sanciones a menores de aedad

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¿Sanciones penales a menores de 18 años? Added by Alberto Soto on May 18, 2012. Saved under Alberto Soto, Columnistas, Opinión Tags: código penal, Perú, Proyecto de Ley, sanciones a menores Análisis del proyecto de ley 1113/2011-CR sobre reducción de la edad punible de 18 a 16 años y otras consideraciones. Mientras en España se evolucionó hace pocos años en cuanto a la penalización juvenil, elevando la edad punible de 16 a 18, nosotros en Perú nos vemos obligados a escribir artículos como este, en contra de que se reduzca de 18 a 16 la edad para responsabilizar penalmente a los adolescentes. Los parlamentarios debieron evitarnos este debate tan innecesario ya que todo argumento razonable se encuentra de un solo lado, sino que sobretodo debieron evitar el poner en evidencia su desconocimiento y ligereza con los que echan mano en nuestro conjunto normativo nacional ya bastante deficiente.

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Page 1: Sanciones a Menores de Aedad

¿Sanciones penales a menores de 18 años?Added by Alberto Soto on May 18, 2012.Saved under Alberto Soto, Columnistas, Opinión

Tags: código penal, Perú, Proyecto de Ley, sanciones a menores

Análisis del proyecto de ley 1113/2011-CR sobre reducción de la edad punible de 18 a 16 años y otras consideraciones.

Mientras en España se evolucionó hace pocos años en cuanto a la penalización juvenil, elevando la edad punible de 16 a 18, nosotros en Perú nos vemos obligados a escribir artículos como este, en contra de que se reduzca de 18 a 16 la edad para responsabilizar penalmente a los adolescentes. Los parlamentarios debieron evitarnos este debate tan innecesario ya que todo argumento razonable se encuentra de un solo lado, sino que sobretodo debieron evitar el poner en evidencia su desconocimiento y ligereza con los que echan mano en nuestro conjunto normativo nacional ya bastante deficiente.

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El proyecto de ley 1113/2011-CR presentado el último 10 de mayo la bancada concertación parlamentaria (Anexo 1) es atacable por todos los lados.

En primero orden, el proyecto se cae por inconstitucional porque contraría lo dispuesto por la Declaración Universal de los Derechos del Niño, incorporada a la carta magna, y los acuerdos internacionales suscriptos por el Perú, o sea que por ahí andamos mal.

En segundo lugar la exposición de motivos del mencionado proyecto es absurda y se basa en estadísticas inexistentes, y no citan la fuente por lo mismo, porque no existen tales estadísticas, solo es percepción del asesor que le escribió el proyecto apuradamente al parlamentario que presento el proyecto. Por otro lado se para ejemplificar citan un caso que vieron en un medio de comunicación, o sea ahora los parlamentarios pretenden leyes basándose en noticieros. Sumado a esto citan el código de los niños y adolescentes en que efectivamente se reconoce responsabilidad de los menores de edad pero en ningún momento la responsabilidad a la que se hace referencia es responsabilidad penal, esa es una interpretación legislativa jalada de los pelos.

Como si esto fuera poco en la parte del análisis costo beneficio por supuesto los parlamentarios evitan hacer cualquier análisis y lo reducen todo a que la norma no supone costo alguno para el estado. Lo que sus limitaciones no les permite ver es que el costo es elevadísimo pues penalizar menores de edad significa afirmar su vocación por el delito en una etapa formativa de sus vidas y ser violentados, lo que los hará resentidos sociales mucho más difíciles de resocializar y reinsertar en la sociedad.

Para finalizar con el proyecto de ley utilizan una frase que pinta a los autores de cuerpo entero, citan las refiriéndose a las noticias dicen “nos hacen sentirnos impotentes y no hay quién acabe con este fenómeno negativo para nuestra sociedad”. La palabra impotencia significa que no tiene poder, fuerza o capacidad para realizar algo, y es justamente lo que ocurre con los parlamentarios, pues no tienen capacidad de resolver el problema de fondo, pues la baja de la imputabilidad en los menores no soluciona el problema. Se requieren medidas de fondo e integrales en conjunto con los restantes poderes del Estado. Hay que apuntar a la contención de esos menores, la familia y los casos particulares que demanden una atención especializada. Además, hacen falta lugares donde internar a esos chicos para buscar su recuperación, Maranguita es el único que se me viene a la mente. No hagamos responsables a los menores. Pongámonos a ayudarlos de manera que no signifique torturarlos, encerrarlos, maltratarlos, tratarlos como animales y a veces peor que a los animales. Si esos menores están en esa situación, nosotros somos los

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responsables, los mayores, en especial los parlamentarios, que no les hemos dado lo que teníamos que darles: educación, salud, justicia, atención, amor, cariño, protección.

El CIDH tiene un estupendo informe (Anexo 2) sobre justicia juvenil y derechos humanos en las Américas, estudio que obviamente los parlamentarios no se han tomado la molestia de revisar, informe en el que se establece que se entiende por “niño” a toda persona que no ha cumplido los 18 años de edad y en la que se rescata el interés superior del niño y en el que se analizan los principios del sistema judicial juvenil y se hace un extenso análisis de un verdadero sistema de justicia juvenil que valdría la pena los parlamentarios lean, si no es mucho pedir. Un estudio de la UNICEF sobre Costa Rica que tuvo los mismos intentos, afortunadamente infructuosos de reducir edades punitivas para los menores de edad, no copiaré los sesudos argumentos pues pueden revisar el estudio online (Anexo 3).

El problema va más allá de querer endurecer las penas, y legislar en base a hechos de extrema violencia (Caso Gringasho), eso no sirve de nada a la hora de combatir la delincuencia juvenil, lo que se debe buscar es una reinserción social exitosa, al tiempo que aconsejó reforzar la educación de los niños y las oportunidades laborales de los adultos. Se puede encerrar a los chicos en institutos de menores durante años, pero en algún momento van a volver a la sociedad y si el sistema los trató injustamente, van a volver a delinquir. Hay que estudiar los orígenes de esa violencia y tratarla con penas alternativas a la prisión como los servicios comunitarios y la justicia reparativa. Pero obviamente, para llevar adelante un sistema capaz de lograr la reinserción de los menores se debe realizar un considerable gasto social. No es llamando instituto de rehabilitación a un espacio hacinado, donde los menores son depositados y hasta vejados, como se implementa una política de atención de los problemas de conducta juvenil. Es creando espacios con capacidad de contención, con equipos especializados y multidisciplinarios. Es decir que se necesitaría una inversión significativa. Pero algo similar demandaría la propuesta de bajar la edad de punibilidad, ya que se debería ampliar la capacidad de nuestras cárceles, las cuales están plenamente ocupadas.

Ya no pido a los parlamentarios que se informen siquiera antes de presentar un proyecto de ley tan risible, por lo menos un poco de sentido común, por lo menos.