www.comisionadodejusticia.gob.do

C/ Doctor Delgado esq. Moisés García, Casa de Las Raíces, Santo Domingo, Rep. Dom.

Tel.: 809.685.7338 | email: info@reforma-justicia.gob.do

2 REFORMA JUDICIAL

Una publicación periódica del Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Jus-ticia (CARMJ) . Prohibida su reproducción total o parcial, sin el previo consentimiento del CARMJ.

Sumario04

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Javier Zaragoza afirma Crimen Organizado amenaza democracia

Crimen Organizado afecta crecimiento económico del país

Exper tos plantean sanción contra el crimen organizado

2 REFORMA JUDICIAL

Una publicación periódica del Comisionado deApoyo para la Reforma y Modernización de la Jus-ticia (CARMJ) . Prohibida su reproducción total oparcial, sin el previo consentimiento del CARMJ.

Lino Vásquez SámuelComisionado de Justicia

Marien Montero BeardDirectora Ejecutiva CARMJ

Nelly CedanoComunicaciones CARMJ

Coordinadoras:Katherine GolezSusana Blas Rodríguez

Editor:Diego Pesqueira

www.comisiondodejustica.gob.doC/ Dr. Delgado No.252, esq. Moisés García, Casa de las Raíces, D.N., Rep. Dom.

Tel.: 809.685-7338 Fotos: Depto. Logística CARMJVíctor Rosario

Colaboradores:Milagros Pichardo PíoAna Lisbette MatosAdonis MartínJoselito Bautista EncarnaciónsIlonka Valentín PérezErika CabreraDorka LluberesEdgar MartínezDomingo D’ OleoFrancisco GuillénAdol na QuirózEnrique José Merette BonnetTomás VidalDavid Cordero

COMISIONADO DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

03 Reforma Judicial

Vinicio Castillo aboga por que se cree “nicho legal a prueba indiciaria”

Articulistas:Ricardo Rojas LeónServio Tulio Castaños G.Vaunghn GonzálezBeatriz Arenas MontalvoMiguel Valerio Jiminián

Lisandro K. Ferreira H.Diseño y Diagramaciónwww.ideakreativa.com

Impresión Editora Corripio

Carlos JiménezCorrección de Estilo

3REFORMA JUDICIAL

Crimen Organizado & Políticas Públicas de Prevención, Investigación y Sanción

Como bien señalara el presidente constitucional de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reyna, el pasado 27 de febrero del corriente año 2010, con ocasión del Discurso de Rendición de Cuentas, en reunión conjunta de las cámaras legislativas: “El tercer elemento, como hemos indicado, que mayor pre-ocupación suscita en estos momentos, en los distintos estratos de la sociedad dominicana, tiene que ver con el tráfi co ilícito de drogas, la violencia y el crimen organizado”.

La preocupación del Jefe de Estado no deja de ser un grito de la enorme ansiedad, intranquilidad y desasosiego por la que atraviesa la sociedad dominicana, la que con asombro advierte que es necesario dar respuestas efectivas a este fl agelo que afecta, no solamente a la República Dominicana, sino a una buena parte de las na-ciones del mundo, es por ello, que continuar impulsando mecanismos adecuados para la prevención, persecución y sanción efectiva a la criminalidad es una meta de inquebrantable compromiso de todos los dominicanos y las dominicanas.

Ese compromiso se reitera con el impulso de importantes instrumentos normati-vos que de cara a la adecuación constitucional están previstos en la nueva consti-tución normativa de la República Dominicana. Por ello, desde diferentes instancias del Estado Dominicano se comprometen profundos cambios dirigidos a enfrentar la criminalidad organizada en todas sus manifestaciones.

Partiendo de esto, el Ministerio Público organiza su ley orgánica comprometiendo el precepto constitucional que lo constituye en el órgano del sistema de justicia responsable de la política del Estado contra la criminalidad. En ese mismo sentido, la nueva Carta Magna dispone la creación del Consejo de Seguridad y Defen-sa Nacional, como órgano consultivo que asesora al presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en esta materia, y en sintonía con este criterio, le confi ere a las Fuerzas Armadas, como objetivo de alta prioridad, el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República Dominicana y de sus habitantes.

De lo anterior, se desprende que para combatir la criminalidad transnacional y el narcotráfi co, se necesita de una acción política y de una respuesta legal enérgica. En esa dirección, el Estado dominicano acciona, no solo para combatirlo con los instrumentos propios de las agencias de persecución, sino también, con la imple-mentación de mecanismos innovadores que posibiliten resultados efi caces.

Se hace necesaria también la adopción de un marco legal, como el establecido en la Constitución de la República, que viabilice la extinción del derecho de dominio sobre los bienes obtenidos, destinados o usados en actividades ilícitas y el crimen organizado.

Finalmente, si la democracia es el espacio plural más propicio para el desarrollo de los pueblos y la convivencia civilizada, es un compromiso nacional continuar articulando mecanismos adecuados de persecución efectiva de la criminalidad, procurando sanciones fi rmes sin desmedro de las garantías del debido proceso, propias de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Muchas Gracias.

MENSAJEdel Comisionado

lvasquez@reforma-justicia.gov.do

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL

La promoción de políticas públicas, dirigida a prevenir, investigar, per-seguir y sancionar las estructuras

del crimen organizado para garantizar la efi cacia del Sistema de Administración de Justicia de la República Dominicana, es uno de los grandes retos de articula-ción sistemática a que está obligado el Estado Dominicano y la sociedad en su conjunto.

Partiendo de la premisa anterior, es que el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), comprometido con su misión, ha creado un área de trabajo especializada en cri-men organizado, impulsando un conjun-to de acciones tendentes a refl exionar y sensibilizar sobre la necesidad del diseño de nuevas formas de control y sanción contra los delitos del crimen organiza-do, como es el caso del narcotráfi co, el sicariato, lavado de activos, el terrorismo, trata y tráfi co de personas, entre otras de sus manifestaciones.

4 REFORMA JUDICIAL

Santo Domingo.- El comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, planteó la necesidad de fomentar accio-nes que permitan diseñar nuevas formas de control y sanción contra los delitos del crimen organizado, tales como el lavado de activos, el narcotráfi co, el sica-riato y el terrorismo.

El planteamiento de Vásquez Sámuel fue hecho, al pronunciar su discurso central en el desarrollo del seminario interna-cional La prueba indiciaria en los delitos del crimen organizado, celebrado en el Hotel Meliá, de esta capital, con la par-ticipación de destacadas personalidades

nacionales e internacionales, incluyendo al fi scal de la Audiencia Nacional de Es-paña, Javier Zaragoza.

El comisionado de Justicia sostuvo que el citado seminario, auspiciado, además, por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), reitera el compromiso del CARMJ de im-pulsar temáticas contra el crimen organi-zado, en procura de promover políticas públicas, dirigidas a prevenir, investigar, perseguir y sancionar las estructuras del crimen organizado.

Vásquez Sámuel explicó que en el marco del seminario se pasó balance a la efecti-

vidad de normas jurídicas penales y a la pertinencia de la política criminal de los estados frente a este fl agelo.

Manifestó que el seminario se denominó así, debido a que se tiene la seguridad de que, mediante la correcta aplicación de la prueba indiciaria, se puede contro-lar la criminalidad en una sociedad de-mocrática, y aún más, se puede apostar desde una observación empírica y críti-ca a la efi cacia de los sistemas de justicia.

El evento, desarrollado los días 25 y 26 de marzo del presente año, se inició con las conferencias La prueba indiciaria, in-directa o circunstancial, en el delito de

En el marco del seminario internacional La prueba indi-ciaria en los delitos del crimen organizado

César Pina Toribio, ministro de la Presidencia y presidente de la CONAEJ junto a Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, en-cabezan la mesa de honor. Les acompañan, Germán Miranda Villalona y Arístides Madera Arías.

EXPERTOS PLANTEAN

CRIMEN OR

5REFORMA JUDICIAL

lavado de activos, a cargo del procura-dor adjunto de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, doctor Germán Daniel Miranda Villalona, y La prueba indiciaria desde la perspectiva del Juez, dictada por la magistrada Esther Agelán Casas-novas.

En tanto que, el 26 de marzo, el fi scal español, Javier Zaragoza, considerado un experto internacional en la lucha contra el narcotráfi co, expuso sobre sus experiencias contra el crimen organiza-do y las herramientas necesarias para limitar el crecimiento de un mal social que cada día aumenta su organiza-ción y trayectoria.

El acto de apertura estuvo presidi-do por el doctor César Pina Toribio, ministro de la Presidencia, y los procuradores generales adjuntos Ramón Arístides Madera y Miran-da Villalona.

El acto de clausura contó con la participación del magistra-do procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, los expositores doctor Marino Vinicio Casti-llo, asesor del Poder Ejecu-tivo, en materia de drogas, con la conferencia El crimen orga-nizado en la República Dominicana, y la licenciada Beatriz Arena Montalvo, ase-sora del departamento de Estado para Centroamérica y el Caribe en programas de lucha contra la criminalidad organiza-da, con el tema Los efectos socioeconó-micos de la corrupción y el blanqueo de capitales.

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SANCIÓN CONTRA EL

GANIZADO

6 REFORMA JUDICIAL

FISCAL ESPAÑOL DICE

Santo Domingo.-Javier A. Zaragoza, fi scal de la Audiencia Nacional de Espa-ña, encargado de casos de terrorismo y criminalidad grave, dijo que la delin-cuencia organizada, en sus diferentes formas, es junto al terrorismo, una de las amenazas más serias para la convi-vencia democrática.

Añadió que este fenómeno es grave y preocupante, porque favorece de ma-nera mediata otras formas de crimina-lidad, como la corrupción administrati-va, política y económica.

Manifestó que en cualquier sitio hay

organizaciones criminales, por lo que se debe ser muy exigente con la acción política y las respuestas legales, porque son los dos parámetros que se deben seguir para hacer frente a la criminali-dad y la delincuencia organizada, en forma enérgica, ética y rigurosa.

Hay que ser efi caz en la persecución del crimen, respetando las garantías constitucionales del ciudadano y los principios penales básicos del sistema democrático.

Zaragoza hizo esta aseveración, en el marco de una conferencia dictada en

el seminario internacional “La Prueba Indiciaria en los Delitos del Crimen Or-ganizado”, celebrado en el Hotel Meliá, los días 24 y 25 de marzo, auspiciado por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), en el que participaron también el doc-tor Marino Vinicio Castillo, asesor del Poder Ejecutivo, en materia de drogas, y Lino Vásquez Samuel, director del CONAEJ, con la presencia del procura-dor general de la República, Radhamés Jiménez Peña.

“Solo una acción política y respuesta legal enérgica y ética, evitará que lle-

Crimen Oganizado amenaza

Javier A. Zaragoza, scal de la Audiencia Nacional de España, encargado de casos de terrorismo y criminalidad grave, durante su exposición sobre el Crimen Organizado.

“Yo creo que combatir el terrorismo y el crimen organizado exige incor-porar a nuestras legislaciones mecanismos o estrategias que garanticen resultados, respetando las constituciones de los países, y las normas

procesales de los derechos ciudadanos”

7REFORMA JUDICIAL

democraciaguemos a un Estado fallido”, dijo Javier A. Zagoza, porque es una situación que se ha producido en otros países.

Como segunda refl exión, destacó que los estamentos jurídicos internacionales vigentes, y, en particular la Convención de la ONU contra la delincuencia orga-nizada transnacional, imponen la nece-sidad de armonizar los ordenamientos penales de los estados, para conseguir un marco jurídico supranacional, unifor-me y homogéneo que garantice niveles elevados de efi cacia, que faciliten alto grado de cooperación judicial y policial.

“Sólo la cooperación llevada a sus últi-mas consecuencias, nos permitirá redu-cir o evitar esos indeseables ámbitos de impunidad en la actuación de las organi-zaciones criminales”, expuso.

Consideró que este fenómeno se redu-cirá en la medida de las respuestas que seamos capaces de dar (los Estados) contra el crimen organizado.

En ese sentido, propuso el estableci-miento de amplias normas de atribu-ciones jurisdiccionales a los Estados que pasan por la aplicación de justicia uni-versal, a su enjuiciamiento, persecución y su castigo, similar al tratamiento del genocidio, o crímenes contra la huma-nidad.

Además, que la situación obliga a los es-tados a la ampliación de la inteligencia de los agentes encubiertos, potenciar las investigaciones fi nancieras y patrimo-niales sobre los entramados societarios y económicos de los grupos criminales, ya que son soportes de su crecimiento y su expansión.

“En este sentido, yo creo que es im-portante dotarse de normas que sean intuitivas y efi caces en la confi scación de bienes y un marco jurídico adecua-do que asegure la protección de tes-tigos y colaboradores en los procesos penales”, expresó.

Sostuvo que la criminalidad moderna

no se combate como la criminalidad tradicional, y dijo que sólo con instru-mentos y mecanismos innovadores, será posible enfrentar con efi cacia esos males, para que no puedan regir nuestro sistema democrático.

Aclaró, sin embargo, que hay que evi-tar excesos o abusos por los operado-res jurídicos y policiales, idea que en-tiende debe quedar muy clara.

“Yo creo que combatir el terrorismo y el crimen organizado exige incorporar a nuestras legislaciones mecanismos o

estrategias que garanticen resultados, respetando las constituciones de los países, y las normas procesales de los derechos ciudadanos”, expuso.

Durante el desarrollo de su expo-sición, el fi scal español, planteó la intromisión del mecanismo de la in-comunicación de los detenidos y ase-guramiento de pruebas en la fase de investigación, en caso de terrorismo y crimen organizado.

Para Zaragoza, la incomunicación de los detenidos, no es violar sus dere-chos, sino una medida que pretende evitar la ocultación de pruebas, la co-misión de nuevos delitos y la fuga de personas implicadas en la investiga-ción, que consiste en que el abogado que asiste al detenido fi ltre informa-ciones que puedan entorpecer la in-vestigación jurídica.

Otro mecanismo sería la prueba pre-constituida, realizada en la fase de in-vestigación, para los casos donde haya riesgo de que la prueba no llegue al juicio oral, como son los casos de per-sonas que declaran o atestiguan con-tra sus jefes o responsables, ya que corren el riesgo de que los maten o compren, en tal sentido la prueba ase-gura la aportación de esas personas, aunque haya muerto o se haya retrac-tado de sus declaraciones.

“Solo una acción polí-tica y respuesta legal enérgica y ética, evita-rá que lleguemos a un

Estado fallido”

8 REFORMA JUDICIAL

El Gobierno dominicano, en-cabezado por el presidente Leonel Fernández, ha reali-zado grandes esfuerzos para

prevenir y combatir el crimen organiza-do, el narcotráfi co, el terrorismo y demás delitos conexos.

Todas estas acciones han sido reconoci-das por distintas naciones con las que el país mantiene estrecha relación, princi-palmente, los Estados Unidos.

Este esfuerzo, que incluye programas de capacitación, reforzamiento de las zonas vulnerables, adquisición de equipos para detectar sustancias controladas en puer-tos y aeropuertos, y ocho aviones Súper Tucanos, ha rendido grandes frutos, en cuanto a la desarticulación de cárteles internacionales, a los que se les ha ocu-pado grandes cargamentos de drogas, y decomisado millones de dólares y armas de fuego.

Países hermanos resaltan labor de autoridades dominicanas

El Agregado de Defensa de la Embajada norteamerica-

na en el país, Mark Ban-dik, a rmó en Washington, durante la celebración del Foro Ejecutivo Antiterroris-mo, que las autoridades dominicanas marchan a ritmo acelerado hacia su transformación y profesio-

nalización.

GOBIERNO DOMINICANO destina cuantiosa inversión contraorganizado y narcotrá co

9REFORMA JUDICIAL

Los gobiernos de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, México, Colombia y Hai-tí, entre otros, han expresado satisfac-ción por la fi rmeza y determinación en que el Ministerio Público y las agencias dominicanas enfrentan el crimen orga-nizado.

Pero esta determinación para enfren-tar la criminalidad ha contado en cada momento con la voluntad decidida del presidente Fernández, quien no ha esca-

timado esfuerzos para gestionar los re-cursos que han permitido realizar dece-nas de seminarios, talleres, cursos y otras actividades, relacionados al combate efi caz del crimen organizado.

Se recuerda que en julio del año 2008, el jefe de Estado encabezó la Asamblea Or-dinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebrada en el país, y donde asistió el fi scal general de España, Cándido Conde-Pumpido, entre otros magistrados de países hermanos.

MÉXICO

El Gobierno de México agradeció al país, por los grandes esfuerzos desplegados para frenar a los delincuentes que pre-tenden utilizar territorios extranjeros, para evadir la persecución judicial.

De manera específi ca, el procurador ge-neral de México, Arturo Chávez, expresó satisfacción por la captura en la Repúbli-ca Dominicana del mexicano Salomón Tagle Dobin, prófugo de la justicia por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y secuestro.

ESTADOS UNIDOS

En tanto que Cristopher Lambert, encar-gado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos está satisfecho con

los avances alcanzados en los últimos meses por la República Dominicana en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfi co.

En tanto que el Agregado de Defensa de la Embajada norteamericana en el país, Mark Bandik, afi rmó en Washington, du-rante la celebración del Foro Ejecutivo Antiterrorismo, que las autoridades do-minicanas marchan a ritmo acelerado hacía su transformación y profesionali-zación.

Dijo que es evidente la mejoría exhibi-da por el cuerpo policial dominicano y el Ministerio Público, en cuanto a la pre-vención de hechos delictivos, la solución de casos y la lucha contra el crimen or-ganizado, el narcotráfi co y el terrorismo.

ESPAÑA

El fi scal de la Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Audiencia Nacional de España, doctor Javier Zaragoza, resaltó las labo-res de inteligencia y dedicación realiza-das por el actual Gobierno dominicano para erradicar el crimen organizado, con la que se obtuvieron grandes puntos en su lucha contra el narcotráfi co, uno de los fl agelos que más atentan la estabili-dad social de los pueblos.

el crimen

10 REFORMA JUDICIAL

El crimen organizado ha dejado de ser una cuestión referencial para convertirse en uno de los

problemas más importantes en la defi -nición de la política criminal del Estado, que debe ser enfrentado con mecanis-mos de cooperaciones ágiles y efi cien-tes, advirtió el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña.

Dijo, además, que para nadie es un se-creto que ese fl agelo es uno de los principales causantes del atraso y sub-desarrollo en la región, con el agravante de tener una capacidad de camufl aje y transformación asombrosa.

Jiménez Peña hizo la afi rmación al pro-nunciar las palabras de bienvenidas en ocasión de la Jornada Nacional contra el Crimen Organizado, celebrado el pasa-do 29 de abril del presente año.

Sostuvo que dadas las características actuales de los fenómenos delictivos, donde los grupos delincuenciales se ca-racterizan por las altas posibilidades de

insertarse en las actividades políticas y económicas de los Estados, muchas ve-ces resultando desbordantes sus conse-cuencias negativas, “es que necesitamos afi anzar y estrechar aún más los lazos de reciprocidad y cooperación a nivel re-gional”.

“Si bien es cierto que combatir estos fe-nómenos no es tarea fácil, no es menos cierto que si no contamos con mecanis-mos de cooperación ágiles y efi cientes, bajo el entendido de que el crimen or-ganizado no respeta fronteras, es poco lo que podremos alcanzar”, precisó.

Jiménez Peña recordó que el propio pa-

““““““““““SSSSSSSSSSSSSSSSSSiinnn llluuugggggggggaaaaaaaaaaaaaarrrrrr aaaaaa duuddaassss qqqqquuueeee, ddddddeeelll ccaarrácter tttttttttrrrrrrrrrrraaaaannnnnnnnnnsssssssfffrrrrrrrrrrooooooooooooooonnnnnnnnnnttttteeeeeee-------rizo de la delincuenciarriizzzooo ddde llaaa dddddddddeeeeeeeeeeelllllllliiiiiiiiiiiinnnnnnnnnncccccccccccccuuuuuuueeeeeeeennnnnnnnnnncccccccccciiiiiiiaaaaaaaaaa

organizada, resulta nece-saria la implementaciónprogresiva de políticaspenales comunes a losEstados de la región”

CRIMEN ORGANI

Radhamés Jiménez Peña, procurador general de la República se dirige a los presentes.

RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA AFIRMA:

Representa uno de los mayores para cualquier Estado

11REFORMA JUDICIAL

norama actual muestra que la actividad criminal organizada tiene mayores re-percusiones a nivel internacional, y gran poder de infl uencia y manipulación, por lo que entiende los esfuerzos deben ir dirigidos hacia el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de cada uno de los actores Estatales, tanto a nivel inter-no como a nivel internacional, para lo cual es esencial el establecimiento de mecanismos adecuados para ello.

“Sin lugar a dudas que, del carácter transfronterizo de la delincuencia orga-

nizada, resulta necesaria la implementa-ción progresiva de políticas penales co-munes a los Estados de la región”, indicó.

Explicó que en el caso particular de la República Dominicana las autoridades, en su conjunto, se han comprometido a mejorar signifi cativamente los mecanis-mos de investigación en materia crimi-nal, así como a crear aquellas estructuras que permitan un trabajo interdiscipli-nario, por medio del fortalecimiento de los equipos especializados de investiga-ción, con miras a generar conocimientos intercambiables de la actividad criminal organizada.

En tal sentido, dijo estar convencido de que actividades como la Jornada Nacio-nal contra el Crimen Organizado con-tribuirán a concertar posiciones muy valiosas al respecto, como la necesidad de seguir avanzando en el proceso de elaboración del Plan de Acción Hemis-férico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instando a los demás Es-

tados, incluso, a concluir las negociacio-nes en relación al mismo.

“Quiero dejar claro que esta ardua lucha es un aspecto fundamental para el de-sarrollo democrático y para la consolida-ción de la institucionalidad de nuestro país y la región, por lo que reiteramos nuestro compromiso con el fortaleci-miento de los lazos de cooperación a nivel regional en la investigación y pro-cesamiento de este tipo de actos delicti-vos, en todos sus ámbitos”, precisó.

Manifestó, además, que conscientes de la situación y de conocer el panorama de la realidad hemisférica, reafi rma su in-terés en seguir aportando todo lo nece-sario para defender “estos foros tan im-portantes y efi caces para la promoción de la confi anza, diálogo y cooperación, en cuanto a la formulación de políticas en materia de justicia penal y de res-puestas para hacer frente a las nuevas amenazas a la seguridad”.

ZADO

Parte del público que asistió al seminario.

problemas

12 REFORMA JUDICIAL

Vinicio Castillo aboga crear “ indiciaria”; Cali ca crimen or narcotrá co como males que a

NOTICIAS

Santo Domingo.- El doctor Marino Vinicio Castillo defi nió el negocio de la droga, amparado en el crimen or-ganizado, como un mal que abruma a todo el mundo, por los altos niveles de violencia que genera y las riquezas que proporcionan a sus patrocinado-res, razón por la que entiende debe ser enfrentado, con fi rmeza y con la valora-ción de las denominadas pruebas indi-ciarias, en los procesos judiciales.

Dijo que “en la República Dominicana, el crimen organizado representa el ma-yor confl icto que confrontan las autori-

dades; y que, con sus actividades liga-das al narcotráfi co, terrorismo y lavado de activos, trastorna el proceso normal de la sociedad, en lo que respecta a sus metas de progreso y desarrollo”.

A juicio del doctor Vinicio Castillo “ante la complejidad demostrada de obtener pruebas materiales y testimoniales en los delitos del crimen organizado, se requiere hacer una especie de ‘nicho legal’ a la prueba indiciaria, de modo que sea más amplio para que pueda tener efi cacia y resultar más útil”.

Sostuvo que los jueces deben valorar, en su justa dimensión, las pruebas indi-ciarias, para que el combate del crimen organizado sea más efectivo, ya que en muchos casos los narcotrafi cantes, antes de ser detenidos, lanzan la droga al mar o simplemente la botan, lo que implica que el elemento de prueba desaparezca. “No es tan sencillo lograr una condena, durante un juicio, por lo que se deben tomar en cuenta todos los elementos”.

Precisó que, en los casos de esta natu-raleza, “es necesario demostrar que el detenido es un eslabón de la cadena del

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crimen organizado que lleva droga a las calles, que al fi nal mata a los jóvenes”.

Manifestó que, “en el negocio ilícito de la droga, hay muchos hechos conocidos que permiten intuir que el detenido está implicado en el crimen organizado; de ahí la importancia de que las pruebas indiciarias sean admitidas como válidas”.

Recomendó que el crimen organizado sea juzgado, mediante normas procesa-les especiales que hagan más efectiva la acción del Estado en estos casos, donde los indicios y presunciones tienen gran importancia; más aún, ante la ausencia de pruebas directas y sustentadas.

“En el proceso penal, el eje fundamen-tal de todas las operaciones es la prue-ba, por lo que su estudio es fascinante y complejo”, agregó.

Al dictar la conferencia El crimen orga-nizado en la República Dominicana, que se desarrolló dentro del marco del semi-nario internacional La prueba indiciaria en el crimen organizado, auspiciada por la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ) y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), dijo que “el narcotráfi co es un crimen con un alto grado de intelección y abs-tracción; que se origina en el cultivo de las plantas básicas; que pasa por el labo-ratorio, por el acarreo; y llega a los mer-cados de consumo, generando grandes riquezas que, de algún modo, tratan de alojarse en las esferas del comercio licito,

mediante maniobras diversas conocidas como lavado de activos”.

Al hacer algunas refl exiones, Castillo, dijo que “en la actualidad, el ordenamiento jurídico penal organizado está con-frontando una imposibilidad manifi es-ta y creciente, de llevar a cabo el juicio criminal de aquellos que incurran en la participación de la comercialización de la droga”.

Precisó que el Código Procesal Penal es un exponente ‘distinguido’, de progreso jurídico, porque está alimentado, esen-cialmente, por el mantenimiento de las garantías que ofrecen a los derechos fundamentales del individuo cuya pro-tección dimanan de la Constitución de la República, de los acuerdos internacio-nales, y de los fallos más importantes de

las cortes y tribunales del mundo.

No obstante, entiende que el Código, aunque obedece a un diseño de clara vanguardia, está resultando insufi ciente e infuncional para poder servir de pla-taforma al juzgamiento de los crímenes, constelados con la comercialización de la droga en todas sus fases.

SITUACIÓN COMPLEJA

Lamentó que el crimen del narcotráfi co, a pesar de ser el que más victimas pro-duce o genera, a la hora del juzgamiento no tiene acusadores privados, dado que sus víctimas resultan ajenas e innomina-das en el tiempo de averiguar los grados de participación de los imputados en cualquier operación de tráfi co que haya podido ser traducida a la acción de la justicia.

“El hecho es que no están presentes las victimas en una experiencia de juicio, entendiéndose que estas víctimas al-canzan unas dimensiones planetarias, y esto obliga a los estados y a que sus acusadores del área pública, alcancen una formación multidisciplinaria y recia, y que puedan contar con convicciones muy sensitivas y penetrantes, en cuanto a la gravedad de los hechos que estén para ser juzgados”, apuntó.

nicho legal a prueba ganizado y el abruman al mundo

NOTICIAS

Marino Vinicio Castillo

14 REFORMA JUDICIAL

La jueza Esther Agelán Casasnovas afi rmó que, ante la realidad delictiva que vive el mundo, donde deli-tos como el narcotráfi co y el lavado de activos pro-liferan, el derecho que regula la sociedad no puede

aplicarse de forma automática o exegética.

Sostiene que se deben tomar en cuenta los valores justicia y equidad; la razonabilidad y la proporcionalidad como sub-principios de esta; esto es lo que convierte la justicia en justa, útil y racional.

Sostuvo, además, que el aumento vertiginoso de este fl agelo, constituye un gran reto para el Estado dominicano, que ha tenido que rediseñar su política criminal, en aras de su efectiva prevención, persecución y sanción.

Al pronunciar una conferencia en el marco del Seminario In-

ternacional sobre la Prueba Indiciaria en los Delitos del Crimen Organizado, Agelán Casasnovas estimó que estas ideas cobran mayor importancia, cuando se evalúa la aplicación del dere-cho en infracciones tan trascendentales como el narcotráfi co y el lavado de activos ante el reconocimiento de que estos crímenes, desde el punto de vista de su repercusión, no solo afectan directamente el bien jurídico salud, parte esencial del resguardo al derecho a la vida, sino que lesionan enorme-mente la economía de los pueblos.

Sostuvo que al sector Justicia como uno de los poderes del Estado, conformado por sus diferentes instituciones, y res-petando la separación de funciones, le ha correspondido actualizarse dentro de su rol.

No obstante, reconoció que, dentro de este proceso, el Minis-terio Público ha llevado la mayor carga, ”pues ha tenido que

Jueza Casasnovas:

un gran reto para el Estado dominicano

Aumento Narcotrá� coEsther Agelán Casasnovas

15REFORMA JUDICIAL

crear toda una estructura para enfrentar el crimen organizado en todas sus mo-dalidades”.

Como ejemplo de este diseño contra la criminalidad organizada se destaca: la creación de nuevos departamentos, como lo es la Unidad de Lavado de Ac-tivos, que realiza una extraordinaria labor en la persecución de este tipo penal, dijo.

Por otra parte, Agelán Casasnovas mani-festó que los organismos a cargo de la investigación han tenido que proveerse de las más avanzadas tecnologías para combatir este tipo de criminalidad.

Observó que el Poder Judicial se ha en-cargado de la capacitación continua y actualizada de sus jueces penales, a tra-vés de la Escuela Nacional de la Judica-tura, asumiendo con mucha capacidad una reforma procesal penal que consti-tucionaliza el proceso penal, en un mo-mento histórico en el que es la misma sociedad, o una gran parte de ella, la que rechaza el garantismo procesal, y exige prisión preventiva indiscriminada y un rol menos activo de los jueces de garan-tía en el control de la acusación.

REFLEXIÓN

La refl exión se enfoca, en este momento, en los modos en que el crimen organi-zado se manifi esta en una sociedad mo-derna, donde los medios tecnológicos permiten la ejecución de los crímenes de forma que puede ser califi cada de sutil, indicó.

Durante su exposición dejó claro que dependerá de una correcta recolección y preservación de los medios probato-rios; del respeto a la cadena de custodia, y la más aceptada incorporación de los medios de prueba, a fi n de convencer al juez de que situaciones, como uso de grandes cantidades de dinero sin vías bancarias, medios de vida y operaciones atípicas, hacen prueba de la culpabili-dad de los encartados en tales ilícitos.

La representante del Poder Judicial en-

tiende que, incorporada la prueba en el proceso, juega un rol estelar la fi gura del juzgador en su función de interpreta-ción de estos hechos y la valoración de la prueba, utilizando la lógica, experien-cia y conocimientos científi cos y técni-cos que le son aportados, análisis que deberá ser plasmado de forma racional en la correspondiente decisión.

Es el juez quien debe aquilatarlas y otor-gar su justo valor, de forma justifi cada, razonada y motivada en hecho y dere-cho, precisó.

La Magistrada destacó que, sobre la base de los planteamientos realizados, el sistema procesal de corte acusatorio se presenta como valor agregado, sobre todo, tomando en cuenta la compleji-dad y diversidad en que se manifi estan estos ilícitos, los principios como instru-mento de equidad y justeza en la inter-pretación de la norma procesal penal y valoración de pruebas.

Volvemos, a partir de estas ideas, a la naturaleza de los crímenes bajo análi-sis pues, en la mayoría de los casos, no existen pruebas directas de los hechos; verbigracia, aquel testigo capaz de rela-tar lo captado a través de sus sentidos, tomando en consideración que compli-cidad, clandestinidad extrema y búsque-da de mecanismos sutiles es lo que, ma-yormente, caracteriza tanto a los autores intelectuales como materiales de estos hechos, precisó.

EVITAR IMPUNIDAD

Agelán Casasnovas explicó que son los principios que rigen el actual sistema procesal los instrumentos base para evi-tar la impunidad.

Entiende que el principal de ellos es el de libertad probatoria o no taxatividad, de las pruebas, consagrado en el Art. 170 del Código Procesal Penal, que establece […] Los hechos punibles y sus circuns-tancias pueden ser acreditados, median-te cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición expresa.

En otras palabras, el sistema procesal penal actual permite la utilización de cualquier medio de prueba para el esta-blecimiento de los hechos, tomando en cuenta su pertinencia, relevancia, con la única limitante de que su obtención sea legal.

Dijo que ante esta realidad, cobra fuerza la utilización de los medios de prueba, tanto directos como indirectos, en los casos de crimen organizado. Se desta-ca, en consecuencia, la utilización de la prueba indiciaria o circunstancial como prueba indirecta de los hechos, pero ca-paz de enervar el estado de inocencia de un encartado, como resultado de una adecuada incorporación y valoración a la luz de la sana crítica racional, afi rmó.

Sostuvo, además, que esta idea viene reforzada en que ha sido el propio le-gislador en materia de lavados de acti-vos quien ha destacado la importancia de la prueba indiciaria en estos casos, al establecerla en el Artículo 4 de la Ley 72-02, que propone como ejemplos las actividades delictivas tipifi cadas en el ar-tículo anterior, y los casos de incremen-to patrimonial derivados de actividades delictivas.

PRUEBA INDICIARIA

La Magistrada precisó que la prueba in-diciaria, por su naturaleza y característi-cas especiales, ha sido objeto de estudio de muchos juristas, como es el caso de Guillermo Brown, quien la defi ne como “una circunstancia probada que permite llegar por vía racional al hecho a probar”.

En tanto que Gustavo Vivas Ussher de-fi ne indicios como “un hecho o circuns-tancia del cual se puede inferir la exis-tencia de otro, mediante una operación lógica”.

De la defi nición de estos autores se in-fi ere que la complejidad de este tipo de prueba recae sobre la necesidad de realizar una operación lógica por vía de inferencia de circunstancia, agregó.

16 REFORMA JUDICIAL

COMISIONADO DE JUSTICIA Y LA CONAEJ AUSPICIAN DIÁLOGO MAGISTRAL

Con el tema “Rol de la Inteligencia fren-te a la Criminalidad Organizada Trans-nacional”, el Comisionado de Justicia en apoyo a las iniciativas de la Unidad Anti-Lavado de Activos de la Procuradu-ría General de la República, inició el Pri-mero de los Diálogos Magistrales que se realizaran durante este año 2010, en el marco en el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfi co y crimen organiza-do en todas sus manifestaciones.

“Rol de la Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada

Transnacional”

General EN José Eugenio Matos de la Cruz

17REFORMA JUDICIAL

La actividad celebrada en el auditórium de la Procuraduría General de la Repúbli-ca, estuvo a cargo de destacados expo-sitores, quienes presentaron a los partici-pantes sus experiencias y estrategias en la lucha contra el fl agelo de las drogas, corrupción, trata y tráfi co de personas, lavado de activos, contrabando, sicariato y el crimen organizado.

Destacaron, además, la importancia de las labores de inteligencia investigativa tanto pro-activa y reactiva, destinadas a anticipar los sucesos o hechos de carác-ter delictivo.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Magistrado Procurador Ge-neral de la República, Doctor Radhamés Jiménez Peña, quien presidió la Mesa Principal

Entre los expositores se citan el Gene-ral Miguel Ángel Cordero Mejía, E.N. (DEM) en representación del Director del Departamento Nacional de Investi-gaciones (DNI), mayor general Ramón Antonio Aquino García, E.N. ; el director del Centro de Información y Coordina-ción Conjuntas (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), general José Eugenio Matos De la Cruz, E.N.; el director del Servicio de Inteligen-cia Naval (M2), contraalmirante Gustavo Betánces Hernández y el General Juan Manuel Fructuoso Heredia, director de la Central de Inteligencia Delictiva de la Policía Nacional.

Con esta actividad, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia procura fortalecer las acciones de política criminal desarrollada por el Estado dominicano encaminada a frenar las diversas manifestaciones del crimen organizado.

El Comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, en sus palabras de apertura dijo que gracias a las múltiples y oportunas labores de inteligencia, de-sarrolladas por las agencias anticrimen, en el país se han logrado desarticular

diversas estructuras criminales.

“El fl agelo del crimen organizado trans-nacional, el narcotráfi co, la delincuencia y el terrorismo en sus diferentes vertien-tes, son uno de los principales causantes del atraso y subdesarrollo de la región, que han venido transformándose en la misma medida en que hemos ido evo-lucionando como sociedad, por lo que es esencial el establecimiento de meca-nismos adecuados para contrarrestar su evolución”, sostuvo Vásquez Sámuel.

Agregó que tal como dijo el presidente de la República, doctor Leonel Fernán-dez Reyna, en su discurso de Rendición de Cuentas, en la Reunión Conjunta de ambas Cámaras “es necesario procesar con nuevos mecanismos de investiga-ción el elemento que mayor preocupa-ción suscita, en estos momentos, en los

distintos estratos de la sociedad domini-cana: el tráfi co ilícito de drogas, la violen-cia y el crimen organizado.

El evento contó, además, con la par-ticipación de Germán Daniel Miranda Villalona, Procurador Adjunto de la Cor-te de Apelación, adscrito a la Unidad Anti-Lavado de Activos; Beatriz Are-nas, Consultora del Departamento de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada Americana; Servio Tulio Castaños Guz-mán, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS); el general Lidio Manzueta Muñoz, FAD; Heiromy Castro, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) , coronel Arnal-do Sánchez Brugal, E.N. (MDE), ofi cial de cumplimiento del Banco Central de la República Dominicana, entre otras per-sonalidades.

General EN Miguel Angel Cordero Mejía.

18 REFORMA JUDICIAL

ES PRIORIDAD PARA ELGOBIERNO

DOMINICANOWASHINGTON, Estados Unidos.-El go-

bierno dominicano presentó ante los Estados Unidos un informe detallado

de las acciones y la gran inversión que ha realiza-do el presidente Leonel Fernández en los últimos años para contrarrestar y prevenir el crimen orga-nizado, el narcotráfi co, el terrorismo, el lavado de activos y demás delitos conexos.

El informe fue presentado por la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, doctora Mabel Féliz Báez, en el marco de la reunión “Alto Nivel Alian-za Cooperación, en Materia de Seguridad Caribe-Estados Unidos”, celebrada en esta ciudad.

Féliz Báez resaltó que el Gobierno del presidente Leonel Fernández, en procura de enfrentar los nuevos retos y amenazas que gravitan sobre la Re-pública Dominicana y la Región del Caribe, como el tráfi co ilícito de drogas, el tráfi co de armas, mu-niciones y explosivos, el tráfi co de personas, el la-vado de activos, el desvío y tráfi co de químicos y precursores y la inseguridad fronteriza, entre otros, ha implementado planes estratégicos y operacio-nales para contrarrestar y reducir a su mínima ex-presión dichas amenazas.

CRIMEN ORGANIZADO ENFRENTAR

Rutas que utiliza el narcotrá� co.

19REFORMA JUDICIAL

Precisó que esos planes estratégicos y operacionales los ha hecho el Gobierno dominicano, en el entendido de que los esfuerzos del Caribe deben tender hacia un proceso de integración y de respon-sabilidad compartida, siendo estos prin-cipios esenciales para lograr la estabili-dad en la región.

Informó que República Dominicana cuenta con una plataforma tecnológica que permite el intercambio de infor-

maciones (señal radar, comunicaciones, imágenes), en tiempo real, con todos los países del área del Caribe, Centro, Sur y Norteamérica.

Féliz Báez declaró, además, que se con-templa la implementación de sistemas de vigilancia y seguridad en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas, acompa-ñados de los elementos operativos de implementación, tales como aviones, radares militares 3D, centro de mando,

control y comunicaciones, lanchas rápi-das, equipamiento logístico del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza terrestre (CESFRONT) y vigilancia elec-trónica, junto al fortalecimiento de la red dorsal de comunicaciones, entre otros.

Dijo que existen cálculos estimados de que por la Región del Caribe circula en-tre el 16-20% de la droga proveniente de Suramérica con destino a Europa y los Estados Unidos de Norteamérica, lo que evidencia la necesidad de estable-cer controles aéreos y marítimos que

“...el Gobierno Dominicano ha dado pasos signi� ca-tivos en la lucha contra el lavado de activos y el

� nanciamiento al terroris-mo, con el liderazgo del

Comité Nacional Contra el Lavado de Activos”.

Mabel Féliz Báez, presidenta del Consejo Nacional de Drogas al momento de presentar el informe en nombre del Gobierno dominicano.

20 REFORMA JUDICIAL

hagan más efectivas las operaciones contra el tráfi co ilícito de drogas, precur-sores químicos, personas, armas ligeras y municiones, entre otras, por lo que la Iniciativa de Cooperación en Seguridad Caribe-Estados Unidos resultará en una respuesta acertada y confi able.

Subrayó que el Gobierno del presiden-te Leonel Fernández ha realizado una signifi cativa inversión para prevenir y enfrentar esas amenazas y cooperar con las demás naciones del Caribe en estos propósitos, con la compra de los Avio-nes Súper Tucano y su respectivo pa-quete logístico, US$93MM, en la compra y puesta en marcha de radares militares aéreos y centro de mando, control y co-municaciones US$34MM y equipamien-to del Cuerpo Especializado de Seguri-dad Fronteriza (CESFRONT) €$9.4MM. Dijo que otros proyectos, como radares marítimos y vigilancia electrónica de frontera, están en fase de licitación y es-pera de fondos.

Manifestó que República Dominicana, a través de la Dirección Nacional de Con-trol de Drogas (DNCD), ha reforzado la relación interinstitucional con el Ministe-rio de las Fuerzas Armadas, otros minis-terios y agencias, la Policía Nacional, lo que ha permitido una mayor efi ciencia en la prevención y persecución del cri-men organizado y el narcotráfi co.

Dijo que en ese tenor se han suscrito va-rios convenios regionales (bilaterales y multinacionales) y que otros se encuen-tran pendientes de suscripción, cuyo ob-jetivo es el intercambio de información de inteligencia, acciones coordinadas e investigaciones conjuntas en contra del narcotráfi co y el crimen transnacional organizado.

Observó que, pese a los esfuerzos des-plegados, el país, sigue confrontando el gravísimo riesgo de las trazas ilícitas de drogas, lo que implica la posibilidad de graves daños a la región.

“En la Declaración de Principios de la Alianza de Cooperación sobre Seguri-

dad CARIBE-EE.UU que aquí tratamos, los postulados de su documento, marco de trabajo y los programas que el Go-bierno de la República Dominicana ha venido desarrollando bajo la implemen-tación de una política, que crea el Siste-ma Integrado de Seguridad de Fronteras e Integración Regional, no cabe dudas de la urgente y apremiante necesidad que existe de poner en marcha cuanto antes las iniciativas de solución, basadas en elementos vinculantes, comunes a nuestras naciones”, precisó Feliz Báez, al exponer en el encuentro.

Dijo que el establecimiento de un Cen-tro de Coordinación Regional Aéreo-Marítimo en el Caribe, la movilización de recursos, así como la identifi cación de prioridades estratégicas postuladas en el documento marco de trabajo sobre esta alianza, son, a su modo de ver, los tres aspectos básicos o punto de partida para el desarrollo de operaciones y pro-

cedimientos conjuntos efectivos entre los países participantes en el encuentro.

Declaró que aunque son amplios los esfuerzos realizados en este orden, es fundamental la asistencia y cooperación internacional para que se pueda lograr una respuesta aceptable en el control y reducción de estas actividades crimina-les y evitar las consecuencias negativas que genera el consumo de drogas en nuestras poblaciones.

Manifestó que el accionar de la Repúbli-ca Dominicana se limita por la desactua-lización de sus equipos electrónicos de interceptación, equipos de comunica-ción y plataforma informática, hardware y software para el análisis de inteligen-cia, igualmente por la falta de medios de transporte terrestres, visores noctur-nos (NVG), scanners para contenedores, equipajes y personas. Dijo que esas limi-taciones se complementan con la falta de aeronaves y embarcaciones de inter-dicción con capacidad de llevar a cabo operaciones antidrogas nocturnas, agu-dizadas por el retiro, de manera unilate-ral, del apoyo aéreo y naval que ofrecían las unidades del CBP de Puerto Rico.

“Esto ha venido a ser particularmente sensible, dado el preocupante incre-mento de la actividad del crimen orga-nizado en esa zona que constituye una innegable frontera virtual de los Estados Unidos de Norteamérica”, observó.

“Esto ha venido a ser particular-mente sensible, dado el preocu-pante incremento de la actividad

del crimen organizado en esa zona que constituye una innega-

ble frontera virtual de los Estados Unidos de Norteamérica”

Mabel Féliz Báez, presidenta del CND, Marino Vinicio Castillo, asesor del Gobierno en materia de Drogas, participan en la actividad junto la comitiva dominicana.

21REFORMA JUDICIAL

El crimen organizado afecta el crecimiento económico del país

El Comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, planteó la necesidad de fomentar acciones que permitan di-señar nuevas formas de control y san-ción contra los delitos del crimen orga-nizado, lavado de activos, narcotráfi co, sicariato y el terrorismo.

Destacó que el crimen organizado es un fenómeno sumamente sofi sticado, que maneja millones de dólares en inversión, con estructuras muy complejas, de rami-fi caciones fuertes, consideradas indus-trias del crimen, que para combatirlas se debe de contar con mecanismos de co-operación agiles, efi cientes y costosos, bajo el entendido de que la criminalidad organizada no respeta fronteras.

Sostuvo que, a pesar de que faltan metas que alcanzar, no es menos cierto que en la República Dominicana muchos han sido los avances logrados, gracias a un sistema jurídico garante de los derechos fundamentales, que contribuye al forta-lecimiento del Estado Social y Democrá-tico de Derecho.

Dijo que la criminalidad organizada ge-nera detrimentos en la calidad de vida de la sociedad en general, como pérdi-das cuantiosas en cuanto al crecimien-to económico de un país, pues afecta su producto interno bruto, debilitando directamente el turismo, la inversión en los presupuesto de salud, educación y el nivel de productividad

De acuerdo a Vásquez Sámuel, otra vía de la cual la criminalidad implica costos socioeconómicos es en sus efectos so-

bre las inversiones y los negocios, que pueden ser particularmente altos para el desarrollo económico, a partir de la ne-cesidad de desviar importantes recursos hacia medidas reactivas que combatan los delitos, desincentivando la inversión a gran escala.

“Es necesario impulsar temáticas con-tra el crimen organizado, en procura de promover políticas públicas dirigidas a prevenir, investigar, perseguir y sancio-nar las estructuras del narcotráfi co y la criminalidad organizada”, observó el fun-cionario de justicia.

Sostuvo que en los actuales momentos la criminalidad y la violencia deben ser enfrentadas como fl agelos que atentan

la estabilidad e impiden el desarrollo económico y social de los pueblos, difíci-les de combatir sólo a través de medidas preventivas, para lo cual es fundamental el fortalecimiento de sistemas de perse-cución.

Los planteamientos de Vásquez Sámuel fueron dados a conocer al inicio del se-minario internacional La Prueba Indicia-ria en los Delitos del Crimen Organizado, denominado así, en el entendido de que se tiene la seguridad de que mediante la correcta aplicación de la misma se pue-de controlar la criminalidad en una so-ciedad democrática y aún más, se puede apostar desde una observación empírica y crítica a la efi cacia de los sistemas de justicia.

SUPERA CON CRECES EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE REPÚBLICA DOMINICANA

Lino Vásquez Sámuel responde pregunta a periodistas al término del seminario La Prue-ba Indiciaria en los Delitos del Crimen Organizado.

22 REFORMA JUDICIAL

Celebra Foro Internacional

Países del área se unen en lucha contra el lavado de activos y el narcotrá� co

El vicepresidente de la República, doc-tor Rafael Alburquerque, afi rmó que el gobierno realiza grandes esfuerzos para enfrentar el lavado de activos y el nar-cotráfi co en el país; para lo cual se ha esforzado en la adquisición de equipos y capacitación de los organismos encar-gados de combatir y prevenir el crimen organizado.

El vicepresidente Alburquerque hizo la afi rmación durante la apertura de la Re-unión del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFI), celebrada en el país con el objetivo de combatir el crimen del lavado de activos, proveniente de acciones ilícitas.

Aprovechó la apertura del foro inter-nacional para llamar la atención de los delegados de más 30 países del Caribe y Centroamérica que asisten a la Plenaria del GAFI, a poner especial atención en la

crisis fi nanciera mundial que afectó a to-dos los países del globo, recientemente, tras afi rmar que en ella se incubaron mu-chos de los casos de lavado de activos que hoy nos afectan.

“Nos sentimos honrados de que esta reunión de la GAFI tenga lugar aquí en nuestro país, porque sabemos que con la experiencia de nuestros países veci-nos, unida a la nuestra, en materia del combate al crimen de lavado de activos, realizaremos debates provechosos para poder dar respuestas contundentes a este fl agelo”, afi rmó.

El GAFI es una organización que fue creada en 1989 por el Grupo de los 7 países más industrializados del mun-do (G-7), integrada por 35 estados de la Cuenca del Caribe y del mundo, en-tre los que está República Dominicana, y que han acordado poner en práctica

contramedidas en común para respon-der a la problemática del delito de lava-do de activos.

Lo integran, además, Antigua, Barbuda,

Anguila, Aruba, Las Bahamas, Islas Vírge-

nes Británicas, islas Caimán, Costa Rica,

Dominica, El Salvador, Granada, Guate-

mala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,

Montserrat, Antillas Neerlandesas, Nica-

ragua, Panamá, entre otros.

En la actividad estuvieron también, el

procurador general de la República,

doctor Radhamés Jiménez Peña; el ase-

sor del Poder Ejecutivo en materia de

drogas, doctor Marino Vinicio Castillo; el

jefe de la Policía Nacional, mayor general

Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el su-

perintendente de Bancos, Haivanjoe NG

Cortiñas, entre otros.

Nos sentimos honrados de que esta reunión de la GAFI ten-

ga lugar aquí en nuestro país, porque sabemos que con la

experiencia de nuestros países vecinos, unida a la nuestra, en materia del combate al crimen de lavado de activos, realizare-mos debates provechosos para poder dar respuestas contun-

dentes a este � agelo”

El vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque

23REFORMA JUDICIAL

Procurador Anti-lavado expone sobre lucha contra el crimen organizado

Con el tema Rol de la Procuraduría Ge-neral de la República en la lucha contra la criminalidad organizada, Germán Mi-randa Villalona, procurador adjunto de la Corte de Apelación, adscrito a la Unidad Anti-Lavado de Activos del Distrito Nacio-nal, dictó una conferencia en el stand del Comisionado de Apoyo a Reforma y Mo-dernización de la Justicia, como parte del programa de actividades que la institución desarrolló en la XIII Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2010.

En su comparecencia, Villalona presentó las experiencias y estrategias estatales en la lucha contra el fl agelo de las drogas, co-rrupción, trata y tráfi co de personas, lava-do de activos, contrabando, sicariato y el crimen organizado.

Además, la importancia de las labores de inteligencia investigativa tanto proactiva y reactiva, destinadas a anticipar los sucesos o hechos de carácter delictivo.

El jurista dijo que el fl agelo del crimen organizado transnacional, el narcotráfi co, la delincuencia y el terrorismo en sus di-ferentes vertientes, son uno de los princi-pales causantes del atraso y subdesarrollo de la región, que han venido transformán-dose en la misma medida en que hemos ido evolucionando como sociedad, por lo que es esencial el establecimiento de me-canismos adecuados para contrarrestar su evolución.

Dijo que, gracias a las múltiples y oportu-nas labores de inteligencia, desarrolladas

por las agencias anticrimen, en el país se han logrado desarticular diversas estructu-ras criminales.

La iniciativa del CARMJ de desarrollar es-tos programas especializados se enmarca en las jornadas por el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado en todas sus manifestaciones que viene de-sarrollando con la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ).

Con estas actividades, tanto el CARMJ y la CONAEJ procuran fortalecer las acciones de política criminal desarrolladas por el Estado dominicano, encaminadas a frenar las diversas manifestaciones del crimen or-ganizado.

MIRANDA VILLALONA DICTA CONFERENCIA EN STAND DEL COMISIONADO DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Germán Miranda Villalona se dirige a los asistentes al stand del CARMJ.

24 REFORMA JUDICIAL

La República Dominicana ha sido sa-cudida en el último año y medio por las dimensiones que han adquirido

el tráfi co ilícito de drogas y el lavado de di-nero proveniente de esa criminal actividad. Como actividades transnacionales, ya no se está en presencia de delitos individuales o de pequeños grupos, sino de “negocios” o “empresas” de grupos jerárquicamente organizados.

Varios casos, de los más sonados, han puesto de relieve no sólo cuánto ha per-meado el narcotráfi co a los distintos sec-tores y estamentos del país, en especial a las agencias de persecución y a las Fuerzas Armadas, sino también la facilidad con la cual muchos de sus implicados recurren a la comisión de asesinatos y atentados con-tra la vida.

Desde el punto de vista de la política cri-minal, el narcotráfi co, la más abominable expresión del crimen organizado, plantea muchos desafíos al Estado dominicano, uno de los cuales consiste en preguntar-nos hasta dónde la normativa procesal penal vigente en el país resulta adecuado para enfrentar esas poderosas actividades delictivas.

Lo primero que debemos indicar es que el presidente Leonel Fernández le ha de-clarado una guerra sin cuartel al tráfi co de estupefacientes y a sus delitos conexos. Y que el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, creó el Departamento de Narcotráfi co y Crímenes Complejos, al frente del cual se encuentra el licenciado Frank Soto, un honrado, expe-rimentado y efi ciente Procurador General

Adjunto; con lo cual, desde el punto de vista político, el Gobierno dominicano ha dado claras señales de su compromiso y decisión de combatir esos fl agelos.

Pero, ¿permite el Código Procesal Penal combatir el narcotráfi co con la efi cacia que el país requiere y la población reclama? Y, ¿Está nuestra normativa procesal a la altura de las legislaciones de otras naciones que sufren los embates del narcotráfi co?

A nuestro modo de ver, el CPP contiene disposiciones que permiten a las autori-dades persecutoras y al Ministerio Público, disponer de plazos y prerrogativas que, adecuadamente utilizados, pueden hacer mucho más efi ciente la lucha contra el cri-men organizado.

Crimen Organizado:

RICARDO ROJAS LEÓN

ASPECTOS PROCESALESEl narcotráfi co y el lavado de dinero son las principales amenazas a la estabilidad de nuestras instituciones y a la seguridad ciudadana.

La parte más molesta de todo esto, es: Que los responsables, casi nunca

son llamados para que respondan por sus ac-

ciones. Las perspectivas al interior de los países, son in� uenciadas por

sus culturas.

ricardorojasleon@hotmail.com

Asesor Ejecutivo de la Gobernación del Banco Central de la República Dominicana

25REFORMA JUDICIAL

Específi camente, el CPP ha estableci-do lo que se denomina “Procedimiento para Asuntos Complejos”, el cual está contemplado entre los artículos que van del 369 al 373 del Código.

El art. 369 del Código ha establecido los criterios de procedencia para declarar la complejidad de un caso penal. Esos cri-terios son la existencia de pluralidad de hechos delictivos, el elevado número de imputados o víctimas, o simplemente, que se trate de un caso de delincuen-cia organizada. Esa declaración debe ser solicitada por el titular del Ministerio Público del Juzgado de Primera Instan-cia de que se trate, y formularse antes de cualquier requerimiento conclusivo, es decir antes de que se solicite la apertura a juicio, un procedimiento penal abre-viado o una suspensión condicional del procedimiento.

El procedimiento para asuntos comple-jos -que debe ser autorizado por reso-lución motivada por el Juez de la Ins-trucción, y es apelable-, tiene un efecto importante en materia de plazos, pues amplia a cuatro años la duración del proceso, se extiende a un máximo de año y medio la prisión preventiva, am-pliándose, del mismo modo, todos los plazos aplicables al procedimiento pre-paratorio.

Otros plazos impactados por la decla-ración de complejidad de un caso de crimen organizado son los relativos a los de presentación de los recursos, que se duplican. Del mismo modo, se incre-mentan los plazos concedidos a los jue-ces para la motivación de sus sentencias.

Ahora bien, una herramienta o prerro-

gativa importante que el procedimiento para asuntos complejos ofrece al Minis-terio Público, es la posibilidad de solicitar la aplicación de un criterio de oportuni-dad a favor de un imputado en un caso de crimen organizado. Esa modalidad de criterio de oportunidad implica la posibilidad de prescindir de la perse-cución penal siempre que el Ministerio Público reciba una “colaboración efi caz”, reciba “información esencial” para evitar la consumación de un hecho o que se concreten otros delitos conexos, o se reciba información que facilite probar la participación de otros imputados. Claro, el CPP establece como condición para aplicar un criterio de oportunidad en

esos supuestos, es que el delito de cuya persecución se prescinde resulte “consi-derablemente más leve” (sic), que los he-chos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita.

Dentro del procedimiento para asuntos complejos existen también otros dos institutos que sirven para la lucha contra la criminalidad organizada. Nos referi-mos a la posibilidad de que el Juez de Instrucción, en casos de pluralidad de victimas o de numerosos testigos, se autorice al Ministerio Público a realizar los interrogatorios, y del mismo modo, que se autorice, por un plazo de hasta seis meses, la reserva de la identidad de algunos investigadores. Otra ventaja de este tipo de procedimiento, es que el Procurador General de la República pue-da contratar uno o dos abogados para que actúen como acusadores adjuntos.

Como se ve, nuestra normativa procesal penal contiene previsiones que permi-ten al Ministerio Público dirigir las inves-tigaciones contra la delincuencia organi-zada con mayores niveles de efi ciencia.

26 REFORMA JUDICIAL

En estos días observamos las situa-ciones de violencia ocasionadas en la isla de Jamaica producto de la

solicitud de extradición del narcotrafi cante Christopher Dudu Coke a los Estados Unidos de Norteamérica en el que se enfrentaron fuerzas del orden y miembros de bandas delictivas organizadas. En este país los actos violentos cobraron la vida de más de 39 ciu-dadanos, la mayoría no tenía vínculo con el crimen organizado sin que fueran moradores del vecindario en el que operaba la organiza-ción de Coke. Sin embargo, dicha situación no es nueva en el crimen organizado, sino, que es una reedición de la lucha que libró Pablo Escobar en Colombia con el gobierno de Gaviria, en el cual murieron centenares de personas inocentes, convirtiéndose ellas y sus familias, en víctimas directas de las secue-las del crimen organizado.

La presente refl exión trata sobre las secuelas del crimen organizado en la población, que es víctima en su totalidad, y las políticas pú-blicas necesarias para evitar las mismas. Prin-cipalmente, al tener la opinión de que el cri-men organizado tiene su sustento principal en estructuras mafi osas que operan desde instituciones de los Estados que permiten su expansión y que posteriormente hacen in-controlables sus actuaciones convirtiéndose toda la población en víctimas eventuales del mismo.

Iniciemos por defi nir grupo delictivo organi-zado. El artículo 2, literal a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuen-cia transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de no-viembre del año 2000, mediante Resolución A/RES/55/25, conocida popularmente como Convención de Palermo, establece que: “Por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas

que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de come-ter uno o más delitos graves o delitos tipifi -cados, con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamen-te, un benefi cio económico u otro benefi cio de orden material”.

Adicionalmente, el literal b) del mismo artí-culo establece que: “Por delito grave se en-tenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxi-ma de al menos cuatro años o una pena más grave. Debemos resaltar, pese a no ser el ob-jeto del presente análisis, que esta defi nición sobre delito grave la compartimos parcial-mente por considerarla muy amplia y poder-se cometer arbitrariedades en su aplicación.

Una vez defi nida la delincuencia organizada es importante verifi car que las víctimas de dichas actividades delictivas podemos ser todos, por tanto, estaríamos hablando de víc-timas eventuales o potenciales. El crimen or-ganizado puede tener varias incidencias en el ámbito social, económico y político de un de-terminado estado por lo que todos eventual-mente podríamos convertirnos en víctimas.

En el ámbito social uno de los puntos impor-tantes a resaltar son las inversiones realizadas por narcotrafi cantes y lavadores de activos en comunidades o grupos poblacionales de-terminados de escasos recursos. En el caso de Dudu y Escobar eran famosas y conoci-das por las autoridades sus aportaciones a la comunidad y aceptadas como normales su participación en la solución de problemas sociales. Esto distorsiona la escala de valo-res de la sociedad y crea una percepción de aceptación social de la forma de vida y parti-cipación de dichos delincuentes. Provocando daños irreparables a la sociedad y haciendo inclusive que jóvenes menores de edad se in-

El Crimen Organizado

MIGUEL VALERIO

Y SUS VÍCTIMASEl crimen organizado puede tener varias incidencias en el ámbito social, económico y político de un determinado Estado por lo que todos eventualmente podríamos conver-tirnos en víctimas.

miguelvalerio20@gmail.com

Consultor del Proyecto de Victimología del Co-misionado de Justicia

27REFORMA JUDICIAL

serten en las pandillas como una forma de ganarse la vida, son emblemáticas en la región la participación de meno-res en las maras. Ello hace aumentar los índices de delincuencia y crear una sen-sación de inseguridad, convirtiéndonos en víctimas potenciales de actuaciones delictivas.

En segundo lugar, en el aspecto eco-nómico la inserción de dinero ilícito en el circuito económico, la alteración del funcionamiento del sistema fi nanciero hace provocar desbalances en la eco-nomía que pueden terminar en infl a-ción y devaluaciones sucesivas de las monedas afectando a víctimas en masa. Ello se pudo comprobar en los casos de fraudes bancarios del año 2003. En los cuales todos fuimos víctimas directas de las secuelas de los delitos, convir-tiendo en pobres de la noche a la ma-ñana a millares de personas fruto de la infl ación y devaluación desmedida de la moneda por las actividades delictivas comprobadas por el órgano judicial.

Otro punto importante de la delincuen-cia organizada y sus efectos es la pro-ducida en el sistema político, principal-mente, instituciones y representantes ante los poderes del Estado. En este aspecto podemos observar la participa-ción de agentes activos de los cuerpos del orden en el Narcotráfi co y lavado de activos como ocurrió presuntamente en los casos Figueroa Agosto y Paya. Así también la fi nanciación de campañas políticas. Este efecto es el más pernicio-so de la delincuencia organizada pues en un Estado corrupto la credibilidad en el sistema político decrece y la percep-ción de inseguridad se incrementa por entrar en descrédito las personas llama-das a representarnos en los distintos poderes del Estado y los miembros de la fuerza del orden que ejercen la polí-tica criminal.

Ante tal situación se pueden producir en un futuro la conversión de las vícti-mas (sociedad general) en cómplices de la delincuencia organizada, al ocultarlos

y protegerlos contra la persecución es-tatal por los programas de asistencia social patrocinados por narcotrafi can-tes y derivarse en enfrentamientos con los cuerpos del orden convirtiéndose en confl ictos de índole político. Al em-poderarse los delincuentes y entender que el aparato estatal se encuentra comprometido en sus actividades de-lincuenciales retando el aparato coer-citivo constantemente y provocando estallidos sociales ante eventuales per-secuciones como sucedió en Jamaica, provocando víctimas inocentes que no tenían ningún punto de conexión con bandas organizadas.

Estas secuelas del crimen organizado en el ámbito social, económico y po-lítico nos hacen concluir, prima facie, que todos somos víctimas de dicha delincuencia en la que también parti-cipan políticos y militares. Ello puede derivar en consecuencias desastrosas para la estabilidad nacional. Adicional-mente, otro de los efectos de esta clase de víctimas es el aislamiento social, la confusión entre víctimas no inocentes, e inocentes como ocurrió en el caso de la panadería La Francesa, en donde un sereno y un mensajero también fueron heridos.

Como bien afi rma el profesor Antonio García-Pablos De Molina en su Tratado

de Criminología, página 150, al referirse a las víctimas de terrorismo, que tam-bién dicho delito se considera crimi-nalidad organizada: “La víctima padece igualmente el aislamiento social (los medios de comunicación sólo se acuer-dan de la víctima cuando es noticia) e incluso el impacto humillante de un lenguaje tergiversado o manipulador que, con poca sensatez, distingue entre víctimas inocentes (crímenes no discri-minatorios) y no inocentes (crímenes selectivos). La situación descrita se hace extensible, además, a los familiares y allegados de las víctimas, y a los de las víctimas potenciales (Síndrome del Nor-te).”

En fi n, urge en el Estado dominicano la concretización de una política crimi-nal que cumpla con el artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional que transcribimos a modo de conclu-sión: 1. Cada Estado parte adoptará medi-

das apropiadas dentro de sus po-sibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los de-litos comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o intimi-dación.

2. Cada Estado parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de delitos comprendidos en la presente Con-vención obtener indemnización y restitución.

3. Cada Estado parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y examinen las opi-niones y preocupaciones de las víc-timas en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes, sin que ello menos-cabe los derechos de defensa.

Ello podría evitar estallidos sociales ante un auge desmedido de la criminalidad organizada, de la cual como estableci-mos en el presente artículo, todos po-demos ser eventualmente víctimas.

“...En un Estado corrup-to la credibilidad en el

sistema político decrece y la percepción de inse-guridad se incrementa

por entrar en descrédito las personas llamadas a representarnos en los

distintos poderes del Estado...”

28 REFORMA JUDICIAL

Casi todos los autores sostienen que la persecución contra la de-lincuencia transnacional supone

un abordaje estratégico que desborda las capacidades ordinarias de las instituciona-les del sistema penal. Esto signifi ca que, en cierta medida, las armas con que suelen contar las agencias de policía y el Ministerio Público son inoperantes frente a fenóme-nos criminales con conexiones transnacio-nales.

El crimen transnacional es organizado, porque opera en estructuras que tienen actores y roles diferenciados; tienden a ser difusos, porque no afectan a grandes colec-tivos; requieren de planifi cación, estrategias y organización que sólo pueden realizar personas con entrenamiento social sofi sti-cado, y suelen causar enormes daños fi nan-cieros y materiales que superan, con creces, los de crímenes comunes. Muchos son una modalidad de crímenes de “cuello blanco”, y otros no necesariamente responden a un ánimo de lucro, como ocurre con el terro-rismo. Un elemento que los hace aún más peligrosos es que sus estructuras criminales suelen infi ltrar las agencias de seguridad de los estados soberanos, para costearse pro-tección e impunidad.

El crimen trasnacional opera en la forma de un mercado ilícito, paralelo al mercado legal de las economías capitalistas. Esto signifi ca que, en la misma medida que el capital económico se abre espacio en la so-ciedad global, en esa misma medida, pero en sentido diametralmente opuesto, el crimen transnacional se globaliza. Esto sig-nifi ca que así como los estados suelen au-nar esfuerzos para aprovechar las ventajas

de la sociedad globalizada (en la forma de los acuerdos de libre comercio), se impone abordar, con sentido verdaderamente glo-bal, el crimen transnacional como presupo-ne la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transna-cional. Eso pone de relieve la importancia de la cooperación judicial y la persecución penal estratégica.

La cooperación judicial internacional es uno de los mecanismos más efi caces para atacar las dimensiones globales del crimen transnacional, al permitir a los estados au-nar esfuerzos y compartir información re-levante en el curso de los procesos. Esa in-

Abordaje para combatirla

El crimen trasnacional opera en la forma de un

mercado ilícito, paralelo al mercado legal de las eco-nomías capitalistas. Esto signi� ca que, en la misma medida que el capital eco-nómico se abre espacio en la sociedad global, en esa misma medida, pero en sentido diametralmente opuesto, el crimen trans-

nacional se globaliza.

Un aspecto importantísimo para atacar la delincuencia transnacional es el uso de las tecnologías.

castaños@� njus.org.do

Vicepresidente de la Fundación Institucionali-dad y Justicia (FINJUS)

SERVIO TULIO CASTAÑOS

DELINCUENCIA TRANSNACIONAL:

29REFORMA JUDICIAL

formación es determinante para poder desmontar las estructuras criminales y desarticular las conexiones locales que tiene el crimen organizado. La perse-cución penal estratégica supone asu-mir los crímenes transnacionales como mercados y, por tanto, permite atacar las estructuras porque abandona la lógica de los casos particulares. La per-secución penal estratégica es una he-rramienta poderosa para desarticular mercados criminales, y utiliza un fuerte componente de inteligencia criminal que es completado con información suministrada por la cooperación judi-cial internacional.

Un aspecto importantísimo para ata-car la delincuencia transnacional es el uso de las tecnologías. Mientras la delincuencia siga mejor equipada que los investigadores, es muy poco lo que lograremos avanzar para desmontar las estructuras criminales. Esto signifi ca que el Estado debe priorizar la entrega de recursos sufi cientes para el funcio-namiento de las agencias encargadas de perseguir el crimen. Eso implica también dotarse de un personal técni-co capacitado y bien remunerado, para que no pueda ser fácilmente seducido por las redes criminales.

Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Estado debe apli-car todo el peso de la ley contra la de-lincuencia transnacional, caiga quien caiga. De ahí que suponga desmante-lar las conexiones locales que tienen múltiples organizaciones criminales y someter a la justicia a sus represen-

tantes. Pero también actuar contra las estructuras de protección que operan desde las agencias de seguridad y po-licía, con fuerte apoyo político. Si no se desmontan las estructuras criminales, de nada servirá actuar contra personas individuales. A diferencia de un juego de ajedrez donde todo culmina con la “muerte del rey”, en la delincuencia transnacional es muy difícil propinar un “jaque mate” sin destruir la estruc-tura, porque si uno mata al rey, suele ocurrir que aparezcan otros miembros de la red que se hacen cargo del reino.

Pero, a pesar de los peligros que supo-ne la delincuencia transnacional, desde FINJUS cuestionamos que para su per-secución los estados soberanos termi-nen renegando de los principios del Estado de Derecho. La lucha contra la delincuencia transnacional, sustentada en construcciones políticocriminales de “tolerancia cero” o “mano dura”, ocul-ta un verdadero sesgo populista tras la terminología bélica. Se trata, sin duda,

de una verdadera política demagógica que no conoce límites, no sólo legales y racionales, sino hasta materiales y físicos, y por eso desborda las capaci-dades de las agencias del sistema pe-nal, mediante una legislación infl ada y fraccionariamente difuminada en in-numerables instrumentos legales, me-diatizando la técnica de la codifi cación, legislación que, por su total imposibili-dad de cumplimiento efectivo, asume fi nes meramente simbólicos; conco-mitantemente, en el procedimiento se instala una ideología de emergencia permanente, que habilita reglas de actuación mucho menos rigurosas en detrimento del debido proceso, y se termina en una dicotomía de trato en-tre ciudadanos y enemigos.

No es admisible la lógica de la guerra para combatir el crimen. No es admisi-ble la tesis del profesor Günter Jakobs que degrada a los delincuentes en ene-migos y legitima el uso de la coacción directa, para neutralizarlos a espaldas de los procedimientos penales propios de un Estado de Derecho.

Entendemos que lo importante es ir abonando en el camino de prevenir y sancionar adecuadamente los casos vinculados al crimen organizado que tanto atormentan y preocupan a la so-ciedad dominicana en la actualidad, sin abandonar los principios de la ins-titucionalidad democrática y el Estado de Derecho.

Parafraseando a Lord Hofman, uno de los miembros de la Cámara de Lores de Inglaterra, que vetó en el 2001, la Ley Antiterrorista, sometida por el en-tonces primer ministro Tony Blair: […] la verdadera amenaza para la vida de la Nación y el sentido de la gente que vive con sus leyes fundamentales y va-lores políticos, no viene del terrorismo o, en el caso que nos ocupa, del crimen organizado, sino de leyes o decisiones políticas que pretendan desmontar el Estado de Derecho, para supuesta-mente garantizar la seguridad pública.

30 REFORMA JUDICIAL

Extraordinario apoyo brindado por

Con motivo de la Feria In-ternacional del Libro, San-to Domingo 2010, el Co-misionado de Apoyo a la

Reforma y Modernización de la Justicia obsequió más de siete mil ejemplares de diversas obras y de la nueva Constitución a las personas que visitaron su stand y publicaron dos interesantes obras La Ca-dena de Custodia como Garantía de Le-galidad Probatoria en el Código Procesal Penal de la RD y la Exclusión Probatoria de las Actas en el Proceso Penal Domini-cano, de la autoría de José Miguel Minier Almonte y Yaskara Vargas Flores, respec-tivamente.

MÁS DE CINCO MSTAND DEL CO

31REFORMA JUDICIAL

Los constitucionalistas Rafael Luciano Pi-chardo, José Nassef Perdomo, Gregorio Montero, Cristóbal Rodríguez y Josué Fíallo, tuvieron a su cargo exponer so-bre temas de interés, relacionados con el Derecho Constitucional y el Tribunal Constitucional, creado por la nueva Car-ta Magna.

Destacándose también, María Hernán-dez, Aracelis Peralta, Gregorio Marte, Beatriz Arenas, German Daniel Miranda Villalona, Alba de Moya, Francisco Pérez Lora y Francisco Antonio Peña, entre otros, quienes expusieron con un ex-traordinario apoyo por parte de los vi-sitantes y participantes a las diferentes charlas, conferencias y conversatorios programados para el evento cultural.

Las actividades se iniciaron con la in-auguración del stand del CARMJ, que funcionó de manera conjunta con la Co-misión Nacional de Ejecución de la Re-forma Procesal Penal (CONAEJ), y simul-táneamente con las demás actividades coordinadas para la festividad del libro.

Con los temas Nuevas Normativas Cons-titucional; Los Derechos del Consumidor en la nueva Constitución; La lucha de la Criminalidad Organizada; Hacia un Dere-cho de Familia y de Infancia Constitucio-nalizada; Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano; Derecho Constitucional, Familia y Derechos Humanos, el comisio-nado de Justicia garantizó que la agenda pautada fuera evento jurídico-cultural destinado a fortalecer los conocimien-tos de todos los actores del sistema judi-cial nacional, apoyados en el marco de la proclamación de la nueva Constitución de la República Dominicana.

asistentes a XIII Feria del Libro

IL VISITARONMISIONADO

32 REFORMA JUDICIAL

VSiguiendo con su programación se de-sarrollaron actividades relativas a la ni-ñez, adolescencia y familia, tales como conversatorios, charlas, tertulias y de-bates que versaron sobre: Los derechos, deberes y buen trato a NNA; Violencia en los/as adolescentes: Mitos y Realidades; La justicia penal juvenil; ¿Urge la modi-fi cación del Código del Menor? o hay que buscar otras alternativas; El rol de la familia, sociedad, Estado en el Código para el Sistema de Protección de los De-rechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes en la República Dominica-na; Los derechos de los NNA y la Familia en el marco de la nueva Constitución, a cargo de jueces, Ministerio Público y Defensores Públicos de NNA, abogados/as, psicólogos/as, sociólogos/as y repre-sentantes de Ongs de NNA.

En ésta décima tercera edición de la Fe-ria Internacional del Libro, Santo Domin-go 2010, la estructura del stand estuvo dedicada a la Reforma Constitucional de la República Dominicana, lo que motivo un gran fl ujo de visitantes en procura de la nueva Constitución.

Niños asistentes al stand del Comisionado de Justicia en la Feria del Libro 2010

Profesionales del derecho se documentan durante sus visitas al stand del CARMJ

Niños participan del programa de actividades del CARMJ

33REFORMA JUDICIAL

Visitas Visitas Visitas

El magistrado procurador General de la República, Radhamés Ji-ménez Peña y el comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel.

Wilson Gómez, vicepresidente del Instituto Duartiano, recibe de manos de Domingo D’Oleo publicaciones del CARMJ.

Gabriel Read, rector de la Universidad Interamericana, recibe de Susana Blas la obra La cadena de custodia como garantía de legalidad probatoria.

El director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera y la presenta-dora de TV, Laura Castellanos, visitan el stand del Comisionado de Justicia.

El ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, la encargada de RR.HH. del CARMJ, Jessica Fernández y Edgar Martínez, encargado de plani� cación.

Miguel Angel Prestol, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad O&M recibe de Roberto Eugenio, publicaciones del CARMJ.

PERSONALIDADES EN STANDDE LA FERIA DEL LIBRO

34 REFORMA JUDICIAL

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) puso en circu- lación el libro La ex-clusión pro- batoria de las actas en el proce-so penal domini-c a n o , de la a u -to-

ría de la licenciada Yáskara Vargas Flores.

La actividad, desarrollada en el Museo de Historia Natural, de la Plaza de la Cul-tura Juan Pablo Duarte, formó parte de la agenda llevada a cabo por el CARMJ,

en coordinación con la Co-misión Nacional de

Ejecución

d e l a

R e -forma

P r o -c e s a l

P e n a l (CONAEJ),

en el mar-co de la XIII

Feria Inter-nacional del

Libro, Santo Domingo 2010.

El comisionado de Justicia, doc-

tor Lino Vásquez Sámuel, expresó que

con este tipo de ini-ciativas se apoyan las

propuestas normativas, fortaleciendo la divulgación de la doctrina jurídica de au-tores dominicanos.

Vásquez Sámuel resaltó que tanto el CARMJ como la CONAEJ son institu-ciones comprometidas con el fortaleci-miento y la divulgación de la doctrina jurídica, por lo que pone a disposición de la comunidad jurídica, en particular, y la sociedad, en general, esta obra de novedoso contenido.

“Es una obra en la que los lectores y es-tudiosos del derecho podrán encontrar los principios que regulan el régimen probatorio en el proceso penal; formali-dades en el régimen probatorio; las for-mas procesales; actividad procesal de-fectuosa; prueba documental; requisitos de admisibilidad; las actas y el principio de oralidad, entre otros conceptos y he-rramientas elementales para la litigación estratégica en materia penal”, afi rmó Vásquez Sámuel.

La Mesa de Honor estuvo compuesta, además de la licenciada Vargas Flores y el comisionado de Justicia, por el magis-trado Claudio Aníbal Medrano, juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, de San Francisco de Macorís, y prolo-guista de la obra; y el licenciado Julio Miguel Castaños Guzmán, director del departamento de Ciencias Jurídicas de la Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Ponen en circulación:La Exclusión Probatoria de las Actas en el Proceso Penal Dominicano

35REFORMA JUDICIAL

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, dentro de su programa de actividades en la FIL, puso en circulación la obra La cadena de custodia como garantía de legalidad probatoria, de la autoría del licenciado José Miguel Minier Almonte.

En la obra, el autor recrea y abor-da el tema desde un punto de vista doctrinal y juris-prudencial, lo que hace de forma r igurosa y por

me-d i o de una invest i -gación de campo, he-cha en todo el país, ponien-do al descubier-to falencias y dis-torsiones presentes en el manejo de los medios de prueba en la República Dominica-na.

Al presentar la obra, el comi-sionado de Justicia dijo que la lectura de este libro es una re-ferencia doctrinal obligada para los actores y operadores del siste-ma de justicia penal, como también

para cualquier esfuerzo legislativo que busque el mejora- miento de la aplicación de la norma p r o c e s a l v igen-te.

En la obra La cadena de custodia como garantía de legalidad probatoria, el au-tor pone en práctica los diferentes pa-sos del método científi co para llegar a conclusiones con sufi cientes evidencias empíricas. Se convierte en un modelo, digno de ser seguido en el campo de la investigación jurídica- destacó Vásquez Sámuel.

La actividad formó parte del calenda-rio desarrollado por el CARMJ den-

tro de la programación de la XIII Feria Internacional del Libro,

Santo Domingo, 2010. La obra fue puesta en circulación en

un solemne acto llevado a cabo en el auditorio

del Museo de Arte Moderno.

CARMJ puso en circulacion libroLa cadena de custodia como garantía de legalidad probatoria

36 REFORMA JUDICIAL

SEMINARIOSImparten seminario Violencia en los adolescentes: mitos y realidades

El Comisionado de Justicia en coordina-ción con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y la Comisión para la Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA), inició el seminario Violencia en los adolescentes: mitos y realidades, con el objetivo de presentar una visión alternativa a los es-tereotipos existentes sobre violencia en adolescentes.

En el seminario se introdujo una visión alternativa a los mitos que se observan en los medios de comunicación, donde se asocian a jóvenes de mediana edad como miembros de pandillas, agrupa-dos a delitos.

En él participaron jóvenes de los barrios Capotillo y Guachapita, y también re-presentantes de ONG que trabajan con adolescentes y académicos que expu-sieron el problema, en un marco teórico, y generó interesantes debates entre sus participantes.

Los resultados de este foro arrojaron una mayor información sobre problemas in-herentes a la introducción al análisis de la propuesta de la Ley Anti-pandillas, y de la Reforma de la Ley 136-03, de endu-recimiento penal.

El seminario Violencia en los adolescen-tes: mitos y realidades se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, integrado por ope-radores del sistema NNA, abogados, psicólogos, sociólogos, ONGs de NNA, profesores universitarios, personal edu-cativo y estudiantes, entre otros.

Entre los temas que se van a debatidos se citan, Marco Socio-Cultural de los jó-

venes adolescentes en los barrios y del joven que se inserta en redes delictivas; activismo y liderazgo comunitario entre Jóvenes de los barrios; y análisis de los medios de comunicación en relación con los estereotipos alrededor de la violencia en adolescentes, entre otros.

El panel estavo integrado por destaca-das fi guras públicas, entre ellas: el doc-tor Ricardo Nieves, Marienella Belliard, Ramón Martínez Portorreal, general Leonardo Burgos, Estibaliz Ladrón y la doctora Yolanda Martín, quien tuvo a su cargo el cierre del evento.

En el mismo se presentó un análisis crítico de programas de tolerancia cero, diseñado para adolescentes.

Juan Medina, vicedecano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD.

37REFORMA JUDICIAL

SEMINARIOS

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y el Despacho de la Primera Dama (De-pridam) realizaron el seminario: Inter-vención con niños, niñas y adolescentes víctimas, de desastres: Experiencia Haití, con el objetivo de analizar la situación del pueblo haitiano, víctima del sismo que azotó Puerto Príncipe, el pasado 12 de enero del 2010.

En la actividad, celebrada en el Auditorio de la Procuraduría General de la Repú-blica, el comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, explicó que el semina-rio tiene entre sus metas analizar la situa-ción de los niños, niñas y adolescentes, víctimas del sismo en Haití, las técnicas de intervención psicológica y acciones posibles para ayudar a los mismos, y las lecciones aprendidas aplicables, even-tualmente, a la realidad dominicana.

La actividad fue dirigida a los actores del sector Justicia, profesores, psicólogos,

orientadores, periodistas, profesionales, estudiantes, directores regionales del Ministerio de Educación y de centros educativos universitarios, líderes comu-nitarios, ayuntamientos, Defensa Civil, socorristas, bomberos, militares, orga-nismos internacionales y miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en la República Dominicana.

En el marco de la actividad, se procuró además, analizar las lecciones apren-didas aplicables eventualmente a la realidad dominicana, la situación de los niños y adolescentes victimas, del sismo en Haití y los efectos traumáticos del desastre, y fomentar solidaridad con las víctimas del sismo y con el pueblo hai-tiano.

El seminario Intervención con niños, ni-ñas y adolescentes, víctimas de desas-tres: Experiencia Haití también estudió el estrés postraumático, las técnicas de intervención psicológica con niños, ni-ñas y adolescentes, victimas de los de-sastres e identifi có acciones posibles para ayudar a las víctimas del terremoto en Haití.

Entre los expositores estuvieron los psi-cólogos Héctor Rodríguez, Ángel Luis Álvarez, del CONANI, y Ángela Caba, de UNICEF.

Auspician seminario Intervención con niños, niñas y adolescentes, víctimas de desastres: Experiencia Haití

Comisionado de Justicia yDespacho Primera Dama

Angel Luis Álvarez, de CONANI, Lino Vásquez Sámuel, Angela Caba, de UNICEF y María Dolores Luna, del Despacho de la Primera Dama.

38 REFORMA JUDICIAL

Madrid, España.- La embajadora extraor-dinaria ante la Organización de las Na-ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), doctora Margarita Cedeño de Fernández, se reunió con el presidente del Patronato del Banco de Alimentos de Madrid, José Antonio Busto Villa, y con la directora de relaciones inte-rinstitucionales, Pilar del Portillo, quienes le mostraron el funcionamiento de esta institución benéfi ca, sin fi nes de lucro, cuyo objetivo principal es obtener ali-mentos de todas clases para distribuirlos de manera gratuita entre instituciones benéfi cas legalmente constituidas.

Primera Dama visita instala Como embajadora extraordinaria de la FAO, la doctora Margarita Cedeño de acciones que buscan disminuir el hambre en el mundo

La Primera Dama recibe explicaciones de José Antonio Busto Villa.

La Primera Dama acompañada por José Antonio Busto Villa y Pilar del Portillo.

Banco de Alimentos de

39REFORMA JUDICIAL

La Primera Dama recorrió las instalaciones de la entidad benéfi ca y conoció la forma como se almacenan los alimentos que se reciben, y el método que utilizan para que lleguen a comedores de indigentes; comedores para infantes y adolescentes; hogares de acogida; de madres gestan-tes, centros de ayuda a drogadictos; en-fermos de SIDA; familias de inmigrantes; conventos; cárceles; y otras instituciones que necesitan la ayuda.

Como embajadora extraordinaria de la FAO el interés de la doctora Cedeño de Fernández es establecer una institución con características similares en la Repú-blica Dominicana, y fi rmar un acuerdo de colaboración que le permita contar

con la asesoría de los ejecutivos de la entidad.

El Banco de Alimentos de Madrid, reci-be provisiones de empresas dispuestas a entregar de manera gratuita los exce-dentes que producen, y que de algu-na manera serán destruidos, pero que cumplen con todos los estándares de calidad. Esto así tomando en cuenta que las compañías lanzan al mercado más productos que los que esperan vender. De igual forma se abastece de fuentes individuales, como hoteles, tiendas, y de personas que, en algún momento ,tie-nen excedentes de alimentos y les inte-resa donar.

Para recibir los alimentos, el Banco tiene una serie de requerimientos que deben ser cumplidos, entre los que se encuen-tran: que no estén caducados; que no hayan superado la fecha de consumo; y que estén debidamente etiquetados.

El año pasado más de 300 empresas del sector alimentación y agroalimen-tario donaron al Banco de Alimentos de

Madrid alimentos para ser distribuidos a las entidades benefi ciarias y más de 100 centros educativos, igual núme-ro de empresas y otras instituciones se organizaron en el proyecto “Operación Kilo”, cuyo objetivo es obtener alimen-tos y sensibilizar acerca del problema del hambre en la sociedad en la que vivimos.

Como embajadora extraordinaria de la FAO, la doctora Cedeño de Fernández ha desarrollado una intensa jornada a favor de disminuir el hambre en el mundo y de promover la seguridad alimentaria, a través de los programas y proyectos que ejecuta desde su Despacho.

En ese orden, la doctora Cedeño de Fer-nández desarrolla acciones que fomen-tan la producción y la productividad, el uso de la tecnología de la información y la comunicación, el micro emprendi-miento, la educación, la nutrición en sa-lud, el establecimiento de guías alimen-tarias, las cuales repercuten en esta gran necesidad y el derecho de todos y todas a una correcta alimentación.

Fernández promueve

Margarita Cedeño de Fernández conversa con Pilar del Portillo.

Madridciones del

40 REFORMA JUDICIAL

KIRSYS FERNÁNDEZ

Dice país violaría Convención de los Derechos del Niño

La intención de penalizar y tratar a los adolescentes infractores, como si fueran adultos, es una fl agrante

violación a la letra y al espíritu de los artículos 37 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, de 1991, la cual exige a los estados signatarios contar con un sistema de justicia especializado, fl exible y diverso para las personas menores de 18 años, advirtió la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la

“Muchas personas entienden que los menores de edad no van a cometer hechos delicti-vos, si la pena prevista en la ley para esos delitos es dura y grave, por lo que se tiene la creencia que existe una rela-ción directa entre cantidad y gravedad de la pena, por un

lado, y no inclinación hacia el delito, por el otro”

Rechaza aumentar penas a menores de edad

41REFORMA JUDICIAL

Adolescencia (CONANI), Kirsys Fernán-dez de Valenzuela.

“No estoy de acuerdo con el aumento de la pena a los adolescentes en confl ic-to con la Ley Penal, ya que la República Dominicana, luego de la ratifi cación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1991, reorienta las políticas naciona-les hacia la construcción de un sistema de protección de garantía de los dere-chos de los niños, niñas y adolescentes”, precisó la funcionaria.

Explicó que para hacer frente a este compromiso, en 1994 la República Do-minicana promulgó la Ley 14-94, la cual introdujo importantes cambios, aunque admitió que en la misma se dejaron de contemplar algunos aspectos que hicie-ron difícil la total y efi ciente aplicación de esta, y se dio paso a la Ley 136-03.

Fernández de Valenzuela fue categórica al afi rmar que medidas como el aumen-to de las penas, no solucionarán el pro-blema de violencia que quiere enfrentar el país. Explicó que la violencia y la cri-minalidad están estrechamente ligadas a la inequidad, la exclusión social y la fal-ta de oportunidades.

“Es de suma importancia que las políti-cas públicas sociales resuelvan las cau-sas que originan estos actos delictivos y atacar de esta forma la raíz del problema de violencia que vive tanto la República Dominicana como muchos otros países”, agregó.

Lamentó que una de las respuestas que se suele encontrar con mayor frecuencia para combatir la criminalidad en gene-ral, es la de aumentar y fortalecer la du-reza de las penas previstas en el Código Penal y leyes especiales, con la esperan-za de que constituyan una forma de des-estimular la conducta inclinada al delito.

“Muchas personas entienden que los menores de edad no van a cometer he-chos delictivos, si la pena prevista en la ley para esos delitos es dura y grave, por lo que se tiene la creencia que existe una

relación directa entre cantidad y grave-dad de la pena por un lado y no inclina-ción hacia el delito por el otro”, sostuvo.

Empero, la directora del CONANI enfa-tizó en que en realidad no existe una relación directa entre gravedad de la sanción y desestímulo del hecho.

“En las escasas investigaciones sobre la dimensión cuantitativa de este proble-ma, se comprueba la ínfi ma proporción de crímenes y delitos cometidos por adolescentes en comparación con las tasas generales de criminalidad cometi-das por los adultos”, precisó.

Fernández de Valenzuela explicó que la Ley 136-03, que instituye el “Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Ado-lescentes”, establece en el Titulo II de su Libro Tercero, todas las disposiciones re-lativas al tema de la Justicia Penal de la Persona Adolescente.

El mismo tiene como objetivo, de acuer-do al Artículo 222, que una vez estableci-da la responsabilidad penal, se apliquen las medidas socio-educativas o las san-

ciones correspondientes, se promueva la educación, la atención integral y la in-serción de la persona adolescente en la familia y en la sociedad.

Estimó que luego de resumir los impor-tantes avances que en esta materia ha tenido el país, “se hace necesario señalar que cualquier modifi cación, que trate de equiparar el sistema de justicia penal para adultos y la justicia penal para ado-lescentes, se opone a los principios que establece la Convención de los Derechos del Niño”.

Sostuvo que los adolescentes son per-sonas en desarrollo que no han tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en la que viven, y en este sentido, lo que verdaderamente caracteriza al derecho penal para ado-lescente es la fi nalidad educativa y san-cionadora, recurriendo a la privación de libertad como último recurso y buscan-do siempre la reinserción social de los mismos.

IMPUTABILIDAD

En relación con la edad de imputabili-dad, la Convención da a los países liber-tad para establecer una edad mínima, la cual en el país es de 13 años, con la que se mostró de acuerdo, tras precisar que “no debe modifi carse, ya que no pode-mos buscar respuestas a problemas de carácter social a través del derecho pe-nal y particularmente endureciendo las sanciones a personas menores de edad”.

Dijo que en casi todos los países de Cen-troamérica y el Caribe se ha comproba-do que los factores que facilitan que los menores delincan son la poca educa-ción y la falta de medios y oportunida-des para subsistir.

LOGROS

El haber impulsado el proceso de im-plementación de la Ley 136-03 (Código para el Sistema de Protección y los De-rechos Fundamentales de NNA en RD) logrando avances signifi cativos.

No estoy de acuerdo con el aumento de la pena a los adolescentes en con� icto con la Ley Penal, ya que la República Dominicana, luego de la rati� cación de la Con-vención de los Derechos del Niño, en 1991, reorienta las políticas nacionales hacia la construcción de un sistema de protección de garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

42 REFORMA JUDICIAL

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) realizó el lanzamiento de la Mesa de Tra-bajo en la que expertos aportaran sus conocimientos y experiencias para la elaboración de una nueva legislación penitenciaria adecuada en la República Dominicana.

El acto de apertura se llevó a cabo en el Auditorio de la Procuraduría General de

la República, con la asistencia del minis-tro de la Presidencia, César Pina Toribio; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y au-toridades encargadas del nuevo modelo penitenciario.

La Mesa de Trabajo tiene como principal meta contribuir con el fortalecimiento de las instituciones del sector Justicia

creando así una normativa acorde con los cambios generados en el sistema penitenciario

En el marco de la actividad, el doctor

Pina Toribio hizo la presentación de la

obra Reforma Penitenciaria en Latino-

américa y el Caribe, de la cual es coautor,

obra que se puso a circular entre los allí

presentes.

CAMRJ y CONAEJ realizan lanzamiento de la Mesa de Trabajo para la elaboración de nueva legislación penitenciaria

Lino Vásquez Sámuel

43REFORMA JUDICIAL

El lanzamiento de la Mesa de Trabajo para una nueva legislación penitenciaria cuenta, además, con la colaboración de la Dirección General de Prisiones, Comi-sión de Justicia del Senado, Comisión de Reforma Penitenciaria de la Cámara de Diputados, Patronato Nacional Peniten-ciario y la Casa del Redentor.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, quien re-

saltó los grandes avances alcanzados en el país en materia penitenciaria, con la incorporación al nuevo modelo de gestión penitenciaria de 13 centros de corrección y rehabilitación que han sido declarados como centros de excelencia, para América Latina y el Mundo, por la organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Es por todos los logros alcanzados por el Nuevo Modelo Penitenciario que el Comisionado de Justicia impulsa la ar-ticulación de una Mesa de Trabajo, in-tegrada por representantes de los tres

poderes del Estado, la Sociedad Civil y la Iglesia, como espacio de refl exión y de construcción normativa de los cambios de éste referente modelo de gestión pe-nitenciaria”, precisó Vásquez Sámuel

Por su parte, el magistrado procurador Jiménez Peña pronunció las palabras centrales, y destacó que en los últimos años el país ha avanzado más que en toda su historia, en materia penitencia-ria; también resaltó la humanización en que hoy viven los internos del Nuevo Modelo Penitenciario.

Roberto Santana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria.

Público asistente a la actividad.

44 REFORMA JUDICIAL

El ministro de la Presidencia y presidente de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ), Cé-sar Pina Toribio, presentó la obra “Refor-ma Penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe”, en el marco del lanzamiento de la Mesa de Trabajo para la Elaboración de una Nueva Legislación Penitenciaria.

Al hacer referencia a los aportes de la publicación, el coautor de la misma, Pina Toribio, destacó que no se trata de una simple suma de ponencias, sino que recoge un marco teórico y estratégico, para poner en marcha todos los pro-yectos aplicados desde hace unos diez años en el país, lo que ha generado una verdadera revolución en el sistema pe-nitenciario.

César Pina Toribio ministro de la Presidencia y presidente de la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CO-NAEJ) se dirige a los asistentes.

Ponen a circular Libro “Reforma Penitenciaria en Latinoamérica y el Caribe”

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“El Nuevo Modelo de Gestión Peniten-ciario es una realidad que ha colocado el país como referente para todo el mundo por los resultados positivos, incluyendo la baja tasa de reincidencia”, precisó.

En el acto realizado en el auditorio de la Procuraduría General de la República, el funcionario explicó que la obra es el fruto del Foro Consultivo de Expertos Peniten-ciarios, donde se conocieron cuatro es-quemas esenciales, tales como la realidad

del sistema peniten-

ciario de la región, el componente nece-sario para la reforma penitenciaria regio-nal, la responsabilidad de los estados en el tema, y la normativa jurídica.

Pina Toribio explicó que lo importante del libro es que recoge las realidades de los distintos sistemas penitenciarios y las res-ponsabilidades de los distintos estados.

Destacó la conferencia dictada por el venezolano, Elio Gómez Grillo, quien ex-puso sobre la evolución histórica de las cárceles, y la del argentino Pablo Vega,

que tocó el tema del sistema penal, “se trata de un esfuerzo conjunto para mejorar el sistema penitenciario y la forma de vida de las personas privadas de su libertad”.

Resaltó que la calidad y experien-cia de cada uno de los expositores permitió que se haya construido

una metodología, que permita que en la actualidad mantenga su vigen-

cia y sirva de guía en términos estra-tégicos.

APOYO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En el prólogo del citado libro, Lino Vás-quez Sámuel, comisionado de Justicia

dijo apoyar los esfuerzos que impulsa la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) en la estructuración de una reforma peniten-ciaria, sin parches, inspirada en el nuevo modelo penitenciario, planteado por el presidente Leonel Fernández.

Vásquez Sámuel expresó que el CARMJ, con el apoyo de la CONAEJ, pone al ser-vicio de los penitenciaristas nacionales e internacionales, abogados, jueces, co-municadores y a la comunidad en senti-do general, las conclusiones del referido cónclave, con la misión de fortalecer el compromiso público de que una segun-da oportunidad para los condenados, es un tema de seguridad y democracia.

Estuvieron presentes en la actividad, los señores Francisco Domínguez Brito, sena-dor y ex procurador; el doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, director de Prisiones; Roberto Santana, director del Modelo de Gestión y de la Escuela Nacional Peni-tenciaria, respectivamente; Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de las Casas del Redentor, el diputado Radha-més Vásquez, presidente de la Comisión Penitenciaria de la Cámara de Diputados, y el magistrado Saulo Alexis Ysabel Díaz, juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, entre otras personalidades.

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En un solemne acto, efectuado en la Universidad Católica Santo Domingo, fueron juramentados los nuevos inte-grantes de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Derecho de la República Dominicana, quienes se comprometieron a unifi car el currículo en asignaturas- especializadas, elevando así la calidad en la formación de los estudiantes de derecho, y de pro-poner reformas para regular el ejercicio de la carrera.

Al hacer su juramento, la nueva directi-va que preside el doctor Manuel Ramón Peña Conce, garantizó que la Mesa de Decanos mantendrá una activa labor. Su

Nueva directiva de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Derecho de la República DominicanaPresidida por el doctor Manuel Ramón Peña Conce, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo

Lino Vásquez Sámuel, padre Ramón Alonzo, Alejandro Moscoso Segarra y Manuel Ramón Peña Conce.

Manuel Ramón Peña Conce, director ejecutivo de la Mesa Nacional de Decanos.

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campo de acción estará básicamente di-rigido al fortalecimiento del cuerpo do-cente en la unifi cación de un novedoso plan de estudios.

“Al iniciar este nuevo periodo, La Mesa Nacional, tendrá como principal fi nali-dad contribuir al mejoramiento del sis-tema de enseñanza del Derecho, en el entendido de que esto es una condición para restaurar la calidad y el prestigio del ejercicio de la abogacía en el país”, sostu-vo Peña Conce.

De su lado, el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, respon-sable de dar las palabras de apertura, expresó que La Mesa Nacional ha sido planteada, como forma de impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad profesional y humana de los abogados y estudiantes de Derecho en el país.

Sostuvo que urge trabajar en el estable-cimiento de una oferta curricular unifi ca-da, respetando la fi losofía particular de cada universidad; crear unos estándares de exigencia, rigor, coherencia y siste-mas mínimos en los estudios de la carre-ra de Derecho que contribuyan a mejo-rar la formación integral de aquellos que aspiran a ejercer la abogacía.

En tanto, el magistrado fi scal del Distrito Nacional, licenciado Alejandro Moscoso Segarra, pasado director de la Mesa, ex-hortó a la nueva directa a no escatimar esfuerzos en la capacitación y fortaleci-

miento profesional de los egresados de la Facultad de Derecho, “Es necesario fortalecer el nivel curricular de los es-tudiantes de derecho; es preciso que la ciudadanía pueda seguir confi ando en los abogados del país, pues de lo con-trario, el sistema pierde legitimidad”- ex-presó Segarra.

MESA DE DECANOS

-La Mesa de Decanos de Derecho fue incorporada el 10 de agosto pasado, mediante Resolución Número 43, con la misión de contribuir al mejoramiento del sistema de enseñanza del derecho.

Su objetivo general es trabajar para el establecimiento de una oferta curricu-lar unifi cada que, respetando la fi losofía particular de cada universidad, deberán acoger las facultades y escuelas de De-recho de todo el país, con el propósito de crear unos estándares de exigencia, rigor, coherencia y sistematicidad míni-mos en los estudios de la carrera de de-recho que contribuyan a mejorar la for-mación integral de aquellos que aspiran a ejercer la abogacía.

Los objetivos específi cos son: a) elevar el nivel de conciencia nacional sobre la necesidad de mejorar la oferta de los estudios de derecho en las universida-des del país; b) llevar a cabo las coor-dinaciones requeridas, conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y con las demás

universidades, para impulsar las accio-nes necesarias, con miras a lograr la es-tandarización de la oferta curricular; c) procurar contribuir al mejoramiento de la formación de los profesores y aboga-dos en ejercicio, tomando en cuenta la infl uencia de la internacionalización que acusa la práctica del derecho en nuestra sociedad; y Plantear que, para que el sis-tema de justicia pueda cumplir con sus propósitos, sea necesario que sus ele-mentos constitutivos estén a la altura de sus necesidades.

Para cumplir con sus objetivos, la Mesa de Decanos se propone:

a) Defi nir una estrategia nacional de sensibilización sobre la necesidad de llevar a cabo una concienzuda revisión de la oferta curricular para las facultades y escuelas de derecho del país;

b) Promover la realización de talleres, cursos, seminarios, conferencias nacionales e internacionales sobre distintos temas de interés para el perfeccionamiento del ejercicio y la práctica del derecho;

c) Propiciar el intercambio de expe-riencias entre las distintas facultades y escuelas de derecho; y

d) Auspiciar la publicación de estudios e investigaciones especializadas, ac-tividades para capacitar sobre re-cursos humanos, entre otros aspec-tos importantes.

Manuel Ramón Peña Conce, Rina de los Santos, José Pérez Gómez, Miguel A. Prestol, Juan Medina, Manuel Ramírez Susaña y Roger Espaillat, miembros de la nueva directiva de la Mesa Nacional de Decanos.

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Comisionado de Justicia deposita ofrenda � oral ante el Altar de la Patria

El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Moderniza-ción de la Justicia deposi-tó una ofrenda fl oral ante

el Altar de la Patria, en honor a los padres fundadores de la República, para conmemorar, de esta forma, el Mes de la Patria.

El doctor Lino Vásquez Sámuel, co-misionado de Justicia, resaltó los importantes aportes de los patri-cios y héroes de la Independencia Nacional, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. En esta ocasión, rendimos tributo a los Padres de la Patria, para mantener vivos sus ideales y sentido patrio. Hombres heroicos que, gra-cias a sus aportes, hoy podemos on-dear nuestra bandera tricolor como símbolo de independencia y liber-tad.

En ocasión de las Fiestas Patrias

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Manifestó que, por el arrojo y sacrifi cio de los patricios, los dominicanos disfru-tamos de independencia y soberanía, y nos encaminamos, cada día, a vivir en una mejor nación, en el marco legal de los reglamentos de una nueva Consti-tución que incorpora el Estado de Dere-

cho, social y democrático, como norma de convivencia humana.

En el acto solemne, muestra de domini-canidad, el doctor Lino Vásquez Sámuel expresó que una vez más el Comisiona-do de Justicia, se une al pueblo y con-curre a ese Baluarte, cuna de la Repú-blica, para reafi rmar su compromiso de continuar los esfuerzos que ha venido haciendo, conjuntamente con el Institu-to Duartiano, en interés de proyectar la vida de nuestros prohombres, el ejem-plo de Juan Pablo Duarte, los valores de la dominicanidad, y el uso correcto de los símbolos patrios.

“Esta ofrenda en este sagrado recin-to patrio constituye un vivo homena-

je a Duarte y a sus discípulos Sánchez y Mella, y con ellos a todos los buenos

y determinación, en aras de conseguir y sostener la libertad, la independencia y la soberanía de nuestro país”, dijo Vás-quez Sámuel.

En el acto estuvo presente el doctor Wilson Gómez Ramírez, vicepresidente del Instituto Duartiano, quien saludó la iniciativa del comisionado de Justicia, además de los coordinadores, gerentes, encargados y empleados, en general, de la institución de Justicia, quienes desfi -laron, con orgullo patrio, el estandarte tricolor hasta el mausoleo de los héroes de la Independencia Nacional.

A� rma que este es el mejor tributo que los dominica-nos pueden ofre-cer a los héroes de nuestra dominica-nidad

Empleados del CARMJ des� lan hacia el Altar de la Patria.

Lino Vásquez Sámuel y Wison Gómez al depositar la ofrenda � oral.

dominicanos que luchan, con arrojo

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Firmas de acuerdos cumplen con objetivos del Comisionado de JusticiaConsciente de que ninguna institución se desarrolla sola y de espalda a los nue-vos tiempos, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justi-cia (CARMJ) ha fi rmado, a la fecha, múlti-ples acuerdos de cooperación desde su creación.

En el marco de esta política, el CARMJ fi rmó acuerdos interinstitucionales con el Consejo Nacional de Reforma del Es-tado (CONARE), la seccional de Santiago del Colegio de Abogados, la Universidad Castilla La Mancha, España (UCLM) y el Colegio Dominicano de Psicólogos (CO-DOPSI).

El comisionado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, destacó que con la fi rma de

acuerdos se expanden, los conocimien-tos de CARMJ y, a la vez, se captan otros para benefi cios de todo el sector Justicia.

CARMJ-CONARE

Mediante la fi rma de este acuerdo inte-rinstitucional, el CARMJ y CONARE coor-dinan acciones para la distribución de la nueva Carta Magna en jornadas nacio-nales de capacitación en distintos pun-tos del país, y a la diáspora dominicana, radicada en el exterior.

El CARMJ y el CONARE establecieron coordinar con otras instituciones, para lograr el desarrollo efectivo de las ac-ciones planteadas en el marco de este convenio, y pactaron gestionar con el

Ministerio de Educación la inclusión del eje temático constitucional en los currí-culos escolares, con el propósito de im-pulsar una cultura ciudadana de respeto a los postulados establecidos en la nue-va Constitución.

El acuerdo fi rmado por los doctores Vás-quez Sámuel, comisionado de Justicia, y Marcos Villamán, director ejecutivo del CONARE, surgió del interés de profundi-zar lazos de cooperación que permitan coordinar esfuerzos, unifi car criterios, impulsar acciones y establecer intercam-bios científi cos y relaciones de colabora-ción, en torno a los aspectos relativos al nuevo marco constitucional.

Tras la fi rma, Vásquez Sámuel sostuvo

Lino Vásquez Sámuel y Marcos Villamán � rman convenio de cooperación interinstitucional.

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que el CARMJ es una institución des-tinada a impulsar y facilitar un proceso efectivo de transformación del sistema de justicia, como impulso al Estado de Derecho, social y democrático, de la Re-pública Dominicana, “motorizando ini-ciativas, tendentes a diseñar y ejecutar proyectos específi cos que favorezcan a la comunidad jurídica, a nivel nacional, y el proceso de modernización que ga-rantice un sistema de administración de justicia efi caz y efi ciente”.

De su lado, Villamán dijo que el CONARE es una institución que tiene como pro-pósito construir conjuntamente con los diversos actores políticos y sociales, pro-cesos estratégicos de reforma y moder-nización del Estado, “orientados a conso-lidar la institucionalidad democrática, la participación de la ciudadanía y un de-sarrollo equitativo e incluyente.”

En el acto, estuvieron presentes, ade-más, los doctores Manuel Ramón Peña Conce, director ejecutivo de la Mesa Nacional de Decanos de Facultades y es-cuelas de Derecho, de la República Do-minicana; Luis Vílchez Marranzini, pre-sidente del Colegio de Notarios; y José Ceballos, de Participación Ciudadana, entre otros.

El convenio interinstitucional compro-metió a ambas instituciones a facilitarse información, sobre el conjunto de activi-dades que realizan en los diversos cam-pos de interés común.

A la elaboración de un anteproyecto de ley de procedimiento constitucional, partiendo de una propuesta diseñada por el Comisionado de Justicia, la Funda-ción Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y los insumos recabados por la Mesa Nacional de decanos y directores de fa-cultades y escuelas de Derecho, de la República Dominicana, en su propuesta de Reforma Constitucional Integral en el sistema de justicia, que se enriquecerá a través de los diferentes intercambios na-cionales e internacionales que tendrán la misión de desarrollarla.

Acordaron, además, trabajar de manera conjunta en la coordinación de even-tos relativos al desarrollo del texto de la nueva Constitución y de la estructura-ción del proceso de capacitación a nivel nacional

De manera específi ca, el CARMJ y el CO-NARE se comprometieron a reproducir el nuevo texto constitucional y a contra-tar los servicios de expertos, en materia constitucional, como expositores magis-trales de las distintas jornadas de capaci-tación que se habrán de desarrollar por todo el territorio nacional.

CARMJ-UCLM Y COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTIAGO

Con la fi rma de este importante acuerdo, el CARMJ en coordinación con la seccio-nal de Santiago del Colegio de Aboga-dos y la Universidad Castilla-La Mancha, España (UCLM), se comprometieron a colaborar en la organización e imparti-ción de programas, cursos, diplomados, especialidades, entre otras actividades educativas.

Con la fi rma del convenio se facilita la cooperación interinstitucional en los

campos de la investigación, incremen-tando e institucionalizando las relacio-nes científi cas, técnicas y cultural entre las instituciones fi rmantes.

Además, los fi rmantes Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia; José Miguel Minier, del Colegio de Abogado, y Marcos Masso Garrote, de la UCLM, se comprometieron a planifi car, coordinar y llevar a cabo actividades conjuntas ta-les como seminarios, conferencias, ta-lleres, publicaciones, entre otras accio-nes, dirigidas a una mayor divulgación de sus objetivos.

El acuerdo establece, de manera espe-cífi ca, que el Comisionado de Justicia, el Colegio Dominicano de Abogados, de la seccional de Santiago, y la UCLM, ten-drán a su cargo, entre otras cosas, la pu-blicación, admisión, selección de alum-nos del programa, y la expedición del título; todas estas acciones se realizarán, teniendo siempre en cuenta las normati-vas de las respectivas instituciones.

“La cooperación técnica será asumida en las modalidades de intercambio de información, documentos y experien-cias, proyectos de investigación jurídica,

Marcos Massó Garrote y Lino Vásquez Sámuel al momento de la � rma.

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intercambio de especialistas en el área de cooperación, programación y realiza-ción de diplomados, postgrados, maes-trías, conferencias, seminarios y talleres, otorgamiento de becas y cursos de adiestramiento, y realización de cursos y programas de visitas y pasantías, entre otras”, sostuvo Vásquez Sámuel.

Las instituciones fi rmantes designarán a uno o varios encargados de la elabo-ración y vigilancia del efectivo cumpli-miento de las diversas actividades com-prendidas en el programa de ejecución que fueren necesarias, para ejecutar los acuerdos específi cos y planes de trabajo pertinente a dicho programa.

En tanto que el funcionamiento de las modalidades de cooperación defi nida en el Convenio, y los términos, condicio-nes y procedimientos de ejecución de cada proyecto, tendrá vigencia indefi ni-da, a partir de su fi rma; pero las partes podrán dar término al mismo, mediante comunicación escrita por correo certifi -

cado, con acuse de recibo a la otra parte, con un plazo anticipado de 60 días.

CARMJ- CODOPSI

Tras la fi rma de este acuerdo, el CAR-MJ y CODOPSI aunaron esfuerzos para desarrollar acciones conjuntas, con el objetivo de contribuir a enfrentar la vio-lencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, y garantizar los derechos de los mismos y el acceso pleno de estas dimensiones sectoriales de la sociedad hacia los canales de la administración de justicia.

En ese sentido, promueven la realiza-ción de eventos tales como: congresos, diplomados, seminarios, talleres, con-versatorios, charlas, entre otros eventos, y también acciones que tiendan a ges-tionar los recursos humanos, técnicos y económicos a su alcance, a los fi nes de apoyar y fortalecer programas educati-vos y de capacitación en garantía de los derechos de la niñez, adolescentes y la familia.

De igual forma, el acuerdo suscrito en-tre el comisionado de Justicia, Vásquez Sámuel y la licenciada Genara Tiburcio, presidenta de CODOPSI, comprometió a ambas instituciones, a participar so-lidariamente en actividades y espacios creados para la adecuación, así como proyectos y trabajos, enfocados a la ca-pacitación de los internos de los centros de Corrección y Rehabilitación y su ree-ducación y reintegración en la sociedad.

Acordaron designar a una persona como enlace representante de cada ins-titución que garantice la continuidad y el seguimiento oportuno del presente Convenio, y su evaluación cada tres (3) meses.

De manera particular, el CODOPSI se comprometió a prestar asesoría, parti-cipar y apoyar con facilitadores en con-gresos, diplomados, seminarios, talleres, conversatorios, charlas, en cualquiera de las áreas que el CARMJ lo requiriere.

Lino Vásquez Sámuel y Genara Tiburcio al momento de la � rma.

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Estudian implementar brazaletes electrónicos en el paísSanto Domingo.- El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia recibió una comitiva de los go-biernos de Portugal y Brasil, en busca de conocer e intercambiar conocimientos sobre la implementación del sistema de pulseras electrónicas en el país.

La comitiva fue recibida por el comisio-nado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, el fi scal de la provincia Santo Domingo, magistrado Perfecto Acosta y los licenciados Marién Montero y Ro-berto Santana, directora ejecutiva del CARMJ y director general de la Escuela Nacional Penitenciaria, respectivamente, quienes recibieron asesoría en torno al uso de brazaletes o localizadores elec-trónicos, aplicados a los imputados que se encuentren cumpliendo medidas de coerción.

La información, dada a conocer por el

comisionado de Justicia, indica que los representantes internacionales observa-rán el sistema penitenciario dominicano para estudiar las posibilidades de traer y aplicar sus experiencias con el uso de pulseras electrónicas. Posteriormen-te, una delegación criolla se trasladará a Portugal para conocer cómo funcio-na en el terreno, cual tecnología usa, y cómo opera su personal.

“Nosotros aspiramos a que nos sirva para unirla con otras experiencias que ya he-mos tenido con el sistema de justicia de Puerto Rico y con un plan piloto que se ejecutó en el 2007, aquí en República Dominicana, dijo Vásquez Sámuel.

Asimismo, señaló que uniendo todas esas experiencias será implementado en el país ese sistema, de acuerdo con las posibilidades y con la base legal que tiene el país.

Los brazaletes electrónicos son unos dispositivos parecidos a un reloj, que se coloca en la muñeca o en un pie del imputado y emite una señal de radiofre-cuencia que es recibida por un receptor. Si es para prisión domiciliaria, el aparato es instalado en la casa del interno, el cual va conectado a la línea telefónica y por ahí se conecta a la empresa o institución que monitorea al preso, por medio de Internet. Este aparato indica, varias veces al día, que todo está en orden, y si hay alguna anomalía.

En representación de Portugal estuvie-ron Luis Sisourio Courfo y Nuno Caiado, por Brasil, Alexandre Cabana y Wagner A. Da Silva, quienes ofrecieron sus expli-caciones, en la sede del CARMJ, sobre el sistema penitenciario en sus países, y las ventajas y los costos de la medida co-rreccional que esperan implementar en la República Dominicana.

RECIBEN ASESORÍA DE REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE PORTUGAL Y BRASIL

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El Comisionado de Justicia dona libros a � scalías del país y a la Defensa Pública

Santo Domingo.- El Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) dota de una co-lección de libros especializados a las bibliotecas de las fi scalías del Distrito Nacional; Provincia Santo Domingo y Ofi cina Nacional de la Defensa Pública, con la fi nalidad de expandir y difundir los avances doctrinarios que recogen las reformas normativas del sistema judicial en Iberoamérica.

El donativo consistió en una variedad de textos, entre los que se citan: El De-

recho Penal de la Empresa, La prueba en materia criminal, imputación objetiva, valoración de la prueba, Política Crimi-nal en América Latina; y Derecho Penal, Procesal Penal y Procesal Constitucional.

Las entregas, enmarcadas en el progra-ma Dona Libertad, que el CARMJ de-sarrolla por todas las bibliotecas de los inaugurados recintos del nuevo mode-lo penitenciario, fueron realizadas por el comisionado de Justicia, doctor Lino Vásquez Sámuel, quien destacó que con las mismas, la entidad ratifi ca su com-

promiso de fortalecer la divulgación de la doctrina jurídica y difundir los avan-ces, reformas y normativas del sistema judicial de la República Dominicana.

Lino Vásquez dijo que, con la entrega de estos libros, el CARMJ contribuye con su misión de impulsar un sistema de justi-cia efi caz y efi ciente en la búsqueda de informaciones y enriquecimiento for-mativo de todos los actores del sistema judicial.

Destacó que, con estas acciones, se

CON MIRAS A INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO Y FORTALECER EL SISTEMA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia entrega libros al � scal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra.

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“contribuye a la búsqueda de informa-ciones y enriquecimiento formativo del personal de las fi scalías y la Defensa Pú-blica, en el contenido de los diferentes proyectos que las entidades pongan en práctica.

Por su parte, Moscoso Segarra, agrade-ció el obsequio del CARMJ, pues les dota de libros especializados en derecho pe-nal y procesal penal que les permitirán reforzar la capacitación de los actores del sistema, para contribuir al proceso de avance de las instituciones públicas, edifi cando así una mejor nación.

Laura Hernández, al agradecer el dona-tivo, manifestó que el mismo fortalece y dota de una doctrina especializada en Derecho, a su personal, lo que con-tribuirá a que los defensores públicos, al momento de elaborar sus estrategias de defensa, cuenten con herramientas necesarias para garantizar, con mayor efi cacia, la defensa de los derechos fun-damentales de sus defendidos.

En tanto, el procurador fi scal, doctor Per-fecto Acosta, resaltó la importancia del aporte recibido por el Comisionado de Justicia, ya que le ofrece herramientas

instructivas para un mejor desempeño de sus funciones a las personas adscritas a esas instituciones.

Los donativos se realizaron en los despa-chos de las instituciones benefi ciadas en presencia de empleados y funcionarios.

Laura Hernández, directora de la Defensa Pública recibe de Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, la donación de libros.

Perfecto Acosta y Lino Vásquez Sámuel cortan la cinta para dejar inaugurada una de las bibliotecas donadas por el Comisionado a las � scalias.

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Código de Comportamiento Ético y Cultura del Capital Humano del Poder Judicial

Con la fi nalidad de fortalecer los princi-pios éticos y dejar claras las prohibicio-nes a que están expuestos los miembros del sistema de justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia puso en cir-culación el Código de Comportamiento Ético y Cultura del Capital Humano del Poder Judicial, como parte del Sistema de Integridad Institucional (SII) del Poder Judicial.

La puesta en circulacion contó con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), representada por su director, señor Richard Goughnour.

El doctor Jorge Subero Isa citó que “El código de comportamiento ético repre-senta la columna vertebral de la cultura de los servidores judiciales, y en él se es-tablecen las políticas, los principios éti-cos y las prohibiciones que rigen a estos, en tanto que la cultura de capital huma-no consigna el conjunto de normas que regulan los derechos, deberes, responsa-bilidades e incompatibilidades puestas a cargo de los integrantes del Poder Judi-cial, y de los que aspiran a formar parte del mismo.

Consideró que el sistema de Integridad Institucional es un programa en desa-rrollo que tiene como fi n garantizar el cumplimiento de la misión institucio-nal, el fortalecimiento, la renovación y la efectividad.

Durante su alocución expresó que la administración de justicia no depende sólo del Poder Judicial, sino de un siste-ma que implica a muchas instituciones, y el comportamiento de gobernantes y gobernados, jueces, imputados y/o

imputables y, por lo tanto, se hace ne-cesario establecer normas para su mejor desenvolvimiento.

El Magistrado observó que este sistema viene a promover políticas de hones-tidad y moral pública, independiente-mente de la normativa que, en el marco del Derecho, regulan el ámbito sancio-nador. “Se trata, pues, de un sistema en el que se formulan parámetros y pos-tulados que constituyen aspectos de singular valor en el desempeño de la administración de justicia y su desarrollo institucional”, expresó

FUERA DEL CÓDIGO DE ÉTICA

El doctor Subero Isa destacó que el as-pecto fundamental de la persona es la integridad, relativo a la ética, y, en ma-teria de economía, hay un gran movi-miento donde se habla de la ética en la economía, del empresariado, de la ética en el funcionario público, denotando

la idea de que hay un código, con re-glamentaciones, escritas o no, que real-mente norman la forma de actuar en una sociedad en momentos determina-dos.

“Usted puede ser un buen funciona-rio, un buen empleado, pero si carece de ética, entendemos que esto último arrastra necesariamente al primero, por eso nosotros destacamos que el aspec-to ético es primordial en el desempeño”, consideró el presidente de la Suprema Corte.

Conceptualizó que “en la medida en que seamos transparentes y rindamos cuen-tas a quienes nos eligen, a quienes les debemos la posición, sería, real y efecti-vamente, un mejor país. Lo contrario a la transparencia es la opacidad, que nos impide poder ver hacia adentro; con la transparencia, lo que queremos es que se vea hacia adentro”, dijo el doctor Su-bero Isa.

PRESIDENTE DE LA SUPREMA PONE EN CIRCULACIÓN

Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia.

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Juristas Dominicanos participan en curso de especialidad en Derecho ConstitucionalSanto Domingo.- Una delegación de operadores jurídicos y miembros del sistema de justicia, integrada por el pro-curador general de la República, Radha-més Jiménez Peña, el primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luciano Pichardo y el comisio-nado de Justicia, Lino Vásquez Sámuel, viajará a España para participar en un curso de especialidad en Derecho Cons-titucional, que se celebrará en el campus de Albacete, de la Universidad Castilla la Mancha (UCLM), España, del 5 al 16 de julio, como parte de un acuerdo interins-titucional suscrito entre el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ) y esa casa de altos estudios.

La especialidad internacional tiene como objetivos, la formación de profe-sionales del Derecho en el ámbito de los derechos y libertades fundamentales, sus garantías y el control de la consti-tucionalidad, en la comprensión de los principios esenciales de las noveles ins-tituciones democráticas en la República Dominicana y su relevancia dentro de la sociedad.

Además, formar a los participantes en el dominio de las técnicas de interpreta-ción constitucional y su posición e im-portancia en la práctica del Derecho; en la teoría y en la Jurisprudencia Constitu-cional actual y comparada.

Está dirigido a jueces, fi scales, defensores públicos, militares, policías, académicos, operadores jurídicos, abogados y demás actores del sistema de justica.

Los docentes, connotados profesores de la Facultad de Derecho de la UCLM, entre ellos el profesor Marcos Masso Ga-rrote, miembro de la Primera Comisión para la Visión y Análisis Comparativo de las Reformas Constitucionales en Ibe-roamérica, señalaron que el curso será impartido en 100 horas académicas pre-senciales; 50 de tutorías y otras 100 de trabajos de investigación.

Entre los juristas que viajarán a España, a participar de la especialidad académi-ca, fi guran Pedro Domínguez Brito, fi scal nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana; Moisés Ferrer, procurador adjunto, director de PGASE; Manuel de Jesús Pérez Sanchez, director de prisiones; Perfecto Acosta, fi scal de la provincia Santo Domingo; Manuel Peña

Conce, director ejecutivo de la Mesa Na-cional de Decanos, entre otros.

La visita de la delegación dominicana al campus de Albacete es fruto del acuer-do fi rmado entre el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia; el Colegio de Abogados, sec-cional de Santiago; y la UCLM, mediante el cual se comprometen a colaborar en la organización e impartición de progra-mas, cursos, diplomados, especialidades, entre otras actividades educativas.

Estos programas de formación forman parte de las iniciativas que desarrolla el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), en coordinación con la Comisión Nacio-nal de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (CONAEJ).

En Universidad Castilla-La Mancha, España

Campus Albacete de la UCLM

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Comisionado de Justicia capacita o� ciales y alistados PN en manejo y presentación de pruebasEl Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), en coordinación con la Comisión Na-cional de Ejecución de la Reforma Proce-sal Penal (CONAEJ), capacitó a decenas de ofi ciales superiores y subalternos de la Policía en materia de levantamiento de pruebas en las escenas de algún cri-men o delito, quienes participaron en el curso-taller: la Investigación y Custodia de la Prueba en el Proceso Penal Domi-nicano.

La actividad educativa, realizada con el objetivo de fortalecer a los miembros de la Policía Nacional con las herramien-tas y conocimientos legales necesa-rios para aplicar con efi cacia los juicios teórico-prácticos al momento de hacer una investigación, levantar pruebas y documentarla, en los procesos de inves-tigación de un hecho, ya sea en materia de crímenes o delitos, fue desarrollada y clausurada con éxito, como parte de las iniciativas del CARMJ en materia de capacitación.

La temática diseñada para la ejecución del curso-taller consistió en garantizar los derechos fundamentales consagra-dos en la Constitución, evitando que los procesos sean declarados nulos o inadmisibles, por motivo de actuaciones irregulares dentro de la investigación.

Entre los temas impartidos se citan: La exclusión probatoria de las actas incor-porables al juicio por medio de la lectura en el proceso penal dominicano; Pro-tección de la escena del crimen, Com-

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petencias del Ministerio Público y de la Policía Nacional.

El personal docente estuvo compuesto por los doctores Abelardo Arévalo, Ase-sor Policial de la Embajada de los Estados Unidos; David la Hoz, catedrático de De-recho Procesal Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); la licenciada Yáskara Vargas Flores, abo-gada en materia penal y el General de Brigada (r) Simón E. Báez Guerrero, P.N. entre otros.

En la actividad desarrollada en el Institu-to Policial de estudios superiores (IPES), recibieron sus diplomas de participación unos 200 miembros activos de la unifor-mada policial. Joselito Bautista entrega certi� cado a uno de los participantes.

El teniente coronel PN Víctor Lozada, entrega certi� ado de participación.

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Seminario de capacitación a o� ciales de las Fuerzas Armadas sobre Aspectos generales de la nueva ConstituciónEl Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ), con-tinuando con sus programas de capacitación, auspició el Seminario-Taller Aspectos generales de la nueva Cons-titución, relacionados con las Fuerzas Armadas, dirigido a ofi ciales superiores y subal-ternos del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

El acto de apertura se realizó, el miércoles 17 de marzo, en el Salón General de División José Antonio Salcedo, del Centro de Operaciones Con-juntas, de las Fuerzas Arma-

El ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Pedro Rafael Peña Antonio y Lino Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, presiden la mesa de honor.

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das, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

El Seminario se desarrolló, con el objetivo de dar a co-nocer a los participantes los aspectos principales de la nueva Constitución, re-lacionados con las Fuerzas Armadas, y de transferir a los ofi ciales superiores una metodología de multipli-cación de los mismos; todo eso, orientado a que se com-prenda el proceso interno en curso de reforma normativa, adecuación y armonización del código de justicia militar de la nueva Carta Magna

En el marco del acto de inau-guración, el doctor Lino Vás-quez Sámuel, comisionado de Justicia, explicó el alcan-ce de la nueva Constitución, la que incorpora el Estado de Derecho, social y democrá-tico como norma de convi-vencia humana.

Al término de sus palabras de apertura, Vásquez Sámuel entregó al ministro de las Fuerzas Armadas, teniente

general Pedro Rafael Peña Antonio, ejemplares de la nueva Constitución de la República Dominicana, para que sean distribuidos entre miembros de esa institución castrense.

El ministro de las Fuerzas Ar-madas dominicanas, agrade-ció el gesto de colaboración del comisionado de Justi-cia, resaltando que la nueva Constitución de la República

reafi rma y legitima al orga-nismo que representa, como garante de la soberanía de la Nación dominicana

El licenciado Eduardo Jorge Prats, destacado jurista y es-pecialista en Derecho Cons-titucional, dictó una confe-rencia magistral, en la que explicó que, a diferencia de las constituciones de otros países, la Reforma Constitu-cional dominicana consagra

nuevos derechos funda-mentales, garantías consti-tucional y políticas para el desarrollo, y, de manera muy puntual, abordó los temas sobre la misión y el carácter de las Fuerzas Armadas; la ca-rrera militar; competencia de la jurisdicción militar y régi-men disciplinario; el Consejo de Seguridad y Defensa Na-cional; y el carácter defensivo de los cuerpos de seguridad pública.

Lino Vásquez Sámuel se dirige a los presentes

Eduardo Jorge Prats dicta su conferencia.

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Baní.- Con una inversión superior a los 12.9 millones de pesos en infraestruc-tura, y 2.3 millones en equipamiento, quedó inaugurado el moderno Centro de Corrección Baní-Mujeres, el cual per-tenece al Nuevo Modelo Penitenciario dominicano. El moderno centro cumple con los más altos estándares de calidad humana requeridos a nivel internacional por las diversas instituciones que agru-pan los derechos humanos. Cuenta.

Con una moderna biblioteca donada por el Comisinado de Justicia, centro de Internét, área para niños (para las visitas de los hijos de las internas), un pequeño colmado, salón de belleza, área de cla-ses, patio de recreación, varios baños, cómodos dormitorios, área de esparción con televisión, entre otras condiciones.

Al bendecir la obra monseñor Freddy de Jesús Bretón, valoró el empeño de la Procuraduría por adecentar el sistema

penitenciario dominicano, al tiempo de hacer un llamado al procurador general para que agilice los esfuerzos a fi n de que la cárcel pública de Baní (hombres), sea colocada en el mapa de las que se-rán remodeladas e incluidas en el mo-derno sistema penitenciario.

Por su parte, el presidente del patronato de nacional del nuevo sistema peniten-ciario, Luisín Mejía, dijo que hay grupos en el país que se oponen a la imple-mentación de este moderno sistema, a los que llamó inhumanos. De igual for-ma, criticó a las autoridades y personas

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, el gobernador de la provincia Peravia, Bienvenido Montero y Vásquez Sámuel, comisionado de Justicia, cortan la cinta para dejar inaugurado el CCR Baní-Mujeres.

Inauguran moderno Centro de Corrección y Rehabilitación Baní-MujeresInstalan biblioteca donada por el CARMJ

El doctor Vásquez Samuel pronuncia el discurso de apertura.

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que se han pronunciado en contra de que en sus provincias se instalen estos centros de corrección y rehabilitación, alegando que la delincuencia aumen-taría, cosa esta que negó rotundamen-te. Criticó también a los que no hacen esfuerzos porque programas como este no avancen porque no generan “votos”. Destacó el reconocimiento de la comu-nidad mundial al sistema penitenciario dominicano el cual dijo se encuentra dentro de los primeros cinco lugares del mundo, y número uno en America Latina.

Por su parte, al dirigirse a los presentes, el procurador general de la República Radhamés Jiménez Peña, invitó a la so-ciedad civil integrarse al mantenimiento y vigilancia de este centro.

Destacó el bajo índice de reincidencia de las personas egresadas del Nuevo Modelo Penitenciario dominicano, el cual dijo es ejemplo en este hemisferio. Propuso a monseñor Freddy de Jesús Bretón, para que dirija el patronato de este centro, a nivel regional. Planteó que en estos centros todo el mundo estudia aunque el que llega analfabeto, en me-

nos de seis meses ya está alfabetizado.

Pidió a todos los presentes estar atentos al desarrollo de este y los demás centros del país recordó que en noventa días in-augurará otro moderno centro en San Pedro de Macorís.

El patronato de este centro aquí en Baní lo componen Pedro Carlo Guerrero, Sol María, Wilson Márquez, José Dicen, Gus-tavo Pimentel, Magnolia Sánchez, José Miguel Germán entre otros.

La actividad fi nalizó con la presentación de un grupo de internas de najayo muje-res, las cuales presentaron una pequeña obra de teatro en la que resaltaron los valores patrios, destacando la capacidad adquirida en los centros de corrección y rehabilitación.

Este es el centro número trece en el país del nuevo sistema penitenciario inaugu-rado desde el 2004, y el número tres es-pecializado en mujeres en el país.

Radhamés Jiménez Peña, Fray Arístides Jiménez Richardson, monseñor Freddy de Jesús Bretón, Roberto Santana, y parcialmente oculto, Luisín Mejía.

Adonis Martín, una agente VTP y Lino Vásquez Sámuel.

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En los años 90s, se llevaron a cabo dos revoluciones importantes: La Revolución de la Política, y la Revo-

lución de la Tecnología.

La Revolución Política derrumbó las fronte-ras: El mercado libre tenía un reino libre, los negocios legales ahora, podrían mover el trabajo, el dinero y los productos con una facilidad sin precedentes y, la economía global creció.

• Los delincuentes aprovecharon esto y las redes criminales se adaptaron rápi-damente.

• La Tecnología hizo más pequeño al mundo.

• La Internet le permitió a los trafi cantes, poner sus redes en el Ciberespacio.

• Conseguir, armas, riñones, mercena-rios, toda clase de productos prohibi-dos.

• Lo más importante es que la banca electrónica, permite a los criminales mover sus ganancias y hacer pagos con tan sólo ir a un cajero electrónico.

• Cuando están frente a un cajero, están frente a una frontera.

El mundo entero está viviendo una inva-sión de dineros ocultos sin controles, que están ejerciendo gran presión frente a las economías y los estados.

Este dinero ha generado daños profundos

a todos los sectores, públicos y privados, en sus diferentes instancias, y lo peor de todo es que cada día este dinero es más atractivo para la población, por el desco-nocimiento de sus efectos nocivos, de tal forma que su crecimiento es incontrolable, hasta tal punto que los gobiernos intentan detenerlo, pero las fortunas son muy gran-des y están mezcladas.

Este mercado ilegal de armas, drogas, per-sonas, falsifi caciones/piratería, que genera dinero sucio….está cambiando al mundo.

la globalización:

BEATRIZ ARENAS MONTALVO

Mercado negro… dinero criminal….

EL LADO OSCURO DE

La economía clandestina no saca a la gente de la pobreza. Puede que, en el comercio del mercado negro, no se hale del gatillo... pero están matando de otro modo.

La parte más molesta de todo esto es que los res-ponsables, casi nunca son llamados, para que respondan por sus ac-

ciones. Las perspectivas al interior de los países, son in uenciadas por

sus culturas.

beamtaty@hotmail.com

Consultora del De-partamento de Estado para Centro Améri-ca y el Caribe de la Agencia de Asuntos Antidrogas(NAS), de la Embajada de EE.UU en República Dominicana

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La avaricia de la población es lo que impulsa el comercio ilegal. Las grandes acumulaciones de estos dineros sucios, son el poder real, están socavando a gobiernos enteros, están controlando votos, están controlando sistemas polí-ticos. Puede herir, lisiar, e incluso…ase-sinar.

La economía clandestina no saca a la gente de la pobreza.

Puede que, en el comercio del mercado negro, no se hale del gatillo….pero es-tán matando de otro modo.

El comercio ilegal está creciendo a una velocidad impresionante, y lo vemos de una forma inofensiva; pero con él, viene una ola mundial de crimen. Este mer-cado es manejado por personas muy profesionales que se protegen, entre ellos mismos; fomentan la corrupción, con dividendos y sobornos. Las aduanas es un ejemplo palpable de un sector in-controlable, por su envergadura, donde las mafi as hacen su gran debut, domi-nan el manejo de la salida y llegada de muchas de estas mercancía corrompen, sobornan por los grandes intereses, en-tre otras acciones. El soborno es el motor del comercio ilegal, en todo el mundo.

Hay redes ocultas en todo el mundo, manejando el comercio ilegal paralelo, con mercancías falsifi cadas:

Esta Industria es enorme, emplea mucha gente, alimenta muchas familias.

Estas redes están vinculadas con las agencias gubernamentales, que cual-quier acción drástica para eliminarla, d e s e s t a -bilizaría a cua lqu ie r g o b i e r n o que lo in-tente.

A los gobiernos, les está resultando im-posible luchar contra esa clase de acti-vidades ilegales, porque las cifras son enormes, están en todos lados, están bien comunicados, tienen sus redes pro-pias.

Estas redes criminales pueden falsifi car desde una simple navaja, hasta una pie-za de un avión.

Ya hemos tenido de cerca casos de fal-sifi cación de medicamentos, que es un acto tan criminal como disparar con un arma, puede considerarse un acto terro-rista, es mortal.

La difi cultad para detener este mercado es que es global y multinacional.

Cuando el comercio ilegal crece desen-frenadamente, las redes asumen el po-der y dominan la ciudad.

Las grandes amenazas las tienen los países en sus fronteras, en puertos sin controles, aduanas muy grandes, poca capacidad operativa para la revisión, su-pervisión, controles de calidad, corrup-ción, territorios libres.

El crecimiento de la banca electrónica ha hecho más fácil el lavado de dinero. Los bienes raíces son la forma más po-pular de lavar grandes cantidades de dinero. Los proyectos de la construcción indican con su tamaño, la cantidad de dinero que desean lavar.

Existe una creciente criminalización de la política, donde los criminales están entrando en la política y los políticos se están volviendo criminales.

La parte más molesta de todo esto, es que los responsables, casi nunca son lla-

mados para que respon-dan por sus acciones.

Las perspectivas al interior de los paí-ses, son infl uen-ciadas por sus cul-

turas.

Este mercado ilegal de ar-mas, drogas, personas, fal-si� caciones/piratería, que genera dinero sucio….está

cambiando al mundo.

Fuente: Documental: Ilícito: Dinero, Drogas, Corrupción, de National Geographic.

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De acuerdo con una entrevista rea-lizada por Mario Campos, referida por el escritor Juan Manuel Ramí-

rez Velasco, en su trabajo titulado Pobreza: origen de la delincuencia, un indicio que apunta hacia el crimen organizado, y que fue publicado el 26 de julio de 2009, en la página de Internet suite101.net, el perio-dista Raymundo Riva Palacio señala que el crimen organizado representa una alterna-tiva sumamente importante para personas en condiciones de pobreza, dado las can-tidades de dinero que se les ofrecen por la realización de actividades relacionadas no sólo con el crimen organizado, sino con el comercio, con la condición de cumplir con ciertos lineamientos.

En ese sentido, ha sido leyendo y anali-zando de manera comprensiva el artículo titulado Comercio internacional y pobreza mundial, publicado por Alieto Guadagni y Jorge Kaufmann en la revista de la CEPAL, correspondiente al Número 84, del mes de diciembre del año 2004, que he observado la existencia de una estrecha relación entre la criminalidad organizada, los niveles de pobreza a escala mundial y los aranceles aduaneros a los productos agrícolas que establecen los países desarrollados.

Así, los señores Guadagni y Kaufmann in-dican que, según datos del Banco Mundial, en el período comprendido entre el 1990-2001, la pobreza aumentó de 2, 689 a 2,733 millones de personas. En ese mismo perío-do, la población pobre de África aumentó de 233 a 321 millones; según las proyeccio-nes para el año 2005, la tasa de pobreza ex-trema sería de 13,3% en África, 9,3% en Asia, 7.5% en América Latina y 1,4% en Europa

Oriental. Según el Word Bank Institute, tres de cada cuatro pobres viven en áreas rura-les; el 63% de la población, y el 73% de los pobres viven en áreas rurales; en los países menos desarrollados, la tasa de pobreza de los hogares rurales alcanza a casi el 82%: en África; al sur del Sahara, el 48% de la pobla-ción vive con menos de un dólar al día; el 77%, con menos de dos dólares; y según el Banco Mundial, la participación rural en el número global de pobres no bajará del 50% antes del 2035.

En cuanto concierne a los aranceles adua-neros y relacionándolos con los datos y ci-fras señalados, los cuales hacen referencia a la pobreza a escala global, nos dicen los autores, antes mencionados, que las impor-

Crimen Organizado

Según el Instituto Interna-cional de Investigaciones sobre políticas alimenta-

rias, los países en desarro-llo pierden 40,000 millo-

nes de dólares al año, por menores exportaciones, debido al proteccionismo agrícola de los países de-

sarrollados.

Un aspecto importantísimo para atacar la delincuencia transnacional es el uso de las tecnologías.

comercio internacional y pobreza mundial

VAUGHN GONZALEZvaughngonzález@hotmail.com

Procurador Fiscal Adjun-to del Distrito Nacional

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taciones agrícolas que aplica la Unión Europea alcanzan en promedio a 20% y a 9%; en el caso de Estados Unidos es de 8,9%, y en la Unión Europea es de 7,9%.

Según el Instituto Internacional de In-vestigaciones sobre políticas alimen-tarias, los países en desarrollo pierden 40,000 millones de dólares al año, por menores exportaciones, debido al pro-teccionismo agrícola de los países de-sarrollados.

Los países en desarrollo pierden in-gresos netos de alrededor de 24,000 millones de dólares al año, por el pro-teccionismo agrícola de los países in-dustrializados; América Latina tiene una pérdida anual de ingresos estima-da en 8,300 millones de dólares, debi-do al proteccionismo agrícola de los países desarrollados; los bienes agrí-colas provenientes de América Latina, que acceden a los mercados de los países industrializados, pagan un aran-cel de 20, 4%, mientras que, las expor-taciones de bienes no agrícolas de los países industrializados entran a Amé-rica Latina con un arancel de 8.5%; el subsidio anual, por vaca, alcanza a casi 1,000 dólares en Japón, es decir que la Unión Europea le concede a cada vaca 2,67 dólares al día, y Japón 11,86.

Además, explican los articulistas, que los países industrializados aplican re-cíprocamente aranceles del 1% sobre sus importaciones de manufacturas; pero gravan en 5% las provenientes

de Asia Oriental; en 6%, a las de Medio Oriente, y en 8%, a las del sur de Asia; solamente un cuarto de cada dólar, de apoyo al productor llega al bolsillo

de los agricultores. Las medidas pro-teccionistas afectan grandemente los principales productos agrícolas, a nivel mundial, tales como el algodón, cuyos aranceles perjudican a los 11 millones de productores de África Occidental; el azúcar, cuya protección por la Unión Europea, Japón y Estados Unidos as-ciende a 6,400 millones de dólares, que equivalen al valor de las exportacio-nes totales de los países en desarrollo; el trigo, cuyos aranceles son altos; el maní, cuya liberalización proteccionis-ta conllevaría benefi cios a países como Gambia, Malawi, Nigeria, Senegal y Sudáfrica; el arroz, cuya desprotección benefi ciaría a los productores de Cam-boya, China y Vietnam, así como tam-bién a otros países pobres.

Sin lugar a dudas, los datos y cifras que aportan Guadagni y Kaufmann nos indican muy claramente que los aranceles agrícolas de los países indus-trializados inciden grandemente en la pobreza y, por consiguiente, en los niveles de criminalidad organizada a nivel planetario.

De modo y manera, pués, debido a la importancia de tales datos, podemos afi rmar con vehemencia que hay una estrecha vinculación entre crimen or-ganizado, comercio internacional y po-breza mundial.

“...entre el 1990-2001, la pobreza aumentó de

2, 689 a 2,733 millones de personas. En ese mis-mo período, la población pobre de África aumentó de 233 a 321 millones; según las proyecciones

para el año 2005...”

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