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SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR,PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO
JUICIO PENAL: No. 727-2013
RESOLUCION: No. 1544-2013 - SALA PENAL,PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL YTRÁNSITO
PROCESADO: SARANGO PINZÓN JOSÉ VICENTE
OFENDIDO: TORRES VACA ROSA AURORA
RECURSO: CASACIÓN
POR: INJURIAS
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA
JUEZA PONENTE: Dra. Lucy Blacio Pereira
Juicio No. 0727-2013-LBP
Quito, 18 de diciembre de 2013.- Las 16H52.-
VISTOS.-
HECHOS
El señor José Vicente Sarango Pinzón, presidente y representante legal del barrio “San Antonio
Alto” denunció el cometimiento del delito de abuso de confianza, por parte de la ex directiva del
barrio, en el período 2006-2008, encabezada por la señora Rosa Aurora Torres Vaca y el señor
Jacinto Gregorio Pinargote, la misma que se fundamenta en la auditoría contable y financiera
realizada, al mismo período; auditoría que arrojó como resultado un faltante de $ 23.000
dólares.
Se inicia la etapa de instrucción fiscal, y se solicitan medidas cautelares en contra de la señora
Rosa Torres y el señor Jacinto Pinargote, transcurrida la fase de investigación, la Fiscal que
conoció el caso, doctora Sheyla Aguilar, se abstiene de acusar a los procesados y en cuanto a
la denuncia presentada, el Juez Quinto de Garantías Penales declara como maliciosa y
temeraria.
Con esta declaratoria, la señora Rosa Torres inicia una acción privada, por el delito de injurias
calumniosas en contra del denunciante señor José Vicente Sarango Pinzón.
No.
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SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR,
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II. ANTECEDENTES PROCESALES
El Juez Décimo Tercero de Garantías Penales de Pichincha, el 10 de septiembre de 2012, a las
16H55, dicta sentencia absolutoria a favor del ciudadano José Vicente Sarango Pinzón, de la cual,
la señora Rosa Aurora Torres Vaca interpone recurso de apelación.
La Primera Sala de lo Penal, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con fecha 22 de abril
de 2013, confirma la sentencia venida en grado, sentencia de la cual se interpone recurso de
casación tanto por la señora Rosa Torres, como por el señor José Vicente Sarango Pinzón.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO DE CASACIÓN.-
3.1 Intervención de la señora Rosa Aurora Torres Vaca1, representada por su defensor doctor
Marlon Cabrera Narváez quien en lo principal alega lo siguiente: 3.1.1.- Considera que en el
fallo dictado por la Sala Especializada de lo Penal, de la Corte Provincial de Justicia, no existe
coherencia entre lo que se afirma en el considerando octavo y la resolución, pues en el mentado
considerando se realiza una descripción de la injuria calumniosa vertida, y se trata de establecer si
el bien protegido que es la honra, es o no equivalente a la dignidad humana, y por otro lado se falla
a favor del señor José Vicente Sarango. 3.1.2.- Explica, que este proceso penal tiene origen en la
calificación de la denuncia presentada por el acusado, señor José Vicente Sarango Pinzón, cuando
el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha, con fecha 09 de Septiembre del 2011, dicta
auto de sobreseimiento definitivo, a favor de la señora Rosa Aurora Torres Vaca, con lo que se da
por terminada la etapa intermedia dando por finalizado la persecución penal. En el caso que nos
ocupa, menciona que no se llegó al juicio, pero que el juez en el auto de sobreseimiento describió
prolijamente los antecedentes para establecer la conducta del denunciante donde se concluye que a
sabiendas de que los hechos que se denunciaba no se subsumen al tipo de abuso de confianza y
su imprudencia lo llevó a aprovecharse del sistema judicial presentando una denuncia sin tomar en
cuenta las consecuencias jurídicas que conlleva el presentar denuncias maliciosas y temerarias, y
esa es la calificación que dispone el señor Juez Quinto de Garantías Penales, y es por esta razón
1véase audiencia oral, pública y de contradictorio de recurso de casación.
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que la señora Rosa Torres ejerció su derecho, a que por la misma vía legal, a travé~
jurisdiccionales en la materia, presente su acusación particular querellándose por el tipo penal, del
artículo 494; es decir, la injuria calumniosa. 3.1.3.- Argumenta, que pese a lo antes anotado, el
tribunal de apelación, en su resolución declara lo siguiente: “La Sala ha llegado a la conclusión de
que la querellante no ha logrado probar la existencia de los elementos constitutivos del delito,
tipificado en el art[culo 494 del Código Penal”, y en otra parte menciona que: “...más aún, cuando el
Juez Quinto de Garantías Penales de Pichincha, al emitir su auto de sobreseimiento definitivo de los
procesados Rosa Aurora Torres Vaca y Jacinto Gregorio Pinargote Mera declaró la acusación
particular de temeraria y maliciosa’Ç por lo que, se apreciaría que el tribunal a quo, entiende, por un
lado, que efectivamente el estado de justicia y de derecho protege la honra de las personas, y en
otra parte, determina que la señora querellante no ha logrado probar la existencia de elementos
constitutivos y que no se entendería como el juez declara que no existió injuria, pero si declara, la
malicia del denunciante 3.1.5.- Por otro lado indica, que la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de
Pichincha mencionó, en su resolución, que el auto de sobreseimiento definitivo no genera
responsabilidad penal directa, a lo que menciona no encontrarse de acuerdo, ya que el mismo abre
la posibilidad de iniciar el proceso penal privado y en la etapa de prueba, solicitó que se tome en
consideración el auto de sobreseimiento definitivo, con la declaratoria de malicia y temeridad, y
también todo lo que en autos le sea favorable, entre lo que se encuentra: la contestación del
acusado, que en ninguna parte niega la conducta del acusado, antes por el contrario, trata de
presentar un argumento, aduciendo de que las personas jurídicas, no son objeto de procesamiento
penal y otras excepciones que, considera, no vienen al caso pero jamás niega que efectivamente se
atentó a la honra de la señora Rosa Torres. 3.1.6.- Señala, que con el fin de que este tema dejara
de ventilarse en el ámbito penal, sugirió que se siguiera por la vía de la mediación, esto como un
acto de buena fe procesal; más asegura, que debido a la actitud del acusado no prosperó el proceso
de mediación, ya que, solicitó que el denunciante y los integrantes del barrio se disculpen
públicamente, y reconozcan que le causaron un daño irreparable a doña Rosa Torres, más ante la
negativa de realizar estos pedidos se continuó con la causa penal. 3.1.7.- Concluye su intervención
mencionando que al no existir una coherencia entre lo que afirma y lo que ha concluido, la Sala de
lo Penal de la Corte Provincial pide que se realice el control de legalidad sustantivo del artículo 4,
del artículo 494 del Catálogo Penal, así como del 349 y 350 del Procesamiento Civil, y solicita que
se fiscalice el control de legalidad adjetivo de los artículos 86, 87, 88 y 304 del Código de
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Procedimiento Penal, porque no existe motivación, ya que, se ha probado, dentro del proceso, que
existió el delito.
3.2.- Intervención del señor José Vicente Sarango Pinzón2, representado por su defensor
doctor Venan Reyes, quien en lo principal alega lo siguiente.- 3.2.1.- Señala, que para dar
contestación al recurso de casación, interpuesto por la parte contraria, traerá a colación un aforismo
jurídico: uLos hechos no se presumen, se prueban”, esto en el sentido de que el considerando sexto
de la sentencia, materia del recurso de casación, textualmente dice: “La sentencia en la especie de
la revisión proI~a del expediente se desprende que la parte actora no actuó prueba alguna’~ ese fue
el motivo por el cual se declaró inocente al recurrente, ya que, menciona que no se presentó prueba
alguna en el momento procesal donde debían anunciarse las mismas; la parte acusadora no
presentó el auto de sobreseimiento, al que hace referencia, y el juez, en su debido momento, negó
tal petición de presentación de pruebas extemporáneas, es así, que asegura que no existe
jurídicamente ninguna prueba en su contra. 3.2.2.- Recuerda, que el artículo 372 del Código de
Procedimiento Penal, cuando se refiere a la tramitacion de los delitos de accion penal privada,
expresa que una vez admitida la querella, se otorga el plazo de diez dias para contestar al
querellado, cumplido este plazo, el juez de garantias penales otorga un plazo probatorio de seis
días, luego de lo cual se debe llevar a cabo la audiencia final, tal como lo establece el artículo 373
del mismo cuerpo legal, pero, en el caso en conocimiento, la otra parte no presentó prueba alguna,
y considera que en la sentencia, materia del recurso de casación, la Corte Provincial hizo un
correcto análisis, en cuanto a la legalidad de la prueba y establece que la prueba presentada a
destiempo, no puede ser valorada en favor o en contra del querellante. Por lo que afirma, que lo que
pretende la parte contraria es, que esta Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial de esta Corte
Nacional de Justicia vuelva a valorar prueba, lo que se encuentra proscrito por el artículo 349 del
Código de Procedimiento Penal. 3.2.3.- Establece, que la fundamentación realizada por la parte
contraria carece de valor legal, pues la ley, al Tribunal de Casación, le impide la valoración de la
prueba, ya que debe hacer un estudio de la sentencia y de los errores de derecho cometidos en la
misma, a lo que cuestiona el hecho de que la parte contraria no fundamentó su recurso en alguna
de las causales de la violación de la ley descritas en el artículo 349, las cuales son: falta de
aplicación, indebida aplicación y errónea aplicación, ante lo cual, al no haberse motivado el fallo de
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manera correcta, el mismo se transforma en palabras muertas. 3.2.4.- P la
acusación particular de injurias calumniosas, sin pruebas, es simplemente que a
estas circunstancias la doctrina llama: ‘?eoría del fruto del árbol envenenado’Ç y que lo que ha
ocurrido fue que la parte querellante, no presentó el auto de sobreseimiento definitivo mencionado,
ni siquiera se sentó la razón de que se encontraba ejecutoriada por el ministerio de la ley, por lo
que, considera que debe negar el recurso de casación.
3.3.- Contestación a la fundamentación de la recurrente querellante Rosa Aurora Torres Vaca
por parte del señor José Vicente Sarango Pinzón3, quien en lo principal menciona que.-
3.3.1.- Indica los errores de derecho, que han existido en la sentencia impugnada, en cuanto a que
la denuncia realizada por la parte contraria, no fue calificada como maliciosa y temeraria. La
sentencia impugnada, es la dictada por la Primera Sala de Garantías Penales, de la Corte Provincial
de Justicia de Pichincha, por falta de aplicación de los artículos 245, 402 y 413 del Código de
Procedimiento Penal. 3.3.2.- Señala, que en la actuación de la parte contraria se denota temeridad
por cuanto acusaron, sin fundamento legal y con imprudencia, al señor José Vicente Sarango
Pinzón. Además, considera que existió malicia, mala fe y dolo en la acusación particular 3.3.3.-
Relata, que se presentó una denuncia, por un supuesto delito de abuso de confianza por parte del
señor José Vicente Sarango, en calidad de presidente y representante legal del comité pro mejoras
“San Antonio Alto”, ya que, existía una auditoría contable de los ex directivos de este barrio
correspondientes al período 2006-2008, en la cual se establecía que existía un faltante que
ascendía a la cantidad de $23.000 dólares, y que luego de realizar la investigación correspondiente,
se declara a ladenuncia presentada como maliciosa y temeraria. 3.3.4.- Indica, que ladenuncia fue
presentada por una persona jurídica y que la parte acusadora se inventa una nueva figura jurídica
en materia penal, mencionando que existe solidaridad penal, ya que, acusa al señor José Vicente
Sarango, de manera personal y como presidente del comité pro mejoras del barrio “San Antonio
Alto”, más en la audiencia de apelación, menciona que la parte contraria reconoce su error al
expresar: “el señor Sarango era representante legal del barrio y tengo claro que las personas
jurídicas no son sujetos de del!to”; por lo que considera que se ha actuado con dolo e ignorancia de
la ley. 3.3.5.- Menciona, que en la audiencia de mediación, a la que hace referencia la parte
contraria, solicitó la cantidad de $ 250.000 dólares como reparación de los daños causados, además
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de todo lo expuesto por la parte contraria, y establece que las personas del barrio mencionado son
personas pobres, y se los trata de perjudicar. 3.3.6.- Afirma, que cuando se le imputa el delito de
injurias calumniosas, por sus propios derechos, también se ha cometido el delito de injurias porque
se le ha imputado falsamente un delito y es por esa razón que solicita se declare la malicia de la
acusación particular, más aún, cuando la parte contraria ha dicho que: “el señor Sarango, cuando
presenta la denuncia contra su defendida, ni si quiera fungía como presidente del comité, el acto se
suscribió después alejada de tiempo y de espacio”; ante lo cual se menciona que se presentó un
acta (acta, que alega, no haber sido impugnada), en el cual la asamblea general de socios del
barrio, autorizó a su presidente presentar la denuncia, y por lo tanto alega que existió malicia, 3.3.7.~
Alega, además, que el artículo 32 del Código Penal, prescribe que son sujetos de delito las
personas que actúan con conciencia y voluntad, a lo que afirma que como una persona jurídica no
actúa con conciencia y voluntad, ya que, la ley la considera como incapaz relativo, al igual que los
menores adultos, tal como lo expresa el artículo 1463 del Código Civil, y lo ratifican los artículos 28,
564 y 570 del Código Civil, no pueden ser sujeto de delito, en el sentido de que la sociedad no
puede delinquir, la sociedad no puede violar, la sociedad no puede matar, la sociedad no puede
injuriar, es decir, que en el supuesto caso que se hubiese actuado con malicia y temeridad, y si se
pudiere acusar a una persona juridica, esta afirmacion no tiene asidero legal y por esta razon,
considera, que se actuó con negligencia. 3.3.8.- Se establece, que también existió temeridad por
parte de la parte contraria, al haber actuado con negligencia, ya que no se ha realizado una relación
circunstanciada de los hechos, así como que se solicita una indemnización de $250.000 dólares,
pero nunca se enuncia cómo se llegó a determinar que esa es la cantidad solicitada, qué compone
la misma y cómo se llegó a cuantificar los daños, es decir, tampoco se observan disposiciones
legales como el artículo 41 del Código Adjetivo Penal. 3.3.9.- Solicita, que se corrijan los errores de
derecho de la sentencia materia del recurso, específicamente porque alega que existe una falta de
aplicación del texto de los artículos 400, 245, 402 y 413 del Código de Procedimiento Penal y esta
petición la realiza al amparo del artículo 358 del mismo cuerpo legal, es decir, que se declare
maliciosa y temeraria la acusación particular realizada por la parte contraria.
3.4 Contestación a la fundamentación del señor José Vicente Sarango Pinzón4 por parte de la
querellante Rosa Aurora Torres Vaca, quien en lo principal menciona que ~: 3.4.1.- Menciona
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que la parte contraria, ha realizado un ataque a la intervención realizada la cual
tampoco se escuchó una debida fundamentación del recurso, y que es pertinentiT~férirse también
a las sentencias de la Corte Constitucional para el periodo de transición, en las cuales se ha
establecido que: “se ha entendido que la casación no solo puede revisarse solo cuestiones de
hechos, sino que se deben revisar estos, de acuerdo, a las circunstancias fácticas y la prueba es
inatacable en esta instancia, completamente, pero hay que hacer una revisión prol~a, es decir, ese
ordenamiento lógico de todo el proceso penal, para establecer la certeza que ese es el tecnicismo
de este recurso”3.4.2.- Señala, además, que la parte contraria ha expuesto, de nuevo, el argumento
que las personas jurídicas no son sujetos de enjuiciamiento y el mismo fue usado en todo el proceso
por la otra parte; y, que además aseguró al no haber existido etapa de juicio no se configuraron las
injurias. Señala, que el auto de sobreseimiento definitivo da por finalizada la fase intermedia y tiene
la misma fuerza de sentencia, si fuese un auto de llamamiento a juicio, el cual abre la etapa de
juzgamiento, dicho auto no puede ser modificado, ni tampoco puede ser removido y que lo mismo
sucede con el sobreseimiento definitivo, es decir, no es necesario llegar a juicio. 3.4.3.- Con
respecto a lo mencionado por la parte contraria, en razón de las causales de casación, descritas en
el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal menciona que, a su criterio, en la sentencia
existió una interpretación extensiva en razón de que no hay la coherencia entre lo que está
motivando y con lo que resuelve la Sala, y por esa razón solicita la revocatoria de la sentencia y en
su lugar se declare lo que en derecho corresponde.
3.5.- Se concede la palabra al señor José Sarango, después de consultar con su abogado,
quien alega lo siguiente6.- 3.5.1.- Menciona que es directivo del comité pro mejoras del barrio “San
Antonio Alto”, que en la asamblea del 25 de Abril del 2010, se establecieron que existía anomalías
con respecto a la directiva anterior, ya que, mediante una auditoría interna, que se realizó, se
verificó que habían faltantes; la asamblea lo autorizó, y el estatuto así lo dispone, que ponga a
consideración de la justicia ordinaria, el manejo económico que hubiera realizado la ex directiva; se
interpuso en la fiscalía una denuncia, la cual recayó en conocimiento de la Fiscalía del distrito “La
Delicia”, a cargo de la doctora Paol~ Logroño, ante la cual rindieron versión sus compañeros y luego
se realizó un peritaje donde se confirmaba conforme a los resultados de la nueva auditoría que no
era posible interponer acusación particular, pero sí se solicitaron medidas cautelares en contra de la
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ex directiva; pero luego de una semana se cambió la fiscal, y tomó conocimiento del caso la doctora
Sheila Aguilar: El señor Sarango menciona que el hecho es que se lo quiere privar de su libertad de
tres años y que se quiere solicitar al barrio una indemnización de $ 250.00 dólares y que son
vecinos, son personas pobres, de condición humilde y el por esa razón él está en condición de
querellado, y que con respecto a la parte legal, ya la ha fundamentado su abogado.
IV.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
4.1.- Competencia del TribunaL- El Consejo de la Judicatura de Transición, por mandato
constitucional nombró y posesionó a 21 Juezas y Jueces Nacionales el 26 de enero de 2012. El
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en sesión de 22 de julio de 2013, integró sus seis Salas
Especializadas conforme dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico
de la Función Judicial, que sustituye el artículo 183 del Código Orgánico de la Función Judicial. La
Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, tiene competencia para
conocer los recursos de casación y revisión en materia penal, según los artículos 184.1 de la
Constitucion de la Republica del Ecuador y 186 1 reformado del Codigo Organico de la Funcion
Judicial Por sorteo realizado el 31 de mayo del 2013, la doctora Lucy Blacio Pereira actua como
Jueza ponente, según el artículo 141 del Código Orgánico de la Función Judicial; las doctoras
Ximena Vintimilla Moscoso y Gladys Terán Sierra, Juezas Nacionales, conforman el tribunal; todas
quienes de acuerdo al artículo 5 de la Resolución No. 04-201 3, de la Corte Nacional de Justicia, de
22 de julio del 2013, avocan conocimiento.
4.2.- Validez ProcesaL- El presente recurso se ha tramitado conforme a lo establecido en los
artículos 75 y 76.3 de la Constitución de la República del Ecuador y las reglas generales de
impugnación dispuestas en los capítulos 1 y IV del Título Cuarto del Código de Procedimiento Penal.
Por lo que, al no existir vicios de procedimiento, ni omisión de solemnidades sustanciales, al
haberse observado las garantías del debido proceso, este Tribunal declara la validez de todo lo
actuado.
4.3.- Naturaleza jurídica del recurso de casación.- La casación es una institución procesal,
recurso extraordinario, no constituye una nueva instancia de análisis sobre los hechos presentados
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en el caso, sino que realiza únicamente un análisis in iure de la sentencia de, segi
para determinar posibles violaciones en ella a la ley, ya por haberse contravenido expresamente a
su texto, ya por haberse hecho una incorrecta aplicación de la misma; ya, en fin, por haberla
interpretado erróneamente, como dispone el artículo 349 del Código dé Procedimiento Penal. Se
constituye en un instrumento protector de los derechos y garantías fundamentales de las partes en
el ámbito penal. Forma parte de los medios de impugnación que nuestro sistema procesal penal
proporciona a los sujetos procesales para defender el imperio del derecho en las decisiones
judiciales. En el Ecuador rige el Estado constitucional de derechos y justicia, por lo que el recurso
de casación pasa de cumplir la función de control de la aplicación de la ley hecha por los tribunales
de instancia y la unificación de criterios jurisprudenciales, a la función de tutela de la Constitución,
de los tratados internacionales de derechos humanos, y de las normas formal y materialmente
conforme a sus disposiciones.
Luis Cueva Carrión señala que: “...el recurso de casación resuelve la pugna que existe entre la ley
y la sentencia, no entre las partes ~. El Tribunal de Casación, por disposición expresa de la ley8,
está impedido de realizar una nueva valoración de las pruebas que han sido consideradas por el
juzgador, en la sentencia; excepto, cuando éste comete errores de derecho en la valoración de la
prueba. En este caso es procedente que se examine la forma en que se valoraron las pruebas, con
el fin de analizar el juicio de derecho que respaldó al fallo. Mediante esta sentencia se materializa la
tutela judicial efectiva y la motivación como derecho del debido proceso.
V.- ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN PROPUESTA POR LOS RECURRENTES.-
5.1.- Bien Jurídico protegido.- El bien jurídico protegido en los casos de injurias, sean o no
calumniosas, es la honra y el buen nombre de la persona. Este derecho se encuentra consagrado
en varios instrumentos internacionales, como en la propia legislación nacional.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 12, acerca de la honra y su
protección, menciona que:
7 Luis Cueva Carrión, la Casación en Materia Pena!, Quito, Ediciones Cueva Carrión, Segunda Edición, 2007, p. 146.Código de Procedimiento Penal, Art. 349 “...No serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba”.
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Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho
a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Por su parte, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 11, acerca del
mismo derecho señala que:
Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66.8, determina que el derecho a la
honra se relaciona con el buen nombre, la imagen y la voz de la persona, lo cual amplía el
concepto de este derecho:
Art 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
8 El derecho al honor y al buen nombre La ley protegera la imagen y la voz de la
persona.
El Código Penal Ecuatoriano, en su artículo 489, delimha el carácter propio de (as injurias,
otorgándole dos calidades, la de calumniosa y no calumniosa, esto con respecto al fin de descredito
que tenga, es decir la imputación de un delito o atacar la honra de la persona:
Art. 489.- La injuria es:
Calumniosa, cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y,
No calumniosa, cuando consiste en toda otra expresión proferida en descrédito,
deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el
mismo objeto.
Con lo que se puede apreciar que existen dos dimensiones del delito de injurias, estas con respecto
al carácter calumnioso y no calumnioso de las mismas; es así, que por un lado, la injuria calumniosa
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es aquella en la que se imputa falsamente el cometimiento de un delito, esto
el autor Edgardo Alberto Donna al establecer que:
“La acción consiste en atribuirle a otro la comisión de un hecho delictivo. Esta
atribución debe tratarse de un hecho concreto (lugar, tiempo y espacio) y debe
recaer sobre persona determinada. Es indistinto que se impute el delito a título
de autor, cómplice o encubridor”9.
Mientras que la injuria no calumniosa ataca la calidad moral y a las cualidades propias de la
persona, tal como lo establece el autor Ricardo Núñez, en la obra del antes citado autor, al
mencionar que:
“La injuria, dice Núñez es siempre una conducta significativa de desmedro para
las calidades estructurantes de la personalidad, por ende deben estar dadas por
imputaciones de calidades, costumbres o conductas susceptibles de ser
apreciadas como peyorativas para la personalidad del ofendido’~°.
Como se puede apreciar, en la primera cita se describe una calumnia, un reproche de un delito que
se ha probado falso; mientras que en la segunda, se conceptualiza la injuria no calumniosa la cual
es un descredito, una deshonra o menosprecio que se puede presentar a través de varias formas,
como por ejemplo, epítetos o insultos que descalifican al ofendido con respecto a cualidades propias
o no.
En la sentencia del caso 0522-2013, de fecha 23 de agosto de 201311 dictada por esta Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito se establece de manera clara esta
diferencia cuando se menciona que: “. entonces podemos concluir que la calumnia es una situación
agravada de la injuria, razón por la que, una calumnia obligatoriamente, entraña una injuria, pero
una injuria, no necesariamente entraña una calumnia, pese a que las consecuencias de deshonra,
Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal Parte Especial, Buenos Aires, Ediciones RubinzaI-culzon~, ti, p. 337.lO Ricardo Núñez, “Manual de Derecho Penal Parle especial’, en Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal ParteEspecial, Buenos Aires, Ediciones Rubinzal-culzoni, t. 1, p. 344.11 véase sentencia No. 0522-2013, de fecha 23 de agosto de 2013, (doctor Johnny Ayluardo, Juez Ponente).
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descredito, molestia, agravio y ultraje, son las mismas en ambos casos, sin embargo, aquellas
responden a diferentes motivaciones.
Por otro lado, la Sala Especializada de lo Penal, de esta Corte Nacional de Justicia, con respecto a
los casos 1029-2012 y 1016~201112 se ha pronunciado en el sentido de establecer la diferencia que
existen entre el honor y la honra de la persona, y sus distintas dimensiones ya que son otros bienes
jurídicos. Diferencias que se matizan de la siguiente manera:
“Zno puede considerarse como sinónimos a la honra y el honor, pues si bien ambos
constituyen derechos fundamentales, concebidos como el conjunto de cualidades óticas,
morales, jurídicas, atribuidos a las personas, relacionados eminentemente con el buen
nombre, prestigio, y reputación, en la medida que estos sean reconocidos por el orden
social; el honor es eminentemente subjetivo, pues es el propio juicio y valor que hace una
persona sobre si, independientemente de opiniones ajenas, de manera que es un
sentimiento interno; mientras que la honra es siempre una apreciación externa, pues es la
ponderacion y concepcion que tienen terceros respecto de una persona en lo relativo a su
conducta y relaciones eticas o sociales, lo que le da un caracter objetivo, en definitiva, es lo
que se entiende como reputación social’~
Con estas reflexiones, es necesario mencionar que si bien es cierto, tanto en los instrumentos
internacionales, como en la legislación nacional, se reconoce la protección y la franca sanción ante
la transgresión a los derechos a la honra y honor, estos son términos distintos, no apreciables como
sinónimos, ya que pertenecen a dimensiones diferentes (internas y externas) de la persona. Siendo
la honra, un derecho de dimensión externa —consideración de terceros a la persona, como es visto
por la sociedad- es decir de manera objetiva, lo que hace posible materializar la protección que se
debe por parte del Estado y en la misma forma por parte de la sociedad. Por otro lado, el honor, es
un derecho relativo, ya que, se funda en la fama y la propia estimación de la persona, la que de por
si se entiende indeterminada, ya que, depende de cada individuo.
12 Véase sentencias 1029-2012, voto de minoría, doctor Paúl Iñiguez (Juez Ponente); sentencia del caso 101 6-201 1, defecha 25 de marzo 2013, doctora Lucy Blacio (Jueza Ponente).
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Finalmente, es necesario mencionar, que la transgresión que se realiza a es piene~s$ff~fR~
protegidos tiene el nombre de injuria, la que se basa en el ánimo de ofender, lesiona a o
el honor de la persona, es la voluntad lúcida de quebrantar el bien jurídico ante la sociedad o ante la
propia persona, voluntad que tiene el nombre de animus ínjuriandL
6.2.- Control de legalidad sustantivo de los artículos 4 y 494 del Código Penal, 349 y 350 deI
Procesamiento Civil, y control de legalidad adjetivo de los artículos 86, 87, 88 y 304 del
Código de Procedimiento Penal,- En el caso sub iudice, la recurrente Rosa Aurora Torres Vaca, a
través de su abogado defensor ha solicitado, en primera instancia, que este Tribunal realice un
control de legalidad sustantivo del artículo 4 y 494 del Código Penal, así como del 349 y 350 del
Procesamiento Civil, y que se fiscalice el control de legalidad adjetivo de los artículos 86, 87, 88 y
304 del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte menciona que con relación a las
disposiciones del artículo 349, existe en la sentencia impugnada, una interpretación extensiva ya
que no hay coherencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva.
Con respecto a estas alegaciones, es necesario mencionar que el artículo 349 del Código de
Procedimiento Penal, establece que las causales para interponer el recurso de casación, en materia
penal, son: violación expresa de la norma, indebida aplicación y errónea interpretación, causales
únicas, mediante las cuales, este Tribunal de Casación, puede realizar un estudio de la sentencia
impugnada.
Por su parte el Dr. Jorge Zavala Baquerizo13 menciona que: “la fundamentación del recurso de
casación es un acto procesal proveniente del recurrente, por el cual se hace presente al tribunal de
casación los motivos del mismo, haciendo una explicación jurídica sobre los vicios de juicio que
contiene la sentencia recurrida”. Es decir, resalta la imperiosa necesidad de que en la
fundamentación del recurso de casación se expliquen jurídicamente los qué vicios, se entiende,
existen en la sentencia y cómo estos violentaron los derechos del recurrente.
13 Jorge Zavala Baquerizo, “El Proceso Penal Ecuatoriano~ en Revista de Derecho lus Humani, La Casación PenalEcuatoriana, Jaime Flor Rubianes, Volumen 1, año 2008, p241.
13
CORTE NACIONAL DE
JUSTICIANo. 0727-2013-LBP
Cabe indicar que en varias ocasiones14, esta Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal
Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, se ha pronunciado en el sentido de que es deber
del casacionista demostrar, de manera clara y precisa, qué errores in iudicando se han cometido en
la sentencia impugnada, esto apegándose a lo que dispone el artículo 349 del Código de
Procedimiento Penal, es decir, argumentar, de manera técnica, qué normas fueron indebidamente
aplicadas, erróneamente interpretadas o expresamente violentadas, esto en concordancia con el
principio de taxatividad15 que reviste a este recurso.
En el presente caso, la recurrente Rosa Aurora Torres Vaca solicita al Tribunal de Casación realizar
un control de legalidad sustantivo y adjetivo de varias normas legales, ante lo cual es necesario
aclarar, que el deber de este Tribunal de Casación, es realizar el control de legalidad de las normas
aplicadas en la sentencia recurrida, el cual se basa en el estudio técnico de la sentencia impugnada
con el fin de corregir los errores de derecho que existieran, a la luz de las causales que la ley
expresa, esto en aplicacion del principio de congruencia Por ende resulta improcedente lo
requerido, en el sentido de no haber fundamentado su pretension de la manera antes descrita
63 Falta de aplicacion de los articulos 245, 402, y 413 del Codigo de Procedimiento Penal
Por otro lado, el recurrente José Vicente Sarango Pinzón, a través de su abogado defensor, ha
mencionado que con relación a lo que dispone el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal,
ha existido una falta de aplicación de los artículos 245, 402, y 413 del Código de Procedimiento
Penal, ante lo cual se aplica el mismo razonamiento expresado anteriormente, en el sentido de que
la causal, de falta de aplicación de la norma, no corresponde a una de las aplicables para la
casación penal, sino para el recurso de casación civil, tal como lo menciona el artículo 316 de la Ley
de Casación.
14 Véase la sentencia dictada el 19 de octubre de 2012 a las 11h33, en el caso No. 259-2012-P- LBP; y sentenciadictada el 11 de julio de 2013, alas 1 1h05, en el caso No. 076-2013-T- LBP.15 Orlando Rodríguez Ch., Casación y Revisión Penal, Temis, Bogotá, 2008, p. 67 señala “La casación procede única yexclusivamente por las causales que expresamente consagra el sistema jurídico positivo; no existen causales distintas”.16Ley de casación, Art. 3.- CAUSALES.- El recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes causales:ira. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentesjurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva;2da. Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el
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CORTE NACIONAL DE
JUSTICIA
Cuando los recurrentes argumentan o solicitan al Tribunal de Casación h
sentencia, sin especificar una de las tres únicas causales, antes descritas, hacen definitivamente
imposible poder apreciar, analizar o corroborar la violación de la ley que se considera existe en la
sentencia impugnada; tanto más que en este recurso, en el cual por su condición de extraordinario y
técnico, el Tribunal de Casación construye su razonamiento, exclusivamente de la fundamentación
realizada en audiencia, de manera oral, por el recurrente, y de la contestación de la contraparte;
inclusive cuando el Tribunal de Casación considere realizar una casación de oficio’7.
Por lo que, a manera de corolario, este Tribunal considera que en el caso sub iudice no se ha dado
cumplimiento al principio de taxatividad, como un aspecto del principio de legalidad, en virtud del
cual la casación puede y debe interponerse únicamente con fundamento en las causales
expresamente establecidas en la ley, ya que, los recurrentes han fundamentado sus recursos en
causales ajenas a las mencionadas en el artículo 349 del Código Penal, por lo que, este Tribunal se
ve imposibilitado de realizar un análisis jurídico respecto a las presuntas violaciones de la ley en la
sentencia impugnada.
6.4.- Por lo expuesto, este Tribunal de Casación de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar,
Penal Policial y Tránsito, de la Corte Nacional de Justicia, determina que los recurrentes no han
fundamentado sus recursos en el sentido de establecer los errores de derecho, que a su criterio
existen en la sentencia dictada por la Primera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha, por lo que ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPÚBLICA, con fundamento en el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal,
( ) 6)
No.
proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que larespectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente; 3ra. Aplicación indebida, falta de aplicación o erróneainterpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a unaequivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto;4ta. Resolución, en la sentencia o auto, de lo que no fuera materia del litigio u omisión de resolver en ella todos lospuntos de la litis; y, 5ta. cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos exigidos por la Ley o en su partedispositiva se adoptan decisiones contradictorias o incompatibles.u código de Procedimiento Penal Artículo 358 ‘.. Si la sala observare que la sentencia ha violado la ley, admitirá lacasación, aunque la fundamentación del recurrente haya sido equivocada”.
15
-~, aCORTE NACIONAL DE
JUSTICIANo. 0727-2013-LBP
RESUELVE:
1. Declarar improcedente el recurso de casación presentado por la señora ROSA AURORA
TORRES VACA.
2. Declarar improcedente el recurso de casación presentado por el señor JOSÉ VICENTE
SARANGO PINZÓN.
En la ciudad de Quito, a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil trece, apartir de las once horas, notifico con la sentencia que antecede, a ROSA AURORATORRES VACA, por boleta dejada en el casillero judicial N° 828, del Dr. AndrésCabrera; a JOSE VICENTE SARANGO PINZON, por boleta dejada en el casillerojudicial N° 181 y correos electrónicos yenan reyes @hotmail.com [email protected], del Dr. Yenán Reyes.- Certifico.
Dr. Milton Ajlvare~C~jacónSECRETARIO RELATOR
e
3. Devuélvase el p
ci
la autoridad de origen para la ejecución de la entencia, notifíquese y
b6Ia~IysT~fán SierraJUEZA NACIONAL
Certifico.-
5 EC RELATOR
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