El proyecto de dictamen de la reforma energética que se discutió el domingo en el Senado, abre la puerta para que el Gobierno mexicano pueda suscribir contratos con la inversión privada (IP) para la exploración y extracción de petróleo, y que las contraprestaciones para los particulares vayan desde dinero, utilidad compartida hasta la entrega de los hidrocarburos.

La propuesta, impulsada por el PRI y el PAN, plantea reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y es una combinación de las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto y el partido blanquiazul. La iniciativa del PRD fue descartada ya que no plantea cambios constitucionales sino a las Leyes secundarias en materia energética.El documento descarta la entrega de concesiones a particulares, y se limita a diferentes modalidades de contratos o licencias para la explotación y exploración de los recursos energéticos.

A pesar de la apertura a la explotación del sector energético, el proyecto plantea que “los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

El artículo Transitorio Segundo plantea que los derechos de los trabajadores del sector energético estarán a salvo y en ningún momento se menciona al Sindicato de PEMEX.

Los párrafos clave de la reforma al artículo 27 de la Constitución, así fueron planteados en el proyecto:

“Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”.

“Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante

asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratoslas empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.

Mientras que en la propuesta de modificación del artículo 28, se establece la creación del Fondo:

“El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos”.

En los cambios al artículo 25 constitucional sólo se propone que se establecerán normas secundarias para regular los contratos que celebren las paraestatales -PEMEX y CFE- con particulares, y el régimen de remuneraciones.

El artículo Transitorio Cuarto plantea los tipos de contratos y contraprestaciones que se podrán establecer con la IP. Las clasificaciones quedan así:

De servicios – Pago en efectivo.

De utilidad compartida – Un porcentaje de la utilidad.

De producción compartida – Un porcentaje de la producción obtenida.

De licencia – Transmisión onerosa de los hidrocarburos tras ser extraídos.

O cualquier combinación de las anteriores opciones.

Además, se impulsa la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la cuál se encargará de vigilar y regular la seguridad de las instalaciones energéticas.

También se propone crear un Fondo Mexicano del Petróleo, en dónde se depositarán los recursos que el Gobierno mexicano obtenga por las alianzas con la inversión privada. El artículo Transitorio Décimo Cuarto plantea los porcentajes para el uso y ahorro de los recursos:

Se transferirán a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación y deberán ser “en la misma proporción respecto del Producto Interno Bruto que la proporción correspondiente a dichos ingresos en el año 2013”.

Los flujos anuales de recursos que reciba el Fondo se destinarán a ahorro de largo plazo. Pero si igualan o rebasan el 3% del PIB del año previo, podrán destinarse en 0.15%, en cada caso, a saldar pasivos de pensiones públicas, inversión en ciencia y tecnología para energías renovables y un sistema de becas, entre otros.

Planean ruta de discusión 

La presentación del proyecto de dictamen de la reforma energética estuvo precedida por un desencuentro entre la bancada del PRD con las presidencias de las Comisiones de Energía, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera, las cuales están bajo control del PRI y PAN.

La sesión para presentar el dictamen fue citada a las 10:30 de la mañana, pero tras un retraso de una hora, los perredistas Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Luis Sánchez, Zoé Robledo y el petista Manuel Bartlett, entre otros, se levantaron de la sesión acusando irregularidades y una negociación de la que estaban siendo excluidos.

Padierna y Encinas solicitaron que la Junta de Coordinación Política del Senado (el máximo órgano de gobierno interno), planteara un nuevo acuerdo para la ruta de análisis y votación del dictamen. Los priístas Enrique Burgos y David Penchyna, presidentes de Puntos Constitucionales y Energía, se excusaron argumento problemas técnicos en la impresión de los proyectos y en el sistema para cargarlo a la web del Senado.

Tras una reunión de la Junta, se acordó que este domingo iniciará la sesión de Comisiones y continuará el lunes, o hasta que se desahogue el análisis del dictamen. Además se estableció un horario de 10 a 22 horas, para no sesionar de noche.

Bartlett pidió que las reservas del dictamen fueron atendidas en la sesión y no se lleven al pleno del Senado. Tras la entrega oficial del proyecto, el mismo fue puesto en línea y en redes sociales.

Padierna acusó que “se conspira desde el Gobierno para hacer ineficiente a Pemex, después de 30 años de esta nefasta e irresponsable política de saqueo y corrupción ahora pretenden entregarla a los extranjeros las tareas de extracción, exploración y producción de crudo, y a los magnates mexicanos les darán las petroquímicas y las refinerías”.