospital Raúl Leoni. De forma tradicional, los comunicadores de la zona habían acudido a la sala de emergencias del referido centro público de salud para ob-tener información sobre los casos atendidos. En esa fecha fueron recibidos por el supervi-sor de seguridad, Alexander Figarella, quien les indicó a reporteros de varios medios de comunicación que “por órdenes recibidas desde Caracas se les prohíbe el paso a las instalaciones sin tener una autorización pre-via”20. Tres meses después se repitió esta me-dida restrictiva en el mismo centro hospitala-rio del estado Bolívar por parte de efectivos de la Milicia Bolivariana21.

En el estado Táchira, en tanto, tuvo lu-gar otra restricción en el hospital Central de San Cristóbal, el 10.08.12. Un periodista y un fotógrafo del diario LA NACIÓN, que no fueron identificados por el medio, no pudie-ron ingresar al centro de salud para cubrir la visita que realizaba ese día el viceministro de Salud, José España. Fernando García, a cargo de la junta interventora del hospital, cuando vio a los comunicadores del periódico expre-samente le espetó a los efectivos de seguri-dad: “ellos no pueden estar aquí”, con lo cual se les impidió cumplir con la cobertura profe-sional del hecho noticioso22. Cuatro semanas después, el 29.08.12, en la propia capital ta-chirense, a la corresponsal de EL UNIVER-SAL, Yolmar NÚÑEZ, se le negó el acceso a una rueda de prensa organizada por Hidrosu-roeste, empresa responsable de la prestación



del servicio de agua potable y alcantarillado en esta región del país23.

Restricciones administrativasUn caso que tuvo una enorme repercusión

mediática, además de que se prolongó duran-te varios meses, fue el pago de una multa por parte del canal GLOBOVISIÓN por la trans-misión de mensajes que “podían fomentar la zozobra” durante la crisis del centro peniten-ciario El Rodeo, ocurrida en junio de 2011. “Estamos pagando esta multa bajo protes-ta, indignados”, expresó la vicepresidenta de Globovisión, María Fernanda Flores, el 29.06.12 tras consignar en la sala Político Administrativa del TSJ el pago de 9 millones 394 mil 314 bolívares. Después de un largo proceso judicial y administrativo, este pago se concretó tras la decisión de la Sala, que de-claró el embargo ejecutivo de los bienes del canal por 24 millones 425 mil 216 bolívares24. La medida “constituye un precedente muy pe-ligroso para la libertad de información, dada la desproporción de la sanción económica que afecta también la supervivencia de este medio de comunicación. Finalmente, deja entrever una verdadera campaña contra este canal, conocido por su posición muy crítica hacía el actual gobierno”, declaró Reporteros sin Fronteras25. La multa impuesta a Globo-visión por parte de Conatel, amparándose en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, fue por el

equivalente a 7,5 por ciento de los ingresos brutos del medio en 201026.

Durante 2012 se registró una paulatina ac-ción de Conatel contra emisoras de radio, es-pecialmente fuera de Caracas, lo que implicó el cese de la transmisión en diversos casos. Se trata de medidas por presuntas violaciones al reglamento en lo concerniente a la renovación de concesiones; sin embargo, debe recordarse que desde 2009 existe una mora administrati-va evidente por parte de este ente en renovar el estatus de los prestadores de servicios en el campo radioeléctrico. La entidad no guberna-mental Espacio Público contabilizó el cierre de 35 estaciones radiales regionales o locales durante el último mes de 2011 y los dos prime-ros de 2012. “Parte fundamental del problema es que hay una omisión del Estado porque Co-natel no responde de manera oportuna y luego sanciona a las radios”, señaló el director de la ONG, Carlos Correa.

El sesgo político de las decisiones oficiales en esta materia quedó en evidencia en el es-tado Monagas. Tras la ruptura del gobernador regional José Gregorio Briceño con el gober-nante PSUV a inicios de 2012, Conatel cerró siete estaciones radiales a las que acusó de no haber cumplido con los trámites correspon-dientes. La mayoría de estas estaciones soste-nían una línea editorial favorable a Briceño27. De acuerdo con Correa, Conatel mantiene una política desordenada y sin transparencia en la

23. IPYS Venezuela [en línea] <http://www.ipys.org.ve/alerta?id=2959&y=2012&m=08> Consulta del 27.02.13.

24. El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120630/bajo-protesta-globovi-sion-pago-la-multa-impuesta> Consulta del 01.03.13.

25. Reporteros Sin Fronteras [en línea] <http://es.rsf.org/venezuela-condenado-a-una-multa-exorbitan-te-29-06-2012,42922.html> Consulta del 01.03.13.

26. IPYS Venezuela [en línea] <http://www.ipys.org.ve/alerta?id=2369&y=2011&m=10> Consulta del 27.02.13.

27. Celina Carquez: Por control de la publicidad y línea editorial cierran más de 35 radios. En: El Nacional, 20.02.12, pág. 2.

326



administración de las frecuencias de radio y te-levisión. Las estaciones cerradas en Monagas, en lo que el gobernador Briceño calificó como represalias por su distanciamiento con el go-bierno central y con el PSUV, fueron VIP 93.1 FM, MONUMENTAL 106.1 FM, AVANZA-DOTA 91.3 FM, VENEZUELA OLÍMPICA 97.9 FM, CAICAREÑA 100.5 FM, ÚNICA 104.9 FM Y LÍDER 100.7 FM. Todas mante-nían líneas editoriales afines con el mandatario regional, y su situación legal sólo fue puesta en tela de juicio por Conatel una vez que se produjo la ruptura política28.

Hostigamiento judicial penalAl mes siguiente, el Tribunal Primero de

Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Bari-nas condenó a LA PRENSA DE BARINAS a pagar el equivalente al 1% de los ingresos bru-tos de la empresa de 2010, por haber publica-do fotografías de hechos violentos en la fuente de sucesos que según este tribunal resultaban violatorias de los derechos de los infantes29. La seccional del CNP rechazó la decisión judi-cial, la cual catalogó de retaliación por la línea editorial crítica del medio.

Una restricción judicial para limitar el tra-bajo de periodistas y medios de comunicación fue cuestionada por la entidad internacional Reporteros Sin Fronteras. El 21.03.13 el Tri-bunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó una medida cautelar para impedir a todos los medios de comunicación impresos, audiovisuales y en línea mencio-

28. El Nacional: Conatel cerró otras tres emisoras de radio. En: El Nacional, 09.04.12, pág. 2.29. Walter Obregón: CNP Barinas rechaza multa impuesta al diario La Prensa. En: El Universal, 22.04.12, pág. 1-4.30. Reporteros Sin Fronteras [en línea] <http://es.rsf.org/venezuela-a-siete-meses-de-la-presiden-

cial-21-03-2012,42168.html > Consulta del 01.03.13.31. El Nacional: Chávez: lo del agua es una guerra sucia. En: El Nacional, 21.03.12, pág. 2.

nar una presunta contaminación del agua de consumo humano de la zona metropolitana de Caracas y de los estados centrales de Miranda, Aragua y Carabobo, sin contar con un “infor-me técnico veraz avalado por un organismo competente”. “Se trata de un acto de censura pura y simple, motivado políticamente”, se-ñaló la organización con sede en París y que monitorea el estado de la libertad de expre-sión en el mundo30. La medida judicial estuvo precedida de un emplazamiento por parte del presidente Hugo Chávez. El 20.03.12 el Jefe del Estado llamó públicamente al TSJ y a la Fiscalía General de la República “a cumplir sus responsabilidades” para actuar contra las denuncias de contaminación en el agua pota-ble. “Eso es terrorismo mediático que afecta la salud mental y genera zozobra, por lo que exhorto a cumplir con sus responsabilidades a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Mora-les, y a la titular de la Fiscalía General, Lui-sa Ortega”, señaló Chávez en una alocución transmitida por medios radioeléctricos31. Un día después de este llamado del Presidente, el TSJ dictó la medida restrictiva.

AmenazasOtra tendencia registrada en los últimos

años, y que igualmente se evidenció en 2012, tiene que ver con acciones dirigidas a restrin-gir y en muchos casos impedir el ejercicio profesional de comunicadores en Venezuela, sin que necesariamente se ejecuten acciones violentas como las que se han reseñado en pá-rrafos anteriores.



En Venezuela a lo largo de la última dé-cada se ha conformado un modelo comuni-cacional. En la percepción del ministro An-drés Izarra se trata de “una guerra (…) es innegable que está habiendo una revolución en los medios (…) cada quien debe escoger su bando”. Según cifras de Conatel, en cues-tión de dos lustros los medios administrados por el Estado casi se triplicaron al pasar de 44 a 120, mientras que unas 300 radios co-munitarias en su gran mayoría están alinea-das con el gobierno de Hugo Chávez; si bien los medios privados son más numerosos, redujeron sustancialmente su espacio en el espectro radioeléctrico de 92% a 64%1.

Una pata de ese modelo es el uso dis-crecional que se le dan a las cadenas na-cionales de radio y televisión. Desde una perspectiva del ejercicio pleno de la libertad de expresión e información, las cadenas son violatorias del derecho en la medida en que establecen de forma coercitiva la difusión de un mensaje único en todo el sistema de medios radioeléctricos del país, con lo cual se impide la pluralidad de información y opinión que establecen los principales tra-tados internaciones y la propia Carta Mag-na venezolana. Este uso discrecional de las cadenas termina teniendo un mayor impac-to en el contexto de una campaña electoral, como ocurrió en 2012, cuando el presidente Chávez buscó su reelección sin separarse del cargo: estando afectado por problemas de salud tuvo pocas movilizaciones por el país y apeló fundamentalmente a mensajes y alocuciones a través del sistema nacional de radio y televisión. De acuerdo con un se-guimiento efectuado por la organización Es-pacio Público, en las primeras cinco sema-

nas de campaña oficial (que arrancó el 1 de julio) el presidente Chávez usó las cadenas de radio y televisión en promedio durante 32 minutos diarios. Según la organización, en el contexto de una campaña electoral donde el Presidente también es candidato, esta prác-tica termina echando por tierra la igualdad de acceso a los medios de comunicación que debería caracterizar la lucha por el poder en una sociedad democrática y plural2.

Una coalición de organizaciones com-puesta por Espacio Público, el CNP, el Sin-dicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) denunciaron ante la CIDH el uso “abusivo y discrecional” de las cadenas de radio y televisión durante el proceso elec-toral en Venezuela. Asimismo cuestionaron la falta de decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Si en el contexto de una campaña se hace uso reiterado de un meca-nismo oficial con fines electorales, el árbitro electoral tiene algo que decir al respecto”, señaló Carlos Correa, director de Espacio Público y vocero de la coalición durante las audiencias de la CIDH3.

En la campaña electoral de 2012 igual-mente se discutió sobre el papel que debe-rían tener los medios administrados por el Estado y que forman parte del llamado Sis-tema Nacional de Medios Públicos. “Si se definen como públicos, deberían ser medios de servicio público, canales de todos los ciu-dadanos, donde se tenga libre acceso a toda la información, y no lo que son hoy, medios gubernamentalizados, partidizados, donde solamente un sector, los afines a este proceso

Elecciones y modelo comunicacional

328



político, es el que tiene acceso”, manifestó en el contexto preelectoral el académico Marce-lino Bisbal, quien llamó a que el CNE actua-ra durante la campaña para lograr equilibrio informativo en los medios de comunicación administrados por el sector público4.

De acuerdo con un monitoreo de me-dios de comunicación realizado por la UCAB a partir del 1º de mayo y hasta el día de las elecciones presidenciales el 7 de oc-tubre de 2012, el presidente Hugo Chávez acumuló en total 69 horas, 29 minutos y 23 segundos (casi tres días) de transmisiones conjuntas de radio y televisión, monopo-lizando el espectro radioeléctrico nacio-nal para la difusión de mensajes políticos sobre su gestión. En la precampaña (1° de mayo-30 de junio), las cadenas duraron 23 horas, 50 minutos y 49 segundos (casi un día). Durante la campaña (1° de julio-4 de octubre) las cadenas duraron 45 horas, 38 minutos y 34 segundos; un poco más de 20 horas en julio; casi 16 horas en agosto, y un poco más de nueve horas en septiembre, lo cual confirma una disminución progre-siva del uso de las cadenas, por problemas de salud que el Jefe del Estado confirmaría una vez reelecto5.

En respuesta a las continuas denuncias que hiciera la oposición sobre lo que califica-ban de “ventajismo oficialista” en el desarrollo de la campaña, el Poder Electoral respondió el 30 de julio que no tenía competencia para regular la transmisión de cadenas, ya que és-tas constituían un derecho del Jefe del Estado para difundir información de interés nacional6.

Aunque en este tipo de alocuciones el candidato presidente no realizara campaña de manera explícita y frontal, su discurso resaltaba la buena gestión de sus más de 14 años de mandato, mostrando constantes in-auguraciones, recorridos por zonas afectadas tras los incendios en las refinerías petroleras, atención a los afectados de las lluvias, con-signación de viviendas a los damnificados de hace más de un año, acuerdos de financiación para viviendas, graduación de militares y po-licías. A esto se le añade un verbo que busca-ba desprestigiar la alternativa política y las gestiones previas y que ensalzaba el socialis-mo como modelo político7.

En el contexto de la campaña electoral, la única intervención que hizo el CNE en cadena fue el 4 de octubre en horas de la noche para anunciar la finalización del período de cam-paña y para exhortar a los diferentes actores



involucrados en el proceso (candidatos, parti-dos políticos y organizaciones), a los medios de comunicación social y a la ciudadanía en general a respetar lo establecido en la Ley Or-gánica de Procesos Electorales (LOPE) para el desarrollo pacífico de la jornada electoral. Esta cadena de Tibisay Lucena, la presidenta del organismo, fue de corta duración (7 minu-tos y 41 segundos)8.

En el contexto de la campaña electoral estuvo de visita en Venezuela el periodista argentino Jorge Lanata, un referente del ejer-cicio profesional en su país y América Latina y conductor del espacio televisivo Periodismo

para Todos. Al hacer un paralelismo entre las situaciones políticas de Argentina y Vene-zuela, con altos niveles de confrontación po-lítica-mediática, Lanata sostuvo que lo más perjudicial para el trabajo de informar es la polarización porque “transforma al periodis-mo en una cuestión de fe”9. Este marco plan-teado por Lanata tal vez sea el adecuado para reseñar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela, es-pecialmente en un año en el cual nuevamente recrudeció la polarización en el contexto de la campaña para las elecciones presidencia-les en las cuales fue reelecto Hugo Chávez para el período 2013-2019.

1. Juan Carlos Figueroa: Medios públicos venezolanos casi se triplicaron en una década. En: El Tiempo, 12.08.12, pág. 16.

2. Versión Final: Denuncian media hora diaria de cadena televisiva. En: Versión Final, 16.08.12, pág. 5.3. El Universal: Denuncian ante la CIDH el abuso de las cadenas. En: El Universal, 03.11.12, pág. 1-4.4. Reyes Theis: Según Bisbal, canales estatales tienen que ser equilibrados. En: El Universal, 17.08.12, pág. 1-2.5. Universidad Católica Andrés Bello [en línea] <http://www.monitorelectoral.org.ve> Consulta del

01.03.13. 6. El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120731/cne-no-sancionara-a-

chavez-por-la-cadena-del-14-de-julio> Consulta del 01.03.13. 7. Caroline de Oteyza y Andrés Cañizález: Venezuela: Las elecciones presidenciales 2012 desde los medios.8. El Universal [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121005/sancionaran-excesos-

que-alteren-la-paz-y-el-ambiente-electoral> Consulta del 28.02.13.9. Laura Weffer: Jorge Lanata: La polarización transforma al periodismo en una cuestión de fe. En: Últimas Noticias,

02.09.12, pág. 6-7.

330





Derecho a la libertad personal

La libertad es inviolable; en consecuencia:

1.- Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas (…)

2.- Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus fami-liares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida (…) La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada (…)

3.- Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad estará obligada a iden-tificarse.

4.- Ninguna persona continuará en detención después de dictada la orden de excar-celación por la autoridad competente (…)


332





En el período que cubre el presente informe, PROVEA registró un total de 69 denuncias de casos de violaciones del derecho a la

libertad personal, que corresponden a una dis-minución de 78,70% respecto al período an-terior; de igual forma, el número de víctimas se redujo significativamente (97,80% menos) en comparación con el mismo período, con un total de 2.959 víctimas, cifra que incluye al total de personas afectadas en los patrones de detenciones individuales, colectivas, deten-ciones en manifestaciones, desapariciones for-zadas, detenciones masivas, situación en ca-labozos y retenes policiales, así como presas/os políticas/os. En todos los casos se incluyen tanto aquellas víctimas identificadas a través del nombre y apellido, como aquellas cuyos datos de identificación exactos se desconocen pero existen denuncias públicas que den cuen-ta del acontecimiento descrito como presunta violación de derechos humanos.

Del total de 2.959 víctimas registradas, 22 corresponden al patrón de detenciones indivi-dualizadas, la cifra más baja en los últimos 14 años, revelando una disminución de 39,47% respecto al período anterior, cuando se registra-ron 38 víctimas. Por su parte, las desaparicio-nes forzadas aumentaron de 10 casos en el pe-ríodo anterior a 15 durante el presente período, lo que significa un incremento de 50% que, sin embargo, es similar a la tendencia estable entre 2003 y 2007, con una cifra que oscila entre 11 y 17 desapariciones forzadas; contrastando con el aumento de 166% registrado en 2008-2009 y de 387,5% en el período 2009-2010.

Las solicitudes de información pública realizadas a organismos oficiales para la elabo-ración de este capítulo fueron respondidas en

cumplimiento del artículo 51 de la Constitu-ción de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), especial mención merece el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que aportó datos estadísticos sobre los delitos registrados entre enero y octubre de 2012, arrojando un total de 67 registros de delitos contra la libertad indi-vidual y 19 delitos contra la inviolabilidad del domicilio, que deben tratarse de forma dife-renciada a los datos recogidos por PROVEA, en virtud de la ausencia de precisión sobre la participación o no de funcionarias/os públicas/os en la comisión de estos hechos.

Detenciones masivasEn el período 2012 se registraron seis ca-

sos y 1.964 víctimas de detenciones masivas, cifra que corresponde a 66,37% del total glo-bal contabilizado de violaciones al derecho a la libertad personal, detenciones en las que se logró obtener datos únicamente por medios hemerográficos.

En contraste con los esfuerzos realizados por el Ejecutivo Nacional en la implementa-ción de un nuevo modelo policial y el dise-ño de la primera política pública integral de Estado en materia de seguridad ciudadana, la Gran Misión A Toda Vida Venezuela –que fue oficialmente presentada al país el 20.06.12, con la idea de lograr la articulación de me-didas de prevención y de control penal1–, y a propósito de la entrada de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la Organi-zación de Naciones Unidas (ONU)2, es grave que siga existiendo en el país una práctica histórica y continuada de detenciones masi-vas arbitrarias.

1. Ciudad Caracas [en línea] < http://www.ciudadccs.info/?p=294902> Consulta del 01.01.2013 2. El Universal [en línea] < http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/121113/venezuela-ingresa-al-

consejo-de-derechos-humanos> Consulta del 07.02.2013.

334



Estas prácticas se concretan en planes y operativos puntuales de seguridad a ni-vel nacional, estadal y municipal que son profundamente discriminatorios y viola-torios de derechos humanos, en los que se realizan, generalmente sin suficientes estu-dios de georreferenciación del delito, de-tenciones arbitrarias de carácter masivo, en lógica de redada policial, con el objetivo de chequear antecedentes penales, identifi-car personas solicitadas por el aparato de justicia o realizar detenciones en flagrancia (únicas legales en este tipo de operativos), en contravención de los instrumentos in-ternacionales suscritos en la materia, entre ellos las reglas de Tokio3.

El Dispositivo Bicentenario de Seguri-dad (DIBISE), la Guardia Nacional Boli-variana (GNB)4 y policías regionales y mu-nicipales continúan realizando detenciones arbitrarias de carácter masivo. Sólo en el estado Monagas, el DIBISE detuvo de for-ma preventiva a 1.111 personas entre abril y diciembre de 2012 (Agencia Venezolana de Noticias, 2013), y de los casos registrados en el período, el DIBISE y la GNB fueron responsables de 83,33% del total de las de-tenciones masivas.

3. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Reglas de Tokio. [en línea] ONU < http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_tokio.htm > Consulta del 19.10.2011

4. Las denuncias registradas en las que se señala a la Guardia Nacional Bolivariana, a los efectos de esta investigación, se diferencian de las denun-cias contabilizadas en las que participa el Dispo-sitivo Bicentenario de Seguridad, en virtud de la identificación que quien denuncia hace del cuer-po de seguridad perpetrador , no obstante que el DIBISE está integrado por la GNB.

Cuerpo policial Total de casos %

GNB 1 16,70

DIBISE 4 66,60

Policías Municipales 1 16,70

Total 6 100,00

Fuente: Elaboración propia con datos de PROVEA.

Cuadro N° 1Violaciones al derecho a la libertad personal

ejecutadas en forma masiva en 2012 por cuerpo policial

Cuadro N° 2Violaciones al derecho a la libertad personal

ejecutadas en forma masiva en 2012 por regiones del país

Estado Total de casos %

Distrito Capital 1 16,70

Carabobo 1 16,70

Monagas 1 16,70

Táchira 1 16,70

Zulia 2 33,40

Total casos 6 100,00


Zulia

Táchira

Monagas

Carabobo

Distrito Capital

0 0,5 1 1,5 2

%Total de casos


Gráfico N° 1Violaciones al derecho a la libertad personal

ejecutadas en forma masiva en 2012 por regiones del país



Gráfico N° 2Resumen de casos de detenciones masivas

según región


Policias Municipales

17%Guardia Nacional

Bolivariana16%

DIBISE67%

Detenciones colectivasLas detenciones colectivas son aquellas

en las que se contabiliza un número total de víctimas de entre 2 y 10 personas, contravi-niendo el principio de presunción de inocen-cia y de reserva jurisdiccional o de jurisdic-ción, en virtud de la imposibilidad formal que tienen los cuerpos policiales y en gene-

ral los cuerpos de seguridad del Estado, de atacar a las y los ciudadanos con prácticas de chequeo o de disgregar manifestaciones o reuniones colectivas en espacios de reunión pública o privada con el fin de resguardar el orden público.

Este tipo de prácticas de máxima inter-vención en la vida de las y los ciudadanos son contrarias a los propios lineamientos diseña-dos por el Estado dentro de su política públi-ca en materia de seguridad ciudadana, que ha sido pensada en lógica de respeto a los dere-chos humanos cuando aplica el control penal y que tiene un enfoque de seguridad ciudadana y no de mero orden público. (Gran Misión A Toda Vida Venezuela, 2012)

En el período analizado se registraron 76 víctimas de detenciones colectivas, cifra que representa 2,56% del total de violaciones al derecho a la libertad personal contabilizadas en este período, lo que supone una disminu-ción de 35% respecto al mismo patrón anali-zado en el período anterior, cuando se contabi-lizaron 117 víctimas.

Gráfico N° 3Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma colectiva en 2012, por regiones del país


Sin identificar

Zulia

Nueva Esparta

Monagas

Miranda

Lara

Bolívar

Anzoátegui

Distrito Capital

336



En este renglón destaca la situación del estado Bolívar, donde ocurrieron 34,8% de las detenciones colectivas registradas y es-pecíficamente el caso de Wilmer GUERRA y Wilfredo TRUJILLO, quienes según una de-nuncia formulada por sus familiares5 fueron detenidos por funcionarios del CICPC, quie-nes entraron sin orden de allanamiento a la vi-vienda donde residen las víctimas, realizaron varias detonaciones con sus armas de fuego y los trasladaron a la sede de ese cuerpo de investigaciones, sin indicar los motivos y sin tener una orden de aprehensión en su contra.

Detenciones en el marco de manifestaciones

Los casos de violación al derecho a la li-bertad personal registrados durante el perío-

5. El Diario de Guayana, 17.06.12, pág. 31.6. Ver: PROVEA: Informe anual 2010-2011. Derecho a la manifestación pacífica.

do que analiza el presente informe son 269, cifra que contrasta con el conteo realizado en el período anterior, en el que se conta-bilizaron 3996, reflejando una disminución de 32,58%. Estos datos hablan de una ten-

0 10 20 30 40 50 60

Gráfico N° 5Víctimas de detenciones colectivas

según género

16

50

9

S/ID

Masculino

Femenino


Detenciones colectivas

Gráfico N° 4Detenciones colectivas según cuerpo policial


Policias Municipales 25%

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales

y Criminalísticas (CICPC) 20%

Policias Estadales 15%

Ejército 5%

Guardia Nacional Bolivariana

30%

Fuerza Armada Nacional Bolivariana 5%



7. Notitarde, 07.06.13, pág. 13.8. Nueva Prensa de Guayana, 12.06.12, pág. A-8.9. Ídem.10. Ídem.11. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Principios para la pro-

tección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. ONU [en línea]<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf> Consulta del 19.09.11.

dencia hacia el descenso de la privación de libertad de quienes participan en protestas de carácter pacífico.

Detenciones individualizadasEn el presente período se registraron 23

víctimas de detenciones individuales, que en comparación al período anterior, cuando se contabilizaron 38 víctimas, significa una re-ducción de 39,5% a la vez que corresponde a una disminución de 68% respecto al período 2009-2010, lo que muestra una tendencia ha-cia el descenso del patrón de detenciones indi-vidualizadas en los últimos años.

En el patrón de detenciones individualiza-das destaca el caso de Delvia PACHECO, quien según denuncia formulada por el abogado Juan Carlos Villegas, en representación del gremio de juristas del estado Cojedes7, entregó un cho-colate como “gesto de agradecimiento” a una funcionaria del Palacio de Justicia y por esa ra-zón fue detenida, a solicitud del presidente del Circuito Judicial Penal y del jefe de Alguaciles, quienes consideraron el hecho como un acto de soborno y llamaron al SEBIN, cuyos funciona-rios procedieron a detener a la funcionaria en su sede. Se hizo especial mención al trato apegado a derecho que este órgano de inteligencia ha te-nido con la detenida, aun cuando la detención es considerada ilegal.

Así mismo se registró un caso en el estado Bolívar, donde un adolescente no identifica-

do fue sometido a una detención arbitraria, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a extorsión. Su madre, identificada como Yetny LÓPEZ, formuló denuncia8 jun-to a su hijo, alertando sobre los detalles de la detención de la que fue objeto al ser intercep-tado en la calle por un motorizado de la GNB, quien lo trasladó a la carpa del DIBISE en la localidad de Unare II. Allí fue sometido a un interrogatorio cargado de violencia física y psicológica durante el cual le obligaron a rea-lizar una llamada al teléfono del funcionario militar, en la que debía pedirle que le llevaran drogas ilícitas9, configurando además la si-mulación de hechos penales. Relató también que fue sometido a choques eléctricos en las piernas y varias zonas del cuerpo, y que fue forzado a repetir que era homosexual e in-cluso el funcionario intentó obligarlo a tener relaciones sexuales. Finalmente expusieron que el sargento Serrano le envió un mensaje de texto a la madre, indicándole que su hijo estaba detenido preventivamente y al dirigir-se a la carpa del DIBISE le exigieron entregar Bs. 5.000 para poder liberar al adolescente. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público y se solicitó medida de protección10. En el caso se violaron los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión es-tablecidos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU)11.

338



Gráfico N°6Violaciones al derecho a la libertad personal ejecutadas en forma individual, por estados


Sin identificar

Zulia

Vargas

Táchira

Miranda

Lara

Cojedes

Bolívar

Aragua

Anzoátegui

Apure

Gráfico N° 7Casos de violaciones individuales al derecho a la libertad personal, discriminadas por cuerpo de seguridad


Plan República

5% Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales

y Criminalísticas (CICPC) 19%

Guardia Nacional Bolivariana

19%

Interpol 5%

Policía Militar

5%

Policias Estadales

14%

Polícias Municipales

14%

Dibise 5%

Sebin 14%



12. PROVEA: Informe anual 2004-2005. Págs. 298-300.13. “Toda persona privada de su libertad personal debe ser considerada como un ‘preso político”’: a) Si la detención ha sido

impuesta en violación de una de las garantías fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (ECHR, por sus siglas en inglés) y sus Protocolos, en particular, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de asociación; b) Si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito; c) Si, por motivos políticos, la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito por el cual la persona ha sido declarada culpable, o presunta responsable; d) Si, por motivos políticos, él o ella son detenidos en forma discriminatoria en comparación con otras personas; o, e) Si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y ésta parece estar relacionado con motivos políticos de las autoridades”. Tan solo con que se verifique en la situación particular de la persona sometida a un proceso penal, uno de los criterios descritos, el Consejo Europeo considera que se está en presencia de una presa o preso político.

14. El Carabobeño, 21.08.12, pág. A-12.15. Últimas Noticias, 04.05.12, pág. 23.16. Diario La Verdad, 09.05.1, pág. 3.

Personas privadas de libertad por razones políticas

Se considera presa política o de concien-cia a la persona que “sea detenida por estar acusada de cometer un delito común y exis-tan elementos que permiten pensar, fundada-mente, que el proceso judicial está orientando más por razones políticas que jurídicas”12. También se considera detenido político a quien de manera deliberada comete un deli-to y lo reivindica por motivaciones políticas. Sin embargo, en los esquemas democráticos contemporáneos, un concepto tradicional de preso político pierde eficacia, tanto así que los gobiernos reportan la inexistencia absoluta de la figura bajo el imperio de sus leyes penales, que suelen tener procedimientos con garantías de defensa.

La situación de incongruencia jurídica (y política) de presas y presos políticos en go-biernos democráticos ha sido resuelta a nivel conceptual por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cuando su Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos aprobó el proyecto de resolución sobre presos políticos (Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, 2012), que contiene cinco principios a considerar para el tratamiento de los casos13.

Durante 2012, para PROVEA no se re-gistraron nuevos casos de privación de li-bertad por razones políticas; sin embargo, se mantiene el caso de la jueza María Lourdes AFIUNI MORA, detenida desde el 10.12.09, en el que destacan varios hechos en el perío-do que comprende el presente informe. El primero fue denunciado el 28.01.12 por José Amalio GRATEROL, defensa de la jueza, e indicó que desapareció del expediente una prueba que contenía los alegatos de la fiscalía para acusar a la jueza de corrupción y abuso de autoridad, razones por las que fue privada de libertad14. Así mismo, el 04.05.12 la de-fensa de Afiuni pidió anular el juicio tras sen-tencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de fecha 30.04.12, en la que se indica que los jueces no pueden ser sancionados por sus decisiones15. Posteriormente Human Rights Foundation pidió la inmediata liberación de la jueza Afiuni, asegurando que ésta es una “prisionera de conciencia”16.

El 05.06.12 se conoció que el abogado de la jueza Afiuni, José Amalio Graterol, fue de-tenido por orden del tribunal 4º del circuito judicial del estado Vargas, por presuntamente negarse a asistir a una audiencia sin la pre-sencia de los acusados, lo que fue considera-

340



do como obstrucción a la justicia. Fue libe-rado bajo fianza tras ocho días de privación de libertad17. También se pronunció sobre el caso la relatora de la ONU para la indepen-dencia de jueces, fiscales y abogados, Ga-briela Knaul, quien indicó que esperaba que el juicio fuera transparente y que el estándar internacional de publicidad sea respetado18. Adicionalmente, el defensor de Afiuni indica que el tribunal disciplinario de la Inspectoría General de Tribunales trató de citar a la jueza suspendida a fin de que rindiera declaración, lo cual debió hacerse antes de su destitución, paso que fue omitido; su defensa interpreta que es una forma de tratar de enmendar las faltas en su proceso de destitución.

Finalmente, destacó la declaración de Gra-terol en la que aseguró que siete meses des-pués de estar presa en las celdas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), la jueza Afiuni fue víctima de violencia sexual. Graterol apuntó que, además del Gobierno, la ONU tiene conocimiento de este hecho19.

Los fiscales Juan Gutiérrez, Luis Abelar-do Velásquez y Bolivia Martín, encargados de denuncias de maltratos a mujeres, han escrito un documento dejando constancia de que Afiuni se ha negado a explicar las cir-cunstancias en las que habría sido violada en el penal20. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), a través de su vocera, directora de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Laila Tajaldine, indicó que “de forma amarillista y de forma intencionada Afiuni declara eso

para vender el libro”; en este sentido reveló que ni en las Naciones Unidas ni en la Corte Interamericana, Afiuni declaró que ella había sido objeto de violencia sexual21.

Más allá del concepto restringido de pre-sos políticos, PROVEA registró en el período bajo análisis varias gestiones realizadas por parte de organizaciones, colectivos y particu-lares ligados a personas privadas de libertad o exiliadas, en las que se exigió su liberación y el regreso de quienes por razones políticas se encuentran fuera del país.

Adicionalmente se solicitó que se conce-diera una amnistía a los privados de libertad, por motivos de salud o de cumplimiento de la pena impuesta por sentencia judicial. El dipu-tado Edgar Zambrano encabezó la iniciativa que lo llevó a visitar varios países donde se encuentran exiliados, realizar reuniones tanto con el Vicepresidente de la República como con la presidenta del TSJ. Solicitó además el apoyo de instituciones internacionales tales como la Organizaciòn de Estados Americanos (OEA) y la Cruz Roja Internacional. A la fecha de redacción de este informe el gobierno no se había pronunciado sobre la solicitud22.

Detenciones durante el proceso electoral

En el período de la presente investigación se efectuaron las elecciones presidenciales, en fecha 07.10.12, y los comicios regionales para escoger a los gobernadores de los 23 estados, el 16.12.12.

17. El Carabobeño, 12.06.12, pág. A-7.18. El Universal, 27.06.12, pág. 11.19. Diario La Verdad [en línea] <http://www.laverdad.com> Consulta del 23.11.12.20. Europa Press [en línea] <http:// www.europapress.es> Consulta del 29.11.12.21. Sexto Poder [en línea] <http:// www.6topoder.com> Consulta del 16.01.2013.22. PROVEA: Informe anual. Caracas, 2012.



Durante la elección presidencial se regis-traron cuatro detenciones, de las cuales tres ocurrieron en el estado Táchira. Bladimir Pé-rez, director regional del Consejo Nacional Electoral, informó de tres hechos al margen de la ley enmarcados dentro de los delitos infor-máticos; dos por suplantación de identidad y otro por rompimiento de papeleta electoral23. No se identificó a las personas detenidas. Des-tacó el caso del periodista argentino Jorge La-nata en el aeropuerto de Maiquetía, quien se encontraba en el lugar a la espera de abordar un avión para regresar a Buenos Aires después de haber cubierto las elecciones presidenciales de Venezuela. Al respecto la Sociedad Intera-mericana de Prensa (SIP) indicó que Lanata, quien también habría sido abordado por fun-cionarios de inteligencia venezolanos al ingre-sar al país, fue interrogado, acusado de “espio-naje” e incomunicado durante unas dos horas. El comunicador denunció que los agentes de seguridad le “borraron todo el material perio-dístico”, a él y a su equipo24.

Por su parte, en el proceso de elección de gobernadoras y gobernadores del 16.12.12 se registraron 19 personas detenidas por las auto-ridades, de las cuales en seis casos las deten-ciones se mantuvieron. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mayor general Wilmer Barrientos, detalló los casos:

en el estado Guárico, Juan OJEDA fue detenido por efectuar disparos al aire y acti-var una bomba lacrimógena contra efectivos militares. En Lagunillas, estado Zulia, Danilo DUARTE LÓPEZ fue aprehendido por ma-nipular el voto del ciudadano Freddy Suárez.

Asimismo en Maracaibo, Marta Cecilia DEL-GADO fue detenida por uso de cédula falsa en el centro de votación. En San Félix, estado Bolívar, Alexander HERRERA SALAZAR fue aprehendido por forcejear con un funcio-nario del CNE al momento de la aplicación de tinta indeleble, derramando la misma e inva-lidando un cuaderno electoral. Por último, en Baruta, estado Miranda, María Elia GARCÍA rompió la boleta electoral emitida por la má-quina de votación25.

Patrones discriminatorios de género y sociales en cuanto a las prácticas de controles de identidad y detenciones arbitrarias

El artículo 21 de la CRBV establece: “To-das las personas son iguales ante la ley…” y en su aparte 1: “No se permitirán discrimina-ciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social…”

No existe reconocimiento estatal respec-to a la existencia de controles de identidad y prácticas arbitrarias que atenten contra el de-recho a la libertad de personas en situación de vulnerabilidad, tal como las y los miembros de la comunidad Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros e Intersexuales (GLBTTI), que en los “procedimientos poli-ciales” representan parte de la cifra oculta que desconoce la opinión pública26.

Miembros de la comunidad GLBTI han denunciado reiteradamente casos de discrimi-nación perpetrados por organismos de segu-ridad del Estado en el marco de detenciones. Durante el período que cubre el presente regis-tro se denunció la detención de cuatro perso-

23. Diario La Nación [en línea] <http://www.lanacion.com.ve> Consulta del 12.12.12.24. El Universal [en línea] <http://www.eud.com> Consulta del 09.10.12.25. Diario Panorama [en línea] <http://www.panorama.com.ve/> Consulta del 16.12.12.26. PROVEA: Informe anual 2009-2010. Caracas, 2010.

342



nas transgénero mientras el CICPC realizaba investigaciones sobre la muerte de una per-sona en situación de calle, ocurrida en Plaza Venezuela, Caracas.

Funcionarios de este cuerpo de inves-tigaciones realizaron un operativo en las avenidas Libertador y Casanova de Caracas, buscando a quienes presuntamente come-tieron el delito de homicidio contra Martín FIGUEROA, de 30 años, quien fue captado por las cámaras de seguridad de un edificio. Los detectives detuvieron a unos 25 transgé-neros. Por los videos identificaron a cuatro de los presuntos homicidas. Se dijo que el resto del grupo trató de rescatarlos, gene-rando una riña en la sede del eje central de Homicidios del CICPC, en El Paraíso.

La ONG Venezuela Diversa y la Red de Apoyo denunciaron en la Defensoría del Pue-blo y en la Fiscalía General de la República que los detenidos fueron agredidos27.

Desapariciones forzadasSegún la Declaración sobre la Protección

de todas las Personas contra las Desaparicio-nes Forzadas (ONU, 1992), como conjunto de principios que deben ser aplicados por to-dos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamen-tales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en

nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”28.

Durante el lapso se produjeron 15 des-apariciones forzadas. Dicha cifra constituye 5,76% del total de violaciones a la libertad registradas en el período 2012 y un aumento de 33% de las denuncias en este patrón con re-lación al lapso anterior, cuando se registraron diez víctimas. Destaca la situación respecto a desapariciones en el estado Bolívar, donde en-tre 2000 y 2013 se han registrado cien desapa-riciones forzadas, todas documentadas por la Inspectoría General de Tribunales y remitidas por la Defensoría del Pueblo de ese estado29–información dada a conocer por intermedio de María Olga Nunes, representante de la Inspec-toría de Tribunales, en julio de 201230.

Del mismo modo, entre los casos desta-cados en el período que cubre el presente in-forme se cuenta el de Joan GÓMEZ, quien según testigos fue presuntamente detenido en un operativo realizado por el CICPC y el SEBIN el 15.02.12 cuando se trasladaba a Las Acacias, municipio Libertador, Caracas, a reunirse con unos amigos, sin que volviera a saberse de él31.

Del período anterior persiste el caso que documentara PROVEA32 en el que resultaron afectados los jóvenes Oscarly DE ÁVILA, Yera HERRERA, Jhon Alexander RIVAS y

27. Últimas Noticias [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve> Consulta del 27.10.12. 28. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS

HUMANOS: Desapariciones forzadas o involuntarias. Nueva York, 2009.29. Este dato indicaría el mayor número de desapariciones forzadas de las cuales tengamos conocimiento en

cualquier otro lugar del país.30. Correo del Caroní, 12.07.12, pág. B-1.31. Últimas Noticias, 21.02.12, pág. 25.32. PROVEA: Informe anual 2009-2010. Caracas 2010.



Liberkey FIGUERA33, quienes desaparecie-ron en Palo Verde, municipio Sucre del es-tado Miranda, el 13.05.09, tras ser detenidos por presuntos funcionarios del CICPC. Han transcurrido cuatro años desde que los jóve-nes fueron vistos con vida.

Situación en calabozos y retenes policiales

En el período bajo análisis se registraron nueve casos de violaciones a los derechos humanos en centros de detención provisoria o preventiva y se generaron 611 víctimas, atribuibles al retardo procesal en el sistema judicial venezolano, al incumplimiento de las autoridades administrativas y judiciales de su obligación de tramitar las causas dentro del período de 48 horas establecido en el artículo 44.1 de la CRBV, en concordancia con lo pre-visto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

En los supuestos de detención en virtud de orden judicial o en estado de flagrancia, el detenido debe ser llevado ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención.

La finalidad del plazo de 48 horas que prevén las normas citadas es permitir que la autoridad judicial examine en un plazo breve, de acuerdo a las circunstancias del caso espe-cífico, la legalidad y licitud de la detención, y en consecuencia determine si decide mantener la medida privativa de libertad, otorgar una medida cautelar sustitutiva a ésta, o si por el contrario procede a decretar la libertad plena e inmediata del aprehendido.

Las cifras contabilizadas en el período 2012 indican un aumento de 33% en la canti-dad de víctimas registradas en situaciones de violación de derechos dentro de calabozos y retenes policiales.

En el período bajo estudio destaca la si-tuación de hacinamiento en calabozos de Po-lilara, donde aproximadamente 432 personas detenidas no son aceptadas en la prisión de Uribana, presuntamente por haber sido dete-nidas por un gobierno opositor (el gobernador del Estado ha manifestado una posición políti-ca contraria a la del presidente Hugo Chávez). Marisol De Gouveia, comandante de Polilara, informó que ya se han registrado dos muertes violentas, riñas, fugas y motines, y denuncia que la situación en estos calabozos es crítica, las celdas no llenan los requisitos mínimos de habitabilidad según inspecciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos del municipio Iri-barren, Protección Civil, Sanidad y una comi-sión nacional de fiscales y la Fiscalía 13ª con competencia en asuntos penitenciarios34.

También destaca el caso de hacinamiento en los calabozos de la Policía del municipio Sotillo, donde la población penal supera en 320% al personal de guardia y custodia, se-gún Jairo Deonice, director de este cuerpo policial, quien además se declaró en emer-gencia tras la fuga de un detenido el 08.12.12, indicando que el personal policial que allí presta servicio no está capacitado en mate-ria penitenciaria y que existen 168 personas detenidas en su sede, superando al personal que se encarga de custodiarlas. Con esta fuga son seis las que se contabilizan; previamente

33. PROVEA hizo público por primera vez este caso en 2010 y la mención en el presente período obedece al necesario seguimiento que requiere, considerando la ausencia de respuesta institucional.

34. El Impulso, 12.05.12, pág. B-8.

344



se fugaron Machis Mata Rayzon (18), dete-nido por secuestro y porte ilícito de arma de fuego; Luis Maigue Cortez Moraima (23), detenido por robo y porte ilegal de pistola, y Efrén Gregorio Clavijo Figueroa (20), por homicidio calificado35.

El derecho a la libertad personal analizado a la luz de las cifras emanadas del Ministerio Público

La Fiscalía General de la República, du-rante el período analizado, publicó nuevamen-te su informe anual a la Asamblea Nacional (AN), en el cual difunde las cifras de ingresos y egresos de personas detenidas, lo que cons-

tituye un aporte positivo a los fines de ampliar las perspectivas del derecho analizado en el presente informe.

Respecto a la cantidad de aprehensiones realizadas, se registraron 31 procedimientos relacionados con derechos fundamentales, lo que representa 0,04% del total de aprehensio-nes registradas.

El informe del Ministerio Público indica también que realizaron 78.165 imputaciones durante el período que cubre el presente infor-me, de las cuales 1.300 corresponden a casos en los que se trataba de presuntas violaciones de DDHH36.

35. Nueva Prensa de Oriente [en línea] <www.nuevaprensa.web.ve> Consulta del 09.12.12.36. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Informe Anual 2012.



Derecho a la manifestación pacífica

Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifes-tar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley.

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regula-rá la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público


346





Durante el período que cubre el presente in-forme, enero-diciembre 2012, PROVEA registró 3.986 manifestaciones, 3.925 de

carácter pacífico y 61 con características violen-tas. El cierre de calle fue la modalidad de pro-testa que más empleó la sociedad venezolana para exigir sus derechos, en esta oportunidad se presentaron 1.593 casos, 41% de todas las protestas pacíficas. Por otra parte, continúa la ra-dicalización de la lucha social con características pacíficas, al registrarse 116 huelgas de hambre.

Las 3.986 protestas reportadas en 2012 están por encima del promedio anual registrado en los últimos seis años, equivalente a 2.579 protestas1.

El aumento de la protesta en Venezuela tie-ne dos características claves: a) exigencia de mejoras en la gestión de gobierno; b) reconoci-miento del derecho humano a la manifestación pacífica como un valor de democracia y partici-pación popular. En 2012 se mantiene la política estatal de criminalización de las personas que participan en manifestaciones públicas, paros o huelgas laborales, pero en índices más bajos.

Manifestaciones pacíficas reprimidasDe enero a diciembre de 2012 PROVEA

registró 3.925 manifestaciones de carácter pacífico. 69 fueron reprimidas, impedidas u obstaculizadas por organismos de seguridad del Estado. Esta cifra representa una disminu-ción considerable, más de 50%, si empleamos como referencia el último informe publicado por PROVEA que dio cuenta de 1342.

PROVEA reconoce como positiva la reduc-ción en las acciones represivas de los cuerpos de seguridad del Estado. Reitera la necesidad de erradicar todo tipo de prácticas violentas de la fuerza pública contra los manifestantes, en consonancia con la Constitución de la Repú-blica Bolivariana de Venezuela (CRBV) y con el ordenamiento jurídico internacional.

En este período se registró la muerte de una persona por la acción de la fuerza pública en el marco de manifestaciones3. PROVEA exige a las autoridades gubernamentales resguardar la vida de quienes participan en manifestacio-

1. Ver PROVEA: Situación de los derechos humanos en Venezuela. Informe anual octubre 2010-septiembre 2011. Caracas, 2011. Pág. 339.

2. Ver PROVEA: Op. cit., pág. 340. 3. El 13.03.12 fue arrollado por una grúa de la Policía del Estado Aragua (Poliaragua), Julio César SARMIENTO (42).

Sarmiento observaba a un grupo de manifestantes que protestaban de manera pacífica en rechazo a la detención del vicepresidente de la Junta Regional de Primarias de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), José Alejandro Clavijo, quien fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de Poliaragua en las adyacencias del sector El Limón, en Maracay. Clavijo tenía bajo resguardo en su vehículo un conjunto de ac-tas con los resultados de las elecciones primarias realizadas el domingo 12.02.12. La protesta pacífica fue reprimida con sustancias tóxicas y perdigones. Testimonios recabados por la prensa indican que en ese momento efectivos de Poliaragua intentaron remolcar con una grúa el vehículo de Clavijo. Sarmiento fue arrollado por la grúa, y horas después falleció en el Hospital Central de Maracay (HCM). Según información oficial difundida en el sitio de in-ternet del Ministerio Publico –http://www.ministeriopublico.gob.ve–, el 23.03.12 “el Ministerio Público acusó al jefe de servicios generales de la Policía del Estado Aragua, Félix Regalado (43), quien habría sido el conductor de la grúa que arrolló a Julio César Sarmiento (42). La víctima era estudiante de Gestión Ambiental en la sede regional de la Universidad Bolivariana de Vene-zuela. Las fiscales 4° y 6° de esa jurisdicción, Yoli Torres y Morelblan Torrealba, respectivamente, acusaron a Regalado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en el Código Penal. En el escrito presentado ante el Tribunal 6° de Control del estado Aragua, las fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el pase a juicio del hombre y que se mantenga la medida privativa de libertad para el funcionario, quien se encuentra recluido en la sede de la policía regional, ubicada en el municipio Girardot. De acuerdo con la investigación, el citado día, Sarmiento Macías se trasladaba en bicicleta por la vía que lleva a Ocumare de la Costa, cuando fue arrollado por una grúa presuntamente conducida por el funcionario. El 16 de febrero, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Regalado, por lo que al día siguiente el funcionario se presentó ante la Fiscalía 6ª del estado Aragua”.

348



nes e implementar las medidas adecuadas para garantizar que particulares no obstaculicen o atenten contra la integridad física de los mani-festantes. La legislación venezolana es precisa al afirmar que los cuerpos de seguridad deben establecer y aplicar mecanismos de control ciudadano, para garantizar la integridad de manifestantes y terceros4.

Siguen registrándose violaciones al dere-cho a la integridad personal en el ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente, detectán-dose al menos 195 personas lesionadas5 con heridas de perdigones, golpes, asfixia por sus-tancias tóxicas y otros tratos crueles, inhuma-nos o degradantes.

Estas cifras evidencian una disminución, si empleamos como referencia el último informe anual publicado por PROVEA, que en 12 me-ses registró 273 afectados6.

PROVEA recuerda que el uso de armas de fuego por parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad en manifestaciones está prohibi-do constitucionalmente, salvo en caso de legí-tima defensa o de la defensa del derecho a la vida de un tercero7.

El 26.01.12 damnificados del refugio de la Torre El Chorro, en la avenida Universidad de Caracas, realizaron una protesta pacífica desde

las 5:30 am para exigir mejoras de los servi-cios básicos en la edificación. El refugio de 16 pisos alberga a 300 familias. Los vecinos in-formaron a medios gubernamentales que “en la estructura hay muchos adultos mayores, a quienes se les dificulta subir las escaleras, de siete ascensores sólo funcionan dos. Los duc-tos de aire acondicionado están averiados y la fibra de vidrio que los rellena se dispersa; esta situación produce enfermedades respiratorias en los más pequeños. Los desechos permane-cen en bolsas acumuladas en los techos de la planta baja porque los camiones recolectores tardan en pasar por la zona”8.

Funcionarios de la Policía Nacional Bo-livariana (PNB) se presentaron al lugar de la protesta y reprimieron a los manifestantes con perdigones, golpes y gases lacrimógenos, dejando un saldo de dos heridos. Los vecinos respondieron a la acción policial lanzando ob-jetos contundentes desde los pisos superiores del refugio. La situación requirió la presencia ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami. El funcionario se reunió con los voceros de los diferentes pisos y conversaron durante más de dos horas. Acordaron una revisión de los protocolos de entrega de viviendas y la posibi-lidad de acelerar los procesos de adjudicación.

4. Durante la gestión del presidente Chávez no se registraron muertes de personas en el contexto de mani-festaciones pacíficas, en los períodos 2006-2007, 2004-2005 y 1999-2000.

5. A diferencia del capítulo Derecho a la integridad personal, los casos contabilizados incluyen personas cuyo nombre y apellido no han sido identificados. Sin embargo, el número ha sido el objeto y el resultado de un cruce científico de diversas fuentes de información.

6. Ver PROVEA: Op. cit., pág. 340.7. Art. 68, CRBV: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin

otro requisito que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

8. Correo del Orinoco [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/refugiados-cerraron-avenida-universidad-por-mas-12-horas//> Consulta del 15.02.12.



Las violaciones al derecho a la libertad personal en 2012 sumaron 269. Una disminu-ción de más de 30% si empleamos como refe-rencia el último informe publicado por PRO-VEA, que reportó 399 afectados9.

El 03.12.12 fueron detenidos cinco sindi-calistas que participaban en una protesta con un grupo de trabajadores de Galletera Carabobo en la Autopista Regional del Centro, en el estado Carabobo. Los manifestantes rechazaban el fa-llo de un tribunal que dejó sin efecto la huel-ga laboral que realizaban desde hacía 91 días. Efectivos de la GNB llegaron al lugar para dispersar la manifestación y llevaron detenidos a los dirigentes sindicales identificados como Marcela MÁSPERO, Julio POLANCO, Edgar JIMÉNEZ, José GUILLÉN y Roberto YÉPEZ. Los detenidos denunciaron que fueron maltra-tados y golpeados por los guardias nacionales. “Luego de la represión (…) fueron trasladados al Comando ubicado en el Penal de Tocuyito, en donde fueron vejados, maltratados e inclu-so incomunicados. Allí los retuvieron todo el día hasta que fueron trasladados a la sede del Ministerio Público de Valencia, en donde los imputaron por ‘delitos’ de obstrucción de la vía pública, destrucción de bienes nacionales y agresión a funcionarios (guardias naciona-les)”10. En horas de la noche fueron liberados11.

Desde hace cinco años12 PROVEA ha ve-nido denunciando la solicitud de permisos

para realizar manifestaciones pacíficas, por parte de autoridades civiles, militares y po-liciales. Recuerda que, de conformidad con el artículo 68 de la CRBV, para ejercer este derecho humano no es necesario pedir auto-rización, sino notificar a las autoridades civi-les por medio de un proceso administrativo a fin de que los organismos correspondientes adopten las medidas adecuadas para garanti-zar la seguridad de manifestantes y terceros y así evitar situaciones que puedan afectar a la población.

En 2012 los vecinos fueron reprimidos 31 veces, 45% del total de acciones reprimidas u obstaculizadas.

El 08.03.12 funcionarios de la GNB re-primieron a un grupo de vecinos que realiza-ba un cierre de calle pacífico en horas de la madrugada en la urbanización Nuestra Se-ñora de Guadalupe, en la carretera nacional La Raiza, en la vía a Santa Teresa del Tuy, estado Miranda. Los manifestantes informa-ron a medios de comunicación que salieron a la calle “a oponerse a la consignación arbi-traria de 216 apartamentos a damnificados de Caracas. La represión duró varias horas durante la noche y madrugada por parte de los guardias nacionales, quienes actuaron con bombas lacrimógenas y perdigones. En los disturbios hubo varios detenidos y algu-nas viviendas sufrieron daños”13.

9. Ver PROVEA: Op. cit., pág. 341.10. Aporrea.org: Marea Socialista del Estado Carabobo condena detención de dirigentes sindicales [en línea] <http://

www.aporrea.org/trabajadores/n219383.html> Consulta del 05.12.12.11. Quedaron amparados bajo el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece: “Las disposicio-

nes de este Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, sólo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta”.

12. Ver PROVEA: Op. cit., pág. 341.13. El Universal: Reprimida manifestación en los Valles del Tuy [en línea] <http://www.eluniversal.com/cara-

cas/120308/reprimida-manifestacion-en-santa-teresa-del-tuy> Consulta del 03.02.13.

350



El segundo actor social más reprimido son los estudiantes, a quienes su derecho a la ma-nifestación pacífica les fue vulnerado en 11 oportunidades, representando 16% del total de acciones reprimidas u obstaculizadas.

El 24.05.12 estudiantes de la Escuela Técni-ca Comercial Pedro Curiel, ubicada en la aveni-da Manaure de Coro, estado Falcón, realizaron una protesta para “denunciar irregularidades en el programa de alimentación escolar (PAE), obras inconclusas, problemas con aguas ser-vidas, y exigir la renuncia de la directora de la institución (…) la protesta se tornó violenta (…) por la intervención de la Unidad de Con-trol de Manifestaciones y Reuniones de la Po-licía de Falcón, quienes con equipos antimoti-nes lanzaron gases lacrimógenos y perdigones para dispersar la protesta. Nueve detenidos, dos heridos y seis carros afectados son las con-secuencias de la protesta”14.

Los trabajadores se ubican como el tercer actor afectado por la represión de los organis-mos de seguridad en estos 12 meses, con siete vulneraciones, equivalente a 10% del total de protestas reprimidas u obstaculizadas.

El 19.12.12 trabajadores de la Gran Mi-sión Vivienda Venezuela (GMVV) de Ciudad Tiuna se trasladaron hasta la Vicepresidencia de la República en Caracas para solicitar en audiencia el pago de dos meses del bono de alimentación, becas estudiantiles, incorpora-ción al seguro social y además, denunciar que

la obra está parada desde hace cuatro meses, según aseguraron. Los obreros “fueron recibi-dos por funcionarios de la PNB con bombas lacrimógenas y perdigones”. La acción vio-lenta de los policías dejó un saldo de varios manifestantes heridos15.

Otros grupos afectados por la represión, con menor incidencia cuantitativa: transportis-tas (6); reclusos y sus familiares (5); trabaja-dores de la economía informal (2); comercian-tes (1); docentes (1); exfuncionarios policiales (1); jubilados y pensionados (1), y opositores al gobierno (1).

En cuanto a la responsabilidad de los orga-nismos de seguridad que reprimieron las ma-nifestaciones pacíficas se presentó la siguiente distribución:

Entre los organismos de seguridad del Es-tado dependientes del Poder Central sobresale una vez más, en primer lugar y por décimo año consecutivo, la GNB, con 21 acciones repre-sivas que representan 30% de la totalidad16. Reiteramos la denuncia hecha en cada informe desde 2002 hacia este componente de la Fuer-za Armada Nacional Bolivariana (FANB), por liderar la represión de las protestas17. Cabe destacar que el artículo 332 de la CRBV18 establece la existencia de un órgano civil de seguridad ciudadana, y no de un componente militar, para realizar actividades de control del orden público cuando las personas ejercen su derecho a la protesta pacífica.

14. Noti Falcón: 9 detenidos deja protesta estudiantil en Coro [en línea] <http://www.notifalcon.com/web4/?p=46944> Consulta del 03.02.12.

15. Últimas Noticias: Fotos: Dispersan protesta de obreros de la Misión Vivienda [en línea] <http://www.ultimas-noticias.com.ve/noticias/ciudad/parroquias/fotos-dispersan-protesta-de-obreros-de-la-mision-v.aspx> Consulta del 03.02.12.

16. Ver PROVEA: Informe anual 2000-2011: Historial de represión de los cuerpos de seguridad.17. Ver PROVEA: Op. cit., pág. 343.18. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 1999. Artículo 332.



La PNB19 registra la represión de nueve protestas pacíficas (13%). Desde 2010 este cuerpo de seguridad cumple las funciones de control de orden público que realizaba la des-aparecida Policía Metropolitana (PM).

Las policías estadales reprimieron o im-pidieron 28 manifestaciones pacíficas (41%) y las municipales actuaron en la represión de ocho (12%), ambas en acciones individuales o en operativos conjuntos con otros cuerpos de seguridad.

PROVEA valora y reconoce los esfuerzos gubernamentales en el diseño de una políti-ca democrática de control del orden públi-co. Específicamente con la aprobación de las “Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos políticos te-rritoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. Publi-cadas en Gaceta Oficial Nº 39.65720.

Criminalización de la protesta social

PROVEA reitera que desde 2004 el Estado venezolano viene implementando un articula-do jurídico para criminalizar la protesta pací-fica. En este período se mantiene la denuncia sobre la política del Estado para obstaculizar las luchas sociales a través de procedimientos judiciales, principalmente juicios penales aun-que e proporción menor.

Las organizaciones defensoras de de-rechos humanos HOMO ET NATURA y PROVEA fueron afectadas por esta política estatal, luego de acompañar –en 2010– a in-tegrantes de la etnia Yukpa en una protesta pacífica en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas. Las ONG fueron acusadas de exponer a un grupo de niños durante la protesta21.

El 13.08.12 fueron detenidos cinco traba-jadores del sector construcción en el Fuerte Militar Murachí, estado Táchira. Los deteni-dos laboran en la empresa Xocobeo, contra-tada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat para la construcción de unidades habitacio-nales en el Fuerte. Exigían pago del bono de alimentación, así como el registro en el Segu-ro Social, el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, el bono de transporte y sueldos caídos. Los trabajadores fueron imputados por el Circuito Judicial Penal Militar del Tribunal Militar Undécimo de Control y luego fueron trasladados a la cárcel de Santa Ana, estado

19. Para profundizar sobre el funcionamiento de la PNB se sugiere ver el capítulo “Derecho a la seguridad ciudadana” en este mismo informe.

20. Gaceta Oficial Nº 39.657 [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/gaceta/gacetaoficial.asp> Consulta del 03.02.12.

21. Se sugiere consultar el sitio de internet de PROVEA <http://www.derechos.org.ve/?s=juicio+provea> para acceder a documentos sobre el caso.

Cuerpo Acciones % represivas

Policías Estadales 28 41

Guardia Nacional Bolivariana 21 30

Policía Nacional Bolivariana 9 13

Policías Municipales 8 12

Sin identificar 3 4

Total 69 100Fuente: Elaboración propia con la base de datos de Espacio Público-Provea.

Cuadro N° 1Cuerpos de seguridad

2012

352



Táchira. Los delitos que se les imputaron fue-ron: ultraje al centinela y ultraje a las Fuerzas Armadas (artículos 502 y 505 del Código Or-gánico de Justicia Militar) y violación de zona de seguridad, establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación22.

PROVEA ratifica que con esta política se “pretende calificar como conspiradora toda protesta pues ello convierte en sospechoso de conspiración a todo aquel que manifiesta. El incremento de las protestas es un indicador de que la gente asumió la convocatoria a ser Pro-tagónica. Y una forma de ejercer ese protago-nismo es reclamando los derechos que conside-ra le corresponden y que están garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los tratados y convenios inter-nacionales en materia de derechos humanos”23.

Política de calle y sus actoresPara el lapso en estudio los vecinos tienen

la frecuencia más alta de protestas: 1.345 accio-nes, equivalente a 34% del total. El segundo lu-gar lo ocupan los trabajadores con 1.211 accio-nes de calle, equivalente a 31% del total, y en el tercer lugar se encuentran las personas privadas de libertad y sus familiares con 331 acciones (10%). Le siguen los transportistas y choferes con 278 acciones (7,08%); estudiantes de todos los niveles educativos con 250 manifestaciones (6,36%); familiares de víctimas de abusos po-liciales o militares con 120 acciones (3,05%); jubilados y pensionados con 87 (2,21%); opo-sitores al gobierno con 77 (1,96%); afectos al gobierno con 57 (1,45%); familiares de vícti-mas de la delincuencia con 46 (1,17%); campe-sinos con 32 (0,81%); adultos mayores con 19

22. PROVEA: Trabajadores bajo justicia militar [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2012/08/23/trabajado-res-bajo-justicia-militar/> Consulta del 03.02.13.

23. ESPACIO PÚBLICO-PROVEA: Informe sobre la protesta social en Venezuela [en línea] <http//:www.espacio-publico.org/> Consulta del 03.02.13.

Vecinos 1.345

Trabajadores 1.211

331

Transportistas y choferes 278

Estudiantes 250

120

Jubilados y pensionados 87

Opositores al gobierno 77

Afectos al gobierno 57

50

46

Campesinos 32

Adultos mayores 19

Indígenas 11

Activistas de derechos humanos 9

Comunidad LGBTTI 2

Total 3.925Fuente: Elaboración propia con la base de datos de Espacio Público-Provea.

Actores Acciones de protesta

Cuadro N° 2Política de calle y sus actores.

2012

Personas privadas de libertad y detenidas

Familiares de víctimas de la delincuencia

Familiares de personas privadas de libertad

Familiares de personas privadas de libertad

(0,48%); indígenas con 11 (0,28%); defensores de derechos humanos con 9 (0,22%), y comuni-dad LGBTTI con 2 acciones (0,05%).

Las protestas, sus motivaciones y características

Al igual que en el Informe Anual más reciente, las protestas por demanda de cum-plimiento de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) superaron las acciones de exigencias de derechos civiles y políticos



Venezuela (Pdvsa). En medio de la actividad, transmitida en cadena nacional, José Meléndez, secretario de organización de Sutiss, solicitó al Presidente el inicio de la discusión de contratos colectivos. Los trabajadores presentes en el au-ditorio exigieron con consignas una respuesta del Presidente, quien ordenó a sus funcionarios el inicio de la discusión de las contrataciones colectivas en Guayana. Minutos después de los reclamos públicos hechos por los trabajadores, el acto presidencial finalizó por fallas técnicas en el audio.

Las acciones de protesta por el derecho a una vivienda digna ocuparon el segundo lugar con 1.144, equivalente a 29,14% del total25.

El 23.06.12 en horas de la noche, “vecinos de Las Vegas, municipio Rómulo Gallegos, estado Cojedes, protestaron enérgicamen-te sonando cacerolazos por el mal servicio de electricidad por parte de Corpoelec. Ve-cinos, (…) trabajadores, estudiantes, todos unidos y con cacerolas en manos indicaron que no sólo los apagones ocurren hasta 15 veces en una hora, sino que ocasionan serias molestias y daños económicos a las familias. También les preocupa la inoperancia de Hi-drocentro, que los mantiene sin agua, y la in-seguridad en el municipio”26.

Con 256 acciones, las demandas por el de-recho a la educación ocuparon el tercer lugar al alcanzar 7% del total.

24. El Tiempo: Trabajadores de Sidor “arrinconaron” a Chávez en Caruachi por deuda contractual [en línea] <http://eltiempo.com.ve/venezuela/gobierno/trabajadores-de-sidor-arrinconaron-a-chavez-en-caruachi-por-deuda-contractual/62624> Consulta del 03.02.13.

25. Desde 2010 las ocupaciones pacíficas de inmuebles abandonados se contabilizan como una expresión de protesta, en tanto que esta acción es realizada por los vecinos para expresar su descontento y exigir mejores condiciones habitacionales.

26. Las Noticias de Cojedes: Vecinos sonaron cacerolazos por mal servicio de CORPOELEC [en línea] < <http://www.lasnoticiasdecojedes.com/noticias/regionales/vecinos-sonaron-qcacerolazosq-por-mal-servicio-de-corpoelec> Consulta del 03.02.13.

(DCP). El equipo de monitoreo de PROVEA registró 2.970 manifestaciones por DESC, equivalentes a 76% del total. Por otra parte, las demandas por DCP fueron 955, 24% de la totalidad.

Período DESC % DCP %

2012 2.970 76 955 24Fuente: Elaboración propia con la base de datos de Espacio Público-Provea.

Cuadro N°3Las protestas y sus motivaciones

Exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

En este período se registraron 2.970 mani-festaciones en exigencia del cumplimiento de DESC, equivalentes a 76% del total general.

Las demandas por derechos laborales ocu-pan el primer lugar con 1.392 protestas, co-rrespondientes a 35,46% del total general.

Como un ejemplo de las exigencias de DESC, el 20.08.12 el presidente Hugo Chávez, candidato a la reelección presidencial, acudió a un acto con su estado mayor de gobierno en el auditorio de la Represa Francisco de Miranda (Caruachi), en el estado Bolívar, al que asistie-ron los presidentes de las empresas básicas, una selecta dirigencia gremial conformada princi-palmente por el Sindicato Único de Trabajado-res de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), empleados de Sidor y de Petróleos de

354



El 23.10.12 “transportistas trancaron los accesos a El Hatillo, estado Miranda, por cin-co horas para protestar por la inseguridad. Los transportistas trancaron la avenida prin-cipal de La Trinidad, La Tahona, Los Naran-jos, La Boyera, Alto Hatillo y Oripoto. Trata-ron de cerrar desde Plaza Las Américas, pero hubo vecinos que intentaron quemarles los vehículos. Pasadas las 9:00 am, conductores de varias líneas, en apoyo a los manifestantes, trancaron la avenida principal de La Trinidad. Los manifestantes dijeron que hay secuestros y robos. Conductores y pasajeros son víctimas de delitos en el terminal de la línea de buses. Los autobuses son escoltados por motos para que los delincuentes que cometen robos en esas unidades escapen con el botín.

Minutos después de iniciarse la tranca llegó un contingente de la Guardia Nacional al mando del teniente Yánez con equipos anti-motín. Edgar Barrientos, viceministro del Sis-tema Integrado de Policía; Gustavo Rosario, director del Servicio Policial de Relaciones Interiores y Justicia; la alcaldesa Miriam Do Nacimento; Rubén Terán, director de Poliha-tillo; Luis Karabin, subdirector del CICPC; funcionarios de la GNB, taxistas y consejos comunales se reunieron en el anfiteatro de El Hatillo. A la salida de la reunión Barrientos anunció la intervención de Polihatillo en pri-mer grado y primer escalón. Se trata de una asistencia técnica para que se adecue al nue-vo sistema de policía. Se acordó designar a un coronel de la GNB que coordinará a los cuerpos de seguridad que están en El Hatillo. En días específicos habrá patrullaje de Poli-

27. Últimas Noticias: Estudiantes protestan porque tienen un mes sin clases [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/parroquias/estudiantes-protestan-porque-tienen-un-mes-sin-cla.aspx> Consulta del 10. 01.13.

28. Se sugiere consultar el capítulo Derecho a la seguridad ciudadana, en este mismo informe.

EL 26.04.12 estudiantes del liceo Carlos Soublette, ubicado en San Bernardino, Ca-racas, se concentraron en las inmediaciones del “Ministerio de Educación, protestando porque desde hace un mes no reciben clases, debido al colapso del tubo de agua matriz. Los jóvenes, con sus uniformes de bachille-rato, se apostaron con pitos y pancartas para exigirle a la ministra de Educación, Maryan Hanson, que acelere la reparación del tubo matriz de agua potable, el cual colapsó cau-sando daños a la infraestructura del plantel y, en consecuencia, desde hace un mes se mantienen suspendidas las clases. Los alum-nos estaban acompañados de padres y repre-sentantes. La concentración surgió luego de una asamblea. Este colegio tiene una matrí-cula cercana los 500 alumnos. Tiene casi 60 años funcionando”27.

Le siguen las exigencias por el derecho a la seguridad social, 84 (2,14%); derecho a la salud, 29 (0,73%); derecho a un ambiente sano, 28 (0,71%), y derecho a la alimentación, 10 (0,25%).

Exigibilidad de los derechos civiles y políticos

Se registraron 955 protestas por demandas relacionadas con los DCP, equivalente a 24% del total general. Las protestas para exigir la garantía del derecho a la seguridad ciudada-na, se ubican en la primera posición con 403 acciones, 10,26% del total general. El Estado continúa sin establecer o aplicar una política adecuada para detener los altos índices delicti-vos que se registran en el país28.



nacional. Los lunes se reunirán en el anfitea-tro a las 8:00 pm para hacer seguimiento a las medidas tomadas ayer. 37 taxistas y transpor-tistas han sido asesinados en la Gran Cara-cas en los 9 meses y 23 días transcurridos de 2012, lo que ha motivado protestas”29.

Las protestas por derechos de las personas privadas libertad ocupan el segundo lugar, con 383 (9,75%).

El 06.03.12 familiares de los internos de la cárcel de La Planta se, congregaron en las afueras del centro penitenciario e iniciaron una protesta para exigir a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para los Servi-cios Penitenciarios (MPPSP), que atienda las exigencias de la población reclusa, pues ase-guran que el retardo procesal se agudizó desde septiembre del año pasado.

Por ello, trancaron la avenida Páez de El Paraíso y la autopista Francisco Fajardo (sen-tido Caricuao-Centro), pues no han recibido respuesta de la ministra Iris Varela, quien ha-bía prometido en julio del año pasado, cuando asumió las riendas del ministerio, que acabaría con el retardo procesal.

Voceras de los internos dijeron que des-de el jueves están de brazos caídos y que mantienen el control del penal. No han re-cibido visitas.

Funcionarios de la PNB reprimieron la protesta, dejando un saldo de dos mujeres he-ridas en los brazos por perdigones30.

Le siguen 79 protestas relacionadas con el derecho a la propiedad privada (2%);

por el derecho a la participación política, 67 (1,70%), y 10 acciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión (0,25%). Menor peso cuantitativo tuvieron las siguientes: por el derecho a la libertad personal, 8 (0,20%); derecho a la vida, 3 (0,07%); por derechos sexuales, 2 (0,05%) y por el derecho a la manifestación pacífica, 1 (0,02%).

La protesta de calle y su repertorio

El cierre de calle fue el repertorio de lucha mayormente empleado por la sociedad vene-zolana para demandar sus derechos. En 2012 se registraron 1.593 (40,58%).

Las concentraciones se ubicaron en el se-gundo lugar, con 1.285 eventos (32,73%).

En los últimos dos Informes Anuales pu-blicados por PROVEA se destacó el incre-mento cuantitativo de las concentraciones, en comparación con los cierres de calle y otras formas de protesta pacífica31. Esa va-riación fue atribuida -entre otros aspectos- al comportamiento de los manifestantes, que emplearon formas de protesta con menos exposición ante la fuerza pública, incluso se afirmó que esta conducta podía ser una de las causas de la disminución en los índices de protestas reprimidas, impedidas u obstaculi-zadas. Sin embargo, para 2012 observamos que los cierres de calle destacan en el primer lugar, y también llama la atención una dis-minución considerable en la represión de las protestas y detención de manifestantes. Por otra parte, las protestas violentas mantienen

29. El Nacional: Por 5 horas estuvieron cerrados los accesos al Hatillo [en línea] <http://www.el-nacional.com/suce-sos/horas-cerrados-accesos-Hatillo_0_68393286.html> Consulta del 10.01.13.

30. El Universal: Familiares de reclusos de la planta protestan trancando calles [en línea] <http://www.eluniversal.com/sucesos/120307/familiares-de-reclusos-de-la-planta-protestan-trancando-calles> Consulta del 11.01.13.

31. Se sugiere consultar los Informes Anuales de los períodos correspondientes.

356



32. Sugerimos ver Informes Anuales de PROVEA de los períodos correspondientes.33. Aporrea.org: Universitarios protestan violentamente en Carora incitados por una emisora de radio [en línea] <http://

www.aporrea.org/regionales/n208676.html> Consulta del 15.01.13.

Repertorio N° de protestas

Cierres de calle y avenida 1.593

Concentración 1.285

Toma de establecimiento 305

Paro 196

Marcha 189

Huelga de hambre 116

Encadenamiento 52

Caravanas 26

Vigilia 21

Otros 142

Total 3.925Fuente: Elaboración propia con la base de datos de Espacio Público-Provea.

Cuadro N° 4La protesta de calle y su repertorio.

2012

su tendencia hacia la disminución. Este resul-tado permitiría inferir que durante 2012 los cuerpos de seguridad mejoraron su accionar frente a los manifestantes.

En la tercera posición se ubica la toma de establecimientos con 305 (8,22%); le siguen los paros laborales con 196 (4,99%); marchas, 189 (4,81%); 116 huelgas de hambre (2,95%); 52 encadenamientos (1,32%); caravanas, 26 (0,66%); 21 vigilias (0,53%), y otras expre-siones con menor relevancia cuantitativa que sumadas llegan a 142 (3,61%).

El 29.06.12 un grupo de estudiantes uni-versitarios de los núcleos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEX-PO) y la Universidad Centrooccidental Lisan-dro Alvarado (UCLA) de Carora, estado Lara, protestaron violentamente contra la escasez de agua en el municipio Torres, prendieron cau-chos en la alcaldía e incluso lanzaron gasolina al techo de la sede del poder municipal. Los jóvenes, apoyados por los grupos Mujeres por la Paz y Carora es de Todos, incitaban a los estudiantes a quemar la sede de la alcaldía. Empleados municipales recuperaron la alcal-día, donde lograron retener a un sujeto en el techo; éste manifestó encontrarse en la protes-ta porque un funcionario de la Gobernación les aseguró que les pagaría.

Sectores de Carora llevan semanas sin agua, pues Hidrolara y la Gobernación han demostrado ineficiencia en la distribución del agua, en especial en los sectores populares. El alcalde Edgar Carrasco ha manifestado que el Ministerio del Ambiente se encuentra abocado a la solución del problema, pero que Hidrolara debe asumir sus responsabilidades33.

Los estudiantes protagonizaron 29 protes-tas violentas (47,54%). Le siguen los privados de libertad y sus familiares con 11(18,03%); vecinos, 6 (9,83%); trabajadores, 2 (3,27%); usuarios de transporte público, 1 (1,63%) y sin información, 12 (19,67%).

Se registraron 28 cierres de calle con ca-racterísticas violentas (46%). Le siguen 10 concentraciones (16,39%); secuestro de fun-cionarios de gobierno, 9 (14,75%); quema de instalaciones gubernamentales, 4 (6,55%); 4 tomas de establecimientos (6,55%), 1 saqueo (1,6%) y 5 (8,19%) sin identificar.

Manifestaciones de carácter violento

En 2012 PROVEA registró 61 manifes-taciones de carácter violento, equivalente a 1,53% de todas las acciones de calle registra-das. La reducción de las protestas violentas es una tendencia consistente en los últimos seis años32.



Derecho a la participación

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de par-ticipar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos y elegidas. La participa-ción del pueblo en la formación, ejecución y control de la ges-tión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad fa-cilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.


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El derecho a la participación en el período eva-luado, con dos contiendas electorales muy importantes para el país, presentó notables

avances relacionados con los aspectos técnicos, logísticos y de formación por parte del órgano comicial para hacer más accesible, rápido y confiable el sufragio y el secreto del voto. Sin embargo, encontramos retrocesos sustanciales en la consolidación del principio de equidad en las contiendas electorales, con una capacidad y voluntad disminuida del Consejo Nacional Elec-toral (CNE) para solventar estas inequidades.

A su vez se aprobaron leyes vitales para la sociedad limitando la participación a entregar propuestas, sin que la Asamblea Nacional (AN) o el Ejecutivo Nacional abrieran reales espacios para el debate, lo cual generó preocupación en un sector importante del país. Por último, ob-servamos la consolidación legal, operativa y de formación político ideológica de las nuevas formas de participación para la direccionalidad en la construcción del socialismo, en un nuevo Estado denominado Comunal, de simbiosis de Poder Popular, partido de gobierno e institucio-nes gubernamentales, con la lamentable exclu-sión y discriminación política y social de otras formas previas y presentes de organización so-cial, que se insertan en el nuevo modelo estatal negado en referendo en 2007 pero edificado a través de un conjunto de leyes.

Marco legislativoLey Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT)1

En materia legislativa el presente período también estuvo afectado por la vigencia de una Ley Habilitante que otorgó 18 meses al Presi-dente de la República para legislar2. Desde el 17.12.10 hasta el 17.06.12 aprobó 54 decretos-ley3, entre ellos la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT.) Contrastando con el goce del derecho a la parti-cipación la ley, a pesar de su importancia, nunca fue publicada para conocimiento, discusión, in-corporación de propuestas, ni de forma parcial ni completa, en ningún medio de comunicación social público ni de institución estatal alguna4.

Código Orgánico Procesal Penal (COPP)El Presidente de la República por la vía ha-

bilitante aprobó el 15.06.12 el nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP) mediante de-creto con rango, valor y fuerza de ley N° 9.0425.

El principio y derecho a la participación, am-plia, democrática y protagónica fue violentado desde el momento que se aprueba por vía habili-tante6. Este nuevo COPP, en voz de organizacio-nes de derechos humanos, vulnera la participa-

1. LOTTT: Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras [en línea] <http://www.lottt.gob.ve/> Consulta del 28.01.13.

2. Durante los 14 años de gobierno del presidente Hugo Chávez se le otorgó esta facultad en cuatro opor-tunidades; por medio de éstas se aprobaron 224 leyes en su casi totalidad, sin ningún procedimiento de consulta a la población tal como lo establece la CRBV.

3. Correo del Orinoco: Gobierno Nacional aprobó 54 leyes por la vía Habilitante [en línea] <http://www.correode-lorinoco.gob.ve/politica/gobierno-nacional-ofrece-balance-leyes-aprobadas-por-via-habilitante/> Con-sulta del 16.01.03.

4. Para más información sobre la LOTTT ver en este informe el capítulo Derechos Laborales.5. Publicado en Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.078 y con vigencia a partir del 01.01.13.6. La casi totalidad de decretos ley dictados por vía habilitante se aprueban sin consulta ni publicación para

el debate y propuestas de las organizaciones sociales, la academia, gremios, profesionales, especialistas y la sociedad en su conjunto.

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ción ciudadana en la administración de justicia al eliminar la tradicional figura de los escabinos incorporada al código anterior como garante del principio de democracia política, dada la ne-cesidad de control social de la población en la administración de justicia. Ahora se incorpora a los Consejos Comunales (CC), los cuales, entre otras falencias, no obedecen al principio de par-ticipación sino de corresponsabilidad7. A su vez, elimina la posibilidad de que organizaciones de derechos humanos puedan querellarse contra empleados públicos o policías que hayan violado DDHH en el ejercicio de sus funciones, acción que sólo podrá ser emprendida por la Defensoría del Pueblo, limitando así la labor de acompañar a las víctimas a exigir justicia8.

Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales9

El 07.06.12 el CNE aprobó el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Elec-torales (LOPRE). Tiene como aspectos posi-tivos que derogó las normativas anteriores y unifica en uno solo los criterios; incorporó el

registro de encuestadoras para todos los que de-seen publicar estudios de opinión en contiendas electorales, y las innovaciones del Sistema de Autenticación Integrado (SAI)10. Sin embargo, continúan las debilidades señaladas con an-terioridad tanto por observadores nacionales como internacionales: la más grave es la amplia definición de la propaganda electoral ya que se circunscribe a “llamados a votar por deter-minada candidatura o por alguna parcialidad política”11; deja las cadenas de radio y televi-sión sin regulación en campaña electoral; el financiamiento de partidos políticos sigue ex-cluyendo el público, y la capacidad contralora y sancionadora del CNE en términos pecuniarios y con espacios temporales de gran inefectividad para corregir acciones mediatas e inmediatas12.

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo13

El 31.02.12 la AN en sesión ordinaria aprobó la Ley Orgánica Contra la Delin-cuencia Organizada y Financiamiento al

7. CDH-UCAB: Impacto del nuevo Código Orgánico Procesal Penal en derechos de procesados y privados de libertad [en línea] <http://www.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/recursos/Impacto%20del%20nuevo%20Codigo%20Or-ganico%20Procesal%20Penal.pdf> Consulta del 30.01.13.

8. El Universal: Impacto en Venezuela: ONG ya no pondrán querellarse contra violadores de DDHH [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120622/ongs-ya-no-pondran-querellarse-contra-violadores-de-ddhh> Consulta del 30.01.13.

9. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE): Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/reglamentos/Reglamento_General_LO-PRE.pdf> Consulta del 30.01.13.

10. CNE: Aprobado Reglamento General de la LOPRE [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_pren-sa/noticia_detallada.php?id=2079> Consulta del 30.01.13.

11. Reglamento LOPRE: Capítulo II. De la propaganda electoral. Artículo 202. “A los fines del presente Regla-mento se entiende como propaganda electoral, el conjunto de elementos y piezas publicitarias, difundidas y expuestas por todos los medios a su alcance, por parte de las organizaciones con fines políticos, grupos de electoras y electores, las comunidades u organizaciones indígenas, y sus candidatas y candidatos, que expresen llamados a votar por determinada candidatura o por alguna parcialidad política” (Subrayado propio)

12. LÓPEZ MAYA, Margarita y Luis Lander: Las elecciones del 7-O de 2012 en Venezuela y el debate sobre la democracia en América Latina.

13. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ): Gaceta Oficial N° 39.912 [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LeyesOrganicas/47.-GO_39912.pdf> Consulta del 30.01.13.



Terrorismo (LOCDOFT)14. El 02.02.12 el presidente de la AN, diputado Diosdado Cabello, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de su carácter orgánico, siendo declarada así el 07.02.12 con ponen-cia de su vicepresidente, magistrado Fran-cisco Carrasquero López15.

Su aprobación generó reacciones de di-versos sectores de la sociedad por conside-rarse que vulnera derechos a la asociación, la protesta y la participación, y restringe la libertad de las Organizaciones No Guberna-mentales (ONG), partidos políticos, movi-mientos sociales, laborales y otros actores de la sociedad civil para actuar de manera independiente16. Bayardo Ramírez, jurista y académico, advertía que se incumple la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, la cual expresa que se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas, mientras la LOCDOFT habla de “dos o más personas”, por lo que se está confundiendo agavillamiento con delincuencia organizada transnacional17. En un comunicado emitido el 25.04.12, la Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Navi Pillay, expresó preocupación por polí-

ticas que restringen la libertad para operar de forma autónoma y eficaz a las ONG y otros actores de la sociedad civil. Indicó que la ley establece una definición amplia de “actos te-rroristas”, pudiendo afectar actos legítimos de protesta social o de disidencia colocán-dolos bajo vigilancia permanente por parte del Estado, así como restricciones al finan-ciamiento internacional; puntualizando “los gobiernos deben entender que la colabora-ción con la sociedad civil no es un signo de debilidad; es la forma de construir un mundo mejor, más inclusivo”18.

Participación políticaPrimarias Mesa de la Unidad DemocráticaEl 12.02.12, con acompañamiento logísti-

co y tecnológico del CNE, las organizaciones con fines políticos reunidas en la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rea-lizaron elecciones primarias a nivel nacional, con participación de todo el padrón electoral para la escogencia de sus candidatos y can-didatas a cargos de elección popular. Uno de los acuerdos establecidos por los partidos po-líticos de la MUD con el CNE fue la incine-ración 48 horas después de las elecciones de los cuadernos electorales que contenían los

14. Publicada en Gaceta Oficial N° 39.912, del 30.04.12.15. TSJ: Declarada la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Or-

ganizada y Financiamiento al Terrorismo [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=9129> Consulta del 30.01.13.

16. Para más información sobre los cuestionamientos a esta ley, revisar capítulo Derecho a la Justicia en el presente informe.

17. El Universal: Ley contra la Delincuencia Organizada viola derechos [en línea] <http://www.eluniversal.com/na-cional-y-politica/111103/ley-contra-la-delincuencia-organizada- viola-derechos> Consulta del 30.01.13.

18. PROVEA: Alto Comisionado para los DDHH de la ONU preocupado por restricciones de Venezuela al trabajo de las ONG [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2012/04/25/alto-comisionado-para-los-ddhh-de-la-onu-preocupado-por-restricciones-de-venezuela-al-trabajo-de-las-ong%C2%B4s/> Consulta del 29.01.13.

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nombres y números de cédulas de identidad de votantes19, a fin de evitar posibles represalias tal como sucedió con las planillas usadas en la recolección de firmas para el referendo revo-catorio presidencial de 2004, con las recorda-das listas de discriminación política Tascón20 y el programa Maisanta.

En este proceso electoral se escogieron 268 postulaciones a cargos: 17 a gobernaciones, 249 a alcaldías, uno a la Alcaldía Metropoli-tana de Caracas y la candidatura presidencial. Cumpliendo con el mandato constitucional, el CNE prestó apoyo técnico y logístico21. Se abrieron 3.707 centros de votación; 7.691 me-sas electorales y cuadernos de votación; 8.150 cotillones electorales, así como el diseño y producción de 23.073 boletas para los 268 cargos de la elección22. A su vez, se activaron 1.300 puntos de inscripción y actualización del Registro Electoral (RE). Se acreditó a 103 acompañantes internacionales, 43 invitados del CNE y 60 de la MUD. El registro electoral usado fue el corte correspondiente a octubre de 2011, con un total de 17.951.638 venezola-nos y venezolanas habilitados para votar en el territorio nacional y en el extranjero23.19. 6to. Poder: Vicente Díaz: “Quema de cuadernos no es una cosa sorpresiva, ya estaba prevista” [en línea] <http://

www.6topoder.com/venezuela/politica/vicente-diaz-quema-de-cuadernos-no-es-una-cosa-sorpresiva-ya-estaba-prevista/> Consulta del 27.01.13.

20. CyberKontrol: Lista Tascón [en línea] http://cyberkontrol.com/tascon/ Consulta del 30.01.13.21. CNE: CNE dispuso su plataforma técnica y logística para garantizar a las organizaciones políticas éxito en primarias [en

línea]<http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2031> Consulta del 19.01.13.22. CNE: CNE acreditó a internacionales para presenciar elecciones primarias [en línea]<http://www.cne.gob.ve/web/

sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2034> Consulta del 23.01.13. 23. Ibíd.24. CNE: CNE hizo entrega formal de los resultados electorales a la Mesa de la Unidad Democrática con 95% de transmisión [en

línea] <http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2037> Consulta del 19.01.13.25. Correo del Orinoco: Quemar cuadernos de votación crea suspicacia [en línea] <http://www.correodelorinoco.

gob.ve/politica/quemar-cuadernos-votacion-crea-suspicacia/> Consulta del 18.01.13.26. AVN: Jorge Rodríguez: Las primarias evidenciaron un comportamiento estadístico completamente anómalo [en línea]

<http://www.avn.info.ve/contenido/jorge-rodr%C3%ADguez-primarias-evidenciaron-comportamien-to-estad%C3%ADstico-completamente-an%C3%B3malo> Consulta del 18.01.13.

27. CNE: CNE garantiza plena transparencia en las fases en las que prestó apoyo a la MUD [en línea]<http://www.cne.gob.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2038> Consulta del 22.01.13.

El 12.02.12 los dos rectores en el Cen-tro Nacional de Totalización supervisaron el proceso de escrutinio y entregaron los resultados electorales a la Comisión Elec-toral de la MUD, dando por concluida su participación en las elecciones primarias y correspondiendo a estos últimos la di-fusión y proclamación de los resultados24. La participación fue la mayor registrada en Venezuela en elecciones primarias, con 3.040.449 personas, 17% del padrón elec-toral, y resultando electo para la contienda presidencial Henrique Capriles Radonski con 64% de los votos.

Al día siguiente el presidente de la AN, diputado Diosdado Cabello, expresó que la quema de los cuadernos de votación era un absurdo y creaba suspicacia25. El expresidente del CNE y actual alcalde del municipio Liber-tador, Jorge Rodríguez, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), puso en duda la transparencia del proceso26. Ese mismo día la presidenta del CNE, rectora Tibisay Lucena, aclaró que ese organismo garantizaba la ple-na transparencia en todas las áreas en las que prestó apoyo27.



El 14.02.12, luego de admitir un Recurso de Amparo por Intereses Difusos contra pre-suntos resultados confusos de las primarias de la oposición interpuesto por el precandidato a alcalde del municipio Bruzual del estado Ya-racuy, Rafael Velásquez, el TSJ28 ordenó a la Comisión Electoral de la MUD y al CNE no destruir los libros de las elecciones primarias de la oposición29 y entregarlos a las diver-sas Direcciones Regionales del CNE para su resguardo. A su vez, se ordenó al General en Jefe Henry Rangel Silva, encargado del Plan República, girar instrucciones para garanti-zar la custodia del material y hacerlo llegar a las correspondientes sedes del Poder Elec-toral30. Los libros en su mayoría habían sido destruidos, pero la MUD –apoyándose en los acuerdos con el CNE y la no violación del se-creto al voto– desacató la sentencia. El TSJ impuso una multa de 200 unidades tributarias (Bs. 15.200Bs) a la presidenta de la Comisión Electoral de la MUD, Teresa Albanes31, quien junto a la MUD hizo un llamado a la solidari-

28. TSJ: Sala Constitucional, ponencia del magistrado Francisco Carrasquero [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/decisio-nes/scon/Febrero/66-14212-2012-12-0219.html> Consulta del 14.01.13.

29. Venezolana de Televisión: TSJ ordena a la MUD no destruir cuadernos electorales [en línea] <http://www.vtv.gob.ve/index.php/nacionales/77111-tsj-ordena-a-la-mud-no-destruir-cuadernos-electorales> Consulta del 17.01.13.

30. TSJ: TSJ ordena suspender la destrucción de los cuadernos electorales de las primarias de la MUD [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=9146> Consulta del 17.01.13.

31. Últimas Noticias: TSJ multa por desacato a Teresa Albanes [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/tsj-multa-por-desacato-a-teresa-albanes.aspx> Consulta del 28.01.13.

32. Unidad Venezuela: Recolectan en menos de 48 horas monto de multa a Albanes [en línea] <http://www.unidad-venezuela.org/2012/02/recolectan-en-menos-de-48-horas-monto-de-multa-a-albanes/> Consulta del 29.01.13.

33. CNE: CNE fija elecciones presidenciales para el 7 de octubre de 2012 [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2001 > Consulta del 20.01.13.

34. CNE: Este lunes inicia jornada del Registro Electoral para elecciones presidenciales [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2025 > Consulta del 20.01.13.

35. CNE: Tibisay Lucena: “El CNE está preparado para las elecciones de 2012” [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2029> Consulta del 20.01.13.

36. CNE: Tibisay Lucena: “CNE presentó funcionamiento del SAI a organizaciones con fines políticos” [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2072> Consulta del 20.01.13.

dad de las personas para recolectar el dinero, consiguiéndolo en menos de 48 horas y pagan-do así la multa32.

Elecciones presidenciales El 13.09.11 la presidenta del CNE, Tibisay

Lucena, informó que el 07.10.12 se realizarían las elecciones presidenciales, dos meses antes de lo habitual33. El 16.01.12 se inició la jor-nada especial de inscripción y actualización del RE34. El 25.01.12 se anunció la adquisi-ción de 12 mil nuevas máquinas de votación y presentó la nueva tecnología SAI, que a través del reconocimiento dactilar habilita al presi-dente de la mesa a desbloquear la máquina de votación35; una nueva boleta electoral con membrana táctil que permite pulsar sobre la preferencia, y el modelo SAES4200, con un sistema que facilita el voto de personas con discapacidad visual y auditiva36.

Oficialmente las elecciones presidenciales se convocaron el 29.03.12. La presidenta del

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CNE reafirmó al SAI como el “avance más importante del sistema electoral en los últimos tiempos (…) consolidación de nuestra premi-sa ‘un elector un voto’, base fundamental para la transparencia y confiabilidad del sistema electoral37. De ahora en adelante las venezo-lanas y los venezolanos sólo podremos activar el sistema electoral con nuestra huella”38. En el primer simulacro, el 28.04.12, el SAI pre-sentó problemas con los tiempos de votación y huellas no identificadas39, generando dudas por posibles retrasos al momento de la elec-ción y sobre la posibilidad de que el secreto del voto pudiera ser violado al estar vinculada la máquina de votación con la identificación dactilar. Lamentablemente, la propaganda del CNE resultó aun más confusa, reavivando el recuerdo y el miedo ante posibles nuevas listas como las de Tascón y Maisanta, ampliamente conocidas y denunciadas ante la Comisión In-teramericana de Derechos humanos (CIDH)40.

El 26.05.12 en Gaceta Electoral se publi-có el reglamento para la campaña presidencial que iniciaría el 1 de julio y culminaría el 4 de octubre, determinando el tiempo para publici-dad electoral en tres minutos diarios para TV

y cuatro minutos para radio, entre otros41. La jornada de inscripción y actualización electo-ral culminó el 15.04.12, y en su portal Web el CNE publicó el registro definitivo: 18.903.143 electores y electoras habilitados para votar, de éstos 100.495 venezolanos y venezolanas con residencia en el exterior. Los estados con ma-yor población electoral resultaron Zulia, con 2.334.529; Miranda, 1.950.657 y Carabobo, con 1.516.240 electores y electoras42.

El 14.06.12 se informó que para la con-tienda electoral presidencial se inscribieron seis candidatos y dos candidatas. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías, Henrique Capri-les Radonski, Orlando Chirinos, Yoel Acosta Chirinos, Rafael Uzcátegui y Luis Reyes, y las candidatas María Bolívar y Reina Sequera; con la participación de 40 partidos políticos43. El 04.07.12 se informó que 39.322 mesas electorales en 13.810 centros de votación se-rían dispuestas a nivel nacional y en las 126 sedes diplomáticas se ubicarían 304 mesas para atender a 100.495 electoras y electores venezolanos residentes en el exterior. Resalta como aspecto positivo todos los esfuerzos que ha realizado el órgano comicial en áreas de ca-

37. El Centro Carter, con su amplia experiencia realizando observación electoral en numerosos países, ha considerado que el sistema automatizado venezolano es de los más avanzados del mundo.

38. CNE: Convocadas oficialmente elecciones del 7-O y 16-D [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2058> Consulta del 20.01.13.

39. Últimas Noticias: El SAI no pasó liso y será probado otra vez [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/el-sai-no-paso-liso-y-sera-probado-otra-vez.aspx> Consulta del 25.01.13.

40. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH): Comunicado de Prensa Nº 15/06 CIDH expresa preocupación por la situación de DDHH en Venezuela [en línea] <http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2006/15.06esp.htm> Consulta del 25.01.13.

41. CNE: Resolución Nº 120621-0382, 202º y 153º Reglamento especial sobre la campaña electoral para la elección pre-sidencial 2012 [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/normativa_electoral/elecciones/2012/presiden-ciales/documentos/Reglamento_Especial_Campana_Elecciones_Presidenciales2012.pdf> Consulta del 25.01.13.

42. CNE: Registro Electoral Definitivo [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2092> Consulta del 25.01.13.

43. CNE: Ocho candidaturas presidenciales inscritas ante el CNE [en línea] <http http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2084> Consulta del 25.01.13.



44. Correo del Orinoco: CNE ha autorizado 660 acompañantes nacionales para elecciones del 7-0 [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/cne-ha-autorizado-660-acompanantes-nacionales-para-eleccio-nes-7-0/> Consulta del 28.01.12.

45. Telesur: Centro Carter no aceptó invitación del CNE venezolano para ser acompañante [en línea] <http://www.telesurtv.net/articulos/2012/08/20/centro-carter-no-acepto-invitacion-del-cne-para-ser-acompanante-electoral-de-las-presidenciales-9375.html> Consulta del 25.01.13.

46. VTV: Robustez del sistema electoral requiere de acompañantes, no de observadores [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/robustez-del-sistema-electoral-requiere-acompa%C3%B1antes-no-observadores> Consul-ta del 22.01.13.

47. ZDAM: Vicente Díaz inconforme con que el CNE no sancione a Chávez por violar normativa. En: El Carabobeño, 28.01.12, A-8.

rácter informático y tecnológico así como de formación e información, y el aumento en el número de los centros de votación y nuevas ubicaciones para hacer más eficiente y accesi-ble a todos los sectores el derecho al sufragio.

El 28.07.12 cinco organizaciones naciona-les fueron acreditadas por el CNE como acom-pañantes nacionales: Fundación por un Pueblo Digno, Asamblea de Educación, Observatorio Electoral Venezolano, Proyecto Social y Red de Observadores, que incorporaron a un total de 660 acompañantes para participar en las elec-ciones44. El 20.08.12 por medio de un comu-nicado el Centro Carter rechazó invitación del CNE debido a la debilidad y limitaciones –va-rias veces planteada por expertos al CNE– sobre ser acompañantes: “El concepto de acompaña-miento difiere del concepto de observación. El propósito del acompañamiento es el de invitar a individuos extranjeros a observar las activi-dades relativas al día de la votación mediante una presencia política mayormente simbólica, mientras que el propósito de la observación es el de invitar a organizaciones internacionales a evaluar el proceso electoral en su conjunto de manera sistemática, de forma de aportar a la integridad del proceso de votación, contribuir a la creación de confianza entre los electores e informar a la comunidad internacional y los actores locales”45.

En países con extrema polarización política y razonables dudas sobre el comportamiento

imparcial del máximo órgano comicial como es el caso venezolano, la presencia de observado-res confiables que puedan expresar libremente sus opiniones y recomendaciones sería de gran ayuda para generar confianza en la garantía plena del derecho. Lamentablemente, el CNE insiste en no reconocer que tales dudas existen y recurre a principios válidos como soberanía y no intervención para negar la figura de ob-servadores, pero ello agrava la desconfianza de un sector del electorado. “Tenemos suficiente madurez electoral como para no requerir ese tipo de observación internacional establecida en procesos de inestabilidad, que no es nuestro caso (…) pudiera considerarse como un cierto nivel de intervención (…) no a un rol interven-tor, sino de acompañamiento, con reciproci-dad, donde nos respetemos. Eso es lo que que-remos”, expresó la rectora Socorro Hernández para el canal público estatal VTV46.

La campaña electoral presentó un desequi-librio y desbalance notorios, además de poca efectividad por parte del órgano rector para contrarrestar de manera oportuna las inequi-dades. Ya en enero de 2012, el rector Vicente Díaz afirmó que había introducido ocho soli-citudes de juicio contra la actuación del Pre-sidente de la República dadas sus reiteradas violaciones a las leyes electorales, sin ningún resultado. “Pareciera que aquí hay disposi-ción de sancionar a todo el mundo, pero cuan-do se trata de la figura del presidente Chávez pareciera que fuera intocable”47.

366



Entre los aspectos preocupantes durante la campaña presidencial para el ejercicio pleno del derecho a la participación destacan:

La campaña electoral estuvo lejos de per-mitir el debate y la discusión de las visiones y programas de gobierno que proporcionaran al elector y electora referentes de calidad para comparar y evaluar ofertas. Por el contrario, primó un lenguaje polarizador que en muchas oportunidades agredía y deshonraba al adver-sario. Posterior a las primarias de la MUD, el candidato y presidente en funciones empezó a referirse a la campaña y a su contendor a través de epítetos denigrantes y empujando a la clara confrontación, lo que fue tomado por sus seguidores y funcionarios estatales como patente de corso y de imitación48. El 20.09.12 el OEV emitió un comunicado exhortando a corregir el “tono inconveniente de la campaña electoral”49, sin mayores resultados.

La organización civil Control Ciudadano, entre junio y octubre de 2012, documentó epi-sodios que implican parcialidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso electoral. Allí se especifican no me-nos de 15 casos en el lapso, aparte de los cinco ocurridos en febrero. (Anexo Nº6. Las dudas y el temor suscitados en el electorado obligaron al jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), Wilmer Barrientos Fernández, a declarar el 29.09.12 que la ins-

titución respetaría la voluntad popular en los comicios.

En un informe militar del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) deno-minado “Dispositivo para la cohesión y arti-culación del Poder Popular, Milicia Bolivaria-na y Guardia del Pueblo en defensa del Plan República y de la Voluntad del Soberano”50 se pudo conocer el trabajo mancomunado entre la GNB, el partido PSUV, grupos organizados y el Poder Popular (consejos comunales) eje-cutado el 07.10.12 cuya finalidad fue “contri-buir con el Comando Estratégico Operacio-nal, en garantizar el normal desenvolvimiento del proceso electoral, la defensa del voto y la alerta temprana para evitar que fuerzas con-trarrevolucionarias puedan crear situaciones que pongan en riesgo la gobernabilidad en la capital de la República, la Guardia Nacional Bolivariana desplegará las unidades del Co-mando Nacional de la Guardia del Pueblo en perfecta cohesión con la Milicia Bolivariana y el Poder Popular en todas las parroquias del Área Metropolitana de Caracas y los estados Miranda y Vargas, con amplia capacidad de movilización de grupos fieles a la Revolución Bolivariana y en contacto con la dirección po-lítica del país y los mandos militares”51.

Destacan dos objetivos primordiales: 1) Organizar la movilización popular a nivel pa-rroquial de grupos fieles a la Revolución (con-

48. Últimas Noticias: Chávez a Capriles: “Vas a tener que confrontar, majunche” [en línea] <http://www.ultimas-noticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/chavez-a-capriles--vas-a-tener-que-confrontar,-maj.aspx> Consulta del 26.01.13. Youtube ““Vas a tener que confrontar o salir corriendo, majunche”” [en línea] <http://www.youtube.com/watch?v=HLrml9Nr6Q0>. Consulta del 14.01.13.

49. Observatorio Electoral Venezolano: COMUNICADO - OEV alerta sobre tono inconveniente de campaña electoral [en línea] < http://www.oevenezolano.org/noticias/24-comunicado-oev-alerta-sobre-tono-inconvenien-te-de-campana-electoral> Consulta del 19.01.13.

50. Ministerio para el Poder Popular de la Defensa: Dispositivo para la cohesión y articulación del Poder Popular, Mi-licia Bolivariana y Guardia del Pueblo en defensa del Plan República y de la Voluntad del Soberano [en línea] Consulta del 27.01.13.

51. Ibíd., Pág. 3



sejos comunales, gremio motorizado, taxistas) para acciones populares en defensa del voto; defensa de objetivos; control y seguimiento de dirigentes opositores; neutralizar acciones de tipo contrarrevolucionarias de grupos minori-tarios; y 2) Mantener contacto con la dirección política del país y los mandos militares para labores de contrainteligencia social y recopi-lar información de interés estratégico52. Para ello se establecieron los denominados “grupos patrióticos” conformados por 54.617 personas en el Distrito Capital, 90.947 en Miranda y 19.303 en Vargas.

Se evidenció el uso de recursos públicos y la participación directa de funcionarios y funcionarias favoreciendo la candidatura del presidente Chávez53. El presidente de la es-tatal Petróleos de Venezuela y ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, ofreció un discurso para anunciar la forma como la empresa apoyaría la reelección presidencial: “¡Qué voto de confianza y qué carajo! ¡Aquí estamos con Chávez!”. Anunció la creación de “Comandos patrióticos resteados con Chávez” en todas las instalaciones de la estatal, las cuales recorrería personalmente empezando por la Península de Paraguaná, a la que denominó “territorio chavista”. Ce-rrando su intervención con una advertencia “Aquí el único que garantiza la estabilidad, la gobernabilidad y el futuro es el coman-dante Chávez”54.

La inequidad y disparidad en el tiempo permitido para propaganda electoral y la uti-

lización de recursos estatales en claro favore-cimiento a una parcialidad política represen-tada en el candidato-presidente se observaron claramente en los medios públicos estatales a través del uso abusivo de anuncios institu-cionales parecidos a los de campaña, dando mayor presencia en tiempo y en cantidad de información. El estudio realizado por el Centro Carter “Monitoreo Cobertura Mediá-tica. Elecciones Presidenciales Venezuela 2012”55, en radio, televisión, impresos y me-dios digitales privados y públicos durante la precampaña, campaña y elecciones, concluye que los medios están altamente polarizados, con poca o nula presencia de pluralidad polí-tica, prevaleciendo el uso reducido de fuentes y registrando una ausencia casi total de gé-neros que aporten profundidad a los temas. Los datos arrojados de los espacios públicos digitales evidencian la grave disparidad en la obligación de igualdad y equidad por parte del Estado en la campaña electoral (Anexo Nº7). A su vez, considerando la importancia en penetración nacional de la red social twit-ter como forma de participación de la ciuda-danía en tiempo real, encontramos los mis-mos desequilibrios. (Anexo Nº8)

Otro aspecto relevante fue el uso de las cadenas de radio y televisión para propagan-da electoral. La asociación civil Espacio Pú-blico elaboró un comunicado respaldado por más de 500 firmas de organizaciones sociales e individualidades dirigido a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, solicitando un alto al uso de las cadenas en el marco de la campa-

52. Ibíd., Pág. 4.53. Plan de Cierre de Campaña electoral; Plan de acciones Batalla de Carabobo (2012-2013); Inscripción de la

candidatura del comandante Hugo Chávez ante el CNE en franca violación a la ley.54. Andrés Rojas Jiménez: Ramírez dispuso que Pdvsa trabaje por triunfo de Chávez. En: El Nacional, 4-155. The Carter Center: Monitoreo cobertura mediática. Elecciones presidenciales Venezuela 2012. Mayo-agosto-ocubre.

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ña política56. La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) accionó un monitor electoral para las presidenciales 2012, que evidencia lo expuesto: en el período de campaña el Presi-dente estuvo 45 horas, 38 minutos y 34 segun-dos en cadena y una hora y 50 segundos fue explícita propaganda electoral57. Ya para julio de 2012, ante las reiteradas denuncias, la rec-tora Tibisay Lucena en rueda de prensa sentó su posición: “Las cadenas presidenciales son utilizadas para la divulgación de la obra de gobierno, porque es materia distinta a la cam-paña electoral”, y dijo que el reglamento LO-PRE no contemplaba su regulación58.

Se produjeron hechos de violencia expre-sados en ataques contra algunas de las concen-traciones de campaña del candidato opositor: en La Pastora59; en Cotiza, donde motorizados

56. Espacio Público: Exigen un alto al uso de las cadenas presidenciales para campaña electoral [en línea] <http://espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/2431-exigen-un-alto-al-uso-de-las-cadenas-presidenciales-para-campana-electoral > Consulta del 27.01.13.

57. UCAB: Monitor Electoral Presidencial 2012. La campaña electoral en las cadenas de radio y Televisión [en línea] <http://www.monitorelectoral.org.ve/sites/default/files/Monitoreo_Cadenas_Septiembre_Octubre.pdf> Consulta del 30.01.13.

58. Correo del Orinoco: Cadenas presidenciales no forman parte de la campaña electoral [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/cadenas-presidenciales-convocadas-durante-campana-electoral-no-forman-parte-propaganda-politica/> Consulta del 29.01.13.

59. Últimas Noticias: Suspenden actividad de Capriles Radonski en La Pastora [en línea] < http://www.ultimas-noticias.com.ve/noticias/tuvoto/noticiaselectorales/suspenden-actividad-de-capriles-radonski-en-la-pas.aspx> Consulta del 27.01.13.

60. Últimas Noticias: Cinco claves del ataque a Capriles en Cotiza [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cinco-claves-del-ataque-a-capriles-en-cotiza.aspx> Consulta del 28.01.13.

61. El Mundo: PNB impide caminata de Capriles Radonski en La Vega [en línea] <http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/pnb-impide-caminata-de-capriles-radonski-en-la-veg.aspx> Consulta del 28.01.13.

62. Ultimas Noticias: Borges: Son tres los fallecidos en Barinas [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/borges--son-tres-los-fallecidos-en-barinas> Consulta del 28.01.13.

63. El Carabobeño: Chavistas y opositores se enfrentaron en Puerto Cabello [en línea] <http://www.el-carabobeno.com/portada/articulo/41826/oficialistas-intentan-impedir-entrada-de-capriles-al-litoral > Consulta del 23.01.13.

64. AVN: Agresiones contra medios públicos aumentan mientras Capriles baja en las encuestas [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/agresiones-contra-medios-p%C3%BAblicos-aumenta-mientras-capriles-baja-en-cuestas> Consulta del 24.01.13.

65. CNE: Candidatos y comandos de campaña suscribieron Acuerdo por la Democracia [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=2106 > Consulta del 27.01.13.

atacaron con disparos a simpatizantes hiriendo al hijo del diputado a la AN Ismael García60; en La Vega, con actividad coercitiva que incluyó participación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)61; en el estado Barinas, con el lamentable saldo de tres personas fallecidas víctimas de dis-paros en una caravana de cierre de campaña62, y enfrentamientos en Puerto Cabello63. Por su parte, periodistas y fotógrafos de los medios es-tatales denunciaron agresiones, hostigamiento y asaltos en eventos de campaña de la MUD64.

Los actos de violencia incidieron para la elaboración del Acuerdo por la Democracia, que contempló el compromiso de respeto a los resultados electorales y de no violencia duran-te los actos proselitistas. El 17.07.1265 el CNE informó que el documento fue suscrito por los aspirantes, a excepción del dirigente sindical y



candidato por el Partido Socialismo y Libertad (PSL) Orlando Chirino, quien expresó: “Se ha perdido una oportunidad de oro para cons-truir un acuerdo que apunte a la equidad, que cierre el ventajismo. Es público y notorio que en el país se abusa de las cadenas nacionales y los actos se han convertido en slogans”66. Ciertamente el documento no contempló solu-ciones a los desequilibrios de la campaña.

El 07.10.12 se efectuaron las elecciones presidenciales en un ambiente de tranquilidad y con gran participación. La presidenta del CNE,con 90% de los votos escrutados y con una tendencia irreversible, ofreció el primer boletín informando al país que el presidente Hugo Chávez alcanzaba su segunda reelec-ción con 54,42% de los votos escrutados67. El miércoles 10.10.12 fue proclamado electo para el nuevo período presidencial 2013-2019 con 55,26%. Los resultados finales constataron una alta participación, 80,48% del padrón electoral: 15.176.253 electores y electoras; Hugo Rafael Chávez Frías obtuvo 8.136.637 votos; Henri-que Capriles Radonski 6.499.575 (44,13%); Reina Sequera 69.533 (0,47%); Luis Reyes 8.168 (0,05%); María Bolívar 7.339 (0,04%), y Orlando Chirino 4.105 (0,02%)68.

Una votación altamente polarizada que agrupó 99% de las expresiones en las dos pri-

meras opciones. Como aspecto positivo resal-ta que el proceso de votación y resultados se realizó de manera pulcra y transparente, como reconocieron todas las partes, y se garantizó el secreto del voto. Sin embargo, preocupa y es motivo de reflexión en palabras de la his-toriadora Margarita López Maya que “la no-toria inequidad pareciera ser aceptada por la sociedad en su conjunto, si nos atenemos a la masiva participación en la jornada electoral y el reconocimiento pleno de sus resultados”69.

El Observatorio Venezolano Electoral (OVE) en su informe concluyó: “Las eleccio-nes en nuestro país se realizan sobre la base de una plataforma técnico-organizativa que garantiza que el voto sea secreto y se cuente tal y como fue emitido libremente por el elec-tor, mientras que las bases sobre las cuales se lleva a cabo la campaña dejan todavía que de-sear en cuanto a garantizar la equidad inhe-rente a cualquier proceso comicial celebrado en el marco democrático”70.

Elecciones regionales 2012El 20.09.11 Tibisay Lucena, máxima au-

toridad del CNE, declaró que las elecciones regionales para escoger gobernadores, gober-nadoras y consejos legislativos se llevarían a cabo el 16.12.1271.

66. Samantha Aretuo: Seis candidatos se anotaron en el acuerdo del CNE. En: El Mundo, 18.07.12, pág. 19.67. CNE: CNE emitió primer boletín oficial con 90% de transmisión de las actas escrutadas [en línea] <http://www.cne.

gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3051> Consulta del 25.01.13.68. CNE: CNE proclama al presidente electo para el período 2013-2019 [en línea] <http://www.cne.gov.ve/

web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3054> Consulta del 27.01.13.69. LÓPEZ MAYA, Margarita y Luis E. Lander: Las elecciones del 7-O de 2012 en Venezuela, y el debate sobre la de-

mocracia en América latina. Ciudad de México 06/09.11.12. Ponencia presentada en el Seminario COLMES/IFE “Democracia y elecciones en América Latina”, así como en la Reunión del Grupo CLACSO “Ciuda-danía, organizaciones populares y representación política”.

70. Observatorio Electoral Venezolano: Informe elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 [en línea] <http://oevenezolano.org/images/OEV%20INFORME%20FINAL%20ELECCIONES%207%20DE%20OC-TUBRE%202%20nov%201.pdf> Consulta del 27.01.13.

71. CNE: CNE aprueba calendario electoral 2012-2013 [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/no-ticia_detallada.php?id=2003 > Consulta del 20.01.13.

370



De las 17.421.946 personas habilitadas para votar, 8.014.095 (46,06%) no acudieron a sufragar y participaron 9.397.396 (53,91%), comportamiento tradicional en comicios re-gionales. Se eligieron 260 cargos: 23 gober-nadores y 237 diputados a Consejos Legisla-tivos. El partido de gobierno PSUV resultó triunfador en 20 gobernaciones y sólo en tres la oposición reunida en la MUD. Los estados Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Carabobo, de alta densidad poblacional y con gobiernos por años opositores, eligieron opciones oficialis-tas72. (Ver Anexo Nº9)

Como en las elecciones parlamentarias, cuando con 48% de los votos el oficialismo obtuvo la mayoría de las curules, nuevamente se violaron los artículos 63 y 293 de la CRBV que obligan a la representación proporcional, permitiendo que en todos los estados –excepto Amazonas– los consejos legislativos quedaran conformados con mayorías oficialistas73.

Luego de una serie de críticas debido a que algunos aspirantes oficialistas no aparecían como votantes en los estados a cuyas goberna-ciones optaban, se conoció por prensa nacional que el CNE, sentando un precedente negativo, violentando su propia norma y tras meses de haberse cerrado el REP, había hecho modifica-

ciones y Aristóbulo Istúriz, José Gregorio Viel-ma Mora, Yelitze Santaella, Tareck El Aissami, Erika Farías y Ramón Rodríguez Chacín, del PSUV, aparecieron inscritos en los respectivos estados a donde aspiraban gobernar.

A diferencia del comportamiento habi-tual en cambios del REP, esta información permaneció oculta en los medios del órgano comicial y fue el rector Vicente Díaz quien se pronunció al respecto. “El cambio de centros de votación a candidatos del gobierno es una decisión irregular de la Comisión de Registro Electoral”, publicó en su cuenta de la red so-cial Twitter @vicenteDz. Posteriormente en entrevista radial expresó que se había opuesto a la decisión de la mayoría de los rectores que aprobaron la migración74. La vicepresidenta y rectora responsable del REP, Sandra Oblitas, aseguró a VTV que la medida no favoreció exclusivamente a un sector porque fueron 16 los modificados75.

Optaron por gobernaciones 135 candida-tos y candidatas76. 36.220 mesas de votación fueron habilitadas para los 17 millones 421 mil 946 votantes, de ellos 186.369 foráneos; funcionaron 12.784 centros de votación, todos con el SAI en las 36.220 máquinas electorales y la boleta electrónica77.

72. CNE: Divulgación regionales 2012 [en línea] <http://www.cne.gob.ve/resultado_regional_2012/r/1/reg_000000.html>. Consulta del 25.01.13.

73. RNV: Son rojos rojitos consejos legislativos de 22 estados [en línea]<http://www.rnv.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3965%3Ason-rojos-rojitos-consejos-legislativos-de-22-es-tados-&Itemid=81> Consulta del 26.01.13.

74. Últimas Noticias: Díaz: Cambio de centros de candidatos del Psuv es irregular [en línea] <http://www.rnv.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3965%3Ason-rojos-rojitos-consejos-legislativos-de-22-estados-&Itemid=81> Consulta del 26.01.13.

75. Youtube: Oblitas por VTV [en línea] <http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v =FLSd_vIs80M> Consulta del 30.01.13.

76. CNE: 135 candidatos y candidatas se medirán para las gobernaciones [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3059>. Consulta del 25.01.13.

77. CNE: 36.220 mesas electorales funcionarán el 16-D [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noti-cia_detallada.php?id=3062>. Consulta del 25.01.13.



Cinco organizaciones nacionales fueron se-leccionadas para labores de acompañamiento: Observatorio Electoral Venezolano, Fundación por un Pueblo Digno, Red de Observadores Electorales de Venezuela, Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación y Pro-yecto Social78; y 18 países sirvieron como acom-pañantes internacionales79. Se desplegaron mil puntos de ferias electorales en todo el país.

Con 94,82% de transmisión nacional se emi-tió el primer boletín por parte del CNE. Como en la campaña presidencial, se repitieron los mismos aspectos positivos y negativos, tal como lo expresa la organización OEV: “El proceso se desarrolló con normalidad y en paz. La plata-forma técnico/organizativa diseñada por el CNE se desempeñó de manera adecuada, aun cuando se observaron algunas fallas e irregularidades menores. Nuevamente quedó de manifiesto una evidente inequidad entre los diversos actores políticos participantes, fruto, sobre todo, de la utilización indebida de recursos públicos”80.

Participación socialPrograma de la PatriaEl presidente de la República, Hugo

Chávez, presentó en la campaña presidencial

2006 el Plan Nacional Simón Bolívar, linea-miento económico y social de la nación 2007-2013 denominado “Primer Plan Socialista”81. Tras su reelección presentó una propuesta de reforma constitucional acorde con dicho plan, definiendo un cambio en la participación di-reccionada a la construcción de la “Democra-cia Socialista”82, la cual fue rechazada en refe-rendo constitucional el 02.12.07.

La aprobación en referendo del 14.02.09 de la enmienda constitucional para la reelec-ción indefinida a cargos de elección popular fue interpretada como un plebiscito al proyec-to socialista; sumado a una AN conformada en su totalidad por el partido de gobierno y a una interpretación del TSJ del artículo 345 de la CRBV alegando que los contenidos rechaza-dos en referendos podían aprobarse a través de leyes y enmiendas constitucionales83, ge-neró que para finales 2010 se había aprobado y creado una nueva estructura legal, paralela a la CRBV, que sienta las bases de un nuevo Estado y formas de participación.

En 2012, en campaña para la reelección 2013-2019, el presidente Chávez presentó el Segundo Plan Socialista denominado “Plan de la Patria” (PP)84, ampliamente distribuido

78. CNE: Cinco organizaciones nacionales observarán elecciones del 16-D [en línea] <http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3075>. Consultado 25.01.13.

79. CNEONSEJO NACIONAL ELECTORAL: Acompañantes internacionales de 18 países presenciarán elecciones regionales [en línea] < http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticia_detallada.php?id=3078>. Consulta del 25.01.13.

80. OEV: Comunicado, 16.12.12.81. Plan Económico y Social de la Nación 2007-2013 [en línea] <http://www.slideshare.net/Enid030453/

plan-de-la-nacin-20072013-7716148>82. Artículo 158: “El Estado promoverá como política nacional, la participación protagónica del pueblo, transfiriéndole poder

y creando las mejores condiciones para la construcción de una Democracia Socialista”.Proyecto de Reforma de la Cons-titución de la República Bolivariana de Venezuela [en línea] <http://www.nodo50.org/plataformaboliva-riana/Documentacion/Documentos/PropRefConst.htm>. Consulta del 19.01.13.

83. TSJ: Resuelta solicitud de interpretación de los artículos 340, 342 y 345 de la Carta Magna [en línea] <http://www.tsj.gov.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=6590>.Consulta del 01.02.13.

84. Chávez.org: Propuesta del Candidato de la Patria Comandante Hugo Chávez para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 [en línea] <http://www.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-2019/#.UUC11tZFU7k>. Consulta del Consulta del 01.02.13.

372



a nivel nacional. En palabras del para la fecha canciller Nicolás Maduro: “Debe permitir que los ciudadanos entiendan cuál es el camino de la revolución, desde el año 2013 en adelante (…) llevará la construcción del socialismo a un nivel superior”85. En su segundo objetivo histórico, referido a la participación, se esta-blece continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI en Venezuela, y para ello se establece un objetivo nacional: “Consolidar y expandir el poder popular y la democracia socialista. Alcanzar la soberanía plena, como garantía de irreversibilidad del proyecto bolivariano, es el propósito central del ejercicio del poder por parte del pueblo consciente y organizado”86.

Posterior a su reelección el Presidente de la República increpó en consejo de ministros a su equipo de gobierno, haciendo un lla-mado a la ejecución y consolidación de las comunas y el nuevo Estado comunal, con-vocando a la discusión y al debate del PP87 –en un primer momento llamado proceso constituyente del Segundo Plan Socialista88–, creando ciudades de debate, apoyado por to-dos los sectores oficialistas, pero que lejos de convocar a todo el país fue parte de los actos de campaña en la contienda electoral de las

regionales. Se recolectaron propuestas hasta el 03.12.12 para una fase de sistematización y el 10.01.13, día de la juramentación por el nuevo mandato del Presidente, sería presen-tado a la AN y al presidente Hugo Chávez para su evaluación y decisión89.

El Segundo Plan Socialista coloca los ob-jetivos de acción estatal en una nueva fase que ya venía implementándose en toda la estruc-tura gubernamental: la simbiosis de institu-ciones públicas, partido de gobierno (PSUV) y poder popular. La organización Civilis, en su informe comprensivo de libertades civiles y políticas90, sistematizó los avances en estos as-pectos aunados a la creación de espacios para la formación político ideológica del Poder Po-pular para Construcción del Socialismo. (Ver Anexo Nº10)

El PP tiene dos objetivos claves: 1) De 2013 a 2016 se promoverá la organización de 21.004 consejos comunales (CC) vinculando a 8.821.296 personas; de 2017 a 2019, 2.699 CC anuales alcanzando una población total de 30.550.47991; y 2) A 2019 la conformación de 3.000 Comunas Socialistas que agrupará 39.000 CC donde harán vida 4.680.000 familias, lo que representa 21.060.000 de ciudadanos. 68% de los venezolanos vivirán en Comunas92.

85. AVN: Nicolás Maduro: Programa Patria llevará la construcción del socialismo a un nivel superior [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/nicol%C3%A1s-maduro-programa-patria-llevar%C3%A1-construcci%C3%B3n-del-socialismo-nivel-superior> Consulta del 01.02.13.

86. Op. cit.87. PSUV: 5 formas de aportar al Programa de la Patria [en línea] <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/

uploads/19Participaci%C3%B3nCiudadana.pdf> Consulta del 01.02.13.88. AVN: Maduro: Inició proceso constituyente del Segundo Plan Socialista 2013-2019 [en línea] <http://www.

avn.info.ve/contenido/maduro-inici%C3%B3-proceso-constituyente-del-segundo-plan-socialista-2013-2019>Consulta del 01.02.13.

89. AVN: Debate constituyente culminará el lunes [en línea] <http://www.avn.info.ve/contenido/debate-constitu-yente-culminar%C3%A1-lunes>Consulta del 01.02.13.

90. Civilis: Informe Comprehensivo de Seguimiento Libertades Civiles y Derechos Políticos Enero-Septiem-bre 2012.

91. Programa de la Patria, Objetivo 2.3.1.2.92. Ídem, Objetivo 2.3.1.4.



93. PROVEA: Memoria y cuenta 2011 [en línea] <http://www.derechos.org.ve/documentos-oficiales/memoria-y-cuenta-2011/> Consulta del 30.01.13.

94. Patria Grande: Isis Ochoa: Hay más de 43.600 consejos comunales conformados en todo el país [en línea] <http://www.patriagrande.com.ve/temas/venezuela-cifras/isis-ochoa-hay-mas-43-600-consejos-comunales-con-formados-todo-pais/> Consulta del 01.02.13.

95. Safonacc: Poder popular avanza con 44.196 consejos comunales [en línea] <http://www.safonacc.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2951:poder-popular-avanza-con-44196-consejos-comunales&catid=37:nacionales&Itemid=80> Consulta del 30.01.13.

96. MPPCyPS. Memoria y Cuenta: Capítulo VII, Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales [en línea] <http://www.derechos.org.ve/documentos-oficiales/memoria-y-cuenta-2011/> Consulta del 01.02.13.

97. Ibíd.

Consejos Comunales (CC)En la Memoria y Cuenta 2011 del Minis-

terio del Poder Popular para las Comunas y la Protección Social (MPPCyPS)93, a diferencia del año anterior, no se encontró la cifra exac-ta de los CC conformados y activos; sin em-bargo, la ministra Isis Ochoa, en entrevista al canal VTV sobre su informe de gestión, el 29.02.12 expresó que hay más de 43.600 CC conformados en todo el país94. El 01.12.12 in-formó que a nivel nacional hay 44.196 CC, y que “hoy en día existe una democracia par-ticipativa, protagónica y revolucionaria, que implica la participación de la comunidad en las decisiones de la vida cotidiana”95.

Las acciones ejecutadas por el Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC) se enmarcaron en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 (Proyecto Simón Bolí-var), en los objetivos estratégicos de “alcan-zar irrevocablemente la democracia prota-gónica revolucionaria, en la cual la mayoría soberana personifique el proceso sustantivo de toma de decisiones”.

Las transferencias del MPPPCyPS al po-der popular se hicieron a través de los pro-yectos ejecutados: financiamiento a través de transferencias de recursos a los proyectos

comunitarios, sociales y productivos corres-pondientes a los CC, 13.975 transferencias de recursos con una inversión de 5.071.260.511 bolívares; seguimiento y acompañamiento a los CC y otras organizaciones del poder popu-lar, 7.030 acompañamientos con una inversión de 120.957.531 bolívares; y por último, me-joramiento de las condiciones de los Centros de Atención Integral al Damnificado, 13.734 personas damnificadas, con una inversión de 100.155.800 bolívares96.

El Safonacc en su proyecto “Financia-miento a través de transferencias de recursos a los proyectos comunitarios, sociales y produc-tivos correspondientes a los CC” implementó 5.352.831.968 bolívares; y al plan “Segui-miento y acompañamiento a los CC y otras or-ganizaciones del poder popular” se asignaron Bs. 39.539.595; por último al “Mejoramiento de las condiciones de los Centros de Atención Integral al Damnificado” se destinó un monto de cien millones de bolívares97.

Entre otros recursos dirigidos al PP para el logro de los objetivos: “desarrollar el nue-vo modelo productivo endógeno como base económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento sostenido”; promo-ción y desarrollo de la economía comunal, y promoción de las diversas unidades de producción socialistas, la inversión total del

374



Safonacc en el año fiscal 2011 fue de 4.810 millones 511.928 bolívares98.

La Contraloría General de la República (CGR) en su informe de gestión 201199 eva-luó una muestra de CC en cuatro estados del país. Allí se evidenció que no había documen-tos de la verificación técnica de los proyectos comunitarios, lo que no permitió determinar si cumplen con los requerimientos técnicos para su financiamiento. “Se constató asignación de recursos a las instancias del Poder Popular pero se hallaron debilidades de control interno en la rendición de cuentas y fallas en el seguimiento y supervisión en la ejecución de los proyectos”.

98. Ibíd.99. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Informe de gestión 2011 [en línea] <http://www.cgr.

gob.ve/informes_gestion.php?Cod=026> Consulta del 01.02.13.100. Magdalena Rodríguez: CGR metió la lupa a consejos comunales. En Últimas Noticias, 30.03.12, pág. 2.G.

La CGR pidió a todas las instancias públicas transparencia como principio fundamental en la administración de recursos públicos y recordó la responsabilidad de estos entes de implementar mecanismos de control cuando se asignan recur-sos a instancias del PP. “Se determinaron debi-lidades de control interno en lo que respecta a la documentación que respalda las operaciones financieras, en virtud de que se realizaron pagos por la totalidad de 1,78 millones de bolívares, los cuales carecen de soportes demostrativos de los conceptos que generaron el pago. De igual ma-nera prevalecieron deficiencias en cuanto a los procedimientos de seguimiento y supervisión en la ejecución de los proyectos”100.



Derechos de las personas privadas de libertad

El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabi-litación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación… En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrí-colas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria…


376

Derecho de las personas privadas de libertad




La situación de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad en Venezuela, tanto en centros

penitenciarios como en centros de detención transitorios, no es nada alentadora con res-pecto al pasado. Los indicadores señalan que se agrava y que las situaciones problemáticas se siguen resolviendo de manera violenta. La población penitenciaria alcanzó 45.224 per-sonas, que representa un incremento de 2,2% con respecto al año anterior.

La creación hace 18 meses del Ministe-rio del Poder Popular para el Servicio Pe-nitenciario (MPPSP) representó una medida de especial trascendencia, pues con ello el gobierno nacional pretendió proporcionar autonomía a las políticas en materia peni-tenciaria y facilitar su gestión de manera desconcentrada de otros organismos. Con su creación se han producido cambios a nivel organizacional, de personal, realización de nuevos diagnósticos, una ruptura con los planes anteriores y la presentación de nue-vos programas que en su mayoría, para la fecha, se encuentran en la etapa de diseño o comenzando su ejecución. Se han reali-zado intervenciones para retomar el control institucional de los establecimientos peni-tenciarios, las cuales han generado enfren-tamientos violentos entre la administración penitenciaria y los internos.

La sobreutilización del encarcelamien-to en el marco de las políticas de seguridad ciudadana continúa generando hacinamien-to en algunos centros penitenciarios. En ese contexto, durante el período que comprende este informe se han presentado situaciones de violencia que han puesto en evidencia la fragilidad del sistema de reclusión.

Aunque se creó el MPPSP, las restriccio-nes para el acceso a la información oficial que se han mantenido durante años se intensifica-ron durante 2012, por lo cual el análisis de la situación de los derechos de las personas privadas de libertad se ha realizado a través de una exhaustiva revisión hemerográfica y de documentos oficiales publicados.

PoblaciónPara octubre de 2012 el número de per-

sonas privadas de libertad en los centros pe-nitenciarios del país era de 45.224, lo cual representa un incremento de 2,20% con respecto al período anterior. La tasa de en-carcelamiento se ubicó en 156 personas por cada cien mil habitantes.

Para el cierre de 2012 en Venezuela exis-ten 30 centros penitenciarios distribuidos en el territorio nacional. Aproximadamente la mitad de estos establecimientos tienen en su infraestructura el “anexo femenino”, es decir, cuentan con una población tanto masculina, como femenina, internada en diferentes es-pacios dentro del mismo establecimiento. El resto de los establecimientos son destinados sólo para hombres y apenas dos son exclusi-vamente para mujeres. Del total de personas privadas de libertad 2.400 son mujeres, re-presentando 5,30% de la población total.

A nivel nacional la condición jurídica de los internos es predominantemente de pro-cesados (64,5%), tendencia que ha venido presentándose desde 2006 producto de la supremacía del encarcelamiento dentro del sistema de justicia penal y de los problemas asociados al acceso a la justicia, como el re-tardo procesal. Tanto procesados como pe-nados se encuentran recluidos sin la debida

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clasificación, violándose el derecho a la de-bida separación por condición jurídica que establecen las leyes. (Gráfico N° 1)

La garantía de los derechos de los privados de libertad está directamente relacionada con la densidad de ocupación de los espacios de los centros penitenciarios. Como hemos señalado en informes anteriores, en un ambiente que se encuentra ocupado sobre su capacidad máxima es muy difícil mantener el régimen penitencia-rio y además, es considerado un condicionante negativo de la agresión carcelaria1.

A nivel nacional se tiene una sobrepobla-ción de 28.463 internos, que representa un excedente de 62,93 % respecto a la capacidad

máxima instalada en los establecimientos con la que se cuenta, que es de 16.7612 cupos.

De acuerdo con los resultados anteriores, la Tasa de Hacinamiento a nivel nacional es de 170, la cual se mantiene invariable con res-pecto al período anterior. El Índice de Ocupa-ción es de tres individuos por cama, lo cual indica que existe una población penitenciaria de aproximadamente el triple de la capacidad instalada con la que se cuenta.

InfraestructuraEl espacio físico es esencial para la calidad

de servicios penitenciarios como la alimen-tación, la educación, el trabajo, el deporte, la

1. Córdova, Tito (1992). Los condicionantes negativos en la agresión carcelaria. LUZ.2. Este dato corresponde a 2011, de acuerdo a la extinta Dirección de Servicios Penitenciarios del MPPRIJ.

Grafico Nº 1Población Penitenciaria Por Condición Jurídica.

Venezuela 1998 - 2012

Fuente: Datos del MPRIJ



cultura, el servicio de salud médico-odontoló-gico y el psicológico, siendo éste uno de los aspectos fundamentales como indicador real de la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. Muchos espacios físicos de uso común son controlados por grupos de internos y las autoridades del centro no tienen acceso a esas áreas.

En mayo de 2012, el MPPSP clausuró la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal “El Paraíso” (La Planta) y en octubre de ese mismo año el Internado Judicial de Coro, me-didas que repercuten directamente sobre el hacinamiento. Luego del incumplimiento del cronograma previsto en el Proyecto de Hu-manización del Sistema Penitenciario duran-te el período 2006-2011 para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, este año la ministra Iris Varela anuncia la construcción de 24 centros penitenciarios en los próximos dos años3. PROVEA considera preocupante el incumplimiento sistemático de los planes trazados durante los últimos años en materia de infraestructura. Es necesario recor-dar que en el Plan de Humanización Peniten-ciaria 2006-2011 se planteó la construcción de diez comunidades penitenciarias, diez centros de tratamiento comunitarios y la refacción y ampliación de las cárceles existentes. Tan sólo durante 2011 y 2012 el proyecto contó con un presupuesto de 2,32 millardos, sobre lo que el ministro de Interior y Justicia para el momen-to, Tareck El Aissami, declaró que “es una ci-fra sin precedentes en la historia penitenciaria

del país”; sin embargo, de acuerdo a declara-ciones oficiales4, desde entonces y hasta mayo de 2012 se han construido cuatro centros nue-vos, la Comunidad Penitenciaria de Coro, la rehabilitación de un edificio y la reapertura de un anexo, para concretar la creación de 2.700 plazas (21% de la meta prevista)5. A través del Informe de Gestión 2011 de la Contraloría General de la República se pudo conocer que obras sin proyecto de ingeniería, adjudicacio-nes directas de contratos y deudas con el Esta-do son algunas irregularidades presentadas en la evaluación de desempeño realizada al Fon-do de Edificaciones Penitenciarias, en relación a la construcción de tres comunidades peniten-ciarias (Barinas, Monagas y Maruhanta). La ministra del MPPSP declaró el 27.09.12 que se había retardado la construcción de algunas de las comunidades penitenciarias porque se presentaron problemas legales con las empre-sas que “se fueron con la cabuya en la pata y el Estado las demandó”6.

El 18.10.12 la Presidencia de la República declara la emergencia en materia de infraes-tructura penitenciaria por un lapso de tres meses prorrogables7 para la construcción, re-cuperación y optimización de los centros de procesados y penados judiciales, mientras nuevos proyectos de construcción son pues-tos en marcha durante 2012: el 02.10.12 se inicia la construcción del Centro de Reclusión para Procesados Judiciales en Carabobo y el 05.12.12 el del Zulia, que permitirá el desalojo de la cárcel de Sabaneta. También informa la

3. Eligio Rojas: Varela anuncia construcción de 24 cárceles en dos años. En: Últimas Noticias, 15.06.12, pág. 30.

4. Laura Helena Castillo: Los presos de la lentitud. En: El Nacional, 03.06.12, pág. 70/1-2.5. PROVEA. Informe Anual octubre 2010-septiembre 2011. Derechos de las personas privadas de libertad.

Pág. 370.6. Vanessa Davies: Gobierno Nacional ya comenzó la construcción de centros para procesados judiciales.

En: Correo del Orinoco, 27.09.12, pág. 8.7. Gaceta Oficial Nº 400.31. Decreto 9228.

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ministra Varela que la Comunidad Penitencia-ria de Uribana tiene 92% de avance y la Co-munidad Penitenciaria de Tocuyito 65%. En abril de 2011 las autoridades habían reportado 45% de avance para esta última obra.

Mientras los planes de infraestructura se concretan, la situación de hacinamiento se agu-diza cada semana en los centros penitenciarios donde está permitida la “pernocta” de los visi-tantes. La cantidad de personas aumenta y los servicios colapsan aun más. Los internos ceden sus lugares de dormir a la visita y por ejemplo, en la cárcel de Yare I se puede observar en el techo carpas improvisadas durante los días de “pernocta”8. En estas circunstancias se podría hablar de un “sobrehacinamiento”.

Es importante aclarar que los datos ante-riores no incluyen a las personas privadas de libertad que se encuentran en centros de deten-ción policiales (calabozos), los cuales existen para detener a las personas por períodos cortos de tiempo. En esta oportunidad haremos refe-rencia a ellos por cuanto se han convertido en desahogo del sistema penitenciario, asumien-do los cuerpos policiales competencias que no les corresponden, albergando a privados de li-bertad –incluso condenados– que por diversas razones, como falta de cupo en la cárcel, falta de vehículo para el traslado, riesgo de perder la vida en la cárcel adonde va a ser trasladado, entre otras, se mantienen en estos calabozos donde no existen las condiciones para garanti-

zarles sus derechos. No se tienen datos oficia-les del número de personas en esta situación; sin embargo, de acuerdo a información publi-cada en prensa, se calcula que hay aproxima-damente 10 mil privados de libertad en estos centros9. En el estado Bolívar existen 11 cen-tros de detención policiales que son utilizados para procesados y penados10.

Como se ve, la tasa de hacinamiento es de 193, es decir, se tiene casi el doble de ocupa-ción de lo adecuado, pero la situación no pue-de generalizarse para todos los centros, pues existen algunos que incluso tienen menos in-ternos que su capacidad máxima.

Durante 2012 se suscitaron eventos vio-lentos en estos centros que analizaremos en la sección de violencia carcelaria. En mayo la comandante de la Policía del estado Lara, Marisol de Gouveia, declaró que se estaba presentando hacinamiento en los calabozos policiales y que no estaban siendo recibidos los detenidos en los centros penitenciarios. Se excede por tanto los lapsos de estadía en los centros de retención señalados en el debi-do proceso (48 horas) y éstos no cuentan con los requisitos mínimos de habitabilidad de acuerdo a inspecciones realizadas por cuer-pos de bomberos11. En el Retén de Cabimas, para mayo de 2012, se encontraban 501 pri-vados de libertad y su capacidad máxima es de 120 personas12.

8. El Universal, 21.07.2012 [en línea] <http://www.eluniversal.com/sucesos/120821/reos-instalaron-car-pas-en-techo-de-Yare-I> Consulta del 21.11.12.

9. María Isoliett Iglesias: Sobrepoblación corrompe las cárceles. En: El Universal, 27.05.12, pág. B 4-10.10. Datos aportados por el Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de

Caroní, Luis Manuel Guevara, en entrevista al diario Correo del Caroní. Germán Dam: “Esto es jodido… esto es sobrevivir”. En: Correo del Caroní, 06.05.12, pág. B4.

11. Karina Peraza: “Ya no estoy pidiendo ayuda, vengo por un auxilio”. En: El Impulso, 12.05.12, pág. B8.12. Yéssica González: Prisioneros hacinados. En: LUAD, 17.05.12, pág. B8.



13. MPPSP: Plan Estratégico del Sistema Penitenciario Venezolano 2011-2013. 14. La información fue suministrada por la Dirección de Prensa del MPPSP a PROVEA. También se utili-

zaron los datos presentados en la intervención del Estado venezolano en período de sesiones 146 de la CIDH del 01.11.12.

Cuadro Nº 1Situación jurídica de la población encarcelada 1998-2010

Centro de detención Institución policial Capacidad Población Hacinamiento Sobrepoblación

CCP de Guaiparo Policía estadal 50 100 50 50CCP de Vizcaíno Policía estadal 15 100 85 85CCP Cachamay Policía estadal 30 10 -20 -200CCP Los Olivos Policía estadal 10 25 15 60CCP Simón Policía estadal 4 5 1 20 BolívarCCP Agua Salada Policía estadal 15 30 15 50CCP Brisas del Policía estadal 50 15 -35 -233 Orinoco CCP Maruhanta Policía estadal 10 30 20 67CICPC Policía de 5 30 25 83 investigación Patrulleros de Policía municipal 10 42 32 76 Caroní Patrulleros Policía municipal 10 15 5 33 de Angostura TOTAL 209 402 193 48%

Fuente: Datos aportados por el Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Caroní, Luis Manuel Guevara

Servicios penitenciarios Durante todo 2012 se sucedieron diversas

protestas por parte de las personas privadas de libertad para solicitar el mejoramiento de las condiciones de reclusión, traslados y una mayor celeridad en los procesos judiciales. Se registraron huelgas de hambre, cosido de la-bios, autosecuestro de familiares y secuestro de personal administrativo y custodios.

El nuevo Plan Estratégico del Sistema Pe-nitenciario Venezolano 2011-2013 tiene como objetivo fundamental la creación de un siste-ma penitenciario capaz de asegurar la trans-formación social, garantizando a los sujetos los medios para adquirir conciencia de clase y construir la sociedad socialista13. En el marco de este plan, la administración penitenciaria ha reportado acciones para el mejoramiento de los servicios penitenciarios14.

382



El mejoramiento en el suministro de ali-mentación, agua potable, servicios básicos de luz y sanitarios fueron durante 2012 demandas frecuentes de los privados de libertad. Son los mismos reclusos, a partir de su organización interna y con los familiares, quienes se pro-veen de dichos servicios, situación que varía en cada centro penitenciario. El MPPSP infor-mó que el suministro de comida se ha regu-larizado desde la creación de este Ministerio.

La deficiencia en los servicios básicos y las condiciones de reclusión continúan relaciona-das directamente con la proliferación de las enfermedades más frecuentes en los internos, como lo son las gastrointestinales, respirato-rias, tuberculosis y VIH, sin embargo no se cuenta con datos oficiales del número de en-fermos durante el año.

En cuanto al trabajo en los centros peni-tenciarios, el MPPSP informó que a través del Instituto Autónomo Caja de Trabajo Peniten-ciario en 2012 se crearon más de cien “Unida-des socioproductivas” para abastecer el propio consumo de la población penitenciaria en el área textil (1.524 internos), panadería (1.448 internos), agrícola y avícola (2.048 internos), cerámica (580 internos), carpintería (862 in-ternos), herrería (535 internos), informática (11 internos), mantenimiento (1.609 internos), lavandería (6 internos), veterinaria (38 inter-nos), artesanía (161 internos), tapicería (11 internos) y bloquera (90 internos), entre otras. También se desarrolló el plan “Cambote”, que ofreció trabajo durante el año a 1.355 internos para remodelar las cárceles con un pago de salario mínimo, y el plan “Llegó la chamba”, que empleó a 850 internos en talleres a cambio de un “aporte social” menor al sueldo mínimo. En total, según información oficial registrada,

se incluyó en actividades laborales a 11.272 internos que representan 25% de la población. Este indicador no permite conocer la duración del trabajo ni las condiciones laborales.

En el área educativa el MPPSP tiene con-venios con otras instituciones –Misiones, Uni-versidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), Universidad Nacional Abierta (UNA), Instituto Nacional de Ca-pacitación y Educación Socialista (INCES), Programa Nacional Ferroviario, Ministerio de Agricultura y Tierras, Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC)– en diferentes áreas y niveles educativos para formar a los internos, y según los datos suministrados un total de 21.357 internos se encuentran incor-porados al sistema educativo, lo cual represen-ta 47,22% de la población. En su presentación anual ante la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH), el Estado venezola-no indicó que producto de estas actividades se habían graduado 1.175 personas privadas de libertad (1.140 de la Misión Robinson, 17 de la Ribas y 18 de la Sucre).

Se reconocen los esfuerzos realizados por el MPPSP y otras instituciones para integrar a la población privada de libertad a actividades laborales y educativas –requisito necesario para la redención de la pena (por cada dos días trabajados o estudiados se reduce un día de pena)– a pesar de las condiciones adversas en muchos establecimientos penitenciarios.

En el área deportiva y cultural se continuó realizando eventos en los centros penitencia-rios del país, y entre los logros se resalta la participación de 5.872 internos e internas en el Encuentro Nacional en Conmemoración al Primer Aniversario del Servicio Peniten-ciario15. Destaca la continuidad y profundi-

15. Últimas Noticias, 14.12.2012. [en línea] <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/suce-sos/fotos-5-490-presos-estudian-en-carceles-del-pais.aspx> Consulta del 20.01.13.



zación del Sistema de Orquestas Sinfónicas Penitenciarias. Hasta la fecha de cierre de este informe se registran 13 núcleos y se tie-ne previsto para 2013 la ampliación de este sistema para incorporar mayor número de in-ternos de diversos establecimientos, para lo cual se aprobaron 20 millones de bolívares. Se creó la Escuela de Boxeo Penitenciaria involucrando como directivos a los internos con liderazgo para motivar al resto a partici-par y evitar la violencia.

El 20.06.12 el Presidente la República Hugo Chávez realizó el lanzamiento de la Misión A Toda Vida Venezuela, en cuyo vér-tice número 4 denominado Modernización del Sistema Penitenciario se prevé un nuevo marco normativo, un sistema integral de pro-fesionalización del personal, la clasificación, el desarme, la formación de la Policía Nacio-nal para la seguridad externa, el sistema de visitas planificadas, un modelo arquitectóni-co adecuado que permita el descongestiona-miento, mejora en los servicios penitencia-rios y fortalecer los centros de privación de adolescentes en conflicto con la ley penal. Hasta la fecha de cierre de este informe no se registraron acciones para concretar las pro-puestas establecidas en la Misión.

En la Universidad de la Seguridad se en-cuentran en proceso de formación en Aragua, Distrito Capital, Trujillo, Lara y Zulia 450 as-pirantes a custodios penitenciarios que egresa-rán en octubre de 2013. La ministra Iris Varela declaró que se necesitan más de 10 mil custo-dios en el país16. En el Centro de Procesados Judiciales que se construirá en Zulia –se tiene previsto culminarlo en diciembre de 2013 con una inversión de 250 millones de bolívares– se

espera construir una Escuela de Custodios Pe-nitenciarios y una Facultad de Ciencias Peni-tenciarias con el apoyo de la Universidad Na-cional Experimental de la Seguridad (UNES)17.

Para el resguardo de la seguridad y control de acceso, se aprobaron 164 millones de dóla-res financiados con el Fondo Chino para im-plementar el Plan de Conectividad de los Cen-tros Penitenciarios”, que implica la vigilancia periférica y el control de acceso de todos los establecimientos penitenciarios del país.

Un servicio importante para la población privada de libertad, especialmente para quie-nes se encuentran en espera de juicio, es el del transporte. Su disponibilidad es necesaria para la presentación oportuna de los internos durante el juicio y evitar el retardo procesal. No se cuenta con datos sobre la cantidad de audiencias suspendidas por problemas de transporte; sin embargo, son demandas cons-tantes de la población penitenciaria que se aumente el número de vehículos, que se les haga el mantenimiento oportuno a estas uni-dades y que se cuente con suficiente personal de la GNB para realizar los traslados. Aunque cuando el interno no asiste a la audiencia en algunos casos puede ser debido a problemas de transporte, también se sabe que, por la sub-cultura carcelaria, el líder de la población pe-nitenciaria (Pran) les impide acudir al tribunal. El MPPSP informó que desde su creación ha adquirido más de 340 unidades de transporte.

Situación jurídica de la población y reforma procesal penal

Siguiendo la tendencia de los últimos años, la población encarcelada en general se incrementó durante 2012, esta vez 2,20%; sin

16. ER: “Necesitamos más de 10 mil custodios”. En: Últimas Noticias, 04.12.12, pág. 23.17. Yajaira Iglesias: “Ministra Varela anunció que desalojarán la Cárcel de Sabaneta”. En: Últimas Noticias,

06.12.12, pág. 10.

384



embargo, la población privada de libertad de manera preventiva en espera de juicio (proce-sada) se incrementó en cuatro puntos porcen-tuales en comparación con el período pasado, para alcanzar 64% de la población total.

A falta de una política sólida y sostenida que garantice el derecho a la justicia de la po-blación encarcelada, desde principios de 2012 el MPPSP puso en marcha el Plan Cayapa Ju-dicial. A través de éste se instalaron tribunales itinerantes en los centros penitenciarios para acelerar los juicios. También se implementó el Plan Cayapita, que comprende la confor-mación de juntas evaluadoras en los distintos establecimientos penitenciarios para realizar los informes requeridos por la ley durante el proceso o el cumplimiento de la sentencia. Ambos planes contaron con la participación de representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía General y de la Defensa Pública, y se desarrollaron durante el año a través de jor-

nadas y operativos con el objetivo de descon-gestionar los establecimientos penitenciarios, especialmente aquellos donde se registraban situaciones conflictivas durante el primer se-mestre de 2012.

A pesar de los esfuerzos mancomunados de las distintas instituciones de justicia, la tendencia es al incremento de la población privada de libertad, tanto procesada como pe-nada En junio del año que comprende este in-forme, por medio de un decreto presidencial, se produjo la sexta reforma del Código Orgá-nico Procesal Penal (COPP), que al igual que las anteriores pretende dinamizar el proceso penal, disminuir el retardo procesal y descon-gestionar los establecimientos penitenciarios, con un agregado: erradicar la impunidad, que fue justamente una de las razones para reali-zar la primera reforma en 2001, cuando sin análisis previo se le atribuyó al novísimo instrumento procesal penal el incremento

Año Población Procesada % Penada %

1998 24.307 14.573 60% 9.734 40%

1999 (12.08.99) 22.914 13.074 57% 9.840 43%

2000 (23.08.00) 14.196 6.338 44,65% 7.858 55,35%

2001 (julio 01) 16.751 7.058 42,13% 9.693 57,87%

2002 (30.08.02) 19.368 9.348 48,26% 10.020 51,73%

2003 (26.08.03) 19.623 10.295 52,46% 9.328 47,54%

2004 (31.08.04) 19.951 9.632 49,78% 10.019 50,21%

2005 (04.10.05) 19.853 9.633 48,52% 10.220 51,48%

2006 (10.10.06) 19.257 10.651 55,3% 8.606 44,7%

2007 (28.09.07) 21.097 11.933 56,5% 9.164 43,5%

2008 (19.09.08) 24.069 14.825 61,5% 9.244 38,5%

2009 (15.09.09) 30.483 20.153 66,2% 10.330 33,8%

2010 43.267 28.546 65,98% 14.721 34,02

2011 44.250 26.550 60,00% 17.700 40,00

2012 45.224 28.967 64,05% 16.257 35,95

Fuente: Provea con datos provenientes de la DNSP.

Cuadro Nº 2Situación jurídica de la población encarcelada 1998-2012



de la delincuencia en el país y se limitó el otorgamiento de las alternativas a la prisión previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), asunto que fue subsanado en siguientes reformas.

La reforma de más de 270 artículos del referido instrumento procesal impacta sensi-blemente la ejecución de la pena en Venezue-la, al reducir las competencias y debilitar las funciones de supervisión y corrección de la figura del Juez de Ejecución sobre la admi-nistración penitenciaria con la eliminación de los artículos 479, 486 y 487, y ampliando las funciones de esta autoridad judicial a la supervisión y verificación de las condiciones laborales y el desempeño personal del pena-do que se encuentra bajo una fórmula alterna-tiva de libertad (artículo 489 de la reforma), constatación que era competencia y respon-sabilidad del Delegado de Prueba como fun-cionario del sistema penitenciario.

Uno de los aspectos que más nos preocu-pa del impacto de la reforma son las restric-ciones establecidas en el nuevo instrumento procesal para el acceso a las fórmulas alter-nativas a la prisión. Es el caso del artículo 488, por el cual se establecen lapsos más pro-longados para acceder a una medida de liber-tad anticipada. Para optar por el trabajo fuera del establecimiento el penado, con la refor-ma, requiere haber cumplido por lo menos la mitad de la pena (esta medida era otorgada con la cuarta parte de la pena cumplida), para el régimen abierto dos tercios de la pena im-puesta (anteriormente era otorgada con la ter-cera parte de la pena cumplida) y la libertad condicional por lo menos a las tres cuartas partes de la pena impuesta (anteriormente se otorgaba con dos tercios de la pena impues-ta). Como se observa, es una reforma que im-pacta negativamente sobre la posibilidad de facilitar la reincorporación progresiva de las

personas encarceladas a la vida en libertad, alargando la exposición a la vida intramuros y con ello, profundizando los efectos de la prisionización en miles de personas someti-das a la tutela de la administración peniten-ciaria.

Como ocurrió en 2001, esta reforma del COPP también establece excepciones para el otorgamiento de las medidas alternativas a la prisión previstas en la CRBV, específica-mente en el párrafo segundo del artículo 488 para delitos graves, que procederán cuando se hubiesen cumplido efectivamente las tres cuartas partes de la pena impuesta, retoman-do con ello una estrategia de política crimi-nal fracasada para intensificar y prolongar el castigo.

También llama la atención la reforma rea-lizada al artículo 488, específicamente el nu-meral 5 que establece como condición para el otorgamiento del régimen abierto que el penado no haya participado en hechos de vio-lencia, siendo éste un requisito ambiguo si se toma en cuenta que por las condiciones de re-clusión y la pérdida del control institucional sobre los establecimientos penitenciarios, es muy difícil precisar la participación de deter-minado interno en un hecho, especialmente en eventos de violencia colectiva.

Derecho a la vida y a la integridad personal

El aspecto más grave y que con prioridad se debe solucionar en el caso de las cárceles venezolanas es la garantía del derecho a la vida. Los datos producto de la revisión he-merográfica realizada por PROVEA –que no constituyen la cifra real de víctimas, sobre la cual no se han ofrecido datos oficiales– indi-can que 241 personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del país perdieron la vida durante 2012, 99,6% eran del sexo

386



masculino18. En este año, una mujer en el In-ternado Judicial de San Juan de los Morros fue asesinada con un arma blanca. De acuerdo a la distribución temporal de estos hechos se ob-serva que el segundo semestre del año fue el más violento. (Gráfico Nº 2)

Las víctimas son hombres jóvenes, 68,7% se encuentra entre los 18 y los 28 años. (Gráfico N° 3).

Jóvenes que como se sabe son mayoría en la composición demográfica del país, en las cárce-les y son también, las principales víctimas y victi-marios en los homicidios ocurridos en Venezuela.

18. Esyas cifras no coincide con la publicada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organi-zación especializada en los asuntos penitenciarios. Estamos concientes que la cifra de 241 esta muy por debajo de la realidad, pues el listado ha sido elaborado exclusivamente a partir del monitoreo de medios de información publicos y privados. Las cifras de OVP fueron logradas usando otras fuentes e incluyendo informaci{on oficial no publica.

Grafico Nº 2Comportamiento mensual de las muertes ocurridas en

Centros Penitenciarios, Venezuela 2012

Fuente: Cálculos propios con datos de PROVEA

Grafico Nº 3Edades de los privados de libertad muertos en Centros

Penitenciarios, Venezuela 2012


Causa de la muerte Frecuencia %

Arma de fuego 166 68,8

Arma blanca 24 10,0

Carbonizado 9 3,7

Varias (arma de fuego y blanca, desmembramiento, ahorcamiento) 7 2,8

Caída ocasionada por otros, convulsiones, deshidratación, 14 5,7 infarto, sobredosis, suicidio, tuberculosis, ahorcamiento por otros

Golpiza 6 2,5

Arma de fuego accionada por GN 2 0,8

Explosión de granada 2 0,8

Total 230 95,4

Sin información 11 4,6

Total 241 100,0


Cuadro Nº 3Causas de muerte en centros penitenciarios. Venezuela, 2012



Como excepción a esta tendencia se observó en el análisis de los datos que en cuatro casos rela-cionados con muertes de internos vinculados con delitos de violación de niños, niñas y adolescen-tes, la edad media es de 47 años.

Las muertes en general se producen en 68,8% utilizando armas de fuego, a pesar de que desde octubre de 2011 la ministra Varela había anun-ciado un plan de desarme en los establecimientos penitenciarios18. Algunos casos se caracterizaron por altos niveles de ensañamiento, como por ejemplo la utilización de entre 40 y 100 balas en el rostro, o los casos en los que se recurrió simul-táneamente a diversos recursos (2,8%). También se reportaron caídas al vacío no accidentales,

golpizas, carbonizados, ahorcamientos por par-te de otros reclusos y muertos por explosión de granada. En menor proporción que las anteriores, se reportaron muertes por enfermedad que ma-nifiestan la vulneración del derecho a la salud y ponen al descubierto la negligencia institucional.

¿Y cuáles son los motivos por los que se producen estos conflictos? 33,6% está relacio-nado con “riñas entre internos por el control del centro penitenciario”; se trata de una lucha de poder que se origina ante la inexistencia del régimen penitenciario. Seguido por las “riñas entre internos” (31,9%) originadas por conflic-tos más personales, no relacionados con la toma del poder en el centro.

Motivo del evento Frecuencia %

Riña entre internos por control del centro penitenciario 81 33,6Riña entre internos 77 31,9Enfrentamiento por intervención del centro penitenciario 43 17,8Ajuste de cuentas por problema exterior 7 2,0Enfrentamiento con GNB 7 2,9Violación de norma interna (deudas, robo, irrespeto a la visita) 7 2,9Venganza por violación de niño, niña o adolescente 4 1,7Intento de fuga 3 1,2Suicidio 3 1,2“Coliseo” 2 ,8Otros (enfermedad, sobredosis, caída, interno de un 4 1,6 CTC ultimado en la calle)Total 236 97,9Sin información 5 2,1Total 241 100,0


Cuadro Nº 4Motivos de muerte en centros penitenciarios. Venezuela, 2012

19. El Universal, 17.10.2011. [en línea] <http://www.eluniversal.com/caracas/sucesos/111017/ministra-iris-varela-anuncio-plan-desarme-para-carceles-venezolanas> Consulta del 21.11.2012.

388



17,8% de los conflictos que terminaron con fallecidos estuvieron relacionados con acciones del MPPSP apoyadas en la GNB y el Grupo de Reacción Inmediata de Custodios (GRIC) para intervenir centros penitenciarios y recuperar el control ante situaciones previas de violencia co-lectiva.

Los datos también permiten observar algu-nos casos donde las personas privadas de liber-tad son víctimas en las cárceles de “ajustes de cuentas” por problemas suscitados en el exterior del establecimiento (2%). Estas personas tratan de negociar con las autoridades de los centros penitenciarios para no ser enviadas adonde sa-ben que tienen enemigos; en el caso de no lo-grarlo es como una especie de muerte anunciada. Los traslados entre cárceles aumentan este tipo de conflictividad en que el interno debe generar alianzas con grupos que lo protejan o autoex-cluirse en lugares más pequeños e insalubres del establecimiento, de donde no puede salir ni si-quiera a exponerse al sol, para proteger su vida.

El no cumplimiento de las normas de la sub-cultura carcelaria (“comerse la luz”) acarrea la muerte (2,9%), como por ejemplo el no pagar la “la causa”20, robar a otro interno (“batanero”) o irrespetar a la visita, entre otras.

Algunos penados y procesados por el deli-to de violación de niños o adolescentes fueron asesinados al momento de su ingreso al centro penitenciario, en cumplimiento de una norma de la subcultura carcelaria, y representan 1,7% de las muertes en total.

En informes de períodos anteriores habíamos alertado sobre el peligro que representa la gene-ralización y normalización de prácticas como la “ley de fuga”, donde se hace caso omiso a los principios constitucionales de proporcionalidad,

Centro Frecuencia % % Acumulado penitenciario

CEPRA 51 21,2 21,2Yare I 33 13,7 34,9Sabaneta 26 10,8 45,7La Pica 24 10,0 55,6Tocuyito 18 7,5 63,1Puente Ayala 13 5,4 68,5La Planta 12 5,0 73,5CPO Santa Ana 11 4,6 78,0Uribana 11 4,6 82,6Tocorón 9 3,7 86,3Vista Hermosa 6 2,5 88,8IJ Barinas 4 1,7 90,5IJ Coro 3 1,2 91,7PGV 3 1,2 93,0Rodeo I 3 1,2 94,2Yare II 3 1,2 95,4I.J. de Cumaná 3 1,2 96,7I.J. de Trujillo 2 0,8 97,5I.J. de Los Teques 2 0,8 98,4El Dorado 2 0,8 99,2San Juan 1 0,4 99,6 de los MorrosCTC La Quinta, 1 0,4 100 ZuliaTotal 241 100


Cuadro Nº 5Muertes por centro penitenciario.

Venezuela, 2012

20. Cuota de dinero periódica que los internos deben entregar a los líderes.



Centro de Frecuencia % detenciónCentro detenciones 6 33,3 AmazonasPolicía del 5 27,8 estado TáchiraRetén Policial de 1 5,6 Puerto la Cruz (Anzoátegui)Policía del estado 1 5,6 LaraPolicía del 1 5,6 municipio Sotillo (Anzoátegui)Policía de Cabimas (Zulia) 1 5,6Policía del estado 1 5,6 AnzoáteguiEl Marite (Zulia) 1 5,6Guanipa (Delta Amacuro) 1 5,6Total 18 100,0


Cuadro Nº 6Muertes por centro de detención. Venezuela, 2012

conveniencia y oportunidad sobre el uso de ar-mas de fuego por parte de funcionarios (CRBV, 55). Durante 2012, las muertes por intentos de fuga (1,2%) son disparos por la espalda efec-tuados por los funcionarios de la GNB, aunque resalta un caso en el que el disparo fue a la cabe-za21. Estos hechos se distribuyen espacialmente como lo muestra el cuadro N° 4.

Los cuatro centros penitenciarios donde ocurrieron más de la mitad (55,6%) de las muertes en 2012 son el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA) (21,2%), Yare I (13,7%), Sabaneta (10,8%) y La Pica (10%).

pizas (16,7%) y armas blancas (8,3%). Estos centros de detención son dependientes de las policías estadales y municipales, por lo que llama la atención la presencia de armas en sus calabozos. (Tabla N° 6)

Los datos ponen al descubierto que dentro de los centros de detención también existen bandas o grupos organizados que luchan por controlarlos.

Otras muertes relacionadas con el sistema penitenciario son las de personas que se en-

Grafico Nº 4Comportamiento mensual de las muertes ocurridas en

Centros de detención Policial, Venezuela 2012


Además de esta situación de violencia en los centros penitenciarios, se conoció de fa-llecidos en centros de detención policial. De acuerdo a la revisión hemerográfica se con-tabilizaron 18 personas muertas, en su gran mayoría en los primeros meses del año, para luego observarse cómo disminuyó el nivel de conflictividad de estos centros a final del año.

Los casos reportados por la prensa nacio-nal sucedieron en nueve centros de detención del país. En el resto, la mayoría, no ocurrió ninguna muerte. (Tabla N° 5)

Las armas de fuego fueron las más utiliza-das (66,7%), seguido por la fuerza física, gol-

21. Jean Carlos Rodríguez: GNB abatió a preso que intentó fugarse de Yare I. En: La Voz, 06.10.12, pág. 42.

390



22. Juan José Faría: “Un recluso mató a su novia y se suicidó por celos” En: Diario Últimas Noticias, 08.06.12, pág. 24. María Isoliett Iglesias: “Recluso que mató a su novia en la visita conyugal fue ejecutado” En: El Nacional, 23.04.12, pág. 3-11.

23. Janet Queffelec: Funcionarios del SEBIN detonaron explosivos que dejaron reos en el penal de La Planta. En: Correo del Orinoco, 20.05.12, pág. 3.

24. En funeral de preso abalearon a dos hombres y plagiaron a tres mujeres que luego fueron asesinadas. Ernestina Herrera: Pugna por control de La Pica dejó 10 muertos. En: Últimas Noticias, 07.03.12, pág. 3.

Causa de la muerte Frecuencia %Arma de fuego 8 66,7Golpiza 2 16,7Arma blanca 1 8,3Ahorcado por otros 1 8,3Subtotal 12 100,0Sin información 6 Total 18

Fuente Cálculos propios con datos de PROVEA

Cuadro Nº 7Causas de muertes en centros de detención

Venezuela, 2012

Motivo del Evento Frecuencia %Riña entre internos 11 61,1Riña entre internos 6 33,3 por control del centro de detenciónVenganza por, 1 5,6 violación de niño niña o adolescenteTotal 18 100,0

Fuente Cálculos propios con datos de PROVEA

Cuadro Nº 8Motivos de muerte en centros penitenciarios

Venezuela, 2012

contraban de visita en la llamada “pernocta” dentro de los establecimientos penitenciarios. Tres mujeres perdieron la vida en estas cir-cunstancias22. Además, funcionarios militares, custodios y personal de la administración pe-nitenciaria resultaron asesinados o heridos en el cumplimiento de sus funciones o en hechos que se presumen relacionados con “sicariatos” demandados desde el interior de la cárcel.

Durante el desalojo de La Planta perdió la vida por una “bala perdida” una persona vecina al centro penitenciario23. Los disparos alcanza-ban una calle de gran importancia en la ciudad de Caracas, la capital del país, ocasionando in-seguridad en los transeúntes y caos vial.

Finalmente, en relación a los fallecidos, llama la atención que durante 2012 se presen-

taron conflictos por el control del estableci-miento que fueron resueltos de manera violen-ta en el exterior; por ejemplo, en los funerales de algunos reclusos se presentaron balaceras y muerte de familiares24.

El número de personas privadas de liber-tad lesionadas en los centros penitenciarios venezolanos durante 2012 indica la situación de violencia a la que están sometidas. Se trata de 419 personas heridas reportadas en la pren-sa nacional. Especialmente violentos fueron febrero (12,6%), marzo (40,6%), septiembre (7,9%) y octubre (10,5%). Gráfico N° 5.

Los centros penitenciarios donde se re-portó un mayor número de heridos difieren en algunos casos de los que tienen mayor núme-ro de fallecidos. En Uribana –por los “Coli-



Personas no privadas Frecuencia de libertad fallecidas en centros penitenciariosvisitas (pernocta) mujeres 3personal administrativo 2Fuente Cálculos propios con datos de PROVEA

Cuadro Nº 9Personas no privadas de libertad fallecidas

en centros penitenciarios. Venezuela, 2012

Centro Frecuencia % % Acumulado penitenciario

Uribana 184 43,9 43,9CEPRA 55 13,1 57,0Tocorón 30 7,2 64,2Com. Pen. Coro 24 5,7 69,9La Pica 23 5,5 75,4Yare I 20 4,8 80,2I. J. de Trujillo 17 4,1 84,2I. J. de Coro 13 3,1 87,4Rodeo I 11 2,6 90,0INOF 10 2,4 92,4I.J. de Barinas 9 2,1 94,5Tocuyito 7 1,7 96,2Vista Hermosa 4 1,0 97,1I.J. de Los Teques 3 0,7 97,9Sabaneta 2 0,5 98,3San Juan de los 2 0,5 98,8 MorrosI.J. de Barcelona 2 0,5 99,3I.J. de Los Pinos 1 0,2 99,5PGV 1 0,2 99,8Puente Ayala 1 0,2 100,0Total 419 100


Cuadro Nº 10Muertes por centro penitenciario.

Venezuela, 2012

seos”– es donde se produjeron más personas lesionadas (43,9%), seguido por el CEPRA (13,1%), que lo coloca como el centro peni-tenciario más violento en 2012 en relación a número de fallecidos y heridos. (Tabla N° 9)

Como es de esperarse, a diferencia de las muertes, las lesiones son causadas en su ma-yoría utilizando armas blancas (46,3%), segui-das por armas de fuego (40,8%). La explosión de una granada en un centro penitenciario cau-só 17 heridos y en una situación en el INOF (cárcel de mujeres) la GNB utilizó perdigones hiriendo a 10 mujeres. En el caso de heridos,

Grafico Nº 5Comportamiento mensual de lesionados ocurridos en

Centros penitenciarios, Venezuela 2012


Cuadro N° 11Tipo de lesiones en centros de detención.

Venezuela, 2012

Tipo de lesiones Frecuencia %

Arma blanca 194 46,3

Arma de fuego 171 40,8

Explosión de granada 17 4,1

Perdigones 10 2,4

Objeto contundente 2 ,5

Golpiza 1 ,2

Sin información 24 5,7

Total 419 100,0


392



Grafico Nº 6Comportamiento mensual de lesionados ocurridos en

Centros de detención, Venezuela 2012


Cuadro N° 12Motivos de lesiones en centros penitenciarios. Venezuela, 2012

Motivo del Evento Frecuencia %

“Coliseo” 174 41,5

Riña entre internos 79 18,9

Riña entre internos por control del centro penitenciario 68 16,2

Enfrentamiento por intervención del centro penitenciario 53 12,6

Enfrentamiento GNB 40 9,5

Violación de una norma interna (deudas, robo) 5 1,2

Total 419 100,0


96,9% son hombres.

Se produjeron dos eventos de “Coliseos” especialmente violentos en Uribana, represen-tando 41,5% de los heridos.

En relación a los centros de detención, se observa que el número de lesionados a lo largo de 2012 fue de 27; cinco de ellos heridos en diversos centros y 22 heridos por armas blan-cas en una situación presentada en Polilara de “riña entre los internos”. Todas las víctimas son del sexo masculino.

La violencia carcelaria también ha alcan-zado a funcionarios de la GNB y personal

administrativo en los centros penitenciarios. Ocho funcionarios resultaron heridos en el cumplimiento de sus funciones.

Como se ha presentado en los informes de los períodos anteriores, la ausencia de régimen penitenciario acarrea situaciones negativas que no permiten la garantía del ejercicio de los derechos por parte de los privados de libertad. A manera de indicadores de la ausencia del control de algunos centros penitenciarios se exponen las siguientes situaciones reportadas en la prensa nacional:

- El director de Polisur (estado Zulia) declaró que recibieron en el primer semestre de 2012, 33 denuncias de casos de extorsiones cuyos autores están privados de libertad en la cárcel de Sabaneta. Se identificó a 11 privados de libertad que extorsionaban a residentes de Maracaibo y San Francisco25. Este caso per-mite reflexionar sobre el tema de las comuni-caciones y el acceso a la telefonía móvil y el internet sin ningún tipo de control en algunas cárceles venezolanas. El derecho a la comu-nicación con el exterior puede darse bajo al-gunos mecanismos de supervisión. Esta situa-

25. “Mijo, te habla el Pran de la cárcel, pa’ que colaboréis”. En: Diario Panorama, 04.07.12, pág. B1.



Cuadro N° 13Motivos de lesiones en centros penitenciarios. Venezuela, 2012

Tipo de arma Cárcel de La Planta Internado Judicial de Coro

Armas largas 9 rifles FAL 2 fusiles FAL

1 rifle AK47 1 fusil HK 5.56

1 subametralladora 3 subametralladoras

1 Fusil AUG 2 rifles 30-30

17 escopetas 5 escopetas

1 rifle AR15

Armas cortas 79 pistolas 39 pistolas 9 mm

16 revólveres 4 revólveres

Armas blancas 255 chuzos

Accesorios 1 mira de fusil 5 Nonel con detonador

69 cargadores armas largas

64 cargadores armas cortas

1 selector de tiro para pistola 9 mm

63.451 municiones 11.446 proyectiles

27 artefactos explosivos Explosivo C4

12 granadas


ción no es reciente: desde 2010 el gobernador de Guárico para ese momento, Willian Lara, realizó denuncias formales de la presencia de mafias existentes en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV). Este aspecto fue expues-to con detalle en el Informe de PROVEA del período anterior.

- Los privados de libertad en algunos centros penitenciarios transitan armados en to-das las áreas. Reynaldo Hidalgo, quien estuvo al frente del proyecto de humanización peni-tenciaria, declaró que “existe tolerancia insti-tucional frente al recluso armado”. “No cual-quiera puede tener un arma; las autoriza y las compra el Pran porque forman parte del arse-

nal de defensa del “carro”; es decir, del grupo que tiene el control”26. Como una muestra de la existencia de armas de fuego dentro de los establecimientos penitenciarios se presenta a continuación la relación de armas halladas luego del desalojo de la cárcel de La Planta y del Internado Judicial de Coro. (Tabla N° 12)

- Los líderes negativos (pranes) so-meten a la mayoría de la población reclu-sa con la amenaza del uso de la violencia. Cuando el Estado intenta retomar el control éstos se enfrentan utilizando a los propios internos como escudos de protección. En-tonces la mayoría de los privados de liber-tad quedan así, involuntariamente, en el

26. Eligio Rojas: “Existe tolerancia institucional frente al recluso armado”. En: Últimas Noticias, 14.07.12, pág. 24.

394



medio de un conflicto entre el Estado y el “gobierno carcelario”, donde están en ries-go sus vidas. Por ejemplo, en septiembre se reportó una situación en la cárcel de Yare, donde el Pran obligó a 60 internos a coserse la boca por no pagar “la causa”27.

En esta situación de violencia se observa el papel protagónico de las armas. Que éstas se encuentren dentro de los centros penitencia-rios y de detención es una consecuencia de la corrupción existente tanto de los funcionarios responsables de la seguridad externa (GNB) como de la seguridad interna (custodios peni-tenciarios). A propósito se han presentado di-versos planes de desarme en la última década, sin resultados tangibles.

Desde la creación del MPPSP se ha reto-mado el control de El Rodeo, El Dorado, CE-PRA, La Pica, Vista Hermosa y Yare (I, II y III), se ha prohibido la práctica de “pernocta de la visita” y se han realizado exhaustivas re-quisas 28. La ministra Iris Varela declaró sobre la “pernocta” que “es un derecho que les die-ron las autoridades, fue un experimento que se hizo para bajar los índices de violencia, pero eso no ha dado ningún resultado”29. En la revi-sión de información se observó que el MPPSP realizó esfuerzos significativos durante el se-gundo semestre del año para llevar a cabo re-quisas, logrando decomisar armas y –como ya se dijo– pudiendo retomar el control de algu-nos centros penitenciarios incluso de manera pacífica. Se imputó a más de cien funcionarios por presuntos hechos de corrupción30.

Con fines de realizar el necesario diagnós-tico y gerenciar el recién creado MPPSP, la Ministra con su equipo visitó a principios de año todos los centros penitenciarios del país, observó la situación in situ y se entrevistó con los líderes de la población penitenciaria, lo que le permitió escuchar sus necesidades y propuestas y a la vez negociar para retomar el control del establecimiento sin el uso de la violencia. Sin embargo, se observan algunas debilidades en este proceso, ya que la nego-ciación no involucra a los funcionarios direc-tivos del centro penitenciario lo que a la larga genera un mayor desconocimiento, irrespeto y deslegitimación por parte de los internos hacia la institucionalidad con la que tienen el con-tacto directo, día a día. El centralizar, incluso el contacto necesario para el mantenimiento del régimen penitenciario, resulta ser contra-producente y denota desconfianza de la propia administración en los funcionarios que han sido colocados en los cargos que ocupan. En todo caso se recomienda como solución, traba-jar con personal de confianza y capacitado que pueda desde su centro penitenciario gestionar de manera autónoma dicho establecimiento.

Los traslados de internos entre centros peni-tenciarios también son una acción centralizada y son utilizados en la práctica, más que por la solicitud de un juez, como sanción disciplinaria. 2012 se caracterizó por la realización de traslados que son denominados por los internos “turismo carcelario”. Estas medidas pueden ser una varia-ble que se encuentre relacionada con los conflic-tos intracarcelarios que se presentaron debido a

27. “Pran obligó a 60 presos a coserse la boca”. En: El Nacional, 27.09.12, pág. C8.28. En una intervención en el 146º período de sesiones de la CIDH, el 01.11.12, la directora de Relaciones

Internacionales y Derechos Humanos del MPPSP, Laila Tajeldine, declaró que se realizaron más de 70 requisas.

29. Janet Queffelec: Reclusos de La Planta trasladados a El Rodeo deberán someterse al régimen penitenciario. En: Correo del Orinoco, 21.05.12, pág. 3.

30. Ídem, pág. 24.



las pugnas entre bandos de diferentes centros pe-nitenciarios. Por ejemplo, se reportó que los pri-vados de libertad que fueron trasladados por des-alojo de la cárcel de La Planta hacia El Rodeo I se han enfrentado por el control de ésta con saldo de muertos y heridos31. Otro aspecto negativo de los traslados es que causan retardo en el proceso penal y alejan al privado de libertad de su familia.

El MPPSP, en un esfuerzo por pacificar los centros penitenciarios, ideó el plan “Llegó Maí-ta” que incorpora a las madres de los internos en actividades que procuran integrarlas a los centros penitenciarios para promover su colaboración en el diálogo para la reducción de la violencia carce-laria. Es muy positivo que se reconozca el signi-ficado que tienen las madres para los privados de libertad y que se fortalezca este vínculo. Durante 2012 se involucró en este plan a mil madres que representan 2,2% del total de la población peni-tenciaria.

Por otra parte, algunos cambios destacables en la subcultura carcelaria son los siguientes:

- Se está violando la norma del respe-to a la visita. Durante 2012 sucedieron algunas muertes de mujeres durante la “pernocta” y se presentaron conflictos violentos frente a mujeres y niños. Como ejemplo, el conflicto de la cárcel de Yare I, en el que perdieron la vida 23 internos en agosto, se produjo durante la “pernocta”.

- El hermetismo (ley del silencio) por parte de los privados de libertad hacia el exte-rior en relación a la subcultura carcelaria se está flexibilizando. La vida carcelaria se hace públi-ca, trascendiendo las rejas de la cárcel. Surge en noviembre de 2012 una serie animada publicada

en internet llamada “Cárcel o infierno”, donde se describe todo lo que sucede dentro de las cárceles venezolanas. A propósito de esto –aunque su au-tor, un joven que estuvo preso, explica que la rea-liza para concientizar a los jóvenes32–, se pudiera estar produciendo un efecto contrario, ya que el modo de vida carcelario es conocido y seguido como modelo de vida por jóvenes de la sociedad en general.

- El cobro de “la causa” es público y aceptado: el negocio económico es conocido por las instituciones y la población en general, sin que se tomen medidas para que no suceda. La circulación de dinero en los centros penitencia-rios se origina por la renta de la venta de drogas, por la venta de comida en las cantinas, por el co-bro de la “pernocta” y la protección de la vida (terror base). De acuerdo a artículo de prensa, los centros penitenciarios más lucrativos son Tocu-yito (Carabobo), Tocorón (Aragua) y Santa Ana (Táchira). “Los 10 penales más ‘rentables’ de Ve-nezuela ‘producen’ 135 millones de bolívares al año”33.

Ante la situación de violencia que se acaba de exponer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2012 se pronunció al respecto. En comunicados de prensa deplora la muerte de cinco personas en el Centro Peniten-ciario de Occidente, estado Táchira (06.01.12), y de 25 personas en el Penal de Yare I, estado Mi-randa (24-08-2012); expresa su preocupación por la crisis de seguridad que tuvo lugar en la cárcel de La Planta en Caracas (22.05.12), y dicta Me-didas Provisionales sobre el CEPRA (06.09.12). Se tiene entonces, hasta 2012, ocho centros peni-tenciarios bajo estas medidas.

31. Angélica Lugo: Exreclusos de La Planta se disputaron territorios con líderes de Rodeo I. En: El Nacional, 20.09.12, pág. C-8.

32. Doris Barrios: “Transformar en arte lo vivido”. En: Diario Últimas Noticias, 12.08.12, pág. 23.33. María Isoliett Iglesias: “Sobrepoblación corrompe las cárceles”. En: El Universal, 27.05.12, pág. 4-10.

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Las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó en enero de 2013 las cifras de su Informe 2012 sobre la situación de las cárceles en el país. Detalla que la población penitenciaria total son 48.262 personas, 45.314 de género masculino y 2.984 de gé-nero femenino. Según el OVP, 591 venezo-lanos fueron asesinados en las cárceles en 2012, cifra que representa un aumento de 5,53% con respecto al año pasado, cuando perecieron 560 internos según datos recopi-lados por la ONG. Se describió que desde el 26.07.11, fecha en la cual se oficializó

la creación del MPPSP, hasta el 28.01.13, 1.685 personas resultaron heridas y 869 mu-rieron de manera violenta dentro de las ins-talaciones carcelarias. De acuerdo al OVP, la cárcel de Tocuyito encabeza la lista de los penales más violentos, con 61 muertes. Le sigue Uribana con 59, CEPRA con 56, Yare I con 48 y el Internado Judicial de Sabaneta con 45 personas asesinadas.

La organización estimó en 172% el haci-namiento existente en los recintos peniten-ciarios del país.



Derecho a la seguridad ciudadana

Toda persona tiene derecho a la protección del Estado a través de los órganos de se-guridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgos para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, oportunidad, pro-porcionalidad, conforme a la ley.


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La gravedad de la inseguridad en el país es un problema de primer orden. En 2012 se produjeron 222.010 delitos conocidos por el

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en los primeros diez meses del año. Si se proyectan los delitos que pudieran haber ocurrido en noviembre y di-ciembre de 2012 de acuerdo a la tendencia de los meses previos, resulta la cifra de 278.959 delitos conocidos. Esto representa un aumento de 20% en relación con los delitos registrados en 2010. La tasa global de delitos conocidos, según los datos del CICPC, para 2012 fue de 948 por cada 100 mil habitantes, lo que repre-senta un aumento en relación a 2010 y una dis-minución respecto a 2007 y 2008, cuando se registraron tasas de 932, 993 y 965 delitos por cada 100 mil habitantes respectivamente.

De los 159 tipos delictivos registrados por este organismo policial, 30 dan cuenta de 95,6% y de éstos, el hurto, el robo de auto-móviles, el robo, delitos violentos en contra de la mujer y la familia, lesiones personales, extravío de placas, homicidio, robo de moto-cicletas, hurto de motocicletas y amenaza de muerte suman las dos terceras partes del total general de delitos conocidos en 2012. Aunque los delitos contra la propiedad registran en conjunto cifras más altas que los delitos contra las personas y otros tipos de delitos conocidos por el CICPC, siete de 10 delitos mencionados suponen el uso de la violencia para lograr su objetivo. Los secuestros conocidos en ese año disminuyeron con relación a 2010 tanto a ni-vel nacional como en el Distrito Capital.

El número de homicidios calculado para 2012 fue de 14.582, lo que representa un au-mento con respecto a 2010, cuando ocurrieron

13.080 homicidios1. La tasa para 2012 fue de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes. Cuando se agregan las víctimas de las averi-guaciones de muerte y de resistencia a la au-toridad a la de los homicidios contabilizamos 23.506 víctimas en el año, para una tasa global de 78 por 100 mil respectivamente.

Del total de los delitos, 53% se concen-traron en cinco de las entidades federales con mayor población, a saber: Distrito Capital, Mi-randa, Carabobo, Zulia y Aragua, pero cuando se trata con tasas para tomar en cuenta la po-blación, encontramos a todas las anteriores con excepción del Zulia que tiene la menor tasa na-cional de delitos por 100 mil habitantes. Cabe mencionar que la tasa de delitos para el Distrito Capital casi duplica la magnitud de la tasa más alta que le sigue, la del estado Monagas.

El primer lugar en homicidios lo tiene el Distrito Capital con una tasa de 80 por 100 mil habitantes, que por cierto, también ostenta el primer lugar en las averiguaciones de muerte. Notablemente, el primer lugar en muertes por resistencia a la autoridad lo presenta el estado Delta Amacuro, con una tasa que dobla la del Distrito Capital. Cuando se suman las muer-tes en averiguación y los casos de resistencia a la autoridad, nuevamente es el estado Delta Amacuro el que asume la mayor tasa, a saber, 128 por 100 mil habitantes. Le siguen Aragua con 123, el Distrito Capital con 122, Carabobo con 120 y Miranda con 117.

La conclusión desde una perspectiva cuantitativa es que 2012 se desarrolló con un aumento del número de delitos y en particu-lar del número de homicidios, de muertes en enfrentamientos con la autoridad y de muer-tes que quedaron sin aclarar en el trascurso

1. Para el momento de redactar este informe, el ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que durante 2012 se habían producido en el país 16.000 homicidios en total.

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del año. No en vano manifiesta la población en la mayoría de las encuestas de opinión que la inseguridad es el problema más grave que sufre la nación.

Esa es la realidad objetiva del país a la que se tiene que enfrentar la Gran Misión A Toda Vida Venezuela (GMATVV); una realidad que reclama una acción coordinada con el resto de los poderes públicos, de todos los partidos po-líticos y sectores sociales que trabajan el tema, de los medios de comunicación social públi-cos y privados y de la comunidad en general, que todavía no termina de concretarse.

Dimensiones de la seguridad ciudadana

Dimensión subjetiva: percepción de las autoridadesDesde hace más de una década en Vene-

zuela las tasas de homicidios y de delitos han ido en constante ascenso, lo cual coloca al país entre los diez más violentos de América Latina.

Esto no es sólo una percepción, sino una realidad concreta que cada día cobra la vida de cientos de personas y deja con discapacida-des a otras. Diversas encuestas realizadas en el país dan cuenta de esta realidad, y una opinión casi generalizada de que es la inseguridad el principal problema del país.

Es importante considerar la opinión del mi-nistro del Poder Popular de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, quien calificó la situación de inseguridad del país como “particularmen-

te difícil”2, reconociendo que específicamente las cifras de homicidios no disminuyen debi-do a la proliferación de armas de fuego en las calles y a los problemas de impunidad3. No obstante, destaca que “el gobierno ha tenido avances en materia de seguridad pero no ha podido superar el piso de 48 homicidios por cada cien mil habitantes”4. En términos más concretos informó en su oportunidad que “la tasa de criminalidad de los principales delitos ha disminuido; pero no queremos desconocer el impacto negativo de los homicidios”5. Las declaraciones del ministro parecen reconocer la gravedad del problema de inseguridad en el país y señalan los progresos del gobierno en materia de seguridad como política nacional; no obstante, también expresan que en el caso de los estados donde se presentan las mayores cifras de delitos, tales como Zulia, Táchira, Miranda y Carabobo, se debe a que los gober-nadores son de oposición y han descuidado sus responsabilidades con la ciudadanía6.

Esta afirmación es parte de la forma pola-rizada como gobierno y oposición vienen ma-nejando el grave problema de la inseguridad, lo cual impide explorar y llegar a consensos mínimos para enfrentar la problemática con responsabilidad y eficiencia.

A tal efecto, además de la complejidad del problema de la inseguridad por el concurso de diversos factores, hay que sumarle la politiza-ción del asunto y la falta de voluntad política de las autoridades, quienes hacen depender la aplicación de medidas, la formulación de pla-

2. El Universal. 20.03.12, Pág. 1-2.3. Últimas Noticias. 12.01.12 Pág. 27.4. Estas cifras suministradas por el exministro Tareck El Aissami, comparadas con las que proporcionó el

actual ministro Néstor Reverol, indican que de 2011 a 2012 los homicidios aumentaron precisamente en el mismo lapso en que se empezó a ejecutar la GMATVV.

5. Últimas Noticias, 16.01.12. Pág. 16.



nes y políticas para el control y prevención de la violencia, la asignación de recursos a las go-bernaciones, de quienes estén de acuerdo o no con la tendencia política del gobierno. Llama la atención también que por un lado el ministro de Interior y Justicia reconoce la dificultad del pro-blema y por otro lado, el propio presidente de la República, Hugo Chávez Frías, no reporta ni menciona el tema de la inseguridad en su me-moria y cuenta ante la Asamblea Nacional (AN). Salvo en la campaña electoral y en el marco del lanzamiento de la GMATVV, el problema ha sido invisibilizado en la oratoria presidencial.

La percepción en torno al problema de inseguridad por parte de instancias más ope-rativas como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo coloca como un problema estruc-tural. El director de esa institución, Luis Fer-nández, apunta hacia la situación de policías involucrados en hechos delictivos como un as-pecto clave en el problema y lo expresa de esta manera: “No es lógico, no es normal que ten-gamos policías solicitados (…) el problema es de tipo estructural, no se trata de cambiar los uniformes a los policías, la implementación de la policía comunal es una necesidad”7.

Por otra parte, se reseña en la prensa en forma muy genérica información aportada por fuentes policiales, las cuales indican que 70% de los homicidios contabilizados ocurren porque la víctima se resiste al delito o intenta mediar, a lo cual los delincuentes responden matándola8. Más allá de las percepciones y las especulaciones, es conveniente como parte de las acciones y las medidas a tomar por parte de

los organismos encargados del sistema de ad-ministración de justicia, realizar indagaciones e investigaciones a fondo que permitan apun-tar hacia los factores que facilitan y originan los delitos violentos y no violentos, no sólo de la delincuencia común, sino también de la de-lincuencia organizada.

Percepción de la ciudadaníaLa percepción de la ciudadanía sobre la

inseguridad no ha cambiado en términos de colocar este problema como el principal del país. El Informe del Latinobarómetro de 2011 señala que 61% de los encuestados conside-ra la inseguridad como el principal problema del país. Asimismo señala que sólo 32% afir-maron haber sido victimizados, establecien-do una brecha entre la victimización real y la percepción de inseguridad. Ello, lejos de ser incongruente, en términos reales indica que efectivamente existe una sensación, una per-cepción de inseguridad en el país, porque se vive una victimización vicaria9.

La población pide presencia y eficacia po-licial como parte de la solución a los proble-mas de inseguridad. “Ante las medidas que se han venido haciendo en el CICPC, los ciuda-danos no tienen mucha confianza en que és-tas sean efectivas. La mayoría dice que pue-de ser otra de las medidas que han fracasado y otro porcentaje alto decía que puede que comience bien pero que no tendrá efectos en el largo plazo”. Pero además se piensa que “el sistema judicial tiene leyes blandas ante los delincuentes”10.

6. Últimas Noticias, 12.01.12. Pág. 27.7. Últimas Noticias, 16.08.12. Pág. 14.8. El Universal, 20.03.12, Pág.1-4,9. Victimización vicaria o indirecta es aquella asociada con el temor de la ciudadanía a ser víctima de algún

delito, debido a sus vivencias directas e indirectas ante la delincuencia10. Últimas Noticias, 12.01.12. Pág. 27.

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La desconfianza tanto en la policía como en el sistema judicial hace que haya “poca de-nuncia por parte de las comunidades, por fal-ta de respuesta efectiva de los organismos”11.

Mientras la población se mantiene temerosa, la delincuencia va en aumento. El lugar donde las personas se sienten más inseguras, de acuer-do a las encuestas realizadas en el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) en 2010 y 2011, es en el transporte público. Y este temor lo sienten tanto los transportistas, quienes son víctimas de robos y homicidios12, como los usuarios: “Los robos en los transportes públicos se hacen cada vez más frecuentes, algunos señalan que los de-lincuentes pueden tener alianzas con los mismos conductores, pero la posición de los conductores es que no pueden controlar quién sube y quién no. Igualmente se señala la ausencia de la poli-cía cuando se comenten estos delitos”13.

El sentir de los transportistas no es sólo en el Área Metropolitana de Caracas sino tam-bién en ciudades del interior del país. Duran-te 2012 la prensa nacional y regional destacó las protestas y pronunciamientos por parte de transportistas de Los Teques, Puerto Ayacucho y Maracay, entre otras ciudades, exigiendo a las autoridades protección en los medios de transporte, ya que las rutas están siendo con-troladas por bandas organizadas, cobrando in-cluso “vacunas” para garantizarles protección a los choferes y pasajeros.

De acuerdo a lo expresado por Eligio Rodrí-guez, director del Observatorio Venezolano de Violencia capítulo Guayana, en una encuesta de victimización realizada encontraron que el sitio donde se siente más vulnerabilidad ante la de-

11. Últimas Noticias, 12.01.12. Pág. 27.12. Transportistas se sienten desamparados por los cuerpos de seguridad. Últimas Noticias, 27.03.12. Pág. 14.13. Últimas Noticias, 01.03.12. Pág.22.14. Correo del Caroní, 10.12.12. Pág. A7.

lincuencia es el transporte público; 74% de los encuestados en Guayana calificó la acción de la policía como mala; 25% calificó de deficiente el funcionamiento de los tribunales, y 60% tole-ra que se haga justicia por mano propia, lo cual, aunado a que 52% percibe que el gobierno no está combatiendo la violencia, muestra que “la impunidad ha roto la institucionalidad”, según lo expresado por Rodríguez14.

Es importante destacar también que aun-que se exige la presencia policial en las calles, también se critica a la Guardia Nacional (GN) y el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), porque se limitan a poner alcabalas móviles, lo cual no resulta eficiente mientras no se desarrolle un plan integral de seguridad.

Una de las alternativas que se percibe como una salida para combatir la inseguridad es el porte de una arma de fuego. Se destacó en la prensa nacional y regional el pronuncia-miento de los gremios de ganaderos Cofagan y Fedenaga, a favor del porte de armas de los pequeños y grandes productores en las zonas rurales del país, debido a la presencia de gru-pos guerrilleros y paramilitares y a la ausencia de la presencia policial.

A propósito del porte de armas de fuego, el tema se puso en el tapete de la opinión pública nacional y regional en el primer trimestre de 2012, con la creación de la Comisión Presiden-cial para el Desarme. Sobre las restricciones al porte de armas, hubo en la población opinio-nes a favor y en contra. Entre las opiniones se encontraba que la medida de suspensión no contribuiría a frenar el problema de prolifera-ción de armas de fuego, dado que no se enfoca



hacia aquellos grupos efectivamente armados. En marzo de 2012 la Comisión dio a conocer los resultados de una consulta a la población; entre otras opiniones destacaron que 90,2% de las personas apoyan la suspensión temporal de armas, y manifestaron que el principal motivo para el uso de armas de fuego es el robo, el se-gundo la resolución de conflictos y por último el ajuste de cuentas15.

Según una encuesta realizada por la Univer-sidad Nacional Experimental de la Seguridad, la población cree que el problema de la inse-guridad en el país debe ser abordado a través del fortalecimiento de los órganos de seguridad del Estado y la transformación del sistema de administración de justicia; además de aunar es-fuerzos para desarrollar la convivencia social y solidaria, y una prevención integral16.

Dimensión objetiva Las cifras del delito y la violenciaUna vez más tenemos que recurrir a infor-

mación parcial para describir de forma objeti-va la situación en cuanto a la inseguridad en el país para el período de estudio del informe correspondiente a 2012. En esta oportunidad se pudo lograr acceso a la estadística sobre de-litos conocidos por el CICPC para los diez pri-meros meses del año. Treinta tipos delictivos

(de un total de 159) dan cuenta de 95,6% del total de casos conocidos por este organismo policial en los diez primeros meses de 2012, a saber 222.010 eventos. Ante la ausencia de ci-fras sobre delitos en los dos últimos meses del año, ajustamos un modelo autorregresivo de series tiempo17 para su estimación, obtenién-dose 22.947 delitos para noviembre y 23.387 para diciembre. De esta forma se tendría un to-tal estimado de delitos para 2012 de 278.595, lo que representa un aumento de 11% en el número de delitos totales en relación a 2010.

Es un hecho bien establecido que no todo delito se denuncia y que múltiples estudios realizados en momentos distintos por diversas organizaciones públicas y privadas, estiman una cifra oculta que ronda los dos tercios18, es decir que de cada tres delitos se denuncia uno, por lo que habría que suponer una cifra de delitos bastante mayor que la conocida por el CICPC, alrededor de unos 835.784 eventos durante el periodo considerado. Cabe señalar que las proyecciones poblacionales de vic-timización para 2006 y 2009, obtenidas con la encuesta de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) de 2006 y la de Victimización y Percepción Ciudadana de 2009 respectivamente19, son sustancialmente mayores aun para años anteriores, a saber, la primera refirió 2.422.064 víctimas y la segun-

15. Correo del Orinoco, 30.03.12. Pág. 7.16. Últimas Noticias, 03.07.12. Pág.22.17. El modelo autoregresivo empleado explica el comportamiento del número total de delitos conocidos en

un mes determinado tomando en cuenta el número de delitos en el mes anterior. Este modelo es el que proporciona mejor ajuste a los datos en la clase de todos los modelos autoregresivos integrados de prome-dios móviles (ARIMA) posibles.

18. La cifra oculta estimada por la encuesta de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), cuyo período de referencia fue julio del 2005 a julio del 2006, es de 30%, todavía algo más baja que los dos tercios mencionados en el texto principal.

19. Tanto la encuesta de la Conarepol2006 como la encuesta de Victimización y Percepción Ciudadana de 2009 son encuestas de hogares diseñadas y realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que incluyeron un considerable número de hogares, la primera casi 6.000 y la segunda más de 20.000. Su diseño permite concluir que las dos encuestas, y sobre todo la de 2009, ofrecen márgenes de precisión muy altos.

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da 2.364.452 respectivamente. Aun conside-rando que el número de casos y el de víctimas no tienen por qué coincidir, de hecho un caso pude tener múltiples víctimas, todavía resta una diferencia considerable por explicar.

Desde luego la cifra oculta varía con el tipo de delito. Nuestro sistema legal no exige la denuncia de los homicidios para que sean investigados por los cuerpos policiales y en consecuencia la cifra de casos no conocidos por el CICPC para este delito debe ser muy pequeña. La no denuncia es mayor de lo que marcan las encuestas para los delitos menores, pero cuando se trata de robos de una propie-dad asegurada o cuando el producto del robo se utiliza en la comisión de otros delitos y se adquiere por tanto responsabilidad legal en el delito cometido, la denuncia está garantizada. Desafortunadamente el único medio con el que se cuenta para el establecimiento de una cifra oculta diferenciada y confiable es la gran encuesta probabilística, que requiere de enor-mes recursos económicos solamente disponi-bles por el Estado.

En lo que sigue describiremos el compor-tamiento de los 30 delitos más frecuentes, en lugar de los 159 considerados en el informe del CICPC; es decir, estaremos describiendo 95,6% del total de eventos delictivos conoci-dos por el CICPC en 2012. Una vez más, los delitos contra la propiedad registran cifras más altas que los delitos contra las personas y otros

tipos de delitos conocidos por el CICPC. En particular, el primer tipo da cuenta de 60%, el segundo de 33% y el tercero del 7% res-tante. En este período se produjo un aumento de 10% en los delitos contra la propiedad en relación a 2010, los delitos contra las personas se mantuvieron casi iguales y los otros delitos, básicamente relacionados con el tráfico y con-sumo de drogas, disminuyeron en 11%. Los delitos en contra de la propiedad se reparten por igual entre violentos (26%) y sin violencia (34%), como se aprecia en el cuadro 1.

La tendencia de estos grandes tipos se pre-senta en el cuadro 2. Podemos apreciar allí que continúan en ascenso los delitos contra las personas. Los delitos contra la propiedad pre-sentan un cambio en la tendencia hacia la baja registrada hasta 2010, mientras que los otros tipos de delitos conocidos presentan una dis-minución relativa con respecto a los primeros.

Cuadro N° 2Delitos conocidos contra las personas y la propiedad. Venezuela 1999-2012

(% sobre delitos totales) Año

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Contra las personas 18,3 21,8 21,9 21,7 21,2 25 27,5 28,1 29,8 29,9 28,3 31,7 32,8

Contra la propiedad 69,3 70,2 68,4 68 66,1 60,4 57,4 56,6 54,3 56,4 52,9 50,5 59,9

Otros 12,4 8 9,7 10,3 12,7 14,6 15,1 15,3 15,9 13,7 18,8 17,7 7,2Nota: Casos de noviembre y diciembre estimados.Fuente: Datos tomados del Informe PROVEA 2010. División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

Contra la propiedad con violencia 69.032 26

Contra la propiedad sin violencia 90.582 34

Contra las personas 87.420 33

Otros tipos de delitos 19.265 7

TOTAL 266.299 100Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

Tipo de delito Casos %

Cuadro N° 1Delitos contra la propiedad y las personas.

Venezuela en 2012(casos de noviembre y diciembre estimados)



El delito más perpetrado de los 30 consi-derados es el hurto, con 13% del total. Le si-guen el robo de autos, con 10%; el robo, con 10%; los delitos violentos contra la mujer y la familia, con 9%; las lesiones personales, el extravío de placas y el homicidio, con 9%, 6% y 6% respectivamente. (Ver cuadro 3).

Estos siete delitos más perpetrados dan cuenta de 63% del total de delitos conocidos por el CICPC. Cuando trabajamos con tasas de delitos por 100 mil habitantes20, se observa que de los siete delitos más numerosos considera-dos, cinco suponen el uso de la violencia y su-peran en más del doble la tasa de victimización de los dos restantes, a saber, el hurto y el extra-vío de placas. Es notorio también que el hurto y el robo de vehículos de cualquier tipo, entre los 30 más numerosos considerados, tienen una tasa global de 207, mientras que el hurto y robo acumulan 204 casos por 100 mil. De esta for-ma hay que concluir que algo más de la mitad de los robos y hurtos acontecen en relación con vehículos automotores. (Ver cuadro 4)

La tasa de delitos totales conocidos dismi-nuyó a 906 por 100 mil habitantes en 2012, según los datos del CICPC, e igualmente lo hicieron las tasas de robo y lesiones, pero no así la tasa de robo de vehículos y homicidios, que se elevaron al nivel de 2008 y 2009. (Ver cuadro 5)

En particular el robo, ubicado en un tercer lugar de numerosidad general, se muestra es-table en relación a 2010. En el Distrito Capi-tal aumentó en 35,5%, como se aprecia en el cuadro 6.

Hurto 33.985 12,2% 12,8%Robo de auto 27.603 9,9% 10,4%Robo 25.830 9,3% 9,7%C/Violencia a la mujer y familia 24.209 8,7% 9,1%Lesiones personales 22.869 8,2% 8,6%Posesión de droga 17.390 6,2% 6,5%Homicidio 14.852 5,3% 5,6%Robo de moto 14.200 5,1% 5,3%Hurto de auto 11.453 4,1% 4,3%Amenaza de muerte 10.927 3,9% 4,1%Estafa 10.518 3,8% 3,9%Posesión de droga 7.909 2,8% 3,0%Hurto de moto 6.194 2,2% 2,3%Averiguación muerte 4.598 1,7% 1,7%Otras averiguaciones 4.057 1,5% 1,5%Porte ilícito de arma 3.984 1,4% 1,5%Delitos de informática 3.531 1,3% 1,3%Resistencia de autoridad 3.387 1,2% 1,3%Personas desaparecidas 2.838 1,0% 1,1%Apropiación indebida 2.125 0,8% 0,8%Aprovechamiento cosas del delito 1.937 0,7% 0,7%Lopnna 1.912 0,7% 0,7%Adulteración serial 1.844 0,7% 0,7%Violación 1.827 0,7% 0,7%Consumo de droga 1.527 0,5% 0,6%Robo de camión 1.400 0,5% 0,5%Actos lascivos 1.080 0,4% 0,4%Extorsión 871 0,3% 0,3% Invasión de terreno 733 0,3% 0,3%Otros CBC 709 0,3% 0,3%Venezuela 266.299 96% 100,0%

Nota: Casos de noviembre y diciembre estimados.Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

Delito Total %

Cuadro N° 3Los treinta delitos conocidos más numerosos

en Venezuela 2012

20. Empleamos como población estimada en 2012, la población preliminar para el 30.10.2011, dada por el INE y obtenida a partir de los resultados del XIV Censo de Población y Vivienda realizado en 2011. Incrementa-mos esta cifra en el mismo porcentaje anual de crecimiento que diferencia las proyecciones de población del INE para 2011 y 2012 calculadas con base en los resultados del XIII Censo de Población y Vivienda de 2001. Esto supone, claro está, que las fuerzas que modelaban el crecimiento al momento de la elaboración de las proyecciones con los datos del censo de 2001 son las mismas que operan en la actualidad, lo que no es nece-sariamente cierto; pero en este momento no hay proyecciones disponibles del INE para 2012.

406



Los secuestros conocidos en 2012 dismi-nuyeron en relación a 2010 tanto a nivel na-cional como en el Distrito Capital, pero en este último la disminución fue sustancialmente mayor. (Ver cuadro 7)

El número de homicidios calculado para 2012 fue de 14.582, lo que representa un au-mento con respecto a 2010, cuando ocurrie-ron 13.080 homicidios. La tasa para 2012 fue de 51 homicidios por 100 mil habitantes, una cifra que nuevamente sorprende porque, como se ha comentado en informes anteriores de PROVEA, discrepa de los valores de las tasas de homicidios estimadas con los datos de las encuestas de victimización realizadas por el INE en 2006 y 2009, a saber, de 49,6 y de 75,08 homicidios por 100 mil habitantes respectivamente. Creemos que la explicación no se encuentra en una disminución de los homicidios sino en una manipulación esta-dística derivada del cambio de definiciones de algunos tipos delictivos o de los criterios de clasificación. Cuando se suman los casos de los tipos delictivos homicidios, averigua-ción de muerte y resistencia de autoridad, la cifra acumulada de 23.506 casos representa una tasa de 78 por 100 mil habitantes, mu-cho más en consonancia con la tasa estimada con la encuesta de 2009. En los informes de PROVEA de 2009 y 2010 se le ha hecho se-guimiento a las cifras de “muertes en averi-guación” y “resistencia a la autoridad”21, que ahora se presentan junto con las correspon-dientes a año 2012 en el cuadro 8.

Las cifras para estos tipos delictivos que-daron en 4.598 y 3.387 casos respectivamente en 2012. Cuando se agregan las víctimas de

Hurto 116Robo de auto 94Robo 88C/Violencia a la mujer y familia 82Lesiones personales 78Extravío de placas 59Homicidio 51Robo de moto 48Hurto de auto 39Amenaza de muerte 37Estafa 36Posesión de droga 27Hurto de moto 21Averiguación muerte 16 Otras averiguaciones 14Porte ilícito de arma 14C/Delitos de informática 12Resistencia de autoridad 12 Personas desaparecidas 10Apropiación indebida 7Aprovechamiento cosas del delito 7Lopnna 7Adulterio serial 6Violación 6 Consumo de droga 5 Robo de camión 5 Actos lascivos 4 Extorsión 3 Invasión de terreno 2 Otros CBC 2

Venezuela 906Nota: Casos de noviembre y diciembre estimados.Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

Delito Tasa x 100.000 H

Cuadro N° 4Tasas por 100 mil habitantes de los 30 delitos

conocidos más numerosos. Venezuela en 2012

21. Muertes ocasionadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado no consideradas homicidios por haber ocurrido en el cumplimiento de tareas de seguridad ciudadana.



los tres tipos delictivos encontramos, como ya lo habíamos mencionado, 23.506 víctimas en el año, con una tasa global de 78 por 100 mil respectivamente. (Ver cuadro 8)

Para apreciar mejor la discusión sobre ho-micidios y otras muertes relacionadas, convie-ne considerar los datos desde una perspectiva histórica, para lo cual presentamos en el cua-dro 9 la secuencia de muertes para los tres ti-pos delictivos desde 1999. Como se destacó en el Informe de PROVEA de 2010, los tres tipos delictivos presentan elevadas correlacio-nes producto momento de Pearson: 0,865 para la pareja homicidios-resistencia, 0,903 para la pareja homicidios-averiguación y 0,869 para la pareja averiguación-resistencia. Este resul-tado apoya la hipótesis de una manipulación estadística del número de muertes por homi-cidio o, por lo menos, que las muertes por re-sistencia y averiguación son en su mayor parte

Cuadro N° 5Tasas de los principales delitos conocidos a nivel nacional. Venezuela 2012

Año

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

Delitos totales 1041 977 915 1041 1034 902 877 881 969 993 965 932 906

Robos 144 145 123 153 149 111 103 103 106 111 105 90 88

Robo vehículo 105 124 120 159 160 110 97 112 134 155 145 97 147

Lesiones 132 105 104 120 110 114 126 121 111 104 94 82 78

Homicidios 25 33 32 38 44 37 37 45 48 52 49 45 51Nota: Casos de noviembre y diciembre estimadosFuente: Datos tomados del Informe PROVEA 2010. División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

2010 25.855 3.242

2012 25.830 4.392

% Variación -0,1% 35,5%Nota: Casos de noviembre y diciembre estimados.Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Informe de PROVEA 2010. Cálculos LACSO.

Año Venezuela Distrito Capital

Cuadro N° 6Robos en 2012 respecto a 2010

Variación porcentual en el Distrito Capital y Venezuela

2010 686 186

2012 584 99

% Variación -6% -47%Nota: Casos de noviembre y diciembre estimadosFuente: División de Estadística CICPC (2012). Informe de PROVEA 2010. Cálculos LACSO.


Cuadro N° 7Secuestros en 2012 respecto a 2010

Variación porcentual. Venezuela y Distrito Capital

Delito Total 2009 Tasa Tota 2010 Tasa Total 2012 (E) Tasa

Homicidio 13.985 49 13.080 45 14.852 51

Averiguación de muerte 4.205 15 4.508 16 4.598 16

Resistencia de autoridad 2.685 9 3.492 12 3.387 12

TOTAL 20.875 74 21.080 73 23.506 78Nota: Casos de noviembre y diciembre estimados.Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Informes de PROVEA 2009 y 2010. Cálculos LACSO.

Cuadro N° 8Delitos por 100 mil habitantes y tasas de homicidios y otras muertes.

Venezuela 2009, 2010 y 2012.

408



Cuadro N° 9Casos de homicidios, resistencia a la autoridad y averiguación de muerte

Venezuela 1990-2012. Casos de noviembre y diciembre estimados Año Casos Resistencia Averiguación Total Tasa Tasa Diferencia

homicidios autoridad muerte muertes homicidios total 1990 2.474 313 ND 2.787 13 14 11991 2.502 322 3.437 6.261 13 31 181992 3.266 399 3.619 7.284 16 35 191993 4.292 485 3.411 8.188 21 39 181994 4.733 732 ND 5.465 22 25 31995 4.481 592 ND 5.073 21 23 21996 4.961 657 3.358 8.976 22 40 181997 4.225 671 3.361 8.257 19 36 171998 4.550 609 3.461 8.620 20 37 171999 5.968 607 3.474 10.049 25 42 172000 8.022 943 3.467 12.432 33 51 182001 7.960 1.251 3.801 13.012 32 53 212002 9.617 1.720 3.752 15.089 38 60 222003 11.342 2.305 3.891 17.538 44 68 242004 9.719 2.150 4.031 15.900 37 61 242005 9.964 1.355 4.158 15.477 37 58 212006 12.257 1125 4.109 17.491 45 65 202007 13.156 1.579 4.264 18.999 48 69 212008 14.589 1.853 4.127 20.551 52 74 222009 13.985 2.685 4.205 20.875 49 74 252010 13.080 3.492 4.508 21.080 45 73 282012 14.852 3.387 4.598 22.837 51 78 27

Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Informe de PROVEA 2010. Cálculos LACSO.

Cuadro N° 10Casos de delitos relacionados con el porte y comercio de armas de fuego

Venezuela 2012. Casos de noviembre y diciembre estimadosDelito Casos %

Porte ilícito de arma 3984 1.43%

Ocultamiento de arma de fuego 291 0.10%

Extravío de armas 288 0.10%

Uso indebido de arma de fuego 38 0.01%

Comercio ilícito de arma 5 0.00%

Alarma de artefacto explosivo 4 0.00%Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.



22. RCTV.NET: Trágica lista: 155 policías venezolanos han sido asesinados por el hampa en lo que va de año [en línea] <http://bit.ly/R2RtrG> Consulta del 06.03.13.

también homicidios. En 2012 se produjo un incremento de 14% en el número de homici-dios con respecto a 2010, rompiéndose así la tendencia decreciente que se venía experimen-tando desde 2008. Los casos de “resistencia a la autoridad” disminuyeron con respecto a 2010 en 3%, mientras que los casos de “ave-riguación de muerte” aumentaron también con respecto a 2010 en 2%. El balance termina en un aumento sostenido del número total de muertes desde 2005 y una tasa total que no baja de 78 muertes por 100 mil habitantes.

Hasta agosto de 2012 presuntamente ha-bían sido asesinados 155 policías y militares en todo el país, según una lista dada a conocer por medios de comunicación, la cual habría sido suministrada por el CICPC22.

Los delitos conocidos sobre el porte y co-mercio ilícito de armas son pocos en relación al volumen estimado de armas ilegales en el país que manejan diversos expertos. En el cuadro 10 se presentan los delitos de este tipo conocidos por el CICPC en 2012.

En el cuadro 11 se puede apreciar la distri-bución de casos por entidad federal. El Distri-to Capital lidera la lista con 17%, le siguen en orden decreciente Miranda con 12%, Carabo-bo con 10%, Zulia y Aragua con 7% y Bolí-var y Anzoátegui con 5%. Estos siete estados concentran 63% del total de delitos conocidos por el CICPC.

Estas cifras no toman en cuenta la pobla-ción de cada entidad, de forma tal que si cal-culamos tasas por 100 mil habitantes la geo-grafía delictual tiene cambios importantes. Así, en el cuadro 12 notamos que el estado Zulia, que ocupaba un cuarto lugar en el total

Distrito Capital 47.369 17

Miranda 32.184 12

Carabobo 28.483 10

Zulia 19.374 7

Aragua 19.331 7

Bolívar 14.487 5

Anzoátegui 14.447 5

Monagas 11.939 4

Lara 11.621 4

Guárico 7.941 3

Táchira 7.780 3

Falcón 7.655 3

Mérida 7.241 3

Trujillo 7.093 3

Yaracuy 6.774 2

Sucre 6.311 2

Portuguesa 6.218 2

Barinas 5.067 2

Nueva Esparta 4.710 2

Vargas 3.817 1

Cojedes 3.554 1

Apure 2.467 1

Delta Amacuro 1.884 1

Amazonas 849 0

Total 278.595 100Nota: Casos de noviembre y diciembre estimados.Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

Entidad Delitos %

Cuadro N° 11Distribución porcentual de delitos para las entidades

Distribución porcentual de delitos conocidos por el CICPC para las entidades federales.

Venezuela 2012.

de delitos, pasa al último lugar en términos de delitos por 100 mil habitantes; el Distrito Ca-pital se mantiene en el primer lugar; Miranda, que ocupaba la segunda posición en delitos

410



Cuadro N° 12Delitos y tasas de delitos por 100 mil habitantes clasificados por entidad federal.

Venezuela 2012. Casos de noviembre y diciembre estimadosEntidad Delitos Tasa Orden Delitos Orden Tasa

Distrito Capital 47.369 2.286 1 1

Monagas 11.939 1.217 8 2

Carabobo 28.483 1.176 3 3

Miranda 32.184 1.117 2 4

Aragua 19.331 1.101 5 5

Yaracuy 6.774 1.041 15 6

Delta Amacuro 1.884 1.049 23 7

Cojedes 3.554 1.016 21 8

Vargas 3.817 1.010 20 9

Guárico 7.941 982 10 10

Trujillo 7.093 955 14 11

Bolívar 14.487 949 6 12

Anzoátegui 14.447 911 7 13

Nueva Esparta 4.710 890 19 14

Mérida 7.241 808 13 15

Falcón 7.655 785 12 16

Portuguesa 6.218 655 17 17

Sucre 6.311 652 16 18

Táchira 7.780 616 11 19

Lara 11.621 607 9 20

Barinas 5.067 572 18 21

Amazonas 849 533 24 22

Apure 2.467 494 22 23

Zulia 19.374 484 4 24Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

totales, pasa a la cuarta, y para completar los primeros cinco puestos, ni Carabobo ni Ara-gua cambian de posición. El Distrito Capital es, pues, la entidad con mayor número de de-litos conocidos por 100 mil habitantes y el estado Zulia el de menor número de delitos conocidos por 100 mil habitantes.

La tasa global de delitos conocidos según los datos del CICPC para 2012 fue de 948 por cada 100 mil habitantes, lo que represen-ta un aumento en relación a 2010 y una dis-minución respecto de 2007 y 2008, cuando se registraron tasas de 932, 993 y 965 deli-tos por 100 mil habitantes respectivamente.



Esta cifra sirve de referencia para identificar las entidades en cuanto a la magnitud de la actividad delictiva en 2012: doce entidades tienen tasas por encima de 948 y doce por debajo. Distrito Capital es el que registra la mayor actividad delictiva, multiplicando por dos veces y media la tasa promedio nacional, mientras que Zulia es el estado con menor ac-tividad delictiva, con una tasa que iguala a la mitad de la tasa promedio nacional.

Las cifras de homicidio, averiguación de muerte y resistencia a la autoridad clasifi-cadas por entidad federal se presentan en el cuadro 13.

Para su análisis conviene tomar en cuenta la población de cada entidad para 2012 y conside-rar en su lugar las tasas por 100 mil habitantes. (Ver cuadro 14). De esta forma se descubren resultados interesantes. Por ejemplo, el primer lugar en homicidios lo tiene el Distrito Capital, con una tasa de 80 por 100 mil habitantes;por cierto, también ostenta el primer lugar en las averiguaciones de muerte. Notablemente, el primer lugar en muertes por resistencia a la autoridad lo presenta el estado Delta Amacuro, con una tasa que dobla la del Distrito Capital. Cuando se suman las muertes nominadas por estas tres clases, nuevamente es el estado Delta Amacuro el que asume la mayor tasa, a saber, 128 por 100 mil habitantes. Le siguen Aragua con 123, el Distrito Capital con 122, Carabobo con 120 y Miranda con 117. El estado con me-nor tasa de homicidios es Amazonas (20x100 mil), Lara es el estado con menor tasa de ave-riguaciones de muerte (20x100 mil) y Apure es la entidad con menor número de casos de resis-tencia a la autoridad, a saber, dos por 100 mil habitantes. La menor tasa total que resulta de

Entidad Homicidios Averiguación Resistencia de muerte a la autoridad

Distrito Capital 1.655 588 241

Amazonas 31 38 5

Anzoátegui 599 186 210

Apure 152 100 8

Aragua 1.032 409 361

Barinas 349 132 35

Bolívar 792 305 311

Carabobo 1.673 297 363

Cojedes 178 48 31

Delta Amacuro 46 35 95

Falcón 246 173 193

Guárico 353 143 161

Lara 984 72 42

Mérida 179 169 66

Miranda 2.298 500 433

Monagas 438 104 136

Nueva Esparta 186 101 37

Portuguesa 396 131 74

Sucre 579 80 194

Táchira 547 180 34

Trujillo 265 139 49

Vargas 227 102 23

Yaracuy 254 80 193

Zulia 1.395 486 92

VENEZUELA 14.852 4.598 3.387Nota: Casos de noviembre y diciembre estimadosFuente: División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

Cuadro N° 13Homicidios, averiguaciones de muerte y casos

de resistencia a la autoridad clasificados por entidad federal. Venezuela 2012

la suma de los tres tipos considerados la ostenta Barinas, con 81 casos por 100 mil habitantes, precedida por Táchira y Lara, con 84 por cada 100 mil habitantes.

412



Intervenciones del EstadoPolítica de seguridadEl análisis de las tendencias en las cifras de

delito, especialmente las de homicidio, mues-tra un incremento desde hace más de una déca-da. A partir de 1999 se han planteado en el país

Entidad Tasa Orden Tasa Orden Tasa Orden Tasa Orden Federal HOM T-HOM AVEM T-AVEM RESA T-RESA TOTAL T-TOTAL

Distrito Capital 80 1 28 1 12 12 122 3

Amazonas 20 24 24 3 3 20 91 16

Anzoátegui 38 16 12 21 13 11 101 9

Apure 31 20 20 5 2 24 87 18

Aragua 59 6 23 4 21 3 123 2

Barinas 39 14 15 14 4 19 81 24

Bolívar 52 7 20 6 20 4 105 7

Carabobo 69 3 12 19 15 9 120 4

Cojedes 51 9 14 17 9 13 99 11

Delta Amacuro 25 21 19 7 53 1 128 1

Falcón 25 22 18 11 20 7 87 19

Guárico 44 11 18 12 20 6 103 8

Lara 51 8 4 24 2 23 84 22

Mérida 20 23 19 9 7 15 87 17

Miranda 80 2 17 13 15 8 117 5

Monagas 45 10 11 22 14 10 86 20

Nueva Esparta 35 18 19 8 7 16 95 14

Portuguesa 42 13 14 16 8 14 100 10

Sucre 60 5 8 23 20 5 97 13

Táchira 43 12 14 15 3 21 84 23

Trujillo 36 17 19 10 7 17 86 21

Vargas 60 4 27 2 6 18 99 12

Yaracuy 39 15 12 18 30 2 109 6

Zulia 35 19 12 20 2 22 91 15

VENEZUELA 51 16 12 78Nota: Casos de noviembre y diciembre estimados.Nota: HOM=Homicidios, AVEM=Averiguación de muerte, RESA=Resistencia a la autoridad. La letra T delante de los acrónimos significa Tasa y Orden, significa la disposición de mayor a menor de las entidades federales en función de las tasas de cada uno de los tres tipos de delitos considerados.Fuente: División de Estadística CICPC (2012). Cálculos LACSO.

Cuadro Nº 14Tasas de homicidios, averiguaciones de muerte y casos de resistencia a la autoridad

clasificados por entidad federal. Venezuela 2012

por parte del gobierno 20 planes de seguridad, un promedio de casi un plan por año. ¿Qué ha pasado entonces? A continuación una breve revisión de ellos:

En 1999 se anunció el Plan Dignidad Car-celaria, cuyo objetivo fundamental era la de-



23. Estos operativos policiales fueron altamente cuestionados por las organizaciones de derechos humanos, puesto que se realizaban allanamientos sin orden judicial.

tección de fugas, motines y posesión de armas en las cárceles por medio de brigadas de in-teligencia; sin embargo, hoy en día sabemos la real situación del sistema de prisiones en el país. El siglo XXI se inició con el Plan de Se-guridad lanzado en 2000,el cual involucraba a la GN en funciones de patrullaje y control policial. Un año más tarde se da a conocer el Plan Estratégico de Prevención de la Violen-cia, con el cual se pretendía promover la justi-cia y la paz; luego en ese mismo año se conoce del Plan Confianza 2001, donde nuevamente se involucra a la GN, y se inicia la reforma del Código Orgánico Procesal Penal.

Entre 2002 y 2003 se notificó la puesta en marcha del Plan de Coordinación Policial y Control de Vigilantes Privados y el Plan Desarme Nacional, que incluyó la Ley para el Desarme promulgada en 2002. En 2004 se ha-bla del Plan de Seguridad Ciudadana Integral.

Posteriormente, entre 2004 y 2005, con-tinuaron con el Plan Piloto de Seguridad, el Plan Nacional de Control de Armas, el Plan de Desarme Nacional.

En 2006 se promociona el Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciuda-dana, con el cual se perseguía la transforma-ción de las policías. Se crea la Conarepol. Para 2007 se menciona el Plan Nacional de Control de Armas, y es en este periodo cuando se co-mienza a reconocer la cantidad armas ilegales que circulan en el país.

En 2008 llega Tareck El Aissami al Minis-terio de Interior y Justicia, y con él otros pla-nes más, en su mayoría enfocados en la Gran Caracas. Se anuncian el Plan Caracas Segura

–donde reaparece la GN en funciones de pa-trullaje– y el Plan Ruta Segura, que establecía la presencia de un efectivo de la GN en las unidades de transporte.

Durante un mes de 2009 se pone en prác-tica el Plan Noche Segura, para reforzar la se-guridad nocturna de la ciudad capital. En 2010 la PNB adelanta operativos en las autopistas a través del Plan Autopista Segura. En este mis-mo año aparece el Dispositivo Bicentenario de Seguridad, conocido como Dibise, el cual hace converger varios cuerpos de seguridad para las labores de patrullaje y control.

La Operación Cangrejo, a cargo del CI-CPC; Madrugonazo al Hampa, para la búsque-da y detección de delincuentes, y Guardia del Pueblo, con la incorporación de no menos de tres mil efectivos de la GN, fueron los planes desarrollados en 201123.

Y en 2012 se realiza el lanzamiento de la Gran Misión Seguridad, reformada posterior-mente como la Gran Misión A Toda Vida Ve-nezuela.

La variedad de programas, planes u ope-rativos, según sea el caso, permite apreciar que aparentemente se ha intentado dar frente al problema de la inseguridad; sin embargo, los resultados traducidos en cifras y en la per-cepción de inseguridad en el país muestran una desarticulación entre lo que plantean o pretenden estos planes y la realidad. Un es-pecialista en el área de seguridad ciudadana como Luis Cedeño, director de Paz Activa, señala que “Venezuela tiene 10 años de atraso en materia de políticas públicas orientadas a la disminución de la violencia. (El Nacional,

414



24. La Misión fue lanzada por el Presidente Hugo Chávez el 20.06.12. Creada según Gaceta Oficial 39.961 y Decreto 9.086 del 10.07.12.

25. GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA [en línea] <http://www.misionatodavidavenezuela.gob.ve> Consulta del 06.03.13.

26. Son los 79 municipios donde se concentra el mayor número de homicidios en el país.27. Últimas Noticias, 22.06.12. Pàg.14.28. Correo del Orinoco, 22.06.12. Pág. 229. El Nacional, 27.06.12. Pág. 7.30. Notitarde, 26.08.12. Pág. 4-12.

1.04.12 Pág.C-10). Y Elsie Rosales, investi-gadora del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, por su parte opina “que en Venezuela nunca ha existido una política de seguridad. Señala que Venezuela se encuentra rezagada en esta materia a pesar de los avances que se han dado en las reformas policiales, pero no se está tratando el problema central”. (Pano-rama, 25.05.12 Pág. 6)

Gran Misión a Toda Vida Venezuela

En 2012 la Gran Misión A Toda Vida Ve-nezuela (GMATVV) se convirtió en el proyec-to bandera del gobierno contra la inseguridad, con la cual se pretende adelantar acciones orientadas en seis vértices24.

1. Prevención integral y convivencia solidaria.

2. Fortalecimiento de los órganos de seguri-dad ciudadana.

3. Transformación integral del sistema de justicia penal.

4. Modernización del sistema penitenciario.

5. Sistema Nacional de Atención Integral a las víctimas de la violencia.

Creación y socialización del conocimiento para la seguridad ciudadana. Además de los seis vértices están definidas 29 líneas estra-tégicas y 117 acciones programáticas25. Para su implantación durante dos años, comenzan-do por 79 de los 335 municipios del país26, se

asignaron 5.915 millones de bolívares, de los cuales 1.682 corresponden al primer año, se-gún informó el ministro El Aissami27. También destacó el ministro que la Misión contempla elementos novedosos en una política como el empleo de mecanismos alternos de resolución de conflictos, entre los cuales destacó la crea-ción de casas de justicia penal en los munici-pios; y el acompañamiento de las víctimas en el proceso de búsqueda de justicia28.

Por su parte, la rectora de la Universi-dad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Soraya El Achkar, explicó que la GMATVV no pretende ser innovadora, por-que ya se ha adelantado en la reforma policial; pero dijo que es una política integral que, ade-más de la prevención, contempla la asistencia a las víctimas. Sin embargo, expresó preocu-pación para la creación de la base de datos sobre delitos, ya que hay desconocimiento de las cifras29.

Pueden destacarse también las opiniones de otros actores. El padre Alejandro Moreno destacó que esta misión no resolverá el pro-blema de la inseguridad, dado que se parte de la relación causa efecto entre pobreza y vio-lencia, la cual no está demostrada. Para More-no, esta misión no es más que una “estrategia comunicacional o sea de propaganda electo-ral”; dijo que los factores fundamentales que favorecen el crimen son: “…la impunidad, el modo de encontrar armas y el discurso de en-frentamiento dentro de la misma sociedad”30.



Asimismo, el director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño-León, expresó que la GMATVV, lejos de ser un plan coherente contra la inseguridad, es una iniciativa con función electoral, y se mostró en desacuerdo con la retribución monetaria a las víctimas, alegando que eso es una aceptación tácita de la falla del Ejecutivo para enfrentar el problema y una forma de silenciarlo31.

A diferencia de otros planes para enfren-tar la inseguridad, éste desde el punto de vista teórico está concebido de manera más inte-gral, con objetivos más precisos y con una perspectiva de respeto a los derechos huma-nos. Queda por evaluarse la eficiencia en su implementación y la voluntad política de su-mar la mayor cantidad de sectores políticos y sociales para que participen del proceso. En general, lo importante a considerar en el mar-co del combate a la inseguridad y violencia en el país es la necesidad de un plan holístico, inclusivo y claro, que tome en cuenta a todos los actores sociales involucrados, con la vo-luntad de aportar en forma legítima para pre-venir y controlar la inseguridad, y construir una sociedad de paz, más allá de posturas po-líticas o diferencias sociales.

Situación de los cuerpos policialesComo ya se mencionó, cualquier plan o

política de seguridad pasa por contar con una estructura eficiente y completa en el sistema de administración de justicia, entre ellos los cuerpos policiales para las labores de preven-ción y control.

Desafortunadamente la situación de los cuerpos policiales en el país atraviesa difi-cultades en dos sentidos: en primer lugar, las

condiciones laborales a pesar de los riesgos y exigencias, acompañados de poca disponibi-lidad de recursos para cubrir las demandas y necesidades, lo cual no favorece la motivación e incentivos para el ejercicio de sus labores y conlleva en parte a la segunda condición, que es la falta de funcionarios policiales y el in-volucramiento de funcionarios en delitos, así como la descoordinación y falta de planes es-tructurados para el ejercicio de las acciones. Si bien continúa el proceso de reforma policial hacia un nuevo modelo de policía, existe poca información oficial sobre los resultados e im-pactos en la disminución de los hechos delic-tivos donde participan funcionarios policiales.

Ley DesarmeDurante el primer trimestre de 2012 se

puso nuevamente sobre el tapete de la opinión pública el tema del desarme, con la decisión de iniciar el registro nacional de armas de fuego en el país. La campaña, impulsada por la Comisión para el Desarme, se hizo bajo la premisa de construir una cultura de paz, asu-miendo el desarme como una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y el gobierno, y eliminando la falsa creencia de que la tenen-cia de un arma proporciona prestigio y poder.

La campaña por el desarme generó po-lémica por cuanto, para los encargados del programa, la medida debía ser aplicada a las armas ilegales y legales; mientras que los miembros del Programa de Gobierno de Uni-dad Nacional en materia de seguridad opina-ban que el desarme sólo debía considerar a las armas ilegales32.

Por su parte, el jefe del CICPC manifestó su preocupación ante la aprobación de la Ley

31. El Nacional, 29.05.12 Pág.C-2.32. Correo del Orinoco, 24.02.12. Pág. 25.

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Desarme, ya que ello implicaba que el control de las armas estaría sólo en manos de la Fuerza Armada Nacional ( FAN), propiciando dificul-tades a la hora de realizar las investigaciones. Manifestó que para evitar la burocratización y la impunidad, la información debía ser com-partida por todos los poderes, al tiempo que no reconoció la poca eficiencia de la FAN en sus labores33.

Otras medidas anunciadas fueron la crea-ción de un sistema de información unificado para actualizar, cotejar y articular tecnológi-camente bases de datos de armas registradas; se diseñó el plan piloto de desarme volunta-rio en las parroquias La Vega y La Pastora y en Los Frailes de Catia del Distrito Capital, y se avanzó en la definición de una hoja de ruta para la implementación de un sistema de marcaje láser de municiones, a través de con-venios internacionales34.

Al igual que con respecto a la GMATVV queda por evaluarse los resultados que se lo-gren con las distintas medidas adoptadas des-de la Comisión Desarme.

LinchamientosEn la revisión periodística sobre lincha-

mientos, para el presente informe se encon-traron 62 artículos de prensa publicados en 19 medios de comunicación impresos y di-

gitales35, tanto de circulación nacional como regional, en los que daban noticias sobre linchamientos o intentos de linchamiento. El período cubierto abarcó todo 2012. Se encontraron 23 casos de linchamientos con-sumados y 49 intentos. En casi todos los ca-sos las personas objeto de la agresión fueron identificadas como presuntos ladrones, viola-dores, homicidas o azotes de barrio por los periodistas. Estos son los mayores números registrados desde 2008, como se refleja en el cuadro 15, lo que no necesariamente debe to-marse como un aumento de la tendencia del fenómeno, dada la naturaleza del modo de recopilación de los datos referidos.

Las diversas encuestas realizadas por LACSO reafirman una y otra vez que la im-punidad generada por la ineficacia de las po-líticas de seguridad del Estado actúa como un impulsor del apoyo de los ciudadanos al peli-groso expediente de tomar la justicia en ma-nos propias, contribuyendo al incremento de la violencia en una espiral sin fin. En particu-lar, la encuesta realizada en 2011 recogía en-tre quienes respondían 58% de aprobación del linchamiento cuando el presunto delincuente había asesinado o violado a alguien y 40% de apoyo cuando se sabía que al presunto ofensor lo iban a soltar al día siguiente o que no tenía posibilidades de redención.

Cuadro N° 15Casos de linchamiento e intentos de linchamiento referidos en la prensa nacional durante el período 2001-2012

Categoría 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 2012

Linchamiento 15 22 25 19 12 7 15 12 19 6 23

Intento 101 70 148 102 80 21 60 10 42 9 49 Fuente: Artículos de prensa proporcionados por PROVEA. Cálculos LACSO.

33. Últimas Noticias, 09.06.12. Pág. 25.34. COMISIÓN DESARME [en línea] <http://comisionpresidencialdesarme.gob.ve> Consulta del 06.03.13.35. La lista de los medios de comunicación consultados se presenta en el Apéndice A de este Informe.




Toda persona tiene derecho a la protección del Estado a través de los órganos de se-guridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgos para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.

Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, oportunidad, pro-porcionalidad, conforme a la ley.
