revista izquierda n°54, junio de 2015

Conflicto y solución política Las responsabilidades en el conflicto: La necesidad del reconocimiento de una responsabilidad sistémica · Hacer la

guerra como si no hubiera negociaciones; negociar como si no hubiera guerra · De los acuerdos a los desacuerdos Subversiones intelectuales No diga:

bienes ‘comunes’. ¡Diga: bienes comunales! Nuestra América Caravana 43 Capitalismo en crisis Sobre las recientes protestas contra la violencia

policial en los Estados Unidos Neoliberalismo rampante 50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP Libros

Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos críticos Editorial Trascender la “justicia transicional” para consolidar la solución política

Nº 54 JUNIO / 2015 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

Jairo Estrada Álvarez DirectorJesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción

Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332Nº 54, Junio de 2015. Bogotá, Colombia

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reproducirse libremente, conservando sus créditos.

Conflicto y solución política

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Las responsabilidades en el conflicto: La necesidad del reconocimiento de una responsabilidad sistémicaVíctor Manuel Moncayo Cruz

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Hacer la guerra como si no hubiera negociaciones; negociar como si no hubiera guerra: La necesidad de un cese bilateral al fuegoSantos Alonso Beltrán Beltrán

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De los acuerdos a los desacuerdos Sobre el papel del movimiento popular frente a las salvedades existentes en la Mesa de La HabanaPatricia Sánchez García

Subversiones intelectuales

30

No diga: bienes ‘comunes’. ¡Diga: bienes comunales!‘Lo común sin comunidad’ en el nuevo neoliberalismo de E. OstromJosé Francisco Puello-Socarrás

Nuestra América

38Caravana 43 La negativa a aceptar y el compromiso de resistirMiguel Gualdrón Ramírez

Capitalismo en crisis

46Sobre las recientes protestas contra la violencia policial en los Estados UnidosAaron Tauss, Jonathan Stiven Piedrahita Usuga

Neoliberalismo rampante

54

50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIPCarlos Enrique Bayo

Libros

60Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos críticos

Editorial

66Trascender la “justicia transicional” para consolidar la solución políticaJairo Estrada Álvarez

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Las responsabilidades en el conflicto:La necesidad del reconocimiento de una responsabilidad sistémica

Víctor Manuel Moncayo C.

Profesor eméritoEx Rector de la Universidad Nacional de ColombiaRelator de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas

Responsabilidades y verdad del conflicto

En la fase actual del desarrollo de las conversaciones que se adelantan en La Habana, la atención se ha volcado sobre las

responsabilidades en el conflicto, sobre todo porque el debate gira casi que exclusivamente sobre cómo satisfacer a las víctimas mediante la justicia.

Del lado de las fuerzas alzadas en armas escuchamos casi perma-nentemente que su explicación remite, de manera inicial, a la admisión de que, como sujetos individuales o como integrantes de la organiza-ción armada, han realizado tanto acciones principales como conexas o complementarias que han producido efectos lesivos, que es la respuesta que desean escuchar los interlocutores gubernamentales y, en general, la opinión pública, alimentada y aupada por los medios de comuni-cación, cuya visión exclusiva es relacionar esos comportamientos con las modalidades típicas de criminalidad definidas en el orden interno o internacional. Pero, se agrega que todo ese accionar corresponde a una decisión considerada legítima de insurrección o rebelión frente al orden establecido, caracterizado por rasgos de injusticia, desigualdad, inequidad y exclusión.

Esa respuesta es indudablemente insuficiente. Por esa razón, las par-tes del conflicto acordaron hace algún tiempo en la Mesa de Diálogos,

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organizar una Comisión especializada, que fue de-nominada la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, con la misión de que, en forma indepen-diente y autónoma, sus integrantes contribuyeran a la verdad del conflicto y, de esta forma, dieran a las partes un insumo que fuera útil para avanzar en sus deliberaciones. De esta manera, se estaba reconocien-do que para las partes, reconocidas recíprocamente como intervinientes en el conflicto, era necesario acercarse a un entendimiento sobre la naturaleza del mismo, como elemento clarificador de las materias de discusión que aún restan por acordar, tales como las relativas a las víctimas y a las responsabilidades.

El Orden Social Vigente y la causalidad del conflicto

Aun cuando es indudable que el contenido de los informes de los integrantes de la Comisión y de sus relatores son plurales y heterogéneos, un análisis objetivo de ellos, más allá de las descalificaciones ma-lintencionadas o derivadas del desconocimiento de su contenido, significación y alcance, permiten avanzar en algunas proposiciones que, en medio de enten-dimientos y lenguajes distintos, aportan claridad y ayudan a marchar en la dirección requerida hoy por el proceso de paz.

En primer lugar, hay que destacar que todos los informes tienen un referente común, así en algunos casos no se haga explícito. Nos referimos a la tesis central de que el Orden Social Vigente en Colom-bia es la realidad explicativa del conflicto armado. Hablar de Orden Social Vigente significa reconocer que en la sociedad colombiana rige y se reproduce un sistema específico de organización social que, a pesar de los tabúes lexicográficos, no es otro que el sistema capitalista, que algunos defienden y otros controvier-ten con la aspiración de superarlo y sustituirlo.

Con independencia de las teorías y de las posicio-nes ideológicas y políticas, es innegable que ese Orden Social Vigente tiene unos rasgos que lo caracterizan

http://noticias.univision.com/article/2152369/2014-12-06/mexico/noticias/cronologia-de-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa

Nº 54, Junio de 2015 · Bogotá, Colombia Contenido

y que se expresan en la sociedad por relaciones que afectan en forma negativa a la mayoría de la pobla-ción y que dibujan un panorama de dominación y exclusión.

Según los informes de la Comisión, ese Orden Social Vigente que es realmente existente enfrenta dos posiciones opuestas: La de quienes lo critican y rechazan y la de quienes lo comparten y defienden. En otras palabras las manifestaciones de insurgencia o contrainsurgencia. Ambas saben de su existencia, pero con expresiones frente a él de distinta natura-leza. En este sentido, son inherentes al Orden Social Vigente; como lo planteamos en la relatoría de la cual fuimos autores, son fenómenos congénitos del mismo. Nacen con él y lo acompañan durante su existencia.

Esos dos tipos de manifestaciones no son simples, sino que tienen muchas expresiones que revisten complejidad tanto en su presentación como en su comprensión. Es más, es habitual considerarlas como realidades que nada tienen que ver con el Orden Social Vigente, como relativamente independientes, autónomas, separadas, desvinculadas, lo cual impide entenderlas debidamente.

Dimensión estatal y aparatos estatalesUna de esas expresiones forma parte del mismo

Orden Social Vigente. Nos referimos a la dimensión estatal. No en el sentido institucional e instrumental de la expresión, sino como una forma particular que requiere el orden para su existencia. Hablamos de dimensión estatal cuando hacemos referencia a esa particular forma de pertenencia que nos define como integrantes de una comunidad política, que nos acos-tumbramos a llamar Nación, y que es la que explica que, como sujetos de ella, aceptemos y reconozcamos que somos partícipes de la definición, organización y funcionamiento del entramado institucional de esa dimensión política, más conocido como el conjunto de los aparatos estatales.

Resulta claro que es esencial el

reconocimiento del Orden Social Vigente como la raíz de la verdad del conflicto. En este sentido, es

necesario para la paz que se busca

dar ese paso de identificación

de la sociedad capitalista como la victimaria esencial.

Obviamente, a partir de allí

pueden enlazarse en forma derivada

los procesos y actores que

han intervenido en el conflicto violento, y los

múltiples factores que coadyuvan su persistencia.



La dimensión estatal así entendida es un elemento histórico del siste-ma de organización capitalista, que requiere para operar socialmente de aparatos estatales pero que no se confunde con ellos. En otras palabras, nos acostumbramos a llamar Estado a los aparatos institucionales en los cuales se materializa la dimensión estatal, y por ello la identificamos sólo en los poderes públicos (ejecutivo, legislativo, judicial, en los cuerpos que detentan y ejercen el monopolio de la fuerza ‒fuerzas militares y de policía‒), en el régimen político imperante, en los gobiernos, en las au-toridades, en los partidos políticos, etc. Pero si bien la dimensión estatal requiere esos aparatos y son parte de ella, no son la dimensión misma que, como forma social política, los trasciende.

Sabemos, sin embargo, que esa conceptualización es difícil, y más aún comunicarla, pero es preciso insistir en ella como guía esencial de la comprensión. Cuando hablamos de dimensión política estamos hacien-do referencia a una particular forma de existencia sin la cual el Orden Social Vigente no puede funcionar. Nosotros mismos, con nuestras ac-ciones, sin pensarlo, la construimos, reiteramos y reproducimos cuando nos movemos en ella. Casi que sin saberlo, contribuimos, por lo tanto, a que reine y perdure el Orden Social de dominación.

La dimensión estatal es, pues, una de las expresiones del Orden Social Vigente y de alguna manera lo materializa, más allá de lo que sean los regímenes políticos, los gobiernos y las autoridades. Como tal esa dimensión está comprometida con la vigencia misma del orden, con su continuidad y reproducción. En tal sentido, puede afirmarse que la dimensión estatal concreta a nivel superior el Orden Social Vigente y el mantenimiento de sus rasgos (injusticia, desigualdad, inequidad, exclu-sión, dominación).

Ahora bien; en una negociación como la que está en curso en La Habana, está sentado en la Mesa un interlocutor de la organización guerrillera que no es la dimensión estatal como la hemos entendido, ni siquiera el conjunto de los aparatos estatales que forman parte de ella, sino una parte muy reducida. Quien está enfrente es lo que se llama Go-bierno Nacional, es decir la llamada Rama ejecutiva del poder público, que pretende obrar en representación de toda la dimensión estatal y de todos los aparatos de ella.

La distinción en la cual venimos insistiendo es central: una cosa es el Estado como dimensión estatal y otra el Estado como los aparatos que la conforman. Ambos pertenecen al Orden Social Vigente, pero no pueden confundirse desde el punto de vista de la explicación histórica. Por ello, si nos referimos al conflicto armado, uno es el compromiso, la


responsabilidad si se quiere, del Estado como dimen-sión estatal, y otro es el de los aparatos estatales que forman parte de esa dimensión. La dimensión estatal responde de manera suprema por el Orden Social Vigente y todas sus consecuencias, mientras que los aparatos estatales tienen responsabilidades derivadas de ese primer orden de responsabilidad.

La responsabilidad sistémicaA partir de lo expuesto, por consiguiente, la tesis

que podría plantearse es la siguiente: la responsabili-dad en relación con el conflicto armado y sus efectos es del Orden Social Vigente. Como la dimensión estatal representa a nivel supremo ese Orden, es en el Estado donde se materializa esa responsabilidad y sus personeros no pueden ser otros que las autoridades propias de los aparatos estatales.

Estamos, entonces, frente a lo que de manera ex-plícita algunos informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas califican como una respon-sabilidad sistémica. Es decir, una responsabilidad que compromete al Orden Social Vigente y como repre-sentante de él a la dimensión política que se expresa por medio de los aparatos estatales, así ese Orden Social Vigente tenga variaciones y transformaciones en el decurso histórico.

Esta tesis está cargada de significación, pues si se afirma el Orden Social Vigente como fuente explica-tiva originaria del conflicto, no en sentido de causa primera, sino de causalidad sistémica permanente, de allí se derivan consecuencias como las siguientes:

a) Tal y como lo advertimos atrás, son esenciales y congénitos del Orden Social Vigente, dos procesos opuestos, en conflicto: la insurgencia o subversión y la contrainsurgencia.

b) Esos dos procesos pueden tener múltiples mo-dalidades de expresión.

En pocas palabras, el éxito del proceso

de paz exige ese entendimiento

político del conflicto violento.

La paz no reside en el abrazo fraterno

y en el perdón, sino en ponerse

de acuerdo sobre una verdad del

conflicto ligada a las características del sistema social y político vigente

en Colombia.



c) En Colombia, por ciertas especificidades his-tóricas, cuya naturaleza ha sido explicada en los estudios y análisis de nuestra realidad, re-cogidos en buena medida por los informes de la Comisión Histórica, esos dos procesos han asumido formas violentas, con diferente inten-sidad y con múltiples formas de participación.

d) La causalidad sistémica entendida como ori-ginaria, no en el sentido de que haya sido primera en el tiempo, sino como causalidad permanente, no es determinante en forma me-cánica, sino a través de numerosas y complejas mediaciones históricas que han contribuido y contribuyen a su efectiva presentación.

e) Esta última precisión es clave para considerar como absolutamente impertinentes todas aquellas consideraciones que provienen del concepto de “test comparativo”, conforme al cual la causalidad y la responsabilidad sistémi-cas son inadmisibles pues no siempre el mismo Orden Social Vigente en otras sociedades ha dado lugar a las expresiones de confrontación violenta. En efecto, ese “test” no tiene en cuenta que es imposible su aplicación a toda sociedad, así impere en ella el mismo Orden Social Vigente genéricamente entendido, pues cada una de ellas tiene especificidades histó-rica distintas y, sobre todo, formas diferentes de presentación del conflicto insurgencia-contrainsurgencia y, en concreto, de balance entre esos dos opuestos.

Apreciemos, ahora, cómo se niega el reconoci-miento de esa responsabilidad sistémica en el con-flicto armado y por qué escapa a toda consideración, cuando se habla de responsabilidades, especialmente

http://www.torturanuncamais-rj.org.br/quem-somos/galerias-de-imagens/#ad-image-1


las que son materia de la función de juzgamiento y sanción por parte del mismo orden y de los aparatos que la ejercen.

Como regla general el Orden Social Vigente no acepta que de él se derivan efectos lesivos en muchos órdenes. Muchísimo menos llega a admitir que pueda existir un juicio sobre esa responsabilidad. Sencilla-mente el Orden Social Vigente no se juzga ni se sanciona a sí mismo.

Pero, excepcionalmente ese Orden Social Vigente se ve obligado o compelido a reconocer, de alguna manera, la responsabilidad sistémica. Un caso específico, casi que paradigmático, es el que puede derivarse del reconocimiento del delito político. En efecto, cuando así procede y admite que las conductas típicas penales puedan ser amnistiadas o indultadas, está reconociendo que ellas se explican por el Orden Social Vigente, pues se otorga cierta “legitimidad” a la resistencia o al descono-cimiento del orden.

Lo mismo ocurre cuando el Orden Social Vigente formula y ejecuta determinadas políticas de “reparación” o las genéricas de “bienestar”. En este caso, está atendiendo los efectos lesivos del mismo orden, busca mitigarlos al menos.

Pero lo que es más importante, es que el Orden Social Vigente, a través de los aparatos de su dimensión política, se vea forzado, en deter-minadas circunstancias, a admitir que la función de juzgamiento que es parte del monopolio de la fuerza, se aplique de manera especial y dife-rente a quienes lo han controvertido alzándose en armas, como ocurre con la adopción de las llamadas “justicias transicionales”, soportando esa decisión en consideraciones tales como la superioridad del valor de la paz, que puede esconder también otros menos altruistas, como el resta-blecimiento alterado del funcionamiento económico-social.

Más que una justicia “transicional”, lo que se requiere es una justicia “especial”, de otro tipo, presidida

por consideraciones distintas de la tipicidad penal ordinaria. Se abre así la perspectiva para configurarla

y diseñarla, con las particularidades que exige la naturaleza del conflicto armado colombiano.



Formas especiales de justicia para una solución política al conflicto armadoEste es el escenario al cual, al parecer, ha llegado el proceso de paz en curso. Sin entrar

en consideraciones relativas a por qué se ha desembocado en este proceso, hechas en esta misma Revista y en otros espacios de análisis teórico-político, éste transita por el terreno de definir formas especiales para el tratamiento de la insurgencia armada y sus efectos.

En esta materia no existen fórmulas o modelos preestablecidos por el mismo Orden Social Vigente, ni mucho menos por la denominada “comunidad internacional” que deban respetarse, como en forma insistente se plantea, para darle cierto alcance a aquella solución que quiere imponerse. El sistema tiene capacidad y autonomía suficientes, pero, obvia-mente, el sentido de tal decisión depende de una confrontación política y no académica o jurídica. En este sentido no es del orden de la razón, sino de la dinámica del conflicto mismo que expresa un estado determinado de la confrontación. En esta dirección podrían entreverse como rasgos de esa alternativa que se busca con cierta desazón en estos momen-tos los siguientes:

1. El punto de partida es un reconocimiento conjunto de las partes de la responsabi-lidad sistémica, con el alcance que se ha precisado, en relación con la existencia del conflicto armado en Colombia, en sus distintos momentos históricos.

2. Reconocida esa responsabilidad sistémica, las conductas o comportamientos indivi-duales o grupales adquieren una significación diferente, pues deben entenderse en el marco o contexto en el cual se inscriben, que no es otro que el de la responsabilidad sistémica.

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3. De alguna manera esto supone entender que la responsabilidad del Orden Social Vigente se desplaza, de manera derivada, hacia las responsabilidades de los sujetos.

4. La responsabilidad deja de ser así exclusivamente subjetiva y, más aún, no entra en el terreno del balance de responsabilidades, como es común apreciarlo en quienes plantean que unos y otros, de uno u otro lado de la confrontación, tienen respon-sabilidades, hasta llegar a consideraciones cuantitativas o de modulaciones por la presentación primera en el tiempo.

5. Dada la particularidad de las responsabilidades así comprendidas, es claro que para apreciarlas no están diseñados los aparatos estatales tradicionales de la justicia y, en especial, la penal. Esta no aprecia sino conductas individualizadas, determinadas por razones subjetivas u objetivas, enmarcándolas dentro de las descripciones típicas de la ley. En ningún caso admite responsabilidades sistémicas en un plano superior que explican las subjetivas, de manera compleja y mediada.

6. Siendo ello así, más que una justicia “transicional”, lo que se requiere es una justicia “especial”, de otro tipo, presidida por consideraciones distintas de la tipicidad penal ordinaria. Se abre así la perspectiva para configurarla y diseñarla, con las particula-ridades que exige la naturaleza del conflicto armado colombiano.

En ese escenario totalmente diferente, desvinculado de ejemplos o ilustraciones traídos de otras situaciones de conflicto violento, cabría apreciar, siempre bajo el primado de la responsabilidad sistémica, responsabilidades individualizables en estas dimensiones:

I. En la dimensión estatal:

a) La responsabilidad de los aparatos estatales: régimen político, gobiernos, fuerzas de-tentadoras del monopolio de la violencia, cuerpos y autoridades, y partidos políticos.

b) La responsabilidad de los agentes individuales que operan en los aparatos estatales: presidentes, ministros, oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía, congresistas, diputados, concejales, gobernadores y alcaldes, funcionarios públicos de todo nivel, jefes, dirigentes y militantes de los partidos políticos.

En esta dimensión las formas de responsabilidad pueden ser múltiples:

a) Por acción o por omisión, conforme a las reglas del sistema jurídico del Orden Social Vigente o por fuera de ellas.



b) Atribuibles a ciertos rasgos o características de los aparatos estata-les (imperfecciones, vicios, debilidades, incapacidades).

II. En la dimensión privada:

a) La responsabilidad de los actores insurgentes bajo formas directas o indirectas.

b) La responsabilidad de los actores contrainsurgentes que por acción han obrado de manera directa, indirecta o ligados a los aparatos estatales.

c) La responsabilidad de actores que han favorecido por omisión, to-lerancia, ambivalencia o ambigüedad la acción contrainsurgente.

d) La responsabilidad de quienes se han asumido expresamente como contrainsurgentes (paras y narcos), los gremios, sus dirigen-tes y los miembros de organizaciones religiosas o de otro carácter.

III. En la dimensión externa:

a) La responsabilidad de gobiernos extranjeros directamente o en relación con aparatos estatales o con el sector privado.

b) La responsabilidad de otras organizaciones externas a la sociedad nacional.

En los términos que se han expuesto, resulta claro que es esencial el reconocimiento del Orden Social Vigente como la raíz de la verdad del conflicto. En este sentido, es necesario para la paz que se busca dar ese paso de identificación de la sociedad capitalista como la victimaria esen-cial. Obviamente, a partir de allí pueden enlazarse en forma derivada los procesos y actores que han intervenido en el conflicto violento, y los múltiples factores que coadyuvan su persistencia.

En pocas palabras, el éxito del proceso de paz exige ese punto de par-tida, ese entendimiento político del conflicto violento. La paz no reside en el abrazo fraterno y en el perdón, sino en ponerse de acuerdo sobre una verdad del conflicto ligada a las características del sistema social y político vigente en Colombia.


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Hacer la guerra como si no hubiera negociaciones; negociar como si no hubiera guerra: La necesidad de un cese bilateral al fuego

Santos Alonso Beltrán Beltrán

Profesor UN-ESAP

El diálogo de paz emprendido por el Gobierno nacional y la in-surgencia de la FARC-EP se dio como una iniciativa bilateral.

Las partes acordaron unos parámetros mínimos para iniciar las conver-saciones y se comprometieron con una agenda amplia de discusión. Los plazos para la búsqueda de un acuerdo de paz nunca estuvieron dentro de los parámetros iniciales de las conversaciones, y jamás se habló de una rendición incondicional del movimiento insurgente. Los requisitos bási-cos para iniciar las conversaciones muestran un momento del conflicto en el que ninguna de las partes se había impuesto totalmente sobre la otra y en relación con el cual la evaluación común era que la prolonga-ción violenta solo traería para las partes, y para las sociedad en general, mas sufrimiento y ningún avance real de alcanzar la victoria en el corto plazo. En ese mismo sentido, estas condiciones mínimas acordadas ‒y no impuestas por ninguna de las partes‒ reconocían una guerrilla que si bien estaba en un reflujo estratégico no por ello estaba derrotada o sin presencia y capacidad bélica en todo el territorio.

En aras de evitar lo que el Gobierno nacional consideraba errores de las anteriores iniciativas de negociación, el proceso se blindó contra la interferencia política de múltiples sectores de poder nacional y se le trasladó a Cuba. Solo al final de las primeras rondas de negociación, y por iniciativa de las FARC-EP, se permitió el desarrollo de foros de participación ciudadana que discutieran los temas de la agenda y



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pudieran servir de insumos para los negociadores. En la misma línea, se acordó la asistencia de delega-ciones de víctimas para que fueran escuchadas por las partes en la Mesa.

Para el Gobierno nacional, la continuidad de la guerra abierta mientras se conversaba en la Mesa se convirtió en una exigencia en el objetivo de mostrar a los áulicos de la guerra, dentro y fuera de la adminis-tración Santos, que no se daba ninguna ventaja a la guerrilla y que las conversaciones no se convertirían en una ocasión para que el movimiento insurgente se fortaleciera. La guerrilla insistió desde el inicio de las conversaciones en la necesidad de un cese bilateral al fuego que redundara en una disminución real de las tensiones en la Mesa que pudieran ser causadas por las acciones militares de las partes en el terreno. Al final se impuso la visión del Gobierno de Santos y la guerra continuó en los territorios.

Como se sabe, posteriormente y en la iniciativa de desescalar el conflicto y dar muestras de paz, la insur-gencia se comprometió con un cese unilateral al fue-go que implicaba la cesación de las acciones ofensivas contra la fuerza pública y la infraestructura, así como otras medidas en la perspectiva de la disminución de la intensidad de la guerra: cesación del reclutamiento de menores y desminado humanitario. Estas iniciati-vas se sumaban a lo que la guerrilla llamó pedagogía para la paz dentro de sus filas. Para la insurgencia, las acciones ofensivas sobre sus tropas en cese al fuego serían respondidas militarmente, toda vez que no podían permitir que la agresión a sus unidades se desarrollara sin respuesta de las tropas atacadas. Por su parte el Gobierno nacional respondió a la guerrilla con la suspensión de los bombardeos aéreos, que se habían convertido en una de las armas más efectivas contra los destacamentos guerrilleros.

Las anteriores características hacían del cese uni-lateral al fuego una iniciativa muy importante en la perspectiva de disminuir la intensidad del conflicto. Además, se convertía en la entrada a un proceso de

http://www.demotix.com/news/2520035/international-day-victims-enforced-disappearances-bogota#media-2519882


construcción de un cese bilateral. Sin embargo, también era manifiesta su debilidad e inestabilidad por la falta de voluntad del Gobierno nacio-nal, que, ante el cese unilateral de la guerrilla, insistió en la continuidad de las acciones de la fuerza pública en todo el territorio.

La historia reciente del proceso de negociación muestra la debilidad de la medida adoptada unilateralmente por la guerrilla; y el arreciamien-to ulterior de la confrontación, la incapacidad del establecimiento para avanzar en una disminución real de la intensidad de la guerra. En un hecho confuso, mezcla de error de la fuerza pública y reacción ofensiva de FARC-EP en medio del cese unilateral, la guerrilla asestó un gol-pe militar al ejército con un saldo infausto de más de una decena de militares muertos. Las reacciones del sector guerrerista al interior del Gobierno nacional y de la opinión pública alineada con los sectores más críticos del proceso, fue la de considerar este hecho como una muestra de la doble estrategia de la insurgencia y, por ello, llamaron si no al rompimiento del proceso sí a su suspensión y a la exigencia de condi-ciones imposibles de cumplir por parte de la guerrilla en su calidad de movimiento insurgente aún en armas: desarme y concentración de sus efectivos y abordaje inmediato de la reincorporación de la guerrilla a la vida civil mediante un proceso casi judicial a sus efectivos.

El Gobierno de Santos presionado por los militares en retiro, por los innumerables detractores del proceso y por la opinión pública manejada por los guerreristas medios de comunicación, levantó la suspensión de los bombardeos y exhortó a los militares a desarrollar labores ofensivas

La terrible y sangrienta tempestad luego del rompimiento del cese decretado por la guerrilla debería poner a pensar

al país sobre los resultados nefastos de la guerra. En una sola semana decenas de colombianos murieron y

cientos fueron desplazados de sus lugares de origen; el miedo y la zozobra se apoderaron de miles de habitantes

del territorio nacional que viven en las zonas donde la guerrilla tiene presencia y donde con seguridad se

desarrollarán choques armados en lo sucesivo. La guerra no es bella ni siquiera para los guerreros, y su estela de

muerte victimiza a los sectores sociales más vulnerables.



contra la insurgencia. En los días posteriores la fuerza pública asestó fuertes golpes a es-tructuras de FARC-EP. En el Cauca fueron dados de baja mas de veinte guerrilleros, en Antioquia la cifra pasó de diez y en Choco se eliminó a un importante comandante del grupo subversivo junto a cuatro miembros mas de su escolta personal. En Caquetá, en un operativo militar de la fuerza públi-ca, murieron dos guerrilleros pero junto a ellos también cayeron dos personas civiles, miembros de organizaciones sociales y co-munitarias del departamento. La arremeti-da contra FARC-EP causó terror en las po-blaciones aledañas que se desplazaron a las cabeceras municipales huyendo del fuego cruzado que se desarrollaría como respuesta armada del grupo guerrillero.

En menos de una semana, el proceso de paz se vio amenazado y la posibilidad de su ruptura fue casi inminente. Las FARC-EP muy difícilmente encajaron el golpe sufri-do, más aún cuando miembros de la propia delegación de paz, trasladados a Colombia,

perecieron en los bombardeos. Por su parte, el gobierno de Santos aprovechó la situación para exigir mayor celeridad en los diálogos y azuzar a las tropas para que no cejaran en su labor de atacar a la insurgencia. Como se sabe, el proceso sobrevivió, pero la desconfianza entre las partes se ahondó, la desesperanza del país nacional también creció y los enemigos del proceso se cebaron con la desgracia de más de 70 muertes en menos de una semana.

La importancia del cese unilateral al fuego

Para los defensores de la guerra, el cese unilateral al fuego era simplemente una estratagema de la FARC-EP, y no una verdadera acción tendiente a dar muestras de paz. En este sentido, el Ministro de De-fensa, el Procurador General de la Nación y el ex presidente y ahora senador Uribe Vélez, como representantes del sector gue-rrerista, llamaban a desatender el señuelo que la insurgencia vendía en pos de obligar

Una de las Madres en un acto de recuerdo en la ex ESMA, junto al retrato de su hija desaparecida a los 18 años. Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo


Para los defensores de la guerra, el cese unilateral al fuego era simplemente una estratagema de la FARC-EP, y no

una verdadera acción tendiente a dar muestras de paz. En este sentido, el ministro de Defensa, el Procurador

General de la Nación y el ex presidente y ahora senador Uribe Vélez, como representantes del sector guerrerista,

llamaban a desatender el señuelo que la insurgencia vendía en pos de obligar al Gobierno a caminar por el sendero del cese bilateral al fuego. Sin embargo, los resultados

de la medida adoptada por la guerrilla demostraron que, aun con el asedio de las fuerzas militares, los

combates disminuyeron en una proporción importante y, en consecuencia, también el número de víctimas.

Las Madres de Plaza de Mayo en la 2.ª Marcha de la Resistencia, ocurrida entre el 9 y el 10 de diciem-bre de 1982. Tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo



al Gobierno a caminar por el sendero del cese bilateral al fuego. Sin embargo, los resultados de la medida adoptada por la guerrilla demos-traron que, aun con el asedio de las fuerzas militares, los combates dis-minuyeron en una proporción importante y, en consecuencia, también el número de víctimas. Para el CERAC, en los cinco meses de cesación unilateral por parte de FARC-EP, los combates se redujeron en más de un 90% y se dejaron de producir por lo menos 650 víctimas mortales.

Además de la disminución de las víctimas, el cese unilateral permi-tió que las partes se preocuparan por desarrollar mecanismos alternos para disminuir la crueldad de la confrontación armada; mecanismos encaminados a la finalización de la guerra interna. El cese unilateral al fuego puede calificarse como una especie de aprendizaje con miras a desarrollar las acciones intermedias necesarias para la dejación de armas por parte de la insurgencia. En varias ocasiones, la guerrilla ha manifestado que si bien no habrá una entrega de armas, éstas sufrirán un proceso según el cual ya no serán necesarias para el desarrollo de la contienda política. La experiencia negativa de la guerrilla respecto de procesos anteriores y el asesinato de militantes y simpatizantes de las guerrillas desmovilizadas, los impele a plantearse la necesidad de desa-rrollar un proceso complejo de dejación de armas. En este objetivo, el cese unilateral puede calificarse como un primer paso en el aprendizaje que sus militantes deben desarrollar con miras a la reincorporación a la vida civil. Para el Gobierno nacional esta experiencia puede inter-pretarse como una forma de comprobar que la guerrilla aún es una organización cohesionada, con capacidad de imponer decisiones en toda su estructura y de garantizar, con ello, que los acuerdos a los que se llegue serán cumplidos por todos sus integrantes. Además, el Gobierno debería también aprender de esta experiencia la forma en la que debe controlar a las fuerzas armadas que deberán garantizar la estabilidad de un cese total al fuego.

También con ocasión de la decisión de las FARC-EP, algunos sectores sociales se movilizaron en torno a la exigencia de la disminución de la intensidad de la guerra. La participación de la sociedad civil en este pro-ceso ha sido más bien baja. El modelo impuesto por el Gobierno nacional impidió que el proceso se cubriera de mayor legitimidad a través de una participación nutrida y crítica de los diferentes sectores sociales afectados por la confrontación armada. El cese unilateral al fuego fue en este sentido una oportunidad para que estos sectores se manifestaran de manera más decisiva y sin las presiones del fuego cruzado entre los combatientes. Ade-más, las acciones complementarias adoptadas por FARC-EP en relación


con la terminación del secuestro, la finalización del reclutamiento de me-nores y las acciones de desminado humanitario, fueron señales acertadas en la dirección de ganar legitimidad ante la población civil.

Hacia un cese temporal bilateral como antesala al cese definitivo al fuego

La terrible y sangrienta tempestad luego del rompimiento del cese decretado por la guerrilla debería poner a pensar al país sobre los resul-tados nefastos de la guerra. En una sola semana decenas de colombianos murieron y cientos fueron desplazados de sus lugares de origen; el miedo y la zozobra se apoderaron de miles de habitantes del territorio nacional que viven en las zonas donde la guerrilla tiene presencia y donde con seguridad se desarrollarán choques armados en lo sucesivo. La guerra no es bella ni siquiera para los guerreros, y su estela de muerte victimiza a los sectores sociales más vulnerables. Los combatientes que caen de ambos bandos no son más que campesinos, colombianos y colombianas obligados por la fuerza de los acontecimientos a alinearse en un lado de la confrontación. De la misma manera los civiles que caen en medio del fuego cruzado son habitantes rurales, los mismos pobres históricos de inicios de esta guerra.

En ese orden de ideas, se precisa la implementación de un cese bilate-ral al fuego verificable que permita a la Mesa de conversaciones avanzar en los acuerdos necesarios para el fin del conflicto económico, político, social y armado que azota al país. La verificación puede tomar la expe-riencia de las organizaciones sociales y movimientos populares que se encargaron de esa tarea en el marco del cese unilateral de las FARC-EP. En este momento existen mecanismos tecnológicos que permiten garantizar la supervisión para que ninguna de la partes rompa la tregua. Más que incapacidad técnica para verificar, lo que hace falta es voluntad política del Estado para transitar la única senda posible para librar al país de las escenas luctuosas de estos días: filas de cadáveres, territorios devastados, madres, viudas y huérfanos llorando a sus familiares. La paz no está a la vuelta de la esquina, pero un cese bilateral al fuego verificable es la cuota necesaria para su consecución verdadera.



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De los acuerdos a los desacuerdosSobre el papel del movimiento popular frente a las salvedades existentes en la Mesa de La Habana

Patricia Sánchez García

Docente Universidad Central y Universidad de La Salle

La Mesa de Conversaciones instalada por el Gobierno de Co-lombia y las Farc-Ep en octubre de 2012, sin duda constituye

uno de los principales sucesos de la historia reciente de nuestro país, ya que del efectivo cumplimiento de los compromisos que en su marco se logren, depende la instauración de una nueva etapa de la historia del país.

Constituye entonces, el proceso de diálogo iniciado en su marco, un transcendental avance en la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado, el cual ha mostrado en su desarrollo impor-tantes avances representados en los acuerdos parciales logrados frente atres de los puntos de la agenda de diálogo: i) Política de desarrollo agrario integral; ii) participación política, y iii) solución al problema de las drogas ilícitas; otras evidencias frente a los adelantos del proceso es-tán dadas por la divulgación de los borradores conjuntos que recogen lo logrado, los principios metodológicos definidos como guía de discusión frente al punto relacionado con las víctimas, la conformación de la sub-comisión técnica del fin del conflicto, el arreglo sobre limpieza de minas antipersonales y artefactos explosivos alcanzado en marzo de 2015, y la publicación, también a inicios del presente año, del Informe de la Co-misión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, el cual constituye, hasta el momento, el más importante insumo académico acerca del origen, persistencia y responsabilidades del conflicto colombiano.



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Pese a los adelantos que sin duda presenta el actual proceso con respecto a otros intentos de diálogo, no han sido pocos los escollos que ha atravesado, dentro de estos se cuentan los intentos de los sectores más retardatarios de la derecha por desacreditar el proceso y las partes que se encuentran en diálogo, además de la actitud reacia del Gobierno frente a la posibilidad de declarar un cese bilateral al fuego, aun cuando su contraparte mantuvo por más de cinco meses un cese unilateral del fuego y de las hostilidades que, aunque se planteó como de carácter indefinido, fue suspendido el pasado 22 de mayo con las graves con-secuencias que este hecho representa en términos del escalamiento de la guerra.

Sin embargo, existen otros obstáculos que enfren-ta el proceso, relacionados con los desacuerdos que persisten entre las partes en el marco de los diálogos propiamente dichos, estos se expresan en la una serie de salvedades sobre los acuerdos parciales que confi-guran el llamado “congelador”. Teniendo en cuenta que según el Acuerdo General, en el marco del cual se realizan las conversaciones, establece que estas se desarrollan bajo el principio de “nada está acordado hasta que todo está acordado”, resulta fundamental conocer y analizar cuáles son los puntos de consenso y disenso, con el objetivo de hacer un balance real de los avances y limitaciones del actual proceso de diálogo.

A continuación se desarrollará un repaso sobre lo atinente a los acuerdos y salvedades vinculados al primer punto de la Agenda de diálogo, para luego terminar con una reflexión sobre las implicaciones de la existencia de dichas salvedades, además de los retos que estas conllevan para el movimiento popular colombiano, en el entendido de que “ la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción (…)., tal como lo establece el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2012).


De los acuerdosEl acuerdo parcial sobre la política de desarrollo

agrario integral con desarrollo territorial fue dado a conocer en La Habana el 21 de junio de 2013. en éste, el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep infor-man que, después de 7 meses de conversaciones, han alcanzado un acuerdo denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. En este se establece que:

La Reforma Rural Integral (RRI) debe ser el inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia, contribuyendo a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera.

En el marco de este propósito se define una serie de medidas encaminadas a lograr la democratización del acceso integral a la tierra en beneficio de los campesi-nos, la regularización y formalización de los derechos de propiedad sobre la misma, el reconocimiento del papel de la economía campesina, familiar y comuni-taria en el desarrollo del campo, el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de conciliación y resolu-ción de conflictos, el uso del suelo de acuerdo con su vocación, la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y la protección de áreas de especial interés ambiental.

De llegarse a concretar un acuerdo definitivo que viabilice la aplicación de lo pactado parcialmente, sin duda se avanzaría en el camino indicado en función de lograr las transformaciones que el campo colombiano requiere ante los apremiantes niveles de desigualdad en la distribución de la tierra que lo han caracterizado; no obstante, como se trata de hacer una reflexión integral que lea lo acordado y lo no acordado como parte del mismo proceso, no basta con el conocimiento exclusivo de lo ya pactado sino que se hace indispensable reconocer las salvedades

El escenario más loable para el logro de una

auténtica reforma agraria será una

Asamblea Nacional Constituyente que, más allá constituir

un espacio refrendatario,

permita asumir el debate y definición

sobre el modelo de desarrollo que

el constituyente primario quiere

para el país.



existentes, no con el fin de desconocer los avances obtenidos sobre este punto sino de evitar posturas inocentes o triunfalistas que conllevan los análisis parciales frente a los resultados de los diálogos.

Sobre los desacuerdos o salvedadesSon 10 las salvedades referentes al pri-

mer punto de la agenda, estas pueden ser agrupadas alrededor de 4 ejes temáticos: i) Requerimientos para la efectiva ejecución de los acuerdos; ii) del uso de la tierra y de los conflictos asociados con el mismo; iii) mo-delo económico neoliberal, y iv) erradicación del latifundio improductivo, inadecuada-mente explotado u ocioso y redistribución democrática de la propiedad sobre la tierra.

El primer eje temático en torno al cual giran dichas salvedades da cuenta de que, a pesar de la existencia de elementos ya acor-dados, las partes no han llegado a concretar aspectos tan importantes para que estos se hagan efectivos como la financiación

de la política de desarrollo rural y agrario integral sobre la base de la cual se ejecutaría la Reforma Rural Integral RRI, la cuantifi-cación del fondo de tierras de distribución gratuita y la institucionalidad encargada de definir las pautas generales frente al ordena-miento territorial, a los usos de la tierra y al tratamiento de los conflictos que de ellos se deriven, que en propuesta de las Farc-Ep se realizaría a través de la creación de un Con-sejo Nacional de la Tierra y el Territorio. El hecho de que estos aspectos se encuentren en el congelador genera profundas dudas frente a las posibilidades reales de aplicación de lo ya acordado, puesto que tales aspectos se relacionan con la posibilidad misma de llevarlos a la práctica: sin la financiación, la institucionalidad y la cuantificación de las tierras que se entregarían resulta imposible concretar que la reforma sea efectiva.

El segundo aspecto sobre el cual existen salvedades es el modelo económico neolibe-ral y su influjo sobre la profundización de

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/article4407074.html


la problemática de la tierra. No existe acuerdo sobre la detención de la extranjerización del territorio o sobre la revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio; el Gobierno Nacional ha sido reacio a abordar estos dos elementos propuestos por las Farc-Ep y que constitu-yen elementos esenciales en términos de la transformación de la política de desarrollo agrario del país, puesto que ha sido de la mano del modelo neoliberal que se ha profundizado la crisis del campo colombiano.

En lo referente al uso de la tierra y a los conflictos asociados a éste, los desacuerdos corresponden a una variedad de aspectos ligados a la ex-plotación de los recursos naturales, como la declaración de los recursos naturales energéticos y mineros como recursos de carácter estratégico, la redefinición de los contratos de explotación y de concesión, la deli-mitación territorial de las economías extractivas, la reformulación del régimen de regalías, la suspensión del otorgamiento de nuevos títulos mineros y concesiones petroleras, el cese de la criminalización contra los mineros tradicionales y artesanales, la prohibición de la explotación en zonas ambientalmente protegidas y la reparación integral a las víctimas de devastación ambiental por actividades extractivas. Así mismo, este grupo de salvedades comprende el establecimiento de regulaciones en torno al uso de la tierra para la producción de agrocombustibles, defi-niciones sobre el derecho real de superficie tendientes a impedir el aca-paramiento y la especulación con la tierra, además de la promulgación de una nueva ley de ordenamiento territorial, social y ambiental que

Los acuerdos y salvedades existentes frente al primer punto de la agenda de diálogo constituyen

un indicador de las profundas limitaciones del proceso de paz actual, asociadas al carácter relativo de los avances logrados, puesto que la efectiva realización de lo pactado sólo es

posible de generarse transformaciones frente a la excesiva concentración de la tierra, a su uso

inadecuado y al modelo económico que ha profundizado la ruina de los agricultores, aspectos

centrales que aún permanecen en el tintero.



defina participativa y democráticamente las transformaciones espaciales requeridas en el marco del cumplimiento de un eventual acuerdo.

Un nodo final sobre el versan las salvedades corresponde a la erra-dicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso, así como a la redistribución democrática de la propiedad sobre la tierra; la existencia de desacuerdos en este punto resulta crucial a la hora de hacer un balance frente al primer punto de la agenda, ya que la concentración de la propiedad de la tierra resulta ser uno de los ejes neurálgicos a partir del cual se ha originado y ha persistido el conflicto social, económico, político y armado colombiano: la erradicación del latifundio y la democratización de la propiedad rural son condiciones imprescindibles para que la RRI sea realmente efectiva.

El reconocimiento de la existencia de desacuerdos sustanciales no constituye una invitación a caer en el pesimismo frente al proceso de paz, sino a lograr una mirada integral de su estado actual de cara a la definición de los retos que este implica. Las salvedades constituyen, entonces, tanto un indicador del estado de la negociación como un de-safío que debe ser asumido por la sociedad civil colombiana a partir del reconocimiento de sus implicaciones.

Los desacuerdos o salvedades como indicador y como retoLos acuerdos y salvedades existentes frente al primer punto de la

Agenda de diálogo constituyen un indicador de las profundas limitacio-nes del proceso de paz actual, asociadas al carácter relativo de los avances logrados, puesto que la efectiva realización de lo pactado sólo es posible de generarse transformaciones frente a la excesiva concentración de la tierra, a su uso inadecuado y al modelo económico que ha profundizado la ruina de los agricultores, aspectos centrales que aún permanecen en el tintero.

Así mismo, las salvedades constituyen un indicador de que, como lo menciona la Delegación de paz de las Farc-Ep,

En la mesa se enfrentan dos visiones tratando de encontrar pun-tos de coincidencia”; una enmarcada en el enfoque neoliberal frente al desarrollo del país, en cabeza del Gobierno Nacional; y otra, que se manifiesta en favor de “una reforma agraria rural integral, por la justicia social y la democracia en función de paz con soberanía” (2013:1).


La distancia existente entre las partes no implica que la firma de un acuerdo final sea imposible. Significa que de llegarse a éste, su alcance será limitado, a menos que el conjunto de organizaciones y movimientos sociales y populares que por décadas han enarbolado las banderas del carácter ineludible que una auténtica reforma agraria tiene para la supe-ración del conflicto asuma la reivindicación no sólo de lo parcialmente acordado entre las partes, sino de sacar del “congelador” los demás ele-mentos que son fundamentales para que una transformación real del campo colombiano sea posible. El escenario más loable para tal propó-sito será una Asamblea Nacional Constituyente que, más allá constituir un espacio refrendatario, permita asumir el debate y definición sobre el modelo de desarrollo que el constituyente primario quiere para el país.

Referencias » Delegación de paz de las Farc-Ep (3 de octubre de 2013). Primer

informe sobre el estado de las conversaciones de paz. La Habana (Cuba). Recuperado de http://portaldelsur.info/2013/10/informe-de-las-farc-sobre-las-negociaciones-de-paz/

» Gobierno de Colombia &Farc-Ep (enero de 2014). Informe conjunto de la mesa de conversaciones. La Habana. Recuperado de http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFORME%20CONJUNTO%20PUN-TOS%201%20Y%202.pdf

» Gobierno de Colombia &Farc-Ep (26 de agosto de 2012). Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Recuperado de https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf


http://portaldelsur.info/2013/10/informe-de-las-farc-sobre-las-negociaciones-de-paz/

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https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf


Enrique Jiménez Chamorro, Falso PositivoTomada de: http://www.colectivoburbuja.org/index.php/jose-sanchez-hachero/falsos-positivos-en-colombia-o-cuando-el-estado-incentiva-el-crimen/


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No diga: bienes ‘comunes’. ¡Diga: bienes comunales!‘Lo común sin comunidad’ en el nuevo neoliberalismo de E. Ostrom

José Francisco Puello-Socarrás

Escuela Superior de Administración PúblicaUniversidad Nacional de Colombia

“El resurgimiento de los bienes comunes como cuestión política tiene que integrarse plenamente

en la lucha anticapitalista de forma muy específica. Desgraciadamente, la idea de los bienes comunes

(como el derecho a la ciudad) está siendo tan fácilmente apropiada por el poder político existente

como lo está siendo el valor a extraer de los bienes comunes urbanos por los intereses inmobiliarios”

David Harvey, Ciudades Rebeldes

Aunque entre de sus posibles procedencias nativas, el tér-mino bienes comunes tiene como génesis el Sur Global,

últimamente su popularidad crece intempestivamente en el Norte. Lo anterior no sólo se registra entre los ámbitos académicos. En tiempos recientes, esta noción viene apareciendo con relativa gran fuerza en distintos espacios y debates políticos en los centros de la economía-mundo capitalista. Sin embargo, por paradójico que pueda parecer esta situación lejos de estar avalada por una contestación crítica al statu quo viene siendo promovida por el neoliberalismo in extenso.



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En este marco, se debe subrayar la importante tarea que viene jugando el pensamiento de Elinor Ostrom en la colonización –en el sentido amplio de esta ex-presión– y la privatización semántica de “lo común”. Gracias a su mediación intelectual, la hegemonía dominante pretende atentar contra la actualidad política potencialmente productiva de “lo común” y, al decir de L. Wittgenstein (¡primo de F.A. Hayek!), someter-lo-común bajo el juego del lenguaje neolibe-ral, desvirtuándolo como una realidad emergente que viene generando alternativas auténticas al capitalismo, incluyendo su fase neoliberal.

Hay que insistir sobre un hecho clave relevante para esta discusión. Si bien el capitalismo neoliberal enfrenta una crisis sin precedentes, sobre todo al nivel de sus referentes ideológicos, hoy este proyecto econó-mico político de clase continúa aún vigente. Una de las varias operaciones tácticas desde las cuales se ha querido reactivar la renovación neoliberal tiene que ver con la búsqueda de nuevas fórmulas ideológicas que le permitan trascender en el tiempo perfeccionando así la alienación y el ocultamiento de sus contradicciones, las cuales muestran ya límites sin antecedentes históricos. El calidoscopio complejo, estructural y global de las crisis en minúscula (alimenticia, energética, ambien-tal, biológica, económica, política y social), las cuales convergen en la mal llamada Gran Recesión, la Crisis en mayúscula calificada de civilizatoria, es un síntoma irrefutable en este sentido.

El concepto de ‘bienes comunes’ es uno de los ejemplos ilustrativos. Su construcción propiamente neoliberal ha sido posible a partir de una desposesión semántica, metódica y silenciosamente ininterrumpida que invoca “lo común” pero sin comunidad. Situacio-nes de este tipo no son novedosas y hacen parte del modus operandi histórico del pensamiento colectivo neoliberal1.

1 Activando la memoria histórica, en otra oportunidad, opera-dores del pensamiento neoliberal como J. Hicks “combina-ron” la teoría keynesiana con la gramática neoclásica (las


La confusión al respecto resulta pasmosa y, en cierto sentido, dramática, en particular por las impli-caciones que retiene en la batalla de ideas que hoy se libra en el campo ideológico de la hegemonía.

Distintos círculos de izquierda han venido exal-tando ‒sea implícita sea inconscientemente pero al fin y al cabo en forma reiterada‒ la perspectiva de los bienes comunes á la Ostrom como si esta provocación fuera una disyuntiva crítica frente al neoliberalismo, cuando en realidad se trata de todo lo contrario: ¡Un intento de reafirmación! (velada, por supuesto). Por ejemplo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), plataforma globalmente reco-nocida por sus iniciativas desde el pensamiento críti-co en el Sur Global, y más puntualmente en Nuestra América, el territorio político existencial donde se libran las batallas populares –en las ideas y en las prácticas– más determinantes contra la hegemonía neoliberal, cuenta hoy con un concurso de ensayos dirigido a los investigadores de la región bautizado “en homenaje a Elinor Ostrom”2. Un impasse que, valdría la oportunidad, debería ser rectificado.

Aunque por momentos la obra de David Har-vey resulta ser indulgente con Ostrom3 también

corrientes ortodoxas de raigambre angloamericano), lo que se denominaría posteriormente la síntesis neoclásico-keyne-siana. Se trató del vaciamiento de los conceptos y el análisis propuesto por JM Keynes para mantenerlos ahora resignifi-cados a la medida de las lógicas y semántica neoliberales. Se re-produjo ‒como en el caso que nos ocupa: “lo común pero sin comunidad”‒ ¡un keynesianismo pero sin Keynes! J.F. Puello-Socarrás, Nueva Gramática del Neoliberalismo. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008, pp.

2 “Premio Elinor Ostrom - Derecho al conocimiento como bien común: la promoción del acceso abierto en América Latina y el Caribe” (http://bit.ly/1cLKZNb). Uno de los tópicos que más sintonizaron las teorías de Ostrom y el pensamiento de F.A. Hayek fue “el conocimiento”.

3 Las oportunas referencias sobre la “anécdota ostromiana” en la obra de Harvey las debo a María Ceci Araujo Miso-czky, a quien agradezco su generosidad por compartir lúci-das reflexiones en torno a este tema.

Las evocaciones de “lo común” en Ostrom, por

más “creatividad” que supongan,

se dirigen –entre otros detalles de

su teorización– hacia la instalación

de una lógica “público-privada”

en la cual la cooperación no implica la

construcción de vínculos comunales

de solidaridad en la producción y

reproducción de las relaciones sociales.


http://bit.ly/1cLKZNb


ha sido una de las excepciones que de-muestra detalladamente cómo la perspec-tiva sobre el Gobierno de lo Común y las ideas tales como la gobernanza policéntri-ca (de inspiración hayekiana; críticas que aplican a otros conceptos inaugurados por Ostrom como el sistema socio-ecológico) si bien cuestionan la ortodoxia económica si-multáneamente se sintonizan plenamente con “las estrategias de clase neoliberales de la reproducción social” que pretende actualizar este proyecto4. En el mismo sentido, Silvia Federici ha destacado que “lo común” en Ostrom representaría una tentativa real por cooptar este lenguaje y sus prácticas bajo un perfil procapitalista y, peor aún, atraparlo en un sentido eminen-temente neoliberal:

Desde hace años, parte del esta-blecimiento internacional capitalista (empezando por el Banco Mundial)

4 D. Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana, Madrid, Akal, 2013, p. 28 y 131.

ha venido promoviendo un modelo suavizado de privatización, apelan-do al principio de lo común, como remedio al intento neoliberal de subsumir todas las relaciones eco-nómicas al dictado del mercado. Se ha comprendido, de hecho, que las lógicas de mercado llevadas a su extremo se convierten en contra-productivas inclusive desde el punto de vista de la acumulación de capi-tal, excluyendo el tipo de coopera-ción necesaria para un sistema de producción eficiente… Apelando a lo común también se da un giro po-sitivo en la privatización, debilitando las resistencias esperadas…5.

Como bien señalan David Bollier y Burns Weston respecto a la discusión en torno a la Gobernanza verde, el objetivo de

5 Silvia Federici y George Caffentzis, “Commons Against and Beyond Capitalism,” Upping the Anti: a Journal of theory and action. No. 15 (Sept. 2013), pp. 83-97.

http://www.revistaanfibia.com/cronica/el-dia-en-que-la-historia-se-partio-en-dos/


este tipo de estrangulaciones teóricas sería “recon-ceptualizar la dicotomía neoliberal Estado/Mercado hacia una “triarquía”… Estado/Mercado/Lo Común – para adaptar la autoridad y aprovisionamientos de nuevas maneras mucho más provechosas”6.

Las evocaciones de “lo común” en Ostrom, por más “creatividad” que supongan, se dirigen –entre otros detalles de su teorización– hacia la instala-ción de una lógica “público-privada” en la cual la cooperación no implica la construcción de vínculos comunales de solidaridad en la producción y repro-ducción de las relaciones sociales. Antes bien, esa propuesta significa la apertura de un espacio (tercer sector) más allá del Estado pero más acá del Mer-cado que permita la coordinación “exitosa” entre los actores económicos y fortalezca la relación mercan-til bajo una nueva modalidad7.

Precisamente, esta es una de las “debilidades” históricas en el funcionamiento real de los merca-dos pero que contemporáneamente resulta ser más evidente e igualmente insostenible en el capitalismo tardío del nuevo milenio, tanto en las realidades so-ciales en general como en los presupuestos teóricos. Las “fallas” de mercado que allende no se acepta-ban en el discurso del fundamentalismo ortodoxo (el dogma de la omnipotencia del Mercado en una época de ofensiva neoliberal) ahora son incorpora-das sistemáticamente por el pensamiento neoliberal heterodoxo, el cual, a pesar de mostrarse “crítico” de la ortodoxia –antes proponía Harvey– resulta ser más neoliberal aún, retornando a sus orígenes y produciendo el discurso defensivo de la doxa (el Mercado) (¡Bourdieu dixit!), en su afán de avanzar

6 Citado por Silvia Federici y George Caffentzis, ibídem.

7 E. Ostrom, The future of the commons: beyond market failure and government regulation. London: Institute of Economics Affaires (IEA), 2012, pp. 68-83. Esta publicación se basa en la conferencia impartida por Ostrom en el marco de la reu-nión anual que este Instituto realiza en honor a F.A. Hayek (Memorial Lecture).

Lo comunal surge como

abigarramiento, es decir, un ejercicio

creativo constituido por la unidad

que no disuelve la diferencia y así

garantiza la (re)producción de

nuestra vida por medio del trabajo

colectivo. Los bienes y riquezas

se valoran entonces por su uso y no

están dominados exclusivamente

por la lógica del intercambio ni

para propósitos comerciales.



hacia la renovación ideológica y la recomposición real de este proyecto de clase que le asegure mantener y consolidar su hegemonía en medio de esta crisis.

A través del aclamado “retorno del Estado”, la insistencia en reva-lorizar el papel que juegan las instituciones (aunque exclusivamente en función de los mercados no de las común-unidades) y variadas formas institucionales (Nueva Gestión Pública), de acciones económicas y políticas (Gobernanza) e instrumentos (alianzas público-privadas) el neoliberalismo ha mutado internamente con el único propósito de superar las críticas y su propia crisis y blindar su continuidad en el tiempo.

El discurso de lo común entra así a jugar un rol crucial, tanto en los cambios ideológicos como en sus transformaciones prácticas, y en este escenario Ostrom –entre otros neoliberales críticos del neolibera-lismo (Sen, Stiglitz, por ejemplo)– resulta ser una pieza clave8. Ostrom sintetiza un locus donde lo público funciona como-si fuera privado, es decir, la privatización de lo público aunque bajo un nuevo mantra público-no-estatal que enrarece el sentido comunal de “lo común”.

8 Elinor Ostrom es célebre no solo por haber alcanzado el nobel en Economía, conside-rado por antonomasia el Nobel de las ciencias sociales, también por ser, hasta este momento, la única mujer y la primera cientista política en alcanzarlo.

http://radio.uchile.cl/2013/08/26/la-muerte-lenta-de-los-desaparecidos-en-chile-nuevo-libro-es-presentado-en-sala-master


El lenguaje es también un campo de lucha: no diga ‘comunes’; diga: ‘bienes comunales’.

Lo común en su sentido comunal propone una versión diferente y está enmarcado en una perspectiva no neoliberal de auténtica comuni-dad, unidad-en-común.

Lo comunal no supone lo público-privado como “algo dado” sino un proyecto “a producir”. Tampoco se trata de una simple hibridación privada-y-pública pues, como bien ha ilustrado Silvia Rivera Cusican-qui, lo híbrido conjuga pero no crea (el cruce, por ejemplo, “de un caballo con una burra [del cual] sale una mula”, la cual ¡no puede reproducirse!). Lo comunal surge como abigarramiento, es decir, un ejercicio creativo constituido por la unidad que no disuelve la dife-rencia y así garantiza la (re)producción de nuestra vida por medio del trabajo colectivo. Los bienes y riquezas se valoran entonces por su uso y no están dominados exclusivamente por la lógica del intercambio ni para propósitos comerciales, tal como Federici y Caffentzis lo han subrayado frente a la propuesta neoliberal de Ostrom.

Una ventaja que tiene la expresión bienes comunales es su proxi-midad con comunalista, noción más cercana a varias alternativas recientes como la del Partido de Trabajadores del Kurdistán (PPK), la cual enarbola un proyecto anticapitalista y comunalista basado en los valores de autogobierno, democracia y libertad.

Al contrario, la expresión bienes comunes tiene la desventaja de encontrarse más próxima al comunitarismo, incluso en sus versiones neo-comunitaristas, asociadas por lo general –aunque no exclusi-vamente– a propuestas políticas inclinadas hacia la “derecha”. En Colombia, recordemos, se acuñó en tiempos del gobierno neoliberal ultraderechista de Álvaro Uribe Vélez, el Estado Comunitario como referente político, una versión criolla del “capitalismo popular”, expre-sión análoga y colindante a la proclamada durante la dictadura de A. Pinochet en Chile en las décadas de 1970 y 1980 en el inicio in vivo del neoliberalismo a nivel global.



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Caravana 43La negativa a aceptar y el compromiso de resistir

Miguel Gualdrón Ramírez

Magíster en FilosofíaUniversidad Nacional de ColombiaEstudiante del Doctorado de FilosofíaUniversidad DePaul, Chicago

Es posible que hayamos escuchado la historia antes, incluso más de una vez. Una de la maneras de comenzar este texto sería

ofreciendo otro breve recuento de los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (México): contar, por ejemplo, cómo, en dos momentos distintos durante la noche, miembros de la policía ataca-ron los buses en los que se transportaban los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, matando 6 estudiantes y transeúntes, y cómo les entregaron a 43 estudiantes reteni-dos a miembros del cartel “Guerreros Unidos”, quienes, a su vez, los des-aparecieron. Podríamos intentar explicar igualmente las conexiones del alcalde de Iguala (de quien se presume ordenó el ataque), pero también las del Partido de la Revolución Democrática (PDR) con este cartel del narcotráfico, la corrupción de la policía y de miembros del Batallón 27 del ejército y la subsecuente evasión del tema por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, además de sus evidentes esfuerzos por minimizar los incidentes y culpar a algunos pocos policías corruptos de las desapa-riciones. Las frases finales del hipotético párrafo introductorio de este texto señalarían cuán poco parece haber cambiado la situación hasta el día de hoy, 8 meses después de los incidentes: la investigación oficial ha sido cerrada por parte de la Fiscalía General, declarando muertos a los desaparecidos, aunque ni los estudiantes ni sus cuerpos sin vida han sido encontrados. El gobierno ha cesado todo esfuerzo por encontrarlos


Nuestra América

http://elpais.com/elpais/2014/11/06/album/1415235942_806612.html#1415235942_806612_1415236403

con la lapidaria sentencia del Fiscal General, Jesús Murillo Karam, “Ya me cansé”. Ocho meses después, al momento de escribir estas líneas, el ejército y la policía de México han cercado militarmente distintas ciudades de Guerrero, han acosado en distintas oca-siones la Normal de Ayotzinapa, reteniendo a varios de los estudiantes, y siguen persiguiendo a los padres, madres y demás familiares de los 43 desaparecidos.

El recuento de esta historia que queremos evitar aquí fue precisamente el objetivo principal de la Caravana 43, un proyecto que, en palabras de sus organizadores, intentó “ofrecer un foro internacional para los padres y madres que han perdido a sus hijos gracias a la violencia y la impunidad sistemática del gobierno” para informar de la situación en Ayotzina-pa y en México, encontrar respuestas e involucrar a la comunidad internacional en su lucha. La Caravana visitó 40 ciudades en Estados Unidos, 20 en Europa y 6 en Suramérica, llevando las voces de padres y ma-dres de familia, otros familiares y estudiantes de la Normal que sobrevivieron a los ataques, en una serie de marchas, protestas, foros comunitarios y confe-rencias de prensa dirigidas a comunidades que había escuchado poco, a veces nada, acerca de los eventos de esa noche. Además, la Caravana recibió el apoyo de la población inmigrante de México y Latinoamé-rica en Estados Unidos y Europa, pero también el respaldo de gobiernos locales, estudiantes, profesores y profesoras universitarias, y muchas organizaciones sociales.

Sin embargo, el acto de contar la historia de nue-vo, de afirmar una verdad que posiblemente hemos oído innumerables veces en el pasado, tiene para la Caravana un significado distinto, un significado que es político no sólo porque intente descubrir la verdad o informar de la situación a personas que pueden no haber escuchado mucho sobre ella. Narrar, recontar 66 veces, en 66 ciudades distintas, en Náhuatl, Espa-ñol, Inglés, Francés, Alemán, los eventos de esa noche en Iguala y todo lo que pasó en los siguientes 8 meses


http://www.caravana43.com/

es, en sí mismo, un acto que encarna una resistencia frente a la versión oficial, constituye un rechazo de las mentiras y contradicciones detrás de la investigación gubernamental y está dirigido no sólo a la denuncia, sino que especialmente se enfoca en encontrar a los 43 desaparecidos: una resistencia destinada a recibir con vida a aquellos que fueron extraídos con vida de sus familias y comunidades.

***La versión oficial de los eventos, la misma que los

familiares han estado resistiendo por 8 meses, fue presentada el 27 de enero por parte de Murillo Ka-ram, quien con “certeza legal” afirmó que el ataque tuvo lugar por órdenes del alcalde de Iguala (José Luis Abarca). Temiendo que los estudiantes estuvie-ran viajando de Ayotzinapa a Iguala para interrumpir por la fuerza el evento político que su esposa (María de los Ángeles Pineda) iba a llevar a cabo esa noche, Abarca habría ordenado a miembros de la policía ata-car el grupo de buses de los normalistas. Luego del ataque, que cobró la vida de algunos estudiantes, así como transeúntes y miembros de un equipo aficio-nado de fútbol que venía de jugar un partido, los 43 estudiantes detenidos habrían sido asesinados y sus cuerpos quemados en un basurero cerca de Cocula, un pueblo aledaño. El cartel de “Guerreros Unidos” habría estado interesado en los estudiantes, según se sugirió en la rueda de prensa del organismo oficial, en razón de la supuesta infiltración en la Normal por parte de pandillas y carteles rivales, de los que “Gue-rreros Unidos” quería tomar venganza.

Esta última sugerencia oficial, según la cual los es-tudiantes habrían estado conectados con narcos, o se-rían narcos ellos mismos, y, así, se lo estaban buscando, despertó un nuevo sentimiento de rechazo por parte de los familiares, sumándose a la indignación general por la falta de interés de las autoridades en la suerte de los 43. La mención de esta acusación por parte de Murillo Karam todavía genera el mismo sentimiento

Los familiares visitaron durante

cinco meses decenas de

ciudades para reclamar apoyo

y respuestas, para denunciar la

complicidad de los gobiernos de los

países desarrollados en estos eventos y en la violencia

general de México. Es precisamente esta pregunta la

que pone esta lucha particular de

una comunidad en un escenario

global, en el frente de una batalla, y

la convierte en un cuestionamiento

que no es sólo mexicano, sino de toda América. Las

preguntas por la “Iniciativa Mérida”

son también las preguntas por el “Plan Colombia”

o por el “Plan Central América”.


Nuestra América

en los padres y madres de familia: en Chica-go, María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, se rehusó incluso a repetir esta declaración oficial por respeto a los estudiantes mismos. Vale la pena comentar que la propia Rigoberta Menchú, cuya fundación recibió del Ins-tituto Nacional Electoral US$10.000 para promocionar la participación en la jornada electoral del 7 de junio en México (jornada que numerosas organizaciones sociales han llamado a boicotear, entre ellas los familiares de los 43) sugirió que los normalistas desapa-recidos estaban participando en actividades relacionadas con el crimen organizado y las mafias, y llamó a los familiares, y no al Go-bierno, a contar la “verdad” de las acciones de sus hijos.

Sin embargo, más allá de poner de pre-sente la crueldad e indiferencia con la que el Gobierno ha tratado a sus familias, a los desaparecidos, los familiares de los norma-listas han venido diciendo desde enero que

no hay ninguna evidencia concluyente que pueda defender esta hipótesis oficial, acu-sando al gobierno de Enrique Peña Nieto de esconder información y de encubrir los motivos reales de la desaparición, así como el paradero de los estudiantes. El gobierno de Peña Nieto, y la investigación oficial, de acuerdo con los familiares de los 43, ha obstruido sistemáticamente la participación de fuentes independientes de investigación, ha eclipsado la participación del Batallón 27 del Ejército (quienes, como mínimo, sabían del ataque y decidieron no hacer nada para evitarlo o pararlo durante las 4 horas que duró) y ha mentido acerca de los hallazgos y resultados de su propia inves-tigación: primero, trató de pasar los restos de 28 cuerpos distintos como los restos de algunos de los normalistas, y sólo aceptó su engaño cuando fue forzado a ello por la demanda de los familiares de que intervi-niera un equipo independiente de forenses argentinos. Este mismo equipo confirmó

http://elpais.com/elpais/2014/11/06/album/1415235942_806612.html#1415235942_806612_1415236403


http://notigodinez.com/video-tras-recibir-10-mil-dolares-del-ine-rigoberta-menchu-acusa-a-padres-de-ayotzinapa-de-ocultar-la-verdad/

luego que solamente uno de los fragmentos óseos recobrado pertenecía a uno de los estudiantes, pero compartió públicamente sus dudas con respecto al lugar original del que fue recuperado el fragmento, pues a los miembros del equipo se les impidió estar presentes en la diligencia. La Caravana ha explicado también el punto de vista de otros expertos, según los cuales el estado del terreno y el clima del basurero donde la quema masiva habría tenido lugar harían imposible creer en esta tesis: varios testimonios de testigos señalan que no hay evidencia de las caracte-rísticas que se requieren para quemar un número tan elevado de cuerpos y que las condiciones del lugar no han cambiado de la manera en la que el Gobierno dice que lo han hecho. Más importante aún, tal vez, los padres y madres insisten en el hecho de que el mo-dus operandi (incinerar los cuerpos a cielo abierto) no tiene precedente y no corresponde a la manera en la que los carteles del narcotráfico operan en la región.

Además de revelar estas inconsistencias, algunos de los miembros de la Caravana y numerosos asis-tentes a los eventos de protesta han sugerido que es necesario cuestionar el rol que juegan los gobiernos de Estados Unidos y Europa en este contexto, en particular sus políticas internacionales. En el caso de Estados Unidos, la Caravana llamó a resistir la ayuda militar que este gobierno da al de México por medio de la “Iniciativa Mérida” en la lucha contra las drogas, y el hecho de que estos recursos monetarios y logísticos sean usados de manera efectiva, por parte de fuerzas oficiales, en acciones como la desaparición de los 43 estudiantes. El gobierno de Estados Unidos se ha negado recientemente a condenar a México por estas acciones y ha ofrecido su continuo respaldo al gobierno de Peña Nieto, sin reconocer siquiera el daño que esta iniciativa está causando al pueblo mexicano.

***

Rehusarse a aceptar la muerte

de los 43 no es un capricho: rehusarse

a ello manifiesta el deber de resistir

la versión oficial porque está llena

de mentiras, manipulaciones y encubrimientos,

porque no ha incluido nunca a

los padres y madres de familia ni a los sobrevivientes, es

el resultado de una investigación

que comenzó únicamente 72

horas después de los hechos y se ha llevado a cabo en su mayor parte en secreto por parte de un Gobierno

que no puede ya juzgar sus propias acciones y que se niega a aceptar la

responsabilidad por sus propios actos.


http://www.theguardian.com/us-news/2015/jan/06/obama-pena-nieto-support-mexico-military-aid

Nuestra América

https://www.flickr.com/photos/atoqwallpasua/15798161092/


Rehusarse a aceptar la muerte de los 43 no es un capricho, tal y como Omar García (un estudiante de la Normal de Ayotzinapa que sobrevivió a los ataques en Iguala) ha manifestado (ver esta entrevista o sus palabras en la bienvenida a la Caravana en Chicago1): rehusarse a ello manifiesta el de-ber de resistir la versión oficial porque está llena de mentiras, manipulacio-nes y encubrimientos, porque no ha incluido nunca a los padres y madres de familia ni a los sobrevivientes, es el resultado de una investigación que comenzó únicamente 72 horas después de los hechos y se ha llevado a cabo en su mayor parte en secreto por parte de un Gobierno que no puede ya juzgar sus propias acciones y que se niega a aceptar la responsabilidad por sus propios actos. De hecho, el gobierno mexicano ha estado por mucho tiempo no sólo conectado con el tráfico de drogas en México, sino que ha perseguido y estigmatizado a disidentes políticos como los normalistas de Ayotzinapa. En este gesto político de resistencia es posible ver mucho más que la “mera” exigencia de memoria, es decir, “solamente” la necesidad de saber qué pasó con ellos: ¡Los familiares quieren encontrarlos, con vida, donde quiera que estén, de cualquier manera posible!

Lo que está haciendo la comunidad de Ayotzinapa, ejemplificado en la Caravana 43, constituye un acto admirable de resistencia política: la resistencia ante una versión oficial que no puede sino ser falsa, que, por la

1 https://www.informate.com.mx/reportajes-especiales/especiales/no-es-capricho-no-aceptar-la-muerte-de-los-43-omar-garcia.html | https://www.youtube.com/watch?v=TXcRRzmwWew&feature=youtu.be&t=17m36s

https://www.flickr.com/photos/kinderforever/15816944545


https://www.informate.com.mx/reportajes-especiales/especiales/no-es-capricho-no-aceptar-la-muerte-de-los-43-omar-garcia.html

https://youtu.be/TXcRRzmwWew?t=17m36s



https://www.youtube.com/watch?v=TXcRRzmwWew&feature=youtu.be&t=17m36s

https://www.youtube.com/watch?v=TXcRRzmwWew&feature=youtu.be&t=17m36s

Nuestra América

manera en la que se ha llevado a cabo, pero también por los vínculos del Gobierno mis-mo con los actos de violencia, persecución y narcotráfico, carece de cualquier legitimidad para reclamar ser verdadera. Al afirmar que esta investigación es ilegítima, y que sus resultados no pueden ser verdaderos, los familiares están afirmando que debe ser falsa y que, por lo tanto, los 43 están vivos, en algún lugar, hasta que alguien los encuentre efectivamente sin vida; la versión oficial sería capaz de explicar la mera desaparición de 43 personas (pequeña en número, si se compara con la de más de 20.000 en la última década por parte de mafias, carteles e instituciones oficiales), pero es incapaz de explicar las cir-cunstancias y detalles efectivos del ataque del 26 de septiembre, la participación de policías y militares, los encubrimientos, el silencio, la inacción. Con esta pregunta, los familiares visitaron durante cinco meses decenas de ciudades para reclamar apoyo y respues-tas, para denunciar la complicidad de los

gobiernos de los países desarrollados en estos eventos y en la violencia general de México. Es precisamente esta pregunta la que pone esta lucha particular de una comunidad en un escenario global, en el frente de una bata-lla, y la convierte en un cuestionamiento que no es sólo mexicano, sino de toda América. Las preguntas por la “Iniciativa Mérida” son también las preguntas por el “Plan Colom-bia” o por el “Plan Central América”.

Es nuestro deber resistir junto con la Caravana, aunque las acciones relacionadas con este proyecto hayan llegado ya a su fin inmediato; esto es, es nuestro deber llevar con vida hasta Ayotzinapa a los 43, porque “¡Vivos se los llevaron, y vivos los queremos!”.

https://www.flickr.com/photos/makarenko_mg/7983969215


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Sobre las recientes protestas contra la violencia policial en los Estados Unidos

Aaron Tauss

Profesor Asistente Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

Jonathan Stiven Piedrahita Usuga

Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

A mediados de abril la ciudad de Baltimore, Maryland, fue escenario de varias protestas masivas contra la brutalidad

policial persistente. El motivo de la indignación popular fue la muerte de Freddie Gray, un joven afroamericano de 25 años que se encontraba en custodia de la policía tras su detención ilegal. Algunos días después, la procuradora del Estado de la ciudad, Marlín Mamby, presentó cargos contra seis policías involucrados en el trágico acontecimiento. El pasa-do 9 de agosto, el asesinato a manos de un policía de Michael Brown, otro joven afroamericano, también provocó jornadas de disturbios y manifestaciones de protesta en la ciudad de Ferguson, Missouri. Según una reciente investigación del Washington Post, la policía ha matado al menos 385 personas durante el año 2015, lo cual equivale a 2,6 personas por día. De acuerdo a las estadísticas, el 16% de las víctimas estaban desarmadas y el número de afroamericanos es tres veces más alto que el de otros grupos raciales1. Durante los últimos quince años, al menos

1 The Washington Post (2015): “Fatal police shootings in 2015 approaching 400 nation-wide”, 30 de mayo, http://www.washingtonpost.com/national/fatal-police-shoo-tings-in-2015-approaching-400-nationwide/2015/05/30/d322256a-058e-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html?tid=pm_national_pop_b


http://www.washingtonpost.com/national/fatal-police-shootings-in-2015-approaching-400-nationwide/2015/05/30/d322256a-058e-11e5-a428-c984eb077d4e_story.html?tid=pm_national_pop_b



Capitalismo en Crisis

http://noticias.univision.com/article/2152369/2014-12-06/mexico/noticias/cronologia-de-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa

5.600 personas han muerto en los Estados Unidos a causa de la violencia policial, donde la gran mayoría de las víctimas se relaciona con casos que involucran a las autoridades estatales2.

Como sucede en muchas otras ciudades de Esta-dos Unidos, la historia de Baltimore y Ferguson ha estado fuertemente marcada por la discriminación racial, la desigualdad socio-económica y la represión político-legal de la población afroamericana3. Apenas después de la llegada del primer barco de esclavos a la orilla de Virginia en el año 1619, los colonizadores europeos empezaron a utilizar e implementar distin-tas formas de control y dominación sobre los esclavos africanos: la difusión del miedo, el maltrato físico, la separación de familias y la discriminación legal se hicieron frecuentes, además del establecimiento de estereotipos e imaginarios raciales que caracteriza-ban al hombre afroamericano como un delincuente o como la misma encarnación del peligro. Durante los siguientes siglos las clases dominantes lograron institucionalizar estos prejuicios y patrones de pen-samiento, facilitando su reproducción en la mente de las personas. Al mismo tiempo, el linchamiento de esclavos “rebeldes” se convirtió en un fenómeno co-tidiano y frecuente, especialmente en los Estados del Sur; donde los asesinatos eran celebrados en público y tenían el propósito de aterrorizar a la población afroamericana para hacerle recordar su lugar en la sociedad.

La abolición de la esclavitud en los Estados Uni-dos en el año 1865 tras la Guerra Civil (1861-1865) no se tradujo en una mejoría de las condiciones reales de vida de la población afroamericana ni en

2 Germán López/ Anand Katakam (2015): “Interactive map: US police have killed at least 5,600 people since 2000”, http://www.vox.com/2014/12/17/7408455/police-shoo-tings-map

3 Caitlin Goldblatt (2015): “The Struggle Continues in Balti-more”, https://www.jacobinmag.com/2015/05/baltimore-protests-freddie-gray-black-lives-matter/


http://www.vox.com/2014/12/17/7408455/police-shootings-map

http://www.vox.com/2014/12/17/7408455/police-shootings-map

https://www.jacobinmag.com/2015/05/baltimore-protests-freddie-gray-black-lives-matter/

https://www.jacobinmag.com/2015/05/baltimore-protests-freddie-gray-black-lives-matter/

un avance sustantivo hacia la igualdad social. Por el contrario, los derechos que ésta había ganado inme-diatamente empezaron a restringirse en los Estados del Sur a través de la introducción de leyes discrimi-natorias y raciales cuya finalidad era dar continuidad a la exclusión social y a la marginalización política de los que antes habían sido esclavos4. Al final de la era de la “reconstrucción” (1865-1879) este nuevo sistema de segregación, conocido como “Jim Crow”, había asumido formas bastante concretas. Basándose en la lógica de “separados pero iguales”, “Jim Crow” estableció –por vías legales– que la población afroa-mericana no podía atender a los mismos colegios, co-mer en los mismos restaurantes, viajar en los mismos buses ni utilizar las mismas instalaciones sanitarias que sus homólogos blancos. Al mismo tiempo, el antiguo imaginario del hombre negro como amenaza para la sociedad se vio fortalecido, lo cual contribuyó al aumento significativo de los linchamientos durante 1880 y 1930. Finalmente, después de que se presenta-ra la mayor oleada de protestas contra la segregación durante la décadas de los 50 y los 60, el sistema de “Jim Crow” fue abolido formalmenteen los Estados del Sur en el año 1964 con la firma de la Ley de Dere-chos Civiles (Civil Rights Act) durante la presidencia de Lyndon B. Johnson. Sin embargo, la discrimina-ción racial y la exclusión social continuaron, ahora en forma rediseñada.

Hacia el nuevo “Jim Crow”A partir de la década de los 70 el encarcelamien-

to masivo empezó a revertir muchos de los avances logrados por los movimientos que apoyaban los derechos civiles en las décadas anteriores. El 18 de Junio de 1971, cuando el crimen relacionado con las drogas en realidad estaba en declive, el presidente Ri-chard Nixon proclamó la llamada “Guerra contra las

4 Douglas A. Blackmon (2008): Slavery by Another Name. The Re-Enslavement of Black Americans from the Civil War to World War II; New York: Anchor Books.

En la actualidad, la formación social estadounidense no sólo se caracteriza por el gran poder de los mercados financieros y por

la debilidad de la clase obrera,

sino también por la inexistencia de

un movimiento afroamericano de resistencia,

hecho que refleja particularmente la crisis general

de la Izquierda y su incapacidad

para organizarse.



Drogas”, la cuales convirtió en un gran impulso para las medidas de reclusión sistemática que afectaron de forma especial a la población afroamericana. El alza en la tasa de encarcelamiento estuvo acompañada por una expansión masiva de los centros de reclusión, facilitándose así la instalación den nuevo orden de control social sobre los sectores populares. Bajo este nuevo sistema, las antiguas formas de discriminación racial se volvieron legales. Como señala Michelle Alexander en su libro “The New Jim Crow”5, a prin-cipios del siglo XXI un delincuente en los Estados Unidos tiene los mismos derechos que un afroame-ricano durante la época de “Jim Crow”, es decir, que hasta el día de hoy sigue existiendo un sistema de discriminación legalizado en lo que tiene que ver con el empleo, la educación, la vivienda, la posibilidad de actuar como jurado y el acceso a beneficios públicos, entre otros.

Simultáneamente, el surgimiento de las políticas neoliberales en los Estados Unidos a partir de la déca-da de los 80 estuvo acompañado por una retirada del Estado de los programas sociales y de las inversiones en instituciones públicas, lo cual nuevamente afectó de forma específica a las poblaciones afroamericanas y latinas. En un contexto marcado por el deterioro de las condiciones económicas y de las oportunidades educativas y de empleo, los mecanismos de discrimi-nación racial y control social se intensificaron todavía más, catapultando a miles de jóvenes afroamericanos a las cárceles.

Con 750 presos por cada 100 mil personas, Estados Unidos tiene hoy en día la cuota de encar-celamiento más alta del mundo ‒en comparación, Alemania cuenta con sólo93 presos por cada 100 mil habitantes‒. La gran mayoría de los más de2.3 millones de reclusos en los Estados Unidos pertenece a las minorías raciales.Mientras que sólo el 12.8 %

5 Michelle Alexander (2012): The New Jim Crow: Mass Incar-ceration in the Age of Colorblindness; New York: The New Press.

http://es.panampost.com/maria-suarez/2015/05/23/desapariciones-forzadas-en-colombia-un-drama-que-no-cesa/


de la población estadounidense es afroamericana, la proporción de esta comunidad en la totalidad de los reclusos alcanza el 40%, cifra que durante la década de los 50 no superaba el 15%. Lo anterior se traduce en la afirmación de que, actualmente, uno de cada tres hombres afroa-mericanos terminará en la cárcel en algún momento de su vida. Al mismo tiempo, una creciente cantidad de instituciones penitenciarias en los Estados Unidosse han convertido en complejos industriales-ca-pitalistas orientados hacia la maximización de las ganancias. Por ende, no es sorprendente que la privatización de las prisiones a partir de la década de los 80también haya contribuido al aumento de la población encarcelada.

Mientras que la criminalidad se ha mantenido estable durante los últimos años, la cantidad de sentencias ha aumentado significativamen-te. Corporaciones como la Corrections Corporation of America (CCA) están ejerciendo una gran influencia sobre los miembros del Congreso con el propósito de impulsar una política legislativa de “mano dura” contra el crimen. El aumento de la población detenida desde la déca-da de los 70 no sólo corresponde al desmantelamiento del Estado de Bienestar, sino también a la transición hacia un Estado autoritario de austeridad. Los últimos años han evidenciado claramente que existe un creciente enfoque de las instituciones estatales hacia la “seguridad” y la “protección” de la población a través de la vigilancia total, las sentencias severas y la encarcelación masiva.

El surgimiento de las políticas neoliberales en los Estados Unidos a partir de la década de los 80 estuvo acompañado

por una retirada del Estado de los programas sociales y de las inversiones en instituciones públicas, lo cual afectó

de forma específica a las poblaciones afroamericanas y latinas. En un contexto marcado por el deterioro de las

condiciones económicas y de las oportunidades educativas y de empleo, los mecanismos de discriminación racial y

control social se intensificaron todavía más, catapultando a miles de jóvenes afroamericanos a las cárceles.



Obama, austeridad y la continuación de la lucha

Lo que distingue las recientes protestas en Bal-timore y Ferguson de las rebeliones raciales de la década de los 60 es, entre otros, el hecho de que las dos primeras se realizaron en un momento histórico de poder político afroamericano sin precedentes. Ac-tualmente hay más representantes de esta comunidad trabajando en las diferentes ramas e instituciones del Estado que en cualquier otra época en la historia de los Estados Unidos. Hace siete años Barack Obama fue elegido como el primer presidente afroameri-cano del país, a quien se le suman 43 congresistas, dos senadores y Loretta Lynch, la primera mujer afroamericana que ocupa el cargo de fiscal general. Sin embargo, para la mayoría de la población afroa-mericana las condiciones materiales de vida no han cambiado significativamente, puesto que la injusticia y la inequidad social aún persisten.

Al igual que las políticas de sus colegas blancos, las de los representantes afroamericanos han fa-vorecido los intereses de las clases dominantes. La existencia de una élite política afroamericana, la cual gobierna hoy en muchas ciudades, ha servido como una distracción frente a la desigualdad estructural, al racismo institucionalizado, a la creciente marginali-zación social y a la segregación espacial de los sectores afroamericanos. Bajo el mismo discurso neoliberal enfocado en la responsabilidad personal se habla del “fracaso individual” y de la “falta de moralidad” de los afectados, sin hacer mención a las desastrosas políticas de austeridad implementadas tras la crisis financiera del 20086.

Como hemos visto, la transformación del Esta-do durante las últimas cuatro décadas, los recortes sociales, la desindustrialización y la disminución en la demanda de trabajadores de baja cualificación han

6 Keeanga-Yamahtta Taylor (2015): “Black Faces in High Places”, https://www.jacobinmag.com/2015/05/baltimore-uprising-protests-freddie-gray-black-politicians/

http://es.panampost.com/maria-suarez/2015/05/23/desapariciones-forzadas-en-colombia-un-drama-que-no-cesa/


https://www.jacobinmag.com/2015/05/baltimore-uprising-protests-freddie-gray-black-politicians/

https://www.jacobinmag.com/2015/05/baltimore-uprising-protests-freddie-gray-black-politicians/

llevado a la creación de zonas de segregación con altos niveles de pobreza y desempleo en muchos centros urbanos7. El reciente surgimiento de una clase política afroamericana ha facilitado el manejo de la crisis social que ha golpeado desproporcionalmente a esta población. Puesto que la mayoría de los habitantes de Ferguson y Baltimore forman parte de una multitud creciente de trabajadores sub o desempleados y empobrecidos, las recientes manifestaciones también pueden comprenderse como una respuesta a la mencionada política de austeridad y a la transformación general del capitalismo global durante las últimas décadas.

En este momento, la formación social estadounidense no sólo se ca-racteriza por el gran poder de los mercados financieros y por la debilidad de la clase obrera, sino también por la inexistencia de un movimiento afroamericano de resistencia, hecho que refleja particularmente la crisis general de la Izquierda y su incapacidad para organizarse8. Actualmente no existen líderes elocuentes y carismáticos del corte de Martín Luther King o Malcolm X dentro de las organizaciones afroamericanas que cuentan con la capacidad para politizar y movilizar a las masas popula-res oprimidas y explotadas. Muchos de estos líderes están en la cárcel, otros han muerto o fueron asesinados; y la gran mayoría de los sectores empobrecidos sólo se ocupa, aparentemente, de la simple supervivencia. Mientras persista el escenario de amenazas –reales o percibidas– que ha surgido en los Estados Unidos tras el 11-S, es bastante improbable que se forme un movimiento afroamericano que continúe con la lucha histórica por una verdadera igualdad social. Lo que han demostrado claramente los recientes casos de brutalidad por parte de los agentes del Estado capitalista contra la población afroamericana es que la desigual-dad social todavía está lejos de acabarse.

7 The Guardian (2015): “The rebellion in Baltimore is an uprising against austerity, claims top US academic”, 2 de mayo 2015, http://www.theguardian.com/us-news/2015/may/02/baltimore-rebellion-is-uprising-against-austerity-freddie-gray

8 Sam Gindin (2015): “Is Another Crisis Looming?”, https://www.jacobinmag.com/2015/05/federal-reserve-secular-stagnation-investment-recession/


http://www.theguardian.com/us-news/2015/may/02/baltimore-rebellion-is-uprising-against-austerity-freddie-gray

http://www.theguardian.com/us-news/2015/may/02/baltimore-rebellion-is-uprising-against-austerity-freddie-gray

https://www.jacobinmag.com/2015/05/federal-reserve-secular-stagnation-investment-recession/

https://www.jacobinmag.com/2015/05/federal-reserve-secular-stagnation-investment-recession/


http://derechoshumanos.pe/2013/06/los-desaparecidos-en-el-peru-nos-importan/


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50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP*

Carlos Enrique Bayo

PeriodistaDirector de Público

Wikileaks filtra el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para

establecer un acuerdo mundial secreto de comercio internacional de servicios que estará por encima

de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias, en beneficio de las corporaciones

El secretista tratado de libre comercio TTIP entre EE.UU. y la UE parecía imbatible como Caballo de Troya de las multi-

nacionales. Pero en realidad es casi una cortina de humo para tapar la verdadera alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo todavía más antidemocrático de intercambio de servicios entre medio centenar de países, incluida España, que no sólo se está negociando en el más absoluto de los secretos sino que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

* Fuente: http://www.publico.es/internacional/wikileaks/50-paises-pactan-secreto-tratado.html


https://www.wikileaks.org/tisa/financial/02-2015/page-1.html#efmACFAES




http://www.publico.es/internacional/wikileaks/50-paises-pactan-secreto-tratado.html

Neoliberalismo Rampante

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/05/actualidad/1341483021_541271.html

El nivel de encubrimiento con el que se elaboran los artículos y anexos del TiSA –que cubren todos los campos, desde telecomunicaciones y comercio electrónico hasta servicios financieros, seguros y transportes– es incluso superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos, para el que se prevén cuatro años de vigencia en la clandestinidad. Sin embargo, Público ha accedido –gracias a su colaboración con Wikileaks–, en exclusiva para España, los documen-tos originales reservados de la negociación en curso, donde queda patente que se está construyendo un complejo entramado de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales y burlar los con-troles parlamentarios sobre el mercado global.

Los asociados periodísticos de Wikileaks que participan junto a Público en esta exclusiva mundial son: The Age (Australia), Süddeutsche Zeitung (Ale-mania), Kathimerini (Grecia), Kjarninn (Islandia), L’Espresso (Italia), La Jornada (México), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Además, el TiSA es impulsado por los mismos gobiernos (EE.UU. y los de la UE) que impusie-ron el fallido modelo financiero desregulado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que provocaron la crisis financiera global de 2007-2008 (el crash del casino bursátil mundial simbolizado por el hundimiento de Lehman Brothers) que arrastró a las economías occidentales y que todavía estamos pagando tras casi un decenio de austeridad empo-brecedora, recortes sociales y rescates bancarios. Y lo que precisamente trata de imponer este nuevo pacto neoliberal mundial es la continuidad e intensificación de ese sistema en beneficio desorbitado de las grandes compañías privadas transnacionales y atando las ma-nos de gobiernos e instituciones públicas.

Esos objetivos son evidentes en la intención de mantener el tratado secreto durante años, puesto que así se impide que los gobiernos que lo ejecutan


https://www.wikileaks.org/index.es.html

tengan que rendir cuentas ante sus parlamentos y ciudadanos. También es patente la intención fraudulenta de esa negociación clandestina por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, que requiere trabajos preparatorios y debates previos entre expertos y académicos, agencias no gubernamentales, partidos políticos y otros actores… algo a todo punto imposible cuando la elaboración de un acuerdo se efectúa en estricto secreto y a escondidas de la luz pública.

Por el momento, los gobiernos implicados en la negociación secreta del TiSA son: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtens-tein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE, pese a ser un organismo no electo por sufragio universal. Además, entre los socios hay tres paraísos fiscales declarados, que participan activamente en la elaboración de los artícu-los, especialmente Suiza.

Los textos de la negociación secreta del TiSA que ahora desvela Wi-kileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que fueron precisamente esos inven-tos financieros, como los derivados o los CDS (credit default swaps) –au-ténticas apuestas sobre posibles quiebras–, los que generaron la burbuja

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a

apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis; les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los

forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos, y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o

responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos,

sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina.



bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 des-truyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de miles de millones en fondos públicos.

Hace un año, Wikileaks ya filtró una pequeña parte de la negociación del TiSA (el anexo referido a Servicios Financieros, a fecha 19 de junio de 2014), pero hasta hoy no se había tenido acceso a las actas de las negociaciones secretas sobre todos los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo: Finanzas (lo acordado a 23 de febrero de 2015), Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Transporte Aéreo y Marítimo, Distribu-ción y Envíos, Servicios Profesionales, Transparencia, Movimientos de Personas Físicas, Regulaciones Na-cionales Internas, Servicios Postales Universales…

Público ha tenido incluso acceso a las notas in-ternas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende.

Es revelador el listado de las naciones latinoa-mericanas que participan en el TiSA, todas ellas fieles aliadas de EE.UU., como Colombia, México y Panamá (paraíso fiscal que es muy activo en la ne-gociación), así como la exclusión no sólo de los países bolivarianos sino incluso de Brasil y otras potencias regionales de las que Washington no se fía. En rea-lidad, todas las potencias emergentes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) han quedado apartadas del tratado secreto, precisamente porque serán las que más pierdan al aplicarse las con-diciones pactadas.

No cabe duda de que se busca impedir el debate que reclamaron muchos países, sobre todo Ecuador, tras el crash financiero sobre las razones que lo pro-vocaron y las soluciones para que no vuelva a pro-ducirse. EE.UU., Canadá, Australia, Suiza y la UE se opusieron frontalmente incluso a las conclusiones

http://internacional.elpais.com/internacional


https://wikileaks.org/tisa-financial/press.html



http://www.wikileaks.org/tisa/financial/02-2015/page-2.html#efmAAAADX

http://www.wikileaks.org/tisa/financial/02-2015/page-2.html#efmAAAADX

http://www.wikileaks.org/tisa/market-israel/page-2.html#efmAARAEG

http://www.wikileaks.org/tisa/market-turkey/page-2.html#efmAARAEF

de la Comisión Stiglitz de la ONU, en 2009, negándose a aceptar la evidente relación entre la desregulación bancaria/bursátil y la crisis, y en 2013 bloquearon todo intento de discutirlo en el seno de la OMC.

Entre lo más sarcástico del contenido del TiSA que ahora sale a la luz está la exigencia de transparencia total a las autoridades nacionales, que deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regu-laciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones y los lobbies comerciales internacionales tengan tiempo y recursos para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.

Una imposición a los estamentos públicos que exigen los que no sólo pactan en secreto su propio modus operandi, sino que incluso pretenden que sus acuerdos ya en vigor permanezcan durante años como top secret, negando a los órganos de la soberanía popular hasta el conocimiento de las reglas que van a aplicar los gobiernos de cada país en sus relaciones internacionales.

En cambio, los acuerdos del TiSA –que se negocian al margen del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) y de la OMC–to-man en cuenta todas y cada una de las exigencias de la industria finan-ciera de Wall Street y la City londinense, así como los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, para las que el tratado no sólo no es secreto sino su propio engendro. Como alertó hace meses la ca-tedrática de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, “el mayor peligro es que el TiSA impedirá a los gobiernos fortalecer las reglas del sector financiero”.

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis; les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos, y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina.

A menos que los órganos de la soberanía popular impidan este golpe de Estado económico mundial.


http://www.wikileaks.org/tisa/transparency/01-2015/page-1.html#efmABXAMZ



https://wikileaks.org/tisa-financial/Analysis-of-secret-tisa-financial-annex.pdf





http://www.eldinamo.cl/blog/deudas-pendientes-del-estado/


Libr

os

Varios Autores (2015). Conflicto social y rebelión armada en Colombia. Ensayos críticos. Bogotá D.C.: Gentes del común, 443 pp.

* Texto de presentación del libro

En desarrollo de los diálogos y las negociaciones entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP, las partes acordaron, el 5 de agosto de 2014, la conformación de la Comi-sión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV)1. De esa forma, se dio respuesta a una insistente petición guerrillera formulada desde el inicio de la negociación con la que se buscaba, como parte de la construcción de la solución política al conflicto colombiano, aportar al esclarecimiento de la verdad histórica.

En el acuerdo suscrito por las partes se señaló que el objetivo de la CHCV consistía en «contribuir a la comprensión de la complejidad del contexto histórico del conflicto interno, y para proveer insumos a las delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del Acuerdo General que están pendientes». Asimismo, se afirmó que la creación de la Comisión se enmarcaba dentro del “Acuerdo General para la termi-nación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera», que dio inicio a los diálogos de La Habana, y que tenía «como marco de referencia la “Declaración de principios del punto 5 de la Agenda: Víctimas».

1 Ver Comunicado Conjunto. La Habana, 05 de agosto de 2014, disponible en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-haba-na-05-de-agosto-de-2014


https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/comunicado-conjunto-la-habana-05-de-agosto-de-2014



Libros

La Comisión fue integrada por doce expertos y dos relatores, a quienes se les encomendó la misión de producir un Informe que, combinando «profun-didad y precisión», contendría «tanto el informe síntesis hecho por los relatores, como los informes elaborados por los expertos».

En su mandato, la Mesa de Diálogos señaló que el Informe trataría los siguientes tres puntos: «Los orígenes y múltiples causas del conflicto; los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto; y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población».

De igual manera, se estableció que el Informe «debería ser insumo fundamental para la compren-sión de la complejidad del conflicto y de las respon-sabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el mismo, y para el esclarecimiento de la verdad histórica. En esa medida, se indicó, será un insumo básico para una futura Comisión de la verdad y contribuirá a la reconciliación». A los integrantes de la Comisión se les dotó, además, de plena autonomía para la elaboración de sus estudios, en lo referente a los temas específicos a abordar, la delimitación temporal y la metodología de trabajo. Se definió un tiempo de trabajo de cuatro meses.

La Comisión se integró por los académicos e investigadores sociales Gustavo Duncan Cruz, Jairo Estrada Álvarez, Darío Fajardo Montaña, Javier Giraldo Moreno, S.J., Jorge Giraldo Ramírez, Francisco Gutiérrez Sanín, Alfredo Molano Bravo, Daniel Pécaut, Vicente Torrijos Rivera, Renán Vega Cantor, María Emma Wills Obregón, Sergio De Zubiría Samper, y por los relatores Eduardo Pizarro Leongómez y Víctor Manuel Moncayo Cruz.

El 10 de febrero de 2015, la Comisiónentregó a las delegaciones del Gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC-EP en la Mesa de Diálogos de La Haba-na su Informe final Contribución al entendimiento


del conflicto armado en Colombia2. Como era de esperarse, el Infor-me presentado es un fiel reflejo de la heterogeneidad de la formación disciplinar, así como de las perspectivas teóricas y políticas de los integrantes de la Comisión, y es demostrativo de los diversos enten-dimientos, caracterizaciones e interpretaciones históricas que sobre el conflicto armado existen en la sociedad colombiana.

Más allá de las contribuciones específicas del Informe de la Comisión al proceso de diálogos, no sólo respecto de los asuntos generales del mandato, sino con referencia al punto 5 de Víctimas y en particular al debate sobre las responsabilidades históricas y la solución de justicia a construir para transitar el camino de un eventual Acuerdo final entre las partes, debe afirmarse que uno de los grandes aportes de la Mesa de Diálogos con la creación de la CHCV consiste en haber propiciado un retorno a la historia, como una vía necesaria para abrirle paso a un entendimiento complejo del presente y, sobre todo, del valor sinigual que poseen la perspectiva de la solución política y la posibilidad de sentar las bases para avan-zar hacia la paz estable y duradera.

Tras un período importante en el que se había asistido al predo-mino analítico e interpretativo de enfoques teórico-políticos susten-tados en la «sociología de los actores», en las tesis de la «guerra contra la sociedad» y de la «teoría económica del conflicto», que no sólo han influido en el medio académico, sino en el diseño e implementación de políticas del Estado, con el Informe presentado por la Comisión, al tiempo que se observa la persistencia de perspectivas interpreta-tivas del conflicto tributarias de esas concepciones, se abrió espacio para otros enfoques que a pesar de tener importantes elaboraciones previas, particularmente durante las décadas de 1970 y 1980, habían sido relegados a un segundo plano, o incluso ignorados, precisamente por los cambios ocurridos en el campo intelectual a partir de la dé-cada de 1990.

En medio de su pluralidad, el Informe asestó un duro golpe al negacionismo histórico que alcanzó a imponerse durante los gobiernos de Uribe Vélez, y sepultó las tesis sobre la «amenaza te-rrorista». La simplificación ideologizada de la historia en función del proyecto político de la facción uribista de la derecha colombiana

2 El informe completo puede consultarse en: https://www.mesadeconversacio-nes.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana,%20Febrero%20de%202015.pdf


https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe Comisi_n Hist_rica del Conflicto y sus V_ctimas. La Habana, Febrero de 2015.pdf




Libros

http://www.detectivesdelahistoria.es/chile-y-el-ensayo-del-neoliberalismo/


y la fabricación mediática de la historia conforme a tal proyecto han sido despojadas de ese velo que pretendía sustentar y alentar la continuidad de la salida militar como «solución final», eso es, de liquidación y exterminio del enemigo definido como «terrorista».

El retorno a la historia propiciado por la Mesa de Diálogos de-muestra que en el caso colombiano no habrá una «historia de los vencedores» o si se quiere una «historia oficial», aunque existan ya algunos relatos que ‒sin necesariamente tenerlo como propósito‒ puedan haber terminado cumpliendo esa función, como es el caso del ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, elabora-do por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el marco de la Ley 975, conocida como la Ley de Justicia y Paz.

Con el Informe de la Comisión Histórica y del Conflicto y sus Víctimas ha quedado en evidencia que la historia es un campo en disputa y que en ella no sólo tienen cabida relatos oficiales o inter-pretaciones encuadradas dentro de las justificaciones del orden so-cial vigente, sino que existen otras voces y enfoques que aproximan lecturas de «los de abajo», de los desposeídos y de los humildes.

La riqueza del Informe se encuentra precisamente tanto en la diversidad de interpretaciones ofrecidas por el conjunto de traba-jos que lo conforman, como en el intento de cada uno de ellos de producir un relato general. Considerando las características del mandato, la metodología y el tiempo de trabajo, es evidente que no se está en sentido estricto frente a una nueva investigación histórica, sin desconocer que en algunos de los trabajosse ofrecen nuevos da-tos y nuevas valoraciones de procesos y hechos del pasado.

A partir de las interpretaciones contenidas en el Informe se contribuye a una redefinición de los contornos del debate teórico, político e histórico sobre el conflicto, de suma utilidad para la investigación histórica. En ese sentido puede anticiparse que él con-tribuirá a promover la discusión histórica en medios académicos y en la propia opinión pública, al ampliar las perspectivas de análisis predominantes y ofrecer enfoques que desde diversas orillas dan cuenta de la importancia de retornar a relatos generales y a esfuer-zos de interpretación en el mismo sentido, en un marco en el que la muy rica y variada investigación histórica y social, al tiempo que ha permitido mayor conocimiento del conflicto, también ha propiciado –sin proponérselo‒ una inconveniente fragmentación. Como bien lo señala Marco Palacios, la «fragmentación del conocimiento», que


Libros

caracteriza la muy rica investigación histórica sobre el conflicto co-lombiano, invita a la «síntesis interpretativa en perspectiva histórica»3.

El libro ofrece una selección de trabajos del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que por afinidades, cercanías y complementariedades teóricas e ideológicas puede constituir una uni-dad diversa para la caracterización compleja del conflicto colombiano y para un mejor entendimiento de la naturaleza histórica, política y social de la rebelión armada en nuestro país.

Con fundamento en diversos enfoques disciplinares, así como va-riados énfasis en el relato histórico y múltiples aproximaciones a él, los trabajos aquí presentados poseen un hilo conductor: la existencia de la rebelión armada se explica esencialmente por las condiciones de constitución y reproducción del orden social capitalista, al cual le es inherente el conflicto social. Las formas histórico-concretas asumidas por ese conflicto permiten comprender, a su vez, las razones por las cuales surgió y ha persistido hasta la actualidad la expresión de la re-belión armada.

Tomando como referencia la definición de las condiciones sistémi-cas más generales, los trabajos se ocupan del análisis de la tendencia histórica del proceso de acumulación capitalista, de las formas de organización del poder de las clases dominantes, de los componentes culturales e ideológicos, de la centralidad de la no resuelta cuestión agraria y campesina, del lugar de las estructuras contrainsurgentes y paramilitares, del papel de los Estados Unidos, y de aspectos de las historias insurgentes.

Todo ello, ofrece al lector elementos de análisis para un acerca-miento más consistente, juicioso e informado acerca del conflicto social y armado y de su tendencia histórica.

3 Marco Palacios, Violencia pública en Colombia, 1958 -2010, México: Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 21.


Edito

rial

Trascender la “justicia transicional” para consolidar la solución política

Jairo Estrada Álvarez

Cuando se reflexiona acerca de las posibilidades reales de con-solidar la salida política al conflicto social y armado a través

de un acuerdo final en los términos definidos por la agenda de diálogos de La Habana, llama profundamente el tratamiento que se le ha dado al punto de Víctimas por los voceros gubernamentales, los medios masivos de comunicación y un sector importante de los llamados analistas polí-ticos y productores de opinión.

Aunque es evidente la complejidad del Punto1, debe señalarse que se ha observado una tendencia deliberada a restringirlo a la definición de los términos de la justicia aplicable a los rebeldes armados en los contor-nos de la llamada justicia transicional. Y ‒en simplificaciones de ésta‒ a la materialización de la justicia comprendida como juicio y condena.

Tres son las novedades de este libreto: La primera, el perfecciona-miento de diseños de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), definida como una “ley de justicia transicional”, ajustados ahora a requerimientos propios de la negociación con la insurgencia, pero dentro del mismo marco conceptual que se ha impuesto en el país en los últimos lustros bajo la influencia de Kai Ambos, reconocido experto alemán en dere-cho penal internacional, quien entre tanto ha hecho escuela en nuestro

1 Por cierto no definida en la propia Agenda, que lo limitó a los subpuntos de “De-rechos humanos de las víctimas” y de “Verdad”, y más bien desarrollada por las partes en la “Declaración de principios para la discusión del punto 5 de la Agenda: Víctimas”, del 7 de junio de 2014.


Editorial

medio y cuenta con un sinnúmero de seguidores de su doctrina en el ámbito académico, en oenegés y, especialmente, en la Fiscalía General de la Nación. Sin duda, en la elaboración del llamado marco jurídico para la paz están sus manos y su cerebro. La segunda, en consonancia con tal perfeccionamiento, la formulación de una presunta postura ge-nerosa del Estado frente al alzamiento armado para posibilitarle pactar a la insurgencia una “paz digna” con penas bajas y con posibilidad de tener el carácter de alternativas. En este contexto, el centro de la dis-cusión se ha trasladado a considerar si debe haber o no privación de la libertad y, si hay penas alternativas, a la definición de sus modalidades. La tercera, la ampliación de la señalada generosidad del Estado a una limitación del universo del juzgamiento y de la impartición de condenas a los llamados máximos responsables, abriéndole paso al mismo tiempo a un remozado reconocimiento del delito político, en una definición amplia que comprendería conexidades, para aplicárselo a la base guerri-llera. En la trasescena de estos diseños se encuentra el “coco” de la Corte Penal Internacional. Todo indica que tal “coco” ha sido magnificado y hace parte de la estrategia de negociación gubernamental y de la que se desarrolla por fuera de la Mesa. Los seguidores colombianos de Ambos han superado a su maestro, pues él considera que “en estos momentos (…) la Corte es más un tigre de papel que un coco”2.

2 Entrevista a Kai Ambos, “Las Fuerzas Armadas no pueden ser consideradas perso-nas protegidas por el DIH”, Revista Semana, Bogotá, 17.04.2015.

http://www.elespectador.com/noticias/politica/tres-anos-se-han-entregado-restos-1428-familias-victima-articulo-563605


Si el punto de Víctimas pretende ser resuelto de esa manera, es evi-dente que estamos frente a su instrumentalización política y, sobre todo, frente a ejercicios continuados de hipocresía y demagogia frente a sus derechos. Quienes en el pasado se opusieron a diseños normativos para reconocer los derechos de las víctimas, señalando imposibilidades fiscales en medio del más espectacular aumento del gasto militar, ahora se reclaman vo-ceros de las víctimas para reivindicar la “paz sin impunidad”; quienes impulsaron y sacaron adelante la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras, Ley 1441 de 2011, imponiéndole un visión recortada a sus dere-chos integrales y sometiéndolas además a la sostenibilidad fiscal, ahora se proyectan como nuevos paladines de la justicia frente a ellas.

Si en realidad se quieren materializar los derechos de las víctimas, es hora de que cese la retórica en relación con ellas y que, en su lugar, se avance en la concreción de condiciones para la realización de sus derechos. Además de diseños conceptuales más profundos acerca de la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición, concretar los derechos de las víctimas demanda un esfuerzo fiscal extraordinario, superior en sus proporciones al acordado por las clases dominantes e impuesto a la sociedad en su conjunto cuando decidieron emprender los caminos de la “guerra integral” y de la “seguridad democrática” en la búsqueda de la solución militar que nunca llegó. Los diálogos de La Habana representan una oportunidad histórica para contribuir a saldar la deuda del conflicto con las víctimas. Más allá de los eventuales acuer-dos que se suscriban en esa materia, se requiere construir un consenso nacional para una política de víctimas y de materialización integral de sus derechos, blindada constitucionalmente y sin la talanquera de la sostenibilidad fiscal. Una razón más para una Asamblea Nacional Constituyente.

Desde luego que el reconocimiento y la realización de los derechos de las víctimas incluyen el complejo asunto de la justicia. Éste se encuentra además en estrecha y honda relación con los puntos 3 y 4 de la Agen-da, referidos al Fin del conflicto y a la Implementación, verificación y refrendación , respectivamente, en la medida que se trata de abordar las condiciones para la “reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político–, de acuerdo con sus intereses”, como reza la Agenda, y de proveer las condiciones de seguridad jurídica para quienes harán tránsito como movimiento al ejercicio de la política abierta, incluida la no extradición, entre otros.

El anuncio de las Partes, el pasado 4 de junio, de conformar una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no


Editorial

Repetición representa un paso del mayor significado en la elaboración de un concepto complejo de justicia que atienda las especificidades del conflicto colombiano. La justicia no es reductible al derecho y mucho menos al derecho penal. No hay justicia sin historia y sin verdad.

Además de desempantanar el proceso, tras casi un año sin nuevos acuerdos parciales, la decisión de conformar esta comisión de carácter extrajudicial es una excelente noticia para las víctimas del conflicto, pues –a juzgar por los diseños– se tratará de un esfuerzo colectivo por esclarecer la verdad, lo cual implicará una definición precisa de las responsabilidades en el conflicto colombiano. A los resultados de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, cuyo informe permitió la identificación de múltiples responsabilidades supremas, derivadas y diferenciadas3, se le agregarán aquellos que resulten del trabajo que esta Comisión adelantará por tres años. Habla muy bien de las partes haber llegado a este acuerdo, cuyo análisis detallado escapa a los propósitos de este escrito, y, sobre todo, de su disposición declarada de contribuir

3 Empezando por la responsabilidad suprema proveniente del orden social vigente y del Estado como su organizador, y continuando con las derivadas que comprometen a los poderes públicos, a las fuerzas militares y de policía, a agentes del Estado, a gremios y grupos económicos, a partidos políticos, a medios de comunicación, a estructuras contrainsurgentes conformadas por narcotraficantes, latifundistas, ganaderos, empresarios, dirigentes políticos, a la Iglesia, a gobiernos extranjeros, especialmente a los Estados Unidos, y a la propia insurgencia en lo ocasionado en ejercicio de su derecho a la rebelión.

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Memoria_de_Buenos_Aires


a esclarecer la verdad. Pero, además de ello, debe destacarse que al otorgársele a la Comisión propósitos de convivencia y no repetición, se avanza en un entendimiento de justicia más allá del derecho.

Si en la construcción del “sistema integral de verdad, justicia, repa-ración y no repetición que se ha de acordar para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”, anunciado en el mencionado acuerdo sobre la Comisión, prevalece un concepto de justicia más allá de los contornos de la llamada justicia transicional y del derecho penal, es posible pensar en que se vaya consolidando un nuevo acuerdo en el punto de víctimas, articulado a otros puntos pendientes de la Agenda.

Contra la definición de un acuerdo sobre justicia atenta la estriden-cia inútil de un esperado sometimiento guerrillero a la justicia estatal. Pensar en ello hubiera sido posible si se hubiera producido una derrota militar y el proceso de diálogos tuviera las características de un proceso de desarme, desmovilización y reinserción. Si se considera el principio de realidad, es decir, la situación política y militar de la contienda plasmada en la Agenda de diálogos de La Habana, también el tema de justicia estará caracterizado por la difícil construcción de un acuerdo político. Así se infiere además de los documentos de las FARC-EP, así como de las propuestas presentadas en la Mesa que se han hecho públicas.

Pensar tal acuerdo político, presume construir creativamente una solución propia, que teniendo como fundamento una concepción de justicia más allá del derecho, le de salida a los difíciles conflictos entre los propósitos de paz y las demandas de justicia, atendiendo principios uni-versales, pero sin interpretaciones sesgadas. Hay varias claves para ello. En contravía de las posiciones predominantes en el mundo académico, en sectores de las oenegés y de la llamada opinión pública, hay recien-tes elaboraciones de académicos reconocidos que vale la pena explorar, desarrollar y profundizar4. La justa preocupación por consolidar la pers-pectiva de la solución política pasa por superar el enfoque de justicia transicional, con que se ha querido impregnar el proceso de La Habana.

4 Me refiero al trabajo reciente de Ricardo Sánchez Ángel, “Cinco tesis sobre el dere-cho a la paz en Colombia” y a los reiterados llamados de Francisco Barbosa Delgado a incorporar la doctrina del “margen nacional de apreciación”y el concepto de “jus-ticia prospectiva”.


DATOS IMÁGENESLas imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.

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*Bandera:https://www.flickr.com/photos/90051919@N02/14988169054

*Página actual:http://www.juliogalvez.com/

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revista izquierda n°54, junio de 2015

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