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Reunión consultiva sobre el derecho y los desastres
13-14 de noviembre de 2014, Toluca, México
Reunión consultiva sobre el derecho y los desastres, 13-14 de noviembre de 2014, Toluca, México.
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1. ANTECEDENTES
El Gobierno de México, la Cruz Roja Mexicana y la Federación Internacional de la Cruz Roja
y Media Luna Roja (en adelante FICR) convocaron esta reunión consultiva para evaluar los
progresos en la región y fomentar futuros avances en el derecho y la gestión de desastres.
La reunión congregó a representantes de 18 países de América Latina y del Caribe,
incluyendo representantes de protección civil y cancillerías. Este informe resume las
deliberaciones de esta reunión.
En el ámbito de la facilitación de la respuesta internacional en caso de desastre, la
aprobación de manera unánime de las Directrices IDRL1 (International Disaster Response
Law, rules and regulations) en la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Media
Luna Roja en 2007 cerro un amplio proceso de consultas iniciado en 2006 por la FICR. La
adopción de las Directrices IDRL supuso un punto de inflexión en el desarrollo de un
marco de referencia global, de carácter no vinculante, para la facilitación y reglamentación
nacional de las operaciones internacionales en casos de desastre y asistencia para la
recuperación inicial. Desde entonces, los gobiernos de más de 40 países han desarrollado,
con el apoyo de sus Sociedades Nacionales, evaluaciones de sus leyes y procedimientos
para gestionar la asistencia internacional en casos de desastre, usando como referencia y
herramienta de análisis las Directrices. En este sentido, 18 países han adoptado nuevas
leyes o reglamentos basados en estas recomendaciones y diversos proyectos de ley están
pendientes en unos 14 países, representando un avance importante, pero aun insuficiente
para asegurar un mejor desempeño en todos las operaciones de socorro.
Por otro lado, en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres (RRD) y procesos
normativos, la FICR ha impulsado en estos últimos diez años, bajo el paraguas del Marco
de Acción de Hyogo 2015 (específicamente en su prioridad de acción No.1), diversos
procesos globales, regionales, nacionales y comunitarios, tendientes a fomentar2 la
reducción del riesgo de desastre a través de la construcción de marcos normativos
eficientes, que promuevan el desarrollo de una política pública en esta materia, con una
visión intersectorial e interinstitucional.
Adicional a esto, en los últimos dos años la FICR en colaboración con el PNUD ha
elaborado un estudio comparativo3 con el objetivo de analizar los avances y las
1 http://www.ifrc.org/en/what-we-do/idrl/idrl-guidelines/
2 Destaca la aprobación en la XXXI Conferencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna
Roja de la Resolución 31IC/11/R72, que alienta a los Estados, a las Sociedades Nacionales y otros socios como
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a examinar los marcos regulatorios en materia de gestión del riesgo de desastre.
3FICR-PNUD. Leyes y reglamentos eficaces para la reducción del riesgo de desastres. Ginebra. 2014
2007 Aprobacion
Directrices IDRL
2007-2014 Desarrollo de procesos
nacionales (sobre todo) y regionales
2014
Discusion sobre medidas para
acelerar el progreso
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limitaciones en materia legal y de reducción de riesgo de desastre en estos últimos 10 años.
Cabe mencionar también, el impulso renovado en materia de Resiliencia Comunitaria,
realizado por la FICR y recogido la Declaración de Cali4 del 7 de Noviembre de 2014, que
enfatiza e insta a los Estados, a las Sociedades Nacionales, donantes y sector privado a
promover marcos normativos que desarrollen la construcción de una mayor resiliencia en
las comunidades. En el corto plazo la Conferencia de Sendai5 en 2015, debe incorporar
la promoción de acciones legislativas y RRD como uno de sus pilares, tomando el testigo
Marco de Hyogo 2015 y marcando el camino en esta materia en los próximos años.
2. OBJETIVOS
Las discusiones y reflexiones de la Reunión Consultiva celebrada en Toluca han estado
basadas en la consecución de los siguientes objetivos:
Consultar a los Estados de las Américas y Caribe (Protecciones Civiles, Defensas
Civiles y Cancillerías), a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, a los donantes
y a la academia sobre posibles medidas para acelerar el progreso en la
reglamentación y facilitación de la asistencia internacional, incluyendo la posibilidad
de desarrollar un instrumento global vinculante en la materia de facilitación de la
respuesta internacional, a la luz del proyecto del Comisión de Derecho Internacional
y la experiencia con las Directrices IDRL.
Socializar el estado de avance en materia legislativa y de RRD a nivel global
después de 10 años de implementación del Marco de Acción de Hyogo y presentar
la Lista de Verificación sobre Derecho y Reducción de Riesgo de Desastre, como
herramienta para lograr un mejor desarrollo legal en la materia en el escenario de
Post-Hyogo.
Alimentar la discusión global tanto desde la perspectiva de la facilitación legal de la
respuesta internacional, como en el desarrollo de marcos legales eficientes en RRD.
Posicionar a las Américas y e Caribe como un actor esencial e imprescindible en el
desarrollo de esta agenda intercontinental, de cara a posicionar estas temáticas en
4 A la finalización de este informe aún no se dispone de la versión final oficial de dicha Declaración.
5 http://www.unisdr.org/we/coordinate/wcdrr
2005
Marco de Accion de Hyogo
2005-2014 Desarrollo de procesos
normativos a nivel nacional, elaboracion de estudios de caso globales y nacionales,
generacion de herramientas para fomentar una legislacion
eficiente en RRD
2015
Conferencia de Sendai y Post
Hyogo
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las XXXII Conferencia Internacional de las Federación Internacional de la Cruz Roja
y Media Luna Roja de 2015, la Conferencia Internacional de Sendai de 2015 y la
Cumbre Global Humanitaria de 2016.
3. ANALIZANDO LOS DESAFIOS REGULATORIOS PARA LA RESPUESTA
INTERNACIONAL
La preparación legal para la respuesta internacional en caso de desastre sigue siendo un
desafío a día de hoy en las Americas y el Caribe. A pesar de los notables avances
nacionales y regionales, todavía persiste una excesiva burocracia y/o una notable ausencia
de normas internas, que siguen manteniendo cuellos de botella en la respuesta
internacional. Estas debilidades tienen un afecto directo en la provisión de la asistencia
internacional, en las labores de coordinación entre los múltiples actores y repercuten en los
derechos y en la eficiente protección de las comunidades afectadas por los desastres.
La atomización normativa o la ausencia de normas son factores que contribuyen
también a una respuesta no ordenada y menos rápida.
Los problemas regulatorios en materia de asistencia internacional persisten en diferentes
ámbitos, que abarcan desde la importación de bienes humanitarios al despacho de insumos
inadecuados, pasando por las restricciones al ejercicio profesional extranjero y la falta de
homologación de la respuesta en sectores claves, entre otros aspectos.
Los cuellos de botella en materia operacional se originan no sólo en el país receptor de la
asistencia. La respuesta externa también es generadora de cortocircuitos operacionales y
disfuncionalidades. En este sentido, tanto lo Estados afectados como los actores que
prestan asistencia tienen una responsabilidad conjunta en la búsqueda de soluciones
normativas integrales, que resuelvan las barreras regulatorios que hoy persisten.
Las coyunturas políticas y legislativas nacionales son factores que tienen una influencia
notable en la fase de la preparación legal, así como en el escenario de la respuesta en sí.
En las solicitudes de asistencia internacional siguen siendo privilegiados ciertos
elementos de solidaridad entre Estados y afinidades. Sin embargo, las mecánicas de estas
respuestas colisionan con los procesos normativos que se han desarrollado a nivel técnico.
Manejar un equilibrio entre la voluntad política de asistir y ser asistido y las
necesidades técnicas de asistencia sigue siendo un desafío que los marcos normativos
en la materia aún no han conseguido controlar. No es solo un proceso normativo, es tan
bien un proceso pedagógico interno y externo.
El marco normativo en el interior de los Estados de la región se ha sofisticado y las
Directrices IDRL han ofrecido en estos siete años una guía para esos desarrollos, muchos
de ellos con un extraordinario nivel de integración intersectorial, interinstitucional e
incluso intergubernamental. Sin embargo, en el momento de la respuesta en sí y de su
aplicabilidad, persisten vacíos de coordinación interna, que repercuten en la facilitación
de la respuesta. Cerrar la brecha existente entre las normas, protocolos, guías y manuales
existentes y su aplicación efectiva, es un desafío que va más allá de elementos legales y
que tiene que ver más con elementos sistémicos y operacionales de la respuesta
nacional.
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En clave interna (nacional) la existencia de marcos normativos que regulen los
procedimientos de visas, importación y exportación de bienes, equipos o insumos
humanitarios y homologación de permisos de trabajo para trabajadores humanitarios,
entre otros aspectos, son una garantía de éxito si estos elementos son aplicados bajo
agiles regímenes de excepcionalidad normativa, claros y definidos con anterioridad, que
doten de una protección al funcionario público que debe aprobarlos, potenciando un alto
grado de previsibilidad y bajos márgenes de improvisación. La aprobación de Leyes
Modelo6 puede favorecer ese enfoque integrador y holístico.
En clave externa, la respuesta sigue presentando vacíos en materia de coordinación,
estandarización y uniformidad, como en el despliegue de equipos médicos
internacionales (FMT) y/o los equipos de búsqueda y rescate, a pesar de los avances
desarrollados por el grupo INSARAG y OCHA.
Los canales de comunicación entre el Estado afectado y los actores que prestan asistencia
deben ser predefinidos en protocolos de coordinación, más allá de las relaciones bilaterales
diplomáticas. Facilitar la asistencia humanitaria internacional es una tarea, sobre todo,
de carácter técnico, que debe desarrollarse principalmente en escenarios de
preparación.
La reunión expreso el interés de los Estados representados, de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja en su rol de auxiliar de los poderes públicos, de los Organismos
Internacionales, donantes y demás actores en la región seguir mejorando los marcos
normativos y su aplicabilidad efectiva.
Aunque cada Estado tiene una base constitucional diferente, un marco legislativo diferente y
una sensibilidad política diferente en este tema, se sostiene que la generación y el
desarrollo de estructuras nacionales7 interinstitucionales, que integren los ámbitos de
Aduanas, Visas, Seguridad, Relaciones Exteriores, Agencias Nacionales de Manejo de
Desastres, Infraestructuras Aeroportuarias, Cruz Roja Nacional y otros sectores
claves, son fundamentales para favorecer la conexión entre las normas que rigen los
procesos regulares, los procedimientos excepcionales en caso de desastre , la dinámica
operacional de la respuesta, tanto interna como externa y la coordinación en su conjunto.
Estas estructuras legalmente constituidas, se deben concebir también como un garante y un
filtro que limite las discrecionalidades en el momento de la respuesta y un órgano que
constituya un marco de seguridad jurídica en la toma de decisiones.
En este mismo sentido, la Cooperación Transfronteriza en la materia se presenta como
un elemento a potenciar. Los desastres no tienen fronteras y en la región de las Américas
hay desarrollos que deben ser potenciados. No es el objetivo reducir la respuesta a estos
espacios, pero si aprovechar la proximidad geográfica, las relaciones de buena
vecindad y los desafíos comunes como elementos para desarrollar marcos normativos
de asistencia mutua en espacios de común interés. Estos desarrollos deben ir
acompañados de ejercicios prácticos de simulación y simulacros, que ayuden a
engrasar los mecanismos legales y su aplicación.
6 http://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-
principles/model-act-on-idrl/ 7 El desarrollo de Comités Nacionales en IDRL, que aglutinen a los actores nacionales con responsabilidades en
esta materia es un ejercicio de preparación que facilita el dialogo interinstitucional.
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4. REFLEXIONANDO SOBRE LAS MEDIDAS PARA ACELERAR EL PROCESO
DE FACILITACOON DE LA RESPUESTA INTERNACIONAL, INCLUYENDO LA
PERTINENCIA DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN IDRL
Siete años después de la aprobación de las Directrices IDRL, un número importante de
actores humanitarios y en especial los Estados han transformado sus legislaciones
internas para favorecer la asistencia internacional en su territorio en caso de desastre,
usando como guía y base las Directrices y otros instrumentos relacionados.8. Esos procesos
normativos, de carácter nacional y también de carácter subregional9, han dado resultados
positivos, pero sigue siendo insuficiente por la falta de uniformidad y la demora en el
desarrollo de sistemas nacionales más comprensivos para la gestión de asistencia
internacional.
El nivel de desarrollos en la región de las Américas tiene distintas velocidades y matices.
Los Estados y los entes subregionales han desarrollado avances internos, mejorando su
preparación legal, bien en asuntos específicos en materia de visas o aduanas como México
o Perú, bien generando órganos colegiados en materia de IDRL en el interno de sus países
como el caso de Colombia, bien impulsando procesos integrales en base a la Ley Modelo
como en Guatemala o bien generando instrumentos subregionales para facilitar la
respuesta transfronteriza como UNASUR, CDEMA, CEPREDENAC o CAPRADE. Estos
desarrollos y sistemas sub-regionales para la promoción de asistencia mutua entre países
todavía debe mejorar su conectividad con la asistencia que es ofrecida por fuera de la
región.
En este contexto, los participantes han considerado el desarrollo de un tratado global como
un paso estratégico en la promoción de la normativa en materia de facilitación de asistencia.
Sin embargo, un desarrollo de este tipo implica riesgos y desafíos tanto en la labor de
abogacía para la obtención de un amplio consenso internacional, como en una futura
implementación a nivel nacional. El Tratado, de ser considerado, es un punto de partida
para que los estados agilicen sus legislaciones internas. Es un medio más que un fin,
considerando la naturaleza de la materia que debería impulsar.
Los principales valores añadidos de un instrumento global serian:
Establecería una normativa de carácter vinculante para los Estados y la comunidad
humanitaria internacional.
Ordenaría el dialogo político-técnico entre Estados afectados y los actores que
prestan asistencia.
Favorecería un desarrollo normativo más uniforme desde lo global a lo local y
desde lo local a lo global.
8 A este respecto ver Ley Modelo para la facilitación y la reglamentación de las operaciones internacionales de
socorro en casos de desastre y asistencia para la recuperación inicial. FICR. 2013. http://www.ifrc.org/docs/IDRL/LEY%20MODELO%20ESPAN%cc%83OL.pdf Ver también Decreto Modelo de Emergencia. FICR 2013. http://www.ifrc.org/what-we-do/disaster-law/about-disaster-law/international-disaster-response-laws-rules-and-principles/draft-model-emergency-decree/ 9 Cabe mencionar en América la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre
de 1991 de la OEA, de carácter vinculante. En el ámbito subregional, de carácter no vinculante, CDEMA, CEPREDENAC, CAPRADE y UNASUR han desarrollado o están haciéndolo, Manuales, Guías y Protocolos para facilitar la respuesta internacional en el seno de los países de su entorno y en el ámbito de su cooperación transfronteriza.
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Favorecería una mayor homogenización en los ámbitos regionales,
subregionales y en una mejor cooperación transfronteriza.
Fomentaría, orientaría y guiaría a los Estados en el desarrollo de sus normativas
internas para facilitar la asistencia humanitaria internacional.
Dotaría a los Estados afectados por un desastre de un mecanismos legal global
vinculante para clarificar roles, deberes y derechos en materia de asistencia.
Permitiría canalizar la solidaridad de la comunidad internacional en base a
procesos y estándares internacionales más reconocibles, sin perder de vista la
perspectiva de derechos que esto lleva implícito.
Favorecería la rendición de cuentas hacia una sociedad civil global y nacional que
demanda una respuesta transparente, coordinada, basada en necesidades
humanitarias y con un impacto reconocible y medible.
Acrecentaría el rol de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna
Roja como auxiliar de los poderes públicos en sus respectivos Estados.
Para logra la aprobación de una norma de esta naturaleza sería pertinente:
Ofrecer a los Estados un texto atractivo, que mantenga umbrales suficientes en
materia de soberanía, identificando los puntos sensibles para el desarrollo de un
dialogo franco.
Potenciar frente a los Estados las virtudes de un instrumento de esta naturaleza
para que sea percibido como una oportunidad y no como una amenaza.
Desarrollar un amplio proceso consultivo a nivel nacional, regional y global, para
mostrar las ventajas comparativas y recoger las diferentes sensibilidades, buscando
un consenso global en la materia.
Usar la Diplomacia Humanitaria como estrategia de persuasión en este proceso
con el apoyo de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
En este sentido, la reunión evidencio que un Tratado global sería un gran valor añadido y
un punto esencial en el dialogo global en la próxima Conferencia de la Federación
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja 2015 y en la Cumbre Global Humanitaria
de 2016.
5. PROMOVIENDO MEJORES MARCOS LEGALES EN MATERIA DE
REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRE
El Informe global “Leyes y reglamentos eficaces para la reducción del riesgo de desastres”10
elaborado por la FICR y el PNUD ha permitido identificar los progresos y las falencias
legales en materia de normatividad y RRD así como establecer elementos comparativos
entre distintos tipos de leyes y los avances en esta materia, viendo el final del proceso del
Marco de Acción de Hyogo. Este informe contiene 5 grandes hallazgos.
En primer lugar, los marcos normativos en materia de RRD tienden a situar una parte
importante de las responsabilidades en los niveles locales. Sin embargo, estos niveles no
10
El estudio se ha focalizado en 31 países.
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cuentan con asignaciones presupuestarias específicas y recursos humanos para
desempeñar esta labor adecuadamente.
En segundo lugar, todavía hay una tendencia a desarrollar marcos normativos que destinan
más recursos para la respuesta que para el desarrollo de acciones integrales en materia de
RRD.
En tercer lugar, existen aun vacíos en términos de responsabilidad legal frente al
incumplimiento de las normativas en materia de RRD y mecanismos de vigilancia y sanción.
En cuarto lugar, la construcción de marcos normativos carece en gran medida de un
proceso de consulta desde la comunidad hacia el nivel nacional, incluyendo el
desarrollo de los sistemas de alerta temprana y mapeo de riesgos.
Por último, el carácter sectorial de la RRD está presente en ámbitos como el desarrollo de
códigos de construcción sismo resistente, en la normativa del uso de la tierra y la
planificación territorial, en la elaboración de normativas medioambientales y en desarrollos
normativos de cambio climático. Sin embargo, no existe una visión holística e
integradora de muchos de estos procesos sectoriales.
Todos estos aspectos, entre otros, deben ser abordados y visibilizados en el proceso de
post-Hyogo.
Durante la Reunión de Toluca, se presentaron los avances en materia legal y RRD que
Colombia, Jamaica y México han desarrollado.
Cabe destacar en el caso de México, como la construcción de un norma nacional en 2012
ha impulsado un proceso de homologación y homogeneización de los marcos en los niveles
federales, que denota el fuerte compromiso político en este proceso. Este compromiso
también es refrendado con una asignación de recursos en el ámbito de educación del riesgo
y en la desarrollo de instrumentos de formación en gestión del riesgo.
En el caso de Colombia, la Ley 1523, ha supuesto un renovado impulso a la RRD en el
país después de la lluvias de 2010 y 2011. Una de sus principales características es que la
estructura que dirige el sistema (UNGRD), tiene un rango prácticamente ministerial y una
visión 360° de todo el ciclo de la RRD, basado en 3 pilares (Conocimiento, Reducción y
Manejo).
El caso de Jamaica, es un buen ejemplo de la evolución normativa desde una visión más
emergencista hacia un de enfoque más integrado de la RRD. Este cambio de paradigma en
Jamaica, está propiciando avances en el desarrollo de planes de RRD, en su seguimiento y
en la asignación de recursos para su puesta en marcha. Por otro lado, elementos
sectoriales que deben ser parte de la RRD como la revisión y adaptación de los códigos de
construcción también están recibiendo un nuevo impulso legal
Para facilitar que los Estados y los legisladores puedan orientar de manera adecuada sus
normativas, la FICR-PNUD han desarrollado la Lista de Verificación sobre Derecho y
Reducción del Riesgo de Desastres11, que ha sido socializada en esta Reunión
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http://www.ifrc.org/PageFiles/125632/Checklist%20drafts/IFRC-Checklist-LawandDRR%20october%2022.pdf
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Consultiva de Toluca y que será piloteada en 2015 en diferentes países. Las principales
deliberaciones sobre este instrumento han sido:
Es una herramienta práctica y una buena guía de referencia.
Es una herramienta orientativa para el desarrollo de marcos normativos eficientes
en RRD a nivel nacional.
Facilita un enfoque multisectorial y transversal en el desarrollo de leyes de
Gestión del Riesgo a nivel nacional.
Fortalece el conocimiento técnico de los entes sub-nacionales en materia
normativa y de RRD.
Contribuye a promover una mayor sensibilización en los tomadores de
decisiones. Es una herramienta de abogacía
Puede contribuir a generar prácticas comunes en materia de legislación RRD.
La lista de verificación debe ser enmarcada y adaptada a las realidades de la RRD
en casa país.
Es un instrumento que puede contribuir a clarificar roles y competencias en la
materia. Es un instrumento con un importante nivel pedagógico.
No tiene una perspectiva comunitaria. Es un instrumento para la construcción de
política pública.
La próxima Conferencia de Sendai y la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja
y Media Luna Roja serán espacios propicios para que la discusión de la perspectiva
legal en materia de RRD. Las deliberaciones de la reunión de Toluca presentaron tres
líneas de incidencia y acción en estos foros globales:
En primer lugar, lo procesos normativos en RRD deben ser considerados como un
instrumento trasversal desde el diagnostico, la planeación, lo presupuestario y la
ejecución. El sentido de una ley en materia de RRD debe ir más allá del hecho en sí de
legislar. La aprobación de una ley en RRD es solo el origen de un proceso, no un fin en
sí mismo.
En este sentido y en segundo lugar, es pertinente que los marcos normativos
determinen la construcción de sistema de monitoreo y evaluación en base a
indicadores de proceso y de impacto. Es necesario medir las transformaciones
sociales en materia de RRD que las normas generan, el cual es uno de los vacíos que
se perciben al final del proceso del Marco de Acción de Hyogo 2015.
Por último, la construcciones normativas en RRD deben ser concebidas desde el
conocimiento de las realidades territoriales y traduciendo las practicas comunitarias
y el saber de las comunidades.
6. CONCLUSIONES
Se presentan a continuación las conclusiones más destacadas de la Reunión Consultiva.
Sobre la eliminación de barreras regulatorias en la facilitación de la asistencia
internacional en caso de desastre:
Se considera necesario seguir impulsando un mayor dialogo técnico-político para
mitigar las decisiones discrecionales en materia de asistencia internacional, tanto en
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el interior de los Estados como en su relación con los prestadores de asistencia
internacional.
Los marcos normativos excepcionales, que regulan la asistencia humanitaria
internacional en caso de desastre, deben potenciar su conexión con los elementos
prácticos y operacionales de la respuesta para garantizar una aplicación efectiva de
las normas.
La generación de estructuras orgánicas de coordinación interinstitucional e
intersectorial al interior de los Estados, que involucren a las instituciones claves y
que favorezcan la conexión entre lo normativo y lo operacional son imprescindibles
durante el periodo de preparación.
El fomento de cuerpos legales integrales en IDRL favorece el dialogo interno-
externo y su aplicación.
El incremento de la preparación legal desde una perspectiva transfronteriza, a
través de ejercicios de simulación y/o simulacros (u otros), aprovechando las
estructuras sub-regionales y los intereses comunes debe ser una práctica constante.
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja son aliados
estratégicos de los Estados, la sociedad y las comunidades para eliminar esas
barreras en la respuesta y construir resiliencia.
Sobre medidas para acelerar el proceso, incluyendo la pertinencia de un instrumento
global vinculante en IDRL:
El desarrollo de un instrumento global de carácter vinculante es pertinente para
reforzar el compromiso de los Estados con una respuesta coordinada, de calidad,
basada en estándares comunes, medible, que garantice la rendición de cuentas y
que vele por la protección de los individuos y comunidades afectados por los
desastres.
Asimismo, el desarrollo de un marco global de carácter obligatorio, sería de gran
utilidad para apoyar a los Estados en su proceso de desarrollo normativo interno.
Se manifiesta el interés de que este asunto sea posicionado en los próximos foros
globales, regionales y nacionales, para ir construyendo un proceso consultivo que
desemboque en una propuesta de Tratado o instrumento global vinculante.
Sobre la promoción de marcos legales en materia de RRD:
Cada Estado posee particularidades específicas para el desarrollo normativo en
este ámbito, atendiendo a factores políticos, económicos, sociales, culturales etc.
Esto imposibilita el desarrollo de un marco común legal a nivel global y regional.
Sin embargo, es necesario desarrollar instrumentos comunes, basados en la
experiencia internacional desarrollada, que faciliten y orienten a los legisladores y
tomadores de decisiones a nivel nacional en la construcción de marcos normativos
más eficientes en este ámbito.
La Lista de Verificación sobre Derecho y Reducción del Riesgo de Desastre
elaborada por FICR y PNUD es valorada como una herramienta útil para orientar la
normativa en RRD en América.
La Lista de Verificación sobre Derecho y Reducción del Riesgo de Desastre está
más enfocada para incidir en los niveles nacionales.
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Se valora positivamente desarrollar algún instrumento de esta naturaleza enfocado
en los niveles municipales.
Esta lista debe ser alimentada con una batería de indicadores de proceso, que
permitan medir su influencia en la construcción de nuevos marcos normativos.
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# Organismo Nombre País Título Correo Electrónico
1
Vicepresidencia
Guatemala
Jennifer Scarlett
GarcíaGuatemala Asesora Jurídica
om
2 CONRED Juan Pablo Jiménez Guatemala Asesor Jurídico [email protected]
3
CENTRO NACIONAL
DE EMERGENCIA
Eduardo Mora
CastroCosta Rica Jefe de Asesoria Legal [email protected]
4
MINREX Gisela Botello Panamá
Abogada en Asunstion
Internacionales y Asistente
del Director de Tratados
5 ONEMI Bernardo Castro Chile Jefe de Gabinete [email protected]
6
Secretaría Nacional
de EmergenciaJoaquí Roa Bustos Paraguay Ministro
py
7
Ministerio de
Relaciones Exteriores
Miguel Anibal
PichardoRep. Dominicana
Director de Asuntos
8 SINAPRED Norman Mora Nicaragua [email protected]
9INDECI Oscar Coello Perú
Jefe de la Oficina Nacional
de Asesoría Jurídica
10FEMA Elizabeth Katchka Estados UnidosAsesora
Elizabeth.Katchka@fema.
dhs.gov
11 Cancillería Marcela Medina México Asesora Legal
13 Cascos Blancos Victoria Ordóñez Argentina Asesora Jurídica [email protected]
14Protección Civil
María Elena
RamírezMéxico
15 Protección Civil Gabriel Suárez México
16 Protección Civil Fabiola Almanza México
17 Protección Civil Cesar Piña Valdés México
18Protección Civil
Irma Bautista
Núñez
19Defensa Civil Heber Ariel Romero Brasil
Viceministerio de la
Defensa Civil de Bolivia
ODPEM Paula Robinson Jamaica Oficial Legal
20
Unidad Nacional de
Gestión del RiesgoFabricio López Colombia
fabricio.lopez@gestiondel
riesgo.gov.co
21CAPRADE
Blanca L. Aróstegui
SánchezPerú
Secretario de Gestión de
Riesgo de [email protected]
22FOPREL Félix González
Representación Asamblea
Legislativa
24 Zurich Insurance Luis Lluviano México
25OCHA Juan Pablo Ofabril México
Asesor Nacional de
Respuesta a [email protected]
26AECID Carlos Rojo Panamá
Responsable de Proyectos
de Acción [email protected]
27 ACS George Nicholson T&T
28
Comisión de Derecho
InternacionalEduardo Valencia Ospina Relator Especial [email protected]
LISTA DE PARTICIPANTES
GOBIERNO
ORGANISMOS SUB-REGIONALES
ORGANISMOS Y EMPRESA PRIVADA
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13
29
Universidad de
Puerto RicoRoberto Aponte Puerto Rico
30Cruz Roja Salvadoreña
Carlos Humberto
HenríquezEl Salvador Primer Director
31Cruz Roja NicaraguenseAldry Antonio Flores Nicaragua
Responsible de
Operaciones
32 Cruz Roja GuatemaltecaHaggeo Herrera Guatemala Asesor Jurídico
33 Cruz Roja Colombiana Fernando Cárdenas Colombia Presidente
34 Cruz Roja Brasileña Carolina Vasconcelos Brasil Asesora legal
35 Cruz Roja Dominicana Mavel Vegazo Rep. Directora de Programas
36 Cruz Roja Dominicana Roberto Lebróm Rep.
37 Cruz Roja Jamaicana Rosemary Neale IrvingJamaica Presidente [email protected]
39 Cruz Roja Ecuatoriana Freddy Carrión Ecuador Directro Jurídico
41 Cruz Roja Mexicana Juan Estrada México Asesor Jurídico
42 Cruz Roja Mexiacana Francisco Reyes México
43 Cruz Roja Mexicana Isaac Oxenhaut México Director de Socorros
44Cruz Roja Mexicana Luis Edmundo Pérez México
Coordinador de Proyectos
45Cruz Roja Mexicana Ana Yoli López México
46Cruz Roja Mexicana Berenice Aguilar México
47Cruz Roja Mexicana Daniel Lozano México Director General
48Cruz Roja Mexicana Marco Franco México Dirección de Socorros
49IFRC David Fisher Suiza Coordinador del DLP
50IFRC Sergio Ferrero Panamá
Coordinador para América
del DLP
51IFRC María Mercedes MartínezPanamá Oficial Legal
52IFRC Óscar Fernández Panamá Pasante del DLP
53IFRC Jan Gelfan Panamá
Jefe de Operaciones y
Programas
UNIVERSIDAD
SOCIEDADES NACIONALES
IFRC