SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

ARGENTINA

Informe Asamblea

Charleston, octubre 2015

En tres semanas, la Argentina tendrá elecciones presidenciales que marcarán el comienzo del cierre de un ciclo de 12 años de gobierno, en el que la prensa ha vivido su período más adverso desde el regreso de la democracia.

Los obstáculos que ha encontrado el periodismo son, con matices, los mismos que se registraron en esta etapa en otros países latinoamericanos que tuvieron gobiernos intolerantes respecto de las voces críticas.

Uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición; partidización de los medios públicos; distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos; aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia; arbitrariedad en la asignación de frecuencias de televisión digital abierta; sanción de leyes específicas para desarticular a medios críticos y favorecer a voces oficialistas; presión a los anunciantes privados para quebrar las ecuaciones económicas de las empresas periodísticas; utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar; negativa a brindar información a periodistas críticos; destierro de las conferencias de prensa presidenciales; empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas; discurso oficial estigmatizante para los periodistas.

Desde la presentación del último informe sobre la Argentina en la reunión de mitad de año en Panamá, se siguieron presentando ataques y dificultades para el ejercicio de la actividad.

La presidenta Cristina Kirchner habló en 40 oportunidades por cadena nacional en lo que va del año. Buena parte de ellas fueron empleadas para destacar su gestión, alejándose de lo establecido en la ley de medios

sancionada durante su presidencia, que prescribe el uso de esa herramienta "en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional".

En reiteradas ocasiones estas han sido, en cambio, vehículo de manifestaciones injuriosas dirigidas contra la prensa, como ocurrió el pasado 5 de agosto, al comparar a magistrados, periodistas y medios que se ocupan de presuntos hechos de corrupción con los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar.

En este contexto de ataques permanentes a las empresas periodísticas, preocupa el impulso por parte del Gobierno de un proyecto de ley que ya tiene media sanción, tendiente a crear una comisión de neto carácter político que apunte a denigrar al sector empresario, asociándolo con la dictadura militar de hace 40 años. Todo ello al margen del Poder Judicial y eludiendo, por ende, las garantías del debido proceso.

Los gastos en difusión y propaganda oficial del Estado nacional cerrarán el segundo mandato de Cristina Kirchner en un monto cercano a los 900 millones de dólares a tipo de cambio oficial.

Una cifra todavía superior será empleada en Fútbol para Todos, programa estatal que televisa las competencias futbolísticas de primera división y que tiene al Estado nacional como anunciante prácticamente exclusivo.

El primer semestre de este año concluyó con una erogación de más de 145 millones de dólares en pauta oficial. Su arbitraria asignación respondió, en gran medida, a intereses electorales y actuó como combustible indispensable para medios alineados con el discurso oficial.

Este doble estándar se refleja también en otras políticas de medios, como la asignación de frecuencias audiovisuales. Días atrás, la editorial Perfil denunció haber sido excluida de un concurso de televisión digital por su línea editorial.

El trabajo periodístico fue perturbado por numerosos actos de violencia e intimidación. En abril, el periodista Rodrigo Mansilla, de FM El Chubut y diario El Chubut, fue golpeado y amenazado por un empleado del municipio con cargo de secretario a raíz de su trabajo periodístico.

En julio, la garita de seguridad del edificio del periodista Jorge Lanata fue apedreada y en el lugar fueron encontrados casquillos de bala aparentemente arrojados con intención intimidatoria.

En agosto, el camarógrafo Jorge Ahualli, del canal de cable CCC, de Tucumán, fue golpeado cuando filmaba el reparto de alimentos por parte de militantes políticos en pleno proceso electoral en esa provincia.

Muchos de los ataques registrados en este período están vinculados a la cobertura de casos de narcotráfico, fenómeno que crece de manera alarmante en nuestro país.

Entre otros casos, se puede mencionar el de un grupo de empleados de los canales 5 y El Tres y del diario La Capital, todos de la ciudad de Rosario, quienes fueron amenazados y agredidos cuando realizaban crónicas sobre un homicidio atribuido a bandas de narcotraficantes.

Maximiliano Pascual, del periódico La Posta Hoy, de Arroyo Seco (provincia de Santa Fe), quien viene informando sobre el caso de narcotráfico denominado “Carbón Blanco”, sufrió cortes con arma blanca en sus orejas por parte de desconocidos.

Otros hechos interfirieron con el normal desenvolvimiento de medios de comunicación en los últimos seis meses.

En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la validez de leyes que obligan a los medios gráficos de esa provincia a ceder una página diaria a los partidos políticos durante los 10 días previos a cada elección provincial.

En julio, y por más de dos meses, un juez interino resolvió en 24 horas el bloqueo de todas las cuentas bancarias de la empresa editora del diario El Tribuno, de Salta. Fue una medida inaudita y claramente excesiva, tras una demanda por difamación promovida por el ministro de Economía de esa provincia, que se enmarca en una ofensiva del gobierno local contra el periódico.

En septiembre, el diario Democracia, de Junín (Provincia de Buenos Aires), sufrió un corte abrupto en el suministro de pauta publicitaria municipal en represalia por informaciones críticas a la gestión del intendente de esa localidad.

Luego de las próximas elecciones, una nueva gestión podrá atender las asignaturas pendientes en materia de libertad de expresión.

La Argentina no cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública ni con normas que regulen la distribución de la pauta oficial.

El país mantiene disposiciones discriminatorias en materia impositiva que recaen sobre medios gráficos.

También leyes específicas y artículos de los códigos de fondo que afectan la libertad de prensa y que deben ser revisados.

Carece de normativas que contemplen la defensa de los derechos sobre los contenidos periodísticos que atiendan los desafíos que plantea el ecosistema digital.

Los medios públicos no deben seguir siendo usados como instrumentos políticos de gobiernos de turno y las conferencias de prensa tienen que volver a integrar la dinámica democrática.

Y un punto central: la hostilidad contra los medios y el periodismo, una de las marcas distintivas de la gestión gubernamental de los últimos años, debe ser reemplazada por un discurso que apueste al diálogo y a la convivencia armónica de los argentinos.