ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

UNIVERSIDAD DEL ESTADO

RÉGIMEN POLÍTICO COLOMBIANO I

PRIMERA PARTE: DE LA INDEPENDENCIA A LA REPÚBLICA LIBERAL.

Enrique Quintero Valencia

Año 2000

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5 EL ESTADO EN LATINOAMÉRICA 8

I CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO REPUBLICANO 15 El proceso político de la Colonia. 18 El municipio como ente político-administrativo. 22 El tiempo de las Revoluciones. 23 Revolución en la Nueva Granada. 29 La Revolución de los Comuneros. 29 La Expedición Botánica. 31 El Memorial de Agravios. 31 Lectura complementaria: DEL MEMORIAL DE AGRAVIOS. (Fragmentos) 33 II LA REPUBLICA DE LA GRAN COLOMBIA 37 El grito de Independencia 38 Federalismo y Centralismo. 44 La lucha independentista. 46 La Campaña Libertadora. 48

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La Gran Colombia 1819-1830 53 El Congreso de Cúcuta. 55 El Congreso Anfictiónico de Panamá. 57 La Constitución Boliviana. 59 La Convención de Ocaña. 60 La Constitución de 1830. 63 La Disolución de la Gran Colombia. 65 La muerte del Libertador. 66Lectura complementaria: ACTA DE “EL SOCORRO” (Fragmento inicial) 68 III LA NUEVA GRANADA 73 La Revolución del 39. 78 La Constitución de 1843. 79 El papel de la religión en la República. 80 La economía en los comienzos de la República. 87 La abolición de la esclavitud. 92 La economía del petróleo. 93Lectura complementaria: CONSTITUCION DE LA NUEVA GRANADA 97 (Fragmento inicial). IV DEL LIBERALISMO FEDERAL AL CONSERVATISMO CENTRALISTA. 102

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La Revolución del Medio Siglo. 103 La Constitución de 1853. 106 La Constitución de 1858. 108 La Constitución de 1863. 110 La administración de la Colombia federal. 113 La República Conservadora. 120 La Constitución de 1886. 120Lectura complementaria: CONSTITUCION DE LA CONFEDERACION GRANADINA. (Fragmento inicial). 130

V LA GUERRA DE LOS MIL DIAS, Y PANAMÁ. 135 Orígen y desarrollo de la Guerra de los Mil Días. 135 La separación de Panamá. 142 Evolución económica de Márquez a Reyes. 144Lectura complementaria: CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA. (Fragmento inicial). 160

VI HACIA UNA REPÚBLICA LIBERAL. 167 El Quinquenio de Reyes. 167 La Reforma Constitucional de 1910. 169 Colombia en los años veintes. 173 La Hegemonía Conservadora. 173

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La República Liberal. 181 La administración de Olaya Herrera. 182 La Reforma Constitucional de 1936. 184 La administración Santos. 1938-1942. 186 Medio siglo con la tierra. 188Lectura complementaria: CONSTITUCION DE COLOMBIA 1886. 194 (Fragmento inicial).

A MODO DE CONCLUSIONES. 206ANEXO: LOS GOBERNANTES DE LA NACION. 213BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA. 216

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I N T R O D U C C I Ó N

Hace años se aprendía la historia patria dentro de ese molde viejo de mostrarla como el catálogo de las acciones militares, y con la viva convicción en los profesores de que los hombres hacen la historia, es decir, señalando la conducta pública y privada de los próceres como una fuerza decisiva en la vida de los pueblos.

Y sí. Los hombres hacen la historia, pero no con una autonomía completa sino dentro de las condiciones objetivas históricas y geográficas donde nace y crece la Nación, ese pueblo con conciencia de su tradición y de sus esperanzas. Las batallas y las victorias son hitos que ponen colorido al paso de los años y los siglos, pero no es justo que sólo ellas impresionen la retina de quienes historian la vida de los pueblos. Esta no es rugir de cañones y batir de sables: es el empeño diario por hallar trabajo y remuneración, por sostener la familia y proyectar los hijos con intenciones de futuro, por abrir empresas chicas y grandes, por ahorrar e invertir si ello es posible, por entablar conversación con el vecino, y encontrar prójimos y vecinos en gentes de otros pueblos, de otras costumbres y de otras lenguas. La historia como memoria de vida de los pueblos es más amable cuando invoca menos las añoranzas y más los proyectos...

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De otro lado, presentar el decurso de la historia se ha querido por muchos como un ejercicio aséptico, sin emoción ni convicción, sin entusiasmo crítico ni evaluación de las estructuras y las coyunturas. Otra posición -y en ella estoy- considera que el pez no mira con indiferencia ni examina con objetividad el río en que nada, la corriente en la que está inmerso. Vana pretensión es, pues, la objetividad en la presentación de la historia. Más conviene tomar cuenta de que contamos los episodios con la perspectiva sí de su relativa distancia, pero asumiendo que a todos nos afectan y no son cosa cuyo interés podamos evadir.

Conocer la constitución histórica y política de un país es conocer y relacionar sus elementos ideológico y orgánico. La filosofía que lo inerva y las instituciones a través de las cuales se proyecta para la construcción de la convivencia cotidiana y del desarrollo hacia el bienestar común.

El siglo XIX es hijo político de la Revolución Francesa y, como consecuencia de ello, los Estados que en él nacen tienen su impronta. Y las Constituciones que se dan se dirigen a edificar el Estado de Derecho, esto es, el Estado Liberal o demoliberal, promovido, desarrollado y defendido por las clases empresariales, por la burguesía progresista de todas partes. Estos dos últimos siglos han sido los de construcción, crisis y superación del Estado de Derecho.

La concepción del Estado Liberal burgués fue acerbamente criticada por Carlos Marx en sus obras de juventud. El liberalismo en sí, en cuanto engendro del despotismo ilustrado, le resultaba idealista y anticientífico porque pretendía la existencia de derechos inalienables, anteriores a la sociedad y al Estado. Su propuesta combatía la posición positivista de Hegel, que hacía del Estado omnipresente la fuente única del Derecho. A su juicio –positivismo marxista- el derecho es producto social, y solo puede ser derecho natural referido al hombre social, mas nunca al hombre individuo como lo pretendió el jusnaturalismo tradicional. Recuérdese que es también en Marx donde se hallan las más serias objeciones a las “libertades formales” que como catálogo idealista liberal inician todas las Constituciones latinas de los siglos XIX y XX.

Este Estado es, con sus libertades que solo existen para las clases empresariales, lo mismo que la democracia representativa, una simple expresión del fetichismo mercantil, una simple armazón que cumple un papel ideológico, arbitrar las relaciones entre el mercader del capital y el mercader de la fuerza de trabajo, esto es, de las clases sociales básicas.

La condena fundamental al Estado y al Estado de Derecho parte de su carácter de instrumento de la clase empresarial. Una reunión de los administradores políticos, un gabinete o un parlamento, no difiere de una junta de gestores de una empresa mercantil, y su compromiso real es el

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servicio a la explotación de los intereses económicos. La ley no es la expresión de la voluntad popular como lo plantea la teoría liberal, sino la expresión de la voluntad política de la clase dominante, es decir, de la clase empresarial. El derecho no es liberador sino alienante de las mayorías. En Lenin se hallará más tarde la idea más dinámica de que el Estado ha sido una dictadura de la burguesía, que en la marcha histórica será desplazada por la dictadura del proletariado.1

Sin embargo hay qué tener claro que la posición marxista-leninista es un anarquismo que elimina el Estado pero lo reemplaza con la autogestión comunista, y no puede confundirse con la idea de Hans Kelsen, en la cual la sociedad sin Estado se manifiesta como un completo caos.

Débese tener en cuenta, asimismo, que es el Estado de Derecho, liberal burgués, liberal de la clase empresarial, el que utiliza las libertades individualistas, luego bautizadas como “los derechos del hombre”, como señuelo de las clases trabajadoras, del pueblo. Con el pretexto de la “igualdad”2 entre patrono y trabajador, realizará la explotación legalizada por el contrato de trabajo, que constituye el más grande monumento a la legalidad de la opresión de unos hombres por otros. Estos derechos humanos individualistas permanecerán como bandera hasta cuando se haga sentir el hombre social y fuerce la definición del Estado como Estado social. Pero eso esperará hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

La animadversión al liberalismo individualista y a su Estado burgués o de Derecho no fue solo de la izquierda. También provino de los fascistas italianos, alemanes y españoles. Su llamamiento a los soldados –carácter militarista-, su vocación caudillista y revanchista, su atracción a los propietarios grandes y pequeños, su pretensión de representar las clases medias, su rechazo de las minorías y de los extranjeros –carácter nacionalista a ultranza-, y su expansionismo imperialista, eran contrarios a los postulados demoliberales. El compromiso fascista era responder a las necesidades sociales pero sin comprometer a los sectores dueños del capital. El culto ideológico de la propiedad privada lo condujo al anticomunismo cerril. Por su lado, el caudillismo aportaba todo el irracionalismo filosófico de Schopenhauer y de Nietzsche, que rechaza el papel de los parlamentos y de la democracia representativa, a favor del Superhombre aquí encarnado por el Führer, por el Caudillo, por el Duce, que hacen la ley porque están más allá del bien y del mal, y con ello de la responsabilidad ante la sociedad. 1 LENIN Vladimir I. EL ESTADO Y LA REVOLUCION. Editorial Progreso. Moscú.

2 Esa “igualdad” que magistralmente retrata con sorna Anatole France:”La ley prohibe a los ricos y a los pobres dormir bajo los puentes, mendigar en las calles, y robar pan...”

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La economía fascista se ha visto siempre como la fórmula política extrema del capitalismo monopolista y financiero. Pero en la esclavización de la fuerza de trabajo y la ineptitud para la planeación dirigista central, tuvo su fracaso como instrumento económico de la burguesía, en tanto que mostró su inviabilidad histórica. El derrumbamiento del fascismo constituye, pues, una corrección de estilo en la explotación capitalista de la democracia política. La consecuencia más clara, observable en las Constituciones de postguerra, es el mejoramiento cosmético del Estado de Derecho con un régimen de intervención en interés de las clases trabajadoras insurgentes. El Estado de Derecho pasa a ser Estado benefactor, por diversos caminos que muestran desde el Estado solidarista de Duguit hasta las últimas manifestaciones del Estado Gestor. En Colombia estos ensayos se realizan a lo largo del siglo XX, y son desmontados a partir del gobierno de Virgilio Barco.

Ahora bien. Desde el punto de vista sociológico el siglo XIX muestra en lo que hoy es Colombia unas trazas peculiares. La estratificación humana hace patente una clara asignación de roles tanto a los de arriba y del medio como a los de abajo. Las mujeres, con todo el mérito histórico en la construcción de los valores nacionales y el incremento del patrimonio común, fueron objeto de permanente discriminación. De un lado estaba la distancia entre los varones y las mujeres. De otro, la estratificación vertical que colocaba en la cima a las extranjeras o españolas, y por debajo de ellas, las criollas, las indias, las negras. La negra es mercancía y objeto sexual. Las voces “indio”, “india”, todavía tienen connotación insultante. Y todas fueron víctimas del abuso físico del patrón y del marido. A veces también del hijo.

El siglo XIX edifica realmente el Estado, lo desarrolla hasta su máxima tensión, y luego atestigua su decadencia y la necesidad de una nueva estructura. A lo largo del siglo XIX el Estado fue la manifestación aceptada de la sociedad, y por ello no se habló de la que hoy se proclama con énfasis como “sociedad civil”, en un claro divorcio que hace ver cómo el Estado ya no es su intérprete ni su vocero global y permanente.

EL ESTADO EN LATINOAMÉRICA

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En nuestro tiempo la ciencia política, ahora llamada análisis político, ha cambiado su punto de vista sobre el Estado. Antes se tenía una concepción casi metafísica y eminentemente formal, en la que la noción de Estado respondía a un conjunto de elementos concretos que al unirse daban un resultado identificable por todos como Estado. La subsiguiente influencia del pragmatismo de James y de sus seguidores norteamericanos desestima el concepto específico de Estado y lo sustituye por una pluralidad de opciones o "posibilidades de que algo sea Estado"; se desplaza la visión de un aparato político, y se conquista con mejor dinámica la de sistema o sistemas políticos.

Se puede observar fácilmente que la teoría del Estado no ha corrido parejos caminos en Europa y en América Latina. En este continente el proceso ha generado una conciencia más o menos sólida de que el Estado surge y depende del movimiento constitucional. A diferencia de los europeos y anglosajones de América que sienten que la Constitución no hace el Estado sino que refleja el Estado, generado por el movimiento social. Los latinoamericanos tienen la convicción de que hacer constituciones es hacer el Estado, y que una reforma o sustitución de la Constitución va a revertir en cambios sociales. La experiencia de los últimos decenios va mostrando lo equivocado de esta tesis. Sobre todo en Colombia, donde el Estado sigue igual, con sus virtudes y vicios, a pesar del cambio de Constitución.

El Estado contemporáneo confronta problemas nuevos, como son la relación con la pluralidad de etnias que dentro de él permanecen en más conflicto que armonía; y de otro lado, la confrontación -igualmente severa- con las tendencias internacionales de la dinámica supraestatal. Los nostálgicos de la soberanía estatal tropiezan ahora con la incidencia de una difusa voluntad supraestatal en materia de relaciones comerciales, de derechos humanos, de legislación comunitaria, de industrialización de la cultura y la información, etc. Relaciones que no son unívocas sino que se abren en abanico para ser dependencia, imposición, subordinación, acuerdo a nivel, y tantas más. Antes de que INTERNET se volviera un espacio incontrolable de comunicaciones al acceso de todos, ya eran internacionales la estrategia geopolítica militar y la programación de la economía...

Aunque la historia del Estado latinoamericano es un puente secular entre diversas formas de dependencia -"De la dependencia de España a la dependencia de Estados Unidos"- los politólogos solían distinguir varias etapas. Los Estados latinoamericanos surgen con su independencia de la metrópoli, permaneciendo en adelante vinculados umbilicalmente a la estructura capitalista general de Occidente. Esto ocurre para todos en las primeras dos o tres décadas del siglo diecinueve. En la segunda mital de ese siglo, asumen la forma de Estados oligárquicos y se empiezan a

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delinear las familias que dinásticamente serán representativas en la conducción del país. Las revoluciones del 17 en Rusia, y del 20 en México, dan entrada a las esperanzas populistas hasta la mitad del siglo veinte, pero las oligarquías económicas conservan su poder con la estrategia del reformismo demagógico que les permite conservar su influjo hasta la segunda postguerra. Con ésta llegan los vientos del desarrollismo, la autoridad política toma para sí ese compromiso y se esfuerza por recobrar los retos de la modernización del Estado y darle contenidos más dinámicos al envejecido concepto de la democracia.

Desde los días de la penosa independización, la formación del Estado atraviesa crisis que no son idénticas en todo el continente. El resultado natural de la consolidación de una conciencia política tiene agregados peculiares, que en un lado son aportados por el mestizaje, por el criollismo, (Colombia) en tanto que en otros está matizado en mayor proporción por los intereses de inmigrantes invasores e incontaminados (Argentina y Chile), y en tercer lugar por las tradiciones indígenas como en Bolivia. No es posible, entonces, pensar en una homogeneidad sociológica del concepto de nación en los Estados latinoamericanos. Esto significa que rotas las cadenas de la dependencia externa, los Estados nacientes se enredaron en luchas, nacionales sí, pero que eran manifestación de intereses contrapuestos y reacción de los partidos o sectores derrotados. En Colombia, desde entonces, los criollos y mestizos descendientes de los chapetones, tendrán la confrontación sorda de las minorías negras e indígenas, que se articulan desde entonces en el proletariado laboral e indigente. La lucha política -y civil- en el Cono Sur se dará entre los inmigrantes que se apropian por ocupación de todos recursos, los sectores de mestizaje relativamente restringidos, y los grupos de indígenas y negros que son primero desposeídos y luégo eliminados. Las regiones donde resultan fuertes las tradiciones indígenas, como Bolivia y acaso Ecuador, se configuran como verdaderas islas presionadas por la influencia de los vecinos y que poco a poco van debilitando en una agonía secular ese elemento basal de su estructura sociopolítica. El indigenismo lucha a brazo partido contra la modernidad, y hace tránsito a simples manifestaciones folclóricas antes de desaparecer definitivamente. A la larga se van imponiendo partidos que con el pretexto de la marcha hacia la unidad nacional van descabezando y disolviendo toda muestra de pluralismo.

Con la crisis económica del 30 los Estados, en cuyas constituciones la oligarquía dominante había inscrito profusos conceptos liberales, se mostraron incapaces de afrontar los problemas, y como castillos de naipes fueron cayendo sus gobiernos y se vió la necesidad de remozar los instrumentos de dominación. En Colombia, después de la larga hegemonía conservadora, llega el turno para los gobiernos liberales a partir de Olaya Herrera en el 30. Comoquiera que para entonces la oligarquía compartía o

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alternaba en los principios ideológicos, esta crisis se mostró también como una primera contradicción interna o fragmentación de la oligarquía bipartidista. Y a partir de entonces se inició una saga en la que a la postre no estaba el país administrado alternativamente por las oligarquías terratenientes de uno y otro partido, sino que en realidad existía un solo partido -el liberalconservatismo- que con dos caras ponía el monopolio del poder siempre en manos de la misma oligarquía liberalconservadora, detentadora del capital y de la tierra, y como reflejo, del poder político.

Posteriormente, las masas presionaron por su integración al proceso económico-político, y las oligarquías aparentaron ceder a la presión y dieron a luz reformas y concesiones populistas que luego tomaron forma. Este Estado que pretende hacer intervencionismo de favor popular, es en realidad el Estado desarrollista -primero crecer y después repartir- que se monta con la ayuda de la C.E.P.A.L. con proyecciones hasta la década del 70. Tuvo como espíritu santo a Keynes, y adoptó instrumentos como el bienestar general y la democracia participativa. Esta última sólo llegaría a Colombia veinticinco años más tarde, pero a otros Estados latinoamericanos no llegaría nunca. La rebelión de Castro y su revolución socialista condujeron a la estrategia paternalista de la Alianza para el Progreso, y fracasada ésta vinieron las crisis políticas aquí y allá resueltas por el arbitraje o la arbitrariedad de los militares. La década del 60 es abiertamente caracterizada por el golpismo, y el mapa de América se viste de verde oliva y calza botas. Pero este golpismo -cosa curiosa- no era caudillista. No había líderes carismáticos, sino que se trataba de planificación de camarillas, de grupos castrenses coligados con sectores oligárquicos y en ocasionales alianzas con los partidos políticos. Así se vió en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Documentos posteriores desvelaron la convergencia de todos los golpes con las intereses de los Estados Unidos y de su política exterior, hasta los extremos predicados en la Doctrina fascista de la Seguridad Nacional. A partir de entonces las fuerzas armadas pasaron a ser consideradas como parte esencial de la administración del Estado. En Colombia se habló de un período en el que mandaba el General Camacho Leyva a su presidente Turbay Ayala. El hecho real era que desde decenios antes los oficiales superiores se formaban en las Escuelas de Guerra patrocinadas y dirigidas por el gobierno de Estados Unidos, en varios países -Panamá, Perú, Brasil...-. El objetivo final era la ocupación de los Estados por sus propios ejércitos, y se fué logrando gradualmente en gran parte de Latinoamérica. La estrategia no solo se dirigía a capacitar a los jefes militares para la administración, sino en refinar los procedimientos de la represión totalitaria frente a toda eventual oposición o divergencia política. El paso siguiente ha sido la alianza consolidada de las castas militares con los sectores fundamentales del capital, los grandes comerciantes, los banqueros, los exportadores de materias primas, y las industrias multinacionales interesadas en invadir nuevos mercados. Este último

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servicio lo dejó listo en Colombia el gobierno de César Gaviria, a costos tan grandes como el sacrificio del sector agrario, y la privatización de las industrias y establecimientos productivos del Estado. La sujeción a las programaciones externas, y al neoimperialismo norteamericano, se observaron cotidianamente con los viajes del inverecundo Fiscal General de la Nación -cargo impuesto por Estados Unidos en la reforma de la justicia- a los Estados Unidos en busca de financiación, apoyo e instrucciones. Los viajes presidenciales en solicitud de dinero e instrucciones continúan en nuestro tiempo.

El neoliberalismo, la sombrilla ideológica de la década, pregona como línea de conducta para el Estado la conveniencia de limitarse a las actividades no rentables. Esto supone convertir en rentables y montar sobre el eje del lucro, los servicios que antes se consideraron parte de la obligación pública. Según ésto, el Estado no debe competir con los empresarios privados en sector económico alguno, en tanto pueda ser explorado y explotado por los particulares. El papel que se asigna al Estado -como en la matriz manchesteriana- es ser el guardián del orden social: el Estado Gendarme, ni más ni menos. El custodio de la propiedad privada y de la iniciativa particular, el garante de la lucha de todos contra todos y la supervivencia de los más aptos, económicamente hablando. Las garantías económicas, es una obviedad recordarlo, se protegen mediante las políticas represivas. Por ello es previsible que la duración del neoliberalismo dependerá de la paciencia de las masas. Del tiempo que soporten la ocupación militar del país por el propio ejército, la persecución al sindicalismo, el desaparecimiento de los defensores de los derechos humanos, el señalamiento del pensamiento contestatario en intelectuales y estudiantes, la libertad de la prensa no sobornada por el régimen.

El año de 1995, heredero en gran parte de los compromisos externos de la política gavirista en Colombia, costó en represión a cargo de las fuerzas armadas dos mil cuatrocientos millones de dólares. Las fuerzas armadas perdieron muchos hombres, mataron y capturaron algunos guerrilleros, proporcionalmente muy pocos por ese costo. De modo que tal gasto ni fué negocio para los militares ni fué inversión útil para el país. Los ministros de defensa han reconocido un censo de diez mil guerrilleros, que influye decisivamente en más del cincuenta por ciento de los municipios del país. Tomemos un supuesto de 24.000 guerrilleros para redondear cifras. Si de 2.400.000.000 de dólares, le corresponden a cada guerrillero 100.000 dólares al año, éstos equivalien aproximadamente a doscientos millones de pesos por cabeza: Una modesta casa de cien millones de pesos y un sueldo de un millón de pesos mensuales a lo largo de ocho años. Con el presupuesto de un solo año... Si el sentido de la guerra civil fuera solamente económico resultaría útil la aventura de cálculos como éste.

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Pero, y las Fuerzas Armadas ? De qué van a vivir los generales, así se miren tan precarias la inteligencia y la eficacia de su acción ?

En la conciencia popular latinoamericana se cuece una perspectiva con diferente dinámica para los comienzos del milenio. Las fuerzas armadas de América Latina, en general, han perdido credibilidad y disminuye cada vez el respeto hacia su imágen. Han tenido inclusive posibilidades de administrar de la mano con sus mentores imperialistas, y han fallado en todas partes, salvo en Chile. Porque no toda América es Chile. No toda América está dispuesta a pagar el precio que pagó Chile. Al lado de una conciencia civilista y antimilitarista cada vez más extendida, surge un nacionalismo de nuevo corte que intenta objeciones a la internacionalización de la economía, la dependencia política y el creciente endeudamiento externo. En principio, se ve muy difícil el rechazo eficaz de la globalización económico-política del mundo. Pero el paso político al milenio va a forzar a los gobiernos que quieran sobrevivir a nuevas concesiones en favor de las necesidades populares. Colombia es hoy muestra de que la solución militar de la lucha antiguerrillera nunca será exitosa. Mientras no se combata el desempleo creciente y se democratice la distribución de ingresos, la escandalosa brecha mayor todos los días entre los bien pagados por la economía y los menesterosos de la zona laboral, dará fundamento ideológico a las guerrillas. Los administradores dejarán de creer sus propias mentiras sobre la desideologización de las guerrillas con el hecho tozudo de que contidianamente crecen los frentes y muestran su vigor táctico las operaciones guerrilleras.

Es curioso que en las discusiones de la Reforma Tributaria en el congreso colombiano, el énfasis de la extorsión a cargo del Ministro de Hacienda se ponía en que de no aprobarse, todos los recortes financieros afectarían la inversión social. Tanto como decir que los impuestos se reducen para los de arriba, y los gastos sociales sufren las adversidades de la gestión. Dentro del compromiso de la inserción en la economía internacional, ya se han empezado a observar las muestras del futuro que viene: infraconsumo, desempleo disfrazado en las llamadas microempresa y famiempresa, subempleo profesional y técnico, pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales, reducción del gasto social, disminución de cobertura en los servicios públicos privatizados.

La tesis de Galbraith, expuesta hace más de treinta años, en la que se asignaba al Estado el papel liberal de árbitro entre los sectores del capital y el trabajo, ha sido desmontada por la dolorosa experiencia: El Estado no puede ser árbitro entre el capital y el trabajo, porque sencillamente no es neutral en tanto es hijo y aliado del capital. La interpretación marxista ha mostrado su sólida construcción teórica, y ha sido confirmada por la historia. Más que siempre antes, el Estado del neoliberalismo es un instrumento de dominación con evidente carácter clasista. Y ésto resucita

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toda la panoplia de las argumentaciones de Marx sobre su proceso y destino. El Estado contemporáneo no restablecerá el equilibrio: por el contrario, creará las condiciones para la generación y acumulación de ganancias. La distancia entre economía y Estado, o si se quiere entre gerentes y administradores políticos, tenderá a desaparecer hasta lograr la identificación e hipóstasis de unos en otros. Volverán los tiempos en que los Adolfos Díaz, los McNamaras, los Pastranas y los Lleras pasaban de las gerencias de las grandes concesionarias a los altos cargos de las repúblicas, y viceversa. La crisis fiscal del Estado salta cuando se descubre que la misión del Estado de bienestar es el bienestar del proceso capitalista. Y este espectro no involucra solo a los Estados potencias. Ahora está también incrustado en la estructura de las repúblicas latinoamericanas, y corresponde a un momento ineludible de su desarrollo.

Como resultado del endeudamiento externo, los Estados latinoamericanos están en un momento histórico unívoco y distinto. Sin duda ninguna, la deuda los ha convertido en dependientes y ha comprometido gravemente su soberanía. Es superfluo discutir si la deuda externa se puede pagar, o si se tiene qué pagar. El hecho es que ella es un instrumento de ataque a la soberanía de estos Estados, y tendrán qué hacer concesiones de soberanía en una de dos formas: cesiones con contenido patrimonial, como permitir la instalación de bases militares, cejar en sus pretensiones de delimitación de áreas de influencia, entregar sus recursos naturales; o cesiones de carácter ideológico, tales como entrar en alianzas comerciales impuestas, o en compromisos militares y policivos manipulados desde fuera, o entrar a conformar frentes específicos en conferencias y entidades internacionales. En uno u otro caso, el compromiso de la soberanía es de relieve, y es inevitable. Cualesquiera sean los caminos que se exploren, los Estados de Latinoamérica solamente son autónomos en pequeños sectores en los que el poder no está atraído a órbitas internacionales y supraestatales de hecho. En los sectores fundamentales -Economía y Poder Militar- los Estados latinoamericanos son heterónomos y están inscritos en planes continentales que no son trazados con su participación sino que les son impuestos y controlados desde fuera, en muchos casos sin especiales presiones pues los intereses extranjeros cuentan en el interior de los Estados con una quinta columna de burguesías de variada laya, para las cuales -con mucho sentido práctico- el patriotismo significa poco frente al interés del lucro.

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I

CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

España, ocupada a lo largo de los siglos por numerosos pueblos, constituyó un verdadero crisol de razas, y a través de un reiterado mestizaje fué generando un pueblo de características propias. En el siglo VIII se produjo una inmigración beligerante, una verdadera invasión de los pueblos del norte de Africa, que poco a poco fué ascendiendo hacia la gran llanura europea, y se estacionó ocupando buena parte de la península ibérica. Esta ocupación de los moros trajo consecuencias de interés, como las que se inscriben en el contexto cultural: aporte lingüístico que enriquece el idioma español, nuevos métodos en el cultivo de la tierra, desarrollo de las ciencias matemáticas y de la astronomía,

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incremento del comercio interno y externo, y monumentos arquitectónicos que hoy todavía quedan como hitos formidables del influjo árabe.

Desde el punto de vista político, la reacción natural de los peninsulares fué organizarse a través de varias generaciones para la Reconquista de su propia patria y la expulsión de los invasores. Diversos reyes y señores feudales fueron uniendo sus fuerzas para alcanzar tal objetivo, y a lo largo de los ocho siglos siguientes los árabes fueron siendo forzados a reducir sus dominios, y a fines del siglo XV pierden su última posesión, la ciudad de Granada, donde es derrotado Boabdil.

Esta victoria es lograda por los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Al contraer matrimonio habían unido sus reinos y en torno a ellos se había realizado la unificación de España. Las hazañas de sus ejércitos en favor de la religión católica y en contra de los llamados infieles movieron al Papa a darles el título de Reyes Católicos, con el que los conocemos en la historia.

Este episodio de la expulsión de los moros, cumplido en 1492, es la condición que les permite desarrollar una política de reconstrucción del Estado, de organización de los recursos económicos maltrechos por la larga guerra, y agilizar las relaciones exteriores políticas y comerciales. En este momento histórico aparece Cristóbal Colón con sus proyectos de exploración de nuevas rutas, y después de las naturales dudas y discusiones de los sabios en torno a sus ideas, recibe el apoyo de los monarcas para la expedición que conducirá al descubrimiento de América.

El descubrimiento de América es mirado por los analistas económicos como causa y consecuencia del capitalismo subsiguiente. Es causa del capitalismo en la medida en que propicia la acumulación primaria de capitales que es condición de existencia de la utilización del dinero como capital. En efecto, la conquista de los territorios descubiertos es una verdadera expoliación en la cual saquean las riquezas naturales y sociales de los pueblos vencidos. El oro toma rumbo a España prácticamente sin contraprestación económica, lo que es tanto como afirmar que se acumulan riquezas arrebatadas a los aborígenes sin inversión ninguna, o con la mínima inversión: el costo de ir por ellas. El capital así acumulado en la España conquistadora no se destina a la producción de bienes sino a la circulación de los bienes existentes en toda Europa. Los españoles no usan la riqueza traída -sustraída- de América para su desarrollo industrial, sino que la aplican al comercio de especies suntuarias. Por esta razón el oro de América pasa por las manos españolas a las arcas de los países comerciantes de Europa, los cuales son, en últimas, quienes realmente aprovechan tal bonanza económica dando salida cara a sus mercancías y productos. La peor consecuencia de la llegada del oro americano a la

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península fué el incremento desmesurado del dinero en circulación, es decir, se produjo un inflación incontrolable que arruinó a muchos.

Pero también, dicen, es el descubrimiento consecuencia del capitalismo, porque éste había propiciado los viajes y estimulado la búsqueda de nuevas rutas, la apertura de nuevos mercados. Y el descubrimiento de las tierras americanas no fué tanto para bautizar infieles y conducir sus almas al cielo, sino para convertirlos en usuarios y consumidores de la producción mercantil de los capitalistas europeos.

Bajo la dinastía de la Casa de Austria, que sigue a los Reyes Católicos, tiene su auge el imperio español, y llegará hasta el siglo XVII aproximadamente. Al finalizar este siglo habrá sido reemplazada por Francia en la dirección de la política y del comercio europeos. El descenso económico de España ya venía gestándose desde la expulsión de los moros, con lo cual se empobreció la mano de obra destinada a la agricultura, y decayó el comercio, una y otro alimentados por los expulsados. Luégo la decadencia fué corroborada por la mala utilización del oro americano, la falta de industrias, el costo de las guerras, el cambio de sus recursos naturales por productos extranjeros elaborados, y el contrabando que por entonces era conducta muy extendida. Esta coyuntura es aprovechada por las otras naciones, en especial por Holanda, Francia e Inglaterra.

La mencionada dinastía de los Austrias asume la organización de los territorios descubiertos y conquistados, tanto en lo político como en lo económico. Y para ello trasplantan o crean sus fórmulas de administración, caracterizadas por la mezcla político-religiosa, el apego a las formas legales y a las oficinas y despachos, y el ejercicio del poder con ribetes de arbitrariedad. Estas estructuras rígidas solo vendrán a aflojarse un poco con la llegada de los Borbones, dinastía de orígen francés que empieza en España con Felipe V, y viene hasta nuestros días, cuando reina Juan Carlos I de Borbón y Borbón.

La influencia francesa en España introduce el espíritu liberal de la Enciclopedia, lo mismo que nuevos intereses estéticos e intelectuales. Los Borbones se caracterizaron, al decir de los historiadores, por su apertura hacia las labores del arte y la inteligencia, las innovaciones y, en ocasiones, la tolerancia al populismo. Sus monarquías han sido denominadas despotismo ilustrado por tal comportamiento. Y su actitud en favor del progreso se hace manifiesta con la difusión de libros y el establecimiento de bibliotecas, el estímulo a los artistas y el favor a las tertulias y al teatro, la autorización de imprentas y de periódicos, y la protección y admiración a los filósofos y escritores. En América debe mencionarse la fundación de la Expedición Botánica, que fué semillero de científicos y de patriotas.

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EL PROCESO POLITICO DE LA COLONIA

En el momento en que se realiza el descubrimiento y conquista de América, la institución de la monarquía tiene características muy definidas. Con el respaldo de las creencias religiosas y el apoyo de la Iglesia Católica, el rey es considerado como señalado por Dios para regir los destinos de los pueblos. Su poder no tiene ningún control, y en su persona se integran las que hoy consideramos ramas separadas del poder público. El poder del rey lo convierte en legislador, y también es el máximo dispensador de la justica. Como administrador, rige sobre súbditos que habitan territorios que prácticamente se confunden con las propiedades personales del rey. Y cuando se realizan viajes de colonización, los territorios se incorporan al patrimonio del monarca más que al cuerpo del Estado. Esto explica que las tierras que el rey otorga a los conquistadores y colonizadores sean realengas, es decir, más del rey que del Estado, y las transfiere como mercedes reales, ésto es, como regalos del rey. El derecho internacional ya consideraba en la época que los territorios pueden ser: o parte del cuerpo del Estado, y son inenajenables; o propiedad del Estado o del monarca, caso en el cual pueden enajenarse. Era muy frecuente que las nuevas tierras ingresaran a propiedad personal del monarca; y ello explica que el rey de Francia pudiera vender la Lousiana a los Estados Unidos, o que esta misma nación pudiera más tarde negociar con el zar de Rusia las tierras de Alaska...El concepto predominante es el de bienes de la corona, más que bienes del Estado.No se han separado los conceptos como en el derecho moderno en el cual unos son los bienes del Estado y otros más claramente determinados los propios de los monarcas o de los mandatarios que gobiernan.

La administración del Estado español y de sus relaciones internacionales la hacían los monarcas, y el trono era hereditario, en el orden de nacimiento de los príncipes. Esta forma de sucesión en la administración del Estado tuvo varios paréntesis en los cuales el gobierno estuvo en otras manos. Recordemos el largo período en que los españoles eligen la forma republicana de gobierno, y la dictadura del Caudillo Francisco Franco, que sustituye la República y regresa luégo el poder al rey Juan Carlos.

Desde el punto de vista filosófico las monarquías históricas europeas se sustentaron en la difundida creencia del origen divino del poder, enseñado y sostenido por los católicos desde tiempos del Papa Gelasio II que se recuerda por la teoría de las dos espadas. Se trata de una fórmula de sentido teocrático, en la cual hay una vinculación sustancial entre la política y la religión, entre el Estado y la Iglesia, con notorio predominio del poder eclesiástico en el usufructo de privilegios políticos.

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Un concepto muy de la época, y que conviene tener claro es el de soberanía. En principio se llamaba a los monarcas soberanos para significar que sobre ellos no había ninguna autoridad. Ante nadie en la tierra, solamente ante Dios en el cielo, respondían por su conducta. Posteriormente los filósofos de la democracia liberal enseñaron que la soberanía no es un atributo de los reyes, sino de los pueblos. Es la teoría de la soberanía popular, a partir de la cual se desarrolla el Estado sujeto a normas de derecho, es decir, el Estado de Derecho que caracteriza las democracias surgidas a partir del siglo XVIII bajo la influencia de las revoluciones estadounidense -1776- y francesa -1789-. En los tiempos modernos, el concepto de soberanía ha perdido ese contenido según el cual los reyes primero, y los Estados después, eran soberanos en cuanto no existía sobre ellos ningún poder, ninguna jurisdicción, ante la cual debieran responsabilizarse de sus actuaciones. En las relaciones de nuestros días se habla de la soberanía limitada o restringida, y se hace énfasis en la interdependencia de los Estados. Además, por razón del desarrollo del derecho internacional surgido de los Tratados públicos, han nacido jurisdicciones y autoridades que se imponen a los Estados. Lo observamos frecuentemente en la prensa cuando discute sobre la aplicabilidad de los tratados internacionales en colisión con las leyes nacionales, y se acaba aceptando la doctrina ya tradicional de que los tratados internacionales están por encima de la Constitución de los Estados, es decir, son supraconstitucionales. Este criterio supone un desplazamiento severo del significado histórico de la soberanía.

De otro lado, la influencia de la religión católica en la vida de los españoles y, por consecuencia, en el descubrimiento y colonización de América, tiene unos componentes muy precisos. España mantuvo su unidad religiosa en momentos en que se desarrollaban controversias religiosas en el resto de Europa. Esa fe, consolidada en el alma popular, fué el sustento ideológico y emotivo de la larga lucha contra los moros, contra los llamados infieles por sus creencias en las enseñanzas de Mahoma y los Califas, sus sucesores. Como se mencionó antes, por la lucha victoriosa contra los árabes del Islam, los reyes Fernando e Isabel fueron considerados paladines de la cristiandad y distinguidos por el Papa Alejandro VI con el título de Reyes Católicos. Posteriormente la guerra religiosa de los españoles fué contra los judíos y contra los protestantes. De modo que el espíritu católico y la adhesión a sus jerarquías está cosido al alma nacional y es eje de toda la proyección histórica de los peninsulares. En las luchas contra la Reforma luterana, España da a la Iglesia dos congregaciones religiosas que cumplirán un papel trascendental: la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, y la Orden de Predicadores, de Santo Domingo de Guzmán. Los jesuítas estuvieron vinculados -desde la reserva de las consejerías y confesionarios- al manejo político de los Estados. Y los predicadores

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dominicos o dominicanos fueron tan tenaces en la defensa de la fe y la persecución a los enemigos de la religión que fueron llamados Domini canes, que significa los perros del Señor. Los dominicos españoles se hicieron tristemente célebres en la administración del tenebroso Tribunal del Santo Oficio, más conocido como la Inquisición.

Es preciso tener presentes estos retazos históricos para comprender el trasplante de actitudes, de costumbres, de instituciones, tal como se realiza desde los comienzos de la Colonia. La Iglesia está presente en mil formas en todo el proceso, y la evangelización o predicación de las creencias religiosas es un instrumento fundamental dentro de la Conquista y la Colonización. A América veremos trasladados en su momento, el Tribunal de la Inquisición, y los privilegios e intercambios de favores entre la Iglesia y el Estado, se instalará el monopolio de la educación en favor de la Iglesia, y el Estado se encargará de promover el proselitismo religioso. En contraprestación, como veremos, la Iglesia adoptará el régimen de Patronato, compartiendo con el poder laico la administración de los recursos económicos y de las prebendas políticas.

La estructura social es de carácter clasista, con estratos privilegiados como los españoles de sangre, los nobles y encomenderos, los miembros del clero, y otros en escala descendente como los terratenientes y burgueses o comerciantes ricos, hasta llegar a los criollos pobres, y a los indígenas y negros explotados hasta la extinción con instituciones como la mita y la esclavitud.

Como ocurre con todas las monarquías en su fase de auge, el Rey concentra en su persona todas las manifestaciones del poder público. Aunque se rodea de Consejos, de asesores y de favoritos, el monarca es el único legislador; su voluntad omnímoda decide todos los asuntos del Estado, es decir, es el ejecutivo de sus propias leyes o personero de la administración; y en él tiene vértice la pirámide de la justicia: los jueces aplican la justicia del rey, y de todos sus fallos existe como última apelación la voluntad del monarca. Este monopolio de la autoridad política completa sobre los pueblos es lo que irá tomando forma hasta definirse como la monarquía absoluta, cuyos desaciertos conducirán a frecuentes levantamientos de los pueblos, y por último a la aparición del Estado de Derecho.

Pero también caracteriza la estructura política de España una alta dosis de autonomía de las regiones y especialmente de los grandes municipios, que fué tradición tolerada por los reyes, y dió origen a una abundante legislación, a los derechos o fueros particulares, y a otros privilegios que no se observan en el resto de Europa.

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En cuanto a la organización misma de la administración jurídico-política, es preciso recordar la naturaleza y atribuciones de las instituciones principales:

EL CONSEJO DE INDIAS, en cuanto representante de la persona del Rey, tenía las atribuciones de legislar, gobernar, y administrar la justicia. Con igual naturaleza que éste se habían constituído otros anteriormente para el buen gobierno de las provincias y reinos que los monarcas concentraban bajo sus manos. En la época de los Austria, por ejemplo, se administraban a través de Consejos los reinos de Aragón y Castilla, o los Países Bajos, Italia, Portugal. El CONSEJO DE INDIAS tenía competencia sobre las llamadas Indias Occidentales a partir de 1524, especializando una administración que antes realizaba el Consejo de Castilla desde el descubrimiento. Lo componían cinco consejeros y numerosos auxiliares. Y de él dependía toda la burocracia de las nuevas colonias, no solamente en lo que toca a la administración sino también a la legislación y a la justicia tanto civil como penal. Incluía la planeación de las expediciones militares o eclesiásticas -misioneras- de consolidación de la conquista, y los problemas entre peninsulares o entre éstos y los indígenas.

LA CASA DE CONTRATACION se estableció en 1503 en el puerto de Sevilla, como apéndice o dependencia del CONSEJO DE INDIAS. La CASA DE CONTRATACION estaba encargada de la regulación y control del comercio y del transporte marítimo. Adicionalmente, en forma oficiosa, cumplió un papel interesante como apoyo a la ciencia de la navegación, porque su razón de ser, como promotora de las rutas comerciales, la convirtió en mecenas de cartógrafos y astrónomos.

EL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO, conocido simplemente como LA INQUISICION, detentaba gran poder eclesiástico y político, como guardián de la fe y de los vínculos con el Pontífice de Roma. Al ampliarse el poder de España en el período de la conquista, el tribunal fué llevado a ejercer su control político-religioso en las colonias, y mediante sus instrumentos procesales se combatió la herejía, la blasfemia, la hechicería, las supersticiones, y delitos similares, para escarmiento de los pueblos donde se estableció : Lima y México en 1570, y Cartagena en 1610. Aunque no siempre se respetó la exclusión de los aborígenes, su jurisdicción estaba prevista solamente sobre los españoles y sus descendientes criollos.

LAS REALES AUDIENCIAS estaban compuestas por un Presidente, varios Oidores y un Fiscal. Inicialmente su misión era exclusivamente judicial, pero más tarde la Corona les adicionó funciones administrativas. Hubo Reales Audiencias en las principales ciudades de la América española, entre ellas Santa Fe de Bogotá. Teóricamente dependían de los Virreyes y Capitanes Generales, quienes las presidían. Pero no pocas veces se convirtieron en tribunales en su contra.

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LOS VIRREYES. El Virrey era llamado originalmente Vice-Rey, lo que nos da idea de que representaban en sus sedes a la persona del Rey, por el cual eran designados y del cual dependían directamente. Podían ser vitalicios o nombrados para un período definido. Su responsabilidad era examinada por las Audiencias, o por Visitadores con este encargo específico, al terminar su administración en los llamados Juicios de Residencia. Su poder fué disminuyendo en la medida en que eran sometidos a estrictas reglamentaciones originadas en el rey mismo o en sus Consejos asesores. Desde el siglo XVI se crearon los virreinatos de México -con el nombre de Nueva España-, y del Perú. Y en el siglo XVIII los Virreinatos del Río de la Plata, y de la Nueva Granada, y se incorporaron a éste último los territorios de Panamá y Quito, en los cuales gobernaban Audiencias anteriormente autónomas.

OTRAS AUTORIDADES eran los Gobernadores, los Presidentes, y los Capitanes Generales, que ejercían autoridad delegada de los Virreyes.

EL MUNICIPIO COMO ENTE POLITICO-ADMINISTRATIVO

El municipio es la célula política del Estado, y por su naturaleza es el fundamento geográfico y operativo de la administración. En España el municipio, de anterior orígen romano, fué tan importante que era sujeto de especiales privilegios, oponibles en ocasiones a los mismos reyes y gobernadores provinciales. El municipio español ha traído a la América una estructura y una tradición especialísimas por su trascendencia y desarrollo ulterior. Todavía en nuestros días el fenómeno sociopolítico de más interés es la recuperación del municipio y la planeación del desarrollo a partir de él. Hay partidos políticos internacionales, como la Democracia Cristiana europea, que han hecho de la promoción del municipio el eje de sus proyecciones políticas.

Las autoridades del municipio español han sido el ejemplo, en muchos casos, de los órganos y entidades de la administración local en el Derecho Público americano. El municipio español contaba con la reunión o ayuntamiento de personas que discutían y defendían los intereses de la comunidad, y dictaban disposiciones y providencias con tal objeto. Usualmente formaban parte de él los Regidores, Alcaldes, el Escribano -que cumplía funciones de Notario y daba fe de cuanto ocurría en su presencia-, los Alféreces, y el Alguacil. De este cuerpo, antecedente histórico de los Concejos Municipales, dependía la creación y provisión de cargos como los Mayordomos, Verdugos, Obreros del Municipio -con nombre árabe de alarifes-, Estafetas o Correos, Carceleros, Custodios o Tenedores de los Bienes Municipales, etc. Los Regidores -lo más aproximado a nuestros concejales- eran en número tal que dependía -

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como hoy- de la importancia de las poblaciones y a veces llegaba a veinticuatro. Entre las atribuciones del cuerpo así conformado estaba el cuidado espiritual y temporal de los ciudadanos, lo que incluía la reglamentación de las boticas, la notificación de providencias mediante el pregón, la defensa económica de las comunas, la licencia de ejercicio a los médicos, comerciantes y otros oficios principales, el control de los mercados y provisiones, la custodia de la salubridad general, el reconocimiento de los designados para todos los cargos en la ciudad tanto políticos como militares y eclesiásticos, incluídos los obispos, y naturalmente la planeación urbanística y la policía.

No eran de elección democrática como los de hoy, y a veces los reemplazos eran escogidos por los Regidores salientes, aunque casos se vieron en que la plaza de regidor era hereditaria y aún venal, es decir, entregada a la compra por altos precios. Pero los Regidores eran los intermediarios clásicos entre la ciudadanía y las autoridades superiores, y disfrutaban de general acatamiento y respeto.

Los ALCALDES, por su parte, presidían los Cabildos pero carecían de voto, y sus funciones estaban más ligadas a la administración de justicia en los casos civiles y criminales, con el auxilio de los letrados o peritos en la ley. La institución de los Alcaldes suponía la designación de dos en cada lugar de mérito, uno de la Nobleza, y otro del pueblo llano.

El ALFEREZ REAL era el jefe de los Regidores -primero entre sus iguales-,pero en la decadencia perdió sus atribuciones y acabó siendo un título de honor entregado a la subasta.

El ALGUACIL MAYOR cumplía funciones de Fiscal, y era quien ejecutaba las providencias y mandamientos de los Gobernadores, Alcaldes, y demás justicias.

El PROCURADOR DEL CABILDO equivale, en nuestras instituciones, al PERSONERO del Municipio. Y en España defendía los privilegios municipales frente a las intromisiones injustas de las autoridades superiores, incluído el Rey. En algunos momentos de la historia peninsular tomó el nombre de FISCAL DEL COMUN.

EL TIEMPO DE LAS REVOLUCIONES

A partir de la segunda mitad del siglo XVII se dan numerosas ocasiones de inconformidad entre las gentes de los países europeos, y el movimiento de las ideas conduce a procesos verdaderamente revolucionarios, como los que se recuerdan de Inglaterra y Francia. Y en América, de los Estados Unidos. Cada uno de esos procesos tiene características peculiares, y

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todos son precedentes de la dinámica revolucionaria que conducirá en América a la organización de los Estados independientes y a su proyección hacia la historia contemporánea.

EN INGLATERRA tuvo sede el centro del comercio mundial, y su potencia naval fué proverbial. Probablemente es allí donde debe mirarse el mayor desarrollo de tipo capitalista, que desde la época de los descubrimientos marítimos inicia con el colonialismo su acumulación de capital. En forma paralela se desarrolla allí el liberalismo en su forma de garantías a las iniciativas y acciones individuales, dentro de la indiferencia del Estado que se limita a vigilar el orden ciudadano.

Este estado de cosas es posible porque los ingleses empiezan temprano a limitar las prerrogativas y privilegios de sus monarcas y a promover la libertad de acción para los ciudadanos. Desde luégo, no se trata de una fórmula plenamente democrática porque tardarán muchos años las conquistas para toda la población; pero disminuyendo las prebendas y ventajas de la nobleza y de los cortesanos, gana peso político gradualmente la clase comerciante o burguesía. El primer episodio importante ocurre cuando en 1215 los señores principales -los barones- fuerzan al Rey Juan Sin Tierra a favorecerlos con varias decisiones acordadas, entre las cuales se destacan las relativas a los impuestos y a la administración de justicia. En adelante el Rey se compromete a no decretar tributos o impuestos sin la anuencia de su concilio o consejo de nobles. En segundo lugar, cuando los barones sean sometidos a proceso civil o criminal, serán juzgados por personajes de su mismo nivel social, es decir, por sus pares. Estos compromisos llevados a documento escrito son un importante antecedente del movimiento constitucionalista que se incrementa a partir de ese momento y llega hasta nosotros. Es la tendencia a reglamentar por escrito y con solemnidades de forma la convivencia de las gentes sometidas aquí a la autoridad del Rey, y más tarde del Estado. Bien puede afirmarse que, a partir de entonces, la cultura política de los ingleses está en marcha hacia la democracia.

Con las experiencias cotidianas se va perfeccionando el ejercicio del poder público por tres caminos bien diferenciados: las decisiones del monarca, las leyes expedidas por el Parlamento, y las sentencias originadas por los Tribunales. Es notoria la quiebra de la autoridad absoluta del Rey, quien empieza a ser el representante del Estado, el defensor de su pueblo, y el ejecutor de las normas originadas en el Parlamento, pero cada vez tiene una menor intervención en la elaboración de las leyes y los reglamentos. En el ramo de la justicia se consolidan algunas garantías procesales entre las cuales la más importane es la tutela de la libertad de movimiento de las personas, conocida con el nombre latino de Habeas Corpus. Y se empieza a observar con interés, como lo hará el Barón Carlos de Montesquieu, la división de poderes, que será ejemplo que sigan las

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naciones democráticas de Occidente en los siglos venideros. Documentos fundamentales de este período de surgimiento de la democracia inglesa son la Carta Magna -1215-, la Petición de Derechos, o con su nombre tradicional, The Bill of Rights -1628-, y la Declaración de Derechos, de 1688.

Respecto de los Estados Unidos, originados como colonia británica, se observa que la conformación de sus criterios políticos y administrativos tuvo fuente considerable en las ideas inglesas. Pero buena parte de su ideología es autóctona, es decir, tiene su nacimiento y aplicación concreta en la realidad de las tierras americanas.

Para una cabal comprensión de estos procesos democráticos es necesario retroceder hasta la rebelión de Lutero y la Reforma Protestante. A principios del siglo XVI, el monje agustino Martin Lutero se levantó contra las disposiciones del Pontífice Romano que encargaban a la comunidad de los Dominicanos la predicación de una cruzada por toda Europa con el objeto de recaudar limosnas con las cuales acelerar la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. A cambio de esas limosnas, los donantes recibían el perdón de sus pecados bajo la forma de indulgencias. Lutero consideró que arrogarse estas atribuciones de cambiar las gracias espirituales por dinero era un abuso del Papa, y se rebeló contra tal actitud. Adicionalmente criticó muchos otros puntos de vista del catolicismo, como el dogma de la infalibilidad del Papa, el sacramento de la confesión, y el culto a la Virgen María. Pero para lo que nos interesa, es fundamental el criterio del libre examen.

Entre los católicos es obligación disciplinaria abstenerse de interpretar según la opinión particular los Libros Sagrados, las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia. Lutero enseñó que Dios da a cada persona las luces suficientes para que razone en forma autónoma e independiente sobre tales textos. Es decir, Lutero pregona como eje de sus enseñanzas, el libre examen, la libre interpretación, la libertad de conciencia y de expresión en materia religiosa. Esta posición es, entonces, fundamental como antecedente tanto del liberalismo como de la democracia, y entra a engrosar los contenidos del pensamiento progresista de los siglos siguientes.

Como consecuencia de tales acontecimientos, la Iglesia de Inglaterra se separó de su obediencia al Papa, y los conquistadores y colonos ingleses que vinieron a la América, eran protestantes cuyo pensamiento ya se movía dentro de un clima más afecto a las libertades que al autoritarismo, a la democracia que a la monarquía. No puede evadirse, asimismo, el hecho real de que perdida la unidad de doctrina que existía en Europa bajo la hegemonía del Pontificado romano, la proliferación de sectas generó no pocas luchas y conflictos religiosos de diversa intensidad. Una

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entre ellas, la comunidad de los Puritanos, reclamó tolerancia y apertura de mente ante las posiciones radicales de otras confesiones, y para evitar las persecuciones resolvió emigrar a América.

Observemos que la colonización inglesa tuvo características peculiares que la diferencian de la colonización española. En primer lugar, mientras los viajes y descubrimientos fueron promovidos en España por la Corona, con el compromiso de adscribir al dominio real las nuevas tierras, las expediciones provenientes de Inglaterra apenas tenían en ocasiones autorización real. Pero como empresas eran riesgo asumido por compañías particulares o grupos de ciudadanos. En segundo lugar, los españoles llegaron a imponer con la espada sus creencias e instituciones : los colonos ingleses, en principio, tuvieron una actitud más pacífica y prefirieron negociar con los nativos, así -como es lógico- tuvieran sobre ellos innumerables ventajas. Complementariamente puede considerarse que con los colonos de estos primeros tiempos venían ya para el norte de América las semillas de la democracia, y para el sur las del monarquismo y los regímenes autocráticos.

Desde los primeros tiempos, las comunidades de colonos ingleses que fueron afincando sus intereses y esperanzas más arriba del Río Grande organizaron sus actividades en forma asociada y en grupos democráticos y de gestión colectiva. Fué más fácil para ellos ir llegando gradualmente a la construcción de la democracia. Comparativamente, en el centro y sur de América, las colectividades se estratificaban conservando sus características propias, y no se observa una dinámica de convergencia. Por el contrario, la autoridad llegaba de la Península y se ejercía a nombre de las jerarquías metropolitanas. Continuaba aquí la formación de una conciencia de sumisión y vasallaje: hacia el Rey y sus enviados, por un lado; hacia el Papa y los suyos, por el otro. En el norte de América la democracia llegó con los colonizadores. En el sur de América la democracia es una lucha permanente contra las más arraigadas tradiciones. En el siglo XVII se encuentran ya, en los futuros Estados Unidos, comunidades organizadas que teóricamente obedecían a los monarcas ingleses, pero en realidad se gobernaban en forma autónoma a través de sus propias asambleas de vecinos, como ocurría en Pennsylvania, Nueva York, Virginia... Inclusive se conoce una formal Constitución de la comunidad de Connecticut, fechada en 1639. Los historiadores y politólogos nos muestran la madurez lograda bajo el régimen colonial por los inmigrantes ingleses, quienes no solo crecieron económicamente dentro de la competencia y la libertad empresarial, sino que desarrollaron verdaderas conquistas de sentido político como la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, y el autogobierno; es decir, allí la democracia no fué fruto de una lucha contra la tiranía sino la evolución normal de una conciencia civil y económicamente autónoma.

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El 4 de Julio de 1776 los representantes de las trece colonias iniciales declararon la independencia respecto de la corona inglesa, y se unieron bajo la fórmula de confederación, por más de un decenio. En 1787 empezó la vigencia de su Constitución, obra en cuya redacción habían intervenido Benjamin Franklin, James Madison, Thomas Jefferson, John Adams y Alexander Hamilton, entre muchos otros. Algunos mencionan ésta como el primer documento con forma real de constitución, y consideran que fué tomado como ejemplo y modelo para las posteriores constituciones típicas, la francesa de los revolucionarios, y la española de Cádiz.

La REVOLUCION FRANCESA culmina con el motín del 14 de julio de 1789, celebrado como día nacional desde entonces. En ese día la presión popular toma forma con el ataque a la fortaleza de la Bastilla, en París. A los ojos de las gentes comunes era ésta el símbolo de la opresión ejercida por los monarcas y su policía política, y se pensaba que en ella estaban prisioneros algunos perseguidos por sus ideas democráticas o al menos antimonarquistas. La realidad fué decepcionante pues solamente encontraron en sus celdas un loco y media docena de rateros... Ya no estaban allí los filósofos ni los activistas políticos que habían promovido la idea de la soberanía del pueblo. Pero ello no le quita a la toma de la Bastilla su tradicional valor de símbolo.

Es sabido que a lo largo de la Edad Media, la clase comerciante -llamada burguesía por haberse desarrollado en las ciudades o burgos- se había hecho notar como la clase más dinámica y emprendedora. Eran los comerciantes quienes habían patrocinado los descubrimientos geográficos buscando la apertura de rutas y de nuevos mercados. Eran ellos quienes habían financiado los desarrollos científicos y técnicos, los inventos y los experimentos. Y eran los comerciantes quienes en sus permanentes viajes habían conocidos otros dioses, otras tierras y otras formas de vida social, y habían ampliado su pensamiento hasta generar una filosofía política indudablemente centrada en el hombre y en sus intereses, alejada de mitologías y de dogmas, escéptica y audaz. Ese pensamiento fué el que empezó a difundirse en obras como las de Juan Jacobo Rousseau, de Voltaire, de Dionisio Diderot, de Helvecio, del Barón de Holbach, del Barón de Montesquieu, y en general de ese grupo de pensadores y eruditos que quiso reunir todos los conocimientos científicos de la época en la llamada Enciclopedia de las Ciencias y las Artes.

Discutieron la hegemonía de la Iglesia Católica y de sus enseñanzas -desarrollando la libre investigación, el libre examen iniciado por Lutero-; combatieron la estratificación de la sociedad en clases que distanciaban la nobleza de la clase trabajadora o de los plebeyos. Promovieron la idea de que los hombres son iguales por origen y deben ser tratados como

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iguales por la ley; complementariamente enseñaron que el rey no es soberano, idea que sustituyeron con la soberanía del pueblo. Y sobre el origen de la sociedad organizada jurídicamente, es decir, del Estado, presentaron el concepto que, como comerciantes, resultaba más lógico para ellos: Explicaron que la vida de la comunidad organizada parte de un contrato social, en el cual todos los ciudadanos renuncian a la porción de soberanía que tiene sujeto en cada uno, para delegar en un cuerpo representativo la autoridad de que son dueños todos. Todo ello con el fin de que el gobierno representativo de la sociedad, y los mandatarios elegidos, se ocupen en buscar la felicidad general mediante la defensa y satisfacción de los intereses y las necesidades comunes. Consecuencia de ese contrato es la posibilidad de que si el mandantario incumple su compromiso con los mandantes o electores, éstos pueden destituírlo o derrocarlo pues quedan relevados de su obligación de obedecerlo.

Estas ideas prendieron fácilmente en el pueblo, y con su concurso se desplazó a la monarquía, cuya historia termina con la muerte de Luis XVI y de la reina María Antonieta. Los revolucionarios le dan forma escrita a sus ideas y deseos en tres constituciones, de 1791, 1793 y 1795. En la última, cansados de los excesos de la revolución, reaccionan hacia criterios más conservadores que dan paso al imperio de Napoleón.

En los años siguientes la reacción hacia el autoritarismo permite que durante el Consulado y el Imperio, Napoleón Bonaparte inicie sus campañas de consolidación del poder y la expansión de la influencia francesa por el mundo europeo. Con su marcha por tales escenarios, las ideas de la Revolución se difundieron e iluminaron la lucha contra el Absolutismo.Ese mensaje está constituído fundamentalmente por un largo catálogo de libertades individuales que con el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se esparcieron por los Estados occidentales, y respecto de los cuales se conformó una especie de mitología de las libertades. Más tarde serían sometidas a profundo examen y se replantearían con un sentido menos egoísta y más proyectado hacia el hombre considerado en función de la sociedad.

El liberalismo individualista, sinembargo, será a partir de entonces el eje político y jurídico de las instituciones en el Estado moderno. El respeto por la propiedad privada y la libertad de iniciativa en materia de comercio, cambio, industria, trabajo... será llevado por los juristas asesores del Emperador al articulado del Código Civil, el cual a su vez es la fuente del derecho privado de numerosos Estados.

Otra de las tendencias fundamentales en los siglos XIX y XX, surgida asimismo de la influencia napoleónica, es la organización de los Estados Nacionales. Se entiende por Estado Nacional aquella organización jurídico-política de una sociedad en la cual la delimitación de las atribuciones

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soberanas se funda en el criterio sociológico de la NACIONALIDAD. La lucha de las nacionalidades, es decir, por construír estados nacionales, será promovida y secundada por Napoleón en su controversia bélica con las dinastías reinantes. Estas cubrían con su poder a varios Estados y múltiples nacionalidades. De modo que la propuesta del Gran Corso fué bien recibida en muchos lugares. A partir de entonces el movimiento por la construcción de Estados Nacionales y la posterior lucha independentista respecto de las metrópolis colonialistas constituye un signo constante en el proceso político mundial.

En la Nueva Granada, fué Don Antonio Nariño el primero en conocer el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre redactada por los convencionistas franceses, y el primero en reconocer su inmenso valor como filosofía política de la independencia y de la lucha anticolonial. Por eso se ha afirmado que es Nariño quien desde los comienzos de la insurgencia se muestra como el único que tiene claras las perspectivas del porvenir de la Patria. Él pensó en la independencia y la planteó con toda claridad, cuando tantos otros solamente buscaban formas de medrar dentro del oportunismo de la transición. El mismo Visitador Real, Antonio Villavicencio en cartas que han encontrado los historiógrafos contemporáneos, plantea al Rey de España que, a su juicio, los disturbios en la Nueva Granada se controlarán fácilmente si algunos de los promotores son designados para cargos importantes. Como veremos más adelante, la independencia no fué muy popular en los territorios americanos porque las gentes del común, que conocían a los terratenientes y comerciantes ricos, tenían la prevención de que probablemente les iría peor con ellos como amos, que con los encomenderos y gobernantes peninsulares.

REVOLUCION EN LA NUEVA GRANADA

Es indiscutible que la situación que vivían los habitantes criollos de las colonias españolas de América se caracterizaba por la opresión, las persecuciones y el desprecio de los peninsulares a los nativos. Sinembargo debe tenerse presente que esta conducta era desarrollada por los individuos a espaldas y contra las disposiciones de la Corona. Simultáneamente se difundían entre las personas más ilustradas de las Colonias ciertas ideas que eran traídas por los comerciantes y viajeros y que éstos compartían con las gentes que estaban a su alrededor. Las noticias de lo que ocurría y se pensaba en Estados Unidos, los episodios y los libros franceses con los relatos de la Revolución, las enseñanzas de los filósofos librepensadores, el criterio de los ingleses transformado por la crisis de la religión después de la rebelión de Lutero y de sus seguidores... Todo ello fué mezclándose al descontento existente, y más de uno empezó a imaginar soluciones en la ruptura de los vínculos con la

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metrópoli, aunque se cuidaban mucho de decirlo con claridad y a la luz del día. En otras palabras, había un clima general de conspiración con una anticipación de medio siglo al momento de la crisis. El período de la Colonia permitió que las criollos ricos tuvieran una formación intelectual en ocasiones sobresaliente. Y en reuniones y tertulias, lo mismo que en los periódicos europeos que introducían -a veces con autorización y a veces ilegalmente- se enteraban de los avances de la filosofía, de la política, y en general de la cultura del mundo.

REVOLUCION DE LOS COMUNEROS

En lugares que hoy se encuentran en el Departamento de Santander, en pueblos coloniales como San Gil, el Socorro, y Charalá, se originaron algunos movimientos en contra de los abusos del gobierno. En el sentir de los historiadores críticos no es completamente adecuado considerar estas rebeliones como intentos de independencia; se trataba más bien de inconformidad y protesta. Pero sin duda constituyen precedentes importantes de la insurrección posterior. La rebelión de los comuneros, es decir, de las gentes del común, tuvo el carácter de movimiento popular y de masas en contra de abusos como las reformas en la percepción de algunos impuestos y el aumento de otros o la creación de unos más, como el llamado de la Armada de Barlovento. Se cuenta de éste último que su finalidad era crear una flota naval para proteger los convoyes comerciales en el Caribe asolado por los piratas. Pero el impuesto se cobró y la flota no se vió...

El hecho es que, iniciado en esta forma, con los episodios que conocemos protagonizados por Manuela Beltrán y otros, se fué creciendo en apoyo y en aspiraciones. Y posteriormente las peticiones o reclamos constituyeron un largo catálogo, como puede inferirse de las capitulaciones celebradas en Zipaquirá. Las reformas que se pedían tanto en lo político, como en lo económico y aún en la administración eclesiástica, alcanzaron para más de treinta artículos en el documento de negociación. Los criollos insistían, a lo largo del mismo, en su incomodidad por el tratamiento que les daban los peninsulares, comoquiera que los consideraban sus inferiores y los miraban como destinados a ser sus criados y servidores.

En la controversia estaban participando contra España tanto la clase artesanal y campesina como los criollos ricos dueños de haciendas o dedicados al comercio. El mando fué tomado por conquista por un líder del pueblo, JOSE ANTONIO GALAN, lo que desde el principio puso en alerta a los ricos que alentaban el movimiento. Porque entre las reivindicaciones populares se planteaban necesidades como la liberación de los esclavos, la redistribución de las tierras, la liquidación de los estancos del aguardiente y el tabaco, la supresión de algunos impuestos. GALAN había

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trazado un lema sobre la bandera de la insurrección : "Unión de los oprimidos contra los opresores!". Vale observar que esta consigna es ni más ni menos que la proposición de la lucha de clases: En efecto, no se hacía ninguna distinción entre criollos y peninsulares, sino que se planteaba la existencia de una opresión sobre el pueblo raso que no solo corría a cargo de los españoles sino también de algunos criollos terratenientes y comerciantes. Es curioso hallar en un líder popular, con la precaria formación intelectual que es de suponerse, intuiciones tan importantes como ésta, que no había descubierto la sociología imperante. Apenas sesenta años después se conocería la teoría de la lucha de clases como motor de la historia, en las enseñanzas de Carlos Marx y Federico Engels, en el Manifiesto Comunista (1848).

La actitud de los aristócratas criollos involucrados en la insurrección fué un temeroso retroceso para poner a salvo sus intereses, con un fundado temor en la osadía de las pretensiones de los comuneros. Juan Francisco Berbeo, Salvador Plata, y sus pares, entregaron el movimiento a los españoles, traicionando a la clase popular que se había desbocado en su entusiasmo. Comenta el historiador Abella que, con buenas razones, los ricos de Santa Fe le tenían más miedo al pueblo que a los malos personeros de la colonización española.

Es ilustrativo para conocer la justicia de la época, hacer la lectura de algunos párrafos de la sentencia que se dictó en el proceso contra el primer líder del pueblo en la historia de Colombia:

"Condenamos -decía el fallo- a JOSE ANTONIO GALAN, a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera; que, bajado, se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las llamas, para lo que se encenderá un hoguera delante del patíbulo, su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos; la mano derecha, puesta en la plaza del Socorro; la izquierda, en la Villa de San Gil; el pie derecho en Charalá y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes; declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes, y aplicados al Real Fisco; asolada su casa, y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre...”3

LA EXPEDICION BOTANICA. JOSE CELESTINO MUTIS.

3 LIEVANO AGUIRRE Indalecio. LOS GRANDES CONFLICTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE NUESTRA HISTORIA. Editorial Tercer Mundo. Bogotá.

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Hemos observado que entre las gentes cultas de la Colonia no fué raro el interés por la ciencia, por el conocimiento, por la investigación. Uno de los grupos sobresalientes entre los que se aplicaron al estudio y exploración de las costumbres, las necesidades y los recursos de los territorios americanos, fué la EXPEDICION BOTANICA, a cuya cabeza estuvo el sacerdote gaditano -es decir, de Cádiz- JOSE CELESTINO MUTIS. La labor de la expedición se inició bajo la administración del Virrey Arzobispo Antonio Caballero y Góngora y duró hasta un poco después del Grito de Independencia. Fueron casi treinta años en los cuales se examinaron y coleccionaron las plantas medicinales del Nuevo Mundo, se levantaron estadísticas, se determinaron los pisos térmicos, se inventariaron costumbres y enfermedades, en fin, se hizo más que en el siglo anterior por el conocimiento de nuestra idiosincrasia y del medio en que se desenvolvió la evolución de los pobladores de la Nueva Granada.

De la extraordinaria influencia que ejerció la Expedición Botánica son muestra en los años siguientes tanto Nariño como Camilo Torres, y Francisco José de Caldas, Ezequiel Uricoechea, José Triana, Eloy Valenzuela, y muchos más de la Generación de la Independencia. Precisamente de uno de ellos tenemos que ampliar la información. Se trata de Camilo Torres Tenorio, autor del historiado

MEMORIAL DE AGRAVIOS

España estaba intentando organizarse tras la invasión de los ejércitos napoleónicos, y para ello estableció su Junta de Gobierno en la ciudad de Cádiz. A ella fueron llamadas delegaciones de todas las provincias de España. Sinembargo se tuvo poca cuenta de sus posesiones en América, y se desdeñó su participación. Aprovechando esta coyuntura y a solicitud del Cabildo de Santa Fe, el abogado Camilo Torres redactó un documento de gran elegancia y rico de conceptos en el cual planteaba las razones de la inconformidad de los americanos frente a la administración peninsular. El documento, que data de 1809, nunca tomó camino a sus destinatarios de España, pero la descripción de los problemas y el énfasis de sus reclamos constituye un precedente importante en la historia de la independencia, aunque -como es lógico tratándose de un miembro de la oligarquía santafereña- no presenta los intereses del pueblo sino los de su clase social.

Torres se refiere a las riquezas naturales de América, descuidadas por España como recurso económico susceptible de mejor aprovechamiento; alude a las inmensas posibilidades que surgen de la variedad de climas, y se extraña de que las riquezas se desaprovechen en lugar de convertir al Nuevo Reino y a la América toda en la fuente de comercio de minerales, plantas medicinales y frutos industriales con destino a toda Europa y

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beneficio de españoles y criollos. Es citada la imprecación final en la cual parece adivinarse la amenaza de una independencia próxima: "Igualdad! Santo derecho de la Igualdad: justicia que estribas en ésto, y en dar a cada uno lo que es suyo: Inspira a la España europea estos sentimientos de la España americana; estrecha los vínculos de esta unión... Que ella sea eternamente duradera, y que nuestros hijos, dándose recíprocamente las manos, de uno a otro continente, bendigan la época feliz que les trajo tanto bien! Quiera el cielo oír los votos sinceros del Cabildo y que sus sentimientos no se interpreten a mala parte! Quiera el cielo que otros principios y otras ideas menos liberales no produzcan los funestos efectos de una separación eterna!"

LECTURA COMPLEMENTARIA

DEL “MEMORIAL DE AGRAVIOS”

LOS BIENES Y LOS MALES DEL PUEBLO.“............................................................................................................................Pero el Ayuntamiento se distrae, y conducido de estas ideas lisonjeras, pierde el hilo de su discurso. No es este el punto del día. Lo que hoy

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quiere, lo que hoy pide este cuerpo es, que no por la escasez de luces que puedan llevar los diputados de América, se les excluya de una igual representación. Es verdad que ellos no podrán competir con sus colegas, los europeos, en los profundos misterios de la política; pero a lo menos llevarán conocimientos prácticos del país, que éstos no pueden tener. Cada día se ven en la América los errores más monstruosos y perjudiciales, por falta de estos conocimientos. Sin ellos, un gobierno a dos y tresmil leguas de distancia, separado por un ancho mar, es preciso que vacile, y que guiado por principios inadaptables en la enorme diferencia de las circunstancias, produzca verdaderos y más funestos males que los que intenta remediar. Semejante al médico que cura sin conocimiento y sin presencia del enfermo, en lugar de antídoto propinara el veneno, y en vez de la salud, le acarreará la muerte.

En vano se diría que las noticias adquiridas por el gobierno podrían su-plir este defecto; ellas serán siempre vagas e inexactas, cuando no sean inciertas y falsas. Trescientos años ha que se gobiernan las Américas por relaciones, y su suerte no se mejora. Ni quién puede sugerir estas ideas benéficas a un país, cuando sus intereses no lo ligan a él? Los gobernan-tes de la América, principalmente los que ocupan sus altos puestos, han venido todos, o los más, de la metrópoli; pero con ideas de volverse a ella, a establecer su fortuna, y a seguir la carrera de sus empleos. Los males de la América no son para ellos, que no los sienten; disfrutan solo sus ventajas y sus comodidades. Un mal camino se les allana provisio-nalmente para su tránsito; no lo han de pasar segunda vez, y así nada les importa que el infeliz labrador, que arrastra sus frutos sobre sus hombros, lo riegue con su sudor o con su sangre. El no sufre las trabas del comercio, que le imposibilitan hacer su fortuna. El no ve criar a sus hijos sin educación y sin letras, y cerrados para ellos los caminos de la gloria y de la felicidad. Su mesa se cubre de los mejores manjares que brinda el suelo; pero no sabe las extorsiones que sufre el indio, condena-do a una eterna esclavitud, y a un ignominioso tributo que le impuso la injusticia y la sinrazón. Tampoco sabe las lágrimas que le cuesta al la-brador ver que un enjambre de satélites del monopolio, arranque de su campo, y le prohiba cultivar las plantas que espontáneamente produce la naturaleza, y que harían su felicidad y la de su numerosa familia, jun-tamente con la del Estado, si un bárbaro estanco no las tuviese prohibi-das al comercio. El, en fin, ignora los bienes y los males del pueblo que rige, y en donde solo se apresura a atesorar riquezas para trasplantarlas al suelo que le vió nacer...............................................................................................................................“............................................................................................................................España ha creído que deben estar cerradas las puertas de todos los honores y empleos para los americanos. Estos piensan que no ha debido

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ni debe ser así: que debemos ser llamados igualmente a su participación, y así será nuestro amor y nuestra confianza más recíproca y sincera. Debemos arreglarnos, pues, también en esta parte, a lo que sea más justo: que el español no entienda que tiene un derecho exclusivo para mandar a las Américas, y que los hijos de éstos comprendan que deben aspirar a los mismos premios y honores que aquellos.

En fin, señor, de qué se trata? V. M. ha dicho en la circular que se lleva citada, que de nada más que de reformar abusos, mejorar las instituciones, quitar trabas, proporcionar fomentos, y establecer las relaciones de la metrópoli, y las colonias sobre las verdaderas bases de la Justicia. Pues para esta grande obra, debemos manifestar nuestras necesidades, exponer los abusos que las causan, pedir su reforma, y hacer juntamente con el resto de la nación, para conciliarla con sus intereses. Supuesto que ella no podrá contar con nuestros recursos, sin captar nuestra voluntad.

Está decidido por una ley fundamental del reino “Que no se echen ni repartan pechos, servicios, pedidos, monedas, ni otros tributos nuevos, especial ni generalmente, en todos los reinos de la monarquía sin que primeramente sean llamados a Cortes los procuradores de todas las villas y ciudades, y sean otorgados por los dichos procuradores que vinieron a las Cortes”. Cómo se exigirán, pues, de las Américas, contribuciones que no hayan concedido por medio de diputados que puedan constituír una verdadera representación, y cuyos votos no hayan sido ahogados por la pluralidad de otros que no sentirán estas cargas? Si en semejantes circunstancias, los pueblos de América se denegasen a llevarlas, tendrían en su apoyo esta ley fundamental del reino.

“Porque en los hechos arduos y dudosos de nuestros reinos, dice otra, en necesario consejo de nuestros súbditos y naturales, especialmente de los procuradores de las nuestras ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos, por ende ordenamos y mandamos, que sobre los tales fechos grandes y arduos, se hayan de ayuntar cortes, y se faga con consejos de los tres Estados de nuestros reinos, según que lo ficieron los reyes nuestros progenitores.”..............................................................................................................................Estos diputados los deben nombrar los pueblos para que merezcan su confianza, y tengan su verdadera representación, de que los cabildos solo son una imagen muy desfigurada, porque no los ha formado el voto público, sino la herencia, la renuncia o la compra de unos oficios degradados y venales. Pero cuando sean ellos los que nombren, no debe tener parte alguna en su elección otro cuerpo extraño, conforme a la prevención de la ley.

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...................................................................................................................

...........Por otra parte, Señor, qué oposición es ésta, a que la América tenga unos cuerpos que representen sus derechos? De dónde han venido los males de España, sino de la absoluta arbitrariedad de los que mandan? Hasta cuándo se nos querrá tener como manada de ovejas al arbitrio de mercenarios, que en la lejanía del pastor pueden volverse lobos? No se oirán jamás las quejas del pueblo? No se les dará gusto en nada? No tendrá el menor influjo en el gobierno para que así lo devoren impunemente sus sátrapas, como talvez ha sucedido hasta aquí? Si la presente catástrofe no nos hace prudentes y cautos, cuándo lo seremos? Cuando el mal no tenga remedio? Cuando los pueblos cansados de opresión no quieran sufrir el yugo?

Pues estas consecuencias, vuelve a decir el cabildo, no le serán imputables. Este testimonio augusto que consagra en las actas del tiempo, depondrá perpetuamente a su favor, y la posteridad imparcial, leyendo algún día con interés, verá en él el lenguaje del amor y de la sinceridad. A lo menos el Ayuntamiento no halla otros medios de consolidar la unión entre América y España: representación justa y competente de sus pueblos, sin ninguna diferencia entre súbditos que no la tienen por sus leyes, por sus costumbres, por su origen, y por sus derechos; juntas preventivas en que se discutan, se examinen y se sostengan éstos contra los atentados y usurpación de la autoridad, y en que se den los debidos poderes e instrucciones a los representantes en las Cortes nacionales, bien sean las generales de España, bien las particulares de América que se llevan propuestas. Todo lo demás es precario. Todo puede tener fatales consecuencias. Quito ha dado ya un funesto ejemplo, y son incalculables los males que se pueden conseguir, si no hay un pronto y eficaz remedio. Este no es otro que hacer esperar a la América fundadamente su bien, y la América no tendrá esta esperanza, y este sólido fundamento, mientras no se camine sobre la igualdad. Igualdad! Santo derecho de la Igualdad: justicia que estribas en esto, y en dar a cada uno lo que es suyo; inspira a la España Europea estos sentimientos de la España Americana: estrecha los vínculos de esta unión: que ella sea eternamente duradera, y que nuestros hijos dándose recíprocamente las manos, de uno a otro continente, bendigan la época feliz que les trajo tanto bien. Oh! Quiera el cielo oír los votos sinceros del cabildo, y que sus sentimientos no se interpreten a mala parte! Quiera el cielo que otros principios, y que otras ideas menos liberales, no produzcan los funestos efectos de una separación eterna!

Santafé, 20 de noviembre de 1.809 CAMILO TORRES

(Fuente: EL PENSAMIENTO SOCIAL EN LA INDEPENDENCIA. Compilación de José Hurtado García. Ministerio del Trabajo.)

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PUNTOS PARA

REFLEXION Y DIÁLOGO

***** Ha sido común ocurrencia decir que la civilización y cultura de la América española habrían sido diferentes, acaso más desarrolladas y democráticas, si estos países hubiesen sido colonizados por los anglosajones. Sí? No? Quizá? Qué argumentos apoyan la alternativa?

*****Cuando miramos las instituciones coloniales encontramos en ellas ventajas y virtudes, tanto como defectos y vicios, que podríamos hallar también en las entidades contemporáneas que les son correspondientes. Ensayemos una comparación que nos permita inferir si hemos evolucionado, y en qué medida, en los institutos jurídicos, políticos, administrativos...

*****De acuerdo con algunos párrafos que leímos atrás, el Municipio fue un ente de extraordinaria importancia en España y en América en el período colonial. Qué razones descubrimos para explicar su decadencia? Por qué ha decrecido el interés por el Municipio, desplazado por la importancia de la Región, del Departamento, del Estado? Vale la pena, se justifica rescatar para la modernidad política el Municipio, como eje y foco de la acción administrativa y social?

*****Hay razones y antecedentes que hacen desesperar a muchos sobre las posibilidades de la democracia en nuestros países. Dada nuestra idiosincrasia, podemos ser democráticos? Estamos genética o sociológicamente condenados a la violencia?

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II

LA REPÚBLICA DE LA GRAN COLOMBIA

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Varios hechos históricos desencadenan gradualmente el proceso de independización de las colonias americanas de España. Esta había sido invadida por Napoleón, quien tras sucesivas maniobras políticas y diplomáticas consiguió que el monarca Carlos IV abdicara el trono en su hijo Fernando VII; y luégo de deponer a éste, el emperador francés instaló a su hermano José como rey de los españoles, quienes lo apodaron con desprecio " Pepe Botellas ". El pueblo rechazó las pretensiones de los invasores y se organizó en guerrillas para repeler a los franceses. A lo largo y ancho del país se organizaron Juntas de Gobierno para suplir el vacío constitucional que se presentaba.

Aprovechando las circunstancias y la adversidad que en ese momento recaía sobre la metrópoli, los americanos iniciaron movimientos en dos sentidos: de un lado, sobre todo en algunos sectores propeninsulares se vió el interés en crear mecanismos de administración que a partir de los Cabildos -institución típicamente española- sustituyeran a las autoridades depuestas y brindaran su apoyo moral y económico a los monarcas. De otro lado, aparecieron también los promotores de la independencia absoluta, quienes consideraron llegado el momento de romper definitivamente los lazos con el poder europeo. En Quito, Caracas y Santa Fe, las juntas de gobierno y los cabildos tuvieron un matiz prácticamente independentista, en tanto que Lima y otros lugares fueron dominados por el criterio de apoyo a los intereses realistas y peninsulares.

EL GRITO DE INDEPENDENCIA

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza del movimiento realizado en Santa Fe de Bogotá el 20 de Julio de 1810. Bien es cierto que la convocatoria surge de los personajes más influyentes de la oligarquía santafereña. Pero es innegable la subsiguiente vinculación del pueblo a la marcha de la insurrección. Examinado el documento conocido como Acta de Independencia no se encuentra realmente una intención explícita de ruptura con el poder español. Pero hay quienes defienden la ambigüedad de su redacción y la institución de un gobierno a cargo del Vicegerente de la Persona del Rey, como un recurso sofístico para encubrir las verdaderas intenciones de los conjurados. Porque es claro que los santafereños se comprometían a seguir obedeciendo al rey, si venía a gobernar a Santa Fe, condición claramente imposible de cumplir. En el fondo, pues, ha de considerarse como un documento real en su intención de romper las ataduras con el gobierno colonialista. Un fenómeno concomitante fué el distanciamiento de las regiones o provincias de Nueva Granada respecto de su capital, que para ellas era tan distante y tan contraria a los intereses feudales de sus clases políticas como la misma España. Fué entonces una consecuencia obvia que cada una de las provincias declarara por su parte la independencia de España y conformara su Junta de Gobierno para

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administrarse con independencia también de la antes capital del Nuevo Reino. Así lo hicieron Mariquita, Cartagena, Cali, Tunja, Medellín, Neiva, Pamplona, El Socorro, Mompóx y Girón. De esta actitud, alentada por las familias influyentes en cada lugar, y con intereses de dominio justificados en sus propiedades urbanas y rurales, empieza a surgir la corriente federalista de los primeros tiempos.

En los comienzos de esta gesta intervienen personajes siempre recordados por el papel que desempeñaron en el orígen de la nacionalidad:

ANTONIO VILLAVICENCIO, de Quito, oficial de Marina educado en España, nombrado Comisionado Regio o real, fué desde el principio partidario del movimiento independentista. Su llegada, esperada ansiosamente por los criollos y temida o mirada con prevención por los españoles, se tomó como pretexto para iniciar la insurrección. El famoso florero de la reyerta se buscaba para adornar la sala de la recepción. Villavicencio llegó diez días después del incidente, y ya no fué recibido como enviado de la Corona, pero sí con el mismo júbilo. En los días siguientes se entregó a la revolución, estuvo en las campañas del Sur, participó en el gobierno de las Provincias Unidas, y fué apresado por los realistas siendo Gobernador Presidente de la provincia de Mariquita. En 1816, como traidor al rey, fué fusilado por la espalda después de ser despojado de su rango militar.

JOSE ACEVEDO Y GOMEZ, de Monguí, fué el vocero del común en el Cabildo de Santa Fe, y sus discursos del 20 de Julio le merecieron el nombre de Tribuno del Pueblo. Participó posteriormente como gobernante. En 1817, huyendo a los "pacificadores" de Morillo, murió al sur del Huila, en las selvas de los Andaquíes.

ANDRES ROSILLO Y MERUELO, de El Socorro, estaba preso el 20 de Julio, por sus acciones clandestinas en favor de la independencia. Aclamado por el pueblo como Vocal de la Junta, fué liberado al día siguiente. En 1816 fué apresado por Morillo y enviado a España. Regresó en 1820 y tres años más tarde fué Deán del Capítulo Metropolitano, honor equivalente a la presidencia del clero superior de la Arquidiócesis de Santa Fe. Murió de 77 años.

Asimismo se recuerda al caleño IGNACIO DE HERRERA y al tunjano JOAQUIN CAMACHO, abogados ambos sobresalientes por su cultura y por su fervor patriótico. Los dos colaboraron desde el Cabildo con los intereses revolucionarios. El primero fué prisionero en el Régimen del Terror y enviado a la cárcel de Puerto Cabello, de donde se evadió. El segundo, Camacho, en compañía de FRANCISCO JOSE DE CALDAS, redactó el periódico de la Revolución, el DIARIO POLITICO. En 1816 es conducido en

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brazos a consejo de guerra, y a pesar de estar ciego y paralítico, muere fusilado.

En los primeros días de administración política, la Junta manifestó una cierta desorientación por la pluralidad de intereses y la indefinición de objetivos de organización. A fines de julio la Junta hizo conocer su pensamiento de que no pensaba imponer a las provincias sus criterios de gobierno, y ello estimuló el interés descentralista y federativo que en ellas levantaba cabeza. Los líderes políticos de entonces eran lectores de modelos muy variados de administración política e intentaban inclusive crear instituciones que mezclaban el autoritarismo de las monarquías con un régimen de libertades republicanas. Sinembargo, la Junta de Santa Fe, inclinada por la organización federada, reclamaba que la sede de la federación fuera Santa Fe, en vista de que había sido capital de la administración colonial española, lo que desataba prevenciones en las provincias.

La llamada Acta del 20 de Julio tiene manifestaciones que permiten hallar la intencionalidad de sus redactores. Como corresponde a interesados en conservar sus derechos e influencia sobre feudos establecidos, el Acta es federalista, aunque innegablemente es también independentista respecto a España, y por lo mismo liberal en cuanto antimonarquista en su fondo. Consagra el Estado confesional, entregado a la servidumbre de la Iglesia Católica y de sus autoridades. Aunque reconoce la autoridad del rey, invoca la soberanía del pueblo. Y dentro del optimismo roussoniano de moda entre los santafereños afrancesados invoca la felicidad de todos como el objetivo o finalidad de la constitución de un Estado.

En el aspecto orgánico preveía para la Junta Suprema poderes no solo administrativo-legislativos sino también constituyentes. Las provincias federadas debían acreditar delegados para la redacción de una Constitución. En ella se habría de consagrar, entre otras cosas, la sujeción de las autoridades a la voluntad de los criollos, y el respeto a los ciudadanos extranjeros en tanto manifestaran reconocimiento a la voluntad del pueblo manipulada por sus representantes.

Al lado de las ciudades tradicionales y de su afán federalista, otras poblaciones manifestaron iguales apetencias con lo cual la situación se complicó aún más. Nóvita, Girón, Ambalema, Sogamoso, se agregaron a Cartagena, Mariquita, Tunja y Pamplona. Entraban en controversia tres ideas básicas sustentadas por los partidarios de la autonomía absoluta de cada provincia, los defensores de la federación, y los adalides de una organización centralista. Estos últimos tenían en su contra el expansionismo de los cundinamarqueses que ya empezaban a realizar anexiones forzadas militarmente sobre regiones vecinas.

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El proceso de independencia de la Nueva Granada es un eslabón en la cadena de luchas anticoloniales que se incrustaba en un movimiento ideológico con dos hitos históricos: la doctrina del Estado, originada en Nicolás Maquiavelo, y la oferta napoleónica de ayudar a los pueblos a construír Estados Nacionales, Estados en los que tuviera asiento una nacionalidad, contra la actitud de las dinastías que dominaban sobre territorios y pueblos de diversa estructura sociológica, sin acertar a administrar lo que tan heterogéneo se presentaba. En este contexto, Bolívar es hermano de Ho Chi Minh, y el sustento ideológico de sus luchas es uno mismo, la liberación de sus pueblos respecto de las potencias que los han sometido. A la par con las cruentas luchas, los fundamentos ideológico y político se han completado y perfeccionado. A fines del siglo XX la descolonización del mundo ha dejado de ser subversiva, y la O.N.U. fundada en la segunda postguerra, ha bendecido mediante resolución de su asamblea general, las luchas de liberación en ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, como característica propia, la independencia de las colonias americanas de España no tienen carácter popular sino que es muestra del ascenso de las burguesías precapitalistas y capitalistas. Son más los intereses que se mueven que los ideales que se predican. El pueblo es en estos movimientos un invitado, y más que protagonista es una comparsa arrastrada por los señuelos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La igualdad ha sido útil a las clases dominantes para consolidar la explotación, pero no ha traído ventajas a las gentes del común. La igualdad se predica por los ideólogos de la burguesía para legitimar el contrato de trabajo, que se presume celebrado entre un patrono y un trabajador “iguales ante la ley”. Tanto la Revolución Francesa como la Revolución de las Trece Colonias, que son antecedentes y modelo para la revolución santafereña, tienen sentido de revoluciones burguesas, no obstante el matiz popular que se les quiso dar. Y lo que pudo ser un ejemplo de revolución popular, la revuelta de los comuneros, no tiene incidencia real en 1810. Obsérvese que la élite que intervino en el proceso de independencia era la misma que, por otro lado, se dedicaba a la formación del pensamiento científico, a partir de la Expedición Botánica. Tanto como la ciencia de la época, la claridad política sobre los fenómenos del momento histórico solo estaba al alcance de unos pocos, y no precisamente de origen popular: Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea, Pedro Fermín de Vargas, Jorge Tadeo Lozano, Joaquín Camacho... Las ideas revolucionarias de Nariño están configuradas en los derechos individualistas que él traduce, copia y distribuye. En el proceso revolucionario de 1810 a 1830 no hay una participación real del pueblo, que sí se había manifestado a lo largo de la colonia, no solo en el San Gil y en El Socorro comuneros, sino en repetidas resistencias de los palenques y desórdenes de los negros cimarrones.

Cuando se produce la rebelión comunera el país tiene ochocientos mil habitantes. Ahora, en 1810 apenas pasa ligeramente del millón. Las

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regiones anexas de Venezuela y Quito tenían juntas un millón y medio en números gruesos. Esta población presentaba concentraciones indígenas en el Norte, en torno a la Sierra Nevada de Santa Marta, y en el sur, en vastas zonas del Cauca y de Pasto, y desde luego en el altiplano cundiboyacense. La población blanca y mestiza convivía en una economía relativamente ágil, en el nororiente del país, Girón, San Gil, El Socorro, Pamplona. En el occidente, zona agrícola y minera, la población estaba conformada por las negrerías esclavas, los mestizos jornaleros de las plantaciones y unos pocos blancos dueños de las haciendas y las minas. La revolución popular tuvo su momento en el nororiente, pero la revolución burguesa partió de donde era mayor la desproporción entre la masa de indios ignorantes y los criollos de élite. La contradicción fundamental no se daba entre americanos y peninsulares, sino de los terratenientes criollos con los peninsulares que manejaban los cabildos impidiendo el acceso de aquellos. El pueblo raso consideraba que tan odiosa era la coyunda de los españoles como de los ricos criollos. Por eso el pueblo no interviene realmente ni en el movimiento de 1810 ni en las campañas militares de los años que siguen. Otro tanto se observará en el resto del continente, y como esquema repetido se encontrarán revoluciones de las burguesías regionales, bien distantes de los que sí habían sido movimientos populares, como los de los comuneros del Paraguay o del Socorro y San Gil, o los levantamientos de indígenas y mestizos en Cochabamba, en México, en Venezuela, o el de Túpac Amaru en el Perú, o los levantamientos mineros en Brasil, todos ellos en el siglo XVIII. Cierto es, sin embargo, que los movimientos populares no siempre tuvieron una clara conciencia política de sus necesidades, y la mayor parte de las reivindicaciones los muestran como partidarios apenas de un cierto reformismo económico. La presencia del pueblo en los hechos del 20 de julio de 1810 no fue política ni atraída por intereses ideológicos. Fue pragmática y revanchista. El pueblo vió la oportunidad y se entregó al saqueo y al pillaje. La dudosa presencia de las multitudes no fue atraída por la elocuencia de los comerciantes, terratenientes y abogados, que peroraban en la plaza mayor. El mismo Francisco José de Caldas, lo refiere en su HISTORIA DE LA REVOLUCION, citada por varios historiógrafos como fuente de confianza. La Junta Popular Revolucionaria presidida por José María Carbonell tuvo la idea, estratégicamente correcta pero ingenua porque ignoraban los motivos reales de la revuelta, de apresar al Virrey Amar y a su esposa. Estos fueron liberados y sacados clandestinamente de Santa Fe, por los que lideraban o manipulaban la “revolución”. Y en muchas regiones el pueblo-pueblo se manifestó violenta o moderadamente inconforme a medida de que se enteraba de que los altos personeros de la élite criolla se iban posesionando del poder. Para no pocos entre los indios, negros y mestizos, era más favorable y protectivo el régimen realista que la administración de los caudillos criollos. Refieren los cronistas de la época que era sorprendente encontrar a los indios de ciertas regiones llorando cuando se enteraban de que ya no tendrían rey.

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Y en los lugares donde quedaron rezagos de monarquismo hubo una significativa simbiosis con el sentimiento de religión. La labor de los misioneros había tenido su sentido político y se había logrado casi una identidad Dios-Rey en el alma primitiva de los indios. Cuando se los convocó a la lucha independentista, ellos prefirieron asumir la defensa del Rey y de la Religión. Del monarca y de la iglesia romana representados por las autoridades españolas y por los misioneros y párrocos. En el sur fueron famosas por su combatividad las guerrillas dirigidas por el fraile realista Andrés Sarmiento. Y las del mulato Caicedo, y las del indio Agualongo; y las del cacique Núñez en la Costa Atlántica, todas ellas monarquistas.

Y para los esclavos negros, el señuelo de la liberación fue usado por los ejércitos de lado y lado. Bolívar y los independentistas ofrecen la libertad a los esclavos que se enrolen en sus filas. Morillo y los suyos garantizan igual premio para los que denuncien a sus amos enemigos del rey, o a otros comprometidos en la insurrección.

Las luchas de la independencia tuvieron desarrollo entre el ejército regular español y numerosas guerrillas americanas. Y también a los españoles, vimos un poco atrás, los auxiliaron las guerrillas realistas. Pero del lado independentista se puede afirmar que hasta las tropas relativamente organizadas de Bolívar y sus tenientes, tuvieron más de guerrilla que de ejército regular. El más grande daño era atribuído por las autoridades españolas a los que llamaba “grupos de bandidos”, y que no eran otra cosa que columnas guerrilleras. Ellas intervinieron en apoyo de las tropas neogranadinas en los combates de Cúcuta, del Pantano de Vargas, de Boyacá, y las levantadas en El Socorro, en Tunja, en Vélez, en Chiquinquirá, en Chocontá, en Tenza, y en la Villa de Leyva engrosaron antes y después de Pisba el ejército libertador. Tienen sus propios capítulos las guerrillas de los Almeida, que capitaneó Juan José Neira, las de Zapatoca, de Guapotá, de La Aguada, de Chima, de Oiba, de Aracota, de Guadalupe, de Charalá, de Simácota, de Onzaga, de Coromoro, de la Mesa de los Santos, y la otra de los Santos, costeada por los parientes de Antonia.

La forma jurídico-política de la contradicción estaba en el antagonismo entre españoles peninsulares o chapetones, y españoles americanos o criollos. Estos se creían –lo dice Camilo Torres Tenorio- en su Memorial de Agravios, “... como los descendientes de Don Pelayo, y acreedores por esta razón, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la Nación...” Esto significaba, simplemente, que los incomodaba ver en los altos cargos, no a los personeros de las aristocracias criollas,terratenientes, rentistas y comerciantes ricos, sino a los peninsulares. La actitud de los eximios próceres criollos llega en ocasiones a manifestarse como antiimperialismo, antiespañolismo, pero en ninguno

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se encuentra expresión que dé idea de sentimiento popular. El sentimiento democrático y favorable a los sectores desprotegidos viene a hacerse explícito en Nariño y un poco en Bolívar, lo que ha dado pie a que algunos hablen de las dos escuelas de influjo ideológico: el romanticismo idealista de los roussonianos franceses, presente en éstos, y el pragmatismo elitista de los que redactaron en Virginia la Constitución para propietarios, como la llamó Hamilton. Tendencia ésta de escuela norteamericana, presente en aquellos. La posición afrancesada recibe con mayor facilidad a las clases pobres en su ámbito. Por el contrario, la actitud elitista de escuela norteamericana, que profesaron Torres y los prohombres de Popayán, de Cartagena, de Santa Fe, de Mompóx, fue partidaria de mantener las distancias y de que el pueblo raso no se saliera de su papel de aportar la mano de obra. La idea de los españoles es congruente con esta posición. Los intelectuales de la península asumen con gran precisión que los levantamientos en América no son rebeliones de los indígenas, sino de quienes se consideran españoles de allende el mar. Son afines a ellos porque son la cuota humana que América ha entregado a la Ilustración, son los pocos, los escogidos que se han podido educar, y entienden toda esta teoría de la soberanía, de la igualdad filosófica, de la teleología del Estado, de la autonomía de la Nación, de las reivindicaciones de las nacionalidades, etc. Monserga toda esta de la que son inocentes y a la que son ajenas las gentes del pueblo. Solamente la burguesía mercantilista está en condiciones de sopesar los problemas del monopolio comercial, la incidencia de los impuestos sobre la expansión de los servicios y de los mercados, la inepta administración de la hacienda pública, los perjuicios del contrabando y de la escasez de mano de obra para las minas. Esa misma burguesía había presentado quejas y sugerido soluciones a los Borbones, sin ser escuchada. España se esforzaba en impedir el desarrollo económico de sus colonias, con un eventual temor a la competencia. Desestimulaba y reprimía las industrias autóctonas. La centralización del Estado y la concentración de las decisiones administrativas y jurídicas en instancias remotas en la Península trababa gravemente las relaciones laborales, comerciales y políticas. Sin ninguna respuesta, Pedro Fermín de Vargas había propuesto la reforma en la tenencia de las tierras, y Nariño había ofrecido un proyecto de reforma tributaria. Y Jorge Tadeo Lozano especulaba en sus escritos sobre las formas de ocupar al “pueblo ocioso”.

En las Constituciones regionales se reconocía la autoridad superior del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y se defería a su dirección la defensa territorial, las relaciones exteriores, y parcialmente el régimen tributario. Campeaban en ellas el federalismo y las invocaciones jusnaturalistas a los derechos inalienables de los hombres, se reiteraba el confesionalismo católico y se proclamaban demócratas y republicanos sus orientadores. Lógicamente se reconocía el derecho de propiedad y las demás iniciativas económicas sólo limitadas por el orden público. Los

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derechos políticos se reservaban a quienes eran cabezas de familia y eran propietarios. Excepcionalmente, la provincia del Socorro abolió la esclavitud desde 1810.

FEDERALISMO Y CENTRALISMO

En diciembre de 1810 se reúne en Santa Fe el Congreso de las Provincias Unidas, que se declara a sí mismo único depositario de la soberanía del nuevo Estado. Con ello excita los recelos de la Junta Suprema de Gobierno de Santa Fe, a pesar de que ésta había expresado su intención de resignar sus poderes en el Congreso. Pero este antagonismo conduce a que se radicalicen las posiciones, y a partir del Congreso, sus integrantes van a promover los intereses del federalismo, en tanto que la Junta Suprema adoptará en adelante una actitud decididamente centralista.

El Congreso se disuelve sin que las posiciones sean conciliadas, y posteriormente en 1811 se reúnen de nuevo los diputados de nueve provincias y suscriben el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que desconoce en forma definitiva a las autoridades españolas, consagra las provincias como entes independientes y federados, coexistentes con una administración central general, reserva al Congreso funciones como la dirección de la guerra, la administración del presupuesto y de las relaciones exteriores, y plantea la convocatoria a una Convención que elabore la Constitución. La Junta de Santa Fe no cede en sus empeños centralistas, y el Congreso debe periódicamente cambiar de sede: Santa Fe... Ibagué... Villa de Leyva... Tunja... y otra vez Santa Fe.

En 1811, y renuentes a las decisiones del Congreso de las Provincias Unidas, los cundinamarqueses eligen un Colegio Electoral al que comisionan para la redacción de su Constitución. En veinte días la tienen lista, y en ella dan al Estado el nombre de Cundinamarca, hacen profesión de fe católica, reconocen a Fernando VII como rey en cuanto se someta a la Constitución del nuevo Estado, establecen poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y encomiendan la representación del Rey a un Presidente. Parece que en esta mixtura monárquico-republicana asoman los intereses de no desatar prevenciones peligrosas ni en los españoles residentes ni en el pueblo que, de todos modos, en razón de varios siglos de coloniaje, tenía especial veneración por la persona del rey. En el mismo año, la provincia de Tunja declaró su independencia total de España y se dió un gobierno liberal republicano, sin ninguna concesión a los hispanófilos reales o presuntos.

Fué elegido primer Presidente JORGE TADEO LOZANO, quien sancionó la Constitución. Al año siguiente, un nuevo Colegio Electoral la reformó y

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retiró el reconocimiento a las autoridades españolas con lo cual se consolidó realmente la independencia. El Presidente Lozano, haciendo explícito el interés expansionista de Cundinamarca, disolvió la Junta de Gobierno de la Provincia de Mariquita y la incorporó por la fuerza al Estado Soberano de Cundinamarca. La guerra civil se extendió y comprometió lo intereses de todos a lo largo y ancho del centro del país actual. Entra en acción directa ANTONIO NARIÑO.

NARIÑO, cuya labor como Precursor de la Independencia le había granjeado prisión y persecuciones, de regreso en Santa Fe considera que Lozano es inepto para la crisis presente, y desde su periódico LA BAGATELA ataca simultáneamente el autoritarismo santafereño y el federalismo del Congreso. Nariño, con perspicaz visión política consideraba oportuna en ese momento la estructura centralista del Estado, no solo útil para dar una organización seria y duradera a los pueblos dispersos y desorientados, sino -más importante aún- para planear y dirigir la defensa de la revolución y del nuevo Estado, consciente como era de que España no se quedaría cruzada de brazos sino que intentaría retomar los territorios perdidos, al costo que fuese. Como en verdad ocurrió. A su juicio, la dispersión de las fuerzas y la contienda de intereses no hacían más que debilitar los recursos humanos y materiales, de los cuales no había tampoco la disponibilidad requerida. Forzado a dimitir Lozano, fué reemplazado por Nariño, quien adicionalmente recibió de la representación popular facultades extraordinarias. Cundinamarca, con el apoyo del ejército, logró reforzar su actitud política con la incorporación de las Provincias de Vélez, San Gil, Garzón, Chiquinquirá y Sogamoso, y con ello provocó protestas del Congreso. Adicionalmente, los jefes militares, el Coronel Joaquín Ricaurte y el General Antonio Baraya, enviados por Nariño para consolidar el influjo de Cundinamarca sobre provincias, en vista de que había en ellas una fuerte opinión favorable a la federación, traicionaron su dependencia del gobierno central y se pasaron con armas y tropa a órdenes del Gobierno federalista de Tunja.

Nariño marchó sobre Tunja con ochocientos hombres y tras ocupar la ciudad otorgó un armisticio a fin de que se reuniera el Congreso. Regresó a Santa Fe y renunció a la Presidencia. Pero la Representación Nacional, ofendida por las groseras provocaciones del General Baraya desde Tunja, exigió a Nariño retomar el poder y le confirió facultades dictatoriales. El Congreso se reunió y fué presidido por Camilo Torres Tenorio, y a éste se autorizó para hacer la guerra hasta reducir a Cundinamarca a la obediencia al Congreso de las Provincias Unidas. A su vez, Nariño, con el apoyo de la Representación Nacional, rompió el pacto de federación y retiró de ella al Estado de Cundinamarca. La guerra civil condujo a dos encuentros serios. En el primero, en Ventaquemada, fué derrotado Nariño. Retornó entonces a Santa Fe, y ésta fué asediada por las fuerzas del Congreso. Nariño organizó la defensa y derrotó decisivamente a los

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federalistas. De sus jefes quedaron prisioneros Urdaneta y Santander, entre otros.

Estas escaramuzas bélicas debilitaron a la Nueva Granada y facilitaron su caída bajo la reconquista española. La controversia entre centralistas y federalistas fué zanjada con la victoria del venezolano Simón Bolívar sobre Manuel de Bernardo Alvarez, dictador de Santa Fe en reemplazo de Nariño. La acción de armas se dió en 1814, y el año siguiente el Congreso inició sus sesiones en Santa Fe.

LUCHA INDEPENDENTISTA

La llamada Guerra de Independencia prácticamente dura ocho años, de 1810 a 1819. Es de notar que en los años que van de 1812 a 1814 coincide y se desarrolla simultáneamente con la guerra civil entre centralistas y federalistas, y ello es un factor que favorece a España. Esta actitud ha originado la calificación de patria boba conque se conoce tal período. Por España y en favor de su dominio había importantes reductos en Popayán, Pasto, Santa Marta y Panamá.

El interés independentista de los criollos se ventilaba fundamentalmente a partir de centros como Santa Fe, Tunja, Cartagena, Pamplona y un poco Mariquita. Por esta época, si bien se recuerda, empieza también la acción de Bolívar en el teatro de sus afanes políticos. En 1812, fugado de la persecución en su patria, se presenta en Cartagena y empieza a servir a la causa de la independencia con obediencia a las autoridades del Congreso. En 1813 desarrolla la campaña del Bajo Magdalena, y más tarde -autorizado por el Congreso- se dirige con su ejército a Venezuela. Dos granadinos morirán gloriosamente en esas tierras. Antonio Ricaurte, en la batalla que se da en una hacienda de Bolívar, en San Mateo; Atanasio Girardot, en el ascenso al cerro de Bárbula, cerca de Puerto Cabello. Las posteriores acciones militares en Venezuela son desgraciadas, y derrotado en Aragua -1814- Bolívar se retira y luégo se embarca hacia las Antillas. Cae prisionero de sus paisanos que lo habían declarado desertor; se fuga habilidosamente, y va a Cartagena, donde ya lo hemos imaginado poniéndose a órdenes de la Nueva Granada. Al derrotar en ese año el gobierno centralista de Santa Fe, pone involuntariamente su parte en el cataclismo final, pues como lo demostraron los hechos posteriores, los federalistas tenían más intereses particulares que en la defensa del pueblo y de la independencia.

La unificación de la Nueva Granada bajo el poder del Congreso llegó demasiado tarde. Los realistas empezan a cerrar las pinzas al norte y al sur. En la península había sido restablecido en el trono el Rey Fernando VII, y diez mil veteranos a las órdenes del Mariscal Pablo Morillo se

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aprestaban a la invasión definitiva. Es preciso reconocer que las instrucciones reales eran claras en la recomendación de que se hiciera la reconquista y pacificación sin derramamiento de sangre, e inclusive se había previsto que encabezara la expedición una persona de general aceptación como era Don Pedro Mendinueta, quien había sido anteriormente virrey. La ocupación de Venezuela se hizo sin oposición; ya los subalternos habían dispuesto la sumisión y reprimido la insurgencia. Morillo instala gobierno en Caracas, ordena nuevos tributos y pone en marcha Tribunales de Purificación política. Navega luégo a Santa Marta, y pone sitio a Cartagena de Indias del 20 de agosto al 5 de Diciembre de 1815. La plaza está defendida por Manuel del Castillo, secundado por Mariano Montilla, Carlos Soublette, Lino de Pombo y Antonio José de Sucre, entre otros. Rendida por hambre y tras la fuga de seiscientos hombres de armas, la ciudad es ocupada el 6 de diciembre de 1815.

Las columnas de la Reconquista se dirigen a Santa Fe y van ocupando paulatina pero rápidamente las diversas zonas del territorio. Ante la inminencia del peligro, el Congreso elige como Presidente con facultades extraordinarias a Camilo Torres Tenorio, quien acepta ante la insistencia de los diputados, pero se declara incapaz de sortear la crisis político-militar del momento. Empezando el año de 1816 y ante las sucesivas derrotas de los patriotas neogranadinos, Camilo Torres renuncia al mando y es sustituído por el médico José Fernández Madrid. El 6 de mayo entran a Santa Fe los soldados españoles al mando de Sebastián Calzada y Francisco Latorre, y veinte días después, casi de incógnito para eludir las sospechosas bienvenidas, entra el Mariscal Morillo. Las fuerzas del gobierno en la campaña del sur son víctimas de una nueva crisis de administración: El Presidente Fernández Madrid llega a Popayán y presenta renuncia. Es reemplazado por Custodio García Rovira, elegido Presidente, y ante su ausencia el poder es asumido por quien ha sido elegido Vicepresidente, el Coronel Liborio Mejía. El ejército de la independencia es derrotado totalmente en la Cuchilla del Tambo. Se completaba así la ocupación de la Nueva Granada, y el único reducto que estaba relativamente fuera de la influencia peninsular pasaba a ser Casanare, donde unos pocos hombres y algunos caudillos militares alentaban el espíritu independentista.

En Santa Fe y las otras ciudades principales se instaura el que será conocido como el Régimen del Terror. Instituciones de triste memoria surgen entonces bajo los nombres de Consejo de Guerra Permanente, Consejo de Purificación, y Junta de Secuestros. Esta última atendía a los acusados menos comprometidos y sancionaba con multas y expropiaciones, a diferencia de los dos primeros ante los cuales concurrían forzados los insurgentes de más responsabilidad, y eran condenados a muerte o a prisión. En diez años de represión, de 1811 a 1821 pasaron de trescientas las ejecuciones oficialmente decretadas por

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los españoles. Aunque es de notar que muchas otras, sin proceso judicial o militar, constituyeron verdaderas masacres y genocidios. Se refiere que tras la toma de Cartagena, Tomás Morales y su gente asesinaron sin fórmula de juicio a unos cuatrocientos cartageneros.

Entre los ejecutados por la causa de la libertad de Nueva Granada se cuentan Antonio Villavicencio, Crisanto Valenzuela, Jorge Tadeo Lozano, Miguel de Pombo, Antonio Baraya, Custodio García Rovira, Joaquín Camacho, Liborio Mejía, Manuel de Bernardo Alvarez, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, y éstos solamente en Santa Fe.

LA CAMPAÑA LIBERTADORA

Tras el baño de sangre a que son sometidas la Nueva Granada y sus extensiones de Venezuela y Quito, se prepara la campaña de Bolívar, que tendrá comienzo con la llamada Expedición de Los Cayos. En 1815, mientras Morillo se pasea por las tierras reconquistadas, está Simón Bolívar en Jamaica y mantiene vivo su pensamiento y su entusiasmo por la liberación de las colonias españolas. Uno de los documentos fundamentales en la historia del pensamiento político es su CARTA DE JAMAICA, epístola que dirige al inglés Henry Cullen. En ella describe la naturaleza y los intereses de los insurgentes americanos, destaca los beneficios que para el comercio produciría la independencia, y plantea las que a su juicio serán las fórmulas de organización futura de los Estados que surjan de la insurrección, y las relaciones internacionales que se desarrollarán a partir de una nueva y distinta realidad geopolítica.

La Expedición de Los Cayos toma forma con el apoyo de Petion en Haití, y con doscientos cincuenta hombres se dirige a costas continentales. Lo acompañan Brion, Sucre, Briceño Méndez, Salom, Mariño, Soublette, Zea, y otros militares granadinos y venezolanos. Desembarca en Ocumare -Venezuela- . Declara terminada -por su parte- la guerra a muerte que había iniciado con el Decreto de Trujillo -y decreta la abolición de la esclavitud. Desconocida la autoridad de Bolívar por Mariño y otros, decide regresar a Haití. La anarquía hace presa del pequeño ejército y por boca de Zea le reclaman de nuevo su dirección de las tropas. Regresa entonces y da principio a la campaña de Guayana que lo conduce a apoderarse de la provincia en 1817, con lo cual puede dar sede al gobierno independiente en la ciudad de Angostura. En 1818 derrota a Morillo en Calabozo. Aunque la batalla no es decisiva, y pese a la habilísima retirada de Morillo, en adelante las fuerzas españolas empiezan a perder aceleradamente territorio, hombres y recursos. Bolívar crea para la administración política un Consejo de gobierno y convoca un Congreso al que concurrirían diputaciones de las provincias liberadas. Ante el Congreso de Angostura, en 1818, Bolívar renuncia al mando. Pero es elegido por unanimidad Presidente de la República y comandante militar

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con poderes extraordinarios para continuar la campaña hasta consolidar la libertad. La administración política queda en manos de Francisco Antonio Zea, con el cargo de Vicepresidente.

Bolívar se traslada de Venezuela a los Llanos Orientales de Nueva Granada y recibe como aporte las columnas que Santander ha preparado con gran eficiencia. El avance hacia la capital es duro porque las fuerzas realistas presentan gran resistencia. Sinembargo los españoles son vencidos y seriamente disminuídos en sus recursos en la Batalla del Pantano de Vargas, el 25 de Julio de 1819, y retroceden hasta su derrota del Puente de Boyacá, el 7 de agosto siguiente. A las dos de la tarde se inicia la batalla, y antes del anochecer ya está decidida. José María Barreiro, el comandante español, su segundo el Coronel Jiménez, y mil seiscientos soldados se entregan prisioneros. El ejército patriota, cuyas bajas fueron trece muertos y 53 heridos, entra a Santa Fe el 10 de agosto. Tras recibir el homenaje de la ciudadanía, Bolívar se ocupa de organizar el gobierno y enviar tropas a reprimir los últimos bastiones realistas que quedaban tras la fuga del Virrey y las autoridades españolas.

Los primeros tiempos de vida independiente muestran un problema grave en la ineptitud o impreparación de los nuevos gobernantes para el manejo económico del Estado y la financiación de los requerimientos de la guerra. Una primera y elemental reacción en los lugares donde se declaraba la independencia fue la supresión de los tributos más odiosos, de las alcabalas y los estancos. El recaudo de impuestos se fue al suelo. A lo largo de años fue frecuente la recolección extorsiva de recursos, la confiscación de bienes o la requisición más o menos legal de ellos, y desde luego las posesiones de los ricos fueron golpeadas por el pillaje y el saqueo de los guerreadores de ambas riberas. La financiación de la guerra se hizo a veces en especie con las contribuciones en vituallas, en caballerías, en armas y en esclavos. La leva militar dejó sin trabajadores no solo las haciendas y plantaciones sino también las minas, los colegios sin estudiantes y los mercados sin comerciantes. Pero probablemente el área menos afectada sí fue la agrícola, porque de sus productos dependían los combatientes, y así respetaron los cultivos inclusive de elementos que no eran de primera necesidad, como el tabaco. Pero decayeron las industrias de tejidos ante la competencia de las manufacturas inglesas. Decayó el comercio dependiente de la navegación de los grandes ríos, porque esta practicamente desapareció. La financiación principal de la guerra independentista se realizó por medio de empréstitos tomados en el extranjero, especialmente en Inglaterra, en condiciones gravosas. Gran parte de los dineros obtenidos por López Méndez, comisionado de Bolívar, fueron usadas en el apertrechamiento de los mercenarios británicos que integraron la Legión.

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La idea política fundamental que llega a crisis con la independencia es la que da sustento a la soberanía. Donde antes se creía que la autoridad viene de Dios a través de su legado en la tierra, el Papa, quien entrega el poder temporal a los monarcas, se levantará la tesis de que la autoridad viene de Dios a los gobernantes, mas no directamente sino por la mediación de los pueblos que los eligen. En cuanto a la estructura territorial del nuevo Estado, hubo muchas dudas. De un lado, las familias importantes en cada región se interesaron en mantener su influencia casi de señores feudales sobre las vastas regiones de que eran dueños. Los terratenientes y amos de las plantaciones y las haciendas se mostraron, por ello, partidarios de la estructura federal. Por su parte, los teorizantes que habían aprendido política en las bibliotecas clandestinas importadas de Francia, encontraron natural que después de haber sido disciplinados durante más de trescientos años por la sujeción a un monarca, y a un monarca absoluto, las gentes estaban destinadas y preparadas para someterse a un ejecutivo fuerte , autoritario, y a una administración centralista y unitaria. El espíritu federalista reaparecerá periódicamente en la vida del país bajo las formas que lo encubren y lo acomodan a la historia, el caudillismo y el caciquismo. Ese mismo sentimiento de autonomía obstaculizó las primeras fases de organización de la república, porque las provincias no encontraban tolerable la convocatoria que les hacía Santa Fe, y cada una de ellas quería manejar su independencia a su modo y hacer uso de su soberanía con arreglo a sus propias ideas e intereses. Hay qué recordar que los primeros intentos de integración fracasan y el primer Congreso General se disuelve sin redactar constitución como lo esperaba. Además, parecía obvio que Cundinamarca postulaba el centralismo porque ella aspiraba a ser el centro. Las provincias, a su vez, respaldaban el federalismo porque ellas no podían ser el centro del sistema. Inclusive en el plan de Nariño la estrategia se dirigía a extender el territorio de Cundinamarca a costa de las provincias.Y de hecho lo logró con algunas, como las que se separaron de Tunja y se anexaron voluntariamente a Cundinamarca. En la historia inicial de la República la difusión de los intereses unitarios y centralistas la avocó Antonio Nariño, en tanto que la propuesta federalista fue promovida por Camilo Torres y Miguel de Pombo. Para ambos, el modelo era Estados Unidos. Cuando se discutía la redacción de una constitución, Pombo indicó que era innecesario existiendo ya la del país norteño, cuya traducción él realizó con el deseo de que tuviera esta utilidad. Desde entonces, entre los federalistas, estuvo viva la idea de resolver los problemas del país naciente mediante una simple anexión a los Estados Unidos... El Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada tiene base conceptual y formal en el documento donde consignan su Confederación los Trece Estados originales, en el norte del continente.

Las dificultades de orden político para asumir la forma que sustituiría al Estado organizado a la española se conjuntaron con los problemas

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socioeconómicos presentes en la transición: el régimen latifundista de las tierras, la concentración de la riqueza en poquísimas manos, una estratificación clasista inflexible y sin posibilidades de circulación entre los niveles, los monopolios sobre los recursos naturales, el caudillismo semifeudal tolerado y prorrogado por las bases populares tanto del campo como de las ciudades, la presencia de la desigualdad consolidada por las creencias religiosas incidiendo sobre un analfabetismo extendido.

El hecho nuevo, que probablemente llegó tarde porque la chispa de la insurrección ya había iniciado el incendio de América, fue la liberalización de la monarquía borbónica y de los monarquistas bajo el influjo de los liberales de la Junta de Cádiz. Inútil fue ya que se suprimiera la Inquisición, se liberara la imprenta, se aceptara la igualdad jurídico-política de los españoles de América con los españoles de la península, se suspendieran las servidumbres personales indígenas, se estableciera la libertad de comercio, se aboliera la alcabala y el estanco del tabaco. Cuando estas decisiones se tomaron en España, ya los criollos las habían puesto en vigencia por su propia autoridad originada en la revolución. Menos mal que así lo hicieron, porque de retorno Fernando VII al trono desechó todo lo hecho en su ausencia, incluída la liberal Constitución gaditana.

El regreso de Fernando VII pone en vigor nuevo el absolutismo cerrado de los peores tiempos, llegando hasta restaurar la Inquisición en las colonias. La monarquía entrega a la corriente militarista la defensa de su imperio y la supresión total de la autonomía pretendida por sus colonias. Ese militarismo colonialista operando en América llega a los niveles de terrorismo de Estado con la represión y los Tribunales de Sangre. No solo aquí serán carne de patíbulo los independentistas, otro tanto les ocurrirá en la península a los liberales y críticos del monarquismo.

En la Nueva Granada, frente al militarismo feroz de la Reconquista, hubo voces moderadas que con un criterio plenamente civilista consideraron la revolución como un movimiento civil que era necesario solucionar con medidas políticas más que con las armas. En este sector de pensamiento estuvieron muchos españoles peninsulares, y entre ellos la mayoría de los Oidores de la Audiencia. Pero los Oidores no fueron oídos. La insurrección fue tomada como una declaración de guerra, y el imperativo para los militaristas españoles fue erradicar la desobediencia acabando con los desobedientes. No hay acuerdo en la calificación de la guerra de independencia de la Nueva Granada, que para unos es guerra internacional entre América y Europa, en tanto que para otros es guerra civil entre súbditos de una misma patria, españoles realistas y españoles antimonarquistas. Los análisis de los internacionalistas contemporáneos llaman la atención sobre las relaciones imperialistas de las potencias con sus colonias. Y hallan que, en el caso español, el descubrimiento incorporó las nuevas tierras no al cuerpo del Estado sino al patrimonio de la corona.

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Las tierras americanas no se integraban al Estado español, sino que pasaban a ser propiedades de los monarcas, y ello explica que las “mercedes reales”, las donaciones de tierras las hacía el Rey y no el Estado. A pesar de que estuviera vigente la identificación absolutista de uno y otro: L’état c’est moi! Cuando el territorio colonial no se integra al cuerpo del Estado, ese Estado tiene sobre la colonia el derecho real de propiedad (que los romanos llamaron jus in re, derecho sobre la cosa) y por lo mismo puede usarlo, aprovecharlo y disponer de él por venta: Tal se recuerda que hicieron el rey de Francia al vender a los Estados Unidos el territorio de Louisiana, y el rey de España al transferir a Estados Unidos el territorio de Florida, y el zar de Rusia al vender a Estados Unidos el territorio de Alaska. Cuando las colonias no forman parte del cuerpo del Estado, se daría otra consecuencia histórica: Sus habitantes no tienen la nacionalidad de la metrópoli. Si se toma esta consideración, los criollos o hijos de españoles tendrían su vínculo jurídico-político con España, pero no lo tendrían, no tendrían la nacionalidad española los aborígenes o nacidos en América, que constituían la gran masa de la población. Así vista, la guerra de independencia era, como las que la siguieron en el siglo XX en el Tercer Mundo, guerras de liberación y de construcción de los Estados nacionales, de grupos humanos que no tenían igualdad de derechos con sus dominadores, sino que constituían un recurso económico y político con caracteres de propiedad privada. Esta tesis es la aplicada, de hecho, por Bolívar a partir de la Declaración de Trujillo en 1913, cuando distingue con toda claridad a los “americanos” de los “españoles y canarios”, presentando la controversia armada como guerra internacional. Sin embargo no se pueden dejar de lado los caracteres de guerra civil cuando los enfrentados eran hijos todos de esta misma tierra separados apenas por contenidos ideológicos de tipo partidista. Como cuando en la Costa Atlántica combatían los monarquistas de Santa Marta a los independentistas de Cartagena, o los patriotas de Antonio Nariño eran derrotados por los realistas de Pasto y sus entornos.

En los comienzos de la república tiene una profunda incidencia el militarismo, porque la seguridad y organización de los pueblos estaba a cargo de las armas, y los abogados e intelectuales eran incapaces de introducir la disciplina mientras se entregaban a la redacción de constituciones y leyes. De ahí que en esa transición los primeros problemas se den entre estos y aquellos buscando una consolidación gradual de los órganos de gobierno como instituciones civiles. Pero quedaban una o dos generaciones de militares cuya conducta va a ser decisiva por lo menos hasta mediar el siglo XIX. Y la tarea de reducir los militares a los cuarteles va a ser ardua porque hay qué empezar con la instauración de una disciplina que no se dio en los primeros tiempos de leva forzosa y de frecuentes deserciones y amotinamientos. Además, desde los comienzos la definición de la oficialidad no ha sido democrática sino que ha estado reservada a las altas clases, en tanto que el grueso de

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la tropa está compuesto de indios, negros y mestizos, en buena proporción de procedencia campesina. Es decir, para las fuerzas armadas neogranadinas y las colombianas de los años posteriores la clase alta y blanca y rica, pone la oficialidad, y el pueblo pobre, analfabeta, rural, indio, negro y mestizo, pone los reclutas rasos. Los primeros dirigirán la guerra o la represión desde las oficinas. Los segundos harán su onerosa contribución de sangre, pero no tienen vocación al mando, no están llamados a dirigir.

Debe distinguirse la línea organizativa de lado y lado. El ejército de España en América y el de los estadistas santafereños, difiere ciertamente del que se crea para la revolución. En él, que se forma en la lucha más que en los cuarteles, el principio de cohesión es el caudillismo. Se enrolan porque admiran el arrojode un líder, no porque los comprometa la fidelidad a unos postulados políticos. En los ejércitos independentistas hay menos elitismo y más flexibilidad en la circulación interclasista. Por eso llega a Coronel el negro Leonardo Infante, y por eso es Almirante el zambo José Prudencio Padilla. Y tiene la república héroes montañeros como Inocencio Chincá o el campesino José Antonio Páez. Pero el ejemplo desaparece en la medida en que el heroísmo del pueblo es reemplazado por la manipulación clasista de los empresarios.

LA GRAN COLOMBIA -1819 A 1830-

Bolívar toma camino de Angostura, donde Zea había sido obligado a renunciar a la Vicepresidencia. Como encargado deja en la Vicepresidencia en Santa Fe al General Santander quien empieza la formidable tarea de la organización de la República. El 11 de Noviembre está Bolívar en Angostura, y tres días después se reúne el Congreso para escuchar su informe de victoria. El 17 de diciembre de 1819 se proclama la Ley Fundamental de la República, y de ella destacamos los aspectos esenciales, que son nervio y eje en la construcción de la nacionalidad:

--- Nueva Granada y Venezuela se integran bajo el nombre de República de Colombia. (Bolívar siempre había soñado con ese nombre, como homenaje al descubridor del Nuevo Mundo).

---El territorio comprendía naturalmente la provincia de Quito, que era parte de la Nueva Granada.

---La organización sería como República, con cabeza en un Presidente y un Vicepresidente.

---Las tres provincias tendrían gobierno en sus respectivas capitales -Caracas, Quito, y Bogotá (que sería el nuevo nombre de Santa Fe).

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---Y se convocaría un Congreso General en la Villa del Rosario de Cúcuta para discutir y aprobar una nueva Constitución para el Estado ya definitivamente independiente.

También fué ésta la ocasión para atribuír oficialmente a Simón Bolívar el título que la habían dado los pueblos: Libertador de Colombia.

Para considerar la importancia de los conceptos que se debaten en el Congreso de Angostura es menester recordar el influjo del Libertador en el mismo, a través de sus mensajes y discursos.

La idea de una vasta república no era improvisada, sino que tenía antecedentes en la organización misma dada por la Corona a estas tierras. De hecho y de derecho, el Virreinato de Santa Fe había cobijado un vasto territorio que unía no solamente a Venezuela, Nueva Granada y Quito -hoy Ecuador- sino que había integrado al mismo desde principios del siglo XVIII zonas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Perú y Brasil. Esto no había impedido, sinembargo, que el deseo de organización federada tuviera numerosos partidarios ante la imposibilidad de una administración eficaz para tan extenso país. A más de que conspiraba contra las aspiraciones de las provincias el exagerado centralismo operante en las capitales.

El Libertador acariciaba desde su estadía en Jamaica la idea de una gran república central con el nombre de Colombia, con una capital que imaginaba bajo el nombre de Las Casas, en homenaje al obispo protector de los indios, organizada a imagen de la administración inglesa, sin rey, pero con un presidente elegido y vitalicio, y un legislativo bicameral con una cámara hereditaria y otra electiva.

La formación política de Bolívar permitía la confluencia de las ideas clásicas de Grecia y Roma con la experiencia revolucionaria de la Europa que él recorrió cuando se desarrollaban tales procesos. De ahí la compleja mixtura de sus propuestas. En su discurso en Angostura, cuando todavía no se había terminado la lucha, en febrero del 19, propone las ideas rousseaunianas de la soberanía popular, las libertades civiles, el igualitarismo, la abolición de la esclavitud y de la monarquía. Y al lado, pone la propuesta de la división de los poderes, al modo de los ingleses, según la interpretación de Montesquieu. Pero le atrae más un senado aristocrático y hereditario, y teme a los desafueros de la democracia. Piensa que las gentes no saben lo que les conviene, y deben depender de una clase política estable e independiente tanto de las veleidades de las masas como de las presiones del gobierno. De las costumbres e ideas grecolatinas toma la idea de los Censores, que vigilen la conducta de los ciudadanos y corrijan la corrupción, con lo que trasciende el objetivo político de la vida social y se adentra en el dirigismo moral que tan caro ha

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sido a los gobiernos confesionales y de extrema derecha. Podría afirmarse que los contemporáneos de Bolívar tenían más sentido de la realidad en la que estaban inmersos. Y por ello es apenas lógico que entonces y después -cuando transfirió sus deseos a la Constitución Boliviana- hayan sido rechazadas sus ideas preferidas: El ejecutivo fuerte o dictadura constitucional, el legislativo aristocrático y hereditario, y el control de la moralidad como atributo del gobierno.

CONGRESO DE CUCUTA 1821

De mayo a octubre se adelantan las sesiones del Congreso de Cúcuta, reunido en la Villa del Rosario, e instalado por Antonio Nariño, designado por Bolívar Vicepresidente interino para estas efectos. Nariño es confirmado en el cargo de Vicepresidente por el mismo Congreso, pero más tarde presentará renuncia y será reemplazado por José María del Castillo y Rada. El Congreso es presidido por el doctor Félix de Restrepo.

La labor fundamental del Congreso fué la expedición de la Constitución. Pero aparte de ello emitió algunas leyes trascendentales para la organización que empezaba y para la consolidación de la independencia. Estableció el impuesto sobre la renta, ordenó el reparto de los resguardos y el otorgamiento de títulos de propiedad a los indígenas, decretó la libertad de partos de las esclavas, adoptó como símbolos patrios el escudo -con diseño diverso del actual- y la bandera imaginada por Miranda en 1806, similar en lo esencial a la de hoy, creó colegios y escuelas, y en lo político designó a Bolívar y a Santander para la Presidencia y la Vicepresidencia, respectivamente, de la República.

Para definir la Constitución Política de la República se conocieron dos proyectos, presentados el uno por el Vicepresidente Nariño a nombre del gobierno, y otro elaborado por una comisión del Congreso. El proyecto de Nariño proponía una organización federal. Y aquí es oportuno reflexionar sobre el cambio de bando del Precursor quien anteriormente, en los tiempos tormentosos de la Patria Boba, era el paladín del centralismo. Analistas de nuestro proceso político derivan de este cambio de criterios la idea de que el Precursor de la Independencia tenía notable perspicacia en la consideración de los movimientos sociales, y de la misma manera que examinaba lo que acontecía en el momento presente, avizoraba las consecuencias a largo plazo. Piensan por ello que con especial acierto, Nariño adoptó en ambos momentos la posición más acertada conceptual y estratégicamente. El veía, como nadie entre sus compatriotas, que un país disgregado y sometido a una pluralidad de cabezas en 1813 sería fácil presa de la reconquista que ya se preparaba en la península. Solo una administración enérgica, fuerte y centralizada podría diseñar y ejecutar las tácticas para la preparación de la defensa y la consolidación de la

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insurrección. Del mismo modo, corresponde a un verdadero visionario, tomar nota de que la extensión del territorio, la pluralidad de intereses, y el surgimiento de partidos de diversa clase, obstaculizaban -como pudo verse casi desde el momento de la reunión del Congreso de Cúcuta- el proyecto de una república centralista. Tambien en este momento tenía razón Nariño con su posición federalista, y los acontecimientos no tardaron en señalar su acierto, cuando tras la muerte de Bolívar, la única personalidad que podía mantener la cohesión, la Gran Colombia se disolvió en varios Estados. La oposición a los puntos de vista del Precursor, y la preferencia que mostraron los congresistas por su propio proyecto, decidieron a Nariño a presentar su renuncia, con el resultado atrás anotado.

La Constitución de la Gran Colombia es de tipo centralista y de conservatismo moderado. El proyecto aprobado por el Congreso establecía una república unitaria, con soberanía radicada en la nación -al modo de Sieyés- con unos gobernantes que la representaban; el legislativo era bicameral y sus miembros llegaban al cargo por votación indirecta, pues procedía de asambleas electorales. El Vicepresidente presidía el Consejo de Gobierno, integrado por los Ministros o Secretarios del Despacho, pero su opinión era consultiva, no obligaba. El Presidente y el Vicepresidente eran elegidos en votación indirecta para un período de cuatro años. Los departamentos eran administrados por un Intendente que tenía el carácter de agente del Presidente, y las provincias por Gobernadores sujetos al Intendente. El ejecutivo carecía de iniciativa para la legislación, y algunos de los altos cargos requerían confirmación por el Senado tras la designación por el Presidente. Condición, ésta última, que se tomó a imitación de la fórmula estadounidense. El poder judicial tenía por cabeza la Alta Corte, con miembros elegidos por el Senado, de los candidatos presentados por el Presidente y por la Cámara, y que permanecían en funciones en forma vitalicia condicionada a la buena conducta. El sufragio es restringido, pues carecen de él los jornaleros y trabajadores dependientes. Una reforma posterior privó del voto a los anafabetas. Dividió el territorio en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Tiene carácter integracionista. Consagra los derechos y libertades que empiezan ya a hacerse tradicionales: libertad, igualdad, propiedad privada, seguridad. En la organización se relieva en el mando el Presidente de la República, asesorado por un Consejo de Gobierno que no excluye el gabinete de Secretarios del despacho. El legislativo es bicameral. El presidente puede recibir facultades extraordinarias del Congreso.

La propiedad es condición para ejercer los derechos políticos, con el agregado de que los varones deben ser alfabetos y no sujetos a servidumbre. Se desplazan dos instituciones españolas, el mayorazgo y los títulos nobiliarios.

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El texto aprobado no fué del agrado de Bolívar, sobre todo por su acento civilista. En él están las semillas que con más tesón se han defendido a lo largo de la historia. Surgen de él la prioridad civilista sobre las urgencias militares, y desarrolla el sentido liberal y democrático, moderado por el interés en el orden interno y en las relaciones exteriores en términos de igualdad soberana. Corresponde al ejemplo de lo que más adelante se denominó Estado demoliberal, ésto es, sometido a la legalidad y autolimitado en defensa de los intereses comunes. Pero la importancia destacable de esta Constitución está en haber sido la primera de cobertura nacional, dado que las anteriores tuvieron el carácter de provinciales.

La vigencia de esta Constitución tuvo una duración precaria, pues la pluralidad de intereses movidos a través de las instituciones provinciales y municipales, en muchos casos atribuíbles al personalismo de las familias que defendían sus viejos feudos, pronto mostró la debilidad estructural de la administración. Al parecer sólo se sostuvo por el breve tiempo en que continuaba la lucha independentista en los pocos lugares donde la influencia española aún resistía. En 1826, culminada la Campaña con los combates de Junín y Ayacucho, la disolución de la Gran Colombia era una realidad a plazo breve. Bolívar luchaba a brazo partido por la preservación de su ideal integracionista, pero esta actitud lo convirtió casi en el enemigo de la Constitución de Cúcuta, o al menos así lo interpretaron los disidentes de su criterio. Y nuevos errores políticos recayeron sobre la difícil situación política, como lo muestran los episodios siguientes.

EL CONGRESO DE PANAMÁ

Dentro del pensamiento bolivariano es este uno de los hitos fundamentales, en tanto que lo muestra no solo con una visión clara sobre la naturaleza del conflicto antipeninsular, sino con una pre-visión de los caminos futuros del continente. Sus ideas-fuerza se encuentran ya en la Carta de Jamaica de 1815, y más atrás aún, en el Manifiesto de Cartagena de 1812. El proyecto se dirigía a consolidar una gran federación de las naciones surgidas del tronco español, y que por lo mismo compartían nacionalidad en el sentido sociológico: compartían idioma, religión, costumbres, tradiciones, soportaban los mismos problemas y tenían parecidas expectativas. Esta presensación de la americanidad acompañaba a Simón Bolívar desde 1810, cuando la hace conocer de sus próximos mientras desempeña una misión diplomática. Para la convocatoria a los Estados de América a la gran cita en Panamá se diputan legados diplomáticos desde el año de 1822, pero ya más próximos al certamen y ocupado el Libertador en sus campañas del sur, está Santander comisionado para ultimar los detalles. Los bolivaristas han atribuído el posterior fracaso del Congreso de Panamá a esta

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circunstancia. Bolívar entrega la realización de su proyecto fundamental a quien era ya por entonces su enemigo, o por lo menos su antagonista en materia política. Santander, en efecto, desatendiendo el objetivo concreto que era conformar una confederación que por su solidez y su poder pudiera oponerse a las pretensiones imperialistas, invita a Inglaterra y a Estados Unidos, con lo cual empieza el calvario del plan bolivariano. Los enviados de Colombia presentan el proyecto al presidente James Monroe. Este, enterado del pensamiento político de Bolívar, a la par con sus asesores Adams y Clay, encuentra que la abolición de la esclavitud, si llega como acción política a los Estados Unidos puede poner en peligro la tranquilidad de los Estados sureños, que fundan su prosperidad en la explotación de mano de obra esclava. Tampoco les parece tolerable la idea de Bolívar de liberar del régimen español a las Filipinas y Cuba, porque Estados Unidos ya había puesto sus ojos sobre ellas y las querían independientes de España pero dependientes de ellos. El gobierno estadounidense dispersa sus diplomáticos por América con la tendenciosa noticia de que Bolívar lo que pretende es conformar un vasto estado americano para coronarse emperador de él. Y lo grave es que, en ese momento concurren circunstancias y antecedentes que parecen dar la razón a los enemigos de Bolívar.

En el proyecto bolivariano tendría aplicación el criterio, muy moderno y adelantado ya por entonces, de la supranacionalidad de las asociaciones de Estados. Que no es incompatible con la soberanía de cada uno de los Estados componentes. Para él este principio de integración con vocación de perpetuidad, ya se estaba aplicando en la Gran Colombia, que reunía a Nueva Granada, Quito y Venezuela. La capital de la gran federación sería Panamá, porque fundada en el Istmo, presentaba facilidades de comunicación por ambos mares con todas las regiones del continente y con el resto del mundo.

La asistencia al Congreso Anfictiónico de Panamá fue precaria. Pero hubo, en principio, acuerdos importantes. Como el de Centroamérica, México, Colombia y Perú, de solucionar pacíficamente sus controversias, llevándolas preferentemente a discusión en la Asamblea de la anfictionía. Hubo acuerdo entre los pocos Estados asistentes en abolir la esclavitud en sus territorios. Se comprometían a intentar la conciliación antes que cualquier conato de represalias, bloqueos o acciones de guerra. Propenderían a la solidaridad en la defensa para lo cual aportarían cuotas de tropa a un ejército internacional, cuya existencia sería disuasoria para los eventuales agresores. Esta solidaridad continental, nombre que ha tomado el pensamiento bolivariano al ser desarrollado posteriormente, difiere en harto de la Doctrina con que Monroe lo desfiguró. La solidaridad continental bolivariana implica que ante una agresión de otro Estado cualquiera a un Estado americano, las demás naciones de América acudirán solidariamente en su defensa. En cambio, la doctrina de

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Monroe no convoca la solidaridad sino que impone la tutela: Si un estado americano fuere agredido por una potencia extracontinental, Estados Unidos acudirá en su defensa... Para Bolívar, las naciones americanas son iguales entre sí y por lo mismo solidarias en las ventajas y en las adversidades. Para Monroe, las naciones de América son desiguales, inferiores a los Estados Unidos, y corresponde a este país defenderlas y asumir respecto de sus disensiones el papel de policía del continente. Hé ahí una nueva manifestación de sus intereses y proyecciones imperialistas.

Punto de interés, aunque no tuvo un desarrollo completo en las sesiones programadas, fue el retorno a viejas ideas que Bolívar y sus seguidores habían tomado probablemente de Miranda y que se proyectaban en la geopolítica americana a mediano y largo plazo. Era la discriminación de regiones en el continente. No solo se diseñaban las extensiones y vínculos sino que se llegaba a aplicarles lo que llamarán los marxistas la división del trabajo. Así, se reconocía esquemáticamente una región conformada por México y Centroamérica, otra por Colombia, Venezuela y Ecuador, una tercera por Chile y Perú, y una más por lo que hoy llamamos “cono sur”. Inclusive se asumía que en ellas había industrias y renglones económicos dominantes, como se observaba en las subdivisiones de una Venezuela ganadera, una Nueva Granada minera y un Ecuador agrícola. El único punto atinente a integración que por entonces se acercó a realidad fue el de la Gran Colombia que había implantado el Libertador desde Angostura en 1819.

El Congreso y los acuerdos logrados tuvieron un fin triste. Excepto Colombia, ningún otro Estado aprobó y ratificó los Tratados. México intentó rehacer los diálogos en un encuentro en Tacubaya, y no lo consiguió.

LA CONSTITUCIÓN BOLIVIANA

Bolívar parte hacia el Sur, con autorización del Congreso, para llevar la revolución al Perú y buscar la liberación de esos amplios territorios. A mediados de 1823 Bolívar llega al puerto de El Callao. Bien recibido en Lima, se encuentra con una cerrada controversia entre el gobierno y el Congreso, y aunque era el gobierno de Riva Agüero el que había solicitado su cooperación militar, accede a combatirlo con el respaldo del Congreso peruano. A la postre se descubrió que tanto Riva Agüero como su sucesor, Torre Tagle, traicionaban los intereses de la nación. El Congreso suspendió a Torre Tagle, le dió facultades dictatoriales a Bolívar, y entró en receso para no obstaculizar la organización de la lucha y de la administración encomendadas a Bolívar. Con seis mil colombianos y cuatro mil peruanos puso en marcha el ejército, secundado por algunos jefes sobresalientes,

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entre ellos Sucre y Córdoba. Vence a los realistas en Junín, el 24 de agosto de 1824, y confirma la independencia con la victoria de Ayacucho en diciembre del mismo año. El Congreso peruano aprobó honores y gratitud para sus libertadores, y presionó la continuación de Bolívar en el gobierno con atribuciones de dictador. En 1825 Bolívar recorre el Alto Perú, y una asamblea, convocada por Sucre unos meses antes en Chuquisaca, decreta la erección de tales territorios en Estado independiente con el nombre de República de Bolívar -después Bolivia-, y da a Chuquisaca el nombre de Sucre adscribiéndole la condición geopolítica de capital de la administración. La Asamblea exigió además que Bolívar fuera el primer presidente del nuevo Estado y que él mismo redactara la Constitución. Bolívar accedió, dejando en el poder a Antonio José de Sucre. En la Constitución que redacta el Libertador para Bolivia consigna sus criterios políticos y proyecta su idealismo -o su falta de pragmatismo-, y la presenta a los bolivianos como "una obra de los siglos" donde presume haber reunido las opiniones de los sabios y todas las lecciones de la experiencia.

Si bien Bolívar había combatido a la monarquía, era partidario de gobiernos fuertes y autoritarios, de ejecutivos vitalicios y hereditarios o cooptados, inclusive militaristas, por lo cual algunos pudieron comentar sus actitudes aduciendo que era enemigo de las monarquías ajenas pero partidario de la suya propia. Hubo momentos de crisis en los cuales, decepcionado de la ingobernabilidad de los criollos, alentó a los partidarios de la monarquía para promover en su favor o el de algún príncipe europeo la instauración de un reino.

La Constitución Boliviana consagra la república central y unitaria con gobierno representativo y división de poderes, y a ésta le introduce una innovación original: a más del legislativo, el ejecutivo y el judicial, un poder electoral. El ejecutivo, fuerte como él lo consideraba preferible, era vitalicio e irresponsable en la persona del Presidente. Existía un Vicepresidente, responsable como Jefe del Gabinete, y removible a voluntad del Presidente. Los magistrados del poder judicial eran vitalicios, con dependencia de su buena conducta. El poder legislativo estaba compuesto de tres cámaras: Tribunos, Senadores, y Censores. Estos últimos tenían funciones de control moral sobre los gobernantes y los gobernados. No se podía reformar la Constitución antes de diez años de su vigencia plena.

La Constitución fué promulgada en Bolivia, y a solicitud de Bolívar, tambien en el Perú, con la cláusula de que el Libertador, y no otro, sería su Presidente Vitalicio. Con tales éxitos políticos, Bolívar tuvo la sensación de que lograría igual aquiescencia en la Gran Colombia. Pero la sola pretensión exasperó los ánimos y generó controversias que originaron la aparición verdadera de dos partidos, los bolivarianos y los

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antibolivarianos. Los primeros, simpatizantes del autoritarismo militarista y de la influencia del círculo venezolano encabezado por el General Urdaneta, y los segundos con la dirección del General Santander, llamados legitimistas por su defensa de la Constitución de Cúcuta y de las garantías civiles y democráticas. A la polémica le agregaban leña las facultades dictatoriales que le iban confiriendo a Bolívar las provincias por donde pasaba en su itinerario de retorno a Bogotá, y la rebelión de Páez en Venezuela -1826- que amenazaba con instaurar la monarquía de Bolívar en su propia patria.

LA CONVENCION DE OCAÑA

El Congreso convocó para 1828 una Convención Nacional en la ciudad de Ocaña, con el objeto de que se le introdujeran algunas modificaciones al articulado de la Constitución de Cúcuta. Esta había sufrido numerosos ataques sobre todo de los bolivaristas, quienes -en palabras del Libertador- querían simplemente introducir algunos principios conservadores sin lesionar su espíritu republicano. La situación en el país había llegado a ser sumamente compleja con la convergencia de varios sucesos que sacudían a la opinión pública. La administración del Vicepresidente Santander en ausencia de Bolívar había reforzado el influjo político del santanderismo antibolivariano, legitimista y liberal. En Venezuela se rebelaba Páez con la amenaza real de promover la separación. Bolívar había instaurado su Presidencia vitalicia en Bolivia y Perú. Y se alzaban voces en Colombia en favor de tal proyecto, que repugnaba a las mayorías republicanas y antimonarquistas, las cuales todavía conservaban el recuerdo fresco de las luchas por la emancipación que eran luchas contra el personalismo y las poses aristocratizantes.

Los amigos de Bolívar hacían circular copias de la Constitución Boliviana y planteaban la necesidad de un gobierno fuerte para organizar el país. Muchos pueblos siguieron el ejemplo de Guayaquil y redactaron documentos en los cuales desconocían la vigencia de la Constitución de Cúcuta y proclamaban la conveniencia de otorgar poderes dictatoriales a Bolívar. Estos documentos han sido llamados por algunos historiadores las actas de la dictadura, aunque no son homogéneos ni en la forma ni en el contenido. Hay qué observar como hecho concomitante que la guerra de independencia había creado una verdadera casta militar, cuya fuerza mayor provenía de Venezuela: En efecto, en la guerra de la emancipación, Colombia puso los soldados rasos en tanto que Venezuela puso la oficialidad. Y esta oficialidad de mayoría venezolana, paisana del Libertador- generó mucha animadversión con sus descomedidas actuaciones políticas y sociales en Bogotá, donde se convirtió en una verdadera Guardia Pretoriana en torno a Simón Bolívar. Bolívar tenía plena

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consciencia de ello, cuando explicaba en 1828, según texto de Luis Peru de Lacroix: "...hombres de todas las castas se hallan hoy entre nuestros Generales, jefes y oficiales, y la mayor parte de ellos no tienen otro mérito sino el valor brutal, que ha sido tan útil a la República, haber matado muchos españoles y haberse hecho temibles..." De manera que en buena parte el antibolivarismo de muchos espíritus demócratas de Colombia tiene sentido como reacción ante los abusos del militarismo convertido en privilegio de una camarilla.

Cuando se inicia la Convención, está claro que quienes concurren representan nítidamente dos posiciones ideológicas, dos partidos perfectamente alinderados. De un lado, los seguidores de Bolívar, promotores del autoritarismo y la dictadura. De otro lado, los amigos del Vicepresidente Santander, con la investidura de legitimistas, liberales, partidarios de las garantías democráticas, y promotores de la administración civilista en contraposición a la desbocada ingerencia militarista.

Por coincidencia, encuentran algunos analistas, el bolivarismo de este momento encuadra a numerosos centralistas de la Patria Boba, en tanto que el santanderismo asila los reductos de lo que antes fué federalismo.

Hubo buena mayoría santanderista, y con notable oportunismo el General cucuteño obtuvo que se modificara la ley de convocatoria para excluír como elegible a la diputación al Presidente en ejercicio, es decir, a Bolívar, mas no a su Vicepresidente. Santander fué, pues, elegido diputado a la Convención. Se abrió la sesión el 9 de abril con 64 diputados de los 108 elegidos, y empezó el estudio de dos proyectos de Constitución: El proyecto gobiernista o bolivariano fué redactado por José María del Castillo y Rada; Vicente Azuero presentó el proyecto antibolivariano.

El proyecto gobiernista consideraba facultades extraordinarias para el Presidente en ciertos casos, período presidencial de ocho años, un Consejo de Estado compuesto por los Secretarios del despacho presidencial, un ejecutivo colegislador, y una reformabilidad de la Constitución moderada en su procedimiento.

El proyecto oposicionista creaba legislaturas en cada departamento, excluía la posibilidad de facultades extraordinarias al Presidente, un Consejo de Gobierno impuesto al Presidente se originaba en el Congreso; período presidencial de cuatro años sin reelección para el período siguiente; y largo y difícil trámite para la reforma de la Constitución.

Ante la imposibilidad de algún logro, tras dos meses de inútiles deliberaciones, los bolivaristas se retiran y, roto el quorum, la Convención fracasa.

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A fines de agosto, Bolívar hace conocer el Decreto Orgánico de la Dictadura respondiendo a las excitaciones de sus partidarios de Colombia y Venezuela, con proyección hasta 1830. En él estatuye el Consejo de Estado como cuerpo asesor del gobierno, y promete respeto a la libertad de expresión. Vista la realidad histórica con la frialdad que propicia el paso del tiempo, parece que la dictadura del Libertador estuvo más en la actitud que en la legislación. Bolívar hizo uso del poder, pero no se descarrió en la pretensión de legitimar los abusos. El mismo comprendió la gravedad del compromiso cuando pidió a sus conciudadanos compasión "por el pueblo que obedece y el hombre que manda solo".

Bolívar ejerce el poder a plenitud. Decreta la abolición de la Vicepresidencia, y reglamenta algunas de las consideradas libertades públicas. La situación estaba caldeada y los ánimos exaltados, de modo que la subsiguiente conspiración septembrina es claramente explicable como consecuencia de todo ello.

Los participantes en el atentado septembrino fueron en su mayoría idealistas liberales que conservaron sus principios en los años posteriores, a diferencia solo de Mariano Ospina Rodríguez y Florentino González que acabaron sus años en el partido conservador. Un poco antes de la medianoche, el 25 de Septiembre de 1828, iniciaron el episodio bajo la dirección táctica del Teniente Coronel Pedro Carujo y con el apoyo de veinticinco artilleros. Pretendían los golpistas que Bolívar y sus ministros debían ser detenidos. Se había acordado hacerlo en un baile que se daba en la legación diplomática de México, pero el temor de que se descubriera el plan forzó a adelantarlo. Salieron los conjurados de la casa del poeta Luis Vargas Tejada. Agustín Horment, francés, dio de baja al centinela de palacio. Sin un tiro más y sin resistencia efectiva de los cuarenta guardias, los antibolivaristas entraron a los pasillos y salas. Bolívar, prevenido por la algazara y con la ayuda de Manuela Sáenz, antes esposa de Thorne, se arrojó por una ventana a la calle y buscó refugio a unas cuadras de allí, bajo un puente.

Tras la fallida conspiración, el Presidente Bolívar deroga el Decreto Orgánico y se consolida la verdadera dictadura."De hoy en adelante pondré en práctica la autoridad que por el voto nacional se me ha confiado, con la extensión que las circunstancias hagan forzosa... Las mismas circunstancias fijarán la duración de esta extensión de autoridad." Así lo dice el documento derogatorio. Catorce conspiradores son ejecutados. Otros se fugaron. A Santander se le conmutó la pena de muerte por el destierro, y salió rumbo a Europa.

La imágen de Santander ha sido examinada en profundidad por la historiografía. No se alientan dudas sobre algunos aspectos concurrentes

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en estos episodios: Santander era enemigo de Bolívar. Era jefe de la oposición al gobierno. Indicó y estimuló la conveniencia de su retiro de la Presidencia. Pero se descarta que hubiera participado directamente o con su anuencia en la conspiración. Algunos inclusive postulan que la conspiración se hizo efectiva contra la voluntad del General.

LA CONSTITUCION DE 1830

El año de 1829 estuvo señalado por diversos hechos que agudizaron la crisis del gobierno, entre ellos la rebelión y asesinato del General José María Córdova4. Córdova, el más ilustre de los militares antioqueños –era rionegreño- se levanta contra la dictadura del jefe a quien otrora convirtió en su ídolo. El gobierno central envía en su busca al Coronel José María Montoya, con el encargo de que ofrezca a Córdova el cargo que elija dentro del país o en sus legaciones diplomáticas, con tal de que desista de su intento. Agregado, además, que le será imposible resistir a la Columna de Occidente enviada contra él. Rehúsa Córdova y continúa su marcha por El Peñol. Los marinillos optaron por apoyar a O’Leary contra su coterráneo, y la Columna de Occidente atraviesa la región sin obstáculos. El 17 de octubre a las seis de la mañana llegó la tropa de Córdova a la mesa de El Santuario. A la aparición del enemigo la dividió en tres guerrillas y se quedó con la del centro. Ante la solicitud de rendición formulada en voz alta por el General Daniel Florencio O’Leary, Córdova respondió, insultante y altivo, que no se entregaba a un mercenario extranjero. Una de las primeras compañías responsable de la lucha en vanguardia, la del Capitán Braulio Henao, fue rápidamente destrozada, y la derrota se precipitó. En una hora la reducida hueste de Córdova fue batida. El héroe recibió un proyectil en el pecho, y siguió luchando. Muerto su caballo, Córdova, que estaba perdiendo sangre, se refugió en una casa situada a unos metros. Las fuerzas de O’Leary solo habían sufrido trece bajas por muerte. Con órdenes de buscarlo, dadas personalmente por O’Leary, otro mercenario, el irlandés Ruperto Hand, penetró en la casa y preguntó por Córdova. Este se identificó, y el irlandés descargó varios sablazos sobre la cabeza del General. Dice la crónica de José María Arango, testigo presencial, que Hand fue detenido por el Coronel Tomás Murray, pero al presentar la orden escrita en inglés, procedente de O’Leary, fue dejado en libertad. Murray, quien había llegado primero, encontró a Córdova sentado en la cama y recibió su solicitud de que buscara a alguien que lo auxiliara. Murray salió e informó en voz alta a O’Leary que allí estaba el General Córdoba y que Hand estaba asesinándolo. El irlandés “contestó con una expresión grosera y se alejó a caballo.” Un poco después retornó y le dijo 4 El héroe antioqueño escribió su apellido con V. Sus biógrafos han preferido conservar la grafía Córdova, no ignorando que el apellido pueda tener relación con el toponímico español Córdoba, sede del célebre califato.

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a Murray : “Yo dí la orden de matarlo”. Hand, en premio de su hazaña sanguinaria y bárbara fue ascendido por O’Leary a primer comandante efectivo.Tal lo declaró el Coronel Murray en el proceso que se siguió después. Algunas personas caritativas, cuando se arrojaba a fosa común los cadáveres, ocultaron el cuerpo del héroe y un poco después se dirigieron con él en una parihuela hacia Marinilla. En el punto de Platanillo, entre El Santuario y Marinilla, dejó de latir el corazón de Córdova.5

Bolívar instaló a principios de 1830 el Congreso Constituyente que él mismo llamó admirable por la calidad de los miembros y la serenidad de los debates. Ocupó su presidencia el Mariscal Antonio José de Sucre, y fué Vicepresidente el Obispo Estévez de Santa Marta. Bolívar se retiró del mando el 1o. de marzo.

La Constitución es conservadora y centralista. Se consagra la unión de los estados. Continúa el confesionalismo excluyente a favor de la religión católica. Hay predominio del presidente, pero define la responsabilidad tanto de éste como de los demás funcionarios públicos. En las provincias –ahora llamadas departamentos- administran los Prefectos, pero se crean Cámaras de Distrito, y Concejos Municipales. También se han creado el Consejo de Estado y el Ministerio Público . Se elimina la pena de confiscación. Y se extiende la nacionalidad a los libertos. Esta Constitución, que no tuvo vida política ninguna, intentaba crear normas para la Gran Colombia, que en la práctica estaba ya disuelta por la separación de Venezuela y de Ecuador. Dando juego a las transacciones entre los partidos intentó restablecer el equilibrio administrativo e ideológico y moderar el centralismo que caracterizaba a la Constitución de Cúcuta. Llegó tarde, sinembargo, esta solución. Y dió entrada a la dictadura del general venezolano Rafael Urdaneta que se prolongará hasta abril de 1831.

DISOLUCION DE LA GRAN COLOMBIA

La unión política de Nueva Granada, Venezuela y el departamento de Quito -hoy república de Ecuador- se originó en el Congreso de Angostura, en 1819, y duró solamente hasta 1830. Respondía al ideario bolivariano y era el intento de construír un Estado grande y poderoso, que no solamente estuviera en condiciones de hacer la guerra anticolonialista con 5 La narración completa, lo mismo que la cínica y mendaz declaración del irlandés O’Leary se encuentran compiladas por Jorge Orlando Melo y Alonso Valencia Llano en REPORTAJE DE LA HISTORIA DE COLOMBIA. Editorial Planeta.

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éxito, sino de complementar la victoria con una organización sólida y una prospección futurista de desarrollo, civilidad y riqueza. En la década en que se vivió tal unión, probablemente cumplió esos objetivos. Pero el mismo Bolívar mostró su escepticismo después de 1825 cuando empezaron los conatos de separación y el retorno a los intereses parroquiales de los líderes políticos y militares cuya visión era más reducida y pragmática. Gracias a esa integración fué posible movilizar fuerzas y llevar la libertad a las naciones vecinas.

De otro lado, conspiraban contra la unión de estos pueblos varios institutos ya ampliamente analizados por la historiografía. La Colonia había dado impulso a varios centros políticos que en la realidad mantuvieron su influjo: Caracas y Quito siempre tuvieron recelos del centralismo de las autoridades arraigadas en Santa Fe y Bogotá. Siempre fué difícil sustentar la obediencia de Venezuela y Quito a las directivas de Santa Fe. Asimismo, la estructura sociológica yuxtaponía, sin lograr la integración, esas tres almas nacionales intuídas por el Libertador: el militarismo de los venezolanos, la vida casi ascética de los quiteños, y la vida universitaria e intelectual, muchas veces colindante con el leguleyismo, de los neogranadinos. En los comienzos de la república, hacia 1812, el centralismo fué defendido por Nariño, con gran visión de las necesidades del momento y de la conveniencia de unificar el mando militar para la defensa del vasto territorio. Sinembargo, pasados los años y vividas las penosas experiencias posteriores, el mismo Nariño -nuevamente con gran visión política- propugnó el partido contrario, la federación, con la consideración de que las disensiones internas y los intereses políticos no daban un futuro promisorio para una administración centralizada. El análisis político, la visión de la historia a posteriori, permite inferir que en ambos casos tenía razón el prócer santafereño...

A más de las expuestas, que son verdaderamente razones sociopolíticas, hay muchos hechos coyunturales que inciden en el separatismo. Se daban frecuentes resquemores en el tratamiento entre los militares de un lado y otro. Los militares granadinos se sentían postergados y hallaban favoritismos intolerables del gobierno y de Bolívar hacia sus paisanos, y éstos por su parte fueron algunas veces perseguidos y acusados por el Congreso civilista de los santafereños. El desconocimiento de las directivas del gobierno era lógico en un territorio inmenso e incomunicado, y se unía a la fácil rebelión frente a un gobierno física y afectivamente distanciado. La persona misma del Libertador, cuya talla heroica y carismática era venerada y acatada aquí y allá se mantenía lejana, ocupado el guerrero en la conquista de la libertad para otros pueblos, y quienes le reemplazaban en el ejercicio del gobierno, especialmente Santander, eran incapaces de mantener la unión de los pueblos y la disciplina de los ejércitos. No poco ha de atribuírse, asimismo, al influjo de los caudillos que en sus áreas de influencia -Páez en

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Venezuela y Flórez en Ecuador- alentaban sus propios y personales intereses.

LA MUERTE DEL LIBERTADOR

Antonio José de Sucre, el Gran Mariscal de Ayacucho, de Cumaná en Venezuela, era uno de los caracteres más puros, si los hubo, entre los hombres de la independencia. Sincero partidario y admirador de Bolívar, no quiso, empero tomar partido en las controversias entre bolivaristas y santanderistas. Cuando Bolívar se retira del poder, prefiere irse al sur, al Ecuador. En la mañana del cuatro de junio de 1830 en la montaña de Berruecos, Sucre recibe cuatro tiros de varios asesinos emboscados. Su pequeña comitiva lo abandona temerosa. Solo al día siguiente lo recogen y entierran en la vecindad. Las investigaciones posteriores atribuyeron el atentado a José Eraso y Juan Gregorio Sarria, a quien todos temían en la región como antiguos guerrilleros realistas y luego protegidos del General José María Obando, cuya autoridad imponía tolerancia a sus depredaciones y abusos. La autoría intelectual se endilgó al mismo Obando. El magnicidio tiene su contexto en los intereses separatistas de los caudillos del sur, los cuales temían que el temperamento comtemporizador y la alta autoridad moral y política de Sucre pusiera en peligro la decisión ya tomada de separarse de la Gran Colombia.

Tras la muerte del que fué su más grande sueño, no podía Bolívar sobrevivir un largo tiempo. El 17 de diciembre muere en la Quinta de San Pedro Alejandrino, paradójicamente propiedad de un peninsular. A partir de 1830 empieza a revisarse concienzudamente el pensamiento bolivariano, abigarrado de aciertos y errores pero colmado de sentido político y preñado de futuro.

Qué pensó Simón Bolívar para su tiempo y para el nuéstro ?

Se conoce la precariedad de sus cálculos para los días inmediatos, y el fracaso de sus ideas en el momento mismo en que las quiso realizar. Sinembargo, pensando en función de patria, no para el día sino para la eternidad, Bolívar fascina al estudioso por la hondura de sus pensamientos y la proyección futurista de sus perspectivas. Bien puede decirse que una alta proporción de su pensamiento, de lo que ideó y quiso para América, está por hacerse y conserva su oportunidad y sus conveniencias. El valor del genio está en la intemporalidad de su pensamiento, y algunos encuentran allí mismo la raíz de su frecuente fracaso.

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LECTURA COMPLEMENTARIA

ACTA DE LA INSTITUCION DEL ESTADO LIBRE E INDEPENDIENTE DEL SOCORRO

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El pueblo del Socorro, vejado y oprimido por las autoridades del antiguo Gobierno, y no hallando protección en las leyes que vanamente reclamaba, se ve obligado en los días nueve y diez de julio de 1810 a repeler la fuerza con la fuerza. Las calles de esta Villa fueron manchadas por la primera vez con la sangre inocente de sus hijos que con un sacrificio tan heroico destruyeron la tiranía; y rompiendo el vínculo social fue restituído el pueblo del Socorro a la plenitud de sus derechos e imprescriptibles de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad que depositó provisionalmente en el ilustre Cabildo de esta Villa y de seis ciudadanos beneméritos que le asoció para que velasen en su defensa contra la violencia de cualquier agresor, confiando al propio tiempo la administración de justicia a los dos Alcaldes Ordinarios para que protegiesen a cualquier miembro de la sociedad contra otro que intentase oprimirle.

En el propio acto deliberó convocar a los ilustres Cabildos de la ciudad de Vélez y de la Villa de San Gil para que cada uno enviase dos diputados por el pueblo respectivo que asociados a otros dos que eligiría (sic) esta Villa, compusiesen una Junta de seis vocales y un Presidente que nombrarían ellos mismos a pluralidad de votos. Verificada la concurrencia de cuatro Diputados que son el D.D. Pedro Ignacio Fernández, el Doctor don José Gabriel de Silva, el Doctor Don Lorenzo Plata, y don Vicente Martínez, se halla legítimamente sancionado este Cuerpo y revestido de la autoridad pública que debe ordenar lo que convenga y corresponda a la sociedad civil de toda la Provincia, y lo que cada uno debe ejecutar en ella. Es incontestable que a cada pueblo compete por derecho natural determinar la clase de gobierno que más le acomode, también lo es que nadie debe oponerse al ejercicio de este derecho sin violar el más sagrado que es la libertad. En consecuencia de estos principios la Junta del Socorro, representando al pueblo que la ha establecido, pone por bases fundamentales de su constitución los cánones siguientes:

1º. La religión cristiana que uniendo a los hombres por la caridad, los hace dichosos sobre la tierra, y los consuela con la esperanza de una eterna felicidad.

2º. Nadie será molestado en su persona o en su propiedad sino por la ley.

3º.Todo hombre vivirá del fruto de su industria y trabajo para cumplir con la ley eterna que se descubre en los planes de la creación y que Dios intimó a Adán nuestro primer padre.

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4º. La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar con el sudor de su frente, y así una generación no podrá limitar o privar de su libre uso a las generaciones venideras con las vinculaciones, mayorazgos y demás trabas contrarias a la naturaleza y sagrado derecho de propiedad a las leyes de la sucesión.

5º. El que emplea sus talentos e industria en servicio de la patria vivirá de las rentas públicas; pero esta cantidad no podrá señalarse si no es por la voluntad expresa de la sociedad a quien corresponde velar sobre la inversión del depósito sagrado de las contribuciones de los pueblos.

6º. Las cuentas del Tesoro Público se imprimirá cada año su provecho, distinta a los agentes del fisco que cumplan sus deberes, y mande se castigue a los que falten.

7º. Toda autoridad que se perpetúa está expuesta a erigirse en tiranía.

8º. Los representantes del pueblo serán elegidos anualmente por escrutinio a voto de los vecinos útiles, y sus personas serán sagradas e inviolables. Los primeros vocales permanecerán hasta el fin de año de 1811.

9º. El Poder Legislativo lo tendrá la Junta de Representantes cuyas deliberaciones sancionadas y promulgadas por ella y no reclamadas por el Pueblo serán las leyes del Nuevo Gobierno.

10º. El Poder Ejecutivo quedará a cargo de los Alcaldes Ordinarios y en los Cabildos con apelación al Pueblo en las causas que merezcan pena Capital, y en las otras y civiles de mayor cuantía a un tercer Tribunal que nombrará la Junta en su caso.

11º. Toda autoridad será establecida o reconocida por el Pueblo y no podrá removerse sino por la ley.

12º. Solamente la Junta podrá convocar al Pueblo, y este no podrá por ahora reclamar sus derechos sino por medio de Procurador General, si algún particular osare tomar la voz sin estar autorizado para ello legítimamente, será reputado por perturbador de la tranquilidad pública y castigado con todo el rigor de las penas.

13º. El territorio de la Provincia del Socorro jamás podrá ser aumentado por derecho de conquista.

14º. El Gobierno del Socorro dará auxilio y protección a todo Pueblo que quiera reunírsele a gozar de los bienes que ofrecen la libertad e igualdad que ofrecemos como principios fundamentales en nuestra felicidad.

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No habiendo reconocido el Cabildo del Socorro al Consejo de Regencia hallándose ausente su legítimo Soberano el señor don Fernando Séptimo, no habiéndose formado todavía Congreso Nacional compuesto de igual número de Vocales de cada Provincia para que reconozca y delibere sobre los grandes intereses del cuerpo social, y los de paz y guerra, reasume por ahora todos esos derechos. Cuando se haya restituído a su trono el Soberano, o cuando se haya formado el Congreso Nacional, entonces este pueblo depositará en aquel Cuerpo la parte de derechos que puede sacrificar sin perjuicio de la libertad que tiene para gobernarse dentro de los límites de su territorio, sin la intervención de otro gobierno. Esta Provincia, organizando así el suyo será respecto de los demás como su hermano siempre pronto a concurrir por su parte a la defensa de los intereses comunes a la familia. Un tal pacto no podrá degradar sino al que nos quiere reducir a la antigua esclavitud, lo que no tememos ni de la virtud de nuestro adorado Soberano el señor don Fernando Séptimo que será el padre de sus pueblos, ni tampoco de alguna otra de las Provincias de la América que detestan como nosotros el despotismo y que reunidas en igualdad van a formar un imperio cimentado en la igualdad; virtud que se concilia también con la moral sublime del Evangelio, cuya creencia es el amor que une a los hombres entre sí.

En el día que proclamamos nuestra libertad y que sancionamos nuestro Gobierno por el acto más solemne y el juramento más santo de ser fieles a nuestra CONSTITUCION, es muy debido dar un ejemplo de justicia declarando a los indios de nuestra Provincia LIBRES DEL TRIBUTO que hasta ahora han pagado y mandando que las tierras llamadas resguardos se les distribuyan por iguales partes para que las posean con propiedad y puedan transmitirlas por el derecho de sucesión; pero que no puedan enajenarlas por venta o donación hasta que hayan pasado veinticinco años contados desde el día en que cada uno se encargue de la posesión de la tierra que le corresponda. Asimismo se declara que desde hoy mismo ENTRAN LOS INDIOS EN SOCIEDAD con los demás ciudadanos de la Provincia a gozar de igual libertad y demás bienes que proporciona la nueva CONSTITUCION, a excepción del derecho de representación que no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces necesarias para hacerlo personalmente.

El gobierno se halla bien persuadido que para su establecimiento y organización necesita del aumento de las rentas públicas, pero contando con la economía de la administración de ellas y con desinterés patriótico con que se han distinguido muchos de nuestros conciudadanos, y con que esperamos se distingan todos los agentes del Nuevo Gobierno: permitimos la SIEMBRA DEL TABACO en toda la Provincia del Socorro, y

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el estanco de este género cesará luego que se haya vendido el que se halla en las administraciones y factorías.

La Junta de la Provincia del Socorro, compuesta por ahora de los cuatro individuos referidos, habiendo leído en alta voz al pueblo esta Acta, y preguntándole si quería ser gobernado por los principios que en ella se convienen, respondió que sí, y entonces los Procuradores Generales del Socorro y de San Gil a su nombre prestaron el juramento de fidelidad a la CONSTITUCION, y de obediencia al nuevo Gobierno, diciendo con la mano puesta sobre los Santos Evangelios y con la otra haciendo la Señal de la Cruz, juramos ante Dios, en presencia de la imagen de nuestro Salvador que los pueblos cuya voz llevamos cumplirán y harán cumplir el ACTA CONSTITUCIONAL que acaban de oír leer, y que si lo contrario hicieren serán castigados con toda la severidad de las leyes, como traidores a la patria. Los representantes juraron con igual solemnidad la inviolabilidad del Acta y su fidelidad al nuevo Gobierno protestando que en el momento que alguno viole las leyes fundamentales caerá de la alta dignidad a que el pueblo lo ha elevado, y entrando en el estado privado será juzgado con todo el rigor de las leyes. Con lo cual se concluye esta Acta que firman por ante mí los referidos Representantes y Procuradores Generales para que sea firme e invariable en la Villa del Socorro, en quince de Agosto de mil ochocientos diez.

José Lorenzo Plata – Doctor Pedro Ignacio Fernández – Doctor José Gabriel de Silva – Vicente Romualdo Martínez – Juan Francisco Ardila – Marcelo Ramírez y González – Pedro Ignacio Vargas – Ignacio Magno – Joaquin de Vargas – Salvador José Meléndez de Valdés – José Manuel Otero – Miguel Tadeo Gómez – Ignacio Carrizosa – Francisco Javier Bonafont – Juan de la Cruz Otero – José Romualdo Sobrino – José Ignacio Martínez y Reyes – Isidoro José Estévez – Pedro José Gómez – Narciso Martínez de la Parra – Francisco José de Silva – Carlos Fernández - Luis Francisco Durán – Juan José Fernández – Ignacio Peña – José Ignacio Durán – Doctor Jacinto María Ramírez y González – José María Bustamante.

(Fuente: Es anexo de la obra EL PODER POLITICO EN COLOMBIA, de Fer-nando Guillén Martínez. Editorial PUNTA DE LANZA. Bogotá 1979.)

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PUNTOS PARA

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

***** Al parecer, en el proceso de Independencia, la igualdad y la libertad fueron para el pueblo, las clases populares, apenas un señuelo. Los intereses reales que se movían eran diferentes. Será posible que hoy ocurra otro tanto? Habría razones para pensar que el pueblo sigue siendo arrastrado detrás de señuelos, y que la realidad está lejos de lo que se aparenta en la lucha política?

***** El debate Centralismo-Federalismo en el siglo XIX está bien entendido. Cuando este debate renace en nuestros tiempos, tendrá iguales razones? Como se sustenta o se combate ideológicamente hoy el Federalismo? Y el Centralismo?

***** Las ideas básicas de Bolívar, la dictadura constitucional, el legislativo aristocrático, y el control de la moralidad ciudadana por el gobierno, todavía tientan a algunos y reaparecen disfrazadas en la praxis política. Recuerda episodios que ilustren la idea? Cree que tales ideas sean oportunas hoy? Qué razones hay para pensarlo así?

***** En Bolívar encontramos esa curiosa actitud de quienes rechazan el autoritarismo ajeno pero justifican o defienden el propio. Tenemos argumentos para disuadir a quien tal piense y conquistarlo para el partido de la tolerancia? Pero, además, hasta dónde debe ir la tolerancia del demócrata?

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III

LA NUEVA GRANADA

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Separados los Estados que conformaban la Gran Colombia, empieza la historia de la Nueva Granada, ahora políticamente diferenciada tanto de Venezuela como del Departamento de Quito, hoy llamado Ecuador.

En mayo de 1830 es elegido presidente de la República Joaquín Mosquera para un período que será excepcionalmente difícil por las alborotadas relaciones entre bolivaristas y santanderistas, que era tanto como decir el enfrentamiento de los civilistas granadinos con los militaristas de la cohorte venezolana cuya hegemonía había tolerado el Libertador. En septiembre es derrocado, con intervención directa del Batallón Callao, formado en su mayoría por venezolanos. Los sublevados imponen a su compatriota Rafael Urdaneta. A Mosquera le corresponde ser el primer Presidente nacido en la Nueva Granada : es también el primer Presidente colombiano que es derrocado. A mediados del año siguiente se rebelarán contra Urdaneta los generales Obando y López en el suroccidente, y Salvador Córdoba en Antioquia. Ante el descontento que se extiende por el país, Urdaneta firma un acuerdo con el Vicepresidente Domingo Caicedo en Juntas de Apulo, y tras avisar al Consejo de Estado su decisión de retirarse, se va con su familia a Venezuela, de donde no vuelve nunca. Vale recordar que Domingo Caicedo, quien no fue nunca titular de la presidencia, estuvo por diversas razones encargado de ella en once ocasiones entre 1830 y 1842.

JOSE IGNACIO DE MÁRQUEZ, quien antes de cumplir sus veintiocho había presidido las sesiones del Congreso de Cúcuta, y posesionado a Bolívar y a Santander como Presidente y Vicepresidente de la nueva república, como más tarde a Mosquera y a López, ingresa al mando en 1832 como Vicepresidente, en ausencia del Presidente Santander. Márquez ejerce el mando de marzo a octubre. En 1833, Santander administra la república y ejerce el mando con energía que algunos consideran excesiva. A mediados de ese año reprime la conspiración de José Sardá con la condena a muerte de cuarenta y seis conspiradores, que el Presidente reduce a diecisiete, y cuya ejecución presencia solemnemente el 16 de octubre. Sardá se escapa y Santander ordena apresarlo y traerlo vivo o muerto. Los militares que lo apresan le dan muerte. Algunos historiadores comentan bajo su responsabilidad que la mayor culpa de Sardá era, después de haber sido combatiente por España, el haber prestado lealtad a Bolívar.

SANTANDER, sin duda uno de los grandes estadistas por la oportunidad con que obró y tomó decisiones tanto en la logística de la campaña libertadora como en la organización del Estado, tuvo una acción especialmente meritoria en relación con la educación en el país. De su formación como abogado siempre le quedaron como modelo las leyes españolas e indianas, y el espíritu jurídico español. Conservó una

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reverencia casi sacralizada hacia las normas, y de ahí que para criticar el espíritu formalista de los colombianos se hable de santanderismo. Abre en Santa Fe y en provincias colegios para huérfanos, expósitos y niños pobres, con sostenimiento a cargo de la nueva república. Y para reglar el comportamiento de docentes y alumnos ordena –y él mismo lo hace más de una vez- redactar estatutos nuevos que sean diferentes de los vigentes bajo el imperio de la educación clerical anterior. Estos, así lo ordena, deben estar actualizados de acuerdo a las últimas tendencias pedagógicas y didácticas vigentes en Europa y los Estados Unidos.

La educación había sido en la Colonia un privilegio de las élites. Para todo el Nuevo Reino de Granada existían dos Colegios Mayores, tres seminarios en las provincias, y algunas escuelas monacales de los Franciscanos, los Agustinos y los Dominicos. Estos tenían, además, en su Universidad de Santo Tomás, el privilegio exclusivo de otorgar grados académicos. Santander es el primero que pone mano e interés en la educación. La ordena general y gratuita. El Estado controla la ideoneidad de los enseñantes, y un representante del gobierno central acude a la evaluación pública de las tesis de quienes aspiran a doctorarse. Desde 1820 había logrado de Bolívar la creación de escuelas para los hijos de los indios, actitud democrática que repetirá con los años al abrir para ellos en igualdad de condiciones los centros de altos estudios. De ese mismo año es el decreto en el que por vez primera se regula la llamada instrucción pública. Se ordena la creación de escuelas en villas y lugares, en casas y con dotación a cargo del gobierno, y se compele a los padres de familia para que arbitren recursos para pagar los sueldos de los maestros y bedeles. Prohibe los castigos degradantes como la férula y el azote, y recomienda la instauración gradual del sistema inglés conocido como “lancasteriano” -no por la ciudad, como algunos pensaron, sino por su creador Joseph Lancaster-. Lancaster, innovador de la pedagogía en Inglaterra, había explicado personalmente sus ideas a Simón Bolívar cuando en 1810 visitaba éste a Francisco de Miranda en su hogar de Londres. Bolívar transmitió su entusiasmo por la nueva pedagogía a Santander, y juntos lograron que el mismo Lancaster se instalara hacia 1824 en Venezuela para aplicar creativamente sus métodos. Santander se vale de Fray Sebastián de Mora, experto en el sistema inglés, para difundir sus bondades desde Cúcuta hasta el Cauca y Ecuador. Más tarde llega al país el profesor francés Pierre Commetant, con refuerzos de material pedagógico del sistema de Lancaster. Este se encargó de la misma labor en las zonas del Zulia, el Magdalena y Panamá.

Santander encarga a los legados de la república en Europa el envío de libros con el derecho privado y público conocido entonces, con objeto de tomar modelos para las instituciones neogranadinas. Con ellos llegan también los textos económicos de Juan Bautista Say, de Jeremías

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Bentham6, de Destutt de Tracy. Este acaba de publicar en 1823 su Tratado de Economía Política... Su pensamiento es de avanzada en el continente europeo, pero gravemente revolucionario para la mentalidad pacata y la indefensión intelectual de los americanos. Con ellos, con su pensamiento, con su influjo, empezamos a salir de la influencia tomista y de los balbuceos pastoriles en el derecho, la filosofía y la ciencia. Es innecesario agregar que la difusión de sus conceptos es posible por la libertad de imprenta, garantizada por Santander y sus seguidores liberales. A principios de 1822 ha establecido la capacitación de los maestros a partir de Escuelas Normales que se fundan en Bogotá, Caracas y Quito, y que serán, parece, las primeras en el continente suramericano. Un mes después ordena el cese a la discriminación en los seminarios y Colegios mayores, y las puertas que antes se cerraban ante quienes tuvieran “la mancha de la tierra”, acogen ahora las aspiraciones de criollos de alcurnia al lado de quienes tienen por ancestro la paciencia secular de indios y menestrales. Incorpora a la Biblioteca Nacional los documentos y libros de la Expedición Botánica de Mutis. Funda el Colegio de Boyacá7 en Tunja, la Escuela Náutica en Cartagena, el Colegio Académico en Medellín, el Santa Librada en Cali, y en homenaje a Bolívar el San Simón, de Ibagué. Y en todas sus fundaciones prevé que se otorgue un grupo de becas para los hijos de los héroes y para los indígenas. Interviene en la renovación de los estatutos de la Universidad de Caracas y propicia la fundación de varios seminarios en provincia como anexos de ella. Contrata misiones extranjeras y trae de Europa ingenios que restauren la investigación científica en la Escuela de Minas y dispone la creación del Museo de Ciencias. Empiezan a escucharse conferencias de mineralogía, ictiología, botánica y entomología. Y su amigo y asesor José Manuel Restrepo, compañero tambíen de claustro, empieza a redactar la HISTORIA DE LA REVOLUCION. Incluye en el pensum de los colegios el curso de Constitución para dar a conocer la de Cúcuta. Y otro tanto se hace con los códigos de derecho privado y público. La renovación de ideas se busca a partir del cambio de textos. Hay menos Aristóteles y Tomás de Aquino. El Derecho Público se estudia en Lepage, que es protestante, y en Vattel. En 1824 ya hay cátedra de Geografía y de Historia de la patria, regentada por Rufino Cuervo. En ambiente tal, creado en menos de una década, la Constitución que redacta Bolívar sobre moldes retrógrados de tradición romana ha de caer como una inesperada sorpresa y un inaceptable giro atrás. Al retirarse del poder, en 1827, Santander deja como realidad nueva, y solamente en el campo de la educación primaria, cuatrocientas treinta y cuatro escuelas de

6 Aunque éste, Bentham, ya era comentado por Nariño en sus tertulias en 1811.7 Este benemérito claustro será suprimido en 2000 por el gobierno de Andrés Pastrana.

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metodología tradicional, y más de cincuenta con la nueva pedagogía lancasteriana.

Respecto de la organización universitaria, a Santander se deben disposi-ciones iniciales que propician la adopción del pensamiento universal y moderno, la conformación de consejos administrativos en los cuales se dibuja ya la cogestión, el establecimiento de becas en el exterior, la in-serción de auxiliares y monitores de docencia, las bibliotecas especiali-zadas, los jardines botánicos y los laboratorios para las asignaturas ex-perimentales, la imprenta y las publicaciones universitarias, la jubilación para los servidores de la universidad, y la autonomía universitaria bajo la supervisión del Estado.

Asimismo extendió la pensión de jubilación a los maestros, con el agregado de que si seguían en funciones tendrían un sobresueldo del 50% por cinco años más, y si pasados los 25 años de trabajo continuaban en él con eficiencia, tendrían sueldo doble.

También es precursor de la Acción Comunal que, perdida por largo tiempo, fue rescatada en parte por Jorge Eliécer Gaitán en la década del 40, y más cerca de nuestro tiempo se vió implementada en las acciones cívico-militares que se intentaron como instrumento de pacificación, como las habían ensayado los marines estadounidenses en las Islas Filipinas en la postguerra de la Segunda. Santander, en 1826, ordena convocar a los vecinos de cada lugar para que unidos en cooperación construyan escuelas y hagan veeduría permanente sobre la moralidad y la eficiencia de los maestros. En el 36, cuando retorne de su exilio en Europa, después de relacionarse en París, Roma, Londres y Hamburgo, con los autores de los textos que había impuesto y recomendado, habrá superado el dogmatismo anterior y tolerará que se destituya de las mentes educandas la influencia de Bentham y de los otros, y se retorne a la influencia clerical y dogmática ahora propiciada por una Iglesia y un conservatismo que recuperan sus fuerzas.

En 1832 se expidió una Constitución de tendencia liberal moderada y de carácter centro-federal. Se señala como fin de la organización política evitar el despotismo y la anarquía. Consagra la igualdad de todos los ciudadanos. Se relieva el predominio del ejecutivo. Existen las provin-cias, regidas por los gobernadores, y se legisla para ellas por las Cáma-ras Provinciales. Elimina el requisito de la propiedad para ejercer los de-rechos políticos, y conserva la nacionalidad a los libertos.

MARQUEZ es elegido Vicepresidente en el 35, y dos años más tarde en contienda con JOSE MARIA OBANDO y VICENTE AZUERO, alcanza la pre-sidencia de la República. En su administración establece cátedras tanto de derecho como de formación militar. Ya desde entonces se observaba

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en la administración pública el vicio de hacer cabildeo desde los cargos que se ejercían. El presidente destituyó por tal razón a dos eminentes li-berales siempre considerados como prohombres del partido, Lorenzo María Lleras y Florentino González, quienes devengando del gobierno conservador le hacían oposición desde sus cargos públicos.

El censo que por entonces se realiza arroja una población de casi dos mi-llones de habitantes en la Nueva Granada.

El gobierno de Márquez en el tránsito del 38 al 39 organizó lo atinente a la deuda pública, asumiendo para la Nueva Granada una obligación por el 50%, en tanto que el resto comprometía a Venezuela y Ecuador.

LA REVOLUCION DEL 39

Fué originada, al parecer, en el descontento generado con la supresión de algunos conventos. Debe tenerse presente que se decidió por el Congreso, a solicitud del obispo de Popayán, y el gobierno simplemente ejecutó la decisión. Obando amenazó a Popayán, y fué reprimido por el General Herrán y tratado con generosidad ejemplar. Pero difundida la especie de que Obando estaba implicado en el asesinato de Sucre, se reinició la rebelión y se extendió a gran parte del país hasta principios de 1842. Resalta en estas acciones como en muchas otras anteriores y posteriores, el influjo de la religión católica en el proceso de la historia política de Colombia. A pesar de su radicalismo liberal, el General Obando se dió el título de Supremo Director de la Guerra y Protector de la Religión del Crucificado. Muchos jefes locales dieron su apoyo a la revolución, pero a la postre el gobierno logró reprimir el alzamiento. Una de las batallas para destacar es el triunfo legitimista del General Braulio Henao en Salamina (Caldas) en mayo del 41. En Antioquia, la rebelión fue encabezada por Salvador Córdova y fue apoyada militarmente por algunas tropas al mando de José María Vesga, gobernador de la provincia de Mariquita. Heroína de este episodio es la antioqueña María Martínez, casada con el señor Pedro Nisser, sueco de nación. Ella se matricula en las tropas defensoras del gobierno, o legitimistas, Y en Salamina participa en los preparativos del combate, en el cual intervienen varios hombres de su parentela. Tanto o más interesante que su participación es el Diario con sus observaciones e impresiones. Su convicción es la de que Dios está con los conservadores que defienden al gobierno, y ello se refuerza con la presencia en el combate de los sacerdotes Restrepo Uribe, Marín, y Montoya, que acompañan a los defensores de la Constitución, alientan a los de su lado en las escaramuzas, y también atienden a los moribundos con la absolución final. Uno de los heridos, Escolástico Marulanda, dice morir feliz porque Dios ha ayudado a restablecer el orden legal. A la postre, el General Braulio Henao derrota a Vesga, combate cuyo desenlace, piensan los legitimistas, no solo es atribuíble a su valor sino en

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buena proporción a la cooperación de un Dios, defensor de la legalidad y del gobierno ... La formación religiosa que se daba en las familias consolidaba este pensamiento en las gentes, que en muchos casos eran incapaces o no tenían interés de separar la religión de la política, con una posición que en Europa había sido civilizadamente superada desde los finales de la Edad Media.

Terminada la revolución o guerra de los Supremos se hace notorio que la Constitución del 32 es muy generosa en las atribuciones a los gobiernos provinciales y debilita la administración central, lo cual como se ha mostrado por la revolución es especialmente grave en la presencia de crisis y conmociones. El gobierno central ha parecido maniatado por la Constitución misma, mientras los jefes regionales hacían de las suyas promoviendo sus ambiciones políticas.

CONSTITUCION DE 1843

De tendencia centralista y conservadora, esta Constitución sería el modelo de la del 86.8

Pacificado el país por el Presidente Pedro Alcántara Herrán, las legislaturas del 42 y 43 redactan la nueva Constitución requerida por el gobierno y aconsejada por las anteriores circunstancias. Sancionada en abril, tiene algunas características que la muestran como reacción frente a la del 32. Sustituye con el Consejo de Gobierno el Consejo de Estado. Los Gobernadores y Agentes Diplomáticos pasaron a ser de nombramiento del Presidente. El Gobierno podría presentar proyectos de ley. Los Magistrados de la Corte Suprema, designados por el Congreso, harían ternas de las cuales el Presidente elegía los Magistrados de los Tribunales de Distrito.

El bandazo que da el constituyente, desde el anterior federalismo hasta el fortalecimiento del ejecutivo, lleva a los críticos a tildar de monarquista la nueva Carta. Ya los partidos estaban en formación, y sus enfrentamientos conceptuales fueron enfocados a partir de la Constitución misma. Esta reconocía en forma muy amplia las garantías civiles y las libertades individuales. Se modificó el régimen de elecciones para corregir su exagerada frecuencia. Se amplió la base poblacional para darle más representatividad al Congreso, y se desarrollaron con claridad sus atribuciones. A pesar de la ingerencia del ejecutivo en la conformación de los Tribunales, se consolidó la independencia del poder judicial. Se consagraron para el Presidente atribuciones extraordinarias para los tiempos de conmoción, y se confirmaron sus facultades administrativas ordinarias. Se atribuyó al Congreso la interpretación de la Constitución, 8 Véase GAONA CRUZ MANUEL. ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. Minjusticia. 1988.

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y se facilitó el trámite de su reforma. El Título III de la Carta se define como inmodificable, y en él se consagra el gobierno como republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable. Se considera la tridivisión en poderes legislativo, ejecutivo, y judicial. Como garantías fundamentales la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. Y se compromete al gobierno en la protección, sostenimiento y preservación de la religión católica, apostólica y romana, con el carácter de única reconocida y aceptada.

Pero las instituciones políticas son sumamente dinámicas si se considera que las sociedades no son homogéneas, y ningún tipo de organización satisface a todos los individuos. Así, con la vigencia de la Constitución del 43 empieza también su examen crítico, y quienes están descontentos con ella planean reformas y aún piensan en sustituírla y recuperar más amplias libertades y garantías, menos restricciones, y más favores en beneficio de la descentralización y el federalismo.

Entre los años 1845 y 1849 se da la primera administración, y probablemente la más productiva para el país, de TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA. En ella se producen innovadoras medidas sobre moneda y cambio, sobre navegación y comercio –se reabren como arterias económicas el río Magdalena y el Canal del Dique-, formación militar, educación de la juventud, cartografía y topografía, caminos y calles, sistema métrico decimal, bancos y ahorro, etc.

Aunque los pasos dados a partir de 1810 en materia de organización social, económica y política, fueron de suma importancia, la observación de los procesos mostraba que todavía a mediados del siglo XIX, muchas instituciones, costumbres, y modos de vida, eran en Colombia de carácter colonial. En verdad, la estructura había cambiado muy poco en materia de impuestos y todavía estaban sometidos a los estancos del tabaco y el aguardiente como rentas oficiales, existía la esclavitud, y los terratenientes administraban la propiedad agraria como en los viejos tiempos. Uno de esos grandes propietarios era la Iglesia, y disfrutaba de numerosos privilegos, constituída casi en cogobernante del país, con notoria manipulación de los movimientos electorales en favor de los criterios más conservadores y autoritarios. El régimen de alcabalas, diezmos y comercio exterior, no había tenido ningún progreso. Y ello a pesar de que a costa de mucha sangre se habían introducido elementos políticos de trascendencia, como el sistema de elecciones más o menos democráticas, las garantías y libertades civiles, el principio de legalidad de las decisiones administrativas, etc. Para muchos historiadores la consideración es que treinta años después de lograda la independencia, todavía se continuaba viviendo en plena colonia. Razones como las expuestas condujeron a una reacción importante en muchos sentidos, y que ha sido conocida como la revolución del medio siglo.

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LA RELIGIÓN EN LOS COMIENZOS DE LA REPÚBLICA

En términos generales, el proyecto político colombiano ha tenidos tres vertientes, liberal, conservadora y liberal-conservadora (bajo el Frente Nacional). De ahí que lo que pudiera denominarse ambientación ideológica presenta muy pocas variantes, y ninguna de carácter radical como claramente fascista o comunista. Ni siquiera se han dado intentos de socialización, a pesar de las pretensiones de la República Liberal, y de la intentada Constitución Corporativa de 1952. Sin embargo, como se verá más adelante, la verdadera innovación viene con la Constitución populista neoliberal de 1991.

En el siglo XIX el mosaico de la discriminación sociológica se muestra agudamente en las mujeres. Ricas y pobres, campesinas y urbanas, blancas, negras e indígenas o mulatas, casadas, solteras y monjas, todas conformaban verdaderos estratos con características muy definidas. Aunque todas, cual más, cuál menos, soportaban la distancia fundamental y la sujeción al varón, que las convertía en objeto sexual frecuentemente manipulado y maltratado. El hogar, la oración y las obras de misericordia, eran las ocupaciones de las damas de alcurnia. La cocina, la agricultura, ambas formas de esclavitud clara, eran el oficio de las demás. Las restricciones a que todas estaban sometidas eran proyección de una imagen marcadamente romántica y por lo mismo católica, importada de Europa, a la par con las mantillas y las sedas que usaban.

La mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años, aunque hombres y mujeres eran hábiles para el matrimonio a los 14 y los 12 años. El matrimonio seguía el molde romanista, y la mujer salía del yugo del padre para pasar al del marido.

Bajo los gobiernos radicales las mujeres incrementaron del 16 al 35% su ingreso a los planteles de educación, y al terminar el siglo XIX alcanzaron el 40%. Pero a lo largo de todo el siglo se tuvo la convicción de que no convenía otorgar derechos políticos a la mujer. Y en esto fueron concordes los hombres de todos los partidos. Lo que no impidió que participaran activa e inteligentemente –con conocimiento de causa- en las contiendas políticas callejeras y en las confrontaciones bélicas como estímulo y compañía de los actores.

JOSE EUSEBIO CARO (1817-1853) es, en los comienzos de su formación filosófica, racionalista y positivista, y políticamente inclinado hacia el

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socialismo contra las tendencias dictatoriales de los rezagos del bolivarismo. Posteriormente se hizo defensor de las ideas tradicionalistas y se solidarizó con las administraciones y el pensamiento conservador a partir de 1840. Con Ospina Rodríguez funda el primer periódico definidamente partidista conservador, y redacta el primer Programa del Partido. Habla de que hay una monstruosa contradicción en un gobierno que paga al clero para que difunda la idea de Dios y exalte las esperanzas de la inmortalidad, y simultáneamente sostiene una educación con profesores que se ocupan en popularizar las vaciedades del ateísmo y “la absurda proposición de la existencia de la Nada”. A su juicio, las causas de las revueltas son el hambre, la inmoralidad y la irreligión. De su pensamiento, originariamente progresista, quedó su aversión permanente al monarquismo y a despotías militaristas y posiciones similares que algunos de sus copartidarios defendieron y alabaron.

Pensadores como José María Samper, Miguel Antonio Caro y Carlos Martínez Silva, ejercen enorme influjo por su formación filosófica y política, y con ellos el pensamiento conservador desarrolla un activismo periodístico y publicitario sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Ellos van a ilustrar a los ciudadanos electores sobre los problemas fundamentales del tiempo, como son las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la organización republicana del Estado, y la promoción de la paz pública. Aunque de formación inicialmente liberal, José María Samper promueve ideas que más acomodan en el talante de los conservadores, y con ellos defiende y propugna el rechazo al utilitarismo y a los valores originados en la Revolución Francesa, profesa el providencialismo o creencia en la dirección de los asuntos humanos por la mano de Dios; defiende a ultranza el principio de autoridad, y los aspectos formales de la justicia. Todos ellos son partidarios del gobierno fuerte, de las tradiciones nacionales de fuente hispánica, del centralismo político y la descentralización administrativa, idea que Núñez tomará de ellos; de la restricción de las libertades a la difusión del pensamiento por la cátedra y la prensa, y la ampliación de las mismas para el ejercicio del culto católico. La educación de la niñez ha de ser cristiana, y otro tanto se quiere de la moral que se predique y practique en el país. En sus obras y artículos periodísticos se citan, interpretan y vulgarizan las instrucciones de la Iglesia impartidas en encíclicas como la Quanta cura (1864), la Inescrutabili (1878), la Quod apostolici (1878), la Aeterni Patris (1879). Diuturnum illud (1881) e Immortale Dei (1885), complementadas por el Syllabus (1864). Los temas desarrollados eran la tesis cesarista de que las leyes de la Iglesia obligan en conciencia aunque no sean promulgadas por el poder civil, los males generados a la sociedad por la incredulidad y las doctrinas disolventes difundidas por algunos partidos y escuelas, los errores del período moderno frente a las enseñanzas y el dogma cristianos, la filosofía cristiana y su interpretación del orígen y proyecciones del poder civil, cuya finalidad no puede ser otra que proteger

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la acción de la Iglesia romana, la vocación sobrenatural del hombre, la naturaleza de la sociedad civil y las consecuencias del origen divino del poder. Y en todos los documentos, el catálogo de errores e impiedades atentatorias al magisterio eclesiástico y a sus pretensiones de dominio católico, es decir, universal.

La denominada cuestión religiosa se dio en Colombia a lo largo del siglo XIX con parecidas connotaciones a las que tuvo en Europa y en el resto de Latinoamérica. Tenía relación íntima con la política educativa, puesto que la pretensión de la Iglesia era asumir y monopolizar la educación, y un punto claro de las opiniones liberales era propiciar como consecuencia de una separación de Iglesia y Estado, una educación laica y bajo la responsabilidad y supervisión del Estado. Pero el otro aspecto de controversia entre liberales y conservadores era la influencia vaticana o eclesial sobre la política nacional en términos generales. A través de las Constituciones se habían dado numerosos e importantes privilegios a la Iglesia Católica, se le había dado al Estado el carácter confesional y a ella el monopolio de conciencia al ser el único culto autorizado y en ocasiones oficial en el país. El mismo siglo XIX es testigo de los esfuerzos por la unificación de Italia, que lograrán Mazzini y Garibaldi en 1870 a costa de los Estados Pontificios y de la supremacía temporal de la Iglesia Católica. El liberalismo es visto como enemigo directo de sus jerarquías y es condenado teológica y filosóficamente por los pontífices como idea perniciosa que por hacer concesiones al siglo aleja los hombres del debido respeto a los sacerdotes y de los intereses de la salvación.

Pero en Colombia no hubo, ni entonces ni después, tentaciones de combatir la creencia en Dios ni el culto católico. De hecho, el liberalismo, y más el liberalismo burgués o empresarial, fue siempre dado al espiritualismo. Y leyendo a Polibio con sentido pragmático recordó que la religión es un instrumento válido de sujeción y de manipulación de las masas. El liberalismo no fue nunca ateizante. Pero sí reivindicó la división del trabajo sobre el cuerpo y el alma, o sobre las actitudes sociales y la conducta personal, planteando claramente que es competencia del Estado la vida social, y la moral personal es campo de trabajo para las religiones. De ahí que nunca aceptara de buen grado la ingerencia de las religiones, de ninguna de ellas, sobre la educación de las juventudes, y rechazara con determinación la intervención de los sacerdotes en el proceso electoral, y la conversión del confesionario y el púlpito en tribunas polítiqueras. Mas de destacar era la preferencia de los liberales por el culto privado y discreto, y de los conservadores por el culto público y pomposo, probablemente más formal y aparente, y por lo mismo con un compromiso social y político.

Se entiende la discrepancia religiosa de liberales y conservadores, si se mira que los primeros, dentro de su postulación de las libertades

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individuales, acogieron el libre examen de los luteranos como una bandera filosófico-teológica de primera importancia. El liberalismo y su democracia son protestantes, como la rebelión contra las autoridades monárquicas y la promoción de la descolonización de los pueblos. El partido conservador es el partido del respeto a la autoridad, y a la autoridad monárquica que simplemente repite la monarquía del papado romano. Además, en cuanto católicos, los conservadores colombianos han de resentirse de las ideas e instituciones liberales de claro ancestro protestante.

La pretensión totalitarista de la Iglesia Católica ha tropezado en todas partes con el pensamiento liberal. Y el interés de sojuzgar a los gobiernos, con la Iglesia y sus jerarquías erigidas sobre el poder civil, estandarte conservador, ha sido forzosamente el blanco de la acción liberal. En el proceso histórico de formación de la nacionalidad fue frecuente encontrar que cuando la beligerencia clerical exageraba su avidez, la consecuencia era la supresión de comunidades religiosas, el cierre de conventos, la expropiación de bienes y la expulsión de sacerdotes. Porque la Iglesia y sus jerarcas no se limitaban en el campo económico a predicar sus ideas y difundir sus aspiraciones. Sino que acumulaban extensas propiedades como vastas reservas sin explotación inmediata. Esta actitud contrariaba los dogmas liberales de la economía clásica, especialmente en tiempos de la fisiocracia, cuando la tierra, el objeto económico por excelencia, debía estar adecuadamente explotada porque era el pivote sobre el que giraba la producción mercantil que era el lubricante de la vida nacional. Como lo han interpretado varios tratadistas, las medidas tomadas bajo el gobierno de López o de Mosquera, y otras similares aunque de menor incidencia bajo otras administraciones, no constituían persecución religiosa sino defensa de los intereses políticos de la burguesía liberal, de los terratenientes criollos que se abrían paso como clase dominante. No era enemistad con Dios o con sus obispos y sacerdotes, sino interés de mantener en acción el sentido económico de la propiedad, en beneficio de todos. En la comunicación pública en la que Rafael Núñez explicaba el sentido de la desamortización de bienes de manos muertas, dijo: “Se busca, entre otros fines, resolver ... el arduo e inmenso problema de la distribución equitativa de la propiedad...”. Desde la década del veinte el criterio liberal promovía la explotación pemanente de los recursos agrícolas y aún del terreno urbano, con un sentido económico. A juicio de sus personajes nada perjudica tanto el desarrollo y el progreso como la parálisis de la circulación económica originada en la explotación del suelo.

Hay qué anotar que era generalmente mayor la oposición, entre nosotros, de la iglesia nacional que de sus autoridades vaticanas. De hecho, no hubo mayor objeción de Roma a la expropiación de los bienes eclesiales, acumulación lograda no en el proceso productivo sino como fruto de donaciones y regalos de gentes ignorantes y piadosas. Existía, por otra

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parte, el antecedente de la expropiación realizada por el Estado francés tras la Revolución del 79, ante la cual no formuló reparos la jerarquía romana.

En el pensamiento de Sergio Arboleda hay entera claridad en conceptos como los de que la libertad tiene por límite el derecho y todo el derecho proviene de Dios, no de la sociedad. Y ésta está sujeta a leyes anteriores a toda legislación. El catolicismo, dice, es la religión de la libertad. Por su perfección, derivada de su orígen divino, es la única llamada a corregir y reprimir las demás creencias perniciosas difundidas, por ejemplo, por el islamismo y el protestantismo. El gobierno debe estar fundado en la ley natural, que resposa sobre los principios fundamentales de Religiosidad, Sociabilidad, Perfectibilidad, Racionalidad, Libertad, Gobernabilidad y Responsabilidad, que tienen siempre una connotación religiosa. De ahí, dice, que todos los pueblos hayan sido y sean religiosos. La religión es el fundamento del orden social y político. “De todas las religiones, la cristiana católica, es la que enseña la moral más pura, y la que mejor asegura la independencia de los poderes religioso y político. La supremacía política del Pontífice en un pequeño Estado, le constituye independiente de todos los poderes de la tierra, sin hacerle temible a ninguno; pero como en él la calidad de rey es muy subalterna, y su dignidad principal es la de pontífice a quien acatan todos los pueblos católicos, es seguro que por los intereses de política interior (caso que esto fuera posible) no decidirá nunca en punto de dogma, moral, y buenas costumbres, en contra de los intereses de la humanidad: así Roma protege la libertad del mundo, pero a su vez el mundo protege la libertad de Roma”.

Con respecto a las acciones dirigidas contra frailes y sacerdotes por diversos administradores liberales, ha de considerarse que aunque los exégetas conservadores ven en ello una actitud antirreligiosa, las explicaciones de la otra orilla plantean la necesidad de tomar medidas políticas contra quienes atrincherados en presuntos fueros de religión se convertían en activistas de la oposición más hostil. Mosquera no desterraba con ellos a los ministros de la religión sino a los activistas de la tenaz oposición dirigida por Mariano Ospina Rodríguez. Mosquera dice –en cita traída por Gerardo Molina9: “La religión católica tiene dos clases de ministros: los que realmente son discípulos de Jesucristo y apóstoles de su santa y divina doctrina, y los sectarios del romanismo , que es una secta político-religiosa e instrumento de los tiranos para gobernar a nombre de Dios a todo el mundo”. Por otro lado, circulaba el pensamiento de quienes como Sergio Arboleda afirmaban que “cualquiera nación necesita que no se la tiranice, que se la deje libremente cumplir el destino que la 9 MOLINA GERARDO. LAS IDEAS LIBERALES EN COLOMBIA. 1849-1914 TOMO ITercer Mundo. Bogotá.

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Providencia le tiene señalado; que no se la desvíe del centro a que tiene derecho en fuerza de las leyes que rigen a la sociedad en el orden moral y político: necesita a Dios.”10

La Convención de Rionegro aprobó el decreto de desamortización de bienes eclesiásticos, el juramento de los sacerdotes de obediencia a la Constitución y leyes de la Nación, la incapacidad de los ministros del culto para elegir y ser elegidos, y en general para ocupar cargos públicos. Parecía, como lo predicaban los radicales, que el clima igualitario tenía ciertos requisitos. Si el clero quería evangelizar y promover la caridad cristiana, era adecuado que lo hiciera dentro de las limitaciones señaladas por las leyes de la República a la que ellos pertenecían y debían obediencia. Infortunadamente el pensamiento conservador albergaba pretensiones fundadas en el imperialismo religioso de Roma, y no toleraba ninguna restricción a la acción de los sacerdotes, aliados y difusores de tal criterio político.

Entre los radicales, Murillo Toro era partidario de no exagerar la libertad religiosa por la prevención de que sería usada contra el que la daba. Pero Aquileo Parra veía inmaduras las circunstancias para la laicización del Estado. Santander, en su momento, había sido partidario de continuar el Patronato como fórmula de controlar la acción de los prelados y la influencia de las instrucciones pontificias.

En la educación, los puntos de vista eran concretos. Enseñanza laica y gratuita, decían los liberales. Educación privada, -decían los otros-, pagada por los padres de familia, quienes además definirían su orientación religiosa a cargo de la Iglesia. Tan acerba fue la campaña conservadora contra la educación estatal pública y laica, descrita como formación ateizante y antirreligiosa, que en el 86 definitivamente el Estado la entrega a la Iglesia Católica.

Cuando a fines del siglo aparece el texto de Monseñor Rafael María Carrasquilla, ENSAYOS SOBRE LA DOCTRINA LIBERAL (1895) las ideas que el ilustre sacerdote reúne y condensa corresponden a la interpretación política conservadora que se había movido sobre todo como fórmula de oposición desde 1849. Carrasquilla recordó a sus lectores que el liberalismo era doctrina condenada por el Papa Pío IX en su Syllabus, y que la execración se dirigía a tesis como las de que el pueblo es sustento de la soberanía; que es legítimo derrocar a los gobernantes despóticos; que la Iglesia debe obediencia a cada Estado donde actúa y predica; que la estructura política ideal es la de la Iglesia libre en el Estado libre; que todos deben ser favorecidos en igualdad de condiciones para ejercer las 10 ARBOLEDA SERGIO. LA REPUBLICA EN LA AMERICA ESPAÑOLA. Citada en ANTOLOGIA DEL PENSAMIENTO CONSERVADOR EN COLOMBIA. Colcultura. 1982.

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libertades de culto, de conciencia, de pensamiento, de palabra, de imprenta, de enseñanza; que la instrucción debe ser pública, laica, y obligatoria; que el matrimonio y las relaciones de familia deben estar supervisadas y controladas por el Estado. Entonces como en la primera mitad del siglo XX se constituyó en difícil problema de conciencia la unión del pensamiento liberal con la fe católica, sin que muchos entendieran que no se trataba de un problema filosófico o teológico sino de disciplina. Simple y llanamente, era interés político de los jerarcas colombianos impedir el triunfo electoral del partido liberal, y se valían de su autoridad sobre las conciencias para buscar este objetivo, que nada tiene de evangélico ni de moral. A menos, desde luego, que se piense que el pensamiento liberal es anticristiano e inmoral. Monseñor Carrasquilla desplegaba las riquezas de su estilo señalando que en el liberalismo lo que no era definitivamente herético era falso, y aunque había excepcionalmente liberales buenos, no era posible que el buen liberal fuera buen católico y esta presentación equivalía a decir que ser liberal era ser enemigo de la Iglesia, del Papa y de Cristo. A comienzos del siglo veinte Rafael Uribe Uribe, bien preocupado por los estragos que tal predicación pudiera causar en las filas desorientadas de obreros y campesinos, sectores intelectualmente indefensos, se dio a la tarea de intentar algún género de refutación en sus escritos reunidos bajo el título DE CÓMO EL LIBERALISMO NO ES PECADO. A la vista de hoy, no es difícil pensar que Uribe Uribe complicó aún más las cosas al desentrañar el pensamiento liberal con un lenguaje profundo y oscuro por los filosofismos que introdujo. Distinguir, en efecto, dentro del liberalismo el naturalismo racionalista de la estrategia puramente política enmaraña más las cosas para el pueblo raso. No fue muy eficaz por ello su campaña, y no puede considerarse que en el resto del siglo XX se haya aclarado suficientemente para las masas populares que el liberalismo no es comunista, no es enemigo de Dios, y garantiza el respeto a los sacerdotes católicos y con ellos a los de todos los cultos. La obra de Uribe Uribe tenía inclusive debilidades y concesiones doctrinarias, y su blandura es atribuíble a sus próximos intereses en la candidatura política. No obstante fue combatida y condenada por los jerarcas católicos, y algunos -Ismael Perdomo, entre ellos- prohibieron bajo pecado su lectura y difusión.

LA ECONOMÍA EN LOS COMIENZOS DE LA REPÚBLICA

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El proceso histórico de una nación forzosamente está relacionado en forma íntima con la producción, distribución y consumo de los bienes destinados a la vida cotidiana. Los episodios históricos están, mal que se quiera, consignados a los altibajos y vaivenes del proceso económico. Y para su comprensión es necesario que la observación y medición empíricas propicien luego una generalización, por lo menos en los niveles más profundos de la interacción social. Antes de zambullirse en los fenómenos de la economía neogranadina del siglo XIX es preciso recordar sus antecedentes coloniales, con un mercado precario, manipulado por la potencia ocupante y dirigido a consolidar sus intereses y dominación. Ese período económico fue suficientemente homogéneo y permite determinar brevemente sus características, tendencias y resultantes. El intercambio no se comporta claramente como capitalismo en su fase mercantil, en parte por lo rudimentario de una conducta económica prácticamente a nivel de aldea, y por la prioridad de la producción para el consumo. De todos modos, tampoco es adjudicable el esquema feudal. América, en los análisis de Franz Fanon y de Gunther, no tuvo feudalismo porque las características esenciales de éste en la Europa medieval no se dieron aquí :–estratificación clasista, tenencia de la tierra, paso del esclavismo a la servidumbre de la gleba y de la dependencia personal del esclavo, la “manus”, a la dependencia indirecta del siervo a través del cultivo de la tierra-. Lo más parecido que en la Nueva Granada se observó fue la Encomienda, y es institución típica española, y pensada para el régimen colonial en América. En los primeros tiempos se da la hegemonía económica de terratenientes, mineros y comerciantes, acompañados éstos, en el sector urbano por las alianzas con los descendientes de los funcionarios reales y municipales de la península española. El gran fundamento de la circulación de riqueza es el oro. El oro origina las diversas formas de circulación de mercancías tanto internamente como con la metrópoli, y es el estímulo requerido para el progreso en las comunicaciones. Y la razón no fue su abundancia o su valor implícito, sino la necesidad concreta de las economías europeas. Se había producido una expansión de las manufacturas que requería mercado. De no haber sido por el descubrimiento de América, probablemente la economía europea, como un todo, hubiera entrado en crisis de sobreproducción, con la consecuente caída de las rentas privadas y públicas. Los metales amonedables escaseaban en Africa, y su hallazgo en estas colonias, unido al bajo costo de su explotación, explica la importancia del oro en la economía de los siglos XVI a XVIII.

La economía del oro se extendió gradualmente por el Nuevo Reino durante tres siglos, y los primeros tiempos de la agricultura cumplen apenas el papel de apoyo. Las regiones agrícolas se desarrollan como entorno de abastecimiento a los núcleos mineros. Otro tanto se dirá del comercio, que empieza como actividad itinerante con las provisiones para unos y otros.

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En los distritos mineros fueron menos afortunadas las minas de veta o de filón, situadas en Almaguer, Popayán, Pamplona, Anserma, Cartago, Marmato, Riosucio, Santa Fe de Antioquia y Pamplona. Su explotación fue decreciendo hasta desaparecer. En cambio las minas de aluvión duraron y produjeron más, en buena proporción porque requerían menos tecnología y se trabajaban con más elementales técnicas. En ellas se trataba simplemente de asimilar y mejorar por los españoles lo que los indios venían haciendo desde tiempos inmemoriales11, aunque sin darle la trascendencia que los nuevos dueños.

No es completa la usual afirmación de que súbitamente se relevó a los indios por esclavos negros en la industria minera. Es entendible que no era medida prudente prescindir de la secular experiencia acumulada por los indios en las técnicas de la explotación del oro. No fue tan eficaz la palabra de obispos y predicadores, y a pesar de su conmiseración, la idoneidad de los indios forzó a utilizarlos en las minas. Fue necesario que se agudizara el conflicto cuando la acumulación permitió a algunos dueños el hacerse terratenientes agricultores. El abandono de las minas hizo necesario que los pocos que se seguían interesando en ellas buscaran otros recursos de explotación laboral. La agricultura estaba ocupando en alta proporción a los trabajadores indígenas. Pero sólo cuando la mano de obra india empezó a faltar, los encomenderos con minas se interesaron en la compra de esclavos, fórmula que de todos modos les resultaba más costosa que la anterior. No hubo,pues, en ello, la motivación tradicionalmente propuesta, de caridad cristiana o generosidad patronal hacia los indios.

En el siglo XVIII ya estaban tan consolidadas las fórmulas minera y agrícola, como ejes de la economía colonial, que varias haciendas importantes se destinaban específicamente a los abastos de los centros mineros. Y los comerciantes ofrecían su capital disponible tanto para las inversiones en minas como en tierras laborables.

Para el período siguiente, en el cual habrá un aporte fundamental a cargo del sector agrícola, es preciso adentrarse en el origen de la propiedad y tenencia de la tierra. Originariamente, ésta es distribuída por los cabildos, conformados por los mismos conquistadores y sus huestes, y posteriormente por las Audiencias y sus dignatarios. A veces eran títulos precarios que requerían la confirmación del monarca. A propósito vale recordar que el sistema de propiedad sobre la tierra y sus conexidades no siguió en España las líneas del derecho romano (El dueño del suelo es dueño del cielo y del subsuelo). En el sistema español, que es el que luégo 11 Se trataba de la llamada “técnica del canalón” que combinaba la acción del agua con la labor manual.

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continuará el derecho colombiano, la corona se reserva la propiedad sobre el subsuelo. La tierra superficiaria se distribuirá a través de las mercedes reales, y sobre el subsuelo se otorgarán privilegios de explotación condicionados a un tributo del 20% del producto, que cobrarán los quinteros reales. La tierra fue explotada en forma que generara excedentes suficientes para el sostenimiento de los colonizadores y sus familias. La indiada debe sustituír el cultivo del maíz por el de trigo, cebada, garbanzos, habas, fríjoles, caña, lino. Y pagar en especie algunos tributos.

Coexistiendo con los resguardos, las tierras mejores eran ocupadas por los españoles. Pero a comienzos del siglo XVII se se notaba la disminución de la fuerza de trabajo disponible, y fue necesario que la Real Audiencia reglamentara la prestación de servicios a los encomenderos. Ya se distinguían los estancieros y los simples labradores, es decir, se habían estratificado los mismos peninsulares dependiendo de su riqueza. Por su parte, los indios también distinguían la vinculación permanente, o concierto, del trabajo temporal o estacional, llamado alquiler. Se incrementó el transporte y el trabajo con tracción animal, y se diseminaron los trapiches.

A comienzos del siglo XVIII ya está desapareciendo la encomienda y sigue parecida vía la mita agraria. La ganadería había empezado en una forma pastoril desde mediados del siglo XVII con la presencia de reses cimarronas en los valles interandinos, ocupando sus numerosos latifundios. Los territorios en torno a Neiva surtían de carne tanto a Santa Fe y sus vecindades como a Popayán y las suyas. Del valle del Cauca partían abastos pecuarios para toda Antioquia, y hacia el sur hasta Quito y sus alrededores. En el XVIII están sirviendo de centro a la explotación agrícola y pecuaria, para el mercado interno, las haciendas, y para el mercado internacional las plantaciones de ejercicio intensivo. Las primeras generalmente trabajaban con peones, y las segundas con esclavos. La forma económica del colonato aparece a fines del siglo XVIII y está relacionada directamente con la nueva agricultura del tabaco, que será bien importante a lo largo del siglo siguiente, y que será afectada en mayor o menor forma, en los distintos lugares, por la supresión de la esclavitud. Predominaban las unidades productivas con cultivos de caña, plátano, arroz, y potreros silvestres para la ganadería.

De todos modos, las mayores facilidades para el enriquecimiento rápído estuvieron a disposición de los comerciantes, no obstante la desorganización jurídica y la precaria infraestructura del trasporte y la comunicación. Punto a su favor tienen, por no haberse limitado a la acumulación y el posterior disfrute de la riqueza en la península o en otras regiones. Muchos de los comerciantes se interesaron en gastar en bienes de consumo y aún en invertir con posibilidades productivas en el Nuevo

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Reino. Con ello buscaron la estabilidad familiar y el reconocimiento social que unido a la mestización fue generando una nueva dinámica en la vida cotidiana. A veces no se miró bien, pero en el comercio estaban inmersos no solo quienes lo tenían por oficio sino aún los altos funcionarios de la Corona, en quienes a veces se llegó a encontrar responsabilidad por contrabando. Téngase presente, además, que el ejercicio mismo de atribuciones estatales estaba sometido al remate, pues abundaban los cargos venales.

Del interior del país se llevaba, para consumo en Antioquia y en Cartagena, harinas, cobijas, azúcar, carne, panela, lienzos, cacao, garbanzos, ajos, cabuya y costales. A Cartagena, en las flotas negreras llegaban también harinas de procedencia inglesa. Para la exportación, llegaban a la costa norte a fines del siglo XVIII algodón, cacao, cueros, palo brasilete y quina.

Tras la conformación de las haciendas y plantaciones se dio una nueva forma económica de administración agrícola y pecuaria. Aparecieron los colonos, los agregados, los aparceros, que participaban con su trabajo directo en la explotación de tierra ajena y generaban renta de la tierra, la cual ellos compartían, liquidando su participación en especie. En el siglo XVIII quienes no estaban vinculados a la agricultura, la minería y la ganadería, en sus diversas formas, no tenían más recurso que rebuscar en las zonas urbanas y en las cercanías de las dos o tres grandes ciudades existentes, la supervivencia para ellos y sus familias como pequeños mercaderes o tratantes, como arrieros, como servidores domésticos, pequeños artesanos fabricantes de artículos utilitarios, pulperos (cantineros) y arrieros. Y en estos oficios convergían ya los blancos pobres con los mestizos e indios. La estructura social distinguía una especie de patriciado de españoles viejos que era muy notoria en El Socorro, Girón, Cartago, Honda y Mariquita. Era menos notoria en Santa Fe y Popayán, porque allí el mayor poblamiento había generado mayor mezcla.

La colonización española tuvo una peculiaridad y es la financiación privada de la aventura. Ello condujo a la formación de verdaderas oligarquías económicas en la casta de los encomenderos. Las fuerzas de que disponían para subyugar a los indios y después para guardar el orden de las regiones conquistadas eran ejércitos privados, y por lo mismo perduraron a lo largo de los siglos siguientes y fueron fuente de numerosos conflictos, preservando los intereses de su jefe y viviendo a su costa en torno a su poblado y su encomienda. Y de los privilegios económicos se pasaba a las ventajas sociales, negadas a los mestizos, y con ellos a los negros, indios y esclavos: el acceso a la Universidad, la ordenación como sacerdotes, y los cargos productivos, como el de escribano.

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A finales del siglo XVIII ya estaba definida la armazón –que no organización política- de la colonia con los caracteres que los politólogos han encontrado en estas sociedades: Mando autoritario, centralizado en la Corona, vertical en sus instrucciones y uniforme en las estrategias de dominación y conservación. Pero el deseo de intervenir en todo y de intervenirlo todo no excluía, por el contrario arraigaba el tratamiento casuístico y detallado que ejercían los funcionarios de la Corona. Para todas las actividades cotidianas era necesario contar con la anuencia de algún funcionario, y el Estado –o lo que lo semejara en la Colonia- estaba completamente burocratizado, con lo que hoy además llamaríamos concentración y mejor aún confusión de poderes o de ramas del poder público. Desde virreyes y presidentes hasta alcaldes y corregidores detentaban atribuciones simultáneas de legisladores y jueces en sus distintos niveles, a más, naturalmente de sus facultades de administradores en nombre del Rey. Sin embargo, los abusos de poder y las desviaciones en el ejercicio de las atribuciones eran contrapesados por una complicada instancia de control recíproco servida por las necesarias confirmaciones y consultas con las autoridades superiores.

EL DESARROLLO INDUSTRIAL fue realmente lento. Hacia mediados del siglo XIX se promovió por los notables del país la participación en la Exposición Industrial de Londres, y lo que se esperaba mostrar era tejidos de fique y paja, lana y sedas vegetales, ruanas, lienzos, papel y loza, y objetos curiosos de cera, piedra, caucho y madera. Los historiadores de entonces reducen el comercio a episodios menudos como el envío de muebles de Pasto a Popayán, la distribución de ruanas y mantas en Bogotá, y de lienzos ordinarios en Tunja y en El Socorro, y la compraventa de sombreros de jipijapa producidos en el Valle del Cauca y en Antioquia, lo mismo que en Ibagué y Girón. Se dice que las tejedoras producían un sombrero por semana, pero era tal la rentabilidad por el bajo costo que se llegaron a exportar a las regiones algodoneras de los Estados Unidos. Y cuando empezaba a decrecer la demanda de este nuestro primer renglón de comercio internacional, se inició la apertura del Canal de Panamá en los ochentas, y se reactivó el comercio amplio de sombreros por treinta o cuarenta años más. En 1852 comentaba un periódico bogotano que los sombreros y el tabaco eran los sectores más productivos en la economía del momento.

Desde 1820 se acometió la empresa del hierro, en torno a la Ferrería de Pacho (Cundinamarca) reuniendo los intereses de agiotistas, abogados, terratenientes y mineros. A los cuales pronto se unieron algunos extranjeros conocedores de tal tecnología en sus patrias de orígen e interesados en una riqueza más o menos rápida. El mismo proceso se daría cuarenta años más tarde con la Ferrería de Amagá en Antioquia. La calidad inicial de sus productos era deficiente y fue común que los rieles

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se quebraran al paso de las locomotoras. En Samacá se construyó un alto horno, a gran costo, y desde los primeros usos comenzó a hundirse por fallas del terreno. Hacia 1890 ya estaba quebrada la Ferrería de Pacho, pero la de Amagá había sido salvada por el ingeniero metalúrgico General Pedro Nel Ospina. Los gobiernos de la época abandonaron a su suerte a los empresarios siderúrgicos, y las ferrerías fueron desapareciendo sin los necesarios subsidios estatales. Cuando llegó la salvación de la industria incipiente con las estrategias proteccionistas de Rafael Reyes sólo quedaban las ferrerías de Amagá y La Pradera. Pero ambas se acabaron cuando los gobiernos subsiguientes suspendieron la protección económica a las empresas en desarrollo.

LA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD.

Es uno de los fenómenos más propios del siglo XIX en América, pero tiene el antecedente, que no se debe omitir, de que los españoles y europeos progresistas y liberales pensaron en ella y consideraron su abolición en las Cortes desde 1808. Nuevamente fue propuesta por Antonio Villavicencio en 1809, al menos como acción gradual que debía comenzar con la liberación de vientres y la sugerencia de que se protegiera a los esclavos viejos incapaces ya de velar por sí mismos. Villavicencio no fue atendido por las autoridades españolas. Pero en los años siguientes se les cambió el trabajo doméstico, agrícola o minero a muchos de ellos, por la toma de las armas para defender los intereses de la Independencia o los derechos del Rey, según fueran sus amos patriotas o realistas. En 1816 Bolívar inicia la idea de garantizar la manumisión a los esclavos que entraran a las tropas de la Revolución. Pero estas pretensiones idealistas pronto cedieron ante el interés económico de unos y otros que eran renuentes a disminuír su propiedad privada. Y ya desde entonces se habló de que si se pretendía expropiar para liberar, los esclavos fueran pagados a su dueño por quien se ocupara en liberarlos, fuera el caudillo o el Estado. Cuando el Congreso de Cúcuta decreta la libertad de vientres, el promotor de esta actitud, JOSE FELIX DE RESTREPO fue suficientemente cauto al poner presente que la libertad de los esclavos no podía conducir al empobrecimiento de quienes legítimamente eran dueños suyos. Los hijos de esclavos serían libertos, pero continuaban obligados hacia sus amos hasta los dieciocho años de edad. Por eso se limitó, además, el vigor de la ley a las capitales de provincia., lo que retardó por contra el beneficio para los esclavos de las antiguas haciendas y plantaciones rurales. Además existía el expediente de la liberación cuando el esclavo o alguien por él pagaba los costos de su crianza y manutención.

En 1823 se prohibió la exportación de esclavos, y sólo en 1825 se abolió seriamente su comercio. El resultado de la abolición no fue muy generoso. No hubo miles de esclavos liberados. Las leyes abolicionistas se desconocieron con diferentes razones y fueron ineficaces en tal forma que

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todavía en 1842 se estaban pidiendo a los párrocos censos de esclavos en su área. Y todavía se daba curso a tales censos en 1853. La más alta proporción la había dado el año de 1778 con 62.000 esclavos para una población de ochocientos mil habitantes. Y había descendido de este 8% aproximadamente a menos del uno por ciento en 1851, cuando quedaban todavía unos 16.000 para unos dos millones de habitantes.12

La abolición definitiva, mucho después de la acción inicial de Don Juan del Corral en Antioquia en 1814, tiene fuente en la Ley de 21 de mayo de 1851, que encuentra oposición y genera conflicto en todo el suroccidente del país, con centro en Cali. En el Gran Cauca estaba más del 60% de los esclavos del país. Hubo tumultos y riñas, incendios en las poblaciones y en los ejidos, lo mismo que incursiones bandoleras. Pero las Sociedades Democráticas –de conformación liberal- celebraron en Bucaramanga y Cali mediante actos pintorescos y simbólicos, con participación de la Iglesia, la libertad de cincuenta esclavos allá y de cuarenta y seis aquí. En Cali tres párrocos dieron a sus parroquias los nombres de Libertad, Igualdad y Fraternidad...

Con la abolición de la esclavitud, la familia como núcleo amplio tiene sus modificaciones. Es frecuente que quienes antes fueron esclavos y crecieron en una familia permanezcan en ella o cerca de ella casi como hijos de crianza, y los adultos como los “clientes” de la familia romana del período clásico. En adelante, cuando toma forma la unidad familiar campesina en la economía agrícola, en algunas zonas, pero marcadamente en la Antioquia Grande, empezarán a abundar los hijos como recurso laboral. En efecto, los padres, ocupados en el cultivo de zonas más o menos conformadas como fundos más agrícolas que ganaderos por su ubicación en las faldas de la montaña, carecen generalmente de recursos para la contratación de labriegos. Por ello apelan a su propia familia, y procrean hijos numerosos que apenas pasada la infancia se ven ya inclinados sobre el surco y ocupados como auxiliares del cultivo. La explotación agrícola se hará en familia, y cuando los hijos se casen recibirán parte de la propiedad territorial familiar dando origen en dos o tres generaciones a una dispersión del dominio en minifundios cuyo producto será cada vez menos representativo económicamente.

LA ECONOMIA DEL PETROLEO

La economía del petróleo presenta episodios que retornan al punto inicial. Los conflictos de nuestros días con las tribus indígenas nos recuerdan que en sus comienzos se dieron parecidas controversias, porque las fuentes de 12 Véanse las cifras completas y su comparación en TOVAR PINZON HERMES. LA MANUMISION DE ESCLAVOS EN COLOMBIA, 1809-1851. En Revista CREDENCIAL HISTORIA Noviembre 1994.

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hidrocarburos empezaron a aflorar en algunos resguardos indígenas de la Costa Atlántica. En 1903, por iniciativa de Pedro Nel Ospina, se hizo aplicable el Código Fiscal de 1873 a los depósitos de asfalto, petróleo crudo y gas natural, asimilados para estos efectos a las minas de carbón. Con ello quedaban cobijados por las disposiciones sobre propiedad del subsuelo. Y en 1905 se confirió atribuciones al ejecutivo para otorgar privilegios en la explotación de depósitos de asfalto y aceites minerales. Así surge la concesión a Roberto de Mares sobre los yacimientos en las zonas de Carare y el Opón. Y lo mismo la concesión al general Virgilio Barco sobre yacimientos en Norte de Santander. En el mismo año se declararon vacantes los globos de terreno denominados resguardos y se legitimó la venta de ellos con el solo requisito de que hubieran sido vendidos en subasta pública. En los años siguientes hubo negociaciones para la explotación en los municipios costeños de Repelón, Turbaco, Baranoa, Usiacurí , Lorica y otros. La discusión originada definió que aunque los terrenos eran de los municipios, los yacimientos del subsuelo pertenecían a la Nación. Ni los municipios ni los indígenas de los resguardos tenían vocación al dominio del subsuelo y ello era patente desde los tiempos de la conquista y colonia, por razón del sistema español de propiedad territorial. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia definió, con fundamento en las Leyes de Indias, que los indígenas no eran usufructuarios sino dueños de los resguardos, y que la venta de los mismos era legal. Otra de las consecuencias planteaba la propiedad del subsuelo como incluída en las ventas... El asunto en lugar de aclararse se complicó...

En los llanos de Casanare está el Pueblo Viejo de Cusiana, en jurisdicción de Santiago de las Atalayas, provincia de Sugamuxi del departamento de Boyacá. En 1920 la sociedad Barrera & Neira recibió autorización de explotar yacimientos petrolíferos allí. A fines del mismo año, el gobierno de Marco Fidel Suárez firmó con el General Jorge Martínez Landínez un contrato para buscar la recuperación de tales tierras a favor del Estado, con un 45% de participación como honorarios del servicio. Martínez denunció los yacimientos del subsuelo de Cusiana. Logró que se declarara “bien oculto” y obtuvo que el Tribunal de Bogotá fallara a favor de la Nación en 1926 y ordenara a la sociedad Barrera & Neira restituír el fundo, lo que apenas se logró en 1937. En 1939 la Corte reconoció para Martínez derecho a la participación tanto en suelo como en subsuelo, pago que ordenó realizar el Presidente Santos en 1940. Martínez con ocasión de los grandes gastos efectuados, había hecho cesiones parciales de los terrenos a terceros, y los conflictos suscitados motivaron al gobierno para demorar indefinidamente el pago de la prestación. Después de diversas vicisitudes políticas y jurídicas, en 1971 Pastrana Borrero ordenó cumplir la obligación y escriturar el 45% del suelo y el subsuelo afectados, y el 55% restante como reserva de propiedad de la Nación se aportó a ECOPETROL. En 1993 el Congreso congeló las regalías debidas a los propietarios

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particulares del subsuelo de Cusiana, y posteriormente el Consejo de Estado definió en fallo que la propiedad del subsuelo es de la Nación con el carácter de patrimonio exclusivo. Este punto de vista fue reafirmado por la Constitución de 1991 en su artículo 332.

Por otro lado, la concesión De Mares fue traspasada con la anuencia del gobierno colombiano, en 1919, a la Tropical Oil Company, que más tarde cede sus acciones a la International Petroleum Company, de Toronto, subsidiaria de la Standard Oil, de New Jersey. En 1927 era su más productivo patrimonio fuera de los Estados Unidos.

En 1870, el país había llegado a los 2.700.000 habitantes. Y empezando el siglo XX tenía cuatro millones. Fueron tomando forma las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, y en ellas se asentó el diez por ciento de la población. Estas ciudades desplazaron o sustituyeron las que habían sobresalido en la Colonia, como Tunja, Santa Fe de Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Popayán, El Socorro, Girón y San Gil. Bucaramanga pasa por ser pionera en la vida frívola de los clubes para caballeros y hombres de negocios, a imitación de los existentes en Europa, con la fundación de la Casa de Tívoli en 1850, y veinte años después el Club de Soto que en 1876 será el Club del Comercio. Solo a fines de siglo aparecerán los clubes en la vida semiburguesa de Barranquilla, Medellín y Bogotá. Los clubes, en algún momento darán hospedaje a huéspedes ricos o especiales, pero la hotelería profesional apenas empezará en 1920, con el Hotel del Prado en Barranquilla, el Ritz de Bogotá (1929), y el Alférez Real de Cali (1930).

Ya desde mediados del siglo pasado hacia acá las costumbres electorales estaban definidas y diferían poco de las actuales. La picaresca histórica es abundosa en anécdotas sobre la manipulación de los votantes indios y pobres por las comunidades religiosas y los párrocos, y la existencia de gamonales que como en la novela de Chéjov eran “dueños” de centenares de almas, esto es, de electores que ubicaban donde les convenía. El clientelismo no era cosa nueva, dados los ancestros milenarios de esta táctica en el mundo romano del período clásico. El político venezolano Rómulo Betancourt, citado por Malcolm Deas, refiere que tras el período de las dictaduras en su patria, tuvieron que llevar asesores del departamento de Santander, “que es la universidad electorera de Colombia.”13 En el país han operado varios modelos de votaciones. Desde la Constitución de Cúcuta hasta la de 1853 las elecciones fueron indirectas y con sufragio restringido a los varones propietarios y alfabetos. El votante sufragaba por los electores definitivos. La Constitución del 53 entregó el sufragio a los hombres adultos con lo cual extendió la base electoral, lo 13 MALCOLM DEAS. LAS ELECCIONES Y LA POLITICA EN LA VIDA COTIDIANA REPUBLICANA. En Revista CREDENCIAL HISTORIA. 1994.

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hizo directo, y por otro lado dispuso que varios otros altos cargos fueran electivos, como la Procuraduría y las Magistraturas de la Alta Corte. El sufragio universal masculino se conservó bajo la Constitución del 58, pero el paso a la Federación permitió que los Estados Soberanos legislaran sobre sistemas electorales, con lo cual se conservó por unos la fórmula más democrática, y otros retrocedieron al sufragio restringido. Es importante recordar que en 1855, antes, al parecer, que en cualquier otro lugar del mundo, la Constitución Provincial de Vélez otorgó el voto a las mujeres. No se llegó al ejercicio del derecho porque la Corte Suprema bogotana declaró la decisión incompatible con la Constitución Nacional.

La Constitución del 86 restableció el sufragio indirecto con restricciones por alfabetismo y propiedad en la elección de presidente y congresistas. Solo en 1910 se recobra el voto directo, en 1936 el sufragio universal masculino, y en 1954 se conquista el voto femenino.

En el período federal dada la pluralidad de fechas y la frecuencia de elecciones puede afirmarse que no había campañas electorales sino que la lucha partidista era permanente y cotidiana. El país vivía en elecciones a lo largo de todo el año. De ahí la configuración del clientelismo o cauda electoral amarrada, y las funestas artimañas que degeneraron en fraude y violencia. Ya se veía, entonces, la pelea de gallos como mítin político, los auxilios en dinero para los pueblos y regiones, el licor como estímulo electoral... Antes de la Convención de Ocaña, se refiere , Santander cambiaba sus uniformes por ropa de la gente del pueblo para asistir a las reuniones políticas, con una clara vocación populista. El soborno y las presiones morales eran frecuentes, sobre todo cuando se votaba de viva voz como se hizo hasta 1840. Los fraudes eran de lado y lado. En 1856, en la elección presidencial de Ospina Rodríguez hubo pueblos de Boyacá que registraron más votos que sufragantes hábiles tenían. En 1875, en las elecciones de presidente nacional, el Estado de Bolívar puso 44.000 votos por Núñez, cantidad que excedía en mucho la población masculina adulta de ese Estado. Hubo en él 7 votos por Aquileo Parra, quien a la postre ganó la Presidencia, pues los electores que definían no eran los individuos sino los Estados, y la mayoría de estos opinó a favor de Parra. Desde cuando entra en vigor la Constitución de Núñez y Caro hasta fines del siglo, solo dos liberales llegan al Congreso, Rafael Uribe Uribe y el Negro Robles. Pero a pesar de tantas y tales fallas, el electorerismo colombiano ha sido admirado a lo largo y ancho del continente, porque se contrapone con ventaja al golpismo militar o cívico que en ocasiones ha primado en otros países, y que en el nuestro ha sido excepcional.

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LECTURA COMPLEMENTARIA

CONSTITUCION POLITICA DE LA NUEVA GRANADA

EN EL NOMBRE DE DIOS, LEGISLADOR DEL UNIVERSO

Y POR AUTORIDAD DEL PUEBLO

El Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso,

CONSIDERANDO:Que la Constitución política sancionada en veinte de abril de mil

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ochocientos cuarenta y tres no satisface cumplidamente los deseos ni las necesidades de la nación; En virtud de la facultad de adicionar y reformar la misma Constitución, que por ella está conferida al Congreso, y procediendo por los trámites y según la extensión de poderes que permite el acto adicional a la Constitución de 7 de marzo de 1853, decreta la siguiente

CONSTITUCION POLITICA DE LA NUEVA GRANADA

CAPITULO IDE LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA Y DE LOS GRANADINOS

Art. 1° El antiguo virreinato de la Nueva Granada, que hizo parte de la antigua República de Colombia, y posteriormente ha formado la República de la Nueva Granada, se constituye en una república democrática, libre, soberana, independiente de toda potencia, autoridad o dominación extranjera, y que no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 2° Son granadinos: Io., todos los individuos nacidos en la Nueva Granada, y los hijos de éstos; 2°, todos los naturalizados según las leyes.

Art. 3° Son ciudadanos los varones granadinos que sean o hayan sido casados, o que sean mayores de veintiún años.

Art. 4° La ciudadanía no se pierde ni se suspende sino por pena, conforme a las leyes; pudiendo obtenerse rehabilitación.Art. 5° La república garantiza a todos los granadinos: 1° La libertad individual, que no reconoce otros limites que la libertad de otro individuo, según las leyes;

2° La seguridad personal; el no ser preso, detenido, arrestado, confinado sino por motivo puramente criminal conforme a las leyes; pero esta disposición sólo tendrá efecto respecto de los casos que ocurran desde que se ponga en ejecución esta Constitución, por hechos que tengan lugar desde la misma época; y el no ser juzgado, ni penado por comisiones especiales, sino por los jueces naturales, a virtud y en

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conformidad de leyes preexistentes, después de ser vencido en juicio;3° La inviolabilidad de la propiedad; no pudiendo, en consecuencia, ser

despojado de la menor porción de ella sino por vía de contribución general, apremio o pena, según la disposición de la ley, y mediante una previa y justa indemnización, en el caso especial de que sea necesario aplicar a algún uso público la de algún particular. En caso de guerra esta indemnización puede no ser previa;

4° La libertad de industria y de trabajo, con las res-tricciones que establezcan las leyes;

5° La profesión libre, pública o privada de la religión que a bien tengan, con tal que no turben la paz pública, no ofendan la sana moral, ni impidan a los otros el ejer-cicio de su culto;

6º. El respeto del domicilio, la correspondencia privada y papeles particulares; no pudiendo éstos ser violados ni interceptados, ni aquél allanado, sino por autoridad competente, en los casos y con las formalidades prescritas por las leyes;

7° La expresión libre del pensamiento; entendiéndose que por la imprenta es sin limitación alguna; y por la palabra y los demás hechos, con las únicas que hayan establecido las leyes;

8° El derecho de reunirse pública o privadamente, sin armas, para hacer peticiones a los funcionarios o autoridades públicas, o para discutir cualesquiera negocios de interés público o privado, y emitir libremente y sin responsabilidad ninguna su opinión sobre ellos. Pero cualquiera reunión de ciudadanos que al hacer sus peticiones o al emitir su opinión sobre cualesquiera negocios se arrogue el nombre o la voz del pueblo, o pretenda imponer a las autoridades su voluntad como la voluntad del pueblo, es sediciosa; y los individuos que la compongan serán perseguidos como culpables de sedición. La voluntad del pueblo sólo puede expresarse por medio de los que lo representan, por mandato obtenido conforme a esta Constitución;

9° El dar o recibir la instrucción que a bien se tenga, cuando no sea

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costeada por fondos públicos;10. La igualdad de todos los derechos individuales; no debiendo ser

reconocida ninguna distinción proveniente del nacimiento, de titulo nobiliario o profesional, fuero o clase;11. El juicio por Jurados en todos los casos en que se proceda judicialmente por delito o crimen que merezca pena corporal o la pérdida de la libertad del individuo, por más de dos años, con la excepción que pueda hacer la ley, de los casos de responsabilidad de los funcionarios públicos y de los procesos por delitos políticos. Art. 6º. No hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada. Art. 7° Con excepción de los empleos de Presidente y Vicepresidente de la República, para los cuales se necesita la calidad de granadino de nacimiento y tener treinta años de edad, para ningún otro destino con autoridad o jurisdicción política o Judicial en la Nueva Granada, se exigirá otra cualidad que la de ciudadano granadino.

Art. 8° Los extranjeros que se hallen en el territorio de la Nueva Granada, o que vengan a él, gozarán de los mismos derechos civiles y garantías que los granadinos, debiendo estar sometidos como ellos a las leyes y autoridades del país.

Art. 9º. Son deberes de todos los granadinos: cumplir y respetar las leyes; obedecer a las autoridades; contribuir para los gastos públicos; servir a la patria y defender la libertad y la independencia de la nación....................................................................................................................................................

Fuente: CONSTITUCIONES DE COLOMBIA. Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bogotá 1951.

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PUNTOS PARA

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

***** La religión, y en especial la católica que es tradicional en el pueblo colombiano, siempre ha tenido una influencia profunda en la vida nacional, a través de la política y de la educación. Hay razones para sostener que esa influencia debe persistir y que es conveniente al desarrollo del país y al progreso de su pueblo? Hay razones en contra? Somos partidarios de la politización del clero? Dialoguemos sobre esto.

***** Hay quienes consideran la relación laboral bajo el capitalismo como una forma de esclavitud. Qué pensamos del sistema y de las relaciones de trabajo que suponen igualdad entre el patrono y el trabajador? Debe dejarse que discutan libremente las condiciones de la vinculación? Están ambos en

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capacidad de hacerlo? Es el desempleo condición para el desarrollo del país? Cual sería nuestra fórmula personal para la reducción del desempleo?

***** El sistema colombiano que- como el español- reserva para el Estado la propiedad del subsuelo ha sido fuente de varios conflictos. A nuestro juicio, es preferible este sistema al que permite la propiedad privada del subsuelo? Qué ventajas le vemos a una y otra modalidades de propiedad sobre la tierra? Nos hemos enterado de los últimos conflictos jurídicos en torno a ello? Leamos y discutamos artículos periodísticos al respecto.

***** A nuestra observación, qué papel le asigna la economía contemporánea a la industria minera, a la agricultura, a la ganadería. Son todas subsidiarias de la industria de transformación? Tienen interés, cada una por separado, para diseñar un modelo de desarrollo? Es adecuado para ellas, para sus dueños, para el país, el papel dependiente de los intereses y programas extranjeros?

IV

DEL FEDERALISMO LIBERAL

AL CENTRALISMO CONSERVADOR

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LA REVOLUCION DEL MEDIO SIGLO

El pensamiento liberal seguía difundiéndose por el mundo de Occidente, y llegaba hasta América en el periodismo y en la literatura, en las ideas de los comerciantes y de los políticos, conocedores de otros idiomas, otros pueblos y otros conceptos culturales, religiosos y filosóficos. La Constitución del 43, con el peso de la autoridad organizadora y centralista, fué para muchos el motivo de esta reacción liberalizante que pretendía poner al país en el aire de los nuevos tiempos.

La juventud de la Nueva Granada, que se formaba en los claustros universitarios con una enseñanza indudablemente mejorada por la administración de Márquez y la de Herrán, se fué forjando en los conceptos avanzados de los franceses y los ingleses, en especial en el pensamiento de autores como Saint-Simon, Fourier, Proudhon y Condorcet.14

En el pensamiento liberal europeo tiene, pues, fuente, el que se denominará radicalismo neogranadino de esta época. Los liberales franceses, en especial, aspiraban a darle realidad a las aspiraciones más concretas del ideario de la Revolución de 1789, con su característica irreligiosidad y la influencia socialista de sus pensadores. También en 14 Todos ellos, excepto Condorcet, socialistas utópicos. Y éste, liberal de avanzada.

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Europa, la hegemonía de la Iglesia tocaba a su fin desde la rebelión de Lutero, y por ello se buscaba mantener separados los negocios de la salvación de las almas, y del bienestar terrenal de las personas. Las instituciones tendían al laicismo y la organización de las instituciones aclaraba los campos de lo eclesiástico y lo militar para darles su precisa ubicación dentro de la vida civil y como parte de ella, pero sin tolerarles ingerencia ni dictadura sobre la vida del común.

A mediados del siglo diecinueve, Europa había madurado su actitud democrática, y fueron varios los movimientos interesantes dirigidos a ampliar y consolidar la actitud igualitaria en los pueblos, y sobre todo en las clases y castas que los dirigían. La unión de las monarquías, organizada por Metternich desde 1815, no había logrado superar las crisis económicas: la quiebra o estancamiento de las industrias y el consecuente desempleo constituían terreno abonado para las protestas, paros, huelgas y motines, y Europa toda fué en su momento sacudida por el inconformismo. El pensamiento revolucionario desarrollado en Francia y en Inglaterra dirigía sus baterías contra el monarquismo, y en favor de la democracia y el estado nacional. El resultado, en Francia, fué el derrocamiento de Luis Felipe, el rey ciudadano, y un breve período de estructura republicana -la segunda república- hasta 1852 cuando Napoleón III proclamó de nuevo el Imperio.

La década del 40 es, asimismo, la de expansión y difusión del pensamiento comunista original, y de la consolidación de las alianzas internacionales del proletariado o clase trabajadora europea y norteamericana. A los socialistas utópicos, Saint-Simon, Owen, Sismondi, Fourier, seguían los postulados del socialismo científico propuestos por Carlos Marx y Federico Engels, y consagrados en un documento de 1848, el Manifiesto Comunista.

En la Nueva Granada ya se notaba por entonces una diferencia de criterios muy marcada entre los grupos sociales. De un lado estaban los terratenientes con el apoyo de las comunidades religiosas y la Iglesia, defensores de sus privilegios y de sus extensas haciendas; frente a ellos, se unían los comerciantes, los agricultores, los esclavos indios y negros, los trabajadores de las incipientes industrias. Ya se observaba el interés de las clases populares, alimentadas por el pensamiento revolucionario, en provocar un cambio a la tradición reflejada en los gobiernos conservadores de Márquez, Herrán, y Mosquera. -En el gobierno del General Herrán, su Ministro de Instrucción Pública, Mariano Ospina Rodríguez, incorporó el estudio del Derecho Romano, y proscribió el Derecho Constitucional y la técnica legislativa. La Universidad Nacional tenía facultades de Jurisprudencia, Filosofía, Ciencias Naturales, Teología y Medicina. Y todos los funcionarios de la universidad eran clérigos.-

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Para suceder a Mosquera no lograron unidad los conservadores, y se presentaron a elecciones con las candidaturas de José Joaquín Gori y Rufino Cuervo. La elección que, como se recordará, era indirecta y a cargo de los colegios electorales, dió el triunfo al candidato liberal JOSE HILARIO LOPEZ. Pero, al no conseguir una mayoría absoluta, la elección debía ser perfeccionada por el Congreso, lo que se logró en la legislatura de 1849.

LOPEZ hizo una administración con énfasis en el concepto de soberanía popular, y ante la división conservadora gobernó con un gabinete liberal. Abolió la esclavitud (21 de mayo de 1851), y las penas de muerte y de vergüenza pública por delitos comunes, estableció el juicio por jurados que habían promovido los revolucionarios franceses, adoptó el sistema métrico decimal, creó la Comisión Corográfica, inició la construcción del Ferrocarril de Panamá, expulsó la Compañía de Jesús para evitar su influjo en la política nacional, y con el mismo objetivo proscribió a varios jerarcas eclesiásticos. Extinguió el monopolio estatal del tabaco. Suprimió todo control a la prensa. Y para dar la más completa aplicación a la libertad de ejercer profesiones y oficios, suprimió el requisito de los grados académicos y con ello, las universidades. Suprimió el fuero eclesiástico, los diezmos y el patronato. La administración de los cementerios y el nombramiento de párrocos se hizo atribución de los cabildos. Se decretó la separación de la Iglesia y el Estado, por ley que promulgó su sucesor, José María Obando.

Ante los desmanes ejercidos en contra de sus personas e ideas, los conservadores ofendidos por la legislación antirreligiosa, la abolición de la esclavitud y la inseguridad generalizada, se declararon en rebelión en 1851, conducidos desde el sur del país por el poeta y general don Julio Arboleda. La revolución fué prontamente sofocada, pero mostró la conveniencia de introducir algunas reformas a la estructura político-administrativa del Estado, es decir, salió a flote la promoción de nuevas reformas constitucionales.

Para las elecciones de 1852 los conservadores se abstuvieron de participar. Y los liberales se presentaron divididos en dos fracciones, Gólgotas y Draconianos. Distinguía a los Gólgotas el interés reformista y la oposición a la violencia, era un liberalismo moderado. Por su lado, los Draconianos querían reformas radicales mediante el ejercicio de una represión autoritaria, es decir, con métodos excesivamente severos como los que se narran del legislador ateniense Dracón.

Si se examina el proceso económico y político, se encontrará que hubo real interés en la modernización del Estado. Mosquera no solamente manifestó ese deseo, sino que tenía visión sobre las conveniencias para el futuro inmediato en busca de la eficiencia del Estado y la organización de

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la convivencia. Con aplicado juicio tomaba previsiones para mejorar las relaciones con la Iglesia, reformar el sistema impositivo, agilizar la economía y el sistema monetario y de pesas y medidas, profesionalizar el ejército, y estimular el intercambio comercial interno e internacional.

Pero las más memorables reformas se dan en la administración de JOSE HILARIO LOPEZ, con la abolición de la pena de muerte para los delitos políticos, la supresión del estanco del tabaco, la libertad incondicional de los esclavos, la introducción del juicio con jurados populares, y la extinción de los privilegios al clero y a la Iglesia.

Triunfante el General JOSE MARIA OBANDO, gobierna de 1853 a 1854, empieza su administración sancionando la nueva Constitución, heredada del gobierno de López, a pesar de algunas innovaciones en las cuales no tenía fe. Obando, con la mácula de la filiación extramatrimonial, como más tarde Marco Fidel Suárez, en tiempos en que eso tenía significación, estaba emparentado con Mosquera. En 1822 deja el ejército español en el cual servía y se adhiere a la causa independentista. Su filosofía, seriamente liberal, lo lleva a retirar su admiración a Bolívar cuando éste asume la dictadura. De la misma manera combatirá la dictadura de Urdaneta. Con López promueve, entonces, la anexión del Cauca al Ecuador. Sindicado de ser el autor intelectual del asesinato de Sucre, es absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Su administración fue claramente liberal en su orientación y en el respeto a los principios filosóficos y a los intereses populares. Pero se encontró con un Congreso mayoritariamente más que opositor, enemigo, compuesto por conservadores y liberales radicales que le endilgaban el tener poca fe en las instituciones de la nueva Constitución.

CONSTITUCION DE 1853

Es una Constitución plenamente liberal y consagra la organización centro- federada.Los partidos políticos, ya delimitados sus puntos de vista en materia económica y administrativa, empiezan a debatir dos conceptos que en adelante distanciarán sus proyectos y costarán sangre. Se trata de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y la definición entre Centralismo y Federalismo. La Constitución del 53 consagró la libertad de religión y de cultos, y estableció el matrimonio civil. Atribuyó al gobierno central el orden público y la guerra, la hacienda nacional y los impuestos, el sistema electoral, el control de la moneda. Conservó la libertad de expresión sin censuras ni limitaciones. Fueron de elección popular los magistrados de la Corte y los Gobernadores.

Las provincias tenían amplio poder de autoorganización, y contaban con independencia en materias fiscal, económica, y naturalmente política.

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Cada provincia podía tener su propia Constitución,-y llegaron a conocerse más de treinta en los años siguientes!- aunque los gobernadores eran agentes del ejecutivo central. Los altos magistrados de la justicia eran elegidos por voto popular, con lo cual se introdujo la politización en la administración de justicia. Aunque la Constitución no era definidamente federal, sí daba mucho margen a las provincias para organizar su administración, y los distritos parroquiales o municipios pudieron aprovechar tal circunstancia para mejorar su ejercicio político-administrativo. No había en la Carta mención alguna sobre federación, pero planteaba las bases que con ese fin serían aprovechadas más tarde, en cuanto reservaba a las provincias o secciones territoriales el poder municipal en toda su amplitud. Punto que dió origen a mucha discusión fué la incorporación del sufragio universal, popular y secreto, y con ello la intervención directa de las gentes en la elección de presidente, vicepresidente y gobernadores provinciales. Los personeros de las oligarquías económicas e intelectuales afirmaron que constituía un error dejar tales privilegios a disposición de gentes ignorantes y económicamente poco representativas. El gobierno general se encarga de las relaciones exteriores y amortiza la deuda externa, tiene la iniciativa en los impuestos, y maneja las comunicaciones terrestres y fluviales.

Se incluye en el texto constitucional la libertad de enseñanza –evidente reflejo de las libertades religiosas y de cultos que desplazan el monopolio católico-. El voto es secreto y directo y se aproxima a la universalidad: solo tiene como condiciones la ciudadanía y la mayoría etaria de 21 años, o el ser o haber sido casado.

La proliferación de constituciones provinciales cedió posteriormente a las Constituciones de los Estados Soberanos, que llegaron a consolidarse en ocho: Panamá, Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena.(Las provincias, a veces constituídas en Estados Soberanos, llegarán bajo la administración de Manuel María Mallarino, de 1855 a 1857. a treinta y cinco).

En 1854 se produce el levantamiento del general José María Melo, con el apoyo del ejército. Se observaban graves antagonismos entre el Congreso de un lado y el gobierno y los militares del otro. La reforma constitucional había debilitado estructuralmente tanto al ejecutivo central como a las fuerzas militares. Obando y sus draconianos tropezaban con la decidida oposición muy agitada y combativa de los liberales radicales, calificados por su actitud civilista, y que se identificaban por la prensa como los gólgotas. Melo, comandante de las fuerzas de Cundinamarca, designado por él mismo, incita a Obando a desobedecer las instituciones, y ante la cerrada negativa del Presidente, Melo lo reduce a prisión y asume la dictadura, que ejercerá por siete meses. Pero la revolución de Melo tuvo

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un efecto inesperado, y cambió la polaridad de la lucha política en la Nueva Granada. La división vertical e ideologista fué desplazada por la estratificación horizontal de claro sentido clasista. Al sentirse agredidos por igual, los personeros de la clase alta, dieron tregua a sus debates para unirse contra el dictador. Por su lado, éste se constituía en caudillo de los artesanos, de los militares, y de muchos ciudadanos liberales y conservadores de las clases bajas. La insurrección es debelada mediante la Unión Legitimista a la cual aportan recursos y apoyo todas las fuerzas políticas representativas de las clases altas. . El gobierno de Obando de todos modos termina al ser admitida la acusación de complicidad con el golpe, y empezar el juicio ante el Senado. Depuesto por éste, es ocupada la presidencia por el Vicepresidente Obaldía, y terminado su período, por el nuevo Vicepresidente Manuel María Mallarino, con lo que el partido conservador asciende al poder. Caracteriza su administración el no haberse comprometido con ejercicios partidistas, y hacer de ella un período en favor de todos los colombianos.

El General JOSE MARIA MELO, de Chaparral en el Tolima, toma parte importante, dada su versación militar y su valor, en las batallas independentistas de Junín, Ayacucho, Bomboná y Pichincha, y recibe conderaciones y menciones de distinción. Se matricula en la aventura dictatorial de Urdaneta y, evadiendo las represalias, a su caída se va a Venezuela. Interviene en alzamientos antigobiernistas por lo que es expulsado de ese país. Y de retorno al suyo es designado comandante del ejército por el presidente Obando. Al decir de sus biógrafos era un militar elegante y no desprovisto de carisma, sobre todo por la disciplina y el aire castrense que impuso a sus tropas. Una vez derrotado, preso, e indultado, se exiló en Centroamérica. En El Salvador llegó a ser Inspector General del Ejército. Pasó luégo a México, y allí terminó su aventura en 1860 involucrado en las luchas contra el gobierno revolucionario de Benito Juárez. El General Ignacio Comomfort, quien había sido presidente provisional en 1855, dio un golpe de Estado dos años después, pero fue derrocado por Juárez en el 58. Tras huír a Estados Unidos volvió a las andadas y recibió en sus filas a José María Melo, con el rango de General. Un poco después, con la sospecha de que tenía entendimiento con las gentes de Juárez, Comomfort lo fusiló sin juicio. Comomfort fue asesinado por los partidarios del Emperador Maximiliano en 1863.

El período de Obando es terminado por MANUEL MARIA MALLARINO, quien promete administrar los intereses de la Nación y no los de ningún partido político. Designó gabinete paritario, redujo el ejército hasta casi hacerlo desaparecer, y sancionó la ley según la cual el Estado no profesaba ninguna religión, aunque una ley posterior presionada por los conservadores clericales autorizó a la Iglesia para manejar sus propios recursos económicos. Mallarino se preocupó mucho por el problema de la deuda externa, pero fue afortunado al presentarse una bonanza en el

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cultivo del tabaco, ahora liberado del carácter monopólico. Hubo alza de salarios y mejora de precios de los productos nacionales.

Para 1857 es elegido MARIANO OSPINA RODRIGUEZ, quien era con JOSE EUSEBIO CARO el redactor del Programa Ideológico del Partido Conservador. Después de intervenir en el atentado de Septiembre contra Simón Bolívar, huye a Antioquia, donde en 1829 respalda la rebelión de José María Córdoba contra el Libertador. Asesinado Córdoba, Ospina Rodríguez se esconde en la montaña, y el año siguiente participa de nuevo en el movimiento antidictatorial que combatía a Urdaneta. En la presidencia de Herrán ocupa varios ministerios, e interviene en la redacción de la Constitución de 1843. En ella plasma un pensamiento conservador clásico que será el modelo de la del 86. Y para algunos de sus biógrafos, panegiristas o críticos, sigue siendo un misterio la dualidad de este prohombre, que escribió briosamente con talante conservador a veces extremado, y obró en numerosas ocasiones como el más calificado liberal, demócrata, libertario y enemigo del militarismo y las dictaduras...

En 1860 se sublevó Mosquera, y en el siguiente año, derrotado Ospina Rodríguez debió huír de nuevo, y tras de caer en manos de Mosquera, dio con sus huesos en las prisiones de Cartagena. Se fuga y encamina hacia Centroamérica, reside en Guatemala hasta 1871 cuando retorna a Medellín donde morirá en 1885.

Administró con un gabinete conservador, pero no hay quejas de intolerancia hacia sus adversarios. Los jesuítas retornaron al país bajo su gobierno, y como hecho trascendental, se expidió otra Constitución. Esta nueva carta, nacida bajo un gobierno conservador, es la antesala de la federalización del Estado que realizarán los liberales radicales en 1863.

CONSTITUCION DE 1858

Como peculiar de ella observamos que es una Constitución federal pero con criterios conservadores.Se buscó en ella reintegrar la unidad nacional dispersa políticamente en los ocho estados subsistentes, y de ahí la definición como Confederación Granadina. Se delimitan con precisión las atribuciones del gobierno central y de los administradores de los Estados. Puntos característicos fueron la completa separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de prensa en forma totalmente irresponsable. Se garantiza en ella la profesión libre, pública y privada, de cualquier religión.

La Constitución se expide bajo la protección de Dios Omnipotente, Autor y supremo Legislador del universo, indicando que los ocho Estados se confederan a perpetuidad. Define los límites territoriales sobre

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el uti possidetis juris de 1810 con las capitanías generales de Venezuela y de Guatemala. Suprimió la Vicepresidencia, y creó tres designaturas.

Intentando explicarse un proceso en el cual el partido conservador en el poder, propicia una Constitución federalista, que incorpora principios combatidos por el conservatismo tradicionalista, Marco Fidel Suárez dice que "el partido conservador, adoptando los principios de su émulo, se exhibió como renegado, y el guardián del manicomio se contagió de locura".

Aunque constitucionalmente no estaban los Estados definidos como soberanos, en la práctica operaban así porque la Carta estatuía que las atribuciones que no estuvieran adscritas al gobierno general, correspondían a los Estados.

Algunas leyes del legislativo general desataron fuerte oposición porque se consideraban violatorias de los derechos de los Estados. El gobernador del Cauca, General Tomás Cipriano de Mosquera separó su Estado de la Confederación Granadina y se alzó en armas contra el gobierno del Presidente Ospina Rodríguez. Su ejemplo fué seguido por Bolívar, Magdalena y Santander. Mosquera fué reconocido como Supremo Director de la Guerra, y Presidente Provisional de los Estados Unidos de la Nueva Granada, federación conformada por los cuatro estados mencionados. La guerra se extendió a gran parte del territorio y se prolongó hasta 1862, año en que fué vencido el legitimismo y confirmada la dictadura de Mosquera. La Constitución del 58 terminó su vigencia por desconocimiento, sin que se diera ningún trámite para su reforma o sustitución.

Una de las acciones notables de la contienda se desarrolla en las campañas que siguieron a la reconciliación de Obando y Mosquera, cuando este último marcha con tres mil hombres sobre Manizales, en intento de invadir a Antioquia gobernada por los conservadores. Mosquera es vencido por el general Joaquín Posada Gutiérrez y el coronel Braulio Henao en el combate del Observatorio, (hoy correspondiente al Barrio de Chipre, de la mencionada ciudad), y decide retirarse a La Aldea -hoy municipio de Villamaría-. Ante el peligro de una nueva derrota, Mosquera y las fuerzas de la revolución antigobiernista parlamentan con los vencedores y celebran un armisticio conocido como la Esponsión de Manizales, el 29 de julio de 1860. El gobierno central permaneció callado ante los compromisos celebrados en su nombre, y entonces el General Mosquera se abstuvo de entregar las armas, se devolvió al Cauca, reorganizó sus fuerzas, hizo alianza con el gobernador de Bolívar, y se dispuso a conquistar la capital del país.

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Dueño del triunfo, empieza Mosquera su dictadura desde la capital con medidas que siguen siendo muy discutidas por los historiadores y los analistas políticos. La tuición de cultos somete a vigilancia gubernamental todos los ejercicios religiosos, y ordena que los ministros del altar obtengan licencia del gobierno para desempeñar sus funciones. La Compañía de Jesús es nuevamente disuelta y sus miembros extrañados del país. Se decreta la desamortización de los bienes de manos muertas, es decir, la expropiación y remate de los bienes que estaban en poder de la Iglesia, originados en donaciones y herencias; la pretensión fué integrar a la economía cuantiosas riquezas ociosas o mal administradas por obispos y párrocos, pero el objetivo no se logró porque rematadas por los terratenientes simplemente contribuyeron a la ampliación de sus latifundios, y con ello de sus privilegios. Las comunidades religiosas fueron disueltas, a medida que se manifestaron opuestas a la inspección del culto y a las expropiaciones de los bienes. Algunos jerarcas religiosos fueron perseguidos por las autoridades, entre ellos el Arzobispo Herrán.

Fueron tantos los desórdenes y tal la anarquía generados bajo el imperio de esta Constitución que se idearon soluciones insólitas. El Procurador General, Florentino González, uno de los próceres de la historia liberal, propuso la incorporación de los Estados Granadinos a la Unión Americana, con el carácter de Estado como cualquiera de los demás.

También fué Mosquera creador del Estado del Tolima y del Distrito Federal de Bogotá. Y convocó un Congreso de Plenipotenciarios de los Estados en el que se originó el Pacto de Unión, que dió a la federación el nombre de Estados Unidos de Colombia. Convocó asimismo la Convención Constituyente de Rionegro.

LA CONSTITUCION DE 1863

La Convención de Rionegro no tuvo representación conservadora. Entre los sesenta y tres liberales sobresalientes que concurrieron a ella ha de mencionarse a Salvador Camacho Roldán, Manuel Ancízar, Aquileo Parra, José María Rojas Garrido, Julián Trujillo. En desarrollo de las sesiones primó un espíritu civilista que condujo a decisiones que refrenaran la hegemonía caudillista de Mosquera. A pesar de ser presidente de la República, y simultáneamente Presidente de los Estados de Antioquia y del Tolima, a la par que convencionista, se le obstaculizó la presidencia de la asamblea, que a él le parecía natural asumir. Además, el tenía veintiocho incondicionales entre los convencionistas, y un cuerpo de ejército a su mando en las afueras de la población.

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Se discutieron dos proyectos, uno de Mosquera y otro de Justo Arosemena. El de éste calcaba sus incisos en la Constitución de la Confederación Helvética. En las noches los diputados permanecían en sus alojamientos para evitar que soldados disfrazados de paisanos los apalearan en las oscuras calles. El ambiente fue tenso, y al mismo Mosquera le espetaron que mientras los demás habían sido siempre liberales, él había militado en todos los partidos. El General perdió los estribos y profirió amenazas contra todos los convencionistas. El General José Hilario López llegó a desenvainar la espada y retarlo a duelo. Y se expidió la Constitución el 8 de mayo de 1863, prescindiendo por primera vez del nombre de Dios: "La Convención Nacional, en nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos Colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente Constitución Política..." Esta Constitución empezaba una vida de veintidós años largos, y prácticamente, a pesar de las críticas de los conservadores, tenía fuente en la rebelión de Mosquera en el 60, en tiempos en que él era todavía conservador.

La Constitución les conserva a los Estados el carácter de soberanos, pero omite el calificativo de independientes que les atribuía el Pacto de Unión. Temerosos de personalidades fuertes como la de Mosquera, los convencionistas reducen el período presidencial a dos años. Señalan con precisión las atribuciones de la autoridad central y las de los gobiernos estatales y provinciales, y ordenan para todos perentoriamente la organización sobre los principios de democracia, gobierno representativo y popular, y el compromiso de reconocer las garantías civiles y los derechos individuales como sustento del Estado. Se fortalece el Congreso con atribuciones que le permitían aún neutralizar la acción del ejecutivo en algunos casos. Es abolida la pena de muerte. Se define en diez años la duración máxima de las penas privativas de libertad. Consagra la libertad de expresión sin ninguna limitación. Todo ciudadano tiene derecho a poseer armas y municiones, y aún a comerciar con ellas en tiempo de paz. En forma expresa se decretó la inviolabilidad de la vida humana, lo mismo que la libertad de prensa en los términos más absolutos. Existirá completa libertad de cultos, bajo la inspección del gobierno. La Iglesia estará separada del Estado, y las congregaciones religiosas no serán jurídicamente capaces para la adquisición de bienes raíces. Los oficios públicos podrán ser desempeñados por cualquier ciudadano con veintiún años cumplidos con el requisito de ser o haber sido casado, lo que de rebote eliminaba estos derechos laborales para los sacerdotes y miembros de comunidades religiosas.

Conservó la división clásica de los poderes, pero se observa un definido predominio del legislativo. El Congreso bicameral tendría un Senado, representativo de los Estados soberanos y con tres miembros por cada Estado, en tanto que a la Cámara de Representantes le correspondería la

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representación del pueblo sobre la base de un miembro por cada cincuenta mil habitantes.

El gobierno central solo ejerce los poderes que le son delegados por los Estados soberanos. Se crean designaturas y se desplaza la vicepresidencia. Declara a las comunidades religiosas incapaces para la adquisición de bienes raíces. Y prohibe sacar de la circulación libre los inmuebles. Reconoce la existencia de asentamientos indígenas y ordena emitir legislación especial para ellos. Prohibe el desempeño de cargos públicos a los ministros religiosos, y encomienda al gobierno el cuidado, educación y civilización de los indígenas.

Un artículo muy discutido fué el que incorporaba el derecho de gentes en la legislación nacional, y con ello permitía la terminación de los conflictos armados por el mecanismo de los tratados entre los beligerantes. Algunos historiadores atribuyen a esta norma la proliferación de las acciones bélicas y los conflictos armados que se dan en este período.

La Constitución del 63 da comienzo a dos décadas de vigencia del pensamiento federalista y liberal a ultranza, que conforman el capítulo histórico del llamado Olimpo Radical, agrupación de pensadores que convocaba las afinidades de Manuel Murillo Toro, Tomás Cipriano de Mosquera, Santos Gutiérrez, Eustorgio Salgar, Aquileo Parra y Santiago Pérez. Grupo sobresaliente de intelectuales y políticos fue el que se ocupó en profesar y difundir el pensamiento liberal radical. En él descuellan además, Salvador Camacho Roldán, Diego Mendoza Pérez, Nicolás Pinzón, Francisco Eustaquio Alvarez, Rafael Núñez, José María Samper, Miguel Samper, Aníbal Galindo, Juan Manuel Rudas, Dámaso Zapata, José María Rojas Garrido, Manuel Ancízar, y los Generales Abogados Santos Acosta, Eustorgio Salgar y Julián Trujillo... prohombres cuya influencia política fue notable por más de dos décadas, entre las Constituciones del 63 y del 86. Así y todo, no fue homogéneo el pensamiento que plantearon en torno a la vida política, y se encuentra quiénes llegaron hasta la vuelta entera y asumieron posiciones conservadoras.

Al entrar en vigencia la Constitución de Rionegro se originó la división del partido liberal. Un sector, dirigido por Rafael Núñez, era partidario de varias reformas a la misma, y con esa bandera añadió a sus huestes la cauda política de los liberales moderados y del conservatismo aliado a la Iglesia. Los defensores de la Constitución y del gobierno en ejercicio conformaron la posición radical, en tanto que Núñez y sus aliados marchaban hacia el futuro Partido Nacional.

El estado general del país tuvo caracteres contradictorios. De un lado, se observa el progreso en el campo tecnológico y económico. Se desarrollan

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las vías férreas y las transacciones bancarias. Surge el telégrafo eléctrico. Se impulsa la navegación a vapor por el río Magdalena. Se promueve la Universidad Nacional. Y con ella y otros institutos se manifiesta la inteligencia en el incremento de la formación de filósofos, científicos, y abogados. El periodismo tiene un auge inusitado.

Pero en los Estados soberanos, que parecen más nueve repúblicas independientes, empiezan a proliferar las constituciones. El de menos redacta y pone en vigencia en tan breve período, tres constituciones. Y el que más, Antioquia, conoce doce constituciones en menos de veinte años. Las ambiciones políticas originan frecuentes conflictos bélicos, y el ambiente de controversia ideológica es permanente y general, ya por motivos políticos, ya por resentimientos religiosos.

La Constitución llevaba en sus entrañas el germen de su fracaso, si se considera que como obra de un solo partido, dejaba por fuera los intereses de medio país opinante. Había herido los sentimientos religiosos, cuyo papel es discutible, pero cuyo arraigo tradicional es incuestionable. Generaba una agitación electoral permanente con tan reducidos períodos para la presidencia y la representación congresional. Permitía a través del federalismo el incremento de intereses familiares regionales y la conformación de verdaderos cacicazgos y repúblicas de bolsillo manejadas por las oligarquías de provincia. El clima de libertades propició abusos que degeneraron en libertinaje. Y por todo ello parece comprensible que en dos décadas haya dado campo a más de cuarenta revoluciones. Y como si fuera poco, los convencionistas exageraron su fe en la perfección del texto e hicieron de ella una Constitución imposible de reformar, pues para realizarlo se requería el voto unánime de un Senado de Plenipotenciarios de los Estados.

LA ADMINISTRACION DE LA COLOMBIA FEDERAL

El aporte que quiso hacer el radicalismo en su momento tiene como ideario la impronta del liberalismo individualista y empresarial clásico, originado en la Revolución Francesa y reforzado por el liberalismo económico inglés. De ahí que los renuevos que se verán como liberalismo en las postrimerías del siglo XX sean puro liberalismo empresarial, que no es más que una forma de conservatismo vergonzante, o que no se atreve a decir su nombre. Bien claro está que el liberalismo económico es conservatismo político. Su intento era aplicar al Estado nuestro el molde democrático burgués de formas republicanas y separación de los tres poderes, promover el desarrollo económico a partir de la iniciativa económica individual y la sacralización de la propiedad privada con un Estado restringido al mínimo de su presencia en la vida ciudadana, y promover en lo posible una inserción en el mundo moderno mediante el

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gradual incremento tecnológico y el desarrollo de la educación. La convicción filosófica de los liberales ha sido desde entonces que la libertad de pensamiento en lo intelectual y la libertad de industria en lo económico, son las fuentes y pilares de toda vida política organizada y dinámica.

Como resultados de la acción politica liberal radical se contará en los decenios finales del siglo XIX con la liberación del cambio, la eliminación de los monopolios del aguardiente y el tabaco, la libertad de cultivos y de comercio, la reducción de aranceles y de impuestos sobre la agricultura y la minería, y la cancelación de cualquier intento del Estado por convertirse en empresario. El parecido con las pretensiones del presunto neoliberalismo de fines del siglo XX es impresionante, y no en vano, pues éste no tiene nada de nuevo y constituye un retorno a las fuentes liberales clásicas. En el campo de la educación fueron importantes los logros con la reestructuración de la Universidad Nacional, el surgimiento de la Escuela de Minas de Medellín, y la incorporación a ellas de los programas técnicos, tecnológicos y experimentales que prácticamente habían decaído desde los viejos tiempos de la Expedición Botánica. Es la épóca de la medicina y la química, las matemáticas y la física, que sin desplazar la cultura humanista vienen a complementarla con la formación de nuevas y más calificadas élites.

La calificación de la crítica histórico-política da para todo. Quienes elogian la acción de los radicales, quienes la despedazan. Su reformas educativas –dicen estos- produjeron como efecto indeseable el conflicto con el sentimiento católico innegablemente de cobertura nacional. Y las libertades económicas, el levantamiento de los proteccionismos arancelarios –añaden- tuvieron el nefasto resultado de acabar con la industria naciente. Como se dirá también de la apertura y el retorno al Estado Gendarme en 1990 y años siguientes. Los defensores de la acción de los radicales ponen de relieve el incremento planeado del transporte y las vías de comunicación, ferrocarriles y navegación, el telégrafo y los inicios de la electrificación del país, y justifican la liberación de industria, cambio y mercado con la idea de que la única posibilidad de insertar al país en el mundo económico era apelar a la forzada exportación de lo poco que en este campo tenía demanda en el exterior, quina, algodón, tabaco, café y añil...

El primer Presidente, que se acordó sería elegido por la Convención, fué el General Mosquera, quien así ocupaba el cargo por tercera vez (1863-1864). El principal suceso de esta breve administración fué la guerra con Ecuador. Mosquera, confiando la dirección del país a Juan Agustín Uricoechea, conduce personalmente las acciones militares, y con estratégicos movimientos atrae al General Juan José Flórez con todas sus tropas a la hacienda de Cuaspud, y lo derrota por completo.

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Manuel Murillo Toro sucede a Mosquera para el período 1864-1866. Es el modelo de conductor civilista y ponderado, y considerado como uno de los grandes personeros del pensamiento liberal. Fundó el Diario Oficial y estableció el telégrafo. Promovió la tolerancia entre sus copartidarios y la tuvo con sus opositores; él levantó las sanciones sobre los prelados perseguidos. Su gobierno fue un remanso de serenidad después de los huracanes sectarios de Ospina Rodríguez y de Mosquera. Es el primer representante real del liberalismo radical en la presidencia de la República. No obstante su ecuanimidad fue agriamente combatido por los sectores clericales y conservadores.

En Antioquia se enfrenta, comenzando su período, con la sublevación de los conservadores, al mando de Pedro Justo Berrío, quienes derrocan al Presidente liberal Pascual Bravo. Pese a ello, resuelve los problemas con relievado espíritu civilista, lo que no solo le recupera los sectores conservadores sino que supera la animadversión de las jerarquías eclesiásticas. En su segunda administración (1872-1874) será recibido por éstas y por todos con simpatía y consideración.

Se critica a su administración la oferta hecha a Costa Rica de zonas territoriales colombianas, a trueque de que adoptaran la filosofía liberal de los radicales.

En su cuarto gobierno (1866-1867) el General Mosquera reincidió en las acciones persecutorias contra la religión católica y su clero, censuró a sus opositores, y evitó que se le adelantara un juicio político cerrando el Congreso. Su dictadura fué repudiada por muchos, incluídos sus copartidarios, y en un breve golpe fué aprisionado en el Observatorio Astronómico y sometido a juicio por el Senado. Posteriormente fué declarado culpable de algunos delitos y condenado a dos años de prisión y suspensión en el empleo. A instancias del reo se le cambió la pena de prisión por el destierro, y Mosquera se fué a Lima.

En 1867, año de publicación de MARIA, Jorge Isaacs abandonó el partido conservador y se hizo liberal radical. Paraguay estaba en guerra con Uruguay, Brasil y Argentina. Como secretario de la Cámara de Representantes, Isaacs firmó la disposición que declaraba "colombianos" a todos los paraguayos. Como Secretario de Gobierno del Cauca fué defensor de los indios. En el congreso hace oposición al gobierno de Julián Trujillo, que pide leyes de indulto para los sacerdotes expulsados del país y la creación de rentas para el clero. Sobre las memorias de sus actividades subversivas, escribe en Ibagué el libro LA REVOLUCION RADICAL EN ANTIOQUIA.

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El Presidente Santos Gutiérrez rige los destinos del país de 1868 a 1870. Militar y abogado, fué siempre respetuoso de las garantías de la civilidad y de sus adversarios en la guerra. Infortunado en algunas tácticas políticas, cuando tres estados de la Federación tuvieron gobernadores conservadores, se atemorizó ante el incremento de la influencia conservadora e intervino aprisionando al de Cundinamarca. Lo cual violaba la constitución, que le prohibía intervenir en la política de los Estados.

De 1870 a 1872 ocupa la Presidencia el bogotano Eustorgio Salgar. Culto, tolerante y progresista, impulsó en especial la educación. Invitó para tal objeto una misión pedagógica alemana. Y terminó el período aplaudido por liberales y conservadores.

Manuel Murillo Toro hace un segundo gobierno de 1872 a 1874, menos exitoso que el primero, y perjudicado por la influencia de las oligarquías próximas al mandatario, en especial su grupo, el Olimpo Radical.

Lo sucede -del Olimpo Radical, naturalmente- Santiago Pérez, para gobernar de 1874 a 1876. De una amplia y sólida cultura jurídica, política y literaria, descuella como orador y diplomático. Le atribuyen cierto grado de sectarismo que otros interpretan como simple ejercicio de la política de partido. Desarrolla la instrucción pública y las vías férreas. Ya por entonces se hacen notorias las desavenencias con Venezuela por el problema de los límites. Durante su gobierno se hicieron graves los distanciamientos entre dos fracciones del liberalismo: los radicales, promotores de la candidatura de Aquileo Parra; y los liberales independientes, cuya línea moderada buscaba introducir algunas reformas en la acción política. Estos últimos estaban liderados por Rafael Núñez, y su ideario era mirado con simpatía por el partido conservador. Fácilmente se integrarán unos meses después para llevar el radicalismo a su crisis. Santiago Pérez, uno de los más eximios liberales en la historia nacional, murió en París en 1900, desterrado por el prócer conservador Miguel Antonio Caro, a quien se le hacía peligrosa en extremo su oposición.

En tal clima, asume la presidencia el doctor Aquileo Parra, liberal autodidacta de origen popular, y uno de los prohombres del liberalismo colombiano. Hombre de severas disciplinas es considerado por algún historiador conservador como el equilibrio de un buen esposo y jefe de hogar frente a un sátiro, Don Juan irresistible y robador de mujeres...como dibujaban a Núñez, su contendiente. Se observaban peligrosas señales de anarquía y desorden, originados en parte en la insistencia en los gobiernos de partido y en ocasiones en la intolerancia hacia los opositores; la educación laica ordenada por el gobierno daba pábulo al resentimiento de los católicos, lo mismo que la asesoría de las misiones pedagógicas

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protestantes. Y frecuentes enfrentamientos de grupo mostraban la precariedad del entendimiento y la agudización del conflicto generalizado.

La revolución contra el gobierno empieza en el Estado del Cauca, en julio del 76, y se extiende gradualmente a Antioquia, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Santander. A la acción represiva del gobierno prestaron apoyo los nuñistas. Entre los jefes conservadores sublevados sobresale Marceliano Vélez, y del lado del gobierno los radicales Santos Acosta y Sergio Camargo, lo mismo que el nuñista o independiente Julián Trujillo.

Julián Trujillo triunfa sobre los conservadores en Los Chancos -cerca de Buga-, y los vencidos logran reagruparse en Manizales superando los nueve mil soldados, al mando del General Vélez. El ejército conservador se divide, parte para defender la plaza de Manizales, y parte para dirigirse a los llanos del Tolima. Allí, la batalla de Garrapata da resultados indecisos después de tres días de lucha, en noviembre del 76. El General Vélez retorna a Manizales y allí se fortifica, en espera de las tropas de Julián Trujillo. Este, acuartelado en Villamaría, recibe refuerzos gobiernistas y tras arduo combate el 5 de abril de 1877 se apodera de Manizales y obtiene la capitulación del ejército conservador, con lo cual Antioquia queda sometida al gobierno central. En los meses siguientes capitula la revolución en el Cauca, y se declara restablecido el orden público.

El gobierno toma medidas contra el clero politizado que había intervenido activamente en la guerra, del lado conservador. Las congregaciones fueron privadas de sus rentas. Se excluyó a los sacerdotes y prelados de la amnistía general para los combatientes. Y fueron privados de sus cargos los obispos de Popayán, Pasto y Medellín, con prohibición de que fueran posteriormente rehabilitados. Los ánimos se agriaron y la oposición a Parra arreció en los finales de su administración. Pese a lo cual no perdió su serenidad ni sus principios de hombre liberal, tolerante y civilista.

Los años de 1878 a 1880 corresponden a la administración del General Julián Trujillo, elegido sucesor de Aquileo Parra. Eximio militar, abogado y político, caracterizado por su espíritu tolerante y democrático. Al darle posesión, Rafael Núñez como presidente del Congreso, lo excita a introducir cambios en la política, con la frase que expresa su intención de estadista: "El país se promete de vos una política diferente, porque hemos llegado a un punto en que estamos confrontando este preciso dilema: regeneración administrativa fundamental, o catástrofe!"

Trujillo contribuyó a dividir definitivamente el liberalismo al conformar un gabinete exclusivamente con liberales independientes, y con ello se atrajo la cerrada enemistad de los radicales, no obstante lo cual algunos de ellos ingresaron posteriormente a los ministerios. Trujillo contrató la

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construcción del Ferrocarril del Pacífico y el comienzo de las excavaciones del Canal de Panamá, impulsó la navegación por el Magdalena e intentó negociar un concordato con las autoridades vaticanas.

Con los votos de los liberales independientes y de los conservadores, asciende al poder Rafael Núñez, para el período de 1880 a 1882. Incluye un conservador en su gabinete. Entre sus realizaciones están la fundación de la Escuela Militar y de la Academia Nacional de Música, el desarrollo de los ferrocarriles y la fundación del Banco Nacional, la construcción del Canal del Dique, el indulto a los jerarcas desterrados, la derogación de la inspección de cultos y la apertura de relaciones con España, que solo a esta altura reconoció la independencia de Colombia.

Sin candidato conservador se realizan elecciones, y con votos nuñistas y conservadores es elegido para sucederlo el Doctor Francisco Javier Zaldúa, ilustre y ponderado profesor de Derecho. Falleció sin terminar el primer año de su período, y éste fué completado por el Designado José Eusebio Otálora.

Para el período de 1884 a 1886 la alianza de los conservadores con los liberales independientes triunfa sobre el candidato liberal, y Núñez abre su segunda administración conformando gabinete con independientes, radicales y conservadores.

Pero el bando radical abrió hostilidades contra los proyectos de reformas, y se inició una nueva guerra civil en Santander. El partido conservador brindó su apoyo al gobierno central.

La revolución puso en armas, en Antioquia, más de cinco mil hombres, pero este ejército liberal fué derrotado en Salamina por el General Juan N. Mateus, y posteriormente en Cartago por el General Eliseo Payán. El remanente de las huestes se retiró a Manizales, pero posteriormente capituló.

La revolución tuvo muchos otros combates sangrientos, pero es históricamente destacada la batalla naval de La Humareda, donde los Generales Guillermo Quintero Calderón y Reinales dieron el éxito al gobierno legítimo, el 17 de junio de 1885. Al conocerse el triunfo en Bogotá, el Presidente Núñez exclamó ante una manifestación que concurría a celebrarlo: "La Constitución de 1863 ya no existe!"

No era la primera vez que un Presidente de Colombia derogaba de hecho la Constitución de la República: También lo habían hecho Bolívar con la del 21, Urdaneta con la del 30 y Mosquera con la del 58.

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En general, las Constituciones de los Estados Soberanos fueron acordes en señalar a sus presidentes como jefes de la administración, y en atribuírle la dirección de la guerra y la jefatura de las tropas, el nombramiento de empleados, la supervisión de la justicia y la vigilancia de las elecciones, la extradición de criminales y la concesión de indultos. Por curiosa excepción, la Constitución del Estado de Santander restringió las atribuciones del ejecutivo, y consagró una Asamblea del Estado que detentaba todo el poder público y de la cual el Presidente del Estado era apenas un agente.

La acción particular de algunos gobernantes de los Estados Soberanos merece destacarse por el influjo que tuvo en el desarrollo de sus regiones.

EN ANTIOQUIA, PEDRO JUSTO BERRÍO, abogado, minero y comerciante, fue leal a la filiación política con Mariano Ospina Rodríguez, y luchó contra la dictadura de Melo en 1854. Aunque bajo su administración se consolidó el conservatismo en el Estado, tuvo especiales respeto y reconocimiento hacia el Presidente de la Unión, Manuel Murillo Toro y lo logró asimismo de sus copartidarios. Firme, prudente y organizado, organizó la Casa de Moneda, construyó vías, desarrolló las comunicaciones con el telégrafo y la imprenta. Fomentó la educación y restauró la Universidad de Antioquia, y dio gran apoyo a la Iglesia, reconociendo su profundo arraigo en el alma tradicionalista de los antioqueños.

EN BOLÍVAR, JUAN JOSE NIETO, general, autodidacta, autor de una GEOGRAFIA DE CARTAGENA, y de dos o tres novelas. Apoyó el golpe de Melo. Santanderista originalmente, fundó el periódico La Democracia, en donde publicó Núñez sus primeros artículos. Nieto hizo poca administración porque se ocupó en guerrear, a veces próximo, a veces distante de Mosquera.

EN BOYACA, FELIPE PÉREZ, sobresaliente en la diplomacia y en las letras. Escribió novelas históricas y costumbristas, a la par con algunos ensayos de interpretación social, económica y política, lo mismo que obras de historia y geografía. No hay en su historia realizaciones excepcionales pero desempeñó con eficacia y honestidad las rutinas administrativas de numerosos cargos públicos desde gobernador hasta presidente del Congreso.

EN EL CAUCA, CESAR CONTO, abogado, agente del radicalismo liberal en el centro-sur del país, fue Diputado, Ministro, y Magistrado de la Corte Suprema. Lideró la batalla contra los hacendados esclavistas en el Cauca, que acaudillaba el poeta Julio Arboleda. Enfrentó también a los liberales mosqueristas. Fue característico su sectarismo anticonservador, y se mostró por ello distante de la mesura y la tolerancia de otro liberal coetáneo e igualmente caucano, Julián Trujillo, matriculado en el sector

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mosquerista. Fue acompañado en su gobierno, lo mismo en la administración que en la guerra, por el poeta Jorge Isaacs. Se le atribuyen abusos de poder y manipulaciones electorales. En 1885 representa al país en Lisboa, cuando se crea la Unión Postal Universal. Regresa más tarde y en forma clandestina al país, y se ocupa en hacer oposición a Rafael Núñez por lo cual es forzado a exilarse en Guatemala, donde muere. Fue hombre de grande y variada formación cultural, escribió sobre derecho, política, geografía, ortografía y lenguas, amén de algunas obras poéticas.

EN EL MAGDALENA, EL NEGRO ROBLES. Luis Antonio Robles es en la Costa Atlántica la presencia del liberalismo radical. Abogado del Colegio Mayor del Rosario, es el primer negro que llega al Congreso colombiano. A más de ello, fue Diputado y Ministro. Dirigió el partido liberal al lado de Rafael Uribe Uribe y de Aquileo Parra. Elocuente orador, enfrentó por su partido, del cual era el único representante en la Cámara, y por su raza, los ataques de Miguel Antonio Caro y de Rafael Núñez, haciendo campaña contra la Ley de los Caballos y el ArtículoK de la Constitución del 86 y denunciando las emisiones fraudulentas del Banco Nacional nuñista. Preocupado por la educación, fuera de su acción directa como congresista y como Presidente del Estado, concurrió en la fundación de la Universidad Republicana, después Universidad Libre de Colombia, y rectoró la Universidad de Nicaragua. Su administración del Estado del Magdalena terminó en 1879, derrocado por José María Campo Serrano, quien cumplía las estrategias de Núñez para desestabilizar los gobiernos radicales que quedaban en las diferentes regiones del país.

LA REPÚBLICA CONSERVADORA

RAFAEL NUÑEZ MOLEDO, cartagenero, es una personalidad de vocación política por excelencia. Hizo su carrera política dentro del partido liberal. Posteriormente capitaneó la disidencia de los liberales independientes, y con éstos y los conservadores nuñistas creó el partido nacional. Julián Trujillo, a su vez formado dentro del radicalismo, fué temporalmente partidario de Núñez, pero con su administración, abierta al ascenso de los independientes, propició la caída de la fracción radical del liberalismo.

Núñez, nacido en 1825, fué abogado, docente y rector de la Universidad de Cartagena. Antes de cumplir 25 años ya estaba vinculado a la administración y a la política. A la par con la política y la diplomacia ejerció el periodismo, y fué reconocido poeta y ensayista sobre temas políticos y filosóficos. Personalidad discutida, golpeada permanentemente por el escepticismo, hace gala de una voluntad superior y de una vigorosa inteligencia. Sagaz y cauteloso, conocedor del alma humana, es hábil en

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la manipulación de las conciencias y en la busca de sus intereses personales. Leal a sí mismo y oportunista en sus opciones políticas, constituye uno de esos caracteres sobre los cuales es imposible acordar los divergentes juicios de la historia.

Núñez convoca un Consejo de Delegatarios en Septiembre del 85. Están comprometidos a la redacción de una nueva Constitución, y provienen de los Estados soberanos de la Federación. Nueve liberales y nueve conservadores, no elegidos sino designados por los gobernadores, y entre ellos algunos de especial relieve en la historia nacional, tales como Miguel Antonio Caro, José María Samper, Guillermo Quintero Calderón, y Rafael Reyes. En el mensaje a los delegatarios, Núñez resumía sus aspiraciones sobre lo que la nueva carta política debía realizar: Centralización política y descentralización administrativa.

LA CONSTITUCION DE 1886

Núñez se retira de la presidencia el 1º. de abril del 86, por lo que la nueva Carta política es sancionada por el General José María Campo Serrano, encargado del poder ejecutivo. Ella rescata el preámbulo tradicional y es expedida en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar la unidad nacional. Enseguida remarca el carácter confesional que bajo ella tendrá la República, al reconocer que la Religión Católica, Apostólica y Romana es la de la Nación. Las ideas fundamentales publicadas y difundidas por el gobierno fueron discutidas y aprobadas mayoritariamente por las municipalidades. La Constitución distribuyó los temas en veintiún títulos, el último de los cuales es de disposiciones transitorias. En su comienzo da a la nación el nombre de República de Colombia.

La soberanía, dice, reside exclusivamente en la nación: y con esta expresión queda claro que se eliminan los Estados soberanos y se reconstituye el estado en forma de república unitaria, y por consecuencia la nación es dueña eminente del territorio general. Los que antes fueron Estados soberanos pasan a ser departamentos, y se atribuye a la ley la facultad de crear otros.

Fines de la Constitución –dice- son la unidad nacional, la justicia, la libertad y la paz.Tras definir los elementos de la ciudadanía y la nacionalidad, dedica el título tercero a los derechos civiles y las garantías sociales, modificando en muchos casos el carácter de absolutos que se les había atribuído en la Constitución de Rionegro. Tal ocurrió, por ejemplo, con el comercio y porte de armas y con las libertades de expresión y de prensa. Al primero se le definieron restricciones y controles, y a las segundas se las complementó

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con las responsabilidades que pusieran a salvo la honra contra la calumnia.

El reconocimiento de la religión católica fué el punto de partida para numerosos privilegios que se consagran en el Concordato del año siguiente, que ha sido considerado por muchos como consecuencia y apéndice de la Constitución. Se permitía a los ciudadanos el ejercicio de otros cultos, pero en condiciones tales que la práctica estuvo francamente desfavorecida, y no hubo ni libertad ni tolerancia de cultos. El monopolio católico y la hegemonía eclesiástica de su clero fueron francos y se consolidaron en los años siguientes. La educación pública era supervisada por los jerarcas católicos. Y el Concordato ampliaría luégo el catálogo de los privilegios y las contraprestaciones políticas en favor del gobierno regalista.

El legislativo conservó el sistema bicameral, un Senado con tres miembros a nombre de cada departamento, y una Cámara con base poblacional a razón de un representante por cada cincuenta mil habitantes. El Senado tuvo atribuciones de juez sobre los altos empleados.

Como en casi todas nuestras constituciones, el predominio es para el ejecutivo. El ejecutivo tendría un período de seis años, elegido mediante votación indirecta, y con atribuciones que lo fortalecían. Los ministros, gobernadores y agentes diplomáticos serían de libre nombramiento y remoción del Presidente. El Congreso podría otorgarle facultades extraordinarias temporales y precisas.

Para los historiadores contemporáneas una de las críticas más justificadas por la dolorosa experiencia de los últimos años se dirige a los artículos 121 y 28 de la Constitución, que convierten al Presidente en un monarca y lo aproximan fácilmente a la tiranía. En efecto, el artículo 121, que le permite declarar turbado el orden público y concentrar los poderes en su mano, ha sido fuente de abusos sistemáticos a lo largo de treinta y más años. Otro tanto puede decirse del artículo 28, que permite aún en tiempo de paz, retener a los ciudadanos por orden del gobierno, sin decisión judicial, por la simple sospecha de que podrían conspirar contra las autoridades del Estado. Uno de los comentarios más citados sobre la naturaleza férrea del presidencialismo del 86 lo hace Carlos Martínez Silva: “Es una Constitución monárquica, desgraciadamente electiva...”

La Corte Suprema estaría compuesta por magistrados vitalicios, salvo caso de mala conducta. Se restableció el Consejo de Estado, y se organizaron el Ministerio Público, la Hacienda, y la Fuerza Pública. Esta no es deliberante. (Pero bajo la vigencia de esta Carta se arrogará la facultad de juzgar a los civiles). Y se prohibe el ejercicio simultáneo de la autoridad política o civil y la judicial o militar. Se restablece el voto censitario o

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fundado en la propiedad de recursos económicos. Se prohibe la existencia de juntas políticas permanentes.

La reforma de la constitución debía discutirse en dos legislaturas, y como el Congreso se reunía cada dos años, había una cierta dificultad en los cambios políticos, lo que a juicio de algunos contribuiría a la estabilidad de las instituciones.

Mientras algunos hallaron en la Constitución del 86 un equilibrio de intereses y una apertura a las iniciativas de todas las procedencias, sus críticos encontraron que había sido redactada por expertos de biblioteca y desconocedores de la vida política real de los pueblos. Era retrógrada y renegaba de los progresos ideológicos del siglo, como se observaba al reconocer oficialmente al catolicismo como religión del Estado. Instauraba, se decía, una tiranía de la ley sobre todo y sobre todos, y era resultado obvio del más conspicuo fanatismo.

Aunque una de las observaciones críticas sobre la Constitución de Rionegro era la de haber sido obra de un solo partido, no escapa a la misma la Constitución del 86. El Consejo de Delegatarios designado por los gobernadores era paritariamente liberal y conservador, pero se entiende que unos y otros eran homogéneamente nuñistas, y con ellos se conformaría luégo el partido monopolista del gobierno, el partido nacional. De la convocatoria para redactar la nueva Constitución fueron expresamente excluídos los liberales radicales, derrotados militarmente por el gobierno de Núñez.

Esta conformación de partidos llamados nacionales con bloques amorfos surgidos de los partidos tradicionales no era nueva en el intento de Núñez. Ya tenía su antecedente en los proyectos de Mosquera en 1856, y se volvería a ver varias veces en la historia colombiana hasta nuestros tiempos más recientes.

Acotación similar puede hacerse a la proscripción tácita de los disidentes, sin posibilidad de ingresar a las corporaciones públicas. Los radicales soportaron la situación de parias políticos, como ocurrirá a los comunistas, socialistas y demócratas cristianos, cuando aparezca aprobado el Plebiscito de 1957 en el cual el Estado se convierte en botín monopolizado por el liberal-conservatismo, con exclusión de toda otra vertiente de pensamiento. Si en el primer caso los radicales fueron considerados fuera de la ley, en el segundo los excluídos quedaron fuera de la Constitución.

El llamado partido nacional entrará a ejercer completa hegemonía hasta el golpe de Estado de los históricos, sector conservador que removerá a

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Sanclemente y lo sustituirá con su Vicepresidente José Manuel Marroquín, mostrando un hecho más en la discutida historia de los vicepresidentes.

El texto de la Constitución desplazaba los criterios y las instituciones del liberalismo radical, y los administradores del país acabaron de conservatizarla burlando o sustituyendo por la vía legislativa las aparentes protecciones a la democracia y la libertad de pensamiento, de conciencia, de culto, de expresión, y de prensa. En los períodos siguientes a su vigencia, el partido liberal nunca logró elegir siquiera un Senador. El liberalismo se consolidó como oposición, y el partido nacional se identificó cada vez en forma más clara con el conservatismo regente. Como se dijo, no logró superarse la división partidista de la sociedad porque de la misma manera que la del 63 era una Constitución liberal radical, ésta fué una Constitución netamente conservadora. El objetivo aparente era la paz de la república, pero la forma como se aplicó a la organización social excluyente de otros criterios, dejó el embrión de nuevas luchas partidistas y enconadas guerras civiles.

Según el historiador jesuíta Fernán E. González, gran parte de los acuerdos previos y borradores de lo que sería la Constitución del 86, fueron redactados en largas charlas nocturnas de Miguel Antonio Caro y el Arzobispo de Bogotá, José Telésforo Paúl (Jesuíta), quien invitado por Núñez a integrarse a los redactores del Consejo de Delegatarios, rehusó participar públicamente. De allí salieron, por ejemplo, el preámbulo "en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad", los conceptos de que la religión católica es la de la nación, la educación católica de los colombianos, el reconocimiento como persona jurídica, las exenciones fiscales, etc.

De la vasta obra de Miguel Antonio Caro el sector que menos profundo y más superficial e improvisado se muestra es el de sus ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. Venía de una familia no solo española sino monarquista y adversa a la independencia. Su preferencia por el centralismo está vinculada a su escaso conocimiento empírico del mundo y de los hombres, reducido como estuvo toda su vida a la contemplación de la Sabana, de la que nunca salió. Hasta las realidades económicas y humanas de las provincias le eran desconocidas. El constitucionalista Benjamín Ardila Duarte acota que gran parte del texto del proyecto de Constitución para el 86 es fiel copia de la Constitución española de 1876. Y, de hecho, el movimiento constitucional de 1880 fue seguido durante la hegemonía conservadora por un paralelo revanchismo a la Revolución Liberal de Francia, con manifestaciones como la Regeneración, la fundación de la Academia de la Lengua y toda la literatura nacional hasta 1930. La irresponsabilidad de los congresistas y el fuero presidencial, son evidente toma de instituciones de las Cortes Españolas.

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En 1986 se celebró pomposamente el centenario de la Constitución de Núñez y de Caro, y abundaron los elogios sin que se notaran mucho los deseos de alabarla para conducirla al panteón. Hace días se estaba ya pensando en sustituír lo que de su texto original quedaba en medio de tantas y tan prolijas modificaciones. Pero la celebración de los conservadores y de los liberales desmemoriados dejaba de lado, tapaba con los inciensos del ceremonial, las formas concretas con las que esta Constirtución afectó por muchos años las instituciones políticas, económicas, pedagógicas y jurídicas del país colombiano. No hubo recuerdo de la represión, la censura de prensa, la Ley de los Caballos, el Artículo K, la pena de muerte, el monopolio de la burocracia, la exagerada influencia clerical, la discriminación de la mujer, y otras conductas sociales parecidas que la constitución nuñista entronizó.

De ella, cien años después, no quedaba sino el esqueleto. Estaba hecha para otros tiempos y otros hombres. Con las imperfecciones, las deficiencias y los sectarismos explicables, pues humanos y partidistas eran sus autores, y no trabajaban para la eternidad. Ni siquiera para el siglo XX...

El primer estatuto político de Occidente parece ser la Carta Magna de los ingleses en 1215. Entre los documentos que sobreviven está la Constitución estadounidense de 1787, y la Carta suiza de 1848. Perón abolió la Constitución argentina de 1866. De modo que la Constitución colombiana de 1886 era la más antigua de América Latina, y de las más viejas del mundo, exceptuadas solo las que atrás mencionamos.

En la busca de sus ambiciones personalistas, Núñez –con la mediación de Angulo- hace entrega a los conservadores del parque, las armas, y los recursos militares del liberalismo. Así combate y destruye a los radicales. Así acaba con los Estados soberanos. Así empieza a montar el aparato político de la Regeneración. La partida de defunción de la Constitución del 63 se escribe con la horca de Cocobolo y Petrucelli y el fusilamiento del Cabo Díaz en Ayapel. El Núñez que, según sus palabras, nunca dejó de ser liberal; el Núñez que creía que quienes dejaron de ser liberales fueron los radicales (los radicales “de liberalismo apócrifo”, los llamó), es el padre de una constitución al margen de los partidos, de una Constitución simplemente nuñista.

El Consejo de Delegatarios estuvo conformado por decisión de Núñez con nueve conservadores y nueve exliberales ahora inscritos en el llamado Partido Nacional. Y en cuanto a la representatividad regional, vale recordar que el Estado de Panamá estuvo representado por dos bogotanos.

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A vuelo de pájaro puede mirarse en los registros de las deliberaciones el pensamiento de los redactores de la Constitución del 86.

Miguel Antonio Caro, bogotano, era centralista cerril. Y la descentralización administrativa hubo qué introducirla en 1910. Núñez, que en 1855 había defendido el federalismo, sugirió que los Estados se fraccionaran aún más: tuvo qué disuadirlo el diputado del Cauca. Núñez propugnaba la dirección de la enseñanza por el Estado, porque la libertad de enseñanza “era dejar libertad para que esos apóstoles de la incredulidad opongan escuela mala y perversa a la escuela de la moral y de la religión.... esos colegios serán cuarteles de instrucción de los futuros oficiales de las turbas revolucionarias”. La fórmula “prensa libre pero responsable” no fue aceptada por Núñez. Para conseguir una prensa responsable, pensaba, es necesaria la censura previa y el establecimiento de los delitos de imprenta, conducentes en uno y otro caso al cierre de los periódicos infractores. En cuanto a la pena de muerte, consideró que ésta se había restablecido “no tanto por la Constitución, sino por el curso natural de las cosas...(sic)”. A pesar de que el Delegado Ospina Camacho declaró que “los católicos desechamos como innecesario y hasta inconveniente el dar al catolicismo el carácter de religión oficial de Colombia”, por presión de Caro se incluyó la postulación de que “La religión católica ... es la de la Nación”. En consecuencia, se impuso “la organización de la enseñanza... en consonancia con la religión católica”. Samper pregunta: “Qué se hace si entra a la escuela un niño cuyo padre repugna la enseñanza religiosa? Y Caro le responde –según las Actas_: “Esta cuestión envuelve muchos casos posibles pero remotos, que deben resolverse cuando se presenten, conforme a los reglamentos de la instrucción pública, y no ahora, de una plumada y en una base constitucional, donde no debe tratarse este punto”. Curiosamente, frente al sufragio, el progresista era Caro, partidario del sufragio universal, frente a Núñez, partidario de la restricción y del sufragio indirecto. Samper, a su modo, era racista: El negro, creía, era bueno para el trabajo y la procreación, pero no para decidir los destinos nacionales, lo que debía reservarse a la ilustración de los blancos. Citado por Liévano Aguirre, el prócer Samper decía que conceder el voto a los negros y a los indios, que eran entonces la mayoría en Colombia, “equivaldría a condenarnos a no tener nunca un buen gobierno”.

La Constitución del 86 es madre de la Ley 61 de 1888 o Ley de los Caballos, antecedente del Estatuto de Seguridad y de todos los engendros similares bajo cuyo imperio, “la Constitución queda suspendida”.15

15 Así nos lo dijo un pobre policía, en la puerta del cuartel, a un eminente constitucionalista y a mí en 1976.

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También a vuelapluma hay qué recordar que para que la Constitución del 86 llegara a nuestros días fue necesario:

Que en 1907 se estableciera la reunión anual del Congreso. Que en 1910 se restablecieran las Asambleas Departamentales, se estableciera la elección directa del Presidente de la República, se suprimiera la pena de muerte, se prohibiera la emisión de papel moneda de curso forzoso, y se atribuyera al Congreso la facultad de imponer tributos. Que en 1936 se diera función social a la propiedad privada, se diera posibilidad constitucional al intervencionismo de Estado, se consagrara la libertad de cultos y se garantizara la libertad de enseñanza.Que se asumiera por el Estado la asistencia pública y la inspección de la educación.Que se garantizara el derecho de huelga y se estableciera el patrimonio inembargable de familia. Que en 1945 se reformara la organización de la justicia y la administración del presupuesto, se reglamentara la Contraloría General de la Nación y se suprimiera la Segunda Designatura; que se diera la ciudadanía a las mujeres, y se excluyera a los uniformados de la deliberación electoral. Y que, después, en sucesivas y recientes reformas, se diera el voto a la mujer, y luégo la equidad jurídica con el otro sexo, y que se reorganizara el Estado con la Reforma del 68, y que se consagrara la planeación.

MIGUEL ANTONIO CARO, prócer de la nacionalidad, y a quien se verá durante algún tiempo en la cúpula del poder o de la influencia política, fué sin dudas un verdadero perito en maquinaciones. Caro en 1898 le rogó a través de comisionados, a Rafael Reyes que viniera al país para tumbar a Sanclemente y sustituírlo. Reyes no aceptó derrocar al anciano, y Caro hizo elegir a otro anciano, a Marroquín, quien luego se rebeló y quiso hacer su voluntad. Entonces Caro lo depuso y entronizó a Sanclemente. Ante la imposibilidad de éste para gobernar, lo hizo Caro por intermedio del ministro de gobierno, un tal Rafael María Palacio.

La conspiración para derrocar a Marroquín, y reponer en la presidencia a Manuel A. Sanclemente, fue encabezada por Mariano Ospina Chamorro, y por Pedro Nel Ospina, Ministro de Guerra designado por Marroquín, y posteriormente Presidente de la República. En el gobierno de Pedro Nel Ospina se trajo al país la Misión Kemmerer, con cuyos planes se abrió nuestra economía al crédito internacional y se crearon las condiciones para la concentración del capital bancario y financiero.

Rafael Uribe Uribe, al analizar los acuerdos de límites con Venezuela, pone de relieve la generosidad del Presidente Miguel Antonio Caro con el

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país vecino, ..."al ceder tierras sobre las cuales tenía Colombia pleno derecho".

El mismo Colegio de Delegatarios que había aprobado la Constitución, eligió a Rafael Núñez para la Presidencia de la República por un período de seis años, de 1886 a 1892. Los jefes liberales fueron desterrados y la prensa censurada, en prevención de conspiraciones contra el gobierno. El partido conservador se mostró dividido en dos facciones, los nacionales o nuñistas, y los históricos. El Presidente Núñez reprimió toda oposición y concentró en sus manos la mayor parte del poder político, con desmedro del legislativo. Este período mostró el recio carácter, el maquiavelismo político y las veleidades de Núñez, quien gobernó por períodos breves, entregando la administración y recobrándola voluntariosamente en manos de Vicepresidentes y Designados: Campo Serrano, Payán, Carlos Holguín, gobernaron parcialmente durante los cortos meses en que actuaban de acuerdo a las instrucciones del titular, e iban desapareciendo de la escena política cuando contrariaban sus deseos o no se plegaban a sus intenciones. Con Holguín quedó consolidada la llamada hegemonía conservadora, lo que provocó el retorno de los nuñistas liberales a su partido de origen y con ello a la oposición.

Para el período siguiente 1892 a 1898 el candidato de los conservadores históricos, Marceliano Vélez, fue derrotado por la fórmula de los conservadores nacionales, con Núñez para presidente y Miguel Antonio Caro para la Vicepresidencia. Todo el período administró el país el Vicepresidente Caro, y se dieron en él varios hechos importantes: En 1894 muere Núñez; en 1895 se produce una revolución contra el gobierno que es rápidamente controlada. La agitación política se polariza entre conservadores históricos, y liberales -ya prácticamente desaparecido el nuñismo o conservatismo nacional-. Hubo emisiones clandestinas del Banco Nacional, y se autorizó la fundación de Misiones de la Iglesia Católica en los territorios indígenas. En 1896, quiso Caro retirarse unos días a descansar y encargó del mando al Designado, General GUILLERMO QUINTERO CALDERON, pero ante la amenaza de problemas de orden público, reasumió el poder cinco días después. Quintero Calderón fué, entonces, Presidente de la República por un lapso de cinco días, del 12 al 17 de marzo del año mencionado.

El proceso económico de la Regeneración heredó una difícil situación originada en la caída grave de las exportaciones de la quina, el tabaco, el algodón, el caucho, y la desaparición en la práctica de la venta de añil al mercado exterior. Tampoco el café estaba en su mejor momento. Como la demanda de importaciones era igual, la balanza era deficitaria y el medio circulante tomaba camino del extranjero dificultando el comercio interior de bienes y servicios. Los gastos eran crecidos como resultado del desorden público y las frecuentes sublevaciones. La producción artesanal

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había sido afectada por la liberación de las importaciones de manufacturas extranjeras. Era deficiente la producción agrícola cuyos renglones más significativos eran el trigo, el maíz y la papa. El ganado había tenido un incremento ligero, que se aprovechaba para darle a los cueros la nota de mercancía exportable. La tenencia de la tierra estaba concentrada en propietarios ausentistas, las guerras habían traído la inseguridad a campos y aldeas, y la propiedad misma no levantaba cabeza ante las frecuentes e intempestivas expropiaciones y confiscaciones. El primer gobierno de Núñez intentó regresar a un cierto proteccionismo y rebajó impuestos a las materias primas de uso nacional a la vez que empezaba a gravar las importaciones que competían pesadamente sobre la producción del país. Subsidió algunas industrias y fomentó las obras públicas como mecanismo de empleo. Limitó la libertad de emisión y la atribuyó privilegiadamente al Banco Nacional que se fundó como apoyo fiscal del gobierno. Este fue tomado como verdadera agresión a la banca privada que venía manejando los fondos oficiales y manejando a su antojo el crédito. Para capotear la crisis del 83 –con cesación de pagos a los empleados y pensionados, parálisis de las obras públicas, intereses usurarios- Núñez ordenó la emisión de papel moneda de curso fozoso, peligroso recurso al que seguirán apelando los gobiernos conservadores en los años que van hasta la Guerra de los Mil Días. La nueva Constitución fue el instrumento de vigorización del gobierno central. Complementariamente, se tomó para el gobierno central varias rentas departamentales debilitando sus posibilidades y sujetándolos económicamente a los planes del ejecutivo central. El gobierno reinició el pago de la deuda pública externa, y fortaleció la organización militar y policiva. El desempleo urbano devolvió muchos brazos al campo y alentó la producción cafetera en los Santanderes, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Boyacá; otro tanto ocurrió con la construcción de ferrocarriles. Por entonces comenzó a desarrollarse la exportación del caucho, lo que condujo a un movimiento colonizador de vastas zonas en el Caquetá y el Putumayo. En Medellín y en Cundinamarca aparecieron locerías y vidrierías, y se extendieron las preexistentes factorías de textiles y cervezas. La oposición reclamaba la cesación del papel moneda de curso forzoso y el retorno al patrón oro, el cierre del Banco Nacional (lo que se logró en 1896), la abolición de los monopolios fiscales del aguardiente y el tabaco, que se habían restablecido en 1893.

En 1897 caen los precios del café, y la economía, que ya empezaba a tenerlo como eje, prácticamente colapsa. En este ámbito económico y en su reflejo de desorden político generalizado hará su ingreso la Guerra de los Mil Días.

El estado republicano que se originó con la independencia definió su territorio con fundamento en el Uti possidetis juris que correspondía a los límites del período colonial. Pero la consolidación del cuerpo del

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Estado no fue tarea fácil. Desde los primeros tiempos se conoció el interés secesionista de Buenaventura, Chocó, Pasto y Popayán, que querían vincularse al Ecuador. La legislación española se conservó en vigencia los primeros años, en tanto no se opusieran a ella las nuevas disposiciones de la Gran Colombia. La primacía de éstas se fue consolidando en el primer decenio, y ganando carácter civilista tanto frente a los códigos militares como a los canónicos o eclesiásticos. A través de Chile se tomaron cuerpos de normas de Francia. Bajo el gobierno de Mosquera se sustituye el sistema contable español por el inglés, y el sistema español de medidas por el métrico decimal. Otro tanto ocurrió con la moneda, que solo después de mediado el siglo XIX tuvo características nacionales, pues antes seguían circulando las coloniales fundidas y acuñadas en México o en el Perú.

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LECTURA COMPLEMENTARIA

CONSTITUCION POLITICA

PARA LA CONFEDERACION GRANADINA

El Senado y la Cámara de Representantes de la Nueia Granada, reunidos en Congreso,

En uso de la facultad que concede al Congreso el Acto Legislativo de 10 de febrero de 1858, reformando y adicionando el articulo 57 de la Constitución, y

CONSIDERANDO:Que en consecuencia de las variaciones hechas en la organización

política de la Nueva Granada, por los actos legislativos que han constituido en ella ocho Estados federales, son necesarias disposiciones constitucionales que determinen con precisión y claridad las atribuciones del Gobierno general y establezcan los vínculos de unión que deben ligar a los Estados;

Bajo la protección de Dios Omnipotente, Autor y Supremo Legislador del Universo,

Han venido en acordar y decretar la siguiente

CONSTITUCION POLITICA PARA LA CONFEDERACION GRANADINA

CAPITULO I

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DE LA NACIÓN Y DE LOS INDIVIDUOS QUE LA COMPONENArt. 1° Los Estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca,

CundÍnamarca, Magdalena, Panamá y Santander se confederan a perpetuidad; forman una nación soberana, libre e independiente, bajo la denominación de “Confederación Granadina", y se someten a las decisiones del Gobierno general, en los términos que se establecen en esta Constitución.

Art. 2º. Los límites del territorio de la Confederación Granadina son los mismos que en el año de 1810 dividían el territorio del Virreinato de la Nueva Granada del de las capitanías generales de Venezuela y Guatemala, y 'del de las posesiones portuguesas del Brasil; por la parte meridional son provisionalmente los designados en el Tratado celebrado con el Gobierno del Ecuador en 9 de julio de 1856, y los demás que la separan hoy de aquella república.

Art. 3° Son granadinos:1° Todos los nacidos o que nazcan en el territorio de la Confederación;2º. Los que nazcan en territorio extranjero de padres granadinos; 3º. Los que obtengan carta de naturalización; y4° Los que no estando comprendidos en los incisos anteriores, tengan

las cualidades de granadinos según la Constitución de 1853.Art. 4° Se consideran como granadinos de nacimiento: 1° Los nacidos o que nazcan en el territorio de la Confederación, y los hijos de granadinos nacidos o que nazcan en territorio extranjero; y2° Los colombianos que habiendo prestado sus servicios al Gobierno nacional, llevan hoy el título de granadinos.

Art. 5° Son ciudadanos hábiles para elegir o ser elegidos para los puestos públicos de la Confederación, conforme a esta Constitución, los varones granadinos mayores de veintiún años, y los que no teniendo esta edad, sean o hayan sido casados.

Parágrafo. La ciudadanía no se suspende sino por haber sido

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condenado en causa criminal, o por enajenación mental...................................................................

CAPITULO V

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALESArt. 56, La Confederación reconoce a todos los habitantes y

transeúntes:1° La seguridad individual, que consiste en no ser presos, arrestados ni

detenidos sino en virtud de hechos determinados por leyes preexistentes; ni juzgados por comisiones o tribunales extraordinarios; ni penados sin ser oídos y vencidos en juicio;

2° La libertad individual, que no reconoce otros límites que la libertad de otro individuo; es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello de cuya ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo o a la comunidad conforme a las leyes;

3° La propiedad, no pudiendo ser privados de ella sino por vía de pena o contribución general con arreglo a las leyes; y cuando así lo exija algún grave motivo de necesidad pública judicialmente declarado, y previa indemnización.

En caso de guerra, la indemnización puede no ser previa, y la necesidad de la expropiación puede ser declarada por autoridades que no sean del orden judicial.Por lo dispuesto en este inciso no se entiende que pueda imponerse la pena de confiscación en caso alguno.

4° La libertad de expresar sus pensamientos por medio de la imprenta, sin responsabilidad de ninguna clase;

5° La libertad de viajar en el territorio de la Confederación, y de salir de él, sin necesidad de pasaporte ni permiso de ninguna autoridad en tiempo de paz, siempre que la autoridad judicial no haya decretado el arraigo del individuo. En tiempo de guerra, el Gobierno podrá exigir el requisito de un pasaporte a los individuos que viajen por los lugares que

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sean teatro de operaciones militares;6° La libertad de ejercer su industria y de trabajar sin usurpar la

industria cuya propiedad hayan garantizado temporalmente las leyes a los autores de inventos útiles, ni las que se reserven la Confederación y los Estados como arbitrios rentísticos, ni embarazar las vías de comunicación, ni atacar la salubridad;

7° La libertad de dar o recibir la instrucción que a bien tengan en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos;

8° La igualdad, en virtud de la cual todos deben ser juzgados con arreglo a las mismas leyes, por los jueces establecidos por ellas, y no pueden ser sometidos a contribuciones ni a servicios excepcionales que graven a unos y eximan a otros de los que estén en la misma condición;

9º. La inmunidad del domicilio, y la inviolabilidad de la correspondencia, de manera que aquél no podrá ser allanado, ni ésta interceptada o registrada, sino por la autoridad pública, en los casos y con las formalidades prescritas por las leyes;

10. La profesión libre, pública o privada, de cualquiera religión; pero no será permitido el ejercicio de actos que turben la paz pública, o que sean calificados de punibles por leyes preexistentes;

11. La libertad de asociarse sin armas, con las restricciones que establezcan las leyes; y

12. El derecho de obtener resolución en las peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o funcionarios públicos sobre cualquier asunto de interés general o particular.Art. 57. Los granadinos naturales o vecinos de un Estado gozarán en los otros de los mismos derechos políticos y civiles que los granadinos naturales o vecinos de ellos, bajo las mismas condiciones impuestas a los últimos.

Art. 58. Los extranjeros que se hallen en el territorio de la Confederación, o que vengan a él, gozarán de los mismos derechos civiles y garantías que los nacionales; debiendo siempre estar

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sometidos, como ellos, a las leyes y autoridades del país.

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Fuente: CONSTITUCIONES DE COLOMBIA. Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bogotá 1951.

PUNTOS PARAREFLEXIÓN Y DIÁLOGO

***** En algunas Constituciones observamos el claro predominio de la Rama Ejecutiva frente a las otras dos. Solamente en una de ellas, excepcionalmente, se refuerzan las atribuciones del poder legislativo. Después de reflexionar sobre ello, qué argumentos tenemos para preferir el predominio de una o de otra entre las ramas del poder público?

***** En algunos textos históricos se afirma que las guerras fueron de utilidad para el progreso y el desarrollo de los pueblos. Qué pensamos acerca de ello? Hay argumentos que justifiquen hacer depender de una guerra civil el crecimiento del comercio, la apertura de vías, el desarrollo de industrias militares y logísticas?

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***** Cuando observamos la acción de los héroes y constructores de pueblos surge la duda de si existen entre ellos aquellos personajes que no solo saben por qué hay qué guerrear sino en qué momento detenerse. Hallamos en todos nuestros próceres la misma capacidad para construír que para destruír?Y en nuestro tiempo encontramos ideas o instituciones para las cuales se justifique la defensa armada? Cuáles serían? Son las armas todavía un recurso ineludible?

V

LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS

Y LA SEPARACION DE PANAMÁ

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A partir del 86, ya en vigencia la Constitución que a pesar de los vaivenes resistirá más de cien años, el proceso económico-social hace una gradual transición hasta los años veintes. Las instituciones empiezan a tomar forma y podría decirse que comienza la modernización, esa modernización con la que habían soñado los federalistas radicales desde mediados del siglo. El cultivo del café se expande y gana importancia. En el 96 hay gran cosecha y el grano llega a representar el 56% de las exportaciones. Diez años después bajará a menos del 40%. Pero en 1919, retomado el impulso, llegará al 68%. La industria cafetera pasa a ser el factor fundamental en la edificación económica del país y en su entrada al mercado mundial. En Latinoamérica empieza a notarse el cambio de paradigmas económicos, de salida la influencia inglesa y de entrada el imperialismo económico estadounidense. Despertaba la industrialización con factorías de textiles ,chocolate, fósforos, bebidas, alimentos, cigarrillos, calzado. El país tiene cuatro millones de habitantes. Y en los treinta primeros años del siglo XX alcanzará los ocho.

Desde comienzos de la década del 90 el conservatismo estuvo dividido, y Miguel Antonio Caro, vicepresidente, asume la administración desde la cual afrontará la oposición no solo de los liberales sino de los conservadores del otro bando, constituyentes en buena parte de la burguesía financiera gravemente perjudicada por Núñez, por su Banco Nacional, y por el cambio de patrón monetario. En el 94 fallece Núñez, y el liberalismo cree que es oportuna la acción insurgente para acabar con la Constitución del 86 y con sus defensores. En 1895 se inicia la insurrección. Las acciones son desastrosas. Santos Acosta es neutralizado sin salir de Bogotá. Y en las otras regiones comprometidas –Boyacá, Santander, Tolima y Cundinamarca- tampoco se cuentan éxitos importantes. Solo hay acciones bélicas notorias bajo la conducción de Rafael Reyes en Cundinamarca. Aunque le dieron el pomposo nombre de revolución, fue una asonada de dos meses, y no pasó de allí. El liberalismo vencido decide volver a la carga. Pero la división del conservatismo en históricos -

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reformistas de la Constitución- y nacionalistas –defensores de la Constitución tal como estaba- deja entrever la posibilidad de acción política sin acudir a las armas. También el liberalismo se dividirá entre pacifistas y partidarios de la rebelión armada. En el liberalismo pacifista forma el Olimpo Radical. Entre los rebeldes irán Uribe Uribe, Maximiliano Grillo, Luis A. Robles, Foción Soto, Ricardo Tirado. La nueva revuelta empieza el 17 de agosto de 1899.

Para no inhabilitarse y buscar de nuevo la elección presidencial, Caro se retira de la presidencia en 1896 y deja en ella al Designado, General Guillermo Quintero Calderón. Pero Quintero Calderón decidió no dejarse manipular por Caro y designó un gabinete a su gusto, con la idea de fortalecer su permanencia en la presidencia del Estado. Caro consideró desleal tal conducta y reasumió el cargo, limitando la Presidencia de Quintero Calderón al término de cinco días. El presidente Caro modifica su estrategia electorera y sus partidarios apoyan la fórmula conformada por un dúo de ancianos, MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE, y JOSE MANUEL MARROQUIN, cuya esperada desaparición temprana dejaría nuevamente en el poder al Designado Caro. . La administración de Caro había sido tiempo de peculados y abusos; en las salinas de Zipaquirá obraba el permanente robo de los recursos y de las rentas y se escamoteaban los libros para evadir responsabilidades, proliferaban las nóminas dobles y los sueldos cobrados sobre cargos y funciones imaginarias. No había ni con qué pagar el salario a los funcionarios del gobierno. En el campo había mucho desempleo. El gobierno decretó la reducción de los salarios.

Gana la presidencia Sanclemente y se posesiona Marroquín de ella, en su carácter de Vicepresidente, pues el elegido prefiere quedarse en su residencia en Buga. Pero contrariamente a lo que se esperaba, Marroquín desarrolla sus propios criterios y no sigue las instrucciones de Caro. Este, con su grupo de partidarios, obliga a Sanclemente a viajar a Bogotá y asumir la presidencia, lo cual realiza el 3 de noviembre de 1898.

Una vez abierta la insurrección, comanda como Generalísimo las tropas liberales Gabriel Vargas Santos. Por su parte, ante la inminencia de la guerra, en 1899 el Presidente designa por decreto, a Jesucristo, como responsable de la soberanía de la República. A fines de octubre los liberales tienen una primera derrota en Piedecuesta. El general Juan B. Tovar se atrinchera en Bucaramanga y los espera. Llegan, al mando de Uribe Uribe, cuyas fuerzas solo tenían armas para la mitad de los efectivos. La derrota es el resultado lógico, y deben retirarse de la zona. Los liberales triunfan en Peralonso (Santander). Benjamín Herrera vence a Vicente Villamizar el 12 de diciembre de 1899, y propone al gobierno una paz condicionada a varias reformas de sentido democrático y popular. Sanclemente desechó la idea y ordenó continur la represión del alzamiento. Por razones de salud empezó su peregrinaje por tierras más

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propicias, Anapoima, Tena, Villeta... mientras en Bogotá otros administraban el país en su nombre y hacían uso a discreción de la firma del Presidente en un sello facsimilar. Con la anuencia de Aquileo Parra, patriarca liberal, se preparó el golpe contra Sanclemente. En la última noche de julio del 1900, una conspiración urdida por Carlos Martínez Silva, Miguel Abadía Méndez, Ramón González Valencia, José Vicente Concha, y el Ministro de Guerra Manuel Casabianca, depone al Presidente Sanclemente, y montado sobre el golpe de Estado asume la presidencia JOSE MANUEL MARROQUIN. El 31 de julio de 1900 Marroquín se posesiona de la Presidencia. Caro lamentó los hechos, que así se salían totalmente de sus manos. Al presidente Sanclemente se le notifica en Villeta su despojo del cargo. Allí mismo morirá en 1902, con ochenta y ocho años. Marroquin no es partidario de la paz con los liberales y desautoriza algunas conversaciones que en ese sentido se adelantaban.

De octubre del 99 a noviembre del 02, la guerra civil, con primeras acciones en Santander, va a tener varios teatros adicionales importantes: Tolima, Cundinamarca y Boyacá, en el centro del país, las regiones del Magdalena y Bolívar en la Costa Atlántica, la Costa Pacífica y el Cauca, y desde luégo los reflejos en Panamá, que conectarán directamente con los episodios de la secesión. No hubo acciones importantes en Antioquia, conservadora en los estratos trabajadores, y liberal- empresarial –es decir, conservadora también- en los sectores económicamente dominantes.

Las condiciones en que se desarrolló la lucha fueron complejas, pero una característica general fue el grado de anarquía de las tropas liberales cuya cohesión estuvo siempre amenazada por la autonomía reclamada por sus generales, y la propensión a depender de caudillos locales que aportaban sus obreros o sus peonadas, y naturalmente querían dirigirlos en una guerra definida a su modo y con sus personales criterios. Así, salvo los ambientes de Santander y Panamá donde tuvo apariencias de una guerra entre ejércitos organizados, en el resto del país la estrategia operativa fue de guerra de guerrillas. Una consecuencia lamentable fue la proliferación del pillaje y el saqueo tanto de los grupos liberales como de las bandas conservadoras en cuanto podían hacerlo. Aunque no existió peligro de que se internacionalizara la guerra sí es un hecho que gobiernos vecinos –Guatemala, Venezuela, gobernada por Cipriano Castro, y Ecuador- se interesaron en ella y ayudaron con pertrechos y vituallas a los ejércitos liberales. Pero en los insurgentes fue general la necesidad de acudir a sus iniciativas artesanales para dotarse de armas y pólvora. La presencia del machete y de los macheteros16 en las filas liberales contribuyó a darle un tinte muy cruel a los combates. Solo un sector reducido de los combatientes en la frontera oriental logró equiparse con fusiles procedentes de Venezuela. Sorprendente fue la presencia de las mujeres 16 Son legendarias las acometidas del Batallón de Macheteros del Negro Marín.

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en las filas de la rebelión. Llamadas “las Juanas”, no solo fueron compañía y apoyo logístico como modistillas, cocineras y enfermeras de los insurrectos, sino que en más de una ocasión intervinieron con ardor en los combates contra los soldados del gobierno. Dolorosamente también se involucraron voluntaria e involuntariamente los niños, que cooperaron, entusiastas y aventureros, en el acarreo de armas y cartuchos, como estafetas de órdenes, y como espías y baquianos de orientación.

Para financiar la guerra el gobierno acudió a los empréstitos y las emisiones de moneda, y los rebeldes liberales se ayudaron con donaciones (que las hubo de gobiernos simpatizantes), contribuciones obligadas, y desde luégo el producto de los saqueos en los lugares ocupados.

Después del triunfo liberal en Peralonso, empieza a flaquear el supuesto jefe de la insurrección, general Vargas Santos, de 74 años. Están concordes los historiadores en que esta victoria no se supo aprovechar por los liberales, quienes hubieran hallado expedito el arribo a la capital y la toma del poder. En lugar de ello dirigieron el grueso de la fuerza a Cúcuta, donde Vargas Santos es proclamado por Uribe Uribe como Presidente Provisional de la República. Pero cuatro meses de inactividad, con un ejército quieto dedicado a la pereza y al licor destruyen las posibilidades de futuro. Los conservadores o legitimistas preparan el cerco, consolidan su ejército bajo el comando del General Manuel Casabianca. Cuando Vargas Santos quiere dirigirse al interior se tropieza entre Bucaramanga y Lebrija con las tropas del General Próspero Pinzón. En Palonegro se combatirá prácticamente del 11 al 26 de mayo de 1900. El frente de batalla se alargó por encima de los veinte kilómetros con gran desgaste y pocos efectos. La gran batalla en sí fue un catálogo de errores tácticos de ambos combatientes, que día a día se alternaban contabilizando el éxito. El 26 los liberales abandonaron el campo al vencedor. De sus siete u ocho mil soldados habían perecido más de mil quinientos, y otro tanto se perdió en la fatídica retirada por la región de Torcoroma. En Palonegro, la más sangrienta de las batallas de la guerra civil, la tropa conservadora perdió mil de sus diez mil combatientes. Tras algunas escaramuzas los liberales se dispersan y sus jefes se van para la Costa Atlántica. Con la derrota de los quinientos que quedaron defendiendo a Cúcuta, la Revolución termina en Santander.

En Panamá, antes aún de que hubieran actuado, los líderes liberales fueron apresados, y unos pocos que se evadieron y quisieron combatir, fueron vencidos y apresados rápidamente. En marzo del 900 algunos jefes revolucionarios desembarcan en una costa periférica con auxilios aportados tanto por el gobierno liberal de Alfaro en el Ecuador, como del liberal nicaragüense José Santos Zelaya. Los liberales tratan inútilmente de tomarse a Ciudad de Panamá, defendida por el General Carlos Albán.

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Los liberales pierden 600, la mitad de sus hombres. Pero sus fallas tácticas las muestra el resultado en las filas conservadoras: 30 vidas. En noviembre de 1901 ante la incapacidad para defenderla, el General revolucionario Domingo de la Rosa entrega la ciudad de Colón al General Albán. El 24 de diciembre desembarcan en el Istmo los tres mil hombres que trae el General Benjamín Herrera desde Centroamérica. En la acción del 20 de enero siguiente, en combate naval frente a Ciudad de Panamá, los liberales con el buque “Almirante Padilla” hunden al “Lautaro” de los conservadores y obtienen victoria sobre éstos. En agosto, las tropas liberales que ya llegan en esa zona a diez mil soldados, fuerzan a los defensores conservadores de la capital panameña a la capitulación.

En el sur del país, las tropas liberales contaron también con la colaboración de grupos liberales ecuatorianos que se enrolaron en ellas. La presencia de la Columna Eloy Alfaro ofendió a los conservadores y a la Iglesia, que por lo mismo solicitaron se le diera a la defensa del gobierno el carácter de guerra internacional. El presidente Alfaro continuó auxiliando la revolución liberal con hombres, vituallas, cuarteles y asilo territorial. Las tropas liberales colombo-ecuatorianas atacan a Rumichaca y son vencidas. Como respuesta, un ejército conservador igualmente colombo-ecuatoriano invade la región de Tulcán, pero es derrotado por las tropas ecuatorianas. Ante la indecisión de las acciones posteriores, las tropas liberales se internan en el Ecuador y poco a poco se disuelven. El puerto de Buenaventura, dominado por los liberales, es tomado por el ejército conservador del General Carlos Albán. A fines del 900 el liberalismo ha sido derrotado en la Costa Pacífica. Tierras adentro, el liberalismo reacciona organizándose en guerrillas que se mueven en un amplísimo territorio, desde al Patía hasta el Quindío. Pero el Cauca no salió del control del gobierno. En el centro del país, las fuerzas liberales tienen una serie de victorias en mayo del 900 en el Tolima, y unidas a las que se levantaron en el Sumapaz, se tomaron desde Viotá hasta Fusagasugá y Sibaté, pero descuidados con la euforia del triunfo son estruendosamente derrotados en Tibacuy a la altura de agosto por el General Nicolás Perdomo. En el centro del país la represión conservadora alcanza altos niveles de crueldad, ilustrados por las anécdotas conservadas en las memorias de los combatientes. Madres que eran ejecutadas con sus hijos. Prisioneros condenados a morir a puñaladas, a menos que ellos mismos pagaran el valor de la bala para fusilarlos. Soldados que daban muerte a sus hijos para que no cayeran en manos del enemigo...

Los liberales se toman algunos buques en el Magdalena, pero inexpertos marinos de agua dulce, sufren una grave derrota en Gamarra, y el río queda desde fines del 1899 en manos de las fuerzas gobiernistas. En la costa obtienen los liberales un importante triunfo en Montería en febrero

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de 1900, pero sufren la gran pérdida del General Siervo Sarmiento, gran estratega, víctima de la fiebre amarilla, unos meses después.

En 1901 son reforzadas las tropas liberales del Magdalena y Bolívar por un contingente que envía el presidente de Venezuela en desquite por el apoyo que el gobierno conservador de Colombia ha prestado a su adversario Rangel Garviras. Aun así, las fuerzas liberales son derrotadas, aunque un poco después logran hacerse fuertes en las provincias de Valledupar y Padilla. En 1902 los liberales se toman a Riohacha y realizan una masacre de conservadores.

Uribe Uribe, que ha regresado al país por Venezuela, trata de rehacer tropas en Cundinamarca, pero es derrotado en 1902 en El Guavio. Se inician conversaciones tendientes a la cesación de la guerra. El Decreto de junio de 1902 otorgó indulto a los revolucionarios que depusieran las armas, excepto a quienes hubieran planeado acciones desde el extranjero. Como estas excepciones convertían en justiciables a los líderes Benjamín Herrera y Rafael Uribe Uribe fue necesario que el Tratado firmado en la finca “Neerlandia” les garantizara expresamente la inmunidad. El 22 de octubre se firmó el Tratado de Paz de Neerlandia, en el que se declaraba la paz en el Magdalena y Bolívar. Lo suscribió por el gobierno el General Juan B. Tovar, y por la Revolución Rafael Uribe Uribe. Un mes más tarde, el 21 de noviembre, se hizo otro tanto a bordo del “Wisconsin”: Después de la toma de Panamá, Benjamín Herrera había entrado en conversaciones con los delegados del gobierno. Las conversaciones se realizan en un acorazado del gobierno de Estados Unidos, el “Wisconsin”, y a bordo del mismo se firma el Tratado de Paz por los personeros de la causa liberal, Lucas Caballero y Eusebio Morales, y los representantes del gobierno conservador, Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vásquez Cobo. La paz, de todos modos, sigue esquiva porque los guerrilleros liberales no deponen las armas como las tropas organizadas, y continúan con el pretexto partidista su acción depredadora y violenta por los campos del país.

El gobierno se comprometía a realizar elecciones para congreso, amortizar el papel moneda y otorgar amnistía a los presos políticos. El tres de diciembre, por último, se firmó el Tratado de Chinácota. Por el gobierno lo firmó el General Ramón González Valencia, y Ricardo Tirado Macías por la revolución.

La crisis política constituída por la Guerra de los Mil Días tiene por escenario otras dos crisis convergentes, la económica y la fiscal. El primer recurso de financiación de la guerra fueron las emisiones de papel moneda. La conscripción de trabajadores del campo dejó sin brazos la agricultura, mientras agravaban la situación los robos y depredaciones particulares y las confiscaciones oficiales. El sistema telegráfico y la

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infraestructura ferroviaria fueron deteriorados deliberadamente por los combatientes y abandonados del gobierno. Los caminos de herradura se perdieron y la navegación se quedó sin equipos por el hundimiento de los barcos. El comercio, tanto interior como exterior se redujo notablemente, lo que favoreció la concentración de recursos en los más fuertes y con ello el enriquecimiento desmesurado y súbito de unos pocos especuladores, agiotistas y contrabandistas. El negocio pingüe pasó a ser el avituallamiento de los ejércitos regulares y revolucionarios.

De 1898 a 1904 fue período de administración de MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE y JOSE MANUEL MARROQUIN, elegidos Presidente y Vicepresidente, por los conservadores. Los dos elegidos carecían de experiencia política, y eran dos ancianos de 84 y 72 años, respectivamente. Por mala salud de Sanclemente, inició el período Marroquín. Propuso una serie de reformas conciliadoras que le atrajeron la simpatía de los liberales, entre ellas la libertad de prensa y la fiscalización estricta del gasto público. Los planes de Marroquín no fueron del agrado de los conservadores, quienes apuraron la asunción del poder por Sanclemente, a fines del mismo año 98. La anarquía administrativa y el desorden en la cima del poder propiciaron el descuadernamiento del país, que se manifestó en la rebelión armada iniciada por el partido liberal en agosto de 1899, guerra civil que se denominó de los Mil Días y que costó cantidades de sangre a la república.

La revolución, que contó con el apoyo de los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Costa Rica, tuvo por jefes descollantes a Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Lucas Caballero. Del lado del gobierno, o de la legitimidad, estuvieron Próspero Pinzón, Manuel Casabianca, Ramón González Valencia, Pedro Nel Ospina, Víctor Manuel Salazar, Alfredo Vásquez Cobo, Jorge Holguín.

Se contabilizaron más de cien mil muertos de ambas partes durante los tres años, a más de que el país quedó arruinado. Terminada la guerra queda el sistema laboral en postramiento crítico, no hay movimiento agrícola, el sistema monetario y cambiario es todo un caos, el déficit fiscal es enorme y la miseria es cuadro que se observa por todas partes. La recuperación fiscal y organizativa del país es tarea que espera a la administración Marroquín y que se continuará hasta el Quinquenio de Rafael Reyes.

SEPARACION DE PANAMA

Observando el mapa del Continente se pregunta por qué se demoró tanto la construcción de un canal interoceánico en esa estrangulación de masas que es Centroamérica. Tanto más si la idea se había propuesto hace

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varios siglos. Es probable que la demora se explique por los requerimientos de capital y de tecnología, y sólo cuando éstos existen y se unen a las necesidades de la estrategia militar y comercial, se propician las decisiones pertinentes.

Panamá no participó en los intereses independentistas, y cuando se decidió contra España la lucha ya había terminado. En 1821 se lanzó allí, en pintoresca ceremonia, el “grito de independencia” y se resolvió que se integrara la región a la república de Colombia. No hubo tiros porque lo realizó el gobierno en complicidad con el mismo pueblo, o a la inversa si se prefiere. Hubo sí manifestaciones de inconformidad de origen exterior. De México, Agustín de Iturbide los invitó a unirse a su imperio, y el limeño que ocupaba el obispado de Panamá, los acosó para que se integraran al Perú. Desde 1830, Panamá había realizado varios conatos de separación y había, incluso, pedido el protectorado de Gran Bretaña, sin éxito. Cuando Bolívar renuncia al poder en 1830, Panamá manifiesta su voluntad de separación. Bolívar mismo los disuadió. Muerto el Libertador repitieron la manifestación, pero su cabeza el General venezolano Eligio Alzuru fue fusilado por el general panameño Tomás Herrera, y el movimiento se canceló. En 1840, durante la Guerra de los Supremos, Panamá fue separado y constituído en Estado Soberano. Poco después fue reintegrado a la república unitaria. Y en 1857 fue creado el Estado de Panamá, pero dependiente e integrado a la República. La realidad es que desde entonces empezó a vivir una vida política independiente y autónoma, porque el centralismo bogotano ni se ocupaba ni se acordaba de Panamá. Solo cuando triunfa en el 63 la revolución de Mosquera, éste envía tropas que someten al Estado panameño y ponen fin a su independencia de facto. Como nota curiosa en la batalla librada solo hubo dos muertos: los comandantes de los dos ejércitos en contienda.

En 1870 Colombia firma con Estados Unidos un tratado para la construcción del Canal por Panamá, pero los trabajos son iniciados diez años después por una Compañía Francesa, que ante las numerosas muertes de trabajadores y los costos astronómicos, quiebra en 1889. El Tratado Herrán-Hay (1903) autorizaba a los franceses para traspasar sus derechos a los norteamericanos, y Estados Unidos quedaba con la facultad de construír el canal y explotarlo por noventa y nueve años. El Tratado no fué aprobado por el Congreso colombiano, no tanto por razones de dignidad cuanto por la indemnización y regalías que parecieron muy bajas.

Las relaciones colombo-estadounidenses se rigieron de 1846 a 1903, en la práctica, por el Tratado Mallarino-Bidlack, celebrado por la administración Mosquera, que dispuso igualdad de derechos y reciprocidad en los privilegios de ciudadanos, mercancías y buques de la Nueva Granada y Estados Unidos en la zona del Istmo. El esquema es admirable en cuanto

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parece mostrar un reconocimiento de potencia a potencia, o por lo menos de Estado a Estado. Lo trágico es caer en cuenta de que Colombia no tenía buques, o no los tenía en la misma cantidad que los Estados Unidos, por lo que el privilegio era irrisorio. Ante los intereses de los británicos en construír un canal interoceánico por Nicaragua, optan los estadounidenses por firmar con ellos el Tratado Clayton-Bulwer, que los compromete a no construír por toda Centroamérica un canal que beneficie a uno solo de ellos. Inglaterra tendrá qué renunciar a sus planes en Nicaragua, pero arrastra a los Estados Unidos a que renuncien a sus pretensiones exclusivistas sobre Panamá, que estaban ya negociadas con Colombia. Colombia, en últimas, era la perdidosa, porque en adelante las negociaciones podrían realizarse sin contar con ella. Y la soberanía colombiana en Panamá pasó a depender de los intereses y voluntad de los Estados Unidos. A medida que gana importancia la perspectiva del canal, Ciudad de Panamá se convierte en un centro cosmopolita lleno de problemas que dan pretexto a frecuentes ocupaciones por las tropas norteamericanas sin previo pedido del gobierno colombiano. Al parecer hubo un acuerdo secreto entre Lorenzo Marroquín, hijodel Presidente, y el Embajador Hart de los Estados Unidos, por medio del cual los Estados Unidos ayudaban a Marroquín a reprimir a Benjamín Herrera y los liberales revolucionarios en Panamá, y como contraprestación lograrían el tratado del Canal. Marroquín solicitó a Estados Unidos el desembarco de tropas (“Favor invadirnos con carácter de urgencia!”) y se enteró sorprendido de que lo habían hecho ya unos días antes. El legado en Washington, cansado de participar en la opereta, renunció a su cargo.

El Tratado Herrán-Hay, ordenado por Marroquín, había sido negociado antes por Carlos Martínez Silva y José Vicente Concha, quienes renunciaron antes que acceder a las pretensiones de Estados Unidos. Firmado el 23 de enero de 1903 fue aprobado en marzo por los Estados Unidos. Posteriormente fué traído al Congreso. Para presionar su aprobación Roosevelt hizo decir a su embajador que de no lograrse ella, el Congreso de los Estados Unidos podría tomar pasos “que todo amigo de Colombia sentiría con pena”. Pero había en él tal cúmulo de iniquidades, que el Congreso -aunque compuesto en su totalidad por conservadores- se negó a aprobarlo. Miguel Antonio Caro aprovechó los debates para desquitarse de Marroquín, quien a su juicio había procedido deslealmente con él al entregarse a los históricos. Su intervención, sin embargo, también se califica de patriótica en cuanto defiende los intereses de Colombia frente a la avilantez de los Estados Unidos. Por su parte, Roosevelt, iracundo rugía contra las que él llamó “despreciables criturasde Bogotá.” Pero el Tratado fue negado por unanimidad el 10 de agosto de 1903.

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Los separatistas panameños y colombianos apuraron la secesión, provocando un motín en Panamá, sedujeron o sobornaron a las tropas colombianas en tanto que las fuerzas estadounidenses las neutralizaban militarmente. El General Huertas recibió veinticinco mil dólares por integrarse con sus tropas al movimiento secesionista. El gobierno estadounidense reconoció a Panamá como estado independiente, y firmaron un Tratado para la construcción del canal, prescindiendo naturalmente de Colombia. El Presidente Roosevelt exclamó: I took Panamá! (Me tomé a Panamá!), en tanto que el Presidente Marroquín, ante los reclamos de los colombianos, explicó: Qué es lo que quieren ? Me entregaron un país, y yo les devuelvo dos...

Marroquín fue Rector del Colegio Mayor del Rosario y cofundador de la Academia de la Lengua. Y en su segunda administración de 1900 a 1904 fue sucedido por Rafael Reyes.

Desplazadas todas las objeciones y obstáculos, los Estados Unidos iniciaron la construccion del Canal, y en 1914 lo abrieron a la navegación internacional. Las relaciones de Colombia con Estados Unidos permanecieron suspendidas hasta 1921. Entonces se reanudan, al aprobarse en el norte el Tratado Urrutia-Thomson, que se había suscrito en 1914. Estados Unidos ordena una indemnización de veinticinco millones de dólares por los perjuicios económicos a Colombia, y en especial como pago de sus intereses en el Ferrocarril del Istmo.

EVOLUCION ECONOMICA DESDE MARQUEZ HASTA REYES

Setenta y cinco años de evolución del proceso económico muestran el crecimiento lento de la agricultura de subsistencia hasta el ingreso de los que serían renglones importantes, como el tabaco, el algodón y sobre todo el café. La circulación de los productos primarios se hacía en dirección a los mercados internos con un eje primordal, el río Magdalena, a cuyos puertos llegaban los caminos. A más de champanes y algunos buques construídos más tarde, el transporte se efectuaba en bestias de carga aunque no fue infrecuente la utlización de cargueros humanos para mercancías y personas. Entre los animales fue preferida la mula por su resistencia y la seguridad de su paso en las difíciles trochas de montaña. El período de bonanza del añil y la quina, en los comienzos, fue altamente remunerativo pero no fue muy largo. Mas interés tuvo el tabaco, que fue el que realmente convirtió en exportadores e importadores a los comerciantes neogranadinos. Con el mérito complementario del vapor, aplicado a la navegación fluvial. Porque a diferencia del oro, que se iba a Europa y pasaba por manos españolas rumbo a Holanda e Inglaterra, el tabaco exportado se transformaba en mercancías de retorno hacia una demanda creciente entre los criollos ricos. Entraban textiles procedentes de Cataluña, lozas y porcelanas de lujo, objetos de hierro y herramientas,

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licores, especialmente vinos selectos, de Inglaterra y Francia, y de los Estados Unidos buena cantidad de harina de trigo. Generalmente los gobiernos trataron de estimular el desarrollo de los reglones económicamente activos mediante aranceles proteccionistas. En la mitad terminal del siglo las exportaciones tuvieron una expansión rápida. La consecuente elevación de los ingresos en comerciantes y hacendados se reflejó tímidamente en los salarios rurales y urbanos. El proteccionismo fue levantado en algunos episodios con los gobiernos radicales, pero fue restaurado por Núñez en la década de los 80s. Algo parecido ocurre con el intervencionismo estatal. Este tiene vaivenes, pero nunca se desmonta del todo. Concurre en todo tiempo, a lo largo del XIX, con la convicción de que el desarrollo económico es compromiso prioritariamente de los individuos, de la empresa privada. Y algunas doctrinas inglesas que alcanzaron a conocerse acá hicieron énfasis en la división internacional del trabajo, predicando la vocación agrícola y minera del país, y desestimulando los intentos de desarrollar las artesanías y pequeñas industrias que empezaban por entonces. Salvo José Ignacio de Márquez, ninguno en los primeros momentos de la república defiende el proteccionismo. Y apenas en el último cuarto de siglo volverán los artesanos a hacerle fuerza a tal estrategia.

En cuanto al sostenimiento del Estado, al desmontar muchos de los impuestos originados en el gobierno español, la república tuvo dificultades de financiación en los primeros tiempos. Algunos impuestos tuvieron que ser rescatados y otros modificados. En la práctica, el fisco de la república naciente se fundó en las aduanas, el diezmo, el quinto, y los ingresos originados en los monopolios de sal, aguardiente y tabaco, y con menos significación, el papel sellado. A pesar de tan críticos recursos, es frecuente hallar presupuestos anuales en los que después de asignar 40 y 50% a la fuerza pública, y 30% a la administración, quedan pesos para la inversión pública, y lo que es más curioso, para “imprevistos”. Unos años después del medio siglo, impuestos como el quinto y el diezmo habían desaparecido, y en su reemplazo fue creado el impuesto o contribución directa. Este se había intentado treinta años antes sin éxito. Este impuesto ya definido como gravamen de la renta era generalmente del 1%, con variantes, pero siempre muy bajo para no asustar a los ricos que empezaban a invertir en industria, o que venían haciéndolo en la agricultura, la minería, la ganadería y el comercio. Ya desde entonces se observó el diverso nivel de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios. Y momentos hubo en que las provincias dejaban con bajos ingresos a los municipios, o al contrario. Bajo los gobiernos federales las rentas de los Estados soberanos eran más cuantiosas y dinámicas que los recursos del gobierno central. Cuando se da el paso a la centralización, bajo Núñez, el proceso se invierte y el gobierno central recauda más fondos. En los comienzos del siglo XX la tendencia continuará por largo tiempo. Pero el gobierno central asume, asimismo, costos de varios

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servicios públicos generales. Solo cuando nos acerquemos a nuestro tiempo veremos el Estado absorbiendo grandes recursos en la financiación de sus operaciones, y deshaciéndose de sus obligaciones, las cuales va transfiriendo a los departamentos y a los municipios, después de que los ha dejado sin ingresos. Fue también política de la Regeneración el utilizar el Banco Central como fuente de recursos a través de las emisiones. Los escándoles originados en emisiones clandestinas llevaron al cierre del Banco Nacional en el 94, lo que no fue óbice para que durante la Guerra de los Mil Días se emitieran billetes en cantidades sorprendentes.

La esclavitud primero y su supresión después, también fueron fuente de no pocos problemas de incidencia económica. Ya se ha comentado los levantamientos que por diversas razones protagonizaron los indios esclavizados y posteriormente los negros cimarrones y de los palenques. Pero cuando en 1811 el Ayuntamiento de Popayán decretó la liberación de los esclavos que se incorporaran a las tropas monarquistas, realistas, se escucharon muchas críticas, porque el Cauca era la región que más dependía del trabajo esclavo. El episodio forzó a los patriotas o independentistas a hacer oferta similar, con lo que la tropa se incrementó en la región de Quito en cinco mil soldados, grande cuota de brazos que perdió el proceso laboral allí.

En cuanto a la tenencia de la tierra, se dan permanentemente movimientos y tácticas para incrementar y concentrar la riqueza en manos de los criollos notables mediante despojos mas o menos legales según la manipulación que se da a las normas. En el Congreso de Cúcuta en 1821 ya hubo presiones para disolver los resguardos. La mayor resistencia se dio por entonces en el Cauca, donde aquellos ocupaban una extensión más considerable que en cualquier otro lado de la Nueva Granada. Esto explica asimismo el acendrado realismo de los sureños, especialmente de las comunidades indias, que reconocían el rey que les había dado tierras, en opuesto lado de los señores criollos y patriotas, que lo primero que hacían al declarar la independencia era tratar de privarlos de ellas, de despojarlos en nombre de la nueva patria.

Los nuevos patriarcas consideraban que las tierras así mantenidas fuera de la circulación constituían una traba al crecimiento económico. De la misma manera, aunque se había legislado en favor de los colonos blancos o campesinos pobres, autorizando se les titularan tierras baldías, los terratenientes querían quitarles estos reducidos terrenos a los campesinos de parcela para obligarlos a convertirse en labriegos en las haciendas de los latifundistas. Los campesinos pobres que empezaban a cultivar parcelas independientes eran vistos por los terratenientes y por el clero, aliado suyo, como bandidos, como gentes fuera de la ley.

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El nuevo gobierno independiente consagró la igualdad “democrática” de los indios, con el deliberado objeto de obligarlos a tributar al nuevo Estado. Se obtenía un resultado adicional, pues incapaces de lograr en sus pequeñas parcelas lo necesario para pagar los altos impuestos que como a “hombres libres” los afectaban, debían emplearse con los grandes señores en sus plantaciones.

Aunque no se trató de una política deliberada, sino intuitiva, los gobiernos del XIX estimularon el poblamiento de las tierras bajas en zonas de adjudicaciones a los políticos y militares que habían intervenido en la Guerra de Independencia. Y mientras se era renuente a las ventas o adjudicaciones a pequeños propietarios y gentes de la clase media en formación, sí había una tendencia a preferir para estos efectos a los extranjeros inmigrantes, quizá con el propósito de atraer recursos de fuera tanto en la tecnología como en el capital. Y en 1823 se destinaron tres millones de fanegadas específicamente para el objeto de promover la inmigración.

Cuando se decretó la desamortización de bienes de manos muertas, el clero conservó todas sus propiedades en Antioquia, porque allí la decisión del gobierno central no fue obedecida. En Antioquia el proceso de apropiación de la tierra tiene condiciones peculiares. Pequeñas fortunas se originaron en el mazamorreo del oro y en el trabajo personal en la agricultura o en el comercio. Como consecuencia, cuando se abre el movimiento colonizador este es autoalimentado, es decir, se realiza no para invitados de fuera sino para que los mismos antioqueños abran selva y empiecen la explotación agrícola y ganadera, a la par con el establecimiento de familias y el surgimiento de nuevos poblaciones. Es una colonización en grande, de grandes latifundios, como se observa en la ocupación del valle del río Risaralda. En la colonización de Manizales, por ejemplo, los colonos son personas acomodadas de Sonsón que buscan ampliar sus posibilidades. No fueron, como a veces se han pintado, personas desposeídas que buscaban elementos de supervivencia. En los lugares donde se vendieron tierras a colonos pobres, tenían más bien el carácter de reserva para volvérselas a comprar baratas cuando los latifundistas las requirieran para ampliar sus establecimientos ganaderos o agrícolas, o para utilizar a estos vecinos como mano de obra fácil. Aunque la última parte de la colonización en esta zona, cuando toca a lo que hoy es Caldas y Quindío, fue a base de parcelas pequeñas, en sus principios, mientras se bajaba de Sonsón a Manizales, si fue un movimiento de propiedades extensas. La Concesión Aranzazu tenía doscientas mil hectáreas y abarcaba seis municipios de hoy: Salamina, Aranzazu, Filadelfia, Neira, Marulanda y Manizales. Los herederos de la Concesión, ahora reunidos en la Compañía González y Salazar, hostilizaron a los colonos con bandidos pagados que quemaron sus ranchos y cosechas. Después de que los colonos cansados de

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agravios dieron muerte a Elías González, el gobierno intervino determinando que la mitad de las tierras quedaban en manos de los herederos de la Concesión Aranzazu, y la otra mitad se distribuía entre los colonos.

En el sur, dirección que llevaba la migración, se dieron nuevos problemas similares entre colonos y latifundistas, sobre todo porque los propietarios iniciaban pleitos para hacerse a las mejoras que los colonos iban realizando penosamente en esas tierras ajenas. La ley acababa favoreciendo a los latifundistas abusivos. Esto es lo que llamará con metáfora afortunada Alejandro López, “la lucha entre el hacha y el papel sellado”. Y esto se volvería a ver en tiempos de Alfonso López Pumarejo y sus intentos de reforma de la tenencia de la tierra. La economía antioqueña fue, a la par con la cundinamarquesa, la de mayor movilidad y generación de ganancia. Pero el capital de los antioqueños tenía su propia dinámica porque desde los tiempos en que se originaba en la minería fue aplicado a un comercio mucho más amplio, siendo probablemente los primeros que con proverbial habilidad se vincularon al comercio mundial a través de sus relaciones con mercaderes e inversionistas primero europeos y luego norteamericanos.

Desde el punto de vista de la ocupación de las tierras, las de la terraza cundiboyacense desde el principio fueron destindas a la ganadería, alternada con los cultivos de papa, trigo, hortalizas y cebada; aunque afirman los que historiaron sobre ello, que el rendimiento de la agricultura es tan precario que apenas alcanza su productividad a una tercera parte o menos de la tasa productiva en el campo europeo. En algunas haciendas de Sumapaz y otras regiones había establecimientos paneleros que se explotaban en condiciones inseguras en un régimen de arriendo. En la zona de Ambalema, que abarcaba La Mesa, Guaduas y Villeta, destacada por el cultivo del tabaco, éste se realizaba por el régimen de aparcería. Y la aparcería se aproximaba a servidumbre vitalicia o esclavitud, por gracia del endeudamiento de los trabajadores con los patronos, con deudas que se convertían gradualmente en obligaciones irredimibles. A la vez, esta táctica mantenía estable la mano de obra en las haciendas.

En el sur, en las tierras caucanas y patianas, la ocupación productiva fundamental fue por mucho tiempo la minería del oro, pero como tenía por eje la explotación de esclavos, al llegar el movimiento abolicionista entró en crisis. Una de las haciendas de Mosquera, de treinta mil hectáreas de extensión, incluía dos grandes minas. Sus esclavos alternaban el trabajo en la minería con la agricultura, pero cuando había ofertas de liberación a quienes se enrolaran en los ejércitos, las sublevaciones masivas se presentaban con frecuencia. Mosquera, a su vez, emitía decretos de control que reflejaban tanto su poder político

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como de empresario latifundista. La liberación de los esclavos, en su momento, hace que la economía de las haciendas se haga cada vez menos viable. Mosquera mismo, previendo tales consecuencias, había exportado sus esclavos a Panamá, donde después serían ocupados por los empresarios del ferrocarril del Istmo.

En las zonas centrales, más cerca de Cali que de Popayán, las haciendas grandes se dedicaron a la agricultura, en especial a los cultivos de la caña, que daría pie a una importante industria en el siglo XX. A comienzos del mismo ya se destaca La Manuela, que había sido propiedad de Jorge Isaacs, y a quien le fue rematada por deudas. Tenía mil hectáreas que luego se fueron ampliando con los predios vecinos. Una vez en manos del extranjero Santiago Eder, se importó maquinaria para la producción industrial, que demoraron dos años en trasladar de Buenaventura a Palmira. Al empezar la década del 20 ya tenía medio millar de trabajadores.

En la Costa Atlántica es también el régimen latifundista el que impera. Lejos de la protección de las autoridades nacionales, los aparceros y colonos son fácilmente despojados y se va concentrando aquella en muy pocas manos. Es típica la fórmula de que el terrateniente dé al colono una porción de tierra montuosa para que éste tale y siembre, y tras dos años de aprovechamiento la devuelva, produciendo, al dueño. Fue también propio de esta zona norte la inscripción de los campesinos apareceros y colonos en las alcaldías, de cuyas listas eran llamados a nombre de los terratenientes cuando los necesitaban. Tal sistema era de creación oficial, y por lo mismo la desobediencia era causal de cárcel. Los campesinos, además, eran obligados a pagar el usode las tierras de los grandes señores, generalmente en especie, con los productos que llevaban al mercado. En la costa norte se quedaban también en buena proporción las inversiones extranjeras que ingresaban al país, y se localizaban en la producción de añil, maderas, banano, cacao y tabaco.

La ganadería tiene establecimientos en el siglo XIX en la Costa Atlántica y en el centro, en los valles bajos del Magdalena, y en torno a Ibagué en el Tolima. En el sureste antioqueño, a mediados del siglo, ya había establecimientos ganaderos que, sumados, tenían sesenta o setenta mil reses. Pero era de mejor calidad la ganadería en la Sabana de Bogotá, a la vez que era más rica y extensa en los llanos de Casanare y San Martín. Al parecer, todo dependía de los pastos disponibles. Se trataba de ganado de procedencia española, y mestizado gradualmente con sangres de variada procedencia europea. Las guerras empobrecieron gravemente las mejores vacadas, las más cuidadas genéticamente, porque la supevivencia de los combatientes no discriminaba a la hora de confiscar y sacrificar ganado.

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La economía del café es un experimento de los terratenientes santandereanos, y mucho más tarde de Cundinamarca y Tolima.. En Venezuela ya se estaba exportando café en 1825, y en 1875 Santander producía el 90% del café colombiano. En Cundinamarca y Tolima se interesaron por el café casi los mismos que venían de usufructuar las grandes plantaciones de tabaco. En sus haciendas hacían circular moneda propia, especies de vales con los que se realizaban internamente todas las transacciones usuales. Y cuando los cultivos se adelantaban por el sistema de arrendatarios, los terratenientes les prohibían que sembraran café en sus parcelas. Tenían la convicción de que si se los permitieran, ellos abandonarían sus obligaciones laborales para irse a cultivar sus parcelas arrendadas. Además, en caso de ser reclamadas por el terrateniente dueño las parcelas arrendadas, los arrendatarios que hubieran sembrado café reclamarían por el mejoramiento realizado, y llegarían a discutir la propiedad sobre la tierra. Los hacendados aplicaban una justicia feudal, imponiendo multas a las trabajadores desobedientes o incumplidos en sus obligaciones frente al patrono o arrendador, multas que luego regalaban a la municipalidad, y que ésta cobraba con la presión amenazante de la cárcel. Así se matenían sumisos los trabajadores, bajo la coyunda común de autoridades y latifundistas. Parecidos efectos a favor de los latifundistas se lograban con una contribución en trabajo, la construcción de caminos, sin remuneración, a que estaban obligados los trabajadores y que, naturalmente, iban en beneficio de la comunicación entre las haciendas y los mercados. Los alcaldes se idearon otro gravamen en trabajo vivo, como era la información –o inteligencia- como se llama ahora al espionaje civil. Estos informadores o “sapos” debían rendir informes a los alcaldes por un lapso de seis meses, consignando lo que encontraran en los arrendatarios como conducta sospechosa. El grueso de la población trabajadora en todas las regiones estaba enfermo de anemia y uncinariasis, a tal punto que cuando los terratenientes se unen en la Sociedad de Agricultores Colombianos, una de las primeras preocupaciones en guarda de la mano de obra como recurso de explotación, es la planeación de campañas de salubridad a favor, simbólico, de los trabajadores y sus familias. Solamente con el cambio de siglo se ve un cambio en los empresarios de la tierra, más enterados de las posibilidades de una explotación científica de ella, e interesados en la utilización de otros recursos tecnológicos.

En Antioquia, el café empieza a desarrollarse en cultivos de latifundistas en 1890, y en unos años se destaca Fredonia como el foco principal de su producción. El régimen adoptado es el de contratación de familias, y el pago por jornales o por participación en lo recolectado. Como novedad se tiene que los trabajadores no son obligados a adquirir productos en la hacienda, como ocurría por ejemplo en los latifundios tabacaleros. Va entrando también el sistema de compartir gastos y ganancias entre los propietarios de la tierra y los cultivadores y cosecheros. Un poco más

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tarde ya no se observa la prohibición, y los aparceros arrendatarios pueden extender el cultivo del café también a las tierras arrendadas. En la década del 20 despega el cultivo en Caldas, y en poco tiempo triplica aquí el rendimiento que en Antioquia se logra. Caldas, como Antioquia, cuida los otros productos de pancoger, y entre los cafetos como complemento o sombrío, siembra plátano, maíz, yuca y fríjol. Y no es mucho más tarde cuando amplía la instalación para albergar ganado y aves de corral. Las características de la propiedad de la tierra tuvieron éxito porque la mano de obra de origen familiar, y por lo mismo barata o gratuita, y la descomplicación administrativa del minifundio, en algunas zonas con pendientes de 40 y más grados, permitieron que –hacia 1930- la productividad de la industria del café fuera en Caldas el triple de la de Santander y el doble de la de Cundinamarca. Naturalmente esto estaba íntimamente relacionado con los excedentes del productor, que por razón de los bajos costos, eran superiores en Antioquia que en Cundinamarca o Santander. En Antioquia, como después en Caldas, el cultivo se realizaba con mano de obra proporcionada por una familia abundante, que se encargaba de la despulpada manual o maquinizada, y con sus desechos realizaba el abono, la deshierba a machete, y la lavada con aguas corrientes por gravedad. Como simultáneamente levantaban ganado en las fincas, se enriquecía y conservaba el suelo también con abonos orgánicos de esta procedencia, y a la larga se lograba una cierta longevidad en los plantíos. Una condición a menudo no considerada es que el cultivo del café, en general, no constituyó una forma de explotación capitalista, y la rotación de pequeñas inversiones se hacía casi improvisadamente intercalando originariamente el café dentro de los demás cultivos. El régimen minifundista generó así un renglón muy representativo económicamente que transfirió los grandes rendimientos de Santander al viejo Caldas. Después de la Guerra de los Mil Días la que será, en definitiva, la zona cafetera, está ya definida. En ella se manifestará en adelante la más alta tasa de incremento poblacional del país. El café agranda la familia y la familia grande incrementa el cultivo del grano. Detrás de ese crecimiento irá el de las vías y las comunicaciones, ferrocarriles, caminos, cable aéreo. Cuando se construía alguna vía férrea en las riberas selvosas del Magdalena, refiere en deliciosa crónica Medardo Rivas, se envió un comisionado a Manizales a reclutar trabajadores. En pocos días aparecieron al lugar de trabajo doscientos antioqueños, con sus familias y perros. Y como necesario complemento de la comitiva, “un negro maromero, tres jugadores de naipe, tres micos, diez loros y una yegua. Y todos ellos llegaron a medio palo17 , y con la seguridad de que llegaban, como los judíos, a la Tierra de Promisión”18. El requerimiento de herramientas alimentó la demanda de una siderurgia en pequeño. Y las actividades complementarias en las 17 Con una buena dosis de aguardiente entre pecho y espalda.18 RIVAS MEDARDO. Los trabajadores de la tierra caliente. En REPORTAJE DE LA HISTORIA DE COLOMBIA. Editorial Planeta.

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poblaciones fueron surgiendo: Manizales, Pereira y Armenia montaron sus trilladoras. El café tiene por entonces operarios vinculados a su industria tanto en el campo como en el sector urbano. Las ganancias obtenidas fueron invertidas no solamente en la importación de diversos géneros y manufacturas sino también en el montaje de industrias. Alimentos y comestibles, materiales de construcción, textiles. Pero no fue solo en las poblaciones de la zona cafetera donde revirtió en progreso su cultivo, porque en los puertos por donde se exportaba se dio el mismo resurgimiento. Característico del café es el haber sido eje del desarrollo no solamente de su zona propia, sino de amplias regiones del país. En los momentos de crisis de la industria cafetera, uno de quienes mejor estudiaron el cultivo y la cultura del café, Luis Eduardo Nieto Arteta, afirmó que el café construyó a Colombia y el café podría acabar con ella, si se continuaba fincando en el monocultivo toda la responsabilidad del intercambio con el exterior.

En concepto de Kalmanovitz, en la segunda década de este siglo el 1% de la población controla económicamente al 50% de la misma. Es la correspondencia de diez mil terratenientes que existen frente a 150.000 pequeños propietarios.19

Por su parte, el tabaco generó gran desarrollo en las zonas de Ambalema, Girón, Palmira y Carmen de Bolívar, pero deprimió la producción artesanal en la medida en que desplazó de la exportación renglones como los sombreros de paja, utensilios de loza y madera, y otras creaciones de pequeño nivel laboral en que se ocupaban muchas gentes. El auge del tabaco contrae la producción artesanal y con ello afecta profundamente toda la economía. Porque los artesanos no solamente eran consumidores de materias primeras como el algodón, el fique, los cueros, los colorantes, la caña, etc., sino que requerían ropa, alimento y techo. Y al quedar privados de ingresos, quienes de su consumo dependían también se arruinaron. Estructuralmente, el tabaco es el producto que primero origina un estrato laboral específicamente femenino, con la consecuencia de unos salarios inferiores. Por otra parte, con anticipación al café, su cultivo y mercadeo fueron razón de una mayor y más frecuente navegación del río Magdalena, a la par que se distribuía por los caminos y ferrocarriles ocupando arrieros, cargadores y braceros, lo mismo que alimentadores y hospederos.

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza de las reglaciones entre los terratenientes y los campesinos que trabajaban para ellos. Se plantean dudas sobre la naturaleza feudal o no de dicha servidumbre. La adscripción del peonaje a los hacendados tuvo fuerza legal en algunos centros de explotación, y los alcaldes obligaban a los trabajadores a 19 El Régrimen Agrario durante el siglo XIX en Colombia. SALOMON KALMANOVIZT, en NUEVA HISTORIA DE COLOMBIA. Planeta 1989.

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retornar a las parcelas y plantaciones de donde habían huído, para que acabaran de pagar el endeudamiento. Este prácticamente los reducía a una servidumbre personal, y se mencionan casos –especialmente en las llanuras costeras del norte, y en los Llanos Orientales- en los que la negociación de las haciendas incluía los trabajadores adscritos. Pero estos ejemplos no son suficientes para configurar una relación feudal en Colombia. Tampoco la pernada aplicada abusivamente por no pocos hacendados es razón para sustentar tal infundio.

Ahora bien, el no haberse dado aquí el modo de producción feudal, no significa por exclusión que el modo de producción fuera capitalista. La inversión no provino de grandes fuentes sino del retorno de ganancias del mismo pequeño productor. Ni llegó a través de transferencias bancarias del exterior, ni reemplazó con capitales la importación de mercancías. Se autogeneró como capital de producción en la reinversión y el trabajo directo del campesino, pequeño propietario de tierras. El trabajo familiar, que tan gran incidencia tiene en esta industria, no casa en la categoría simple del trabajo asalariado y en la explotación directa. Pero con el tiempo se verán episodios paralelos a esta interpretación como los criterios de control de los precios de los salarios con la reserva de los desempleados, tanto urbanos como rurales. Además, gradualmente, los terratenientes se van apoderando de los canales de exportación y crean consorcios que monopolizan esta posibilidad. La manipulación de la jornada laboral y la discriminación de la mano de obra rural frente a la urbana, lo aproximan también al modelo capitalista. Y el liberalismo, que pretende haber organizado el Estado, simultáneamente propicia la circulación de mercancías y la consolidación del dominio latifundista. El hecho de que el grueso de la población trabajadora permanezca adherida socialmente a la tierra y no se asimile a las gentes libres de los pueblos y ciudades, parece sugerir, por otro lado, que la estructura no corresponde plenamente a la del Estado liberal burgués que viene de la Revolución Francesa. Hay acuerdo entre los intérpretes cuando se considera que la coexistencia de contradicciones impide identificar una fórmula política específica: Hay contradicciones en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, se crea el sufragio pero se usa para elegir a los patronos, los partidos políticos se pelean la base artesanal y campesina, combaten federalistas contra centralistas, y se copia tal lucha en las controversias entre el campo y la ciudad. Se manipulan recíprocamente los militares y los civiles, y los comerciantes frente a los latifundistas. Y los distribuidores en el mercado interno con los exportadores-importadores. Librecambistas y proteccionistas tratan de desplazarse unos a otros, con el expediente de la emisión de leyes y de constituciones. Los mismos líderes, como Núñez, reparten su demagogia a través de ambos partidos y de sus fracciones.

Parece que la direccionalidad que se traía desde el período preindependentista, y que corresponde al liberalismo amplio de los

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románticos roussonianos, sufre mutaciones ya en el decenio de entrada al siglo XX, con una marcha decidida hacia la instrumentación del capitalismo. Tras la guerra civil llamada de los Mil Días, hay un completo caos en la agricultura y la ganadería, y el comercio se debate en la anarquía. El liberalismo librecambista hace tránsito a la estrategia proteccionista, y más que ello, intervencionista. Vienen las acciones defensivas de los trabajadores, bien que todavía no son tomados como clase, y se aventuran las primeras reformas de la tenencia agraria. Ya podría hablarse de que la incipiente burguesía nacional tiene ideólogos, y no hay duda de que Rafael Uribe Uribe es uno de ellos. En 1910 ya no son únicos los mercados pueblerinos y regionales, sino que circulan las mercancías por ferrocarriles y carreteras en un efectivo mercado nacional. La Primera Guerra Mundial dificulta las importaciones, por lo cual la situación estimula la industria nacional que tiene qué reemplazar las manufacturas que antes se compraban en el exterior. Aunque a distinto ritmo y gradualmente en el tiempo, el país produce loza, vidrio, textiles, cervezas, alimentos, cemento, cigarrillos, empaques, grasas, azúcar, panela, cueros y sus derivados. Además, naturalmente, de tabaco –que va en retroceso- y café, que crece aceleradamente. A su tiempo llegará la producción de banano en el norte. (Y es con este cultivo como llega la fórmula típica capitalista del inversionista extranjero que explota inmisericordemente la mano de obra nacional, lo mismo que las primeras formas de transferencia tecnológica. Los vicios de los primeros explotadores capitalistas del banano se contagian luego a nuestros terratenientes; y, refiere Lemaitre que el ilustre Benjamín Herrera, obrando como hacendado, repelió a bala a los trabajadores que le solicitaron unos centavos de aumento en la recolección del banano.)

A la par con este desarrollo económico se daba el movimiento social paralelo, que tomaba forma jurídico-política en los nuevos institutos legales. Antes de terminar la segunda década ya existían los derechos de huelga y de sindicalización, y los campesinos, por su parte, se estaban reuniendo en ligas. Desde luego, este tiempo lo habían recibido defensivamente los empresarios precapitalistas con sus sindicatos de patronos y asociaciones de terratenientes.

El nuevo Estado mantuvo en su principio tanto la esclavitud como la discriminación a los indígenas. Las jerarquías, tanto burocráticas como eclesiásticas y militares, se modificaron, aunque muy poco. Y las prelaturas, los rangos militares y los altos cargos fueron ahora para los criollos ricos, como antes habían sido para los peninsulares. Solo de los niveles medios hacia abajo se notaba algún acceso de las clases medias. El monopolio de la tierra pasó de los ocupantes peninsulares a los criollos independientes, pero se mantuvo como monopolio de las clases altas. Ejercen especial influjo como terratenientes encargados del manejo político castas de popayanejos como los Mosquera, ( clan en el que se

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incluye a Obando y a Herrán), José Hilario López, y a más de terratenientes, amos esclavistas como Manuel María Mallarino y Julio Arboleda –sobrino de Mosquera-. Los solios eclesiásticos estuvieron por décadas en manos de Monseñor Manuel José Mosquera, Monseñor Antonio Herrán, y Monseñor Fernando Caicedo, todos ellos hermanos de los presidentes de la República.

Desde un poco después de la Independencia y por largo tiempo, la conciencia política y la estrategia de las elecciones –o de las conspiraciones golpistas- se construye y mueve en las reuniones más o menos clandestinas. El pensamiento liberal tiene ámbito en las “sociedades democráticas”, y el conservador en las “sociedades católicas”. Las primeras, revolucionarias y enemigas de las oligarquías y de los privilegios de la élite, eran especialmente activas y en ocasiones llegaron al terrorismo; se les daba el nombre de culebras. En la década del setenta fue famosa la guerrilla intelectual urbana o culebra conocida con el nombre de Pico de Oro, con operaciones en Bucaramanga. 20

Cuando se estabiliza un poco el Estado, se trata de reorganizar las milicias; y para complementar las vocaciones voluntarias la ley autoriza a los alcaldes a incorporar los vagos al ejército permanente de la República., lo mismo que a los libertos que no prestaren servidumbre a los antiguos amos de sus padres. En 1843 hubo una legislación represiva de los levantamientos de los esclavos. Pero para algunos es más importante destacar la parte proteccional de las mismas, en tanto ordenaban que para conservar unida la familia esclava, no se vendiera padres e hijos a compradores distintos.

La estructura social de los directores de la independencia casi permite simplificaciones como la de considerar que el pensamiento liberal e independentista tiene sustento en la burguesía comerciante progresista, y su ubicación geográfica en Cartagena y la costa norte, en tanto que las posiciones conservadoras, realistas, defensoras a ultranza de la propiedad privada territorial, del esclavismo y de la persona y autoridad del rey, fueron promovidas por una cierta aristocracia caucana, con sede natural en Popayán y sus entornos en dirección al sur. Desde luego, la descripción es simplista pero muy ilustrativa, y permite explicarse el movimiento independentista como lucha de intereses y lucha de regiones. Es un esquema que ilustrará luego la conformación de los partidos políticos tradicionales ya a mediados del siglo. Cuando se logra la independencia, ninguno de los sectores es capaz de imponerse al contrario y la dicotomía vertical se convierte en una división claramente horizontal. Se tratará, en adelante, de una oligarquía de terratenientes bipartidistas frente a un proletariado urbano-rural igualmente diseñado 20 La narración de sus hechos se puede disfrutar en LA CULEBRA PICO DE ORO, de Mario Acevedo Díaz. Instituto Colombiano de Cultura. 1978.

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como bipartidista. Y entre los extremos, una clase media de pequeños propietarios, pequeños industriales, y asalariados de sueldos altos tanto en la empresa privada como en la empresa estatal. Clase media que se conformará en sus veleidades con apoyar en forma oportunista a unos u otros. En Colombia, el manzanillismo21 ha sido más de clase que de individuos.

Los comerciantes, burguesía liberal-conservadora, importaron con las mercancías inglesas las ideas de Jeremías Bentham, que alimentó sus instituciones con su metodología empirista, su ética utilitarista y su racionalismo jurídico-político. En estos campos, el siglo XIX va a ser suyo. Los terratenientes, igualmente liberal-conservadores, defendían su posición con las consignas y el pensamiento católico, de Papas y santos, de evangelio y encíclicas. Huérfanos de abrigo político, los grupos de pobres urbanos, artesanos, manumisos, desempleados, soldados en receso, etc.... muchos de ellos indígenas o negros, se inscriben en movimientos románticos, reivindicativos, de corte socialista. Entre los otros a veces se presentaban dilemas de difícil solución frente a la conveniencia o no de las medidas del gobierno, cuando eran simultáneamente latifundistas y comerciantes. Ospina Rodríguez, liberal antimilitarista y enemigo de la dictadura bolivariana,y en algún congreso defensor del proyecto de abolición de la pena de muerte, no era esclavista y reprochaba a su paisano Arboleda ser mercader de carne humana; pero es el ideólogo del partido conservador de los terratenientes, esclavistas y militaristas. Esto no fue obstáculo, tampoco, para que su gobierno adoptara muchas medidas consideradas liberales en su momento. Por su lado, los presuntos liberales que conformaban la burguesía promovían innovaciones como la circulación de la tierra en manos civiles, la sustitución de las bandas particulares de los caudillos por un ejército estable y nacional, la ampliación de los beneficios de la enseñanza y su administración por el estado y no por las entidades eclesiásticas, la igualdad de los indios con los blancos tanto para vender los resguardos como su fuerza de trabajo, y para pagar impuestos, y la reducción –desde entonces- del tamaño del Estado, como lo enseñaban los teóricos políticos del Estado Gendarme, para limitarlo a su labor de vigilancia y que dejara en manos privadas el desarrollo de toda iniciativa económica. En el origen de los partidos no hay discrepancias reales sobre la estructura de la administración; unos y otros se han decidido por un régimen republicano y presidencialista. Ambos partidos están conformados por hombres que han luchado y luchan contra el absolutismo, por un Estado reglamentado, que se autolimite. Es decir, 21 “MANZANILLO” es un colombianismo que indica la actitud oportunista de personas y grupos que apoyan políticamente a quien les conviene, prescindiendo de los principios o de la disciplina política. En la filosofía política se le ha encontrado antecedentes en los textos de Erasmo de Rotterdam, quien apoyó a católicos y protestantes indistintamente. Algunos llaman, por ello, “erasmista”a tal actitud.

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liberales y conservadores son defensores del Estado de derecho y de la democracia nacional, del Estado demoliberal, como se lo bautizará luego por los tratadistas. Pero, de la misma manera que en los movimientos políticos europeos de finales del siglo XVIII, cuando aquí se hablaba de igualdad y de libertad, la referencia tenía sentido solo respecto de los sectores altos. En ningún momento se superó la arraigada convicción de que indios, negros, esclavos, mestizos y pobres, no eran iguales, sino inferiores . Para los menos generosos eran perezosos, perversos, degradados, abyectos. Cuando se hablaba de derechos no era tampoco de los de ellos, y para los partidos políticos los sectores bajos no eran el objetivo de la labor política, administrativa y jurídica, sino el recurso electoral periódico a que se acudía para mantener en manos de la burguesía bipartidista el manejo del Estado, como hoy. Tanto mas cuanto que, por entonces, tenía vigencia la forma representativa de la democracia, que se había originado en las estrategias ideológicas de Siéyes. Parecía natural que los pobres fueran representados por los ricos, los esclavos por los amos, los trabajadores por los patronos, los peones por los dueños de las plantaciones, como los hijos y mujeres por los padres y maridos. Y se daba un círculo vicioso en cuanto solo las familias próximas al poder por linaje y riqueza podían educar adecuadamente a sus hijos, con lo cual ellos quedaban dueños de la restringida posibilidad de ingresar luego, como ilustrados, al ejercicio de la administración.

Durante la hegemonía liberal se promovió el debilitamiento del ejecutivo central a favor de las provincias federadas. Se manifestaba así una clara reacción contra el autoritario ejercicio del poder central en todos los campos, especialmente en tiempos de la Real Audiencia y de algunos virreyes. Las clases que se diferencian tras la independencia carecen de la coherencia que antes tenían, y limitaban a las regiones su influjo directo. El federalismo predicado –y que fue justificación política de las oligarquías regionales- no solo descentraba el poder sino que permitía la coexistencia de criterios diversos en la administración por regiones. Cada clan familiar proponía o exigía la conversión de sus tierras en provincias o estados soberanos: Julio Arboleda propone la creación del Estado soberano del Cauca, y Rafael Núñez del Estado soberano de Calamar. Y lo mismo harán las familias principales y sus representantes en los Congresos y Asambleas constituyentes desde mediados del siglo.

El sufragio universal tuvo avatares curiosos. Aunque había sido una conquista liberal, cuando se fueron a elecciones el sufragio universal los derrotó. La razón? Más eficaz que las campañas liberales de plaza pública había sido la acción proselitista conservadora en los púlpitos y confesionarios sobre la masa ignara de gañanes y pequeños campesinos. Por eso rectificaron su posición y en las constituciones posteriores a la del 53 fueron más cuidadosos antes de ofrecer reformas populistas. Al partido liberal se atribuyó el ejercicio del aforismo “el que escruta elige”

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por los reiterados fraudes en la década del 70. Pero cuando los conservadores llegaron al poder la táctica fue tenaz, y en la última década del siglo el liberalismo no lleva ni un senador al Congreso, y a la Cámara sólo acceden dos Representantes, uno en el 92 y otro en el 98.

Comoquiera que las discrepancias en la oligarquía liberal-individualista no se daba en materia de intereses económicos, los problemas surgían por el lado religioso o de las relaciones con las autoridades eclesiásticas nacionales, que por otro lado eran sus aliados impertinentes. Impertinentes porque no se conformaban con ser socios sino que querían la porción del león. Pero no eran problemas de dogma sino de control político e ideológico. Eran problemas de propiedad territorial, de exenciones fiscales, de dominio popular a través de la escuela y la educación en general. El matrimonio entre los poderes republicano y eclesial tenía antecedentes en el patronato, y se había continuado después de la independencia. El gobierno decretó la erección del obispado del Socorro, el Congreso cerró el Tribunal de la Inquisición, el gobierno estableció nuevas parroquias en torno a Santa Fe y Popayán, el gobierno nombró obispos, el gobierno autorizó ejecutar las instrucciones impartidas por las Bulas pontificias, el gobierno atribuyó a los alcaldes la vigilancia de la conducta de los prelados y curas... Todas estas actitudes muestran la relación existente entre la Iglesia y el nuevo Estado, que eran materia de examen y de crítica o alabanza, de lado y lado. Pero los roces abundaron. Mallarino, en el 47, reprendía con aspereza al Nuncio Savot por tratar de descalificar moralmente a miembros del alto gobierno. La intervención oficial de la iglesia o particular de los clérigos tenía viejos precedentes en la mecánica electoral. La Convención constituyente que elaboró la Constitución de 1832 fue presidida por el Obispo de Santa Marta, José María Estévez. El papel de los misioneros en la sumisión de los indios y de los negros esclavos fue notable, y se realizó a través del bautismo y la predicación. La Iglesia fue a veces compasiva con los sufrientes pero siempre fue aliada de los dominadores. Contribuyó como la que más en la deculturación de los indígenas vencidos. Grave golpe fue imponerles la religión “verdadera” y privarlos de la suya, que después de siglos de veneración les fue mostrada como “falsa”. La iglesia y los misioneros, del brazo de los invasores españoles, despojaron a los dueños naturales de América de su religión, de su lengua, de sus tradiciones, y los insertaron en un modo de vida que facilitó su conversión en mano de obra y carne de explotación, a través del adoctrinamiento sobre los méritos de la paciencia, de la sumisión, de la obediencia, que les serían recompensadas en el cielo, adonde irían después de perder la tierra.

La ruptura con la Iglesia empezó desde el gobierno de Santander, quien secularizó el Colegio de San Bartolomé y varios seminarios. Al entregar a los seglares la administración de la enseñanza fue posible manejar con laxitud el currículo, y se incluyeron asignaturas antes imposibles, tales la

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economía política, con texto de Say, la filosofía moderna, sobre escritos de Bentham, y los idiomas clásicos al lado de las lenguas modernas. El monopolio del latín se abrió al inglés y al francés. Con Bolívar en el 28 se retorna a los moldes conservadores, pero los partidos empiezan a delinearse sobre la base de sus discrepancias religiosas. Se proscribe el utilitarismo y se persigue la masonería. En el 48, Ezequiel Rojas incluye en su programa liberal la necesidad de desplazar de la acción política las entidades religiosas. En el 50, por Ley de 15 de mayo, se decreta la libertad de enseñanza. “El grado no será necesario para ejercer profesiones científicas” –dice.”Suprímese el grado de bachiller. Suprímense las universidades... Para optar grados no es necesario haber estudiado en los colegios nacionales o provinciales, o en los seminarios”. En el 51 los párrocos debían tener la anuencia de los cabildos para ejercer, se sujetó los eclesiásticos a las jurisdicciones penal y civil ordinarias –extinción del fuero-, se expulsó a los religiosos extranjeros, y se suprimió la Compañía de Jesús prohibiendo su entrada al país tanto a los jesuítas foráneos como neogranadinos. Dos años después, tocando de nuevo los dominios de la Iglesia, el Estado legisló sobre matrimonio civil y divorcio. En 1861 se decretó por Mosquera la desamortización de bienes de manos muertas, y la tuición o inspección de cultos; estableció el requisito de autorización gubernamental para la promulgación de documentos pontificios en el país, y el de nacionalidad neogranadina para los candidatos a obispados. Las comunidades religiosas que desestimaron las disposiciones del gobierno fueron extinguidas de raíz.

Al nuevo Estado que se pretendía montar por los liberales no le convenía la competencia de dos formidables entidades que son esenciales a la vida política y constituyen, en el pensar de Lasalle, factores reales del poder: la Iglesia y el ejército. Así pues, las clases empresariales liberal-conservadoras se las arreglaron para someterlos a la civilidad o reducir seriamente sus posibilidades de intervenir. Pero la desamortización, en la que se tenían grandes esperanzas, no produjo efecto importante en la economía del país pues solo hubo un traslado de dominio de la propiedad inmueble estancada, de los propietarios eclesiásticos a las manos de los terratenientes ausentistas. El remate de esos bienes los llevó a manos de los latifundistas liberales, de los generales retirados y de los abogados y comerciantes anticlericales. Mas discreta, pero igualmente aprovechadora, fue la conducta casi clandestina de los capitalistas conservadores, que también concurrieron a la subasta de tierras de la Iglesia. Estas tierras que se entregan a la naciente oligarquía agraria deberán ser pagadas a la Iglesia, a partir de la Regeneración, con los dineros del Estado. Pero la pelea con la Iglesia no debía durar ni ser a muerte, porque el liberalismo también la necesitaba como aliada. Tal como se ve en los tiempos modernos, cuando la Iglesia es elemento insustituíble como socia del poder temporal y de las castas económicas, justificando la expoliación mientras se apega a los valores terrenales .

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LECTURA COMPLEMENTARIA

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA

LA CONVENCION NACIONAL.en nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente

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CONSTITUCION POLITICA

CAPITULO I

LA NACIÓNArt. 1° Los Estados Soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca,

Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados respectivamente por los actos de 27 de febrero de 1855, 11 de Junio de 1856, 13 de mayo de 1857, 15 de junio del mismo año, 12 de abril de 1861 y 3 de septiembre del mismo año, se unen y confederan a perpetuidad, consultando su seguridad exterior y reciproco auxilio, y forman una nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de "Estados Unidos de Colombia".

Art. 2° Los dichos Estados se obligan a auxiliarse y defenderse mutuamente contra toda violencia que dañe la soberanía de la Unión o la de los Estados.Art. 3° Los límites del territorio de los Estados Unidos de Colombia son los mismos que en el año de 1810 dividían el territorio del Virreinato de Nueva Granada del de las Capitanías generales de Venezuela y Guatemala y del de las posesiones portuguesas del Brasil: por la parte meridional son provisionalmente los designados en el Tratado celebrado con el Gobierno del Ecuador en 9 de julio de 1856, y los demás que la separan hoy de aquella república y de la del Perú.

Art. 4° Harán también parte de la misma nacionalidad los Estados Soberanos en que se dividan alguno o algunos de los existentes, conforme al articulo que sigue, y los que siendo del todo independientes, quieran agregarse a la Unión por tratados debidamente concluidos.

Art. 59 La ley federal puede decretar la creación de nuevos Estados, desmembrando la población y el territorio de los existentes, cuando esto sea solicitado por la Legislatura o las Legislaturas del Estado o de los Estados de cuya población y de cuyo territorio deba formarse el nuevo Estado; con tal que cada uno de los Estados de nueva creación tenga

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cien mil habitantes, por lo menos, y aquellos de los que fueren segregados no queden con menos de ciento cincuenta mil habitantes cada uno.

§. Los limites de los Estados reconocidos en el articulo 1° no podrán alterarse ni variarse, sino de acuerdo y por consentimiento de los Estados interesados en ello, y con aprobación del Gobierno general.

CAPITULO II BASES DE LA UNIÓNSECCION PRIMERA Derechos y deberes de los Estados.

Art. 6° Los Estados convienen en consignar en sus Constituciones y en su Legislación civil el principio de incapacidad de las comunidades, corporaciones, asociaciones y entidades religiosas, para adquirir bienes raíces, y en consagrar, por punto general, que la propiedad raíz no puede adquirirse con otro carácter que el de enajenable y divisible a voluntad exclusiva del propietario y de transmisible a los herederos conforme al derecho común.

Art. 7° Igualmente convienen los dichos Estados en prohibir a perpetuidad las fundaciones, mandas, legados, fideicomisos y toda clase de establecimientos semejantes con que se pretenda sacar una finca raíz de la libre circulación.

§. Asimismo convienen y declaran que en lo sucesivo no se podrá imponer censos a perpetuidad de otro modo que sobre el Tesoro público, y de ninguna manera sobre fincas raíces.

Art. 8° En obsequio de la integridad nacional, de la marcha expedita de la Unión y de las relaciones pacíficas entre los Estados, éstos se comprometen:

1° A organizarse conforme a los principios del Gobierno popular, electivo, representativo, alternativo y responsable;

2° A no enajenar a potencia extranjera parte alguna de su territorio;3º.A no restringir con impuestos ni de otro modo la navegación de los

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ríos y demás aguas navegables que no hayan exigido canalización artificial;

4° A no gravar con impuestos, antes de haberse ofrecido al consumo, los objetos que sean materia de impuestos nacionales, aun cuando se hayan declarado libres de los derechos de importación; ni los productos destinados a la exportación, cuya libertad mantendrá el Gobierno general;

5° A no imponer contribuciones sobre los objetos que transiten por el Estado, sin destinarse a su propio consumo;

6" A no imponer deberes a los empleados nacionales, sino en su calidad de miembros del Estado y en cuanto esos deberes no sean incompatibles con el servicio público nacional;

7° A no gravar con impuestos los efectos y propiedades de la Unión Colombiana;

8" A deferir y someterse a la decisión del Gobierno general en todas las controversias que se susciten entre dos o más Estados, cuando no puedan avenirse pacíficamente, sin que en ningún caso, ni por ningún motivo, pueda un Estado declarar ni hacer la guerra a otro Estado; y

9° A guardar estricta neutralidad en las contiendas que lleguen a suscitarse entre los habitantes y el Gobierno de otro Estado.

Art. 9° Las autoridades de cada uno de los Estados tienen el deber de cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y las leyes de la Unión, los decretos y órdenes del Presidente de ella y los mandamientos de los tribunales y juzgados nacionales.

§. En cada uno de los Estados se dará entera fe y crédito a los registros, actos, sentencias y procedimientos judiciales de los otros Estados.Art. 10. Es obligatorio para las autoridades de cada Estado entregar a las autoridades de aquel en que se haya cometido un delito común la persona que se reclame, y contra la cual se haya librado orden de prisión no violatoria de los derechos individuales enumerados en el

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artículo 15 de esta Constitución; lo que se comprobará con los necesarios documentos adjuntos a la orden de prisión. Art. 11. Los Gobiernos de los Estados en cuyo territorio se asilen individuos responsables de hechos punibles, ejecutados contra el Gobierno de algún Estado limítrofe, tienen, si éste lo solicita, el deber de internarlos y mantenerlos a una distancia de la frontera que no les permita continuar hostilizándolo.

Art. 12. No habrá esclavos en los Estados Unidos de Colombia.Art. 13. No se permitirán en ninguno de los Estados de la Unión

enganches o levas que tengan o puedan tener por objeto atacar la libertad, la independencia, o perturbar el orden público de otro Estado o de otra nación.

Art. 14. Los actos legislativos de las Asambleas de los Estados que salgan evidentemente de su esfera de acción constitucional, se hallan sujetos a suspensión y anulación, conforme a lo dispuesto en esta Constitución; pero nunca atraerán al Estado responsabilidad de ningún género, cuando no se hayan ejecutado y surtido sus naturales efectos.

SECCION SEGUNDA Garantía de los derechos individuales.

Art. 15. Es base esencial e invariable de la Unión entre los Estados el reconocimiento y la garantía, por parte del Gobierno general y de los Gobiernos de todos y cada uno de los Estados, de los derechos individuales que pertenecen a los habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, a saber:

1° La inviolabilidad de la vida humana, en virtud de la cual el Gobierno general y el de los Estados se comprometen a no decretar en sus leyes la pena de muerte;

2° No ser condenados a pena corporal por más de diez años;3° La libertad individual, que no tiene más límites que la libertad de otro individuo, es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello de cuya

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ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo o a la comunidad;4° La seguridad personal, de manera que no sea atacada

impunemente por otro individuo o por la autoridad pública; ni ser presos o detenidos sino por motivo criminal o por vía de pena correccional; ni juzgados por comisiones o tribunales extraordinarios; ni penados sin ser oídos y vencidos en juicio; y todo esto en virtud de leyes preexistentes.

5º. La propiedad; no pudiendo ser privados de ella sino por pena o contribución general, con arreglo a las leyes, o cuando así lo exija algún grave motivo de necesidad pública, judicialmente declarado, y previa indemnización.

En caso de guerra la indemnización puede no ser previa, y la necesidad de la expropiación puede ser declarada por autoridades que no sean del orden Judicial.

§. Lo dispuesto en este inciso no autoriza para imponer pena de confiscación en ningún caso;

6° La libertad absoluta de imprenta y de circulación de los impresos, así nacionales como extranjeros;

7° La libertad de expresar sus pensamientos de palabra o por escrito, sin limitación alguna;

8° La libertad de viajar en el territorio de los Estados Unidos, y de salir de él, sin necesidad de pasaporte ni permiso de ninguna autoridad en tiempo de paz, siempre que la autoridad judicial no haya decretado el arraigo del individuo.

En tiempo de guerra el Gobierno podrá exigir pasaporte a los individuos que viajen por los lugares que sean teatro de operaciones militares;

9° La libertad de ejercer toda industria y de trabajar sin usurpar la industria de otro, cuya propiedad hayan garantizado temporalmente las leyes a los autores de inventos útiles, ni las que se reserven la Unión o los Estados como arbitrios rentísticos; y sin embarazar las vías de comunicación, ni atacar la seguridad y la salubridad;

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10. La igualdad; y en consecuencia, no es lícito conceder privilegios o distinciones legales que cedan en puro favor o beneficio de los agraciados; ni imponer obligaciones especiales que hagan a los individuos a ellas sujetos de peor condición que los demás;

11. La libertad de dar o recibir la instrucción que a bien tengan, en los establecimientos que no sean costeados con fondos públicos;

12. El derecho de obtener pronta resolución en las peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o funcionarios públicos, sobre cualquiera asunto de interés general o particular;

13. La inviolabilidad del domicilio y de los escritos privados; de manera que aquél no podrá ser allanado, ni los escritos interceptados o registrados, sino por la autoridad competente, para los efectos y con las formalidades que determine la ley;14. La libertad de asociarse sin armas; 15. La libertad de tener armas y municiones, y de hacer el comercio de ellas en tiempo de paz;16.. La profesión libre, pública o privada, de cualquiera religión; con tal que no se ejecuten hechos incompatibles con la soberanía nacional, o que tengan por objeto turbar la paz.

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Fuente: CONSTITUCIONES DE COLOMBIA. Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bogotá 1951.

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PUNTOS PARA

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

***** La relación entre terratenientes y trabajadores ha sido fuente de numerosos problemas en la vida nacional. Qué observaciones podemos realizar en torno a ello? Se respetan en ellas valores sociales como la dignidad del hombre, la solidaridad, la protección de la familia?

***** El país parece preferir la zonificación económica y asignar a cada región una tarea, como el desarrollo de la industria, la agricultura, la ganadería, la minería. Naturalmente esto depende de la distribución geográfica de los recursos, pero no siempre es así. Conviene esta regionalización a un desarrollo justo para todos los colombianos? Se nos ocurren otras fórmulas para el aprovechamiento de los recursos?

***** La economía colombiana es la economía del café. Los altibajos de esta producción y la aparición de otros Estados productores y exportadores debe conducirnos: a) a incrementar y tecnificar su producción? b) a tratar de reemplazarlo como eje de la economía nacional? c) a insistir tozudamente en las condiciones en que hoy lo cultivamos? Qué fórmulas se nos ocurren para “descafeinizar” el futuro del país?

***** En la Costa Norte empezó el entusiasmo independentista y fue entrando al interior hasta chocar con los intereses realistas en el centro-sur del país. En la actitud liberal de los unos y conservatista de los otros, ha tenido algo qué ver la estructura psicológica, el temperamento de las gentes que pueblan el país? La pluralidad de etnias tiene incidencia en la proliferación de movimientos políticos? O, de otra manera, el pueblo colombiano no tiene más posibilidades que el aparente bipartidismo?

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VI

HACIA LA REPÚBLICA LIBERAL

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EL GOBIERNO DE REYES

En 1900 el país empieza siglo con cuatro y medio millones de habitantes. En la década anterior, RAFAEL REYES había participado en campañas militares a favor de Núñez, y llegado el momento formó parte del Consejo de Delegatarios que aprobó la Constitución de Caro. Los liberales no participan en las elecciones para escoger quién siga a Marroquín. Por estrecha ventaja sobre Joaquín F. Vélez, es elegido el general Rafael Reyes, para el período 1904-1910. Reyes, hombre de acción más que político -Recuérdese que había realizado con sus hermanos la aventurada exploración del sur de Colombia- inició gobierno bajo el lema de "Más administración y menos política!". Designó un gabinete con participación de ambos partidos, y dió puntadas a un nuevo movimiento político suprapartidista con el nombre de Concordia Nacional. Intervenía personalmente en la marcha de los despachos ministeriales, lo que le dio imagen de actividad y espíritu innovador a su gobierno. Decidido, y tolerado, para un manejo autoritario y paternalista del Estado, ante la negativa de facultades extraordinarias, Reyes cerró el Congreso y convocó una Asamblea Nacional Constituyente que convirtió poco a poco en un legislativo de bolsillo. Otra forma menos drástica de calificarla diría simplemente que la Asamblea trabajaba bajo la dirección personal del Presidente Reyes. El Vicepresidente, General Ramón González Valencia, al no entenderse con el jefe, y presionado por los enviados de Reyes, y por el Nuncio Ragonessi, renunció al cargo. Reyes respiró tranquilo porque, con su malicia boyacense, recordaba el triste papel del presidente Sanclemente con su Vicepresidente Marroquín. Además la popularidad de González Valencia no era despreciable. Le aceptó, pues, la renuncia, y a continuación suprimió el cargo. Reyes, además, para retirar los estorbos a su autocracia, y luégo de la supresión de este cargo y de la Designatura, hizo lo mismo con el Consejo de Estado.

Introdujo a la Constitución considerables reformas de interés transitorio y personal, como la prolongación de su período hasta diez años, redujo las libertades civiles, neutralizó la acción de los partidos en favor de un nacionalismo al modo mexicano, como él mismo lo había observado en el régimen de Porfirio Díaz. Realizó una reforma territorial que hizo crecer hasta más de treinta los departamentos: de tantos como creó, desaparecieron los de Tundama, Quesada y Galán, y subsisten Atlántico, Caldas y Huila. Fundó la Escuela Militar, la Escuela Naval, y la Escuela Superior de Guerra, y contrató la Misión Chilena para la reestructuración de las fuerzas militares. En la administración Reyes empezó la recuperación del crédito internacional y la estabilización de la moneda. Se interesó asimismo por las obras públicas, las comunicaciones, y la educación. En el sector económico hubo alguna reactivación de la

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industria nacional auxiliada por el proteccionismo instaurado. Las zonas cafeteras, algodoneras y bananeras participaron del resurgimiento económico, fenómeno que también se observó en la explotación del petróleo.

De todos modos, la represión de la oposición, incluso de sus copartidarios conservadores, y la persecución oficial a quienes no se plegaban a su voluntad, originó roces frecuentes y un espíritu de conspiración que llegó hasta el atentado de Barro Colorado contra el Dictador y su hija. Barro Colorado o Barrocolorado, como escriben otros, es aproximadamente un punto entre el centro de Bogotá y el actual sector de Chapinero. Se llamó así porque de allí se sacaba barro para fabricar tejas y ladrillos. El General Reyes, que había notado la actitud de los conspiradores un rato antes cuando iniciaban el paseo él y Sofía, en este lugar ordenó al cochero que se devolviera. Es entonces cuando Marco Arturo Salgar, Roberto González y Fernando Aguilar rodean el coche y disparan contra los pasajeros. El capitán Pomar dispara ocho tiros contra los asaltantes y el coche los atropella y se dirige a escape hacia Bogotá. Los comprometidos fueron fusilados en el mismo sitio, y otros, condenados a destierro y presidio. En tal ámbito se forma un movimiento bipartidista de oposición a la dictadura, la UNION REPUBLICANA, casi con el fin exclusivo de derrocarla y buscar la reconciliación nacional. Reyes sale de la capital en dirección a la Costa Atlántica. Desde Gamarra encarga del gobierno al General JORGE HOLGUIN, y se embarca en Santa Marta abandonando toda actividad política. El General GONZALEZ VALENCIA es elegido Presidente por el Congreso, para terminar el período. Es convocada una nueva Asamblea Nacional Constituyente, y se reúne en mayo de 1910, con diputados conservadores y liberales,29 y 17, respectivamente, pero todos miembros de la Unión Republicana.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1910

El concepto más claro entre las gentes era el de que la Constitución del 86 no había fracasado: habían fallado quienes con apetitos excluyentes, intereses personales, e interpretaciones desviadas, le habían dado un desarrollo legislativo antipopular y retrógrado.

La Reforma decretada por la Asamblea Constituyente tiene como puntos sobresalientes éstos:

---Reducción del período presidencial a cuatro años.

---Prohibición de la reelección del presidente para el período siguiente.

---Abolición de la pena de muerte.

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---Sesiones ordinarias anuales del Congreso.

---Reserva de las atribuciones impositivas en tiempo de paz para el Congreso, las Asambleas Departamentales, y los Concejos Municipales.

---Definió la responsabilidad del Presidente por violación de la Constitución y las leyes.

---Aclaró la órbita de operación de los Departamentos.

---Confió la guarda de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia.

---El derecho de los partidos a asegurar la representación proporcional en las corporaciones públicas.

Este Acto Legislativo prohibe al presidente derogar las leyes, en ejercicio de facultades extraordinarias. Encarga a la Corte Suprema de Justicia la custodia de la constitucionalidad de las leyes. En el caso de los monopolios establecidos por la ley, ordena la indemnización de los intereses privados. Prohibe la emisión de moneda de curso forzoso. El voto vuelve a ser restrictivo, solo para alfabetas y propietarios.

Reserva a los departamentos la propiedad de sus bienes y rentas.

Y recordando la forma tan peculiar y anómala como Reyes se había ausentado del país, formulando su renuncia desde la Costa Atlántica y encargando desde Gamarra el ejercicio del poder al General Jorge Holguín, se incluyó en el Acto Legislativo, la prohibición de que el Presidente en ejercicio o dentro del año siguiente a su terminación se ausentara del país sin permiso del Congreso.

Para el período 1910-1914 hubo dos candidaturas, la de los republicanos liberales -CARLOS E. RESTREPO- y la de los republicanos conservadores -JOSE VICENTE CONCHA-. Triunfaron los primeros, con el apoyo regional de los antioqueños de todas las tendencias. Restrepo gobernó con gabinete bipartidista, aunque se esforzó sin mucho éxito por la conformación de un partido republicano que prolongara el espíritu de la Unión Republicana. Su administración reorganizó la defensa nacional a partir de un servicio militar obligatorio en sustitución del reclutamiento forzado. Desarrolló la educación pública e incrementó las exportaciones. Creó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y la jurisdicción contencioso-administrativa. Celebró el Tratado Urrutia-Thomson, que sólo sería aprobado por el Congreso de Estados Unidos ocho años más tarde, y eso sin acceder a la cláusula del sincero pesar por sus abusos sobre Colombia en el caso de Panamá.

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Con una actitud ética muy personal, Carlos E. Restrepo se posesionó –según sus palabras- no como conservador sino como amigo de todos sus compatriotas, no como antioqueño sino como colombiano, no como católico sino como guardián de la libertad de conciencia. Esa filosofía muestra en concreto lo que era el ideario de los comprometidos en la Unión Republicana. En consideración de los historiadores de ambos partidos la actitud de Restrepo no fue propuesta retórica sino vocación verdadera en su gobierno como en su vida.

En el gobierno de Restrepo hubo especial atención para la instrucción pública, se retornó al sistema monetario oro-plata, se incrementó la construcción de vías férreas, se creó la jubilación para el magisterio y se reorganizó el servicio militar. A comienzos de su administración le tocó devolver a su sitio a los peruanos invasores por el sur.

En 1910 hay una estabilidad alta en los precios internacionales del café, que se conservará hasta iniciada la Primera Guerra Mundial. Entonces la baja en las exportaciones contrae la importación necesaria, y este efecto se refleja a su vez en la reducción del comercio interno. Caen los ingresos aduaneros y los recursos generales del Fisco. Algunos capitales comerciales se invirtieron en la industria doméstica con grandes expectativas, y otros lo hicieron en la agricultura. Una y otra contaron así con un mercado interno en ascenso. La producción de arroz cubrió las necesidades internas y dejó remanentes para la exportación a Cuba, Panamá, Puerto Rico y Centroamérica. Se redujo el consumo interno del cacao para darle igual destino. Hubo también crecimiento en la producción de algodón , trigo y tabaco. El problema en ocasiones fue de medio circulante. Al carrusel de emisiones se respondió rescatando el patrón oro, tras incinerar millones de billetes de curso forzoso. En este momento solo hay diez millones de pesos oro, que con la coyuntura de la guerra mundial, se muestran insuficientes para pagar los precios de las mercancías –bienes y servicios- disponibles. La crisis se prolongó porque fue necesario pagar las obligaciones internacionales con oro amonedado. Unida a esto, la exportación de oro físico con la cual especularon los particulares, mostró las inconveniencias del régimen monetario y los hacendistas empezaron a pensar en fórmulas de sustitución. Estas llegarán en la década del 20, a partir de la creación del Banco de la República, instrumento central del control monetario y financiero a partir de entonces.

En enero de 1913 se realiza en Colombia el primer vuelo de aeroplano. El piloto canadiense John Geo Schmidt , en un biplano “Farman”, despega de la finca “La Pradera” en Medellín, y después de varios giros sobre la ciudad y sus alrededores, toma tierra con todo éxito y es objeto de sonoros vítores y grandes homenajes del gobierno y de las gentes. Siete

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años después ya habrá en el país empresa aérea, y empezará vuelos en febrero del 20 cuando el avión “Cartagena” transporta viajeros y cuatro kilos de correo entre Cartagena y Barranquilla. Más tarde la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo (S.C.A.D.T.A.) pionera en el aire y antecesora directa de AVIANCA, encontrará competencia en la Sociedad de Aviación Colombiana (S.A.C.O.) Desde ésta, dirigida por Ernesto Samper Mendoza, en la década del treinta se le dará sentido político a la rivalidad, atribuyéndose éstos la bandera del antifascismo, pues se endilgaba a los alemanes el ser simpatizantes del partido nazi.

El movimiento republicano, la Unión Republicana, fue perdiendo poco a poco sus huestes, y al final como decían humorísticamente las gentes, los republicanos cabían en un canapé. Sus miembros retornaron a las viejas toldas partidistas. Y

JOSE VICENTE CONCHA es el primer presidente elegido por voto directo. Gran penalista, gran periodista, gran orador, Concha se había hecho admirar en el Congreso por la seriedad de sus propuestas y la profundidad de sus intervenciones. Siendo embajador de Colombia en Washington formuló enérgica oposición a la solicitud del presidente Marroquín en el sentido de que Estados Unidos pusiera tropas en Panamá para reprimir a los liberales antigobiernistas. En su período, del 14 al 18, mostró interés en imprimir a las costumbres nacionales la moral católica a través de la educación, mantuvo al Estado neutral en relación con la Guerra Mundial que se desarrolló paralela a él, , redujo unos gastos y aplazó otros para sortear la crisis fiscal que sacudía al país, suprimió cargos y redujo el ejército, todo ello para sortear las dificultades surgidas por razón de la guerra: desaparición del crédito internacional, reducción drástica del comercio y alza en los precios, mayormente en servicios como el transporte. Celoso de la soberanía del país, eludió en cuanto pudo los créditos externos, que a su juicio la ponían en inminente peligro. Con ejemplar imparcialidad de demócrata organizó y presidió los eventos electorales, y tras entregar la presidencia, representó a Colombia ante el gobierno de Mussolini y ante la Santa Sede.

En el comienzo del período de Concha horrorizó a los colombianos el asesinato de Rafael Uribe Uribe. Este había apoyado con entusiasmo la candidatura conservadora de Concha, y los liberales lo responsabiliza-ron de los problemas económicos y laborales que se presentaron en las principales ciudades. Uribe Uribe se dirigía al capitolio a participar en las sesiones del día, como Senador que era por Antioquia. Dos artesanos, Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal, le rajaron el cráneo con golpes de hachuela. Era el 15 de octubre de 1914, un poco antes de las dos de la tarde. El caudillo murió al día siguiente.

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Las ideas de Uribe Uribe fueron fuente del liberalismo moderno en el país. Fue él quien quiso insertar al partido en las tendencias modernas a principios del siglo XX y por ello amonestó a sus copartidarios invitándo-los a beber en las canteras del socialismo. Entendió que al liberalismo le tocaba asumir el compromiso con las mayorías trabajadoras del país, y esta preocupación fue eje de sus prédicas y escritos. El suyo no fue un interés teórico por un liberalismo político sino la vocación real de asumir la vida política a través de un liberalismo social. Materia de sus frecuen-tes disertaciones fue la falta de regulación de las relaciones obrero-pa-tronales, y los consecuentes abusos que de ahí se derivaban. Era época en que apenas se hablaba de “uniones” o “círculos obreros”, y el tér-mino “sindicato” provocaba suspicacias. Hacia 1910 solo un grupo dio prueba de excepcional audacia y se constituyó en el Sindicato Agrícola de El Fresno (Tolima). Uribe Uribe dirigía sus críticas en la plaza pública, en los centros académicos y en el Congreso, contra el reclutamiento, la esclavitud militar a que se sometía al obrerismo, y reclamaba para ellos la libertad, y el tratamiento igualitario en las cargas, pues ya desde en-tonces se eximía del servicio a los hijos de los ricos. Vió con simpatía la creación del Partido Obrero, pero como jefe liberal consideró que si se daba al liberalismo un giro hacia la izquierda, como él proponía, era in-necesaria la existencia de un partido exclusivamente de los trabajado-res. El liberalismo, dijo, tiene todo aquello a que los trabajadores pue-den aspirar. Y dentro del liberalismo caben todas las reivindicaciones de los trabajadores. Pero es preciso incorporar al partido y a la lucha tam-bién el campesinado y la juventud. Uribe Uribe desde sus tribunas perio-dísticas combatió, asimismo, en favor de la previsión social, y el incre-mento tecnológico e industrial, el mejoramiento agrícola y la moderniza-ción de la educación. Los liberales, que desatendieron su idea de la iz-quierdización del partido, permanecieron en el centro, dentro del clásico liberalismo empresarial, y dieron oportunidad a que se fundara el Partido Socialista, con los ideales de Uribe Uribe, en 1919.

COLOMBIA EN LOS AÑOS 20s

LA HEGEMONIA CONSERVADORA

Aunque eran gobiernos conservadores los que venían desde Núñez, se pone de relieve con este nombre la sucesión de administraciones que se dan durante los primeros treinta años del siglo veinte. El partido republicano no alcanzó a formarse siquiera, y los conservadores de ese tinte retornaron a sus toldas tradicionales. Otro tanto hicieron los republicanos liberales, y lanzaron la candidatura de Nicolás Esguerra. Esta fué superada por el triunfo conservador de JOSE VICENTE CONCHA, quien

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hace gobierno de 1914 a 1918. Concha, conservador de espíritu republicano, administra con un gabinete pluripartidista, que no solo integra a liberales y conservadores, sino las dos fracciones de éste. Afectado el comercio exterior por la Guerra Mundial, el gobierno vuelca su interés en la administración de los recursos internos y fomenta las obras públicas, ferrocarriles, Capitolio, Escuela de Medicina, a tiempo que presenta al Estado colombiano como neutral en el conflicto.

Por esta época se unía al medio centenar de chicherías en la capital, la producción de las Cervecerías Bavaria y Germania. Estas producían unos cinco mil litros diarios de cerveza, y aquellas en conjunto más de treinta mil litros diarios de chicha.

De 1914 a 1922 prácticamente subsistió la coalición de gobierno, sustentada en una mayoría conservadora, para apoyar los candidatos conservadores más moderados. El período 1918-1922 corresponde a la administración de MARCO FIDEL SUAREZ. A pesar de las difíciles condiciones en las que se levanta, logra a fuerza de tesón hacerse experiencia y conocimientos que superaron lo que le hubiera dado una educación universitaria que nunca tuvo. Fue congresista, ministro y miembro del Consejo de Estado.

Inició gobierno con un gabinete bipartidista, y con ellos desarrolló las comunicaciones por radiotelegrafía y cable submarino, y los ferrocarriles; inició el correo aéreo y la Escuela Militar de Aviación lo mismo que la Facultad Nacional de Veterinaria. Se adoptó legislativamente la composición de Núñez y Sindici como Himno Nacional. Y en general, hizo una administración que tomó por modelo la federación estadounidense y la filosofía pragmática que tanto admiraba. Su insistente consejo a los colombianos era el de Respice polum! (Mirad la Estrella Polar!), con la significación de que hay qué guiarse por el modelo de vida y de acción de los estadounidenses.

Bajo este gobierno se abrieron las compuertas al capital norteamericano, y con ello empezó un peculiar régimen de expoliación de los recursos naturales por las empresas estadounidenses. Suárez afronta la acusación ante el Congreso, alentada por su copartidario Laureano Gómez, en relación con la venta de sus sueldos, conducta que fue tachada de indecorosa en un Presidente de Colombia, y por lo mismo injuriosa y ofensiva para la Nación. Ante la recia oposición de los liberales y un fuerte grupo de copartidarios, Suárez se retira y en el último año de su período lo reemplaza en el ejercicio JORGE HOLGUIN, a quien hemos visto como gobernante a ratos perdidos, desde los tiempos de Reyes.

Al finalizar la guerra hubo un corto auge de la economía nacional, aumento de las exportaciones –en especial, la del café- e importaciones e

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incremento de los ingresos aduaneros y de los recursos fiscales en general. El gobierno desatrasó sus deudas externas e internas y volcó algunos recursos en la construcción y las obras públicas. Pero ya desde el 19 empezó el reflujo económico típico del sistema capitalista en cuya órbita se desplaza la economía del país. El auge transitorio condujo al incremento del dinero en circulación y con ello el alza general de precios y del costo de la vida. Y tras esta etapa, la crisis de salarios y el desempleo, y las fuertes movimientos huelguísticos en los puertos, en los centros artesanales, en la industria y en los trasportes. Ya por entonces las reivindicaciones eran no solo el alza de salario y el mejoramiento de las condiciones de vida sino la reducción de la jornada laboral. Esta lucha, iniciada por los obreros de Chicago, llegaba a Colombia con más de treinta años de retraso. Pero llegaba. Nuestros trabajadores pedían que la jornada imperante, de once horas, fuera reducida a ocho... El fenómeno dado en 1920-21 ha sido calificado por los economistas de nuestro tiempo como una típica crisis de crecimiento.

Las elecciones dieron el mandato a PEDRO NEL OSPINA, vencedor de BENJAMIN HERRERA, para el período 1922-1926. A él le será propicio el tiempo pues podrá aprovechar para el país la recuperación de la economía mundial a partir del año 23.

El General PEDRO NEL OSPINA era hijo de MARIANO OSPINA RODRIGUEZ, igualmente gobernante de Colombia. Formado en Estados Unidos y en Europa, fué exitoso político y hombre de empresa. No consiguió la cooperación del liberalismo y formó un gabinete homogéneo. Pese a lo cual no hizo una administración sectaria. En ella organizó las rentas nacionales y el presupuesto con la asesoría de la Misión Kemmerer, lo mismo que la contabilidad oficial y los Bancos, creó la Contraloría General de la República y el Banco de la República. A éste, en su carácter de banco central, se le asignaron las funciones de reglamentación del crédito y de la operación monetaria, la supervisión del mercado cambiario, y la custodia centralizada de las reservas de oro de la Nación. Complementariamente, siguiendo las sugerencias de Edwin Kemmerer, se reglamentó la operación de los bancos particulares propiciando su especialización para cubrir las necesidades financieras de los ganaderos, los agricultores, el comercio, y el ciudadano común con los Bancos Prendarios e Hipotecarios. En el año 24 fue creada la Oficina del Trabajo, que empezó a supervisar las relaciones laborales que ya mostraban sus naturales tensiones. A través de leyes y decretos se introdujo orden en la acción de los colonos, en la invasión de baldíos y en general en la ocupación de tierras. La valorización de las tierras tuvo como resultado la creciente despoblación del campo. La industria atrajo cada vez más manos. La tenencia de la tierra empezó a concentrarse y asumir su forma de latifundio con terratenientes ausentistas. El enganche de personal para las obras públicas también contribuyó a empobrecer la fuerza laboral

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campesina. El solo sector de ferrocarriles ocupó veinte mil trabajadores. En otras obras públicas se ocuparon dieciseis mil más. Unos y otros representaban el 2% de la población trabajadora del país...En la burocracia oficial estaba ocupado el 26%. Y de pronto pareció que la agricultura era incapaz de responder a las necesidades internas de la Nación. El alto costo de la hoy llamada canasta familiar condujo a una ley de emergencia económica que disminuyó el arancel a la importación de alimentos. De reflujo, esto deprimió aún más la producción agropecuaria. Aunque los altos salarios urbanos arrastraban hacia una reacción igual en el sector agrario, al terminar el decenio la brecha entre ellos era grande. Las obras públicas entraron en crisis y se fueron suspendiendo, con lo cual el espectro del desempleo ensombreció el panorama. Hubo ocasiones en que se hizo necesario obligar, mediante la policía, al cumplimiento de las obligaciones laborales de lado y lado, y para reprimir el no pago de los adelantos de dinero de los asalariados se acudió a la retención física. Se frenó la libertad laboral de búsqueda de mejores salarios, y se hizo necesario legislar para garantizar la circulación libre de la mano de obra que buscaba mejores condiciones de vida. La destinación de la tierra había modificado sus proporciones iniciales, y ahora la ganadería extensiva ocupaba porciones veinte veces más grandes que las destinadas a la agricultura.

Uno de los hechos sobresalientes en este período es la huelga de los trabajadores petroleros en Barrancabermeja en 1924. Se originó cuando los trabajadores reclamaron de la Tropical Oil Company el cumplimiento de los convenios firmados a comienzos del año. La empresa, y el gobierno en connivencia con ella, declararon la huelga ilegal y subversiva. Fueron desterrados de la región más de mil operarios y auxiliares, y su dirigente Raúl Eduardo Mahecha fue aprisionado en Medellín. El Partido Socialista Revolucionario se había formado a partir de un grupo reunido en torno al ciudadano ruso Silvestre Sawinsky y en él estuvieron liberales de izquierda como Gabriel Turbay, José Vicente Combariza –José Mar-, Guillermo Hernández Rodríguez, José Francisco Socarrás, Luis Vidales y Miguel Prieto. Y al partido socialista, originado a partir de las ideas allí ventiladas, ingresaron un poco más tarde Tomás Uribe Márquez, Ignacio Torres Giraldo, María Cano. Y Raúl Eduardo Mahecha. El partido difundió sus ideas en dos periódicos diarios, LA HUMANIDAD, en Cali, y VOX POPULI en Bucaramanga. El partido liberal miró con simpatía al partido socialista en cuanto combatía, como él, al gobierno y a las ideas conservadoras, y defendía los intereses de los trabajadores y de los campesinos. El partido socialista, por su lado, veía al liberalismo como lo que era, un partido reformista y, para peor, con miedo a la revolución social. Pero aceptaba la posibilidad de alianzas o frentes estratégicos en la defensa de las libertades civiles amenazadas por el gobierno conservador. En el 28 Gabriel Turbay y Baldomero Sanín Cano invitaban al liberalismo a asumir un compromiso revolucionario. Armando Solano, estrepitosamente,

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abandonó el liberalismo convertido en capitalismo tanto como el conservatismo, y abrazó el socialismo e invitó a integrarse a él a todos los obreros, campesinos e intelectuales progresistas, dentro de criterios de preferencia nacionalista y de respeto a las opiniones disidentes, y en especial del sentimiento religioso. Estos puntos de vista originaron posteriormente una fuerte crítica de los comunistas colombianos, quienes vieron en estas actitudes una improvisación sin meollo ideológico, mixtura de reivindicaciones liberal-burguesas y de propuestas simplemente populistas. Y dos años después, por sugerencia de la Tercera Internacional, los socialistas conformaron el Partido Comunista Colombiano, con amplias relaciones internacionales y un ideario claramente clasista.

El gobierno de Ospina recibió los veinticinco millones de dólares de la indemnización estadounidense por la segregación de Panamá, de los cuales entregó parte a los departamentos para el fomento de los ferrocarriles, y con el 40% -10 millones- capitalizó el Banco central. Incrementó la explotación petrolera y construyó el oleoducto Barrancabermeja-Cartagena. Contrató una misión alemana para la reforma de la educación. Y propició unas elecciones pacíficas y ordenadas, en las cuales, sin contendiente, fué elegido el Doctor MIGUEL ABADIA MENDEZ.

ABADIA MENDEZ (1926-1930) ejerció paralelamente la política y la docencia universitaria, y su presidencia no pudo empezar con gabinete mixto porque el partido liberal negó su colaboración. En su administración se firmó el Tratado Esguerra-Bárcenas, definitorio de los límites con Nicaragua. Impulsó las obras públicas, en especial las carreteras, con enormes empréstitos convenidos con Estados Unidos. Pero la crisis económica general golpeó al país provocando un tremendo desequilibrio y comprometiendo la estabilidad política. La ruina económica, pública y privada, el desempleo, el cierre de los créditos, la escasez de circulante... es decir, la bancarrota general. Originada, afirman los analistas, en la crisis de sobreproducción que siguió a los destrozos de la Primera Guerra Mundial, y que interpretan los marxistas como típica del modo de producción capitalista. La agitación social provocada por estos procesos comprometió gravemente el orden público. Ya desde 1927 habían empezado las huelgas de trabajadores en la zona bananera, y las medidas represivas condujeron a la recordada masacre de las Bananeras, zona donde la industria frutera -con capital norteamericano de la United Fruit Company- ocupaba veinticinco mil trabajadores.

La United solo producía el 20% del banano de Colombia, pero monopolizaba la exportación porque le compraba la producción a los bananeros independientes. El suyo era un vasto imperio que se iniciaba en

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la costa colombiana y se extendía por Centroamérica hasta Guatemala. Su influjo decidía la política en las banana republics. Minor Cooper Keith llega a Colombia en 1890. Veinte años antes había llegado a Costa Rica para construír una línea ferroviaria. Terminada ésta se le ocurrió cosechar banano para hacer rentable el ferrocarril. En Colombia compra la concesión del Ferrocarril de Santa Marta que pasa a llamarse Santa Marta Railroad Company. Y en 1899, con otros dos socios, estadounidenses como él, funda la United Fruit Company, con sede comercial en Boston. En ese momento la compañía ejercía control sobre más del 80% de la industria bananera mundial. Hacia 1930 tenía 150.000 trabajadores en toda la zona del Caribe. Era dueña de noventa grandes buques, y había construído 2.500 kilómetros de ferrovías.En las vecindades de Aracataca tenía propiedades a lado y lado de la línea ferrea en franjas paralelas de más de diez kilómetros de anchura. Cuando se producen los incidentes de las bananeras, la exportación privada de banano era el 7% de las exportaciones y Colombia era el tercer productor mundial de banano. La United atrajo mano de obra ofreciendo salarios que duplicaban el ofrecido por los hacendados del interior. Los soldados liberales vencidos y desempleados desde la Guerra de los Mil Días fueron los primeros en acudir. El grupo formado fue muy heterogéneo, pero era globalmente colombiano a diferencia de lo ocurrido en Centroamérica donde ocuparon con preferencia grandes cantidades de negros. La relación de trabajo fundada en la explotación agrícola originó un verdadero proletariado campesino, gravemente golpeado porque el sistema de la compañía era el trabajo a destajo, por cuotas de trabajo cumplido, y no con salario por tiempo. La compañía negociaba la mano de obra con intermediarios o ajustadores, por lo cual se le facilitaba eludir las obligaciones patronales. La United producía millones de dólares, sin tener trabajadores. La mayor parte de los contratistas pagaban en vales al comienzo de la labor y en efectivo al final. Por recibir los vales los distribuidores de mercancías se cobraban entre el 10 y el 30% de su valor nominal. La United retenía al trabajador el 40% del salario pendiente por si el trabajador abandonaba la labor. Y el 2% se les descontaba para cofinanciar el servicio médico y hospitalario. La situación de U.F.C. en el país cambió bajo los gobiernos de Olaya Herrera y de López Pumarejo. Si de un lado se generaban roces por los intentos gubernamentales de protección a los trabajadores, de otro se rumoraban sobornos a los funcionarios oficiales. En el 41 se regulan las relaciones mediante un acuerdo firmado con el gobierno colombiano, pero la situación no mejoró notoriamente por lo cual la empresa suspendió operaciones en el país.

Este gobierno, representado por Manuel Esguerra, suscribe con el de Nicaragua, representado por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, José Bárcenas Meneses, el Tratado en el cual “Colombia reconoce el pleno dominio y la soberanía de la República de Nicaragua sobre la costa de Mosquitos ..., y la República de Nicaragua reconoce la soberanía y pleno

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dominio de la República de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés.....” tratado cuyo canje de ratificaciones inicia la vigencia el 5 de mayo de 1930.

En cuanto a la incidencia de los empréstitos extranjeros debe mirarse que en el lapso de 1923 a 1926 el monto ascendió de 24 millones a 64. Y del 26 al 28, en solo dos años, de 64 a 203 millones de dólares. La aparente prosperidad –“prosperidad a debe”- fue mirada con recelo por la Misión Kemmerer, la cual consideraba el tope razonable de endeudamiento en unos dieciocho millones de dólares por año. A mediados de la década del 20 se calculaba en 115 dólares el ingreso per cápita, que dependía fundamentalmente de una economía agrícola, y era de los más bajos de América Latina. Los dineros llegados por empréstitos, y sumados los correspondientes a la indemnización por el despojo de Panamá, se convirtieron en recurso disponible para gasto oficial. El Estado se encareció, el gasto público se duplicó en cinco años, y la expansión se marcó tanto en la inflación burocrática como en la inversión en obras públicas, no solo en los niveles centrales sino también en los departamentos y municipios. Los ferrocarriles, que antes se abrían en estrella para llevar del centro a los puertos el café de exportación, empezaron a configurar una red que relacionara los mercados internos. Los ferrocarriles duplicaron su extensión y capacidad de transporte. Las importaciones en la década son prioritariamente de bienes de capital y minerales, casi la mitad; el resto se compone de textiles y alimentos. La importación de víveres deprimió la producción de trigo, arroz, cacao y cebada, aunque simultáneamente se conseguía la abundancia en plátano y maíz. Pero el renglón fundamental, el café, aumentó su producción en más del 50%. Sin embargo todavía a mediados de la década el desarrollo tenía un atraso comparativo con la mayor parte de los países de América Latina, y la industria solo generaba el 10% del producto bruto nacional. Con todo, el sector agropecuario fue favorecido en subsidios y créditos con la creación del Ministerio de Agricultura en 1924, y del Banco Agrario dos años más tarde. Ello contribuyó a mejorar la provisión de insumos y maquinarias.

En hechos de oscura naturaleza, el 7 de junio de 1929, a las diez de la noche, la fuerza pública disparó y dejó como víctima al estudiante de Derecho Gonzalo Bravo, quien, coincidencialmente tenía por acudiente al Doctor Abadía Mendez. Los hechos condujeron a la caída del gobernador de Cundinamarca y de dos ministros del gabinete. Se dijo que la gente circulaba normalmente y hubo algún pretexto que no se aclaró nunca –grito, gesto, insulto- para que la fuerza pública efectuara varias descargas sobre la gente, que transitaba por la carrera séptima, en cercanías del palacio presidencial. Gonzalo Bravo Pérez cayó fusilado por la espalda al lado del capitolio, antes de llegar a la Plaza de Bolívar. La reacción

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popular fue proporcionada a la gravedad del suceso. Se oyeron los discursos, fervorosamente interesados contra el gobierno, de los liberales Gabriel Turbay, Jorge Eliécer Gaitán, Felipe Lleras Camargo. La salida de los ministros que se consideraron responsables de los hechos fue presionada por las llamadas “fuerzas vivas”, esto es, los delegados de los empresarios procedentes del Gun Club, y fue reforzada la exigencia por el cadáver de Bravo Pérez, desfilando en brazos de sus compañeros en dirección al palacio presidencial.

El proceso electoral estuvo muy agitado, y la división del conservatismo hacia dos candidatos -Guillermo Valencia, y Alfredo Vásquez Cobo- permitió a los liberales llegar al poder con la candidatura de ENRIQUE OLAYA HERRERA. Andaba entonces por Bogotá el escritor boliviano Alcides Arguedas, quien se siente sorprendido por la tranquilidad de las elecciones. Tiene oportunidad de conversar con Gabriel Turbay y con Alfonso López y cambia ideas con ellos. Entre los comentarios que se cruzan recuerdan las afirmaciones de un caudillo conservador: “En Colombia, un régimen no se cae con papelitos...” Ismael Enrique Arciniegas, el popular poeta de “A solas!, y gran polemista conservador, además, había dicho: Hay diez mil fusiles conservadores y habrá qué descargarlos antes que rendirlos...” Pero el tránsito fue pacífico sobremanera y el gobierno, más que interesado en los resultados, se dedicó a la tolerancia pasiva. De todos modos hay qué tener en cuenta el carácter mayoritario del conservatismo, que con sus dos candidatos puso casi medio millón de votos en las urnas, frente a los 370.000 sufragios liberales. El conservatismo pierde así en 1930 el poder que ha monopolizado desde 1886. Curiosamente todos los votantes pudieron por un momento sentirse contentos, pues los tres candidatos fueron proclamados como vencedores: Guillermo Valencia, en EL DEBATE; Vásquez Cobo en EL NUEVO TIEMPO; y Olaya Herrera en EL TIEMPO...

La hegemonía conservadora se desarrolló sobre un país en el cual la economía marchó sobre el eje de la expansión cafetera, con un crecimiento sostenido hasta el fin de la misma. Asimismo está caracterizada por el desarrollo de los ferrocarriles y otras vías de comunicación. La industria crece y se diversifica, merced en muchos casos a los empréstitos y a las inversiones extranjeras. El desarrollo industrial tiene como lógico reflejo el principio y la gradual consolidación del sindicalismo. Pero los frecuentes empréstitos que crearon la apariencia de una económica dinámica, que fué calificada por la oposición como una prosperidad a debe, condujeron a la depresión y crisis del 29, con el reflujo de la crisis general. Fué un largo período convulsionado por la insatisfacción de los trabajadores, las huelgas, los escándalos financieros, el acaparamiento de mercancías, y los comienzos de la violencia de marcado tinte político. El partido conservador se enfrenta a la renovación del pensamiento político, desencadenada por fenómenos de gran

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trascendencia ideológica como la misma guerra mundial, la definición de zonas de influencia política para las nuevas potencias, la Revolución Rusa y el surgimiento de la primera República de los Trabajadores, los movimientos sociales y agraristas de México, y el compromiso social del Estado, plasmado ya en las constituciones de México y la alemana de Weimar. El pensamiento socialista aportaba nuevos criterios al liberalismo tradicional, con más sólidas bases que durante el período radical, porque la teoría se acompañaba con realizaciones relativamente exitosas en las democracias populares que comenzaban a diseñarse.

Punto importante es el desarrollo de la industria del petróleo en los años veintes. Es la década en que la transnacional Standard Oil domina la explotación en los campos que fueron antes la Concesión De Mares, obteniendo fabulosas ganancias, a tiempo que introducía la tecnología más adecuada dentro del criterio económico de maximizar la ganancia y disminuír el costo. Generó, además, cierto grado de desarrollo especialmente en lo que atañe a la atención médica y hospitalaria en la región de sus intereses. Todo ello respondía, naturalmente, al influjo creciente de la organización sindical, con la experiencia que en la defensa de los intereses de los trabajadores del petróleo había ganado su líder RAUL EDUARDO MAHECHA. Por su parte, los críticos de la intervención del capital foráneo ponían de relieve el incremento de las enfermedades venéreas y otras enfermedades en las zonas de trabajo. A fines de la década, Colombia era el octavo país en la producción mundial de petróleo, y recibía una participación del 10% de la producción bruta de los campos. Indudablemente, la insurgencia del proletariado urbano empezó desde entonces a propiciar el ambiente para la llegada de la República Liberal.

Ante la duda de si la Concesión De Mares debía revertir a la Nación en 1946 o 1951 hubo un largo pleito que a la postre falló la Corte a favor de los concesionarios, ampliando su término hasta 1951. Usualmente se afirma que la presión de los trabajadores influyó en la determinación de la creación de ECOPETROL, pero hoy parece muy disminuída tal incidencia. En efecto, la U.S.O., el sindicato petrolero, había sido casi desplazado por la conquista de sus trabajadores realizada por sindicatos afiliados a la UTC, de naturaleza claramente conservadora. Fue, sí, significativa la ingerencia de la A.N.D.I., grupo de presión gremial, que exigía la asunción por el Estado de la carga prestacional dejada por la Tropical, y combatía la política de nacionalizaciones como un ataque serio y mal visto por los estados extranjeros contra la libertad de empresa.

Comoquiera que Laureano Gómez era mirado en los Estados Unidos como profascista y antinorteamericano, éste quiso congraciarse con ellos desde el momento de la posesión en la Presidencia, y en su discurso hizo profusas alusiones al importante papel de los Estados Unidos en Colombia, a través de su capital, de su tecnología y de su filosofía política y

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económica. Sometidos a las presiones del Banco Mundial, se fundó la Empresa Colombiana de Petróleos, con la asesoría técnica de la International Petroleum Company. Uno y otra financiarían la expansión de la refinería de Barrancabermeja, y la ESSO, otra subsidiaria de la Standard, se encargaría de la distribución de los derivados.

La clase política colombiana, en este siglo, se ha mostrado menos interesada en el petróleo que en el café, y en la práctica ha entregado aquel al manejo de los inversionistas y asesores de las multinacionales extranjeras.

LA REPÚBLICA LIBERAL

Una idea que han movido varios historiadores y críticos políticos es la de que en 1930 no es que haya triunfado el partido liberal, sino que se cayó el partido conservador. Porque, enseñan, el partido liberal estaba, por lo menos en tan mal estado como sus competidores. La crisis económica del 29 tuvo su nefasto influjo sobre el proceso sociopolítico de Colombia, y abarcó con sus prolegómenos y sus consecuencias la última parte de la administración ABADIA MENDEZ y los primeros tres años del período correspondiente a OLAYA HERRERA. Probablemente una crisis tan profunda y extendida solo encontraría par en la que ha sacudido al país en el tránsito al nuevo milenio.

Desde el 28 la economía había entrado en recesión. El país ya dependía, definitivamente, de las exportaciones de café. Empezó una lenta decli-nación de sus precios en el exterior. El crédito externo, paralelamente, disminuyó. Dos o tres años atrás, el crédito originado en la colocación de bonos, se había descompensado al superar desproporcionadamente el respaldo de los ingresos por exportaciones. Los debates judiciales sobre las Concesiones Barco y De Mares minaban en el exterior la confianza de los prestamistas. Se cerró el crédito bancario interno y se estancó inme-diatamente el comercio. Lo único que se movía hacia afuera era la pro-ducción de petróleo, de banano, de oro y de platino. Pero eran ingresos no significativos para el presupuesto nacional porque eran de carácter privado y a más de ello, extranjero. Vino la depresión general de las fi-nanzas, las actividades de Bolsa y la negociación de propiedad raíz. Ante la falta de financiación, suspensión total de las obras públicas. Ante la escasez de circulante se deprimieron los precios nominales de bienes y servicios y se entró en una deflación que duraría hasta 1932. Los analis-tas económicos que ven en la crisis una consecuencia del laissezfairismo encuentran que el liberalismo clásico librecambista solo tuvo realización

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plena en el cuatrienio conservador de Abadía Méndez. Y por lo mismo, la reacción ante la crisis empieza con medidas alejadas de la ortodoxia li-beral: Se introdujo arancel protector a los productos agrícolas e indus-triales. Y luégo se incrementaron para dar énfasis a la recuperación. Se reiniciaron las obras públicas, aunque a bajo ritmo. Se fundó la Caja Agraria y se redujo el encaje bancario. Terminando el 31 se dio el cam-bio fundamental al abandonar el modelo clásico del patrón oro con libre cambio. Se llegó a la moratoria o suspensión de amortizaciones de la deuda externa en 1933. En el ámbito interno la moratoria venía toman-do forma desde el año anterior, con la capitalización de cuotas pendien-tes, reducción nominal de las deudas, ampliación de plazos y suspensión de remates judiciales.

La estabilización en un nivel medio de los precios del café parece haber sido el indicador de que la recuperación empezaba. En el lapso del 34 al 38 ya hubo algunas renovaciones en el crédito externo. Pero la deflación tardó hasta el 40 para moderar su influjo. La nueva perspectiva política favoreció los sectores agrícola e industrial, y en menor medida al mine-ro. Y se entronizó un nuevo modelo de política económica que propendía por el crecimiento económico y la industrialización, basados uno y otra en el aumento de las exportaciones cafeteras y en la gradual sustitución de importaciones.

LA ADMINISTRACION OLAYA HERRERA 1930-1934

La llamada Concentración Nacional, aunque con participación minoritaria de los conservadores (solo los conservadores-republicanos), apoyó la candidatura de Olaya Herrera. Su gabinete inicial fue bipartidista. Buscó solución a la deprimida economía nacional con el aumento de los derechos aduaneros y el proteccionismo a la manufactura nacional. Asimismo se esforzó por disminuír el gasto público, a tiempo que reestructuraba el sistema impositivo y monopolizaba el control de cambios. Amplió la telegrafía, reconstruyó los muelles, estimuló la navegación, y recapitalizó las cajas de crédito agrario. El Congreso de 1931 expidió la Ley de Petróleos, prácticamente redactada por el abogado de las empresas extranjeras que estaban interesadas en explotarlo. El mismo congreso aprobó la entrega de la Concesión Barco a la Colombian Petroleum y a la South American Oil, compañías interesadas en la explotación de los yacimientos del Catatumbo.

El año siguiente trae el conflicto con el Perú, país con el cual los límites se habían perfeccionado desde 1922 con el Tratado Lozano-Salomón. Con el respaldo del gobierno del Presidente Luis Sánchez Cerro, un grupo de peruanos ocupó a Leticia, plaza abandonada militarmente por el gobierno colombiano. Los peruanos se hicieron fuertes allí y ampliaron la toma con

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los territorios adyacentes hasta Tarapacá. Declarado el país en estado de sitio, se promovió la defensa con la ayuda de ambos partidos y bajo el lema de Paz en el interior, guerra en la frontera. Las tropas colombianas, conducidas por el General Vásquez Cobo, entraron por el Amazonas y recuperaron a Tarapacá y las posiciones vecinas en 1933. Y en el mismo mes -enero- atacan y toman el fuerte peruano de Güepí, con intervención, por primera vez, de la aviación, que bombardea las posiciones enemigas. Esta precaria intervención se debe sobre todo a la misión de pilotos alemanes, que con el Coronel Herbert Boy a la cabeza, dieron los pasos iniciales a la aviación militar en el país. Un tal Capitán Tenorio, de las fuerzas peruanas, ordena a sus soldados resistir hasta la muerte, luego abandona su puesto y huye por la selva... En abril es asesinado en Lima el dictador Sánchez Cerro, y se inicia la conciliación con su sucesor OSCAR BENAVIDES. Con la intervención de la Liga de las Naciones se conforma una comisión de arreglo, y en Ginebra se firma un acuerdo para concurrir a Rio de Janeiro a una conferencia colombo-peruana. El territorio en conflicto queda controlado por una guarnición colombiana, y la paz es supervisada por una comisión internacional, hasta cuando en 1943 se firma el PROTOCOLO DE RIO DE JANEIRO en el cual Perú reconoce la soberanía colombiana sobre los territorios, a tenor de lo acordado en el Tratado Lozano-Salomón de 1922. El hecho se conmemora en la toponimia colombiana con la denominación municipal de Paz de Río, que no Paz del Río, pues se refiere a Río de Janeiro...

Olaya Herrera es sucedido por ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, para el período 1934-1938. Especializado en finanzas en institutos de Estados Unidos e Inglaterra, López Pumarejo brilla como parlamentario y estadista. Es elegido sin opositor. Dado que el conservatismo se ha ido retirando del acuerdo de concentración nacional desde los tiempos Olaya Herrera, López no obtiene su colaboración y ofrece un gobierno plenamente sobre el ideario liberal. En materia de obras públicas la más destacada es la construcción de la Ciudad Universitaria. Pero a más de la reforma tributaria -1935- que establece los impuestos de patrimonio y exceso de utilidades, descuella como promotor de la reforma constitucional.

Entre 1933 y 1939 la industrialización del país se duplica, especialmente en los productos de demanda cotidiana como textiles, alimentos, bebidas y tabaco. Al comienzo de la década habían empezado a conocerse con creciente interés las sociedades anónimas que captaron aportes para propiciar el desarrollo industrial. Por la misma época las grandes factorías textiles de Coltejer y Fabricato expanden su capacidad productiva con un influjo tal que algunos historiadores de la economía nacional afirman que cuando se habla de la industria de la década del treinta nos estamos refiriendo específicamente a la industria textil.

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LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 36

La reforma de 1936 es la concreción del nuevo pensamiento liberal socializante que ha sido incorporado a su estructura ideológica por el partido, como fruto de las experiencias en los tres decenios del siglo. El socialismo europeo, unido al socialismo norteamericano que ya empieza a manifestarse, buscan que los intereses sociales no constituyan solo postulados políticos sino que tengan garantías para su ejercicio eficaz. Hay un aparente eclipse de las tendencias individualistas del liberalismo en uso, en favor de la comunidad y de los derechos colectivos. Forzosamente, para que este objetivo se logre, deben controlarse y limitarse las apetencias y derechos individuales, y darle prioridad a los intereses generales sobre los particulares. De ahí el intervencionismo de Estado, que insurge como una estrategia vital de gran sentido popular, aceptada también, como lo es, por los empresarios progresistas.

En este contexto son dignas de relieve disposiciones como las siguientes:

--- La autoridad es un instrumento para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, y este concepto se presenta como la justificación ético-jurídica de las autoridades de la República.

--- La propiedad es una función social que implica obligaciones22. Se introduce el interés social como causa de expropiación.

--- Se crea el concepto de utilidad pública como fundamento de la expropiación de bienes privados.

--- Es obligación del Estado dar la protección adecuada a los trabajadores. Con este nuevo criterio entra en crisis la presunta igualdad de los ciudadanos ante la ley, y se reconoce la desigualdad existente entre patronos y trabajadores: Se asigna al Estado la obligación de proteger a la parte más débil en el proceso económico, lo que revertirá en las posteriores leyes y controles en favor de la clase trabajadora. El trabajo es una obligación social, y gozará de la especial protección del Estado. Y comoquiera que a veces sólo se conquistan y preservan los derechos con la presión de los hechos, se consagra y se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos. 22 El debate sobre la naturaleza del derecho de propiedad fue uno de los más complejos y dilatados por los intereses económicos y las doctrinas filosóficas que allí afloraron. En el prólogo a la obra de Gnecco Mozo, el doctor Carlos Lozano y Lozano plantea, entre otras cosas: “...dicho artículo 10 afirma que la propiedad es una función social... Esta teoría es inexacta. La propiedad no es una función social. La propiedad tiene una función social...” A partir de esta distinción semántica la discusión se inició, y podría decirse que aún no ha terminado.

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--- El Estado debe intervenir tanto en el control de la producción de bienes y servicios como en la distribución y el consumo de ellos, buscando logros en el bienestar de la comunidad.

--- Libertad de enseñanza: Al consagrarla se empieza a romper el régimen de privilegios en favor de los establecimientos católicos confesionales, y se crean incentivos para nuevas aperturas académicas y profesionales, todo bajo la suprema inspección del gobierno. Otro tanto se buscará al consagrar la libertad de conciencia y las garantías a la expresión del pensamiento en todas sus formas, lo que colocó en un plano de igualdad todas las religiones. También afectó la reforma el estado de la Iglesia Católica y sus preeminencias y privilegios, pues derogó el reconocimiento de la católica como religión de la Nación.

--- La asistencia pública deja su ropaje de caridad cristiana y asume el rango de obligación del Estado.

--- Se consagra el sufragio universal, sin restricciones, para la elección de Presidente de la República y miembros de las corporaciones políticas.

--- Se da la ampliación de los derechos que después llamaremos fundamentales, como consecuencia del amplio intervencionismo definido en la Carta.

--- Consecuencia de la reforma constitucional, de su intervencionismo y del nuevo concepto de la propiedad y del interés social, fué la LEY 200 de 1936, que introdujo profundos cambios en el uso económico de la tierra.

Aunque el confesionalismo desaparece en la Constitución, en la práctica continuará, moderado por la permisión de los cultos “no contrarios a la moral”. En el texto es novedad el compromiso de la colaboración de los órganos del poder público para la realización de los fines del Estado. Habrá libertad de enseñanza, y el Estado intervendrá y supervisará la educación.

En cuanto al voto, éste será para todos los ciudadanos varones y mayores de 21 años.La reforma constitucional del 36, cuando la Constitución de Núñez cumple el medio siglo, integra a los postulados individualistas originales los principios de la democracia social que ahora insurgen en el mundo político europeo. Hace presencia el Estado benefactor, nueva forma del Estado intervencionista, que no solo se ocupa en la protección de los sectores débiles de la población sino que asume con decisión la prestación de los servicios públicos. La población del país no llega a nueve millones de habitantes.

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En cuanto a la presencia de la economía es de destacar en los finales del período presidencial de López el surgimiento y desarrollo acelerado de la industria de la caña de azúcar, que en el solo Valle del Cauca concentraba la producción del 80%. Del arroz, con un 50% de la producción nacional en el Valle y el Tolima. Y del algodón, con un 80% en los departamentos de la costa norte. Sin embargo, para la misma época no se alcanzaban a copar las necesidades en otros rubros, y se importaba un 43% del algodón requerido, un 22%del cacao, un 21% del azúcar, un 15%del arroz. La agricultura continuaba siendo incapaz de responder a la demanda interna.

PRESIDENCIA DE EDUARDO SANTOS 1938-1942

La elección no tiene contendores, y EDUARDO SANTOS, experimentado en la diplomacia y el parlamento, hace gobierno con un cuerpo de ministros homogéneo de su partido. El conservatismo continúa renuente a colaborar con los gobiernos liberales. SANTOS creó el Instituto de Fomento Municipal y el de Crédito Territorial para favorecer los sectores obreros y campesinos. Bajo su gobierno entró a la legislación la remuneración del descanso dominical obligatorio. Con el Instituto de Fomento Industrial pretendió, asimismo, ampliar la base de industrias básicas, como la siderurgia, las de conservas, de abonos, de insecticidas y la transformación de algunas materias primas necesarias en el proceso económico. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Santos orientó su política internacional definiéndose como neutral, pero no indiferente. Tras el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbour, por instrucciones de su gobierno -también considerado por Santos como la estrella polar de que hablara Suárez- rompió relaciones con los Estados del Eje. La política de colaboración con los Estados Unidos fue muy combatida por el sector laureanista del conservatismo. Desde las columnas de EL SIGLO, su jefe Laureano Gómez promovía ideas autoritarias de corte fascista y alentaba la aproximación a la política española de Francisco Franco.

Santos fué muy criticado por su obsesión en el uso de facultades extraordinarias, que dieron origen a disposiciones de vigencia precaria pues eran rápidamente declaradas inexequibles.

El intervencionismo se manifestó como presencia del Estado en el desarrollo económico con la transferencia de recursos a la vez que con la reglamentación de las relaciones entre capital y trabajo, con un criterio más socialista que liberal, comoquiera que estaba definida la desigualdad de los sectores y la necesidad de proteger al débil so pena de llegar al colapso económico o a la insurgencia civil. Pero fue un equilibrio difícil para no romper con la clase empresarial cuyo liberalismo seguía siendo

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ortodoxo, y que reclamaba la protección de las libertades empresariales. Además, el intervencionismo se ejerció sin necesidad de aumentar el tamaño del Estado. Otra observación necesaria es la de que el intervencionismo no fue utilizado o aprovechado para redireccionar el gasto público. En cuanto a los ingresos estatales, el mecanismo se modificó. Si antes dependían prioritariamente del comercio exterior, la reforma tributaria los retrajo a fuentes internas como la tributación directa. Esta, que estaba en el nivel del 5.1% de los ingresos nacionales globales en l935, ascendió a representar el 24 % en el 44. Mirada desde otro ángulo, la tributación directa provenía en su mayor proporción de las sociedades comerciales, en segundo lugar de las industrias manufactureras, y en un tercer término lejano, de las industrias extractivas. No obstante, la agricultura era probablemente la actividad económica más favorecida por los recursos oficiales de fomento.

Para sucederlo hubo dos candidatos liberales, CARLOS ARANGO VELEZ y ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, y se llevó el triunfo este último.

La segunda administración de López Pumarejo estuvo sacudida por diversos hechos, entre los cuales no fue el menos importante el conflicto interno de su partido. Varios sectores recibieron con desagrado su aparente apertura a la influencia socialista, la complicación del gobierno en actitudes sectarias, la actitud prevenida ante la influencia eclesiástica y el freno que puso a la intervención política de los jerarcas católicos; la coalición de éstos con los terratenientes puso en peligro su política social, y tuvo dificultades con el orden público.

El 10 de julio de 1944 se produjo un golpe de Estado, y el Presidente fué puesto prisionero en Pasto. Asumió el mando el Doctor Darío Echandía y declaró en estado de sitio todo el territorio. Dos días después fué controlado el golpe de cuartel y repuesto en su cargo el Presidente titular.

Con tal ambiente se realizó la reforma constitucional de 1945.

En ella se buscó la tecnificación operativa del Congreso y el fortalecimiento del Ejecutivo. Para ello se creó la posibilidad de dirigir mensajes de urgencia al Congreso para apurar la discusión de los proyectos en los que estuviera interesado el gobierno. Y creó las comisiones permanentes para efectuar el primer debate de los mismos. Autorizó la creación legislativa de la carrera judicial. Creó la jurisdicción del trabajo. Y autorizó la creación de Departamentos Administrativos para especializar el desarrollo de programas atribuídos a los ministerios. La reforma atribuyó, asimismo, el control de constitucionalidad de los Decretos al Consejo de Estado. Suprimió la segunda Designatura y la encomendó al Ministro de Gobierno. Y pasó a elección popular la de los

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Senadores, que se reservaba a las Asambleas. Se determinó la apoliticidad de la Rama Jurisdiccional, y del Ministerio Público.

Se instituyó la Contraloría General de la República y se atribuyó al Consejo de Estado el control de la constitucionalidad de los decretos del ejecutivo. Esta reforma estableció la Carrera Judicial, y creó las Comisiones constitucionales del Congreso. Instauró, asimismo, la planeación económica.

Aunque los principios constitucionales permanecieron intactos, en esta reforma, que le toca a Lleras Camargo presentar al Congreso, entra al arsenal de recursos políticos de rango constitucional el precepto que permite al Estado intervenir mediante la ley en la racionalización de la producción, la distribución y consumo de las riquezas y la protección de los trabajadores. Esta última atribución se había conquistado desde la reforma del 36, pero las otras perfeccionaban el Estado interventor que venía desde entonces.

El Presidente López se esforzó por continuar en este segundo período sus proyectos de política social, que había empezado con el nombre de la Revolución en marcha. Pero las circunstancias habían cambiado y encontró fuertes resistencias que lo llevaron a renunciar cuando faltaba un año para terminar su período. ALBERTO LLERAS CAMARGO lo reemplaza hasta finalizarlo. Realiza un gobierno de coalición o Unión Nacional, que tiende a resolver el conflicto grave de la violencia en los campos. Se dice de él que concilió los ánimos y apaciguó los espíritus devolviendo a la sociedad la tranquilidad perdida. En su gabinete entraron a colaborar los conservadores, y con ello el clima político tuvo un giro de ciento ochenta grados. A más de la concordia lograda, es su principal realización la fundación de la Flota Mercante Grancolombiana. Fué el suyo un gobierno de transición, pues el partido liberal estaba debilitado y el conservatismo recuperó su dinámica, y con ello retornó al gobierno.

MEDIO SIGLO CON LA TIERRA

Al finalizar la Guerra de los Mil Días, Colombia tiene cuatro millones y medio de habitantes. La región más poblada y por lo mismo la más activa económica y políticamente es Antioquia Grande –es decir, incluído el posterior departamento de Caldas- . Bogotá tiene 100.000 habitantes, Medellín 70.000, Barranquilla 40.000, Cali 30.000 y Bucaramanga otro tanto. Esta precaria concentración en las urbes muestra la naturaleza rural del país. Consecuencias obvias son los porcentajes altísimos de insalubridad y analfabetismo. Y la forma estructural es, salvo algunas excepciones, el minifundismo. Las explotaciones grandes, que son muy pocas, constituyen remanentes de las viejas haciendas y plantaciones, y

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los trabajadores estaban integrados a ellas como arrendatarios y colonos, compensando con tributos en especie, al dueño, sus pequeños cultivos de pancoger. La agricultura es inicialmente pobre y se limita al maíz, pero tendrá un crecimiento acelerado con el cultivo del café. El progreso se manifiesta por un lado como despojo a los indios y por otro como apertura a la colonización, en medio de los conflictos originados entre quienes buscan tierra para trabajarla con sus manos y los que guardan en baúles y Notarías los títulos de propiedad de esas tierras que nunca visitan y generalmente no cultivan adecuadamente. Este panorama va a durar en lo esencial a lo largo de la primera mitad del siglo XX. La administración Reyes dedica buen interés al campo y quiere empezar por allí la modernización del país. Es él quien recibe a la United Fruit Company que sentará sus reales en la costa norte, y además auspicia los primeros establecimientos dedicados al cultivo de la caña y la industria del azúcar en el Valle del Cauca. Entre 1905 y 1921 la caficultura tiene una aceleración pasmosa, y en ese momento está representando el 70% de las exportaciones nacionales. Desde la segunda década está operando la Sociedad Colombiana de Agricultores y desde entonces se constituye en la representación natural del gremio y en uno de los más importantes grupos de presión en el país.

Al terminar la Guerra de los Mil Días no pocos de sus líderes reclamaron o se apoderaron de feraces latifundios a título de cobro de los servicios prestados. Los despojados iniciaron la reacción y reivindicaron sus tierras. El conflicto se extendió y luégo tomó cariz partidista; en unos lugares campesinos liberales contra terratenientes conservadores, en otros, campesinos conservadores contra terratenientes liberales. Y en las diferentes localidades unos y otros se pelean el apoyo de las autoridades políticas y eclesiásticas. Empiezan las invasiones de tierras, con la primera, al parecer, la hacienda Santo Domingo, en Armero, de más de 4.000 hectáreas. Era hacienda ganadera en el valle, pero las faldas fueron ocupadas y cultivadas, y después los colonos exigieron dominio o propiedad sobre ellas. No se accedió a ello.

En el sur del país, los hacendados caucanos desplazan a los campesinos indígenas de los valles fértiles hacia las faldas de la cordillera. Los cultivos de los indígenas son ahora destinados a la ganadería de los patrones. Los indios resisten bajo el caudillaje de Manuel Quintín Lame, quien va a parar a la cárcel de 1917 a 1921. Su lucha primaria, elemental y desconectada, es sustituída por una estrategia política más estructurada con José Gonzalo Sánchez y Eutiquio Timoté, formados en el socialismo revolucionario. Aunque las luchas indígenas se dan con mayor vigor en el Cauca y el Huila, y en el sur del Tolima, también hubo conatos de relieve en Caldas, y concretamente en la zona de Riosucio.

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El esquema de apropiación y tenencia de la tierra responde a tres fórmulas, una tradicional o precapitalista, otra de ocupación más restringida pero más avanzada, que constituye empresa capitalista, y otra asentada en Quindío y Caldas que es un híbrido de las anteriores. Mírense al respecto los estudios de Hernández Rodríguez y de Gilhodes.23

En la vecindad de Bogotá y Usme hay terrenos que van hasta San Martín y La Uribe, que son tenidos por unos como herencia colonial de largo ancestro, y considerados por otros como baldíos. En este carácter son ocupados por los campesinos. Surge, por entonces, década del 20, la acción de otro carismático caudillo campesino, Juan de la Cruz Varela. Un poco antes de 1920 hay también encuentros de trabajadores urbanos con tendencia al tumulto, sin una clara conciencia política, pero sí preocupados por sus condiciones de contratación y de salario. La Sociedad de Agricultores (S.A.C.) ya en los años siguientes se muestra alarmada por la “influencia bolchevique” en los movimientos campesinos y de obreros urbanos, y pide que se restaure la tranquilidad social con la autoridad de la ley. La huelga en las Bananeras inicia una serie de movimientos reivindicatorios a lo largo y ancho del país, en las haciendas cafeteras y en los establecimientos industriales. Son atribuídas por la S.A.C. y otros sindicatos de propietarios, a la influencia bolchevique, a través de un partido recién organizado en las principales ciudades, el Partido Socialista Revolucionario. En 1930, cuando se crea el Partido Comunista de Colombia, el campesinado está radicalizado y los obreros urbanos se orientan hacia el liberalismo social que parecen anunciar los primeros gobiernos de la república liberal. En 1931, el directorio liberal de Antioquia –uno de sus miembros es el maestro Gerardo Molina- propone una Reforma Agraria con impuestos progresivos al latifundio y el parcelamiento de los mismos. En este mismo año –curiosidad de nuestra historia política!- los campesinos indígenas se toman la población de Coyaima, y se declaran constituídos en soviet o consejo político revolucionario.

En los comienzos de la década del 30 ya JORGE ELIECER GAITAN está hablando de graves obligaciones de los titulares de la propiedad privada territorial, y arriesga conceptos como el de expropiación de tierras sin indemnización. En los conflictos por la tierra, el UNIRISMO gaitanista sirve y defiende a los campesinos que luchan por sus parcelas o a los desposeídos que las reclaman. Tradicionalmente se considera que el cultivo minifundista del café estuvo alejado de los conflictos civiles. Pero este paraíso es irreal. En el sur de Caldas, hoy departamento del Quindío, donde estaban los más ricos y extensos cultivos de la rubiácea, los conflictos no estuvieron ausentes, lo mismo por la propiedad o posesión 23 Coexistencia de latifundio y minifundio. En DE LOS CHIBCHAS A LA COLONIA Y A LA REPUBLICA. Guillermo Hernández Rodríguez. Y LA CUESTION AGRARIA EN COLOMBIA, de Pierre Gilhodes 1978.

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de la tierra que por las condiciones de la relación laboral. Ahora la oposición a eventuales medidas protectivas del trabajo y del trabajador van a surgir también del Comité Nacional de Cafeteros, otro sindicato de propietarios, con interés primordial en la defensa de la propiedad privada de la tierra en las condiciones ilimitadas que venían desde la hegemonía conservadora. También el Comité refuerza la cantilena de la S.A.C. y de la Iglesia católica contra las ideas foráneas, la influencia bolchevique y el movimiento sindical anarquista y ateo. Y promueven la conformación del sindicato de propietarios que con el tiempo será la A.P.E.N. cuyo objetivo –dice su propaganda- es combatir a los enemigos de lo ajeno, es decir a los bolcheviques o comunistas. En 1933 se denuncia en la prensa el comienzo de la guerra de guerrillas.

La presencia de Gaitán le da especial vigor a la lucha agrarista y obrera en el país. Pero también contribuye a desorientarla. El pensamiento gaitanista promovía el socialismo, pero nó –lo dijo él expresamente- un socialismo marxista. Su socialismo tenía aproximaciones al socialismo de Estado que habían adoptado los partidos nazi y fascista en Europa. De hecho su entusiasmo político había sido poderosamente sacudido por la imagen de Mussolini, de quien trajeron a la América Latina toda la teatralidad conductores como Gaitán y Perón. El justicialismo argentino fue, como el gaitanismo, otro populismo que no quiso tener qué ver nada con los comunistas y marxistas. De hecho, a comienzos de la década del 30 cuando se discutían algunos proyectos de ley sobre reforma agraria, Gaitán acusó a Carlos Lleras Restrepo de marxista (!!!) por el lenguaje que utilizaba. Los comunistas señalan a Gaitán como fascista, y sancionan a Gilberto Vieira por sugerir la aproximación de los camaradas al UNIRISMO gaitanista. El partido comunista distribuye un documento suscrito por Guillermo Hernández Rodríguez en el cual se plantea la necesidad de que se empiece de una vez la expropiación de tierras sin indemnización ninguna. Las previsiones de Hernández Rodríguez en el sentido de que una conducta distinta sería un engaño para las masas, tendrá desde entonces cumplida realización en todos los intentos de reforma agraria que han conducido a que el Estado acabe comprando a precios altos tierras de mala calidad que los terratenientes le ofrecen con largueza y que no alcanzarían comercio en un proceso natural abierto. Así, los intentos reformistas del partido liberal en el poder son atacados con acerbía no solo desde la extrema derecha de la S.A.C. y el Comité de Cafeteros, sino también desde la izquierda. Curiosamente, los primeros esfuerzos por sacar adelante una legislación protectiva de los trabajadores, rechazada por los terratenientes, tuvo el apoyo calificado de los grandes industriales de Medellín, Barranquilla y Bogotá.

La primera administración de López Pumarejo da lugar a una sólida unión de las que llamó Gaitán oligarquías económicas. Los terratenientes conservadores y los industriales que componen la burguesía liberal

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progresista entran a hacer bloque para oponerse a las medidas progresistas. Desde el ángulo político esto se manifiesta en la solicitud de colaboración conservadora que para su gobierno hace López. Esa colaboración no se logró, y los conservadores se fueron a la oposición, con la cooperación y respaldo soterrados de no pocos liberal-conservadores con intereses de clase terrateniente y gran dominio económico en la industria. A la proliferación de las huelgas habían respondido los poderosos con la unificación de tácticas en la Asociación de Propietarios y Empresarios Agrícolas –A.P.E.N.-. Se enfrentaba su pensamiento reaccionario no solamente a las ideas progresistas de origen y necesidad internos, sino a la innegable eficacia de conceptos importados o llegados en el viento de la ilustración como el solidarismo de Leon Duguit o los esquemas más liberales que traían las constituciones de Weimar y de México, y aún la de la República Española, muy mal vista por los conservadores y liberales empresariales de Colombia. En el 35 el sindicato de propietarios cambia su sigla para denominarse Acción Patriótica Económica Nacional. La A.P.E.N. ya es bipartidista, como lo preveían los comunistas, y hasta Gaitán. En las elecciones para Congreso hay abstención conservadora, por lo cual se facilita para el gobierno la aprobación de la legislación reformista que pretende introducir. El partido comunista propone una alianza antiimperialista defensora de la nacionalidad, de los intereses del proletariado, y de la burguesía nacional, asumiendo que ésta, que se personifica en la administración López, puede ser respaldada como paso previo, dada su decisión reformista. El liberalismo progresista ha absorbido prácticamente a la izquierda.

La histórica reforma del 36 empieza a tomar forma en una comisión ideológica en la que intervienen, entre otros, Moisés Prieto y José Vicente Combariza. Muchos más entrarán luego en la discusión. La oposición de la S.A.C. –presidida por un liberal- es cerrada y constante. Sin concesiones. Se dijo que el proyecto de tierras era sovietizante, que su aprobación implicaba instrucciones de Moscú, y que los liberales se habían vuelto comunistas. Otro frente organizado de oposición a las medidas de la República Liberal a favor de los campesinos, de los indígenas y de los obreros, tomó forma dentro de la Iglesia Católica y sus comunidades internas. Los jesuítas infiltraron el movimiento sindical y llegaron a dominar y manejar más de setenta sindicatos, agrarios y urbanos, solamente en la zona cundiboyacense y en Antioquia. La invasión de las cooperativas, como de los sindicatos, no tuvo en principio mucha importancia porque también los terratenientes e inversionistas industriales los miraron mal.

EDUARDO SANTOS, abogado bogotano con formación complementaria en Europa, tenía algo de los viejos republicanos, y el liberalismo que vivía y propugnaba estaba distante de muchos de sus coetáneos.

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Al ser elegido EDUARDO SANTOS en el 38 los terratenientes tuvieron la impresión de que los tiempos mejorarían para ellos. En algunas zonas del país –Caldas, entre ellas- hubo abandono del campo por los colonos y aparceros. Los conflictos se extendían por todo el país, y proliferaban con intereses defensivos los sindicatos agrarios. Santos funda el Instituto de Crédito Territorial, establece los descansos laborales remunerados en domingos y festivos, devalúa el peso en busca de la recuperación del comercio, crea el Instituto de Fomento Industrial, funda la Radiodifusora Nacional. Con la coyuntura inesperada del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Santos declara la neutralidad de la Nación, distinguiéndola claramente de la indiferencia, pues como demócrata tenía que estar más próximo a los ideales de los Aliados, y así lo manifestó. Su gobierno tomó medidas preventivas a la acción eventural de los simpatizantes del Eje en Colombia. Pero la administración Santos pasa sin grandes conmociones.

Para la segunda administración de Alfonso López Pumarejo, el ilustre candidato es ya presidente de la S.A.C. que antes le había combatido. No obstante esta contaminación de intereses, el partido comunista decide respaldar a López. Su programa es ahora mucho menos audaz que el primero. El mismo López habla de que la Ley 200 que generó la histórica revolución agraria del 36, requiere modificaciones. Los problemas agrarios resurgen con ímpetu y se desata la violencia de los terratenientes contra los trabajadores, y desde luégo la acción igualmente violenta de los invasores de parcelas. Ante la renuncia posterior de López, se agita una eventual candidatura de Lleras Restrepo, quien había formulado ataques serios contra la Ley 200 porque a su juicio destruía la forma jurídica del arrendamiento de tierras.

Cuando el presidente López Pumarejo es aprisionado en Pasto, la crisis es sorteada rápida y eficazmente por el Designado, Doctor Darío Echandía. Tras el regreso de López del incidente golpista de Pasto reaparece en él el liberal casi izquierdista que es consciente de las urgencias populares, y aprovechando el breve tiempo de apoyo general a sus iniciativas, saca adelante, mediante decretos de estado de sitio, algunas medidas trascendentales sobre salario mínimo y cesantías, sobre fuero sindical, y prohibitivas del paralelismo sindical. Impone a la aceptación de la S.A.C. la remuneración del descanso dominical. Pero no logra su simpatía para las disposiciones sobre salarios mínimos y cesantía. Con todas las modificaciones que presionan los capitalistas de la S.A.C., sale a luz la que será Ley 100 de 1944, supuesto complemento de la 200 del 36. La Ley 100, con la bendición de la S.A.C. entierra la Reforma Agraria intentada por la Ley 200.

Decidido el retiro de la Presidencia, el período de López es terminado por ALBERTO LLERAS CAMARGO. A él toca enderezar la operatividad de algunas disposiciones de sentido social, lo que logra hábilmente a pesar

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de estar gobernando con un gabinete conservador. Asimismo reorganiza el Ministerio del Trabajo y a través de él capotea algunos movimientos huelguísticos de los sindicatos portuarios.

El partido liberal se divide para las elecciones en las que se elegirá al sucesor de Lleras Camargo. Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán se disputan el cargo. Y al final de la campaña serán sorprendidos por la presencia de Mariano Ospina Pérez, ingeniero y empresario que se llevará el triunfo a nombre del partido conservador. El país pasó a ser gobernado a nombre de un partido minoritario, porque las mayorías liberales persistieron en llegar hasta el final con su contumaz actitud. A pesar de las sugerencias tentadoras de amigos y aduladores, el espíritu democrático de Lleras Camargo se manifestó en la entrega pacífica que hizo del poder político al partido contrario.

LECTURA COMPLEMENTARIA

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

1886

En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad

Los delegatarios de los Estados colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional Constituyente;

Vista la aprobación que impartieron las municipalidades de Colombia a las bases de Constitución expedidas el día 1º. de diciembre de 1885;

Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la

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justicia, la libertad y la paz, hemos venido en decretar, como decretamos» la siguiente

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA

TITULO I DE LA NACIÓN Y EL TERRITORIO

I. La Nación..--II. Soberanía.—III. Límites.—IV. División territorial general.—V. Modo de variarla.—VI. Otras divisiones,

Art. 1º. La nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria.

Art. 2° La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta Constitución establece.

Art. 3o Son límites de la república los mismos que en 1810 separaban el virreinato de Nueva Granada de las capitanías generales de Venezuela y Guatemala, del virreinato del Perú y de las posesiones portuguesas del Brasil; y provisionalmente, respecto del Ecuador, los designados en el Tratado de 9 de julio de 1856.

Las líneas divisorias de Colombia con las naciones limítrofes se fijarán, definitivamente por tratados públicos, pudiendo éstos separarse del principio del uti-possidetis de derecho de 1810.

Art. 4° El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece únicamente a la nación.

Las secciones que componían la Unión Colombiana denominadas Estados y territorios nacionales, continuarán siendo partes territoriales de la República de Colombia, conservando los mismos limites actuales y bajo la denominación de departamentos.

Las líneas divisorias dudosas serán determinadas por comisiones demarcadoras nombradas por el Senado.

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Los antiguos territorios nacionales quedan incorporados en las secciones a que primitivamente pertenecieron.

Art. 5º. La ley puede decretar la formación de nuevos departamentos desmembrando los existentes, cuando haya sido solicitada por las cuatro quintas partes de los concejos municipales de la comarca que ha de formar el nuevo departamento, y siempre que se llenen estas condiciones :

la Que el nuevo departamento tenga por lo menos doscientas mil almas;

2a Que aquél o aquéllos de que fuere segregado queden cada uno con una población de doscientos cincuenta mil habitantes, por lo menos;

3º. Que la creación sea decretada por una ley aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas.

Art. 6º. Solo por una ley aprobada en la forma expresada en la parte final del articulo anterior podrán ser variados los actuales limites de los departamentos.

Por medio de una ley aprobada en la forma ordinaria y sin la condición antedicha podrá el Congreso separar de los departamentos a que ahora se reincorporan, o a que han pertenecido, los territorios a que se refiere el articulo 4", o las islas, y disponer respecto de unos u otras lo más conveniente.Are. 7" Fuera de la división general del territorio habrá otras dentro de los límites de cada departamento, para arreglar el servicio público.

Las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, y la instrucción publica podrán no coincidir con la división general.

TITULO II DE LOS HABITANTES: NACIONALES Y EXTRANJEROS

I. Calidad de nacional colombiano.—Definición de ella.— Cómo se pierde.—Obligaciones generales de nacionales y extranjeros.—Extranjeros

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domiciliados.—Limitación reciproca de los derechos que confiere la naturalización. Nacionalización de compañías.—II. Ciudadanía.—Definición de ella.—Por qué causas se pierde.—Por cuales se suspende.— Prerrogativas inherentes a la ciudadanía.

Art. 8° Son nacionales colombianos: 1° Por nacimiento:Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o

la madre también lo hayan sido, o que siendo hijos de extranjeros, se hallen domiciliados en la república.

Los hijos legítimos de padre y madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en la república, se considerarán colombianos de nacimiento para los efectos de las leyes que exijan esta calidad;

2° Por origen y vecindad:Los que siendo hijos de madre o padre naturales de Colombia, y

habiendo nacido en el extranjero, se domiciliaren en la república; y cualesquiera hispanoamericanos que ante la municipalidad del lugar donde se establecieren pidan ser inscritos como colombianos;

3° Por adopción:Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de ciudadanía.Art. 9° La calidad de nacional colombiano se pierde por adquirir carta

de naturaleza en país extranjero, fijando en él domicilio, y podrá recobrarse con arreglo a las leyes.

Art. 10. Es deber de todos los nacionales y extranjeros en Colombia vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Art. 11. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos que se concedan a los colombianos por las leyes de la nación a que el extranjero pertenezca, salvo lo que se estipule en los tratados públicos.

Art. 12. La ley definirá la condición de extranjero domiciliado, y los

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especiales derechos y obligaciones de los que en tal condición se hallen.Art. 13. El colombiano, aunque haya perdido la calidad de nacional,

que fuere cogido con las armas en la mano, en guerra contra Colombia, será juzgado y penado como traidor.

Los extranjeros naturalizados y los domiciliados en Colombia no serán obligados a tomar armas contra el país de su origen.

Art. 14. Las sociedades o corporaciones que sean en Colombia reconocidas como personas jurídicas no tendrán otros derechos que los correspondientes a personas colombianas.

Art. 15. Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia.

Art. 16. La ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha perdido la nacionalidad.

También pierde la calidad de ciudadano quien se encuentre en uno de los siguientes casos, judicialmente declarados:

1° Haberse comprometido al servicio de una nación enemiga de Colombia;

2º.Haber pertenecido a una facción alzada contra el Gobierno de una nación amiga;

3º. Haber sido condenado a sufrir pena aflictiva; 4º.Haber sido destituido del ejercicio de funciones públicas, mediante

juicio criminal o de responsabilidad;5" Haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en

elecciones.Los que hayan perdido la ciudadanía podrán solicitar rehabilitación del

Senado.Art. 17. El ejercicio de la ciudadanía se suspende: 1° Por notoria enajenación mental; 2° Por interdicción judicial; 3° Por beodez habitual;

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4° Por causa criminal pendiente, desde que el Juez dicte auto de prisión.

Art. 18. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para ejercer funciones electorales, y poder desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.

TITULO III DE LOS DERECHOS CIVILES Y GARANTÍAS SOCIALES

I. Principios generales.—II. Libertad, seguridad e inmunidad. — Propiedad.—III. Religión. — Educación. — Imprenta. — Correspondencia.—IV. Industria y profesiones.—V. Petición. — Reunión. — Asociación.—VI. Disposiciones sobre personas jurídicas y estado civil de las personas.—VII. Responsabilidad por violación de las garantías.—Reproducción de este titulo en el Código Civil.

Art. 19. Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos.

Art. 20. Los particulares no son responsables ante las autoridades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa y por extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio de éstas.

Art. 21. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.

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Art. 22. No habrá esclavos en Colombia.El que siendo esclavo pise el territorio de la república, quedará libre.Art. 23. Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido

a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en las leyes.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial.

Art. 24. El delincuente cogido in flagranti podrá ser aprehendido y llevado ante el Juez por cualquiera persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren, y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión; y si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al dueño o morador.

Art. 25. Nadie podrá ser obligado, en asunto criminal, correccional o de policía, a declarar contra si mismo o contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 26. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Art. 27. La anterior disposición no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que señale la ley:1° Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción, los cuales podrán penar con multas o arresto a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo.

2^ Los jefes militares, los cuales podrán imponer penas incontinenti, para contener una insubordinación o motín militar, o para mantener el orden hallándose enfrente del enemigo.

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3° Los capitanes de buque, que tienen no estando en puerto la misma facultad para reprimir delitos cometidos a bordo.

Art. 28. Aun en tiempo de guerra nadie podrá ser penado cx-post-facto sino con arreglo a la ley, orden o decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y determinádose la pena correspondiente.

Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer perturbación del orden público, sean aprehendidas y retenidas, de orden del Gobierno y previo dictamen de los ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública,

Are. 29. Sólo impondrá el Legislador la pena capital para castigar, en los casos que se definan como más graves, los siguientes delitos, jurídicamente comprobados, a saber: traición a la patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del Ejército.

En ningún tiempo podrá aplicarse la pena capital fuera de los casos en este artículo previstos.

Art. 30. No habrá pena de muerte por delitos políticos. La ley los definirá.

Art. 31. Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público. Pero las expropiaciones que sea preciso hacer requieren plena indemnización, con arreglo al artículo siguiente.

Art. 32. En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad, en todo ni en parte, sino por pena o apremio, o indemnización, o contribución general, con arreglo a las leyes.

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Por graves motivos de utilidad pública, definidos por el Legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa, mediante mandamiento judicial, y se indemnizará el valor de la propiedad antes de verificar la expropiación.

Art. 33. En caso de guerra y sólo para atender al restablecimiento del orden público, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por autoridades que no pertenezcan al orden judicial, y no ser previa la indemnización.

En el expresado caso la propiedad inmueble sólo podrá ser temporalmente ocupada, ya para atender a las necesidades de la guerra, ya para destinar a ella sus productos, como pena pecuniaria impuesta a sus dueños conforme a las leyes.

La nación será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.Art. 34. No se podrá imponer pena de confiscación. Art. 55. Será protegida la propiedad literaria y artística, como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la ley.

Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua española, siempre que la nación respectiva consigne en su legislación el principio de reciprocidad, y sin que haya necesidad de celebrar al efecto convenios internacionales.

Art. 36. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias hechas conforme a las leyes para objetos de Beneficencia o de Instrucción pública no podrá ser variado ni modificado por el Legislador.

Art. 37. No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación, ni obligaciones irredimibles.

Art. 38. La Religión Católica, Apostólica, Romana es la de la nación: los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada, como esencial elemento del orden social.

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Se entiende que la Iglesia Católica no es ni será oficial, y conservará su independencia.

Art. 39. Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las autoridades a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia.Art. 40. Es permitido el ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes.

Los actos contrarios a la moral cristiana o subversivos del orden público que se ejecuten con ocasión o pretexto del ejercicio de un culto quedan sometidos al derecho común.

Art. 41. La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica.

La instrucción primaria costeada con fondos públicos será gratuita y no obligatoria.

Art. 42. La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la tranquilidad pública.

Ninguna empresa editorial de periódicos podrá, sin permiso del Gobierno, recibir subvención de otros Gobiernos ni de compañías extranjeras.

Art. 43. La correspondencia confiada a los telégrafos y correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podrán ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante orden de funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley, y con el único objeto de buscar pruebas judiciales.

Podrá gravarse pero nunca prohibirse, en tiempo de paz, la circulación de impresos por los correos.

Art. 44. Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores.

Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas.

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La ley podrá exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus auxiliares.

Art. 45. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.

Art. 46. Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas.

Art. 47. Es permitido formar compañías o asociaciones públicas o privadas que no sean contrarias a la moralidad ni al orden legal.

Son prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente.Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil, para

que puedan quedar bajo la protección de las leyes, autorización expedida por la respectiva superioridad eclesiástica.

Art. 48. Sólo el Gobierno puede introducir, fabricar y poseer armas y municiones de guerra.

Nadie podrá dentro de poblado llevar armas consigo, sin permiso de la autoridad. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones o a sesiones de asambleas o corporaciones públicas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.Art. 49. Las corporaciones legitimas y públicas tienen derecho a ser

reconocidas como personas jurídicas, y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este título, con las limitaciones generales que establezcan las leyes por razones de utilidad común.Art. 50º..Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

Art. 51. Las leyes determinarán la responsabilidad a que quedan sometidos los funcionarios públicos de todas clases, que atenten contra los derechos garantizados en este título.

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Art. 52. Las disposiciones del presente título se incorporarán en el Código Civil como título preliminar, y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución.

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Fuente: CONSTITUCIONES DE COLOMBIA. Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Bogotá 1951.

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PUNTOS PARA

REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

***** Fue famoso el lema del General Reyes: “Más administración y menos política!”. Es realmente posible separar la administración de la política? Qué beneficios podría esperarse de una tal actitud? Es posible una planeación administrativa técnica que se diseñe para un período largo, y que pueda ser realizada por partidos distintos?

***** El papel de los sindicatos en la vida política nacional ha sido objeto de profundas discusiones. Cuál es, a nuestro juicio,

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ese papel? Constituyen, como piensan algunos, un obstáculo al desarrollo tranquilo de un país? Deben suprimirse? O controlarse con más rigor? Debe estimularse la agremiación de todos los trabajadores?

***** Hemos leído y escuchado acerca de la influencia del socialismo en ciertas decisiones políticas en la vida nacional. Pero, sabemos qué es el socialismo? Cuál es nuestra idea sobre su naturaleza? Equivale a comunismo? Y a qué se llama Socialismo de Estado? Cuál de ellos conviene a la vida nacional? Podrían hallarse otros caminos y prescindir de su influjo?

***** Mucho escuchamos acerca de Reforma Agraria y Reforma Urbana. La tenencia y regulación de la tierra es uno de los problemas cruciales de los Estados latinoamericanos. Por qué han fracasado sistemáticamente en el país estas reformas? Identificamos razones concretas en favor y en contra de ellas? En qué lado creemos estar: con los intereses de los terratenientes, o con las reivindicaciones de los desposeídos? Estamos en una tercera opción? Cuál es y qué razones la sustentan?

A modo de conclusiones:

Los analistas de la realidad colombiana, nativos y extranjeros, bajo diversos enfoques se refieren a la permanente crisis de la constitucionalidad colombiana, y consecuentemente de su derecho político o constitucional. La nación ha sido administrada por sus gobernantes y caudillos con un precario respeto hacia la decisión que los pueblos plasman en las cartas constitucionales. Cuando las constituciones no han sido la voluntad de Bolívar, de Santander, de Mosquera, de Reyes, de López, de Laureano Gómez o de Carlos Lleras... se realiza no la constitución sino la voluntad de ellos, con el respaldo de sus partidos más o menos disciplinados. Los conflictos doctrinarios permanentes oscilaron entre la influencia del centralismo napoleónico y el federalismo de modelo estadounidense. La impronta es la inestabilidad de las cartas políticas. La

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Constitución de Cúcuta aguanta cinco años, y su reemplazo es retardado otros cinco años por el Decreto de la Dictadura bolivariana. Desde la disolución de la Gran Colombia se hace más explicita la historia política confundida más que identificada con la biografía de los caudillos, como parece ser tradición en el mundo latino. No solo en el mundo latinoamericano, en el mundo latino, la fragilidad de las instituciones fuerza a un culto de las personalidades que no es esporádico sino permanente. Los partidos y las constituciones no son sino el pretexto de las guerras en los campos y en el congreso. Y la política se maneja a base de coaliciones que aprovechan la volatilidad de las voluntades y hacen viable ideológicamente el canje de principios y de intereses. La Carta Constitucional no se cambia para responder a los nuevos rumbos del país. Al contrario, los partidos cambian la Constitución para con ello alterar las prioridades en el país político y combatir a sus adversarios. Todas las constituciones de la segunda mitad del siglo XIX tuvieron destinación específica, fueron expedidas contra alguien. El paso de la Constitución del 63 a la del 86 es todo un relevo de ideologías extremas. Es el tránsito de la libertad sin límites al orden, al autoritarismo a ultranza. El cambio del presidente testigo por el presidente protagonista de la política nacional..Es, por excepción, el lapso de crisis del predominio presidencial, porque todas ellas buscan minar el poder central a favor de los intereses casi feudales de las provincias y de sus líderes. Para éstos, la política es la estrategia del acceso y la conservación del poder personal, pero no tienen idea de lo que es la administración de los recursos económicos, las necesidades generales del desarrollo, o el servicio público como obligación del Estado.

El presidencialismo se consolida a partir del 86, en desmedro de las otras ramas del poder público, con la anuencia de los liberales. Su principal bandera –la de los liberales- había sido el federalismo, y las demás eran subsidiarias. Pero este federalismo desaparece desde 1900 , y en los cincuenta años siguientes no se volverá a mencionar, ni siquiera por los liberales. Se perderá para siempre una de las opciones distintivas de los programas partidistas. Asimismo, a semejanza de los conservadores, los liberales se deciden por el fortalecimiento de la monarquía presidencial, y en esa tónica continuarán a lo largo del siglo XX. A las atribuciones en materia de política interna y exterior, de administración, se unirán las de manejo económico y presupuestal, con lo cual –como lo dicen algunos tratadistas- el del Presidente es el único poder efectivo en el Estado. Y con caracteres de impresionante predominio, porque hasta las opiniones y decisiones de sus ministros son irrelevantes ante las suyas. El Congreso mismo ha renunciado a las grandes reformas de las instituciones con el hábil expediente de las facultades extraordinarias, mediante las cuales es el ejecutivo el que las realiza y acredita como méritos suyos. De ahí que el presidencialismo colombiano haya ganado en los últimos tiempos el carácter de “dictadura constitucional”. Esta reafirmación del

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presidencialismo se incrementa al promoverse las dudas y las investigaciones sobre la honestidad de los miembros del Congreso y al estimular la rivalidad entre las jurisdicciones ordinaria y constitucional en el alto nivel de sus cortes.

Desde el punto de vista socioeconómico se considera que los niveles de acción extranjera fueron diversos en las zonas del continente, y que solo hubo realmente colonización en la cuenca del Mar Caribe, en tanto que el remanente continental apenas sí llegó a una semicolonización. Y cuando Europa desarrollaba el capitalismo, en América Latina prevalecían y duraban las fórmulas precapitalistas. La precaria inserción en el mundo moderno apenas se manifiesta aquí en el siglo XIX. Y se confirma en los comienzos del XX. Los movimientos internacionales de obreros y campesinos, de socialistas y demócratas, empiezan a influír sobre la realidad latinoamericana, y encuentran manifestaciones interesantes desde el triunfo en 1911 de la Revolución Mejicana. La dependencia latinoamericana del capital internacional va a presentarse después de que Estados Unidos y Europa construyen sus capitalismos nacionales, cuando la exportación de mercancías y posteriormente de capitales le dan su verdadera cara al imperialismo de las potencias económicas. El suministro de mercancías fue gradualmente sustituído por los empréstitos, y paralelamente por la inversión directa. También se fue observando el medido relevo del imperialismo británico por el norteamericano. Empezando el siglo veinte la inversión inglesa en Latinoamérica llegaba casi a los cinco mil millones de dólares en tanto que las inversiones estadounidenses no llegaban a mil quinientos millones de dólares. El dominio inglés sobre Argentina fue completo, a través del control de la agricultura y la exportación de carne. En Chile, las compañías inglesas eran dueñas del salitre, y en Bolivia, del estaño. En Colombia, cuando llega el capital extranjero llega de Estados Unidos, y se apodera del banano y del petróleo. Situación excepcional fue la de Guatemala, en la que la inversión imperialista alemana desplazó durante un buen período, los intereses económicos de ingleses y estadounidenses.

Al siglo veinte entra casi consolidada la república de Colombia como un Estado burgués típico, al modo de los otros hijos de la Revolución Francesa. Inclusive ya está organizado el derecho de los propietarios bajo la influencia del código napoleónico que, entre líneas, consagra los dos postulados básicos de la nueva sociedad: Cada uno debe conservar lo que tiene, y cada uno debe ocuparse solo en lo suyo. Con espíritu romántico liberal pero con pragmatismo sumo, la patria será definida por y para los propietarios como “un pedazo de tierra bajo un pedazo de cielo”. A los no propietarios, en esta república liberal, cuando no tienen la primera, solo les queda la esperanza del segundo. Y cuando, como ocurrió en Francia, se encuentra incómoda la presencia pertinaz del pueblo, se lo reemplazará con la noción fantasma de la Nación, para relievar el carácter

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indirecto y representativo de la democracia y la interminable manipulación de la soberanía como instrumento de los económicamente poderosos.

Cuando se crean los nuevos Estados en América, la tesis política predominante es la de la autolimitación del poder, y por consiguiente del Estado de Derecho. Este había sido previsto o diseñado teóricamente en los estudios de Kant, quien consideraba que el Estado es posterior al Derecho, y cuando el Estado surge es sometido y limitado por el Derecho que preexiste a él como atribución natural de los hombres. Puro jusnaturalismo racionalista... En este sentido el Estado burgués constituye un avance revolucionario en comparación con los gobiernos absolutos de los monarcas. Pero es una tesis reaccionaria cuando los tratadistas del Estado burgués pretenden que éste Estado de Derecho, Estado Demoliberal, o Estado burgués, es la culminación olímpica de la democratización posible. El summum de la evolución política humana. Las limitantes que tenía el Estado Demoliberal o Estado de Derecho se patentizan cuando se conquista otro peldaño, mejor y más alto, que no será tampoco el último, con el Estado Social que surge tras la Segunda Guerra Mundial, y que cuarenta años más tarde se presenta en Colombia.

En la primera mitad del siglo veinte la influencia de las rebeliones de izquierda condujo a la hegemonía de los partidos progresistas y a la crisis de la oligarquía terrateniente, y el proceso se fue haciendo más abierto con el paso de los años y en forma irreversible. A excepción de Ecuador y Colombia, países en los cuales el dominio de los sectores más conservadores recuperó su peso político y lo mantuvo por largo tiempo. El crecimiento urbano dio ambiente al aumento de volumen y de influencia en las clases medias, y con ellas al incremento del clientelismo político y el arribismo social. De ahí el auge que tienen en el primer medio siglo los movimientos populistas de Yrigoyen en Argentina, de Alessandri en Chile y de Haya de la Torre en el Perú. Por su parte, el autoritarismo –que también quería administrar el Estado a nombre de las élites- justificaba el porfiriato en México y la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela. En todo el continente insurgía una contracultura que manifestaba su rebeldía y su anarquismo en el tango, por oposición a la aristocracia del vals, inauténtica y extranjerizante.

Es el período de las invasiones estadounidenses que muestran su imperialismo político, la otra cara del imperialismo económico. El meollo de su estrategia incluía no solamente la penetración económica sino también la anexión territorial en varios casos. En el siglo XIX Estados Unidos tuvo la clara pretensión de convertir varias naciones latinoamericanas en protectorados suyos. En el mismo siglo aumentó considerablemente su territorio a costa de México, al cual arrebató la mitad del suyo. Y en la primera parte del siglo XX los Estados

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centroamericanos y de las Antillas soportaron abusivas, frecuentes y, en ocasiones largas, ocupaciones militares de los Estados Unidos. La acción directa sobre Cuba se extendió desde 1900 hasta 1930. Otro tanto y con duración hasta nuestro tiempo, lo hizo con Puerto Rico. Haití y República Dominicana fueron ocupadas por años, y para cobrarse por derechas las deudas pendientes, Estados Unidos administró sus aduanas. Nicaragua fue ocupada y administrada desde 1909 hasta 1933, y a través de funcionarios estadounidenses manejaron el Banco Central, los ferrocarriles y las fuerzas de policía. A Colombia le arrebataron a Panamá con la clara finalidad –lograda- de apoderarse del Canal.

Desde el punto de vista ideológico la reacción de amplios sectores fue consolidando poco a poco el pensamiento antiimperialista o antiestadounidense, cuya acción marca importantes épocas en América. Puede personificarse en los promotores de una América independiente y autónoma, orgullosa de sí, y dueña de su destino: Benito Juárez, Juan Bautista Alberdi, José Manuel Balmaceda, José Martí, Eugenio María de Hostos, Eloy Alfaro, Rufino Blanco Fombona, José Santos Chocano, José Enrique Rodó y José Ingenieros. En Colombia, en su momento, este pensamiento nacionalista y prevenido ante el expansionismo estadounidense fue vigorosamente expresado por José María Vargas Vila y Eduardo Santos.

El movimiento antinorteamericano más decisivo fue, sin duda, el liderado por César Augusto Sandino, a partir de 1927, y que con sus triunfos forzaría al retiro de las tropas estadounidenses en 1933. Aunque Sandino fue asesinado por Anastasio Somoza, dejó viva la lección de que los ejércitos de Estados Unidos son derrotables cuando todo un pueblo se decide a ello. Fue, además, la suya una de las primeras luchas que rápidamente se internacionalizó, al integrarse a ella importantes líderes e intelectuales de otros lugares, como Agustín Farabundo Martí de El Salvador, Rubén Ardila de Colombia, Gabriela Mistral de Chile, Carlos Aponte, de Venezuela...

En este siglo, desde los comienzos, el sector intelectual y estudiantil asume una conciencia revolucionaria desde los primeros momentos, y hace suyos los intereses de los trabajadores. A diferencia de la situación en el centro y norte de Suramérica donde las universidades habían abierto gradualmente sus aulas en forma ligeramente democrática, en el Cono Sur la alianza obrero-estudiantil tropezó pronto con universidades elitistas a imitación de las europeas. El Grito de Córdoba (1918) enciende la chispa de los levantamientos universitarios y se extiende por todo el continente con el apoyo entusiasta de intelectuales como José Ingenieros y José Vasconcelos. Y un poco más tarde entrarían a la lucha por una conciencia popular el chileno Luis Emilio Recabarren y el peruano José Carlos Mariátegui. Las estructuras académicas tradicionales entran en

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crisis. Se promueven las disciplinas empíricas y pragmáticas. Pero la alianza obrero-estudiantil fue derrotada en todas partes y sus logros fueron poco significativos. Las burguesías liberales de América mantuvieron, con algunas leves concesiones, el control de los factores reales del poder en todo el continente.

Colombia presenta sus propios episodios a partir de 1920, con las Ligas Agrarias y el liderazgo de Manuel Quintín Lame. El movimiento es de naturaleza compleja, porque no hay completa identidad entre campesinos e indios, y la heterogeneidad de intereses hace vacilar los proyectos, cuando los hay. El campesino colombiano, indígena o mestizo o blanco o negro, se presenta además en niveles de pequeño propietario, o arrendatario, o aparcero, o colono. Y no todo el campesinado se integra al proletariado rural.

En las últimas décadas se ha consolidado la alianza del capital nacional con las empresas transnacionales, a tiempo que ha perdido influjo la casta terrateniente y lo ha ganado la oligarquía industrial y financiera. La pequeña burguesía también ha cambiado de naturaleza, y si antes detentaba alguna pequeña propiedad, en este tiempo prácticamente depende de sus sueldos. El círculo del empleo gira y genera grandes cantidades de extrabajadores, ahora marginados y forzados a la subsistencia casi improductiva. Sin protección legal, su trabajo es mal pagado en los sectores residuales de la producción. El resto entra y sale del proceso siguiendo los bandazos de las presiones salariales, en su papel de ejército industrial de reserva. Resultado de la visión crítica de los sectores populares e intelectuales sobre los problemas del subdesarrollo y de la dependencia fueron los movimientos revolucionarios que sacudieron sucesivamente a diversos países. Ecuador en 1944, Bolivia en el 52, Guatemala en el 44 y de nuevo diez años después. Y por fin, en el 59 Cuba. Renace en algunos ideólogos la idea bolivariana de América como una gran federación de Estados, que es convertida en plataforma electoral por el partido aprista. (Alianza Popular Revolucionaria Americana). Por excepción, la dirección del movimiento no estaba en manos burguesas sino clasemedianas, a diferencia de lo que se vería en varios partidos nuevos como el peronismo argentino. El populismo, aunque no siempre es de izquierda, llevará al poder a sus caudillos, generalmente en elecciones pero también apoyando golpes: Lázaro Cárdenas en México, Velasco Ibarra en Ecuador, Ibáñez del Campo en Chile, Getulio Vargas en el Brasil, Perón en la Argentina. Pero el acceso del pueblo al poder no modificó en forma notoria ninguna de las instituciones ya tradicionales en cada Estado.

En el campo de las realizaciones, en tanto que el liberalismo se atribuye la formación, la educación del pueblo colombiano en la democracia, y los

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esfuerzos por modernizar la estructura del Estado e insertar el país en el concierto de las naciones modernas, el partido conservador se siente más atraído por capitalizar edificaciones y fundaciones más concretas.

Con este criterio pragmático enumeremos las acciones que acreditan la tradición conservadora. En primer lugar, el conservatismo empieza este siglo instaurando los días festivos en 1905, por ley de un congreso mayoritariamente de ese partido. Otro tanto afirman respecto al derecho de huelga, que de creerles a sus próceres, es reglamentado en el 19 y el 20 por congresos de igual proporción. Para no repetirlo, es decisión de congresos de mayoría conservadora, el fomento de la vivienda proletaria en 1918; el seguro colectivo en 1921; la protección a los trabajadores del petróleo en el mismo año; el fomento a la agricultura, y la creación de la Oficina del Trabajo, comisionada para redactar un Código Laboral, en 1923; la reglamentación del descanso laboral, en 1926; la aprobación de varios Tratados con la Oficina Internacional del Trabajo, y la libre sindicalización de los trabajadores, lo mismo que la reglamentación y promoción del movimiento cooperativo, en 1931; en el 34 presenta el proyecto del Estatuto del Trabajador, que es objetado por el Presidente Olaya Herrera, para excluír de él y de sus garantías a los trabajadores oficiales. En la administración de Ospina Pérez se obliga a los patronos a suministrar calzado y overol a los trabajadores. Y se eliminó el consumo de chicha. En el mismo gobierno se crean el Instituto de Colonización, y se legisla sobre procedimiento judicial del Trabajo, utilidades de los trabajadores en las empresas, primas anuales y semestrales, salario mínimo.. Fueron gobiernos conservadores los que emitieron el Código del Trabajo, implantaron el subsidio familiar, fundaron el Servicio Nacional de Aprendizaje (S.E.N.A.), el fuero sindical, el subsidio de transporte y los intereses de las cesantías. Entre otras acciones.

El interés del partido conservador colombiano es favorecer el cambio, las innovaciones, reconocidas como una necesidad dialéctica de la existencia, pero dentro de una moderación que oscila entre la timidez y la prudencia. Ha tenido desde sus comienzos un compromiso serio y profundo con el dogma, con los intereses, con la moral y con las jerarquías de la Iglesia Católica. Y cuando la Iglesia se ha movido a favor y hacia movimientos de naturaleza diversa, el conservatismo colombiano ha seguido su bitácora. Tiene veleidades corporativas cuando la Iglesia se aproxima al fascismo italiano. Y se transforma en demócrata cristiano cuando surge este movimiento híbrido en la Alemania de postguerra. En Colombia propicia y defiende con ardentía el Frente Nacional que le permitirá acceder al poder cuando carece de los votos necesarios. Y su religiosidad, más que preferencia por lo espiritual, es manifestación de sentido de la tradición. Es religioso con la significación de que se ata al pasado con sus glorias, con sus soluciones, y con sus valores, y sospecha poderosamente de toda oferta nueva. El conservatismo colombiano estudia filosofía, sociología y

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economía, en las encíclicas papales, y ha conservado la aproximación medieval entre pecado y delito. Todavía en el siglo XXI se siente ostensiblemente vinculado al pensamiento y a la imagen de Simón Bolívar y lo reclama con furor totémico. Su ideal político sigue siendo un Estado cristiano, alejado de las actitudes utilitaristas tanto como de las concepciones marxistas de una sociedad conformada por clases con intereses contrapuestos. En el abanico de influencias culturales, el conservatismo se matricula en la procedente de España. El conservador es hombre de fe, y deja para los liberales el racionalismo. Su visión de la historia es decididamente providencialista, y ve en todos los sucesos políticos y cotidianos la mano de Dios. Frente a la acción del Estado, es partidario de la gestión mínima y que se deje todo a la iniciativa individual. De ahí que case tan bien el liberalismo económico manchesteriano como esqueleto económico del conservatismo. Paradójicamente, un instrumento de autoridad como es el intervencionismo estatal en el proceso socioeconómico ha sido rechazado por el conservatismo y asumido por las administraciones liberales. Consecuente con su fe religiosa, el conservador es enemigo del control de población. Tolera los movimientos sindicales, en tanto no se politicen a favor del partido contrario o de otros más extremos aún. En materia de organización regional le seduce la república centralizada y unitaria, y deja a los liberales el federalismo con el cual, a su juicio, se da paso a la anarquía. A propósito de república, a ésta la tolera por presión de los tiempos. Pero preferiría la autoridad monárquica instalada sobre personas y haciendas. El modelo es la Iglesia católica y la autoridad de Dios a través del Papa. El buen católico no es demócrata de buen grado, y por eso hay cierta afinidad entre los partidos conservadores y las dictaduras. Le repugna el papel de árbitro que asume el Estado entre ricos y pobres, y predica más el “amaos los unos a los otros” como regla evangélica para contener los problemas de trabajadores y patronos, de capital y trabajo. El conservatismo defiende a ultranza la propiedad privada, y recomienda al pobre que ahorre para alcanzarla, y que sea sobrio para conservarla y aumentarla. Como es lógico, el conservatismo es partidario de la libertad donde es minoría, y de los privilegios, donde y cuando es mayoría, como presume serlo en Colombia por su matiz religioso católico.

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ANEXO

GOBERNANTES DE COLOMBIA

DESDE EL VIRREINATO HASTA LA REPUBLICA LIBERAL

Virreinato definitivo de Santafé (1740-1810)

Sebastián de Eslava (1740-1749)José Alfonso Pizarro (1749-1753)José Solis Folch de Cardona (1753-1761)Pedro Messías de la Zerda (1761-1772)Manuel Guirior (1772-1776)Manuel Antonio Flórez (1776-1782)Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres (1782)Antonio Caballero y Góngora (1782-1789)Francisco Gil y Lemos (1789)José de Espeleta (1789-1796)Pedro de Mendinueta (1796-1803)Antonio Amar y Borbón (1803-1810)

Gobernantes de la Gran Colombia

Simón Bolívar- Presidente titular 1819-1827Francisco de Paula SantanderVicepresidente 1819-1827Simón Bolívar- Dictador 1827-1830Joaquín Mosquera 1830Domingo Caicedo 1830Rafael Urdaneta 1830

Gobernantes de la República de la Nueva Granada

Domingo Caicedo 1831José María Obando 1831-1832

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José Ignacio de Márquez 1832-1833Francisco de Paula Santander 1833-1837José Ignacio de Márquez 1837-1841Pedro Alcántara Herrán 1841-1845Tomás Cipriano de Mosquera 1845-1849José Hilario López 1849-1853José María Obando 1853-1854José María Melo 1854Tomás Herrera 1854José de Obaldía 1854-1855Manuel María Mallarino 1855-1857

Gobernantes de los Estados Unidos de la Nueva Granada

Tomás Cipriano de Mosquera 1861-1863

Gobernantes de los Estados Unidos de Colombia

Tomás Cipriano de Mosquera 1863-1864Manuel Murillo Toro 1864-1866Tomás Cipriano de Mosquera 1867Santos Acosta 1867-1868Santos Gutiérrez 1868-1870Eustorgio Salgar 1870-1872Manuel Murillo Toro 1872-1874Santiago Pérez 1874-1876Aquileo Parra 1876-1878Julián Trujillo 1878-1880Rafael Núñez 1880-1882Franciso Javier Zaldúa 1882José Eusebio Otálora 1882-1884Rafael Núñez 1884-1886

Gobernantes de la República de Colombia

Rafael Núñez (1887-1888)Carlos Holguín (1888-1892)Miguel Antonio Caro 1892-1898Manuel Antonio Sanclemente 1898-1900José Manuel Marroquín 1900-1904Rafael Reyes 1904-1909Ramón González Valencia 1909-1910Carlos E. Restrepo 1910-1914José Vicente Concha 1914-1918Marco Fidel Suárez 1918-1921Jorge Holguín 1921-1922

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Pedro Nel Ospina 1922-1926Miguel Abadía Méndez 1926-1930Enrique Olaya Herrera 1930-1934Alfonso López Pumarejo 1934-1938Eduardo Santos 1938-1942Alfonso López Pumarejo 1942-1945Alberto Lleras Camargo 1946

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