revista controversia no 194 junio 2010

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Tercera etapa • No. 194 • Junio de 2010

Escuela Nacional Sindical (ENS)Instituto Popular de Capacitación (IPC)Foro Nacional por ColombiaCentro de Investigación y Educación Popular (Cinep)Corporación Región

DIRECTOR Alejandro Angulo Novoa, s.j.Cinep

EDITOR ESPECIAL NÚMERO 194Guillermo Correa MontoyaEscuela Nacional Sindical (ENS)

COMITÉ EDITORIALGuillermo Correa (ENS)María Soledad Betancur (IPC) Fabio E. Velásquez C. (Foro)Mauricio Archila N. (Cinep)Rubén Fernández (Corporación Región)

COMITÉ CIENTÍFICOAlejandro GrimsonInstituto Nacional de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional San Martín, Argentina

Angela StienenUniversidad de Berna, Suiza

Carlos Figueroa IbarraInstituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Clara Inés GarcíaInstituto de Estudios Regionales (Iner), Colombia

David RecondoCentro de Estudios e Investigaciones Internacionales de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas, Francia

Francisco Leal BuitragoUniversidad de los Andes, Colombia

Guillermo HoyosInstituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Jenny PearceUniversidad de Bradford, Inglaterra

Margarita LópezCentros de estudios del desarrollo de Universidad Central, Venezuela

Pilar Riaño AlcaláUniversity of British Columbia, Canadá

Rodolfo Arango RivadeneiraUniversidad Nacional, Colombia

COLABORAN EN ESTE NÚMEROGuillermo Correa MontoyaJorge Hernán Flórez Acosta John Fredy Bedoya Marulanda Carmen Lucía Tangarife López Sohely Rúa Castañeda Ana Teresa Vélez Orrego Jorge Bernal MedinaJacqueline Aslan SouenAdriana Jungbluth Edwin Mauricio Villamil Garzón José Abelardo Díaz Jaramillo

COORDINACIÓN EDITORIALHelena Gardeazábal Garzón

ASISTENCIA EDITORIALJorge A. Cote R.

DIAGRAMACIÓNAlberto Sosa

FOTOGRAFÍA Mario Gregorio López Torres “Niña-Churequera”, Nicaragua, 2010.Concurso Latinoamericano de fotografía documental “Los trabajos y los días”

IMPRESIÓNEditorial Códice Ltda.

ISSN: 0120-4165Tarifa postal reducida No. 1092Carrera 5 No. 33A-08Teléfono: 2456181http://www.cinep.org.co/[email protected]

Bogotá, D.C.Colombia

Revista indexada en Publindexen categoría C de Colciencias.


ÍNDICE

HomenajePor Rubén Fernández 5

PresentaciónPor Guillermo Correa 9

TRABAJO DECENTE

Trabajo decente: una categoría política y técnica para el análisis y medición de las condiciones de trabajo en ColombiaPor Guillermo Correa Montoya y Jorge Hernán Flórez Acosta 15

Metodología para la medición del trabajo decente: una aproximación para el caso colombiano 2007-2008Por John Fredy Bedoya Marulanda y Carmen Lucía Tangarife López 47

La ciudadanía laboral: debates actuales de su sentido clásicoPor Sohely RúaCastañeda yAna Teresa Vélez Orrego 87

Flexibilización Laboral en la Industria Automotriz en ColombiaPor Carmen Lucía Tangarife López 121 La cuestión social y la agenda redistributivaPor Jorge A. Bernal Medina 163

Crise Internacional e os Efeitos no Mercado de Trabalho no BrasilPor Jacqueline Aslan Souen y Adriana Jungbluth 197


POLÍTICA Y SOCIEDAD

Rompiendo esquemas: Discusiones, tropeles, y movilizaciones del estudiantado universitario en Colombia entre 1970 a 1972Por Edwin Mauricio Villamil Garzón 233

Juventud, nueva izquierda y revolución en Colombia: los avatares políticos de Antonio Larrota GonzálezPor José Abelardo Díaz Jaramillo 265

Resúmenes de artículos 293

Colaboradores xxx

Instrucciones para la presentación de manuscritos xxx


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Tengo el enorme honor de pronunciar estas palabras en nombre de muchas personas. De quienes conformamos a Región por supuesto, pero también, de esa profusa trama de organizaciones a quienes pertenecía Jorge Bernal. Lo sabíamos muy bien: su oficina y su lugar quedaban en el Barrio Boston de la Ciudad de Medellín y allí con gusto pagábamos su salario, pero su trabajo y su inteligencia pertenecían a toda la ciudad, a sus organizaciones sociales, a las ONG de este país.

Hoy la moneda de nuestros sentimientos, como dice una canción linda por ahí, “es un cuadro de bifrontismo”, pero en este caso de doble faz: en un lado está la tristeza rotunda, pertinaz, de esas de las que uno no puede despegarse;

En la despedida de Jorge Bernal

“… y celebrar una vida buena”


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de otro, está la satisfacción enorme y la sonrisa dibujada allá, en el fondo del alma, por una vida que ha valido la pena, por una demostración fidedigna de que se puede vivir en dignidad, sin concesiones esclavizantes al bolsillo o al poder.

Estos dos sentimientos los encuentro resumidos en un par de imágenes fuertes que se impregnaron en mi pupila después de ver el cuerpo del amigo sin vida. La primera imagen es su propio rostro, que reflejaba una placidez y una como-sonrisa en la que podían leerse más serenidad y holganza, que angustia o desazón. Hoy creo que con toda razón, Jorge tenía motivos de sobra para morirse satisfecho. Su biografía es una demostración de ello: no pienso ahora en un ser carente de contradicciones o lados feos, sino sencillamente en un hombre, es decir complejo, que fraguó una manera de vivir guiada en lo fundamental por principios y valores, antiguos como la humanidad misma, pero siempre vigentes como la justicia y la solidaridad especialmente con los más débiles, la congruencia, la independencia y la autonomía a toda prueba, la crítica y la insatisfacción inclementes. Es decir, una vida que tenemos que celebrar y declarar con sencillez como ejemplar. Falta que le hacen a esta ciudad, a este país, a este planeta, seres que dediquen como Jorge lo mejor de sus energías vitales a imaginarse y a tratar de realizar mundos mejores para todas las personas.

La segunda imagen es la composición de su escritorio tal como lo dejó; no ese lugar cuasi público que son nuestras oficinas en las ONG, sino el íntimo, el lugar en donde se sentaba a trabajar cobijado por su propia casa, escuchando su música preferida. Era un paisaje elocuente, por eso quiero compartirlo con ustedes. Lo primero es que es un espacio estrujado, atiborrado, testigo del trabajo y lejano de la pulcritud característica del perezoso. Los libros más visibles, o sea, los que estaban encima de arrumes de otros libros, eran Conocer desde el Sur de Boaventura de Souza Santos quien era para Jorge y es para este mundillo nuestro, una cantera profunda de entendimientos; un texto sobre la cultura de Richard Sennett, este estadounidense con una mirada muy propia sobre lo que pasa especialmente en el alma de las ciudades contemporáneas;


7Homenaje

un texto de Bauman, un británico de origen polaco que muchas veces fue traído a colación por Jorge en debates internos; un libro que me sorprendió y me arrancó mis primeras lágrimas, pues fue definitivo en la fundación de Región y en la orientación de sus primeros pasos, que es Los Patios Interiores de la Democracia del chileno Norbert Lechner; y otro más, pasta doblada, página abierta y subrayado rotundo y claro con pluma de tinta negra indeleble, Oficio de Cartógrafo de Jesús Martín Barbero, otra de nuestras linternas, en esto de iluminarse ese camino oscuro y tantas veces indescifrable que son las rutas de la democracia y la justicia en este país. El texto fotocopiado que estaba enfrente y sobre el que estaba trabajando era el borrador de la política investigativa de Región que actualmente tenemos en construcción.

Como ven, este paisaje habla a las claras de una de las facetas más apasionantes y enriquecedoras de la vida que celebramos hoy. La del hombre nunca instalado en el mullido sillón del que ya sabe o del que sabe dónde se encuentra la verdad. Es el retrato de quien busca y bebe en muchas fuentes para ir fraguando un capital, el verdadero capital con que enfrentamos cada mañana la vida, que es nuestro conocimiento.

Ahí está el cuadro simple, claro y rotundo: una vida buena, una mano extendida para el apretón fraternal, una mente siempre inquieta y un alma solidaria y luchadora.

Será imposible sustituir su crítica inclemente, no podrá ocuparse ya su butaca en las mesas redondas, su pluma no será más extensión de la mano que le hace cosquillas a los libros. Hemos sufrido una pérdida irreparable.

Pero como en todas las vidas que valen la pena, ahí quedan su obra, sus libros, sus opiniones, sus propuestas y queda en especial su memoria entre quienes le conocimos y quienes le amamos. Ese legado es buen abono para nuevas siembras. Y Región y todas las organizaciones que hacen parte de esta red que nos ha empeñado la vida tejer, somos tierra negrita para esta labor de siembra.


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A su familia y a su hijo, ¿qué más decirles sino que miren a su alrededor para que constaten la energía que flota en el ambiente, claramente impregnada a la vez de tristeza y de satisfacción? Y de una manera muy particular a Stella, su esposa, agradecemos el haberse convertido en nicho sin el cual, en los últimos años esta vida entre nosotros no hubiera sido posible, según Jorge mismo muchas veces reconoció, al calor del tinto en reuniones formales o al calor de la copa de vino rojo en tertulias pasadas por música.

Nicolai Ostrovsky, en su libro Así se templó el acero, leído por muchos de nosotros varias décadas atrás, ante la tumba del camarada y amigo recordaba algo con lo que quiero terminar: la agudeza del dolor y de la pérdida, esa sensación de ahogo en la barriga del corazón, por fortuna el tiempo se encargará de aliviarla. Pero la hondura de la pérdida, esa si permanecerá allí para siempre.

Gracias a Jorge por su vida y por haber labrado su nombre en letra de molde, en las nuestras. Y gracias a ustedes por concelebrar con nosotros esta vida buena.

Rubén FernándezPresidente – Corporación RegiónMedellín, ¿? de agosto de 2010


9Presentación

Presentación

Han pasado algo más de diez años desde que la dirección de la OIT, como parte de sus proyecciones estratégicas, presentó e instaló en la opinión inter-nacional el concepto de trabajo decente, no solo como una marca institucional sino como un gran objetivo integrador, una apuesta medular y, singularmente, un desafío ético-político tripartito (gobierno, empresarios, sindicatos) de pre-tensiones globales. Una de las intenciones centrales de esa determinación ha sido la de reanimar la discusión pública frente a la centralidad, el significado y el sentido del trabajo, así como de la potencialidad que ofrece un mundo laboral soportado en una amplia noción de la dignidad que personifican los trabajadores del mundo contemporáneo, interrogado no solo por la cantidad sino asimismo por la calidad y las condiciones del trabajo. Con este criterio, el presente número de Controversia ha elegido el trabajo decente como tema central de debate.

En Colombia, con cierta dificultad semántica y poca voluntad política, solo recientemente ha empezado a discutirse el asunto. Singularmente, las organi-zaciones que hacen parte de esta revista, en vínculo con la Plataforma Colom-biana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, han venido impul-sando de tiempo atrás una amplia campaña nacional destinada a promover,


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además de los contenidos del concepto, propuestas de políticas públicas como alternativas estratégicas frente al desolador panorama laboral del país. Paradó-jicamente, los últimos ocho años de gobierno nacional han dejado constancia de que en nuestro medio el crecimiento económico no parece tener mayor relación con la disminución o la solución del desempleo, y menos aún con la creación de trabajo decente.

Sin embargo, al momento de la crisis económica son estos factores los pri-meros en ser sacrificados, actitud que, de paso, pone de presente un panorama laboral crítico, sostenido en una ruta ascendente de precariedad y déficit del trabajo decente. En esta entrega, y a modo de provocación y reflexión, abri-mos un espacio para hacer reflexiones teórico-políticas sobre las posibilidades de la categoría de trabajo decente, al tiempo que ubicamos, con sentido de diagnóstico, exploraciones y resultados investigativos frente al déficit de tra-bajo decente en el país. Complementariamente, se presentan criterios frente a nuevas realidades laborales, cruzadas con los efectos de la flexibilización del contrato laboral y los impactos de la crisis económica internacional.

Los investigadores Guillermo Correa y Jorge Flórez inician el debate con una propuesta de relectura de las reflexiones teóricas que varios estudiosos han hecho en torno a la categoría trabajo decente (TD) y las metodologías que se han propuesto para la medición y construcción de indicadores del mismo. Posteriormente, a modo de ejercicio exploratorio, Carmen Tanga-rife y John Fredy Bedoya ofrecen un panorama de las condiciones del TD en el país, medido a partir de indicadores del mercado laboral y que, todavía en el campo investigativo, derivan en una propuesta cuantitativa de índice nacional de TD.

Por su parte, las investigadoras Sohely Rúa y Ana Teresa Vélez analizan los debates promovidos internacionalmente en torno a la ciudadanía laboral, en su sentido clásico, así como los desafíos que dicha noción supone en un esce-nario de emergencia de nuevas subjetividades y transformaciones del mundo laboral de hoy, con la flexibilización como telón de fondo.


11Presentación

El artículo de Carmen Tangarife muestra el proceso de transformaciones laborales y procedimientos de producción operados en las tres principales en-sambladoras de automóviles con que cuenta el país –Compañía Colombiana Automotriz (CCA), General Motor-Colmotores y Sociedad de Fabricación de Automotores (Sofasa)–, para las cuales identifica, a través de un análisis esta-dístico descriptivo, las consecuencias del proceso flexibilizador, tanto sobre las empresas como sobre sus trabajadores.

Jorge Bernal ubica algunos debates teóricos alrededor de elementos de la filosofía liberal y nos propone una relectura de la categoría igualdad como elemento central en la discusión de la agenda social, al tiempo que ofrece un crítico panorama entretejido con formas de exclusión, desigualdad y pobreza. Este ensayo reviste especial interés y cobra un valor profundo y emotivo, pues reconstruye las últimas reflexiones de Jorge antes de su precipitada partida. El texto, además de su agudeza analítica, permite acercarnos a ese mundo provocador y comprometido con el cual Jorge asumió su experiencia de vida y su sentido de humanidad. Este número de la revista es un homenaje a su memoria, su fuerza y sus palabras.

Para cerrar la sección de trabajo decente y transformaciones laborales, las investigadoras Jacqueline Aslan Souen y Adriana Jungbluth presentan un análisis riguroso en torno al surgimiento de la crisis financiera global del año 2008, desencadenada desde las entretelas del mercado hipotecario nor-teamericano. Describe su transformación en crisis de crédito generalizada, cuyos efectos golpearon, de manera muy nociva, la economía internacional, así como las complejas manifestaciones que dicho trance tuvo en el mercado laboral brasileño.

En la sección Política y Sociedad ofrecemos un atractivo análisis históri-co en torno a la memoria del movimiento estudiantil. El historiador Edwin Villamil reconstruye el proceso de movilización y lucha desarrollado por el estudiantado colombiano entre 1970 y 1972, en el marco del Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos promulgado en abril de 1971. Banderas reivin-


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dicativas y programáticas, como el cogobierno, la expulsión de las fuerzas extrauniversitarias, la elección democrática de autoridades universitarias y la reestructuración del sistema universitario público en Colombia, nos recuerdan un país aparentemente lejano que a veces olvidamos. La mirada histórica se complementa con un trabajo de José Abelardo Díaz sobre la trayectoria po-lítica de Antonio María Larrota en el contexto de la segunda mitad del siglo XX, su tránsito del conservadurismo a la militancia de izquierda y su proceso particular como dirigente estudiantil.

GUILLERMO CORREA MONTOYAEditor Especial del Número 194 – Revista Controversia

Medellín, junio de 2010


13Presentación


TRABAJO DECENTE


* Artículo recibido en mayo de 2010. Artículo aprobado en junio de 2010.** Candidato a Doctor en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Director del área de investigaciones de la Escuela Nacional Sindical.*** Estudiante de Ph.D en Economía en el Toulouse School of Economics, de Francia.

Trabajo decente: una categoría política y técnica para el análisis y la medición de las condiciones de

trabajo en Colombia*

Por Guillermo Correa Montoya** y Jorge Hernán Flórez Acosta***


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Aproximaciones conceptuales a la categoría de trabajo decente1

En los últimos cinco años ha empezado a hablarse en Colombia de trabajo decente (en adelante, TD) como una noción teórico-técnica referida al análisis de las condiciones de trabajo en sentido amplio. Sin embargo, aún no es un concepto muy instalado y es precariamente explorado. Tanto las autoridades como las organizaciones sociales han empezado a incorporarlo y a discutirlo como categoría de análisis en el horizonte de las posibilidades discursivas. Tal incorporación discursiva, ya sea para valorar sus contenidos o para rechazar sus significados, ha atravesado una amplia discusión que en ocasiones toma tintes emotivos y de sensibilidades teórico-partidistas más que de un profundo análisis crítico.

Para algunos2, la connotación decente se vincula a categorías morales que le suponen al concepto un error político en términos de su comprensión,

1 Este artículo es uno de los resultados de la investigación sobre indicadores de trabajo decente en Colombia, coordinada por Guillermo Correa Montoya. En dicha investigación participaron los economistas Jorge Hernán Flórez Acosta, John Freddy Bedoya Marulanda, Carmen Tangarife y Margarita Ramírez.2 Durante la planeación y diseño de la campaña nacional sobre trabajo, liderada por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, varias organizaciones sociales plantearon amplias discusio-nes y señalaron sus preocupaciones frente a la utilización del concepto decente, por considerarlo moralista o políticamente inadecuado. Sin embargo, saldadas estas discusiones, se logró construir un consenso y en 2008 se inició la campaña nacional por trabajos decentes. Véase: www.trabajodecente.org.co


17Una categoría política y técnica

y en contraposición, para saldar la discusión, proponen la noción de digno. Los investigadores dedicados al mundo laboral en Colombia se han mostrado poco interesados en el concepto y han tendido una mirada un tanto escéptica, desplazándolo al campo marginal de los términos técnicos, y para otros gru-pos sociales, específicamente sindicatos y organizaciones pertenecientes a un sector radical de la izquierda, el hecho de que el concepto haya sido incorpo-rado en el lenguaje oficial ha despertado una actitud recelosa frente al mismo, al considerarlo como uno más entre los conceptos colonizados, lo que habría que traducir como un nuevo concepto proscrito

Sin pretender resolver o ahondar en diferencias semánticas o lingüísticas, en el presente artículo expondremos algunos debates contemporáneos frente al asunto, ubicando además sus posibilidades técnicas y políticas frente a la discusión ampliamente señalada y experimentada acerca de la continua pre-carización del trabajo y las sospechas teóricas que la sitúan hoy como una noción por fuera de la centralidad de la vida.

El concepto de trabajo decente3, acuñado en 1999 por el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, hace refe-rencia a la focalización de las acciones de la OIT en cuatro objetivos estratégi-cos que le dan forma y contenido al concepto:

3 Una de las primeras acepciones de la palabra decent es “satisfactory” y “anacceptablestandard”. En español, una de las significaciones del adjetivo “decente” es “de buena calidad o en cantidad suficiente”. De lo cual puede derivarse la constatación de que, aún en el lenguaje común, un trabajo decente es, por lo menos, aquel suficiente en calidad y cantidad. Lo decente hace referencia a una noción más compleja, que amplía la noción de dignidad, pero a su vez más operativa; no supone los mínimos sino que aboga por una situación deseable y técnicamente alcanzable, una situación que supere la visión precarizadora de lo mínimo, asociado hoy a las condiciones dignas. Al contrario, lo decente amplía esta lógica y lo ubica en la referencia a lo suficiente, y esta suficiencia supone calidad y cantidad. Ahora bien, este concepto no cierra la posibilidad de un mejor horizonte o unas condiciones todavía mejores en perspectiva progresiva, aunque supone unas garantías necesarias de vida. En cuanto a la alusión a dignified, se señala que es una palabra considerada formalista, en desuso, poco cotidiana o popular, que no tiene significado alguno en la vida ordinaria de los trabajadores. Sin embargo, varios teóricos han señalado que la diferencia entre lo decente y lo digno puede surgir de la traducción diferenciada del concepto; los contenidos y la propuesta politico-teórica de ambos términos pueden asimilarse de forma idéntica. La elección de la noción decente tiene más implicaciones publicitarias y políticas, por la universalidad del término, que reales diferencias en sus contenidos.


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1. Los principios y derechos del trabajo como mandato histórico de la OIT, expresados en sus diferentes convenciones.

2. La focalización en la creación del empleo como un mandato político, al señalar que, después de los derechos humanos fundamentales, el acceso al empleo es la mayor aspiración de la gente, e insistir en que el empleo es el primer paso para escapar de la pobreza y la exclusión social.

3. La protección social como un mandato ético de la OIT, que debe con-jugarse, en palabras de Somavía, con un mandato creativo para lograr ampliar el sistema de protección social a los sectores excluidos. Esta protección debe además estar enmarcada en una visión más compleja de la seguridad: la seguridad de las personas, la capacidad para resolver el conjunto de situaciones que hacen que una familia, una comunidad o un grupo humano, vivan sin temor, sin riesgos. A esta noción de seguri-dad socioeconómica la denomina “seguridad de la gente”.

4. El tripartismo y el diálogo social como un mandato organizativo de la OIT: un diálogo influyente que esté cimentado en una sólida organiza-ción de los trabajadores, una fuerte organización de los empleadores y un ministerio de Trabajo actuante y que posea estructuras modernas de administración de su mandato.

Para Somavia (1999), es necesario que los cuatro objetivos estratégicos que configuran el contenido básico del TD se conjuguen de manera transversal con los temas del desarrollo y la igualdad de los sexos. Tales propósitos sinte-tizan y dan contenido al concepto de TD, y a la vez reflejan la misión histórica de la OIT. Dicha noción surgió como una propuesta dirigida a focalizar las actividades de la institución en ideas claras y precisas.

Con posterioridad a estas referencias han sido múltiples las discusiones adelantadas en torno a los contenidos que suponen la noción de TD. Para algunos es un concepto todavía en construcción que supone y engloba el proceso histórico de la OIT y marca la ruta de continuidad bajo una noción integradora; en contraste, otros argumentan que el concepto no es más que una noción que interrelaciona los propósitos de la institución y les otorga un



orden sin mayores novedades que su semántica. Por tal razón, para quienes afirman su sentido de construcción y proceso dicha noción podría significar el piso sobre el cual se construye una dimensión de dignidad del trabajo, en un paradigma que vincula desarrollo social y económico con condiciones de seguridad humana. Para los escépticos, el concepto supone un marco de refe-rencia que ubica el techo de las apuestas de la institución –es decir, los obje-tivos tradicionales de la OIT– bajo un nuevo punto de referencia semántico.

En un sentido complementario, el concepto de trabajo decente aparece como integrador de las apuestas centrales de la OIT, al establecer un norte de actuación dirigido a la búsqueda de bienestar social, clave en la construcción de futuro. Ante la premonición del fin del trabajo, el creciente deterioro de las relaciones y condiciones laborales, la pobreza, la desigualdad y la exclusión, el concepto de trabajo decente se presenta como uno de los grandes desafíos político-sociales del siglo XXI.

Desde una perspectiva histórica, el TD puede interpretarse y traducirse en los propósitos y construcciones que la OIT ha venido planteando y renovando desde su fundación. Los elementos centrales que hoy definen el concepto han sido abordados por la institución en diferentes momentos a lo largo del tiempo.

Los principios centrales que definen hoy el TD, referidos a las libertades sindicales, la reivindicación del trabajo como valor y derecho y el tripartismo, habían sido incorporados en el texto final de la Conferencia de Paz de 19194, que dio como resultado la constitución de la OIT5. En la misma dirección, a mediados de 1940, en la declaración de Filadelfia, los países miembros de la OIT constataban “la necesidad de fomentar programas que tiendan a garanti-

4 La Conferencia de Paz designó la elaboración del documento final en una Comisión Tripartita (gobiernos-empleadores-trabajadores), presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). Dicha comisión estuvo compuesta por representantes de Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Fran-cia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos5 La OIT fue creada entre enero y abril de 1919, como parte del Tratado de Versalles, que puso término a la Primera Guerra Mundial.


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zar el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, la posibilidad de emplear a los trabajadores en ocupaciones en las que puedan tener la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contri-buir al bienestar común”6. En el mismo texto hacían referencia a la necesidad de adoptar medidas para garantizar un salario mínimo vital, los derechos de negociación colectiva y la seguridad social, entre otros asuntos.

En igual dirección, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social realizada en Copenhague en 1995, que reunió a los países integrantes de la Organiza-ción de las Naciones Unidas (ONU), se establecieron como ejes de debate la reflexión sobre el desarrollo como asunto indisociable de la democracia, el respeto de los derechos humanos vinculado a la participación de la sociedad civil y la actuación estructural en políticas nacionales e internacionales para garantizar el crecimiento y superar las desigualdades sociales. En dicha asam-blea se concluyó que los asuntos abordados tienen que estar orientados a la consecución de resultados en la aplicación efectiva y el respeto de las liber-tades sindicales, la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzado, la abolición del trabajo infantil y de la discriminación en el empleo. Todo ello aunado al deber que tienen las naciones de promover el pleno empleo como prioridad básica de las políticas económicas y sociales y preparar a hombres y mujeres para conseguir medios de vida seguros y soste-nibles mediante el trabajo y el empleo productivo elegido libremente.

Ahora bien, si observamos los principios de constitución y las declaraciones complementarias anexas, encontramos que sus temas fundamentales se encuen-tran circunscritos en la noción de trabajo decente planteada hoy por la OIT. Por ello, como lo señala Ghai (2005), cada una de las dimensiones del TD son parte de los temas que dieron origen a la organización y llevan casi nueve décadas de discusión; lo singular y novedoso estaría en que el TD aparece como una cate-goría integradora que enmarca las diversas dimensiones del mundo del trabajo.

6 El 10 de mayo de 1944, la 26ª Conferencia General de la OIT, congregada en Filadelfia, adoptó la Declaración de los fines y objetivos de la OIT y los principios que deberían inspirar la política de sus miembros.



Debates frente al concepto

En el texto “Trabajo decente: significados y alcances del concepto”, María Es-tela Lanari7 considera algunos de los trabajos y autores que han otorgado con-tenido teórico a dicha noción y señala que, desde un punto de vista semántico, tanto en inglés como en español, el calificativo decente denota una referencia del trabajo vinculado a la dignidad, la satisfacción, la calidad y la cantidad.

En su alocución ante la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo, efectua-da en 1999, Amartya Sen señaló que el acierto del vocablo decente es su sen-tido universal, ya que alcanza a todos los trabajadores (trabajadores del sector organizado, no estructurado, por cuenta propia, a domicilio, sobrecargados de trabajo y desempleados) y supone además una visión ampliada que entiende el trabajo como un derecho que va más allá de la legislación laboral vigente.

Para Erminda Uriarte (2001), el trabajo decente es un concepto en cons-trucción que posee un contenido integrador y un profundo carácter ético, que le otorga características de calidad, cualidad que reemplazaría la noción de lo productivo y bien remunerado. A su vez, sostiene que el tripartismo, la formación profesional y el diálogo social son asuntos inherentes a ese contenido.

De acuerdo con Dharam Ghai, investigador del Instituto Internacional de Estudios Laborales (Iiel), el TD es una aspiración universal, pues presupone que los objetivos son válidos para todo el mundo, y en este sentido establece que en todas las sociedades la gente desea libertad de asociación y se opone a la discriminación, al empleo forzado, al trabajo infantil y, en especial, a las peores formas de este último. Asimismo, las comunidades desean participar, mediante el diálogo social, en la toma de decisiones que afectan al trabajo y la vida dentro de la empresa y en el ámbito nacional, regional e incluso global.

7 Trabajo realizado por María Estela Lanari en el marco del Proyecto Pnud 04/034. Trabajo decente: significa-dos y alcances del concepto. Indicadores propuestos para su medición, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Buenos Aires.


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Asegura que en toda sociedad la aspiración por un trabajo prestado en condi-ciones de dignidad y seguridad, con remuneración adecuada, es una aspiración común. Sin embargo, el marco institucional y político necesario para el logro de estos objetivos está supeditado y sometido necesariamente a las condicio-nes de cada país, de su historia, tradiciones, estructura económica y social, del momento y proceso de desarrollo y demás circunstancias específicas.

En consonancia con Somavia (1999), Ghai establece que el propósito del TD es promover las oportunidades para que hombres y mujeres obtengan trabajos decentes, lo que equivale a la seguridad de las personas, tanto en las condiciones en que desarrollan sus actividades laborales como en las posibili-dades de lograrlas y en la renta que de ellas se obtenga, equilibrando cantidad con calidad en el trabajo. Esta referencia supone, en primer lugar, oportunida-des, remuneración, seguridad y condiciones de trabajo y, en segundo término, libertades, relaciones sociales de los trabajadores, equidad y posibilidad de debate entre empleados y empleadores y resolución de conflictos. Para Sen, la primera referencia habla de las políticas de empleo y la segunda señala el grado de decencia de una sociedad.

A diferencia de Uriarte, para quien el trabajo decente es un asunto en cons-trucción, Ghai sostiene que es una noción analítica de los problemas del traba-jo. Añade que un elemento central es que “la idea de ‘trabajo decente’ es válida tanto para los trabajadores de la economía formal como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (indepen-dientes) y los que trabajan a domicilio” (Ghai, 2003, 125).

Para autores como Egger y Sengenber (2002), el TD debe ser entendido en una triple dimensión. En primer lugar, la subjetiva, es decir, como una aspira-ción humana. En este sentido señalan que, al hablar de TD, los trabajadores se refieren a los siguientes criterios:

1. Acceso al empleo en cualquiera de sus formas que deseen los trabajado-res (asalariado o como empresa unipersonal), libre decisión de tomarlo



–lo cual supondría la eliminación del trabajo forzado–, respeto por las edades para laborar, erradicando el trabajo infantil y protegiendo a los adultos mayores, y que incluya la decisión voluntaria de trabajar a tiem-po completo o por horas.

2. Condiciones dignas, tratos justos y equitativos en el empleo, elimi-nando toda forma de discriminación por etnia, nacionalidad, credo religioso, sexo, edad e identidad sexual. Además, en el trabajo deben existir relaciones formalizadas que garanticen la dignidad humana, a fin de evitar formas de hostigamiento, acoso y abusos de poder.

3. Remuneración laboral decente, lo que obliga a que todo trabajo rea-lizado deba ser remunerado. Especialmente en el caso de trabajado-res asalariados, esta remuneración deberá ser justa y suficiente para superar las carencias, y por trabajo de igual valor se debería recibir igual paga.

4. Condiciones laborales justas, donde el trabajo pueda ser compatible con la vida familiar y social de los trabajadores, que no deberían soportar jornadas laborales excesivas o subutilización del trabajo. Además, que los acuerdos de horarios referentes a cantidad de horas laborales diarias y semanales, horas extraordinarias y pausas para descanso deberían ser conformes con prácticas justas y aceptables, a fin de hacer compatible el mundo laboral con las otras esferas de la vida.

5. Lugar de trabajo seguro, que no vulnere la salud de los trabajadores. Im-plica que en el entorno físico laboral deberían evitarse las condiciones extremas (de calor, polvo, ruido, carga) y que deberían existir normas de seguridad (para la prevención de accidentes de trabajo, lesiones y enfer-medades ocupacionales).

6. Medidas para proteger a los trabajadores en caso de perder el empleo y que estas medidas se complementen con programas o estrategias efica-ces para facilitar la búsqueda y consecución de uno nuevo.

7. Protección social para los trabajadoresy sus familias, al igual que protec-ción para quienes se ven impedidos de trabajar o quienes, por su edad, están por fuera del mercado laboral.

8. Oportunidad para que los trabajadores ejerzan el derecho de participar


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en las decisiones que les afectan directamente, ser representados en la organización sindical, tener voz en la organización y en la empresa y, a su vez, ser representados por otros trabajadores.

9. Oportunidades de formación y capacitación durante todo el ciclo de vida laboral, así como oportunidades de promoción y movilidad a dis-tintos cargos.

Una segunda consideración que proponen Egger y Sengenber es la necesi-dad de entender el TD como un conjunto de objetivos definidos internacio-nalmente. Para ellos, el TD busca expresar, en solo dos palabras, un conjunto de principios y derechos referidos a los conceptos de dignidad humana, liber-tad, seguridad y equidad. Por lo tanto, es apropiado tener en cuenta las impli-cancias políticas que se derivan de estos principios fundamentales y derechos. Finalmente, plantean que es necesario entender el concepto como un marco de referencia para la concreción de políticas públicas.

Barreto Ghione (2001) establece que la participación de los trabajadores garantiza y determina el sustrato del TD. Para este analista, los centros de la interpretación del trabajo son los conceptos de equidad, ética, responsabilidad y dignidad humana; y, reafirmando los postulados de Sen, determina que el TD rescata la dimensión del trabajo como derecho fundamental para los se-res humanos. En otra dirección, Malva Espinoza (2003) afirma que el TD es una matriz que integra aspectos que se refieren a la calidad y cantidad de los empleos con aspectos de las relaciones sociales, los tipos de sociedades y el desarrollo al cual aspiran. Por tal motivo, el concepto requiere un desarrollo teórico con un sustento científico que lo pueda transformar en un paradigma analítico-explicativo de la realidad laboral.

Por su parte, Bescond et al. (2003) amplían esta referencia al cruzar el con-cepto con la categoría generacional. En tal sentido, concluyen que es necesa-rio entender que, de acuerdo con el grupo de población, el concepto adquiere un significado particular. Para los niños trabajo decente significa no trabajar; para los ocupados supone contar con una remuneración suficiente y una jor-



nada laboral no excesiva; para los desempleados, la posibilidad de encontrar un buen empleo, y para los mayores, que puedan contar con una pensión y una protección social.

Sin pretender agotar las discusiones o reflexiones teóricas en torno al con-cepto, es posible asumir que los debates frente al trabajo decente se concen-tran en tres grupos y parten de un tronco común, señalado por Somavia y Amartya Sen. Un primer grupo afirma que la categoría de TD es solo un tratamiento semántico integrador de los mismos principios que venía defen-diendo la OIT, es decir, un nombre nuevo para viejas cosas, criterio que en-contramos específicamente en sectores sindicales. La segunda vertiente afirma que el concepto está todavía en construcción y lo señalan como el horizonte ético y político de la OIT; tal idea abierta del TD lo sitúa del lado de la lógica de nociones que precisan de mayores definiciones, y en este grupo es posible ubicar a los teóricos uruguayos y argentinos. Un tercer grupo –donde apare-cen los investigadores del Instituto Internacional de Estudios Laborales y la propuesta colombiana liderada por la campaña de TD y la Escuela Nacional Sindical (ENS)– asume la categoría como un concepto definido, que posee una carga histórica, contenidos específicos y contornos adecuados, lo cual supone su posibilidad teórica, su capacidad técnica y su horizonte político. Frente a estas discusiones, los autores coinciden en valorar el carácter uni-versal del TD (como aspiración de la humanidad), su dimensión ética y su carácter integrador.

Universalidad e integridad del TD

De acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Laborales, las oportu-nidades de trabajo, la libertad, la igualdad, la seguridad y la dignidad en el tra-bajo, y el mismo trabajo productivo, son las dimensiones que articulan el tra-bajo decente. Del mismo modo, el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social son los elementos que lo componen. Ahora bien, cada una de estas dimensiones y elementos no son suficientes por sí solos; es decir, al momento de hablar de trabajo decente es necesario tener


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presente una indivisibilidad entre sus componentes y una integridad en sus realizaciones, a fin de superar la visión fragmentaria que destina mayor interés a aspectos particulares y descuida elementos que sugieren menor importancia, cuando se tiende a creer que el foco central es la existencia del ingreso y que los demás elementos se conquistarían de forma progresiva. La ausencia o pre-carización de alguno de sus elementos supone un déficit en la calidad y en las condiciones del trabajo.

En la perspectiva de Eggery Sengenber (2002), el TD se define con arre-glo a las aspiraciones de los trabajadores y de la gente en general, lo cual supone que se trata de un intento de capturar, en lenguaje cotidiano, una integración de objetivos sociales y económicos que reúne empleo, derechos laborales, seguridad y representación en una unidad con coherencia interna, que tiene sentido cuando se la considera en su totalidad. En esta lógica, tener empleo sin considerar su calidad y condiciones no conduce a la supe-ración de la pobreza, y, de igual forma, promover derechos sin la existencia del trabajo resulta paradójicamente absurdo. Es en la idea de integración de derechos, libertades, seguridad, participación, oportunidades y condiciones donde el TD adquiere sentido.

Egger y Sengenberresaltan dos características centrales del TD: su sen-tido de universalidad y su lógica diversa o territorialmente particular. Para Ghai (2003), los objetivos del TD son una aspiración universal, indepen-diente del lugar donde se encuentren insertos los trabajadores: sociedades desarrolladas, en transición o pobres. Estos objetivos son válidos para todos ellos; en todas las sociedades se desea un buen trabajo, con una remuneración satisfactoria y en condiciones adecuadas. Por lo tanto, el carácter de universalidad debe ser un centro de las estrategias de acción. Sin embargo, el espectro institucional y el marco de las políticas destinadas a alcanzar estos objetivos dependen necesariamente de las condiciones propias de cada país, de las representaciones culturales presentes, de la his-toria de los lugares, la distribución del ingreso y la estructura económica, entre otros factores.



La anterior diferenciación es medular en el planteamiento de Ghai (2003), debido a que presupone pensar en estrategias diferenciadas de acuerdo con los contextos particulares, para lograr la promoción de políticas de TD en consi-deración a las realidades existentes. El TD supone pensarse en igual dirección que el asunto de los derechos económicos, sociales y culturales (Desc), en torno del cual se espera que los países vayan alcanzando niveles adecuados de desarrollo para ir ampliando la garantía de esos derechos, cosa que refleja su sentido progresivo.

Las condiciones y características de integridad y universalidad del traba-jo decente plantean una amplia discusión frente a las posibilidades reales de concreción e implementación. Por un lado, porque el sentido de progresi-vidad ubica al TD en una disyuntiva situacional para la cual los gobiernos parecen tener siempre respuestas fáciles. Es decir, al no existir medidas que comprometan a los gobiernos a realizar políticas que promuevan y evidencien progresos en el tema, en particular al amarrar sus alcances a las transforma-ciones y posibilidades de desarrollo de cada país, el recurso explicativo de una economía en crisis estaría siempre presente al analizar la inercia estatal y los escasos avances del TD. De igual forma, al no existir mecanismos jurídicos que comprometan a los Estados, las apuestas por el TD se ubicarían en una esfera política voluntaria, espacio siempre cuestionable.

Esta discusión ha sido desarrollada ampliamente frente a la progresivi-dad de los Desc y la búsqueda de mecanismos que obliguen a los Estados a responder en esta materia. Sin embargo, las explicaciones frente al in-cumplimiento o a la implementación de medidas precarias como límites de actuación, han circulado siempre en la esfera de economías y condiciones de desarrollo críticas. Esto supone que un país siempre podrá escudarse en su situación crítica, en términos de desarrollo, para no realizar ningún avance en esta materia, y en la misma dirección entrarían a establecer una suerte de negociación de sus contenidos, es decir, un supuesto cumplimiento de derechos mínimos bajo la lógica de la precariedad, argumentando que para ampliar derechos se deben limitar sus garantías o contenidos. Es el caso de


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las supuestas políticas dirigidas a combatir el desempleo, que precarizan las condiciones del trabajo al establecer que para crear nuevos empleos sin per-der competitividad hay que flexibilizar las políticas en materia de derechos laborales.

Metodologías propuestas para la medición del trabajo decente

Como señalamos anteriormente, al asumir la categoría de TD como un con-cepto definido con carga histórica y contenidos precisos, se posibilita una perspectiva técnica que permite construir propuestas para su medición y mo-nitoreo. Son varias las propuestas que han postulado diversos investigadores y asesores de la OIT para convertir la categoría trabajo decente en un elemento de diagnóstico del mundo del trabajo, de sus realidades y condiciones. Algu-nos suponen una lógica de medición que señala el nivel de déficit presente en realidades laborales particulares; para otros, es un elemento analítico que permite señalar el nivel y el estado de acercamiento de las realidades laborales a un marco de referencia.

Entre los trabajos que han propuesto una serie de indicadores para la medi-ción del TD –un concepto tan integral como abarcador– se pueden encontrar propuestas en las que se nota un esfuerzo por sintetizar, mediante las dimen-siones más generales derivadas del concepto, el conjunto de indicadores que pueden servir para medir el trabajo decente, hasta otras que desagregan cada una de estas dimensiones y hacen un amplio inventario de indicadores, al pa-recer todos indispensables para medir el concepto. Asimismo, se encuentran trabajos que intentan combinar indicadores en un solo índice, aunque con sencillez y algunas dificultades metodológicas.

Es importante anotar que la evidencia de investigaciones similares, donde el concepto objeto de análisis es multidimensional y complejo, han demostra-do que el mejor camino para realizar una medición es simplificar al máximo el campo de análisis, depurar la lista de dimensiones para quedarse con las más



relevantes, las de mayor interés, o bien, las más viables, que den cuenta del concepto en la sociedad en la que se pretende medir8.

Los estudios más representativos sobre medición del trabajo decente

Ghai (2003, 125-160) identifica al trabajo decente como aquel que está com-puesto por cuatro “facetas”: empleo, protección social, derechos de los tra-bajadores y diálogo social. El autor reconoce los obstáculos que hay en la medición del trabajo decente, entre ellos, los problemas emanados de las esta-dísticas laborales. Afirma que es difícil hacer comparaciones internacionales y que los indicadores que presenta en su trabajo solo “miden aproximadamente la situación” (ibíd., 127-128). Los indicadores propuestos por Dharam Ghai son:

1. Empleo: tasa de ocupación, tasa de desempleo, porcentaje de trabajado-res con remuneración (mitad del salario medio nacional, mide el empleo remunerado), porcentaje de personas en pobreza absoluta, seguridad y salud de los trabajadores (número de accidentes y fallecimientos en el trabajo como proporción de la población ocupada). Esto mide las con-diciones de trabajo.

2. Seguridad social: gasto público en seguridad social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), grado de cobertura de los trabajadores frente a imprevistos y circunstancias apremiantes (enfermedad, desem-pleo, vejez, accidentes laborales, ayuda por familiares a cargo, materni-dad, invalidez, etc.).

3. Derechos fundamentales: tiene que ver con el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la libertad de sindicalización y la discriminación en el trabajo:

8 En el caso del capital social, concepto multidimensional, complejo y abarcador, que se relaciona además con el estado económico, social, político, religioso, etc., de una sociedad. A este concepto le han identificado hasta diez dimensiones, pero la evidencia muestra que lo más indicado metodológicamente ha sido seleccionar un subconjunto de estas dimensiones para limitar el campo de análisis, sin que el objeto de las investigaciones deje de ser el capital social.


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1) trabajo forzoso: se considera difícil de medir debido a que básica-mente se calcula con base en indicadores cualitativos; 2) trabajo infantil: edad mínima para trabajar (14 años, edad en que termina la educación básica), niños entre 10 y 14 años que realizan actividades económicas e índice de niños sin escolarizar en la enseñanza secundaria9; 3) discri-minación en el trabajo: “consiste en denegar la igualdad de trato y de oportunidades a las personas por ellas mismas o por pertenecer a un colectivo social determinado” (ibíd., 140). Este indicador se mide ge-neralmente como discriminación por sexo: tasa de actividad femenina y de empleo (proporciones de la población femenina en edad de trabajar), tasa de desempleo, diferencias en remuneración (y otras prestaciones), presencia femenina en el trabajo cualificado y en cargos directivos. Es-tos indicadores se deben tomar como indirectos y aproximados, pues la situación que reflejen no necesariamente puede deberse propiamente a la discriminación (ibíd., 141); 4) libertad de sindicalización: se propone medirla con los siguientes indicadores: ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, el Índice de Libertades Civiles de Freedom House (que incluye el derecho a asociarse y a construir organizaciones, la libertad de expresión y de creencias, el predominio de la ley y los derechos hu-manos, la autonomía personal y los derechos económicos), la densidad sindical, que es el porcentaje de la PEA o de asalariados que pertenecen a algún sindicato10, y el número de convenios colectivos suscritos.

4. El diálogo social: se desarrolla en tres escenarios: 1) entre empleadores y trabajadores (condiciones de trabajo), 2) entre la dirección y los traba-jadores (funcionamiento de la empresa), 3) entre interlocutores sociales y autoridades públicas (política social y económica). Para esta faceta se proponen indicadores solo para medir la negociación colectiva: pres-cripciones legales y administrativas sobre las negociaciones colectivas

9 Estas son dos medidas alternativas para medir la tasa de actividad infantil.10 Este indicador no es muy exacto, pues la pertenencia a un sindicato está determinada por muchos factores, además de la libertad de sindicalización. En los países en desarrollo este indicador es aún más inexacto, pues hay mucha gente que no pertenece a la “economía regular” (desempleados, por cuenta propia, campesinos, amas de casa).



(índices de ratificación de los convenios 87, 98 y 154 de la OIT), resulta-do en el terreno de los acuerdos colectivos, difusión real de las negocia-ciones colectivas (porcentaje de trabajadores amparados por acuerdos y convenios colectivos).

Entre tanto, Anker et al.(2003) son fieles al concepto original de trabajo de-cente de la OIT, que lo concibe como “oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (ibíd., 160), y hacen una amplia desagregación de este concepto: primero en seis dimensiones, luego en once categorías de medición y, finalmente, en treinta indicadores:

Facetas: 1)oportunidades de trabajo, 2) trabajo en condiciones de libertad, 3)trabajo productivo, 4)equidad en el trabajo, 5)seguridad laboral, 6)dignidad laboral.

Once categorías de medición: 1)oportunidades de empleo, 2)trabajo in-admisible, 3)remuneración suficiente y trabajo productivo, 4)jornada laboral decente, 5)estabilidad y seguridad del empleo, 6) conciliación del trabajo con la vida familiar, 7)trato justo en el trabajo, 8)seguridad en el trabajo (trabajo seguro), 9)protección social, 10)diálogo social y relaciones laborales, y11) en-torno socioeconómico del trabajo decente.

Los anteriores indicadores parecen hallar una medida de la actividad de la economía, más que del Estado y de la calidad del trabajo de una nación, debido a que manejan criterios como la tasa de inflación, el aumento de la producción por persona ocupada (que debe ser una medida de la variación en la productividad), instrucción de la población adulta, desigualdad de ingresos, pobreza y composición del empleo por sector económico, entre otros.

Bescond(2003) asume la definición más amplia de trabajo decente y, por tanto, reconoce las mismas seis facetas del trabajo decente: 1) oportunidades para trabajar, 2) libertad de elección del empleo, 3) productividad, 4) equidad


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en el trabajo, 5) seguridad laboral y 6) dignidad laboral. Para estos autores, las dos primeras características explican la disponibilidad y aceptabilidad del trabajo, y las demás exponen el “grado de decencia” del trabajo (ibíd., 197).

El estudio de Bescond se diferencia de los estudios de Anker o Ghai por-que reduce el concepto de trabajo decente al ámbito del mercado laboral, ha-ciendo una clasificación de la población en activa y no activa, etc., y asigna sie-te indicadores. Lo que hace dicha investigación es medir la ausencia de trabajo decente: remuneración por hora baja, jornada laboral excesiva por razones económicas o involuntarias, desempleo nacional, número de niños sin escola-rizar (indicador indirecto de trabajo infantil), desempleo juvenil (proporción de jóvenes desocupados en el total desempleados), desnivel entre las tasas de actividad masculina y femenina, y personas mayores sin pensión.

El indicador de remuneración baja lo miden de dos maneras: como la mitad de la mediana del ingreso por hora de los trabajadores, o fijando un mínimo absoluto; en caso de que dicha mitad quede por debajo del umbral, éste se tiene en cuenta como remuneración suficiente (decente). La jornada laboral excesiva la miden con el porcentaje de trabajadores que, sumando el tiempo de trabajo en todos sus empleos, trabajan más de 48 horas a la semana por razones “económi-cas” (empleo inadecuado por ingresos) o por razones involuntarias (horas extras por órdenes del jefe o por una gran carga laboral),11 teniendo en cuenta que la OIT considera que 48 horas semanales es el tiempo de trabajo adecuado que permite, entre otras cosas, un equilibrio entre la vida laboral y la familiar. Sobre el desempleo proponen la tasa de desempleo clásica u otra, que es el cociente entre los desempleados y la población activa asalariada.

Sobre los niños sin escolarizar, se mide como la diferencia entre 100 y la tasa neta de escolarización definida por la Unesco, que es la tasa de niños que

11 Una jornada excesiva, por razones económicas o involuntarias, se presenta por imposición de la naturaleza del trabajo, las exigencias del sector, circunstancias excepcionales o una remuneración baja por hora (Bescond, 2003, 206). La ambición y la dedicación propia se consideran razones voluntarias.



están matriculados en primaria y secundaria y tienen edad oficial para estar en ellas como proporción del total de niños de las respectivas edades. Para medir el desempleo juvenil se toma el rango de edades entre los 14 y los 24 años. El desnivel entre las tasas de participación por sexo se mide como la diferencia en-tre esas tasas de participación, que se calculan como el cociente entre la pobla-ción activa de hombres –por ejemplo, entre la población en edad de trabajar–. Respecto del último indicador –personas mayores sin pensión–, el objetivo es “destacar las insuficiencias en los términos y condiciones en los que se desen-vuelve la actividad económica desde el punto de vista de la futura inactividad del trabajador. Si el trabajo es decente, el trabajador deberá gozar del derecho efectivo a recibir unos ingresos una vez abandonado el mercado laboral” (Bes-cond, 2003, 223). Este indicador lo miden con el porcentaje de mayores de 65 años inactivos que reciben pensión por su actividad económica pasada.

Bescondentrega una definición sintética de trabajo decente que es impor-tante destacar por ser concreta y útil para definir este concepto tan complejo: el trabajo decente tiene una interpretación diferente, que depende del grupo de la población que se tenga en cuenta (ibíd., 225).

En la investigación de Bescond también se construye un índice que, a di-ferencia de aquélla de Anker, no consiste en otorgar un puntaje para ordenar los países, aunque la metodología que se utiliza es muy sencilla, carente de rigurosidad y se basa principalmente en que los indicadores seleccionados son aditivos y permiten sumar simplemente porcentajes y encontrar un promedio. El índice se construyó mediante la selección de por lo menos cuatro de los siete indicadores, y después de excluir los dos valores extremos se calcula un promedio y se obtiene un porcentaje que se interpreta como “la media por-centual del número de personas que tienen déficit de trabajo decente”.

Bonnet, Figueiredo y Standing (2003, 233-261) hacen una crítica de los trabajos que han intentado elaborar índices de trabajo decente debido a las debilidades metodológicas y a la ausencia de un modelo teórico que respalde dichos índices. Ellos conciben el trabajo decente como seguridad socioeconó-


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mica, que se compone de siete facetas: seguridad del mercado de trabajo, segu-ridad del empleo, seguridad profesional, seguridad en el trabajo, seguridad de formación profesional, seguridad de ingresos y seguridad de representación (Bonnet, 2003, 234).

Proponen una familia de índices de trabajo decente, que son tres: uno ma-cro, que mida la seguridad socioeconómica que pueden tener los trabajadores gracias al establecimiento de leyes, reglamentos, etc.; otro meso, que mida el grado de “decencia” de los centros de trabajo; y finalmente uno micro, cuyo objeto es el trabajador, donde el trabajo decente hace referencia a que el traba-jador cuente con “buenas posibilidades de trabajar con niveles suficientes de todas las facetas de la seguridad socioeconómica” (ibíd., 234).

La metodología que emplearon Bonnet y sus colaboradores para construir el índice de trabajo decente es la misma que utiliza el Programa de las Na-ciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para el índice de desarrollo humano (IDH): a partir de un conjunto de indicadores se eligen valores máximos y mínimos de cada uno con el fin de estandarizarlos, se convierten en escala entre 0 y 1 y se establece finalmente un promedio entre todos los valores. El índice de trabajo decente del nivel macro (ITD) resulta de combinar los si-guientes índices con la misma ponderación (cada uno de los siguientes índices se calculó mediante la combinación de tres tipos de indicadores: de insumos, de procesos y de resultados, dando igual ponderación a los dos primeros y el doble de ésta al tercer tipo):

1. Índice de seguridad en el mercado de trabajo: ratificación del Conve-nio 122 de 1964 de la OIT, sobre política de empleo. El gobierno, o la Constitución Nacional, tiene como objetivo el pleno empleo: existencia de un servicio público de empleo, porcentaje del “consumo público” en el PIB, tasa de crecimiento anual media del último decenio, tasa de des-empleo, evolución porcentual anual del empleo durante los diez años anteriores, tasa de empleo, porcentaje de asalariados entre la población que desempeña actividades remuneradas (total y por sexo).



2. Índice de seguridad (estabilidad) del empleo: ratificación del Convenio 158 de 1982 sobre la terminación de la relación de trabajo: severidad de las leyes de protección al empleo (existencia de preaviso de despido, indemnización de cesantía y definición de despido improcedente), por-centaje de trabajadores amparados por convenios colectivos, existencia de tribunales de trabajo independiente, porcentaje de asalariados que goza de un empleo seguro (trabajo asalariado estable), porcentaje traba-jadores asalariados que pertenecen al sector público.

3. Índice de seguridad profesional: ratificación de los convenios: igualdad de remuneración (100 de 1951), discriminación (111 de 1958) y traba-jadores con responsabilidades familiares (156 de 1981), y readaptación profesional y empleo (personas inválidas, 159 de 1983); existencia de leyes de prohibición de la discriminación a las mujeres, licencia de ma-ternidad remunerada, prohibición de la discriminación a trabajadores discapacitados; tasa general de alfabetización, cociente entre las tasas de alfabetización de hombres y de mujeres, relación entre el porcenta-je de mujeres con estudios superiores y el porcentaje de la población que alcanza este nivel; duración de la licencia de maternidad remune-rada obligatoria, prestaciones de maternidad como porcentaje de los ingresos medios del trabajo; proporción de puestos profesionales en el empleo total; relación entre el porcentaje de mujeres con ocupaciones profesionales entre el empleo femenino y la misma tasa para hombres, existencia de una ley que permita la transferencia de la licencia parental entre la madre y el padre.

4. Índice de seguridad en el trabajo: ratificación de convenios pertinen-tes (Bonnet, 2003, 242), existencia de leyes sobre seguridad e higiene en el trabajo, protección a los trabajadores incapacitados, licencia de maternidad remunerada y licencias pagadas; nivel del gasto público en indemnización por accidentes de trabajo y administración del trabajo como porcentaje del PIB; existencia de comités bipartitos o tripartitos de seguridad e higiene en el trabajo; nivel de prestaciones obligatorias de incapacidad o invalidez para los trabajadores con accidentes de trabajo como porcentaje del promedio de sus ingresos laborales anteriores; tasa


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de accidentes de trabajo (mortales y no mortales. Proponen calcularla como el cociente entre el número de accidentes al año y el empleo to-tal); promedio de la licencia anual remunerada (vacaciones), ajustado según la proporción de trabajadores que tienen un empleo asalariado regular; porcentaje de la población económicamente activa que goza de indemnización garantizada en caso de baja por enfermedad o accidente de trabajo. Duración declarada de la jornada laboral, expresada por el promedio de horas a la semana.

5. Índice de seguridad de formación profesional: ratificación de los con-venios pertinentes (ibíd., 243). Existencia de leyes que obliguen a las empresas a brindar formación profesional continua; gasto público en educación y formación como porcentaje del PIB; tasa de alfabetización adulta (25 a 64 años); número mediano de años de escolarización; por-centaje de personas que han finalizado estudios superiores.

6. Índice de seguridad de ingresos: ratificación de convenios sobre segu-ridad social, fijación de salarios mínimos y métodos para la fijación de salarios mínimos; existencia de leyes de salario mínimo, existencia de sistema de prestaciones al desempleo y de sistema público de pensiones; gasto en seguridad social como porcentaje del PIB; cobertura de los regímenes de previsión social; tasa nacional de pobreza; PIB per cápita en PPA; coeficiente de Gini; esperanza de vida al nacer; porcentaje de desempleados que reciben subsidio al desempleo; proporción de los salarios en el valor agregado total; índice de seguridad de ingresos en la vejez, teniendo en cuenta el endeudamiento externo.

7. Índice de seguridad de representación: ratificación de los convenios so-bre libertad sindical; existencia de leyes que autoricen la existencia de sindicatos y faciliten su constitución; existencia de un órgano o consejo nacional tripartito para las políticas laborales y sociales; existencia de leyes que permitan la creación de ONG en pro de los derechos de los trabajadores; porcentaje de la PEA cubierta por las convenciones colec-tivas; tasa de sindicalización; variación de la sindicalización en la década de 1990; porcentaje de trabajadores asalariados respecto al empleo total; índice de libertades civiles de la Freedom House.



El índice de trabajo decente del nivel medio se denomina índice de centro de trabajo decente (Ictd), con el cual se pretende estudiar el ambiente y el tipo de lugar de desempeño de los trabajadores. Aquí se concibe un centro de trabajo decente como aquél en el cual se promueve la seguridad de formación profesional de los trabajadores. Los indicadores de insumo son: 1) la empresa proporciona formación inicial al personal recién contratado; 2) proporciona información complementaria para mejorar el desempeño en el puesto de tra-bajo o reasignar a los trabajadores a otros puestos; 3) otorga readiestramiento para la promoción profesional y el ascenso de los trabajadores.

Los indicadores de procesos se centran en el tipo de información que reciben los trabajadores: si es programada o proviene de órdenes impartidas y demás, si hay programas de capacitación constituidos; en síntesis, si dicha información demanda un costo para la empresa o no. El indicador de resultados tiene que ver con la manera como la empresa patrocina la formación: financiando a los tra-bajadores en un instituto o pagando dinero al personal que asiste a cursos. Este índice también se construye evaluando la seguridad en el trabajo, la seguridad del empleo y la seguridad profesional (mediante un índice de no discriminación). Además, se considera como centro de trabajo decente aquel que garantiza la se-guridad de ingresos razonables a sus trabajadores, es decir, una empresa que se acerca a la “equidad económica”, pues minimiza las diferencias de ganancias y prestaciones entre sus miembros sin poner en riesgo la eficiencia. La idea es que no haya salarios muy bajos con respecto al salario medio de la empresa.

El índice de trabajo del nivel micro mide los mismos componentes de la se-guridad que el nivel macro, exceptuando la seguridad del mercado de trabajo, pues mide lo general. Estos índices se construyen con base en la combinación de indicadores objetivos y subjetivos. Los primeros son similares a los del nivel macro; los segundos corresponden a la percepción del trabajador sobre cada uno de los componentes de la seguridad.

La construcción de índices para explicar los fenómenos sociales consiste en combinar una serie de indicadores que establezcan diferentes dimensiones


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de los fenómenos estudiados12. Sin embargo, el principal problema a la hora de construir un índice es que éste debe estar respaldado por una teoría que sirva para constatar que los resultados empíricos obtenidos son coherentes con lo que predica dicha teoría. Del mismo modo, el modelo teórico ayuda a interpretar los resultados que se obtengan al aplicar modelos matemáticos o estadísticos, en especial porque en muchas ocasiones los procedimientos pue-den ser aplicados aunque los resultados no tengan una interpretación sencilla.

En cuanto a la metodología para la elaboración de indicadores e índices, se debe tener en cuenta el tipo de variables con las cuales se desea trabajar, ya que los métodos a aplicar varían en dependencia de que ellas sean cualitativas o cuantitativas. Para este caso –la medición de un índice sintético de trabajo decente- los indicadores que sobre el tema se han venido construyendo en la literatura dan cuenta de la existencia de los dos tipos de variables. Hasta ahora, para la construcción de este índice se han aplicado procedimientos que consis-ten en ponderar bajo criterios de expertos una serie de indicadores aceptados por la literatura y que miden diversas dimensiones del concepto de trabajo decente; por ejemplo, Bonnet, Figueiredo y Standing (2003) aplican el mismo método de normalización utilizado por Naciones Unidas para la construcción del Índice de Desarrollo Humano.

Dada la múltiple dimensión del concepto de trabajo decente y la naturaleza de los datos, fue necesario acudir a un método que permite reducirlo, para posibilitar así una mayor comprensión e interpretación; para este objetivo se aplicó el método de análisis de componentes principales (ACP)13. El ACP se considera adecuado porque no se basa en posiciones subjetivas, en las que sí pueden estar inmersos los paneles de expertos e incluso las ponderaciones

12 Por ejemplo, el índice de desarrollo humano combina indicadores de salud, educación e ingreso para cons-truir un índice sintético que muestre los niveles de desarrollo humano en un territorio determinado, pero adicionalmente permite hacer comparaciones y observar la evolución del índice en el tiempo como una medida del crecimiento o decrecimiento del desarrollo de los territorios.13 Así mismo, este método no demanda supuestos que exige la econometría y además arroja resultados que son estadísticamente deseables: vectores de información no correlacionados e independientes.



usadas en el IDH. La objetividad de dicho método radica en el empleo de las mismas variables con el fin de encontrar las ponderaciones necesarias para lograr un solo indicador de una base multidimensional.

De este modo, el método de análisis de componentes principales (ACP) consiste en reducir el número de variables (p) a un pequeño subconjunto (r) de ellas, lo cual reduciría la multidimensionalidad del caso de estudio, con el objetivo de establecer nuevas variables que puedan expresar la información contenida en la matriz original con una mínima pérdida del poder explicativo del fenómeno. Así mismo, se puede eliminar la información que resulte redun-dante o variables que aporten poco al estudio (Pla, 1986). Es necesario anotar que el método extrae tantos componentes cuantas variables hay en el sistema, es decir, para p variables se extraen p componentes, solo que se eliminan las que menos información aportan al modelo (Bedoya y Tangarife, 2010).

Consideraciones frente a las propuestas de medición y definición conceptual

Puede observarse que en los trabajos analizados anteriormente hay diferentes propuestas sobre cómo medir el trabajo decente. Algunas pretenden abarcarlo todo, como ocurre con los estudios de Anker et al. (2003) y el de Bonnet, Fi-gueiredo y Standing (2003, 233-261). En contraste, otras toman el camino de la sencillez y tratan de minimizar la información a ser recolectada para obtener una fotografía del problema que apunte a los puntos más importantes del concepto, tal como lo hacen Bescond et al. (2003), quienes, aunque respetan el concepto de trabajo decente de la OIT, realizan un trabajo sintético y pro-ponen solo siete indicadores para medirlo.

La investigación de Anker et al. (2003) constituye sin duda una referen-cia obligada, puesto que en ella aparece un trabajo exhaustivo de búsqueda de indicadores que se relacionan con cada faceta del trabajo decente. Por lo tanto, es de gran utilidad para elegir los indicadores adecuados para medir el


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trabajo decente de acuerdo con la información disponible y los intereses del investigador. En la misma dirección, Bescond et al. (2003) constituyen otra referencia importante en cuanto a la concepción esquemática del concepto de trabajo decente y de la metodología que utilizaron para medirlo, ya que no miden la existencia de trabajo decente como tal sino la carencia de éste, lo que les permite reducir el universo de indicadores a tener en cuenta.

De esta revisión bibliográfica se puede considerar que, aunque existen di-versas metodologías de medición, hay consenso en torno a que el trabajo decente es un concepto multidimensional que debe reflejar el estado de mu-chas variables relacionadas con el mundo laboral. Siguiendo la anterior idea, en relación a las fuentes y los datos existentes en el país, es posible construir una propuesta de medición para Colombia partiendo del reconocimiento de las dimensiones que componen el trabajo decente y los indicadores que darían cuenta de cada dimensión, teniendo en cuenta tanto la teoría como la infor-mación disponible en nuestro país.

En este orden de ideas, nuestra propuesta se apoya en los conceptos plan-teados principalmente por Anker et al. (2003) y Bescond et al. (2003). De los primeros adoptamos como dimensiones del trabajo decente las seis facetas que estos autores plantean, y del segundo y colaboradores acogimos la idea de que el trabajo decente debe ser medido fundamentalmente por indicadores del mercado laboral, lo que nos permitió reducir a mucho menos de treinta el volumen de indicadores que Anker et al. (2003) habían propuesto. Finalmen-te, se seleccionaron los indicadores para medir cada faceta de acuerdo con la información estadística que se produce en el país y, en caso de que no existiera alguno, se eligieron indicadores que se aproximaran a los sugeridos interna-cionalmente (como es el caso de violencia antisindical), para formular así una propuesta propia de indicadores sintéticos que exprese contundentemente lo que se quiere medir: el trabajo decente en Colombia.

De acuerdo con lo anterior, las seis dimensiones e indicadores sugeridos para realizar la medición del trabajo decente en Colombia son:



1. Oportunidades de trabajo: tasa de desempleo, tasa de subempleo subje-tivo y objetivo, tasa global de participación, tasa de ocupación.

2. Trabajo en condiciones de libertad: tasa de trabajo infantil, tasa de es-colaridad en educación básica, tasa de mayores de 60 años que reciben pensión, jornada laboral excesiva, porcentaje de personas que trabajan más de 48 horas a la semana.

3. Dignidad en el trabajo: quejas ante la OIT, violencia antisindical, nú-mero de negaciones de registro sindical, tasa de sindicalización, tasa de beneficiarios de negociación, tasa de negociación colectiva, número de quejas ante el Ministerio de Trabajo.

4. Trabajo productivo: porcentaje de hogares con ingresos iguales o supe-riores a cuatro veces la línea de pobreza, porcentaje de trabajadores con un salario igual o superior a la mitad del salario mediano, porcentaje de capacitación para el empleo.

5. Equidad en el trabajo: tasa de desempleo de mujeres, tasa de subempleo objetivo y subjetivo de mujeres, diferencia salarial de hombres y muje-res, tasa de ocupación de mujeres, número de mujeres con cargos ejecu-tivos, porcentaje de mujeres en el sector informal, número de quejas de mujeres ante al Ministerio con respecto al total.

6. Seguridad laboral: cotizantes a la seguridad social, tasa de accidentes de trabajos, afiliación a fondo de pensiones, porcentaje de trabajadores afiliados a un fondo de cesantías, afiliación a aseguradoras de riesgos profesionales (ARP), porcentaje de ocupados en el régimen subsidiado, porcentaje de ocupados con un contrato a término indefinido, porcen-taje de trabajadores temporales.

Luego de una revisión exhaustiva a la información estadística oficial, de sortear dificultades metodológicas y vacíos frente a algunas variables, se optó por construir indicadores que tengan posibilidad de información oficial y pue-dan ser construidos y comparados en el tiempo, para hacer seguimiento a sus evoluciones o transformaciones. No desconocemos la ausencia o fragmenta-ción en materia sindical o en indicadores más cualitativos; sin embargo, consi-deramos que este conjunto de indicadores permite obtener una mirada pano-


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rámica de las condiciones de trabajo en el país, de forma integral y relacionada, que puede ser complementada y profundizada con análisis cualitativos.

En términos conceptuales, como se señaló anteriormente, la definición propuesta por los investigadores del Instituto Internacional de Estudios La-borales, desagregada y construida a partir de la referencia de Somavía y Sen,se consideró la más ajustada por las posibilidades técnicas que subyacen en la definición, esto es, dimensiones definidas con cierta precisión y mirada amplia e integral del mundo laboral sin sacrificar la profundidad y particularmente con el enfoque puesto en las condiciones laborales del mercado de trabajo. En esta misma dirección, esta definición concreta posibilitaun esfuerzo de mayor objetividad para mirar el trabajo decente, al instalar elementos centrales para su análisis y dimensiones claras para su medición,permitiendo ademásencon-trar rutas generales para el diseño de políticas públicas y planes estratégicos parael trabajo decente.

Sin duda, la crítica central a este planteamiento señalaría el desconocimien-to de las especificidades y singularidades de contexto y de las profundidades y lógicas de las dimensiones subjetivas de los trabajadores. Sin embargo, las propuestas hechas para medir las condiciones del trabajo decente en el caso colombiano obligan a una mirada amplia e integral de las realidades laborales del país, a fin de posibilitar acuerdos marco para la formulación de políticas públicas, lo cual no supone que una mirada en sentido grueso del TD en Co-lombia implique una exclusión de investigación de orden cualitativo que desee indagar con mayor profundidad sobre lógicas subjetivas y condiciones espe-cíficas. La medición de los indicadores de TD debe ser asumida precisamente en una lógica indicativa que permita definir esbozos de realidades complejas.

A la hora de la definición de indicadores fue necesario reconocer los vacíos de la información oficial, a fin de ajustar la metodología y el enfoque hacia variables que puedan seguirse en el tiempo para mantener un nivel de monito-reo del avance o de las transformaciones de determinadas dimensiones labo-rales. No descartamos de plano la propuesta de los investigadores argentinos



y uruguayos al señalar que el TD es un concepto en construcción que debe ser cargado de contenidos con arreglo a realidades y condiciones específicas. A modo de ruta para nuevas investigaciones, es una propuesta interesante. Sin embargo, insistimos en la necesidad de ofrecer imágenes de mayor objetividad frente a condiciones laborales, y particularmente imágenes que nos permitan compararnos con otros países, a fin de establecer seguimientos y búsqueda de alternativas y propuestas más colectivas.

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TRABAJO DECENTE


Metodología para la medición del trabajo decente: una aproximación

al caso colombiano, 2007-20081*

Por John Fredy Bedoya Marulanda**y Carmen Lucía Tangarife López***

* Artículo recibido en mayo de 2010. Artículo aprobado en junio de 2010.** Economista, aspirante a Magíster en Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. Investigador de la Escue-la Nacional Sindical.*** Economista, aspirante a Magíster en Economía con profundización en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad de Antioquia. Investigadora de la Escuela Nacional Sindical.


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Introducción

El concepto de trabajo decente no ha sido muy divulgado ni comprendido en Colombia. Algunas organizaciones se han encargado de incorporarlo y anali-zarlo dentro de sus discursos pero encuentran un obstáculo: la ambigüedad de su definición. Al respecto, el concepto de trabajo decente (TD) es considerado una síntesis de los cuatro objetivos estratégicos de la Organización Interna-cional del Trabajo, que, a su vez, se desarrollan a la luz de los valores en los que se funda dicha organización: la justicia social y la dignidad del trabajo. Según Somavia (1999), estos objetivos son considerados la base y sustento del concepto, así: 1) los principios y derechos del trabajo; 2) la focalización en la creación de empleo como un mandato político; 3) la protección social como un mandato ético de la OIT, la cual debe además ser considerada en una vi-sión más compleja de la seguridad socioeconómica, es decir, la denominada “seguridad de la gente”; y 4) el tripartismo y el diálogo social1. Para Somavia (1999), es necesario que estos cuatro objetivos estratégicos que configuran el contenido básico del TD obren de manera transversal con los temas del desa-rrollo y la igualdad de sexo existentes en los países.

1 Para analizar el concepto más detalladamente véase Correa (2010), artículo que aparece en este mismo número de Controversia.


49Metodología para la medición del trabajo decente

En un sentido complementario, el concepto de trabajo decente aparece hoy como un integrador de los proyectos centrales de la OIT y establecen un norte de actuación hacia la búsqueda de bienestar social como factor clave en la construcción de futuro. Ante la premonición del fin del trabajo, el creciente deterioro de las relaciones y condiciones laborales, la pobreza, la desigualad y la exclusión, el concepto de trabajo decente se yergue como uno de los gran-des desafíos político-sociales del siglo XXI (Correa, 2010).

Cuando se entra a indagar sobre las metodologías propuestas para la medi-ción del trabajo decente se encuentra que diferentes investigadores y asesores de la OIT han postulado transformar el concepto de TD en un indicador que permita dar cuenta de la situación del mundo del trabajo, de sus realidades y sus condiciones. Algunos autores lo consideran como una medida de aproxi-mación al nivel de déficit presente en realidades laborales particulares, y otros estiman que se trata de un elemento analítico que muestra el nivel y el estado de acercamiento de las realidades laborales a un marco de referencia.

Los trabajos más representativos para medir el TD son los de Ghai (2003), quien identifica el trabajo decente como el sustentado en cuatro “facetas”: empleo, protección social, derechos de los trabajadores y diálogo social. Por su parte, Anker et al. (2003) lo conciben como “oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (ibíd., 160); para el efecto, primeramente desagregan el factor en seis dimensiones, luego en once categorías de medición y, finalmente, en treinta indicadores.

Bescond et al. (2003), por su parte, reconocen las mismas seis facetas del trabajo decente: 1) oportunidades para trabajar, 2) libertad de elección del empleo, 3) productividad, 4) equidad en el trabajo, 5) seguridad laboral y 6) dignidad laboral. Para estos autores, las dos primeras características explican la disponibilidad y aceptabilidad del trabajo, y las demás explican el “grado de decencia” del trabajo (ibíd., 197). Por último, el estudio de Bonnet, Figueiredo y Standing (2003,) hace una crítica de los trabajos que han intentado establecer


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índices de trabajo decente debido a las debilidades metodológicas y a la ausen-cia de un modelo teórico que respalde dichos índices; tales autores entienden el trabajo decente como seguridad socioeconómica, que se compone de siete facetas: seguridad del mercado de trabajo, seguridad del empleo, seguridad profesional, seguridad en el trabajo, seguridad de formación profesional, se-guridad de ingresos y seguridad de representación.

El análisis de este artículo está centrado en las condiciones de trabajo ob-servadas entre los años 2007 y 2008, periodo que resulta particular debido a las diferencias existentes en el dinamismo de la economía. El año 2007 se caracteriza por un auge de la economía, evidenciado en un crecimiento de 7,52% y una tasa de desempleo que, según el Dane, logró bajar hasta el 9,4% en el mes de noviembre de ese año, como resultado de un mejor dinamismo de la economía. Del mismo modo, tal coyuntura provocó una disminución de indicadores como el de subempleo objetivo y subjetivo, ya que la mayor actividad industrial requería una mayor ocupación de horas, lo que se traducía en remuneraciones más altas. Pero, a pesar del mayor desenvolvimiento del mercado laboral de ese año, una observación más detallada del mismo per-mite constatar que, en cuanto al TD, la situación no mejoraba. Vale la pena reseñar datos publicados por el Dane en el último trimestre de 2007, cuando las deficiencias en el empleo se hicieron explícitas; por ejemplo, se presentó una informalidad laboral del 57% y más de la mitad de ella estaba dedicada al cuentapropismo y a actividades de subsistencia. Además, el 67% de estos informales se encontraban subempleados. La cobertura en seguridad social resultaba ser asimismo desalentadora, pues se contaba con cifras de cobertura de 79,3% y de solo el 13,9% en aportes a pensiones. Esto evidencia que, a pesar de la mejora en los datos agregados del mundo laboral, en 2007 los fac-tores de la economía no le apuntaban a crear un trabajo digno.

En 2008 comienza la desaceleración económica y se obtiene apenas un crecimiento de 2,8%, al lado de un incremento del desempleo que se ubica en un promedio anual de 11,3%. Los otros indicadores agregados, como el de subempleo, a pesar de descender durante 2008, presentan fluctuaciones a



lo largo del año y tienden a bajar en los meses de mayor comercio, como ju-nio y diciembre. En ese año tampoco existieron mejoras en términos de TD, comenzando porque la proporción de informales aumentó en 0,7% (en 2008 había una proporción de informales del 57,7%) y, entre éstos, los dedicados al cuentapropismo aumentaron en 4% (ubicándose en 55%). Algo bueno a re-saltar es que en ese año se presentó entre los informales un incremento de las tasas de afiliación a salud y pensiones, aumento en el que tuvo mucho que ver la unificación de los formatos de aportes de salud y pensiones en el formato Pila, que en ese año obligaba a cotizar en ambos rubros.

El objetivo de este artículo, más que profundizar en la discusión sobre las di-mensiones que componen el trabajo decente y su comportamiento, es proponer una metodología objetiva que permita su medición y pueda ser aplicada en diver-sos contextos. Para el efecto, hace una descripción de las variables que se emplean en la medición y lo que éstas representan; explica la metodología de análisis de componentes principales (ACP) como propuesta metodológica para la medición; presenta los resultados obtenidos mediante dicha metodología y muestra una comparación de los indicadores de trabajo decente para Colombia entre 2007 y 2008; por último, propone algunas conclusiones y consideraciones.

Dimensiones e indicadores del TD en Colombia

Al tratar de construir un índice que explique fenómenos sociales se debe te-ner presente un conjunto de indicadores que permitan establecer las diferen-tes dimensiones de los acontecimientos estudiados2. Sin embargo, cuando se intenta construir un índice se presentan algunos obstáculos, que radican en encontrar la teoría que lo respalde, a fin de que los resultados experimentales hallados sean coherentes y consistentes con la misma.

2 Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano combina indicadores de salud, educación e ingreso para cons-truir un índice sintético que muestre los niveles de desarrollo humano en un territorio determinado, pero adi-cionalmente permite hacer comparaciones y mirar la evolución del índice en el tiempo, como una medida del crecimiento o decrecimiento del desarrollo de los territorios.


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Como consecuencia de la multidimensión del concepto de TD y de las par-ticularidades de los datos, a la hora de construir un índice de trabajo decente para Colombia se hace necesario utilizar un instrumento que pueda disminuir-la, con el fin de posibilitar una mayor comprensión e interpretación de los re-sultados. Para este propósito se sugiere el método de análisis de componentes principales (ACP), que se considera apropiado para obtener un indicador de trabajo decente3.

Este método no se basa en posiciones subjetivas, cosa que lo hace apropia-do, pues su objetividad está en el hecho de utilizar las mismas variables para obtener las ponderaciones necesarias y lograr un solo indicador de base mul-tidimensional. Para la construcción de este indicador en Colombia se utilizó la metodología mencionada anteriormente, basada en algunas de las dimensiones planteadas por Anker et al.(2003). La fuente de información sobre las variables a utilizar fue la base de datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el tercer trimestre de los años 2007 y 2008, base que contiene información de 69 municipios de 24 departamentos del país (incluido Bogotá). A continuación se describen las variables utilizadas y la metodología aplicada.

Las dimensiones recomendadas para la medición del trabajo decente están dadas por:

1. Oportunidades de trabajo, dimensión construida a partir de los siguien-tes indicadores: tasa de desempleo, tasa de subempleo subjetivo y obje-tivo, tasa global de participación y tasa de ocupación.

2. Trabajo en condiciones de libertad: dimensión compuesta por tasa de trabajo infantil, tasa de escolaridad en educación básica, tasa de mayores de 65 años que reciben pensión y jornada laboral excesiva (porcentaje de personas que trabajan más de 48 horas semanales).

3 Así mismo, este método no requiere supuestos que exige la econometría y además arroja resultados que son estadísticamente deseables: vectores de información no correlacionados e independientes.



3. Dignidad en el trabajo: agrupa aspectos como quejas ante la OIT, vio-lencia antisindical, número de negaciones de registro sindical, tasa de sindicalización, tasa de beneficiarios de la negociación, tasa de negocia-ción colectiva y número de quejas ante el Ministerio de la Protección Social.

4. Trabajo productivo: representado por el porcentaje de hogares con in-gresos iguales o superiores a la línea de pobreza, el porcentaje de traba-jadores con un salario igual o superior a la mitad del salario mediano y el porcentaje de capacitación para el empleo.

5. Equidad en el trabajo: dimensión en que aparecen los indicadores de la tasa de desempleo de mujeres, tasa de subempleo objetivo y subjetivo de mujeres, diferencia salarial entre hombres y mujeres, tasa de ocupación de mujeres, número de mujeres con cargos ejecutivos, porcentaje de mujeres en el sector informal y número de quejas de mujeres frente al Ministerio con respecto al total.

6. Seguridad laboral: dimensión que pretende ser explicada por los coti-zantes a la seguridad social, la tasa de accidentes de trabajo, la afiliación a fondo de pensiones, el porcentaje de trabajadores afiliados a un fondo de cesantías, la afiliación a ARP, el porcentaje de ocupados en el régimen subsidiado, el porcentaje de ocupados con un contrato a término inde-finido y el porcentaje de trabajadores temporales.

Infortunadamente, los datos disponibles no permiten obtener toda la in-formación de las variables expuestas anteriormente. Sin embargo, se puede allegar información por municipio de las siguientes variables, como proxy para medir el TD en Colombia:

a. La Tasa Global de Participación (TGP), calculada como la participación de la población económicamente activa (PEA) sobre la población en edad de trabajar (PET), esto es: TGP = (PEA/PET)x100.

b. La Tasa de Ocupación (TO), que es la participación de los ocupados (OC) sobre la PET: TO = (OC/PET)x100.

c. La Tasa de Subempleo Subjetivo (Tasasubje), que corresponde a una


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proporción de la PEA que está interesada en trabajar más horas a la semana y puede hacerlo; además, cree que en su trabajo actual no puede aplicar todas sus competencias. Está definida como TSsub: Tasasubje = (PSsub/PEA)x100.

d. La Tasa de Subempleo Objetivo (Tasaobj) hace referencia a una propor-ción de la PEA que, además de poder trabajar más horas a la semana y estar interesada en hacerlo, ya ha buscado la forma de lograrlo: Tasaobj = (PSobj/PEA)x100.

e. La Tasa de Trabajo Infantil (Tasainfan) se define como la presión que ejercen los trabajadores entre 5 y menos de 18 años de edad (TInf) so-bre la población total de este mismo rango de edad (Pinf): Tasainfan = (TInf/Pinf)x100.

f. La Tasa de Jornada Laboral Excesiva (Tasajorexc) es la proporción de trabajadores del total de ocupados (OC) que tienen una jornada sema-nal mayor a 48 horas: Tasajorexc = (Jexc/OC)x100.

g. La Tasa de Sindicalización (Tasasindi) indica la proporción de trabaja-dores del total de ocupados que pertenecen a agremiaciones sindicales: Tasasindi = (sind/OC)x100.

h. La Tasa de Aportes a la Salud (Tasasalud) es la participación de los tra-bajadores que aportan al sistema de salud sobre el total de ocupados: Tasasalud = (Salud/OC)x100.

i. La Tasa de Aportes a las Pensiones (Tasapen) corresponde a la partici-pación de los trabajadores que aportan al sistema de pensiones sobre el total de ocupados: Tasapen = (Pensión/OC)x100.

j. La Tasa de Afiliación a las ARP (Tasaarp) es el porcentaje de trabaja-dores que están afiliados a Administradoras de Riesgos Profesionales: Tasaarp = (ARP/OC)x100.

k. El Porcentaje de trabajadores con contrato (Tasaposecon) representa la proporción de trabajadores que poseen un contrato laboral: Tasapo-secon = (Contrato/OC)x100. Así mismo, se determinó la proporción de trabajadores que poseen contratos a término indefinido (Tasaindef) y a término fijo (Tasafijo): Tasaindef = (Indef/OC)x100 y Tasafijo = (Fijo/OC)x100.



l. El porcentaje de familias bajo la línea de pobreza (Flialineap) es calcula-do a partir de la proporción de familias que poseen un ingreso inferior a $957.867 (López y Núñez, 2007), esto es: Flialineap = (Fliaspob/Flias).

m. El porcentaje de trabajadores con salario superior al salario mínimo (Ta-saingre) representa la proporción de trabajadores que devengan más de $433.7004.

Metodología para la construcción de un Índice de Trabajo Decente

La multidimensión y el análisis de componentes principales

La multidimensión de los hechos sociales y la complejidad de las variables que allí están implicadas obligan a realizar observaciones panorámicas de la realidad que muchas veces no pueden ser abarcadas en su totalidad; más que nada, cuando se intenta crear imágenes que permitan evaluar el estado en que se encuentran estas múltiples dimensiones. Como solución de este problema los estudios optan muchas veces por hacer uso de la abstracción, con el obje-tivo de integrar todas las dimensiones, pero llegan a conclusiones que resultan ser hechos parciales de la realidad estudiada. Para evitar estas parcialidades, con el empleo del método comparado que aquí se propone se logra integrar al análisis todas las variables relevantes para explicar el fenómeno, así como las variaciones que se dan entre los casos de estudio y las diferencias temporales que éstos presentan. De ese modo se puede obtener la visión panorámica que tanto se desea en la investigación (Bartolini, 1999).

Sin embargo, el simple hecho de integrar al análisis las variables necesarias, el tiempo y los casos de estudio que serán analizados no bastan para realizar un buen bosquejo del problema estudiado. Para complementar este cuadro analítico, que será la guía para el análisis del estado del trabajo decente en

4 Salario mínimo legal vigente en el año 2007.


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Colombia, resulta necesario implementar herramientas que permitan hallar las relaciones causales que aquí se buscan, a fin de tener la certeza de que las mismas no son espurias.

Para establecer un indicador que mida el trabajo decente en Colombia, como concepto multidimensional, se requiere encontrar la herramienta ne-cesaria que permita relacionar de manera objetiva cada una de las variables que son presentadas como componentes del mismo, así como los distintos casos de estudios integrados en el análisis. De acuerdo con estas caracte-rísticas, la herramienta que más se ajusta a esta investigación es el método de Análisis de Componentes Principales (ACP), ya que tiene la bondad de ajustar los casos de estudios y sus diferencias en indicadores sintéticos que no son sensibles a la manipulación o la subjetividad de los investigadores5 (Castaño y Moreno, 1994).

En un sentido más estricto, el objetivo del ACP consiste en reducir el nú-mero de variables (p) a un pequeño subconjunto de ellas (r), disminuyendo así la multidimensión del caso de estudio, con el objetivo de elaborar nuevas variables que puedan expresar la información contenida en la matriz original con una mínima pérdida del poder explicativo del fenómeno. Así mismo, se puede eliminar información que resulte redundante o variables que aporten poco al estudio (Pla, 1986).

En resumen, el método busca resolver el siguiente sistema:

5 En el artículo de Correa (2010), que se publica en este mismo número de Controversia, se presentan las bon-dades de este método comparado con el método utilizado por diferentes autores que intentaron realizar una medición del trabajo decente.



11 1 11 1 11 1

1 1 1

... ... .... . .. . .

... ... ...

n n n

n nn n nn n nnnxn nxn nxn

x x a a c c

x x a a c c

= (1),

donde la matriz X es la matriz de componentes a encontrar, la matriz A es la de variables originales (los datos iniciales) y la matriz C representa los coeficientes para el cálculo de las componentes. En este sistema se trata de hallar los coeficientes factoriales (cij) para encontrar los indicadores busca-dos (xij). Es bueno notar que el método extrae tantos componentes como variables hay en el sistema, es decir, para p variables se extraen p compo-nentes, solo que se eliminan las que menos información aportan al modelo. En este sentido, la componente xi será una combinación lineal de todas las variables originales:

1 111

1

1

.. ....

.. .

i n

i ni

nni nn

x aa

c c

ax a

= + +

(2)

Para probar el resultado de este ejercicio se tendrá en cuenta, en primer lugar, el grado de asociación entre las variables originales, por medio del mé-todo de la significación de la correlación parcial de Pearson de las variables; en segundo lugar, el estadístico Kayser-Meyer-Olkin (KMO), que compara los coeficientes de correlación de Pearson con los coeficientes de correlación parciales entre las variables6; y en tercer lugar se tendrá en cuenta el test de Bartlett (1950, 1951), que busca probar que no existe correlación entre las variables (hipótesis nula); la aceptación de la hipótesis nula significa que las

6 Este estadístico puede aceptarse al 0,5, lo que índica un buen ajuste del ACP.


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variables no están intercorrelacionadas y, por tanto, no tiene mucho sentido llevar a cabo un Análisis Factorial.

Número de factores a conservar

Como se ha expuesto atrás, el número de factores hallados puede presentar un número superior al necesario para explicar la estructura de los datos ori-ginales. Sin embargo, existen diversos criterios que permiten determinar el número de factores a conservar (Cattell, 1966). El más generalizado y utiliza-do es el criterio o regla de Kaiser (1960), el cual indica que se deben conservar solamente aquellos factores cuyos valores propios sean mayores a la unidad, pues estos son los que contienen más información7.

Ahora bien, con este método de selección del número de componentes, la multidimensión del asunto no se reduce del todo, pues puede haber varios de ellos con un valor propio mayor a uno. Si bien éstos pueden ser útiles para explicar cómo se comporta el TD en Colombia en pocas dimensiones, no se podría alcanzar un indicador único de TD; por lo tanto, se debe utilizar otra metodología que responda al objetivo principal de la investigación.

Para solucionar este problema se optó por agrupar los componentes en-contrados en uno solo, usando el promedio ponderado de aquéllos. Como ponderador de cada uno de los índices se utilizó su importancia relativa en la explicación de la variabilidad total de los datos. Así, el factor que más informa-ción posea pesará más dentro del índice global de trabajo decente, y perderá peso a medida que la información que tiene sea menor. En la siguiente sección se explicará de manera más detallada este proceso.

Otro de los problemas con los componentes hallados es que la informa-ción que contienen dificulta medir en una misma escala el fenómeno estudia-do. Por tal motivo, se eligió estandarizarlos mediante la metodología utilizada

7 Este criterio es el que normalmente utilizan los programas estadísticos por defecto.



para crear el Índice de Desarrollo Humano (IDH), con lo cual se obtiene un valor entre cero y uno que ayuda a la explicación de los resultados.

De esta manera los pasos a seguir son:

Valor normalizado X = [valor real – valor mínimo]/ [valor máximo – valor mínimo],

donde el valor real es la puntuación alcanzada por el país en un determina-do indicador, el valor mínimo es el valor más bajo de todos los departamentos y el valor máximo es el valor más alto de los mismos. Enseguida se calculan los valores medios de todos los índices, y el resultado se normaliza para ela-borar una escala de índice de trabajo decente, que va de 0 (la cifra más baja o que refleja las peores condiciones) a 1 (la cifra más alta o la que muestra las mejores condiciones). Es importante tener en cuenta que el resultado es una clasificación relativa, y que el valor máximo no quiere decir “ideal”, sino que trata de explicar, en relación con los demás departamentos, las mejores situa-ciones de TD.

Para efectos de la interpretación, el índice puede clasificarse en tres cate-gorías: baja, media y alta. Esto es, un departamento presentará un nivel de trabajo decente bajo si alcanza un ITD entre 0 y 49,98; medio, si su ITD está entre 50 y 79,98, y, finalmente, diremos que un departamento tiene un nivel de trabajo decente alto si registra un índice entre 80 y 1008.

Buscando indicadores que midan el trabajo decente: resultados

Para hallar los indicadores de trabajo decente en Colombia se utilizó el con-junto de variables anteriormente definidas, y como resultado se obtuvieron cuatro componentes que permiten medirlo. Para evaluar el buen ajuste del

8 Esta clasificación fue determinada siguiendo la metodología del Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).


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ejercicio de componentes principales se puede analizar el estadístico KMO9, que tiene un valor de 0,754, indicando que los factores son una buena aproxi-mación de las variables originales; por otro lado, el p-valor de la prueba de esfericidad de Bartlett es cero, lo que muestra que existe una excelente aso-ciación entre las variables; además, las comunalidades10 del ejercicio revelan que cada una de las variables está bien representada por los componentes, al tener un valor de extracción superior a 50% cada una; es decir, con los com-ponentes se puede explicar más del 50% de la variabilidad de cada variable (Ver anexo, Tabla 1).

Finalmente, para conocer cuántos indicadores se extraen del ejercicio se usa el valor propio de cada uno de los vectores propios de la matriz de varia-bles originales: aquellos que sean mayores de 1 son componentes que mejor resumen la información de la matriz. En la Tabla 2 del anexo se puede ob-servar que los tres primeros componentes tienen un valor propio mayor a 1 y todos en conjunto resumen el 71,55% de toda la información; sin embargo, para ampliar la información explicada 78,13% se tomará el cuarto factor.

Los resultados indican que el primer factor explica el 43,98% de toda la varianza de la matriz original de datos; es decir, en este factor se integran las variables entre las cuales hay mayores diferencias en Colombia. Este indica-dor se denomina Indicador de Seguridad Laboral(ISL), pues integra variables tales como la tasa de afiliación a salud, a pensiones y a ARP, el porcentaje de trabajadores con contrato, el porcentaje de trabajadores con contrato tanto a término indefinido como a término fijo, el porcentaje de trabajadores con salario superior al mínimo y el porcentaje de familias bajo la línea de pobreza. Estas variables tienen mayor correlación con el primer componente y, por tan-to, éste explica adecuadamente la información que ellas contienen (Tabla 3 del anexo). Nos referimos a seguridad laboral en un sentido amplio, que abarca

9 El valor mínimo que debe tomar el KMO para aceptar que se pueden realizar componentes principales con los datos es de 0,7 (Vinacua, 2007), aunque se puede aceptar al 0,5, como lo muestra el tutorial del Spss 15.10 Las comunalidades expresan la cantidad de varianza que es explicada o extraída de una variable por los com-ponentes que la misma tiene en común.



no solo la afiliación a la seguridad social sino también la estabilidad laboral, en términos del tipo de contrato y de la recepción de ingresos que un trabajador pueda tener. Las variables conforman el factor determinante en la medición del trabajo decente en Colombia, pues, como se dijo anteriormente, aquí es donde se presentan mayores diferencias en el país.

En este sentido, el indicador de seguridad laboral puede expresarse así:

Indicador de Seguridad Laboral = 0,189xTASASALUD + 0,159xTA-SAPEN + 0,154xARP + 0,206xTASAPOSECON + 0,105xTASAINDEF + 0,149xTASAINGRE + 0,216xTASAFIJO + (-0,087)xFLIALINEAP + 0,110xTASAINFAN+ (-0,110)xTGP + (-0,111)xTO + 0,047xTASASUBJE + 0,135TASAOBJ + (-0,062)xTASAJOREXC + (-0,091)xTASASINDI.

Lo anterior significa que el indicador de seguridad laboral será mayor cuan-do la tasa de afiliación a salud, a pensiones y a ARP sea mayor; así mismo, cuando los trabajadores posean un contrato que sustente su relación laboral, sin importar si es indefinido o a término fijo; además, cuando exista un mayor número de trabajadores con salario superior al mínimo y cuando el porcentaje de familias bajo la línea de pobreza sea menor (por el signo negativo).

El segundo factor, denominado Indicador de Oportunidades de Trabajo (IOT), explica el 14,72% de la varianza total de la matriz original y da cuenta del buen comportamiento de la tasa de ocupación y de la tasa global de participación, al medir las oportunidades relativas de un individuo en el mercado laboral de un determinado municipio. La ecuación de este factor puede expresarse así:

Indicador de Oportunidades de Trabajo = 0,454xTGP + 0,456xTO +(-0,186)xFLIALINEAP+ (-0,071)xTASASALUD + (-0,012)xTASAPEN + (-0,029)xARP + (-0,125)xTASAPOSECON + 0,080xTASAINDEF + 0,044xTASAINGRE + (-0,161)xTASAFIJO + (-0,051)xTASAINFAN + 0,019xTASASUBJE + (-0,083)xTASAOBJ + 0,058xTASAJOREXC + 0,116xTASASINDI


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Esta expresión muestra que las oportunidades de trabajo son mayores mientras mayores sean la tasa global de participación y la tasa de ocupación en un municipio o departamento.

Un tercer indicador, que explica el 12,85% de la varianza, encierra las va-riables que hablan del subempleo objetivo, el subempleo subjetivo y la tasa de trabajo infantil. Este es denominado como Indicador de Trabajo Precario (ITP) y puede expresarse así:

Indicador de Trabajo Precario= 0,386xTASASUBJE + 0,517xTASAOBJ + 0,478xTASAINFAN + (-0,081)xTGP + (-0,041)xTO + (-0,106)xFLIA-LINEAP + 0,013xTASASALUD + (-0,028)xTASAPEN + 0,036xARP + 0,065xTASAPOSECON + (-0,053)xTASAINDEF + 0,096xTASAINGRE + 0,139xTASAFIJO + -0,019xTASAJOREXC + (-0,101)xTASASINDI

Debido a las variables que lo componen, el ITP mide el trabajo en con-diciones de precariedad. Éste contiene el subempleo, que se refiere a la insa-tisfacción que expresa un ocupado por su trabajo en lo referente a ingresos, horas laboradas y/o competencias, y el trabajo infantil. Este indicador es alto cuando existe un mayor número de trabajadores con subempleo objetivo y subjetivo, así como con trabajo infantil. Es importante saber que, para que este indicador pueda compararse con los demás, debe leerse en sentido in-verso, pues aquí el municipio o departamento que posee menores tasas de subempleo y trabajo infantil es aquel que tiene un indicador más bajo.

El cuarto y último indicador que se obtuvo mediante el ejercicio de com-ponentes principales es el Indicador de Dignidad en el Trabajo (IDT), que agrupa el porcentaje de trabajadores sindicalizados y el porcentaje de trabajadores con jornada excesiva de trabajo (mayor de 48 horas). Explica el 6,58% de la varianza y puede expresarse así:

Indicador de Dignidad en el Trabajo= (-0,456)xTASAJOREXC + 0,491xTASASINDI + 0,120xTASASUBJE + 0,004xTASAOBJ + 0,088xTGP + 0,006xTO + 0,016xFLIALINEAP + (-0,046)xTASASALUD + 0,048xTA-



SAPEN + (-0,028)xARP + 0,073xTASAPOSECON + 0,191xTASAINDEF + (-0,108)xTASAINGRE + (-0,174)xTASAFIJO + (-0,207)xTASAINFAN

Cuando la tasa de sindicalización aumenta el indicador es mayor, y se hace menor cuando se incrementa el número de trabajadores con jornada excesi-va. Aquí se enmarca una relación inversa entre la tasa de sindicalización y la de jornada excesiva; es decir, no es del todo erróneo describir la disociación de los signos de ambas variables como el efecto de la sindicalización sobre la regulación de la jornada de trabajo. Sabemos que la dignidad en el trabajo abarca muchos aspectos, pero estas variables dan cuenta de la reivindicación de los derechos en el trabajo de una forma integral, al poder ejercer la libertad de asociación. Además, la jornada de trabajo excesiva es señal de precariedad en las condiciones de trabajo, ya que puede interpretarse como explotación o empleos con bajos ingresos, entre otros denominadores11.

Evaluación del estado del trabajo decente en Colombiaen 2007-2008: interpretación de indicadores

Indicador de Seguridad Laboral (ISL)

De los 100 puntos posibles que puede alcanzar el ISL en 2007, el promedio para Colombia fue de 48,4 puntos; esto, de acuerdo con el criterio de califi-cación, ubica la seguridad laboral del país en un nivel bajo, lo que se traduce en una cantidad considerable de trabajadores desprotegidos por el sistema de protección social, que incluye salud, pensiones y ARP, así como en la falta de un contrato laboral que reglamente y le brinde estabilidad en su trabajo. En esta calificación también influye la presencia de muchos trabajadores cuyo salario no supera el mínimo, lo que se traduce en mayor número de familias bajo la línea de pobreza. En otras palabras, el bajo ISL refleja la cantidad de

11 Para determinar cuáles variables explican cada uno de los factores se utiliza la correlación de éstas con los factores. Los resultados de estas correlaciones se muestran en la Tabla 4 del anexo.


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trabajadores colombianos que están en la informalidad y la repercusión de este fenómeno sobre los ingresos de los hogares.

Hay que resaltar que, de los 24 departamentos analizados, el 67% se ubican por debajo de esta media nacional; entre ellos se encuentran Caquetá, Córdo-ba y Atlántico como los más cercanos a esta media, y en peor posición están Norte de Santander, Santander, Nariño, Huila, Magdalena, Cesar y Tolima, con 24,8 puntos en la escala y ubicados por eso en el último lugar. En el otro extremo, los departamentos de Boyacá, La Guajira, Caldas y Valle del Cauca, a pesar de que se encuentran en un nivel superior a la media, todavía están en un nivel bajo (menos de 50 puntos), mientras Cundinamarca, Quindío, Bogotá y Antioquia aparecen en un nivel medio (entre 50 y 79,89 puntos). No existen departamentos en niveles altos (entre 80 y 100 puntos), y esa ausencia despier-ta insatisfacciones en cuanto al comportamiento de estas variables en el país.

En comparación con 2007, en 2008 el ISL cayó en 7 puntos y pasó de 48,4 a 41,3. Este bajo indicador es una señal de la precarización laboral en el país, esto es, un aumento de los empleos que no garantizan salarios que puedan cubrir las necesidades básicas de las familias: son trabajos informales que no aseguran la protección de los trabajadores, su salud y su vejez; así mismo, hay trabajadores que no poseen contratos que le aseguren estabilidad y protección de sus derechos laborales.

Para este mismo año se encuentra que ningún departamento alcanza altos puntajes de ISL, pues ninguno supera los 80 puntos. Entre los más cercanos a este límite aparecen Antioquia, con 66,8 puntos; Bogotá, con 54,8; Caldas, con 54,6, y Cundinamarca con 52,7. También podrían destacarse los departamen-tos de Quindío, Boyacá, Valle del Cauca y Risaralda, que se ubican por encima de la media nacional, con 46,5, 43,2, 42,1 y 41,4 puntos, respectivamente. Otro asunto a resaltar es que el 67% de los departamentos están por debajo de la media nacional; unos muy cercanos a ésta, como Santander, con 41,1 puntos y Meta con 40,9, y otros muy por debajo, entre los cuales cuentan Norte de Santander, Tolima, Cesar, Huila, Nariño y Córdoba.



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Indicador de Oportunidades de Trabajo (IOT)

Por su parte, para el año 2007, el Indicador de Oportunidades de Trabajo en Colombia alcanza a 53,9 puntos en promedio; es decir, en el país existen opor-tunidades de empleo, pero gran parte de estos empleos está en la informali-dad, sector que se caracteriza por la escasez de todas las garantías laborales. Bajo la media nacional se encuentra el 58% de los departamentos; Nariño y Magdalena clasifican en el nivel medio y Bolívar, Cundinamarca y Chocó están entre los más bajos. Por encima de la media figuran Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima, Antioquia, Meta, Santander y Bogotá; sin embargo, ningu-no clasifica en un nivel alto de oportunidades de trabajo.

El IOT para 2008 alcanzó 43,5 puntos, lo cual indica que, en términos de oportunidades laborales, el país se encuentra en mal estado. Esto apunta a que en Colombia el acceso al mercado laboral es difícil, y más aún al trabajo asala-riado, lo que afecta principalmente a la población más pobre. Al parecer, esta situación es más grave en los departamentos de Chocó, Cesar y Sucre, cuyo indicador no alcanza a los 30 puntos, mientras que Norte de Santander, Bogo-tá, Meta, Santander, Tolima y Cundinamarca, a pesar de ser los departamentos con mayor puntuación, solo llegan a un nivel medio.

Al igual que el ISL, el indicador de Oportunidades de Trabajo disminuyó en 2008 y se ubicó en 10 puntos menos con respecto al año anterior. En 2008 la tasa de ocupación comienza a deteriorarse y la capacidad de que la econo-mía provea empleo no responde a la demanda del mismo, dejando como saldo 2.334.999 desempleados, un 16% más que los encontrados en diciembre de 2007.

Indicador de Trabajo Precario (ITP)

Con respecto al ITP, el promedio en Colombia es de 54,6 puntos, es decir, en el país hay un nivel medio de precarización del trabajo (recuérdese que este indicador se lee de manera inversa), y por debajo de esta media está el


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50% de los departamentos, entre ellos Bogotá, Meta, Norte de Santander y Quindío, que ocupan un nivel medio. Por su parte, Huila, Valle del Cau-ca, Nariño y Córdoba son los departamentos con mayor precarización. Por encima del promedio es bueno destacar a Atlántico, Antioquia, Chocó y Cundinamarca como los departamentos donde la precarización es menor que en el resto del país.

El Índice de Trabajo Precario presenta en el país un deterioro, y esto sig-nifica que, en comparación con 2007, se ha presentado un incremento del subempleo y del trabajo infantil. El hecho resulta alarmante, ya que muestra la debilidad del mercado laboral de mantener trabajadores en el sector formal, con lo cual disminuye cada vez más la participación de mano de obra en el mismo, cosa que ha incitado a que los miembros más jóvenes de las familias se vean en la necesidad de salir a trabajar para mantener los ingresos de sus hogares. En términos numéricos, entre 2007 y 2008 se presenta una disminu-ción de 8 puntos, al pasar de 54,6 puntos (un nivel medio) a 46,5 puntos (nivel bajo). El departamento de Valle de Cauca presentó el puntaje más alto, 72 puntos, y se ubicó en un nivel medio; por su parte, Chocó reportó el puntaje más bajo, 24,9, lo que lo sitúa como el departamento donde se presenta menos trabajo precario. Es bueno notar que, según este indicador, ningún departa-mento monta a una cota alta: el 37% se encuentra en un nivel medio y el 63% restante en un nivel bajo.

Indicador de Dignidad del Trabajo (IDT)

Por último, al observar el indicador de dignidad del trabajo, en Colombia al-canza un puntaje de 36,1, cosa que indica que, en promedio, en el país existen bajas tasas de sindicalización (según los datos) y gran cantidad de trabajadores con una jornada laboral superior a 48 horas. De ese modo, se encuentra que el 96% de los departamentos tienen un indicador bajo en dignidad de trabajo, y entre ellos se destacan Chocó en el límite superior, con 49,1 puntos, y Santan-der en el inferior, con 16,6 puntos. El único departamento con un indicador por encima del nivel bajo es Nariño, con 63,4 puntos.



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El efecto que causa la disminución de la producción industrial en la eco-nomía formal hace que el indicador de IDT aumente con relación a 2007, pues el número de horas trabajadas rebaja. Este cambio de coyuntura indica un incremento de 20 puntos en la medición, al pasar de un nivel bajo en 2007 a uno medio en 2008, 52,2. Por encima de éste y hasta los 60 puntos están Sucre, Bogotá, Caldas, Valle del Cauca, La Guajira, Córdoba, Cauca y Huila. Los departamentos con mayor puntaje son Antioquia y Nariño, dueños de 71,1 y 62,7 puntos, respectivamente. Un 45% de los departamentos revelan un indicador de un nivel bajo; son aquellos que exhiben menores tasas de sindicalización, aunque en este caso un indicador alto, como el de Antioquia, no necesariamente significa que tenga altas tasas de sindicalización en general, sino solo en comparación con los demás del país.

Índice Nacional de Trabajo Decente (ITD), 2007-2008

El ITD se calculó como el promedio ponderado de los cuatro factores des-critos anteriormente. Los ponderadores representan la importancia relativa de los factores en el índice global de acuerdo con su capacidad de explicar la variabilidad de los datos utilizados. Por ejemplo, como el factor 1 (Seguridad Laboral) es el que mayor varianza proyecta, se convierte en el elemento que más pesa en el ITD (56,3%). El cálculo se realizó así:

100*)*084,0*164,0*188,0*563,0( IDTITPIOTISLITD +++= ,

donde ISL es el Índice de Seguridad Laboral, IOT es el Índice de Opor-tunidades de Trabajo, ITP es el Índice de Trabajo Precario e IDT es el Índice de Dignidad en el Trabajo. El índice está expresado en una escala de cero a cien (0-100), donde 0 representa las peores condiciones de trabajo decente de acuerdo con el contexto nacional y 100 expresa la mejor situación que se puede alcanzar dadas las características del país. Hay que tener en cuenta que alcanzar este valor máximo no significa que Colombia (o alguno de sus depar-tamentos) cumpla satisfactoriamente las condiciones para que existan trabajos



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decentes, sino que tal valor correspondería a las mínimas carencias con las que puede vivirse en el país, de acuerdo con las limitaciones que el mismo país presenta.

En el gráfico 9 aparecen los resultados del Índice Nacional de Trabajo De-cente para Colombia y sus departamentos. En general, la situación del país no es la mejor: el ITD para Colombia en 2007 es de 49,4, lo que indica que, de acuerdo con la clasificación propuesta anteriormente, el país alcanza un bajo ni-vel de trabajo decente y necesita mejorar en muchos aspectos antes de lograr un buen ambiente de trabajo decente para sus habitantes. Hay que resaltar que este resultado está determinado principalmente por el índice de seguridad laboral, que alcanzó un nivel de 48,4, pues los índices de oportunidades de trabajo y de trabajo precario registraron niveles medios: 53,9 y 54,6, respectivamente.

De los 24 departamentos del estudio (incluido Bogotá), no hay ninguno que presente condiciones de trabajo óptimas: 22 presentaron un ITD bajo y solo dos un nivel medio: Bogotá, con un índice de 63,5, y Antioquia, que obtuvo la mejor calificación, con 68,5 puntos. Este último muestra que, en comparación con los demás departamentos del país, ofrece las mejores condiciones para sus trabajadores y supera el nivel que Colombia brinda, gracias, especialmente, a que es el departamento con el mejor Índice de Seguridad Laboral (76,9).

Cuando se realiza la medición del Indicador General de Trabajo Decente para 2008, se observa una disminución de seis puntos con respecto a 2007. Este decrecimiento puede explicarse porque la crisis económica se traduce en una reducción de la producción industrial, que evidencia la fragilidad del mer-cado laboral colombiano para responder a ella; además, se crea mayor grado de desprotección de los trabajadores, ya que no hay manera de amortiguar estos impactos y evitar que afecten su bienestar.

En términos cualitativos, se encuentra que el ITD colombiano está en un nivel bajo. Es decir, en el país muy pocos ocupados cuentan con un empleo que les garantice acceso a todas las prestaciones sociales, a una vejez digna, a jorna-



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das laborales reglamentadas por la ley, a derechos sindicales, entre otros obje-tivos. Según esta medición, los departamentos con mayor IDT son Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, que se ubican por encima de los 50 puntos en un nivel medio. Y en el otro extremo están Cesar y Chocó, como los de peor puntaje.

Conclusiones

Esta primera aproximación a la creación de indicadores que midan el trabajo decente en Colombia no cuenta, infortunadamente, con la totalidad de los indicadores resultantes de la revisión literaria, en gran parte debido a que la principal fuente de información –en este caso la Gran Encuesta Integrada de Hogares– no tiene un enfoque laboral de este tipo y, por tanto, la información de interés es limitada. Sin embargo, con la información disponible pudo reali-zarse una buena medición y validación de la metodología para el Indicador de Trabajo Decente, donde el principal hallazgo metodológico es que los datos están correlacionados de forma coherente, es decir, puede crearse un claro panorama del mercado laboral colombiano y el estado de TD en el mismo.

El Análisis de Componentes Principales (ACP), como herramienta me-todológica, se muestra suficiente para realizar la medición y la creación de indicadores que midan las dimensiones del TD. De esa manera se dejan de lado las subjetividades que aparecen al examinar otro tipo de metodologías, como, por ejemplo, los paneles de expertos e incluso la metodología del IDH, en los cuales muchas veces se corre el riesgo de anteponer los intereses del investigador a la objetividad necesaria para determinar las características más importantes del fenómeno estudiado.

Con la metodología ACP se pone en evidencia la precaria situación por la que cruza el país en términos de TD. En primer lugar, porque se esperaba que los resultados encontrados en el año 2007, como base del estudio, hubiesen sido mejores de los que aquí se glosan, ya que en ese año la economía gozaba de un auge económico, y éste no se vio reflejado en las condiciones laborales



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del país. Así que, a pesar del buen comportamiento de la economía, en el año 2007 había una cantidad considerable de trabajadores no cubiertos por el sis-tema de protección social, con bajos salarios y en la informalidad. Además, en ese año se evidenció el descontento de los trabajadores con las condiciones que les ofrecía su trabajo, cosa que se tradujo en un alto índice de subempleo, jornadas laborales excesivas y pocas oportunidades de ejercer su derecho de asociación.

Para el año 2008 no se presentan mejoras en las condiciones de TD, como consecuencia de la crisis financiera que se desata y que deteriora todavía más las condiciones laborales de la nación. La seguridad laboral sufre una caída sig-nificativa, ocasionada por la mayor desvinculación de personal de las empresas, además de que los salarios siguen siendo bajos y las necesidades de las familias parecen no cubrirse en su totalidad. Se presenta además una desprotección so-cial en poblaciones vulnerables de la sociedad, como es el caso de los adultos mayores, quienes se ven desvinculados del sistema de pensiones del país.

En términos generales, esta aproximación de medición nos permite con-cluir que en Colombia el Índice Total de Trabajo Decente es un espejo de la precariedad en la que se encuentra el mercado laboral del país, situación que es sustentada por la cantidad de ocupados en el sector informal, los altos índices de pobreza e indigencia y la alta concentración del ingreso. También es importante mencionar las disparidades entre departamentos; por ejemplo, departamentos como Chocó y Cesar, que se ubican alrededor de 20 puntos por debajo de Antioquia, en donde las condiciones de trabajo decente son medianamente aceptables.

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Anexo: Tablas de resultados estadísticos

Tabla 1Comunalidades

Inicial ExtracciónTGP 1,000 0,883TO 1,000 0,938

TASAJOREXCE 1,000 0,796TASASINDIC 1,000 0,698FLIALINEAP 1,000 0,708TASASALUD 1,000 0,944

TASAINF 1,000 0,575TASAPEN 1,000 0,944TASAARP 1,000 0,839

TASAPOSECON 1,000 0,803TASAINDEF 1,000 0,833TASAFIJO 1,000 0,627

TASAINGRE 1,000 0,726TASASUBJE 1,000 0,699

TASAOBJ 1,000 0,706



Tabla 2Varianza total explicada

Componente Valor propio % de varianza % acumulado

ISL 6,598 43,989 43,989IOT 2,208 14,718 58,706ITP 1,927 12,846 71,552IDT 0,986 6,576 78,1285 0,818 5,452 83,5796 0,572 3,813 87,3937 0,501 3,341 90,7348 0,395 2,633 93,3669 0,329 2,196 95,562

10 0,230 1,532 97,09411 0,193 1,288 98,38112 0,112 0,744 99,12513 0,068 0,451 99,57614 0,038 0,255 99,83115 0,025 0,169 100,000

La Tabla 3 muestra la correlación de cada variable con los componentes, y donde ésta sea más alta se infiere que la variable pertenece al componente. Esta tabla es un resumen del ejercicio.


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Tabla 3Correlación de los variables con las componente*

Componente

ISL IOT ITP IDTTASASALUD 0,924 0,121 -0,268 TASAPENS 0,907 0,194 -0,278 TASAARP 0,872 0,196 -0,199

TASAPOSECON 0,862 -0,155 0,188TASAINDEF 0,782 0,296 -0,208 0,301TASAFIJO 0,754 -0,22

TASAINGRE 0,749 0,356 -0,179FLIALINEAP -0,602 -0,583

TO 0,125 0,948 -0,142TGP 0,185 0,921

TASAOBJ -0,149 0,805 0,188TASASUBEJ -0,29 0,712 0,324

TASAINF -0,181 0,702 -0,212TASAJOREXCE -0,227 0,192 -0,837

TASASINDIC -0,182 0,812

* Los espacios vacíos representan correlaciones inferiores al 10%.


TRABAJO DECENTE


* Artículo recibido en abril de 2010. Artículo aprobado en mayo de 2010.** Las autoras son candidatas a magíster en Educación y Desarrollo Humano. Cinde-Universidad de Manizales.

La ciudadanía laboral: debates actuales de su sentido clásico*

Por Sohely Rúa Castañeda y Ana Teresa Vélez Orrego**


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Introducción1

–Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto hacía que no te veía?¿Quéandas haciendo?–No, nada, hace tres meses terminé contrato y estoy buscando.

–¿Por quéno me das tu correo para reenviarte algunas convocatorias? Pero te advierto: las que conozco son de contratos cortos y por prestación de

servicios.–No importa, ya estoy acostumbrada. Muchas gracias.

–Hasta pronto –y sigue su camino.–Hola, ¿cómo estás?

–Muy bien, ¿y vos?–Bien.

– ¿Sigues en la misma empresa?–No, ahora trabajo independiente, me cansé de los jefes, de trabajar para

otro y no tener tiempo para mí.– ¿Y por qué tan perdido?

–Tengo muchos contratos, no me queda tiempo de nada. Mira mi tarjeta. Escríbeme y en algúnmomenticoque me quede tiempo te respondo.

Conversaciones cotidianas, usuales en estos tiempos, construidas en una intersección vial corta, mediada por un espacio público de tránsito –un bar, un restaurante o tal vez un vehículo de transporte público–, dan cuenta deltrabajo

1 Artículo elaborado como parte de la investigación documental “La polifonía de sentidos de la ciudadanía labo-ral en América Latina en la actualidad”, Cinde-Universidad de Manizales. Maestría en Educación y Desarrollo Humano, 2010.


8989La ciudadanía laboral

como tema, como telonero, como apertura de un acto discursivo que eviden-cia movilidad, escasez e incertidumbre en la vida de actores que se disponen a la conversación. Muestra de lazos efímeros y distantes, en la época de la rapidez y el desapego. Sin embargo,

“el trabajo sigue otorgando identidad, pero no con la clase obrera, sino porque es éste el que todavía permite ‛pertenecer a’, es decir, sigue siendo central para la sociedad, pero no exclusivamente en su forma asalariada. Aunque la disminu-ción de la forma asalariada tradicional y la permanencia fuerte de los valores he-redados de la misma recrea la aceptación del trabajo precario, infantil, explotado, flexible, sexual, informal, esclavo, ilegal, y hasta la aceptación de un salario en la guerra. En fin, recrea trabajos que en su afán por sostener el equilibrio busca parecerse a los modelos de la sociedad asalariada” (Valencia, 2003, 263).

Aunque el trabajo no estuvo siempre en el centro de la vida colectiva, desde

hace tres siglos se instituyó como ordenador social. En el siglo XVIII la idea de que, ante la pobreza, era necesario exaltar el esfuerzo, la dedicación y el tra-bajo, fue consolidada por la reforma protestante, que hizo del trabajo fuente de merecimientos divinos y dio asidero terrenal a la humanidad. Para el siglo XIX confluye con una dimensión política: el avance del reconocimiento de los derechos, que hizo de la ciudadanía un proyecto de inclusión real que recono-cía la desigualdad económica existente en la época. Pero es el siglo XX, en los centros capitalistas europeos, el que ve materializar un proyecto civilizatorio de inclusión, cuando el trabajo se convierte en el mecanismo, la bisagra que articula el reconocimiento de la ciudadanía con el acceso a servicios de bienestar, en un contexto económico marcado por el florecimiento de la industria fordista.

En América Latina se crea una situación diferente, puesto que aquí el nue-vo modo de producción del capitalismo no logra absorber toda la masa de trabajadores que demanda trabajo.

La formalización de derechos sociales en el Estado de bienestar, como pro-veedor de protección social en un marco jurídico de derechos, hizo aparecer


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la noción de ciudadanía laboral, al expresar un estatus de ciudadano a través de la vinculación al trabajo asalariado en unaeconomía regulada, de institucio-nalización del conflicto social y de un desarrollo industrial que, articulados, fundaron lo que algunos autores denominan la sociedad salarial, ordenada y estable, que posibilitó también la formación de identidades individuales y colectivas a través del trabajo.

La ciudadanía laboral logró su máxima expresión jurídica en la segunda mitad del siglo XX, con la erección del Estado de bienestar en los países eu-ropeos y desarrollados. Esta suerte de –sociedad planificada– y –ciudadanía plena– daba cuenta de la relación entre el acceso al trabajo en una época de in-dustrialización, la aparición de identidades individuales y colectivas alrededor del trabajo y la institucionalización de la relación entre trabajadores y Estado mediante los sindicatos. En Latinoamérica la ciudadanía laboral no alcanzó pleno desarrollo, toda vez que el Estado de bienestar tampoco fue allí una realidad, por lo que la relación de trabajo, derechos y ciudadanía no responde a la noción clásica europea.

Para los años 70 del siglo pasado esa configuración de la ciudadanía euro-pea, mediada por el trabajo, entra en crisis cuando apenas en América Latina los estados de bienestar estaban por construirse, lo cual creó una ciudadanía laboral recortada, parcial y segmentada, que reforzó la exclusión social por ser real solo para la pequeña porción de la población que pudo acceder a empleos formales. Sin embargo, este ideal de ciudadanía también operó como repre-sentación social que movilizaba acciones y discursos.

La ciudadanía laboral entra en crisis debido a los cambios políticos y eco-nómicos que transformaron los sentidos, las prioridades y las dinámicas socia-les y políticas después de los años 70. Esta crisis es denominada por algunos como el fin de la sociedad salarial o la pérdida de la centralidad del trabajo,y anuncia un cambio profundo en las concepciones que habían derivado en la llamada ciudadanía laboral. El cambio tecnológico, que descentró el trabajo humano físico respecto de la producción, la caída y desprestigio del socialis-



mo, las crisis económicas, la globalización en su sentido amplio, entre otros factores, abrieron la puerta a un nuevo mundo: este mundo que tenemos hoy, flexible, inestable, cambiante e inseguro, donde la ciudadanía pierde su conte-nido social y los derechos individuales y colectivos del trabajo se erosionan, al debilitarse las instituciones del Estado y extenderse el paradigma flexible en el trabajo asalariado.

La institucionalidad construida durante tres siglos comenzó a desestruc-turarse, como lo muestra la reducción o desaparición del Estado de bienestar europeo, la desregulación de la economía, las privatizaciones y el libre merca-do en Latinoamérica, la pérdida de derechos y el saldo de miles de hombres y mujeres de todo el mundo trabajando en condiciones precarias, como en un acto de sobrevivencia, en el sentido que lo plantea Zemelman (2010): viviendo en un presente perpetuo, limitados para construir futuros, en plural, en medio de la pérdida de sentido de un futuro hegemónico y homogéneo.

Frente a este nuevo modelo del cambio y la fluidez, de la incertidumbre y el riesgo, es necesario evidenciar la complejidad que representa hablar del trabajo como mecanismo de acceso a la ciudadanía. La institucionalización de las demandas sociales por conducto de los derechos de tercera genera-ción, a pesar de su avance, está en discusión respecto a la primacía de los derechos civiles y políticos, y si bien la ciudadanía se ha ampliado, perma-necen las diferencias entre ciudadanos de primera y segunda clase. De la misma forma, los debates que ocupan la esfera pública centran su interés en el reconocimiento de las particularidades nombradas, como las ciudadanías (culturales, juveniles, complejas), y dejan los temas sociales a la racionalidad de los expertos.

Para añadir complejidad a la comprensión de los fenómenos ocurridos en el trabajo y la política, y que han llevado a que autores como Luis En-rique Alonso afirmen que la ciudadanía laboral está en crisis, también es evidente la crisis de la identidad laboral del sujeto o ciudadano que se ha hecho vaga y difusa. El trabajador de la fábrica fordista, hombre, obrero,


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blanco y proveedor familiar, no representa hoy la identidad fundamental de las personas que trabajan. Todo ello marcado por un cambio de época, de transformaciones en la acción política y de modificaciones en el sistema económico capitalista.

Con este esbozo de los múltiples debates a los que remite la propuesta de resignificar la noción de ciudadanía laboral, este artículo apunta a plantear ele-mentos de reflexión en torno al asunto de cómo las transformaciones del traba-jo y la política reconfiguran el sentido de la ciudadanía laboral en la actualidad, al momento de indagar específicamente por la relación política-trabajo y el nuevo sujeto de la ciudadanía laboral. Nuestras consultas están orientadas a acercarse a los sentidos que tiene la ciudadanía laboral en América Latina, cosa que añade otro grado de complejidad al análisis, toda vez que la realización del proyecto de ciudadanía social es parcial en el continente, donde la política y las instituciones del Estado han sido marcadas por el clientelismo, las dictaduras y la debilidad de las instituciones; donde el trabajo formal, fuente de derechos laborales y sindi-cales, fue siempre restringido y la globalización neoliberal se fundamentó en los amplios sectores que siempre estuvieron excluidos del desarrollo.

Recordemos que la noción de ciudadanía laboral es fundamentalmente eu-ropea. Por eso los principales autores que conceptualizan sobre el tema son españoles, italianos, franceses, y en particular toman como referencia a Luis Enrique Alonso, quien plantea directamente la categoría. A estos constructos teóricos sobre el tema los denominamos en este artículo ciudadanía laboral clásica, para aludir tanto a su origen como a su sentido único en el caso euro-peo, en contraste con la posibilidad de desarrollo que hoy tiene esta noción en América Latina, donde nos encontramos con sentidos polisémicos que atienden a las realidades particulares de la región y donde, de hecho, el trabajo y la política, componentes de la ciudadanía laboral,se han conceptualizado y materializado por separado.

El artículo da cuenta de la primera parte de la investigación documental titulada –La polifonía de sentidos en la relación de política y trabajo que re-



configuran la ciudadanía laboral en la actualidad en América Latina”, estudio que busca, mediante el análisis de contenido, dar cuenta de cómo las elabora-ciones teóricas de autores españoles, franceses y latinoamericanos evidencian relaciones de articulación, contradicción o separación de la política y el trabajo y de cómo estos fenómenos atraviesan el ejercicio de la ciudadanía y el lugar del trabajo en las nuevas identidades individuales y colectivas.

El alcance del mismo es de carácter descriptivo-analítico. En este primer avance de la investigación partimos de la ciudadanía laboral en su sentido clásico, y posteriormente se presentan algunos cuestionamientos al mismo, para esbozar al final las preguntas que orientan la resignificación de esta noción para América Latina en la actualidad: la pregunta acerca de los su-jetos sociales, que encuentran en el trabajo un sentido político,y las nuevas formas de la acción política y del ejercicio de la ciudadanía, que incorporan el trabajo en sus reivindicaciones y coexisten con las formas sindicales clási-cas, configurando una polifonía de sentidos, prácticas y aspiraciones. Estos interrogantes serán abordados en dos entregas posteriores del desarrollo de la investigación.

El sentido clásico de la ciudadanía laboral

La ciudadanía laboral hunde sus raíces en la tradición republicana, donde la ciudadanía está vinculada a instituciones que a través de la formalización de derechos configuran una relación jurídica entre el Estado y la sociedad.

La ciudadanía laboral –o, como algunos autores la denominan, la ciudada-nía industrial– describe un proyecto político-institucional, histórico, social y cultural que entra en crisis en los recientes años. Es precisamente esta dificul-tad la que convoca la búsqueda de su resignificación, partiendo de reconocer la importancia política de un proyecto de sociedad que realza la necesidad de la protección colectiva, la distribución del poder social y la redistribución de los recursos como fundamento de la democracia.


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Una aproximación a la noción de ciudadanía laboral

El concepto de ciudadanía ampliada, que se desarrolla en el periodo que va de la Primera Guerra Mundial hasta mediados de los años 70 del siglo XX, con-nota la creación de un sistema de garantías que procura la igualdad, no solo jurídica sino también de acceso a condiciones de bienestar, lo cual lleva a–otorgarles a los individuos un número creciente de derechos sociales” (Alon-so,2007, 12), haciendo de la ciudadanía, antes restringida al reconocimiento de los derechos civiles y políticos, un nuevo referente de inclusión.

El aseguramiento de estos nuevos derechos se realiza mediante un modelo de Estado prestador de servicios sociales. Se considera relevante que el Estado asuma la prestación directa de los servicios de bienestar, con lo cual la ciuda-danía representa una titularidad contra el riesgo y la incertidumbre, materia-lizada a través de mecanismos de solidaridad institucionalizada. El Estado de bienestar se constituye en un sistema protector y regulador.

Esta ciudadanía incorpora en el centro de su contenido la solidaridad, como

eje estructurante del Estado y de las relaciones laborales. Alonso afirma que

“el mundo del trabajo se incrustaba en el entramado organizacional del ca-pitalismo corporatista de representación de grupos de interés mediados por el Estado, siendo los sindicatos los representantes de una ciudadanía laboral –trabajadores normalizados por la relación salarial fordista– que cerraba de forma parcial, pero significativa, el horizonte de la inseguridad como condi-ción estructural asociada a la vida cotidiana laboral”(2007, 34-35).

Para el momento de la creación del Estado social los derechos laborales y

la protección social son inseparables y el trabajador es el sujeto más represen-tativo de la sociedad, al configurar lo que Alonso designa como el ciudadano normalizado. La forma empresarial fordista en una economía capitalista cre-ciente contribuye a mantener estable el sistema de protección social, ya que incorpora un número creciente de personas y establece un sistema de ascenso



social mediante el trabajo. El contrato de trabajo abre la puerta al bienestar no solo por la vía de los ingresos, sino igualmente por la prestación directa de servicios derivados de la relación laboral: salud, educación, vivienda, recrea-ción, etc.

De esa manera, el significado clásico de la noción de ciudadanía laboral remite a tres componentes: la ciudadanía, ejercida a través del trabajo como derecho y medio de existencia; la ciudadanía como expresión instituciona-lizada de un proyecto político-histórico; la ciudadanía como representación generadora de identidad y vínculo social a través del trabajo asalariado.

El caso de América Latina presentó unos matices diferentes. El Estado se concretó en políticas populistas más que benefactoras, es decir, el Estado no se presentaba como un protector, prestador y regulador; su función estaba centrada en practicar un asistencialismo directo, olvidando el desarrollismo, esto es, la promoción del crecimiento económico a la par que la redistribu-ción. Pero este modelo pronto cambió y empezó a instalarse uno plenamente desarrollista, autoritario, por conducto de gobiernos militares que denigran las acciones democráticas y redistributivas y las tacha de populistas; en otras pala-bras, el remedo de Estado benefactor, limitado en tiempo y cobertura, pron-tamente fue desmontado, para incursionar en una lógica de crecimiento bajo formas autoritarias que irían eliminando los derechos y beneficios a los que solamente accedían quienes a la vez podían acceder al trabajo (Graciarena, 61).

El ejercicio de la ciudadanía a través del trabajo

La ciudadanía laboral relaciona el otorgamientode derechos sociales como base para la inclusión social y la organización política –el Estado social y de derecho–, que la garantiza donde el trabajo es un derecho social en sí mismo y un medio para el acceso a otros derechos.

Elprimero en nombrar los derechos sociales, Alfred Marshall, lo hace des-de la perspectiva de la inclusión en el proceso civilizatorio a través del acceso


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a los niveles culturales alcanzados hasta el momento (el siglo XVIII). Esta pre-tensión se traduce en el reconocimiento como ciudadanos, como miembros plenos de la sociedad (T. H. Marshall, 2005, 19) dado a un número mayor de individuos, aunque no reconoce todavía la desigualdad económica como parte de la exclusión del ejercicio de la ciudadanía.

T. H. Marshall planteará que, si bien la ciudadanía y el capitalismo crecieron

juntos, la ampliación de la ciudadanía modifica la estructura de clases que éste produce, en el sentido de que el otorgamiento de derechos tiene efectos sobre la desigualdad social. Los derechos sociales avanzan desde la simple atención a los más pobres a través de la caridad, en el siglo XVIII, hasta el cuestiona-miento de la estructura social desigual en el siglo XX.

El desarrollo de los derechos sociales involucra la aceptación del dere-

cho de un individuo al bienestar, además de que cuestiona la estructura social desigual que produce la pobreza. Esta evolución en la esfera de los derechos sociales reconoce la membrecía como acceso a los bienes materiales adecua-dos al nivel de vida alcanzado por la sociedad, así como el acceso a los bienes culturales y sociales que posibilitaban la real integración social.

Es en ese contexto donde el trabajo se constituye en el vínculo idóneo entre los derechos de bienestar de tipo universal y el acceso a los bienes ma-teriales que lo aseguran mediante su formalización en los derechos laborales. Marshall dirá que se crea –una ciudadanía industrial (ciudadanía laboral) para-lela al sistema de ciudadanía política (ciudadanía clásica) y a la vez suplemen-taria de ésta (2005, 50), que articula los derechos civiles, políticos y sociales mediante el trabajo.

Marshall resalta que la ciudadanía laboral transforma la naturaleza de los

derechos al hacer de un derecho civil (la negociación) un derecho político (la negociación colectiva), con el cual los trabajadores, como sujeto colectivo y no individual, tramitan en la esfera pública sus intereses. Una suerte de nuevo poder de la masa de trabajadores, que ahora también pueden ser ciudadanos,



no solo como individuos participantes de un sistema político a través del voto sino también como fuerza política.

Sin embargo, mmientras para los centros capitalistas la economía se basada

en una masa amplia de asalariados que entraban en la lógica de producción-consumo con fuertes privilegios en seguridad social bajo el Estado de bienes-tar, en América Latina la masa de asalariados era limitada y por lo tanto quie-nes accedían a dichos privilegios eran los incluidos por conducto del trabajo asalariado y regulado por el Estado populista y no estaban integrados como consumidores. Es decir, había una ciudadanía a través del trabajo, pero limita-da solo para algunos; en la práctica, la mayoría de las personas no obtuvo una real y total protección social que emanara del trabajo.

La ciudadanía como proyecto histórico-político

La ciudadanía laboral describe una relación directa entre la política y el trabajo, dimensiones de la vida humana diferenciadas y que en un momento histórico se vincularon fuertemente, concibiendo representaciones sociales e institucio-nes que expresan, regulaban, promueven y conservan esta correspondencia, que algunos autores denominan sociedad salarial.

La noción de ciudadanía social que subyace en la ciudadanía laboral es la

expresión de un proceso de tres siglos, en los cuales la ciudadanía se ha en-riquecido, se ha llenado de nuevos contenidos. La transición del feudalismo promueve la creación de los derechos civiles; posteriormente, ya en el siglo XIX, los trabajadores y los movimientos sufragistas luchan por ampliar los derechos políticos, y en el siglo XX, alentados por el movimiento socialista, mantienen su acción por los derechos sociales, Por lo expuesto anteriormente, la ciudadanía laboral también puede entenderse como un momento histórico en que el conflicto social se institucionaliza y da respuesta a las diversas ten-dencias políticas que tramitan en la esfera pública la legitimización de formas alternativas de organización social.


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Cabe señalar que de este momento histórico y político surge una forma de Estado corporativo o intervencionista, que, de un lado, negocia con los grandes capitales en un modelo de economía mixta y, de otro, negocia con los trabajadores organizados en las estructuras sindicales, manteniendo las dos fuerzas en cierto equilibrio. Hablamos de una forma de Estado protector y un mercado regulado.

Este nuevo Estado, que toma la forma de Estado nacional, privilegia el vínculo formal entre la sociedad y el individuo, lo cual lleva a comprender la ciudadanía como

“un estatus jurídico a través del cual se consideran poseedores de un con-junto de derechos y deberes que los hacen miembros de una comunidad po-lítica, el Estado-Nación, dotándolos de lazos de identidad y pertenencia, así como de los requerimientos sociales y culturales necesarios para ejercer esos derechos y deberes de manera participativa y en condiciones de igualdad” (Gómez, 2009, 235).

Otros elementos del contexto de la época favorecen el fortalecimiento de estos estados. La necesidad de la reconstrucción de los países devastados por las guerras de principios y mediados del siglo XX llevó a diseñar políticas de intervención estatal para asegurar la reparación, así como la recuperación a raíz de las crisis económicas, en particular la recesión del 30, la “gran depre-sión”. La inversión pública y el pleno empleo se consideran estrategias para salir de la crisis dentro de la economía capitalista, en un modo de producción fordista y un Estado keynesiano.

En resumen, la ciudadanía laboral también es una expresión que denota un

momento histórico –parte del siglo XX– que recoge los progresos alcanzados en la construcción de la ciudadanía desde la óptica liberal, fundada en lo nor-mativo, la libertad y la igualdad; la tradición republicana, que hace énfasis en la participación de los ciudadanos en la vida política, en el gobierno y en la toma de decisiones de manera deliberativa, y otras corrientes del pensamiento polí-


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tico que alimentarán la noción de ciudadanía social, cuya base es la solidaridad, la igualdad material y el control sobre la economía.

La ciudadanía como representación y vínculo social

Una vez inscrita la ciudadanía laboral en un proyecto político de ciudadanía institucionalizada, durante mucho tiempo el énfasis fue puesto en la relación jurídica fundada por los derechos. Sin embargo, la potencia de la ciudada-nía laboral, como expresión materializada de un modelo de sociedad, estuvo asentada en las representaciones sociales acerca de la política y del trabajo que dieron origen a lo que Castoriadis llama la sociedad salarial.

Es en esta sociedad salarial como representación social donde aparece una

identidad individual y colectiva centrada en el trabajo; emerge la clase trabaja-dora como expresión de la vida concreta de los individuos, y se configura una identidad colectiva a través de la sindicalización.

Desde el punto de vista de Castoriadis, estas representaciones generadas por la sociedad salarial harán parte de la imaginativa social, ya que la ciuda-danía laboral funcionaba como “una red simbólica socialmente sancionada”, que no solo provee normas sino que brinda significados a los sujetos para orientar su vida y sus relaciones. Y continúa Alonso: “como todo imaginario social en un entorno histórico social concreto, la ciudadanía laboral keynesia-no-fordista aspiraba a la identidad total, al cierre completo de lo social sobre la producción nacional normalizada y la reproducción familiar patriarcal” (2007, 99).

Estas representaciones sociales en la sociedad del trabajo hacen parte de

un largo proceso de surgimiento de la ética del trabajo. Para finales del siglo XVII el mercantilismo introduce el trabajo como esencial para la creación de la riqueza de las naciones, y este discurso va dando forma a la idea del trabajo como vínculo social. “El mercantilismo elabora el discurso del tra-bajo productivo, de las ocupaciones y los oficios productivos, que permite


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la formación de la idea de sociedad ocupada” (Valencia, 2003, 242), con lo cual el trabajo comienza a ordenar, clasificar, determinar las ocupaciones y los grupos sociales.

Ya en el siglo XVIII aparece una dimensión subjetiva del trabajo, asociada a “una reivindicación de una dimensión psicológica universal para el ser huma-no” (ibíd.,). La satisfacción de las necesidades y la pobreza se entienden como los motores para que las personas tiendan a la laboriosidad, a la permanente búsqueda de una ocupación, que además está influenciada por la promoción del consumo de lujo.

Asociada a esto, la reforma protestante contribuye a la difusión de valores ligados al trabajo, al realzar un hombre trabajador activo que con sus obras honra a Dios. Neffa afirma que la ética del trabajo da sentido a la vida humana en la tierra, como medio para acercarse a Dios, asociando valores como la austeridad y el ahorro: “se pasa así progresivamente de ‛trabajar para vivir’ a ‛vivir para trabajar’” (2003, 59).

Estos cimientos de la naciente sociedad industrial originan los disposi-tivos sociales para el control disciplinario, favorable a la nueva industria, lo que consolida el discurso de la ética del trabajo: “el obrero tenía que trabajar infinitamente, aunque no encontrara el sentido de ese esfuerzo. Debía poner sus habilidades y su esfuerzo en el cumplimiento de tareas que otros le imponían y controlaban y que carecían de sentido para él” (Valencia, 2003, 253).

Para autores comoZygmunt Bauman,en las sociedades modernas la ética del trabajo ordena la vida a través de orientaciones básicas, como que para “vivir y ser feliz debe hacerse algo que los demás consideren digno de un pago (...) es preciso dar algo para recibir después” (2000, 17). Conformarse con lo ya conseguido es moralmente dañino; hay que buscar más de lo que se ha lo-grado, hay que esforzarse, sin descanso alguno, después de haber alcanzado la satisfacción (Valencia, 2003, 252).



Sennett ratifica esta idea cuando plantea que –la ética del trabajo, como la entendemos corrientemente, reafirma el uso autodisciplinado del tiempo y el valor de la gratificación postergada” (Sennet, 2006, 103). Estas dos caracte-rísticas posibilitan que los individuos construyan una idea de sí mismos, sus relaciones y sus aspiraciones coherentes con los valores que estas represen-taciones portan: la austeridad, el ahorro, la vida como proyecto. Sennett dirá: “El hombre empeñado en probar su valor moral por el trabajo” (ibíd., 110).

Si bien, en el mismo periodo del que se habla, el marxismo señala la alie-nación de los seres humanos en el proceso de producción, y las acciones de sabotaje de las máquinas y de insubordinación de los trabajadores propugnan la liberación, la cultura incorporó los sentidos que el trabajo fabril asalariado propuso. Alonso recuerda que

“la concepción de la ciudadanía se presenta antes como una realidad cultural que como una esencia jurídica, puesto que cualquier arquitectura formal de derechos y obligaciones es realmente aplicada en un marco social y cultural concreto: marco que es el que genera los efectos reales de la ciudadanía en cuestión y que pueden ser realmente diferentes a los nominalmente previstos” (2007,152).

La ciudadanía crea un vínculo directo de pertenencia a una comunidad, “basado en la lealtad a una civilización, que es una posesión común” (T. H. Marshall, 2005, 47). Sennett propone otra mirada de esa disposición a perte-necer a una comunidad: el miedo a la incertidumbre y el riesgo, dependencia mutua que anima la construcción de vínculos sociales (2006, 147).

En esta construcción de sociedad salarial “el trabajo asalariado es el vehí-culo de acceso a la ciudadanía, a la esfera pública, a la integración cultural, y el soporte fundamental del Estado social (X. Díaz, L. Godoy y A. Stecher, 2005, 17). La pregunta emerge frente a los cambios sociales, políticos, culturales y económicos que dan lugar a una nueva sociedad que, aunque requiere el tra-bajo humano –principalmente el trabajo intelectual y relacional que cohabita con el trabajo manual y de sobrevivencia–, no lo protege en el sentido clásico,


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como derecho ciudadano, lo cual tiene implicaciones en la creación de vín-culos de pertenencia, relaciones sociales y proyectos colectivos, “todos ellos indispensables para el ejercicio de la ciudadanía democrática” (ibíd., 8).

El sujeto de la ciudadanía laboral

El sujeto de la ciudadanía laboral era uno: el trabajador de la fábrica fordista. La ciudadanía laboral nace y se desarrolla paralela a la industrialización, en un contexto de mercados crecientes, lo que permite la expansión industrial fordista, una forma de producción basada en la incorporación de la técnica y los métodos científicos enderezada a diseñar y operar la producción, lo cual deriva en una configuración que facilita la definición de las relaciones laborales y del vínculo entre las personas que trabajan y la sociedad.

Como se mencionó anteriormente, la ciudadanía laboral no fue solo un arreglo institucional; ese lugar central del trabajo, el trabajo material en su gran mayoría, promovió identidades alrededor del obrero, la fábrica, la máquina, la lucha de clases, y posibilitó un ordenamiento de la vida social, cultural y po-lítica en torno a la identidad laboral. Desde esta perspectiva, el interrogante, como lo plantea Marshall, se refiere a la influencia que tiene sobre la persona el trabajo que realiza, y no al contrario, el efecto que la persona produce en su trabajo (T. H. Marshall, 2005,18).

El trabajador de la fábrica fordista es un varón, blanco, proveedor fami-

liar: el sujeto normalizado mencionado por Alonso. Las cualidades del buen trabajo eran las cualidades del buen carácter. La ética del trabajo permea las relaciones sociales, familiares, de amistad, y forja lazos sólidos. Estos vínculos están cimentados en la disposición a establecer compromisos con los demás, que concibe una asociación de larga duración, el acto de compartir una rela-ción laboral estable y previsible (Sennett, 2006, 67).

Sin embargo, la realidad latinoamericana desvirtúa a tal sujeto, toda vez que, en América Latina, la incorporación del capitalismo dio como resultado



una forma diferente de inclusión de la diversidad de trabajadores en el ámbito laboral formal y fondista. No todos los campesinos e indígenas pudieron ha-cer parte de la promesa del capitalismo; es decir, el fordismo como modelo de producción, no alcanzó aquí los niveles de universalización que tuvo en Euro-pa, y desde entonces esos sectores sociales han sido relegados a una exclusión histórica que los han llevado a recurrir a formas diversas de subsistencia, al convivir de esta manera trabajos especializados y modernos con trabajos fa-briles y artesanales, que provocan divisiones de clase marcadas.

Es así como la clase trabajadora estaba compuesta por esa misma hete-rogeneidad social que producía la relación con el trabajo, a diferencia de la clase obrera organizada europea, con fuertes lazos partidistas. Para los países latinoamericanos la movilización obrera estaba representaba por otras fuerzas sociales, que no estaban incluidas en el modelo de producción; como parte de los trabajadores asalariados “allí confluían sectores medios, burocracias estata-les comprometidas con el nacionalismo desarrollista, y sobre todo la élite po-lítica urbana antioligárquica” (Weffort, 1993, 117. Citado por Lozano, 1998), lo cual le imprimió un marcado tinte populista.

Por eso es necesario interpretar los procesos identitarios originados alrede-dor del trabajo en Latinoamérica y dar cuenta de las coyunturas actuales, que pueden caracterizarse así:

• La identidad laboral y sindical en Latinoamérica ha estado en relación con otras identidades: étnicas, regionales y nacionales. Estas identidades siguen activas en la actualidad: en el caso de las étnicas, se fortalecen; en el caso de las nacionales, emerge una dimensión que está más asociada al patriotismo, frente al debilitamiento del Estado nacional, y que se amalgama con otras identidades de gran fuerza social y política, como son las de género y sexuales.

• La identidad laboral y sindical fue parcial en la región. Con altos nive-les de informalidad, trabajo agrícola y desempleo, el sector formal –del cual se afirma que se deriva una construcción identitaria centrada en el


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trabajo– fue restringido a algunos sectores sociales, y esta situación se va a tornar más compleja con la flexibilización y los procesos de individua-lización. Una de las primeras aproximaciones al fenómeno indica que “el trabajo asalariado y no asalariado, en sus formas relacionales, diluye la identidad del sujeto trabajador porque éste no puede reconocerse en las relaciones de producción con diferencias estructurales” (Cardona y Vera, 2003, 371).

Debates para la resignificación

Hablar hoy de ciudadanía laboral se convierte en un reto, tanto práctico como teórico. La crisis de los puntos de referencia políticos, sociales, económicos y culturales que la constituyen es evidente y su resignificación involucra la tarea de evadir la aspiración de recuperar, de volver al pasado, cuando todo se ha transformado en el presente, pero que reconoce en ese desarrollo importantes aportes para una sociedad democrática.

Comprender las transformaciones de los componentes de la ciudadanía laboral entraña emprender una tarea en diferentes niveles y campos académi-cos. Entre los temas a abordar se encuentran: la comprensión del momento histórico-político actual, en un contexto de globalización que desarticula los Estados nacionales y reconfigura la relación de poderes locales, regionales y mundiales; el perfeccionamiento del capitalismo cognitivo, que otros denomi-nan la sociedad del conocimiento; la emergencia de nuevos actores sociales y reivindicaciones en el plano del reconocimiento y la diferencia.

En este acápite, la discusión se centra en los elementos articuladores de la ciudadanía y el trabajo, lo cual remite a un interrogante básico sobre la rela-ción entre política y trabajo. Como se dijo en la parte inicial, la noción clásica de ciudadanía laboral hace referencia a una relación explícita, clara y estable entre política y trabajo. Este último elemento es un mecanismo de realización de un acuerdo político sobre un modelo de sociedad y Estado, y también un



mecanismo para el ejercicio de la política en el sentido republicano, de partici-pación en la definición de los asuntos comunes, como sociedad civil, a través de la organización sindical.

Este análisis parte de la polémica posición de Hannah Arendt sobre el tema, cuando afirma que el trabajo y la política pertenecen a ámbitos de la vida humana diferentes y que su encuentro en la esfera de lo público ocasiona en la modernidad la desfiguración de la política, cuando esta última pierde su sentido por dedicarse a los temas de lo social, entre ellos, el trabajo.

Lo social en la política

En el texto “La condición humana” Arendt (1958) expresa que el trabajo y la acción (la política) pertenecen a ámbitos de la vida humana diferentes y que la intrusión del trabajo en la política ha hecho que en la modernidad ésta pierda su sentido. La tesis de Arendt señala que en la época moderna, por el auge de lo social, se diluyó la frontera entre lo privado y lo público y la política se redujo a la gestión de la necesidad, es decir, de aquellas cosas propias de las di-mensiones de la labor y el trabajo. “Arendt cierra la posibilidad para que exista una forma política de abordar la cuestión social” (López, 2003, 121).

Surgen entonces algunas preguntas en relación a las diferencias y los límites entre lo social (incluido el trabajo) y la política, en la medida en que, si bien Arendt valora el trabajo como parte de la vida activa que construye el mundo común, traza una distancia entre el mundo público del trabajo y el mundo público de la política. Pero, ¿cómo aceptar que la política no ha de preocupar-se por el mundo público derivado del trabajo? ¿Del pensamiento de Arendt se deriva que los derechos son el mecanismo por el cual los asuntos sociales coparon la escena de la política? Si los temas sociales no son los temas de la política, ¿cuáles deberían ser?

Para entender el postulado arendtiano sobre la separación entre acción (política) y trabajo (como parte de lo social) debe comprenderse primero la


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diferenciación que la autora establece entre labor y trabajo, distinción que incorpora elementos acerca de la libertad, la acción con otros y los espacios de aparición como componentes básicos de la política y que están ausentes o matizados en la labor y el trabajo.

La distinción entre labor y trabajo, como hecho histórico, estuvo ausente del

pensamiento político. Esta diferencia pasó inadvertida debido al demérito de la labor como aquella actividad que responde a las necesidades vitales del hombre, es decir, debido al desprecio a la limitación que la necesidad pone al ser humano para alcanzar la libertad, por su lejanía de las actividades políticas y por la desva-lorización de las actividades que suponen esfuerzo físico y que no dejan huella.

En la Grecia antigua las actividades de satisfacción de las necesidades ma-teriales eran dejadas a los esclavos. Partiendo de aquella concepción griega, Locke plantea esta diferencia: “El trabajo de nuestras manos y la labor de nuestro cuerpo”. Igualmente Smith y Marx basaron la estructura de su ar-gumentación en la diferencia entre labor productiva y labor improductiva, interpretación que es la más cercana al núcleo de la diferencia entre trabajo y labor (Arendt, 2005, 111).

Arendt llama labor a aquella actividad relacionada con la elaboración de productos y dirigida a satisfacer las necesidades primarias del ser humano; no deja nada tras de sí, no hay durabilidad en su obra, todo es consumido por la necesidad que tiene el hombre de sobrevivir. Es como la definió Marx: “el metabolismo del hombre con la naturaleza”.

A partir del pensamiento de Marx –para quien la labor tiene valor, no por los resultados en términos de productos sino por el poder humano que no se agota y, por el contrario, es capaz de crear más de lo que necesita para su supervivencia–, Arendt muestra cómo la labor es tan productiva como la pro-ducción de cosas duraderas, dado su poder para reproducir la vida y crear más de lo necesario para ello, es decir, para más de un proceso de vida, aunque no produzca más que vida.



A diferencia de la labor, el trabajo fabrica la interminable variedad de cosas cuya suma total constituye el artificio humano. Produce cosas durables nece-sarias para el establecimiento de la propiedad, que planteaba Locke, el valor para el intercambio mercantil, según Smith, y la productividad como prueba de la naturaleza humana, de la que habla Marx (ibíd., 115).

Además, el trabajo está determinado por el juego permanente de medios y fines. El producto es un fin que se convierte en medio de subsistencia y reproducción de la fuerza de la labor (ibíd., 170). En el proceso de trabajo todo se juzga en términos de conveniencia y utilidad para el fin deseado y para nada más (ibíd., 178). Esta relación de medios-fines va a ser uno de los sustentos básicos para entender por qué, según Arendt, el trabajo y la política son dimensiones de la condición humana que deben permanecer en ámbitos diferenciados.

En esta lógica,Arendt también afirmará que la racionalidad instrumental, introducida a la política a través de lo social, convierte a la esfera pública en un escenario más del mercado, donde los individuos y las organizaciones ac-túan en atención a sus intereses privados. La acción política iniciada sobre la idea de demandas enderezadas a satisfacer las necesidades no imperiosamente conduce a constituir una esfera pública como tal, dado que la tendencia de los seres humanos es hacia la vida privada y no a la vida pública, por lo cual, una vez satisfechas las demandas sociales, se corre el riesgo de que los individuos vuelvan a la seguridad del mundo privado.

En la modernidad, esta presencia del factor social en la esfera pública po-see características que desdibujan la política: lo social se convierte en un asunto técnico. Al partir de la racionalidad occidental, se entiende que existe una única verdad sobre los asuntos humanos, y que basta con encontrar la respuesta verdadera para tramitar las demandas sociales, lo cual ha hecho de lo social un tema de expertos, mientras la participación ciudadana como respuesta a situaciones extremas que demandan atención del Estado se tor-na episódica.


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Esto lleva a asumir la reflexión de Serrano cuando afirma que no se trata del tema en sí mismo, sino de las formas como él se aborda, lo que le da sentido político a lo social: “de lo que se trata es de determinar las con-diciones que permiten que un tema de la cuestión social adquiera sentido político”(Serrano, 2002, 150). En este caso, interesa determinar cuándo y cómo el trabajo, una cuestión social, porta un sentido político en la esfera pública y no solo es un ejercicio de representación de los intereses privados de los individuos. Al respecto, Serrano hace un aporte a la discusión de la dimensión política de lo social en su texto –Consenso y conflicto:Schmitty Arendt”.

Una primera afirmación de Serrano plantea que la política no tiene contenidos específicos sino que describe mejor un subsistema, con unas reglas del juego diferenciadas respecto de otras, como, por ejemplo, ocurre en el mercado. Por ello, en cada momento histórico, la política ha tenido contenidos diversos, y más aún: el gran aporte de la modernidad fue hacer de los problemas sociales un ejercicio político y dejar de lado los temas religiosos, la patria, la guerra. Entonces “el problema no es que la cuestión social invada la esfera pública, sino la manera como lo hace” (Serrano, 2002, 154).

Serrano plantea que los temas sociales pueden abordarse como una di-mensión política solo desde la perspectiva del conflicto como escenario de la política. El conflicto es entendido como derivación de la condición humana, de la pluralidad y la contingencia, es decir, que cada mundo construido por los seres humanos es ese pero bien pudo ser otro, y el eje sobre el cual lo social tiene un sentido político es la negociación de la diversidad de alternativas de sentidos de mundo y su realización.

A partir de Arendt también es posible reconocer que, para que el conflicto tengacarácter político, no basta con el nivel de intensidad; se requiere además una relación con el consensus iuris, es decir, con un espacio normativo común, donde se construyen los consensos.



Serrano (2002, 150) responde en la lógica de lo que para Arendt es la polí-tica y plantea que cualquier tema económico, religioso o cultural que ha aban-donado la esfera privada y cuestiona el orden social tiene la intensidad para convertirse en un conflicto político. Añade además algunos elementos necesa-rios para que lo social sea un tema de la política:

• “Cuando las demandas sociales implican decisiones que involucran a toda la sociedad o el reconocimiento de una identidad particular.

• “Cuando las demandas son de iniciativa ciudadana, organizada y conti-nua exigen su incorporaciónen el marco normativo y jurídico”.

Desde esta perspectiva, la dimensión política del trabajo, como parte de lo social, lleva a plantear cómo estos elementos descritos por Serrano pueden ser especificados para el caso del trabajo, y de los trabajadores como los sujetos políticos de la acción.

Estas discusiones, presentadas previamente, han conducido a plantearse la existencia de la ciudadanía laboral como experiencia social y política, esto es, la posibilidad del encuentro entre trabajo y política. Arendt responde afirmando que hubo un momento en el cual el movimiento sindical facilitó este encuen-tro: cuando apareció como organización en la esfera pública(2005, 241). Es decir, se trata de la ciudadanía laboral como una salida política del conflicto social provocado por la gran masa de trabajadores del fordismo, que, por lo menos en los países industrializados, representan el paso de la producción ar-tesanal a la producción industrial, con los alcances que comporta para la vida de los trabajadores y la organización de la sociedad en general.

El conflicto laboral comienza a desbordar la fábrica, la esfera privada, y en-tra a ordenar la vida social, los ritmos, los tiempos, y asimismo las expectativas, los deseos, los anhelos de los trabajadores, que se preocupan por la transfor-mación de la estructura social, la redistribución de la riqueza, las condiciones de pobreza, entre otros asuntos. Es decir, en términos arendtianos, cuando los trabajadores se conformaron como una organización en la que hablaban y


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actuaban, aparecieron en la esfera pública como “hombres cual hombres”. En otras palabras, cuando abandonaron la esfera privada trascendieron sus pro-pios intereses económicos para entrar a librar una “batalla política completa”.

El trabajo en la política o la política en el trabajo

Ubicada en un momento de producción fordista, Arendt fue testigo de la enajenación del hombre, de la poca posibilidad de creación colectiva y de narrativa, y sobre todo de libertad. La fábrica se lleva la fuerza de trabajo a cambio de la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas, pero no crea condiciones para la acción. La investigadora afirma que en el siglo XX la po-lítica toma la forma medios-fin del trabajo y se concentra en la tarea de crear instituciones (medios) como el Estado y los partidos políticos, para ciertos fines políticos. Esto es, al insertar a su hacer la lógica instrumental, la política sufre una atrofia.

Acerca del modo de producción posfordista y de las representaciones so-

bre el trabajo, ¿es pertinente preguntar qué irrumpió en el ámbito de qué: el trabajo en la política o la política en el trabajo? Para Paulo Virno, en el modo de producción posfordista la política incursionó en la dimensión laboral:

“la inclusión de ciertos aspectos estructurales de la praxis política en la pro-ducción actual nos ayuda a entender por qué la multitud posfordista es una multitud despolitizada. Hay ya demasiada política en el trabajo asalariado –en cuanto trabajo asalariado– para que la política como tal pueda gozar aún de una dignidad autónoma” (2003, 50).

Virnoestablece una discusión interesante con Arendt en torno al lugar de

la política en el trabajo, o viceversa. A diferencia de Arendt, para él la política colonizó el mundo del trabajo. Como se ha expuesto arriba, para esta autora la labor, el trabajo y la política son dimensiones diferenciadas y separadas en la vida del ser humano. La primera hace referencia a las actividades para el man-tenimiento de la vida, aquellas que no dejan huella tras de sí y que están sujetas



a las necesidades humanas; por tanto, son apolíticas; en este mismo sentido el trabajo, aunque tiene la posibilidad de transformary de crear, no posee la di-mensión pública, le falta la acción y el discurso propios de la actividad política.

Uno de los elementos esenciales de la política es el espacio de su aparición.

Para Arendt, una sociedad de laborantes presenta una atrofia en el espacio de aparición: éste solo es el mercado, pero en el producto que hace:

“en su aislamiento, no molestado, ni visto, ni oído, ni confirmado por los demás, el homo faber no solo está junto al producto que hace, sino también al mundo de cosas donde añadirá sus propios productos; de esta manera, si bien de forma indirecta, sigue junto a los demás, que hicieron el mundo y que tam-bién son fabricantes de cosas. Pero este espacio de aparición no es auténtico, en él el fabricante no se muestra a sí mismo, sino a sus productos, este espacio es una extensión de la producción”.

El animal laborans de Arendt es un ser expulsado del mundo, puesto que

está encerrado en lo privado de su propio cuerpo y atrapado en el cumpli-miento de necesidades. El esfuerzo de la labor no libera al laborante de la repetición del esfuerzo, es una imposición de la naturaleza. Él es un ser do-minado, sin trascender, esclavizado por la necesidad. También carece de una esfera pública.

La imposibilidad que tiene el trabajo de crear una esfera pública autónoma en

la que aparezcan “los hombres cual hombres” le otorga una condición de activi-dad apolítica, pero la relación que mantiene con el mundo tangible de las cosas que produjo la hace no antipolítica, lo que sí es la labor, pues aunque se realice junto a otros, esta actividad solo tiene el interés de mantener la vida; la compañía de los otros se limita al contacto corporal, a la uniformidad, y por lo tanto no a la pluralidad, es decir, a la acción y al discurso entre los hombres distintos y únicos.

Virno problematiza esta situación del espacio de aparición en el posfor-dismo. Según este autor, la incursión de la condición política en el mundo del


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trabajo se realiza a partir de la necesidad de aparecer ante los otros con herra-mientas de la acción política, como el discurso y la interacción simbólica para la realización con los otros del “trabajo cooperativo”, dada la necesidad del saber, la información, la cultura y las relaciones sociales, que se caracterizan como la materia prima del proceso productivo de hoy: “La multitud posfor-dista –que es una multitud de virtuosos, de trabajadores que, para trabajar, recurren a cualidades genéricamente políticas’” (Virno, 2003, 59).

El autor plantea que la actuación comunicativa dejó ser de la exclusividad de la vida política para extenderse a la “reproducción material de la vida” (Virno, 2003, 113). El espacio público del que carece el trabajo de la época de Arendt es hoy un reclamo en el trabajo posfordista:

“cuando la cooperación ‛subjetiva’ se convierte en la principal fuerza producti-va, las acciones laborales exhiben una notable índole lingüístico-comunicativa e implican la exposición a los ojos de los demás. Se desmorona entonces el carácter monológico del trabajo [fordismo]: la relación con los otros es un elemento originario, básico, no algo accesorio (...) la cooperación productiva es un ‛espacio con estructura pública’. Este ‛espacio con estructura pública’ –enclavado en el proceso laboral– moviliza actitudes tradicionalmente políticas. La política –en sentido amplio– se convierte en fuerza productiva, en una ‛caja de herramientas’” (Virno, 2003, 63).

La diferencia con los planteamientos de Arendtestriba aquí en que los ele-

mentos de la acción política insertos en el trabajo de hoy presentan una forma instrumentalizada, son herramienta de trabajo, un medio y no un fin en sí mismo, como característica innata de la política. Esta no tiene como objetivo la construcción de mundo común, es solo un instrumento para fines econó-micos.

El nuevo sujeto de la ciudadanía laboral

La búsqueda de un nuevo sujeto de la ciudadanía laboral es una tarea que reco-ge los debates de la modernidad en el sentido de que el sujeto y las identidades



se hacen centrales. Pero esta misma discusión, ubicada en América Latina, connota adicionalmente la comprensión de lo que sucedió con los trabajado-res y su organización, los desarrollos parciales y restringidos que tuvo y las corrientes políticas que animaron la construcción de la organización sindical.

Como se manifestó en la primera parte del texto, la ciudadanía laboral clá-sica tiene un sujeto claro y definido: un varón, obrero, que representa al sujeto histórico, en una estructura familiar patriarcal. Desde esta perspectiva clásica no es posible hacer extensiones de la categoría trabajador a nuevos sujetos: si bien las mujeres, los niños y niñas, los jóvenes y las jóvenes que se encuentran en situación de pobreza tienen que vincularse al trabajo fabril, su presencia es invisible, no reconocida, y provoca efectos sobre sus salarios y asimismo sobre su reconocimiento como sujetos políticos, aunque estén vinculados al trabajo asalariado.

Esta será una de las primeras consecuencias del interrogante acerca del sujeto de la ciudadanía laboral en la actualidad: la emergencia de nuevas iden-tidades que no han sido ajenas al mundo del trabajo pero que no tenían ni forma ni voz ni cuerpo en el fordismo y en relación con la reivindicación con otros derechos sociales.

A la complejidad de la ciudadanía las nuevas identidades de la moderni-dad sumarán la aparición en la esfera pública de otras construcciones subjeti-vas que no están asociadas al trabajo asalariado. Las mujeres, la juventud, los homosexuales, las lesbianas y otras orientaciones sexuales, raciales y étnicas emergen con potencia en lo público, reivindicando otras subjetividades, don-de ya no es tan clara la relación entre trabajo e identidad.

No solo la diversidad de identidades plantea desafíos a la noción de ciu-dadanía laboral. Otros asuntos de interés de lo público han tomado fuerza. Celis (2003, 9) plantea que el movimiento obrero perdió la centralidad en la política cuando, en el 68, “no fue ni el actor privilegiado, ni el beneficiario principal”; los protagonistas fueron los estudiantes, que ocuparon la esfera


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pública y son quienes visibilizan luchas ambientales, feministas, pacifistas y contraculturales.

De esta discusión es importante resaltar la necesidad de preguntarse qué lugar ocupa el trabajo en la conformación de las identidades. ¿Puede esta nue-va relación de trabajo e identidad albergar una pregunta política por el trabajo? ¿A los movimientos sociales que estas construcciones identitarias dan vida política les interesa el tema del trabajo? ¿De qué manera?

De la misma forma, la aparición del interrogante sobre el sujeto conduce también a plantear cuestionamientos acerca de la relación entre subjetividades y proyectos de sociedad: cómo el sujeto vincula a su propia construcción el momento histórico en el que vive y cómo este reconocimiento del contexto lo lleva a actuar en lo público.

El sujeto de la ciudadanía laboral del modo de producción flexible al que se asiste se configura de forma diferente a la del sujeto de la ciudadanía labo-ral del fordismo. La creciente formación de empleos heterogéneos atípicos o flexibles (con respecto a los trabajos homogéneos y estables del fordismo) amplió el espectro del trabajo asalariado de acuerdo con el tipo de contrato: temporal, a término fijo, por cooperativas, por obra, los llamados contratistas, el outsurcing, la prestación de servicios.

Si se observan las condiciones en las cuales se realiza el trabajo, aparecerán subempleados, informales, de cuenta propia, a domicilio, el teletrabajo; y si se observan de acuerdo con los nuevos sectores incorporados al mercado se en-cuentran los servicios, el académico-intelectual, el de las telecomunicaciones y los medios de comunicación.

Todas estas formas complejas de trabajo evidencian el surgimiento de un nuevo sujeto de la ciudadanía laboral, heterogéneo, portador de identidades múltiples que se solapan o contraponen, con trayectorias laborales disconti-nuas y diversas, lo que a su vez está relacionado con la manera de vivenciar los



derechos que el trabajo proporciona o de los que es mediador. Es decir, como facilitador del ejercicio de la ciudadanía laboral.

Por ejemplo, alrededor del sujeto masculino y femenino Díaz y Godoy plantean que

“asistimos (…) adosprocesosqueparecieran marcharensentidocontrario.Por una parte, un agotamiento del espacio laboral como eje alrededor del cual construir vínculos orientados a la afirmación de derechos, elaboración y de-sarrollo de proyectos colectivos y personales, proceso que ha debilitado a la ciudadanía laboral masculina. Por otra, la apertura de nuevos espacios y opor-tunidades al trabajo femenino, con lo cual se diversifica el universo de intereses y problemáticas del mundo laboral y se da paso a nuevos modelos identitarios de género y a la ampliación de la ciudadanía de las mujeres, reducida hasta hace poco al estrecho mundo del hogar” (2005, 24).

La forma de aparecer en el espacio público, y lo que se entiende por acción política, también se ha tornado más complejo, por lo cual el sujeto que aparece en la esfera pública lo hace de diferente manera: aunque se mantiene un espacio público de representación de grupos de interés que, a través de mecanismos institucionalizados, posibilita la participación ciudadana, la acción política, como movimiento, da cuenta de otras construcciones de subjetividad política.

La conjugación de estos fenómenos del trabajo y la política invita a indagar si esta complejidad puede dar por resultado una nueva configuración de la ciudadanía laboral, el tránsito de una ciudadanía normalizada a una ciudadanía laboral provisional, que se adquiere, se ejerce y se transforma permanente-mente, que no da cuenta de un sujeto definido a priori, sino de un sujeto contextualizado, concreto; que se mueve entre la esfera pública y la privada; que aparece, no de una vez y para siempre, sino en función de su proceso de subjetivación y de articulación con proyectos colectivos; que no solo aspira al ejercicio de la política como representación en lo formal sino también como cambio cultural de la estructura social y normativa en asuntos concretos.


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Así mismo, estas formas de la ciudadanía laboral tendrán que responder a un doble reto, en el sentido de la búsqueda de la igualdad, que se deriva de su sentido clásico y que hoy es necesaria, sin dejar de lado la indagación acerca de la equidad, que es la nueva pregunta de la política.

Conclusiones

Analizados los debates de Arendt, Serrano y Virno, se puede concluir que efectivamente,en varios momentos históricos, se ha producido el fenómeno de la yuxtaposición del trabajo y la política; la característica a resaltar es el modo como ocurre esto y las consecuencias en la definición de un horizonte común de sociedad.

Uno de los problemas de esta hibridación en el tiempo fordista es la inclu-sión en la política de la lógica medios-fin, propia del trabajo y lo social, que hace de la esfera pública un espacio de tramitación de los intereses privados, que gestiona condiciones de bienestar sin interrogar a la estructura social que crea injusticia social.

El otro problema, en el posfordismo, es la pérdida del sentido y la potencia

que caracteriza la acción política (discurso, aparición, acción con otros), cuan-do en el trabajo son recursos usados de manera instrumental para aumentar la productividad y se convierten en un simple medio de trabajo.

Estos debates fueron presentados con el fin de abonar elementos de análisis

sobre la resignificación de la ciudadanía laboral en la actualidad. Solo se enunció que los tres componentes de la ciudadanía laboral están en transformación:

• La ciudadaníainstitucionalizada y su correlato de derechos, basados en principios de igualdad, lo que deriva en nuevos sentidos de la política y de la esfera pública.

• Las formas del capitalismo globalizado, flexible, sin regulación estatal.



• Los sentidos que hoy construyen los sujetos a partir del trabajo, la emergencia de identidades que no se ligan directamente con el tipo de trabajo realizado.

La búsqueda del nuevo sujeto de la ciudadanía laboral no lleva a identificar

unas características intrínsecas y regulares en un sujeto social particular (mujeres, jóvenes). La pesquisa se orientará hacia los diversos sujetos que, en contextos particulares, están construyendo la potencia para transformar el mundo dado.

En esa perspectiva, la búsqueda, que reconoce la potencia de las construc-ciones subjetivas en contextos específicos que vinculan los proyectos de vida con proyectos de sociedad, puede llegar a hacerse a partir de las identidades que expresan una relación entre su propio proceso de configuración y ex-pansión y los contextos sociales potenciadores, o, dicho de otro modo, con proyectos de sociedad.

Ya en la misma formulación de la búsqueda del nuevo sujeto de la ciuda-danía laboral se invita a la reformulación, por el reconocimiento que en la política y en el trabajo en la modernidad puede aportar a los sujetos un sentido individual y colectivo con el cual orientarse.

Estas discusiones denotan una mayor complejidad cuando se hace la loca-lización de la pregunta por la ciudadanía laboral en América Latina. Las par-ticularidades políticas, sociales y culturales del continente conducen a realizar análisis específicos que posibiliten presentar la política y el trabajo de forma conjunta en el ejercicio de la ciudadanía, labor intelectual poco abordada por los académicos latinoamericanos.

Esta enunciación permite observar la complejidad que reviste la creación de una nueva acepción de la ciudadanía laboral. No obstante, y aunque repre-sente otra cosa, el trabajo sigue siendo centro de la vida, principalmente para las generaciones jóvenes. Por eso la expectativa sigue vigente: ¿es posible re-novar la lucha por la ciudadanía plena? Y en ella, ¿qué lugar tendría el trabajo?


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Una aproximación a una respuesta podría ser:

“he aprendido del pasado duro y radical de mi familia; si se produce el cambio, se da sobre el terreno, entre personas que hablan por necesidad interior más que a través de levantamientos de masas. No sé cuáles sean los programas políticos que surgen de esas necesidades internas, pero sí sé que un régimen que no pro-porciona a los seres humanos ninguna razón profunda para cuidarse entre sí no puede conservar por mucho tiempo su legitimidad” (Sennett, 2006, 155).

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TRABAJO DECENTE


* Artículo recibido en abril de 2010. Artículo aprobado en mayo de 2010.**Economista. Aspirante a Magíster en Economía con profundización en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad de Antioquia. Investigadora de la Escuela Nacional Sindical.

Flexibilización laboral en la industria automotriz colombiana*

Por Carmen Lucía Tangarife López**


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Introducción

La industria automotriz constituye un pilar fundamental de la economía global. En Colombia, el sector es uno de los principales promotores de crecimiento de la economía, tanto local como latinoamericana, gracias a sus características como sector altamente importador y por enlazar dentro de su cadena productiva dife-rentes actividades que impulsan el crecimiento de otros sectores económicos. Las empresas de esta industria tienen como objetivo mantener procesos de fabrica-ción más efectivos, disminuir costos y avanzar en tecnología con el propósito de hacer más rentables las operaciones de las plantas y permanecer vigentes en un mercado global que constantemente cambia y se torna más competitivo.

Ese mercado exige cada vez más presiones sobre la eficiencia y la calidad de los productos y modelos de producción de las empresas, presiones que han influido en la adopción de nuevas formas de organización del trabajo y en el cambio de las políticas enfocadas al personal. Ellas se han logrado mediante transformaciones significativas de las relaciones laborales y la puesta en mar-cha de prácticas organizativas y de gestión de personal que combinan meca-nismos de imposición y flexibilización laboral en las plantas. La flexibilización laboral resulta de interés porque ella fue una de las alternativas que adoptaron las empresas como respuesta a la globalización, que hizo obligatoria una serie


123Flexibilización laboral en la industria automotriz colombiana

de reestructuraciones del mercado de trabajo a través de la legislación y de cambios en los modos de producción.

Este artículo se centrará en analizar la flexibilización laboral en las tres princi-pales empresas ensambladoras de automóviles del país: Compañía Colombiana Automotriz (CCA), General Motor-Colmotores y Sociedad de Fabricación de Automotores (Sofasa), y se propondrá identificar las principales consecuencias del proceso flexibilizador, tanto para las empresas como para sus trabajadores. En primer lugar, se realizará una descripción conceptual de modelos de produc-ción y flexibilización laboral, además de las formas como esta última se imple-mentó en Colombia y en otros países. En segundo lugar se analizará la situación de las empresas en materia de flexibilización laboral, como aproximación me-diante un análisis estadístico descriptivo. Expondremos luego una propuesta metodológica de un modelo econométrico que permita capturar los efectos de la flexibilización laboral, tanto para las empresas como para los trabajadores (por ejemplo, su impacto en los costos de la empresa). Por último, se presentan algunas conclusiones y consideraciones finales.

Conceptos básicos

Al analizar el proceso de la flexibilización laboral en la industria automotriz co-lombiana se hace necesario mostrar la evolución de los procesos de producción de la misma, que han sido precursores de reestructuraciones del mercado y de las relaciones laborales del sector, puesto que sus pilares son la calidad y la com-petitividad del producto en las condiciones de un mundo globalizado. Analiza-remos cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, a fin de obtener herramientas para entender el proceso flexibilizador en esta industria.

Modelos de producción

La industria automotriz se ha caracterizado por la producción en cadena, pro-ceso revolucionario basado en la cadena de montaje, que tiene como objetivo


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crear una forma de organización de la producción que delegue a cada traba-jador una función específica y especializada, en máquinas igualmente más de-sarrolladas. La idea nace con el taylorismo, madura en el siglo XX con Henry Ford, que introdujo el sistema fondista, y es superada por una nueva forma de organización industrial denominada toyotismo, la cual se ha consolidado durante el siglo XXI. Como cada una de estas formas de producción ha tenido una particularidad dentro del proceso, tendrán que ser analizadas por separa-do; sin embargo, este trabajo se centrará en el sistema de producción toyotista, que actualmente es el utilizado por las ensambladoras radicadas en Colombia y el que más estrategias de flexibilización laboral ha reconocido.

El taylorismo

El primer modelo de producción en cadena se conoce como taylorismo, ba-sado en una división de las diferentes tareas del proceso de producción que llevaba al aislamiento del trabajador y a la imposición de una remuneración proporcional al valor que el obrero agregara al proceso productivo. La idea central de este método de organización industrial era aumentar la produc-tividad y evitar el control que el trabajador podría tener sobre los tiempos de producción. Se fundamentaba en la aplicación de métodos científicos al estudio entre el obrero y las técnicas modernas de producción industrial, con el objetivo de maximizar la eficiencia de la mano de obra y de las máquinas y herramientas a través de la división sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo en sus secuencias y procesos y el cronometraje de las operaciones; añadía un sistema de motivación mediante el pago de primas al rendimiento y eliminaba toda improvisación en la actividad industrial. Su inventor, Frederick W. Taylor, intentó eliminar por completo los movimientos innecesarios de los operarios, a fin de aprovechar al máximo el potencial pro-ductivo de la industria1.

1 Taylor realizó un estudio con el fin de suprimir los movimientos inútiles y establecer por medio de cronóme-tros el tiempo necesario para adelantar cada tarea específica.



El sistema de Taylor redujo los costos de producción, puesto que se paga-ban menos salarios, a tal punto que las empresas llegaban a desembolsar menos dinero por cada pieza con el objeto de que los obreros se afanaran más en la producción. Este sistema transformó la industria, ya que aumen-tó la destreza del trabajador mediante la especialización y el conocimiento técnico; así mismo, facilitó un mayor control del tiempo en la planta, lo que se traducía en una mayor acumulación de capital. La tesis central del taylorismo era entonces: “La prosperidad es la finalidad del trabajo con-junto de la dirección y los asalariados, y depende de la productividad del trabajo; pero aquella solo será posible si se intensifica el trabajo al eliminar el tiempo muerto, fruto de la pereza sistemática de los trabajadores, recu-rriendo a la Organización Científica del Trabajo”. La base del propósito estaba en la combinación de “salarios elevados y mano de obra barata”. Taylor determinó un intervalo de tiempo ideal para completar una tarea, y de esa manera un gerente podría evaluar si una persona estaba trabajando correctamente o no.

El fordismo

El fordismo es un sistema racional de producción en masa que transformó radicalmente la industria automovilística en la primera mitad del siglo XX. Es un modo de elaboración en cadena desarrollado por Henry Ford y se basa en la combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, salarios elevados y un gran número de trabajadores en nómina. Es importante resaltar que este modo de producción resulta rentable, siempre y cuando el producto pueda venderse a un precio bajo en una determinada economía. El fordis-mo apareció promoviendo la especialización, la transformación del esquema industrial y la reducción de costos, y esto último se logró con el empleo de estrategias de expansión del mercado y no a costa del trabajador, como suce-dió en otros modelos de producción. La explicación del asunto está en que, si existe un mayor volumen de unidades, como consecuencia de la tecnología de ensamblaje, y su costo es reducido, por la razón tiempo/ejecución, habrá un excedente que superará a otros productores.


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Tres son los principios básicos que rigen el fordismo. El primero, la in-tensificación, busca disminuir el tiempo de duración de la producción me-diante el empleo de equipos y de materia prima y una rápida colocación del producto en el mercado. El segundo es el principio de economía, que consiste en reducir al mínimo el volumen de las existencias (stock) de ma-terias primas en transformación. El tercero y último es el principio de pro-ductividad, cuyo objetivo es aumentar las capacidades de producción del trabajador en un mismo periodo, por medio de la especialización de la línea de montaje, con miras a que el operario gane más y el empresario obtenga mayor producción.

Por otro lado, la mecanización de la cadena fue uno de los aportes prin-cipales de Henry Ford. Postulaba que para aumentar las tasas de ganancia era importante incrementar rápidamente la producción en serie de productos homogéneos de consumo masivo, así como la intensidad y la productividad del trabajo mediante la racionalización. Proponía dividir social y técnicamente el trabajo de ensamblaje para simplificarlo y facilitar la sustitución de trabaja-dores de oficio por mano de obra poco calificada, y hacer uso de esa fuerza de trabajo en grandes cantidades, con el fin de obtener economías de escala crecientes y reducir los costos de producción unitarios (Neffa, 1982, 1989). A diferencia del taylorismo, el fordismo es sinónimo de altas remuneraciones salariales, enderezadas a retener la mano de obra escasa, lo cual permitía a los trabajadores el acceso a una norma de consumo más elevada.

El toyotismo

El sistema de producción toyotista superó al fordismo en la década de 1970. Fue desarrollado y promovido por Toyota Motor Corporation y se diferencia del segundo en la idea de trabajo flexible, el aumento de la productividad a través de la gestión y la organización, y el trabajo combinado, que supera a la mecanización e individualización del trabajo. La idea de este sistema, como filosofía de trabajo, es mejorar la vida de los operarios al liberarlos de las tareas repetitivas dentro del proceso de producción. Su principal aporte consiste en



haber creado un sistema, una forma de organización del trabajo para lograr producir a bajos costos volúmenes limitados de productos diferenciados.

El toyotismo busca la alta rotación en los puestos de trabajo o roles, además de estímulos sociales mediante el fomento del trabajo en equipo y la identificación de clase entre el jefe y el subalterno. Establece en su organización cuatro principios básicos: el justo a tiempo (just in time), con la idea de eliminar los despilfarros que se producen en el proceso productivo, como ocurre con los defectos de la pro-ducción, el exceso de producción, el transporte, los inventarios, movimientos y procesos innecesarios; el autocontrol de defectos; la flexibilidad en el trabajo y un factor que denomina “pensamiento creativo”, referido al aprovechamiento siste-mático de las experiencias, saberes y capacidades de todo el personal. Este sistema es un reflejo de la filosofía Kaizen de mejora de la productividad.

El just in time es lo que en el sistema Toyota de producción se denomina flujo de producción, ya que la idea central de este modelo es mantener un flu-jo continuo de productos dentro de las fábricas, con el objetivo de adaptarse flexiblemente a los cambios aparecidos en la demanda. El just in time hace refe-rencia a producir únicamente las unidades necesarias, en la cantidad necesaria y en el tiempo preciso. Esto llevará a la disminución, de un modo natural, de los excedentes de personal y de existencias, para obtener así un incremento de la productividad y reducir los costos –propósito fundamental del sistema–. Como se ha dicho, el fin principal del toyotismo es la reducción de los costos; sin embargo, la estrategia del justo a tiempo permite no solo conseguir un control cuantitativo, al facilitar la adaptación en cantidad y en variedad a las fluctuaciones de la demanda, sino igualmente una calidad asegurada, al cercio-rarse de que cada proceso proporcionará al siguiente solo unidades aceptables, además del respeto por la dimensión humana, ya que el sistema utiliza recur-sos humanos para alcanzar sus objetivos de costo.

El toyotismo, además, maneja otros dos conceptos importantes: la flexibili-dad en el trabajo, denominada shojinka, que propone una variación del número de trabajadores en función de las variaciones de la demanda, y el soifuku, que se


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traduce como pensamiento creativo o ideas innovadoras que aprovechan las su-gerencias del personal. El shojinka se refiere al logro de la flexibilidad en el núme-ro de trabajadores de una sección necesario para acoplarse a las modificaciones de la demanda2. Puede traducirse como aumento de la productividad a través del ajuste y la reprogramación de los recursos humanos. La aplicación de este concepto exige la existencia de personal polivalente, y la polivalencia se fomen-ta entre los operarios mediante el sistema de rotación de tareas, según el cual, cada trabajador desempeña de modo rotativo cada tarea de su sección; pasado un tiempo, el trabajador individual logra habilidad suficiente en cada tarea y se convierte en un trabajador polivalente. La revisión de la ruta estándar de opera-ciones se lleva a cabo mediante continuas mejoras en los trabajadores manuales y de máquina. El objetivo de estas mejoras es la disminución del número de trabajadores necesarios, incluso en los periodos de incremento de la demanda.

En el toyotismo se debe destacar la integración de pequeños grupos orien-tados al control de la calidad, llamados Equipos de Calidad. Tales equipos se convirtieron en el pilar de las transformaciones del movimiento obrero y del control del proceso de producción. En ellos se estudia el proceso de trabajo, se inventan nuevos métodos y se elaboran mejoras de los existentes. Cada individuo y cada grupo es alentado a hacer proposiciones y si la dirección encuentra que su propuesta es excelente, premia al grupo.

En conclusión, el propósito básico del sistema Toyota de producción es el incremento de resultados mediante la reducción de costes, que deben deducir-se de los ingresos por ventas para calcular el beneficio. Estos costes incluyen no solo los de fabricación –reducidos al disminuir la mano de obra– sino también los administrativos, los de capital –reducidos al disminuir las existen-cias– y los de venta. Para conseguir la reducción de costes, la producción debe adaptarse de modo ágil y flexible a los cambios de la demanda del mercado, desprendiéndose de onerosas ineficiencias.

2 Hace referencia a la disminución o el aumento del número de trabajadores en una sección cuando al mismo tiempo cambia la demanda de la producción, ya sea por rebaja o incremento.



Concepto de flexibilización laboral

Los sistemas de producción flexible o adaptable aparecen como respuesta a las transformaciones de la demanda en los mercados mundiales, en el sentido de que sufren frecuentes cambios cuantitativos y expresan diferenciaciones y versatilidad en los gustos de los consumidores. Aunado a esto aparece el incremento de la competencia, lo que ha determinado una característica adi-cional, la denominada producción ligera, basada en la búsqueda constante de la disminución de los costos y el aumento de la productividad, tarea que, a su vez, lleva a reducir todos los factores de producción, incluida, por supuesto, la mano de obra a una mínima expresión. Tales respuestas a las fluctuaciones no solo se logran con algunas técnicas de producción, como el justo a tiempo, sino asimismo con diferentes formas y modalidades de flexibilización que se apoderan de las relaciones de trabajo. De esa manera, la flexibilidad se con-vierte en el concepto diferencial del nuevo sistema de producción adoptado por las industrias mundiales.

Ahora no solo es flexible el sistema productivo sino son también las relacio-nes laborales correspondientes a dicho sistema. Si se mira por encima, se trata de la formación de equipos o grupos de trabajadores que parecerían constituir el elemento más radical de la nueva organización del trabajo. Pero en este nuevo sistema de producción flexible las condiciones en las que se desempeña el tra-bajador son la polifuncionalidad, la polivalencia multitareas, el vínculo temporal y las multihabilidades. Por el lado de la organización del trabajo, son equipos de trabajo, grupos semiautónomos, que obran bajo una integración vertical y hori-zontal de las tareas y la ampliación y enriquecimiento de las mismas.

La flexibilización laboral

La flexibilidad o flexibilización hace referencia a aquellos mecanismos jurídi-cos, reformas y estrategias destinados a eliminar algunas rigideces de la legis-lación laboral con el propósito de permitir al trabajador adaptarse, o ajustarse fácilmente, a las necesidades y beneficios del sistema productivo. Es un tema


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abordado por muchos autores, y a continuación se presenta una serie de defi-niciones que apuntan en la misma dirección.

Juan Raso Delgue expresa: “por flexibilización laboral entenderemos la tendencia generalizada a modificar por vía autónoma o heterónoma las reglas jurídicas de la prestación del trabajo, con la finalidad de ajustar el factor tra-bajo a las nuevas exigencias del sistema de producción” (Delgue, 1993, 120). A juicio de Arturo Hoyos (1987), la flexibilización laboral consiste en “la po-sibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, empleo y condiciones de trabajo, ante las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema económico (demanda efectiva y diversificación de la misma, tasa de cambio, intereses bancarios, competencia internacional), las innovaciones tecnológicas y otros factores que demandan ajustes con ce-leridad” (ibíd., 517).

Podría concluirse entonces que la flexibilización laboral se basa en un con-junto de mecanismos de optimización de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la empresa, cuyo fin es la fácil adaptabilidad de las relaciones laborales a las exigencias económicas del mercado, tanto interno como externo, dentro del marco de la jurisprudencia. Se dice que permite la fácil acomodación de las relaciones laborales, porque este concepto aparece como respuesta a la necesidad de adecuar, de acondicionar el factor trabajo a las variaciones de la producción, en un mercado cambiante y dinámico, para satisfacer las exigencias que se imponen en el marco de una economía mundial globalizada.

La interpretación de este concepto podría apuntar a dos visiones. En pri-mer lugar, se tiene una visión positiva, en el sentido de que la flexibilización, como se dijo atrás, permite a las empresas mantener su competitividad a tra-vés del reacomodo a las exigencias del mercado mundial, además de estimular la diversificación y expansión del empleo. En segundo término, la flexibilidad laboral no resulta tan favorable, puesto que implica la supresión de algunos beneficios brindados por tradición a los trabajadores frente a un empleador



que está en ventaja en la relación pactada, lo que a su vez conduce al debili-tamiento de un derecho que ha perseguido introducir elementos de enlace en una relación de subordinación.

Por otro lado, al analizar la manera como la flexibilización se introduce en el nuevo sistema de producción, se encuentra que ella puede infiltrarse a través de la denominada flexibilidad interna o funcional y la flexibilidad externa. La primera se identifica con las nuevas formas de gestión técnico-organizativas que se están desarrollando y cuyo propósito es la mejora de las capacidades de los trabajadores, identificadas con las denominaciones de polivalencia, mul-tifuncionalidad y multihabilidades, que facilita la rotación interna, es decir, el desempeño de los trabajadores en las distintas funciones del proceso produc-tivo con la mira puesta en la óptima utilización de la maquinaria y el equipo. Este tipo de flexibilidad se caracteriza porque posibilita modificar las califica-ciones con el objeto de dar respuesta a los cambios en la carga y ritmo del tra-bajo, o del recurso tecnológico, además de que facilita la integración de tareas.

Por su parte, la flexibilidad externa se divide en dos tipos. El primero hace alusión a la flexibilidad numérica, basada en la ausencia de estabilidad de la relación laboral, ya sea por la existencia de contratos por tiempo determinado o trabajos de media jornada, es decir, empleos casuales y de horarios flexibles cuyo fin es amoldar el factor trabajo a los cambios de la demanda. El segundo tipo se llama distanciamiento y consiste en la subcontratación de determina-dos segmentos del proceso productivo con la idea de permitir a la empresa concentrar sus recursos en las áreas en donde tiene ventajas comparativas. Además de estas definiciones, se encuentra literatura que desagrega aún más el término.

Al respecto, Mireya Rodríguez (1994) presenta una clasificación de la flexi-bilidad en la misma línea de lo explicado anteriormente, pero de una manera más detallada, que la clasifica en cinco tipos. La primera es la flexibilidad cuan-titativa externa, orientada a la variación del personal de la empresa de acuerdo con la demanda productiva, para lo cual el empleador solicitará las reformas


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necesarias a la legislación laboral, que ha de concederle amplia libertad en lo referente a despidos de personal y la adecuación de la convención colectiva a la contratación temporal. La segunda es la flexibilidad horaria o cualitativa interna, que se desprende de los ajustes en la duración efectiva del tiempo de trabajo, a través de mecanismos como variaciones individuales, colectivas o estacionales, empleo del tiempo parcial o el trabajo intermitente y las horas extras, entre otras gabelas.

El tercer tipo de flexibilidad es el funcional, enfocado en la optimización del recurso humano mediante su asignación a tareas diferentes, de acuerdo con los requerimientos del proceso productivo, y que puede hacerse posible debido a la polivalencia del personal y de los equipos; esta flexibilidad inclu-ye además los préstamos de personal dentro de la misma empresa o entre empresas de la misma rama industrial. La cuarta forma es la externalización, que consiste en reemplazar la inflexibilidad del contrato de trabajo mediante mecanismos cuyo fin sea trasladar el vínculo laboral con el trabajador a otra empresa o empleador, todo ello con el propósito de librarse del riesgo repre-sentado en los cambios del mercado y evadir aquellos costos que representan las indemnizaciones y prestaciones que se deben pagar al trabajador al pro-ducirse la terminación unilateral del contrato de trabajo. Por último, está la flexibilidad salarial, que ha sido un elemento especialmente motivador para los empresarios, ya que consiste en la relación entre el salario y el desempeño, que se presenta como salario compensado por un proceso ligado a la cantidad producida por el trabajador, o primas o bonos, de acuerdo con los resultados adquiridos, o primas de fin de año, o la participación en los beneficios y accio-nes de la compañía.

Hay que agregar que, desde una perspectiva macro, la flexibilidad laboral puede ser estatal o pactada. La primera tiene que ver con la flexibilidad que se aplica por disposición legal, que en resumidas cuentas presupone una pérdida de derechos que antes eran reconocidos por la ley. La segunda, la flexibilidad pactada, permite a los implicados, directivos y organizaciones de trabajadores llegar a un común acuerdo y, por medio de un ajuste negociado, al estableci-



miento de reglas de condiciones de trabajo que permitan mayores márgenes de movilidad a las empresas y a la vez protejan los puestos de trabajo y las remuneraciones. Se habla así de una flexibilidad condicionada, en la cual los actores negocian la suspensión o disminución temporal de algunos beneficios a cambio de garantizar otros, lo que supone un compromiso pactado y exigi-ble jurídicamente.

Es importante recalcar, además, cuáles son las principales fuentes en las que la flexibilidad se introduce al mercado laboral. Así, las medidas flexibiliza-doras pueden obtenerse a través de la legislación, la negociación colectiva, los contratos de trabajo individuales, las decisiones unilaterales de los empleado-res o una combinación de estos métodos. En el caso de la legislación, a partir de la década de los 80 se emprendió en América Latina un proceso en cadena de reforma de las leyes laborales con el único objetivo de adaptar sus normas al contexto flexibilizador mundial, bajo la consigna de favorecer el empleo, la inversión y la competitividad internacional de las empresas. Un segundo mé-todo, destacado en esta onda flexibilizadora, es el de la negociación colectiva, la cual puede ser adecuada a las nuevas realidades. Por eso los aspectos refe-ridos a estabilidad, ascensos, polivalencia, rotación, capacitación y recalifica-ción, derecho a la información y demás beneficios, condiciones y ambiente del trabajo, derechos sindicales, entre otros, son los asuntos esenciales llamados a sostener la agenda de la negociación colectiva en el ámbito de la flexibilidad. Por otro lado, aparece la voluntad unilateral del empleador, que constituye una de las fuentes más significativas de la flexibilidad laboral, en la medida en que el contrato de trabajo, en la mayoría de los casos, no es más que un contrato en el cual el más fuerte de la relación se impone al más débil.

De acuerdo con lo anteriormente citado, se puede observar que se ha dicho mucho sobre el concepto de flexibilización laboral y su forma de implemen-tación. Sin embargo, es necesario explicar cuáles han sido los motivos que han llevado a la incorporación de este concepto en el cuerpo de las relaciones laborales. En ese sentido, se encuentra que aspectos como la crisis económica y el neoliberalismo, los cambios tecnológicos, la globalización y la reestructu-


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ración productiva han sido sucesos que llevaron a la aparición e intensificación del proceso flexibilizador en el mundo3.

Experiencias de flexibilización laboral en el mundo

Europa, Estados Unidos y América Latina

La primera estrategia de flexibilización que se conoció en Europa fue el establecimiento de modalidades contractuales que flexibilizaron la entrada al trabajo sin dar garantía de permanencia laboral; es decir, se trataba de contratos de trabajo especiales, de duración limitada, que otorgaban a la empresa la facilidad de contratar trabajadores por un tiempo determinado o durante el desarrollo de una obra específica. Así mismo, aparecieron los contratos de relevo o suplencia, que dan la libertad de contratar a un trabaja-dor como reemplazo temporal de otro, o contemplan la jubilación parcial o la anticipada. Se creó asimismo la práctica de absorber a los cesantes a través del contrato de media jornada. Ahora bien, la estrategia de flexibilización de las condiciones de trabajo se inició con la reducción de la jornada laboral y con la libertad por parte de las empresas de fijar horarios, ya sea para com-

3 Con relación a la crisis económica y el neoliberalismo, en América Latina los gobiernos regionales, preocu-pados por la deuda externa, la inflación y el estancamiento económico, aunados a las secuelas dejadas por la década de los ochenta, se vieron obligados a reemplazar su esquema político-económico proteccionista por propuestas neoliberales. En la doctrina neoliberal, la legislación laboral es señalada como responsable de pro-vocar desempleo e informalidad, por lo cual exige su flexibilización, con el argumento de favorecer el empleo. Los cambios tecnológicos inciden, por un lado, en la estructura y el volumen del empleo y, por otro, posibilitan las nuevas formas de prestación de servicios, como el teletrabajo, o trabajo a distancia. La introducción de las nuevas tecnologías forma parte de una estrategia dirigida a la estabilidad empresarial, a diferencia de los sistemas tradicionales de producción, que resultan obsoletos para afrontar las exigencias originadas con los avances tec-nológicos. Cuando se habla de las nuevas tecnologías se hace referencia tanto a las máquinas como a las teorías organizativas de gestión de la producción y de recursos humanos, y así ocurre en los casos de la polivalencia, la rotación, el trabajo en equipo, los entrenamientos y la recalificación, entre otros. La globalización trajo consigo fenómenos como la agudización de la competencia, la apertura económica y la diversificación de la demanda mundial, que presenta variaciones en el producto con frecuencia y rapidez, por lo cual las empresas han de estar preparadas para responder satisfactoriamente a dichas fluctuaciones del mercado. Las empresas deben plantar el término de reestructuración productiva, que se basa en un conjunto de transformaciones orientadas a mejorar los niveles de calidad y productividad, apoyadas en modificaciones introducidas en la organización de la producción, del trabajo y de la tecnología.



pactar la jornada semanal, concentrándola en tres o cuatro días, o para afi-nar la jornada mediante el establecimiento de límites de duración promedio semanal, mensual o anual. Un país europeo que ha tenido una experiencia exitosa al implementar una política de empleo es Holanda, ya que esta polí-tica es una combinación de instrumentos que incluyen flexibilización laboral y una fuerte protección laboral.

Por su parte, en Estados Unidos la flexibilización laboral empezó con la desregulación de los derechos laborales del trabajo, bajo el supuesto de que la oferta de trabajo encuentre libremente su precio de mercado, sin atenerse a controles ni regulaciones de ningún tipo. En esencia, lo que busca es alcanzar altos niveles de movilidad laboral, reducción de costos para el empleador y una flexibilidad salarial con tendencia a disminuir.

En los países latinoamericanos no se observa una sola tendencia de flexibi-lización laboral sino diferentes estrategias, que fluctúan entre el extremo des-regulador de Chile y Perú hasta el fortalecimiento de la negociación colectiva en Brasil y Argentina. Sin embargo, existe una constante intervención legisla-tiva enderezada a permitir nuevas contrataciones laborales que no reconocen estabilidad y dan facilidades para el despido. Las actuales condiciones salaria-les y laborales de la región brindan poco margen flexibilizador, si de disminuir salarios y estabilidad se trata. Las experiencias flexibilizadoras que han recono-cido el uso de otras modalidades de trabajo diferentes al contrato de trabajo a término indefinido, no han estado acompañadas por un apoyo sistemático a la recalificación y el empleo, ni mucho menos a los subsidios, recalificación que represente una estructura social protectora ante la inestabilidad y movilidad laboral que la legislación ya no controla, a causa de la decisión de flexibilizar. Esto implica que los trabajadores quedan desprotegidos y se ven en la necesi-dad de encontrar otra ocupación, que ya no les garantiza ni estabilidad ni un salario suficiente.

En estas circunstancias, los trabajadores quedan obligados a encontrar, por sus propios medios y posibilidades, una ocupación que ya no les garantiza es-


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tabilidad ni un salario suficiente. Las reformas flexibilizadoras ejecutadas en la región incrementaron la precarización e informalidad del trabajo, aunque no impidieron el aumento del desempleo, el cual respondió a situaciones de crisis económica y no a rigideces normativas sobre la contratación del trabajo. En la actualidad podría decirse que flexibilizar en América Latina es sinónimo de reducción de los ya mínimos estándares laborales.

El caso de Colombia: Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002

En Colombia han sido varias las modificaciones importantes hechas a las rela-ciones laborales, entre ellas la reducción de las indemnizaciones por despidos injustos, la desaparición de los recargos por días festivos y dominicales, el alar-gamiento por decreto de las horas de luz solar y la nivelación por lo bajo de las horas de trabajo extraordinarias. Aunadas a esto aparecen las reformas reco-nocidas formalmente como laborales, entre las que se destacan la eliminación por decreto de las prestaciones extralegales reconocidas por los nominadores a los empleados públicos y la reforma del Estatuto Docente, con las cuales se alteraron las condiciones de estabilidad y se dificultaron las condiciones de ascenso de los maestros en el escalafón.

Dentro de las leyes laborales emitidas se destaca la Ley 50 de 1990, consi-derada la más importante de los últimos años, en la cual se generalizaron los contratos a término fijo, se eliminó la retroactividad de las cesantías y se redu-jeron las indemnizaciones por despido. Por su parte, la Ley 550 de 1999 estu-vo dirigida a eliminar numerosas convenciones colectivas y facilitar despidos masivos, tanto en el sector privado como en el público; así mismo, sustituyó el contrato laboral por el contrato civil individual o a través de cooperativas, con el objeto de vincular a trabajadores sin el reconocimiento de las prestaciones sociales. Sumadas a estas disposiciones aparece la Ley 789 de 2002, aprobada con la idea de crear 2,4 millones de puestos de trabajo, aunque en realidad buscaba la reducción de los costos laborales, por creer que algunos eran ex-cesivos, comprometían los estados financieros de las empresas y frenaban su crecimiento.



El Decreto 933 de 2003, por su parte, establece el contrato de aprendizaje como medio de contratación laboral, al definir sus características como una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral. A su amparo, los aprendices permanecen en las empresas por un periodo no mayor de dos años, tiempo en el cual reciben formación teórica en una entidad para alcan-zar la formación profesional metódica y completa requerida para el oficio, así como el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento como forma de garantizar el aprendizaje, el cual, en ningún caso, constituye salario. Esta nueva modalidad contractual tiene la fórmula para escapar de cualquier me-joramiento de las condiciones laborales. Mediante esta relación aspira a de-bilitar los procesos de negociación colectiva, ya que ellos no pueden hacerse extensivos a los aprendices.

La flexibilidad contractual de nuestro país se funda explícitamente en la Ley 50, en el sentido en que permite agilizar la contratación y los despidos y condiciona la flexibilidad numérica externa, que se expresa en las variacio-nes de la nómina de una empresa o de un conjunto de ellas, de acuerdo con las fluctuaciones de sus necesidades de producción. Con lo anteriormente descrito, nos detendremos en las dos principales leyes, la 50 de 1990 y la 789 de 2002.

Ley 50 de 1990

La Ley 50 de 1990, que introduce un serie de reformas del Código Sus-tantivo del Trabajo, apareció en un contexto de cambios sustanciales en América Latina y el Caribe y especialmente en Colombia, en donde sur-gieron reformas de tendencia neoliberal que pretendían transformar la economía a través del incremento de la productividad, la competitividad y la eficiencia de todo el aparato productivo. Dentro de los motivos que llevaron a la creación de dicha ley se expone el objetivo de flexibilizar las relaciones laborales a partir de la modificación de los costos salariales y no salariales, ampliando la posibilidad de contratación a favor de los empleadores.


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Esa ley flexibiliza las relaciones contractuales personales por cuanto apoya una nueva modalidad de contrato individual de trabajo, el contrato a término fijo, y desarrolla un marco jurídico impulsador de las Empresas de Servicios Temporales. Así, desde el ángulo de la legalidad, un empleador puede tener tres clases de trabajadores; los vinculados con un contrato a término indefi-nido, los que están por contrato a término fijo y los temporales, que se carac-terizan porque son utilizados directamente con un contrato de prestación de servicios, negociado entre la empresa que los acoge y la de servicios tempo-rales que los ofrece.

La Ley 50 suprime el derecho al reintegro para los empleados con contra-to a término indefinido y más de diez años de trabajo, y a los despedidos sin justa causa. Igual ocurre con otras disposiciones de menor alcance, como las relacionadas con los periodos especiales de trabajo. Así mismo, la ley reforma el régimen de cesantías con el propósito de disminuir los costos salariales y hacer menos onerosos algunos despidos. Todo lo anterior, unido a la facilidad para despedir, ha constituido un elemento negativo para la estabilidad laboral de los trabajadores de mayor antigüedad en las empresas.

Con respecto a la jornada laboral, las leyes anteriores habían fijado una duración máxima legal de 8 horas diarias y 48 semanales, con las excepciones y recargos correspondientes; solo en casos, como el de trabajador por turnos, se permite una limitada flexibilidad a favor de la empresa. Pero con la Ley 50, las empresas creadas después de su expedición tienen nuevas posibilidades de flexibilidad y evitan el pago de recargos por el trabajo nocturno y dominical.

De manera sintética, podría decirse que las disposiciones de la Ley 50 que promueven la flexibilización contractual son: la autorización legal para con-tratar a término fijo y prorrogar indefinidamente estos contratos sin que se conviertan en indefinidos; así mismo, la autorización constitucional para con-tratar bajo la modalidad de contratos mercantiles (civiles) y la eliminación de la prohibición patronal de despido sin justa causa a los trabajadores que superan la barrera de los diez años de trabajo.



Ley 789 de 2002

La Ley 789 de 2002 profundiza las modificaciones establecidas en la Ley 50 de 1990 y tiene como propósito ajustar las relaciones laborales en correlación con la lógica del mercado. Sus dos objetivos principales son la implementación de mecanismos de protección social y la flexibilización laboral. Sin embargo, más que flexibilizar los salarios y los horarios de trabajo, la ley profundizó en la flexibilidad numérica externa y propuso numerosas medidas, la mayoría de las veces enfocadas a contraer los costos laborales.

De acuerdo con Isaza (2002), las modificaciones al régimen laboral inclui-das en la reforma laboralde 2002 pueden resumirse en los siguientes puntos: creación del Sistema de Protección Social, financiado con un fondo constitui-do por aportes del presupuesto de la Nación y sus entes territoriales; régimen de subsidio al empleo para la pequeña y mediana empresa, consistente en sub-sidios a pequeñas y medianas empresas (pymes) que ofrezcan empleos para jefes cabeza de hogar desempleados; régimen de protección al desempleado, consistente en un subsidio temporal pagadero a los jefes cabeza de hogar que queden desempleados (tal subsidio tiene un valor de 1,5 salarios mínimos mensuales vigentes, que se dividirá en seis cuotas mensuales, las cuales se harán efectivas mediante aportes al sistema de salud o bonos alimentarios o educación, según elija el beneficiario). Este régimen contempla el otorgamien-to de los servicios prestados por las cajas de compensación familiar a aquellos afiliados que queden desempleados por un periodo de un año, además de programas de capacitación para la reinserción laboral.

En la ley aparece así mismo la exención de aportes parafiscales para aque-llos empleadores que contraten personas privadas de la libertad, ex convic-tos, discapacitados, reinsertados, personas entre los 16 y 25 años de edad o mayores de 50 años y jefes cabeza de hogar, además, de la extensión de la jornada diurna de trabajo, sin derecho a recargos por trabajo nocturno, desde las 6 a. m. hasta las 10 p. m., la reducción del recargo por trabajo do-minical de 100% a 75%, la disminución de las indemnizaciones por despido


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del trabajador sin justa causa y la eliminación de la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje4.

Por otro lado, la ley plantea una deslaboralización parcial del contrato de aprendizaje e introduce cambios significativos en esta relación, al definirla como una relación contractual sin carácter laboral. Esto implica una supresión de los recargos y las prestaciones previstos por la legislación laboral, como primas, vacaciones, aportes parafiscales y a la seguridad social, y deja a cargo de las empresas algunas prestaciones provisionales, como la afiliación a salud y a riesgos profesionales.

Experiencias en las tres ensambladoras

La industria automotriz está compuesta por tres ramas; la fabricación de ca-rrocerías, el ensamble de vehículos y la elaboración de partes. Estas últimas presentan mayor heterogeneidad y su producción se destina a las ensamblado-ras locales y al mercado de reposición, constituido por la venta de repuestos y el mercado de exportación. Específicamente, el ensamblaje de vehículos –al cual pertenecen las empresas objeto de estudio– está conformado por cuatro procesos internos: carrocería, pintura, carrocería interna o vestidura y chasises, motores y cajas de velocidad. En cada uno de estos procesos labora personal de diversos niveles de calificación, vinculado directamente al proceso productivo o como personal de apoyo.

La forma de organización interna adoptada por una u otra empresa de-pende de la importancia que tengan los diferentes factores implícitos, como el

4 Las personas que se vinculen a una empresa como aprendices recibirán un sostenimiento mensual equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal(smml) durante la fase educativa y un 75% durante la fase práctica, sin derecho a las prestaciones laborales de los trabajadores ordinarios. Además, el empleador deberá sufragar su afiliación a una Administradora de Riesgos Profesionales y al Sistema de Seguridad Social en salud. An-teriormente los aprendices debían recibir un smml con todas las prestaciones sociales asignadas a cualquier trabajador.



tecnológico, el organizativo y el humano. Las nuevas estrategias para la com-petitividad apuntan al factor humano tanto como el tecnológico, al contrario de las antiguas estrategias, que otorgaban importancia solo al aspecto técnico; se pensaba que la introducción de nueva tecnología era el aspecto clave de la competitividad y se menospreciaba la idea de poseer un personal calificado para manejarla.

La mayoría de las ensambladoras colombianas resaltan el aspecto de la ca-lidad como el más importante para la competitividad, seguido del aspecto tec-nológico. No obstante, las ensambladoras de escala mundial son las primeras en destacar la importancia del recurso humano en el proceso de reconversión. Estas empresas han adoptado programas de mejoramiento de la calidad con participación de los trabajadores. De igual manera, los cambios más impor-tantes se observan en el diseño de los procesos, en los métodos de trabajo, el control de la producción y la creación de mecanismos de participación para los trabajadores, además de hacer énfasis en el área de control de la calidad. Otro programa implementado es el de justo a tiempo, y, por el lado del méto-do de trabajo, las empresas han optado por implementar el trabajo en equipo y la redistribución de tareas, sistemas de sugerencias y reuniones para la solu-ción de problemas

La creación de equipos de trabajo implica la formación de los trabajadores en cada una de las actividades individuales que desempeñan, de manera que sean sustituibles unos por otros y puedan rotarse entre sí; este aprendizaje debe complementarse con conocimientos en áreas como mantenimiento, reparación y limpieza de materiales y herramientas. En las ensambladoras los equipos de trabajo son la modalidad de trabajo más común, al igual que la organización del trabajo en celdas; así mismo se utiliza la rotación, con la idea de cubrir ausen-cias, capacitar a los trabajadores para lograr la polivalencia o formar cuadros de relevo. Los operarios, cada vez más, van incrementando su participación en la mejora de la calidad por medio de los programas de mejoramiento continuo, que incluyen las sugerencias de los trabajadores y están dirigidas a realizar me-joras continuas en el lugar y en el desempeño del trabajo; el control de calidad,


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entretanto, sigue siendo un objetivo fundamental de cada trabajador. Podría decirse que los anteriores son los factores comunes encontrados en

las tres ensambladoras. A continuación se hace un análisis de la flexibilización laboral en cada una de las empresas visitadas, teniendo en cuenta en algunas de ellas la posición del empleador y la del trabajador5.

General Motor Colmotores (GM Colmotores)

Producción y contratación

GM Colmotores ocupa la primera posición en el mercado interno, cuya prin-cipal fuente de competencia es la importación y la producción nacional. Los principales cambios que sufrieron los productos de la compañía se basan en la modificación de los diseños existentes y en la nueva tecnología empleada en dichos productos; además, funcionan allí programas de calidad, como me-joramiento continuo, calidad total y kaizen, entre otros. Son programas que involucran a todo el personal de la empresa: supervisores, ingenieros, técnicos y operarios.

La formación del personal es multifuncional, que se traduce en un tipo de tareas de distinta naturaleza, diferentes de las productivas u operativas y que son realizadas por los trabajadores en las áreas donde la multifuncionalidad se ha llevado más lejos. En la empresa se hace uso de técnicas de control estadístico de proceso, de algunas tareas sencillas de mantenimiento de má-quinas y de control de inventarios; sin embargo, esta modalidad ha provocado inconformidad entre los operarios, que aseguran que los cambios que se pre-sentaron en la producción constituyen aspectos negativos y formas de presión psicológica causantes de enfermedades como el estrés; añaden que hay recar-go laboral y se muestran inconformes por la prohibición de la sindicalización de los trabajadores

5 Es importante tener presente que en algunas de las empresas fue imposible hablar con algunas de las partes implicadas en la relación laboral (empleadores o trabajadores). Esa falta de mayores datos hace más limitado nuestro estudio.



Otra característica de la flexibilización laboral en la empresa es la existencia de trabajadores subcontratados. GM Colmotores sostiene que las actividades que desarrolla este tipo de trabajadores son mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria, algunas funciones productivas o de operación e incluso de orden administrativo, y otras relacionadas con proveedores o clientes, y que todas ellas son labores subcontratadas con cooperativas de trabajo aso-ciado (CTA), como Sipro, Sodexho, Caravan, Omnitempus y Coodesco, entre otras. Los trabajadores se ubican principalmente en áreas como casino, aseo, manejo de materiales, vigilancia, desempaque, ensamble, almacenes, nómina, montacargas y otras.

El salario mínimo que rige en la empresa para trabajadores de contratación directa gira alrededor de $950.000, mientras que para los trabajadores terceri-zados es cercano a $530.0006. La percepción de los trabajadores con respecto a los salarios de la empresa es que ellos se ubican en el promedio que se paga en el sector automotor a escala nacional. Se estima que los trabajadores que los contratistas tienen sirviendo en la empresa suman aproximadamente 150; que una parte del personal que fue desplazado por la subcontratación fue des-pedida con indemnizaciones legales convencionales y que otros presentaron renuncia a su cargo atendiendo a la estrategia de la empresa, mientras que otros recibieron una jubilación anticipada. Al comparar el tipo de contratación que dominaba hace diez años con el que rige hoy, se encuentra que la vincula-ción a término fijo tenía una relación de 10%, frente al 90% de hoy, mientras entre los operarios temporales pasó de 0% al 10%.

Por lo demás, los turnos laborales son rotativos, en tanto que las horas ex-tras se utilizan solo en aquellos casos en los que la producción lo exige y son pagadas de acuerdo con lo establecido por la ley y con tiempo compensatorio. Los trabajadores afirman que, con la instalación de nuevas tecnologías, la em-presa se deshizo de alrededor del 25% de sus trabajadores, situación alarmante si se tiene en cuenta que se está presentando una sustitución de mano de obra

6 Datos suministrados por el sindicato de la empresa para el año 2009.


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por capital y el personal no se está reubicando. Por el contrario, el nuevo per-sonal contratado vino por conducto de intermediarios y no fue contratado directamente por la empresa.

Diálogo social

La empresa ha suscrito una convención colectiva con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria, Metalmecánica, Metálica, Metalúrgica, Side-rúrgica, Electrometálica, Ferroviaria, Comercializadoras y Transportadora del Sector (Sintraime), la cual cobija a 80 trabajadores, además de que existe un pacto colectivo que resguarda a 1.200 operarios. De los 80 trabajadores afi-liados al sindicato, 12 son dirigentes y 68 trabajadores de base. En la planta laboran aproximadamente 1.300 hombres y 150 mujeres, y un hecho que llama la atención es que cerca del 30% de los trabajadores tercerizados son jóvenes menores de 35 años.

Este proceso flexibilizador de la empresa ha transformado la participa-ción del personal en el sindicalismo, en el sentido de que, en la década de los años 80, estaban sindicalizados alrededor de 1.450 trabajadores, mientras en el presente siglo se redujeron a solo 200, es decir, hubo una disminución de aproximadamente el 86%, situación que podría explicarse porque esos nuevos modelos de contratación no permiten la libre asociación de los trabajadores y se traducen así en una disminución de las filas sindicales y de su presencia o su poder dentro de la empresa. En 2009, infortunadamente, solo 77 trabajadores hacían parte de la organización sindical.

Según algunos trabajadores, en la empresa se aplican todas las formas de flexibilización del trabajo que puedan existir: la contractual, la horaria, la de producción, etc. En 2008 la compañía redujo su personal en más de 600 tra-bajadores, que incluían personal directo e indirecto, y su estrategia parece estar enfocada a la terminación absoluta del contrato a término indefinido, para reemplazarlo con personal cooperativizado, siempre con la idea de disminuir los costos de la nómina.



Compañía Colombiana Automotriz (CCA)


Esta compañía es particularmente diferente de las demás ensambladoras ana-lizadas, tanto por la relación que hay entre el sindicato y la empresa como por las condiciones laborales que allí se presentan. En la CCA el proceso flexibi-lizador se ha enfocado más que todo en la parte de la producción, o flexibili-zación interna. La crisis de la globalización la obligó a deshacerse del 80% de los 1.400 trabajadores en término medio que ocupaba en tiempos ordinarios, y actualmente cuenta con solo 750. La crisis obligó a empresa y sindicato a ponerse de acuerdo sobre los contratos de término fijo, que ahora incluyen a personal tanto operativo como administrativo; los servicios de vigilancia, aseo y cafetería se encuentran tercerizados a través de CTA como Global Clean, Naser y Katerin de Colombia. El sindicato de la empresa, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Similares de Colombia (Sintrau-toscol), sostiene que la CCA cumple las normas mínimas laborales. Sus afilia-dos suman cerca de 450, de los cuales cuatro son mujeres y 14 son dirigentes sindicales. Entre el total de los trabajadores de base, 34 es personal femenino.

Respecto de los salarios, se observa que los regímenes prestacionales son diferentes, de acuerdo con el tipo de contrato que tenga del trabajador. Los operarios de término fijo reciben remuneraciones de alrededor de $2.000.000 y los de contrato de término indefinido llegan a $3.200.000, mientras el suel-do de los empleados administrativos depende de la categoría del cargo. Es relevante el hecho de que, como consecuencia de la Ley 789 de 2002, en la empresa existen cerca de 23 aprendices, que laboran como los demás pero en jornada disminuida en una hora. La empresa aplica una política de contrata-ción de acuerdo con la cual, si se eleva la demanda de automóviles, se procede a incrementar el personal de término fijo. En estas circunstancias, la compo-sición de la planta, por tipo de contrato, se distribuye en 70% con contrato a término indefinido y 30% bajo contrato de término fijo. Por otra parte, se cuenta con un sistema de premio de fin de año, consistente en la entrega de un


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bono que el presidente de la empresa determina de acuerdo con los objetivos propuestos a principio de cada año.

En cuanto a la marcha de la producción, se dispone de planes de justo a tiempo, círculos de calidad y planes de mejoramiento y rotación entre las áreas de trabajo, con la idea de que el trabajador conozca todas las actividades. La rotación no es constante, se presenta cada seis meses aproximadamente, porque, por normas de salud ocupacional, se complica en el sentido de que no todos los operarios tienen las mismas habilidades. La empresa trabaja con la última tecnología de la industria, con la idea de estar a la vanguardia con la demanda del mercado local, ya que desde el año 2007, a consecuencia de los sucesos violentos que culminaron con el rompimiento de relaciones políti-cas con Venezuela y Ecuador, principales destinos externos de la producción automovilística colombiana, cesaron las exportaciones a los dos países. Esto trajo como consecuencia una disminución de las ventas y, por supuesto, del personal, aunque no ha habido rebaja de los niveles de producción, debido al prestigio y la buena imagen que proyecta la entidad.

El sistema justo a tiempo se adoptó con proveedores y con clientes exter-nos, y existe una política general de reducción de inventarios. Por el lado de los círculos de calidad, alrededor del 80% de los trabajadores de base participan de ellos y cuentan con el apoyo total del sindicato. Son grupos que actúan con relativa autonomía; la designación de su coordinador la hace el mismo grupo y la rotación opera dentro de ciertos límites, mientras las actividades son presididas por la discusión y fijación de metas y objetivos del grupo, la responsabilidad colectiva en materia de calidad, la responsabilidad colectiva en el terreno de las relaciones con los proveedores y clientes internos y el manejo autónomo de permisos y fechas de vacaciones. Los grupos funcionan bajo un sistema de tres turnos, y cuando se presenta ausentismo los miembros del grupo proceden a designar los reemplazos respectivos.

La CCA ha mantenido una vinculación laboral constante. Hace diez años la de término indefinido estaba cercana al 80% y cosa igual sucede en estos mo-



mentos. La de término fijo, que diez años atrás era del 20%, se ha mantenido asimismo hasta este momento. Desde 2007 ha venido operándose una renova-ción de personal, y por tanto el desplazamiento de trabajadores antiguos y su reemplazo por personal de término fijo. Los trabajadores cuentan con primas extralegales como las de mitad de año, vacaciones, Navidad y antigüedad, y las primas de ley asumen adicionalmente un promedio del 10% de las primas extralegales por año. Los trabajadores consideran que el salario pagado por la empresa se ubica por encima del promedio nacional prevaleciente en el sector.

Entre los aspectos que se destacan dentro de los nuevos procesos incorpora-dos a la producción, junto con las nuevas tecnologías, los grupos de mejoramien-to, el justo a tiempo y demás expresiones, vale mencionar el conocimiento por parte del trabajador del funcionamiento de la empresa, la calidad de los procesos y el desarrollo de nuevas habilidades, aunque los trabajadores consideran que estos cambios han provocado agotamiento, riesgos, contratos temporales, etc.

Diálogo social

La convención colectiva de trabajo actualmente vigente en la CCA establece que empresa y sindicato “acuerdan que cuando las condiciones del merca-do demanden aumentos en la producción de los vehículos que ensambla la compañía, especialmente para atender oportunamente los incrementos en las ventas durante los años 2008-2009, derivados de los mayores volúmenes de exportación de vehículos y buscando mantener e incrementar el porcentaje de participación de la compañía con sus vehículos en el mercado nacional e internacional, con ello preservar la viabilidad de la empresa y el empleo a los trabajadores y para cubrir ausentismos y algunas necesidades del sector administrativo; establecen que para atender tales incrementos temporales de producción, la compañía podrá celebrar contrataos individuales de trabajo a término fijo inferior a un año”. Este artículo evidencia lo que la patronal y sus trabajadores sostienen: las relaciones cordiales que existen entre las dos partes, además del buen ambiente laboral que ambas promueven, lo que hace de esta compañía un caso particular entre las automotrices.


148

En el mismo sentido, el sindicato y la empresa acordaron que aquellos tra-bajadores contratados a término fijo debían contar con las mismas garantías que rigen para los de término indefinido. Al respecto, dentro de tales ventajas aparecen un auxilio de transporte mensual equivalente al decretado por el gobierno nacional más un 15%, auxilio por muerte de familiares, auxilio por muerte del trabajador, auxilio para gastos de entierro del trabajador, auxilio y becas de estudio, fondo de vivienda, permisos de maternidad y permisos por muerte de familiares, calamidad doméstica, obtención de documento, además de una jornada laboral de 45 horas semanales, servicio de cafetería (almuerzo o cena), suministro de leche, tres dotaciones anuales de prendas de trabajo y una de zapatos cada ocho meses.

Sociedad de Fabricación de Automotores (Sofasa)


La Sociedad de Fabricación de Automotores ocupa el segundo puesto del sector automotor en cuanto a ventas a escala nacional, donde tiene una par-ticipación del 17% del total. Sus principales fuentes de competencia son los servicios internos, especialmente GM-Colmotores. Sofasa cuenta con aproxi-madamente 1.100 trabajadores, de los cuales 680 pertenecen a la parte ope-rativa y los restantes 420 se distribuyen en cargos administrativos, técnicos y directivos. Las mujeres componen cerca del 20% del personal de la compañía.

De acuerdo con los directivos de la empresa, el modelo productivo debe estar centrado en el desarrollo de piezas locales que permitan cumplir con los principios de integración económica regional impuestos por ley. Se trata de una integración muy competitiva, que permita ser comparada con la de otros países que asumen los mismos procesos productivos, como es el caso de Ru-mania, en donde el proceso de transformación es muy económico, o de países de la región latinoamericana, como Brasil. En este orden de ideas, Sofasa se ha propuesto dirigir sus esfuerzos hacia la mayor competitividad, lo que ha hecho que en el país se incluyan transformaciones de vanguardia en zonas



como la integración local y logística. La búsqueda de este objetivo ha hecho que la empresa, de común acuerdo con algunos proveedores, haya desarro-llado piezas y tecnologías importantes para la innovación de los productos, que anteriormente nunca estuvieron en la mente de las ensambladoras7. Así mismo, la compañía ha venido trabajando con comités de universidad –Tec-nova, Ecoeficiente, entre otros–, con los cuales se ha logrado instalar algunas tecnologías en los procesos productivos, como ha sido el caso del típico túnel de tratamiento de superficie, que hace que los procesos productivos se vayan volviendo vanguardistas y permitan seguir luchando por la supervivencia in-dustrial. Con estas innovaciones, se introducen renovaciones de los vehículos cada dos o tres años, que implican inversiones destinadas a mejorar los proce-sos productivos y afinar el método de justo a tiempo. Las dos tareas constitu-yen uno de los más fuertes pilares que sostienen el esquema de productividad de Sofasa.

Hace cuarenta años los dueños de Sofasa tuvieron un socio, Toyota, de quien aprendieron el Toyota Production System, en el cual el control de inven-tarios es fundamental. En la política de producción el justo a tiempo es uno de los pilares del proceso, y Sofasa cuenta con muchas políticas de justo a tiempo en su organigrama interno, incluidos los propios procesos, esto es, el suministro entre un proceso y otro, de la soldadura a la pintura, de la pintura al ensamble. Esto ocurre porque, como se tienen stocks de máximos y míni-mos, o sea, como se controlan, a los clientes internos se les entrega cada uno de los productos para poder continuar sin tregua la cadena de abastecimiento. De ahí se eligen productos de los proveedores locales, los cuales desarrollan algunos procesos en el interior de la planta. Eso facilita a los proveedores suministrar la materia prima directamente, a bordo de línea, de acuerdo con una programación estipulada que viene desde el nacimiento del carro. De esta manera el proveedor lee cuál es el carro que se está fabricando desde el inicio

7 Por ejemplo, el desarrollo de parachoques delanteros de vehículos Logan, Sanderos, hace que tanto Sofasa como sus proveedores enfrenten inversiones adicionales y tengan que buscar moldes para las inyecciones muy competitivos, que vuelvan rentables estos proyectos.


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de la soldadura, y empieza a fabricar también sus piezas dentro de la planta. El método hace que él controle sus inventarios, mantenga pocas piezas en su poder y, cuando el carro está pasando por cada uno de los procesos, tenga certeza sobre cuáles son las piezas que necesita ese automóvil, y así el provee-dor puede dirigirse directamente a la línea y suministrar todo justo a tiempo. Dentro de Sofasa se encuentran proveedores como Sauto (tanque de gasoli-na), Inorca (cojinería), Camel (hace un subensamble de llantas y lo suministra justo a tiempo) y un proveedor de Barranquilla (que provee los vidrios, trae el inventario desde su planta y lo entrega justo a tiempo a la línea de produc-ción), y muchos más.

En cuanto a la calidad, desde sus inicios Sofasa ha montado un sistema que evoluciona de acuerdo con las necesidades de los clientes, del producto, de los procesos y las normas (ISO 9001 y normatividad ambiental, entre otras), con la idea de mantener la calidad no solo en el producto sino también en el pro-ceso, y entre ellas la calidad ambiental. El sistema involucra a todo el personal de la empresa, desde la parte operativa hasta la gerencia. Se tiene desplegado todo un plan de acciones, reuniones y contramedidas a los problemas que se van encontrando a lo largo de la línea de producción y de la cadena de abaste-cimiento, hasta llegar con el producto al cliente.

Así mismo, Sofasa es fuerte en el sistema de participación operativa Kaizen (mejoramiento continuo). Fue una de las primeras empresas nacionales que empezó a aplicarlo y en la compañía funciona discriminado en dos tipos: el operativo y el administrativo. El sistema brinda a los trabajadores la oportu-nidad de participar en grupos de trabajo en la búsqueda continua de ideas de mejoras en asuntos de calidad, reducción de costos, cuidado del ambiente y recursos humanos. Los grupos operan por un periodo de ocho a diez meses, presentan una idea, realizan un plan de trabajo sobre la misma y empiezan a trabajar sobre el ciclo Phva (planear, hacer, verificar, actuar), de tal forma que se va siguiendo una ruta, denominada “ruta de la calidad”. En materia opera-tiva existe también el sistema de ideas y sugerencias, que permite al operario participar en el quehacer cotidiano, minuto a minuto. Cuando el trabajador



concibe una idea de mejora, la expresa y elabora el plan para aplicarla; los inge-nieros de la planta evalúan la posibilidad de emplear esa mejora, lo apoyan en la implementación, su mejora es evaluada y por esa idea se hace acreedor a un reconocimiento económico. El estímulo oscila entre $20.000 y $200.000 por cada una de las ideas formuladas. Al final del año se premian las mejores ideas, y aquéllas que involucren un ahorro sustancial en la parte económica dan al operario el derecho a un porcentaje adicional de estímulo económico. Cuando el Kaizen se constituye, los miembros del equipo, compuesto de cinco perso-nas como máximo, eligen a un líder; nombran como su jefe al responsable de la unidad y Sofasa les asigna un asesor que los ayuda en la parte metodológica y los acompaña en el ciclo Phva para obtener un buen desarrollo del trabajo. El Kaizen, el Sistema de Idea y Sugerencia (SIS), individual y grupal, y el sis-tema de Ideas Concretas de Progreso (ICP), que funciona para los ingenieros, manejan la misma filosofía y el mismo proceso de evaluación, calificación y premiación de las ideas.

En la producción de vehículos de Sofasa rigen la polivalencia, la multi-funcionalidad y la integración de tareas como parte fundamental del proceso. El ausentismo hace necesario contar con operarios de puesto de la misma unidad o módulo de trabajo afectado, que conozcan todas las funciones de los puestos, por lo cual la formación de los operarios en polivalencia es una constante. Para el efecto se cuenta con un proceso estipulado por la casa ma-triz y consistente en ir guiando al operario a que conozca su puesto, que sepa desempeñar sus funciones en compañía de su jefe y logre volverse autónomo, para que más adelante pueda enseñar su puesto a otro compañero de trabajo y, además, sea capaz de desempeñar otra responsabilidad de trabajo diferente. En la empresa este proceso es designado como ILU (polivalencia); el operario empieza en (I), que es su puesto, es capaz de enseñar (L) y es capaz de hacer todos los puestos (U). Esta polivalencia facilita que dentro de la planta haya la rotación entre los puestos de trabajo.

Ahora bien, por el lado de la contratación, se encuentra que alrededor del 60% de los trabajadores tiene contratos a término fijo y el 40% restante


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a término indefinido (el 90% de la administración y los técnicos labora bajo este último tipo de contrato). Actividades como servicios de restaurante, man-tenimiento exterior (jardinería, pintura, limpieza, etc.), vigilancia, sistemas de mantenimiento de equipos, mensajería, aseo general, son subcontratadas con empresas prestadoras de servicio y CTA como Coodesco, Casa Limpia, Sala-manca, Ancor, entre otras.

Dentro de los cambios que la empresa previó para 2008, el más notorio fue la disminución de sus ventas, lo que llevó a la desaparición de algunos turnos de trabajo. Anteriormente había tres turnos laborales diarios; ahora solo existe una jornada de trabajo. Cuando la demanda lo requiere se incrementa el per-sonal a término fijo y se programan horas extras que se remuneran de acuerdo con lo establecido por la ley. Si la disminución de la demanda es muy fuerte no hay nada que hacer: se debe prescindir del personal a término fijo. Esto lo justifica la empresa como opción para sobrevivir en un mercado tan com-petitivo, pues no es normal que se realice una cantidad de automóviles y se incrementen los costos laborales, a causa de un aumento de la mano de obra que no se ajusta a la producción, ya que se estaría incurriendo en sobrecostos.

El problema político de la región andina también ha afectado a la compa-ñía. La decisión del gobierno venezolano de cerrar las importaciones desde Colombia afectó profundamente las ventas de la empresa, ya que cerca del 50% de las exportaciones eran dirigidas hacia Venezuela. Sin embargo, se inició la conquista de algunos países de Centroamérica y el Caribe.

Propuesta de modelo de medición

En este último apartado se intenta mostrar una metodología de medición que permite analizar cuál ha sido el impacto de la flexibilización laboral en la in-dustria ensambladora del país, ya sea en los costos de los empresarios del sec-tor o en el cambio de las condiciones laborales de los trabajadores. Es decir, se pretende plantear un modelo con el que pueda determinarse si la existencia



de flexibilización laboral en las empresas provoca distorsiones en las finanzas del empresariado o en las del trabajador. La muestra representativa sería de aproximadamente 130 encuestas distribuidas entre las tres ensambladoras que hemos reseñado, aplicadas a trabajadores con contratos de término fijo e inde-finido, contratados directamente por la empresa y subcontratados.

El modelo

Cuando se quiere modelar el impacto de la flexibilización laboral en los costos de los empresarios de la industria automotriz se sugiere que factores como el tipo de contrato, los salarios, la sindicalización, la jornada laboral, la seguridad social, la polivalencia, la existencia de grupos de mejoramiento continuo, entre otros; podrían resultar relevantes para explicar este fenómeno.

Debido a la característica de la variable que se desea explicar, la de ser discreta, este tipo de prototipos es conocido como modelos de respuesta cua-litativa (RC), esto es, que, para representar los resultados cualitativos respec-tivos pueden tomar valores como “no” o “sí”, que pueden ser codificados como “0” o “1”, o quizás más valores: “0”, “1”, “2”, según las categorías explicativas.

Un modelo que responde a lascaracterísticas anteriormente descritas es el Logit, el cual puede ser interpretado en términos probabilísticos, es decir, sirve para medir la probabilidad de que ocurra un acontecimiento objeto de estudio (esto es, Yi = 1). En cuanto a la interpretación de los parámetros estimados en este tipo de modelos, el signo de los mismos indica la dirección en que se mueve la probabilidad cuando aumenta la variable explicativa correspon-diente. Sin embargo, en la probabilidad la cuantía del parámetro no coincide con la magnitud de la variación. En los modelos Logit, al suponer una rela-ción no lineal entre las variables explicativas y la probabilidad de ocurrencia del acontecimiento, cuando aumenta en una unidad la variable explicativa los incrementos en la probabilidad no son siempre iguales, ya que dependen del nivel original de la misma.


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Formulación del modelo Logit con Variable Dependiente Dicotómica (VDD)

La formulación se inicia a partir del supuesto de un modelo de probabilidad del impacto positivo en los costos de la empresa debido a la flexibilización laboral (E), donde:

Y = 1 es impacto positivo en los costos de la empresa debido a la flexibi-lización.

Y = 0 es no impacto positivo en los costos de la empresa debido a la fle-xibilización.

Así mismo, se supone un vector de variables explicativas o conjunto de factores que expliquen este fenómeno, y que en este caso estará dado por:

X = variables explicativas (como: tipo de contrato, salario, sindicalización, jornada laboral, seguridad social, polivalencia, existencia de grupos de mejora-miento continuo, multifuncionalidad, subcontratación, rotación, capacitacio-nes, renovación maquinaria, justo a tiempo, entre otras).

La primera idea intuitiva que gira alrededor del fenómeno del impacto en los costos debido a la flexibilización laboral es que este fenómeno podría ser explicado mediante el conjunto de factores mencionados anteriormente, y en qué proporción estos factores contribuyen individualmente y en forma agre-gada a la ocurrencia de dicho fenómeno.

Al respecto, Green plantea la siguiente idea:

Sea:

[ ] ( )β,1 XFYP == : la probabilidad de que la empresa tenga un impacto positivo en sus costos por la presencia de flexibilización laboral, y



[ ] ( )β,10 XFYP −== : la probabilidad de que la empresa no sufra un impacto positivo en sus costos debido a la presencia de flexibilización laboral,donde el vector de parámetros β refleja el aporte o impacto que X, vector de variables explicativas, tiene como parte de la función de distribución acumulada sobre la probabilidad.

Por ejemplo, uno de los factores que podría ser de interés es el de observar el efecto que los tipos de contrato existentes tienen sobre la probabilidad de que haya un impacto positivo en los costos de la empresa por la presencia de la flexibilización laboral.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que Y (1 = impacto positivo en los costos de la empresa debido a la flexibilización, 0= no Impacto positivo en los costos de la empresa debido a la flexibilización) en función del tipo de contrato X (TC) para un conjunto de trabajadores, podría representarse este fenómeno como:

(párrafo no entendido)

( ) )( 2111/1 Xii XyEP ββ +−+

===l (1)

Reescribiendo la ecuación (1) se tiene que,

( )iZii XyEP −+

===l11/1

DondeZi= ( 21 ββ + X)(2)

La ecuación (2) representa lo que se conoce como una función de distribu-ción logística (acumulativa). Fácilmente puede verificarse que, a medida que Zi se encuentre dentro de un rango de -∞ a +∞ , Pi se encuentra dentro de un rango 0 a 1 (cero a uno), y que Pi no está linealmente relacionado con Zi (esto es, con Xi), satisfaciendo así requerimientos que son considerados. Pero parece que, al satisfacer estos requerimientos, se ha creado un problema de estimación, porque Pi es no lineal, no solamente con X sino también de los


156

β , como puede verse en la ecuación (1). Esto significa que el procedimiento de Mínimos Cuadrados Ordinarios no puede ser utilizado para estimar los parámetros. Sin embargo, este inconveniente es más aparente que real, porque la ecuación (1) es intrínsecamente lineal, lo cual puede verse de la siguiente manera:

Si Pi (la probabilidad de que la empresa tenga un impacto positivo en sus costos por la presencia de flexibilización laboral) está dada por la ecuación (2), entonces (1- Pi) será la probabilidad de que la empresa no tenga un impacto positivo en sus costos ocasionada por la presencia de flexibilización laboral.

Por consiguiente,

iZiPl+

=−1

11(3)

se puede escribir así:

i

i

iZ

Z

Z

i

i

PP

ll

l=

++

=− −1

11 (4)

De esa manera, Pi/ (1-Pi) es simplemente la razón de probabilidades (“Odds Ratio”) a favor de un impacto positivo en sus costos debido a la presencia de flexibilización laboral. En otras palabras: la razón de la probabilidad de que exista impacto positivo en sus costos por la presencia de flexibilización laboral a la probabilidad de que no haya un impacto.

Así, si por ejemplo, si Pi = 0.8, eso significa que las probabilidades son 4 a1 a favor de un impacto positivo en los costos ocasionado por la presencia de flexibilización laboral.

Ahora, si se toma el logaritmo natural de la ecuación (4), se obtiene un resultado muy interesante, a saber:



XZP

PL ii

ii 211

ln ββ +==

−

=(5)

Es decir, Li, el logaritmo de la razón de probabilidades, no es solamente lineal en Xi, sino también (desde el punto de vista de estimación) lineal en los parámetros. L es llamado Logia, y de aquí el nombre modelo Logit para mo-delos como la ecuación (5).

Efectos marginales de estos modelos

Para el caso de la distribución logística, se tiene que:

[ ]( ) ( )2'

'

'

'

1 x

x

xdxd

β

β

ββ

l

l

+=

Λ

(6)

Lo que es sumamente práctico. Así, en el modelo Logia:

( ) ( )[ ]βββ xxx

xyE

'' 1 Λ−Λ=∂

∂

(7)

Para interpretar el modelo estimado resulta útil calcular estos efectos mar-ginales en varios valores de x. Por ejemplo, en las medias de los regresores o en otros puntos que puedan resultar de interés.

La idea de la construcción y aplicación de este modelo es que pueda elabo-rarse con la información adquirida a través de la fuente primaria –en este caso, los trabajadores–, y que éstos tengan la información suficiente para responder a las preguntas que den pistas sobre las formas de flexibilización laboral ejer-cidas por las empresas de estudio. Además, si se quiere observar el efecto de


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la flexibilización laboral en las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas, puede aplicarse el mismo modelo. Habría que indagar sobre la si-tuación inicial y la situación final de la empresa, una vez empezaron a aplicarse estrategias flexibilizadoras.

Conclusiones

La mayor flexibilidad permitida por la Ley 50 y la Ley 789 se manifiesta en toda la economía como una porción cada vez más grande de trabajadores temporales contratados, sin dejar de lado a los trabajadores pertenecientes a la industria auto-motriz nacional. Es evidente el incremento del personal temporal joven que está laborando en todos los sectores y en todos los tamaños de la industria automotriz, sean o no intensivos en trabajo o en capital, lo cual señala que los más afectados por la flexibilidad introducida han sido los jóvenes. Esto tendría un costo para las empresas y la sociedad, en la medida en que se estaría desaprovechando la posibi-lidad de desarrollar habilidades por la vía de la experiencia en el trabajo.

La evidencia apunta a que la rotación laboral ha aumentado en cada una de las empresas, como consecuencia de las transformaciones de los modelos de producción. En promedio, las ensambladoras rotan a su personal cada dos meses, lo que estaría arrojado un menor costo, ya que el mismo personal pue-de ser reemplazado por sus compañeros en caso de ausentismo.

En cuanto a los criterios de contratación de las ensambladoras, se observa un incremento de las contrataciones por tiempo determinado y los subcon-tratados, como una salida para abaratar los costos que implican las prestacio-nes sociales. Esta situación es desventajosa para los trabajadores que sufren condiciones de inestabilidad en el trabajo y un deterioro en su calidad de vida. Grandes proporciones del personal son contratadas sistemáticamente bajo es-tas modalidades porque poseen agresivas políticas de externalización de activi-dades, que antes las realizaban trabajadores fijos, como transporte interno de materiales para las líneas, servicios generales, matricería y otros. La presencia



de estos trabajadores crea tensiones con los trabajadores fijos porque estos úl-timos los consideran como intrusos y como amenazas a la estabilidad laboral en las empresas. El justo a tiempo es el sistema de manejo de materiales que permite tener la cantidad de materiales requerida en el momento requerido y en el punto requerido. Lo que se busca con esto es reducir el inventario, los desperdicios, el área que ocupan los materiales en la línea mediante el diseño adecuado de los contenedores, de manera que haya un suministro casi inme-diato de la fábrica a la línea.

Por ser las ensambladoras empresas sujetas a las fluctuaciones de la de-manda, su fuerza laboral está igualmente sometida a estos cambios. Cuando aumenta la demanda del mercado, se incrementa la nómina diaria: es una nó-mina que crece proporcionalmente con la demanda del mercado. En el caso de las gerencias y las áreas administrativas, éstas operan independientemente de los cambios de la demanda.

Si bien en las tres ensambladoras reseñadas se presentan notorios casos de flexibilización laboral, tanto interna como externa, resulta impactante que ambas formas sean tan disímiles. En el caso de GM Colmotores existen todas las modalidades de flexibilización posibles, y lo más preocupante es que la participación de su sindicato ha rebajado cada vez más y ha dejado de lado el diálogo social. En el caso de la CCA, las relaciones con el sindicato son cor-diales; se trata de no manejar la subcontratación con el personal operativo; sin embargo, ella existe en el escenario de los trabajadores de servicios generales. En cuanto a Sofasa, puede observarse que la mayoría de la flexibilización ha estado enfocada a la producción en lo referente al control y la calidad de los procesos. En relación al diálogo social, el sindicato de esta empresa dejó de existir a principios de 1995 y lo que ahora predomina es el pacto colectivo.

Es posible que, gracias a las ventajas brindadas por la legislación colombia-na, las empresas se vean beneficiadas en cuanto a la reducción de sus costos laborales, ejercicio que resultaría interesante si pudiera accederse a la infor-mación. Con la aplicación del modelo planteado arriba podría cuantificarse


160

el verdadero impacto de la flexibilización laboral, tanto para los empresarios como para sus trabajadores.

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TRABAJO DECENTE


La cuestión social y la agenda redistributiva*

Por Jorge A. Bernal Medina**

* Artículo recibido en abril de 2010. Artículo aprobado en mayo de 2010.** Investigador Corporación Región.


164

Introducción

El debate sobre qué factores caracterizan hoy la cuestión social y cuál debe ser la agenda social que permita enfrentarla de manera más adecuada con-tinúa entre los académicos y los funcionarios públicos responsables de la misma.

Para algunos el tema de la igualdad ha caducado, no es relevante e incluso es inconveniente hablar de él; en su lugar, y para abordar los problemas socia-les, se prefiere acudir a las nociones de extrema pobreza, vulnerabilidad y, de manera cada vez más preferente, falta de oportunidades.

Como veremos más adelante, siempre han existido diferencias entre los partidarios de la igualdad social y los libertarianos, que solo admiten hablar de igualdad en términos de libertades civiles. Tradicionalmente se ha establecido que las concepciones de izquierda, el marxismo y corrientes del liberalismo social (socialdemocracia) han dado prelación a la búsqueda de la igualdad. No es casual que autores tan importantes como Ronald Dworkin la hayan considerado como la “virtud soberana” y que Martha Nussbaum (2007) haya dedicado a John Rawls un reciente libro sobre las teorías de la justicia en el cual defiende y desarrolla el compromiso de


165La cuestión social y la agenda redistributiva

Rawls en la construcción de sociedades más justas y en la búsqueda de la igualdad social.

Por su parte, la derecha y las teorías liberales más ortodoxas siempre han dado mayor relevancia a la libertad (aunque no siempre han sido consecuentes con ella) y, por tanto, se han opuesto a la limitación de su ejercicio, en aras de una mayor igualdad social1.

A fines del siglo XX este debate se enriqueció con la obra de John Rawls y en particular con su planteamiento de que cada sociedad debe acordar los ni-veles de desigualdad éticamente admisibles y no admisibles y con el estableci-miento del segundo principio estampado en su “Teoría de la justicia” en favor de la igualdad. De otra parte, la pregunta de Sen, “¿igualdad de qué?”, y los desarrollos de la misma en varios de sus trabajos, en particular en el “Nuevo examen de la desigualdad”, han sido muy pertinentes para precisar respuestas frente a la igualdad.

Hay otras preguntas que ya no se hacen o que no se responden. Nos esta-mos refiriendo a asuntos como: ¿por qué hay sociedades tan desiguales, como las latinoamericanas?, ¿cuáles son las causas y los responsables de tan grande desigualdad?, ¿existen políticas y recursos para reducir drásticamente esos ni-veles de desigualdad?, ¿cuál debe ser la relación entre la libertad, la igualdad, la justicia y la democracia? La respuesta a estos interrogantes separa de mane-ra rotunda las posturas teóricas y políticas y afecta directamente las políticas públicas. Debido a su importancia teórica y política, nos vamos a detener en algunas de ellas, sin pretender para nada dar la respuesta; trataremos, sí, de consignar unas opiniones más o menos ordenadas en los dos sentidos plantea-dos: ¿cuál es hoy, principalmente, la cuestión social, y cuál debe ser la agenda más adecuada para su tratamiento?.

1 El texto de Robert Nozick, “Anarquía, Estado y utopía”, es un clásico en este sentido. Igualmente están las obras de Friedrich Hayek, Milton Friedman y gran número de filósofos y economistas.


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¿Cuál es hoy la cuestión social?

En la historia de la humanidad siempre ha habido desigualdad, y millones de personas han enfrentado hambre y pobreza en siglos pasados. ¿Qué es enton-ces lo nuevo?

Lo nuevo, lo insólito, lo injusto e inadmisible en términos éticos, econó-micos y políticos es que, pese a los gigantescos progresos logrados por la humanidad y a las inmensas riquezas creadas por la sociedad, las enormes dimensiones de desigualdad se mantengan y se incrementen. Esto es muy ca-tegórico si la riqueza infinita de unos pocos multimillonarios se compara con la precariedad y la indignidad, también infinita, en que se mantienen millones de seres humanos en todo el mundo. Según el “Informe sobre el desarrollo humano” de las Naciones Unidas, “la ratio de la renta de la quinta parte más rica de la población mundial respecto al quinto más pobre pasó de 30 a 1 en 1960, de 60 a 1 en 1990 y de 74 a 1 en 1997” (Callinicos, 2003, 11).

Siguiendo con los informes de Naciones Unidas, el del año 2000 precisa que “los activos de las 358 personas más ricas del planeta equivalen al ingreso de 2.300 millones de personas de bajos ingresos en el mundo”. De igual manera, que “los activos de los tres principales multimillonarios eran superiores al PIB de todos los países menos adelantados y sus 600 millones de habitantes”. Que “el 20% de la población mundial que vivía en los países más desarrollados tenía el 86% del PIB mundial, en tanto que el 20% inferior tenía el 1% de ese PIB”. Finalmente, que “2.800 millones de personas en el mundo viven con menos de dos dólares diarios, mientras que 1.200 millones tratan de sobrevivir con un dó-lar al día” (Naciones Unidas. Informe sobre el desarrollo humano, 2000).

Ulrich Beck ratifica estas cifras al señalar que “un 20% de personas afor-tunadas disfruta actualmente de casi el 90% de la riqueza. Las doscientas per-sonas más ricas del mundo disponen de una fortuna muy superior al billón de dólares. Esto equivale a los ingresos anuales de la mitad de la población mundial” (Beck, 2002, 57).



Todas las mañanas, los periódicos podrían informar:

Más de 20.000 personas murieron ayer a causa de la pobreza extrema. Los artículos situarían en su contexto las escuetas cifras: hasta 8.000 niños muer-tos de malaria, 5.000 madres y padres muertos de tuberculosis, 7.500 adultos jóvenesmuertos de sida y otros varios miles muertos de diarrea, infecciones respiratorias y otras enfermedades mortales que atacan a los cuerpos debilita-dos por el hambre crónica.

Los pobres mueren en salas de hospitales que carecen de medicamentos, en aldeas que carecen de mosquiteras para prevenir la malaria, en casas que carecen de agua potable. Mueren en el anonimato, sin que se haga pública su muerte. Por desagracia, tales artículos rara vez llegan a escribirse. La mayor parte de la gente ignora la lucha diaria por la supervivencia y los miles de per-sonas empobrecidas de todo el mundo que pierden esa lucha.

Además se ha desatendido las causas más profundas de la inestabilidad mundial. Los 450.000 millones de dólares que Estados Unidos dedicará este año a gastos militares no servirán en ningún caso para conseguir la paz si el país sigue gastando aproximadamente una treintava parte de esa cifra, tan solo 15.000 millones de dólares, en hacer frente a las grave situación de los más pobres del planeta, cuyas sociedades se ven desestabilizadas por la pobreza extrema y, debido a ello, se convierten en focos de malestar, violencia e incluso terrorismo mundial.

Esos 15.000 millones de dólares representan un porcentaje minúsculo de las rentas de Estados Unidos, tan solo 15 centavos por cada 100 dólares del producto nacional bruto del país. La parte del PNB estadounidense dedicada a ayudar a los pobres lleva décadas disminuyendo y constituyendo una por-ción diminuta de lo que reiteradamente Estados Unidos ha prometido y no ha dado. También es mucho menos de lo que Estados Unidos debería aportar para resolver la crisis de la pobreza extrema y de ese modo garantizar su pro-pia seguridad nacional (Sachs, 2007, 25-26).


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La otra cara de este grave panorama de pobreza, desigualdad y exclusión muestra el mayor poder y riqueza de las empresas multinacionales y las po-tencias del Norte. El número de multinacionales superó ya la cifra de 50.000. Controlan un setenta por ciento del comercio internacional aunque, en tér-minos laborales, el número de puestos de trabajo que directamente ofrecen es inferior a 100 millones. El mercado de divisas de especulación sobre la diferencia de cambio en las monedas era ya en 1995 sesenta veces superior al intercambio real de bienes y servicios. Mientras tanto, las dos décadas que van de 1980 a 2000 supusieron “veinte años de descenso en el progreso”: los nive-les de crecimiento económico de los países más pobres pasaron del 2% a un decrecimiento real; asimismo, en sanidad o en educación las tasas de mejora de las décadas precedentes no pudieron mantenerse.2

Este modelo económico se alimenta desde el Norte, donde están radica-das las compañías más importantes, donde se concentra el poder político3 y donde se alcanzan los altos niveles de consumo del 20% de la población más acaudalada del planeta.

Es útil terminar esta parte mostrando la responsabilidad de las grandes po-tencias en la producción, mercado y uso de las armas de guerra, que acentúan la inseguridad del planeta. Una voz tan autorizada como la de Amartya Sen se pronuncia al respecto:

Una condición global extrañamente poco debatida, que es causa de una intensa miseria y también de privaciones persistentes, atañe a la participación de las potencias mundiales en el comercio globalizado de armas –casi el 85% de las armas vendidas internacionalmente en los años recientes provinieron

2 Para un análisis de la emergencia de la fábrica y del casino globales de la mano de la agenda neoliberal, consul-tar a Toussaint (2002), Taibo (2002) y Fernández Durán (2003). 3 Entre las 50 compañías multinacionales más importantes no figura ninguna con sede central en la periferia. Junto a los gobiernos de la Triada (Estados Unidos, Unión Europea, Japón) y a las instituciones financieras por ellos impulsadas (FMI, Banco Mundial, OMC), y en gran medida tras ellos, es decir, marcándoles las pautas a seguir, se encuentran poderosos grupos de presión internacionales fundados por grandes empresas, como el Grupo Bilderberg (Balanayà y otros, 2002).



de los países del G8, las grandes potencias que desempeñan una función fun-damental en el liderazgo del mundo–. En este campo se necesita con urgencia una nueva iniciativa global, que vaya más allá de la necesidad de ponerle coto al terrorismo, donde se concentra hoy el foco de atención (Sen, 2007, 188).

Veamos ahora algunas cifras y expresiones de la desigualdad en América La-tina. En un trabajo reciente de Nora Lustig se ponen de presente varios gua-rismos que corroboran los análisis tradicionales sobre América Latina. Según sus cálculos,el decil más rico recibe el 48% del ingreso y el decil más pobre el 1,6%. En los países avanzados, en contraste, las cifras son del 29,1% y el 2,5%, respectivamente. El coeficiente de Gini, en promedio, durante los noventa fue de 0.522 mientras que en los países avanzados de Europa del Este y Asia fue de 0.342, 0.328 y 0.412, respectivamente. En Guatemala el decil más alto recibe 59 veces más ingreso que el decil más bajo. En Europa el país que muestra una di-ferencia mayor es Italia y la cifra es de 12. En América Latina, en términos gene-rales, la desigualdad ha ido en aumento en las últimas tres décadas del siglo XX, si bien dicho crecimiento fue más pausado en los noventa (Lustig, 2005, 232).

En sentido similar se expresa José Nun cuando señala que la desigualdad en América Latina significa que “el 20% más rico tiende a apropiarse de 60% del total de los ingresos; el 40% siguiente, de 30%, y al 40% más pobre solo le queda el 10%” (Nun, 2002, 158).

Recientemente Andrés Oppenheimer, apoyado en el “Informe mundial de la riqueza, 2008”, trae unas cifras desoladoras acerca de la voracidad y la capa-cidad de enriquecimiento de las elites latinoamericanas:

Los ricos de América Latina se están enriqueciendo más rápidamente que sus pares de todas las demás regiones del mundo, y ya han acumulado 623 tri-llones de dólares en valores financieros, sin contar sus casas ni sus colecciones de arte. Esto significa un incremento del 20,4%, frente a uno del 17,5% de los ricos de los países petroleros, un 12,5% en Asia, un 5,3% en Europa y un 4,4% en Estados Unidos y Canadá.


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Con respecto a los ‘ultrarricos’, definidos como las personas que tienen más de 30 millones de dólares en ahorros disponibles, sin contar colecciones de arte ni residencias primarias, Latinoamérica es la región de mayor concen-tración de riqueza del mundo. Alrededor del 2,5% de los ricos de la región son ‘ultrarricos’, comparado con el 2% en África y el 1,1% en el Medio Oriente (Oppenheimer, 2008, 4).

Veamos algunas expresiones del caso colombiano en el siglo XX. El índice de Gini pasó de 0.4537 en 1938 a 0.584 en 20054; esto es, en el lapso de 67 años la desigualdad tuvo un incremento de 13 puntos. De acuerdo con el estu-dio de Juan Luis Londoño, llama la atención el hecho de que, pasada la intensa violencia que vivió el país a mediados del siglo XX, la desigualdad se acentuó en Colombia, al pasar de 0.45 en el año 1938 a 0.52 en 1951 y a 0.55 en 1964. En veintiséis años de conflicto armado interno la desigualdad se incrementó en 10 puntos y colocó al país en un punto en el cual se ha mantenido a lo largo de estos años. Eso muestra una clara correlación entre conflicto armado (tiempo de violencia) e incremento de la desigualdad (despojo de la tierra).

Esto puede apreciarse con mayor claridad al analizar la insólita concentración de la propiedad en el principal epicentro de estos conflictos armados: las zonas rurales colombianas. Un estudio reciente revela que el Gini en la tenencia de la tierra, calculado con base en el avalúo catastral, es hoy de 0.85. En países como Japón y Corea, donde la reforma agraria constituyó una de las claves del despe-gue económico en los años 50 del siglo XX, el Gini es de 0.38 y 0.35, respectiva-mente. La muy desigual tenencia de la propiedad rural va de la mano con su uso irracional: subutilización de tierras aptas para la agricultura (solo el 30% de ellas es utilizado) y sobreexplotación (33% del total ocupado). Mientras terratenien-tes y narcos tienen lotes de engorde en tierras fértiles, campesinos arrinconados siembran cultivos de pancoger en páramos y selvas (Uribe, 2005, 8-9).

4 La primera cifra aparece en el trabajo de Juan Luis Londoño sobre la distribución del ingreso y el desarrollo económico (1995) y la correspondiente a 2005 pertenece a un trabajo de la Cepal sobre pobreza y distribución del ingreso en América Latina.



Estos datos aparecen corroborados dramáticamente en la revista Semana, según la cual “17.670 propietarios son dueños del 64% de las parcelas rurales existentes en el país. Esto quiere decir que más de la mitad del país está en manos del 0,04% de la población”. Adicionalmente se señala que 45 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería, nueve veces más que las destina-das a la agricultura, y que en departamentos como Sucre, Cesar y Magdalena existen tierras en producción que pagan como impuesto predial solo 80 pesos por hectárea (Semana, 2008).

Tales resultados no hablan bien de la noción de justicia y equidad en las sociedades latinoamericanas, ni del manejo de la economía y de las políticas aplicadas por los distintos gobiernos en las últimas décadas5, Por el contrario, ponen de manifiesto algo más estructural, propio de la mayor parte de estas sociedades: un modelo económico y político concentrador de la propiedad, de la riqueza y del poder político en la mayor parte de ellas.

Los gobiernos, los organismos internacionales y muchos investigadores manifiestan que América Latina y Colombia han experimentado grandes avances en materia social en el siglo XX y en lo que va del XXI. Si miramos algunos indicadores tradicionales es fácil ponerse de acuerdo con dicha afir-mación. En Colombia y en América Latina ha descendido unos puntos la indigencia y la pobreza y han mejorado las coberturas de los servicios sociales y los índices de desarrollo humano y calidad de vida, en especial en las grandes ciudades. Eso no puede negarlo ni el mayor enemigo político de dichos go-biernos. Lo que tampoco se puede rebatir, sin embargo, es que se mantienen, e incluso aumentan (en particular en zonas rurales) los niveles de desigualdad y concentración de la propiedad.

En el caso colombiano, al observar a largo plazo las cifras de la pobreza nos encontramos con que en 1905 ella era del 94% y hoy se ubica más o me-

5 Gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez han acentuado esta política económica pro-rico, con grandes bene-ficios tributarios para multinacionales y elites colombianas y con programas como el de Agro Ingreso Seguro.


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nos en un 50% (Sarmiento, 2007)6 cosa que indica una importante reducción en el curso de cien años. Algo similar puede encontrarse en la región latinoa-mericana. Para el conjunto de la misma, la tasa de pobreza pasó de 48,3% en 1990 a 35,1% en 2007. Por su parte, la indigencia (pobreza extrema), que era del 22,5%, se redujo al 12,7% en 2007 (Cepal, 2007).

De esa manera, Colombia y América Latina presentan una doble condición. De un lado, las clases dominantes han logrado mantener el control de la ma-yor parte de la riqueza creada por el conjunto de la sociedad, ser cada vez más ricas en términos de ingreso, de control de la propiedad y de poder político, y, del otro, ha mejorado la condición social de grandes sectores de la población, es especial en las áreas urbanas, y se han incrementado indicadores como los de calidad de vida, de NBI y del Índice de Desarrollo Humano, al tiempo que la pobreza ha rebajado algunos puntos. Esto estaría indicando que las políticas públicas sociales pueden ayudar a reducir, parcial y transitoriamente, las tasas de pobreza –por lo menos hasta un límite– y mejorar la prestación de algunos servicios sociales, sin afectar para nada la altísima desigualdad en términos de concentración de la propiedad y del ingreso7.

Esta constatación es importante, en dos sentidos. De un lado, indica que an-tes de la imposición del modelo neoliberal en América Latina algunos gobiernos promovieron acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de la pobla-ción y, en segundo lugar, que no tiene sentido anotar que bajo el neoliberalismo no hay inversión social o que la pobreza no puede rebajar en alguna proporción.

Nuestro debate tiene que ver más bien con el enfoque de los programas previstos para ello, con la falta de relación entre las políticas económicas y

6 La Misión sobre la pobreza, conformada por el presidente Uribe y liderada por Hugo López, la sitúo más abajo, al calcularla en 47% para el año 2006. Más recientemente, en julio del 2009, una nueva comisión, promo-vida por el Dane y el Departamento de Planeación Nacional, habla de una tasa de pobreza del 46% en 2008 y de una de indigencia del 17,8%. 7 A grandes rasgos éste fue el modelo chileno que se vendió para toda América Latina. Se logró reducir la po-breza por ingresos y mejorar el IDH y otros elementos referidos a la calidad de vida, sin tocar ni un pelo a los grandes capitalistas chilenos. De hecho, Chile sigue estando entre los cinco países más desiguales de la región.



las sociales, con lo poco sostenible que son las políticas encargadas de la re-ducción de la pobreza y en especial con el mantenimiento de las tremendas desigualdades en materia de concentración de la propiedad, de la riqueza y del ingreso; es decir, que con dichas políticas pueden aliviarse en cierta pro-porción las peores expresiones de la injusticia social, pero no se construyen sociedades democráticas y equitativas.

Esto nos permite insistir en que, en Colombia y en buena parte de América Latina, la cuestión social aparece hoy más asociada a las profundas desigualda-des económicas y sociales, a las diversas expresiones de exclusión social8, a la falta de garantía universal de los derechos de ciudadanía y a los obstáculos en el desarrollo de las capacidades humanas con las cuales podría avanzarse en términos de libertad real e igualdad social. En nuestra opinión, ésta es la actual agenda del desarrollo social y de la democracia, y, además, la mejor garantía de que la lucha contra la pobreza y el hambre tenga más solidez y profundidad.

Veamos entonces algunos de los componentes de lo que podría ser esa propuesta democrática9.

Una agenda redistributiva

¿Igualdad de qué?

De libertad real

El primer asunto, para ir respondiendo a la pregunta central de Sen (¿igualdad de qué?), tiene que ver con la libertad, es decir, con ser iguales en términos

8 Exclusiones referidas al mercado y las relaciones laborales, la raza, el sexo, las creencias, los territorios, la edad, las opciones sexuales y, por supuesto, la riqueza y los ingresos.9 Algunos autores del liberalismo social han formulado propuestas de los bienes, capacidades y esferas de la justicia que deberían hacer parte de una teoría de la justicia de orden democrático. Nos estamos refiriendo a los cinco bienes sociales propuestos por Rawls, a las 10 capacidades que acaba de formular Martha Nussbaum y a las Esferas de la Justicia de Michael Walzer.


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de libertades básicas. Con relación a este asunto hay que reconocer que el denominado liberalismo ortodoxo tuvo un papel importante en el rescate de la libertad como derecho esencial de los seres humanos y, en particular, en la lucha contra los regímenes del llamado socialismo real y del fascismo, con su desprecio por las libertades civiles y políticas10.

Reconociendo esto, hay que decir también que la visión sobre la libertad de cierto liberalismo es insuficiente para una perspectiva como la que quere-mos proponer. Rothbard pone con mucha claridad un ejemplo de esta mirada recortada cuando señala: “El credo liberal descansa sobre un axioma central: que ningún hombre o grupo de hombres pueda atacar la persona o la propie-dad de ningún otro” (Rothbard, 1973, 23). La formulación de James Bucha-nan va en la misma dirección:

Si un individuo tiene o no tiene la capacidad (o el poder) de asumir una activi-dad que tiene libertad para asumir, es un asunto diferente, y, solamente puede producir confusión tanto igualar la libertad con la capacidad o el poder, como extender su significado hasta incluir estas cualidades. Un individuo goza de li-bertad o es libre de llevar adelante cierta actividad si para hacerlo no está coac-cionado por parte de alguien, sea éste individuo o grupo (Buchanan, 1985, 40).

Es decir, para ciertas visiones tradicionales del liberalismo la libertad se reduce en gran medida a la no coacción, a rechazar las restricciones impuestas por parte de individuos o instituciones. Si bien compartimos este repudio a la coacción, una propuesta de democracia sustantiva, de ciudadanía social y de justicia tiene que ir más allá y rescatar de manera más amplia la garantía de las libertades básicas para todos; libertades en el plano civil y político, y también en el social.

Van Parijs se interroga sobre estos asuntos:

10 Por supuesto, no estamos hablando del neoliberalismo y sus patrocinadores, para quienes la única libertad importante es la del mercado, la de hacer negocios y acumular riqueza. Nos referimos a autores tan serios a la hora de abordar este tema como John Stuart Mill, Alex Tocqueville, Kant, Weber, Rawls, Sen y en parte el propio Adam Smith.



En definitiva, “¿qué es una sociedad libre?” Y responde: “Es una sociedad cuyos miembros son todos realmente libres –o, mejor dicho, tan auténtica-mente libres como sea posible–. De manera más precisa, se trata de una socie-dad que satisface las tres condiciones siguientes:

1. Existe alguna estructura de derechos bien defendida (seguridad).2. En esta estructura cada persona es propietaria de sí misma (propiedad

de sí).3. En esta estructura cada persona tiene la mayor oportunidad posible

para hacer cualquier cosa que pudiera querer hacer (ordenación leximin de la oportunidad) (Van Parijs, 1996).

En forma más precisa, la tercera condición debe ser entendida de la si-guiente manera: en una sociedad libre la persona con menos oportunidades tiene unas oportunidades que no son menores que las disfrutadas por la per-sona con menos oportunidades bajo cualquier otra disposición realizable; en caso de que exista otra disposición posible que sea igualmente buena para la persona con las menores oportunidades, entonces la siguiente persona mejor colocada en la escala de esa sociedad libre debe tener oportunidades que no sean menores que la segunda persona de la escala de oportunidades en esa disposición, y así sucesivamente (Van Parijs, 1995). Esta es una manera más progresista de asumir el segundo principio ralwsiano (el de desigualdad) y de-sarrollar la noción de equidad frente a los miembros desaventajados de la so-ciedad. En términos de Van Parijs, se hablaría de la “libertad para vivir como a uno le puede gustar vivir”.

Buscando convertir esta visión en una propuesta de política pública, Van Parijs ha formulado la propuesta de un ingreso básico universal e incondicio-nado11.

11 Otros hablan de Renta Básica (Raventos) y han constituido un grupo de trabajo global sobre el tema, que se conoce como Grupo Bien.


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Si se acepta la crítica de Sen respecto de la visión economicista del desarro-llo y de la lucha contra la pobreza, se asume que el ingreso es un medio y no el fin del desarrollo y de la superación de la pobreza. Sin embargo, es evidente –incluso para Sen, para Rawls, para Nussbaum, Walzer y, por supuesto, para Van Parijs– que sin un ingreso justo los seres humanos no podrán ser real-mente libres y llevar el tipo de vida que consideran valioso. Por eso Van Parijs insiste en que “por consiguiente, surge la importancia de garantizar ese poder de compra con independencia del trabajo realizado por esa persona o de sus disposiciones hacia el trabajo”.

Esta postura se mueve en la idea de lograr una libertad real para todos a través de la relación de los problemas de la igualdad y la libertad (Van Parijs, 2002). Con su propuesta de promover un Ingreso Básico Universal, Parijs busca garantizar un ingreso básico para todos los miembros de una sociedad, independientemente de su condición económica, social, cultural, de edad o de sexo; en este sentido es plenamente igualitaria. Pero al tiempo que plantea esto, trata de promover la libertad por la vía de crear unas con-diciones mínimas que permitan a todas las personas llevar el tipo de vida que consideran valioso, lo que, en la concepción de Sen, es la verdadera expresión de la libertad.

Estimamos que una de las virtudes de esta propuesta es que relaciona de manera acertada los valores y aspiraciones de libertad, igualdad y justicia. En efecto, al garantizar una renta básica a todas las personas de una sociedad por el hecho de ser ciudadanos y no por ser pobres o estar desempleados, el autor reivindica los derechos de ciudadanía y enfrenta las nociones paternalistas y de focalización de los programas sociales en los más pobres. Plantea dar a todos los ciudadanos un ingreso permanente e incondicional y dejar que lo aumen-ten a voluntad con ingresos procedentes de otras fuentes. En este sentido no es un subsidio al desempleo o un aporte a los pobres; es un ingreso adicional para algunos (los que tienen trabajo/ingresos) y el único para muchos (pobres, desempleados, niños, jóvenes, mujeres, ancianos y demás sectores desaventa-jados de la sociedad, en razón de un derecho ciudadano universal). Es una so-



lución masiva y simple del drama del desempleo y la pobreza y una alternativa para crear las bases materiales de la libertad y la ciudadanía.

Debilita al capitalismo en la medida en que aumenta la autonomía y la li-bertad de los trabajadores para definir qué trabajo aceptar. El hecho de contar con un ingreso básico esencial le permite aceptar o no un empleo en condi-ciones más dignas y justas, con lo cual se pueden establecer unas relaciones laborales más justas.

¿Igualdad de qué?

De relaciones en el ámbito internacional12

Frente al actual proceso de globalización neoliberal, Boaventura de Sousa San-tos viene hablando de movimientos contrahegemónicos como otra forma de globalización, de relaciones más libres e igualitarias entre ciudadanos y movi-mientos sociales del planeta. Procesos como los que promueve el Foro Social Mundial van en ese camino, en palabras de Santos:

Hoy estamos asistiendo a la posibilidad de una globalización desde abajo, a lo que designo como una nueva forma de cosmopolitismo: uniones transna-cionales de grupos sociales victimizados por los sistemas de desigualdad y de exclusión, que establecen redes entre asociaciones locales, nacionales y trans-nacionales como el medio más eficaz de lucha por sus intereses igualitarios e identitarios contra la lógica de la globalización capitalista. Los movimientos de lucha por los derechos humanos simbolizan mejor que cualquier otro el potencial, pero también los límites de la globalización anticapitalista.

12 Hoy se presentan grandes debates sobre la perspectiva de la sociedad global, en particular en el terreno de la Sociología y la Ciencia Política, que no vamos a abordar en este texto pero que son de una gran importancia y actualidad. Los trabajos de Zygmunt Bauman y Ulrich Beck, entre otros, sobre la “sociedad sitiada” y la “socie-dad del riesgo global”, hacen parte de este importante debate.


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En estas uniones contrahegemónicas se encuentra el embrión de un dia-logo Sur/Sur, cuya importancia se muestra cada vez más crucial como an-tídoto urgente de todos los falsos diálogos Norte/Sur con que los países hegemónicos han legitimado el saqueo del Sur. Estas son las señales del nuevo cosmopolitismo, que para serlo tiene que mostrarse multicultural, ar-ticulador de las diferencias y de las identidades no inferiorizadoras que se reconocen horizontalmente. Al falso universalismo de los derechos huma-nos, exageradamente occidentales en sus presupuestos, hay que contraponer una concepción multicultural de los derechos humanos fundada en el apren-dizaje del principio según el cual la defensa de la dignidad humana tiene varios nombres y no todos nos resultan familiares. Los movimientos socia-les tienen que poner ellos mismos en práctica la articulación posmoderna entre políticas de igualdad y políticas de identidad, si quieren que el Estado moderno sea reinventado de acuerdo con las exigencias de esa articulación (Santos, 2005, 282).

Junto a esta dinámica social contrahegemónica más estructural se han for-mulado propuestas que pueden contribuir a compensar en algo el saqueo a los países y pueblos del Sur y buscar relaciones un poco más equitativas.

Tomás Pogge ha propuesto un dividendo global de recursos que con “el uno por ciento anual de la renta global en conjunto, que aportaría 315.000 millones de dólares, sería una cifra suficiente para cubrir la brecha de pobreza mundial que afecta a 2.800 millones de seres humanos y que se estimaba en 300.000 millones de dólares al año” (Cortes, 2007, 226).

La eliminación de los subsidios a los productores de los países desarrolla-dos abriría oportunidades a los productores de los países en desarrollo (sobre todo agricultores) y permitiría unas relaciones comerciales más justas.

Desde hace décadas se estableció el compromiso de los países desarrolla-dos de destinar el 0,7% de su producto bruto nacional a programas de ayuda al desarrollo. La verdad es que la mayoría de estos países no cumple con este



compromiso y particularmente grave es la postura de los Estados Unidos, pues destina a estos fines menos del 0,3% de su PIB.

De otra parte, el señalamiento que hace Sen respecto al armamentismo promovido por los países del G8 sería otro campo importante para cambiar las prioridades y el futuro del planeta. El fin o la limitación en serio de esta actividad armamentista liberaría suficientes recursos para mejorar el bienestar de buena parte de los pobres del mundo.

Y, por supuesto, hay que seguir insistiendo en la condonación de la deuda externa a las naciones más pobres y en una renegociación de la misma para el resto de ellas.

Una condición importante para que algunas de estas propuestas tengan algún desarrollo está en la aplicación de reformas significativas en buena parte de los actuales organismos internacionales: las Naciones Unidas y su sistema de toma de decisiones, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Mo-netario Internacional y el Banco Mundial, entre otros.Estos entes son contro-lados en buena medida por los Estados Unidos y por tanto sirven, en gran medida, a sus intereses.

¿Igualdad de qué?

De propiedad: una agenda redistributiva y una política macroeconómica en favor de la política social

En este punto nos referimos al espinoso asunto de la igualdad social y en espe-cial a lo que tiene que ver con la propiedad y la riqueza. Todo ello en el marco de una propuesta redistributiva y de una política social democrática.

Vamos a adoptar en gran parte el enfoque que propone Nancy Fraser de la redistribución y el reconocimiento como las bases de una postura “postsocia-lista” en este campo. Tanto su visión de redistribución como la de reconoci-


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miento las abre en una perspectiva afirmativa y una transformativa. Ella misma admite una alternativa intermedia de relación entre las dos perspectivas, bajo la denominación de democracia social. Según la autora, la democracia social apare-ce como un caso híbrido que combina las soluciones afirmativas y transforma-tivas, pero “también puede verse como una posición intermedia”, que involucra una reestructuración económica moderada, “mayor que la del estado liberal de bienestar pero menor que la del socialismo” (Fraser, 1997, 41).

Respecto del contenido de una y otra perspectiva, Fraser precisa que la de redistribución de corte afirmativo busca reparar la mala distribución de los recursos resultante y deja intacta la estructura político-económica subyacente (típico de las políticas de lucha contra la pobreza extrema). Lo que se busca es aumentar la porción de consumo de los grupos en desventaja económica, sin reestructurar de otras maneras el sistema de producción.

Por su parte, las soluciones transformativas han sido asociadas históricamen-te con el socialismo. Con ellas se busca reparar la distribución injusta mediante la transformación de la estructura política económica subyacente. Para Fraser, es-tas soluciones transformativas combinan, por lo general, programas universales de bienestar social, tributación altamente progresiva, políticas macroeconómicas dirigidas a la creación de condiciones de pleno empleo, un sector público gran-de, una proporción significativa de propiedad pública o colectiva y la toma de decisiones de forma democrática sobre las prioridades socioeconómicas básicas.

“Estas soluciones transformativas, sin embargo, reducen la desigualdad social sin crear clases estigmatizadas, compuestas de personas vulnerables, que se perciben como beneficiarias de una generosidad especial. Por lo tanto, tienden a promover la reciprocidad y la solidaridad en las relaciones de reconocimien-to” (Fraser, 1997, 43).

Trataremos de concretar algunas propuestas que recojan en parte su pro-puesta de agenda redistributiva, tanto en el plano afirmativo como en el trans-formativo.



Promover un crecimiento sostenido, productivo y pro pobre

Es verdad que el sector empresarial ocupa un lugar central en este asunto y además define en un alto grado lo que pase o no pase en materia de desarrollo económico; pero, en nuestra opinión, la sociedad no puede seguir presenciando pasivamente el espectáculo inmoral del mayor enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento y sufrimiento de las mayorías. Insistimos en que hay una responsabilidad ética y política de quienes tienen más y de quienes dirigen los países y, por supuesto, ella no se puede reducir a apoyos puntuales, a obras o acciones aisladas de la estrategia de desarrollo; un compromiso ético y político realmente democrático conlleva la disposición a concertar de verdad las bases de un proyecto económico de mediano y largo plazo en el que participen las diver-sas manifestaciones de propiedad y de producción. Exige un compromiso serio con el bien público, con el desarrollo y la equidad; supone disponerse a discutir y acordar un modelo y un estilo de desarrollo que permitan la reproducción de la inversión del capital y la creación de nueva riqueza, en especial para pequeños y medianos empresarios pero que, al mismo tiempo y desde ahora –no en un fu-turo incierto– garantice su redistribución en favor del bienestar de las mayorías.

Max Weber lo anotaba desde 1924:

“Cuando el mercado se abandona a su propia legalidad no repara más que en la cosa, no en la persona, no conoce ninguna obligación de fraternidad ni de piedad, ninguna de las relaciones humanas portadas por las comunidades de carácter personal. Todas ellas son obstáculos para el libre desarrollo de la mera comunidad de mercado (...) El mercado ‘libre’, esto es, el que no está sujeto a normas éticas, con su explotación de la constelación de intereses y de las situa-ciones de monopolio y su regateo, es considerado por toda ética como cosa abyecta entre hermanos” (Weber, 1944, 494).

De otra parte, es verdad que las inversiones y los planes en materia de desa-rrollo deben tener en cuenta los actuales procesos de globalización y los retos que ellos plantean para la economía local y regional, pero esto no debe llevar


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a perder de vista las necesidades del mercado interno y de la población, como tampoco a desconocer las posibilidades que éstas tienen para relacionarse di-rectamente con estas expresiones globales. Las diversas manifestaciones de la economía social y solidaria y todas las posibilidades del llamado desarrollo endógeno deben recibir suficiente apoyo del Estado y de la gran empresa ca-pitalista, con el cual avanzar en el complejo campo de las relaciones entre lo local y lo global y en la reconfiguración del aparato productivo, al utilizar las innovaciones científicas, técnicas y tecnológicas más bien que la explotación de la mano de obra y la destrucción del ambiente.

Una política macroeconómica al servicio del desarrollo y el bienestar social

Para que los temas y la política social no sigan siendo algo marginal en el conjunto de las políticas públicas es imprescindible abordar la discusión de las políticas económicas y relacionarlas de manera adecuada con las políticas so-ciales. Ya es tradicional que las políticas públicas de los países se centren en la lucha contra la pobreza extrema, la ampliación de las coberturas en educación y salud y algo en materia de vivienda y servicios públicos. Los problemas del empleo y del mercado laboral, de la concentración de la riqueza, de las políti-cas fiscales y tributarias, que son los asuntos importantes para los economistas y para los ministerios de Economía, nada tienen que ver con las cuestiones sociales y el bienestar humano.

Por fortuna, algunos autores han planteado una perspectiva más amplia e invitan claramente a establecer esa relación entre el manejo de la economía y las políticas sociales. Es el caso de José Antonio Ocampo, quien de manera enfática señala en un texto reciente: “El avance hacia una política social de corte univer-sal no será posible sin un nuevo pacto fiscal, para utilizar el término acuñado por la Cepal (1998), que eleve significativamente el ingreso público y convierta la política tributaria en un instrumento progresivo” (Ocampo, 2008, 57).

En el caso colombiano, los últimos gobiernos, y en particular el del señor Uribe Vélez, cambiaron aceleradamente el sentido de la política tributaria,



privilegiando la política indirecta (muy regresiva) en lugar de una directa, que es mucho más progresista y democrática.

La lucha por la equidad, por la democracia y contra la pobreza no pasa de ser saludos a la bandera cuando las políticas macroeconómicas –como ocurrió en la administración uribista– están claramente a favor de los grandes capita-listas del mundo y del país.

Promover una agenda redistributiva

Hemos insistido en que un crecimiento pro-pobre hace indispensables ac-ciones que mejoren la distribución de los activos, del capital, del empleo, de la educación, del crédito y del ingreso. En estas condiciones, se debe avanzar en la definición de algunas de las siguientes medidas, en lo posible de manera concertada:

• Promover procesos de democratización de la propiedad rural y urba-na. Desarrollar la reforma agraria que durante décadas han buscado los campesinos pobres, que mejoraría radicalmente la equidad social, aumentaría considerablemente la producción de alimentos y materias primas para la actividad industrial y contribuiría a promover procesos serios de paz y convivencia en el país.

• El establecimiento de plusvalías urbanas a grandes propietarios de tierras en las ciudades. Tasas más altas de valorización a quienes se benefician de obras de desarrollo urbano o poseen un buen número de propiedades. Esto democratiza la propiedad o provee de nuevos recursos a las administraciones, en favor de una mejor distribución del ingreso.

• Ley antimonopolios, reforma financiera y democratización del mercado de capitales. Uno de los sectores económicos que registra mayores nive-les de concentración y de utilidades es el financiero. Unos pocos grupos financieros controlan los principales bancos, corporaciones, fiducias y fondos de distinta naturaleza. Gracias a esta concentración, a los altos


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niveles de intermediación financiera y a la especulación accionaria, es uno de los sectores económicos que más ha crecido y que más dinero ha ganado en las últimas décadas.

Lo mínimo que se puede exigir en este campo tiene que ver con controles efectivos a esos niveles de monopolización y limitaciones no solo de entidades de ese sector sino también de otras ramas de la economía, y poner en práctica una vigorosa reforma financiera y la democratización del mercado de capita-les. Frente al mercado de capitales bancario o intermediado es necesario ade-lantar una reforma de la tributación, de modo que se graven más severamente las ganancias derivadas de la intermediación, actividad que no crea valor sino que se lo apropia (Uribe, 2000).

A más de reducir los altísimos márgenes de intermediación financiera, se debe exigir a los grandes bancos abrir líneas de crédito con bajas tasas de interés a favor de la pequeña empresa, de la economía social urbana y rural. Muchos de los emprendimientos y de los pequeños negocios se quiebran por las altas tasas de interés que deben pagar a los grandes espe-culadores.

• Una agenda redistributiva podría establecer impuestos directos a las frondosas herencias, a las grandes fortunas y a los grandes rentistas. Ellos podrían aportar recursos para financiar programas de orden social y propuestas como la renta básica de que venimos hablando.

¿Igualdad de qué?

De capacidades y derechos de ciudadanía: un sistema integral de protección y seguridad social

En las propuestas de capacidades y bienes sociales básicos de Marta Nussbaum, de John Rawls y de Michael Walzerestán recogidas varias de las capacidades y derechos a los que queremos hacer alusión.



Nussbaum habla “de una vida humana de duración normal, de no morir de forma prematura y de la salud física, que a más de la salud incluye una alimen-tación adecuada y un lugar adecuado para vivir, y del juego como la capacidad de poder reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas (capacidades 1, 2 y 3).

Rawls, por su parte, incluye en sus cinco bienes básicos la libertad de mo-vimiento y de libre elección de ocupación de entre diversas alternativas (bien 2); de potestades y prerrogativas de cargos y puestos de responsabilidad: éstas dejan espacio a las diversas capacidades de autogobierno y capacidades socia-les de la persona (3).

En cuanto a Walter, tenemos bienes como la seguridad y el bienestar (2); la educación (7) y el tiempo libre (6).

Promoción de empleos dignos y trabajo decente

El neoliberalismo impuso la teoría de que había concluido el pleno em-pleo, de que había que agradecer a los capitalistas que ofrecieran algún tipo de empleo, en las condiciones que fuera, pues no había otra alternativa. Los gobernantes de América Latina y sus ministros y asesores aceptaron esta ideo-logía y vendieron la idea de que no había nada que hacer para crear empleo y que, al contrario, lo que había que hacer –y que presurosamente hicieron, como Uribe Vélez como Senador de la República, en el caso colombiano– era promover duras reformas laborales que eliminaran los derechos conquistados por los trabajadores en largas luchas libradas a lo largo del siglo XX.

De esta manera, lo que vemos crecer en los últimos decenios es el desem-pleo, el subempleo, la informalidad, la sobreexplotación, los bajos salarios y el uso de instrumentos tan dañinos como las llamadas “cooperativas de trabajo asociado”. En el caso colombiano, y de manera más dramática en Antioquia (por el peso que tenía allí el empleo manufacturero), lo que se ve crecer es el sector de servicios, el del comercio y, por épocas, el de la construcción. Estas ramas demandan mano de obra no calificada (caso de la construcción y el co-


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mercio), sin mayores oportunidades de sindicalización y negociación colectiva y, por tanto, con muy pocos derechos, o bien no ofrecen ninguna estabilidad (como ocurre en los servicios). El sector manufacturero, gran empleador de los años 50, 60 y 70, no volvió a emplear trabajadores en forma permanente; todo lo que elabora lo realiza preferentemente por la vía del empleo temporal y las cooperativas de trabajo asociado.

Retornando a las capacidades, bienes y derechos de las teorías de la justicia de que venimos hablando, encontramos que todas ubican el problema del empleo, el ingreso y la riqueza en un escalón importante.

Nussbaum habla de “poder disponer de propiedades (ya sean bienes mo-biliarios o inmobiliarios) y ostentar los derechos de propiedad en un plano de igualdad con los demás; tener derecho a buscar trabajo en un plano de igual-dad con los demás. En el trabajo, poder trabajar como un ser humano, ejercer la razón práctica y entrar en relaciones valiosas de reconocimiento mutuo con los demás trabajadores” (capacidad 10).

Rawls es explícito en incluir el tema de “los ingresos y la riqueza, entendi-dos, en términos generales, como medios necesarios para alcanzar directa o indirectamente un gran número de objetivos, sean los que sean” (bien 4). El autor los designa: “el dinero y la mercancía (3); el cargo (4) y explícitamente el trabajo” (5).

De manera más específica, los dos premios Nobel que hemos citado varias veces asignan un lugar muy importante al empleo, al trabajo decente y a los ingresos. Veamos lo que afirma Stiglitz con posterioridad al discurso del “fin del trabajo”:

Una agenda contra la pobreza supone que los gobiernos asuman el com-promiso de crear empleos –trabajo decoroso, como ha dicho la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– para todos. Tener un empleo debería ser un derecho fundamental de todo miembro de la sociedad que desee trabajar, y



los gobiernos tienen el deber fundamental de garantizar el cumplimiento de este derecho. Todo gobierno que fracasa en esta tarea, que fracasa de manera lamentable, como suele suceder, debería perder su mandato (Stiglitz, 2005, 5).

“Es muy importante el objetivo de la OIT de promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad huma-na”, sostiene Sen. Señala que hay que trabajar en este campo en dos sentidos, el primero enderezado a crear empleo y el segundo centrado en las condiciones de ese empleo, en que sea digno y garantice los derechos de los trabajadores:

Se trata de dar cabida a las distintas aspiraciones haciendo una valoración completa y general, de modo que las soluciones para atajar el desempleo no se aduzcan para privar de sus condiciones de trabajo razonables a las personas ocupadas, ni que la protección a estas personas sirva de excusa para mantener a las que no tienen trabajo en un estado de exclusión permanente de la vida sociolaboral (Sen, 2007, 123).

Esta segunda condición señalada por Sen es muy reiterada en el caso colom-biano. Los empresarios y los propios gobernantes señalan la imposibilidad de brindar nuevas oportunidades de empleo, por los costos que les significa tener ya vinculado un grupo determinado de trabajadores. Al final no se hace ninguna de las dos cosas. Ni se garantizan los derechos de los trabajadores que logran mantenerse en sus puestos de trabajo ni se crea nuevo empleo, con el argumento de que los actualmente ocupados no permiten ofrecer nuevas alternativas.

Ahora, cuando tanto se habla de responsabilidad social empresarial, habría que decir con toda claridad que la principal responsabilidad de los grupos eco-nómicos y de los grandes empresarios está ahí, en la generación de empleo, en contratar nuevos trabajadores y garantizar y respetar los derechos de esos ser-vidores. Adicionalmente, ayudar a consolidar los pequeños emprendimientos, por la vía del crédito barato, la capacitación técnica y sobre todo el mercado. La principal opción para que un pobre salga de esa condición es que perciba


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un ingreso digno y permanente, y eso solo lo garantiza un empleo o una ac-tividad económica que tenga asegurado su mercado a escala local, nacional o internacional.

Muchas personas hacen esfuerzos por la vía del emprendimiento: consti-tuyen microempresas, grupos cooperativos de producción y otras expresiones de la economía social y solidaria, pero un alto número de ellas fracasa por la falta de apoyo del Estado y de los grandes empresarios. Solo con planes de desarrollo de mediano y largo plazo, con encadenamientos reales de los pe-queños empresarios con las demandas y planes de las grandes empresas, con crédito barato (subsidiado) y con tecnología adecuada se pueden consolidar otras alternativas de ingreso de la población.

En el país y en el ámbito de la ciudad poco se habla del trabajo infantil. Esta situación, que según cifras conservadoras involucra a cerca de 80.000 niños y jóvenes en solo Medellín, a más de encarnar una de las peores violaciones de los derechos de niños y niñas, por locual debe ser eliminada sin más consideracio-nes, es una opción para reducir las tasas de desempleo y subempleo. El niño y el joven que hoy se ven obligados a trabajar, deben ir a la escuela, al colegio o a la universidad, y esas actividades deben ser atendidas por los adultos.

¿Igualdad de qué?

De reconocimiento y respeto por las diferencias

Los temas del reconocimiento, de la diversidad, de las bases sociales del au-torrespeto son claramente abordados en las teorías de la justicia a las que venimos haciendo alusión. Martha Nussbaum lo hace enlas capacidades 4, 5 y 7; en esta última lo manifiesta con toda claridad: “Que se den las bases sociales del autorrespeto y la no humillación; ser tratado como un ser dotado de dignidad e igual valor que los demás. Eso implica introducir disposiciones contrarias a la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, et-nia, casta, religión y origen nacional”.



Por su parte, Walzer incluye el asunto en su décimo bien, y allí hace refe-rencia explícita al tema del reconocimiento. Rawls lo ubica en su quinto bien primario y señala que estas bases del autorrespeto son los aspectos de las instituciones básicas para que los ciudadanos puedan tener sentido de su valor como personas y sean capaces de ejercer sus capacidades morales y realizar sus intenciones y objetivos con confianza en sí mismos (Rawls, 1988, 30). Este bien es tan importante para Rawls, que en su “Teoría de la justicia” plantea:

En varias ocasiones he señalado que tal vez el bien primario más importante sea el del respeto propio. Podemos definir el respeto propio (o autoestima) en dos aspectos. En primer lugar, incluye el sentimiento en una persona de su propio valor, su firme convicción de que su concepción de su bien, su proyecto de vida, vale la pena de ser llevado a cabo. Y, en segundo lugar, el respeto propio implica una confianza en la propia capacidad, en la medida en que ello depende del propio poder, de realizar las propias intenciones (Rawls, 1971, 398).

Las expresiones de exclusión, discriminación, segregación y marginamien-to son múltiples en la sociedad colombiana y latinoamericana: las mujeres, las comunidades negras e indígenas, los jóvenes, las personas con opciones sexuales diversas, los que presentan discapacidades. Por eso una propuesta de igualdad y justicia debe considerar esta lucha por el reconocimiento, por el respeto de la diversidad, por el autorrespeto y la identidad de estos grupos sociales como parte sustantiva de su agenda.

¿Igualdad de qué?

De democracia y ejercicio de los derechos políticos

Tal como se ha planteado en este texto, es evidente que estamos frente a un problema de economía política o, para decirlo de manera más clara, el tema de la pobreza, de la exclusión y de la desigualdad es eminentemente político. En estas condiciones, mientras no se amplíe y profundice la democracia, tanto en el plano político como en el social y económico, y mientras los pobres y


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desaventajados no se organicen social y políticamente y no exijan de manera democrática pero enérgica sus derechos de ciudadanía, poco se va a lograr en este campo. Una sociedad moderna y democrática debe promover la organiza-ción de sus ciudadanos de acuerdo con sus intereses y afinidades económicas, sociales y políticas, y en medio de profundos y reales procesos de deliberación y debate público acordar los elementos centrales que permitan un adecuado funcionamiento de esa sociedad. Todo ello supone organización y represen-tación social y política de los distintos sectores y estamentos sociales. Es claro que los pobres y los excluidos son la mayoría en nuestros países; la pregunta es: ¿quién representa social y políticamente sus demandas y reivindicaciones?, ¿con quién avanzar en un pacto social para ir superando la pobreza y la des-igualdad?

Amartya Sen ha insistido en que la democracia es una condición y una ga-rantía para enfrentar el hambre y la pobreza (1999). De hecho, los países de más alto desarrollo humano y de menores niveles de pobreza y desigualdad son los aquéllos donde es más sólida y extendida la democracia (Noruega, Canadá, Suecia, Suiza, Uruguay, Costa Rica). Por eso no basta con crecer más, con reducir los elevados niveles de pobreza, con ampliar los servicios sociales: hay que avanzar en la construcción de sociedades con ciudadanos e instituciones realmente democráticos. En el caso particular de Colombia, el conflicto armado interno y la política belicista con los vecinos configuran obstáculos muy serios para mejorar los niveles de bienestar social y ampliar la democracia; por ello esta es una tarea que tiene que seguir estando en nuestra agenda del desarrollo. Este autor, que para nada es un político, ni un economista de izquierda, ha reiterado sistemáticamente que las grandes hambrunas se deben más a la falta de derechos, a la carencia de un empleo retribuido y a la ausencia de democracia con la cual ejercer los derechos ciudadanos, que a la escasez global de suministro de productos alimentarios. Según él, la presión que ejercen los periódicos y los diversos partidos polí-ticos obliga a los gobiernos a organizar pronta ayuda contra las hambrunas, y de esa manera la comida no se compra con ingresos sino con presión política (Sen, 1981).



En resumen, es clara la relación y el complemento que se establecen en-tre una democracia sólida y profunda con las libertades fundamentales, que deben ser garantizadas a todos los ciudadanos, con la igualdad que precisa la garantía de derechos económicos, sociales y culturales y el reconocimiento y valoración de la diversidad.

Queremos terminar citando a Boaventura de Sousa Santos, que en nuestra opinión viene haciendo una propuesta pertinente para este país y para la de-mocracia toda del planeta:

“Nuestra propuesta es que hay que repolitizar y radicalizar los derechos huma-nos y la democracia. Lo que queremos proponer es reinventar la tensión entre democracia y capitalismo, para que alguna vez el objetivo de esta democracia consista en hacer que el mundo sea cada vez menos confortable para el capi-talismo, que un día podamos tener una alternativa. Si el socialismo tuviera hoy en día una definición sería, a mi juicio, democracia sin fin” (Santos, 2003, 5).

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TRABAJO DECENTE


Crise Internacional e os Efeitos no Mercado de Trabalho no Brasil*

Por Jacqueline Aslan Souen** y Adriana Jungbluth***

*Artículo recibidoenabril de 2010. Artículo aprobadoenjunio de 2010.**Aluna do programa de Mestrado em Desenvolvimento Econômico (Economia So-cial e do Trabalho) da Unicamp e pesquisadora do CESIT-IE/UNICAMP.***Aluna do programa de Mestrado em Desenvolvimento Econômico (Eco-nomia Social e do Trabalho) da UNICAMP técnica do DIEESE.


198

Introdução1

Hyman Minsky, partindo da Teoria Geral de Keynes, ao teorizar a instabili-dade financeira como intrínseca ao funcionamento de economias capitalis-ta avançadas, com os sistemas financeiros altamentedesenvolvidos –caso da economia norte-americana–, destaca a importância de compreender tais cri-ses financeiras como parte dos ciclos econômicos, dentro de um processo mais amplo e permanente pela busca de valorização da riqueza. Na teoria de Minsky, num ambiente de expectativas otimistas e busca por ampliação dos lucros os agentes se tornam menos cautelosos ao emprestar e ao captar re-cursos elevando a alavancagem e os passivos de forma generalizada – pratica altamente facilitada com a desregulamentação dos mercados de capitais e a introdução das inovações financeiras. Fortemente endividadas, as famílias e as empresas ficam muito mais vulneráveis às alterações nos fluxos da renda e, quando as expectativas se revertem, as instituições de crédito, altamente alavancadas, procuram reestruturar seus portfólios, buscando ativos mais lí-quidos e seguros como os títulos do governo, levando a uma brusca retração do crédito. Então, o ambiente de estabilidade inicial e expectativas positivas

1 Trabalho apresentado no XVII Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú- MG – Brasil, de 20 a 24 de setembro de 2010.


199Crise Internacional e os Efeitos no Mercado de Trabalho no Brasil

acabam em instabilidade e aversão ao risco, revertendo a exuberância do mer-cado e o endividamento excessivo, vindo a tona a fragilidade das estruturas de ativos e passivos dos agentes econômicos. (Minsky, 1982; Kregel, 2008a; Kregel, 2008b; Giuberti, 2009).

Seguindo essa lógica, muito bem descrita por Minsky, podemos explicar a crise do mercado imobiliário americano iniciado em 2007. A partir de então, esse mercado apresentou constantes oscilações e crescimento da inadimplên-cia, devido à elevação das taxas de juros e perda de dinamismo da economia americana, e a crise, inaugurada no setor hipotecário, se tornou, na segunda metade de 2008, uma crise de crédito generalizada, culminando, em setembro do mesmo ano, na falência de grandes instituições financeiras norte-america-nas –Lehman Brothers, Merrill Lynch, e AIG.

O presente artigo busca fazer uma análise dessa crise internacional, bem como do impacto causado sobre o mercado de trabalho brasileiro. Para tanto, o artigo foi dividido em três partes, além da introdução e das considerações finais. A primeira delas faz uma análise do desencadeamento da crise interna-cional e dos desdobramentos para as economias em geral. A segunda parte faz uma análise do mercado de trabalho no Brasil até a crise. A terceira parte analisa as consequências da crise no mercado de trabalho brasileiro.

Desencadeamento da crise internacional e seus desdobramentos para as economias em geral

O desencadeamento da crise

A crise americana dos “subprimes2 já vinha sendo anunciada pelos especialistas desde 2006, quando da manifestação de alguns sinais de queda do valor dos

2 Empréstimo feito no mercado de imóveis aos tomadores de alto risco, ou seja, trabalhadores sem contrato efetivo de trabalho ou aqueles sem bens que garantam os empréstimos.


200

imóveis no mercado imobiliário americano. Contudo, o mercado seguiu aque-cido e com elevação de preços dos ativos até meio de 2007. A partir de então, esse mercado apresentou constantes oscilações e crescimento da inadimplên-cia devido à elevação das taxas de juros e relativa perda de dinamismo da eco-nomia americana, e a crise iniciada no setor hipotecário se tornou, na segunda metade de 2008, uma crise de crédito generalizada, levando, em setembro, à falência de grandes instituições financeiras norte-americanas - Lehman Bro-thers, Merrill Lynch, e a mega-seguradora AIG.

Seguiu-se então o colapso nos mercados bancários, com a retração da con-cessão de empréstimos em geral –inclusive o interbancário. Este movimen-to acabou por gerar grande incerteza no mercado de crédito, contaminando rapidamente as maiores praças do sistema financeiro global, resultando, em poucos dias, no naufrágio de cinco grandes bancos europeus3. Ademais, com a retração brusca do crédito, o rebatimento na orbita da economia real não demorou a acontecer atingindo, sobretudo, o consumo dos bens duráveis4 –de maior valor unitário e grande necessidade de financiamento–, especialmente o setor automobilístico. Esse movimento de contração nos setores produtivos mais dinâmicos das principais economias se alastrou rapidamente, com re-tração forte nas exportações e, conseqüentemente, queda no preço de várias commodities como o petróleo.

Explicando melhor o funcionamento do mercado de hipotecas dos EUA, temos que, com crédito abundante e barato a aquisição de imóveis foi enor-memente facilitada e, de posse de um imóvel o proprietário poderia levantar novos empréstimos, com base no mercado hipotecário, prática que acabou por generalizar a expansão do crédito imobiliário e o preço dos ativos, o que

3 Um aporte de 6,4 bilhões de euros foi injetado no Dexia, pelos governos da França e Bélgica. O Bradford &Bingley foi nacionalizado pelo Reino Unido. Os governos da Holanda, Bélgica e Luxemburgo nacionalizaram parte do banco Fortis. O Hypo Real Estate (segundo maior banco hipotecário alemão) também entrou numa operação de resgate. E, o Glitnir, terceiro maior banco da Islândia, também foi nacionalizado (Martins, 2008). 4 As vendas de veículos no mercado americano em setembro de 2008 caíram 27%, em comparação a setembro de 2007(http://www.investopedia.com/university/releases/productioncapacity.asp)



realimentava o volume de recursos obtidos junto ao sistema financeiro num movimento espiral estimulador da bolha especulativa. Ou seja, o sistema esti-mulava a subida permanente e acentuada dos preços dos imóveis, o que viabi-lizava os proprietários a contrair novos empréstimos para quitar os anteriores e obter ganhos.

Esse mecanismo, por sua vez, sendo estímulo para o mercado imobiliário e financeiro, acabou por rebater fortemente no consumo da economia dos EUA nos últimos anos. Consumo, esse, que resultou num acentuado dinamismo da produção e consumo mundiais, sobretudo da China e dos países produtores de commodities. Portanto, tanto na esfera financeira como no lado real da economia, todo o mercado se atrelava a expansão do mercado imobiliário norte-americano.

As facilidades da desregulamentação financeira e a busca por lucros extra-ordinários levaram ainda a um crescimento descontrolado do chamado em-préstimo subprime, já que desses empréstimos, por serem de alto risco, os juros cobrados eram bem maiores. A partir das inovações financeiras5, num processo denominado de securitização, títulos baseados nas hipotecas do mer-cado subprime eram misturados a outros de menor risco e transacionados no mercado financeiro mundial com garantia das agências de risco. Assim, se socializaram os ganhos e os riscos.

No entanto, o mercado de empréstimos hipotecários de alto risco, do qual se irradiou a crise, foi somente uma fração do problema. Analisando a econo-mia americana da década de 90, percebemos inflação bastante baixa, levando a manutenção das taxas básicas de juros também em níveis baixos com redução da lucratividade de bancos e financeiras nos mercados tradicionais de crédi-to, cenário que propiciou a maior disposição ao risco. Com a liberalização e

5 Essas inovações, como os chamados derivativos, se tratam de operações financeiras que derivam de outros ativos de grande negociação no mercado – commodities em geral, moedas, ações, títulos ou taxas de juros - e que permitem a multiplicação da riqueza fictícia.


202

desregulamentação das finanças, desde os anos 80, se estimulou fortemente a competição entre as instituições financeiras em geral e os bancos comerciais, para além das fronteiras nacionais, implicando numa maior concorrência den-tro do maior mercado financeiro mundial, o americano.

Nesse contexto, os capitais financeiros passaram a buscar novas formas de valorização, como empréstimos a países emergentes, porém, com as cri-ses do México a partir de 1994, passando por Ásia, Rússia e Brasil já em 98/99, o risco da deterioração desses mercados implicou na procura de no-vas alternativas de ganho. O mercado de crédito imobiliário dos Estados Unidos foi uma dessas alternativas, sem falar na ampliação de seus limites a partir dos empréstimos subprime de maior risco, porém, rentabilidade bastante elevada.

A questão fundamental que deve ser destacada nesse jogo dos capitais fi-nanceiros mundiais, ávidos por valorização, é a relação da economia ameri-cana com as economias asiáticas. Na metade da década de 90, as economias emergentes da Ásia eram tomadoras de capital externo a fim de financiar seu desenvolvimento, com a crise financeira nessas economias, entre 1997 e 1998, a posição tomadora se inverte, e esses mercados passam a acumular um vo-lume considerável de reservas de ativos estrangeiros, exportando excedente para o resto do mundo e passando a financiar os antigos exportadores de capital, como a economia americana. Num artigo escrito para o jornal “New York Times” em março de 2008 e publicado pelo jornal Folha de São Paulo, Paul Krugman explica que o resultado desse excedente de capital nas reservas asiáticas terminou alimentando a dinâmica do mercado de hipotecas e, mais do que isso,o brutal déficit da maior economia do planeta, os Estados Unidos, garantindo o enorme dinamismo interno, o qual, conseqüentemente, reali-mentou a produção manufatureira asiática e irradiou estímulo para tantas ou-tras economias do planeta, dentro de um contexto de liberalização financeira e comercial global. A crise se deu com a reversão do ciclo em conseqüência do estouro da bolha especulativa habitacional do marcado americano, inevitavel-mente afetando o lado real da economia.



Enfim, a atual crise internacional iniciada em 2007 no setor imobiliário dos Estados Unidos, como parte de um processo muito mais amplo do ciclo eco-nômico num estágio mais avançado do sistema capitalista mundial –altamente desregulamentado e financeirizado–, irrompe com a fragilização da capaci-dade de pagamento dos tomadores do mercado subprime, diante da relativa perda de vigor da economia americana, já no ano de 2006, juntamente com a elevação dos juros das hipotecas. A percepção desse movimento por parte dos credores levou a uma retração da oferta de crédito nesse mercado, e os inves-tidores que possuíam títulos lastreados nessas hipotecas foram subitamente tomados por expectativas pessimistas, que se propagaram para o mercado financeiro como um todo, na medida da contaminação desses títulos a partir das inovações financeiras. Por sua vez, a percepção do risco de liquidez levou os agentes a um forte e repentino movimento de venda desses papéis, gerando uma queda generalizada dos preços dos títulos em geral.

A estratégia defensiva, então, passou para um estágio mais avançado da crise com a fragilização patrimonial das empresas, bancos, financeiras, bem como das famílias, no momento em que o valor dos ativos (direitos a receber) caiu abaixo do valor do passivo (obrigações a pagar), resultando na insolvên-cia de diversos segmentos, rebatendo no lado real da economia, produção e emprego

Os desdobramentos da crise para as economias em geral

A crise financeira iniciada na economia americana, afetando o sistema finan-ceiro mundial com retração generalizada da liquidez e forte desalavancagem dos agentes econômicos e das famílias, a partir de outubro de 2008, resultou numa profunda deterioração da atividade econômica global, com perda de confiança de consumidores e produtores.

O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), revisado em no-vembro de 2008, sobre a perspectiva de crescimento da economia mundial em 2009 (World Economic Outlook – Update, November 2008), descreveu


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previsões de queda de 0,3% no crescimento dos países avançados, puxada pela retração brutal da economia americana. Para os emergentes, o relatório projetou, para o mesmo período, crescimento de 5,1%, abaixo dos 6,6% de 2008 (IMF, 2008).

O Banco Mundial, no seu relatório sobre as “perspectivas econômicas glo-bais para 2009”, divulgou projeção de aumento do PIB mundial da ordem de 0,9%, e para os países em desenvolvimento o crescimento ficaria em 4,5%, abaixo do previsto pelo FMI. O mesmo relatório divulgou ainda retração dos investimentos mundiais e de forma mais acentuada nos países avançados, bem como encolhimento do comércio mundial de 2,1%, e forte queda de exporta-ções dos insumos básicos, afetando, sobretudo, os emergentes (World Bank, 2008).

De forma semelhante, a Organização para Cooperação e Desenvolvimen-to Econômico (OCDE), com base na constatação da contração da produção industrial dos seus países membros, também assinalou projeções pessimistas no seu último relatório para 2009, prevendo queda da média do conjunto dos PIBs da ordem de 0,3%. Dentro dessa análise, estimou forte elevação do de-semprego que poderá atingir 8 milhões de trabalhadores nos próximos dois anos, e passar dos atuais 34 milhões para 42 milhões até o ano de 2010 (Oecd, 2008).

Conforme se vem constatando, desde o auge da crise –outubro de 2008–, a desaceleração da demanda, sobretudo nas economias capitalistas avançadas está promovendo uma reestruturação organizacional das estruturas produti-vas, acentuada com as expectativas incertas do cenário internacional, a despei-to da forte atuação dos Bancos Centrais desses países no sentido de socorrer o sistema financeiro. O colapso do crédito com seu conseqüente encarecimento, juntamente com a retração brusca da demanda interna e externa, impacta-ram negativamente as empresas, as quais reduziram seus estoques. Os pedidos despencaram –para além da queda do PIB– atingindo fortemente os setores de bens de investimento e bens de consumo duráveis. Tal encolhimento da



produção no núcleo dinâmico do sistema produtivo das principais economias resultou num cenário sombrio para o mercado de trabalho, com ampliação generalizada do desemprego.

Indústrias anunciaram um volume considerável de dispensas de mão-de-obra, bem como redução de jornada de trabalho e salários, seguindo uma tra-jetória de flexibilização dos contratos de trabalho. Este cenário, todavia, não poderia ter conseqüências outras que não a queda da massa salarial e queda do poder de compra dos trabalhadores, realimentando a retração da atividade econômica pelo lado do consumo de bens e serviço, bem como a deterioração das condições de trabalho.

Considerando os países da América Latina em geral e o Brasil, depois de instalada a crise nos EUA, em 2007, ainda permanecemos num movimento de intensa atividade econômica, pelo menos nos três primeiros trimestres de 2008, quando se registrava um crescimento médio de 4% e 5,8% respectiva-mente, no período. De forma geral, os países emergentes pareciam, de fato, comprovarem a tese do descolamento da crise, num movimento de forte valo-rização cambial e aumento do preço dos ativos em bolsa de valores, com forte valorização patrimonial6.

A idéia do descolamento, contudo, não resistiu após a quebra do Lehman Brothers em setembro de 2008, momento em que se generalizaram expectati-vas pessimistas dos agentes econômicos, desencadeando uma brusca retração da liquidez no mercado financeiro mundial, atingindo, sobretudo, os países emergentes mais endividados. A conseqüência, portanto, foi inevitável e, a maioria dos países emergentes, inclusive o Brasil, sofreu redução significativa do financiamento externo das exportações e restrição da liquidez para as em-presas, com encarecimento do crédito doméstico, perdas patrimoniais em vir-

6 De fim de 2007 a junho de 2008, os mercados de valores estavam bastante aquecidos e o valor das empresas cotizadas em bolsa aumentou o equivalente a U$ 247 bilhões, alcançando U$ 2,4 bi, cerca de 85% do PIB re-gional (Ver Tavares, 2009).


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tude da repentina desvalorização dos ativos no mercado acionário, e redução das previsões sobre o crescimento do PIB para o ano de 2009.

Dado o nível de desaceleração das economias mundiais, os efeitos negati-vos sobre o comércio externo de matérias-primas, assim como da maioria dos setores produtivos mais dependentes das exportações foram consideráveis, implicando numa brutal queda do emprego mundial, e que nos atingiu no último trimestre de 2008 e início de 2009.

Vários estudos divulgados sobre o desempenho da economia brasileira em dezembro de 2008 evidenciaram o forte impacto da crise financeira no mercado doméstico e suas conseqüências para o mercado de trabalho. Entre tais estudos,

Gráfico 1Produto Interno Bruto (PIB) em %

Estados Unidos e União Européia, 2004 a 2009

Fonte: Index Mundi. Elaboração própria.



o IBGE (2009), analisando a série da produção industrial de São Paulo, cons-tatou queda de 12,6% em dezembro de 2008 na comparação com dezembro de 2007. Tais dados indicaram uma queda acumulada de mais de 16% entre novembro e dezembro de 2008, considerando o recuo de 3,2% da produção industrial de São Paulo em novembro de 2008 (Matias-Pereira, 2009).

Ainda, conforme o IBGE (2009), a retração na produção industrial brasi-leira entre outubro e novembro de 2008 foi de 8,0%, provocando uma queda de 0,7% no nível de ocupação na indústria, no mesmo período. É importante destacar que a queda na produção industrial do período está fortemente atre-lada à contração da produção do setor automobilístico. Conforme o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), a partir de informações da Associação Nacional dos fabricantes de veículos Automotores (Anfavea), a produção de 102 mil unidades de dezembro de 2008 foi a menor desde janeiro de 2000. Essa produção significou redução de 38% em relação a novembro, mês que também computou queda em relação a outubro, da ordem de 29,2%. Numa comparação com dezembro de 2007, a produção de dezembro de 2008 mostrou recuo de 53,8%, elevando o desemprego no setor, com resultados preocupantes para o nível ocupacional do mercado de trabalho brasileiro (Ma-tias-Pereira, 2009).

Outro setor fortemente impactado pela crise, a partir de setembro de 2008, tanto pela súbita contração do crédito como da demanda, foi o de máquinas e equipamentos, que vinha liderando a contratação na indústria. De acordo com pesquisa do IEDI (2009), o emprego continuou crescendo no quarto trimestre de 2008, porém num ritmo menor, sendo que, em outubro de 2008 houve aumento na contratação da ordem de 11,5% em relação à outubro de 2007, e em novembro o emprego no setor cresceu 6,3% na comparação com o mesmo mês de 2007.

Fazendo uma análise do acumulado de seis meses, entre outubro de 2008 a março de 2009, conforme pesquisa do IEDI (2009), o ano de 2008 fechou com crescimento de 3,1% da produção industrial e o primeiro trimestre de


208

2009 apresentou retração de 14,6% na comparação com mesmo período de 2008. Comparando o acumulado do último trimestre de 2008 e do primeiro de 2009 com o equivalente de um ano antes, a produção industrial registrou re-cuo de 10,3%. Ainda, segundo o mesmo estudo, os maiores declínios ficaram por conta dos setores de média-alta (-19,1%) e média-baixa (-11,2%) intensi-dade tecnológica –tipologia de intensidade tecnológica da Ocde–, sendo que o setor de alta intensidade se manteve estável em 0,2%.

Sendo o setor industrial responsável por 22% da ocupação, um forte im-pacto da crise na produção industrial brasileira, sem lugar a dúvida, refletiu

Gráfico 2Variação mensal da produção de automóveis1 (%)

Brasil, jun/08 a mai/09

Fonte: Ipeatada. Elaboração própria.Nota (1): Refere-se apenas a carros de passeio / passageiros e de uso misto, não englobando veículos comerciais leves nem veículos comerciais pesados.



negativamente sobre a geração de empregos no país. Além disso, sinais de deterioração do mercado de trabalho foram percebidos com o aumento da rotatividade e do número de ocupações precárias, significando uma trajetória de inflexão da expansão socioeconômica nacional que vinha se dando desde 2005, a partir do crescimento continuado do PIB (Pochmann, 2009). Tais in-formações serão mais bem detalhadas nos itens a seguir.

Gráfico 3Índice1 da produção de máquinas e equipamentos.

Brasil, jun/08 a mai/09

Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial mensal. Elaboração própria.Nota (1): Índice com base 100 = ago/08.


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Trajetória do mercado de trabalho brasileiro nos últimos trinta anos

Os anos 80

Ao final dos anos 70 e início dos 80, apesar do contexto de redemocratização, e da aprovação, em 1988, de uma Constituição que fazia avançar o sistema de proteção social, mais favorável ao mundo do trabalho (Boito, 1991 e Almeida, 1992), a crise econômica, que atravessou os anos 80, inviabilizou grande parte dos objetivos dos trabalhadores, tanto no que se referiam as condições de trabalho, como no tocante à política salarial, em particular à política do salário mínimo, já que essa permaneceu como um importante instrumento dos pro-gramas antiinflacionários (Pochmann, 1995).

Cumpre destacar que, o cenário econômico brasileiro bastante desfavorá-vel da década de 80 foi resultado, em simultâneo, das estratégias de encami-nhamento da consolidação do nosso desenvolvimento industrial no final dos anos 70, baseado no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), e a reviravolta no capitalismo mundial marcado pelo estagflação nas economias centrais e uma profunda alteração dos processos produtivos a partir de novas tecnologias7.

As modificações na economia mundial, contudo, se confirmaram muito mais como um rearranjo do capitalismo global do que um simples problema conjuntural e alteraram as tendências do comércio entre países, interferindo no aparelho produtivo, que acabava de ser montado na economia brasileira para elevar as exportações a fim de gerar superávit e saldar a dívida externa. Além disso, essas mudanças alteraram as condições de liquidez do mercado

7 O governo brasileiro, no intuito de manter forte o crescimento do PIB e fazer avançar o aparelho industrial no sentido de completar a instalação da indústria de base no país, elevou a demanda por empréstimos externos – de longo prazo e juros variáveis - principalmente através das empresas estatais que financiaram os investimentos, sobretudo de insumos básicos, de longa maturação e lento retorno. Não houve, naquele momento, nenhuma preocupação das autoridades nacionais com a possibilidade de uma retração mais prolongada da liquidez mun-dial e provável elevação de taxas de juros diante da transformação do quadro internacional.



financeiro internacional, provocando o colapso da dívida externa dos países do Terceiro Mundo. As medidas internas para enfrentar a questão agravaram a deterioração das finanças do Estado e seu poder de intervenção, bem como a estagnação com alta inflação8, que caracterizou a economia nacional durante a década de 1980, afetando a geração de emprego e rendas do trabalho (Baltar, 2006, 20).

Contudo, como aponta Mattoso (1999), nesse período se mantiveram pre-servadas as estruturas industrial e produtiva, fazendo com que a taxa de de-semprego do fim da década de 1980 fosse semelhante à do final da década de 1970, apesar do crescimento da PEA com a incorporação intensa da mulher ao mercado de trabalho.

Baltar (2006, 21-22) chama a atenção para o fato de que o aumento da PEA foi basicamente absorvido pelo crescimento mais intenso da ocupação, sobretudo no setor de comércio e prestação de serviços, que compensou a fraca absorção no setor de produção de bens devido ao baixo desempenho do PIB. Ou ainda, houve uma alteração da composição setorial das ocupações, diminuindo o peso do setor da produção de bens (agricultura, pesca, indústria, extração mineral e vegetal, construção civil e serviços de utilidade pública) e aumentando o do comércio e da prestação de serviços9 (pessoais, domésticos, sociais, distributivos e de apoio às empresas).

Essas transformações, afetando o comportamento da estrutura ocupacio-nal na atividade não-agrícola, agravaram a precarização do mercado de traba-lho urbano no Brasil, na medida em que o aumento do trabalho formal não foi suficiente para absorver o crescimento da PEA, levando a um aumento da

8 Com o objetivo de enfrentar o serviço da dívida externa todos os esforços foram no sentido de elevar ao máximo o superávit comercial com a contenção da demanda interna e elevação das exportações. Essa política, por fim, além de não promover o pretendido – tirar o país de uma profunda crise cambial -, travou o avanço do PIB o que agravou enormemente as contas públicas pela retração da arrecadação, e permanente alta do custo da dívida, por conta da desvalorização cambial (Belluzzo; Almeida, 2002).9 Ver Baltar (2006: 22).


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participação dos trabalhadores por conta própria, empregadores e emprega-dos sem carteira de trabalho (Baltar& Henrique, 1994, 613-614).

Essa deterioração, por sua vez, atingiu negativamente a estruturação sin-dical, dado que, conta própria e assalariados sem carteira, empregados nos pequenos negócios, de intenso crescimento no período, são ocupações mais difíceis de sindicalizarem. Conclui-se, portanto, que a década de 80 promo-veu uma desvalorização do trabalho assalariado, afetando parte importante do segmento relativamente melhor estruturado e sua capacidade de organização. Desta forma, apesar do momento de redemocratização do país, a deterioração dos instrumentos de intervenção estatal, dificultando a recuperação consis-tente da atividade produtiva, colocaram por terra as iniciativas para a elevação do padrão de vida dos trabalhadores e das condições socioeconômicas de maneira geral.

Dos anos 90 aos dias de hoje

Em 1989, venceu as eleições presidenciais a corrente política contrária aos propósitos firmados na Constituição Nacional de 1988, com isso, a partir de 1990, iniciou-se uma trajetória totalmente oposta àquela idealizada durante a década de 80 com a redemocratização, a qual previa a recuperação da atividade econômica simultaneamente ao encaminhamento de políticas direcionadas ao maior desenvolvimento social e avanço das conquistas da classe trabalhadora.

Conforme Dedecca (2005, 11), a vitória da corrente liberal conservadora nas eleições de 1989, deu legitimidade a uma mudança radical nos rumos eco-nômico e social do país para a década de 1990. O argumento era de que o perí-odo da industrialização protegida –1930-80– havia produzido uma sociedade distorcida, marcada por grandes privilégios para uma minoria. Os maiores privilegiados eram os trabalhadores das grandes empresas públicas e privadas e do Estado, situação garantida pela regulação social vigente no país desde 1940. A posição de privilégio decorria da total falta de proteção social em que se encontrava a maioria da população.



Esse discurso já vinha sendo reproduzido nos países avançados desde o final da década de 70 e associava a crise de desemprego à rigidez do sistema de proteção econômica e social existente. Por isso se enfatizava a necessidade da desregulamentação e flexibilização.

Porém, ao analisarmos a evolução e características do nosso mercado e sistema de relações de trabalho, é fácil desqualificar essa argumentação que transfere o problema do elevado nível de desemprego no Brasil, durante os anos 90, para o próprio mercado de trabalho e seu excesso de regulação, am-pliada, por sua vez, pela Constituição de 88. Para a corrente dominante, a Carta de 88 era uma forma de chancelar o atraso do país frente à nova era da globalização, na medida em que ampliava os instrumentos de proteção social.

A partir das estratégias políticas e econômicas dos anos 90 resultando num baixo crescimento econômico, observou-se um péssimo desempenho do nos-so mercado de trabalho agravando a concentração de renda e a pobreza do país. Conseqüência, sem dúvida, do encaminhamento macroeconômico su-bordinado aos humores do mercado e a todo um processo de reorganização produtiva, em nome da maior eficiência e competitividade, que culminou em surtos intensos de demissões de trabalhadores.

Foi inaugurada, então, uma fase de modernização de caráter conservador. Entramos em um processo de forte abertura comercial e financeira, o qual expôs nossa estrutura produtiva à brutal concorrência internacional, forçando uma rápida reorganização da gestão e da produção, levando à trajetória de ampliação das terceirizações e subcontratações. Pôde-se observar uma con-siderável alteração da estrutura produtiva vigente, a partir da de relativa de-


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sintegração das cadeias de produção10, caracterizadas, até então, pela elevada verticalização e integração inter e intra-setoriais (Baltar, 2003).

Essa transformação em nossa base produtiva, em um curto espaço de tem-po, gerou conseqüências nefastas para um mercado de trabalho heterogêneo e bastante precarizado, caracterizado por um elevado grau de informalidade e baixa eficácia da regulação social11. Foi inevitável uma mudança na composi-ção dos ocupados, com retração na indústria de transformação e aumento no setor de serviços. Além do que, juntamente com a diminuição do emprego em estabelecimentos relativos à grande empresa e setor público, constatou-se, por um lado, um aumento das ocupações por conta própria e, por outro, que gran-de parte dos empregos criados em estabelecimentos eram em pequenas em-presas, significando redução do peso dos contratados sob a proteção da CLT e Estatuto dos Servidores Públicos, bem como, ampliação dos assalariados sem carteira e qualquer proteção legal (Baltar, 2006). Em tais circunstâncias, no decorrer da década foi intenso o ritmo decrescente do número de pessoas ocupadas, fazendo com que uma parte expressiva do aumento da PEA não fosse absorvida, elevando o chamado desemprego aberto12 (Baltar; Dedecca; Henrique, 1996e Baltar, 2003).

10 Deve ser destacado que a forma da nossa reestruturação econômica, embora tenha significado modernização e avanço tecnológico, acarretou um forte aumento da importação dos bens de capital, materiais e componentes de elevado conteúdo tecnológico e valor agregado, eliminando grande parte dos processos produtivos antes realizados internamente às grandes empresas e elevando a terceirização das atividades em empresas pequenas e médias. Verificou-se então um forte enxugamento dos postos de trabalho nas grandes empresas privadas, mas também nas estatais recém privatizadas, visando reduzir o custo de produção (Baltar, 2003).11 “O elevado número de contratações ilegais no país na década de 90 e a expansão de formas de contratação que implícita ou explicitamente burlam a legislação laboral têm efeitos, não apenas sobre o uso indiscriminado do trabalho, mas sobre a cidadania, pois os assalariados sem registro, por um lado não tem acesso a um conjunto de garantias sociais e por outro não compõem um corpo coletivo. Não têm direitos, nem obrigações. Soma-se a isso o fato de que essas contratações sonegam receitas ao Estado, restringindo o fundo público da seguridade social, além de limitar a implementação de outras políticas sociais” (Cacciamali, 2000, 171). Ver também Freitas (1998) e Krein e Oliveira (2001).12 O aumento total das pessoas ocupadas no período dos anos 90 aumentou apenas 11,5%, passando de 60,6 milhões para 67,6 milhões, significando uma média anual de 1,1% ou setecentos mil novos trabalhadores ab-sorvidos ao ano, se tratando de metade do aumento anual da PEA, fazendo com que o desemprego aberto se elevasse de menos de 5% da PEA, em 1989, para 10,4%, em 1999 (Baltar, 2006).



As modificações observadas no tipo das ocupações foram acompanhadas de mudanças na sua distribuição por faixa de rendimento. Diminuiu a propor-ção de ocupados com rendimento próximo da média e aumentou a fração dos que têm rendimento mais baixo, fazendo a média diminuir mais do que a me-diana, enquanto as diferenças entre todos os rendimentos entre si também di-minuíram mais do que o rendimento médio, tornando menos desigual a renda dos trabalhadores, tal como apontado pelo índice de Gini13 (Baltar, 2006, 26).

Ainda segundo Baltar& Leone (2007, 11), comparando a distribuição dos rendimentos do trabalho em atividades não-agrícolas entre os anos de 1981 e 2001, verificou-se a manutenção do grau de desigualdade vigente. Verificou-se um aumento das pessoas ocupadas com rendimento de 150 a 300 Reais, com poder de compra relativo ao final de 2001, equivalendo a aproximadamente ¾ a 1,5 salário mínimo da época, tendo reduzido a fração de pessoas com rendimento de 600 Reais ou três salários mínimos.

Pede-se concluir de tais constatações que tivemos uma situação de deses-truturação e deterioração do mercado de trabalho no Brasil como marca dos anos 90, agravada pela linha ortodoxa de política econômica, altamente restri-tiva, com elevadas taxas de juros, corte do gasto público e um brutal desmonte do aparelho de Estado através das inúmeras privatizações. As metas de esta-bilização e o ajuste fiscal, com o objetivo primeiro de saldar os compromissos com o serviço da dívida externa, eram as prioridades do governo.

A partir de 1999, entretanto, tivemos uma alteração nas tendências de re-tração do mercado de trabalho brasileiro. Verificou-se no período uma forte desvalorização cambial provocada pela interrupção do afluxo de recursos ao Brasil, mediante as crises financeiras da Ásia (1997) e Rússia (1998). Na se-qüência, um movimento mais favorável do comércio internacional se traduziu

13 Entre os anos de 1981 e 2001, as diferenças de rendimento do trabalho diminuíram em proporção semel-hante ao rendimento médio, fazendo com que o coeficiente de Gini tenha praticamente o mesmo valor nos dois anos em questão (0,546) (Baltar& Leone, 2007).


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em melhoras crescentes do resultado da nossa balança comercial. O aumento das exportações rebateu positivamente na atividade econômica e, conseqüen-temente, na demanda doméstica, ainda privilegiada, nos últimos anos, pelo aumento do crédito ao consumidor e pela recuperação do salário mínimo aci-ma da inflação. Tal situação significou um estímulo ao aumento de capacidade produtiva nas grandes empresas - dominantes no setor exportador -, portanto uma elevação das contratações formais14 (Baltar, 2007; Cardoso, 200

Nesse contexto, embora com um arranjo restritivo de política econômica voltada ao controle inflacionário e a busca prioritária dos recorrentes superá-vits primários para pagar os juros da dívida pública –fortemente elevada no pós 99 com a subida da taxa de juros e a desvalorização cambial–, os níveis absolutos e relativos de desemprego pararam de subir no mesmo ritmo ante-rior. A informalidade e o grau de desproteção previdenciária arrefeceram, e, enquanto os níveis médios de renda real do trabalho continuaram a cair para a maior parte das categorias de trabalhadores, a distribuição dos rendimentos começou a esboçar uma pequena melhora, sobretudo após 2001 (Cardoso, 2007, 3).

Apesar da retomada da valorização do real após 2003, não só por conta do elevado saldo comercial de bens, mas também devido à política de juros altos –antiinflacionária– atraindo os capitais especulativos, e da permanência da ortodoxia macroeconômica, presenciamos a recuperação do PIB, inicial-mente impulsionado pela melhora das exportações, com uma trajetória mais consistente de crescimento do emprego formal, num movimento ascendente até setembro de 2008 –quando passamos a sofrer os impactos da crise in-ternacional. Não obstante a política econômica desfavorável, nesse cenário

14 Segundo informações do DIEESE (2009, 3), entre 1998 e 2007, conforme dados da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), o mercado de trabalho formal no Brasil mostrou comportamento positivo na criação de vagas, com crescimento do emprego no decênio da ordem de 56%. Contudo, os melhores resultados são registrados após 2003, quando se constatou a criação de cerca de 2/3 dos empregos, considerando o período de dez anos. Dos 24,5 milhões de emprego formal registrados em 1998, passamos para 28,7 milhões em 2002 e chegamos a 37,6 milhões em 2007.



constatou-se melhora evidente nos indicadores socioeconômicos e das variá-veis do mercado de trabalho brasileiro.

Dessa forma, puxado pela forte demanda internacional e em seguida pela ampliação do consumo e dos investimentos, o crescimento do PIB de 5,7% em 2004, 3,2% em 2005, 4% em 2006, 5,7% em 2007 e 5,1% em 2008 per-mitiu uma considerável elevação das ocupações com rendimento, relação que significou a seguinte elasticidade renda da geração de oportunidades de em-prego: com o PIB crescendo em média 5% ao ano, as ocupações aumentaram cerca de 2% ao ano (Baltar, 2009).

Com o crescimento do emprego, também acompanhado pela elevação da renda média do trabalho, registrou-se uma ampliação da massa total de rendas do trabalho, sobretudo em 2005 e 2006. Baltar (2009) explica que até 2004

Gráfico 4Taxa de crescimento anual do trabalho formal (%)

Brasil – 1997 a 2008

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração própria.


218

Tabela 1Situação Ocupação, Renda do Trabalho e Elasticidade Ocupação/PIB.

Brasil – 2004 a 2007

PeriodoOcupação(variação

anual)

Renta médica (variação

anual)

Massa de rendimien-

tosPIB Elasticidade

Ocupação/PIB

2004-2005 3,06 4,41 7,61 3,16 0,968

2005-2006 2,86 7,15 10,32 3,97 0,720

2006-2007 1,92 3,24 5,22 5,67 0,339

2004-2007 2,64 4,92 7,70 4,26 0,620

Fonte: IBGD; PNAD e Contas Nacionais. Retirado de Baltar, 2009.

a renda média do trabalho estava muito baixa devido ao contexto de fraco desempenho da economia associado às sucessivas desvalorizações do real, a partir de 1999, e ao aumento dos preços. Contudo, esse cenário se reverteu após 2004 devido ao reaquecimento da economia - que tornou cada vez mais freqüente os ganhos reais de salários -, à queda da inflação e a uma política efetiva de valorização do salário mínimo. Sendo assim, inaugurou-se um perí-odo de recuperação do número de ocupados – ver na comparação da estrutu-ra ocupacional entre 2004 e 2006 (Tabela 2) -, com uma trajetória de elevação do poder de compra da renda média do trabalho, principalmente no biênio 2005-2006, promovendo o aumento da parcela da renda nacional apropriada pelo trabalho.

Outra fonte de ampliação dos empregos formais se deu a partir do setor público, devido aos avanços das políticas sociais, sobretudo em saúde, educa-ção, previdência e assistência social, sendo que esses dois últimos setores pas-saram a contratar mais a partir do maior dinamismo da atividade econômica após 2004/2005. (Baltar, 2007 e Cardoso, 2007).



Cardoso (2007) ainda aponta como fator importante para a melhora do ní-vel de formalização do emprego no período o maior empenho do governo no sentido de aumentar a arrecadação de impostos e contribuições sociais – para contrabalançar os crescentes gastos sociais e as necessidades de ajuste fiscal -, elevando a fiscalização nos estabelecimentos.

Isto posto, fica evidente a trajetória de recuperação do mercado de traba-lho brasileiro, após 2004, até o impacto da crise internacional, em setembro de 2008. Tal desempenho significou o aumento do número de ocupados –para além da absorção do aumento da PEA–, acompanhado de um contexto de alteração na qualidade da estrutura ocupacional, devido ao crescimento da formalização dos empregos de maior rendimento –comparativamente aos de menor remuneração–, com elevação do rendimento médio e redução das de-sigualdades de rendimento do trabalho, muito influenciadas pela política de valorização do salário mínimo (Baltar, 2009).

Entretanto, esse contexto de sensível melhora do mercado de trabalho bra-sileiro, rebatendo positivamente nas estatísticas socioeconômicas, foi impac-tado por uma forte contração da demanda externa, em virtude da crise inter-nacional, a partir de setembro de 2008. Afetados negativamente os principais setores da indústria, observou-se a reversão abrupta da trajetória ascendente dos indicadores dos níveis ocupacionais.

Impactos da Crise no Mercado de Trabalho Brasileiro

O mercado de trabalho brasileiro começou a sentir os primeiros impactos da crise financeira internacional nos meses logo após o auge da crise em se-tembro de 2008. O impacto foi sentido principalmente na queda do saldo de postos de trabalho com carteira assinada, resultado das admissões e desliga-mentos mensais que constam do Caged/MTE. O saldo mensal de vagas em 2008 havia sido maior que o saldo de 2007 até o mês de setembro (exceto meses de abril e maio) indicando que 2008 seria um ano ainda melhor do que


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o anterior no que se refere a geração de emprego formal. Entretanto, já no mês de outubro os sinais da crise começaram a se refletir no saldo de vagas formais e o resultado de 2008 ficou aquém do ano anterior.

A incerteza em relação ao futuro fez com que os empresários postergas-sem os investimentos programados, reduzissem a produção e os custos.Como parte da estratégia de redução de custos, ocorreu enorme contingente de des-ligamentos de funcionários por parte das empresas.

Tabela 2Situação da ocupação das pessoas acima de 10 anos de idade.

Brasil, 2004 e 2006

Situação de Ocupação 2004 2006 Taxa de Crescimento

População con 10 anos ou mais 149.760 156.284 2,1

População Ativa 92.860 97.528 2,5

Pessoas Deesmpregadas 8.264 8.211 -0,6

Pessoas Autoconsumo e Autoconstrução 3.487 4.177 9,4

Pessoas Não Remuneradas 5.883 5.402 -8,2

Pessoas no Trabalho por Conta Própria 18.575 18.924 0,9

Empregadores 3.479 3.977 6,9

Pessoas Trabalho Doméstico sem Carteira 4.800 4.939 1,4

Pessoas Emprego sem Carteira 15.436 15.811 1,2

Pessoas Trabalho Doméstico com Carteira 1.672 1.841 4,9

Militares e Estatutários 5.571 5.901 2,9

Pessoas Emprego sem Carteira 25.693 28.345 5,0

Fonte: PNAD. Retirado de Baltar (2007)



O gráfico 5 ilustra o saldo mensal de vagas de 2007 a 2009. Nota-se que, em outubro, apesar do saldo15 de vagas com carteira assinada ainda ter sido positivo em 61,4 mil vagas, ele ficou 78,3% inferior ao resultado do mês an-terior (282.841 vagas) e 70,1% inferior ao do mesmo período do ano anterior (205.260 vagas). O mês de novembro, entretanto, apresentou saldo negativo de 40,8 mil vagas, indicando que os reflexos mais perversos da crise ainda estariam por vir. Dezembro, por sua vez,ficou bem abaixo das expectativas, perfazendo um saldo negativo superior a 654 mil vagas16.

Apesar do saldo negativo do último trimestre do ano, verificou-se um saldo anual razoável, com crescimento de 5,1% sobre o saldo de 2007, perfazendo um total de quase um milhão e meio de ocupações formais. Se não tivesse ocorrido o impacto da crise nos últimos meses do ano, certamente o saldo de 2008 teria sido superior ao verificado no ano anterior.

O ano de 2009 começou com saldo negativo em 101,7 mil vagas. A expecta-tiva era de que a economia demoraria a se recuperar e os investimentos progra-mados permaneceriam sem ser efetivados. Entretanto, já em fevereiro o saldo voltou a ser positivo, apesar de pouco expressivo. Em março o saldo já se situava acima das cem mil vagas. Em agosto já estava acima das duzentas mil vagas.

A composição do saldo de vagas por setor de atividade do último trimestre de 2008 foi bastante heterogênea. Alguns setores foram visivelmente afetados, enquanto outros tiveram impactos mais brandos (Gráfico 6).

A indústria da transformação passou por uma intensa queda de produção que foi fortemente influenciada tanto pela queda das exportações quanto pela

15 O saldo corresponde ao admitidos com carteira assinada no mês de referência menos os desligados no mes-mo mês. 16 Conforme estudo do Dieese (2009:9), o fechamento de vagas em dezembro faz parte de um movimento de ajuste recorrente do estoque de emprego, comum para o último mês do ano. O esperado, no entanto, era que cerca de 350 mil trabalhadores formais fossem desligados. Os dados do Cagedmostraram um resultado bem pior –reflexo da crise além do ajuste– ficando negativo em 655 mil vagas de trabalho com carteira assinada.


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contração da demanda interna (Cano, 2009), o que resultou em um impacto expressivo no saldo de vagas formais desse setor. No último trimestre de 2008 foram perdidas mais de 345 mil vagas apenas nesse setor, o que representou mais de 54% do total de vagas fechadas em todos os setores. No primeiro trimestre de 2009 foram perdidas mais 147 mil vagas, evidenciando a situação preocupante desse setor. Até dezembro de 2009, a totalidade das vagas per-didas com a crise desde outubro de 2008 ainda não haviam sido recuperadas perfazendo um saldo negativo no período superior a 334 mil vagas.

O setor industrial possui características distintas dos demais setores como, por exemplo, o fato da produção depender de decisões anteriores de investi-mento e de produção que são intensamente influenciadas pelas expectativas

Gráfico 5Saldo mensal do emprego (%)

Brasil – 2007 a 2009

Fonte: CAGED/MTE.Elaboração própria.



dos agentes econômicos. Dado que a situação era de expectativas negativas quanto ao futuro, os investimentos e produção foram reduzidos, quando não cortados inteiramente. A situação só não foi pior em decorrência das medi-das emergenciais tomadas pelo governo. Tais medidas serão analisadas mais adiante.

A Construção Civil e o setor de Serviços também apresentaram saldo ne-gativo no último trimestre do ano, foram 103 e 41 mil vagas, respectivamente. Entretanto, apesar do impacto inicial, esses dois setores apresentaram foram os que mais contribuíram para a manutenção do emprego ao longo de 2009, terminando este ano com 74,1 e 458,5 mil vagas, respectivamente.

O Comércio foi o único setor a apresentar saldo positivo no trimestre final de 2008 com 117 mil vagas, resultado das vendas de final de ano. Entretanto, no início de 2009, esse setor também sofreu impacto negativo acumulando saldo negativo no primeiro trimestre superior a 70 mil.

Os outros setores também tiveram desempenho pífio. Dentro dessa ca-tegoria foram considerados os seguintes setores: Extrativa Mineral, Serviços Industriais de Utilidade Pública, Administração Pública e Agricultura.

Analisando-se o saldo pós-crise por tamanho dos estabelecimentos con-tratantes, notam-se novas disparidades. A série histórica do Cagedmostra que o maior saldo de vagas tem ocorrido sempre17 nos estabelecimentos com até quatro funcionários, mas que os demais tamanhos de estabelecimentos tam-bém contribuem positivamente para o saldo. Após a crise, e mais visivelmente em 2009, o que se constatou foi que enquanto os estabelecimentos com até quatro funcionários contribuíram com mais de 1,2 milhões de vagas, os de-mais perderam juntos mais de 191 mil postos, ou seja, foram os pequenos es-tabelecimentos que mantiveram o saldo de vagas ao longo de 2009 (Tabela 3).

17 O comportamento do saldo por tamanho de estabelecimento começou a ser divulgado pelo Cageda partir do ano 2000.


224

Após os primeiros meses de saldos negativos elevados, começou-se a per-ceber um movimento de recuperação com a ocorrência de saldos positivos cada vez maiores, principalmente a partir do segundo semestre de 2009. O ano fechou com saldo superior a 995 mil postos de trabalho, valor 31,4% inferior ao resultado de 2008 (1,5 milhões de vagas), mas bastante significativo para um ano em que o país foi atingido pelas consequencias da crise internacional.

A recuperação da economia brasileira e do emprego acabou ocorrendo an-tes do esperado. A decisão das empresas em desligar mão-de-obra em massa e de postergar investimentos acabou mostrando-se antecipada. A recuperação

Gráfico 6Saldo mensal do emprego por setor de atividade

Brasil – 4º tri/08 e 1º tri/09

Fonte:CAGED/MTE.Elaboração própria.



só ocorreu antes, pois o governo federal adotou determinadas medidas que visaram estimular o mercado interno ou invés de aguardar que o mercado in-ternacional se recuperasse e que o comércio internacional voltasse a demandar produtos brasileiros.

Dentre as medidas adotadas, que se configuram claramente em políticas econômicas anticíclicas, pode-se destacar: desoneração seletiva dos tributos (redução do IPI da linha branca e de automóveis, por exemplo), aumento real do salário mínimo no início de 2009, manutenção das obras programadas do PAC (principalmente o Programa Minha Casa Minha Vida), manutenção dos juros. Todas essas medidas tiveram como principal função estimular o consu-mo e, conseqüentemente, a economia interna.

Tabela3Saldo anual do emprego por características selecionadas

Brasil – 2007, 2008 e 2009

Tamaño do Estabelecimento 2007 2008 2009

Até 4 empregados 1.051.624 1.170.200 1.186.284

De 5 a 9 empregados -22.931 -26.416 -52.692

De 10 a 19 empregados 12.150 -5.402 -51.144

De 20 a 49 empregados 70.965 30.018 -43.973

De 50 a 99 empregados 75.409 44.929 -15.086

De 100 a 249 empregados 105.841 59.493 10.032

De 250 a 499 empregados 80.643 43.371 14.921

De 500 a 999 empregados 75.497 69.217 -2.038

De 1000 ou mais empregados 168.194 67.157 -51.194

Total 1.617.392 1.452.204 995.110

Fonte: CAGED/MTE.Elaboração própria.


226

A desoneração seletiva de tributos, como a redução do IPI, tornou os pro-dutos selecionados mais baratos (carros e linha branca), fato que estimulou o consumo. O aumento do salário mínimo e a manutenção dos créditos possibi-litaram aos consumidores continuar comprando. A manutenção das obras do PAC estimulou o setor da Construção Civil que contratou grande contingente de mão-de-obra e demandou produtos do setor industrial. Ou seja, essas medi-das aqueceram o mercado interno e possibilitaram a retomada do crescimento sem que fosse necessário aguardar pela recuperação do mercado externo.

Em suma, o mercado de trabalho brasileiro foi, num primeiro momento, seriamente afetado pela crise financeira internacional gerando saldo negativo de vagas bastante elevado. Entretanto, ao longo de 2009, notou-se uma gra-dual recuperação do nível de emprego graças as medidas econômicas tomadas pelo governo que estimularam o mercado interno que, por sua vez, impacta-ram na readmissão de trabalhadores.

Considerações Finais

A crise financeira internacional de 2008, desencadeada a partir do mercado hipo-tecário norte-americano, teve seus fundamentos muito antes dos acontecimen-tos do mês de setembro. Se transformando numa crise de crédito generalizada, terminou por afetar o lado real da economia mundial, causando a desaceleração da atividade econômica, em princípio nos países centrais, seguido dos países em desenvolvimento. Foram inevitáveis os efeitos negativos sobre o comércio externo de matérias-primas, assim como da maioria dos setores produtivos mais dependentes das exportações, implicando numa brutal queda do emprego mun-dial, e que atingiu o Brasil no último trimestre de 2008 e início de 2009.

Os efeitos dessa crise tiveram reflexos perversos para o mercado de traba-lho brasileiro que vinha apresentando crescimento vigoroso desde 2004, com constante elevação do nível de emprego formal. A redução do comércio in-ternacional, a queda da liquidez, a incerteza, tiveram papel fundamental para a



queda da produção interna e a queda do consumo que, por sua vez, impactou diretamente no volume de empregados contratados.

A Indústria foi o setor mais atingido e que desligou maior contingente de população com carteira assinada. Serviços e Construção Civil também apre-sentaram saldo negativo de emprego logo nos primeiros meses da crise. O governo, entretanto, adotou uma estratégia ativa de intervenção na economia com a desoneração seletiva de tributos, aumento do salário mínimo, manu-tenção do crédito e das obras do PAC. Tais medidas estimularam o mercado interno e contribuíram para que, aos poucos, a atividade econômica fosse se recuperando e, também, o saldo de emprego voltasse a crescer.

O balanço de 2009 mostrou que, apesar do saldo acumulado de vagas no ano ter sido inferior ao verificado nos anos anteriores, o país conseguiu gerar em um ano de crise, quase um milhão de postos de trabalho com carteira assi-nada. O ano de 2010 começou bastante diferente do anterior, as expectativas são bastante positivas e o setor industrial, mais atingido pela crise, voltou à contratação e, mais que isso, passou a liderar o saldo de emprego nos primei-ros meses do ano, trazendo perspectivas ainda melhores.

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Rompiendo esquemas: discusiones, consignas y tropeles del estudiantado

universitario en Colombia en 1971*

Por Edwin Mauricio Villamil Garzón**

*Artículo recibido en abril de 2010. Artículo aprobado en junio de 2010.**Historiador de la Universidad de Antioquia. Investigador dela Escuela Nacional Sindical


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Introducción

El primer quinquenio de la década del setenta fue una época de agitación uni-versitaria que derivó en la lucha contra las recomendaciones presentadas por las misiones de expertos de la Universidad de California (1966) y la Unesco (1971), sumadas a la disputa contra el Plan Atcon. El Plan fue uno de los de-tonantes de la crisis de 1971, sumado a la represión antiestudiantil ejercida por el gobierno de Misael Pastrana Borrero (1970-1974)1.

Planteles como la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Co-lombia y la Universidad Industrial de Santander se encontraban inmersos en discusiones concernientes al modelo de universidad y en un rechazo abierto al prototipo educativo norteamericano2. Se discutía la aplicación de reformas

1 El plan Atcon fue financiado por organismos multilaterales como la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de sus fines centrales fue promover la despolitización de los estudiantes. Según Fabián Sanabria, hubo tres aspectos que soportaron tal propósito: “modernización, expansión del gasto público y aumento de matrículas (con lo cual se legitimó al Estado, se formaron cuadros prioritarios de desarrollo y se posibilitó el ascenso social a través de la educación superior instaurando una ideología de élite” (Fabián Sanabria. “Complejidad, universi-dad y libertad”, en Revista Universidad de Caldas, vol. 26, No. 1-2. Manizales, enero-diciembre 2006, p. 192).2 En 1971, estudiantes y profesores de la Universidad del Valle exigían la renuncia del rector Alfonso Ocampo Londoño, quien había llevado a cabo un proceso de modernización financiado por las fundaciones Rockefeller y Ford, que asignaron la orientación de la reforma académica a la Universidad de Cornell. La reivindicación estudiantil terminó en tragedia, por el asesinato de varios estudiantes ocurrido el 26 de febrero de 1971.


235Rompiendo esquemas: discusiones, consignas y tropeles del estudiantado

de tipo académico, el cogobierno, la relación universidad privada-universidad pública y el hecho de ser centros de oposición al régimen frentenacionalista.

En 1971 se llevaron a cabo seis encuentros estudiantiles nacionales. En el segundo se propuso el “Programa mínimo de los estudiantes colombianos”, quizá el documento unitario más relevante del estudiantado, donde se expu-sieron una serie de reivindicaciones coyunturales y de exigencias básicas3. Es de resaltar que se plantearon enunciados con relación al funcionamiento orgá-nico de las universidades. Se insistía en el respeto a la autonomía universitaria y el rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos académicos del país4.

Fue un momento de auge organizativo y de movilización, que sirvió para que paulatinamente los distintos estamentos influyeran en la orientación de las instituciones universitarias. Las discusiones se centraron en la toma de decisio-nes, la composición de los órganos de dirección de las universidades, el tipo de investigación que se debía realizar en ellas y al servicio de quién debían estar. Al mismo tiempo, el estudiantado, en asocio con el profesorado, planteó la ex-pulsión de la Iglesia de los órganos de dirección. A la par, persistía la presencia de un tema que había sido bandera del movimiento desde los años sesenta: la autonomía universitaria.5 Las huelgas, los cierres de las ciudades universitarias, los paros, la expulsión de profesores y estudiantes fueron la constante.

3 Para consultar el documento ver: Crisis universitaria colombiana 1971. Itinerario y documentos. Medellín, Ediciones el Tigre de Papel, 1971, p. 85-88.4 Desde finales de la década del sesenta se implantaron en Colombia una serie de misiones extranjeras de acom-pañamiento académico y control de los espacios cotidianos y las actividades curriculares. Luz Magnolia Uribe expone la situación que se presentó en la Universidad de Antioquia en 1969: “nos metieron lo que llamaban ‘Cuerpos de Paz’ a la universidad, eran unos muchachos y muchachas, todos gringos, todos monos, todos de tenis, todos tenían pecueca, todos olían maluco se sentaban junto a uno en las clases. Eso fue un descaro, que hayan hecho eso, que hayan metido los cuerpos de paz a Colombia y a las universidades porque eso lesionaba la independencia de nosotros. Nos sentíamos como si se nos hubiera metido el enemigo al rancho”. Entrevista de Diana Jiménez y Edwin Villamil con Luz Magnolia Uribe. Medellín, 16 octubre de 2008.5 El concepto de autonomía enarbolado en 1971por el estudiantado colombiano data del acuñado en 1918 por la Federación Universitaria de Córdoba (Argentina), que lo entendía como la capacidad de los estudiantes de darse su propio gobierno, sobre la base de que el demos universitario radica en la capacidad de hacer partícipes en la dirección de las universidades a los estamentos fundadores y que los contenidos académicos no debían ser impuestos por agentes externos a los claustros.


236

Masificación de la protesta

Entre 1970 y 19726 fueron más frecuentes las grandes concentraciones de es-tudiantes en las plazoletas centrales y teatros universitarios7, con celebración de mítines internos y externos a los predios universitarios, disturbios de mayor intensidad8 y manifestaciones de carácter nacional y gran envergadura, algunas espontáneas, otras altamente organizadas9.

Si en la segunda mitad de la década del sesenta la Federación Universitaria Nacional marcó un hito organizativo gremial de los estudiantes colombianos, los encuentros estudiantiles de 1971 presentaron un matiz diferente con rela-ción a los efectuados atrás. Hubo dos aspectos centrales de cambio: primó lo político sobre lo gremial y los objetivos trazados en los mismos se trasladaron cada vez más del ámbito local al nacional. Es célebre el II Encuentro Nacional Universitario, efectuado en Bogotá los días 13 y 14 de marzo de 1971 y al que asistieron delegaciones de 29 universidades públicas y privadas que aprobaron el “Programa mínimo de los estudiantes colombianos”10. Sin desconocer la buena concurrencia que tuvieron el primero y el segundo encuentros, el terce-

6 Según Mauricio Archila Neira, el año de 1971 fue el periodo del Frente Nacional que presentó más protestas sociales. Ricardo Sánchez Ángel argumenta que 1970 fue el punto de partida del auge de las huelgas obreras en Colombia, que alcanzarían su punto más alto en 1975 (Archila, 2003, 142 y Sánchez, 2009, 186).7 En diciembre de 1969 concluyó la construcción del teatro de la Universidad de Antioquia, a cargo del arquitec-to Ariel Escobar Llano. La obra no solo fue objeto de maratónicas jornadas de debate sino también el espacio cotidiano de expresiones teatrales y musicales. El Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional abrió sus puertas al público en 1973. La Universidad Industrial de Santander llegó tarde a la construcción de grandes escenarios, y solo en 1982 fue inaugurado el auditorio Luis A. Calvo. La Universidad del Valle, entre tanto, hacia 1971 apenas tenía construida la mitad de la ciudad universitaria y sus estudiantes sesionaban al aire libre.8 El 4 de marzo de 1971 se presentaron enfrentamientos entre el estudiantado de la Universidad Pedagógica Nacional y la Policía Militar, que desencadenaron “el allanamiento y, por último, la toma por parte de los milita-res a la institución. En medio de estos actos, los estudiantes lograron la detención de un empleado de la policía secreta y dos ciudadanos más”. (Jiménez, enero-diciembre de 2000, 19).9 Las movilizaciones de febrero y marzo fueron objeto de diferentes apreciaciones. Para el diario El Correo eran “Las mayores convulsiones de la más reciente etapa han tenido allí su origen, en batallas sin grandeza”. (“Criterios que necesitan revisión”, El Correo, 2 de marzo de 1971, 4). En 1981 el Moir presentó un balance del movimiento estudiantil de 1971, donde expresaba que los hechos acaecidos en la Universidad del Valle el 26 de febrero de 1971 habían ocasionado un descontento generalizado que había conducido a que “multitudinarias acciones de protesta llenaron las calles de las principales ciudades durante el resto del año” (“A los 10 años del movimiento estudiantil”, Tribuna Roja, mayo de 1981, 5).10 El texto completo se puede consultar en: Crisis universitaria colombiana 1971. Itinerario y documentos, 1971, 85-88.



ro, llevado a cabo en Palmira los días 3 y 4 de abril, rompió todos los esquemas anteriores: asistencia de delegaciones de 42 universidades, propuesta articu-lada de manifestación nacional, propuesta de huelga general del estudianta-do, participación activa en la movilización del Día de Trabajo, denuncia del gobierno de Pastrana Borrero y ratificación del documento básico de unidad (Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos).

Sin embargo, aunque las estrategias trazadas en el III Encuentro Nacional Universitario surtieron importantes efectos en la Universidad Nacional de Co-lombia y en la Universidad Industrial de Santander11, no ocurrió lo mismo en la Universidad de Antioquia, donde la concentración del 15 de abril de 1971 no pudo llevarse a cabo a causa de las medidas gubernamentales tomadas, como el toque de queda y la amenaza de expulsiones12.

Ante las fuertes movilizaciones de carácter nacional, las medidas adoptadas por los gobiernos departamentales y el central no se hicieron esperar. Cierre de universidades, militarización de los campus, procesos disciplinarios y con-sejos de guerra fueron algunas de las estrategias utilizadas por las administra-ciones13. El 27 de abril el gobernador de Antioquia, Diego Calle Restrepo, ex-presó que tomaría medidas frente a las “actividades subversivas, dirigidas por estudiantes y agitadores profesionales” (El Tiempo, 28 de abril de 1971, 1 y 6).

Las universidades Javeriana, de los Andes y del Rosario, de Bogotá, y la de Medellín y Pontificia Bolivariana, de la capital antioqueña, representaron los

11 Para profundizar sobre el movimiento estudiantil de la Universidad Industrial de Santander ver: Vargas, (1996), Acevedo(2004) Díaz y León, (2008).12 Por medio del Decreto 580 de abril de 1971, el gobierno nacional autorizó la suspensión y limitación de las actividades académicas en los diferentes centros educativos. La Alcaldía de Medellín, en comunicado del 20 de abril de 1971, expresaba que la fuerza pública estaba en capacidad de controlar “la actividad de agitadores que utilizan los movimientos estudiantiles con fines contrarios a los legítimos intereses de la universidad colombia-na”. (El Correo, 21 de abril de 1971, 1).13 El 16 de abril de 1971 fue cerrada la Universidad Nacional, medida que fue aplaudida por el diario El Correo, de Medellín. Los argumentos dados para el cierre se sustentaban en que era “un simple acto de defensa de la sociedad amenazada por el vandalismo, lapidada por los nuevos bárbaros. Lo que existía no era problema uni-versitario sino de orden público”. (El Correo, 17 de abril de 1971, 4).


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casos más dicientes de participación de educandos de universidades privadas, compuestas tradicionalmente por jóvenes de condiciones económicas altas14. Del mismo modo, fue importante la participación del cuerpo docente, en su mayoría agremiado en la Asociación de Profesores Universitarios (Aspu)15, así como de estudiantes de bachillerato del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez, el Instituto Tecnológico Pascual Bravo y el Liceo de la Universidad de Antioquia, quienes asistieron masivamente a las asambleas realizadas en la Universidad de Antioquia. Para el sociólogo francés Yvon Lebot, el año de 1971 representó un punto de ruptura en la relación del estudiantado con el profesorado, postulado que expresó de la siguiente manera: “Durante estos conflictos prolongados y ge-neralizados, el movimiento estudiantil recibe, como nunca en su historia pasada, el apoyo de amplios grupos de profesores” (Lebot, 1979, 111-112).

La prensa de Medellín, tanto liberal como conservadora, calificó de dife-rente forma las concentraciones estudiantiles: como expresiones de conducta inadecuada y de actividad excesiva, perturbadoras, faltas de consideración con los conciudadanos, partícipes del plan subversivo y la agitación injustificada16.El Correo llamó a cerrar filas frente al estudiantado descontento:

14 Desde el 5 de marzo de 1971 los estudiantes de la Universidad Autónoma Latinoamericana y la Universidad de Medellín habían acordado ingresar al paro como forma de expresar su solidaridad con la problemática de la Universidad del Valle (El Tiempo, 5 de marzo de 1971, 9). Para el 27 de abril se encontraban cerradas las sec-cionales de la Universidad Libre de Bogotá y Barranquilla. También se hallaba paralizada, por decisión de los estudiantes, la Facultad de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (“Se agrava el problema estudiantil. Otras tres universidades cerradas”, El Tiempo, 28 de abril de 1971, 1y 6).15 La Asociación Sindical de Profesores Universitarios fue fundada en la sede de Bogotá de Universidad Nacio-nal y fue reconocida por el Ministerio de Trabajo mediante personería jurídica No. 0623 del 4 de mayo de 1966. Según los docentes Pedro Hernández y Gloria Cecilia Arboleda, su constitución obedeció “a la conciencia de sus fundadores de la necesidad de defender la calidad de la enseñanza universitaria y los derechos de los profe-sores universitarios, con un instrumento jurídico- político eficaz y de reconocimiento histórico internacional en el mundo del trabajo” (Hernández y Arboleda, 6 de julio de 2006, 1).16 Los siguientes fueron los titulares de algunas columnas de El Correo, El Colombiano y El Tiempo utilizadas para lanzar epítetos contra el movimiento estudiantil: “Actos de autoridad indispensable”(El Correo, 3 de marzo de 1971, 4), ”La peligrosa conjura antipatriótica”, (El Correo, 5 de marzo de 1971, 4),“La inadecuada conducta estudiantil”(El Correo, 6 de marzo de 1971, 4),“Entre dos fuegos extremistas” (El Correo, 11 de mayo de 1971, 4),“Reforma educativa y cambio” (El Colombiano, 17 de mayo de 1971, 3), “La desviación del movimiento estudiantil”(El Colombiano, 26 de junio de 1971, 3)“Ante los actos universitarios”(El Tiempo, 5 de marzo de 1971, 4),“Contra la agitación estudiantil”(El Tiempo, 17 de abril de 1971, 4).



“Digámoslo de una vez nosotros, porque alguien tiene que afirmarlo en esta época de quiebra de carácter, en que lo más cómodo es contemporizar con to-dos los excesos: los estudiantes están abusando de la paciencia de las autorida-des y de la comunidad, y todo abuso tiene un límite: la capital de Antioquia no resiste otro semana de parálisis por culpa suya, ni el gobierno la va a permitir” (El Correo, 6 de marzo de 1971, 4).

Fue tan inusual el tipo de protesta que desarrolló el estudiantado entre 1970 y 1972, y tanta la incapacidad de respuesta del gobierno y de las adminis-traciones universitarias, que la estratagema usada en repetidas ocasiones fue endilgarle al movimiento el cierre de los campus y la cancelación de semestres, para volcarle en contra al ciudadano del común (El Correo, 28 de marzo de 1971, 4). Uno de los casos más dicientes fue el cierre de la sede bogotana de la Universidad Nacional, para el cual el presidente Pastrana esgrimió los siguien-tes argumentos: “fue cerrada la universidad, no por decisión del gobierno ni de sus directivas sino en virtud de la violencia ejercida por un grupo de universitarios y por la pasividad en algunos de sus niveles superiores adminis-trativos” (El Correo, 30 de marzo de 1971, 4). Otras razones se arguyeron para justificar los cierres: los altos costos operacionales, la ingobernabilidad de los claustros, la incapacidad de las administraciones universitarias y las pérdidas económicas del sector comercial17.

En repetidas ocasiones las concentraciones y movilizaciones terminaron en confrontación con la fuerza pública (El Espectador, 5 de marzo de 1971, 1; El Correo, 5 de marzo de 1971, 9; El Colombiano, 22 de abril de 1971, 1 y 18). Algunas de tales acciones fueron de carácter pacífico, con desfiles tipo carnaval, y en algunas el componente simbólico resultó fundamental, como ocurrió en la marcha de “batas blancas” de médicos residentes del Hospital Universitario San Vicente de Paul, realizada en Medellín el 20 de abril de 1971. Lo alegórico se acompañó de tomas de algunos barrios, como Moravia, Lo-

17 Se culpaba a los estudiantes de haber forzado el toque de queda en Bucaramanga, la ocupación militar de la Universidad del Atlántico y el caos vehicular en Tunja (El Correo, 16 de abril de 1971, 4).


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vaina, Guayaquil, Manrique y Aranjuez, y las marchas y tomas se combinaron con concentraciones de agitación en la plaza de San Ignacio. Los mítines rea-lizados en espacios públicos, fuera de los predios estudiantiles, obraron como mecanismos de difusión, denuncia y proselitismo. Fueron ocasión para sacar a las vías públicas la problemática de la universidad.

Aunque el repertorio de actividades por parte del estudiantado resultó he-terogéneo, los calificativos utilizados por la prensa antioqueña no rebajaron de “agitación infecunda”(El Correo, 15 de abril de 1971, 4) y “afanes subver-sivos” (El Colombiano, 17 de mayo de 1971, 3) que tenían que ser sofocados. La maniobra impulsada se fundamentó en aislar a los dirigentes de sus bases estudiantiles, incentivar controles más agresivos de los padres de familia hacia sus hijos y aplaudir la intervención directa del Estado en las aulas, mediante la fuerza pública (El Correo, 21 de abril de 1971, 4). Al respecto son dicientes las siguientes líneas: “Ojalála juventud que se está formando en los establecimien-tos educativos oficiales posea la suficiente personalidad para hacer a un lado a los agitadores y no dejarse llevar a nuevos choques” (El Correo, 15 de abril de 1971, 4). Incluso se justificó abiertamente el empleo de la fuerza: “si lo peor sucede y el Estado se ve forzado a tomar medidas drásticas, no haya la menor duda de que contará con el respaldo total, absoluto y permanente de la co-munidad para las actitudes y decisiones que adopte”, expresó El Correo (ibíd.).

Algunos medios de comunicación, particularmente los escritos, Inter-pretaban el diálogo de las partes como signo de debilidad, de complacencia con la subversión y de laxitud con una “minoría de agitadores” (El Tiempo, 17 de abril de 1971, 4). Los argumentos centrales para negarse al diálogo se soportaban en que el movimiento era injustificado, sin objetivos claros, una maniobra más de la oposición para desestabilizar al régimen frentenaciona-lista (ibíd.).

Las autoridades civiles y educativas hacían llamados vehementes a los estu-diantes para que se abstuvieran de participar en marchas, asambleas, concen-traciones públicas, mítines y demás expresiones, inspiradas, de acuerdo con el



sentir de sectores del conservatismo y el liberalismo, en un “Plan Palmira”18 o una “fiebre de primavera” (El Correo. 3 de mayo de 1971, 4). La preocupación de las elites regionales y la ciudadaníaante el colapso del tráfico vehicular y el contagio reivindicativo a otros sectores sociales, como los profesores, e inclu-sive los obreros y los campesinos, alcanzó las proporciones de alarma social y se expresó en el ruego de que las movilizaciones se redujeran a los espacios universitarios(El correo, 28 de abril de 1971, 4).

Protesta y represión

Pero las cosas tomaron un curso cada vez más intolerante. El 26 de febrero de 197119, la fuerza pública intervino violentamente en una protesta desatada en la Universidad del Valle y provocó la muerte de veinte personas. El suceso obligó al gobierno de Pastrana a declarar el estado de sitio mediante el Decreto 25020, en previsión de la respuesta obligada de la oposición y de diversos sectores, como el profesorado y los sindicatos, en su mayoría contradictores del régimen conservador (El Correo, 27 de febrero de 1971, 4).Se argumentaba que la culpa era de los belisaristas, los anapistas y los comunistas, que ponían como carne de cañón a los estudiantes. El Presidente expresó que la medida era prenda de garantía para controlar la situación y que para “preservar la unidad nacional y el sistema de leyes que nos rigen, no habrá vacilación. Mantendré el pulso firme para tomar las decisiones, así sean las más drásticas, que la salvación y la salud me impongan y demanden” (El Correo, 3 de marzo de 1971, 4).

Aunque los actos coercitivos provenían de la fuerza pública, las administra-ciones de turno de las universidades pusieron en práctica igualmente una serie

18 Término que acuñó El Correo en su editorial (El Correo, 16 de abril de 1971, 4).19 Información sobre los problemas de la Universidad del Valle en 1971, en: Federación de la Universidad del Valle(1973),Crisis universitaria colombiana, 1971. Itinerario y documentos, 1971 y Ordóñez, (2007).20 El artículo 121 de la Constitución de 1886 confería al Presidente facultades extraordinarias para “declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la república o parte de ella” (Congreso de la República de Colombia, 1886).


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de medidas represivas21. Entre ellas, la aplicación de disposiciones académico-disciplinarias, como las expulsiones y la cancelación de matrícula, la prohibición de uso de aulas y auditorios con fines políticos y hasta el veto de montajes artísticos, como ocurrió con la obra de teatro “La madre”, de Bertolt Brecht22, impulsada por el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Antioquia. La Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia23 se pronunció fuertemente: “este procedimiento, que recuerda los más oscuros manejos in-quisitoriales, debe quedar desterrado de una vez por todas de la universidad” (Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia, 1971, 39-40). Otras decisiones, como la expulsión de dirigentes, fueron cuestionadas por ser imple-mentadas con vicios procedimentales, en el seno de comisiones parcializadas compuestas en su mayoría por decanos e integrantes de los equipos rectorales.

Las peticiones del estudiantado no eran únicamente de tipo general. Fue común que desde eventos de carácter nacional se lanzaran demandas de carác-ter local apoyadas en la solidaridad gremial24, como la libertad de estudiantes, la restitución de docentes destituidos, la apertura de investigaciones a miem-bros de la fuerza pública y las exigencias de renuncia de varios rectores.

La confrontación de los estudiantes con el Estado llegó al punto de que el IV Encuentro Nacional Universitario fuera decretado ilegal por el gobierno. A pe-

21 Los órganos de dirección de las instituciones educativas no eran reconocidos por los estudiantes: “los recto-res, nombrados por decreto del gobernador eran tildados de ‘títeres del imperialismo’ y su autoridad encontraba escaso reconocimiento” (Isaza, 2003, 14).22 Sobre el montaje de “La Madre” y la influencia de Jairo Aníbal Niño en la dirección del grupo Brigada de Teatro de la Universidad de Antioquia, Luz Magnolia Uribe expresa lo siguiente: “montamos [la obra] en medio de las luchas estudiantiles más horribles, nosotros no dormíamos. Como era un grupo tan pobre nos encargamos de teñir en los sindicatos, nos prestaban ollas y hacíamos candeladas. Teñíamos la ropa con tinte negro Iris, porque la obra era en el tiempo de la Revolución de Octubre (…) Jairo Aníbal era un berraco en teatro, entonces montamos esa obra y la empezamos a presentar por todo los sindicatos del país” (Entrevista a Magnolia Uribe, 16 octubre de 2008).23 La Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia fue constituida inicialmente por 36 profesores de tiempo completo y la Gobernación de Antioquia la reconoció mediante resolución No. 45 de mayo 9 de 1962. Edicto publicado en la Gaceta Departamental.24 Peticiones de carácter local aparecen en la declaración del IV Encuentro Nacional Universitario, realizado en Cali el 24 y 25 de abril de 1971, así como en la plataforma revolucionaria emanada del V Encuentro Nacional Universitario, efectuado en Bogotá el 24 de mayo de 1971.



sar de ello, el 24 y 25 de abril de 1971, los universitarios se reunieron clandestina-mente en Cali (Puig y Zuluaga, 1971, 96-97). Allí centraron sus conclusiones en rechazar el estado de sitio, los allanamientos de las instalaciones universitarias, las prácticas difamatorias de la gran prensa hacia el movimiento estudiantil y los decretos 580 y 581 de abril de 197125.Las fuerzas militares insistían en reprimir y acabar de raíz el problema. El argumento más recurrente fue el expresado por el general Álvaro Valencia Tovar, de acuerdo con el cual el movimiento estudiantil era promovido por “minorías subversivas” (ibíd., 134-148).

El estudiantado catalogó de fascista el estado de sitio, la dispersión de las manifestaciones con armas de fuego, el uso desmedido de caballería y los cer-cos constantes a los campus universitarios (Tribuna Roja, agosto de 1971, 4). Sobrepasó los límites de la represión lo acontecido el 20 de abril de 1971 en la Universidadde Antioquia, cuando los estudiantes denunciaron el bloqueo de las entradas de acceso, el allanamiento de las instalaciones26, la golpizas a estudiantes, trabajadores y profesores y la violación de varias mujeres. Marcelo Torres definió tal proceder de la siguiente manera:

“la arremetida de la bestia militar sobrela Universidad de Antioquia adquiere características nunca vistas de sevicia contra los estudiantes colombianos; a todos los estudiantes sin distingo de sexo ni de situación, porque había estu-diantes dormidos, había estudiantes heridos, porque había estudiantes que no opusieron resistencia, se lesda el mismo tratamiento,el tratamiento del sable y la bayoneta” (Puig y Zuluaga, 1971, 134-148).

25 El siguiente es el texto del Decreto 581: “El, Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el decreto número 580 de 16 de abril 1971, decreta: Artículo primero: Suspéndanse las tareas docentes y académicas de la Universidad Nacional, seccional Bogotá. Artículo segundo: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición” (El Correo, 17 de abril de 1971, 1).26 El representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, Lisímaco Sepúlveda Valencia, en sesión del 21 de abril de 1971, sobre el allanamiento de las instalaciones universitarias por la policía expresó: “los compañeros universitarios, tanto hombres como mujeres, permanecían allí en forma indefensa, fueron agredidos en forma brutal, sádica y fuera de toda lógica, en las horas de la madrugada, y destruyendo además parte de las instalaciones universitarias” (Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, 21 de abril de 1971, 12-13).


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En junio de 1971 el gobierno nacional convocó a clases a las diferentes universidades del país y la orden fue impugnada en la mayoría de los planteles. Los estudiantes de la Universidad de Antioquia rechazaron el llamado y se im-puso el punto de vista de la Juventud Patriótica, según el cual ingresar a clases era claudicar ante los objetivos propuestos: “aceptar una entrada en las con-diciones impuestas por el enemigo sería entregar el movimiento, con decretos represivos, antidemocráticos, con universidades ocupadas por el ejército, con estudiantes retenidos y especialmente sin un gobierno provisional y democrá-tico en la universidad” (Juventud Patriótica, Universidad de Antioquia, 17 de agosto de 1971).

Otro de los argumentos expresados para reprimir el movimiento afirmaba que las consignas emanadas de los diferentes encuentros eran afines al co-munismo internacional (El Colombiano, 26 de junio de 1971, 3; El correo, 8 de noviembre de 1970, 5; El Correo, 30 de marzo de 1971, 4). Por lo tanto, los partidos políticos tradicionales, los jerarcas de la Iglesia y la prensa nacional exigían al Ejército y a la Policía seguir el ejemplo de las acciones quehabían llevado a cabo sus pares en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Central de Ve-nezuela y la Universidad de Buenos Aires, que se presentaban como buen ejemplo de cómo acabar con las “cavernas de facinerosos”(El correo, 8 de noviembre de 1970, 5).

El incremento de la represión agudizó la confrontación27. De contusos y uno que otro vidrio roto se pasó a detenciones masivas de estudiantes28, que-ma de vehículos, heridos de lado y lado y retenciones de militares por parte de los estudiantes (El Tiempo, 5 de marzo de 1971, 9; El Correo, 9 de marzo de 1971, 1 y 9). En medio del estado de sitio de 1971 fue común la práctica de los

27 El Frente Nacional como proyecto político acentuó una serie de prácticas coercitivas, como “represión de las disidencias políticas, así como creó mecanismos de contención y absorción de las protestas populares mediante la violencia y redes de patronazgo y clientelismo” (Acevedo, 2001, 5).28 El 28 de abril de 1971 fueron allanadas las instalaciones de la Universidad de Antioquia. Fueron retenidos 800 estudiantes en el coliseo cubierto de la universidad (El Colombiano, 22 de abril de 1971, 1 y 18).



consejos de guerra verbales montados contra los estudiantes, con resultados como los siguientes: “como reos ausentes, si no se logra oportunamente su captura, serán juzgados en consecuencia los individuos que secuestraron a tres agentes del orden” (El Correo, 8 de marzo de 1971, 1).

En algunas ocasiones la argumentación sobre la validez del empleo de la fuerza provenía de los propios claustros. Connotados docentes la sustentaban basados en el derecho, la ciencia política, la historia y la filosofía, la eficacia y la necesidad de la policía en los predios universitarios. Tal fue el caso de Emilio Robledo, profesor emérito de Derecho de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, quien hizo la siguiente disertación:

“si para garantizar esos deberes y derechos fundamentales contra la violencia –la más de las veces foránea– de los que buscan el caos de la república univer-sitaria y el caos de la República, es necesaria la presencia preventiva de la fuerza pública en los predios de la universidad, debemos no solo tolerar sino exigir y favorecer dicha presencia, que, en tales circunstancias, es, no la presencia de la fuerza, sino del imperio coercitivo” (El Tiempo, 3 de octubre de 1971, 4).

El programa mínimo: algunos puntos de convergencia

El “Programa mínimo de los estudiantes colombianos” constituyó la carta de navegación de los diferentes sectores, moderados, reformistas y radicales. Ese pequeño documento de convergencia, según el profesor Juan Guillermo Gómez, hizo la función de “aglutinante simbólico y guía programática de los diversos –hasta parecer caóticos– grupos de izquierda del país, parecía hacer eco, con unos años de retraso, del movimiento de transformación y conmo-ción universitaria que sería característico desde París y Berlín hasta Kent y México, a finales de los sesenta” (Gómez, 2001, 12).

El documento se reprodujo y difundió en las diferentes universidades pú-blicas y privadas, a fin de que el estudiantado estuviese informado de las con-clusiones, tareas y actividades propuestas, y en esta labor desempeñaron un


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papel fundamental los consejos estudiantiles29. En la Universidad de Antio-quia fue clave la difusión hecha por el Consejo Superior Estudiantil y el Con-sejo Estudiantil de Ciencias y Humanidades (Consejo Estudiantil de Ciencias y Humanidades,1971, 46-47). El primer punto, exigía de manera inmediata la abolición de los consejos superiores, expresando que en estos organismos participaban estamentos ajenos a la universidad que simplemente represen-taban intereses de las elites y del imperialismo norteamericano (Crisis univer-sitaria colombiana 1971. Itinerario y documentos, 1971, 85-88). La abolición de los consejos superiores se concebía sobre la base de expulsar de su seno a los miembros de la Iglesia, el comercio y la industria y crear un organismo nuevo, compuesto por los estamentos fundadores: estudiantes y profesores (El Tiem-po, 14 de marzo de 1971, 4; El Tiempo, 3 de abril de 1971, 4).

¿Por qué era tan importante este punto del Programa Mínimo para algunas organizaciones estudiantiles de izquierda, como la Juco y la Jupa? Una de las razones centrales esgrimía la posibilidad de incidir políticamente en el rumbo de las universidades, pues si se modificaba la composición de los consejos su-periores esos sectores podrían acceder de forma directa al poder en los claus-tros (Puig y Zuluaga, 1971, 93-98).Del mismo modo, en medio de un supuesto proceso revolucionario –como lo caracterizaba la izquierda en general–, era fundamental definir y orientar el objetivo de la educación superior.

El segundo punto del programa hacía relación a asignaciones presupues-tales adecuadas para las diferentes universidades. Los estudiantes exigían que el 15% del presupuesto de educación fuera dirigido a la Universidad Nacional de Colombia y que se pagaran las deudas que tenía el Estado con las univer-

29 En las sesiones del Consejo Superior y del Consejo Directivo los representantes estudiantiles de la Univer-sidad de Antioquia sustentaban constantemente los planteamientos expresados en el Programa Mínimo. Tales manifestaciones se pueden ver en: “Acta 1709”, Consejo Directivo, 13 de abril de 1971, 9-11; “Acta 172”, Consejo Superior, 2 de abril de 1971, 7-13; “Acta 174”, Consejo Superior, 3 de junio de 1971, 11; “Acta 175”, Consejo Superior, 11 de junio de 1971, 6-10).



sidades públicas30. Según el Consejo Estudiantil de Ciencias y Humanidades de la Universidad de Antioquia, en el año fiscal de 1970 el déficit “en educación en general es de aproximadamente 900 millones y a nivel universitario de 300 millones” (Consejo Estudiantil de Ciencias y Humanidades,1971, 46-47). Para el colectivo estudiantil vinculado a la Liga Marxista-Leninista (regional Antioquia), era más importante el problema financiero que el cogobierno universitario, pues consideraban este aspecto como el punto neurálgico de la crisis universitaria y factor central del cierre de los campus31. El gobierno utilizó el argumento del detrimento patrimonial que acarreaba el cese de actividades de las universida-des. Para indisponer a la opinión pública con el estudiantado se afirmaba que el monto del presupuesto asignado a la Universidad Nacional igualaba al destinado para la educación básica y media rural: 400 millones de pesos. La afirmación más lapidaria fue hecha el 17 de abril de 1972 por el Presidente: “lo mismo que dedi-camos para 15.000 estudiantes, dedicamos para 3 millonesde niños campesinos, que no pueden tener los maestros adecuados, que a veces no tienen pupitres, ni libros, ni siquiera techo bajo el cual estudiar y poder realizar susansias de supe-ración y de conocimientos” (El Correo, 18 de abril de 1971, 2).

La ampliación de cobertura, el incremento de la planta docente y admi-nistrativa, los empréstitos internacionales32, todo ello sumado a los precarios presupuestos asignados a las universidades, fueron factores que obligaron a los rectores a aumentar los costos de las matrículas. Por eso los estudiantes planteaban, en el literal c) del segundo punto del “Programa mínimo”, la ne-

30 En 1970 el rector de la Universidad de Antioquia, Samuel Syro Giraldo, alzaba su voz de protesta debido a que los recursos de las 36 universidades públicas para 1971 representaba apenas la suma de 399 millones de pesos. Sobre la búsqueda de recursos frescos expresó: “Los rectores, en cambio, viven ‘de Herodes a Pilatos’ y a veces en posturas poco elegantes, por no decir que indignas: porque a eso equivale mendigar el aumento de auxilios” (El Correo, 23 de noviembre de 1970, 4).31 Para 1973 la condición financiera de la Universidad de Antioquia mostraba rasgos de crisis, debido a la deuda acumulada desde 1970, sumados a lo cual los recursos asignados por el gobierno a través del Ministerio de Educación (50 millones) representaban solo el 22,02% del total y las partidas del Departamento de Antioquia el 11,49 %. Esta baja asignación presupuestal llevó a la universidad a autofinanciar el 52,49% de los 227 millones que representaba el total de gastos de la institución (Consejo Superior Universitario, 30 de abril de 1973, 3).32 La construcción en 1967 de las nuevas instalaciones para la Universidad de Antioquia fue financiada en gran medida con dineros provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, que en 1966 desembolsó 17 millo-nes de pesos (Consejo Superior, 11 de diciembre de 1970, 7).


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cesidad de congelar las matrículas de los establecimientos públicos y privados (Crisis universitaria colombiana, 1971. Itinerario y documentos, 1971, 86). El do-cumento fue objeto de diversos comentarios y cuestionamientos por parte de algunos sectores de opinión, incluido el gobierno, en los que se dudaba de la representatividad de las delegaciones y los objetivos trazados, a la vez que se insistía en la supuesta influencia de la insurgencia y el cuerpo del texto. El presidente Pastrana Borrero, en alocución televisada del 17 de abril de 1971, se refirió al asunto en los siguientes términos:

“hace 15 días en la apacible ciudad de Palmira, grupos dizque representan-tes de las universidades colombianas, produjeron allí un documentoque es de todos conocido; un documento de una pobreza intelectual y de unas ideas y criterios que verdaderamente impresionan. Pero al mismo tiempo está lleno de retos invitando al país al caos y al desorden, un documento que no habla de cambios, que no habla de concepciones nuevas del poder, que no atiende ni da respuestas a las urgencias de las grandes masas colombianas, pero que, en cambio, invita a los paros, a las pedreas, a la subversión, que es lo que se ha venido ejecutando de manera sistemática” (El Correo, 18 de abril de 1971, 2).

El Partido Comunista de Colombia (m-l), Guerra Popular, Testimonio y los Grupos m-l cuestionaron el nivel de las discusiones previas al documento final en aspectos como el cese indefinido de actividades, la mezcla de reivin-dicaciones particulares con tareas programáticas de largo plazo y la creación de comisiones negociadoras compuestas por los cuadros de las organizacio-nes estudiantiles de presencia nacional, aislando a los pequeños colectivos regionales (Proletarización, 1975, 332-347). El boletín número 13 de Combate Estudiantil mostraba las diferencias en los siguientes términos: “actualmente el movimiento está disperso. Las bases no están unidas, ni organizadas. Los objetivos planteados en el ‘Programa Mínimo’ no se han discutido si quiera ‘mínimamente’, la actitud del gobierno tampoco ha sido lo suficientemente enjuiciada” (Combate Estudiantil, mayo de 1971).

La reorganización del sistema universitario nacional era un punto álgido para el gobierno, ya que los estudiantes argumentaban que era necesaria la



liquidación de las funciones y los planes del Icfes, por considerarlo como un organismo burocrático, clientelista y corrupto33. En el mismo sentido exigían que se creara una Ley Orgánica que garantizara las partidas presupuestales para la educación superior, que se revisaran los contratos suscritos con agen-cias de cooperación internacional y se estableciera un sistema nacional de in-vestigación financiado totalmente por el Estado. Para los estudiantes este pun-to era prenda de garantía para la independencia académica y científica de la nación (Crisis universitaria colombiana, 1971. Itinerario y documentos, 1971, 86). El alumnado de tendencia camilista y algunos independientes, como los Gru-pos Unificados de Base y la Izquierda Revolucionaria Independiente, alegaban que el “Programa Mínimo” era una propuesta de tinte revisionista, despro-visto del componente antiimperialista y antioligárquico.Catalogaban el texto como un “programa esencialmente oportunista, conformado por varios pun-tos referentes a las ‘reivindicaciones’ inmediatas del movimiento estudiantil, que, a excepción del primero (‘cogobierno’), fueron relegados por completo” (Combate Estudiantil, julio de 1971).

El V Encuentro Nacional Universitario, celebrado en Bogotá los días 23 y 24 de mayo de 1971, ratificó el “Programa mínimo de los estudiantes co-lombianos” y lanzó fuertes críticas a la Juventud Comunista, a la que calificó de “entreguista” y débil por dejarse intimidar del gobierno.Del mismo modo, se insistió en que no cesarían las movilizaciones, hasta que fueran satisfechos todos los puntos del Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos (De-claración revolucionaria del V Encuentro Nacional Universitario, 24 de mayo de 1971, 1).

En términos generales, de las seis demandas del Programa, tres eran de implementación inmediata: la reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana, el retiro de la Fundación para la Educación Superior de la Universidad del Valle y el derecho a organizarse en espacios de carácter

33 La reforma del Icfes empezó a ser debatida por el gobierno, con Galán como ministro de Educación, en el mes de julio de 1971 (El Tiempo, 31 de julio de 1971, 4).


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gremial de influencia local y nacional. Los tres primeros apuntaban a reformas profundas y sustanciales del sistema universitario colombiano (Crisis universi-taria colombiana, 1971. Itinerario y documentos, 1971, 85-88).

Expulsión de las fuerzas extrauniversitarias

Finalmente, la presión ejercida en 1971 por el movimiento universitario sobre la presencia de representantes de la Iglesia y la Andi en los consejos superiores de las universidades públicas, obligó al ministro de Educación, Luis Carlos Galán, a establecer mesas de negociación con el estudiantado, que analiza-rían algunas formas de composición del máximo órgano de dirección de las universidades (El Colombiano, 27 de abril de 1971, 1 y 12). El gobierno no le reconoció carácter de interlocución a la Comisión Nacional Coordinadora de-signada en el II Encuentro Nacional Estudiantil, y los estudiantes calificaron de la siguiente manera la actitud del ministro Galán:

“Es de anotar que en el auge del movimiento, y ante la presión el ministro de ‘educación’ Galán, en una forma demagógica, hizo declaraciones en el sentido de sacar del Consejo Superior Universitario los estamentos extrauniversitarios, pero luego echa atrás en el planteamiento y propone una fórmula ‘conciliato-ria’ que en ningún momento soluciona el problema y antes por el contrario asegura que estos estamentos sigan en los Consejos Superiores Universitarios” (Consejo Estudiantil de Ciencias y Humanidades, 1971, 46-47).

La abolición de los consejos superiores fue el primer punto del “Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos”34, aunque era una de las banderas centrales de la Juventud Patriótica; otras agrupaciones, como la Juventud Co-

34 El 17 de marzo de 1971 el Consejo Superior Estudiantil emitió un comunicado mediante en el cual dio a conocer la determinación tomada por unanimidad de solicitar a los organismos extrauniversitarios el retiro inmediato de sus representantes en dicho organismo. El documento fue leído ante el Consejo Superior por el representante estudiantil Lisímaco Sepúlveda, quien expresó que los planteamientos esbozados en el comuni-cado habían sido producto del consenso obtenido en la Asamblea de Consejos Estudiantiles de la Universidad (Consejo Superior, 2 de abril de 1971, 7-13).



munista, algunos sectores del trotskismo y las Brigadas de Activistas Revo-lucionarios, defendieron la creación de órganos de dirección compuestos de otra manera.

El ministro Galán calificaba la modificación de los consejos superiores como un mecanismo intermedio, mientras el alumnado planteaba la supre-sión de los mismos por considerarlos como órganos altamente jerarquizados, antidemocráticos y compuestos por personas ajenas a la naturaleza académica (Caicedo, 1971, 221). Los estudiantes describían a los miembros de la Andi y la Iglesia con estas palabras: “los dioses con pies de barro que han sentado su reino en el C. S. U., ante la arremetida del estudiantado y el sentirse parados sobre arena movediza, empiezan, despavoridos, a renunciar a sus cargos en dicho organismo…” (Puig y Zuluaga, 1971, 59). El hecho de representar a sectores de la elite industrial y financiera fue otro de los argumentos que es-grimieron los estudiantes para exigir la supresión de los consejos superiores, aunque el rechazo más fuerte lo recibieron los representantes de la Iglesia: “ese poder ultra-reaccionario que los estudiantes colombianos rechazamos y repu diamos unánimemente, constituido por el poder oscurantista por el po-der de atraso, que representa la Iglesia colombiana y el poder internacional de la Iglesia en la Universi dad Colombiana” (ibíd., 59-61).

El Partido Conservador defendió la participación de la Iglesia en los conse-jos superiores, en todos los niveles, y el Presidente, en comunicación dirigida el 30 de julio de 1971 al Administrador Apostólico de Bogotá, monseñor Aníbal Muñoz Duque, expresó: “… por convicciónpersonal, por la formación de los miembros del gobierno, por respeto al sentimiento mayoritario de la nación, y en acatamiento a la Constitución Nacional y al Concordato, considero que la Iglesia no debe estar ausente de la Universidad” (El Tiempo, 12 de agosto de 1971, 1). El fuerte sentimiento católico del Frente Nacional iba en contravía de los planes de modernización de las instituciones propuestos en el Plan de las cuatro estrategias, que rigió la política del gobierno entre 1970 y 197435.

35 Un análisis de este plan en términos económicos y sociales se puede ver en: Canfora(2006, 98-115).


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Mientras tanto, una de las defensas más claras de la participación eclesiástica se hizo en la prensa escrita (El Correo, 17 de marzo de 1971, 4). Para el caso de la Universidad de Antioquia, el diario El Correo del 8 de mayo de 1971, en su primera página, argumentaba que la participación eclesiástica en el Consejo Superior estaba cimentada en el derecho consuetudinario:

“En naciones católicas como la nuestra, en donde la mayoría de sus habitantes es católica, la Iglesia tiene reconocido su derecho por el Estado. De aquí que acepte la manera como el Estado quiere que ejercite su derecho. La presencia en el consejo directivo de la universidad de un representante de la Iglesia y la de los sacerdotes que allí trabajan en distintos cargos, no es sino el reconoci-miento práctico y concreto del derecho de la Iglesia. Pretender que la. Iglesia sea expulsada de la universidad es darle cabida a las doctrinas malsanas que por desgracia se han infiltrado en la universidad” (El Correo, 8 de mayo de 1971, 1).

Constantemente se exhortaba al estudiantado a defender la fe católica, a cerrar filas ante el comunismo, a rechazar el cogobierno y las formas horizon-tales de poder. La Iglesia llamaba a no desconocer sus derechos, a la vez que a no hacer uso de la protesta y concentrarse en el diálogo. Pero la magnitud que había alcanzado el problema y la reticencia de amplios sectores estudian-tiles –y en menor medida profesorales– a la participación de la Iglesia en los consejos superiores obligaron a monseñor Aníbal Muñoz Duque a manifestar que la presencia de prelados en dichos órganos “no es la manera adecuada de ejercitar la misión específica de la Iglesia” (El Tiempo, 12 de agosto de 1971, 1). Ante la imposibilidad de mantener por más tiempo su presencia en los órga-nos de dirección universitarios, la propuesta planteada por la Iglesia católica en julio de 1971 consistió en crear en cada una de las universidades un depar-tamento o facultad de ciencias religiosas, ejercicio que se había implementado en algunas universidades europeas y norteamericanas en la década del sesenta. La Universidad de Antioquia era modelo de dicha propuesta, pues en julio de 1969 “el Consejo Superior creó el programa académico en teología y ciencias religiosas, conducente al diploma de experto y adscrito a la Facultad de Cien-cias y Humanidades” (Álvarez, 2003, 50).



La gran prensa, el sector financiero e industrial y los directorios del conser-vatismo y el liberalismo culpaban de las movilizaciones, en su gran mayoría, a las administraciones de las universidades, en cabeza de los diferentes rectores. A la par, lanzaban fuertes diatribas al cogobierno y expresaban que esa pro-puesta era la manera de aislar a sectores fundamentales de la sociedad. Incluso se presagiaba la pérdida de poder del Estado, “porque si se extreman las cosas, nos vamos a encontrar con que llegará el momento en que –excluido ya el go-bierno de su orientación y manejo, pues apenas se le admite el papel de aceptar lo que otros han decidido ya por él–, nosvamos a encontrar con claustros que no quierensaber del Estado ni del resto de sus conciudadanos” (El Correo, 17 de marzo de 1971, 4).

El estudiantado denunciaba las estrategias del gobierno central dirigidas a di-latar y desgastar el debate y argüía que no se aceptaban presiones, que se requería la definición de criterios claros y la modificación de las leyes. Para los estudiantes era central la ampliación de la representatividad de los denominados estamentos básicos o fundadores: profesores, egresados y estudiantes36. Sus demandas ca-laron entre algunos rectores, quienes, más que afinidad con la propuesta, vieron en la supresión de las vocerías de la Iglesia y los gremios privados el mecanismo más sencillo para aplacar los ánimos, garantizar la gobernabilidad y mantener sus puestos (El Correo, 29 de abril de 1971, 2). Aunque el interés central de los rectores era evitar que las universidades sirvieran de “foco de subversión o agi-tación contra las instituciones democráticas” (ibíd., 2).

36 En 1978, siete años después de la promulgación del “Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos”, la administración de la Universidad de Antioquia intentó reglamentar la participación estudiantil en el Consejo Directivo y el Consejo Superior Universitario basándose en el Acuerdo 9 de 1967. La respuesta a tal propuesta quedó plasmada en carta dirigida al rector, Eliseo Moreno Pareja: “cuando aparecen los intentos de continuar con el anacrónico, antidemocrático y autoritario sistema de elección de representantes a los consejos mencio-nados, como aparece en el Acuerdo 9 de 1967, tenemos que recordar que dicha participación gremial sólo es recompensa de largas luchas por reivindicaciones democráticas y no son un regalo, no son una dádiva de ningún gobierno como pretendió hacerlo aparecer el fallido intento lopista en la Universidad Nacional a través de la comparsa montada con Luis Carlos Pérez y bajo el título de experimento marxista, y esto se esclarece cuando nuestra posición en esos organismos ha sido la de plantear una política democrática, establecer criterios demo-cráticos de escogencia, en lo que se refiere a una política docente, a una política de reglamentación universitaria y a una política estudiantil”. (“Carta al rector Eliseo Moreno Pareja”, 10 de noviembre de 1978, 15).


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Al constatar que era insostenible mantener en los consejos superiores la presencia de los industriales, los comerciantes y la Iglesia37 y que la agitación se desbordaba y los estudiantes ganaban día a día más adeptos entre padres de familia, profesores, obreros, rectores y algunos políticos, el 4 de marzo de 1971, por boca del ministro Galán, el Ejecutivo determinó eliminar la partici-pación de los sectores extrauniversitarios (El Tiempo, 3 de abril de 1971, 4). Al ser suprimidas las plazas de dichos gremios, la Juco y la Jupa se concentraron en reorganizar a toda costa la composición de los órganos de dirección (Tri-buna Roja, noviembre de 1971, 6). Aspecto que llevó a un sinnúmero de discu-siones y rivalidades electorales en que hicieron carrera los afanes burocráticos, la dirección del movimiento por las representaciones políticas estudiantiles, y se fue perdiendo el interés por el resto de puntos del “Programa mínimo”.

Los estudiantes al poder: el cogobierno

El Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Antioquia era en 1970 un cuerpo fuertemente consolidado, con representantes de las diferentes fa-cultades y bajo la presidencia del conservador Jesús María Valle, quien pos-teriormente sería relevado en el cargo por Amilkar Acosta, integrante de la Juventud Patriótica. El consejo fue de hecho el espacio estudiantil de carácter gremial más importante de la década del setenta: contaba con un alto grado de legitimidad entre el estudiantado, sesionaba ordinariamente, gozaba de reco-nocimiento entre el profesorado y manejaba un buen grado de interlocución con la administración central. A pesar de ser una estructura sin carácter de-cisorio en el manejo de la universidad, había una amplia participación de los estudiantes en la elección de los delegados de cada año y manejaba algunos

37 La exigencia de los estudiantes de que se retiraran los representantes de la Iglesia llevó a Diego Tobón Arbe-láez, delegado del obispo de Medellín en la Universidad de Antioquia, a presentar su renuncia en junio de 1971. En ella afirmaba: “la evolución de la situación universitaria nacional, dentro de la cual se ha hecho imposible que la universidad funcione y que trae a quienes tienen responsabilidades en ella imposibilidad de satisfacerlo, fuera de situaciones para cuya solución inmediata habría que faltar jurídicamente a cumplir deberes legales, me ha colocado en una situación de conciencia ante la cual he llegado a la conclusión de que no me queda otro camino que renunciar” (Consejo Superior, 11 de junio de 1971, 8).



servicios de bienestar universitario, como la asignación de cupos en cafeterías y residencias. La profesora Ana Lucía Herrera lo definió del siguiente modo: “la reunión de los presidentes de los consejos estudiantiles de todas las fa-cultades era lo que se conocía como consejo superior estudiantil, era muy piramidal y muy formal y con periodos establecidos” (Entrevista a Herrera, septiembre de 2008).Liberales, conservadores y comunistas hicieron parte del Consejo Superior desde la década del sesenta, aunque entre los años 1970 y 1973 la izquierda fue mayoría, con integrantes de la Juco, la Jupa y el PRS.

La propuesta emanada del II Encuentro Nacional Universitario sugería básicamente la siguiente composición de los consejos superiores38: tres profe-sores, tres estudiantes, el representante del Ministerio de Educación y el rec-tor, quien presidiría las sesiones (Crisis universitaria colombiana, 1971. Itinerario y documentos, 1971, 86). Es importante resaltar que el único que no contaba con derecho a voto era el rector39. Un texto anónimo titulado “La posición de los comunistas ante la reforma universitaria” definió las funciones de dicho espacio así: “será un organismo que plantee las políticas generales de la U, su naturaleza, sus políticas académicas, investigativas y docentes y de planeación en el sentido más amplio. Que determine, maneje y controle las finanzas de la U” (Puig y Zuluaga, 1971, 324-325).

En la implementación del cogobierno el gobierno y los medios de comu-nicación veían la salida a las peticiones de los estudiantes (El Tiempo, 14 de

38 El 25 de febrero de 1972 fue presentada en la Universidad de Antioquia la propuesta orgánica de cogobierno. El Consejo Universitario, que se definió como el máximo órgano de dirección, estuvo compuesto por Diego Calle Restrepo, gobernador de Antioquia; Luis Fernando Duque, rector; Raúl Mejía Villa, representante de los decanos; Alirio Arboleda Ortiz, representante de los decanos; Julio Guillermo Isaza y Darío Piedrahita, repre-sentantes de los jefes de departamento; Oscar Duque y Carlos Gaviria Díaz, representantes de los profesores, y Carlos Pallares y Amílkar Acosta, representantes de los estudiantes (“Acta 1 o acta de instalación”, Consejo Universitario, 25 de febrero de 1972, 1).39 Desde 1970 los estudiantes plantearon una serie de criterios que debería cumplir quien aspirara a ser rector de la Universidad de Antioquia. Libardo Botero, representante estudiantil, manifestó: “los estudiantes insisten en los criterios adoptados el año pasado para el nombramiento del rector, esto es, que se trate de una persona con capacidades académicas y administrativas, no activista político, no perseguidor de profesores y estudiantes y que no pertenezca al Consejo Superior Universitario” (Consejo Superior, 3 de octubre de 1970, 1-8).


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mayo de 1971, 4). No obstante, eran precavidos en torno a quienes pudiesen llegar a los órganos de dirección y se preguntaban: “¿Prevalecerán las fuerzas ciegas que se empeñan en desacreditar y destruir el Alma Mater?” (El Correo, 12 de noviembre de 1971, 4). Por eso, desde mediados de 1971, presionaron para crear herramientas destinadas a que rectores, decanos y profesores recu-peraran la posibilidad de impartir disciplina, sancionar y dirigir los claustros (El Tiempo, 24 de junio de 1971, 4; El Colombiano, 26 de junio de 1971, 3). Igualmente se cuestionaba la existencia de los consejos estudiantiles: “allá los que mandan son las trincas que se han apoderado de los llamados ‘consejos estudiantiles’ y de los diversos organismos creados para aparecer en determi-nado momento como fuente de poder” (El Correo, 13 de junio de 1971, 4). Fue común el llamado a restaurar el poder de los profesores y se les censuraba que se hicieran del lado de los estudiantes; además, se planteaba que las uni-versidades se habían convertido en tierra de nadie, en cavernas de facinerosos y en focos de subversión dirigidos desde los consejos estudiantiles (ibíd.). Era usual la siguiente visión de las universidades: “los elementos violentos se apo-deraron de los consejos estudiantiles y desde allí hacen y deshacen a su amaño. En las universidades –‘verdad sabida y buena fe guardada’– no mandan ni el gobierno que las financia, ni los rectores, ni los decanos, ni los profesores” (El Correo, 17 de abril de 1971, 4).

El 26 de mayo de 1972, mediante el Decreto 886, el gobierno nacional suspendió el Decreto 038 del 18 de enero del mismo año, que reglamentaba el sistema de cogobierno en la Universidad de Antioquia40. Las explicaciones que presentó el Ejecutivo para derogar el instrumento hacían referencia a la ausencia de funcionamiento académico de la universidad, la agitación de los meses de abril y mayo y el criterio de que la institución se había convertido

40 El 17 de mayo de 1972 tuvo lugar la última sesión del Consejo Universitario y con ella llegaba a su fin la ex-periencia de dirección colegiada o cogobierno en la Universidad de Antioquia, luego de cinco meses de funcio-namiento y la celebración de 13 sesiones. Sobre la medida tomada por el gobierno de Misael Pastrana Borrero, el estudiante Carlos Pallares manifestó: “El gobierno está acostumbrado a los antiguos Consejos Superiores que sólo servían a su propio interés, por eso no es extraño que se nos tache de subversivos o agitadores a quienes no compartimos su texto” (Consejo Universitario, 17 de mayo de 1972, 4).



en un factor de alteración del orden público (El Tiempo, 27 de mayo de 1972, 1-2). Pero el objetivo primario del Decreto 886 estaba encaminado a cambiar la composición del Consejo Universitario41. A pesar de ello, el régimen de Mi-sael Pastrana Borrero estaba empecinado en realizar cambios más profundos, como reformas a los estatutos estudiantil, profesoral y general, que le garanti-zasen un mayor control sobre los claustros y cortar de un tajo la democracia participativa de educandos y educadores. Aunque el nuevo decreto seguía manteniendo la presencia de dos estudiantes en ese cuerpo, creó la figura de asistencia para decanos y señaló el voto favorable del gobernador de Antio-quia como criterio obligatorio de todas las decisiones presupuestales y de designación de directivas42. El artículo segundo decía: “el Consejo Superior Universitario no podrá sesionar sin la presencia del gobernador de Antio-quia o su representante y todo los actos y decisiones del mismo relacionados con el presupuesto de la universidad y designación de decanos requieren para su validez el voto favorable del gobernador o su representante” (El Tiempo, 27 de mayo de 1972, 1-2). Igualmente, para acceder a las represen-taciones estudiantiles se imponía una serie de dificultades, como obtener un umbral de votación superior al 50%, no tener sanciones disciplinarias y una serie de requisitos de tipo académico. Se aumentó de dos a cuatro el número de representantes del profesorado, pero todos entraban a ser elegidos por el gobernador, lo cual los dejaba con pocas opciones para acceder al Consejo Superior Universitario43.

41 Consejo Superior fue el nombre que se le asignó al máximo órgano de dirección, que funcionó con el De-creto 38 de 1972 o cogobierno universitario. En los decretos 865 (para la Universidad Nacional) y 886 (para la Universidad de Antioquia) pasó a denominarse Consejo Superior Universitario, como se denomina hasta el día de hoy por la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992.42 Invocando el Decreto 886 de 1972 la Iglesia y la Andi recuperaron sus puestos en el máximo órgano directivo de la Universidad de Antioquia. Según acta No. 1573 de la Junta de la Andi, para ocuparlo fue designado Fer-nando Uribe Restrepo. El arzobispo de Medellín presentó una carta donde señalaba que prescindiría del cargo en dicho organismo (Consejo Superior Universitario, 3 de abril de 1973, 1-5).43 El primer Consejo Superior Universitario que adoptó la composición expuesta en el Decreto 886 de 1972 se instaló en la Universidad de Antioquia el 15 de noviembre de 1973, con ausencia de representación estudiantil. La composición del organismo fue esta: Ignacio Betancur Campuzano, Gobernador de Antioquia y presidente del Consejo; Luis Fernando Duque Ramírez, rector; Pedro Escobar Trujillo, representante de los decanos, Ho-racio Montoya Gil, Juan J. Echeverry, Oscar Duque Hernández y Gabriel Roldán Pérez, profesores; y Hernando Sánchez Eusse, secretario general. (Consejo Superior Universitario, 15 de noviembre de 1973, 1).


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A finales de mayo de 1972, las asambleas estudiantiles de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia se pronunciaron en contra de la supre-sión del cogobierno, y el 31 de mayo de 1972 la asamblea de la primera aprobó las siguientes acciones: “1) Apoyo al sistema de cogobierno, 2) Rechazo total a los decretos revocatorios del cogobierno en la universidad. 3) Rechazo a los consejosde guerra contra estudiantes” (El Tiempo, 1 de junio de 1972, 8). Pero no solo los consejos estudiantiles fueron blanco de las críticas; también las asambleas estudiantiles, que fueron caracterizadas como espacios antide-mocráticos, manejados por minorías y cuyas decisiones eran predefinidas por los diferentes sectores organizados. Un editorial de El Correo las definió como “farsa inaceptable, nada es más antidemocrático que ellas, pues no se permite la expresión de los deseos de los más sino que se imponen los mandatos de minorías agresivas, ululantes en el momento de las decisiones obran igual que cuando salen a quebrar vitrinas, incendiar vehículos y atentar contra la propie-dad privada” (El Correo, 19 de mayo de 1971, 4).

Recuperar el cogobierno fue imposible, a pesar de las fuertes acciones des-atadas en junio de 1972. El movimiento estaba dividido internamente y las pug-nas entre la Juventud Comunista y sectores camilistas y trotskistas en contra de la Juventud Patriótica desgastaron al estudiante del común, a lo cual se sumaron los consejos de guerra contra importantes líderes44 y los malos manejos de los consejos y representaciones estudiantiles, en cuyo seno se presentaron prácticas corruptas y burocráticas. Además, se llevaba casi un año de movilización conti-nua y el único punto que se había logrado del programa mínimo se perdía.

Consideraciones finales

En la década de 1970 el movimiento estudiantil estuvo dirigido en un alto por-centaje por organizaciones de izquierda, con una marcada tendencia política y de carácter partidista, donde lo gremial pasó a segundo plano. En conjunto,

44 En junio de 1971 fueron detenidos Leonardo Posada, de la Juco, y Marcelo Torres, de la Jupa. Torres fue dete-nido nuevamente en marzo de 1972, en medio de una campaña electoral (Tribuna Roja, 21 de marzo de 1972, 6).



el movimiento estudiantil vivió las mismas divisiones que entonces se obser-vaban en el campo internacional, en el cual se desenvolvían tendencias mar-xistas, leninistas, maoístas, castristas, trotskistas y guevaristas. Aunque el joven universitario colombiano tenía afinidad con la izquierda, un amplio sector fue apático a cualquier adscripción política. De todas maneras, en múltiples oca-siones la participación de los estudiantes estuvo centrada en la lucha antiim-perialista, el apoyo a la lucha armada y la intervención de los universitarios en terrenos externos al universitario.

En la Universidad de Antioquia el periodo 1971-1973 fue de agitación constante de estudiantes y profesores, apenas con periodos de repliegue, como el segundo semestre de 1972. Las luchas se centraron en el cambio de composición de los organismos directivos de la universidad, la expulsión de la Iglesia del Consejo Superior, la apertura a nuevas corrientes teóricas y el rechazo al modelo educativo norteamericano45.Asimismo, se disintió de las reformas académicas y administrativas, de la imposición de estatutos y de la militarización de la ciudad universitaria.

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45 Los estudiantes denunciaban que la financiación internacional permitía adecuar los currículos a las necesida-des del imperialismo norteamericano. Asimismo, expresaban que las políticas intervencionistas en las universi-dades públicas operaban a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) y la Fundación de Estudios Sociales (FES) (Jaime Caycedo. “Contra el imperialismo y la reacción en la universidad y fuera de ella”, Documentos teóricos internos al movimiento estudiantil 1971. Julio Puig F. y Olga Lucía Zuluaga, comps. Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Centro de Investigaciones Educativas, 1974, 378, p. 55-56.


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Juventud, nueva izquierda y revolución en Colombia: los avatares políticos de

Antonio Larrota González*

Por José Abelardo Díaz Jaramillo**

* Artículo recibido en marzo de 2010. Artículo aprobado en mayo de 2010.** Estudiante de la Maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional


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Introducción

El triunfo del Movimiento 26 de Julio cubano al final de 1958 estimuló de forma notable el cuestionamiento de los esquemas y las formas tradicionales de proceder de las organizaciones de izquierda de Latinoamérica, al poner en el escenario político la opción armada como posibilidad real de provocar cambios sociales. A raíz de la referida victoria, decenas de iniciativas armadas se ensayaron, una tras otra, en distintos países de la región, buscando replicar –sin mayor éxito– la experiencia cubana. Colombia no estuvo al margen de esa conmoción política, que se transformó en una ola revolucionaria incontenible que con inusitada fuerza recorrió toda Latinoamérica. Y, como ocurrió en los países donde se ensayaron iniciativas armadas, en Colombia éstas fueron ani-madas de manera sobresaliente por jóvenes de extracción urbana, en su mayo-ría ligados a instituciones universitarias, quienes no dudaron en dejar de lado sus proyectos familiares y profesionales para dedicarse de lleno a las tareas que demandaba el momento político. Ese fue el caso de los hermanos Manuel y Antonio Vásquez Castaño, Julio César Cortés, Hermías Ruiz, Federico Aran-go Fonnegra, Ricardo Otero, Leonel Brand, Gleidis e Idelfonso Pineda, José Manuel Martínez Quiroz y Francisco Garnica, entre otros. Cada uno participó en la promoción de proyectos guerrilleros, y los aquí mencionados ofrecieron sus vidas defendiendo sus ideales.


267Juventud, nueva izquierda y revolución en Colombia

En este artículo se reconstruye la corta y agitada trayectoria política de Antonio María Larrota González, uno de aquellos jóvenes que vertió sus ener-gías para ver germinar una nueva Colombia en la década del sesenta. Consi-deramos que su caso registra las vicisitudes de una generación que vivió con intensidad una época difícil. La parábola vital de Larrota es diciente: transitó velozmente por un sendero que lo llevó de una posición conservadora a rei-vindicar postulados de la izquierda radical; pronto se convirtió en un desta-cado dirigente estudiantil y popular que despertó admiración y respeto de ladirigencia revolucionaria cubana; ejerció un notable papel en la fundación del Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (Moec) 7 de Enero, organi-zación que dio origen en Colombia a una izquierda antielectoral y proclive al uso de la violencia. Se trata, en síntesis, de un personaje que, a pesar de haber desempeñado un papel sobresaliente en el campo político de la izquierda entre 1957 y 1961, permanece hoy en el olvido.

El texto describe la relación de Larrota con el movimiento estudiantil de la segunda mitad de los años cincuenta, destacando su vinculación a la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (Unec); reconstruye su participación en diversas protestas sociales, su papel en la creación del Movimiento Obrero Estudiantil (MOE) 7 de Enero (antesala del Moec 7 de Enero) y su primer via-je a Cuba, a mediados de 1959; relata enseguida su participación en el primer congreso del Moec 7 de Enero, su segundo viaje a Cuba y su posterior regreso al país para promover un foco guerrillero; finalmente, describe las circunstan-cias en que murió en las montañas de la Cordillera Central.

Larrota y la lucha contra la dictadura militar

Antonio María Larrota González nació en Bucaramanga el 18 de diciembre de 1937, en el seno de una familia de clase media inclinada a las ideas conserva-doras. Su padre, Tomás Larrota, fue un destacado publicista vinculado a la em-presa comercial RCA Víctor y su madre, Priscila González, fue una poetisa de cierto renombre en los círculos sociales y literarios de la capital santandereana. La familia Larrota González, integrada además por los hijos Patricio, Gabriel,


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Ramón y María del Pilar, gozaba de una cómoda estabilidad económica que le ofrecía tranquilidad y ciertos privilegios. A comienzos de la segunda mitad del siglo XX la familia se trasladó a Bogotá, luego de que don Tomás aceptara una propuesta para trabajar allí(Entrevista a Carlos Ramírez, 2006).

Para entonces el país vivía en medio de un agitado clima político. El gobier-no militar, en cabeza del general Gustavo Rojas Pinilla, era blanco de profun-dos cuestionamientos, estimulados por la gran prensa y las elites políticas, que veían con preocupación las intenciones del general de prolongar su presencia en el poder supremo. Las calles de las ciudades eran lugares de permanentes denuncias y choques entre manifestantes y el Ejército, y en esas refriegas los estudiantes de colegios y universidades tuvieron una destacada participación e incluso pusieron una dolorosa cuota de sangre: el 8 y 9 de junio de 1954 fueron asesinados por el Ejército alrededor de diez estudiantes cuando ade-lantaban una protesta en la Universidad Nacional y en el centro de Bogotá. El suceso alimentó el odio de los jóvenes hacia la dictadura y agudizó su lucha contra ella, hasta su desmoronamiento el 10 de mayo de 1957, luego de que un conjunto de acciones (entre ellas un paro patronal) obligara a Rojas Pinilla a salir del país, no sin antes entregar el poder a una junta militar de transición.

La caída de la dictadura fue celebrada con algarabía por muchos colombia-nos. La gran prensa adscrita a los dos partidos tradicionales no ahorró elogios para los estudiantes por su participación en aquel hecho, a tal punto que pe-riódicos como Intermedio y El Independiente (nombres con los que circularon El Tiempo y El Espectador en las épocas de la censura militar) se refirieron a los es-tudiantes en grandes titulares con expresiones como “Loor a los estudiantes”, “Jóvenes: héroes de las jornadas de mayo”, “Juventud: orgullo máximo de la patria”. Tampoco faltaron los honores oficiales que incluían similares saludos especiales, homenajes y monumentos recordatorios (Villamizar, 2002, 68). Es probable que Antonio Larrota González, quien para entonces terminaba sus estudios de secundaria en el Colegio Grancolombiano (Entrevista a Jorge Za-bala Cubillos, 2008)(ubicado en el centro de la ciudad), sintiera un especial orgullo a raíz de los calificativos que él y sus compañeros recibían de parte



de la gran prensa. De hecho, Antonio había participado en diversas acciones de propaganda contra el régimen militar, que en ciertos momentos le habían exigido poner a prueba su coraje (Entrevista a Raúl Alameda Ospina, 2008)1.

En el movimiento estudiantil

La caída del general Rojas estimuló de forma notable el interés de los jóvenes por la política2. Los estudiantes, identificados en la lucha contra la dictadura y por la restauración de la democracia, consideraron oportuno el momento para presentar reivindicaciones gremiales y estimular transformaciones en la universidad (Ruiz, 2002). Esa valoración se tradujo en la realización de un congreso nacional de estudiantes en junio de 1957, a las pocas semanas de haber cesado la dictadura militar. Del certamen estudiantil salió constituida la Unec, que se definió como organización de fines estrictamente gremiales e independiente del Estado y de toda filiación religiosa o política, aunque respe-tuosa de las preferencias ideológicas y políticas de los estudiantes que en ella participaban (ibíd., 69).

Entre los participantes del congreso, calculados en alrededor de 152, se en-contraba Antonio Larrota, que había sido elegido como delegado en represen-tación de los estudiantes de bachillerato de la capital(Entrevista a Jorge Zabala Cubillos, 2008)3. Durante los tres días que duró el evento, Antonio participó en las discusiones sobre la caracterización de la agremiación y sus proyeccio-nes inmediatas. Desde el inicio el evento estuvo impregnado del espíritu de

1 Raúl recuerda que conoció precisamente a Antonio en una actividad de propaganda contra la dictadura, consistente en arrojar volantes desde un vehículo por algunos barrios del sur de Bogotá. En desarrollo de esa tarea se presentó una situación riesgosa, ante la presencia inesperada del Ejército; Larrota fue puesto a prueba y respondió satisfactoriamente. En esa misma actividad participó Estanislao Zuleta.2 Félix Vega recuerda a 1957 como un año decisivo para la generación estudiantil de entonces, ya que “fue el que nos inyectó a nosotros la cuestión de la vida política y pública por la caída de Rojas Pinilla. Esa fue nuestra visión repentina de qué era este país y qué papel podía jugar la civilidad frente a la cuestión de facto y militar. Yo digo que desde ahí muchos, o cogimos a estudiar derecho o nos metimos en la cosa política, influidos y empujados por las batallas contra Rojas” (Villamizar, 2002, 68).3 De acuerdo con Ruiz, si bien el sistema de elección de los delegados al certamen estudiantil no fue del todo claro, es indudable “que debió recaer en los estudiantes más activos”. (2002, 75).


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conciliación nacional que la elite victoriosa presumía de promover en el país. Respondiendo a ese sentimiento, los estudiantes procedieron a escoger a sus dirigentes tanto en las filas liberales como en las conservadoras. Con apenas veinte años de edad, Antonio Larrota fue escogido para hacer parte del primer comité ejecutivo de la Unec, en representación de los sectores de la derecha estudiantil que atendieron el llamado a la unidad y con los que se pactó un acuerdo político para darle estabilidad y representatividad a la agremiación recién constituida (Anónimo, 1961, 398).

Para ese momento Antonio profesaba ideas conservadoras (respeto a las instituciones establecidas, temor a la revolución social, importancia del papel de la Iglesia en la sociedad, etc.), producto del ambiente familiar en el que creció y no de haber tenido una militancia doctrinaria y disciplinada –que efectivamente no la conoció, hasta donde se sabe– en alguna expresión o co-rriente del conservatismo colombiano. Desde el momento de su elección para el ejecutivo de la Unec, el ascenso político de Larrota fue imparable. Antes de finalizar 1957, y como resultado de los acuerdos políticos que se habían pactado en el primer congreso, el joven bumangués ocupó la presidencia de la Unec por espacio de diez meses(Archivo de la Presidencia de la República, Despacho del Ministro, Caja 4, f. 104)4. No obstante, esa responsabilidad tuvo que ejercerla en medio de una ardua disputa por el domino de la directiva de la agremiación estudiantil, enfrentándose a distintos grupos que la confor-maban, entre ellos a la Asociación de Universitarios de Antioquia (Audea)(Semana, 22 de mayo de 1961, 10). Esas circunstancias lo fueron convirtiendo en un destacado y fogoso dirigente, y desde luego contribuyeron a su madurez política. De hecho, si se observa con detenimiento, pueden establecerse dos etapas en el proceso político de Larrota.

En una primera etapa, que iría desde antes del primer congreso de la Unec (1957) hasta antes del segundo (1958), Larrota defendió con vehemencia sus apreciaciones políticas de derecha(Anónimo, 1961, 399). Sin embargo, en el

4 En adelante será citado como APR, DM.



desempeño de sus actividades directivas fue percibiendo las contradicciones derivadas de asumir la defensa de posiciones tradicionalistas y de respeto al or-den social vigente, por un lado, y, por el otro, plantear reivindicaciones demo-cráticas relacionadas con una mayor autonomía para los centros universitarios, el derecho de los más pobres a estudiar, la exigencia de mejores presupuestos para la educación o la no injerencia de sectores externos en la universidad. Estas reivindicaciones se traducían en conflictos con instituciones de mucho poder, como la Iglesia católica, la gran prensa, los empresarios y los parti-dos tradicionales (ibíd.). Además, se presentaban en momentos en que “la Universidad empieza a ser escenario de discusiones en el ámbito estudiantil, relacionadas con el papel que debía cumplir la universidad en la sociedad, la presencia de la paridad política (referencia al sistema político del Frente Na-cional), la participación de la Iglesia en la universidad y la democratización de la educación para permitir el acceso a la universidad de sectores sociales anteriormente excluidos” (Ruiz, 2002, 93).

De modo que las contradicciones entre las reivindicaciones estudiantiles y las posibilidades de realizarlas dentro del sistema político ejercieron una fuerte presión en Larrota, modificando sus apreciaciones sobre el papel del estu-diante y de la universidad en la sociedad y asimismo su concepción sobre los partidos tradicionales y el carácter excluyente de la democracia colombiana. Sin duda, su ingreso a la Universidad Libre de Bogotá a comienzos de 1958 alimentó su proceso de transformación política5.Su vinculación a la carrera de Derecho de esa institución educativa, en donde se dinamizaban grandes lu-

5 Algunas versiones dan a entender que Antonio realizó estudios simultáneos en dos universidades. Por ejemplo, Carlos Ramírez afirma que Larrota estudió Derecho en la Universidad Libre y Sociología en la Universidad Nacional, lo cual no parece creíble, ya que la facultad de Sociología de esta universidad fue abierta oficialmente en 1959. El Espectador afirmó que Larrota había estudiado Derecho en la Universidad Libre y en la Universi-dad Nacional. Por su parte, Semana (marzo 20 de 1961) afirmó que Larrota era estudiante de la Universidad Nacional. En los documentos que le fueron hallados por las autoridades luego de su muerte había un carnet que lo vinculaba a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Lo que sí es claro es que Larrota inició estudios de Derecho en la Universidad Libre en 1958, los que posteriormente abandonó para dedicarse a la actividad política.


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chas estudiantiles(Ávila et al., 2000)6, se convirtió en posibilidad de perfilar su condición de dirigente y acumular un mayor capital político7. En su paso por la universidad se vinculó al Club Democrático “Voces”, un grupo estudiantil orientado por la juventud del Partido Comunista que impulsaba diversas ac-tividades (mesas redondas, conferencias, jornadas culturales) tendientes a nu-clear y elevar el nivel político de los estudiantes. Sin embargo, no fue muy larga su permanencia en ese espacio, entre otras cosas porque Larrota no abrigaba la menor simpatía por las ideas comunistas.

Una segunda etapa arranca desde antes del segundo congreso (1958) hasta mayo de 1959. Allí nos encontramos con un Larrota desbordado por el acti-vismo y con una radicalización de sus posturas políticas hacia la izquierda. La Unec realizó su segundo congreso en Cali, en junio de 1958, y en este evento, a diferencia de lo que ocurrió en el primero, Larrota tuvo una mayor parti-cipación. Ya no era el estudiante que hablaba con timidez sino un preclaro dirigente, dueño de una poderosa oratoria capaz de cautivar a grandes audito-rios8. En él era perceptible una madurez como dirigente y fue normal que en sus pronunciamientos resaltara la necesidad de crear unidad, ya no solo entre los estudiantes, sino también en otros sectores sociales, como los obreros y los campesinos, para conquistar reivindicaciones democráticas. Luego de dejar la presidencia de la Unec por periodo cumplido, el congreso lo reeligió para integrar el nuevo comité ejecutivo, en el cual asumió la secretaría de la organización.

6 Alejandro Gómez afirma que a finales de los años cincuenta del siglo anterior la Universidad Libre era el “cen-tro neurálgico, el cuartel general” del activismo estudiantil, y que después se comenzaría “a desplazar a otras universidades privadas y a la Nacional, y así mismo sucedía en las otras capitales del país”. En la Universidad Li-bre permanentemente se “realizaban seminarios, actividades de tipo cultural, artístico, incluso deportivo”(Ruiz, 2002, 74).7 Alejandro Gómez recuerda que “Los directivos nos desplazábamos a todas las universidades para participar en cuanta actividad estudiantil hubiera, con la idea de difundir nuestros principios, postulados y en general los objetivos de la organización. Así mismo, utilizábamos los medios de difusión a nuestro alcance para señalar las orientaciones a las masas estudiantiles, como volantes, manifiestos, consignas, etc.” (Ruiz, 2002, 74).8 Arturo Alape, quien participó en el segundo congreso de la Unec, recuerda a Antonio Larrota interviniendo en una de las sesiones del evento y desplegando una gran capacidad para la oratoria. Conversación con Arturo Alape, 2005).



Larrota y el periodismo estudiantil

Las responsabilidades de Antonio en la Unec no se limitaron al ejercicio de cargos de dirección. También se centraron en la dirección y edición del pe-riódico de la agremiación estudiantil, actividad que realizaba en compañía de Guido Herrera, quien había desempeñado la secretaría general de la Unec en el primer periodo. Los dos jóvenes elaboraban las páginas editoriales de cada edición, consignando en ellas las orientaciones e inquietudes que acompa-ñaban a los estudiantes vinculados a la agremiación. Lo que escribían daba cuenta de las lecturas que hacían del momento político, de sus preocupaciones gremiales y de las expectativas en torno al futuro del país. En el editorial del primer ejemplar de Unec, nombre que adoptó el periódico estudiantil, Anto-nio y Guido resaltaban la carencia de una auténtica conciencia política de los estudiantes colombianos, que les impedía extender la mirada más allá de los predios universitarios. Allí afirmaban:

“Es de gran importancia que en Colombia se estructure completamente una auténtica conciencia estudiantil que lleve a todos los estudiantes al fondo de los problemas que padece el gremio y a las soluciones más prácticas y oportu-nas. Es necesario la formación de una conciencia estudiantil amplia, que deje a un lado la concepción errónea de que ser estudiante es simplemente llevar algunos libros bajo el brazo y pasar unas cuantas horas en las aulas de las Universidades, colegios y escuelas, para ir entonces a la raíz de los problemas nacionales mediante la preocupación constante por solucionar los que llevará indudablemente a su atento estudio. Ser estudiante es ser titular de derechos cívicos. Es el conocimiento cabal de esos derechos para poder defenderlos cuando se vean lesionados. Es la identificación de nuestras aspiraciones y la exigencia de su satisfacción” (El Espectador Matinal, 4 de julio de 1958, 5).

Por eso destacaban la importancia de forjar una conciencia estudiantil que, en vez de marginarlos de la realidad nacional, les permitiera comprenderla:

“Algo que nos identifica plenamente es el sentimiento de que el estudiante no debe marginarse de la vida nacional, ni dedicarse únicamente a los estudios de


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bibliotecas y centros docentes pasando por alto la realidad que afronta el país. Este modo de pensar da muestra perfecta de lo que es la conciencia estudiantil. Es apenas lógico suponer que las grandes manifestaciones de ella radican en la defensa de los intereses del gremio. Y se manifiesta en la unidad, en la orga-nización y en la actitud firme de lucha y acción por los ideales de cultura, de investigación científica y de democratización de la enseñanza” (ibíd.).

Como dirigente de la Unec, Larrota tuvo la oportunidad de visitar países socialistas de Europa y Asia. A finales de 1958 estuvo en la Urss, Hungría, Checoslovaquia y Alemania Oriental (APR, DM, caja 4, f. 106), participando en eventos organizados por la Unión Internacional de Estudiantes. Los viajes le permitieron conocer la problemática estudiantil y las experiencias comunis-tas que allí se impulsaban. También visitó China, donde la revolución dirigida por Mao tuvo en él un fuerte impacto(Anónimo, 1961, 399)9.

En síntesis, el paso de Larrota por la Unec fue decisivo: le permitió rela-cionarse con colegas de todo el país y del mundo y conocer distintos procesos estudiantiles. En cerca de dos años en que estuvo vinculado a la agremiación, Larrota tuvo la oportunidad de probarse entre los suyos como orador y orga-nizador. Su carácter como dirigente se fue fortaleciendo y llegó a convertirse en uno de sus más visibles líderes. Además, su cultura política se enriqueció gracias al contacto que tuvo con corrientes ideológicas de izquierda prove-nientes de los países socialistas de Europa, Asia y Latinoamérica.

Lasolidaridad con Cuba

La lucha del Movimiento 26 de Julio contra el dictador Fulgencio Batista des-pertó en distintos sectores de la sociedad colombiana sentimientos de solidari-

9 De acuerdo con el autor, las revoluciones china y cubana marcaron profundamente a Larrota: “Ambas le despertaron una reacción de traslado. Ambas le recordaron la situación colombiana y le incitaron a actuar ya mismo. En China cada rostro libertado, cada hectárea cultivada le removía el sueño de que en su país también el pueblo se hiciera dueño de su destino, pero sin esperar, sin calcular”(Anónimo, 1961, 399).



dad. Fue normal que en las ciudades se constituyeran comités que adelantaban campañas para brindar apoyo moral a los rebeldes, y que en ellos participaran personajes de la política tradicional10. Incluso Fidel Castro era objeto de emo-tivos elogios por su papel en la resistencia a la dictadura y a él se dedicaban no pocos saludos y reconocimientos11. Desde luego, los estudiantes colom-bianos manifestaron una pronta simpatía por la lucha del pueblo cubano y no dudaron en desplegar una amplia campaña de solidaridad a favor de los rebeldes. Al menos dos razones explican aquel comportamiento. En primer lugar, la rebelión cubana era entendida como la lucha de un pueblo inerme contra una dictadura sangrienta. Si en ese momento había algo que despertara odio en el estudiantado latinoamericano, eran los regímenes dictatoriales que proliferaban en la región: Batista en Cuba, Trujillo en República Dominicana, Stroessner en Paraguay, Somoza en Nicaragua y, recientemente, Rojas Pinilla en Colombia.

Por otro lado, los motivaba la solidaridad con la Federación de Universita-rios de Cuba, que había sido duramente reprimida por las fuerzas militares ba-tistianas. José Antonio Echavarría, presidente de la Federación de Estudiantes de Cuba, querido y admirado por sus pares colombianos, había sido asesinado

10 Fue famoso el Comité Colombiano por la Libertad de Cuba, integrado por personajes ligados la literatura y a la política tradicional, como Eduardo Santos, Carlos Lleras Restrepo, Belisario Betancur (presidente de honor), Eduardo Caballero Calderón, Jorge Gaitán Durán, Roberto García Peña, Guillermo Cano, Álvaro Uribe Rueda, Alberto Zalamea, Felipe Salazar Santos, Mario Latorre Rueda, Eduardo Cote Lamus, Eduardo Mendoza Varela, Antonio Panesso Robledo, Miguel Lleras Pizarro, Héctor Charry Samper, León de Greiff y Alberto Lozano Simonelli, entre otros. En una declaración, el comité afirmaba que “mientras dure la opresión en alguno de nuestros países, ningún americano puede ni debe ser indiferente a la lucha que contra ella se adelante”, a la vez que invitaba “a nuestros compatriotas para que den pruebas de solidaridad activa con todos los demócratas que en Cuba luchan por la justicia y la libertad” (La Calle, 14 de noviembre 1958, 8 y 9). En Medellín se constituyó un Comité Pro Libertad de Cuba “con el fin de contribuir al éxito de la lucha que actualmente libra el pueblo cubano para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista” y adelantar “a escala nacional una campaña encaminada a lograr que todas las fuerzas vivas de la nación colombiana apoyen moralmente el movimiento insurgente acau-dillado por Fidel Castro”. Integraban el comité obreros, estudiantes y “distinguidos ciudadanos” (El Tiempo,7 de julio de 1957, 10).11 En la instalación del directorio liberal de Cartagena, en julio de 1957, fueron aprobadas mociones de respaldo y saludo al pueblo cubano y a Fidel Castro, “quien lucha en las montañas de su patria por el restablecimiento de la democracia”. La moción terminaba así: “Exáltese la lucha democrática de Fidel Castro en Cuba” (El Tiempo, 16 de julio de 1957, 6).


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por la dictadura, hecho que ameritó un pronunciamiento del comité ejecuti-vo de la Unec en que manifestó “su enérgica protesta por los asesinatos de estudiantes que se vienen cometiendo en la hermana república de Cuba”. El documento saludaba además “el movimiento de liberación 26 de Julio (sic), que, encabezado por Fidel Castro, abanderado de las luchas democráticas, se adelanta en la martirizada república del Caribe” (El Tiempo, 8 de julio de 1957, 8)12.

Lo que sucedía en Cuba conmovió a Antonio Larrota. Nuevamente los acontecimientos ejercían en él una fuerte presión. El recuerdo de la lucha contra Rojas Pinilla estaba todavía fresco en la memoria de la juventud colom-biana. Por eso Larrota no dudó en manifestar su solidaridad hacia los rebeldes de la isla. Desde la Unec promovió mítines de apoyo y organizó la recolección de materiales que tuvieran alguna utilidad para los combatientes que desde la adversidad pretendían destronar al dictador (Villamizar, 2002, 81). Firmó declaraciones, realizó marchas de apoyo, arengó contra Batista y vendió bonos de solidaridad en pleno centro de Bogotá (Entrevista a Gustavo Soto, 2009). Los dirigentes del Movimiento 26 de Julio tuvieron conocimiento de las ini-ciativas de Larrota desde antes de la llegada al poder, gracias a los informes que enviaban los representantes políticos del movimiento en Colombia. Eso explica por qué desde temprano Larrota se ganó la admiración y el respeto de la dirigencia cubana, hecho que se puso en evidencia cuando el joven visitó la isla por primera vez, a mediados de 195913.

Como era de esperar, los estudiantes colombianos celebraron como propia la victoria final de las fuerzas de Fidel Castro sobre la dictadura. El primero de enero de 1959 decenas de personas colmaron las calles de las ciudades colombianas para festejar lo sucedido. Ese mismo día la Unec emitió una de-

12 Firman la resolución los integrantes del comité ejecutivo de la Unec, incluido Antonio Larrota. Debe tenerse en cuenta que en la parte segunda del programa de la Unec, titulada Objetivos inmediatos ante los problemas nacionales e internacionales, se estipulaba como obligación la “Solidaridad y ayuda a los estudiantes que luchan en América y otros países del mundo contra las dictaduras y en pro de las libertades de sus respectivos Estados”.13 Raúl Alameda afirma que antes de la victoria de los rebeldes una delegación de cubanos visitó varias ciudades colombianas en busca de apoyo y solidaridad. Antonio Larrota la acompañó en el recorrido. Entrevista a Raúl Alameda.



claración en que felicitaba “al estudiantado cubano y pueblo en general por el triunfo sobre la ominosa dictadura de Batista”, ese “monstruo que sacrificara millones de cubanos; suspendiera todas las garantías de la persona humana; pisoteara las instituciones democráticas y cerrara las universidades”. Aprove-chando la ocasión, la agremiación estudiantil colombiana evocó emotivamen-te a sus colegas cubanos que habían contribuido al triunfo:

“Fueron muchos los dirigentes estudiantiles que sufrieron las torturas, el en-carcelamiento, el destierro y en no pocas ocasiones la muerte violenta. Sus sufrimientos sirvieron de bandera a diferentes movimientos revolucionarios, que partieron de la Universidad y se regaron después por toda Cuba, hasta dar por tierra con la dictadura” (“Mensaje del estudiantado colombiano a Cuba”, El Espectador, 1 de enero de 1959, 7)14.

Si la lucha guerrillera que adelantaron los rebeldes cubanos despertó el interés de Larrota y lo empujó a adelantar una solidaridad hacia ellos, el triun-fo conseguido en diciembre de 1958 provocó en él una impresión difícil de valorar. Desde luego, no solo en Larrota hubo tal impacto. Toda una gene-ración de jóvenes colombianos y latinoamericanos se vio marcada directa o indirectamente por la gesta caribeña y la impulsó desde entonces a la acción política radical.

Las protestas contra el alza en las tarifas del transporte

El 7 de enero de 1959, día en que Fidel Castro entró en La Habana, las calles del centro de Bogotá fueron escenarios de duras confrontaciones entre mani-festantes y fuerzas policiales. Días antes el presidente Alberto Lleras Camargo, cediendo a la presión de las empresas de transporte público de la ciudad, había decretado un alza en las tarifas del transporte público urbano. La medida desa-tó un movimiento de protesta que promovió bloqueos de vías y enfrentamien-

14 Firmaron la declaración Gustavo Díaz Correa, Alirio Arciniegas, Guido Herrera, Alicia Guerrero, Ruth Ce-peda, Hugo Caicedo, Roberto Chinchilla, Pedro Bonnet Locarno y Antonio Larrota.


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tos con la policía durante cerca de cuatro meses. Después de una sostenida presión popular, el gobierno debió echar atrás la medida y restableció las tari-fas al nivel en que se encontraban antes del 7 de enero de 1959 (Díaz, 2007).

Antonio Larrota tuvo un papel decisivo en las protestas. Detenido en va-rias ocasiones, fue uno de los principales dirigentes de la movilización popular y ejerció un liderazgo que pronto trascendió las fronteras de la ciudad. Eso fue posible, entre otras razones, por las facilidades que poseía para la oratoria, destreza política que dominaba con propiedad y que incluso era reconocida por sus detractores, vinculados a los partidos tradicionales y a la gran prensa (El Siglo, 15 de mayo de 1961, 3).

Distintos organizaciones políticas aprovecharon la oportunidad (Tarrow, 1994) para capitalizar dividendos propios. Por ejemplo, militantes del Parti-do Socialista Colombiano, lo mismo que sectores del movimiento gaitanista y del Partido Comunista Colombiano (recién legalizado), participaron en las protestas buscando ganar adeptos. En ocasiones esas fuerzas entraban en conflicto entre sí, al querer cada una imponer sus directrices al movimiento social. También participaban en las movilizaciones estudiantes, empleados y obreros que no militaban en ninguna de las organizaciones mencionadas e incluso eran críticos acérrimos de algunas de ellas, como sucedía con La-rrota y el PCC.

En la segunda semana de enero, en medio de las protestas, Antonio Larrota y otros estudiantes, entre quienes sobresalían Eduardo Aristizábal Palomino, Armando Valenzuela Ruiz, Alejandro Páez Murillo, Robinson Jiménez, Jorge Bejarano Mateus, Luis Alfredo Sánchez, Patricio Larrota y algunos empleados y obreros de la ciudad, crearon el Movimiento Obrero Estudiantil (MOE) 7 de Enero. Sus integrantes buscaban no solo distanciarse del resto de orga-nizaciones que actuaban en las protestas, sino además disputar la dirección del movimiento antialcista(Entrevista a Gilberto Guzmán Celis, 2008). Desde un principio los integrantes dotaron al MOE 7 de Enero de una dirección colectiva, unos objetivos y un plan básico, buscando crear una identidad po-



lítica y mayor coordinación15.Si bien el nuevo movimiento respondía a una coyuntura específica, sus fundadores concebían su proyección más allá del momento particular (Archivo del autor). Por ejemplo, uno de los objetivos que se proponía el MOE 7 era unificar “las fuerzas campesinas, obreras, estu-diantiles juveniles y de clase medias y populares de todos los partidos políticos y tendencias ideológicas en un frente único de combate para luchar por la au-téntica revolución social en Colombia”, y conformar “un equipo de dirigentes revolucionarios, extraídos de la clase media, obrera y campesina, capacitado para dirigir la Revolución Colombiana, integrado por la juventud obrera, cam-pesina y estudiantil” (ibíd.).

Obtenida la victoria al lograr la derogación de la medida alcista, los pro-yectos de Antonio y sus compañeros siguieron su curso, de acuerdo con lo establecido en los fines programáticos del MOE 7 de Enero. Pero en mayo de 1959, a raíz de las polémicas suscitadas con los estudiantes vinculados al PCC, quienes siempre lo consideraron un individuo anárquico y aventurero, Antonio fue expulsado del comité ejecutivo de la Unec. Sin embargo, poco le importó la decisión tomada por la directiva estudiantil, ya que en ese mo-mento su mirada se proyectaba hacia otros senderos y había renunciado a los estudios universitarios para dedicarse de lleno a la actividad política.

Una vez pasadas las protestas contra el alza del transporte urbano, el MOE 7 de Enero –que pronto agregaría a su denominación la letra C, para recoger también las reivindicaciones del sector campesino– adelantó actividades de solidaridad hacia otros sectores sociales y terminó vinculándose en cuanta agitación social se presentaba. En mayo y junio de 1959 estallaron en Bogotá huelgas de trabajadores del sector bancario y de Icollantas, y los militantes del Moec les ofrecieron su apoyo. Durante la huelga de los empleados bancarios Larrota pronunció varios discursos que resaltaron la necesidad de la unidad de

15 El MOE 7 de Enero adoptó una estructura directiva similar a la de la Unec. El primer comité ejecutivo lo integraron Eduardo Aristizábal Palomino, Luis Alfredo Sánchez, Jorge Alfonso Bejarano Mateus, Alejandro Páez Murillo, Pedro Cormane, Hernando Tolosa, Álvaro Santofimio, Antonio Larrota González, Patricio La-rrota González, Luis Eduardo Granados, Juan Velosa, Efraín García y Armando Valenzuela. (APR, DM, f. 105.)


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los distintos sectores populares (Entrevista a Gilberto Guzmán Celis, 2008). En Cali el Moec prestó también su apoyo a los damnificados de la espantosa explosión de carros militares ocurrida a mediados de 1956, que desde enton-ces se movilizaron permanentemente para reivindicar el derecho a la vivienda.

Primera visita a Cuba

Para recordar un nuevo aniversario del asalto al Cuartel Moncada, ocurrido el 26 de julio de 1953, el gobierno cubano realizó en 1959 una pomposa celebración. Cerca de un millón de personas de La Habana, muchas de ellas portando ma-chetes y luciendo barbas y sombreros de yarey, llenaron la Plaza de la República (después Plaza de la Revolución), y la celebración sirvió para que el gobierno declarara aquel día como el de la Rebeldía Nacional y al Cuartel Moncada como monumento histórico de Cuba. Desde tempranas horas de aquel domingo, el himno nacional y la Marcha del 26 de Julio fueron tocados en todas las plazas públicas de la ciudad. Al momento de iniciarse oficialmente los actos, un millar de palomas fueron liberadas y trescientos globos lanzados al aire con consignas escritas que decían: “¡La reforma agraria va!” y “¡Viva la Cuba nueva!”. Mientras esto ocurría, “los destellos de los machetes que golpeaban unos contra otros para aplaudir la llegada de la liberación, llenaban la inmensa explanada”(Gaitán, 1973, 10). Luego habló Fidel Castro por varias horas.

Antonio Larrota tuvo la oportunidad de presenciar los actos de celebración en la capital cubana. Había llegado a la isla invitado por el gobierno revolucio-nario, al igual que lo hicieron líderes de la región como Lázaro Cárdenas y el futuro presidente de Chile, Salvador Allende. De Colombia asistieron Amparo Jaramillo viuda de Gaitán y su hija Gloria, entre otras personas. La estadía de Larrota en Cuba, que se prolongó por varios meses, entre julio de 1959 y comienzos de 1960, tuvo una importancia definitiva en su proyección política. Las distintas actividades que adelantó allá y las implicaciones de las mismas así lo corroboran. En efecto, Larrota realizó en la isla una intensa actividad revolucionaria (Moncada, 1963, 187), que podría sintetizarse así:



• Incorporación a las milicias estudiantiles que recibieron instrucción mi-litar de los cubanos y lo convirtieron en uno de los primeros colombia-nos –tal vez el primero– en recibir entrenamiento de este tipo en la isla (AP, DSP, folio 143). En correspondencia con lo anterior, y con el visto bueno de la dirigencia cubana, Larrota inició un proceso de formación política y militar que tenía como finalidad iniciar en los próximos meses un nuevo tipo de lucha guerrillera, que buscaba replicar en tierras co-lombianas lo sucedido en Cuba.

• Promoción o venta de bonos en distintos lugares de Cuba, con los cua-les, según manifestaba, pretendía financiar la lucha guerrillera “por una Colombia libre”16. De acuerdo con un informe de la Procuraduría Ge-neral colombiana, Larrota logró por esta vía recaudar “más de ochenta mil dólares vendiendo bonos a nombre de la Revolución Colombiana” (Moncada, 1963, 187).Relación con dirigentes revolucionarios de Cuba y América Latina, que desde muy temprano visitaron Cuba. Así ocurrió con Carlos Malpica Silva, futuro dirigente del MIR peruano, con quien compartió análisis sobre la realidad política y las proyecciones revolu-cionarias en Latinoamérica17.

Además, Larrota se dedicó a desacreditar al gobierno colombiano en cuanto escenario encontraba. En los primeros días de agosto de 1959, en una rueda de prensa ofrecida por las autoridades cubanas, Gloria Gaitán la emprendió contra el presidente Lleras Camargo y el Frente Nacional y despertó la reacción de los periodistas colombianos allí presentes, quienes salieron en defensa del primer gobierno frentenacionalista. Larrota, que se encontraba también en el lugar, intervino en apoyo de Gloria y ratificó lo

16 Ver “Bonos para una revuelta en Colombia se venden en Cuba”(El Tiempo, 14 de octubre de 1959, 13), Le-querica (1961) yEntrevista a Francisco Trujillo, (2008). Los bonos tenían en sus márgenes los nombres de José Antonio Galán, Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán.17 En una obra sobre el problema del latifundio de su país Malpica señala: “Es digno recordar que uno de los mártires de la revolución colombiana y latinoamericana, Antonio Larrota, dirigente fundador del Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (Moec) de Colombia, colaboró en las discusiones del anteproyecto, lo mismo que los cc. doctor Juan Gualberto Caballero e Ing. Fernando Aguilar, del Movimiento 26 de Julio de Cuba, y los cc. argentinos Jorge Hammar y Olga Martin” (Malpica, s. f.)


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dicho por ella sobre la situación colombiana (El Espectador, 8 de agosto de 1959, 1 y 3).

A Larrota no le sobró el tiempo destinado a conceder entrevistas a pe-riódicos de la isla, en las cuales se refirió a la situación colombiana. Especial mención merece la entrevista que en septiembre de 1959 ofreció al periodista Julio Castelló, del diario habanero La Calle. En ella, que apareció en primera página con el llamativo titular de Colombia en las garras del fascismo, Larrota atacó al Frente Nacional y a los partidos tradicionales, de los cuales dijo que “acor-daron repartirse los privilegios del poder” y habían impedido “la formación de nuevos organismos capaces de representar de verdad las humanas y demo-cráticas esperanzas liberales de nuestro pueblo”. Al ser interrogado acerca de cuáles sectores se estaban oponiendo al régimen político, Larrota respondió, sin duda con exageración, lo siguiente:

“Los campesinos se están organizando en grandes guerrillas para apoyar a los obreros y estudiantes en las luchas de las calles, en ciudades y pueblos. Los campesinos colombianos han despertado, ya no luchan entre sí, sino contra los abusadores militaristas y sus dóciles servidores de las camarillas politique-ras y oligarcas” (La Calle, 13 de septiembre de 1959, 1 y 6).

Y ante la pregunta del periodista sobre las proyecciones del movimiento armado, nuestro hombre expresó:

“Puedo asegurarle que ni los campos de concentración, los ‘gestapistas’, los escuadrones de la muerte, etc., que ni con la bomba atómica si la tuvieran, podrán impedir el triunfo de la gran revolución transformadora que liberará a Colombia del feudalismo, del intervencionismo y la oligarquía esclavizadora” (ibíd.).

Al llegar a Colombia, Larrota se dedicó a buscar contactos con dirigentes campesinos y guerrilleros del Cauca que habían actuado en el periodo de la Violencia, con el propósito de avanzar en los planes insurreccionales que ha-bía acordado en Cuba.



El segundo viaje

En julio de 1960 tuvo lugar el primer congreso del Moec 7 de Enero. Para en-tonces habían ingresado al movimiento nuevos militantes, algunos proceden-tes del PCC, hecho que enriqueció el espectro político del mismo. Además de la aprobación de un nuevo lineamiento programático, lo más significativo del evento fue la exposición de Antonio Larrota sobre el trabajo exploratorio que venía adelantando en Tacueyó, zona caucana escogida para iniciar las acciones guerrilleras18. En síntesis, las labores de Larrota en esa región consistieron en establecer contacto con jefes de cuadrillas que venían operando allí desde la época de la violencia bipartidista, a fin de articularlos al Moec. Y, al parecer, logró avanzar en esa dirección, al convencer a personajes como Adán de Jesús Aguirre (“Aguililla”), a un tal “Tijeras” y a un tal “Chaflán”, de hacer parte del nuevo movimiento19.

Es probable que, a instancias de Larrota, el congreso del Moec deter-minara enviar a Cuba una comisión a entrevistarse con la dirigencia revo-lucionaria para dar a conocer la nueva realidad del movimiento, plantear el desarrollo del proyecto de Tacueyó y buscar apoyo logístico y económico. En una especie de acuerdo entre las dos tendencias que ya eran patentes en las filas moecistas (la que reivindicaba un pronto paso a las acciones armadas y la que planteaba preparar las condiciones para ello), viajaron a la isla Antonio Larrota y Raúl Alameda, los dos exponentes visibles de dichas corrientes.

En Cuba, la situación se tornó prontamente incómoda para Alameda, quien no compartía los ímpetus de Larrota y creía que éste utilizaba su amistad con

18 Se consideró en principio dedicar un tiempo al conocimiento social y político de la zona (presencia indígena y campesina, nivel de politización existente, presencia de guerrilleros liberales, influencia del PCC), al igual que las condiciones geográficas que ésta ofrecía. La zona escogida, ubicada sobre la Cordillera Central, distaba aproximadamente veinte horas a caballo de Corinto, la cabecera municipal.19 De acuerdo con Alameda, el informe presentado por Larrota en el congreso sobre el trabajo en Tacueyó fue “sumamente favorable” a sus propósitos.


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la dirigencia cubana para promover sus planes en Colombia20. Luego de varios días de espera, Larrota y Alameda lograron entrevistarse en dos ocasiones con Ernesto Guevara21, a quien le detallaron el estado del Moec 7 de Enero, la si-tuación política del país y las posibilidades de proyectar la guerra de guerrillas. Según advierte Alameda, mientras Larrota planteaba una lectura tendenciosa de la situación nacional, exagerando las condiciones militares del Moec y del movimiento popular colombiano, él enfatizaba en la necesidad de cualificar orgánicamente al movimiento y a sus militantes, antes de ponerlos a liderar acciones armadas22. Finalmente, los cubanos dieron credibilidad a las ideas de Larrota y le brindaron el apoyo necesario al proyecto de Tacueyó.

En el camino, la muerte

Larrota regresó a Colombia a principios de 1961, sin ser detectado por los organismos de inteligencia (El Espectador, 13 de mayo de 1961), y se despla-zó de inmediato a Cali, donde se puso en contacto con los integrantes del Moec, quienes trataron infructuosamente de persuadirlo para que desistiera de su plan. Antonio se mantuvo en el empeño, sin duda considerando que, al contar con el apoyo de los cubanos, poca importancia tenía la oposición de la corriente que representaban Alameda y Mauricio Torres. Éstos, acudiendo

20 Alameda afirma que Larrota solía perderse por horas, dejándolo solo en la casa de su familia, lo que obligó a Alameda a recordarle que, de acuerdo a lo definido en el congreso, los dos debían estar presentes en cualquier reunión que se sostuviera con los cubanos y que ninguno de los dos podía, por cuenta propia, entrevistarse sin la presencia del otro. Lo anterior muestra las desconfianzas y posibles celos que existían entre los dos voceros de las corrientes del Moec 7 de Enero.21 Infortunadamente, solo contamos con la versión de Alameda, quien en la entrevista deja ver constantemente los roces que tenía con Larrota. 22 De acuerdo con Alameda, Larrota sacó provecho del afecto de los cubanos hacia él, logrando que Guevara diera credibilidad a su exposición, “ganándole el pulso” a Alameda. El hecho, desde luego, tendría decisivas consecuencias para el Moec y para el propio Larrota. Respecto a Raúl Alameda, éste correspondía a un cuadro clásico de la izquierda: tuvo una militancia en el PCC, donde adquirió una cultura leninista, había leído bastante literatura marxista, era economista (discípulo de Antonio García) y había elaborado documentos de debate po-lítico (por ejemplo, las bases programáticas para el primer congreso del Moec 7 de Enero). También fue asesor de los trabajadores en la célebre huelga de Talleres Centrales de noviembre de 1957. Para el momento del viaje a Cuba, Raúl tenía treinta y dos años y Larrota veintitrés (Entrevista a Raúl Alameda Ospina, 2008).



a los criterios disciplinarios, llamaron al orden a Antonio pero no obtuvieron los resultados esperados, lo que confirmaba que, pese a existir un conjunto de lineamientos e instancias colectivos de dirección, el Moec era en realidad un cuerpo acéfalo en cuyas filas cada quien hacía lo que quería, sin que nadie ni nada lograra evitarlo. Por más que se invocara el centralismo y se recurriera a los estatutos para sancionar prácticas que se consideraban incompatibles con su inspiración política, en el movimiento reinaba la indisciplina23.

Luego de permanecer varios días en Cali, Larrota se desplazó hacia la cor-dillera –probablemente en los primeros días de abril de 1961–, en compañía de dos jóvenes de extracción urbana, por lo menos. Desde entonces, y hasta el día de su muerte, se dedicó a ampliar los conocimientos de la zona, a adoc-trinar políticamente a los hombres que seguían a “Aguililla” y a “Tijeras” y a compartir con ellos los conocimientos militares que había adquirido en Cuba. Promovió asimismo contactos con otras cuadrillas que operaban en la región, con la intención de unirlos a los nuevos propósitos guerrilleros. Es de anotar que Larrota se movía por la región vistiendo prendas militares, luciendo una boina vasca y portando binóculos prismáticos y un arma de fuego de corto calibre.

Si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre el momento en que La-rrota retornó a Tacueyó y el día de su asesinato24, es evidente que entre “Agui-lilla” y Antonio no demoraron en presentarse malestares que condujeron fi-nalmente al sacrificio del joven dirigente. Además, debe tenerse presente que había pasado prácticamente un año desde que Larrota presentara, en el primer congreso del Moec, el informe sobre Tacueyó que incluía la incorporación de “Aguililla” a esa organización. Durante ese tiempo el parecer inicial de anti-

23 Antonio Larrota era el líder de esa tendencia en el Moec 7 de Enero, secundada por un grupo de militantes que aglutinaba especialmente a jóvenes como Armando Valenzuela, Eduardo Aristizábal Palomino, Robinson Jiménez, Leonel Brand, William Ospina Ramírez y Efraín García, entre otros.24 De acuerdo con el informe del teniente Guillermo Escobar, del Batallón de Infantería Nº 7 “Junín”, Larrota fue asesinado el 3 de mayo de 1961. Ver Archivo General de la Nación, Ministerio del Interior, Fondo Despacho del Ministro, caja 21, carpeta 185, folio 35 (en adelante será citado como AGN, MI, FDM).


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guo combatiente pudo haber cambiado, sin que Larrota pudiera percibirlo al momento de regresar a la región; ese habría sido el costo que pagó Larrota al imprimir al proyecto de Tacueyó un interés prácticamente personal, desco-nociendo las opiniones y prevenciones de los compañeros que integraban la dirección del movimiento. De cualquier modo, las causas y las características que rodearon la muerte de Larrota nunca pudieron establecerse con claridad, salvo el responsable directo de la misma. Es evidente que Antonio fue asesina-do con sevicia: el acta del levantamiento del cadáver indica que presentaba tres perforaciones de bala en el pecho y cuatro en la espalda, múltiples puñaladas y dos cortes de machete en el cráneo (AGN, MI, FDM, caja 21, carpeta 185, f. 39). Además, las diversas heridas dan a entender que Larrota fue agredido simultáneamente por varias personas.

Desde el momento de su asesinato comenzaron a circular diversas ver-siones sobre los móviles del mismo. Una afirma que “Aguililla” dio la orden de asesinar a Larrota al percibir que su poder de mando en la región podía ser minimizado –si ya no lo estaba– por la presencia del joven dirigente (El Colombiano, 16 de mayo de 1961, 18). Otra suposición señala que “Aguililla” asesinó a Larrota porque éste insistía en que el primero uniera sus fuerzas a las de “Tijeras”, líder de otra cuadrilla que también operaba en la región y ene-migo declarado de “Aguililla” (El Siglo, 20 de mayo de 1961, 9). Una versión adicional refiere el pago ofrecido por terratenientes de la región a “Aguililla” para que asesinara a Larrota (Testimonio de Alonso Ojeda Awad, citado por Ronderos, 2003, 151) y evitara así la consolidación de una guerrilla que pronto pondría en peligro sus propiedades.

Sin embargo, hay una versión que merece analizarse con detenimiento: la que plantea el asesinato de Larrota como resultado de la complicidad entre “Aguililla” y el Ejército. Algunos documentos que se conservan sobre el caso permiten hacer esa interpretación, ya planteada por Gabriel Larrota, herma-no de Antonio, quien se desplazó a Tacueyó y presenció irregularidades y comportamientos extraños de los integrantes del Ejército que operaban en esa jurisdicción. En efecto, luego de conocerse la noticia de la posible muerte



de Antonio, Gabriel se dirigió a la región y se integró a una comisión de las autoridades que se desplazó al lugar donde habían ocurrido los hechos para practicar el levantamiento del cadáver. La comisión fue acompañada por uni-dades del Ejército al mando del teniente Guillermo Escobar, del Batallón de Infantería Nº 7, “Junín”. Al término de varias horas de marcha, y ya próximos al lugar donde se encontraba el cuerpo de Larrota, la comisión decidió tomar un descanso en una casa ubicada a la orilla del camino. Al poco tiempo, el propio Adán de Jesús Aguirre, “Aguililla”, apareció en el lugar con siete de sus hombres para informar que él había dado muerte a Larrota “por asuntos de carácter personal” (AGN, MI, FDM, caja 21, carpeta 185, f. 30). Una vez hecha tranquilamente su declaración ante el inspector de Policía y el secretario de Gobierno, el referido abandonó el lugar con su gente, tomando el mismo camino por donde había llegado” (ibíd.,). Todo había sucedido en presencia del propio Gabriel Larrota y de las tropas del Ejército, que no hicieron el menor esfuerzo por desarmar al cuadrillero y capturarlo. El hecho despertó suspicacias en Gabriel, quien las transmitió al presidente Lleras Camargo. Era evidente una complicidad entre el teniente Escobar y ‘Aguililla’, cosa que se comprobó posteriormente, al leer la declaración del primero, en donde expre-saba las razones que le habían impedido capturar a “Aguililla”:

“no lo capturé el día 6 fecha en la cual subí prestando el servicio de seguridad al señor Inspector de Policía debido a que el día 2 del mismo mes había tenido una reunión con el citado AGUILILLA y en la cual se acordó un plan para capturar o dar de baja la cuadrilla que Comanda Tijeras, dicho plan debería lle-varse a cabo el día 7 en las horas de la noche y en cuya operación yo tenía pen-sado que una vez capturada la cuadrilla de tijeras (sic) proceder en el mismo sitio y lugar con la Comandada con AGUILILLA, LOGRANDO EN ESTA FORMA DISMINUIR LA VIOLENCIA EN EL Norte del Departamento. Lo anterior, lo hice a sabiendas de que en este método de los muchos emplea-dos en combate contra guerrillas (sic) y el cual ha dado magníficos resultados” (ibíd. f. 30 32 y 33).

Como se observa, el día anterior a la muerte de Larrota, es decir, el 2 de mayo, “Aguililla” se había reunido con el propio teniente Escobar supues-


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tamente para acordar un plan que culminara con la captura o la muerte de “Tijeras”25. Eso significa que “Aguililla” tenía contactos con el Ejército desde hacía algún tiempo, sin que el propio Larrota lo supiera. Si lo anterior resulta ser cierto, es muy probable que la muerte del joven estudiante haya respon-dido al cobro de una recompensa que, según algunas versiones, había sido ofrecida por el presidente Lleras Camargo por la cabeza del líder del Moec.

El 18 de mayo de 1961, en presencia de Gabriel y de algunas autoridades municipales, Antonio Larrota fue sepultado en el cementerio de Popayán, a pesar de la negativa inicial del obispo auxiliar, quien adujo proceder de acuer-do con un decreto emitido por el arzobispo de esa ciudad que prohibía dar se-pultura eclesiástica a individuos como el “Sr. Larrota, ya que parecía indudable la participación de éste en las cuadrillas de malhechores” (AGN, MI, FDM, caja 21, carpeta 185, f. 41).

Impacto de su muerte

A mediados de mayo de 1961 la prensa informó sobre el asesinato de Antonio Larrota e indicó que su cuerpo había sido encontrado por indígenas en una región de difícil acceso perteneciente al departamento del Cauca. Desde luego, la noticia causó sensación en el país. De él nada se sabía desde los recordados sucesos de principios de 1959, cuando había liderado la lucha contra el alza del transporte bogotano, y de las actividades que había desarrollado en Cuba, las cuales fueron de público conocimiento. Hasta mediados de mayo de 1961, el paradero de An-tonio se había convertido en un completo misterio, salvo para los organismos de inteligencia. Las oscuras circunstancias de su muerte en un alejado y arisco paraje, vistiendo prendas militares, estimularon un sinnúmero de conjeturas en torno a las actividades en las que andaba involucrado el joven bumangués.

25 En el cuerpo de Larrota las autoridades encontraron el siguiente mensaje de “Aguililla”: “Señor Comandante de Patrulla hay le dejo ese comunista por si les dolía enberraque que la vida de nosotros no bale nada solo. estamos. Para. lo que nos toque la cuadrilla de Aguililla. Sin más Resuelva el problema Se despide Adán de Jesús Aguirre Alias Aguililla. hoy muerto. el Capitán Antonio María Larrota comunista (Sic)”.



Al confirmarse el crimen, en Bogotá se presentaron algunos actos de pro-testa. Visto en perspectiva, el hecho tenía un significado especial: ponía en evidencia que, por primera vez entre nosotros, un individuo carismático pro-cedente de un medio urbano y con alguna formación universitaria se encon-traba vinculado a un proyecto revolucionario que buscaba promover un nuevo capítulo de la lucha armada en Colombia. En ese sentido, con su proceder, Larrota había abierto un sendero por el que avanzarán con desbordado op-timismo decenas y decenas de jóvenes colombianos en los años siguientes, en busca del mismo sueño. Diversos sectores políticos nacionales opinaron sobre el destino trágico de Larrota. Los dominantes celebraron el hecho y los comunistas lo vieron como la consecuencia lógica del proceder de un anar-quista desbocado. Una persona anónima –no un compañero de lucha– que lo conoció de cerca expresó lo siguiente:

“En un país de charlatanes que predican la revolución todo el día en los cafés, Larrota dio una lección de seriedad, poniendo sus ideas primero que su vida. Sus ideas pueden ser objeto de juicio, de condenación; pero su vida tiene que merecer una consideración respetuosa porque la supo sacrificar en la lucha por lo que creía una manera de salvar a Colombia” (Anónimo, 1961, 400).

Bibliografía

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Archivo de la Presidencia de la República.

Archivo General de la Nación.

Biblioteca Nacional.

Biblioteca Gilberto Álzate Avendaño.


revista controversia no 194 junio 2010

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