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"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

REPÚBLICA ARGENTINA

V E R S I Ó N T A Q U I G R Á F I C A C Á M A R A D E S E N A D O R E S D E L A N A C I Ó N

REUNIÓN PLENARIA DE LAS COMISIONES DE INFRAESTRUCTU RA, VIVIENDA Y TRANSPORTE Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y

MUNICIPALES

Salón Azul – H. Senado de la Nación

11 de agosto de 2016

Presidencia del señor senador Carlos Mauricio Espínola y del señor senador Alfredo Anselmo Martínez

PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 11.8.2016 Reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte Pág. 2 y de Asuntos Administrativos y Municipales

Dirección General de Taquígrafos

– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul del H. Senado de la Nación, a las 10 y 16 del jueves11 de agosto de 2016:

Sr. Presidente (Espínola).-Buenos días, senadores y senadores. Gracias por estar presentes. Continuamos con la reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales. Como saben, estamos tratando el proyecto de ley del expediente 61/16.

Hoy nos acompaña el ministro del Interior y todo su equipo de trabajo. Bienvenidos. Ya sabe que usted expone y luego los senadores preguntan, así que lo escuchamos. Sr. Frigerio.-Buenos días a todos. Gracias, presidente, por la invitación. Gracias a los senadores presentes por el interés que están mostrando en un proyecto que para el gobierno es importante y entendemos también que para todos los gobiernos, tanto provinciales como municipales, por lo que hemos estado hablando sobre este tema. También tuve oportunidad de hablar con varios de ustedes en privado y sé de las inquietudes y de las dudas que muchas veces este tipo de iniciativas despiertan. En consecuencia, bienvenida sea, presidente, esta reunión para empezar a aclarar las dudas que se presenten.

Entiendo que funcionarios del gobierno nacional han detallado los lineamientos del proyecto. Claramente, hay un objetivo fundamental de este gobierno, y entendemos de toda la dirigencia nacional, que tiene que ver con el principal desafío, que es la reducción de la pobreza en la Argentina. Eso está estrechamente vinculado con la posibilidad de generar la inversión necesaria para que se creen los puestos de trabajo que puedan cumplir con este propósito. Empleos de calidad, que paguen buenos sueldos y que sean en blanco.

Para que haya, precisamente, mayor acceso a inversiones, el Estado tiene una responsabilidad muy importante. Hay cálculos que indican que de los problemas de productividad y de competitividad de la economía argentina–que son muchos–, el Estado es responsable de por lo menos del 50 por ciento de esos problemas, y gran parte de esa responsabilidad pasa por las deficiencias en la infraestructura física y social de la Argentina.

Precisamente, si queremos una Argentina desarrollada y sobre todo con una gran integración a nivel de sus distintas jurisdicciones y regiones, lo que necesitamos es mucha más y mejor calidad de infraestructura y de servicios públicos. En este sentido, hay objetivos muy concretos que tenemos que alcanzar. Uno de ellos es llevar la inversión de obra pública del 2 por ciento, que hoy representa en términos del producto, al 6 por ciento. Por supuesto que este desafío es mucho más difícil de alcanzar cuando el Estado, tanto a nivel nacional o como a nivel subnacional, tiene problemas desde el punto de vista fiscal y financiero. La Argentina tiene uno de los déficit fiscales más altos de la historia y eso, en consecuencia, complica el esfuerzo y, precisamente, el objetivo de llevar al 6 por ciento el producto de la inversión en infraestructura. En consecuencia, esto nos obliga a ser muy creativos y a trabajar con mucho empeño en generar distintas alternativas que puedan generar, precisamente, estos proyectos de inversión que necesita nuestro país. Y la participación público privada, que es el proyecto que hoy estamos debatiendo en el Senado, es una alternativa adicional a



las normas con las que ya contamos, tanto la ley de obras públicas como la ley de concesiones. Es algo que viene a sumar a las herramientas con las que ya cuenta el Estado, precisamente, para fomentar la inversión en infraestructura.

Básicamente, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Lo que estamos proponiendo son varias cuestiones. La primera es socializar con el sector privado una parte significativa de los riesgos que enfrenta el Estado cada vez que emprende un proyecto de obra de infraestructura física o social. Otro de los propósitos que queremos alcanzar con esta iniciativa es acelerar los plazos de las obras y de los proyectos de inversión en la Argentina. Estamos hablando de que los privados van a recibir una retribución por parte del Estado si cumplen en tiempo y forma con lo que se plantea frente a cada proyecto que podamos generar bajo esta nueva figura de la asociación pública privada. Los privados van a tener enormes incentivos para, rápidamente, empezar y terminar con la obra. Podríamos decir que va a ser llave en mano para el Estado nacional. Un Estado nacional que se va a quedar, por supuesto, con todas las atribuciones en términos de control, regulación y participe principal de todas las decisiones que se vayan tomando; además de que va a ser el principal socio en todos estos emprendimientos.

El beneficiario de esta iniciativa o de la posibilidad de que prospere esta iniciativa no son básicamente las grandes obras. En esto es muy bueno contar con experiencia internacional. Podemos decir que la Argentina está bastante rezagada en este aspecto, respecto a lo que ocurre en otros países vecinos. Esto, por supuesto, no es una buena noticia, pero nos sirve para mejorar nuestro proyecto o nos sirvió para mejorar nuestro proyecto, para enriquecerlo. Nosotros copiamos las cosas que están funcionando en países en los cuales estas cosas tienen mayor desarrollo, y me estoy refiriendo a países como Perú, Colombia o Chile; y también, aprendimos las cosas que no hay que hacer. Precisamente, las conversaciones con funcionarios de los países vecinos fueron muy esclarecedoras respecto a qué cosa tenemos que evitar en este proyecto para que, precisamente, el objetivo que estamos alcanzando se concrete de la mejor manera. Como les decía, lo que nos indican estas experiencias en los países vecinos es que en general los proyectos que tienden a concretarse bajo la figura de la asociación público privado no son las megaobras, sino proyectos que están muy vinculados con lo que pueden hacer las pymes constructoras en la Argentina. Obras de tamaño mediano o chico, en las cuales la participación de las pymes en la Argentina va a ser, por supuesto, muy importante. Este es un tema también que hemos conversado con las provincias y con los municipios ávidos, también, de recibir más recursos para emprender obras de infraestructura que vayan achicando esa brecha que hay entre el potencial y las necesidades de la Argentina en términos de infraestructura y la realidad con la que hoy nos encontramos. Este proyecto de ley también fue enriquecido con consultas a los responsables y expertos en la materia, tanto en las provincias como en los municipios, y formó parte, además, de la última reunión que tuvimos con todos los gobernadores, hace poco más de una semana, donde entre las varias cosas que discutimos les presentamos los lineamientos de este proyecto, y la verdad es que recibimos un apoyo muy importante. De hecho, entiendo que esta tarde van a venir algunos gobernadores o representantes de provincias, también, a plantear cuáles son los proyectos concretos que esperan puedan ser financiados y desarrollados a partir de la sanción de esta ley y de esta iniciativa. Estamos hablando de escuelas, de hospitales, de rutas; de cosas que



hacen no solo a la mejora de la competitividad, sino también a la posibilidad de un mejor desarrollo de los servicios públicos esenciales que, como todos ustedes saben, están en manos de las provincias. Me parece, antes de empezar con las preguntas, que no está de más aclarar algo que en general siempre aclaramos cuando venimos a esta Casa a presentar un proyecto de ley, en los varios que presentamos en los primeros 8 meses de gestión, que creo que se cumplen hoy. Nosotros estamos muy conformes, en todos los proyectos de ley que se han enviado el Congreso, de la participación de los diputados y de los senadores de esta Casa que han enriquecido y han mejorado, en todos los casos, los proyectos de ley que ha enviado el presidente de la Nación al Congreso nacional. Estamos seguros que eso también va a ocurrir con este proyecto. Nosotros queremos que este proyecto sea enriquecido y sea mejorado con el aporte de todos y cada uno de los senadores presentes acá en esta comisión y todos los senadores nacionales. Por supuesto, no nos creemos dueños de la verdad, entendemos sí que somos receptores de las inquietudes de los ciudadanos, de las empresas argentinas, de los gobernadores y de los intendentes, que tienen que ver con la inversión pública. En función de ese rol trabajamos durante muchos meses. Acá está Horacio y también Ricardo Delgado que trabajaron en el equipo del Ministerio en la elaboración de este proyecto. Entendemos y esperamos que este proyecto pueda ser enriquecido y mejorado con el aporte de cada uno de ustedes. Dicho esto, presidente, estamos por supuesto deseosos de poder contestar las preguntas y de avanzar en la discusión de este proyecto de ley que, para el presidente de la Nación, es muy importante. Sr. Presidente (Espínola).-Muchísimas gracias, ministro.

Abrimos las preguntas. ¿Hay algún senador o senadora que quiera preguntar algo? Sr. Pérsico.-Buenos días, ministro.

Tengo algunas dudas por haber estudiado un poco el proyecto, a ver si lo podemos mejorar. Evidentemente, me parece que hay buenas intenciones, pero bastante laxo en su redacción, porque no deja muchas cosas claras en un tema tan importante. El ministro dijo que se va a usar para pequeñas obras, pero no está acá si son pequeñas o son grandes y después no lo sabemos. Han pasado muchas cosas en este país que no nos generan una gran confianza con lo que dicen.

La primera pregunta que le quería hacer es sobre el proceso de elección de oferentes. En el artículo 12 dice que puede ser por licitación, concurso público–falta que diga en forma directa–, pero no está claro que sea licitación pública. Como esto hace de lado la ley de obra pública, no deja en claro cómo va a ser el proceso de llamado de oferentes, sería importante, me parece, que se dejara bien expreso que es licitación pública, con todos los mecanismos de transparencia de licitaciones públicas.

La segunda pregunta tiene que ver con algunos aspectos centrales de la contratación. Cuando hablamos de la ecuación económica debe dejarse bien en claro cuáles son los riesgos que asumirá el adjudicatario y en cuáles circunstancias se podrá renegociar el contrato. En el artículo 9º, inciso j) del proyecto eso está expresado, pero no está bien claro cómo serían las regularizaciones. Tal vez, usted me va a decir que es parte de la reglamentación, pero me parece que habría que dejarlo claro en la ley. Una idea en el control posterior de los servicios que se brinden, más allá de la participación delegable de los organismos contratantes. Que se aclare si van a incluir a los usuarios a través de ONG u otros sistemas.



Por último, creo que el control económico y financiero de los contratistas debe fijarse en forma taxativa desde el Estado cómo va ser; sobre todo en el desenvolvimiento económico y financiero de las empresas. Ya hemos tenido algunas experiencias con obras sanitarias, con aerolíneas que se dan servicios por procesos parecidos a este, pero se termina haciendo cargo el Estado de empresas que han sido vaciadas. Ya que tuvimos esa mala experiencia, hay que poner normas claras que eviten esas cosas.

Estas son las 4 preguntas que tengo para el ministro. Sr.Frigerio.- Gracias senador.

Quiero aclarar que el régimen propuesto de participación público privada se va a aplicar a obras de infraestructuras pequeñas, medianas y grandes; y va a depender del interés de los inversores y también de los proyectos de inversión que presente nuestro país en todos los niveles de gobierno. No se circunscribe a un determinado tamaño de obra. Lo que aclaré es que la experiencia internacional de los países vecinos de la Argentina que han avanzado más que nosotros en esta materia y que se han beneficiado de mayores niveles de inversión, nos indica que en general no son las obras de gran envergadura las que más se benefician de esto, sino obras de distinto tamaño que incluyen a obras como escuelas u hospitales. Eso es lo que intenté aclarar. Respecto a los mecanismos de licitación, para nosotros están claros. Si hay alguna duda se puede, por supuesto –como ya lo indiqué–, aclarar aún más en la ley que finalmente se va a sancionar. Pero acá se habla claramente de licitación o de concurso público y eso es lo que nosotros pusimos en nuestro proyecto. Si ustedes necesitan una mayor aclaración, por supuesto, estamos a disposición para que hagan la propuesta y, en consecuencia, lo podamos mejorar o aclarar aún más.

Respecto al tema que básicamente es la redeterminación de precios o el mantenimiento y el equilibrio económico y financiero de los proyectos, también en este punto nosotros entendemos que hay que sumarlo al esfuerzo y al trabajo que hemos hecho desde el Estado nacional, las provincias, la Cámara Argentina de la Construcción y los representantes de los trabajadores de la construcción. Ha derivado en un decreto–el 691–,que se tiene que transformar en ley, de redeterminación de precios que nosotros, las provincias, los municipios, los trabajadores y las empresas del sector entienden que es un instrumento superador a los existentes para mantener la ecuación económica y, de alguna manera, generar mayor agilidad en el desarrollo de las inversiones. Ese esquema se podría perfectamente especificar en este proyecto de ley. Sr. Presidente (Espínola).- Senador Barrionuevo... Sr. Barrionuevo.- Buen día, ministro. De acuerdo al artículo 1º del proyecto, estos contratos de participación se celebran con la Administración Pública Nacional en carácter de contratante. Me imagino que el contratante está pensado como una expresión que sustituya a lo que antes llamábamos comitentes, en el tradicional manejo de la obra pública. Me imagino que es así. A su vez, en el 3º, más allá de reiterar en el primer párrafo que estamos hablando del sector público nacional, en el segundo párrafo se menciona a las empresas que integran las provincias que también pueden actuar en esto, pero ya en condición de contratistas. Hasta ahí está todo bien. Obviamente siempre en competencia y en igualdad de condiciones con el sector privado, lo cual es lógico. Siendo así, quiere decir que una empresa en la cual una provincia tenga participación...En mi provincia de Jujuy hay una que la he creado siendo gobernador, que es JEMSE, Jujuy, Energía y Minería



Sociedad del Estado. Siendo así, si esa empresa se presenta como probable contratista, obviamente, va a tener que aceptar las condiciones del llamado y hasta la tradicional especificación que acepta todo el régimen legal que se aplica a ese eventual contrato. Si este asesoramiento es correcto, cuál es la razón por la cual por el artículo 28 de este proyecto se nos invita a formular una adhesión. Porque si vamos a ser contratistas tenemos que aceptar todo. ¿Por qué es la adhesión a todo el régimen? Esa es la pregunta. Sr. Frigerio.-Es una invitación para que además de contratistas, las provincias puedan ser contratantes. Además ha sido un requerimiento... Sr. Barrionuevo.-Entonces, también pueden ser contratantes. Sr. Frigerio.-Si las provincias se adhieren a este régimen, también pueden ser contratantes. Es un pedido expreso de las provincias de incluir este artículo. Las provincias adhiriéndose a este régimen una vez sancionada, también pueden ser contratantes dentro de su propio proyecto de inversión pública; además de contratistas como la empresa provincial de Jujuy. Sr. Barrionuevo.- No está muy aclarado acá, salvo en forma indirecta. Es la razón de la pregunta. Como en el sistema de pago de la ejecución está prevista la cesión de recursos tributarios, me preguntaba de qué manera van intervenir las provincias si aquí dice que van a ser contratistas nada más. Ahora, si son contratantes se me presenta otra duda. Si las provincias pueden ser contratantes significa que se les podría solicitar que afecten la coparticipación, en cuyo caso se les aplica también el artículo que por reenvío al Código Civil acá está mencionado, de la cesión a terceros. ¿Es así? Sr. Frigerio.-Voy a plantear lo que entiendo yo y después si puede, senador, me aclara un poco más la duda. Las empresas públicas pueden ser contratistas; por supuesto las nacionales, las provinciales y las municipales. Esto es lo que nosotros pretendimos al escribir este artículo del proyecto de ley. También entendemos, y así ha sido solicitado por varias provincias, que los gobiernos subnacionales también pueden, adhiriendo a este proyecto de ley –si se convierte en ley–ser contratantes; es decir, tener las mismas posibilidades que el gobierno nacional para desarrollar estos proyectos de asociación publico privado. Adhiriéndose cada provincia dentro de lo que es el presupuesto de cada una de las jurisdicciones para la obra pública o dentro de lo que son los programas y los proyectos de cada una de las jurisdicciones para obra de infraestructura, podrían aprovechar a utilizar este marco legal para generar mayor capacidad de inversión en este ámbito. Eso es lo que pretendimos poner con estos dos artículos.

Acá están los asesores. Si esta idea, este concepto que nosotros quisimos trasladar en este proyecto de ley necesita mayor aclaración o mayor especificación, no tenemos ningún problema en discutir una redacción más clara y más precisa en este punto. Sr. Barrionuevo.- Muchas gracias. Sr. Presidente (Espínola).- Senadora de la Rosa... Sra. De La Rosa.- Señor presidente: buenos días a todos. Les damos la bienvenida al señor ministro ya su equipo. Siguiendo con lo vinimos analizando desde el día de ayer, a mí me parece que lo que está presentando el Poder Ejecutivo Nacional es un nuevo esquema para realizar obra pública con una modalidad diferente a lo que es lo usual. Toda la obra pública sabemos que la realiza el Estado nacional o las provincias argentinas. Me parece que



este esquema distinto tiene una razón de ser muy fuerte que es el financiamiento. Creo que en este tema sabemos que lo que está faltando en la Argentina es plata, financiamiento para hacer obras públicas. Esta asociación público privado lo que hace es que el privado por sí pueda conseguir financiamiento; con lo cual, pueda aliviar las finanzas públicas del Estado nacional, en el sentido que el Estado nacional tiene un límite para el financiamiento de la obras o de los servicios públicos. El límite del gobierno nacional en el financiamiento está, primero, en el estado de la economía, y del estado de la economía dependen los recursos. Sabemos que en este momento los recursos tributarios están muy por debajo de los niveles anualizados de inflación. Está en un 23 o 24 por ciento, cuando la inflación anualizada está en el 40, 41 o 45 por ciento; con lo cual, es un límite al financiamiento del Estado para hacer obra pública.

También se puede hacer obra pública con deuda externa. El Estado ha tomado suficiente endeudamiento externo, con lo cual, hay un límite al endeudamiento externo y el límite está dado porque los intereses son gastos corrientes y se pagan también con recursos tributarios.

Este esquema creo que el Estado nacional lo necesita en función de financiar obras en el sentido de que sea un privado el que consiga el financiamiento. Ayer nos explicaban que, prácticamente, este proyecto de ley era una buena copia. Como usted dijo, señor ministro, hay que copiar las cosas buenas. Es una copia del proyecto que tienen Colombia y de otros países que, aparentemente, han dado buenos resultados en esos países. Ahora, analizando el proyecto de ley que tenemos, ya existe en la Argentina un decreto que tiene que ver con la asociación público privado para hacer obras. Con lo cual, digamos que hay elementos y hay un marco jurídico si se quisiera utilizar esta herramienta, este instituto de la asociación publico privada para hacer obras públicas. ¿Qué me preocupa de este proyecto de ley? Me preocupa, por un lado, que haya mucha garantía. O sea, es un proyecto donde la empresa privada, como usted bien dijo, puede ser una pyme y pueden ser pequeñas obras; pero todos sabemos que en realidad este esquema privado público se utiliza, fundamentalmente, para hacer grandes obras de infraestructura económica y social en el mundo. Al Estado le cuesta juntar la plata para el financiamiento y, tal vez, se quiere aprovechar, justamente, el financiamiento externo que algunas empresas lo pueden conseguir en mejores condiciones que el propio Estado.

Entonces, en este esquema hay una garantía absoluta con respecto a la rentabilidad de las empresas que forman parte de esta asociación público privada. ¿En qué sentido? Se le tiene que pagar los costos del proyecto, el costo del financiamiento que esas empresas utilicen para la realización de la obra y la rentabilidad propia de las empresas. Esa suma de rentabilidades, en este esquema, está absolutamente garantizada. Una empresa que entra en este sistema, no sé qué riesgo tiene. Porque, incluso, en uno de los artículos dice que el Estado va a garantizar una rentabilidad mínima.

¿Qué me preocupa? En el caso del Estado, me preocupa que parte de esa rentabilidad esté garantizada por los recursos tributarios que, como decía el señor senador recién, los recursos tributarios en la Argentina, mayormente son coparticipables. Ya venimos de varias leyes donde los recursos coparticipables de las provincias están afectados. Incluso, usted sabe, señor ministro, que con algunas leyes que hemos aprobado relacionadas con la reducción del IVA y la devolución del IVA hasta 300 pesos por mes y ganancias, afectan recursos coparticipables. Y las provincias, en este momento, están perdiendo recursos coparticipables. Obviamente, si están



recaudando al 23 por ciento, cuando tienen que cubrir gastos al 40 por ciento, hay una reducción real de los recursos coparticipables que están recibiendo las provincias argentinas. Además, estamos en 3 o 4 puntos por debajo de los recursos presupuestados para este año. Es difícil la situación de las provincias.

Me preocupa el uso, como garantía, de los recursos tributarios de la Argentina, en tanto son coparticipables. Es como un cheque en blanco que estamos dando. Esas son las principales preocupaciones.

La otra preocupación, ministro, sobre todo analizando algunos proyectos, como el Plan Laura de autopistas inteligentes. Es un antiguo proyecto en la Argentina, que tiene que ver con esta figura de asociación público privada. Está desde la época de la presidencia de Menem. Y, hasta ahora, han pasado por la Cámara de Diputados y de Senados, y siempre hubo algo que no permitía avalar ese proyecto. Creo que tiene que ver con que puede haber una cesión. Este proyecto, también, autoriza la cesión de recursos tributarios a un privado. Eso pega fuerte, que un privado esté recaudando tributos de la Nación.

Me preocupa en el caso de que paguen los usuarios. Que sean obras que tengan que pagar los usuarios por medio de otros impuestos, tasas y demás. Con lo cual, en esos casos, tendría que haber una participación ciudadana. Por ejemplo, decirle a un pueblo, una ciudad o una provincia, ustedes van a tener una autopista, pero vamos a contratar de esta forma y ustedes o sus nietos, en 30 años, van a terminar pagando tanto de concesión, peaje, tasa.

La gente tiene que aceptar. Un gobierno, un presidente están cuatro años. Nosotros estamos seis años en el Senado. Pero, los diputados están cuatro años. No podemos tomar esas decisiones intergeneracionales.

Entonces, la participación ciudadana en esos casos es otra de las preocupaciones, señor ministro. Sr. Frigerio.- Me parecen muy importantes las consultas porque nos permiten aclarar un poco más nuestro proyecto. Así que le agradezco. Como dijimos antes, esta es una vía adicional para emprender y llevar adelante obras de infraestructura, tanto a nivel nacional como subnacional. No está estrictamente vinculado al problema del financiamiento. De hecho, el Estado nacional licita muchas veces obras con financiamiento. Es una práctica habitual licitar determinada obra y que el licitante consiga ella por su cuenta el mejor financiamiento. En consecuencia, este proyecto no está vinculado a esa necesidad. Por supuesto que si queremos hacer todas las obras que el país necesita, necesitamos distintas fuentes y herramientas. Esta es, precisamente, la intención de este proyecto: adicionar una herramienta nueva a las ya existentes, como, por ejemplo, la posibilidad de licitar con financiamiento. Es cierto que existe un decreto de 2005, del gobierno anterior, para promover la asociación público privada. Pero, como toda norma, para que una iniciativa como esta, que es justo reconocer que viene del gobierno anterior, tenga éxito, la tenemos que hacer bien. Este es el propósito de esta discusión en el Congreso: mejorar una norma o una idea que no es nuestra, que viene del gobierno anterior. ¿Cómo nos damos cuenta que no funcionó? Porque no entró ningún proyecto en función del decreto de 2005. Teníamos la idea y la voluntad política de implementarla. No se implementó bien. Y, en consecuencia, fracasó.



¿Qué queremos hacer ahora? Tomar esa iniciativa política. Volver a plantearla. Mejorarla. E intentar que esa iniciativa política se traduzca en más obras para los argentinos. Esa es básicamente la idea. Por supuesto que una ley es mucho más fuerte y poderosa que un decreto del Poder Ejecutivo. También, esa es la razón por la cual para nosotros no alcanza con mejorar el decreto. Para nosotros es muy importante que esto tenga un nivel mucho mayor, que es el que le otorgan ustedes cuando sancionan un proyecto de ley. Hicimos nuestro propio relevamiento internacional respecto a cuál es la experiencia del resto de la región en nuestros temas. Nuestro relevamiento no es exactamente el mismo al que usted hace referencia. En todos los casos que consultamos de países vecinos de América Latina que han tenido éxito, en general, el éxito no se ha traducido en emprendimientos de grandes obras de infraestructura; sino, en proyectos de diversos tamaños: pequeñas, medianas y grandes. Esa es la experiencia internacional que nosotros recabamos. En esto quiero ser muy preciso. No hay ninguna garantía de rentabilidad al privado. Ninguna. Están las mismas garantías que existen en la ley de inversión pública, de obra pública. Por supuesto, las obras tienen que cubrir su costo y el costo del financiamiento. Eso va de suyo. Como ya ocurre, de hecho. En cada obra que se presenta, el presupuesto del gobierno nacional y de las obras que emprenden los municipios y las provincias, plantea un precio que cubre el costo y, por supuesto, también, el costo del financiamiento. Ahora, nosotros queremos que el resto sea riesgo empresario. En el riesgo empresario, viene la rentabilidad o no del proyecto. Eso está clarísimo. Si hay que ponerlo con más claridad, señora senadora, no tenemos problema en discutir un artículo mejor redactado que el que nosotros propusimos desde el Poder Ejecutivo. Hay participación ciudadana. Y va a haber participación de este Congreso en el financiamiento al que usted hacía referencia en término de los recursos públicos. r¿Por qué? Porque, por suerte, en pocas semanas vamos nosotros, el Poder Ejecutivo, pero también el Congreso Nacional, tanto a nivel de Diputados como de Senadores, a revivir una muy sana costumbre olvidada, que es la discusión del presupuesto nacional. Y ahí, en la discusión del presupuesto nacional, van a estar precisamente los proyectos en todos los años y la forma de financiarlos y de afectar recursos públicos, que no va a ser patrimonio de un circunstancial funcionario del Poder Ejecutivo, sino de una discusión del Congreso de la Nación. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra la señora senadora Aguirre. Sra. Aguirre.- Buenos días. Bienvenido, ministro. Bienvenido a todo el equipo. Me sumo a todo lo que ya plantearon los compañeros senadores, pero yo le voy a hablar de una cuestión un poco más doméstica. En mi provincia, La Rioja, que es una de las provincias más chiquitas y más pobres de nuestro país, en estos últimos años, gracias a la obra pública, nosotros hemos logrado tener mucha gente con la posibilidad de trabajar. Por eso celebro lo que usted dijo cuando empezaba a hablar: que esto fundamentalmente se trata del empleo en blanco. Ojalá así sea, porque en el mes de diciembre nosotros hemos tenido más de 3.500 despedidos, de los cuales apenas, a este momento, de acuerdo a la reactivación poquita que tenemos, todavía no hemos llegado a los 1.000 obreros reincorporados. Pero en mi provincia, también, como pasa en todas las provincias, nosotros



tenemos muy dispersa toda nuestra zona rural. Por eso, una de las cosas que más nos alegró el gobierno pasado fue precisamente la posibilidad de construir viviendas rurales. Por ahí nos tocó hacer una vivienda en un lugar y, después, a 20 kilómetros, otra. Y este trabajo nunca quiso ninguna empresa realizarlo; por lo tanto, siempre fueron realizados por cooperativas. Ni siquiera pymes aceptaron en su momento; fueron cooperativas y fundaciones. Estos antecedentes, por supuesto, obran en la Nación, porque les financiaban directamente a las cooperativas o a las fundaciones. Es por eso que en la letra de esta ley me gustaría que esto fuera contemplado, con todo el rigor de los controles. Porque cuando nosotros construimos fundamentalmente viviendas, tenemos que ser muy serios en ello, porque si no después pasa lo que nos pasó con una empresa que ha construido en un terreno que no correspondía y, luego, las casas empezaron a hundirse, literalmente. Entonces, a mí me gustaría que en la letra de esta ley esté contemplada esta posibilidad. Quiero también pedirle algo. Porque ayer nos informaba nuestro gobernador que el día 17 usted va a estar presente en nuestra provincia con el señor presidente. A mí, particularmente, que he trabajado mucho en este tema, me gustaría que pueda visitar alguna de las viviendas rurales, que fueron de 112 metros cuadrados, para que ahí, en el terreno –y esto también alguna veces se le reclamaba a algunos funcionarios nacionales de nuestro gobierno–, podamos tener claras algunas cosas. Porque cuando hacemos leyes, muchas veces están basadas en Buenos Aires o en lo que tenemos más cercano. Y no es que hagamos una ley en particular para cada lugar, sino que la mayoría de nuestras provincias tienen cosas en común. Estaría bueno que podamos poner claramente esto en esta ley. Esa es simplemente mi inquietud, mi preocupación. Porque –le decía– nosotros todavía tenemos mucha gente que no ha podido volver a su trabajo. Sr. Frigerio.- Muchas gracias, senadora. De nuevo, agradezco el comentario, porque enriquece nuestro proyecto –ahora le voy a explicar por qué– y la verdad es que nos permite corregirlo y mejorarlo. Porque en el espíritu de este proyecto de ley está precisamente lo que usted está planteando. Nosotros estamos muy preocupados por el tema del empleo. Tenemos permanentes reuniones con los representantes de los trabajadores de la construcción, la UOCRA, y los empresarios, la Cámara Argentina de la Construcción. De hecho, ayer estuvimos hasta última hora, hasta tarde, trabajando para ver cómo podemos cumplir con un enorme desafío que tenemos en la Argentina, complejo, que es responder a la decisión del presidente de hacer en estos 4 años el plan de infraestructura más ambicioso de la historia y, a su vez, dar transparencia y dar prolijidad a todos los procesos. La verdad es que en eso encontramos bastante desmadre, y es de público conocimiento. En consecuencia, hay permanente tensión entre la prolijidad, la transparencia y el manejo responsable de los recursos de la gente, por un lado; y la agilización de las obras, por el otro. Estamos trabajando –está bueno plantearlo en este ámbito– día y noche para generar precisamente mecanismos que agilicen las obras que permiten generar empleo y que, además, le den confianza y tranquilidad a la gente de que los recursos del pueblo los manejamos precisamente de la mejor manera. Hubo muchos despedidos en los peores meses –estos son datos de la UOCRA–; fueron noviembre y diciembre del año pasado. Nosotros tuvimos prácticamente cero de



pago de certificados desde octubre del año pasado, y eso, por supuesto, hizo eclosión en noviembre y diciembre. Pero la mitad de la obra pública ya no había recibido un solo peso durante el año 2015. La primera parte de este año nos ocupamos de saldar una deuda enorme; en el caso de mi ministerio, de casi 10.000 millones de pesos de certificados de obra no pagados, con el problema adicional de que muchas veces el certificado que me daban no se condecía con el avance físico de la obra: teníamos certificados por el 90 por ciento de la obra y avances de obra por el 10 por ciento de avance físico. Con lo cual, la auditoría y todo el trabajo administrativo fue muy arduo. Pero, como bien plantea usted, estamos por lo menos empezando a generar empleo. Entendemos que eso se va a ir acelerando a medida que transcurran los meses de este año hasta llegar a un nivel aceptable. Viviendas rurales o viviendas sociales: es parte fundamental de este proyecto. De hecho, en Brasil, en Perú y en Colombia hay muchos proyectos, mucha experiencia de vivienda social bajo la modalidad de la participación público privada. Yo le voy a pedir al equipo que vea cómo podemos plantear con mayor precisión en la ley el alcance que esto pueda tener en el caso puntual de la vivienda social, pero le agradezco la mención. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra el señor senador Pais. Sr. Pais.- Buenos días, ministro. Sr. Frigerio.- Buenos días, senador. Sr. Pais.- Es importante el proyecto de ley y es novedoso, pero advierto también que ratifica e introduce dos conceptos y alguna modificación del Código Civil y Comercial. Y es en el capítulo de solución de controversias. El artículo 24, en principio, ratifica la posibilidad de que el arbitraje sea nacional o internacional, ya que solo establece la posibilidad de establecer recursos en los casos –dice– contra los laudos del tribunales arbitrales con sede en la República Argentina, no previendo ningún tipo de revisión por laudos dictados por tribunales extranjeros. Podría, incluso, llegar a prohibir establecer que los mecanismos de arbitraje deben ser conforme el Código Civil, que tampoco prohíbe los laudos internacionales. Pero aquí tiene un problema, a mi entender: es la no aplicación del tercer párrafo del artículo 1.656, que es el que prevé la necesaria posibilidad de revisión de los laudos arbitrales cuando medie alguna causal de nulidad o cuando violenten el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico incluye, fundamentalmente, la Constitución Nacional. Nosotros y la Procuración del Tesoro, desde los fallos del CIADI por los tratados bilaterales de inversión, viene ratificando que aún los laudos del CIADI de los TBI pueden y deben ser revisados por los tribunales nacionales en cuanto a su ajuste a la Constitución. Nosotros no podemos, conforme el ordenamiento jurídico de la Argentina, consentir ningún fallo o laudo arbitral que violente nuestra Constitución. La última parte del artículo 24, que creo que es de significación, dice que en ningún caso será de aplicación a dichos laudos el tercer párrafo del artículo 1.656 del Código Civil, que justamente es el que prevé la impugnación judicial cuando el laudo violente el ordenamiento jurídico. El laudo que violente el ordenamiento jurídico es un laudo que necesariamente debe ser revisado; si no, lo colocamos en una categoría superior a la de las leyes de la Nación. Entonces, yo le consulto cuál era la naturaleza de esto y si realmente, a lo mejor, no ha sido una exageración de garantías jurídicas que se le quiere dar al contratante. El segundo elemento que quería que me especifique puntualmente es la no



aplicación del artículo 765 del Código Civil y Comercial. Esto quiere decir que no van a poder ser sustituidas en moneda de curso legal cuando la obligación prevea otro tipo de moneda. Quiero me lo ratifique o, a lo mejor, si esa es la intención del marco normativo de esta ley. Nada más, presidente. Sr. Presidente (Espínola).- Gracias. Sr. Frigerio.- Gracias, senador. Antes de darle la palabra a alguno de mis colegas, quiero decir que yo era economista antes. Ahora no sé qué soy, pero abogado seguro que no, así que no me voy a meter en los detalles. Lo que sí voy a plantear con mucha firmeza es que en este caso, como también en el de otros artículos de este proyecto, nosotros prácticamente copiamos –porque entendíamos que teníamos que aprovechar el trabajo realizado en el pasado– el decreto del Poder Ejecutivo de 2005. En este caso, en todo lo que referencia al arbitraje internacional está copiado del decreto del Poder Ejecutivo elaborado por el gobierno anterior, en 2005. Hay algunas otras cosas, especificaciones, para las cuales le voy a pasar la palabra... Sr. Pais.- Perdón, ministro. Un segundito. Lo que pasa es que en 2005 no estaba vigente el contrato de arbitraje. Eso lo incorporamos en este Congreso con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Sr. Reyser.- Es para completar y complementar lo que decía el ministro. Que exista instancia arbitral para este tipo de herramientas es fundamental. Quienes estuvieron presentes cuando tuvimos a los invitados de la CAF y del BID recordarán que ellos dijeron que esta herramienta es clave para esto. No solo como herramienta que dirima las controversias de fondo, sino también hay paneles técnicos que acompañan los proyectos a lo largo de su vida y que van resolviendo también los aspectos más técnicos y menores. Tener un mecanismo de arbitraje... No estamos pensando en el CIADI exclusivamente, sino que estamos pensando en tribunales especializados en este tipo de herramientas y, además –hay que aclararlo–, bajo legislación argentina. Estamos diciendo que lo que se aplica es el derecho público y el mecanismo de arbitraje, pero que el mecanismo de arbitraje sea un mecanismo válido. Porque si el mecanismo de arbitraje es apelable ante cualquier tribunal, pierde el espíritu del arbitraje. El arbitraje es una herramienta admitida en los países de la región y globalmente, y no vemos por qué no deberíamos aplicarlo en esta herramienta, que es una herramienta que tenemos que entender que es para proyectos de muy larga duración. Estamos pensando en proyectos que pueden llegar a durar 15 o 20 años, cuyos repagos van a ocurrir a lo largo de los mandatos de muchos gobiernos. Esto es muy importante y es un elemento clave en estas leyes en toda la región de Latinoamérica y también en el mundo. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra la señora senadora Giménez... Sr. Pais.- Yo creo que con la respuesta del funcionario me está ratificando... Yo no advierto la razón de no aplicar el tercer párrafo del artículo 1.656 del Código Civil. Esto es lo que no advierto: la posibilidad de que sea revisado el laudo si viola el ordenamiento jurídico. Tal vez lo podamos corregir en la sanción de la ley, pero no advierto una razón jurídica de peso que me diga que tenemos que establecer en esta ley la irrevisibilidad del laudo en esos términos.



Sr. Reyser.- Le voy a ceder la palabra a Ezequiel Cassagne, que ha sido uno de los asesores en la elaboración de este proyecto; ha colaborado con el equipo del Poder Ejecutivo. Sr. Cassagne.- Muchas gracias. Simplemente, quiero aclarar que la eliminación de este tercer párrafo del artículo del Código Civil apunta a eliminar lo que es una apelación ordinaria de arbitraje, o sea, que se desnaturalice el arbitraje, que se transforme en una instancia previa y luego venga un juicio. Esto no significa que si los laudos son nulos y tienen nulidad no se pueda presentar un recurso en nulidad en los términos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra la señora senadora Giménez. Sra. Giménez.- Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Realmente, quiero festejar esa definición de asociación público privada en la República Argentina, consolidándose en un proyecto de ley que cada vez ambiciona más la integración real y absoluta, lo plasma en el ámbito del derecho y ya queda para las generaciones presentes y futuras. Creo que la experiencia vivida desde 2005 a la fecha pone de manifiesto justamente la necesidad de la mejora continua, y es responsabilidad de los gobiernos así hacerlo. Así que las afirmaciones, ministro, que usted hacía van en coincidencia plena con lo que todos creemos que debe hacerse de la mejor manera. Insisto con la modificación del artículo 12, particularmente, que es lo que decía la senadora Aguirre, por la provincia de La Rioja. Si bien en los fundamentos y en el espíritu de la ley refleja la intención del presidente Macri de generar empleo y fortalecer la inclusión de las pymes en la organización de esta asociación público privada, en el artículo específico del procedimiento de selección de las empresas que van a participar en lo público privado no está garantizado. Y si no está garantizado en la ley, por más que lo pongan en el decreto reglamentario no va a ser parte de esa competencia leal, en donde las grandes multinacionales o las grandes empresas de la República Argentina van a tener siempre más ventaja en la presentación de su propuesta o de su oferta, a los efectos de poder realmente hacerlo ganar la asociación y llevar adelante el emprendimiento a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Por eso, creo que en la redacción del artículo 12 deberíamos poner de alguna manera un piso de garantía en la participación de las pymes, que les dé tranquilidad a todos los productores genuinos y reales de generación de empleo formal en ese sentido, para que de manera contundente quede expresada la voluntad que bien se expresa a fojas 6 y 7 del espíritu de la ley. Esa es la primera moción real y concreta que les propongo para llevar adelante. La segunda es que también en el espíritu de la ley se habla de varias posibilidades en el ámbito del desarrollo de esa asociación. De lo que no habla –que, en general, a los misioneros y a los de la región NEA nos interesa mucho– es del tema de los emprendimientos sobre el gasoducto o sobre los emprendimientos eléctricos. Y no está en el contexto del espíritu. Es decir, hay transporte, hay puertos que nos interesan, hay aeropuertos; pero específicamente en el tema de electricidad y energía... Es cierto, no está limitado –está bien lo que le dicen los asesores–; pero tampoco está explícito. Por eso digo: debo explicitarlo en esta sesión de comisión para que sea incluido en la mirada general del desafío de la asociación público privada, ya que estamos a punto cero, a foja cero de vuelta con el gasoducto del NEA, y es una realidad y una deuda



pendiente. Para lo cual también en el Senado hemos presentado, desde nuestra propia iniciativa, un fideicomiso para la construcción del gasoducto del NEA, que obra en esta comisión, que bien podría entrar dentro de la modalidad de la asociación público privada y bajo la figura que pueda construirse. Así que esa es una explicitación que era mi obligación hacer como representante de la región y sabiendo de las necesidades que tenemos, y aportarles esta definición que creo que consolida el trabajo en la responsabilidad política. El respeto de las instancias y de las jurisdicciones, sobre todo en las provincias preexistente –como bien me señala siempre el senador Rodríguez Saá– a la Nación en esa responsabilidad compartida de llevar el devenir de la Nación en conjunto, creo que debiera revisarse también específicamente la redacción de los acuerdos de contratista y contratante a que hacía usted referencia recién, ministro. Es muy importante que todo el pleno del Congreso y la ciudadanía en general tengan la certeza de esa definición en la redacción más puntual y posible. Nosotros estamos hablando de leyes que se modifican con leyes, por lo tanto no va a ser tan fácil para adelante modificarlas si hubiéramos producido algún error inequívoco, no intencional. Por eso la redacción debe ser lo más perfecta posible, porque es un proceso que recién se va a llevar adelante después de casi más de ocho años de experiencia institucional en la asociación público privada. El desafío es hacerlo y con nosotros cuenta. Creemos en esta posibilidad y en este desarrollo en el ámbito de nuestras regiones, sobre todo en NEA y NOA. Es una realidad, hay mucho para hacer, hay mucho para invertir y tenemos ganas de hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias. Sr. Frigerio.- Gracias, senadora. Para hacerlo corto, vamos a tomar las tres sugerencias y vamos a modificar el proyecto en consecuencia. Sr. Presidente (Espínola).- Senadora Machado. Sra. Rodríguez Machado.- Buenos días. Gracias, señor ministro, y gracias a su equipo por estar presente. También voy a ser bien breve. Como sabrá, somos representantes de las provincias, y nuestra provincia de Córdoba hace mucho que está pidiendo, o que está necesitando, un instrumento como el que hoy nos traen a consideración. Obviamente que hemos sufrido durante estos años la ausencia... No voy a entrar en una situación de confrontación política, pero sí tuvimos necesidad de generar obra pública y hemos buscado por todos lados aquellos instrumentos que nos hubieran permitido concretar para nuestros cordobeses obra pública inexistente en nuestra provincia. Es así como recuperando la sabiduría de nuestros intendentes y jefes comunales, que saben cómo hacer con poca plata, en su momento ellos aplicaron esta filosofía de que se pague en forma directa en aquellos servicios que pueden ser pagados por contribuyentes, como en el caso de tomógrafos, en los hospitales y demás, que se utilizan a través de lo que nosotros hemos llamado recupero de gastos –cunetas, cordón cunetas, desagües–, dejando para las rentas generales aquellas obras donde no podemos utilizar este tipo de aplicación. Entonces, nos la ingeniamos por el lado de recupero de gastos que, salvando las distancias, conserva la filosofía de que aquello que pueden pagar los contribuyentes en forma directa y que es de su propia utilidad no sea pagado por la renta general, y que la renta general aplique estos fondos para aquellos lugares donde el dinero de los



contribuyentes es insuficiente, pero también donde se necesite obra pública. En ese concepto, quisimos que nuestra provincia adhiera a una normativa nacional para poder utilizarla a nivel provincial. Entonces, nos encontramos con que el decreto que mencionan de la época kirchnerista, de 2005, el 967, es imposible porque es un decreto. Entonces, las provincias adherimos a una ley. Nos encontramos con una situación legal frente a la cual fue imposible utilizar esta normativa cuando quisimos aplicar a nuestra provincia para que, a su vez, los municipios puedan adherir a este instrumento, con una imposibilidad fáctica de tomar estos principios, que también el presidente Kirchner tomó, de aplicar la financiación público privada a algún tipo de obra. Entonces, ni los cordobeses en nuestra provincia, ni los municipios pudimos adherir a esta ley, y esta normativa que hoy nos traen a consideración le va a permitir a nuestra provincia adherir y tener un instrumento más de financiamiento de la obra pública. Pero, además, nos encontramos con un segundo inconveniente cuando fuimos a investigar la adhesión a este decreto: en los decretos para los organismos internacionales no es permitible la financiación, no son financiables, porque son decretos. Y los organismos internacionales te piden leyes que establezcan esto con una duración a través del tiempo que le da garantía, y esa garantía –valga la redundancia– va a quedar. Entonces, el segundo impedimento que tuvimos los cordobeses fue que era un decreto al que no podíamos adherir y era una norma que los organismos internacionales no la consideraban financiable por tener la debilidad, justamente, de un decreto. Y, en última instancia, este decreto está prendido de una ley, la 17.510, de la época menemista, una ley de peajes que estableció una determinada normativa para el riesgo macroeconómico; después, en 2009, se vio que no era suficiente. Entonces, tampoco tenía un concepto interno que les dé garantía a los organismos internacionales de que este instrumento iba a ser viable. No sé si ustedes comparten esta situación del decreto, que en su filosofía identificamos como necesario, pero en su modalidad legal de adhesión y en su contenido no nos era útil para que los cordobeses pudiéramos tener un instrumento como este para financiar la obra pública. Sr. Frigerio.- Gracias, senadora. Como lo planteamos al principio, tomamos como base del proyecto el decreto de 2005 pero, por supuesto, tendríamos este tipo de restricciones y limitaciones y por eso presentamos este proyecto de ley que –a nuestro entender– mejora, y después de esta reunión va a mejorar aún más, el decreto preexistente que, lamentablemente, no se tradujo en inversiones nuevas; y, por supuesto, les va a permitir a las provincias la posibilidad de adherir y también de ser un motor, un mecanismo más de propagación de las obras de infraestructura en nuestro país. Presidente: creo que no hay ningún senador más anotado en el uso de la palabra, así que voy, de nuevo, a plantear la satisfacción que representa para el Poder Ejecutivo Nacional poder venir a esta casa, plantear los proyectos de ley que queremos o entendemos necesitamos para mejorar la calidad de vida de los argentinos y salir de esta casa con el enriquecimiento y la mejora, por supuesto, de los proyectos que originalmente presentamos, como viene ocurriendo inalterablemente desde el 10 de diciembre a esta parte. Así que, de nuevo, mi agradecimiento y el del presidente al trabajo que están haciendo.



Sr. Presidente (Espínola).- Muchísimas gracias, ministro. Continuamos con el gobernador de Mendoza, que está apurado porque a la una tiene vuelo. - Luego de unos instantes: Sr. Presidente (Espínola).- Senadores, senadoras: continuamos con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Bienvenido. Gracias. Sr. Cornejo.- Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, la representación más genuina del federalismo argentino. También, celebro el diálogo que están teniendo acerca de leyes importantes y la profunda vocación del Ejecutivo nacional de escuchar los aportes de los distintos senadores, en este caso, y, en particular, nuestros aportes desde la provincia. Mi participación es muy breve, como introdujo el presidente de la comisión, tengo vuelo a la una y necesito llegar a tiempo, pero quiero darle el apoyo a ese proyecto. Tuve la oportunidad de escuchar varias de las inquietudes a incorporar en el proyecto, seguramente, muchas de ellas van a ser tenidas en cuenta. Pero mi aporte aquí es mencionar algunos de los proyectos que, creo, que pueden tener impacto territorial en Mendoza y que sin duda este instrumento legal servirá para su financiamiento. De las virtudes de esta ley, creo que la principal virtud desde mi criterio y desde un enfoque político y no jurídico, pero creo que tiene un impacto jurídico y de seguridad jurídica para la Argentina, es que distribuye el riesgo de grandes inversiones, pero también de pequeñas y, a su vez, que permite una proyección de mediano y largo plazo. Hay muchas de las inversiones que necesitan infraestructura, y estamos en la Comisión de Infraestructura, que necesita la Argentina, que necesita Mendoza, que requieren seguridad jurídica, inversión e inversión de largo plazo. Algunas de ellas, y a modo de ejemplo, son dos emprendimientos hidroeléctricos que Mendoza tiene en su cartera y que los tiene bastante desarrollados, como es Portezuelo del Viento, una obra de más de 200 megas en el Sur de la provincia, en Río Grande, en el Departamento de Malargüe, más precisamente. Y un esquema que estamos pensando con el gobierno nacional sin duda es la participación público privado. Otro proyecto, también hidroeléctrico, es Los Blancos, que fue licitado, pero que tiene problemas contractuales para llevarse a cabo, en el cual se está pensando también en un esquema público privado. Es una obra importante para generar energía al conjunto del pueblo argentino. Creo que vale la pena la incorporación de la palabra de la senadora: obras energéticas, en particular. Hay una serie de caminos sobre los que hay propuestas público privadas. Por ejemplo, el Paso Internacional Los Libertadores, en el cruce a Chile, que está tan colapsado, es el principal paso hacia los mercados asiáticos de todo el Mercosur, tiene un colapso importante que requiere obras de “tunelería”, requiere obras viales importantes, también se puede incorporar; este instrumento podría ayudar y ayudar mucho. En el marco de rutas, la variante Palmira del tren San Martín es otro proyecto que creo que tendría mayor impulso con esta ley. La variante Palmira-Luján desviaría la ruta 7, que también tiene un gran colapso, y la desviaría por el borde del Río Mendoza en tránsito a Chile. Esa ruta, en realidad, podríamos licitarla la provincia, podríamos trabajarla la provincia, por lo cual, adheriríamos a esta ley.



Y así tenemos distintos proyectos, algunos más chicos, como por ejemplo, una ruta provincial que nos permitiría adheriré a esta ley con la Legislatura de la provincia una ruta provincial que es la que lleva de la ruta 40 a Las Leñas. Las Leñas es propiedad de un empresario malayo, que está ofreciéndole a la provincia un proyecto de participación público privado para hacer la ruta a nuevo desde la 40 hasta el complejo de Las Leñas. Una ruta que tiene un altísimo deterioro producto de las inclemencias del tiempo, pero también de la falta de inversión de los últimos años. Es decir, hay una cartera de proyectos amplia, muchos que son competencia y jurisdicción de la Nación, pero también algunos que son provinciales que podrían ser empleados por esta ley. Este es mi aporte. Como gobernador creo que tenemos límites, creo que también lo dijo la senadora correctamente de Formosa, tenemos límites altos a nuevos endeudamientos, los límites que da la economía, los límites que dan las restricciones legales y constitucionales; pero también tenemos que explorar distribuir el riesgo con privados y, por supuesto, sin duda preservando que no se comprometan más los impuestos que son coparticipables a las provincias. Y ese es un detalle muy importante que entiendo que el Senado debe preservar en este ámbito específico, pero también debemos arriesgar los argentinos si queremos infraestructura de buena calidad, debemos arriesgarnos a proyectos que se puedan pensar desde el punto de vista estratégico que tengan el recupero de 20, de 30 años y sin duda esta ley ayuda en esa dirección. Por lo demás, si hay alguna consulta, estoy abierto a ello. Sr. Presidente (Espínola).- ¿Alguna consulta, que el gobernador se tiene que ir? Sra. De la Rosa.- Muchísimas gracias, señor gobernador, por esta visita al Senado. Quería preguntarle de todos los proyectos que usted mencionó, ¿cuáles serían los tres fundamentales que tendría su provincia y en donde un instituto, como el que estamos analizando, sería de mucha utilidad para el financiamiento? Sr. Cornejo.- Creo que las energéticas, en particular, en el conjunto de las energéticas las hidroeléctricas, tanto Portezuelo como Los Blancos. Y, por supuesto, dentro de las energéticas también la exploración de la energía solar. Toda nuestra cordillera desde la provincia de Mendoza hasta Jujuy tiene una potencialidad enorme en esa materia y, también, nuestro Sur tiene una potencialidad junto a toda la Patagonia con la eólica; por lo tanto, ahí creemos que en todas ellas podemos hacer punta.

En materia de carreteras y del paso internacional, el Paso Libertadores, me parece que es imprescindible montos de inversión muy altos como para ponerlo nuevamente en funcionamiento. Acá se habla de muchos otros pasos, pero la verdad es que en el corto plazo –en el aquí y ahora–, el 80 por ciento de la carga del Mercosur hacia los mercados asiáticos pasa por ese lugar. Difícilmente se cambie el resto de la infraestructura a redirigirse a otros pasos que tienen niveles de ejecución de siete, de diez o de doce años. Difícilmente se cambien las empresas transportistas, la logística en general y los puertos del lado chileno. Se habla del paso Agua Negra, por ejemplo, que tiene una prefactibilidad alta, que tiene financiamiento del BID, pero la verdad es que el puerto de Coquimbo no soporta el flujo que tendrá. Por lo tanto, Chile también tendrá diez o quince años de inversión.

Entonces, en el aquí y ahora el Paso Libertadores requiere una inversión fuerte que entiendo el Estado Nacional por sí y por rentas generales no haría. Por otra parte, para salir de este proceso el Estado Nacional se ha comprometido con nuevas deudas, como el pago a holdouts y demás, que nos exigen buscar otras formas de llevar a cabo



estos proyectos de infraestructura tan grandes, como es el del Paso Libertadores. El Paso Libertadores en el óptimo tiene inversiones. El proyecto que en su

momento presentó Eurnekián tiene niveles de inversión de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares, pero ni Chile ni la Argentina están en condiciones de apalancar un proyecto de esa envergadura. Además, creo que era a cuarenta o a treinta y algo de años.

Entonces, no digo llevar adelante ese proyecto, pero hay proyectos más chicos que ese que tienen como fin modificar el túnel ferroviario, haciéndolo túnel para autos y camiones. El ex ferroviario del Libertadores, con doble vía y autovía en ciertas partes de la Ruta 7, camino a Chile, como en aquellos tramos entre Potrerillos y Uspallata y entre Uspallata y Las Cuevas, mejoraría mucho la transitabilidad. Estos proyectos serían más bajos en su costo que este, de 6.000 millones de dólares, pero también requeriría una participación público-privada.

Finalmente, me voy a referir a algunos proyectos que son urbanos. La ciudad de Mendoza y sus seis municipios que componen el Gran Mendoza tienen 1.100.000 habitantes. Por lo tanto, ya es recomendable, en materia de mercado, de transporte y demás, la construcción de un buen subterráneo de transporte de pasajeros, más allá de que todos sabemos lo que significa en una zona sísmica un proyecto de ese tipo, que es de una gran inversión y lleva una amortización de por lo menos treinta años. Con lo cual, proyectos de ese tipo no pueden ni pensarse hoy día si no es con algún mecanismo de este tipo.

En síntesis, creo que esa es una gran cartera de proyectos que podrían llevarse a la práctica con esta ley. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez. Sra. Elías de Perez.- Quiero saludar al gobernador, darle la bienvenida, agradecerle que haya venido hasta acá y mandarle nuestro saludo a su vicegobernadora. Sr. Cornejo.- Muchas gracias. Ella es de esta casa.

Que tengan buen día. - Luego de unos instantes.

Sr. Presidente (Espínola).- Es el turno de John Pollner, que es economista financiero principal y gerente de programas del sector financiero en Latinoamérica en el Banco Mundial. Bienvenido y muchísimas gracias por los aportes que puedan brindarnos. Sr. Pollner.- Buenos días, honorables senadores y senadoras.

- Durante la exposición del señor John Pollner se realiza una presentación en Powerpoint

Sr. Pollner.- Esta presentación se trata de bonos de infraestructura y cuál es su papel en el financiamiento privado en la infraestructura.

Básicamente, voy a comenzar con las necesidades de financiamiento. Estas son las proyecciones del sector privado en la Argentina hasta 2025; estamos hablando de posiblemente un billón en dólares equivalentes.

Aquí se muestran los diferentes sectores que se verían financiados. Incluye vivienda, energía, urbanización, agua, alcantarillado, caminos, carreteras y varios otros, como salud, industria, gas, educación, ferrocarriles, agricultura y telecomunicaciones. Hay una necesidad tremenda de financiamiento y el sector privado local, el sector financiero, obviamente no tiene la capacidad para financiar todo esto, tampoco el gobierno.

El mercado de bonos de infraestructura se ha desarrollado globalmente, donde hay una participación internacional al igual que nacional, pero se requiere bastante



capital externo para poder llenar todos estos huecos. Una característica de los bonos de infraestructura es que cuentan con ingresos

generados por el proyecto mismo. Es decir, no son como los bonos generales que emitiría el gobierno para financiar un proyecto, son bonos que cuentan con el ingreso proyectado del proyecto que la firma ejecutora del proyecto concesionario proyecta. Generalmente cuentan con un vehículo de propósito especial, que es un tipo de fideicomiso, que es una ventaja que tiene la Argentina, porque posee una industria fiduciaria muy desarrollada y que sería muy útil para este tipo de instrumento. Y típicamente los flujos del proyecto están titularizados dentro de este fideicomiso para pagarles a los bonistas, a los compradores del bono.

No se ve muy claramente, pero también mostramos en la lámina, a través del azul más oscuro, el margen financiero. Esto basado solamente en datos de la Unión Europea.

Y, para diferentes años, se muestra el margen financiero de la banca, y, nuevamente, el color azul más oscuro muestra que es más alto para financiar en infraestructura que el margen financiero de los bonos.

Entonces, esto no es la evidencia indiscutible, pero demuestra que los bonos sí tienen la posibilidad de ahorrar en financiamiento y en infraestructura.

¿Cuál es el rol de los bonos? Digo “bonos” en relación con otro instrumento financiero. Típicamente, el financiamiento de los bonos es apropiado para proyectos que ya están expandiéndose o en operación, mantenimiento, etcétera. Es decir que muchas veces es muy típico que la banca financie la primera etapa de construcción de un proyecto de infraestructura y los bonos refinancien a los bancos para los plazos posteriores y para los plazos más largos; donde los bonos son más adecuados que las bancas para plazos más largos de financiamiento.

Hay algunos casos donde los bonistas podrían financiar la etapa de construcción, pero ahí se requería cierta garantía o mejora de crédito durante una etapa donde no hay ingresos en el proyecto.

En esta lámina no se ve muy claramente pero muestra, a través del azul oscuro en las barras de la parte más abajo, que es la parte mayor, el financiamiento de banca. Estos son proyectos de infraestructura en todo el mundo, en agregados. Los bonos financian una parte menor, que está en verde, y el capital directo también una parte menor pero significativa, que está en rojo.

Esto demuestra que el financiamiento de la banca domina el financiamiento de infraestructura, pero un mercado desarrollado demostraría que puede traspasar ese financiamiento al mercado de bonos que también sería una ventaja para el mercado de capitales.

Esta lámina aquí muestra diferentes tipos de economías en Américas, Asia y Europa. Las barras en azul son para economías avanzadas y las barras en rojo para economías emergentes, demostrando el volumen de bonos de infraestructura.

Básicamente, en América Latina los bonos de infraestructura corresponden a la más alta proporción de los mercados emergentes en esta región. Por ahora las experiencias principales han sido en Chile, en el Brasil, en México y en el Perú. Y vamos a hablar de algunos ejemplos en el Perú.

En la mayoría de los casos, y esto es una realidad por el monto de financiamiento, las emisiones han sido en el mercado de dólares. Ahora bien en casi todos los casos, la Banca de Desarrollo Nacional o el gobierno o las instituciones



multinacionales o multilaterales ofrecen algún tipo de mejora de crédito o tipo de garantía para ciertas partes de estos bonos. Para, número uno, reducir el costo de los intereses de los bonos y, luego, atraer a más inversores.

Y esto es algo para considerar, porque el inversionista del exterior va a ser necesario, porque si bien la industria financiera local va a tener alguna capacidad, definitivamente, no será una capacidad completa para las necesidades de financiamiento. Entonces, para atraer capital privado, alguna parte va a tener que venir del exterior. Al menos que el gobierno quiera aportar, pero la idea es la de quitarle el peso fiscal para financiar estos proyectos.

Esta lámina muestra las fuentes de garantías financieras: la Banca de Desarrollo Nacional y otros bancos. Y el gobierno y o las instituciones multilaterales pueden combinar garantías del gobierno o de la Banca Nacional para este tipo de instrumentos.

Ahora bien, ¿qué tal el tema de la calidad de los bonos? La calidad crediticia. Los bonos de infraestructura, generalmente, tienen probabilidades de incumplimiento menores a los bonos corporativos con la misma calidad crediticia, así que tienen un buen récord de gestión.

También, como mencioné, tienen la capacidad exponencial de conformar una clase nueva de activos para los mercados financieros, los mercados de capitales, que podrían también tener un papel en desarrollar los mercados de capitales domésticos y los inversores institucionales domésticos. Pero eso es un beneficio de segunda generación, es decir que el beneficio primario es más conseguir el financiamiento privado.

Como mencioné, gran parte del uso de inversionistas son extranjeros, por la escasez de inversionistas locales grandes, y hay un mercado más amplio a nivel global.

En el caso de la Argentina, las tasas de intereses en pesos: por el momento, llegaría emisión inicial en dólares y es un tema que hay que discutir sobre el riesgo cambiario y cómo se podría manejar. Las emisiones internacionales, como se mencionó antes, también típicamente tienen cláusulas para los arbitrajes internacionales, lo cual es atractivo para atraer más inversores y más capital al país.

Bueno, esta lámina no se ve, pero lo que está tratando de demostrar es que el perfil del riesgo para un proyecto de infraestructura comienza a un nivel muy alto en el período de construcción, donde los ingresos todavía no se generan, pero mientras el proyecto empieza en la fase operativa, el riesgo disminuye.

La parte inicial de la construcción se llama Greenfield −campos verdes− es decir que se trata de la parte inicial para construir un proyecto, un activo nuevo; y la parte de operación se llama Brownfield, en otras palabras, ya está en operación y podría considerarse como proyecto de infraestructura de mantenimiento y mejora. En este último, es más fácil atraer financiamiento privado porque es más predecible el flujo del proyecto.

Ahora bien, acabo de mencionar el modelo peruano del que se habla mucho y que utiliza los CAO y RPI, o, respectivamente, Certificado de Avance por Obra y Remuneración por Inversión.

Estos son pagos fiscales del gobierno para vigencia en etapa de construcción de la obra. Lo interesante en el Perú es que estos certificados que se usan se titularizan por el mercado financiero para crear bonos de mercado basados en los pagos vigentes y futuros del gobierno, que está aportando al proyecto.

Ahora bien, esto es muy interesante y se ha destacado como un buen ejemplo,



pero también hay que calificar que tiene sus positivos y sus negativos. Es decir atrae a concesionarios privado, pero debo mencionar que en este momento el Banco Mundial está trabajando con el gobierno para modificar el sistema, porque implica una absorción de riesgo bastante alta por el gobierno, por estar aportando esta contrapartida fiscal durante el período de la construcción.

Es decir que, aún en la etapa de construcción, los inversores privados o concesionarios deberían tener facultades de tomar riesgo y tener financiamiento propio sin depender totalmente de los aportes del gobierno. Se puede depender en cierta parte, pero sería bueno en la ejecución de estas APP que haya un riesgo que tome el concesionario privado. Y, francamente, para eso va a necesitar un bolsillo más profundo de financiación. Y por eso va a tener que tener la capacidad de conseguir financiamiento privado, doméstico o internacional.

Aquí volvemos otra vez al propósito del financiamiento de infraestructura por parte del sector privado. La idea de incentiva la participación privada en proyectos de infraestructura es ahorrarle recursos al Estado y, al mismo tiempo, desarrollar instrumentos en los mercados de capitales y reducir la deuda fiscal, para que la deuda que financie estos proyectos sea deuda privada.

Por supuesto, como concesión, se comparten los ingresos con la firma de la empresa que ejecuta la concesión, que necesita recaudar ingresos a través del proyecto. Es un ingreso que el Estado podría haber conseguido. Pero, la experiencia internacional demuestra que en los proyectos de infraestructura, generalmente, el privado es más eficiente en términos de los costos de todo el proyecto que los gobiernos. En otras palabras, los gobiernos podrían ejecutar y conseguir tarifas, pero, el beneficio neto al país, generalmente, es menor por varios temas vinculados con la eficiencia, el tipo de ingreso que se puede acumular, etcétera.

En estos proyectos de infraestructura, el gobierno puede compartir los costos y riesgos con el concesionario privado. Aquí hay que reglamentar bien la ley para que estos riesgos sean los no comerciales. Es decir, riesgos como el derecho del terreno, que está netamente en el poder del gobierno; o derechos de acceso a áreas específicas que necesite el proyecto o niveles de tarifas preacordados o ingresos mínimos. Aquí hay que calificar que ingresos mínimos no significa una garantía de rendimiento. Simplemente, significa un ingreso mínimo para que no quiebre la firma privada, basado en proyecciones de tránsito. Pero, el riesgo comercial de ingresos mayores, lo tiene que tomar el concesionario privado. En otras palabras, una garantía de ingresos mínimos o tarifas es simplemente es una garantía mínima para que no quiebre la empresa. Pero, no es una garantía de rentabilidad alta, de ninguna forma.

Otros riesgos que se pueden garantizar son cosas típicas como la expropiación. Pero, eso es cosa del pasado. Temas de clausuras de contratos. En otras palabras, temas muy regulatorios que el gobierno controla y que están sujetos a garantías, para darles más confianza a los inversores privados o concesionarios.

Todo otro tipo de riesgo comercial, de ganancia del proyecto debería ser absorbido por el ente privado.

Estos son temas reglamentarios. No son temas que deberían estar en una ley. Se ajustan proyecto por proyecto. Pero, debería haber una reglamentación que mencione cómo se licitan proyectos y se definen las propuestas de proyectos que incluyan todo este tipo de calificaciones.



Además de lo mencionado, las asociaciones públicas privadas pueden tener beneficios con mejoras de créditos o créditos de garantías. Las garantías siempre deberían ser parciales. No totales. Las garantías pueden ser contractuales, como recién mencioné. Las garantías sobre aspectos y cambios regulatorios. Y, también, pueden ser garantías parciales de crédito. Es decir, garantías a un bono-préstamo o parte de un préstamo.

Las garantías siempre tienen que estructurarse para que la tasa de financiamiento del proyecto siempre se rebaje con la garantía. Ese es el objetivo de la garantía. La garantía, obviamente, tiene un costo. Pero, bien estructurada, puede rebajar el interés neto que se paga en el proyecto por parte del financiador, por supuesto.

Agencias multilaterales, como el Banco Mundial y otras, pueden proveer garantías. El gobierno también puede proveer garantías. O se podrían proveer a través de las bancas domésticas, si están bien estructuradas.

Para repasar, hay garantías financieras contra riesgos netamente crediticios. Es decir, que un préstamo o un bono ande bien en todo momento. Hay garantías al operador concesionario, que son los riesgos contractuales regulatorios que mencioné. Y, también, podría haber garantías de formas de créditos contingentes para financiar garantías ofrecidas por la industria doméstica para que tengan liquidez para pagar esas garantías.

La estructura de garantías, como mencionamos, podría ser para el concesionario en la parte operativa o para el acreedor. Ya mencioné que estas garantías deberían ser realmente parciales. Por ejemplo, una garantía parcial podría ser si un bonista o un banco tienen que refinanciar parte del fondeo hacia años posteriores de un proyecto que cubre diez o quince años. Y si los plazos del décimo al quinceavo años se ven muy riesgosos, la garantía podría garantizar que la amortización en esos períodos de plazos largos, se pague. Pero, no los períodos anteriores, que debería tomar el riesgo el sector privado. Son garantías para alargar el financiamiento.

En esta lámina, estaba intentando mostrar el flujo de garantías de crédito, donde los bonistas reciben la garantía que podría ser dada por un banco argentino con un respaldo internacional y del gobierno. Esto simplemente para que el bono no tenga ningún default durante la vida del proyecto.

La garantía de riesgos contractuales es parecida. Pero, aquí, el garante, que otra vez podría ser una institución argentina con respaldo internacional o del gobierno, respalda al concesionario por si hay una brecha en el contrato, como ya hablamos antes. Y el concesionario perdería recursos por ese cambio o esa brecha regulatoria. La existencia de esta garantía, le daría confianza a los financistas aún si ellos no tienen una garantía directa, porque saben si hay cambios que modifican el ingreso del proyecto, hay una garantía que suplementaría esto.

Pero, por supuesto, todas estas garantías no son cosas para poner por todos lados. Son garantías especiales para riesgos muy particulares que la empresa privada no puede controlar. La empresa privada puede controlar el riesgo de comercio o del negocio. Para eso, no debería dársele garantías porque eso es un tema netamente comercial.

Todo este tipo de calificaciones tendrían que aclararse en los contratos, en las licitaciones, en los estándares de proyectos de asociaciones públicas privadas.

En esta lámina se muestra lo que había mencionado respecto a que instituciones argentinas financieras domésticas podrían ofrecer garantías, pero podrían necesitar



líneas de liquidez por si tuvieran que pagar esas garantías. Estamos trabajando con el gobierno de Brasil para diseñar algo parecido, donde bancos domésticos ofrecen garantías de interés y de capital a los bonistas. Esos bancos compran colateral en la forma de títulos del gobierno, por si tienen que pagar la garantía, ese flujo lateral, y reciben o podrían recibir líneas de financiamiento de 20 a 30 años por si necesitan recursos para comprar ese colateral o repagar esa garantía. Entonces, la idea no es depender, a la larga, de agencias internacionales, multilaterales, pero de crear la industria doméstica que pueda tener la capacidad de ofrecer esa garantía. Pero como mencioné, el marco de APP tiene que tener todos estos estándares y compartición de riesgo dentro de los documentos de diseño de licitación, los contratos mismos. Esto no es algo que sugirió poner en una ley, porque sería una cosa muy detallada y depende de cada proyecto; pero entendemos que la ley da cupo para estos tipos de diseño e instrumentos. Pero la reglamentación más específica de la ley o el libro de reglas que se crea para APP debería ser muy específico sobre estos temas. Básicamente, como mencionamos, el gobierno puede aportar presupuesto para estos proyectos, pero esto no debería incurrir ningún riesgo comercial o de capital o de liquidez del sector privado. El sector privado debería absorber esto y solo compartir riesgos con el gobierno cuando haya un acuerdo de antemano acerca de que se van a compartir riesgos en la obra, o estos riesgos que están netamente bajo el control del gobierno, extracciones regulatorias, etcétera. También estas estructuras se podrían diseñar en instrumentos en dólares, pero también en pesos. Claro que en el corto plazo, por el tema de inflación y las tasas en pesos, va a ser más difícil. Pero mientras bajen la inflación y las tasas de interés, se podrían considerar instrumentos de emisiones en bonos en pesos, también atrayendo a inversores extranjeros. Claro, inversores extranjeros estarían preocupados sobre temas de inflación y devaluación; y algunas opciones tal vez más complejas para considerar para abarcar estos riesgos sería usar un índice de inflación, que ya se ha desarrollado, para que los bonos estén indexados a la inflación. No recomendaríamos esto inmediatamente con las tasas de inflación tan altas, pero cuando baje algo la inflación, estos bonos sí se podrían ofrecer con indexación a la inflación. También se podría considerar un mercado de intercambio de swap entre dólares y pesos, para que aún si los bonos se emiten en pesos se podrían convertir por los inversores internacionales a dólares, a través de un arreglo de swap. Los arreglos de swap, por supuesto, toman en cuenta las tasas de interés locales como la de dólares. Mientras está muy alta localmente, probablemente no serían un negocio muy rentable; pero mientras bajen las tasas, probablemente se puede y se va a desarrollar un mercado de swap entre dólares y pesos que podría aplicarse a este tipo de instrumentos para infraestructura. Entiendo que ha sido esta una presentación algo técnica. Espero que les puedan distribuir la presentación para que se pueda leer más claramente, pero quiero agradecerles por darme la oportunidad de presentar esto. Sr. Presidente (Espínola).- Muchísimas gracias, John Pollner. Le vamos a pedir si nos puede dejar el Power Point, así lo podemos distribuir. Si alguien quiere hacer una pregunta, alguno de los senadores y senadoras. Breve. Sr. Presidente (Martínez).- Por favor, acérquenle el micrófono a la senadora. Para que no se repita lo de ayer, senadora.



Sra. De la Rosa.- Gracias por defenderme, senador. Gracias, presidente. Estuve siguiendo atentamente su exposición. Lo que usted está explicando forma parte del proyecto de ley que estamos analizando. Lo que tenemos que decir es que este proyecto de ley autoriza instrumentos financieros como el que acaba de explicitar. Perdón, no sé su nombre. No lo tengo. Sr. Pollner.- John Pollner. Sra. De la Rosa.- Muchísimas gracias, John. Este proyecto de ley, en este esquema de financiamiento compartido y de asociación pública o privada, autoriza que, por ejemplo, una sociedad anónima conformada en esos términos pueda, en una etapa de financiamiento determinado, emitir títulos, valores, bonos para financiar. Por eso esta explicación viene bien. Quedó claro que el tema de los bonos de infraestructura tiene que ver más con el financiamiento en una segunda etapa. Es lo que usted decía: en una primera etapa, el privado necesita tener recursos propios, conseguirlos de donde fuera; y, cuando aparece, en los bonos de infraestructura, cuando aparece el flujo de dinero, que permite sobre ese flujo hacer títulos, valores, bonos o cualquier otro instrumento financiero al respecto. Yo solamente quiero tener una idea clara. Usted habló de Brasil. Si hay algún proyecto de infraestructura en este esquema de asociación público privada en Brasil que en esta segunda etapa de financiamiento haya emitido bonos de infraestructura, ¿qué utilidad está dando un bono de infraestructura en este caso –en dólares, me imagino yo– y cuánto significa con respecto a la inversión total que se lleva a cabo para hacer una obra de infraestructura, que es lo que se utiliza más? Gracias. Sr. Pollner.- Gracias por la pregunta. Es verdad que lo que entendemos de la ley –aunque no la hemos leído en todo detalle– permite el uso de vehículos especiales para emitir estos bonos. Aunque, como mencioné, como en la Argentina ya existe el vehículo de fideicomiso, ya existía esa instrumentación que se podría aplicar a eso. Así que no es algo realmente nuevo. Globalmente, los bonos de infraestructura sí se han estado emitiendo en una etapa segunda al crédito bancario, pero ahora se están comenzando a diseñar estructuras –como mencioné– por garantías, para que los bonos también puedan financiar etapas iniciales de construcción. Pero ahí es donde los bonistas requieren más garantías, especialmente en el pago de sus intereses, porque ellos quieren saber de dónde van a salir los intereses para pagar. Entonces, eso requiere que un empresario concesionario de infraestructura tenga un capital para poder aportar esa etapa de intereses pagables en una etapa inicial. Ahora, en cuanto a lo de Brasil, no tengo todos los datos a mano, pero en Brasil por supuesto la banca de desarrollo tiene un papel enorme en infraestructura. Y ha habido bonos que tal vez han financiado, no sé, hasta un 15 por ciento de la obra, no un monto mayor, pero en monto de moneda significativo. Ahora se está trabajando con varios gobiernos que quieren quitarse del negocio financiero, con gobierno, con banca de desarrollo, para atraer más capital privado. Por eso todos estos instrumentos se van considerando. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra la señora senadora Giménez. Sra. Giménez.- Gracias. Le quería preguntar en estas instancias la recomendación que usted hacía hace



un instante en lo que significaba el tema de la indexación de los bonos adaptado al proceso de ajuste por inflación. Si esa recomendación que usted planteaba para generar confianza se aplica solo o debería aplicarse como fórmula desde la mirada económica hacia los sectores de inversión asociados, como las empresas, las multinacionales o las finalizadoras, o a la ciudadanía común. Porque en este momento, en la República Argentina, los créditos para las viviendas, los créditos hipotecarios están ajustados por inflación. Y usted acaba de hacer una recomendación diciendo que para generar bonos de inversión deberíamos tener alguna reserva en lo que significaba la indexación por inflación. Sr. Pollner.- No sé si entendí perfectamente la pregunta, así que avíseme si la estoy contestando apropiadamente. Básicamente, si un bono se emite en pesos para una obra de infraestructura, un inversor privado sabe que, cualquiera sea la tasa del bono, si hay mucha inflación, a fin de cuentas va a perder el ingreso en términos reales. Entonces, si sería la tasa de inflación general que indexaría la tasa de interés del bono para que los intereses vayan subiendo mientras la tasa de inflación vaya subiendo... Es decir, la tasa de interés en pesos, si fuera sin la indexación a inflación, entonces el inversor que invierte en el bono perdería, porque cuando hace el cambio de esas ganancias a dólares o a otra moneda estaría perdiendo valor, porque mientras sube la inflación, se devalúa la moneda. Pero sería básicamente un índice general de inflación que estaría reflejado en el mercado financiero argentino. No sé si contesté la pregunta. Sra. Giménez.- La pregunta era si esa recomendación valía también para el inversor, para el ciudadano común que invierte en su propia casa, que invierte en su propia obra –podemos decir–, tomando un crédito hipotecario. Porque ahora, justamente, las ofertas que hay desde el Estado argentino están dirigidas a esa instancia de inversión privada individual, ajustado por inflación. Por eso me llamó la atención la recomendación. En general, el que invierte, si está ajustado por inflación, pierde; y, en particular, no tiene opción, porque no hay otra elección. ¿Se entiende lo que digo? El ciudadano común, en este momento, está pidiendo un crédito hipotecario con intereses ajustados por inflación. Y usted acaba de recomendar que si emitimos bonos o autorizamos la emisión de bonos de la República Argentina, no lo hagamos ajustado por inflación. O yo entendí mal. Sr. Pollner.- No, que sí se haga. Sra. Giménez.- ¿Usted propone que sí se haga por ajuste por inflación? Sr. Pollner.- Claro. Si se emiten para infraestructura, sí. Sra. Giménez.- Esa era la duda. Muchísimas gracias. Sr. Presidente (Espínola).- Muchísimas gracias, señor Pollner, por su aporte. A continuamos, tenemos a Juan Chediak y a Julio Crivelli, de la Cámara Argentina de la Construcción. - Se retira el señor Pollner. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra el señor Chediak. Sr. Chediak.- Buenos días a todos. Gracias a Carlos y a toda la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación por invitarnos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque hemos decidido compartir estos minutos con el doctor Crivelli: él expondrá desde un punto de vista legal; yo, desde un



análisis más estructural de lo que desde la cámara, como constructores, pensamos de esta ley. Hace bastante tiempo que nuestra cámara está trabajando e investigando sobre esta metodología y sobre esta ley. Prácticamente, formamos grupos de trabajo desde el año 2009 con asociaciones público privadas de otras cámaras. Nuestra cámara pertenece a CICA, que es la Confederación Internacional de Asociación de Constructores, y a la FIIC, que es la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, de las que somos parte desde el año 1960. En todos esos ámbitos, la asociación público privada es cada vez más una herramienta importantísima para la construcción de infraestructura. Pero además de eso, en la cámara tenemos el Departamento de Pensamiento Estratégico, que analiza todas estas cuestiones. Durante el año 2015, como resumen de 120 publicaciones que teníamos y de un trabajo muy intenso, en el que trabajaron durante 8 meses veinte grupos de especialistas, hicimos un trabajo que yo me voy a permitir dejarle al presidente de la comisión para su análisis, que se llama Pensar el futuro. Construcción y desarrollo 2016-2025. Aquí quiero comentarles que la determinación a la que llegamos después de profundos estudios es que la Argentina necesita invertir, entre obra pública y privada, un 15 por ciento de su PBI por año para poder crecer a razón del 5 por ciento. Este 15 por ciento nosotros lo dividimos, como primer approach, en tres partes: un 6 y medio por ciento como inversión pública pura, un 6 y medio por ciento como inversión privada pura y un 2 por ciento como participación público privada. Creemos que ese es un inicio para poder llegar a cumplir ese 8 y medio por ciento que se requiere de inversión total. Quiere decir que para poder llegar a la inversión total requerida necesitamos básicamente las cuatro grandes fuentes de financiamiento que hay: el financiamiento privado, para obras privadas; los organismos multilaterales de crédito; los fondos del Tesoro y, también, la participación público privada. Pero aquí –para terminar– quiero destacar cinco grandes aspectos que diferencian o que hacen que sea necesaria esta participación público privada. La primera es que el proyecto solo se empieza o cobrar cuando está terminado. Esta es una cosa muy importante. El cobro una vez habilitada la obra es un poderoso incentivo al operador privado para completar las tareas y habilitar la obra al uso en tiempo y sin modificaciones que aumenten su costo. Experiencias en el Reino Unido, por ejemplo, muestran que la proporción de escuelas realizadas por PPP, terminadas en el plazo y con el presupuesto previsto, triplicaron la proporción de escuelas equivalentes realizadas mediante la contratación tradicional que cumplieron esas condiciones de plazo y presupuesto. Esta no es una cosa menor y tenemos que tenerla en cuenta. El segundo punto, que no es menos importante, es que la ejecución resulta más eficiente porque quienes ejecutan la obra deben hacerse cargo del proyecto, estableciéndose así una clara responsabilidad de cada una de las partes. El tercer punto es que se logra un adecuado autocontrol de calidad, debido a que quien construye tendrá a su cargo el futuro mantenimiento de lo ejecutado. Esto es muy importante. Entonces, no caemos en el hecho de que se terminó la obra, que la tiene que mantener, que se rompe. Entonces, al respecto, la otra característica de la unificación de responsabilidades de los puntos dos y tres –quiere decir operación y mantenimiento y construcción– es también un muy eficaz incentivo para optimizar el diseño de la construcción, de modo de minimizar los costos de operación y minimizar los costos de



mantenimiento posteriores que afectan al mismo operador En una obra de infraestructura con una larga vida útil, los costos de operación y mantenimiento pueden llegar a ser equivalentes al 75 por ciento del costo total pagado por la comunidad, ya sea por los usuarios o, directamente, por el gobierno. Una confirmación de que este factor es decisivo es el hecho de que en Suiza y en Alemania contratan edificios públicos bajo este esquema de participación público privada para optimizar sus erogaciones. Ello a pesar de que esos países podrían obtener financiamiento soberano a tasas menores de las que paga el concesionario privado. La mayor eficiencia de la gestión del esquema de participación público privada compensa ese mayor costo financiero. Finalmente, tenemos que decir que para lograr la mejor financiación debe hacerse un estudio profundo sobre la rentabilidad social del emprendimiento, y ello lleva a una adecuada priorización de las obras, que es un punto muy importante que en ese trabajo hemos hecho. Nosotros siempre decimos que los recursos son finitos y que las necesidades son infinitas. Entonces, tenemos que priorizar qué es lo que vamos haciendo. Y cada obra de PPP requiere de un estudio de rentabilidad social. Con lo cual, creemos que se beneficia la adecuada priorización. Y, luego, no debemos confundir –este es un punto muy importante– asociación público privada con cobro al usuario, porque no todas las asociaciones público privadas son bajo este sistema. El concepto es más amplio que solo una concesión de obra pública. Por todo lo expuesto, quiero destacar que celebramos que el gobierno nacional haya decidido impulsar este esquema contractual enviando a este Congreso nacional un proyecto de ley para su creación y regulación. La discusión abierta y profunda de este proyecto de ley es importante para hacernos conocer a nosotros mismos las pautas del mismo para que nuestras empresas se preparen para el nuevo desafío. Nosotros, como constructores, también vamos a tener un nuevo desafío muy importante, porque ya tenemos que participar en los proyectos, en la elección de los proyectos, en imaginarnos cuáles son las necesidades. Y, finalmente, quiero hacer hincapié en que acá, con la ley de PPP, y a raíz de algunos comentarios del martes, hay trabajos para las empresas grandes, medianas y chicas. Con la APP puede hacerse desde un jardín de infantes hasta una megaempresa hidroeléctrica, todo depende de cómo se encare el proyecto y cómo se decida su pago. Esta es una mirada como constructor. Le voy a ceder la palabra a Julio Crivelli. Nada más. Muchas gracias. Sr. Presidente (Espínola).- Muchas gracias. Julio. Sr. Crivelli.- Buenos días a todos. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros, como Cámara Argentina de la Construcción, consideramos que esta es una ley importantísima. La Argentina no puede darse el lujo de no construir infraestructura social e infraestructura económica. Tenemos la red de caminos postrada, los ferrocarriles postrados; nos faltan escuelas; tenemos 2 millones de viviendas de déficit; no tenemos las cuencas hídricas reguladas en un país agropecuario. Y puedo seguir y seguir. De manera tal que la infraestructura social y económica es hoy. Este es un instrumento fundamental que se usa desde los años setenta en el mundo; la Argentina lo ha usado, lo ha usado a principios del siglo: construyó 44.000



kilómetros de ferrocarriles con las viejísimas concesiones. La Argentina tiene capacidades de inversión enormes. Piensen ustedes que si gran parte de lo que se invirtió inmobiliariamente en Puerto Madero, o en el Puerto Madero de Rosario, se hubiera invertido en infraestructura social y económica, ¿cuál sería la cara, el rostro, que podría mostrar en términos de infraestructura argentina de hoy? Como dijimos, la infraestructura que abarca esta ley es muy amplia. El objeto de la ley abarca la infraestructura económica, social y también tecnológica, que es enormemente importante. La revolución tecnológica empezó, empezó hace como quince años, y nos tenemos que incorporar. De manera tal que este es uno capítulo muy importante, también, de la ley. Tema garantías, tema riesgos. Hoy en día el Estado está construyendo la infraestructura, poca o mucha –poca, digamos–, con los recursos fiscales. En un país moderno los recursos fiscales, sencillamente, no alcanzan. La cifra que mencionó recién el presidente de la Cámara del 15 por ciento del PBI de la Argentina son 60.000 millones de dólares –60.000 millones de dólares–; 30.000 los pone el sector privado, quizás un poco más: casi el 70 por ciento del mercado de construcción es el privado; el resto lo tiene que poner el Estado. El Estado nunca puso ni siquiera la tercera parte de esa cifra durante los últimos cuarenta años. De manera que algo hay que inventar si queremos crecer al 5 por ciento. Garantía, riesgo. Hoy el Estado pone dinero fiscal, dinero de los contribuyentes. Es mucho menos poner algo de garantía indirecta, porque nunca son directas las garantías, que poner el dinero. Y la ley de PPP lo que está planteando es que, en lo posible, no ponga ninguna garantía, de manera tal que yo quiero aventar este asunto. La ley es virtuosa en el sentido de que asume la crisis de 2009. ¿Por qué el decreto del presidente Kirchner de 2005 no funcionó? No funcionó por la crisis de 2009, sencillamente. La crisis de 2008 quebró en el mundo el sistema concesional y hubo que hacer leyes nuevas. Chile en 2010 estaba haciendo la ley nueva. Entonces, más allá de algunos detalles técnicos que hacen a la norma en sí, el decreto 967, que era un decreto reglamentario, en fin, una serie de cuestiones... Pero el corazón del problema fue la crisis de 2008-2009. Este proyecto de ley es el producto de la crisis de 2008 y 2009, y resuelve adecuadamente los problemas que se plantearon en 2008-2009. Uno de los problemas centrales que se plantearon fue el de la ecuación económico financiera del contrato que acá se explicó. Significa que tanto el Estado como el privado tienen derecho a pedir la recomposición del contrato, o sea, volver al contrato original cuando circunstancias macroeconómicas modifican el contrato. Por ejemplo, si el privado cotizó con una demanda de ene kilovatora, o ene vehículos diarios y la demanda en realidad es ene por diez, el Estado tendrá el derecho de decirles: o bajen la tarifa, o acorten plazo. Hay muchas formas de recomponer esa ecuación para que el contrato vuelva a ser como era. Y al revés, porque el riesgo macroeconómico también puede ser al revés, y lo que nosotros no queremos es que se destruya una infraestructura que está vendiendo un servicio. Entonces, se estirará el plazo del contrato o se buscará diferir las inversiones. Hay montones de instrumentos que permiten mantener la ecuación económica financiera. Pero la lección de 2009, la fuerte lección de 2009, fue que la elección económico financiera tiene que ser muy sólida. Y esto, repito, es una garantía al contrato, no es una garantía al Estado ni es una garantía al privado; es una garantía al contrato, de que el contrato va a seguir siendo el mismo.



Otro aspecto muy importante de la ley es que tiene una cláusula de progreso. Las leyes anteriores no tenían cláusula de progreso en el sentido de que el privado, el contratista privado, está obligado no solo a mantener la infraestructura como era, sino a incorporar los datos, los cambios, las alteraciones que va trayendo el progreso de la tecnología, de la ciencia, de lo que fuere. Yo quiero señalar esto para que veamos la importancia que tiene hacer una buena ley. En Chile, con un PBI de una cuarta parte del nuestro, en la década del 2000 se invirtieron 23.000 millones de dólares. O sea, con una economía del tamaño de una cuarta parte de la nuestra se invirtieron 24.000 millones de dólares por año en una década en proyectos PPP, estrictamente. El proyecto pone énfasis en las pymes. Nuestra Cámara tiene una abrumadora mayoría de socios pymes: el 75 por ciento de nuestros socios son pymes. De manera tal que nosotros no estaríamos acá defendiendo esta ley, si esta ley fuera una condena para las pymes. Todo lo contrario, los proyectos que pueden ejecutarse con esta ley son de muy diversos tamaños. Finalmente, dos cuestiones. Una es: esta ley declara como que es un régimen alternativo y que subsisten otros dos regímenes, que son 13.064 y la 17.520. Nosotros creemos que esta ley debería ser complementaría de la 17.520 y de la 13.064, porque realmente implica modernizar enormemente los principios de las otras dos leyes, que son excelentes, pero son muy viejas; y que, por cierto, no han atravesado la crisis de 2008 a 2009. Finalmente, una mención al mercado de capitales: la Argentina necesita desarrollar un mercado de capitales. Esto es importantísimo porque implica que el ahorro vaya a los lugares a donde debe ir. Voy a poner el ejemplo dos segundos de la década del 2000. La década del 2000 empieza con el trauma 2001-2002, la gente deja de creer en los activos financieros en la Argentina y, ¿qué hace? invierte en ladrillos. ¿En qué ladrillos? Como no había activos financieros ni había ahorro ni instrumentos de ahorro de ninguna naturaleza los ladrillos son ABC 1: oficinas, departamentos. La inversión es inmensa, porque en esa misma época las pymes del campo produjeron muchísima rentabilidad y esa rentabilidad se ahorró toda, se atesoró –atesorar no es una mala palabra atesorar significa la reserva que necesita quien produce para poder atravesar los malos momentos–, se atesoró en inmuebles por desconfianza de los activos financieros. Los constructores felices; el país todo lo contrario. Porque lo que se necesita es que esa inversión vaya a parar a bonos que, en definitiva, refuerzan la actividad productiva y que vaya a parar a la verdadera infraestructura que hace falta. Si en ese mismo momento nosotros hubiéramos tenido una ley de PPP, gran parte de ese dinero que fue atesorado en inversión inmobiliaria se podría atesorado en bonos que estuvieran haciendo caminos o que estuvieran haciendo escuelas o que estuvieran haciendo juzgados o lo que fuere. Importancia enorme del mercado de capitales y estas leyes son desarrolladoras del mercado de capitales. Así que nuestro resumen es que creemos que va a traer más empleo, más trabajo. Es un instrumento que existe en todo el mundo, discutir esto como instrumento la verdad…Existe del Norte al Sur prácticamente en todos los países de América Latina. La mayoría de ellos, abrumadoramente la mayoría, ha modernizado sus disposiciones, que las tenía igual que la Argentina desde antes, las ha modernizado a la luz de la crisis de 2009. Esto fundamentalmente es “aggiornar” a la Argentina y ponerlo en línea con lo que está sucediendo. Tenemos que ser un competidor más.



A nosotros como Cámara nos interesa, por supuesto, que se construya más, que se trabaje más. Nosotros tenemos 400.000 obreros, 400.000 trabajadores. Si se produce esta ley y la ley de hipotecas, nosotros pensamos que se puede llegar a duplicar esa cifra; creemos que eso es importante para el país. Nada más que eso. Sr. Presidente (Espínola).- Senador Barrionuevo. Sr. Barrionuevo.- Han dicho dos cosas muy importantes. En el primer caso, el concepto de que el proyecto se empieza a cobrar cuando la obra está terminada; bueno, eso es muy importante, muy importante. Y lo que usted ha mencionado, el segundo expositor, de que la alteración de la ecuación económica financiera del contrato, la eventual alteración, no necesariamente tiene que traducirse en el pago de la suma de dinero, sino que son hay alternativas propias de las características de la obra; es esencial. Quería destacar esas dos cuestiones conceptuales que son muy importantes, por lo menos para mí, en el momento de la evaluación. Sr. Cheviak.- Respecto de eso, de la terminación, eso es siempre así: la obra se empieza a cobrar cuando se termina. A veces, y como excepción, en obras muy grandes o muy largas o de muy largo plazo se hacen algunas etapas. Si yo tengo que hacer una obra en la que voy a tardar cinco años, es muy probable que se divida en alguna etapa, pero esa etapa debe ser autónoma por sí misma y útil al final de la obra, no una cosa inconclusa. Nada más que para ser muy puritano en eso. En el 99 por ciento de los casos es obra terminada. Si la obra es muy larga, puede suceder que los intereses intercalares afecten al resultado final. Entonces, se puede ir pagando o liberando el pago alguna etapa parcial, pero que tiene que servir para sí misma: una gran autopista se puede dividir por tramos. Sr. Presidente (Espínola).- Senadora Labado. Sra. Labado.- Buenos días. Primero, quiero pedirles disculpas a los miembros de la comisión, porque no pude llegar antes. Lamento no haber escuchado al ministro. De igual manera, voy a leer la versión taquigráfica para conocer su exposición. He tratado de escuchar a todos los expositores desde el gobernador hasta quienes están ahora, en este momento. Vuelvo a reiterar algo de lo que planteé ayer respecto de que entendemos el espíritu de la ley, es necesario que en la Argentina haya inversiones. También, creo que no hay impedimento alguno y no ha habido impedimento alguno para que este gobierno ya haya hecho uso de los instrumentos que tiene y haya procedido a generar inversión privada o a generar este tipo de obras, porque los instrumentos, vuelvo a decir, que están vigentes, no se lo imposibilitan. Después, hay cuestiones que creo que sí nosotros sí tenemos que tener en cuenta en la lectura de la ley, en los artículos, en la letra fina, que por ahí a la Cámara no le corresponde que lo tenga en cuenta, porque son cuestiones que tienen que ver con la cuestión legislativa, pero sí hace a los intereses de los ciudadanos. Es decir, se menciona infraestructura para mejorar la calidad de vida, escuelas, hospitales… ¿y después a quién se lo vamos a cobrar? ¿Si hacemos un hospital, a quién se lo vamos a cobrar? ¿Si hacemos una escuela, a quién se la vamos a cobrar? Hay cuestiones que nosotros tenemos que dejar claramente establecidas a los efectos de que después el usuario no se vea afectado o no sea perjudicado o estemos tercerizando tanto la Educación como la Salud, que creo que son cuestiones que nosotros tenemos que plantear y tener cuidado al momento de dictaminar.



En virtud de eso, reitero lo de ayer, nosotros con mis asesores estamos viendo el proyecto y vamos a plantear, llegado el momento del dictamen, las modificaciones necesarias. Gracias. Sr. Cheviak.- Le agradezco la pregunta. Me parece que tratemos estos temas va a ser muy enriquecedor y esclarecedor. Justamente, yo lo dije a propósito. Nadie piensa cobrar un jardín de infantes a un chiquito que viene a clase, ni nadie piensa cobrar una cárcel al preso, ni nadie piensa cobrar un hospital al enfermo. Pero sí permite que la inversión privada, que una gestión de mantenimiento y de proyecto de privado y que una construcción en tiempo, privado supervisado por el gobierno, sea cobrado como un “fee mensual” por prestar ese servicio. Entonces lo sigue pagando el gobierno, pero lo paga de una forma mucho más eficiente mensualmente. No tiene que hacer la inversión, no lo tiene que cargar en su stock de deuda, sino que lo tiene que prever en el presupuesto de todos los años para ir pagando durante un plazo determinado ese servicio. ¿Quedó claro así? Sra. Labado.- Yo lo tengo muy claro, pero tampoco quiero que después terminen las provincias o los municipios pagando ese tipo de servicios.

Por eso vuelvo a reiterar que en la letra de la ley tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Sr. Presidente (Espínola).- Es parte del debate, senadora. Igualmente, seguro vamos a incorporar todo lo que podamos aportar al proyecto de ley.

Tiene la palabra la senadora De la Rosa. Sra. De La Rosa.- Gracias, señor presidente. Bienvenidos al Senado.

Creo que va a tener que haber incorporaciones en este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, en función, justamente, de que una de las cuestiones es resguardar los intereses de las provincias, así como el interés del ciudadano. Me parece que tenemos que discutir este proyecto de ley como un instrumento. Este es un instrumento que va a permitir el día de mañana hacer determinadas inversiones o no. Por eso es necesario hacer modificaciones y resguardar. Tal como le dijimos al ministro, no queremos darle un cheque en blanco a la Nación en este caso, porque así como está el texto hay recursos que ellos pueden poner en garantía y demás. Con lo cual, eso no lo podemos permitir.

Creo que algunas de las discusiones que se están dando se tienen que dar en la Nación, en las provincias o en los municipios si así lo desean como contratante de este tipo de obra público-privada. Allí sí se tiene que discutir el proyecto en sí. Cada proyecto es un mundo y cada proyecto que involucra a Nación, provincias o municipio va a determinar desde una audiencia pública, si fuera necesario, hasta la determinación de costo y beneficio. Obviamente que va a haber costo y beneficio, y seguramente que si alguna provincia o municipio está de acuerdo o reduce su inversión inicial o puede reducir sus intereses o sus gastos corrientes, lo va a hacer; y si no, no. Obviamente que es así.

De todas maneras, si bien se ha hecho mucho hincapié en las pymes, en la incorporación del tema pymes y demás, creo que esto en el mundo está hecho para hacer grandes obras de infraestructura económica y social. Acá me dicen que no, que sí. Puede ser que algún municipio quiera hacer cuneteo –por decirlo así– con una sociedad anónima público-privada. No va a ser así, obviamente. Creo que para obras menores –como decía recién la senadora por Córdoba–, los municipios con toda la crisis y demás



ya saben cómo hacer las obras y como se puede aprovechar al máximo las pocas o muchos impuestos, contribuciones o ingresos que tengan. Me parece que está hecho fundamentalmente para las grandes obras de infraestructura, porque creo que acá lo que está en juego es el financiamiento. Es decir, de dónde sacamos la plata para hacer obras que son importantes en la Argentina.

En ese sentido, si bien se puede utilizar para pequeños emprendimientos, creo que está hecho para otra cosa, como bien lo relataba el gobernador de Mendoza. Todas las obras que quiera hacer esa provincia en el marco de esta ley son enormes obras de infraestructura, con un repago a quince, veinte o treinta años. Estamos hablando de enormes obras de infraestructura.

Pienso que hay que mejorar el proyecto de ley para que sirva como instrumento para esas inversiones que necesita la Argentina. Creo que el término costo-beneficio se ve en cada obra, en cada proyecto. No se puede dimensionar a priori, y creo que en eso vamos a estar de acuerdo.

Por ejemplo, hoy mencionaba el proyecto Laura de las autopistas inteligentes, que tiene varias presentaciones en el Senado y en Diputados. Ese es un proyecto típico de asociación público-privado. Por eso quería preguntarles cuál es su opinión sobre ese proyecto que ha dado tantas vueltas en Senadores, en la Cámara de Diputados, en distintos gobiernos nacionales y hasta ahora no sé si sirve o no. Creo que es un típico proyecto de asociación público-privada que en todo este tiempo no ha sido aprobado ni tenido en cuenta seriamente para poder iniciar esas famosas autopistas. En segundo lugar, ayer estuvo el secretario de la Construcción apoyando este proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional y nos dijo que en ocho meses se han perdido 80.000 puestos de trabajo en la construcción y que había una enorme preocupación en el sector. Los obreros de la construcción dependen en un 40 por ciento de lo que invierte el Estado público y en un 60 por ciento, de la inversión privada. Ambas cosas están en baja. La inversión pública en obras de infraestructura bajó abruptamente –incluso, en término nominales ha bajado tomando los mismos períodos del año pasado– y la inversión privada, que depende de la capacidad adquisitiva de la gente, también está en baja.

Entonces, quería saber si ustedes pueden corroborar esos datos que nos han dado ayer y conocer su opinión sobre el proyecto Laura. Muchas gracias. Sr. Crivelli.- Respecto del proyecto, primero quiero señalar algo que es muy importante y es que el proyecto es un proyecto nacional, pero la construcción de infraestructura es materia reservada en la Constitución por las provincias. De manera tal que las provincias pueden adherir a esta ley, pueden tener leyes diferentes de la ley o pueden no tener ninguna ley.

Esto es en el marco de la Nación. La Nación no tiene derecho a dictar este tipo de legislación para las provincias. La única legislación federal que existe en este país es la de los códigos. Las provincias pueden adherirse si les gusta este proyecto, pueden hacer un proyecto equivalente pero con las modificaciones que les parezcan, pero no van a estar jamás obligadas por este proyecto.

En segundo lugar, estos proyectos empiezan en los años noventa en el Reino Unido. El Reino Unido si algo tiene es toda su infraestructura económica completa. No faltan ni trenes, ni autopistas, ni túneles, ni centrales de energía, nada de eso. Lo que les faltaban eran escuelas, hospitales, etcétera. El proyecto, que es uno equivalente a este, se hizo para la infraestructura social y al día de hoy todavía la infraestructura social es



predominante en el Reino Unido respecto de esto. En la Argentina probablemente sea diferente, porque a nosotros nos falta todo. No es que nos faltan escuelas y hospitales, nos faltan escuelas, hospitales, caminos. Nos falta todo.

Respecto de la caída de la construcción, es así, salvo que el número difiere. Nosotros en el registro de la construcción tenemos una caída de 50.000 puestos de trabajo, no de 80.000; me refiero a trabajadores registrados estrictamente como corresponde. De todas maneras, 50.000 son un montón, porque representa el 10 por ciento de la masa registrada, que son 480.000.

Respecto del proyecto Laura, tiene problemas estructurales. Planteaba una red de autopistas fuera de los lugares que tienen un tránsito medio diario de más de 5.000 vehículos. Entonces, hay un problema de prioridades. Si el país se embarcaba en el proyecto Laura, iba a invertir una enorme suma de dinero en autopistas por donde no iba a pasar nadie. Era convertir el 60 por ciento de la red nacional pavimentada en autovías.

Nosotros hemos hecho estudios y hemos llegado a la convicción de que los que tienen un tránsito medio diario superior a 5.000, que es lo que requeriría autovías, es una red que tiene menos de 3.000 kilómetros. Entonces, la verdad es que el proyecto Laura lo que tenía era un nivel de exageración enorme y, además, un problema –como acaba de acotarme recién Chediak– de prioridad, porque se estaba priorizando enormemente la red vial cuando la Argentina lo que tiene es una crisis ferroviaria. Aparte de que todos los caminos están rotos, la Argentina tiene una crisis ferroviaria, porque la Argentina es un productor agropecuario por excelencia. Y los granos en todas las partes del mundo se transportan con trenes, no con camiones; y la minería también. Entonces, digamos que casi toda nuestra producción primaria requiere de trenes no de camiones, por eso, en 1870 nuestros padres fundadores pusieron trenes, que es lo que necesitamos.

De tal manera que había un problema muy grande de prioridades con el proyecto Laura. Y, desde el punto de vista de la estructura financiera, tampoco era simpático, porque implicaba aplicar directamente un impuesto, el de los combustibles, al financiamiento de ese proyecto Y, en general, nosotros creemos que el Estado tiene que tener un abanico más amplio de libertades, desde el punto de vista de los recursos con los que, en definitiva, va a pagar este tipo de proyecto. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra la señora senadora Giménez Sra. Giménez.- Muy buenos días

Creo que vale la pena el aporte de la Cámara Argentina de la Construcción en su totalidad, porque son parte de nuestra propia historia, de nuestro andamiaje socioeconómico y político en la República Argentina. Todos somos parte de esta gran Nación, gracias a Dios.

Creo que a lo que apuntaba el doctor Crivelli en una parte de su alocución es fundamental en el texto de la norma que se propone discutir. Él, en algún momento, sugiere que esta norma, esta nueva forma de PPP, debe ser complementaria de la norma de la Ley de Obras Públicas y de la Ley de Concesiones.

En el artículo 2° del proyecto dice: “Los contratos de participación público privada constituyen una modalidad alternativa a los contratos regulados por las leyes 13.064 y 17.520, y sus modificatorias y el decreto número 1023/2001 y su modificatorias”.

Creo que ahí en el trabajo de la Comisión con los asesores tenemos que revisar, porque esto que marca el doctor claramente, también forma parte de aquello que puede



generar nuevas interpretaciones desde el ámbito de lo jurídico. Porque, por ejemplo, después, en el artículo 19 dice: “Los derechos de explotación de los bienes de dominio público o privado que hubieren sido concedidos al contratista, podrán garantizar el repago del financiamiento necesario para llevar a cabo los proyectos que se efectúen en el marco de la presente ley mediante la constitución de derechos y en función de las garantías sobre tales derechos”. Y, ahí, de vuelta, se da por sobreentendido algo que está regulado, que son las concesiones de los servicios por otra ley.

Por eso me parece que ha sido muy contundente su apreciación y hago reserva en cuanto al tratamiento en comisión para ver, justamente, desde esos aportes, la instancia que permita que se complementen y no se contradigan, y que realmente sean efectivos y útiles para hacer la operatoria con garantías, con el espíritu de transferencia de riesgos compartidos y con el tema de prioridades, que todos compartimos.

Y nosotros también queremos trenes: el tren de la Mesopotamia es una deuda pendiente e histórica. Tratamos y tratamos, y no llegamos con el tren de cargas, tampoco con el de pasajeros, y vamos y venimos. Pero digo esto y lo planteamos hoy con el gasoducto y con la energía que son megaobras.

Por eso, entendiendo la participación de las pymes en el ámbito de la Cámara Argentina de la Construcción, hacemos la reserva de vuelta −y yo lo propuse− de que hay que tener un piso de garantías para las pymes. Deben ser incluidas, porque se trata de megaobras. En efecto, desde Misiones no planeamos pequeñas obras ni casas ni viviendas ni accesos vecinales, sino megaobras: hidroeléctricas, gasoductos y trenes. Y lo hacemos con sinceridad, no escondemos absolutamente nada. Planteamos desde el ámbito del a infraestructura las megaobras que necesita nuestra región.

Entonces sabemos que cualquier sector privado no tiene ese capital para hacer frente a esa instancia. Entonces, queremos que esté en el marco del regulado de Nación, de la provincia y del municipio, es decir que se vean involucrados en esa propuesta tanto el sector privado, como las pequeñas empresas de los municipios, las medianas de las provincias y las grandes de la Nación.

Señor presidente: así que pido reserva para esos dos artículos. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Espínola).- Gracias, senadora es así, es un proyecto de ley que vamos a seguir discutiendo y debatiendo.

Está claro que hay que definir bajo qué normas: si las actuales, si alguna nueva y también los mecanismos de control y de seguimiento, en función de las obras que se van a ir planteando. Así que si hay alguna senadora o senador más que quiera hacer una pregunta…

Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez Sra. Elías de Perez.- En primer lugar, deseo agradecer las palabras de ambos que han sido muy esclarecedoras.

Lo que entiendo es que con esta ley lo que hacemos es dar mayores posibilidades en cuanto a las formas de contratación que hoy en el decreto de 2005 no están especificadas.

Hoy con el decreto 2005, que tenemos para este tipo de asociaciones, hay una forma, por ende, nosotros estamos abriendo a varias formas que posibiliten que haya un mayor incentivo a la inversión.

Lo segundo que saco en claro de lo que han dicho, y creo que es importante para todos nosotros, es que son clave los estudios de factibilidad antes de avanzar en una



obra público privada. Eso es importante para cuando cada uno de nosotros pelea por un poquito más para su provincia. Cuando se trate del PPP, hay que tener absolutamente estudiado y conocido el tema de la factibilidad, para que no caigamos en las cosas que ustedes han explicado bien.

Después, en cuanto al tema de las pymes, a varios senadores y senadoras se les ha ido planteando el problema o la preocupación de si se las incluía o no, pero también recién usted decía de que esto es como un aire que ayudará a este sector. En este sentido, ¿ustedes creen que ahí tendríamos que incorporar algo como para que quede esto al resguardo o no?

Y, lo último: le diría que lo que más me alienta de lo que hemos escuchado hoy son sus últimas palabras sobre que podríamos llegar a duplicar los puestos de trabajo si esto realmente sale bien. Sr. Chediak.- La pregunta sobre el tema del as pymes está latente.

Honestamente, y en representación de mil pymes que hay en la Cámara de la Construcción sobre 1250 asociados, la verdad es que no creo necesario que haya que hacer mención, porque las veces que en los proyectos grandes se ha obligado a incluir a empresas bajo los pliegos y no han sido necesarias, siempre terminamos cayendo en alguna vuelta para incumplir

A mí me parece que en cualquiera de estos proyectos… primero, insisto, que habrá muchos proyectos chicos y medianos, por los que se apelará a la iniciativa privada, pero, además, creo que en los megas proyectos, de por sí, las pymes tendrán… Si se hace un gran dique o una gran obra para la minería y será innumerable la cantidad de empresas locales que empezarán a prestar servicios y a trabajar, porque las grandes empresas no son eficientes en muchos trabajos en los que sí lo son las pymes.

Honestamente, no es una posición, ni siquiera la he consultado con Julio, pero mi idea está basada en mi experiencia, larga experiencia como contratista de obras públicas y privadas, las asociaciones y las incorporaciones de pymes se dan porque hay sinergia y son necesarias.

No sé si querés acotar algo…. Sr. Crivelli.- Simplemente que entre los principios de la ley, en el artículo 4°, está la protección y la búsqueda de trabajo para las pymes. Y esto debería reforzarse en la reglamentación; pero el principio básico está.

Coincido con Juan en que no es necesario, pero el principio está. Sr. Presidente (Espínola).- Tiene la palabra la señora senadora Labado. Sra. Labado.- Lamento que no piensen como grandes empresarios. Lo que hay que hacer en el marco de la ley, es no excluir a las Pymes de la posibilidad de pensar que juntas pueden hacer una obra grande.

Soy una de las que está insistiendo en que hay que incorporar esa posibilidad en la ley. Ustedes no se tienen que excluir. Y nosotros tampoco los tenemos que excluir. Después, resolverán si juntos pueden o no presentarse para hacer una obra. Pero, no los podemos excluir. Eso es lo que estaba planteando ayer. Sí dice “fomentar las Pymes”.

De hecho, sabemos que cuando se hace una obra grande, todo lo que hace a la construcción es llevado adelante por pequeñas y medianas empresas. Los grandes inversores sólo van a poner el dinero y una persona para que controle.

Creo que ustedes están capacitados para emprender una obra importante. Por eso digo que no hay que excluir a las Pymes. Después, ustedes son los que resuelven si



están capacitados o no para emprender una obra o para presentarse. Es una cuestión de elección de ustedes. Pero, nosotros no se lo podemos impedir desde el marco de la ley. Sr. Presidente (Espínola).- Muchísimas gracias por estar. Seguiremos debatiendo y buscando la mejor propuesta para que la ley pueda cumplir con el requisito de generar trabajo, control y seguimiento de cada una de las obras.

- Son las 13 y 6. FIN TURNO 18

repÚblica argentina v e r s i Ó n t a q u i g r Á f i c a · 11.8.2016 reunión plenaria de las...

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